Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, criticó la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

La relatora llamó a “cesar toda estigmatización y descrédito” contra las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que han acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Cabe señalar que la relatora especial de la ONU se suma a una serie de condenas por la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al criticar que ese pronunciamiento exime al Ejército Mexicano de los hechos.

Sin embargo, el documento de la CNDH contrasta con el hecho de que 17 integrantes de las Fuerzas Armadas están siendo procesados por lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Alerta sobre ataque contra organizaciones civiles en recomendación de CNDH

Este viernes, a través de su cuenta de X, la relatora especial de la ONU compartió su postura respecto a la publicación de la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, la cual, explícitamente, deslegitima el trabajo de las organizaciones civiles que han estado al lado de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Andrea Bolaños apuntó haber recibido información de que en la resolución, firmada por Rosario Piedra Ibarra, se “incluye un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

Defiende trabajo de GIEI y CoVAJ

La experta colombiana advirtió que la recomendación “deslegitima” el trabajo de instancias que, desde su punto de vista, avanzaron en la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Además, la especialista sostuvo que esa recomendación también desacredita los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), organismos que, señala, han intervenido en el esclarecimiento y la ruta de investigación del caso.

“Recuerdo, con carácter de urgencia, que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, expresó la experta de las Naciones Unidas.

También hizo “un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor”.

CNDH de Rosario Piedra se inventa “antiverdad” del caso Ayotzinapa

A través de su polémica recomendación, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, salió abiertamente en defensa del Ejército Mexicano e incluso acuñó el término “antiverdad” para atacar a todos aquellos que han exhibido la participación de las autoridades en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Días después de que la recomendación fue publicada, la misma CNDH compartió una “nota aclaratoria” en la que respondió a las críticas, pero no hizo ninguna corrección sobre el rol de los militares en el caso Ayotzinapa.

Todo lo contrario, se lanzó contra expertos como el abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial para el Caso Ayotzinapa de la CNDH, que denunció que la recomendación tuvo “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

El tema escaló al plano internacional, pues la relatora especial de la ONU Andrea Bolaños criticó la más reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

El más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, generó gran polémica al exculpar al Ejército mexicano de participar en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero, pero no fue lo único que reportó el organismo, también deslegitimó el trabajo de las organizaciones civiles que han participado en las investigaciones en los últimos 10 años.

En ese contexto, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Andrea Bolaños Vargas, cuestionó la recomendación 208VG/2026 e hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de DDHH”.

La funcionaria escribió a través de sus redes sociales que en la última recomendación publicada por el organismo de derechos humanos, se incluyó “un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

El señalamiento de la relatora no se limita a una diferencia de criterio. En su publicación, remarcó “con carácter de urgencia” que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está amparado y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización de quienes ejercen esa labor.

El mensaje coloca el foco en un punto sensible del caso Ayotzinapa. Durante años, las familias de los 43 normalistas han estado acompañadas por organizaciones civiles, expertos independientes y mecanismos de investigación que documentaron irregularidades, omisiones y posibles responsabilidades de agentes del Estado. Por eso, el cuestionamiento a esas organizaciones no se leyó como una nota al pie, sino como una toma de posición dentro de una disputa más amplia sobre qué versión de los hechos debe prevalecer, sobre todo porque la CNDH nombró su propia versión: “Anti Verdad Histórica”.

En ese marco, la relatora de la ONU apuntó de forma directa a la necesidad de cesar “toda forma de estigmatización y descrédito” contra personas defensoras de derechos humanos. También pidió garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo.

El documento trastoca una herida que permanece latente

La publicación de Bolaños Vargas subrayó otro punto de fondo: la recomendación, dijo, deslegitima el trabajo que realizaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

No se trata de instancias marginales ni de actores improvisados. Su participación fue parte de los esfuerzos más visibles para desmontar versiones oficiales previas, revisar pruebas y abrir rutas de investigación.

Ese señalamiento cobra fuerza porque el caso Ayotzinapa no arrastra solo una deuda judicial, sino también una larga batalla por la narrativa. Cada documento, informe, recomendación o pronunciamiento entra de inmediato a una zona de disputa.

El pronunciamiento de la ONU eleva la presión sobre las autoridades mexicanas

La intervención de Andrea Bolaños Vargas eleva el costo del debate para las autoridades mexicanas porque traslada la polémica a un plano internacional. Ya no se trata solo de una discusión interna entre organismos, expertos y colectivos acompañantes, ahora surge el posicionamiento de una relatora de la ONU advirtiendo que el Estado debe actuar sin demora frente a la estigmatización de personas defensoras.

Ese pronunciamiento también devuelve al centro una pregunta que el caso arrastra desde hace años: si la prioridad institucional está puesta en garantizar verdad y justicia para las víctimas o en disputar el sentido de las investigaciones previas.

En su recomendación, la CNDH insistió en que su papel es el de garantizar la búsqueda de la verdad para las víctimas y reiteró que su prioridad son las familias de los jóvenes, sin embargo, su versión contradice años de investigación independiente.

En su llamado final, la relatora del organismo internacional pidió respeto para la labor de las personas defensoras y exigió que se detenga el descrédito en su contra.

Este viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó una nota aclaratoria sobre su más reciente recomendación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y remarcó que la elaboró apegada a su reglamento.

En la nota aclaratoria, la CNDH señaló que la Recomendación 208VG/2026 se realizó “privilegiando el interés de las víctimas, desde el principio pro persona, y los más altos estándares de protección a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano”.

Cabe recordar que en el documento, la Comisión cuestiona los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y de organizaciones civiles.

CNDH defiende la “antiverdad” de Ayotzinapa

De acuerdo con el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, las instancias antes mencionadas impulsaron una narrativa que no contribuyó al esclarecimiento del caso y que nada más alimentó una “antiverdad” para responsabilizar al Ejército de la desaparición de los normalistas.

Luego de la publicación de la recomendación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prohd) consideró que el documento, en lugar de exhibir las violaciones a derechos humanos realizadas por las autoridades, señala y deslegitima a las organizaciones que han estado del lado de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Ante las críticas hechas por organizaciones como el Centro Prohd, la CNDH insistió en que “se emitió una Recomendación, reiteramos, no un informe ni un libro. Por lo mismo, sus efectos y consecuencias, en beneficio de las víctimas, no están sujetos a debate, quedan ahora en el ámbito de su cumplimiento. Y, sin embargo, hay quienes creen que es esta ocasión para descalificar nuestro trabajo, y para invalidarlo”.

Comisión se lanza contra abogado Alejandro Martínez

El organismo autónomo también uso la nota aclaratoria para responder al abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial de para el Caso Ayotzinapa de la CNDH.

Previamente, en un comunicado, el abogado compartió su postura en contra de la reciente recomendación 208VG/2026 y sostuvo que ésta tiene “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

“La recomendación responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”, expresó Martínez.

Como respuesta, la CNDH afirmó que “es un reflejo del afán por mantener narrativas fantasiosas pero muy rentables, la mentira como vehículo de supuesta ‘legitimación’ de teorías que mucho dinero, han dejado, aún a costa de aplazar la verdad y la justicia, están llegando a extremos inverosímiles”.

Arremeten contra CNDH por recomendación

Tal fue la indignación por la nueva recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que organizaciones civiles, expertos y periodistas criticaron fuertemente a la Comisión.

Aparte del Centro Prohd, Fundar México también criticó la recomendación de la CNDH y puso énfasis en los cuestionamientos que hizo la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra contra organizaciones civiles que han respaldado a los padres de los normalistas.

Aparte del abogado Alejandro Martínez, de quien ya compartimos su postura líneas arriba, la periodista Elía Almanza criticó que la CNDH saliera en defensa de los militares, pese a que hay 17 soldados vinculados a proceso por este emblemático caso.

“La CNDH emite una ‘nota aclaratoria’ sobre la ‘Recomendación’ de Ayotzinapa.

“Nada de responder cuestionamientos sobre las barbaridades que ahí ponen, es para decirle ‘mentiroso’ a un ex colaborador. Ajá”, escribió la comunicadora en su cuenta de X.

Mientras que el analista Alfredo Lecona recordó que el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, “supo y ocultó que normalistas continuaban con vida días después del 26 de septiembre de 2014”.

Continúa la polémica con la CNDH y su recomendación sobre el caso Ayotzinapa y ,con una nota aclaratoria, vuelve a salir en defensa del Ejército.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un comunicado en el que eximía al Ejército Mexicano de haber participado en la desaparición de los 43 alumnos normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 16 de julio, la mandataria aseguró que ahora “no es el momento” para hablar del caso, “por respeto a las familias” y pidió esperar a que las investigaciones avancen y pueda consultarse a las madres y padres de los jóvenes sobre las actualizaciones.

Estas declaraciones surgieron luego de que un reportero cuestionara a la mandataria sobre la posibilidad de instalar nuevamente un grupo de expertos al contar con la disposición de la abogada Ángela Buitrago, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en 2014 para llegar a la verdad de lo ocurrido la noche de Iguala.

El periodista Ernesto Ledesma, del medio Rompeviento Tv, explicó a la presidenta que en una entrevista con Ángela Buitrago, la abogada aseguró estar dispuesta a regresar a las investigaciones del caso Ayotzinapa si se formara nuevamente un equipo de investigadores, luego de que el GIEI se disolviera en 2023 tras entregar su sexto y último informe y denunciar falta de transparencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Ernesto Ledesma señaló que Carlos Beristáin también compartiría este interés.

De igual modo, el periodista manifestó la petición de Buitrago para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar sobre las investigaciones y los resultados que obtuvo el GIEI. “A mí me gustaría, y lo digo de corazón, sentarme con la presidenta Claudia Sheinbaum y contarle qué hay en la investigación, porque tal vez la están mal informando. Realmente quisiera decirle qué es lo que realmente está demostrado y qué no”, citó Ernesto Ledesma a la abogada.

Sheinbaum descarta posibilidad

La mandataria explicó que, si bien existe disposición para el diálogo, actualmente hay obstáculos legales e institucionales que impiden su participación bajo el mismo esquema previo. Según relató, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México fue consultada para explorar la integración de especialistas independientes. “La respuesta que tuvimos de ellos es que no serían esos expertos y que nos propondrían otros expertos”, indicó Sheinbaum.

En el caso del GIEI, explicó que la diferencia entre ser contratados por el Gobierno y actuar como asesores independientes es fundamental para la conducción del caso.

En relación a la petición directa de Ángela Buitrago para reunirse con la presidenta, Sheinbaum respondió: “Se puede hablar con ella, pero sí hay diferencias en varios temas que tienen que ver”. La presidenta reiteró que ha leído personalmente el informe del GIEI en varias ocasiones, así como los expedientes de la Comisión para la Verdad y las investigaciones fiscales.

“Nuestro objetivo, más allá de si entrevistamos a esta persona o no, es la verdad y la justicia y conocer dónde están los 43 jóvenes”, puntualizó Sheinbaum, quien recalcó que los avances no serán divulgados hasta recibir la valoración y aprobación de las madres y padres de los normalistas. “Por respeto a las madres y a los padres de Ayotzinapa, hasta que no tengamos la evaluación de ellos y de si podemos salir públicamente con lo que hemos encontrado y lo que estamos encontrando, no podríamos nosotros hablar de este tema”, afirmó.

Antes de la polémica Recomendación 208VG/2026 de la CNDH, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ya había exculpado al Ejército mexicano de participación directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un reporte fechado el 8 de julio de 2024 y entregado a los padres y madres de los estudiantes, AMLO sostuvo que, hasta ese momento, no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de militares en el crimen de Iguala.

En ese documento, el entonces mandatario:

• Reconoció responsabilidad del Estado por omisión y por la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
• Afirmó que el señalamiento al Ejército sin pruebas le generaba desconfianza y sugirió que podría tratarse de un intento por debilitar a la institución.
• Sostuvo, sobre el soldado Julio César López Patolzin, que este no contaba con adiestramiento en inteligencia militar ni era un infiltrado, sino un joven autorizado por su comandancia para estudiar en la normal.
• Confirmó que 20 militares habían sido procesados por presunta omisión y vínculos con la delincuencia organizada.

Esta versión contrasta con los documentos oficiales de la Sedena difundidos recientemente por Alejandro Encinas, que describen a López Patolzin como un Órgano de Búsqueda de Información (OBI) con funciones de inteligencia dentro de la normal.

Sheinbaum se deslinda de la recomendación de la CNDH

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la Recomendación 208VG/2026, que exculpa al Ejército y cuestiona los informes del GIEI y la Covaj. La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno no participó en la elaboración del documento.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar”, declaró, según reportes de medios que cubrieron la conferencia.

Sheinbaum aclaró que el hecho de no haber participado no implica coincidir o discrepar con su contenido, y instruyó a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a realizar una revisión exhaustiva del informe. Sobre la participación de militares procesados, la presidenta planteó una distinción: cuestionó si esos elementos actuaron de forma individual por algún vínculo con grupos criminales, o si la responsabilidad correspondería a la institución como tal, dos escenarios que —dijo— implican consideraciones distintas.

Dos gobiernos, una misma conclusión

Con el pronunciamiento de AMLO en 2024 y la recomendación de la CNDH en 2026, la postura oficial sobre la falta de pruebas de responsabilidad institucional del Ejército se ha mantenido, aunque el gobierno actual ha tomado distancia del documento de la comisión. La solicitud de revisión a la Segob y los documentos exhibidos por Encinas mantienen abierto el debate sobre la información en poder de la Sedena, particularmente los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que las familias han reclamado desde hace años.

Hasta el momento, no hay una postura oficial adicional del gobierno federal sobre las contradicciones entre el informe de AMLO, la recomendación de la CNDH y los documentos difundidos por Encinas.

Por su parte, el Gobierno Federal se deslindó de la elaboración del documento y ordenó su revisión interna. La controversia giró en torno a la postura de la CNDH respecto a la participación militar en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Amnistía Internacional advirtió que la recomendación 208VG/2026 respaldó la actuación del Estado y deslegitimó el trabajo de organismos internacionales y organizaciones civiles que acompañaron la búsqueda de justicia por parte de las familias.

La organización señaló que, pese a que existen al menos 17 miembros del Ejército vinculados a proceso, el informe de la CNDH exoneró a la Secretaría de la Defensa Nacional al afirmar que no había pruebas de su participación, lo que generó preocupación por el mensaje institucional sobre la verdad y la justicia en el país.

Dicha recomendación, emitida tras una investigación de la CNDH, sostuvo que no existían documentos ocultos ni pruebas que justificaran una acusación formal contra la Defensa. El organismo reconoció antecedentes de represión militar en décadas pasadas, pero insistió en que en este caso no había elementos para hablar de un plan de exterminio estatal.

Amnistía Internacional vio riesgos para la verdad y la justicia

Lamentó Amnistía Internacional que la CNDH eligiera respaldar la versión oficial y debilitara el acompañamiento internacional al caso, en un contexto donde la falta de transparencia y el acceso a la información por parte de la Defensa siguen siendo obstáculos para el esclarecimiento de los hechos. La organización enfatizó que la resolución envió un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la búsqueda de justicia en desapariciones forzadas.

El documento de la CNDH cuestionó el papel de las organizaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, al desestimar sus investigaciones sobre la desaparición de los normalistas. Según la comisión, la versión sobre la responsabilidad militar se alimentó de declaraciones de exautoridades y de la sociedad civil, pero no se sustentó en evidencia objetiva.

En la recomendación, la CNDH aseguró que la Defensa entregó más de 18 mil 800 fojas a diferentes instancias, incluidos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y sostuvo que no existían folios ocultos relacionados con el caso Ayotzinapa. El informe también apuntó que la controversia sobre la supuesta retención de información se utilizó para sostener especulaciones no comprobadas contra el Ejército.

Sheinbaum ordenó revisión interna y descartó injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier participación de su gobierno en la elaboración o publicación de la recomendación de la CNDH y aclaró que el Ejecutivo federal desconocía el momento en que saldría a la luz el informe. La mandataria afirmó que su gobierno mantiene abiertas las líneas de investigación y que los resultados se compartirían con las familias antes de hacerse públicos.

En respuesta al informe, la presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a realizar un análisis exhaustivo del documento, sin emitir por ahora una postura específica sobre su contenido.

También cobró fuerza la polémica en torno a la autonomía de la CNDH, luego de que la diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, señaló que la comisión actuaba como un órgano desconcentrado del partido en el poder y del Ejército, e insistió en impulsar un juicio político contra su titular, Rosario Piedra Ibarra.

La CNDH dirigió su recomendación no solo a instancias federales, sino también a autoridades estatales y municipales. El documento ordenó:

Garantizar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita. Supervisar la reparación integral del daño y fortalecer las escuelas normales rurales con autonomía, infraestructura y presupuesto adecuados.

Además, la recomendación exigió que los avances en la búsqueda e identificación de los normalistas fueran informados a las familias y que la participación de los familiares estuviera garantizada bajo estándares de derechos humanos. También solicitó retirar cualquier imagen o información que revictimizara o criminalizara a los estudiantes y propuso capacitación continua en derechos humanos para cuerpos policiales en Guerrero.

La CNDH reconoció a 79 personas como víctimas en el caso y mantuvo abierta la posibilidad de incorporar nuevos casos.

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de su opinión respecto a los señalamientos de distintas personas acerca de que la Comisión carece de autonomía, ejemplo de ello es lo expuesto por la diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, quien declaró que la CNDH “es un órgano desconcentrado de Morena, y del ejército”. Ellos la pusieron ahí” e insistió en que se lleve a juicio político a su titular, Rosario Piedra Ibarra. Sheinbaum aclaró que su gobierno no tuvo ninguna injerencia en la elaboración ni en la publicación del documento, señalando incluso que desconocían cuándo saldría a la luz.

Sin embargo, precisó que esto no implica necesariamente una postura a favor o en contra del contenido.

Ante este escenario, ordenó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, realizar un análisis profundo de dicho informe: “Apenas fue publicado, le pedí (...) que hiciera revisión exhaustiva del informe para poder presentar una opinión de nuestra parte, es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo, no es reciente”.

Además, la jefa del Ejecutivo afirmó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el 2014 saben que el gobierno de México se encuentra trabajando y conocen las líneas de investigación. Los resultados de las indagaciones serán compartidos con las familias y después divulgados públicamente, según Sheinbaum Pardo.

La CNDH rechaza que haya elementos para acusar a la Defensa

De acuerdo con el texto difundido por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la versión sobre una supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, pero hasta ahora no existe evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

El organismo reconoció antecedentes de represión de las Fuerzas Armadas en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como ya lo había señalado en las recomendaciones generales 46/2022 y 98VG/2023. Aun así, sostuvo que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para afirmar la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la recomendación, uno de los ejes de la “Anti-Verdad Histórica” es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia. La Defensa respondió que, de los 875 folios enlistados por familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya fueron entregados a las autoridades.

La explicación retomada por la CNDH indica que esa numeración no era progresiva, porque el CRFI fue inaugurado en diciembre de 2015, 15 meses después de la desaparición, y utilizaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la Covaj, la FGR y el GIEI, incluidos documentos del centro, y aseguró que nunca negó la existencia de información.

Con esos elementos, el organismo concluyó que no hay evidencia de documentos ocultos. También afirmó que esa controversia fue utilizada para sostener especulaciones no comprobadas contra el Ejército.

La recomendación mantiene abiertas las investigaciones y ordena medidas de atención

La CNDH dirigió su recomendación a quienes integran la Covaj, la UEILCA de la FGR, la CEAV, la Comisión Nacional de Búsqueda, la SEP, el gobierno de Guerrero, varias autoridades municipales de la región y dependencias estatales de seguridad y búsqueda.

El documento pide garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y dar acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita. También ordena supervisar las medidas de reparación integral y fortalecer a las escuelas normales rurales con autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación exige informar sobre los avances en la atención a víctimas y en la búsqueda de los normalistas desaparecidos, con participación de sus familiares y bajo estándares de derechos humanos. Además, solicita retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los estudiantes y plantea capacitación continua en derechos humanos para cuerpos policiales de Guerrero.

La CNDH subrayó que las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos deben permanecer abiertas. En ese proceso reconoció 79 víctimas y dejó abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 9 de julio la Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas sobre el caso Ayotzinapa. En él, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluye que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La recomendación sí reconoce 92 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, acota la responsabilidad castrense a actos de omisión individual, por los cuales hay 20 elementos militares bajo proceso penal.

Un punto que generó especial rechazo es que el documento no fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a diferencia de otras 22 autoridades notificadas. Además, la CNDH cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), a los que atribuye haber impulsado una narrativa que calificó de “antiverdad” sobre la presunta responsabilidad militar.

La respuesta de Encinas

Ante esta conclusión, Alejandro Encinas Rodríguez, quien presidió la Covaj entre 2018 y 2023 y actualmente se desempeña como embajador de México ante la OEA, publicó en la red social X una serie de documentos oficiales de la Sedena.

Según estos documentos, el soldado de infantería Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos— estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) dentro de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, con lo que Encinas denominó una “fachada de alumno”. Los archivos detallan, entre otros puntos:

• Su ingreso a trámites de inscripción en junio de 2014 con fines de inteligencia militar.
• Su reporte de actividades como órgano de búsqueda la mañana del 26 de septiembre de 2014, horas antes de los ataques.
• Mecanismos de comunicación esporádica con sus mandos superiores.

La recomendación de la CNDH, por su parte, descarta que López Patolzin fuera un infiltrado o informante, y sostiene que su presencia en la normal se ampararía en una disposición reglamentaria que permite a militares cursar estudios.

Reacciones de organizaciones y representantes legales

La recomendación también fue criticada por organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que señaló una presunta falta de autonomía del organismo. En entrevista, Isidoro Vicario, abogado de padres y madres de los normalistas, afirmó que la CNDH no tuvo un acercamiento previo con las familias antes de emitir el documento y consideró que la recomendación no aporta elementos para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Vicario también recordó que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército habría infiltrado personal en la normal desde 2010, y que existen testimonios de sobrevivientes sobre la presencia de un convoy militar en el Hospital Cristina de Iguala la noche de los hechos —versión que la CNDH atribuye a una revisión rutinaria sin agresión directa.

Hasta el momento, la Sedena no ha emitido un pronunciamiento público adicional sobre los documentos difundidos por Encinas.

Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno mantiene negociaciones con la industria automotriz y autoridades de Estados Unidos para reducir aranceles a vehículos, y adelantó reuniones con Toyota y otros fabricantes para evitar cierres de plantas en México. Reconoció avances en el combate al gusano barrenador, sobre todo en Sonora y Coahuila, y mencionó la colaboración con autoridades estadounidenses en el tema.

Respecto a la migración, anunció que el gobierno mexicano presentó demandas a Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes a manos del ICE, e hizo un llamado a la unidad nacional y partidista para defender los derechos de los connacionales. Además, reiteró el apoyo de México a Venezuela, resaltando la comunicación directa con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Sobre el caso Ayotzinapa, Sheinbaum se deslindó del informe de la CNDH que exculpa al Ejército y pidió a la Segob revisar el documento. También celebró el aumento de la cuota de exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos, producto de gestiones con productores y autoridades del sector.

Concluye la conferencia de prensa

Mario Delgado da “un buen” cierre escolar

El secretario de Educación hizo un balance de las acciones que se realizaron en la dependencia para mejorar las condiciones educativas en el país, considerándolo como “un buen cierre de ciclo; nos vemos el 31 de agosto para los niños y niñas, regresan a clases los maestros”.

Mario Delgado deseó un “feliz” receso escolar.

México sigue buscando reducción de aranceles en la industria automotriz

La presidenta señaló que se ha reunido con la industria automotriz y que sigue trabajando con el gobierno estadounidense para la reducción de los aranceles, “impuestos de manera unilateral”.

Sheinbaum afirmó que en México ha “aumentado la venta de vehículos nacionales”.

Adelantó que se reunirá con Toyota y con otros productores de vehículos para buscar mecanismos que eviten el cierre de plantas en la República Mexicana.

Sonora y Coahuila encabezan mejoría en casos de gusano barrenador

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el control de plaga del gusano barrenador tiene avances, señaló que los gobernadores y ganaderos trabajan para erradicar.

Julio Berdegue y Colomba López vigilan las acciones para erradicar el gusano barrenador, a la par se mantienen en comunicación con la secretaria de Agricultura estadounidense, Rollins.

Sheinbaum expresó que México quisiera que “se abriera la frontera”, pero es una decisión unilateral de Estados Unidos. Recordó que ante esto, su administración ha tratado de controlar la plaga y se ha apoyado a los ganaderos.

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La ayuda a Venezuela continuará: SRE se comunicará con la embajadora para conocer el apoyo que requieren

La presidenta indicó que Roberto Velasco se mantiene en contacto con la presidenta interina, Delcy Rodríguez de Venezuela, para determinar el apoyo que requiere. el país sudamericano. Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo a las personas damnificadas.

Migrantes mexicanos podrían elegir a sus diputados: dice Sheinbaum

La presidenta dijo que en el futuro se podría plantear que los migrantes mexicanos podrían elegir a sus representantes políticos, como los diputados migrantes, en vez de cómo se hace ahora, que son elegidos por el partido.

Caso ‘El Mayo’: Sheinbaum pide escuchar audios de Ken Salazar

Tras las declaraciones del exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en donde explicó que la captura de El Mayo Zambada provocó un distanciamiento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante esto, la presidenta exhortó al pueblo de México a escucharlo e insistió en que hay contradicciones en la detención del capo.

/mexico/2026/07/13/sheinbaum-responde-a-ken-salazar-destaca-que-exembajador-desvincula-a-rocha-moya-y-a-amlo-con-el-narco/

Sheinbaum se deslinda del informe de la CNDH por caso Ayotzinapa donde se exculpa al Ejército

Tras la publicación de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 867 páginas, donde desacredita los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada, entonces nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, eso no quiere decir que pudieramos estar de acuerdo o no en parte del informe o en su visión completa”, dijo Sheinbaum.

Por esta situación, la presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación a que revise exhaustivamente el documento emitido por la CNDH.

Sheinbaum celebra acceso al mercado azucarero de Estados Unidos

La jefa de Estado señaló que, tras reuniones con organizaciones y productores de caña, le indicaron que era muy relevante recuperar la exportación de azúcar mexicana. Sheinbaum Pardo señaló que este acuerdo fue resultado del trabajo del exsecretario de Agricultura, Julio Berdegue.

“(...) Aumenta la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexicana; esta es una excelente noticia”, dijo la presidenta.

México envía hoy demandas a EEUU por muerte de migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el día de hoy se enviarán las demandas contra Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes mexicanos en manos del ICE. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se comunicó con las autoridades estadounidenses para notificarles esto.

Asimismo, Sheinbaum Pardo pidió unidad nacional y partidista para defender los derechos de los connacionales.

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Estrategia para impulsar la Educación Media Superior en México

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación, expuso la serie de acciones con las que buscan impulsar la educación media Superior, las cuales se enlistan de la siguiente manera:

Entre estas acciones se incluyen la creación de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, 4 reconversiones y la operación de 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza.

Las acciones forman parte de proyectos como el Plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan Integral de la Zona Oriente del Valle de México, el Programa General Lázaro Cárdenas y la estrategia de Atención a las causas (BNMM).

Estas intervenciones generan 156,240 nuevos lugares para estudiantes y una inversión total de 10,916.4 millones de pesos. La meta es superar los 200,000 nuevos lugares en este nivel educativo durante el año.

‘La Escuela es Nuestra’ invierte más de 22 millones de pesos en 2026

La titular del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, reporta una inversión social de 22,694 millones de pesos en 2026. Según datos oficiales, este presupuesto se distribuye entre 71,482 escuelas en distintos niveles educativos.

La mayor inversión corresponde a planteles de educación primaria, con 6,576 millones de pesos para 21,325 escuelas.

El nivel preescolar recibe 6,124 millones de pesos, beneficiando a 27,029 planteles. Para secundaria se asignan 5,282 millones de pesos en 15,634 escuelas, mientras que en media superior la cifra alcanza 4,288 millones de pesos para 5,737 planteles.

El nivel inicial recibe 86 millones de pesos y los Centros de Atención Múltiple (CAM) registran 338 millones de pesos distribuidos en 1,346 escuelas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

El pasado 9 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 208VG /2026, con la que supuestamente acreditó violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas del caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el documento –de 876 páginas– fue duramente criticado en redes sociales, porque desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra emitió dicho documento para reivindicar “la lucha de las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de las deficientes investigaciones de los mismos”.

Sin embargo, lo que más molestó a organizaciones civiles, así como a periodistas y expertos, fue que la CNDH sostiene que no existen pruebas para culpar al Ejército, pese a que hay evidencia que demuestra lo contrario, misma que fue proporcionada, en su momento, por el GIEI y la Covaj.

CNDH muestra falta de autonomía, denuncia Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fue uno de los primeros en pronunciarse tras la publicación de la recomendación. A través de su cuenta de X, la ONG lamentó la falta de autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Tras casi 12 años del caso Ayotzinapa, la CNDH decidió publicar una Recomendación donde, en 876 páginas, el organismo nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales, así como a la sociedad civil, mostrando una profunda insensibilidad a las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos”, escribió.

Además, recordó que hay 17 militares detenidos, con lo que queda demostrado que sí hubo participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la desaparición de los normalistas.

“La CNDH deslinda de responsabilidad a la Sedena, afirmando que no hay evidencias que la acrediten, pese a que hay 17 militares vinculados a proceso por el caso.

“Destaca que, contrario a lo reconocido en ordenamientos judiciales, desestima la opacidad del Ejército al no entregar información de inteligencia faltante e incluso valida información que ya ha sido verificada por propios documentos militares, confirmando su alineación al Poder Militar”, agregó.

Culpan al Ejército de obstaculizar investigaciones

Por su parte, Fundar México resaltó que el Ejército lleva 12 años obstaculizando la investigación del caso Ayotzinapa.

También denunció que la CNDH intenta deslegitimar el trabajo de organizaciones históricas de defensa de derechos humanos, como el Centro Prodh.

“La Recomendación de CNDH recién emitida evidencia la falta de autonomía del organismo, donde absuelve al Ejército de cualquier responsabilidad, a pesar de que tras más de 12 años ha obstaculizado la investigación del caso Ayotzinapa”, publicó Fundar en su cuenta de X.

Lamentan que den espalda a familiares de normalistas desaparecidos

Por su parte, la periodista especializada en derechos humanos, Elia Almanza, aseguró que no esperaba nada de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y, aún así, salió como la mayor defensora de los militares.

“Terminé de echarle ojo al posicionamiento político mal llamado “Recomendación” de la CNDH sobre #Ayotzinapa. Sigo procesándolo; una locura.

“Sé que no podíamos esperar nada, pero qué manera de Rosario Piedra Ibarra de defender al Ejército.

“12 años y las familias tienen que aguantar esto”, escribió la comunicadora.

Mientras que el analista, Alfredo Lecona, tachó de “criminal” el actuar de la CNDH y su titular, y afirmó que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, supo y ocultó que los normalistas seguían con vida después del 26 de septiembre de 20224.

“SALVADOR CIENFUEGOS supo y OCULTÓ que NORMALISTAS continuaban CON VIDA días después del 26 de septiembre de 2014.

“El GIEI se fue del país dejando EVIDENCIA técnica, documental y de inteligencia sobre el ocultamiento.

“Lo que acaba de hacerle la CNDH a Ayotzinapa para encubrir al ejército y aliados de la presidenta es lo más CRIMINAL que han hecho Piedra, Estrada, Pomposo y el resto de delincuentes que secuestraron la institución. 43 veces miserables. 135 mil veces malditos”.

Continúa la polémica con Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH y su postura sobre el caso Ayotzinapa, es una muestra de ello.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una extensa recomendación de 867 páginas en la que desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al sostener que no existen pruebas para culpar al Ejército, como se ha informado reiteradamente por grupos de expertos, comisiones de derechos humanos, la familia de los normalistas y sociedad civil.

La CNDH estableció en la Recomendación 208VG/2026, publicada el 9 de julio, que la creación de la llamada “Anti-Verdad Histórica”, una narrativa que, afirmó, responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas de México al acusarlas de estar implicadas en la Noche de Iguala de 2014, genera estigmatización y desvía el eje de la investigación iniciada desde hace más de 10 años.

“Como parte de las investigaciones que han dado lugar a la presente recomendación, hemos tenido que superar no solamente resistencias e intentos de manipulación de la información, incluso internamente, sino los prejuicios generados por una narrativa tan nociva como la “Verdad Histórica”, la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica” presente en los Informes del GIEI y en los dos primeros informes de la CoVAJ-Ayotzinapa, así como en multitud de artículos periodísticos, libros, películas y reportajes televisivos que, lejos de buscar la verdad llana que merecen las víctimas y todo el pueblo de México, han sido muy útiles para alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército”, afirma la CNDH.

Ello marca una nueva postura en la historia de desaparición forzada más trágica en los tiempos recientes, en donde 43 jóvenes normalistas fueron desaparecidos cuando se trasladaban a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones del 2 de octubre del 68.

Desde entonces, las autoridades locales y federales se empeñaron en contar historias diferentes de lo que pudo haber pasado en aquella noche, como la llamada “Verdad Histórica”, encabezada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, demostrándose con el tiempo que muchas fueron versiones falsas.

Mientras eso sucedía, las madres y padres de los 43 normalistas se han dedicado a exigir justicia y verdad para sus hijos, manifestándose constantemente y convirtiéndose en un símbolo de resistencia.

La búsqueda de la verdad por los 43 ha estado marcada por injusticias, irregularidades, torturas y violaciones a derechos humanos. El caso ha tenido foco internacional por organizaciones como Amnistía Internacional, sin embargo, a punto de cumplirse 13 años, sigue sin haber certeza de lo que ocurrió.

La narrativa sobre el Ejército y su implicación en la Noche de Iguala

A lo largo del extenso informe, la CNDH reiteró que la versión sobre la supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, sin que hasta ahora exista evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 que los señale culpables.

El organismo reconoce antecedentes históricos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, “en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como lo hizo en las recomendaciones general 46/2022 y la 98VG/2023 en las que no se titubeó en señalar nombres y grados de los perpetradores, que hoy son públicos”, sin embargo, sostiene que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

El organismo redacta un informe detallado de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y contrasta la información disponible sobre el caso que contempla más de 10 años de investigación, injusticias y violación a los derechos humanos.

Los folios ocultos y la postura de la Defensa Nacional

Uno de los puntos más señalados por la “Anti-Verdad Histórica”, de acuerdo a lo puntualizado por la CNDH, es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de los 875 folios enlistados por los familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

La CNDH resalta la explicación de la Defensa donde señala que la numeración no es progresiva, pues el CRFI, inaugurado en diciembre de 2015, quince meses después de la desaparición, usaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI, y asegura que nunca ha negado la existencia de información.

El organismo nacional dedica más de 800 páginas para concluir que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido utilizada para sostener especulaciones no comprobadas que acusan la Ejército.

CNDH desacredita informes pero asegura defender a víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la defensa a los derechos de las víctimas y acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014″.

Emitió recomendaciones para garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y el acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita, supervisar las medidas de reparación integral, así como fortalecer las escuelas normales rurales mediante autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación está dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que integran la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero, las presidencias municipales de los ayuntamientos de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como a las secretarías y direcciones de seguridad pública de los municipios mencionados en el Estado de Guerrero.

Además, solicitó informar sobre los avances en la atención a víctimas y en las búsquedas de los normalistas desaparecidos, asegurando la participación de familiares y el cumplimiento de estándares en derechos humanos. También pide retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los normalistas y exige capacitación continua en derechos humanos para los cuerpos policiales de Guerrero.

Subrayó la obligación de mantener abiertas las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, reconociendo 79 víctimas y dejando el proceso abierto para nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar, de manera extraordinaria, la sentencia emitida en 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La decisión abre un nuevo capítulo jurídico en uno de los casos más emblemáticos del país y ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que consideran que podría retrasar el cumplimiento de una resolución firme.

La determinación fue aprobada por unanimidad del Pleno mediante el ejercicio de la facultad de atracción respecto de cuatro recursos de revisión extraordinaria promovidos por autoridades federales.

Con ello, el máximo tribunal analizará los alcances constitucionales de la sentencia dictada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Organizaciones cuestionan la reapertura de una resolución definitiva

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la decisión de la Corte pone nuevamente a debate una sentencia considerada definitiva, lo que, a su juicio, genera incertidumbre jurídica y tensiona el principio de cosa juzgada, que busca dar certeza sobre las resoluciones judiciales firmes.

Recordaron que el fallo de mayo de 2018 representó uno de los precedentes más relevantes del caso Ayotzinapa, ya que ordenó reponer la investigación tras identificar graves irregularidades y dispuso la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad como un mecanismo extraordinario para garantizar una indagatoria independiente y efectiva, con participación de las víctimas.

Asimismo, destacaron que dicha resolución concluyó que la investigación que dio origen a la llamada “verdad histórica” estuvo marcada por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo actos de tortura, además de omisiones en diversas líneas de investigación.

¿Qué revisará la Suprema Corte?

Los recursos extraordinarios fueron promovidos por autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes argumentaron que debieron haber sido llamadas al juicio de amparo.

Aunque fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

En 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la SCJN atraer los expedientes para definir la viabilidad jurídica y material del cumplimiento de la sentencia, al sostener que existían obstáculos para la creación de la Comisión de la Verdad.

La Corte analizará, entre otros aspectos, si un tribunal de amparo podía ordenar la creación de un mecanismo extraordinario de investigación o si esa determinación vulnera principios constitucionales como la relatividad de las sentencias y la división de poderes.

Así se suscitaron los hechos

• En 2018, un tribunal federal ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa.
• La resolución dispuso crear una Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala.
• Los recursos de revisión extraordinaria fueron promovidos por autoridades federales desde 2018.
• La Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó este año que la Suprema Corte atrajera los asuntos.
• La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar por haber encabezado anteriormente la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Debate sobre seguridad jurídica y acceso a la verdad

Las organizaciones que representan a las familias de los estudiantes señalaron que esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo para modificar los efectos de una sentencia firme, por lo que consideran que la decisión podría generar incertidumbre sobre la estabilidad de las resoluciones judiciales.

También advirtieron que la reapertura del debate difícilmente contribuirá a acelerar el esclarecimiento del caso y, por el contrario, podría prolongar los tiempos para cumplir una resolución que reconocía la necesidad de una investigación autónoma con participación de las víctimas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República ha cuestionado la creación de la comisión al considerar que podría interferir con las funciones de la unidad especializada encargada de investigar el caso Ayotzinapa.

Caso Ayotzinapa permanece sin resolverse a casi 12 años

A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso continúa sin un esclarecimiento total. Organizaciones civiles sostienen que aún existen pendientes relevantes, entre ellos el acceso a información de inteligencia, la colaboración de distintas instituciones y el avance en procesos de extradición de personas consideradas clave para la investigación.

Con la atracción de estos recursos, la Suprema Corte definirá si la sentencia de 2018 mantiene íntegros sus efectos o si corresponde modificar el alcance de una de las resoluciones judiciales más importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, una decisión que será seguida de cerca por las familias de los estudiantes, autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo germen se remonta a 1948, nació como herramienta para proteger la dignidad humana; para facilitar, empleando una formulación de Kant, que, dentro de ese ámbito territorial específico, todo ser humano sea tratado siempre como un fin y nunca meramente como un medio. Para lograrlo, se buscó asegurar que los Estados que forman parte del Sistema reconozcan, protejan y promuevan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La idea que está en la base es que un Estado apoyado sobre estos tres pilares —que deben estar en equilibrio— hace más difícil el abuso de poder, la instrumentalización del ser humano.

El balance general de lo ocurrido desde 1948 hasta hoy es positivo: los dos órganos principales del Sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, han llevado adelante un trabajo fecundo: la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la participación política…: son vastos los ámbitos en los que se han verificado avances notables.

Dentro de ese contexto en general positivo emergen, no obstante, algunas sombras. Por mencionar sólo algunas, los órganos del Sistema han avanzado no sin polémica en la creación del así llamado “control de convencionalidad” —de no sencilla compatibilización con el control de constitucionalidad—, en la afirmación de la usticiabilidad directa de los derechos sociales, en el reconocimiento —aunque no frontal— de la eficacia horizontal de los derechos. Todo ello de la mano de una teoría de la interpretación de los derechos reconocidos en la Convención que ha sido calificada muchas veces como “activista”, es decir, violatoria de la competencia que la propia norma internacional asignó a los órganos del Sistema.

Un ejemplo actual de estos desbordes lo constituye la creación de los “Grupos interdisciplinares de expertos independientes” (GIEI), creados por la Comisión Interamericana para desarrollar una función de “coadyuvancia” a los Estados en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un mecanismo especial que se ha creado para México (2014), Nicaragua (2018), Bolivia (2019) y Honduras (2025). En cada uno de estos países se produjeron “acuerdos constitutivos” entre la Comisión y el Estado que dieron lugar a la instalación en el lugar de grupos de personas “expertas”, “independientes” e “interdisciplinares” con el deber de llevar adelante lo establecido en esos acuerdos. Los resultados que se han alcanzado hasta el momento no han sido buenos: como fueron más allá de su proclamada coadyuvancia, e incluso llegaron a hacer “recomendaciones” de “cumplimiento obligatorio” por parte de los Estados, acabaron afectando la independencia de los poderes judiciales de los países implicados. En algún caso, incluso, no quedó nada claro que los expertos seleccionados fueran realmente independientes. Se generaron así “juicios paralelos” en los que acusación y juez coincidieron en el propio GIEI. Por este camino, el ansiado equilibrio entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos se torna en esos casos una quimera, y son en última instancia los propios derechos humanos los que se ven afectados. Urge un replanteamiento de los GIEIs por parte de la Comisión Interamericana. Sin él, continuarán teniendo un efecto paradójico: afectarán de modo negativo aquello que con ellos se busca proteger.

Juan Cianciardo. (Buenos Aires, 1971) es argentino y español. Doctor en Derecho. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra, Profesor Visitante de la Universidad Panamericana. Luego de obtener el Grado en Derecho trabajó un año en la Corte Suprema de su país natal. Con 24 años viajó a España donde comenzó su Doctorado en Derecho, que concluyó tres años después, en 1999. Ese mismo año regresó a Buenos Aires y se incorporó a la Universidad Austral; tiempo después ingresó por concurso de antecedentes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina (CONICET), principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Ingresó a esta institución en la Carrera de Investigador como Investigador Asistente y luego de sucesivas acreditaciones fue ascendido a Investigador Adjunto y a Investigador Independiente (equivalente a lo que en el sistema español sería Científico Titular del CSIC).

En momentos en que el orden internacional, las instituciones multilaterales y el propio Derecho internacional atraviesan una nueva crisis de legitimidad, conviene preguntarse no sólo por los problemas que enfrentan nuestras sociedades, sino también por los instrumentos que se proponen para resolverlos.

Un ejemplo particularmente interesante son los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar graves violaciones de derechos humanos en contextos de crisis. Desde el caso Ayotzinapa en México (2014), pasando por Nicaragua (2018), Bolivia (2019) y más recientemente Honduras (2023), han intervenido en escenarios marcados por la violencia, la polarización política, la desconfianza institucional y la aparente incapacidad de las autoridades nacionales para esclarecer los hechos.

Precisamente sobre estos mecanismos discutimos la semana pasada en un workshop realizado en la Universidad Panamericana de Ciudad de México, en el que participamos académicos y expertos de distintos países. Más que respuestas, el ejercicio surgieron dudas inquietantes sobre quién tiene realmente la competencia y legitimidad para acordar la creación de un GIEI (si en realidad basta con el consentimiento del gobierno de turno y del Secretario Ejecutivo de la Comisión), el fundamento jurídico de estos mecanismos y los límites de su mandato, y ante quién responden y ante quién son responsables sus integrantes.

Asimismo, ¿cuál es su naturaleza? Los GIEI no son tribunales, pero tampoco fiscalías, comisiones de la verdad ni simples organismos de asistencia técnica. Sin embargo, acceden a expedientes judiciales, reconstruyen hechos, evalúan investigaciones, practican pruebas y formulan sendas recomendaciones dirigidas a cada uno de los poderes políticos. En ocasiones, además, parecen producir narrativas institucionales destinadas a influir en procesos de rendición de cuentas.

Entonces, ¿a quién dirigen sus informes? En realidad, no es claro si el destinatario es la CIDH (que recomienda su creación, en ocasiones nombra sus integrantes y hace seguimiento al cumplimiento de sus informes) o la comunidad internacional, el Estado o a la sociedad en su conjunto, a las víctimas de los hechos investigados, o los fiscales y jueces.

No son preguntas menores. Si sus informes pretenden influir en procesos penales internos, surgen cuestiones inevitables relacionadas con el debido proceso, la contradicción y el derecho de defensa, la presunción de inocencia. Pero también con el principio de subsidiariedad, pues ni la Comisión ni la Corte Interamericana tienen la función de establecer responsabilidad penal individual.

Existe además una cuestión de fondo y es si los GIEI realmente contribuyen a fortalecer la confianza en las instituciones y la cohesión social o si, por el contrario, existe el riesgo de que profundicen las divisiones existentes. ¿Únicamente por razón de su formación, independencia e inmunidad, unos pocos expertos internacionales, pueden reconstruir de manera definitiva hechos complejos y altamente controvertidos? ¿Pueden, además, identificar sus causas estructurales y proponer soluciones duraderas para sociedades profundamente fragmentadas?

Esta última pregunta puede parecer provocadora, pero resulta necesario formularla. Si realmente es suficiente con un mecanismo “técnico” y “neutro” para descubrir la verdad, identificar a los responsables y resolver problemas institucionales complejos, ¿por qué no encomendar esa tarea a la inteligencia artificial? Bastaría con suministrarle los documentos relevantes y formular las preguntas adecuadas.

Pero en realidad nada puede sustituir a las instituciones democráticas, los jueces, los fiscales, el debate público o el consenso político. Por lo que desafío no consiste tanto en encontrar quién posee o puede establecer la verdad, sino en diseñar procedimientos legítimos, respetuosos de las garantías procesales y confiables para buscarla, que sean compatibles con el Estado de Derecho y los derechos humanos (de todos). No hay atajos para ganar el partido.

Andrés Balcázar G. Profesor visitante de la Universidad Panamericana, México. Académico de la Universidad de la Sabana, Colombia.

El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó el pasado 10 de junio que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se prestan a “hacerle el juego a la derecha”, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El legislador sostuvo que, pese a que “los problemas se están atendiendo”, las protestas deben ser “pacíficamente” y cuestionó: “¿Por qué con violencia?”.

En su mensaje, Fernández Noroña planteó que actores políticos buscan usar el tema “para sus fines legítimos, medio legítimos o totalmente ilegítimos” y acusó que con la violencia “quieren descarrilar al gobierno”. También aseguró que quienes incurren en ese tipo de acciones “apoyan el injerencismo de Estados Unidos”.

El senador de Morena remató con una descalificación partidista al señalar que, en esa “definición”, se está “con el pueblo y con la patria o estás contra el pueblo y contra la patria” y acusó que “están con el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano."

Finalmente, calificó al comportamiento de los manifestantes de Ayotzinapa como “vomitivo”.

Familiares de los 43 de Ayotzinapa solicitan a Segob una reunión para revisar el caso

El Comité de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió el pasado 13 de junio a la Segob una reunión para revisar el caso y exigió a la FGR retomar líneas de investigación que, según su escrito difundido con acompañamiento de Red TDT, habrían sido abandonadas desde 2024, porque sostienen que sin esas indagatorias no se puede esclarecer el paradero de los estudiantes ni avanzar hacia procesos judiciales.

En ese mismo documento, las familias solicitaron crear una comisión para revisar 33 documentos CERFIS que, según el Comité, están en poder de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. De acuerdo con el escrito, esos folios contienen información sobre el paradero de los estudiantes y señalan la barandilla municipal, la colonia Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan como puntos de interés a partir de interceptaciones de comunicaciones militares.

Las madres y padres también reclamaron que, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ofreció avanzar en las indagatorias con inteligencia y tecnología, pero no se les ha informado si las líneas de investigación impulsadas antes siguen activas o fueron descartadas.

El Comité tiene la petición central de que se integre una comisión con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA para analizar de forma exhaustiva los expedientes militares. El objetivo, de acuerdo con las familias, es identificar datos que puedan judicializarse.

El Comité rechaza acusaciones por las protestas recientes

A su vez, las familias rechazaron la criminalización de su movimiento tras las protestas recientes y negaron cualquier vínculo con presuntos hallazgos de explosivos. También denunciaron que han sido señaladas de pertenecer a la ultraderecha y acusadas de vandalismo y violencia.

“Somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías, nos mueve el amor a nuestros hijos que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas”, afirmaron.

El Comité pidió que no se abran investigaciones penales ni contra los padres ni contra los estudiantes por las movilizaciones recientes. Según las familias, sus demandas son legítimas y están dirigidas a obtener verdad y justicia.

En su posicionamiento, las madres y padres señalaron que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantiene una organización estudiantil con pensamiento marxista orientada, según describieron, a la construcción de una sociedad más justa. También afirmaron que la represión histórica contra ese movimiento ha dejado 11 estudiantes asesinados y 43 desaparecidos, crímenes que, de acuerdo con el Comité, siguen sin investigación ni sanción.

Respecto a los explosivos, la SSC aseguró el pasado 8 de junio 59 artefactos explosivos caseros durante una revisión a unidades de transporte público en la autopista México-Cuernavaca, como parte de un operativo de inspección.

La policía de la Ciudad de México cercó este lunes un convoy de autobuses que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, cuando circulaban por la autopista México-Cuernavaca con destino al Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron a los más de diez autobuses en la caseta de peaje de Tlalpan, al sur de la capital, mientras los estudiantes buscaban incorporarse a las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Protestas de la CNTE a días del Mundial 2026

Las manifestaciones se desarrollan en un contexto marcado por la cercanía del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, programado para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

La continuidad de los bloqueos ha generado inquietud por posibles afectaciones a la movilidad y a la organización de eventos vinculados con el torneo internacional.

Bloqueos en la CDMX

Las movilizaciones de la CNTE cumplen nueve días consecutivos y han incluido bloqueos en importantes vialidades de la capital, como Paseo de la Reforma y avenida Chapultepec.

Tras una Asamblea Nacional Representativa realizada durante la madrugada, la Coordinadora acordó mantener las protestas y desarrollar acciones informativas en diversos medios de comunicación.

Como parte de estas acciones, integrantes de distintas secciones sindicales bloquearon desde temprana hora los accesos a instalaciones de TV Azteca, Televisa y W Radio.

Las demandas de la CNTE al gobierno

La principal exigencia de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que modificó de manera negativa las condiciones de retiro de los docentes.

Entre sus demandas también destacan:

• El regreso a un sistema solidario de pensiones.
• El rechazo al cálculo de jubilaciones mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA).
• Que las pensiones se determinen con base en salarios mínimos.
• Mejoras en las condiciones laborales y de retiro para el magisterio.

Claudia Sheinbaum garantiza paz durante el evento

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las protestas de la CNTE no pondrán en riesgo la realización del partido inaugural del Mundial 2026.

La mandataria sostuvo que se mantendrán las condiciones de paz y gobernabilidad necesarias para el desarrollo del evento deportivo, pese a las movilizaciones magisteriales que continúan en distintos puntos de la Ciudad de México.

Actualización del caso Ayotzinapa: detención de exmilitar reaviva exigencias de justicia

La reciente detención en Estados Unidos de Enrique Martínez Chávez, exintegrante del 27 Batallón de Infantería de Iguala y presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, volvió a colocar el caso en el centro de la discusión pública mientras continúan las movilizaciones de estudiantes y organizaciones sociales en México.

El exmilitar fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, donde permanecía tras abandonar México. De acuerdo con las autoridades mexicanas, existe una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos relacionados con el caso, entre ellos desaparición forzada, delincuencia organizada y tortura.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la captura no fue resultado de una solicitud específica del Gobierno mexicano, sino que ocurrió durante una redada migratoria realizada por autoridades estadounidenses. Según explicó, fue durante ese operativo cuando se detectó que el detenido contaba con una ficha vinculada a una orden de aprehensión emitida en México.

La mandataria también precisó que Martínez Chávez no forma parte de las dos personas cuya extradición fue solicitada directamente por su administración a Estados Unidos como parte de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa.

Entre esos casos figuran el exjuez Ulises Bernabé García y Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, ambos señalados en las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) analiza ahora los mecanismos legales para concretar el traslado del exmilitar a territorio mexicano y que enfrente los cargos que pesan en su contra. La captura representa uno de los avances más recientes en un expediente que, a casi 12 años de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sigue sin esclarecer completamente el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para los familiares de las víctimas y los colectivos que mantienen viva la exigencia de verdad y justicia, la detención constituye un paso relevante, aunque insuficiente. Diversas organizaciones han insistido en que aún existen pendientes en las investigaciones, particularmente en lo relacionado con la participación de autoridades y miembros de corporaciones de seguridad que presuntamente tuvieron conocimiento de los hechos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que no hay ninguna persona detenida tras el hallazgo de 59 artefactos explosivos en uno de los camiones que trasladaba a integrantes de la caravana de Ayotzinapa. Las autoridades decomisaron el material y bloquearon el avance de los vehículos hacia la Ciudad de México, sin proceder a ningún arresto.

A raíz de los hechos, la mandataria reconoció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que aún no tiene certeza sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación por el caso.

“No hay detenidos, se les quitó los artefactos que traían y no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad”, destacó ante la prensa.

El operativo en la caseta de Tlalpan

La tarde del lunes 8 de junio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retuvieron la caravana de autobuses en la caseta de Tlalpan. El operativo se aplicó sobre vehículos de pasajeros que circulaban por la autopista México-Cuernavaca.

Personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar los artefactos de fabricación artesanal, los cuales quedaron bajo resguardo de especialistas para las diligencias correspondientes.

Sin embargo, pese al hallazgo, las autoridades no reportaron arrestos ni identificaron a algún responsable directo de los explosivos, un detalle que llamó la atención debido a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula de manera estricta la fabricación, posesión, almacenamiento y transporte de este tipo de materiales.

Por qué no hubo detenidos

La ausencia de arrestos tiene una explicación jurídica concreta. En términos legales, el decomiso de objetos ilícitos y la detención de personas son procedimientos distintos que exigen elementos diferentes para ejecutarse.

Las autoridades pueden confiscar de forma inmediata materiales peligrosos para proteger a la población. Una detención, en cambio, exige indicios que permitan atribuir la posesión o control del objeto a una persona específica.

La Constitución establece que alguien puede ser detenido en flagrancia cuando es sorprendido cometiendo un delito o inmediatamente después. La presencia de material ilícito dentro de un vehículo colectivo no permite atribuir automáticamente la responsabilidad penal a todos sus ocupantes.

Cuando el objeto prohibido aparece en una unidad con múltiples pasajeros y equipaje compartido, identificar al responsable requiere actos de investigación adicionales. Ese es el límite jurídico que explica por qué el hallazgo no derivó en arrestos inmediatos.

La versión de Tlachinollan

El abogado Isidoro Vicario Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, rechazó ante medios locales que los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa hayan transportado ese material. Según él, la consigna del movimiento es llevar a cabo movilizaciones pacíficas.

“Los padres y las madres que venían en autobús dicen que ahí no venían esos artefactos, que no los vieron”, declaró Vicario Aguilar. El abogado consideró que el señalamiento sobre los explosivos es “una forma de justificar para impedir la entrada de los padres y de los estudiantes a la Ciudad de México”.

Tlachinollan también señaló que detrás del operativo estaría la intención de deslegitimar la lucha de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Vicario Aguilar advirtió que el gobierno busca “cualquier pretexto como para tratar de desviar la atención”, en una semana en que además inicia el Mundial de fútbol.

La demanda central: el regreso del GIEI

La “Jornada intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa” tenía como objetivo principal una reunión interinstitucional programada para el 12 de junio. Los familiares buscan que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco, junto con la titular de la FGR Ernestina Godoy, establezcan un mecanismo para el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El movimiento de los 43 lo que quiere es saber la verdad y saber el paradero de los 43 estudiantes, pero no podemos saber eso porque las investigaciones no avanzan, porque el Estado mexicano no quiere regresar al GIEI”, afirmó Vicario Aguilar. El abogado denunció además que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiga activamente en contra de una sentencia de un juez de Distrito que le ordena entregar folios con posible información sobre el paradero de los jóvenes.

A tres meses de cumplirse 12 años

El abogado Vicario Aguilar alertó que en septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los normalistas sin que el caso tenga resolución. La presidenta Sheinbaum ha argumentado en sus reuniones con los familiares que ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han respondido favorablemente para el retorno del GIEI.

El abogado de Tlachinollan no acepta ese argumento. “Si hubiera voluntad se pudiera buscar algún mecanismo, pero el problema es que no quieren que regrese el GIEI, porque tampoco quieren entregar los folios de la Sedena”, puntualizó.

A un día de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México, el evento se perfila como un escaparate que coloca bajo observación internacional demandas sociales que distintos sectores acusan no haber podido encauzar por vías institucionales.

Las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de personas buscadoras y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exponen, más allá del evento deportivo, un problema de interlocución con las autoridades, afirma la doctora Marisol López Menéndez, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

Para López Menéndez, el Mundial se convierte en una plataforma para grupos que se perciben abandonados o ignorados, y que encuentran en la atención pública un espacio para colocar sus exigencias en la agenda nacional e internacional.

“Cada vez más grupos sociales encuentran en estos eventos internacionales el único espacio en donde, por necesidad, se les mira”, señala.

La especialista sostiene que las movilizaciones convocadas en torno al Mundial no deben leerse únicamente como acciones contra el torneo, sino como una expresión del desencanto de sectores que no han encontrado respuestas satisfactorias a demandas que, en muchos casos, llevan años sobre la mesa.

Entre ellas, menciona las exigencias de la CNTE respecto a la Ley del ISSSTE de 2007, así como las demandas de colectivos de búsqueda ante la crisis de desapariciones que vive el país.

La protesta como vía para abrir negociaciones con el gobierno

López Menéndez explica que, cuando las instituciones no ofrecen canales eficaces para atender problemas sociales, las personas suelen recurrir a formas de protesta más visibles para atraer la atención pública.

“Las personas están buscando formas de interlocución que obliguen al gobierno a establecer negociaciones serias”, afirma.

A su juicio, la recurrencia de bloqueos, marchas y otras acciones de presión pública también refleja una desconfianza creciente en los mecanismos institucionales tradicionales.

La investigadora señala que, en distintos ámbitos, muchas personas perciben que los procedimientos administrativos son lentos, complejos y poco efectivos, por lo que terminan optando por acciones que permitan visibilizar sus problemas de manera inmediata.

“Si la gente no ve resultados, el incentivo es pensar que tomar una avenida es la única manera en que la autoridad va a escuchar una queja”, explica.

Las causas de las movilizaciones quedan detrás de las afectaciones viales

La académica también llama a revisar la manera en que la sociedad suele percibir estas movilizaciones.

Considera que con frecuencia la atención pública se concentra en las afectaciones al tránsito o la movilidad, mientras que las causas que originan las protestas quedan en segundo plano.

“Muchas veces nos quejamos de los manifestantes porque toman las calles, pero no necesariamente volteamos a ver los problemas que están tratando de visibilizar”, apunta.

De cara al Mundial 2026, López Menéndez considera que la atención internacional puede contribuir a colocar temas como las desapariciones, la seguridad social o las demandas magisteriales bajo una mayor observación pública.

Sin embargo, advierte que el reto principal no es gestionar las manifestaciones durante el evento, sino fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo y respuesta para evitar que la protesta se convierta en el único recurso para quienes buscan ser escuchados.

Organizaciones, colectivos y comunidades indígenas han convocado para el próximo 11 de junio a una pega masiva de carteles en la Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, en el marco de las Jornadas Antimundialistas, contra la Explotación, el Despojo, la Represión y el Desprecio.

La acción, impulsada desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, se realiza en el contexto del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI) y representa una respuesta crítica ante la celebración del Mundial 2026.

La cita para la concentración será en Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco, Benito Juárez, a partir de las 9 de la mañana, con salida programada a las 10:00 horas. “Lleva engrudo, aerosoles, carteles. etc. Pero sobre todo, lleva ‘digna rabia’ y ‘alegre rebeldía’”, se lee en el comunicado difundido por el CNI.

Además, señalan que la comunidad y el Café Zapata Vive proveerán una cantidad significativa de carteles para quienes deseen sumarse a la jornada.

Protesta social y exigencia de justicia en el contexto del Mundial

La pega masiva de carteles se suma a una serie de acciones y protestas que diferentes colectivos y organizaciones han realizado en la capital del país durante los días previos al inicio del Mundial 2026. Estas jornadas buscan visibilizar el reclamo de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los más de 133 mil desaparecidos en México. Además, son resultado de la desesperación y el sentimiento de enojo que tienen estos colectivos frente a la inacción gubernamental sobre estas problemáticas.

Uno de los lemas del gobierno para este evento deportivo es “El balón vuelve a casa”, sin embargo, los colectivos y activistas realizaron una modificación: Si el balón vuelve a casa, los 43 de Ayotzinapa y l@s más de 130 mil desaparecid@s... ¿cuándo?.

Con esa frase las comunidades indígenas convocaron a esa movilización y es un claro ejemplo de lo que se conoce como comunicación emergente, que, en el contexto de movilizaciones sociales, es cuando los grupos manifestantes se apropian de los símbolos y los resignifican: tomaron el lema gubernamental para convertirlo en una protesta.

Sucede lo mismo con las frases “Mundial del Despojo y la Guerra”, donde acusan que la organización del evento deportivo se realiza a costa de la explotación, el desarraigo y la represión de comunidades indígenas y sectores populares.

La protesta también busca denunciar el desplazamiento, la destrucción de territorios y la violencia institucional que, según los colectivos, han sido agravadas por megaproyectos y políticas asociadas a la preparación del evento internacional.

El ambiente de protesta se ha fortalecido en las últimas semanas, con las manifestaciones y marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) en el Centro Histórico, familiares de desaparecidos y colectivos de derechos humanos en marchas, foros y manifestaciones públicas, el ambiente rumbo a la inauguración mundialista el 11 de junio, se ha vuelto cada vez más tenso.

Participación colectiva y memoria activa

La jornada del 11 de junio está diseñada como un acto de memoria activa y resistencia. Desde la Casa de los Pueblos, el llamado es a mantener viva la exigencia de presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las personas desaparecidas en el país. Los organizadores reiteran que, mientras el balón vuelva a casa en el Mundial, las familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

La pega masiva de carteles será un acto visible de resistencia y denuncia en el espacio público, reafirmando que para miles de familias y comunidades, la verdadera prioridad sigue siendo la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad de quienes han sido víctimas de la violencia y el olvido.

Las movilizaciones convocadas por estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rumbo a la inauguración del Mundial 2026 continúan en medio de investigaciones por el aseguramiento de 59 artefactos de fabricación casera en un autobús que se dirigía a la Ciudad de México.

En este contexto, el senador priista Manuel Añorve Baños rechazó los señalamientos que lo vinculan con el financiamiento de grupos normalistas.

Añorve rechaza vínculos con Ayotzinapa y la CNTE

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, negó cualquier relación con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa o con integrantes de la CNTE.

El legislador calificó como falsas las versiones que lo señalan como presunto financiador de las movilizaciones y afirmó que a lo largo de su trayectoria política no ha mantenido cercanía con ninguno de estos movimientos.

Asimismo, sostuvo que los señalamientos forman parte de una estrategia para responsabilizar a terceros de un conflicto social que, dijo, corresponde atender al gobierno federal.

Añorve también aseguró que históricamente ni Ayotzinapa ni la CNTE han mantenido afinidad política con el PRI.

Aseguran 59 artefactos durante revisión en la caseta de Tlalpan

La controversia ocurre después de que autoridades de la Ciudad de México informaran sobre el hallazgo de 59 artefactos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos.

La inspección se realizó en la caseta de cobro de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con los reportes oficiales, los especialistas localizaron tubos de PVC, mechas y materiales que presuntamente contenían pólvora.

Los objetos fueron asegurados y trasladados para su análisis pericial por parte de las autoridades correspondientes.

Movilizaciones coinciden con actividades previas al Mundial 2026

Los estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a la capital del país para participar en actividades relacionadas con la denominada “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición” de los 43 normalistas, además de sumarse a algunas de las movilizaciones convocadas por la CNTE.

Las protestas se desarrollan en los días previos a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como una de sus sedes principales a la Ciudad de México.

Claves para entender el contexto

• Conmemoración del 54 aniversario de los hechos del 10 de junio de 1971, conocidos como el “Halconazo”.
• Exigencia de avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
• Participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
• Demandas de la CNTE en materia laboral y educativa.
• Convocatoria a la denominada Marcha de las Antorchas en las inmediaciones del Estadio Azteca.
• Actividades programadas entre el 10 y el 12 de junio en distintos puntos de la Ciudad de México.

Posturas encontradas sobre el operativo

Mientras la Secretaría de Gobernación informó que la revisión se llevó a cabo de manera pacífica y tras una denuncia ciudadana, representantes de los padres de los 43 normalistas señalaron que la retención de los autobuses representó una limitación a su derecho de manifestación.

Las autoridades federales sostuvieron que la inspección contó con acompañamiento institucional y que los hallazgos serán investigados para determinar su origen y características.

Investigaciones continúan previo a nuevas protestas

Además del aseguramiento de los artefactos, algunas publicaciones han mencionado la existencia de indagatorias relacionadas con posibles fuentes de financiamiento de grupos normalistas.

No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones oficiales ni se han presentado pruebas públicas concluyentes sobre dichas versiones.

En paralelo, estudiantes, familiares de los 43 desaparecidos, integrantes de la CNTE y colectivos de búsqueda han confirmado que mantendrán las actividades y movilizaciones previstas durante los próximos días.

Las autoridades, por su parte, informaron que continuarán las investigaciones sobre los objetos asegurados y mantendrán operativos de vigilancia ante las concentraciones programadas en la capital del país.

Colectivos, organizaciones y activistas buscan aprovechar el alcance mediático que el Mundial 2026 tendrá en México para visibilizar las problemáticas sociales que vive el país desde hace años.

Desde que comenzaron los primeros preparativos para que México reciba a las selecciones mundialistas y a sus aficionados —hace apenas unos seis meses a pesar de que desde 2018 se anunció que México sería sede mundialista— surgieron malestares sociales debido a que pareció que para los gobiernos este evento deportivo fue el pretexto perfecto para ignorar las exigencias de la sociedad: crisis de desapariciones, aumento delictivo, falta de resolución en políticas públicas en materia de educación, salud, entre muchas otras.

Fue un sentimiento generalizado que se acrecentó conforme avanzaban las obras en las ciudades sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero continuaban las problemáticas sociales. En ese contexto, comenzaron las movilizaciones en vísperas del Mundial 2026 (a la par que las obras en la Ciudad de México que se construyeron en tiempo récord) con la “amenaza” de alargarse hasta el 11 de junio, la esperada inauguración.

Anuncian marcha durante inauguración del Mundial

En ese contexto, el 1 de junio comenzó de manera oficial el paro de la CNTE, en el cual maestras y maestros de las distintas secciones viajaron a la Ciudad de México y realizaron un plantón, con el objetivo de que todas sus exigencias sean cumplidas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del 100% y derogación de la Usicamm.

Durante sus marchas estos últimos días, se han registrado enfrentamientos violentos con la policía capitalina, en donde incluso se reportó que un maestro proveniente de Chiapas perdió un ojo a causa de un petardo lanzado, según acusan, por elementos de seguridad.

La CNTE es uno de los grupos sociales más grandes que convocó a una movilización este 11 de junio en caso de no conseguir diálogo con el gobierno —como hasta ahora se ha visto. Se prevé que la movilización se realice en el marco del partido inaugural México vs. Sudáfrica del Mundial 2026.

A esta movilización se suman

• Madres buscadoras, convocadas principalmente por el colectivo Hasta encontrarles.
• Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa: se sumarán a las movilizaciones y las actividades durante la jornada
• Organizaciones de pensionados y jubilados también podrían sumarse, aunque no hay una convocatoria confirmada.
• Organizaciones transportistas y de campesinos también podrían sumarse a las exigencias durante la inauguración del Mundial 2026. Exigen principalmente mejoras en seguridad, movilidad y regulación del comercio ambulante.
• Campesinos de todo el país, quienes han protagonizado importantes movilizaciones en los últimos meses, se reunirán en Calzada de Tlalpan (División del Norte) y marcharán junto al resto de colectivos.
• Incluso el Refugio Franciscano anunció una movilización para exigir que los animales, que hasta hace unos meses habitaban ahí, regresen. El punto de salida será el metro Taxqueña.

La Ciudad de México se prepara para recibir la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 este 11 de junio, pero también será escenario de una serie de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales que buscan visibilizar diversas demandas en el contexto del evento deportivo de mayor alcance internacional.

Marcha de las Antorchas llegará al Estadio Azteca

Como parte de las actividades conmemorativas por el 54 aniversario de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como el “Halconazo”, colectivos estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa convocaron a la denominada Marcha de las Antorchas.

La movilización está programada para el 10 de junio a las 16:00 horas y partirá de la estación del Tren Ligero para concluir en las inmediaciones del Estadio Azteca, recinto que albergará el partido inaugural del Mundial 2026.

Los organizadores señalaron que la protesta busca mantener vigentes las exigencias de verdad y justicia por los hechos de 1971, así como visibilizar demandas relacionadas con el caso Ayotzinapa, las desapariciones en México y el respeto al derecho a la manifestación.

Ayotzinapa y familiares de desaparecidos intensifican acciones

Además de la Marcha de las Antorchas, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa participarán en diversas actividades entre el 10 y el 12 de junio.

Entre las acciones anunciadas se encuentran un mitin en el Hemiciclo a Juárez, caminatas hacia el Estadio Azteca, jornadas de difusión y foros para denunciar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Contexto de las movilizaciones

• Conmemoración del 54 aniversario del “Halconazo” de 1971.
• Exigencia de avances en la investigación del caso Ayotzinapa.
• Demandas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
• Protestas de la CNTE por temas laborales y educativos.
• Aprovechamiento de la atención internacional generada por el Mundial 2026.

CNTE prevé manifestaciones durante la inauguración del Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también mantiene una agenda de protestas durante la semana mundialista.

Dirigentes del magisterio disidente han adelantado que buscarán manifestarse de manera pacífica en las inmediaciones del Estadio Azteca el 11 de junio, con el objetivo de difundir sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

La organización señaló que sus acciones no están dirigidas contra los aficionados ni contra el torneo, sino que buscan aprovechar la atención mediática internacional para exponer sus reclamos.

Otras protestas coincidirán con el arranque de la Copa del Mundo

Además de las movilizaciones de la CNTE y Ayotzinapa, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones campesinas y agrupaciones de transportistas anunciaron actividades para el día de la inauguración.

Entre las demandas destacan mejores condiciones de seguridad en carreteras, apoyos al campo mexicano y acciones más efectivas para la búsqueda de personas desaparecidas.

Las movilizaciones podrían generar afectaciones en vialidades como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur e Insurgentes Sur, principales accesos hacia la zona del estadio.

Aseguran explosivos en autobús vinculado a movilizaciones

En medio de los preparativos para las protestas, autoridades federales informaron sobre el aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban estudiantes y maestros procedentes de Ayotzinapa hacia la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobernación indicó que la revisión se realizó tras una denuncia ciudadana y con acompañamiento de autoridades de derechos humanos.

Por su parte, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron la versión oficial y acusaron que se intentó desacreditar al movimiento mediante la supuesta siembra de evidencias.

Mientras continúan las investigaciones sobre el hallazgo, las organizaciones involucradas confirmaron que mantendrán las actividades y movilizaciones previstas durante los días previos y posteriores a la inauguración del Mundial 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este 5 de junio que iniciará el procedimiento migratorio correspondiente tras conocer la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez Chávez, vinculado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las autoridades estadounidenses notificaron a la Fiscalía federal sobre el aseguramiento, afirmando que Martínez no pudo acreditar su legal estancia cuando se encontraba en Hawthorne, California.

La FGR se enteró de la detención a través de la comunicación internacional

La fiscalía indicó que, con base en la comunicación internacional, las autoridades estadounidenses le notificaron el aseguramiento de Martínez Chávez. Además, detallaron que el exmilitar permanece en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, en Adelanto, California.

Martínez Chávez cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, librada por una juez en el Estado de México por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

La FGR detalló que continúa con la indagatoria para determinar su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Martínez Chávez formaba parte del grupo de soldados que patrulló Iguala

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el exmilitar detenido, de 32 años, formaba parte del grupo de 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Enfrentaba órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionadas con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina.

En 2022, el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos publicó información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión contra 16 militares, entre ellos Martínez Chávez. Para junio de 2023, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, reactivó las órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Ese mismo mes, ocho militares recibieron auto de formal prisión tras ser capturados por los mismos delitos. Los hechos fueron informados por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a través de redes sociales.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a Iguala para “tomar” autobuses con el objetivo de participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.

La retención temporal de autobuses era una práctica habitual en Guerrero, con aval tácito de empresas y autoridades, según el Prodh.

Esa noche, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad. Auxiliados por otras corporaciones y por civiles integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, lograron cerrar el paso a cinco autobuses y detener a 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.

El saldo fue de 43 jóvenes desaparecidos, 6 personas ejecutadas —entre ellas 3 normalistas—, al menos 40 lesionados y más de 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

Alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas.

De acuerdo con la teoría del “quinto autobús”, documentada por diversos medios de comunicación, uno de los camiones tomados por los estudiantes esa noche habría estado cargado con droga de los Guerreros Unidos. Esa circunstancia habría desencadenado la respuesta violenta del cártel y las autoridades corruptas.

Pablo Vega Cuevas, alias “El Transformer”, jefe de la célula de Guerreros Unidos en Chicago, coordinaba envíos de heroína desde Guerrero hacia Estados Unidos utilizando autobuses de pasajeros.

Luego de que el pasado jueves se diera a conocer sobre la detención de un ex militar mexicano, identificado como Enrique Martínez, quien estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, este viernes la presidetan de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tocó el tema.

Martínez fue detenido en Estados Unidos por autoridades de ese país, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) dio a conocer que el sujeto recientemente capturado permanecería bajo custodia de esa institución.

Ante la pregunta de un reportero, sobre qué tan relevante era esa detención y por qué vía sería trasladado a México, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República daría más información sobre el caso.

“Es una persona que tiene una orden de aprehensión, en realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaban haciendo una de las redadas que hace esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona, y se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México, y ya la Fiscalía (General de la República) puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante”, dijo la mandataria.

Ante la pregunta sobre si esta era una de las dos personas que ella había pedido que fueran extraditadas a México al gobierno de Estados Unidos, presuntamente relacionadas con el caso Ayotzinapa, Sheinbaum dijo que no.

“Estamos pidiendo de otras dos personas, uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México”, señaló.

Quiénes son las dos personas que Sheinbaum pidió a EEUU que fueran extraditadas

En septiembre de 2025, se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que habían mantenido, la colaboración del gobierno del país vecino del norte para extraditar a México a dos personas vinculadas en las investigaciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sheinbaum sostuvo una reunión con Rubio, a quien le pidió colaboración del gobierno que representa para la extradición de dos personas involucradas en el caso Ayotzinapa.

La mandataria dio a conocer que esa petición al funcionario estadounidense se la comunicó al Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos en una reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

“Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, madres y padres; son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, señaló.

Una de las personas de las que pidió su extradición es el juez de Barandilla, Ulises Bernabé García a quien Estados Unidos le concedió asilo político en el 2020.

Él era juez de la prisión de Barandilla la noche del 26 de septiembre de 2014 y tendría conocimiento de lo que habría sucedido a los normalistas que fueron llevados a ese sitio y de donde habrían sido sacados por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.

El otro implicado en el caso Ayotzinapa, y de quien Sheinbaum pidió su extradición, es Pablo Vega Cuevas, El Transformer, integrante de Guerreros Unidos, y quien en julio de 2025 la Fiscalñía de Illinois decidió dejarlo en libertad, a pesar de estar acusado de tráfico de drogas en ese país.

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de un ex militar mexicano que, según los reportes periodísticos, estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) señala que el sujeto recientemente capturado permanecerá bajo custodia de la institución.

“Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martínez-Chávez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas”, es parte del informe de las autoridades compartido el 4 de junio.

Cancelación y reactivación de órdenes de captura

Cabe recordar que en 2022 el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos publicó información respecto a la cancelación de órdenes de aprehensión en favor de varios militares.

Dicha acción incluyó a 16 militares, entre ellos Enrique Martínez Chávez, quien formaba parte del grupo de 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

De acuerdo con la documentación oficial, estos soldados, incluido Enrique Martínez Chávez, enfrentaban órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina durante los hechos ocurridos en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Sin embargo, para junio de 2023, meses después de las cancelaciones, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, liberó las órdenes de captura en contra de los militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

En la lista de las órdenes aparece el nombre del sujeto recientemente asegurado en California. Los otros sujetos fueron identificados como:

• Uri Yashiel Reyes Lazos
• Santiago Muñoz Pilo
• Francisco Narváez Pérez
• Juan Andrés Flores Lagunes
• Oscar Cruz Román
• Ezequiel Carrera Rifas
• Joel Gálvez Santos
• Felipe González Cano
• Roberto de los Santos Eduviges

Diversos militares detenidos por el caso

Fue en noviembre de 2020 que fue registrada la detención del capitán José Martínez Crespo quien fue el primer militar detenido en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, previamente, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se habían girado órdenes de aprehensión en contra de elementos militares.

Mientras que el 23 de junio de 2023 ocho militares recibieron auto de formal prisión tras ser capturados por delitos de desaparición forzada y al parecer relacionados con la desaparición de los estudiantes.

“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”.

Los hechos fueron informado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En otras acciones, en mayo de 2024 fue registrada la detención de Miguel “N”, Sargento Segundo retirado del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. De manera similar a las otras personas aseguradas, fue capturado por desaparición forzada y delincuencia organizada.

Asimismo, en marzo pasado la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano solicitó de manera formal a la representación en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomiende expertos internacionales para acompañar las investigaciones del caso Ayotzinapa.

La petición tiene un propósito específico: que esos especialistas certifiquen que la nueva metodología de investigación que se aplica en el caso es válida, está “bien fundamentada” y cuenta con las herramientas suficientes para arribar a resultados concretos.

Ciudad de México se ha convertido en el punto principal de las manifestaciones de distintos colectivos y organizaciones que buscan que el Gobierno Federal les brinde respuesta a sus demandas, a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, las movilizaciones se han intensificado, mientras que la respuesta institucional ha sido criticada por presuntos actos de represión y un llamado al diálogo que no da solución a las problemáticas.

La capital se encuentra en medio de protestas que se han intensificado en las últimas semanas y a siete días de que se lleve a cabo el evento inaugural que atraerá miles de turistas y personas de otros estados, colectivos de madres buscadoras, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como la CNTE, transportistas y campesinos podrían aprovechar los reflectores internacionales para visibilizar sus demandas.

CNTE amenaza con quedarse en las calles que rodean al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha elevado el tono de sus protestas en los últimos días y tras mesas de diálogo con titulares de distintas dependencias, sus demandas no han sido resueltas, entre sus exigencias se encuentra una solicitud de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual no se realizará, según sus propias palabras desde Palacio Nacional:

“Considero en este momento que no es pertinente esta reunión... Porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo… Es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros”.

Pese a que este 3 de junio Mario Delgado, titular de la SEP, ya presentó una propuesta para llevar a cabo la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en otras demandas como la abrogración de la Ley del ISSSTE no se han presentado avances.

El plantón que la Coordinadora mantiene en el Zócalo podría extenderse hasta el evento inaugural del Mundial, el próximo 11 de junio y de no ser atendidos se podrían quedar hasta después del 5 de julio, día en el que se llevará a cabo el último partido en la Ciudad de México.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizarán acciones en el Azteca

Desde hace unos meses, los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas a nivel nacional se han dado cita para llevar a cabo distintas acciones en los alrededores del Estadio Azteca, donde se han dedicado a colocar fichas de sus seres queridos, además de realizar pintas que reflejan el grito de justicia de una crisis que el gobierno podría “borrar” ante la fiesta futbolera.

Quienes integran estos colectivos y personas solidarias han señalado que no están en contra del Mundial ni de quien asista al recinto deportivo, sino que tienen el objetivo de poner en el discurso internacional su lucha por encontrar a los más de 130 mil personas desaparecidas en México.

El 10 de junio, desde la cuenta en redes sociales de la Glorieta de las y los desaparecidos, han convocado a la acción solidaria “Iluminemos la Búsqueda: Caminata por los desaparecidos”, la cual se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas en la estación Registro federal del tren ligero hacia el Estadio Azteca.

Pega de carteles por caso Ayotzinapa

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han convocado a una serie de movilizaciones en el marco de la inauguración que atraerá a turistas de todo el mundo, además de la visita de medios internacionales para cobertura del evento y la coyuntura que se desarrolle al menos en los tres estados sede.

La organización de este movimiento se prevé a partir del lunes 8, con una conferencia de prensa en el antimonumento de los 43, ubicado en Paseo de la Reforma; para el martes 9 se llevará a cabo un volanteo en Tlalpan; mientras que el jueves 10 realizarán un mitón en el Hemiciclo a Juárez.

Durante el evento inaugural en el Coloso de Santa Úrsula -11 de junio- los padres de los 43, acompañados de personas solidarias y activistas pegarán carteles en Tlalpan. Para el 12 de junio también harán un mitin en la Secretaría de Gobernación.

Transportistas y campesinos podrían volver a manifestarse en CDMX

En el arranque del Mundial, tanto transportistas como campesinos han asegurado que podrían tomar las calles de no ver avances en la solución de sus demandas tras las últimas mesas de diálogo que entablaron con el gobierno.

Esta mañana, Martín Lim, vocero de Campesinos Unidos y agricultor de Sinaloa, dio a conocer en entrevista para Radio Fórmula que en diversas regiones del país han comenzado a organizarse para salir a las calles a protestar durante la justa mundialista. Advirtió que las concentraciones podrían llegar hasta el Estadio Ciudad de México.

Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

El ex funcionario de 78 años, quien cumplía prisión domiciliaria desde 2024, permanece en el Hospital Ángeles Pedregal.

Permanece en terapia intensiva y ha sido sometido a estudios y revisiones médicas para determinar la gravedad de su situación médica.

El 19 de agosto de 2022 fue detenido en Ciudad de México por sus implicaciones en el Caso Ayotzinapa, donde se le acusó de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.

Su papel fue clave en las investigaciones por la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. En aquel entonces ocupaba el cargo de Procurador General de la República, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se le acusó de ocultar información, falsificar testimonios, torturar y mentir a los padres y madres de los 43 desaparecidos tras proporcionar una versión falsa de lo que ocurrió la noche de Iguala.

En aquel momento se le llamó “Verdad histórica” a la versión oficial de los hechos: los jóvenes fueron quemados por el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Dicha información fue negada por los familiares desde el momento uno y con el paso de los meses fue de dominio público que los hechos no ocurrieron como la administración de Jesús Murillo Karam aseguró.

Al día de hoy, continúa sin tenerse una respuesta de lo que ocurrió aquella trágica noches, a pesar de que los sexenios posteriores aseguraron que buscarían resolver el caso que está por cumplir 12 años.

Antecedente médicos de Murillo Karam

El exfuncionario fue puesto en presión domiciliaria en debido a su estado de salud, argumentando que tenía diversos padecimientos médicos, por lo que no podía continuar en prisión.

De acuerdo a su historial médico revelado, Murillo Karamm padece múltiples condiciones médicas entre las que se encuentra:

• Hipertensión arterial
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
• Insuficiencia cerebrovascular

En un primer momento el acusado pidió libertad provisional, sin embargo, se le negó, por ello ahora se encontraba en prisión domiciliaria en su vivienda ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

Desde ahí continuó su proceso legal, en donde la Fiscalía General de la República mantiene una solicitud de una condena acumulada de hasta 82 años de prisión en su contra.

¿Qué pasó la noche de Iguala?

Aquella noche, jóvenes normalistas pretendían viajar de Guerrero, donde se ubicaban, a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones por el 2 de octubre.

Para ello, habían tomado varios autobuses con el fin de trasladarse a la ciudad, una práctica común que solían hacer cada año para las movilizaciones.

Sin embargo, no pudieron salir ni siquiera de Guerrero, pues fueron interceptados y, posteriormente, desaparecidos.

Existen múltiples testimonios e investigaciones sobre lo que ocurrió aquella noche. De manera oficial, aún no se conoce la versión real de los hechos, sin embargo, los padres de familia y quienes se han dedicado a investigar el caso, han señalado que la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo implicada aquella noche, y desde entonces se ha negado a mostrar los informes que explicarían qué sucedió.

A menudo se escucha decir a los artistas y figuras de la farándula que debido a que pertenecen al medio artístico, no se posicionan políticamente sobre ningún tema dado que no es su ámbito, sin embargo, ese parece que no es el caso de Fernando Bonilla, actor y comediante mexicano.

Su nombre se volvió tendencia en las últimas semanas luego de estrenarse La Oficina, la nueva versión de la serie originalmente británica The Office, en donde interpreta al personaje de Jerónimo Ponce III. Fue reconocida su actuación pero también su herencia política y sus ideologías que no ha tenido temor en manifestar.

Desde antes que se estrenara, La Oficina ya era tendencia. El público permanecía ante la expectativa de cómo sería la versión mexicana de esta reconocida serie. Una vez que salió a la luz en la plataforma de Prime Video, fue aclamada y se sumó a la larga lista de producciones mexicanas exitosas.

Ahora, semanas después de su estreno, la serie y los actores que le dieron vida continúan causando emoción entre los espectadores mexicanos.

Recientemente, la ideología política de Fernando Bonilla fue tema de conversación luego de que Movimiento Ciudadano publicara un meme utilizando su personaje para promover su partido. Bonilla se manifestó pidiendo que no se utilizara su imagen para promover ningún partido y eso generó expectativas sobre su afinación política.

“Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda”, manifestó en sus redes sociales Bonilla para aclarar por qué se molestó cuando el MC utilizó su imagen: no milito en ningún partido, aclaró.

Sin embargo, en ese mismo post también mencionó que votó por la presidenta Claudia Sheinbaum pero que no tiene ninguna afinidad con el partido, por el contrario, “desconfía de MORENA”.

El actor y comediante tiene una herencia política importante de la que resulta difícil separarse. Su padre fue Héctor Bonilla, reconocido actor que mantenía una estrecha amistad con Andrés Manuel López Obrador, mientras que su abuelo fue Rodolfo Bonilla, uno de los fundadores de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Ayotzinapa, Iguala, en el estado de Guerrero.

Abuelo de Fernando Bonilla fundó la Normal de Ayotzinapa

La Normal de Ayotzinapa es históricamente combativa y su nombre se convirtió en un símbolo de lucha social luego de que la noche del 26 de septiembre de 2014 fueran desaparecidos 43 alumnos que se dirigían a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones por la conmemoración del 2 de octubre.

Desde esa noche hasta ahora, casi 12 años después, sigue sin conocerse la verdad sobre lo que sucedió esa noche en Iguala.

Héctor Bonilla en algún momento compartió los detalles sobre su padre, Rodolfo, a quien describió como “un gigante y uno de los 12 hijos de un zapatero remendón en Tetela de Ocampo, Puebla”.

A los 16 años se escapó de su casa y llegó descalzo a la Ciudad de México, en donde hizo la carrera de maestro normalista, lo que le llevó a adentrarse en el complejo mundo normalista.

De acuerdo a una entrevista al actor en 2015 por Radio Fórmula, en el marco del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Rodolfo Bonilla fundó la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” cuando se casó y se mudó a Guerrero, lugar en el que permanecieron desde 1925 hasta 1930.

De acuerdo a las propias declaraciones de Bonilla, su padre tuvo que dejar el estado debido a “la política de este país”. Posteriormente, se mudaron a Hidalgo, donde trabajaron con las comunidades otomíes.

Este historial deja clara la ideología política de la familia Bonilla, que indudablemente fue heredada tras generaciones y Fernando Bonilla es el claro ejemplo.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes 27 de marzo sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala, Guerrero, en 2014.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria aclaró que la desaparición de los estudiantes no figura en el informe presentado este día, ya que se trata de un tema que será abordado de manera separada.

“El caso de los estudiantes de Ayotzinapa lo vamos a tocar aparte, dada la característica especial de este lamentable hecho”, afirmó.

Sheinbaum explicó que, debido a la relevancia y particularidad de este caso, se dará a conocer un informe específico con los avances de la investigación y el apoyo brindado a los padres y madres de los normalistas.

Reiteró el compromiso de su administración con la verdad y la justicia, y aseguró que el caso Ayotzinapa seguirá recibiendo atención prioritaria.

Ayotzinapa es una excepción

La presidenta detalló que mantiene contacto directo con los colectivos de personas desaparecidas en el país, sin embargo, aclaró que no realiza reuniones masivas con ellos.

Destacó que solo ha hecho la excepción con los familiares de los 43 normalistas, a quienes trata de manera particular debido a la magnitud del caso.

“Hay acceso a mi persona, y me reúno con los colectivos, lo que no hago es estas reuniones grandes, a excepción de los 43 por ser un caso particular”, explicó.

Sheinbaum puntualizó que estas reuniones con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos se mantienen a petición de los propios familiares, quienes solicitaron la continuidad de los encuentros iniciados durante el gobierno del presidente López Obrador.

“Pidieron que continúen las reuniones como las iniciaron con el presidente López Obrador”, mencionó la mandataria.

La presidenta insistió en la importancia de que el caso Ayotzinapa sea investigado y atendido de manera independiente, como ha sido hasta ahora, en reconocimiento a su impacto nacional y a la demanda de justicia de los familiares y la sociedad.

Añadió que su administración está comprometida a mantener la comunicación con los afectados y a informar sobre cualquier avance relevante en el esclarecimiento de los hechos.

En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno pidió de manera formal a la representación de México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomiende expertos internacionales para acompañar las investigaciones del caso Ayotzinapa. El objetivo: que esos expertos certifiquen que la nueva metodología de investigación que se está siguiendo es válida, está “bien fundamentada” y tiene las herramientas suficientes para llegar a resultados.

¿De dónde surge la petición?

Desde que el gobierno de Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República el cambio del fiscal especial del caso, el nuevo titular —Mauricio Pazarán, el tercero en el cargo desde 2018— introdujo una metodología distinta centrada en el análisis intensivo de las llamadas telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores. Ese enfoque, según la presidenta, ha derivado en nuevas detenciones, nuevos sitios de búsqueda y la identificación de líneas que no se habían explorado con suficiente profundidad. Entre los resultados más recientes: el aseguramiento de las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, así como del Semefo local, en octubre de 2025, y más de 10 detenciones confirmadas por Sheinbaum en noviembre.

¿Dónde queda el GIEI?

Uno de los puntos más delicados de la mañanera fue la pregunta sobre el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes el cuál es el grupo avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que operó en Mexico entre 2014 y 2023 el cual fue la referencia técnica más respetada del caso, toda vez que varios padres de familia han pedido insistentemente que su grupo regrese.

La presidenta fue directa: el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, ha preguntado a algunos exintegrantes si estarían dispuestos a incorporarse al nuevo esquema de investigación. La respuesta, por ahora, es que “no están muy abiertos”. Sheinbaum no cerró esa puerta, pero tampoco forzó la entrada. De ahí nace la solicitud a la ONU: si el GIEI no regresa, que sean expertos recomendados por Naciones Unidas quienes den certeza de que el nuevo camino es el correcto.

“Lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan darse certeza de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho y tiene las suficientes herramientas.”

La herida aún no ha cerrado

Han pasado más de 11 años y ninguno de los 43 estudiantes ha sido encontrado. México acumula más de 125.287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación según el Registro Nacional. Ayotzinapa sigue siendo la herida más visible de todas ellas. Los expertos de la ONU, si llegan, tendrán mucho trabajo por delante.

La presidenta asegura que hay una metodología distinta, sin embargo, organizaciones como “A dónde van los desaparecidos” y algunos padres de familia advierten que las detenciones recientes apuntan nuevamente a Guerreros Unidos como responsables Únicos y al basurero de Cocula como destino final —la misma “verdad histórica” que el GIEI desmontó hace una década y que los tribunales desestimaron por haberse obtenido bajo tortura—. La pregunta que varios expertos hacen en voz baja: ¿Están abriendo nuevas líneas de investigación, o están reforzando las mismas que ya fracasaron?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar un informe detallado sobre el hallazgo de restos humanos en la funeraria “El Ángel”, ubicada en Iguala, Guerrero, los cuales podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Esta orden se da luego de que el pasado viernes 20 de marzo las autoridades federales informaron a los padres de los estudiantes los avances en la investigación de la funeraria.

Al interior, fueron localizados cuerpos y ropa, un horno sin registro y dos crematorios más. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes fue la presencia de una bolsa con restos óseos que corresponden al año 2014, por lo que se cree podría pertenecer a alguno de los jóvenes desaparecidos.

Tras los hechos, la mandataria federal confirmó que este sitio cuenta con crematorios y que operaba de forma irregular. Además, destacó que ya se había contemplado en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pero se había desechado.

“Las nuevas investigaciones en efecto (...) llevaron a este lugar, que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene desde hace varios meses, están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación profunda”, comentó durante la conferencia matutina de este lunes 23 de marzo.

Aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, Sheinbaum comentó que fue ella quien ordenó que se brindaran avances a los padres de los normalistas respecto a los hallazgos en la funeraria.

La mandataria también adelantó que en el sitio se llevará a cabo una búsqueda tras los hechos.

Cabe señalar que desde octubre de 2025 el inmueble se encuentra asegurado debido a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes, y los dueños del lugar permanecen detenidos.

Al ser notificados del hallazgo, padres de los estudiantes exigieron saber la manera en que los restos óseos localizados pudieron permanecer en el sitio por más de 11 años.

Regulación a crematorios y funerarias será parte de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas

Al ser cuestionada sobre las medidas que se realizarán para la regulación de crematorios, Sheinbaum informó que se tiene contemplado dentro de la Ley de Búsqueda y otras relacionadas, esto con el objetivo de reforzar los registros en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Funerarias y crematorios son regulados por los estados, no hay una regulación federal. Nosotros lo que planteamos ahora es que tiene que regularse de mayor manera los registros de los Semefos, y de aquellas personas que por no ser identificadas van a lo que se llaman fosas comunes o que a lugares en donde se entierran a las personas que no están reconocidas por sus familiares. Nosotros planteamos en la nueva ley que tiene que reforzarse, incluso que haya registros de ADN, más allá de los biométricos", informó la presidenta.

Pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante su sexenio, los padres aún no tienen certeza del lugar donde se podrían encontrar sus hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a finales de marzo se reunirá con los padres y madres de los 43 normalistas para conversar sobre los avances del caso y las nuevas detenciones.

Luego de que se diera a conocer la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, ex Director de Tránsito municipal de Iguala en 2014, la presidenta comentó durante su conferencia de prensa matutina de este 4 de marzo que será la Fiscalía General de la República la que de los informes sobre el caso.

Igualmente, detalló que es prioridad para su gobierno mantener informados a las madres y padres de los 43 normalistas.

“Yo creo que después del 26 de marzo nos estaríamos reuniendo con ellos”, detalló.

Sentencia que obliga al Ejército a brindar toda la información

Un fallo del Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está obligada a proporcionar todos los informes que tenga sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Durante la conferencia de esta mañana, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la resolución y su opinión de esta medida.

Sin embargo, la mandataria dijo no tener conocimiento de esta sentencia.

“No tenía conocimiento de esta resolución, me estoy enterando por lo que dices, la vamos a revisar y damos la información”, puntualizó.

De acuerdo a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, este fallo marcaría un avance en las investigaciones del caso y brinda reconocimiento a las madres y padres de los estudiantes de conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Caso Ayotzinapa

El caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 es todavía una herida latente para México.

Después 11 años, aún no se conoce la verdad de lo que ocurrió aquella noche en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueran desaparecidos.

Desde que sucedieron los hechos, las madres y padres de los jóvenes han exigido al Ejército Mexicano que proporcionen toda información que tienen sobre esa noche.

Estos, debido a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de realizar las investigaciones sobre este caso para dar respuesta a los familiares de las víctimas, se encontrara con documentos incompletos o tachados.

La investigación se ha visto frenada dado que no se cuentan con documentos suficientes para conocer la versión completa de lo sucedido aquella noche.

En este sentido, la resolución del Poder Judicial asoma un rayo de esperanza para las madres y padres de los 43 normalistas que llevan 11 años exigiendo respuestas.

Poder Judicial ordena a la Defensa entregar documentos faltantes en el caso Ayotzinapa

A más de once años de Ayotzinapa, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de información que tenga sobre el caso.

El Juzgado ordenó que el Ejército Mexicano entregue al menos 853 folios generados durante el años 2014, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares.

En su resolución, el organismo establece que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa.

En 2023 las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, presentaron una demanda para que estos documentos sean proporcionados y revisados.

Reclamaron la comisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia que SEDENA (hoy Defensa) realizó en 2014. Denunciaron que era un incumplimiento del Decreto Presidencial de 2018, el cual obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Es en ese contexto que el Poder Judicial de la Federación falló a favor de los padres y madres de los 43 y obligó al Ejército a entregar toda la información que pueda ayudar a resolver el caso que lleva más de once años sin una respuesta clara.

Durante sus investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, donde se registraba información de los normalistas antes y después de la noche del 26 de septiembre. Sin embargo, los documentos proporcionados mostraban omisiones y estaban incompletos.

Al respecto, la Defensa Nacional ha asegurado que la información sobre esa noche no existe, y esa ha sido la justificación por la que no se han podido revisar esos folios.

Sin embargo, en su fallo, el Poder Judicial especifica que “la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias sobre derechos humanos, observaron que estas omisiones han impedido continuar con las investigaciones pertinentes para avanzar en el caso.

Este fallo a favor de las familias de los 43 normalistas, que obliga al Ejército a no omitir ninguna información, reconoce su derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió aquella noche,

Elementos federales detuvieron en el estado de Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, quien ocupaba el cargo de Director de Tránsito municipal de Iguala y, se presume, estaría vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México a partir de fuentes federales, las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un teléfono perteneciente a uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014.

Los resultados de la operación en la que fue capturado Mosso Benítez fueron anunciados este 3 de de marzo de 2026.

Según los reportes, durante su arresto se llevó a cabo el de diversos objetos ilícitos.

Cómo fue la detención de Mosso Benítez

El reporte oficial señala que los trabajos para detenerlo fueron realizador por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron de manera coordinada en el operativo que tuvo lugar en el estado de Guerrero.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos ilegales, entre los que destacaron los siguientes:

• 1 arma corta
• 1 arma larga
• Cartuchos
• 1 cargador
• Narcótico
• Teléfonos celulares

A Mosso Benítez se le acusa de delincuencia organizada y se le señala por haber utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y evitar la impunidad en el caso.

Comunicado del gobierno de Iguala tras la detención

El gobierno municipal de Iguala informó que, tras la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, quien se desempeñaba como director de Tránsito y Movilidad Municipal, las operaciones del área continúan de manera normal.

Según el comunicado oficial, los servicios de vialidad y tránsito se mantienen bajo la coordinación de un encargado, con el objetivo de asegurar el orden y la seguridad vial en el municipio.

Asimismo, las autoridades locales reiteraron su respeto a los procedimientos judiciales en curso y subrayaron el compromiso de la administración con el Estado de Derecho.

El gobierno municipal aseguró que permanecerá atento al desarrollo de las investigaciones y que actuará conforme a los principios de integridad y respeto institucional.

Extradición de personas ligadas al caso

El pasado 27 de enero de 2026, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante la conferencia mañanera que ha solicitado al gobierno de EEUU la extradición de sujetos recluidos en cárceles estadounidenses que podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Según la declaración de la mandataria: “La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”.

Otras acciones en Iguala relacionadas al caso

El pasado 9 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la acción participaron agentes federales, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes colocaron sellos en los inmuebles por delitos de desaparición forzada y contra la salud.

Según reportes previos hechos por este medio, las autoridades investigan la posible utilización de hornos crematorios para incinerar cuerpos, una hipótesis que retomó fuerza a raíz de estas acciones y que ha sido planteada anteriormente por organismos independientes.

El aseguramiento impide la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes en estos sitios, mientras continúan las acciones federales para esclarecer el caso Ayotzinapa.

En el marco del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia oficial y destacó la relevancia histórica de esta institución en la formación de docentes rurales comprometidos con la justicia social y el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país.

Durante el acto realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, ante estudiantes y autoridades educativas, el funcionario subrayó que educar a las hijas e hijos de campesinos en condiciones de pobreza representa un acto de dignidad y vocación de servicio que ha caracterizado a las normales rurales desde su origen.

La tradición rural como base de la Nueva Escuela Mexicana

Delgado Carrillo afirmó que la experiencia acumulada por las normales rurales durante un siglo es parte fundamental del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, al compartir un enfoque humanista, crítico y comunitario.

Recordó que este proyecto educativo se inspiró en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes promovieron la idea de la escuela como “Casa del Pueblo”, donde el aprendizaje va más allá de la alfabetización y se convierte en un proceso de acompañamiento y transformación social.

Según explicó, la propuesta actual organizada en campos formativos tiene raíces en la llamada “escuela de la acción”, que impulsa el aprendizaje práctico, el trabajo colectivo y la participación comunitaria.

Un siglo de historia y esfuerzo colectivo

El titular de la SEP recordó que el 2 de marzo de 1926 iniciaron clases en Tixtla 27 jóvenes campesinos con el respaldo del maestro Rodolfo A. Bonilla, quien gestionó el terreno para establecer el plantel.

Posteriormente, en 1930, Raúl Isidro Burgos aportó recursos propios para comenzar la construcción formal de la escuela.

Destacó que aquellos estudiantes comenzaron su formación sin infraestructura suficiente, pero con la convicción de aprender y contribuir al progreso de sus comunidades.

Señaló que, tras el periodo revolucionario, el país encontró en la educación un camino para transformar conciencias y fortalecer la organización social.

Justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Durante su intervención, Delgado Carrillo expresó respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Afirmó que este hecho marcó profundamente la vida pública nacional y reiteró el compromiso institucional de continuar trabajando por la verdad y la justicia.

También informó que, después de más de seis décadas, se restableció la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con la finalidad de fortalecer las condiciones materiales de las normales rurales.

Voces estudiantiles en el centenario

Juan Carlos Salazar Domínguez, alumno de cuarto año, señaló que el aniversario simboliza un siglo de resistencia y servicio a las comunidades marginadas.

Sostuvo que la función del maestro rural trasciende el aula y se convierte en un motor de transformación social, especialmente en regiones donde la escuela es el principal espacio de organización comunitaria.

Reafirmó que las nuevas generaciones de docentes mantienen el compromiso ético de ejercer con responsabilidad y excelencia profesional en las zonas más apartadas del país.

Acciones anunciadas para fortalecer a la Normal Rural

• Mejoramiento de infraestructura educativa.
• Asignación de mayores recursos para operación institucional.
• Rehabilitación y fortalecimiento de comedores estudiantiles.
• Garantía de alimentación suficiente, sana y digna para el alumnado.
• Reactivación del diálogo permanente con la representación estudiantil.

Al evento asistieron autoridades federales y directivos de la institución. En el cierre de la ceremonia, el secretario sostuvo que los 100 años de Ayotzinapa representan un siglo de educación popular al servicio de México y un legado que continúa vigente en la formación de docentes rurales comprometidos con el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su imposibilidad de integrar la llamada “Comisión de la Verdad del Caso Iguala”.

El organismo comunicó oficialmente que no será instrumento para trastocar el orden jurídico ni sesgar las investigaciones que actualmente encabezan la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 6 de febrero de 2026, la CNDH respondió a una notificación judicial recibida en diciembre de 2025, la cual solicitaba su participación en la integración de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), como parte de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión 203/2017.

El organismo expuso que existe una “imposibilidad jurídica y material” para cumplir con los términos originales de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas.

“La CNDH se excusa para pertenecer y participar en la llamada ‘Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)’”, argumentó el organismo en su respuesta formal.

Entre los motivos principales de esta posición, la CNDH señaló el cambio sustancial del contexto jurídico desde que se dictó la ejecutoria.

El organismo recordó que en noviembre de 2018 concluyó su investigación autónoma sobre los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, actualmente en etapa de seguimiento.

Además, se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja derivado de la inconformidad de familiares y sobrevivientes, que desembocará en una nueva recomendación.

La creación de la CoVAJ-Ayotzinapa en diciembre de 2018, por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y la constitución de la UEILCA en junio de 2019, han generado mecanismos de investigación y coordinación que, según la CNDH, cumplen con los objetivos originalmente previstos para la comisión judicial.

“Desde el 3 de diciembre de 2018, se encuentra ya constituida una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), la cual persigue objetivos sustancialmente coincidentes con los establecidos en la ejecutoria antes señalada”, detalló el organismo.

El comunicado también advierte sobre la existencia de un conflicto de interés en su eventual participación en una nueva comisión, ya que implicaría revisar y modificar conclusiones institucionales previas, afectando los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

“No resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones”, puntualizó la CNDH.

Otro argumento central es la invasión de facultades que la integración de la comisión supondría respecto al Ministerio Público, señalado por la CNDH como el único ente técnico-jurídico autorizado para investigar delitos, conforme a la Constitución mexicana.

“Permitir que un órgano distinto asuma o condicione las funciones del Ministerio Público, y además bajo las condiciones que se plantea, rompe el principio de reserva de competencia y altera el equilibrio constitucional en materia de procuración de justicia”, sostuvo la Comisión.

El organismo nacional también alertó sobre las consecuencias del cumplimiento forzado de la ejecutoria, al recordar que la reactivación del amparo permitió la liberación de más de 60 presuntos perpetradores por supuesta tortura, “sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul”.

En la parte final de su posicionamiento, la CNDH reafirmó su compromiso con las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El organismo subrayó que no se prestará al quebranto de la ley y que no participará en acciones que, a su juicio, “amenazan echar por tierra lo avanzado en los últimos seis años por la COVAJ-Ayotzinapa y la UEILCA de la FGR, y en nada beneficia el curso de las investigaciones”.

Además, solicitó al Tribunal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión, por tratarse de un asunto de interés y trascendencia nacional.

Este martes en La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ha insistido al gobierno estadounidense para que se realicen extradiciones, entre las que se encuentran las de algunas personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”, aseguró la mandataria.

Al ser cuestionada respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad, Sheinbaum subrayó que hay una correspondencia entre ambos países:

“Estados Unidos hizo pública una serie de incautación de armas muy importante, hace algunos meses, lo cual nos mostró que en efecto hay una relación reciproca en el terreno de la seguridad. Y seguimos insistiendo; así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van hacia Estados Unidos, nosotros también les pedimos que se haga más en la incautación de armas que vienen. Eso es un diálogo que se tiene de manera permanente en cada una de las reuniones”

La mandataria agregó que además existen otros casos de extradición relacionados con el tema del huachicol fiscal: “Queremos que personas que están allá sean enviadas dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, aseguró.

Avances del caso a más de una década

En agosto del 2025, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa han pedido al Ejército que entregue 800 folios con información esencial para el caso.

De acuerdo con el abogado Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante legal de las familias, desde el último informe del grupo de expertos independientes se identificó la existencia de estos documentos pendientes de entrega.

Subrayó que “con esos folios podríamos tener información relevante de la ruta de donde habrían sido llevados los 43 estudiantes”. Además, mencionó que persisten líneas de investigación sin profundizar, como la relacionada con el grupo de 17 jóvenes que habrían sido llevados a barandillas de la ciudad de Iguala la noche de la desaparición, así como el análisis de la telefonía celular, que ha mostrado escasos avances.

FGR asegura nuevas propiedades en Iguala

En diciembre del año pasado, un amplio despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de dos nuevas propiedades de una familia en Iguala, Guerrero, como parte de la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Según informó Sur Acapulco, el operativo contó con la participación de agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), quienes intervinieron inmuebles vinculados a la funeraria El Ángel.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad, que integra a la FGR, la SSPC y la GN, confirmó el aseguramiento de estos sitios. Con los operativos recientes, suman al menos seis propiedades intervenidas y dos detenciones dentro de la indagatoria por el caso Ayotzinapa y el presunto uso ilegal de instalaciones funerarias.

Para fortalecer la esperanza en la búsqueda de sus hijos, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una marcha hacia la Basílica de Guadalupe, donde se tiene previsto celebrar una misa oficiada por el obispo emérito Raúl Vera.

La movilización se lleva a cabo al cumplirse 11 años y tres meses de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos en México.

Previo al inicio de la marcha, Melitón Ortega, vocero de las familias, explicó que acudir al templo del Tepeyac representa un espacio para recuperar fuerzas, energía y fe, luego de más de una década de lucha constante y particularmente tras un año marcado por el desgaste físico, emocional y de salud de los padres y madres.

El desgaste de once años de lucha

“Hoy esta acción 135 para llegar a la Basílica, después de un desgaste que venimos de 11 años, pero nos referimos a este año 2025: hay un desgaste físico, emocional de los padres”, expresó Ortega en entrevista. Reconoció que el paso del tiempo ha cobrado factura, no solo por la incertidumbre, sino también por la pérdida de familiares que han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

Recordó que el caso más reciente ocurrió a principios de este mes, cuando murió Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas desaparecidos. “Se han ido compañeros sin saber la verdad”, lamentó.

A pesar del cansancio, Ortega subrayó que la visita anual a la Basílica se ha convertido en un ritual de resistencia. “Venir aquí es un poco recuperar la fuerza, la energía, y sobre todo fortalecer la fe de que esta lucha vale la pena”, afirmó.

Expectativa cautelosa ante el gobierno

Durante la jornada, el vocero destacó como un avance el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya abierto la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es importante, porque de esa manera podemos seguir abriendo nuevas líneas de investigación y jalar los hilos que están ahí para llegar a saber la verdad de los 43”, señaló Ortega. No obstante, advirtió que la confianza no puede construirse solo con discursos.

“La confianza se puede construir a partir de las acciones; la esperanza no puede surgir de la nada”, subrayó, al insistir en que los hechos concretos del gobierno federal serán determinantes.

En el mismo sentido, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, consideró positivo el posible regreso del GIEI, pero remarcó que se requiere voluntad real del Estado para que los expertos puedan obtener resultados.

Como en cada movilización, los familiares avanzaron portando carteles con los rostros de sus hijos, acompañados por estudiantes normalistas, integrantes del equipo legal que acompaña a las familias, como Isidoro Vicario, y diversas organizaciones solidarias.

El contingente partió de la Glorieta de Peralvillo y avanzó sobre Calzada de Guadalupe, coreando una consigna que se mantiene intacta tras más de una década: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

El nutriólogo Irving “N”, de 33 años, enfrenta desde el penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez un proceso penal por portación de arma de fuego y presunta posesión de droga tras un cateo en su domicilio en Iguala, Guerrero, mientras no hay cargos vinculados directamente al caso Ayotzinapa, según declaró un familiar a medios locales.

El profesional de salud, detenido el 26 de noviembre por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), fue vinculado a proceso el 3 de diciembre y permanece recluido bajo medidas de máxima seguridad.

La familia asegura que el nutriólogo nunca trabajó en las funerarias Rueda ni El Ángel ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, por lo que aseguran que se trata de vínculos adjudicados tras investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Cómo ocurrieron los hechos

“Irving está muy tranquilo”, relató su familiar, quien le visitó en reclusión, y añadió que el propio nutriólogo considera que pudo haber una confusión de identidad, pues desconoce el motivo de la presunta “incriminación” por la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

El ahora detenido ingresó al sector salud en 2013 por plaza heredada y durante los hechos de septiembre de 2014 estudiaba la licenciatura en Nutrición en una universidad particular.

Según el testimonio de una familiar porporcionado a Sur Acapulco, esto lo hizo cubriendo turnos sólo fines de semana y días festivos en el centro de salud Agustín Batalla Cepeda.

Agregó que recibió su cédula profesional en 2017 y desde entonces trabajaba a tiempo completo en el centro de salud local.

El día de la intervención, la madre del nutriólogo llegó a la vivienda alrededor de las cinco de la mañana tras ser avisada por una vecina del inicio del cateo en la colonia Nicolás Bravo.

La familia señaló sospechas sobre la relación entre la revisión de la credencial de elector y el posterior cateo a una segunda propiedad familiar en la calle Ramón Corona en el centro de la ciudad, realizado una hora después por personal federal.

Respecto a la situación legal actual, el nutriólogo enfrenta una carpeta de investigación por dos delitos: “portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas” y “posesión de pastillas consideradas como presunta droga”, razón por la que el juez otorgó dos meses para la investigación complementaria y presentación de pruebas. El periodo concluye el 28 de enero de 2026.

Diferencias familiares con acciones de las autoridades

Por otro lado, la familia desconoce la identidad y paradero de dos mujeres supuestamente detenidas en los mismos cateos, señalando que el nutriólogo se encontraba solo, y que la segunda vivienda estaba vacía al momento de la intervención.

Durante el operativo —según reportó un familiar a Sur Acapulco— los agentes federales se llevaron las cámaras de vigilancia del inmueble.

Aunque los sellos de aseguramiento en ambas propiedades refieren delitos de desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada, su familiar subrayó que el proceso actual contra el nutriólogo no incluye acusaciones formales por el caso Ayotzinapa.

Según Sur Acapulco, en la audiencia, se expuso que los agentes del Ministerio Público Federal afirmaron que el nutriólogo permanecería fuera para leer la orden sin testigos del cateo; la familia sostiene que no se le informó sobre la opción de presenciar el procedimiento.

La familiar señaló a Sur Acapulco que valoran la posibilidad de convocar una nueva marcha para exigir una investigación imparcial y la liberación de Irving con el respaldo de trabajadores del sector salud.

Desde octubre, la UEILCA realiza cateos y aseguramientos relacionados con funerarias Rueda y El Ángel, así como la morgue local, tras declaraciones de testigos que relacionan esos establecimientos con el caso de los 43 estudiantes.

En estos operativos, han sido aseguradas al menos seis propiedades y detenidos dos dueños de esas empresas.

Este 12 de diciembre de 2025, normalistas prendieron fuego a figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, señalando a estos exfuncionarios como responsables de que no haya justicia en el caso de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados por brutalidad policiaca en 2011.

Durante las acciones que pusieron fin a una jornada de memoria en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo una marcha y el el bloqueo de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, que se prolongó cerca de tres horas.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa liberaron la autopista y concluyeron las actividades conmemorativas por el 14 aniversario del asesinato de sus compañeros sin que se presentaran incidentes.

Memoria, justicia y castigo a los responsables, entre las consignas de estudiantes de Ayotzinapa

Medios locales reportaron que la manifestación comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, el contingente formado por cerca de mil estudiantes también estuvo integrado por la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), quienes realizaron un mitín tanto en el monumento a los 43 y al llegar a la Autopista del Sol.

La demanda principal de los estudiantes fue el fin de la impunidad tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes murieron durante un operativo policial en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, como por la desaparición de los 43 alumnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El nombre de Ángel Aguirre Rivero dominó la protesta, en alusión a un segundo periodo al frente de Guerrero caracterizado por la represión de 2011 en la Autopista del Sol y los ataques de 2014 en Iguala, que derivaron en el asesinato de normalistas y la desaparición de otros 43 estudiantes. A raíz de estos acontecimientos, Aguirre Rivero renunció a la gubernatura.

En la intersección entre la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, conocida como Parador del Marqués, manifestantes se congregaron para celebrar también una misa en honor a los estudiantes.

Puntos más relevantes sobre las acciones de estudiantes de Ayotzinapa en Chilpancingo

1. Normalistas protestaron el 12 de diciembre de 2025 quemando figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, a quienes responsabilizan por la falta de justicia en los casos de brutalidad policial y desaparición de estudiantes.
2. Las acciones incluyeron una marcha, un mitin en el monumento a los 43, y el bloqueo por cerca de tres horas de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, sin que se reportaran incidentes.
3. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron el fin de la impunidad y justicia tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011, como por la desaparición de 43 alumnos en Iguala en 2014.
4. El nombre de Ángel Aguirre Rivero destacó en la protesta, vinculado a los hechos represivos de 2011 y a la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, lo que derivó en su renuncia a la gubernatura de Guerrero.
5. Al finalizar la jornada conmemorativa por el 14 aniversario de los asesinatos de 2011, los manifestantes celebraron una misa en el Parador del Marqués, recordando a las víctimas y reiterando sus demandas de memoria, justicia y castigo a los responsables.

Un amplio despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de dos nuevas propiedades de una familia en Iguala, Guerrero, como parte de la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según informó Sur Acapulco, el operativo contó con la participación de agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), quienes intervinieron inmuebles vinculados a la funeraria El Ángel.

Las acciones federales se concentran en una casa de tres plantas en la colonia Villa de Guadalupe, donde agentes federales mantuvieron retenidos durante aproximadamente cinco horas a dos adultos mayores, ambos familiares de los propietarios Rodolfo “N” y Rodolfo “R”, detenidos previamente.

Sobre el nuevo aseguramiento de la FGR

La familia denunció al medio local que los adultos fueron incomunicados y que no existía orden de aprehensión en su contra.

“Ellos están detenidos ahorita sin ninguna orden a su nombre, están detenidos arbitrariamente como lo han hecho siempre desde que empezaron los cateos en las propiedades de mi familia”, declaró una sobrina de los afectados ante reporteros, en declaraciones recogidas por Sur Acapulco.

De acuerdo con la cobertura del medio, los agentes aseguraron aparatos electrónicos, computadoras, memorias y dos bolsas con presunta droga que presentaron a los presentes durante la diligencia judicial.

El adulto mayor, identificado como patriarca de la familia, sostuvo que la droga pudo ser introducida por los propios uniformados, manifestando que “se llevaron cosas que no tienen nada que ver con los estudiantes, porque dicen que pueden encontrar algún indicio, se llevaron todos los aparatos electrónicos que encontraron, memorias y laptops”.

Añadió que “según se llevaron dos bolsitas que dicen que contienen droga... no nos consta a nosotros porque entran por montón y no puede uno estarles viendo las manos a todos”.

El aseguramiento comprendió también los velatorios El Ángel ubicados en la calle Juan Ruiz de Alarcón, a una cuadra del Palacio Municipal, así como la casa de Ignacio Zaragoza, donde continuaban prestando servicios funerarios pese al aseguramiento anterior de sus oficinas.

El entorno de estos sitios fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Se restringió el paso de vehículos y peatones, mientras que el operativo se llevó a cabo bajo estricta discreción judicial, según puntualizó Sur Acapulco.

Los familiares de los adultos mayores afectados reiteraron la crítica a los métodos empleados por la autoridad federal.

“No es justo que estén haciendo esto porque ya son varios negocios y varios días en los que no hemos tenido nada de justicia”, afirmó una integrante de la familia ante el mismo medio.

La propiedad de la colonia Villa de Guadalupe, donde ocurrieron los hechos, fue utilizada en el pasado como depósito de cuerpos cuando la familia tenía la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo).

Según fuentes consultadas por Sur Acapulco, en esa casa se encontraban hornos crematorios y anteriormente hubieron protestas vecinales provocadas por el manejo de cadáveres.

Fuentes del operativo relataron que las diligencias culminaron cerca de las 16:30 horas, momento en el que los dos adultos mayores abandonaron la vivienda tras la colocación de sellos oficiales de aseguramiento.

Elementos de la GN y el Ejército retiraron sus cercos y partieron del lugar en vehículos sin insignias y con placas cubiertas.

El sello colocado por la FGR y la UEILCA en la entrada de la vivienda confirma el aseguramiento bajo la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/0I-GRO/0000022/2020 por el delito de desaparición forzada de personas.

En el sitio, una mujer adulta expresó ante medios: “Fue una injusticia, ya no podremos regresar a la casa, aunque no nos trataron mal los agentes federales”.

Según reportó Sur Acapulco, el lunes 9 de diciembre las pesquisas también se realizaron en los hornos crematorios de estas funerarias y en instalaciones del Semefo concesionado a la familia, ambas a la orilla de la carretera federal México-Acapulco.

El Gabinete de Seguridad, que integra a la FGR, la SSPC y la GN, confirmó el aseguramiento de estos sitios. Con los operativos recientes, suman al menos seis propiedades intervenidas y dos detenciones dentro de la indagatoria por el caso Ayotzinapa y el presunto uso ilegal de instalaciones funerarias.

A más de 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tragedia vuelve a teñirse de luto. Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Sánchez Caballero —uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014—, falleció el pasado jueves 4 de diciembre, a los 60 años de edad, sin conocer el destino de su hijo.

Originaria de la comunidad de Atliaca, en el municipio de Tixtla, Guerrero, Genoveva Sánchez fue velada en su domicilio y sepultada este viernes en el panteón municipal. Su muerte se suma al creciente número de padres que han fallecido durante la búsqueda de los normalistas: desde 2014, siete madres y padres de los 43 han perdido la vida sin obtener respuestas.

Durante más de una década, Genoveva participó activamente en marchas, protestas y acciones colectivas para exigir verdad y justicia. Su constante presencia la convirtió en una figura respetada dentro del movimiento, pese a enfrentar una larga enfermedad y el profundo desgaste emocional que representó la ausencia de su hijo.

Su fallecimiento se atribuyó al deterioro físico y emocional acumulado durante los años de búsqueda. Diversas organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresaron su solidaridad con la familia y reconocieron la dignidad y fortaleza de Genoveva.

“Su camino estuvo marcado por el amor y la esperanza”, escribió la ONU-DH, mientras activistas del Monumento de las Mujeres que Luchan destacaron que la madre nunca creyó las versiones oficiales que pretendían cerrar el caso sin esclarecer la verdad. “Nos deja la tarea de seguir buscando a su hijo Israel y a sus 42 compañeros”, señalaron.

Organizaciones sociales también lamentaron su fallecimiento, calificándola como un símbolo de lucha y resistencia. “Las familias de Ayotzinapa son un estandarte que dan fuerza y esperanza a muchas más personas”, expresaron en un comunicado conjunto.

Israel Sánchez Caballero desapareció junto con otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 2014, en un caso que continúa abierto y en el que las familias siguen exigiendo justicia.

La muerte de Genoveva Sánchez profundiza el dolor que rodea una de las heridas abiertas más graves del país, recordando que la impunidad no solo afecta a los desaparecidos, sino también a quienes los buscan hasta su último aliento.

La jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, dictó el 4 de diciembre de 2025 la vinculación a proceso del nutriólogo Irving Arroyo Aranda por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

Arroyo enfrenta cargos por delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares, tras su detención el pasado miércoles 26 de noviembre en Iguala, Guerrero, durante un operativo de cateo en su domicilio.

De acuerdo con información de medios locales, la audiencia se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el acusado permanece recluido.

Cómo fue la detención del nutriólogo

El operativo que derivó en la detención de Arroyo se llevó a cabo la madrugada del 26 de noviembre, entre las 4:00 y 4:30 horas, en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta 30, colonia Nicolás Bravo, en Iguala.

Agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezados por el fiscal Mauricio Pazarán Álvarez, ejecutaron la orden de cateo emitida por la jueza Pacheco Torres.

Durante la intervención, también fueron detenidas dos mujeres. Los operativos incluyeron otro inmueble en Ramón Corona 15, en el centro de Iguala, y contaron con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La orden de cateo se sustentó en la presunta relación de los domicilios con actividades de la organización delictiva Guerreros Unidos, señalados como posibles puntos de reunión y tratos vinculados al trasiego de drogas.

Las autoridades consideran que estos inmuebles podrían aportar indicios relevantes para la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La respuesta de gente cercana al nutriólogo

Tras la detención, tanto familiares como amigos de Arroyo difundieron comunicados en los que afirman su inocencia y solicitan un proceso legal justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

Silvia Barrios Arroyo, prima y vocera de la familia, expresó su tristeza y decepción por la decisión judicial, subrayando que la familia confía en que el proceso se desarrollará conforme al derecho.

Los allegados del nutriólogo denunciaron que, tras el operativo, desconocieron su paradero durante más de cinco horas, hasta que fueron notificados de su traslado a la Fiscalía de la Ciudad de México alrededor de las 15:00 horas del mismo día.

En las audiencias celebradas los días 27 y 28 de noviembre, se imputaron a Arroyo delitos relacionados con delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares, cargos que, según la familia, “no corresponden a la verdad”.

El comunicado difundido por sus compañeros y familiares destacó la trayectoria profesional de Arroyo, licenciado en Nutrición por la Universidad Fray Luca Paccioli y trabajador del centro de salud Agustín Batalla desde 2013, a quien describen como una persona profesional, ética y comprometida con la comunidad.

El caso ha generado preocupación entre quienes exigen el respeto a la presunción de inocencia y el apego a los derechos humanos. Familiares y amigos han solicitado a medios de comunicación, periodistas y sociedad civil que contribuyan a visibilizar el proceso y vigilar que se desarrolle conforme a la ley.

Además, denunciaron la existencia de planes para trasladar a Arroyo al penal de Almoloya de Juárez, reiterando su llamado a la justicia y a la garantía de los derechos del detenido.

Estas nuevas diligencias y cateos relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, responden a las demandas de padres de familia que han dialogado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El caso continúa siendo de alta sensibilidad y relevancia nacional. Las autoridades sostienen que los operativos recientes podrían aportar elementos clave para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 2014.

Alejandro Gertz Manero, quien fuera titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por siete años, presentó su renuncia a la institución.

“La renuncia de Gertz acaba de llegar al Senado“, escribió la senadora Lilly Téllez en sus redes sociales. Además, la carta donde Gertz Manero presenta su renuncia refiere que será el responsable de una Embajada, aunque no detalla el país.

Los casos pendientes de Gertz Manero

Cabe destacar que durante la administración del hombre de 86 años surgieron diversas polémicas, además de casos donde no hay sentencias.

Hay investigaciones que no han llegado a una resolución, uno de ellos es el del caso Odebrecht. La empresa de origen brasileño habría pagado sobornos a altos funcionarios de México, por estas acciones fue capturado el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilia Lozoya, pero hasta el momento no hay sentencias.

Mientras que el pasado 25 de julio de 2024 fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, un hombre acusado de liderar el Cártel de Sinaloa. La FGR aseguró que el arresto fue producto de un secuestro y si bien las autoridades han solicitado información a EEUU, el caso derivó en que el capo ya se declaró culpable en territorio estadounidense.

En México incluso es acusado Joaquín Guzmán López (uno de los hijos de El Chapo Guzmán) de traición a la patria por el secuestro del Mayo Zambada.

De igual manera, la denominada Estafa Maestra, la cual implica el uso de empresas fantasma para realizar pagos que ascienden a millones de pesos. El nombre proviene de que además de que había dependencias de gobierno implicadas también lo estaban ocho universidades públicas.

En el tema alimenticio está el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo que buscaba la autosuficiencia en alimentos. Sin embargo, fue relacionado con actividades de corrupción por alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

Todavía en septiembre de 2024 las autoriades buscaban avanzar en el caso. “El titular del Ejecutivo federal instruyó llegar al fondo y que no exista impunidad”, compartió en un informe el Gobierno de México.

Una de las investigaciones más relevantes es la de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es importante recalcar que diversos criminales y elementos del Ejército han sido acusados por su papel en los hechos.

Sin embargo, los padres de los estudiantes desaparecidos continúan en reuniones con las autoridades, además de detenciones de presuntos implicados. Tan solo el 27 de noviembre, cuando fue confirmada la renuncia de Gertz Manero, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los familiares en Palacio Nacional.

También hubo una denuncia contra miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se trató de 31 personas acusadas de cuatro delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, un juez rechazó girar órdenes de captura, pues no había delito que perseguir.

De manera más reciente está el caso del llamado huachicol fiscal, un esquema que implica grupos del crimen organizado, empresas y supuestamente elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Fueron detectadas irregularidades en puntos aduanales.

Se trata de acciones que buscan ocultar el tipo de sustancia que ingresa al país y con ello evitar el pago de los impuestos correspondientes. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR cuenta con carperas abiertas sobre el tema y que esta incluyen empresas de EEUU.

“No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y entre de manera ilegal […] sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación“, dijo en octubre pasado.

A lo anterior se suma la liberación de Israel Vallarta tras 20 años tras las rejas, el propio Gertz Manero aseguró que apelaría dicha decisión.

La mañana del 26 de noviembre, fuerzas federales de seguridad llevaron a cabo un cateo en dos inmuebles distintos y detuvieron a tres presuntos implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

De acuerdo con fuentes locales, consultadas por la agencia Quadratín, los hechos comenzaron poco antes de las 7 horas en la unidad habitacional llamada Nicolás Bravo, así como en el Centro de Iguala, ambos municipios en donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 11 años atrás.

Además, señalaron que en la operación participaron tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

Sobre la investigación en Iguala

De acuerdo con Quadratín Guerrero, en el otro caso, desarrollado en la calle Ramón Corona del Centro de la entidad, los policías y militares se introdujeron al domicilio y posteriormente colocaron sellos de clausura en el inmueble.

Ahí mismo, se colocó el folio de la investigación y señalaron que esta investigación es por el delito de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.

En otra casa en la calle Luis Donaldo Colosio de la unidad habitacional Nicolás Bravo, los efectivos detuvieron a un hombre de nombre Irving N y a dos mujeres.

Según la misma fuente, en esa vivienda también se colocaron sellos de clausura y en estos se leyó el mismo motivo de cateo, al igual que la casa del Centro de la región.

Colusión entre las autoridades y el crimen organizado

De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe un complejo entramado de colusión entre autoridades y crimen organizado, así como la manipulación y ocultamiento de pruebas, del cual se tiene registro desde hace años.

En su informe Ayotzinapa VI, el grupo detalló los resultados globales de la investigación, incluyendo revelaciones sobre la participación de policías municipales, estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Entre los avances más significativos, el informe destaca la ruptura de algunos pactos de silencio gracias a la protección de testigos, la detención de nuevos implicados y la reactivación de órdenes de captura contra personal militar y funcionarios públicos.

El GIEI también subrayó que la asistencia técnica internacional ha sido clave para fortalecer la investigación, permitiendo el acceso a archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la integración de pruebas documentales y testimoniales que amplían la perspectiva del caso.

El informe también reconoció la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creadas en 2019 y 2020 respectivamente, como mecanismos complementarios que permitieron avanzar en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

A pesar de los avances, el GIEI identificó obstáculos estructurales como falta de acceso a información clave, la negativa de autoridades para entregar documentos fundamentales, exposición y desprotección de testigos, y presiones políticas e institucionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este jueves el aseguramiento de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según reportes de El Sol de Acapulco y otros medios locales, agentes federales, integrantes del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a los inmuebles, colocando sellos que refieren delitos de desaparición forzada y contra la salud, relacionados a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020.

La acción encabezada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) inició poco después del mediodía y contempló un amplio dispositivo de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

Las diligencias se realizaron en total hermetismo, según Sur Acapulco.

¿Qué se sabe de las instalaciones aseguradas?

Las instalaciones aseguradas incluyen la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad Rancho del Cura, reconocida por contar con horno crematorio y por su vínculo con Rodolfo Rueda Mazón, empresario propietario también de la funeraria Rueda y concesionario del Semefo local.

El edificio de la funeraria El Ángel se encuentra a orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo, a 270 metros de la morgue.

En un primer momento, se difundió la versión de que el Semefo y la funeraria El Ángel compartían local. Más tarde se aclaró que funcionan en instalaciones distintas, aunque próximas una de la otra.

De acuerdo con los reportes, entre los lugares intervenidos habría otros inmuebles presuntamente relacionados con los mismos propietarios, actualmente bajo investigación federal, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

En los accesos a los inmuebles se colocaron sellos con la leyenda: “Inmueble asegurado. Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Delito: Contra la Salud”.

Esta medida impide el acceso o la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes dentro de las instalaciones intervenidas.

¿Nueva línea de investigación?

El aseguramiento de estos espacios funerarios se da a 11 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

La FGR ahora estaría centrando parte de sus diligencias en el posible uso de hornos crematorios para incinerar cuerpos, una hipótesis señalada desde 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que planteó de manera particular al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las acciones federales también ocurren a dos semanas de las protestas realizadas por familiares y estudiantes en Iguala en el aniversario de la desaparición de los normalistas.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo ni ha revelado detalles acerca de los hallazgos en los inmuebles asegurados.

Cabe recordar que la llamada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República, entonces dirigida por Jesús Murillo Karam, sostuvo en 2015 que los estudiantes habrían sido asesinados, quemados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero, y sus restos arrojados al río San Juan.

En paralelo a la investigación, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, dio a conocer este jueves que no existen avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal señalado por tortura en el caso Ayotzinapa.

El proceso de extradición sigue en revisión por autoridades jurídicas israelíes, desligado de cuestiones bilaterales o políticas.

La mega marcha del 2 de octubre en CDMX está programada para iniciar a las 16:00 horas, partiendo desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, según informó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, responsable de la organización de la movilización anual. Este 2025 se cumple el 57º aniversario de la matanza de estudiantes en 1968, un hecho central para la memoria social mexicana.

Minutos antes del arranque formal de la manifestación, distintos colectivos y organizaciones comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del punto de partida. El Conservatorio Nacional de Música y la Brigada Silvestre Revueltas, entre otros, se reunirán desde las 15:00 horas en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, preparando carteles y consignas que reflejan las demandas actuales del movimiento.

La ruta que seguirá la marcha conectará la Plaza de las Tres Culturas con el Zócalo capitalino, transitando por avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo hasta llegar al corazón político de la Ciudad de México. Este trazado implica cierres viales y desvíos en avenidas clave, motivo por el cual las autoridades locales han solicitado a automovilistas y peatones anticipar su traslado y optar por rutas alternativas.

Se prevé que los cierres de calles comiencen horas antes del inicio oficial, lo que afectará primero a avenida Ricardo Flores Magón, posteriormente a Eje Central Lázaro Cárdenas y a lo largo del paso por avenida 5 de Mayo. De acuerdo con la información proporcionada, la llegada de la movilización al Zócalo podría coincidir con el atardecer, lo que incrementa la posibilidad de complicaciones en la circulación del centro histórico.

Además de la remembranza por los hechos de 1968, la manifestación integra otras causas. Entre las principales demandas de este año, los participantes exigirán justicia en el caso Ayotzinapa, recordando los 11 años de la desaparición de 43 estudiantes y exigiendo acciones concretas por parte del gobierno. Otro eje central será la exigencia de políticas públicas para atender la crisis de desaparecidos en México, sumando la voz de cientos de familias que buscan a sus seres queridos.

Las autoridades han reiterado la importancia de cuidar la integridad tanto de manifestantes como de transeúntes, haciendo un llamado a mantener la calma y colaborar con las indicaciones viales. La marcha del 2 de octubre no solamente conmemora una fecha histórica, sino que articula demandas sociales vigentes y múltiples reclamos de justicia pendientes en el país.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementará todas las medidas necesarias para asegurar la protección de las y los estudiantes en el regreso a las actividades presenciales, sostuvo el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Añadió que este retorno se realizará de forma ordenada, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y con la colaboración del equipo directivo de las facultades y escuelas.

Las autoridades universitarias permanecerán atentas a las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad y ofrecer apoyo psicológico a quienes lo necesiten.

Tras el asesinato de un estudiante y las lesiones ocasionadas a un trabajador del CCH Sur; además de múltiples amenazas a la comunidad estudiantil, el rector aseguró que buscan delinear acciones para volver a actividades presenciales en todas las escuelas y facultades.

“Hay planteles, facultades, escuelas e institutos de la UNAM que tienen clases presenciales, algunos están con actividades en línea, otros se encuentran en paro por la conmemoración del caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre de 1968, mientras otros más suspendieron actividades en solidaridad con el CCH Sur”, precisó.

Líneas de acción ante las amenazas a la comunidad estudiantil de la UNAM

Lomelí Venegas explicó que actualmente se tienen tres líneas de acción ante los recientes casos de amenazas a los estudiantes:

• Informar y denunciar. Las facultades, escuelas, institutos y centros que han recibido o reciban amenazas comunican de inmediato esta situación a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria. Esta dependencia establece contacto con las autoridades de seguridad pública federales y locales para realizar en conjunto las inspecciones pertinentes. Además, se notifica a la Oficina del Abogado General, responsable de presentar las denuncias correspondientes.
• Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico. Las directoras y directores llaman al Consejo Técnico de la facultad, escuela, instituto o centro respectivo, con el objetivo de evaluar en conjunto la pertinencia de trasladar temporalmente las actividades académicas a la modalidad en línea, mientras se realizan las revisiones de los protocolos y se presentan las denuncias correspondientes.
• Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir. Establecer, junto con el órgano colegiado, las acciones a implementar. Las directoras y directores, en coordinación con su Consejo Técnico y la comisión local de seguridad, decidirán el retorno a las clases presenciales después de verificar las condiciones de seguridad en el plantel.

Estudiantes del CCH Sur entregan pliego petitorio

Lomelí Vanegas expresó su pesar por la pérdida de un estudiante del CCH Sur y por la agresión sufrida por un trabajador de ese mismo bachillerato a manos de otro miembro de la comunidad universitaria. Señaló que se trata de un hecho grave que obliga a reflexionar sobre sus causas y las medidas a implementar para evitar su repetición.

Indicó que la comunidad del CCH Sur presentó pliegos petitorios y que ya se alcanzaron acuerdos para fortalecer la seguridad en el plantel, abordando de manera específica aspectos como condiciones de acceso, iluminación y la instalación de botones de pánico, entre otros.

Añadió que estas medidas podrán aplicarse en los demás planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Subrayó la participación constructiva de madres y padres de familia, cuyos planteamientos serán considerados por la autoridad.

Indicó que se han implementado medidas para reanudar las actividades presenciales lo antes posible y que algunas personas han decidido retractarse de acciones llevadas a cabo en redes sociales, situación que será tomada en cuenta.

Señaló que se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han generado inquietud en los planteles. Añadió que se cuenta con el respaldo de la policía cibernética y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

El rector subrayó que está convencido de que, aunque en el corto plazo se reforzarán aspectos como la seguridad en los accesos, la vigilancia y la iluminación en los planteles, lo que permitirá alcanzar una mayor seguridad para la comunidad universitaria es “perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria”.

La publicación del Informe VI del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa reavivó el debate nacional e internacional en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en México.

El documento, presentado en julio de 2023, expone avances, hallazgos inéditos, obstáculos persistentes y responsabilidades institucionales en una de las investigaciones más emblemáticas de violaciones graves a los derechos humanos en América Latina.

Según el Informe Ayotzinapa VI del GIEI, no sólo se actualizó la información sobre el caso, sino que también se reveló la magnitud de los desafíos que enfrenta la justicia mexicana en la lucha contra la impunidad.

La participación del Estado

Uno de los bloques más sensibles del informe se centra en la actuación de las Fuerzas Armadas, la Marina y los servicios de inteligencia.

El GIEI expuso contradicciones en las versiones oficiales de SEDENA, SEMAR y CISEN respecto a la existencia de documentos, la participación en operativos y la entrega de información.

El análisis técnico de comunicaciones y localización de telefonía también reveló la presencia y coordinación de militares, policías y miembros del crimen organizado en los escenarios clave de la desaparición de los estudiantes.

El informe detalla cómo SEDENA tenía conocimiento en tiempo real de los movimientos de los normalistas y de los ataques sufridos, pero omitió actuar para protegerlos.

Además, documentó el ocultamiento de sanciones disciplinarias, la negativa a proporcionar información sobre agentes infiltrados y la manipulación de grabaciones de cámaras de seguridad.

En el caso de la Marina, el GIEI reveló operativos clandestinos, detenciones ilegales, casos de tortura y la intervención en escenarios como el basurero de Cocula y el río San Juan, donde se alteraron pruebas fundamentales para la investigación.

El papel del CISEN también es objeto de escrutinio, al haberse constatado su conocimiento de los hechos y su participación en interrogatorios bajo tortura, así como intentos de limitar el uso de información relevante para la investigación judicial.

Crimen organizado y su relación con autoridades

Por otro lado, el informe profundiza en la estructura y funcionamiento de Guerreros Unidos y otras organizaciones criminales, subrayando la existencia de una red criminal con vínculos directos con autoridades municipales, estatales, federales y militares.

Las escuchas telefónicas y los testimonios recabados en el informe muestran cómo la colusión y la protección institucional permitieron la desaparición de los estudiantes y el control territorial del trasiego de drogas entre México y Estados Unidos.

El GIEI advirtió que la investigación de la desaparición forzada debe ir más allá de la persecución individual de responsables y centrarse en el análisis de las redes y contextos que posibilitaron el crimen.

La impunidad y la falta de investigación sobre patrones de macro criminalidad han perpetuado la violencia y el control del crimen organizado en la región.

El VI informe del GIEI reconoce el papel central de las víctimas y sus familias en la lucha por la verdad y la justicia. La demanda de saber el destino y paradero de los jóvenes desaparecidos, así como la exigencia de justicia para los responsables de los asesinatos y ataques, sigue siendo el motor de la investigación.

El informe destaca el derecho de la sociedad a conocer la verdad y la importancia de la garantía de no repetición como condición para la reparación y la transformación institucional en México.

Algunos avances

El GIEI, bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha documentado a lo largo de los años un complejo entramado de colusión entre autoridades y crimen organizado, así como la manipulación y ocultamiento de pruebas.

En su informe Ayotzinapa VI, el grupo detalló los resultados globales de la investigación, incluyendo revelaciones sobre la participación de policías municipales, estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Entre los avances más significativos, el informe destaca la ruptura de algunos pactos de silencio gracias a la protección de testigos, la detención de nuevos implicados y la reactivación de órdenes de captura contra personal militar y funcionarios públicos.

El GIEI también subrayó que la asistencia técnica internacional ha sido clave para fortalecer la investigación, permitiendo el acceso a archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina (SEMAR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la integración de pruebas documentales y testimoniales que amplían la perspectiva del caso.

El informe también reconoció la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creadas en 2019 y 2020 respectivamente, como mecanismos complementarios que permitieron avanzar en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

A pesar de los avances, el GIEI identificó obstáculos estructurales como falta de acceso a información clave, la negativa de autoridades para entregar documentos fundamentales, exposición y desprotección de testigos, y presiones políticas e institucionales.

“Nos están disparando”, gritó uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Lo que comenzó como una actividad estudiantil para conseguir autobuses terminó en una de las noches más violentas de la historia reciente de México: seis personas asesinadas, más de 40 heridas y 43 normalistas desaparecidos.

Así lo narra John Gibler en Una historia oral de la infamia, un texto en el que, desde la voz de los sobrevivientes y familiares, reconstruyen los hechos y revela la magnitud de la tragedia y la persistente exigencia de justicia.

Ayotzinapa: escenario contrastante

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, enclavada en Guerrero, ha sido históricamente un bastión de organización comunitaria y resistencia campesina.

Sus estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos e indígenas, llegan a la Normal buscando una oportunidad de educación gratuita y la posibilidad de regresar como maestros a sus comunidades.

“Aquí nos enseñan a luchar por un futuro mejor y a apoyar a nuestras familias”, relata uno de los normalistas en la obra de Gibler. La vida en la escuela está marcada por la solidaridad, el trabajo colectivo y la conciencia política, pero también por la precariedad y el hostigamiento estatal.

Los estudiantes recordaron cómo, ante desastres naturales o necesidades de la población, la Normal se convierte en un centro de apoyo comunitario, mientras el Estado permanece ausente o actúa con simulación.

El 26 de septiembre de 2014, la rutina de la Normal se vio interrumpida por la convocatoria a una actividad: conseguir autobuses para la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco.

El inicio de una tragedia

La mayoría de los participantes eran estudiantes de primer año, acompañados por miembros del comité estudiantil. Salieron en dos autobuses Estrella de Oro rumbo a Iguala, sin imaginar que esa noche marcaría sus vidas y la de todo el país.

“Íbamos contentos, como siempre, bromeando, nadie pensaba que algo así podía pasar”, recuerda un sobreviviente. Al llegar a Iguala, los estudiantes se dividieron para realizar actividades de boteo y la toma de autobuses.

La tensión comenzó a sentirse cuando los policías federales empezaron a detener autobuses y a bajar a los pasajeros. Pronto, la situación escaló: algunos normalistas quedaron retenidos en la terminal de autobuses y el resto acudió a liberarlos.

Tras conseguir tres autobuses más, los estudiantes intentaron salir de la ciudad, pero fueron interceptados por patrullas municipales. “Nos disparaban sin previo aviso, primero al aire, luego directo a nosotros”, relatan varios testigos en el texto de Gibler.

La violencia se desató en distintos puntos de Iguala. Los testimonios coinciden en la brutalidad de los ataques: patrullas bloqueando el paso, disparos a quemarropa, estudiantes heridos y caídos en el asfalto.

Aldo Gutiérrez Solano, uno de los normalistas, recibió un disparo en la cabeza y quedó en estado de coma. Otros, como Julio César Mondragón, fueron hallados sin vida y con signos de tortura. “Vi cómo cayó mi compañero, cómo le metieron la bala en la cabeza, eso no se olvida”, narra un joven de primer año.

La intervención de las fuerzas policiales no se limitó a la municipal. Sobre el terreno, los estudiantes identificaron la presencia de policías estatales, federales y hombres armados vestidos de civil, algunos encapuchados.

“No sólo fueron los municipales, también había federales y estatales”, afirma un estudiante que resultó herido. La coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y la ausencia de auxilio por parte del ejército, cuyo cuartel se encontraba a escasos metros de los hechos, refuerzan la percepción de una acción concertada y no de un simple exceso policial.

En la sombra de la masacre

Mientras los ataques continuaban, los estudiantes buscaron refugio en casas, cerros y patios, ayudados en ocasiones por vecinos que, a pesar del miedo, les ofrecieron resguardo.

Otros pasaron la noche bajo la lluvia, escondidos en el monte, temiendo por sus vidas. “Pensábamos que nos iban a detener, como en otras ocasiones, pero nunca imaginamos que nos iban a desaparecer”, confesó uno de los sobrevivientes.

La reacción de las autoridades fue, según los testimonios, de omisión y encubrimiento. Ni la policía estatal ni el ejército ni la marina acudieron a auxiliar a los heridos o a resguardar la escena.

Los reporteros y maestros que llegaron al lugar encontraron un panorama desolador: casquillos recogidos por los propios policías, sangre en los autobuses, estudiantes desaparecidos y una ausencia total de peritos o ministerio público.

“¿A quién reclamarle justicia si la misma ley que mata es la que levanta los muertos?”, se pregunta uno de los entrevistados en la obra de Gibler.

La versión oficial, conocida como la “verdad histórica”, sostuvo que los 43 estudiantes desaparecidos fueron entregados por la policía municipal al Cártel Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Sin embargo, esta narrativa fue desmentida por peritajes independientes y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que señaló la falta de evidencia científica que vincule los restos hallados en el río San Juan con los del basurero.

“No hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos correspondan a los retirados del basurero de Cocula”, afirmó el EAAF en un comunicado recogido por Gibler.

Trabajadores del basurero negaron haber visto fogatas o actividad inusual la noche del 27 de septiembre, y la lluvia registrada esa noche reforzó las dudas sobre la posibilidad de una incineración masiva.

La experiencia de los sobrevivientes tras los ataques estuvo marcada por la desconfianza y el maltrato institucional. Muchos heridos no recibieron atención médica oportuna; algunos médicos y militares se negaron a auxiliarlos, y los taxistas rehusaron trasladar a los heridos por temor a represalias.

“El director del hospital me dijo: ‘te hubieran matado, maldito ayotzinapo’”, relató un estudiante herido. Los militares, lejos de protegerlos, los interrogaron y amenazaron con entregarlos a la policía municipal, a la que los normalistas identificaban como responsable de la agresión.

Una respuesta pendiente

La búsqueda de los desaparecidos se convirtió en una lucha incansable de las familias, que recorrieron cerros, basureros y delegaciones, muchas veces sin apoyo oficial.

“Nuestros hijos sabemos que están vivos. No hubo tal quemazón como dice esta persona”, sostuvo Emiliano Navarrete, padre de uno de los desaparecidos.

Las madres y padres, acompañados por organizaciones sociales y expertos internacionales, desafiaron la narrativa gubernamental y exigieron pruebas científicas.

“Nosotros sabíamos que era una mentira lo del gobierno. Una mentira más”, declaró Blanca Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava, en una conferencia recogida en Una historia oral de la infamia.

El impacto social y político de la masacre de Iguala fue inmediato y profundo. La solidaridad se extendió por todo México y el mundo, con movilizaciones, marchas y protestas que denunciaron la impunidad y la violencia de Estado.

La persistencia de la impunidad, la manipulación de pruebas y la revictimización de las familias han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia.

“No se les puede decir muertos, porque todavía no están muertos, porque ellos siempre van a vivir en nuestros corazones”, afirmó un estudiante de primer año.

A casi una década de los hechos, la memoria de Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha contra la desaparición forzada y la impunidad en México.

Jonathan Maldonado Hernández, uno de los sobrevivientes del ataque ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, falleció el pasado 6 de mayo de 2025 a los 32 años, luego de varios días hospitalizado.

Su muerte fue anunciada por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa, el cual denunció que Jonathan enfrentó un abandono institucional desde hace más de una década.

Maldonado no fue solo una víctima más de aquella noche trágica. Fue también un actor clave en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

A pesar de las secuelas físicas y emocionales que le dejó el ataque —incluyendo la pérdida de varios dedos y ansiedad crónica— Jonathan dedicó gran parte de su vida a colaborar con las investigaciones que intentan esclarecer este crimen de Estado.

Un testimonio fundamental

Licenciado en Educación Primaria, Jonathan formó parte de los trabajos realizados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República.

También fue un colaborador importante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gracias a su testimonio y al de otros 20 sobrevivientes, se logró documentar que los normalistas fueron víctimas de al menos nueve ataques distintos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En estos hechos participaron policías municipales, estatales y miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

El aporte de Jonathan fue esencial para desmontar la llamada “verdad histórica” y construir una narrativa basada en pruebas y testimonios sólidos, que han sido fundamentales para mantener viva la exigencia de justicia, aún diez años después.

Una vida marcada por el abandono

Tras sobrevivir al ataque, Jonathan solicitó en múltiples ocasiones apoyo psicológico y psiquiátrico a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero nunca recibió la atención adecuada. Vivió con secuelas físicas dolorosas y una condición emocional frágil, marcada por la ansiedad y la depresión.

Aunque las causas exactas de su muerte no fueron divulgadas por respeto a su familia, el Colectivo de Sobrevivientes señaló que su estado psicológico deteriorado fue un factor decisivo.

En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a organismos de derechos humanos, el colectivo denunció que Jonathan “murió en el completo abandono por parte de las autoridades” encargadas de su protección y atención.

Hasta la fecha, y tras 11 años de aquellos acontecimientos que develaron un crimen de Estado que pasará a la historia, el testimonio y la lucha de Jonathan y otros sobrevivientes permanece como un vestigio de las voces que, desde la resistencia, siguieron dando cuenta de lo que pudo pasar en la llamada “Noche de Iguala”.

Actualmente la lucha de Jonathan sigue siendo recordada por activistas que se han posicionado para exigir justicia por el caso.

La agencia de investigación Forensic Architecture (FA), con sede en el Centro de Investigación en Arquitectura (CRA) de Goldsmiths, Universidad de Londres, se dedica a desarrollar, aplicar y difundir técnicas avanzadas para investigar la violencia ejercida por estados y empresas.

De acuerdo con el sitio oficial de la FA, se combinan perfiles de arquitectos, desarrolladores de software, cineastas, periodistas de investigación, científicos y abogados en equipos interdisciplinarios.

El objetivo de Forensic Architecture consiste en proveer nuevos métodos para la presentación de evidencia espacial en situaciones legales, políticas y culturales.

Alcances de la arquitectura forense

El trabajo de FA se presenta en foros legales, investigaciones parlamentarias, tribunales ciudadanos, medios internacionales y exposiciones artísticas.

En el ámbito judicial, la agencia participó en la discusión sobre la admisión de pruebas digitales originadas por la sociedad civil; en espacios culturales, explora el arte como vehículo investigativo y político. La “reconstrucción de Ayotzinapa”, elaborada por la agencia y nominada a un premio internacional.

Los resultados de FA han sido admitidos en procesos legales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Grecia, Israel, Guatemala y Colombia. Algunas investigaciones se expusieron ante la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según informes de la propia agencia y de El Universal, el director de FA colabora desde el Consejo Asesor Tecnológico de la Corte Penal Internacional para promover la validez de evidencia obtenida por medios digitales en instancias legales.

Propósito de esta forma de investigación

Entre sus objetivos se encuentra el análisis crítico del accionar de ejércitos, fuerzas policiales, agencias estatales y compañías privadas, cuando intervienen en casos de violencia oficial, muertes civiles en conflictos armados, violencia institucional hacia migrantes y refugiados, y fenómenos vinculados a la destrucción de ambientes ancestrales.

La agencia también interviene ante contextos históricos y contemporáneos que involucran violencia colonial y estructuras de discriminación racial. Tras el caso Ayotzinapa, esta herramienta fue utilizada para dar forma a los testimonios de las personas sobrevivientes.

FA asume investigaciones por pedido directo de personas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos. La agencia da prioridad a proyectos en los que sus recursos tecnológicos pueden marcar la diferencia en la búsqueda de rendición de cuentas o transformación sociopolítica, al tiempo que esos casos contribuyen al perfeccionamiento de sus propias metodologías.

Respecto a su financiación, Forensic Architecture recibe apoyo fundamentalmente a través de subvenciones académicas, de derechos humanos y tecnológicas. El detalle de sus principales inversores está publicado en sus canales oficiales; además, los recursos obtenidos mediante exhibición en medios o exposiciones son reinvertidos en los propios programas de investigación.

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en la docuserie “PRI: Crónica del fin”, dirigida por la periodista Denise Maerker, donde habló de algunos de los episodios más polémicos de su sexenio. Entre ellos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca y la percepción de corrupción en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ayotzinapa: “Fue una tragedia”

Sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Peña Nieto aseguró que fue una tragedia que lo marcó, pero reiteró su respaldo a la llamada “verdad histórica” presentada en enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

“Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Yo sigo pensando lo que ya sabemos: lo que han denostado como ‘la verdad histórica’. Quítale el nombre, pero no altera lo que hasta ahora he conocido de las nuevas investigaciones”, declaró.

El expresidente incluso admitió que autoridades municipales, el Estado y el Ejército pudieron estar involucrados, aunque pidió “no poner el nombre de la institución”.

La Casa Blanca: un error de manejo

Otro de los momentos clave del documental se centra en el escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, exprimera dama. Peña Nieto reconoció que el tema fue mal manejado desde el inicio:

“La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado. Creo que nunca debió de haber dado la cara de un tema que correspondía al Presidente de la República”, dijo en referencia al video en el que Rivera explicó la adquisición de la residencia valuada en 86 millones de pesos.

En aquel entonces, Rivera aseguró que había hecho un acuerdo con el empresario Juan Armando Hinojosa, cercano a Peña Nieto en su etapa como gobernador del Estado de México, para que una de sus inmobiliarias construyera la casa bajo contrato de compra-venta.

El episodio dañó fuertemente la imagen del gobierno priista y se convirtió en símbolo de opacidad y conflicto de interés.

El PRI y la corrupción

Peña Nieto también reflexionó sobre el presente del PRI, partido al que perteneció toda su carrera política. Reconoció que la corrupción es una de las manchas más difíciles de borrar en la historia del tricolor:

“El PRI es un partido tan longevo, que tiene ya demasiados lunares, demasiadas manchas. Y esa de la corrupción es una muy señalada, porque además es muy vendible”, declaró.

Un presidente sin manual

Finalmente, el exmandatario afirmó que “no hay escuela para ser Presidente de la República”, por lo que la magnitud de la responsabilidad se comprende solo al ejercer el cargo.

El testimonio de Enrique Peña Nieto en “PRI: Crónica del fin” reaviva debates sobre Ayotzinapa, la Casa Blanca y el papel del PRI en la política mexicana, a más de una década de su llegada a Los Pinos.

Luego de que el pasado jueves se registraron actos violentos por parte de normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo con estos actos violentos, pero que no caerá se caerá en provocaciones.

Estas declaraciones las realizó este viernes durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parecen más una provocación, no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión, no va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar No. 1″, dijo la mandataria nacional.

Esto, luego de que el pasado jueves un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó una de las rejas del Campo Militar No. 1, mismo que se encuentra ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, tras estrellar un camión contra el acceso y prenderle fuego, minutos antes de las 13:00 hrs.

La acción se produjo tras concluir un mitin de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes exigieron avances en las investigaciones, acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sanción a los responsables de la desaparición, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La jornada“Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”comenzó a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde madres y padres reiteraron su demanda de justicia y denunciaron la falta de avances en el caso.

Tras la concentración inicial, un autobús con familiares de los 43 se dirigió al Campo Militar 1, seguido poco después por una caravana—compuesta por al menos 20 camiones— que transportaba al resto de los manifestantes.

Sheinbaum sobre lo acontecido en Ayotzinapa

La mandataria nacional, además, dijo que se trabaja para que haya verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y recalcó que hay un nuevo fiscal para el caso, y que con frecuencia se reúne con madres y padres de los jóvenes.

“Verdad y Justicia, ese es nuestro compromiso, estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, dijo la presidenta esta mañana durante su conferencia de prensa.

A 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, familiares y personas solidarias continúan al pie de lucha exigiendo justicia y consecuencias para los responsables.

Luego de que las respuestas fueran nulas y la información respecto al paradero de los normalistas nunca llegara, especialistas de diferentes áreas comenzaron a investigar para comprender de mejor manera los hechos.

Ejemplo de ello fue el proyecto Ayotzinapa, cartografía de la violencia, en el que se recopiló información de diferentes índoles, desde testimonios hasta documentos oficiales. Al día de hoy, se continúan desarrollando líneas de investigación.

Arquitectura forense: herramienta interactiva del caso Ayotzinapa

Estas reconstrucciones en 3D corresponden a tres de las escenas del crimen más importantes del caso. Cada escena puede ser navegada y vista desde diferentes perspectivas.

Los usuarios pueden acercarse a los detalles o experimentar el ataque al nivel de las calles de Iguala, mientras navegan por los diferentes momentos en que se desarrollaron los eventos.

1. Calle Juan Álvarez y Periférico Norte

En la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, tres autobuses transportando estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por diferentes fuerzas de seguridad, al igual que por perpetradores vestidos de civil.

Durante estos ataques, dos estudiantes fueron asesinados, varios estudiantes y civiles fueron lesionados, y los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron desaparecidos de manera forzada por la Policía Municipal de Iguala y Cocula.

La primera agresión ocurrió de las 21:40 a las 22:25 horas. El convoy de autobuses fue bloqueado en la esquina de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, por la patrulla municipal número 02. En este primer ataque contra los estudiantes, este grupo fue atacado desde el frente y desde atrás por la Policía Municipal de Iguala y la Policía Municipal de Cocula.

El ataque duró varios minutos y dos estudiantes resultaron heridos: Aldo Gutiérrez recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba mover la patrulla 02, mientras que el Estudiante J recibió uno en la mano.

Posteriormente, de las 22:25 a las 22:50 horas, ocurrió la segunda ofensiva, cuando la Policía Municipal de Iguala abrió fuego sobre la parte trasera del convoy de autobuses. El ataque estaba principalmente dirigido al Estrella de Oro 1568, donde el estudiante FM recibió heridas de bala.

Los policías pusieron a los estudiantes sobre el piso, para después subirlos a la parte trasera de seis o siete patrullas. Entre 20 y 30 estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron desaparecidos de manera forzada. Sólo al Estudiante FM, quien estaba herido, se le permitió ir al hospital.

Policías municipales asistieron al estudiante M.A.E.O. quien sufrió dificultades respiratorias y fue llevado al Hospital General por una ambulancia. De las 22:50 a las 00:30 horas, los estudiantes que quedaron en el lugar, comenzaron a proteger las evidencias y dieron una conferencia de prensa en la calle, en la que denunciaban los ataques.

Los estudiantes declararon que entre los vehículos que pasaron por la escena estaban: dos patrullas de policía, una patrulla de protección civil y una camioneta de redilas. El tercer y último ataque de la zona dirigido contra los estudiantes, maestros y periodistas, fue de las 00:30 horas a la 01:00 de la mañana y fue perpetrado por un número indeterminado de hombres fuertemente armados, con pasamontañas y chalecos antibalas.

Tres de ellos venían en un auto Ikon Negro. Una camioneta Expedition roja también es sospechosa de haber participado en los hechos. Un taxi sospechoso también estaba en la zona. En este ataque fueron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, mientras que Edgar Andrés Vargas resultó gravemente herido. Otras dos personas también fueron lesionadas.

La Presencia de fuerzas militares ocurrió de la 01:50 a las 05:45 horas y miembros del ejército llegaron media hora después del último ataque. En lugar de ayudar a los estudiantes, los intimidaron y los interrogaron.

Posteriormente, una de las patrullas militares que se movilizaba entre Juan N. Álvarez y el Hospital Cristina regresó a la escena del crimen y permaneció allí hasta que la escena fue procesada por la Policía Estatal Ministerial, en la mañana del 27 de septiembre.

2. El Palacio de Justicia

En frente del Palacio de Justicia dos autobuses que transportaban estudiantes, fueron atacados múltiples veces por varias fuerzas de seguridad. De acuerdo con varios testimonios, los estudiantes fueron desparecidos de manera forzada por miembros de la Policía Municipal de Huitzuco. El segundo camión, el Estrella Roja, fue el camión que la entonces PGR omitió de su investigación original.

El primer ataque contra el autobús Estrella de Oro 1531 ocurrió alrededor de las 21:40 horas y duró aproximadamente 20 minutos. La Policía Municipal de Iguala abrió fuego contra el autobús y, metros más adelante, una patrulla le cerró el paso antes de pasar debajo de un puente vehicular.

De las 22:00 a las 22:25 horas, el número de patrullas incrementó. Llegó al menos un agente de la Policía Estatal Ministerial, quien testificó acerca de cuatro patrullas municipales alrededor del autobús y posteriormente se fue. Un militar llegó en moto a la escena.

También arribaron las patrullas municipales 24, 28 y 26. El chofer de este autobús fue detenido en una patrulla municipal, que iba en dirección al centro de Iguala.

En el camión Estrella Roja 3278, de las 22:00 a las 22:25, Normalistas fueron forzados por patrullas municipales o federales a abandonar el autobús. Después de abandonar el autobús los normalistas caminaron en dirección a Iguala.

De las 22:30 a las 22:35 horas, llegaron tres patrullas municipales presuntamente de Huitzuco y sacaron a los estudiantes del autobús con gas lacrimógeno.

Al mismo tiempo, los estudiantes del segundo camión caminaban hacia el centro de la ciudad, vieron a tres patrullas municipales que iban rumbo al Palacio de Justicia y decidieron esconderse en la colonia Pajaritos.

De las 22:35 a las 23:00 horas, en la misma zona, los policías municipales subieron a los estudiantes del primer camión (1531) en cuatro patrullas, tres eran de Huitzuco y una de Iguala.

Al mismo tiempo, el segundo autobús se retiró de la escena escoltado por dos patrullas federales hasta la caseta de Iguala, de acuerdo con el testimonio del chofer del autobús.

Según el testimonio de los normalistas, cuando llegaron al puente (entre las 23:00 y las 23:10 horas) sólo vieron el autobús Estrella de Oro 1531 sin estudiantes.

En ese mismo lapso de tiempo, 14 normalistas que iban en el autobús Estrella Roja 3278 regresaron a la escena sobre el puente. Testificaron que vieron a patrullas federales, dos patrullas no identificadas y una moto frente al Palacio de Justicia.

De las 00:20 a la 01:05, peritos procesaron la escena y posteriormente llegaron dos patrullas militares, cuyos ocupantes testificaron que vieron al autobús Estrella de Oro 1531 destruido y vacío, junto a la Grúa HR.

3. El Cruce de Santa Teresa

Saliendo de Iguala, un camión que transportaba a un equipo de fútbol llamado ‘Los Avispones’ fue atacado cuando se dirigía hacia Chilpancingo. El autobús, junto con las familias de los jugadores que viajaban en taxis y vehículos particulares, así como otros civiles que pasaban por la zona, fueron atacados indiscriminadamente por múltiples perpetradores. Durante este ataque, un jugador de fútbol, el chofer del autobús y otro civil fueron asesinados, mientras otros fueron lesionados.

El ataque contra contra el Taxi 1 antes del ataque a Los Avispones ocurrió a las 23:30 horas. El Taxi 1 se detuvo por la presencia de una camioneta de redilas que se encontraba atravesada en la carretera y recibió impactos de bala e cuanto se acercó a la camioneta de redilas, por lo que se fue en reversa 500 metros hacia el norte.

Un carro de familiares del equipo de futbol Los Avispones, que iba en direccion a Chipancingo, presenció su ataque y los asistió. Minutos después los familiares vieron pasar al autobús de Los Avispones, intentaron detenerlo pero éste no los vio y fue atacado en el cruce de Santa Teresa.

El autobús fue tiroteado en el cruce de Santa Teresa, el conductor perdió el control y el autobús salió de la carretera. Los perpetradores rodearon el autobús e intentaron entrar a él, pero no pudieron porque la puerta quedó atorada.

Según miembros del equipo, en este momento los perpetradores se dieron cuenta que son futbolistas y se retiraron de la escena, a su salida dispararon a varios vehículos que transitaban por el área. Nuevos peritajes mostraron la presencia de la Policía Municipal de Huitzuco y de miembros del crimen organizado en ese lugar.

De acuerdo con el primer reporte del GIEI, a las 23:35 un taxi con profesores (Taxi 2) que iba en dirección a Chilpancingo se detuvo a 500 metros al norte del Cruce de Santa Teresa, porque vieron dos vehículos sospechosos estacionados al lado de la carretera.

Luego de pasarlos continuaron hacia el cruce, pero fueron atacados presuntamente por la Policía Municipal de Huitzuco. El Taxi 2 paró a 100 metros al sur del autobús y vieron pasar frente a ellos un camión de carga, que también fue tiroteado y que se retiró de la escena tan pronto fue atacado. Minutos más tarde, un taxi que transitaba por la carretera ayudó a los tres pasajeros heridos del Taxi 2. 15 a 20 minutos después del ataque, el chofer del Taxi 2 se fue hacia Chilpancingo.

Para las 23:42 horas, según la declaración del chofer del Taxi 3, él fue atacado después de pasar dos vehiculos detenidos entre la Salida de Zacacoyuca y el Cruce de Santa Teresa. Las balas provenían de unos bordos al lado de la carretera. El Taxi 3 paró a 30 metros al norte del autobús, sus dos pasajeros se escondieron y el chofer que estaba herido fue ayudado por otro taxista (Taxi 5) y se fue de la escena dejando su taxi.

Declaraciones de militares indican que llegaron a las 00:10 a Santa Teresa en una camioneta Cheyenne y una Sandcat blindada. A su llegada, ya estaban presentes dos patrullas de la Policía Federal junto a los taxis atacados. Tanto policías federales como militares dijeron en sus partes informativos que llegaron a la escena a las 00:45; sin embargo hay testimonios de ellos mismos que indican haber estado antes. Entre las 00:25 y 00:40, llegó la primera y segunda comitiva ministerial, tres patrullas federales y las ambulancias.

Alrededor de la 01:20, el Ministerio Público del fuero común y peritos (gobierno estatal) procesaron primero la escena del crimen de Blanca Montiel. Las patrullas federales que se encontraban junto al Taxi 1 se localizaron posteriormente junto al autobús.

Las patrullas militares permanecieron hasta las tres de la mañana, hora en la que llegó la grúa a remolcar el autobús de Los Avispones.

Tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur, perpetrado por otro joven estudiante y las posteriores marchas para exigir seguridad, el día de hoy al menos cinco planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron un paro de actividades.

Las protestas estudiantiles se intensificaron desde el miércoles, cuando grupos de alumnos del CCH Sur marcharon dentro del plantel para exigir medidas tras el fallecimiento de Jesús Israel, estudiante atacado dentro de esas instalaciones. A raíz de estos hechos, se llevaron a cabo diversas asambleas estudiantiles que continúan este jueves en varios planteles, y no se descarta que otras escuelas se sumen a las suspensiones de labores, debido también a las marchas que protestan por el asesinato ocurrido en Ayotzinapa.

Entre las facultades en paro total se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), una de las primeras en sumarse a las causas sociales, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas del 24 de septiembre al 3 de octubre. Durante este periodo, las instalaciones están tomadas y se mantiene un llamado a la solidaridad por las víctimas de violencia.

La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) también suspendió todas sus actividades presenciales en el mismo lapso, aunque sin toma de instalaciones. El sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la ENTS no participa en el paro, mientras que la administración garantiza la continuidad de trámites y servicios escolares esenciales.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) en su sede de Xochimilco se sumó al paro total en el mismo periodo y exhortó al resguardo de áreas académicas y bienes materiales.

En paro activo se encuentra la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), donde las clases teóricas se reanudarán hasta el lunes 29 de septiembre. Mientras tanto, se mantienen las asesorías clínicas en el centro de simulación.

La Facultad de Ciencias permanecerá en paro activo todo el día jueves. Por su parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) aplazó reanudar actividades para celebrar una asamblea estudiantil.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) planteles 5 y 2 mantendrá las clases presenciales, pero sin pase de lista ni evaluaciones, para permitir la participación en protestas.

Las manifestaciones y suspensión de actividades surgen después de que estudiantes, docentes y familiares realizaran movilizaciones en el CCH Sur y Ciudad Universitaria para denunciar la inseguridad e impulsar demandas de justicia frente a la violencia en la universidad.

En otras facultades, se realizan asambleas para considerar irse a paro, tal como la Facultad de Psicología

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, familiares y estudiantes realizarán una protesta frente la Fiscalía General de la República (FGE) para exigir el esclarecimiento de los hechos.

La manifestación fue convocada por la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, y la cita es a las 11 am en las instalaciones de justicia.

“Convocan a la jornada de lucha Ayotzinapa 11 años de luces y sombras, a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general”, se lee en la invitación difundida por redes sociales.

Por otra parte, la tarde de este miércoles se llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que los participantes dejaron mensajes en los que exigían la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien es exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también señalado por la creación de la llamada verdad histórica y que actualmente se encuentra en Israel.

Los manifestantes pidieron que el gobierno mexicano acelere el proceso para que el exdirector sea entregado a las autoridades mexicanas.

Las consignas plasmadas en la sede de la SRE subrayaron la responsabilidad de esta dependencia en el avance del proceso, ya que la extradición de Zerón depende de los acuerdos diplomáticos entre México e Israel, país donde actualmente reside el exfuncionario.

Los mensajes recordaron que la colaboración internacional es indispensable para que Zerón enfrente la justicia mexicana.

Cabe recordar que en agosto de 2025, un Tribunal Colegiado ratificó la orden de aprehensión contra Tomás Zerón por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

Hace 11 años el exservidor fue grabado mientras torturaba al líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” para que declarara la presunta orden para asesinar y cremar a las 43 de Ayotzinapa.

Por ello, la SRE fue elegida como el primer punto de reunión para exigir justicia. Por otra parte, al calles y avenidas, así como monumentos de la capital ya han sido resguardados por las autoridades capitalinas para evitar que estos sean vandalizados por los manifestantes.

Finalmente, con estas acciones los manifestantes han comentado la reafirmación del compromiso para seguir pidiendo justicia y señalando las irregularidades en el proceso, además de las promesas que no se han cumplido en los gobiernos morenistas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, recibió la protección de un Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, que ordenó la suspensión de la condena de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala, entre ellos el líder del movimiento, Arturo Hernández Cardona. La medida frena la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la defensa del ex funcionario, quien permanece en prisión por otros delitos.

El tribunal determinó que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa no son considerados terceros interesados en el proceso de amparo directo, pues la sentencia de secuestro que se le imputa a Abarca no impacta de manera directa en la reparación del daño a estas víctimas.

Según la resolución, la condena únicamente corresponde al delito de secuestro en agravio de varios integrantes y dirigentes de la organización social FUP, entre ellos Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan.

La condena original, emitida en 2023, se basó en evidencias que acreditaban la participación del ex alcalde en el secuestro de los activistas del movimiento campesino Unidad Popular, crimen ocurrido en 2013, un año antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

No obstante, en mayo del mismo año, José Luis Abarca fue absuelto del delito de delincuencia organizada relacionado con el caso Ayotzinapa por Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros.

Esta decisión quedó firme luego de que un Tribunal Colegiado confirmó la sentencia, y la Fiscalía General de la República no pudo revertirla, pues el fallo desestimó como insuficientes los elementos probatorios presentados por la entonces Procuraduría General de la República, señalando además que algunas declaraciones se obtuvieron bajo coacción o tortura, y que varios acusados fueron detenidos de manera ilícita.

Pese a la suspensión concedida respecto a la condena por secuestro, Abarca aún enfrenta procesos judiciales vinculados a delitos cometidos durante su gestión al frente del municipio de Iguala. La suspensión vigente impide, por el momento, la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, mientras la situación jurídica del ex alcalde permanece sujeta a la evaluación de los tribunales.

Una caravana de estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa llegó este miércoles a la Ciudad de México para realizar una jornada de protestas frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde habrá un mitin.

La movilización conmemora el undécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, y tiene como objetivo exigir avances en las investigaciones y la presentación con vida de los normalistas.

El contingente avanzó desde Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente hasta Bucareli y Avenida Juárez, donde se concentró para iniciar sus acciones. Minutos después del arribo, se cerró la circulación en Avenida Juárez a partir de Reforma, generando afectaciones en las calles aledañas y congestionamiento vehicular.

Según reportes oficiales, la caravana llegó en aproximadamente 21 autobuses que trasladaron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y a familiares de los desaparecidos. Durante el día, el grupo prevé continuar con distintas movilizaciones en otros puntos de la capital.

Las movilizaciones forman parte de las actividades conmemorativas que los colectivos de normalistas y familiares realizan cada año y que mantendrán hasta este fin de semana, con el fin de continuar con la exigencia de justicia y presionar a las autoridades para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Protestas en Guerrero

Normalistas de Ayotzinapa y miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) realizaron acciones de protesta los días 22 y 23 de septiembre en Guerrero, en el marco del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

El 22 de septiembre, en Chilpancingo, los manifestantes lanzaron aproximadamente 30 explosivos artesanales y pintaron consignas en las instalaciones de la 35 Zona Militar, luego de un mitin y un bloqueo en la Autopista del Sol. La acción provocó un ligero incendio y la intervención de soldados con gas lacrimógeno para dispersar a los normalistas.

Al día siguiente, en Iguala, normalistas y miembros de la FECSM lanzaron petardos contra el 27 Batallón de Infantería del Ejército durante un mitin en el que padres y madres de los desaparecidos exigieron al gobierno federal la entrega de 800 folios de información relacionados con la investigación y definieron cinco puntos esenciales de exigencia para la búsqueda de los jóvenes.

Ambas movilizaciones forman parte de la jornada de lucha conmemorativa por el aniversario 11 de los hechos de Iguala que aún no han logrado esclarecerse.

Luego de que hace un mes Hugo Aguilar Ortiz invitara a Vidulfo Rosales Sierra a una de las reuniones de trabajo previo a la toma de protesta como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la tarde de este 20 de septiembre de 2025, se confirmó la integración del exabogado del caso Ayotzinapa a la Corte.

En este organismo, Rosales Sierra desempeña funciones como secretario de estudios y cuenta la cual forma parte de la coordinación general de asesores de la presidencia.

Según información publicada en el portal institucional del máximo tribunal del país, Vidulfo Rosales ocupará este puesto percibiendo un salario neto estimado de poco más de 118 mil pesos mensuales. Entre los beneficios laborales a los que tiene acceso se encuentran el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida.

Vidulfo Rosales renunció a caso Ayotzinapa y dejó el CDHM hace un mes

Luego de ser fotografiado en reunión con Hugo Aguilar lo que solo era una especulación fue creciendo, ya que el abogado renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, así como de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En la carta anunciando su salida fechada el 19 de agosto, el abogado mencionó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestro pueblos. Mi compromiso con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres que luchan por mejores condiciones de vida sigue incólume”.

En entrevista para Infobae México el mes pasado, Rosales Sierra explicó que su renuncia al CDHM Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud. Señaló que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exige plena dedicación, lo que complicaba su situación médica y otras valoraciones personales.

Destacó que su labor siempre fue en representación del centro y no de manera individual, y que al separarse de la organización perdería el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las dificultades, amenazas y presiones que implica el caso.

El abogado aclaró que su renuncia a Tlachinollan y a la representación legal de los padres de Ayotzinapa no estaba relacionada con una invitación a colaborar con la nueva SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 20 de septiembre de 2025 la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del máximo tribunal del país. El anuncio ocurre exactamente un mes después de que Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente, invitara a Rosales a una reunión de trabajo previa a la toma de protesta.

La designación de Vidulfo Rosales Sierra refuerza el equipo de alta dirección de la Suprema Corte, en un contexto de transición interna que involucra la inminente toma de protesta de Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente. El portal oficial de la SCJN no especifica la ubicación física de la oficina asignada a Rosales, al igual que otros puestos del Poder Judicial sin embargo, lo que sí se dio a conocer fue su sueldo.

Según información publicada en el portal institucional de la SCJN, Vidulfo Rosales se sumará al equipo de asesores en la presidencia, con acceso a las instancias de toma de decisiones y análisis jurídico central. Su designación ha generado atención debido a su trayectoria como exabogado representante de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los casos más relevantes de los últimos años.

El cargo de Secretario de Estudio y Cuenta implica responsabilidades en la revisión de asuntos presentados al pleno de la Corte, elaboración de proyectos de resolución y asesoría directa al ministro presidente. Esta posición se inserta en una estructura de apoyo técnico jurídicamente calificada dentro del principal órgano judicial del país.

De acuerdo con información oficial, en dicha plaza, Vidulfo Rosales tendrá un sueldo tabular mensual que se desglosa en sueldo bruto de 167 mil 671.23 pesos y un sueldo neto de 118 mil 138.37 pesos. Infobae detalló que el puesto otorga acceso a prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima quinquenal, además de asignaciones adicionales conforme a la normatividad interna del Poder Judicial.

En materia de seguridad social, el cargo brinda apoyo en concepto de ISSSTE/FOVISSSTE y depósitos para el ahorro solidario, además de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida y seguro colectivo de retiro. Según la información de la Corte, destacan también beneficios como apoyo de anteojos o lentes graduados, estímulos por día del padre, antigüedad y jubilación. La institución otorga asistencia extra en situaciones como incapacidad médica permanente, gastos funerarios, pago de defunción y licencia prejubilatoria.

El nombramiento se produce en un periodo de claroscuros para el Poder Judicial, donde la transparencia laboral y las condiciones contractuales de sus perfiles de mayor nivel continúan bajo escrutinio público.

Un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa ingresaron el día de hoy a la Central de Autobuses del Norte y tomaron tres camiones, lo que generó la activación del código rojo en el lugar. El suceso se dio aproximadamente a mediodía y aunque no ofrecieron un pliego petitorio en un principio, si pintaron paredes con consignas alusivas a la desaparición de 43 estudiantes.

Con este hecho se estima que entre 15 y 20 mil pasajeros se vieron afectados, sin embargo abrieron un carril, por lo que todavía no se sabe si el código rojo continuará o si se restablecerá el flujo de autobuses, pese al movimiento de un camión.

Al pasar las horas se supo que los normalistas se manifestaban para solicitar vales de gasolina que tenían pactados pero que no habían sido entregados. Dieron a conocer que no buscaban generar mayores afectaciones, sin embargo, tanto las unidades como el diesel eran necesarios para la conmemoración que se realiza año con año por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Hasta el momento, la vialidad sigue cerrada pese a que una de las tres unidades fue reubicada. Los normalistas solicitaron a la policía abrir un carril con el objetivo de reunirse con otros compañeros, de los 2 autobuses restantes.

Durante el desarrollo de la protesta, amenazaron con agregar azúcar a los motores, con la intención de provocar una falla, sin embargo hasta el momento no ha ocurrido.

Cerca de las 3:20 de la tarde se desactivó el código rojo, con lo que se reanudaron las actividades; en total se calcula una afectación de 30 mil personas.

Los normalistas continúan su manifestación en el exterior de la central, lo que permitió la normalización del servicio, que se vio afectado por cerca de tres horas.

Por su parte, el Grupo Estrella Blanca, ofreció un comunicado:

“Por la presencia de manifestantes en la Central del Norte, hemos activado protocolos de seguridad y aplicado un cierre parcial.

Nuestra prioridad es la seguridad de usuarios, colaboradores y unidades.

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones."

Tras el levantamiento del código rojo se restablecieron las actividades, las corridas tendrán algunos retrasos debido a la situación.

Una vez reunidos, los manifestantes se replegaron a la calle José Guadalupe Velarde, aún exigen la entrega de los vales.

Asimismo se reportó que una representación de la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación con los presuntos normalistas de Ayotzinapa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este martes, durante su conferencia de prensa matutina, que pidió las extradiciones de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa durante su reunión con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 3 de septiembre.

En dicho encuentro, Sheinbaum y Rubio se reunieron en Palacio Nacional, donde hablaron de seguridad, migración y economía.

Ambos países pactaron un programa de trabajo conjunto en temas de seguridad y en el marco del encuentro, Claudia Sheinbaum aprovechó para pedir la extradición de objetivos prioritarios para la justicia nacional.

Sheinbaum dio detalles de las personas que México solicita en extradición a EEUU. "Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado, fueron solamente estas dos personas y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso", señaló la mandataria nacional.

Niega revelar nombres

Sin embargo, la presidenta se negó a dar a conocer los nombres de las personas pidió a Marco Rubio que fueran extraditados al país.

Ante la petición de una reportera, de dar los nombres de dichos personajes, la mandataria preguntó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) si era factible dar los nombres, a lo que le dijo que no.

“No, por eso hasta pregunté si podía decir (los nombres), sobre qué caso se relacionaba porque es importante por el proceso”, dijo Sheinbaum.

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Marco Rubio la semana pasada. En dicha reunión le pidió al secretario de Estado del país vecino del norte, la extradición a México de objetivos que se encuentran recluidos en la Unión Americana.

La mandataria reveló que en el encuentro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, planteó que el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, provocó un incremento de violencia en el estado de Sinaloa.

“Que había aumentado la inseguridad del estado Sinaloa en particular, porque aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero si escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso, pues lo puede informar después del gabinete de seguridad, y eso es lo que hablamos”, dijo la presidenta en una conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

Agregó que “a nosotros nos interesan casos muy relevantes para México en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá”.

Sheinbaum dijo que no se tocó a fondo el tema del traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa a la Unión Americana.

También afirmó que en la reunión, Marco Rubio no solicitó la presencia de más agentes estadounidenses en nuestro país.

“No, ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y la ley nacional de seguridad, entonces no fue tema de la reunión”, expuso.

Tras la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado jueves, quienes a su salida de dicha reunión se dijeron molestos y plantearon el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a su caso, la mandataria nacional dijo que el nuevo fiscal ha estado trabajando con apoyo en lo que se necesita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado hasta ahora.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que se le presentaron estas nuevas líneas y métodos a los padres de los normalistas en dos ocasiones.

“Lo que se está buscando por parte del fiscal es que se judicialicen estos casos, quiere decir, ya llevarlos directamente ante el juez con suficientes pruebas para que no pueda haber, por parte de un juez, si no hay suficientes pruebas, alguna decisión de no pedir la orden de aprehensión, o que no reconozcan que haya la vinculación”, señaló.

Expuso que el fiscal explicó que para obtener todas las pruebas, después de 11 años, lleva su tiempo, y los padres y las madres estaban de acuerdo en este nuevo método de investigación, aunque querían que siguieran las mismas líneas que venían desde antes, que también se están siguiendo, pero sí habían preguntado que cuándo vendrán las órdenes de aprehensión vinculadas con este esquema.

“El fiscal dio sus razones y la explicación de por qué está llevando un poco de tiempo, entonces ahí, evidentemente desde las madres y padres, dicen por qué no hay más avances si ya llevamos un año en el gobierno, y ahí se dio la explicación”.

Dijo que pensaba que la nueva forma de investigación, más basada en evidencias, llevará a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes.

Por otro lado, dijo, los padres y madres de los normalistas han insistido en que se incorporen grupos de expertos en la investigación, pero ya no era el GIEI, por los problemas que tuvo en el pasado y que muchos de ellos no están interesados en regresar a la investigación, sin embargo, ella pidió a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que hablara con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si era factible buscar expertos en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo, para que los padres de los normalistas tengan la certeza de que se están haciendo bien las cosas.

“Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos”, señaló Sheinbaum.

A más de una década de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, madres y padres acudieron a Palacio Nacional, poco antes de las 13:00 horas, para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum en una nueva reunión sobre el caso.

La mandataria federal ha sostenido varios encuentros con las familias desde el inicio de su gestión, siendo esta la quinta reunión. Los familiares esperan recibir información sobre líneas de investigación recientes y conocer los avances del equipo científico conformado en febrero con la participación de instituciones federales.

Desde su conferencia diaria, Sheinbaum indicó que se están revisando aspectos que no habían sido analizados a fondo, entre ellos el registro de llamadas efectuadas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fechas en las que ocurrió la desaparición en Iguala, Guerrero.

Al ingresar al recinto, los familiares estuvieron acompañados por Isidoro Vicario, su nuevo representante legal, quien expresó que las familias tienen la expectativa de recibir datos nuevos u obtener avances concretos en la investigación. Por su parte, Cristina Bautista, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, manifestó el deseo de obtener información que les brinde tranquilidad, luego de 11 años sin respuestas claras sobre el paradero de sus hijos.

Infobae México confirmó que los familiares estuvieron acompañados por representantes legales y de organizaciones de derechos humanos, tales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encabezado por Abel Barrera

Renuncia de Vidulfo Rosales

Cabe mencionar que el cambio en la defensa legal se debe a la renuncia de Vidulfo Rosales en agosto pasado, quien anunció su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, lo que impactó directamente en la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En su momento, Rosales Sierra mencionó que su renuncia dicho centro también se debió a motivos personales y de salud y al ser un caso complejo que requiere gran dedicación, podría impactar su salud o verse retrasado. Destacó que su labor siempre fue en representación del centro y no de manera individual, y que al separarse de la organización perdería el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las dificultades, amenazas y presiones que implica el caso.

Asimismo aclaró que su renuncia no está relacionada con una invitación a colaborar con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Resultados de la reunión

Tras la reunión, el abogado Isidoro Vicario refirió que los padres “se van un poquito tristes y un poco decepcionados (...) hoy precisamente en este mes de septiembre no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, o que nos puedan indicar por lo menos, también, el paradero de los 43 estudiantes”

Respecto a las investigaciones, señaló que “otra de la líneas (de investigación) de los padres que han estado exigiendo que tampoco no es de ahora es la línea que tiene que ver con el grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y fueron llevados a barandilla municipal, esperábamos que también en esa línea concreta pudiéramos tener avances sustanciales”.

Hasta el momento no se ha dado mayor información.

A casi once años de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, la exigencia de sus familiares al Ejército Mexicano para que entregue 800 folios con información clave sobre el paradero de los jóvenes ha cobrado renovada fuerza.

En el marco de movilizaciones recientes en Guerrero y la Ciudad de México, madres y padres de los normalistas, junto a organizaciones sociales y estudiantiles, han intensificado la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales, reclamando justicia y el esclarecimiento de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.

La demanda central de los familiares se enfoca en la entrega de los folios que, de acuerdo con sus declaraciones, permanecen en poder del Ejército Mexicano y contienen evidencias fundamentales para avanzar en la investigación.

María de Jesús Tlatempa Bello, madre de uno de los desaparecidos, reiteró en un mitin en Iguala que “tienen evidencias, pruebas, nombres y lugares para seguir en esas líneas de investigación, que hasta hoy estamos en espera que se lleven a cabo para saber el paradero de nuestros hijos”.

La petición se dirige directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien los familiares consideran responsable de resolver el caso en su calidad de comandanta suprema de las fuerzas armadas.

De acuerdo con reportes del corresponsal, Sergio Ocampo Arista, de La Jornada, y del diario El Sur de Acapulco, las movilizaciones más recientes se desarrollaron en puntos simbólicos de Iguala, como los obeliscos donde fueron asesinados los estudiantes Julio César Mondragón Fontés, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

En estos actos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala realizaron la 131 acción global por Ayotzinapa.

Las actividades incluyeron mítines, colocación de ofrendas florales y consignas que recordaron la fecha de la desaparición y el asesinato de los normalistas.

Impunidad, falta de avances y reclamos a los gobiernos

En la Ciudad de México, la jornada global por Ayotzinapa inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez, donde se realizó el pase de lista de los 43 estudiantes y de los tres caídos en Iguala, según el informe de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Durante estos actos, las madres y padres de los desaparecidos expresaron su frustración ante la falta de avances sustanciales y la persistencia de la impunidad.

Hilda Legideño, madre de uno de los normalistas, señaló en el mitin del Hemiciclo a Juárez que “diez años han pasado y aquí continuamos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades, el ejército y los policías fueron los responsables de la desaparición de nuestros hijos. No buscaron porque ellos eran los responsables”.

Legideño también criticó la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que “dijo que tenía voluntad de dar con el paradero de nuestros hijos, pero topó con el ejército y ahí se le acabó la voluntad porque respaldó al ejército mexicano”.

La madre concluyó que, pese al cambio de administraciones, la situación no ha variado y las familias siguen enfrentando el mismo ciclo de investigaciones inconclusas y falta de resultados.

El contexto de la exigencia sobre los 800 folios fue detallado por el abogado Isidoro Vicario, quien explicó que desde el último informe del grupo de expertos independientes se identificó la existencia de estos documentos pendientes de entrega por parte del Ejército Mexicano.

Vicario subrayó que “con esos folios podríamos tener información relevante de la ruta de donde habrían sido llevados los 43 estudiantes”. Además, mencionó que persisten líneas de investigación sin profundizar, como la relacionada con el grupo de 17 jóvenes que habrían sido llevados a barandillas de la ciudad de Iguala la noche de la desaparición, así como el análisis de la telefonía celular, que ha mostrado escasos avances.

El abogado recordó que, en la primera reunión con la presidenta Sheinbaum, esta se comprometió a no cerrar el caso Ayotzinapa y a conformar un nuevo grupo de trabajo especializado, pero a más de ocho meses de ese encuentro, las familias continúan esperando resultados concretos.

Las protestas recientes también incluyeron fuertes señalamientos contra los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Los familiares y estudiantes acusaron a las tres administraciones de proteger al Ejército y de no resolver el caso. En la manifestación realizada en el antimonumento +43 de la avenida Lázaro Cárdenas, en Chilpancingo, los participantes denunciaron la impunidad persistente y el desinterés de las autoridades.

La consigna “ni perdón ni olvido” volvió a resonar en las manifestaciones registradas desde el 26 de agosto, reflejando el sentimiento de agravio y la exigencia de justicia que se mantiene vigente a casi once años de los hechos, según lo reportado por Esto Es Guerrero.

El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la crisis nacional de desapariciones en México, donde las cifras oficiales superan las 130 mil personas desaparecidas.

Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacó que “hay miles de desaparecidos, no solo los 43. Sabemos que en México continúan las desapariciones, y nosotros como madres entendemos el dolor de mucha gente que está en sus casas y que no salen porque no tienen los medios para salir a buscar a sus hijos”.

Bautista expresó su solidaridad con las madres buscadoras de todo el país, reconociendo la magnitud del problema y la necesidad de mantener la lucha colectiva.

En este contexto, las familias de los normalistas han convocado a nuevas jornadas de lucha para conmemorar el undécimo aniversario de la desaparición.

De acuerdo con el Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, las actividades se desarrollaron del 17 al 23 de agosto en Guerrero, del 24 al 26 en la Ciudad de México y se espera que concluyan el 27 y 28 nuevamente en Guerrero.

Estas acciones buscan mantener la presión social y política para que el caso no quede en el olvido y se logre finalmente la verdad y la justicia.

Al cierre de las movilizaciones, los familiares y estudiantes reafirmaron su compromiso con la memoria de los 43, entonando el himno de lucha y realizando un pase de lista que culminó con un grito unánime de exigencia de justicia, símbolo de la persistencia y la esperanza que los sostiene en la búsqueda.

Abigael González Valencia, alias El Cuini, señalado como uno de los principales financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fundador de la célula criminal Los Cuinis, compareció este lunes por primera vez ante la jueza federal Beryl A. Howell en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, donde arrancó formalmente el proceso criminal en su contra.

De acuerdo con el periodista Ángel Hernández, la audiencia dio inicio a las 9:30 horas, duró apenas 15 minutos y representó el inicio del juicio contra quienes las autoridades califican como “el cerebro empresarial” detrás del crecimiento del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del México.

Durante la sesión, la fiscal Andrea Goldbarg informó que la primera entrega de evidencias en el caso ya fue presentada: más de 76 mil documentos de interceptaciones de comunicaciones, que incluyen registros de conversaciones en dispositivos Blackberry en las que aparecen El Cuini, su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y Rubén Oseguera, El Menchito.

De acuerdo con el periodista, el acusado, de 61 años, ingresó a la sala vestido con uniforme naranja de prisionero y con manos y pies encadenados. Debido a una falla en los elevadores internos de la prisión, González Valencia entró por la misma puerta que los fiscales, abogados y el público, lo que rompió con el protocolo habitual.

Según la información, durante la audiencia, el acusado intercambió algunas palabras con su abogado Robert Fitl, a quien comentó que padece hipertensión y tenía pendiente una cirugía en México.

Los cargos en su contra

El Cuini, enfrenta tres cargos principales: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego. Ante las acusaciones, González Valencia se coloca dentro de la misma causa penal que El Mencho, considerado el líder máximo del CJNG y casado con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, González Valencia diseñó un esquema financiero que permitió al CJNG expandirse a mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde la venta de cocaína alcanzaba precios millonarios.

Aunque no enfrenta cargos de lavado de dinero, el Departamento de Justicia asegura que invirtió las ganancias ilícitas en negocios y bienes raíces, lo que le permitió mantener una vida de empresario incluso tras retirarse parcialmente del trasiego de drogas.

¿Qué sigue tras la audiencia?

La jueza Howell fijó la próxima audiencia para el 24 de octubre, fecha en la que se revisará el avance del caso y la fiscalía solicitará que este sea designado como “complejo”, lo que permitirá ampliar plazos para reunir pruebas, testimonios y dar tiempo a la defensa a preparar su estrategia.

El abogado Feitl confirmó además que Rubén Oliva, otro de los representantes legales de El Cuini, dejará el caso. Oliva ha defendido a otros capos mexicanos, entre ellos Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos.

Antecedentes de El Cuini

González Valencia fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y tras años de litigios logró retrasar su extradición a Estados Unidos, misma que finalmente se concretó el 12 de agosto pasado. Fue parte del segundo grupo de 26 narcotraficantes entregados por el gobierno mexicano a la administración de Donald Trump.

Apodado también El Cachetón, construyó una de las redes de tráfico de cocaína más lucrativas hacia Europa y Estados Unidos, y llegó a colaborar con el gobierno mexicano como testigo en el caso Ayotzinapa, lo que prolongó aún más su permanencia en prisiones mexicanas antes de su entrega.

El proceso contra González Valencia se perfila como uno de los más relevantes en la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el CJNG, organización considerada actualmente como el cártel más poderoso de México.

Luego de que Vidulfo Rosales, hasta ayer abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, renunciara al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó durante los últimos 24 años, y trascendiera que se incorporaría al equipo del próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo no tener mayor información sobre el tema que lo que sale en medios de comunicación.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Sheibaum señaló que habría que esperar a ver cual es la información que hay sobre el tema.

“Obviamente la Corte es autónoma, ¿No?, el presidente de la Corte toma sus propias decisiones, pero hoy me iban a dar mayor información sobre el tema (...) vamos a esperar", dijo.

Además, sobre el avance de los trabajos con los padres de Ayotzinapa, dijo que pese al cambio, el seguimiento es el mismo, y ellos definían a sus representantes jurídicos, mientras que su gobierno, con quien tenía comunicación, era con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. “Seguimos trabajando”, señaló.

El pasado jueves trascendió que Vidulfo Rosales había renunciado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La renuncia del abogado, se dio a conocer, se debe a motivos personales y por falta de recursos y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Tras la renuncia de Rosales, se prevé que el abogado se integre al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la SCJN, quien tomará posesión del cargo el próximo lunes 1 de septiembre.

¿Quién es Vidulfo Rosales?

Vidulfo Rosales Sierra nació en el año de 1976 en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero. Proveniente de un entorno de pobreza y marginación, Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente al de las comunidades indígenas.

Su trayectoria profesional comenzó en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se graduó en Derecho en 1999, y desde entonces ha trabajado para promover la justicia social y defender a aquellos que enfrentan violaciones de sus derechos humanos.

A través de su cuenta de X, quien encabezará la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, compartió una foto en la que destacó que se llevó a cabo la cuarta reunión de trabajo, en el texto destaca que se trata de dar cumplimiento “con el principal mandato surgido del proceso electoral: la reconciliación de la Justicia con el pueblo de México”.

En el mensaje publicado en la cuenta oficial del ministro presidente electo está acompañado por una fotografía en donde se puede ver a a Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien ha estado al frente del caso desde 2014; en medios de comunicación se ha especulado que cabría la posibilidad de que Rosales podría formar parte de especialistas en derechos humanos que colaboren con la nueva SCJN, aunque esta decisión se podría ver reflejada hasta el próximo 1 de septiembre que entre en funciones.

En el comunicado compartido por Hugo Aguilar menciona que durante su cuarta sesión de trabajo, analizaron proyectos de Acuerdos Generales orientados a cimentar un marco jurídico que favorezca la impartición de justicia pronta, expedita y accesible. Además, discutieron los perfiles más adecuados para integrar el Órgano de Administración Judicial.

En el comunicado se destaca que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte posee la facultad de emitir Acuerdos Generales destinados a optimizar la distribución de los asuntos y, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para agilizar su resolución.

Por tal motivo, las Ministras y Ministros afinan estos instrumentos jurídicos con el propósito de conformar una Suprema Corte eficiente, cercana a la ciudadanía y enfocada en atender a sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los acuerdos en consideración sobresale aquel que regulará la celebración de audiencias públicas, permitiendo la participación de la ciudadanía conocedora de la realidad analizada, especialistas en diversas áreas, organizaciones, pueblos y comunidades que deseen presentar argumentos u opiniones. También se examina un acuerdo orientado a la modernización del manejo y asignación de los asuntos mediante la implementación de un sistema automatizado y aleatorio.

En cuanto a los actos públicos que se desarrollarán el 1 de septiembre, a través del comunicado se informa que determinaron convocar al pueblo de México a presenciar este evento, al que se califica como histórico y en el que la democracia se reconoce como el principio rector de todos los poderes públicos de la nación.

Esta mañana, Pedro Segura Valladares, empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero por el PT y PVEM, recuperó su libertad tras permanecer ocho días en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, también conocido como el penal de Almoloya.

La decisión fue tomada por una juez federal, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró demostrar su supuesta vinculación con el grupo delictivo Guerreros Unidos ni con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Segura Valladares permaneció en prisión solo poco más de una semana, mientras las autoridades evaluaban las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas insuficientes para sostener los cargos en su contra.

Testimonios insuficientes dejan libre a empresario implicado en caso Ayotzinapa

Según el diario Reforma, fuentes cercanas al caso indicaron que la jueza consideró que los testimonios ofrecidos por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) resultaban insuficientes para probar, siquiera de manera indiciaria, el delito imputado.

El fallo constituye el primer revés al nuevo titular de la UEILCA, el fiscal Mauricio Pazarán, funcionario cercano a Omar García Harfuch, desde que asumió el cargo el 15 de julio pasado. La unidad especial de la FGR tiene ahora un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación contra la liberación de Segura, que será resuelto por un tribunal colegiado en la materia.

La acusación presentada por la UEILCA señalaba que Segura Valladares supuestamente era integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y que habría recibido en su hotel a cuatro de los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta hoy desaparecidos.

Estas imputaciones se basaban en las declaraciones de los testigos protegidos “Carla” y “Polo”, así como de Ernesto Pineda Vega, presunto miembro del grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL), quienes lo vincularon con actividades del crimen organizado.

En su declaración del 18 de noviembre de 2024, “Carla” aseguró que el hotel Vida en el Lago funcionaba como bodega de droga de Guerreros Unidos, donde se recibían, almacenaban y distribuían hasta tres toneladas de mariguana quincenalmente.

También mencionó que Segura se reunía con el ex edil José Luis Abarca y con los líderes de la organización, Sidronio Casarrubias Salgado y Gildardo López Astudillo “El Gil”, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

Por su parte, “Polo” declaró el 30 de enero que algunos miembros de Guerreros Unidos se refugiaron en el rancho de Segura tras la desaparición de los normalistas. Mientras tanto, Pineda Vega aseguró el 22 de julio que el empresario era parte del grupo criminal y estaba involucrado en actividades de narcotráfico y secuestro.

En un hecho relacionado, el 28 de agosto de 2022, Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, falleció en el hotel de Segura, un dato que refuerza la compleja relación del empresario con el caso Ayotzinapa.

Segura Valladares grabó su arresto a través de una trasmisión en su cuenta oficial de Facebook, captando el momento en que descendía de su camioneta y era abordado por agentes federales en la región Norte de Guerrero, con las luces de las patrullas iluminando la escena.

En la grabación se observa a los oficiales solicitándole una identificación y verificando que ninguno de sus acompañantes portara armas. “¿Nos ves cara de delincuentes?”, cuestionó el empresario con evidente molestia, antes de recibir la copia del mandato firmado por la jueza segunda de distrito en procesos penales.

El operativo se realizó cerca de las 19:40 horas y la transmisión, que se extendió poco más de tres minutos, perdió el audio hacia el final, justo cuando los agentes le leían sus derechos. Minutos después, Segura Valladares fue subido a una unidad oficial para su traslado.

El 26 de junio, la Ciudad de México fue escenario de la marcha global por Ayotzinapa. Durante la movilización, familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 reiteraron su demanda para exigir avances en la investigación y adelantaron que sostendrán una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Tras un seguimiento de reuniones con el gobierno federal, el próximo martes se espera que los padres de los normalistas sostengan un cuarta encuentro con la mandataria, así lo compartió Mario González, padre del desaparecido César Manuel, para La Jornada. Durante el encuentro, presentarán sus peticiones relacionadas con el caso y solicitarán avances en las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes.

En punto de las 16:00 horas del sábado, los colectivos se congregaron para participar en la jornada 130 de la “Acción Global por Ayotzinapa y México”. Durante la protesta, exigieron al Estado Mexicano trabajar en favor de la verdad, justicia y sanción para quienes resulten responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas durante la llamada “noche de Iguala”. La marcha partió desde el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Hemiciclo a Juárez.

¿Sheinbaum se reúne con padres de normalistas?

En la entrevista con el medio citado, Mario González subrayó que las autoridades han tomado medidas recientes para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre las acciones más relevantes mencionó que, en junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) con el gobierno de Estados Unidos, lograron la extradición de Édgar Damián Sandoval Albarrán, conocido como “La Rana” o “El Wereke”.

Cabe destacar que este individuo, detenido el pasado 9 de junio de 2025 en territorio estadounidense, es considerado un testigo clave en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. González también evidenció la entrega a México de Ariel Núñez Figueroa, un hombre de 30 años presuntamente vinculado con la desaparición de los estudiantes, en marzo 2025.

También ha señalado la destitución de Rosendo Gómez Piedra, quien estuvo al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala (UEILCA), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras haber dirigido durante más de dos años las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.

Su destitución ocurrió después de que integrantes de la unidad y familiares de los normalistas realizaron señalamientos públicos sobre su desempeño. Las principales acusaciones apuntaron a corrupción, abuso de autoridad, ausencia de resultados en la investigación y pérdida de confianza.

Ante ello, los colectivos de familiares solicitaron que se amplíen las investigaciones existentes y exigieron al Ejército la entrega de los 800 folios con información relevante sobre el caso, así como el análisis de llamadas telefónicas. Señaló que durante el encuentro con la mandataria insistirán en su petición para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome su labor en el caso.

Una cadena de muertes violentas ocurridas el pasado fin de semana ha encendido las alarmas sobre una posible purga silenciosa relacionada con los casos criminales más emblemáticos del país. Así lo revela el periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada este martes, titulada Muertes ligadas a los grandes casos de México.

En la madrugada del sábado 14 de junio, tres hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, ubicado en Jilotepec, Estado de México. Según la declaración de su esposa, los atacantes afirmaron ser “personal de la fiscalía” y le ordenaron que saliera del lugar. Al regresar, halló el cuerpo de Reyes Landa con múltiples heridas de bala y casquillos regados a su alrededor.

Reyes Landa fue uno de los primeros detenidos por el caso Ayotzinapa en octubre de 2014. De acuerdo con las declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos, esa noche se había reunido en su domicilio de Cocula con otros miembros del grupo para coordinar la recolección de los “paquetes”: los 43 estudiantes desaparecidos. Se le acusó de asesinar con disparos en la cabeza al menos a tres normalistas en el basurero de Cocula.

Su testimonio fue clave para que el entonces procurador Jesús Murillo Karam construyera la llamada verdad histórica, la cual afirmaba que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, y que sus restos fueron dispersados en el río San Juan.

Además de ser pieza central en el caso Iguala, El Pato fue señalado como el encargado de recolectar el dinero que el alcalde de Cocula, César Peñaloza, entregaba a Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, uno de los jefes del grupo criminal.

No obstante, en 2018 un juez determinó que su confesión fue obtenida bajo tortura, lo que invalidó su testimonio y permitió su liberación. Aunque fue reaprehendido en 2019 por portación ilegal de armas, volvió a ser liberado en 2021.

El asesinato de Reyes Landa ocurrió pocas semanas después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal reafirmara que, pese a los años transcurridos, no se ha acreditado otra versión más sólida que la de la “verdad histórica”.

Pero la espiral de violencia no se detuvo ahí. Apenas un día después, fue hallado sin vida el juez federal Everardo Maya Arias en Zinacantepec, también en el Estado de México. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta, con una herida de bala en la cabeza y una pistola colocada entre las piernas. Las autoridades investigan si se trató de un suicidio o un asesinato.

Maya Arias había sido señalado por el propio Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó en una conferencia mañanera de haber favorecido a delincuentes. En julio de 2024, el juez concedió un amparo al exalcalde José Luis Abarca, también implicado en la desaparición de los 43 estudiantes. Además, en 2022, otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, contra una orden de aprehensión federal.

De acuerdo con De Mauleón, Maya Arias formaba parte del grupo de jueces a los que el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, presionó para que resolvieran casos con impacto político.

Como si fuera poco, el mismo domingo ocurrió una tercera muerte: Lázaro Gambino Espinoza, concuño de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue asesinado en una colonia de Zapopan, Jalisco. Abogado de formación, Gambino fue exdirector jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en 2021, asumió la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Hace unos meses, su nombre apareció en volantes arrojados desde una avioneta sobre Culiacán, donde fue acusado públicamente de tener nexos con Los Chapos, en medio de una lucha interna dentro del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya se deslindó: “No lo conozco, pero el que debe tener algo de información es el secretario de Gobierno”.

Tres muertes, tres escenarios, una coincidencia que inquieta. Los asesinatos de Reyes Landa, Maya Arias y Gambino Espinoza evidencian lo que De Mauleón califica como una “red de podredumbre”, donde nombres, crímenes y silencios se entrelazan bajo la superficie de la justicia mexicana.

Estos hechos, aparentemente desconectados, están unidos por un hilo común: su relación con los grandes casos criminales y de corrupción que han marcado a México en la última década.

En el Estado de México fue hallado el cuerpo de un hombre identificado como Patricio Reyes Landa, un hombre apodado El Pato y quien en su momento fue identificado como un presunto operador criminal y quien fue ligado con el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Fue el reportero Mario Rodríguez el que informó el 15 de junio, en el medio Milenio, que el cuerpo de Patricio Reyes fue hallado en un inmueble ubicado en el municipio de Jilotepec. Al sitio llegaron tres sujetos con el rostro cubierto y obligaron a salir a las personas que se encontraban para quedarse únicamente con El Pato.

Posteriormente, el cuerpo de dicho sujeto fue hallado con signos de arma de fuego. Los hechos violentos ya son investigados por las autoridades y hasta el momento no han sido informadas detenciones ligadas al caso.

“El Pato” y el caso Ayotzinapa

Patricio Reyes Landa fue detenido a finales de octubre de 2014. Su testimonio sobre la desaparición de los estudiantes fue importante para la creación de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

El Pato fue presentado por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, en el 2018 Reyes Landa fue liberado luego de que un juez determinó que las declaraciones que lo ligaban con el secuestro de los normalistas (delincuencia organizada y secuestro) fueron obtenidas mediante tortura.

Para septiembre de 2021 El Pato fue detenido en Jilotepec, Edomex. La detención de dicho sujeto fue conformada por Vidulfo Rosales Sierra, abogado y vocero de los padres y madres de los normalistas, y quien detalló desconocer si su recaptura estaba relacionada con el caso de los estudiantes.

Por su parte, el proyecto dirigido por la periodista Marcel Turati, A dónde van los desaparecidos documentó en un artículo de octubre de 2024 que hubo otras personas torturadas por elementos de seguridad y ligadas con la desaparición de los estudiantes.

“Los hermanos Ríos Sánchez fueron los primeros detenidos por la Semar, que esas primeras semanas se dedicó a capturar personas. En las mismas instalaciones navales serían después torturados Patricio Reyes Landa, el Pato, y Agustín García Reyes, el Chereje, dos de las personas que fueron inculpadas para sustentar la llamada ´verdad histórica´“.

Por su parte, el pasado 4 de junio fue informada la captura de Juan Miguel “N”, un hombre apodado Pajarraco, y quien podría ser integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, además de que podría estar ligado con el caso de los estudiantes.

Elementos de seguridad federal detuvieron a Juan Miguel “N”, alias ‘El pajarraco’, identificado como miembro del grupo criminal de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La acción se realizó en la colonia Centro del municipio de Almoloya en el estado de Hidalgo, en el que Juan Miguel “N”, de 37 años de edad, fue localizado y capturado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Se trata de la segunda ocasión en la que El Pajarraco es detenido por lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La primera captura de Juan Miguel “N” se llevó a cabo en agosto de 2018 por la Policía Federal de Investigación en Piedras Negras, Coahuila, acusado de delincuencia organizada y secuestro, pero dos semanas después fue liberado.

¿Quién es El Pajarraco?

Luego de ser detenido por primera ocasión en 2018, Juan Miguel “N” tuvo una entrevista con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acerca de lo sucedido en Iguala.

De acuerdo con documentos obtenidos por Milenio, El Pajarraco le dijo al personal de la Comisión que deseaba contarle a los padres de los estudiantes que “ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”.

Infobae México pudo corroborar en un documento de la CNDH que El Pajarraco proporcionó su versión de los hechos a visitadores de la Comisión en la que relató los presuntos hechos realizados en el basurero de Colula.

En dicho informe, la CNDH detalla que el relato de los hechos por Juan Miguel “N” “coincide con la de los coinculpados que participaron en los sucesos de traslado de los normalistas y en los Vertedero de Colula”.

Cabe señalar que esta declaración también formó parte de la llamada “Verdad Histórica” por parte de la entonces Procuraduría General de la República, en la que se informó que los 43 estudiantes habían sido incinerados y arrojados al Río San Juan de Cocula.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) emitió un informe en 2014 en el que aseguró que la versión oficial se construyó en declaraciones auto incriminatorias de personas detenidas que pertenecían a Guerreros Unidos, en la que más de 30 de ellas habían sufrido abusos como “golpes, patadas o toques eléctricos”.

Esta versión fue modificada durante las investigaciones realizadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se informó que los 43 estudiantes fueron desaparecidos por criminales de Guerreros Unidos al haber secuestrado autobuses en los que el grupo criminal transportaban heroína.

Sin embargo, a 11 años de los hechos, aún no se sabe el paradero de los normalistas de Ayotzinapa a pesar de la investigación realizada en el sexenio anterior.

Fuerzas federales lograron la detención de Juan Miguel “N”, alias Pajarraco, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Su detención se llevó a cabo en el estado de Hidalgo, donde fue ubicado con base en los trabajos de inteligencia e investigación. Mediante un operativo desplegado en la colonia Centro del municipio de Almoloya, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Pajarraco está presuntamente implicado en delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Este sujeto fue aprehendido en la calle Ernesto Viveros Oriente el martes 3 de junio.

En el Registro Nacional de Detenciones (RND) fue descrito como un hombre de complexión delgada y tez morena clara. Al momento de su aprehensión vestía una pantalón de mezclilla azul, playera negra y sudadera del mismo color.

“El detenido está vinculado con el caso de Ayotzinapa ocurrido en 2014″, se lee en el informe difundido por la SSPC. Se detalló que Pajarraco forma parte de Guerreros Unidos, agrupación implicada en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Caso Ayotzinapa

Los hechos ocurrieron en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los normalistas se preparaban para trasladarse a la Ciudad de México (CDMX), con motivo de la conmemoración de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Al momento de tomar autobuses para trasladarse a la CDMX, policías municipales retuvieron a los estudiantes y, desde entonces, se encuentran en calidad de desaparecidos.

Según los informes de la Comisión Para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la movilización de los normalistas llamó la atención de Guerreros Unidos, agrupación que utilizaba camiones para transportar droga a Estados Unidos (EEUU), principalmente a Chicago.

“Integrantes de ‘Guerreros Unidos’ dieron órdenes para que estuvieran alertas de lo que estaba sucediendo. En diversas declaraciones y testimonios, entre las 20:00 horas y las 20:30 horas del 26 de septiembre, se dio a la orden de agruparse y alistarse para apoyar a Iguala porque se tenía la creencia de que dentro del grupo de estudiantes venían infiltrados gente de ‘Los Rojos’”, se lee en un el segundo informe de la Comisión.

En su momento, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue vinculado a estos hechos. Cuando fue detenido en noviembre de 2014, era señalado de los delitos de homicidio, desaparición forzada y tentativa de homicidio.

Pese a su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, ayer 3 de junio se informó que José Luis Abarca fue absuelto por el secuestro de los normalistas, debido a la supuesta falta de pruebas.

No obstante, cabe mencionar que en mayo de 2023, el exalcalde de Iguala fue sentenciado por un juez federal a 92 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de seis activistas, entre los que se encontraba Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).

Un Tribunal Colegiado confirmó la absolución de José Luis Abarca Velázquez del secuestro de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Esta decisión ocurrió debido a que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas rechazó el amparo interpuesto por los padres y madres de los 43 normalistas respecto a la sentencia absolutoria del exalcalde de Iguala, Guerrero, en 2023.

En mayo de ese año, el Tribunal absolvió a Abarca y al exsecretario de Seguridad Pública de la localidad, Felipe Flores Velázquez, así como a 18 personas más por el delito de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Luego de analizar el fallo del año 2023 respecto a la presunta responsabilidad de Abarca en los delitos antes mencionados en el caso de los 43 estudiantes, el Tribunal de Apelación ratificó la sentencia dictada en la causa penal 66/2015 por el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

Cabe señalar que José Luis Abarca fue detenido en noviembre de 2024 en la Ciudad de México junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

De acuerdo con declaraciones y análisis de telefonía, fueron identificados presuntos vínculos del exalcalde de Iguala con la organización criminal de Guerreros Unidos, la cual es señalada por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes.

A pesar de esta decisión, José Luis Abarca permanecerá recluido debido a que actualmente enfrenta una pena de 20 años de prisión por el asesinato del síndico municipal, Justino Carbajal Salgado en 2013.

Abarca también enfrenta procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero, esto por la adquisición de inmuebles en Guerrero con dinero ilícito por más de 8 millones de pesos.

Además, el exedil de Iguala fue sentenciado a 92 años de prisión en mayo de 2023 por el delito de secuestro en perjuicio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular (UP), entre ellos su líder, Arturo Hernández Cardona.

Luego de casi 11 años de permanecer en reclusión, Abarca fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramoz Arizpe, en Coahuila, el pasado 30 de abril.

Dicha medida fue informada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal. Desde el 2014, Abarca permanecía en el penal del Altiplano tras ser detenido por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este miércoles que está evaluando la petición de cambiar al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, tal y como solicitaron las familias debido a la pérdida de confianza y ante la falta de resultados.

"Ellos han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no", ha explicado la presidenta mexicana durante su matutina rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional, desde donde ha destacado que se ha estado fortaleciendo la Fiscalía con nuevo personal especializado.

Sheinbaum ha señalado que en caso de que se dé el paso de sustituir al actual responsable de llevar las investigaciones, el nuevo fiscal ha de contar también con la valoración positiva de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, un caso que se remonta a septiembre de 2014.

"Si se cambia, que sea una persona que sea reconocida también por los padres y las madres", ha dicho la mandataria, quien ha remarcado que ha de contar tanto con la "confianza" de los familiares como con la del Gobierno. "Que nosotros sepamos que va a llevar a cabo todas las líneas de investigación", ha dicho.

Sheinbaum ha manifestado su "esperanza" de que la investigación conduzca hacia donde desean todos los mexicanos, que no es otra cosa que "verdad, justicia y encontrar a los jóvenes".

Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que se conoció como la 'verdad histórica', que sostiene que fueron asesinados por este grupo al ser confundidos por miembros de una banda rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la connivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.

“Ellos (los familiares) han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en referencia uno de los casos emblemáticos de la tragedia de los desaparecidos en México.

Sheinbaum recibió el martes a los padres y madres de los normalistas quienes tras la reunión expresaron su deseo de cambiar al fiscal actual, Rosendo Gómez, encargado del caso desde el 2022, a quien acusan de corrupción, falta de resultados y abandono del enfoque en la búsqueda con vida de los estudiantes.

En ese sentido, la gobernante mexicana dijo que si se cambia al fiscal actual, debe ser una persona reconocida por los familiares de los desaparecidos.

Asimismo, se refirió a la declaración de Gómez, quien antes de la reunión afirmó que lo que ahora se busca son los cadáveres de los normalistas.

“Es una declaración muy desafortunada”, subrayó, al señalar que su gobierno sigue trabajando para encontrar a los jóvenes.

La gobernante mexicana apuntó que tras su reunión con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos se acordó buscar nuevos esquemas de investigación para localizarlos y también para conocer lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014.

“Estamos buscando nuevos esquemas de investigación, estamos desarrollando nuevos esquemas que tienen que ver con esquemas de investigación diferentes a los que se han seguido hasta ahora”, apuntó Señaló que la reunión con los padres de Ayotzinapa fue de acercamiento, para explicarles estos nuevos métodos de investigación y confió en que ello lleve a la verdad y la justicia.

“Tengo la esperanza, de certeza es difícil, pero la esperanza de que esta nueva investigación nos lleve a lo que queremos todos los mexicanos, queremos verdad, justicia y encontrar a los jóvenes, (los padres y madres) están de acuerdo de que se sigan estas formas de investigación y se está trabajado con ellos”, señaló.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Los padres y madres de los normalistas, han dado voto de confianza a Sheinbaum, tras romper el diálogo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien incumplió su promesa de resolver el caso. EFE

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Familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 han solicitado a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, la destitución del fiscal del caso, Rosendo Gómez, por pérdida de confianza.

El portavoz del grupo y padre de uno de los desparecidos, Melitón Ortega, ha considerado que el fiscal no ha obtenido resultados y ha desviado la línea de investigación. "La confianza se perdió cuando el fiscal declaró que ahora se buscan cadáveres. Eso va en contra de lo que exigimos desde el principio: la presentación con vida de nuestros hijos", ha señalado en declaraciones recogidas por el diario 'El Sol de México'.

El colectivo de padres ha trasladado esta petición a la mandataria mexicana durante un encuentro a puerta cerrada en la sede presidencial, en el que se ha acordado la celebración de una nueva reunión a finales de julio.

Previamente, el fiscal ha defendido su labor en declaraciones a la prensa informando de que el Ministerio Público ha visitado más de 800 lugares, detenido a 120 personas y abierto 46 causas penales.

Sheinbaum anunció hace poco más de diez días que la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana, está siendo investigada por presuntamente eliminar vídeos vinculados al caso. Las familias de las víctimas han señalado a esta magistrada detenida a mediados de mes como la responsable de la destrucción de pruebas.

Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado

La presidenta del México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante la mañanera del día de hoy, 28 de mayo, sobre las declaraciones del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra en la reunión que tuvo con los familiares de los 43 normalistas.

Gómez declaró en que “Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”.

“Es una declaración muy desafortunada... lo importante aquí es que seguimos trabajando”, declaró la mandataria sobre las palabras del fiscal, que causaron enojo a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Después de la reunión entre familiares, el fiscal y la presidenta, Melitón Ortega, vocero de las familias mencionó:

“A raíz de esas evidencias que ha habido, por eso los padres ya plantean eso. Con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar en eso. Además, nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal”.

Además agregó que uno de los temas que plantearon los familiares fue la solicitud de remoción del fiscal Rosendo Gómez Piedra.

La atención se centró en las acusaciones de presunta corrupción contra el titular de la unidad especial del caso Ayotzinapa, lo cual, según los padres de los estudiantes, anula cualquier posibilidad de esclarecer la verdad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto a la reunión que sostuvo el día de ayer con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Según el testimonio de la mandataria, la reunión fue de acercamiento y destacó que se están desarrollando en diferentes entidades de seguridad nuevas lineas de investigación.

“Estamos desarrollando nuevos métodos de investigación que tienen que ver con esquemas diferentes a los que se han seguido hasta ahora”, explicó la presidenta.

Detalles de la reunión sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

De acuerdo con la mandataria, han estado en contacto con los familiares para explicarles cuáles son dichas formas de investigar y eso nos está dando mucho más información.”

Además, dijo tener la “esperanza de que esta nueva forma de investigación lleve a lo que queremos todos los mexicanos”, especificando que se trata de verdad, justicia y encontrar a los jóvenes.

También señaló que “ellos (los padres y madres buscadores) están de acuerdo en que se sigan estas formas de investigación y las estamos trabajando con ellos porque creemos que tenemos que respetarlos y además la investigación siempre debe mantenerse. cerrada para evitar cualquier filtración”.

Además, compartió que uno de los planteamientos propuestos por los padres fue el cambio del fiscal especial Rosendo Gómez Piedra pero mencionó que se está viendo es o no necesario”.

Además, planteó que Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, está fortaleciendo la fiscalía a propuesta del gobierno, con personas especializadas en estas nuevas formas de investigación que permitirán abrir nuevas rutas para conocer la verdad.

Con esto, la presidenta destacó que se está acompañando a los padres y que se continúan labores que vienen desde el sexenio pasado.

“Nosotros marchamos con ellos. Más allá de lo que se venía haciendo con el ex presidente López Obrador, la comisión, etc. Esta nueva vía pienso yo que nos va a dar nuevas herramientas para llegar a la verdad”, concluyó la mandataria.

Además, mencionó que Mauricio Pasarán fue presentado como coordinador general de investigación de la unidad especial y explicó que es un ministerio público que trabajó con Ernestina Godoy y que conoce nuevas formas de investigación para aterrizarlas a las carpetas.

En caso de que se sustituyera al fiscal actual, así como lo solicitaban los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la mandataria dijo que se buscaría que fuera alguien reconocido por los padres y madres, por lo que buscarían ponerse de acuerdo con ellos para que sea alguien que les genere confianza y sobre todo que también sea alguien que saben que “va a cumplir con su trabajo”.

Por primera vez desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, una autoridad federal reconoció públicamente que los esfuerzos se estarían concentrando en localizar sus "cadáveres". La declaración fue realizada por el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, y desató una reacción inmediata de las madres y padres de los normalistas, quienes además han exigido su destitución por presunta corrupción, falta de resultados y pérdida total de confianza.

La afirmación ocurrió en el marco de la tercera reunión entre familiares y la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo este martes asado 27 de mayo en Palacio Nacional, donde el tema central fue la continuidad del fiscal al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

Previo al encuentro, Rosendo Gómez Piedra declaró ante medios nacionales: “Los avances, tenemos 120 detenidos, más de 46 causas penales, llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres”.

Consultado sobre si han localizado a los jóvenes, respondió: “Bueno es que los avances son esos. Ahora, si ustedes me preguntan si hemos encontrado nosotros a los muchachos, no los hemos encontrado, pero las investigaciones continúan, sí, los procesos no se detienen, sí, ni las investigaciones tampoco”.

Estas declaraciones fueron percibidas como un cambio radical en el discurso, y para muchos, una forma institucional de renunciar a la búsqueda con vida de los estudiantes.

Padres exigen destitución del fiscal especial

A la salida de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las familias, expresó la indignación colectiva: “A raíz de esas evidencias que ha habido, por eso los padres ya plantean eso. Con eso ya pierde toda la confianza de poder continuar en eso. Además, nunca hemos tenido una respuesta contundente con el fiscal”.

Durante el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, Melitón Ortega señaló que el primer tema que los familiares plantearon fue la solicitud de remoción del fiscal Rosendo Gómez Piedra. Según explicó, la exigencia se centró en los señalamientos de presunta corrupción cometida por el titular de la unidad especial del caso Ayotzinapa, lo que, a juicio de los padres, invalida cualquier posibilidad de alcanzar la verdad. Frente a ello, propusieron que una nueva persona asuma el cargo, argumentando que no hay condiciones para confiar en una investigación encabezada por alguien bajo sospecha de malos manejos.

“La Presidenta no respondió, pero creo yo ya se puso en la mesa de trabajo”, confirmó.

De acuerdo con Milenio, Rosendo Gómez Piedra enfrenta una denuncia formal interpuesta el 28 de abril ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Presidencia de la República. La denuncia fue presentada por Ricardo Domínguez Mora, integrante de la propia unidad, y lo acusa de peculado, cohecho, extorsión, abuso de autoridad e intimidación.

Entre los motivos de molestia de los padres también figuran acciones consideradas inapropiadas y frívolas, como la organización de un desfile de disfraces para Día de Muertos en 2023, a pocos días de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual el fiscal no asistió.

Durante la reunión con Sheinbaum, Gómez Piedra no tomó la palabra y ningún funcionario del gobierno federal salió en su defensa, de acuerdo con el mismo medio.

Un nuevo coordinador

Aunque la presidenta no anunció la destitución formal del fiscal, sí fue presentado un nuevo funcionario en la estructura de la investigación: Mauricio Pazarán, exfiscal territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue designado como Coordinador General de Investigación adscrito a la UEILCA.

Según agentes de la unidad citados por Milenio, Pazarán se presentó el 6 y 7 de mayo en las oficinas de la fiscalía ubicadas en la colonia Doctores, y desde entonces la oficina de Gómez Piedra permanece vacía.

Pazarán ha sido fiscal en Xochimilco, de asuntos relevantes y en narcomenudeo; también fue jefe de unidad de amparos y apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Avances pendientes y nueva reunión en puerta

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, afirmó que la presidenta Sheinbaum ha solicitado una “nueva mirada” en la investigación, con énfasis en el uso de tecnología y evidencia objetiva, considerando que “los testimonios que han dado los detenidos van cambiando de acuerdo a sus intereses”.

Asimismo, se planteó una nueva reunión para finales de julio, posiblemente el día 27, en la que se dará seguimiento a los compromisos asumidos, entre ellos el acceso a 800 documentos de inteligencia militar que las familias exigen desde el sexenio anterior.

A más de 10 años de los hechos, la demanda de justicia para los 43 permanece abierta. Los familiares no solo reclaman resultados: piden verdad, rendición de cuentas y un proceso libre de corrupción.

Este martes, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que hoy, alrededor de la 1 de la tarde, se reunirá con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Los voy a recibir hoy, a los padres de Ayotzinapa, es parte de las reuniones que tenemos para darle seguimiento a la investigación, a ellos los voy a recibir el día de hoy alrededor de la 1″, señaló Sheinbaum.

Expuso que era una responsabilidad hablar con ellos y si ellos aprobaban, se seguiría informando del caso.

“Primero es a los padres y a las madres, es una responsabilidad primero hablar con ellos, y si ellos aprueban, seguir informando, sino, pues nosotros seguimos trabajando para la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes”, concluyó la presidenta de México.

Cabe destacar que el pasado martes, los padres y madres de los normalistas desaparecidos ya habían adelantado que se reunirían con la mandataria.

Mario González, padre del joven César Manuel González, anunció que en el encuentro esperan que haya disposición de la mandataria para destrabar las indagatorias y lograr que se haga justicia y se aprehenda a los verdaderos culpables.

En el marco de la marcha mensual, denominada “Acción 127”, al cumplirse 10 años y ocho meses de la desaparición de los normalistas, Mario González afirmó que espera encontrar en la presidenta Sheinbaum una actitud diferente a la que tenía el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Decirles que mañana tenemos reunión con la presidenta y decirles también que la exigencia, ya no hay, es pedir los folios, los 800 folios y el regreso delGIEI. No podemos permitir tener un fiscal a modo, un fiscal que no sirve para nada. (…) Desafortunadamente, de las 60 órdenes de aprehensión cuando pusieron a este inútil, la bajaron a 16, pero así trabaja el gobierno”, señaló.

Un juez federal dictó auto de formal prisión a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado Guerrero, acusado por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Esta mujer, de 79 años, fue detenida en el municipio de Chilpancingo al cumplimentarle una orden de aprehensión contra Lambertina “N”, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, en el estado de Guerrero.

En el operativo de captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia fue detenida luego de que un Juez de Control otrogara una orden de cateo para intervenir un domicilio de la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, municipio de Chilpancingo, donde se resguardaba la ex funcionaría pública estatal

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial quien este 21 de mayo le dictó auto de formal prisión por los delitos contra la administración de justicia y delito forzadas cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas.

La defensa de la ex funcionaria había solicitado la duplicidad del término para resolver su situación jurídica, por lo que se le decretó prisión preventiva oficiosa, misma que prevalece luego del auto de formal prisión.

Lambertina Galeana Marín fungió como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Guerrero en el año 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Según las autoridades federales, Galeana Marín ordenó desaparecer las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos la noche del 26 ymadrugada 27 de septiembre del 2014.

La Magistrada presidenta tenía a su cargo a Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez, empleados en el área de informática del TSJ de Guerrero, adscrito al Distrito judicial de Hidalgo en Iguala.

José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, y presunto implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, fue trasladado del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México, hacia uno de Coahuila.

Al cumplirse casi 11 años de su reclusión, Abarca fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramoz Arizpe, en Coahuila.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal informó que el traslado de José Luis Abarca Velázquez, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, se llevó a cabo el 30 de abril de este año.

Abarca Velázquez ingresó al penal del Altiplano en noviembre de 2014, tras ser detenido por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Desde entonces, ha enfrentado diversos procesos legales que han resultado en condenas significativas.

Qué otros delitos enfrenta José Luis Abarca

En abril de este año, un juez federal en Guerrero lo sentenció a 20 años de prisión por el homicidio calificado de Justino Carvajal Salgado, quien era síndico municipal y sobrino del senador Félix Salgado Macedonio.

Este asesinato ocurrió en 2013, cuando Carvajal Salgado fue ejecutado tras diferencias con Abarca.

Además, en mayo de 2023, Abarca recibió una sentencia de 92 años de prisión por el delito de secuestro en perjuicio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos su líder, Arturo Hernández Cardona.

Este caso se remonta al 30 de mayo de 2013, cuando Hernández Cardona, junto con Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez, fue asesinado en Iguala.

En el mismo evento, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes, también miembros de la organización, fueron privados de su libertad. Según las investigaciones, los secuestros y asesinatos ocurrieron debido a las demandas de los campesinos, quienes exigían fertilizantes para sus cultivos.

En 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra Abarca, vinculándolo con el grupo criminal Guerreros Unidos y acusándolo de los homicidios de los tres integrantes de la Unidad Popular de Guerrero, así como del asesinato de Justino Carvajal Salgado.

El caso de José Luis Abarca Velázquez ha sido emblemático en el contexto de la violencia y la corrupción en México, destacando su presunta relación con grupos delictivos y su papel en hechos de alto impacto social.

Las sentencias dictadas en su contra reflejan la gravedad de los crímenes que se le imputan, mientras que su traslado a un nuevo centro penitenciario marca un nuevo capítulo en su situación legal.

Una jueza federal negó la solicitud de libertad provisional a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La decisión fue tomada por la Jueza Raquel Duarte Cedillo, del Segundo Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, quien determinó que Galeana debe permanecer en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil No. 16, en Coatlán del Río, Morelos, mientras se define su situación jurídica.

Además, la jueza argumentó que concederle ahora la libertad implicaría hacer una interpretación de la Carta Magna y eso está prohibido desde el pasado primero de enero, cuando entró en vigor la reforma de supremacía constitucional.

“A partir del 1 de enero de 2025, que entró en vigor la reforma al numeral 19 constitucional, el legislador hizo expresamente prohibición para que se suspenda, inaplique y modifique la prisión preventiva oficiosa de los delitos ahí previstos, ya sea de manera total o parcial.

Además, cabe indicar que la vigencia de la nueva disposición constitucional es clara y no hay un artículo transitorio que prevea alguna salvedad, vedando expresamente que el juzgador realice una tarea de interpretación", se lee en el fallo de la juez.

Esta negativa implica que Galeana Marín, deberá permanecer detenida, al menos hasta el próximo martes, cuando se celebrará una audiencia clave para definir si se le dicta auto de formal prisión por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia, o si se le concede la libertad por falta de pruebas suficientes.

El abogado de Galeana, José Luis García Miranda, declaró que si se formaliza el proceso penal contra su defendida, solicitará una modificación en las medidas cautelares. Por ahora, la ex funcionaria judicial permanecerá recluida mientras avanza el proceso en su contra.

Desaparición de pruebas; videos, fotos y testimonios ¿Qué se sabe del caso de Galeana Marín?

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el pasado 14 de mayo a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por presunta responsabilidad en la destrucción de videos clave relacionados con la desaparición de los 42 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Galeana Marín, de 80 años, fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero para su certificación médica y posteriormente a un ingreso penal.

Se le acusa de haber ordenado la destrucción de grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales podría haber registrado el momento en que policías municipales y presuntos integrantes del Cártel Guerreros Unidos interceptaron a los estudiantes.

Según la información, la exmagistrada está acusada de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, pues estaría relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que en el arresto participaron elementos de la SSPC, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

Además de la orden de aprehensión, un juez de control giró una orden de cateo en el domicilio de la inculpada.

"A la mujer se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica”, se informó.

Al lugar llegó una ambulancia, pues se supo que la exmagistrada requirió atención médica debido a problemas de hipertensión.

En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que se creó por el caso Ayotzinapa, informó que Galeana Marín ordenó la destrucción de los videos porque las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”.

En septiembre del mismo año, el juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, giró diversas órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales por el mismo caso, entre ellos Galeana Marín, quien estaba acusada por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

Su acusación estaba relacionada con la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad de Ciudad Judicial en Iguala, los cuales habrían grabado el momento en que un grupo de normalistas de Ayotzinapa eran raptados por hombres armados justo enfrente de las instalaciones del Poder Judicial.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que las órdenes de aprehensión fueron canceladas.

La participación de Lambertina Galeana y la desaparición de los videos es una de las principales exigencias de los padres de los normalistas y sus compañeros, quienes cada año protestan en Ciudad Judicial de Iguala.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. EFE

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Según la información, la exmagistrada está acusada de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, pues estaría relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que en el arresto participaron elementos de la SSPC, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

Además de la orden de aprehensión, un juez de control giró una orden de registro en el domicilio de la inculpada.

"A la mujer se le informó del motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica”, se informó.

Al lugar llegó una ambulancia, pues se supo que la exmagistrada requirió atención médica debido a problemas de hipertensión.

En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que se creó por el caso Ayotzinapa, informó que Galeana Marín ordenó la destrucción de los videos porque las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”.

En septiembre del mismo año, el juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, giró diversas órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales por el mismo caso, entre ellos Galeana Marín, quien estaba acusada por los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada.

Su acusación estaba relacionada con la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad de Ciudad Judicial en Iguala, los cuales habrían grabado el momento en que un grupo de normalistas de Ayotzinapa eran raptados por hombres armados justo enfrente de las instalaciones del Poder Judicial.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que las órdenes de aprehensión fueron canceladas.

La participación de Lambertina Galeana y la desaparición de los videos es una de las principales exigencias de los padres de los normalistas y sus compañeros, quienes cada año protestan en Ciudad Judicial de Iguala.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. EFE

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Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tocó el tema de la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana, el pasado miércoles, por estar presuntamente relacionada con la destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Tras esto, una reportera señaló que varios columnistas volvieron a mencionar a Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el caso.

A la presidenta se le preguntó si se investigaría a alguno de ellos, y su opinión sobre la detención de la expresidenta del TSJ estatal.

Sheinbaum dijo que el caso de Omar García Harfuch se ha explicado muchas veces, e incluso, señaló, él lo puede volver a explicar.

“Él no estaba en Guerrero en aquella época, y se ha explicado en muchas ocasiones, entonces no veo ningún problema, de todas maneras, la investigación la hace la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Dijo que en particular, en el caso de Lambertina Galeana, es algo que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa preguntaban.

“¿Qué fue lo que pasó? Y ya se puede explicar con más detalle cuando hablemos de este caso. Algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes, se detuvieron en el Palacio de Justicia, y después desaparecieron los videos del Palacio de Justicia, presuntamente sí existían pero se borraron, entonces, según la Fiscalía Especializada, lo que está investigando es por qué esos videos se borraron, y esa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ese es el motivo que los padres y madres, desde hace tiempo, habían estado planteando, por qué esos videos se habían borrado".

Dijo que ahora, lo que sigue en la investigación, depende de la Comisión especial de la subsecretaría, pero particularmente, de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa.

Señaló que ahora se encontró esta circunstancia, y por eso la detención.

Sobre si se investigará al exgobernador, dijo que eso lo definirá la Fiscalía. “No lo define la presidenta, eso es algo que está en las investigaciones, en el momento en que los padres y las madres nos autoricen, porque lo primero es siempre hablar con ellos en estas reuniones que se tienen, y donde está presente la Fiscalía especializada, se puede dar mucho más información de cuál es también una nueva orientación en la investigación que se está siguiendo en el caso Ayotzinapa”, señaló la mandataria nacional.

Detienen a expresidenta del TSJ de Guerrero por caso Ayotzinapa

Cabe señalar que el pasado miércoles, Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, fue detenida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de Chilpancingo, por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

La extitular del Poder Judicial de Guerrero fue aprehendida en la mañana en la colonia Ruffo Figueroa de la capital guerrense, y posteriormente fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero, para su certificación médica y posterior ingreso a un penal.

En el Registro Nacional de Detenciones fue señalada como una “mujer de la tercera edad, tez morena, complexión delgada, cabello entrecano con tinte castaño”.

Ella es acusada del extravío de los videos de las cámaras del C4, en los que quedaron registradas las acciones de la Policía Municipal y de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos contra los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Familiares de los normalistas señalaron a Galeana Marín como responsable de esconder evidencia de lo que ocurrió esa noche.

El trabajo de las autoridades del Estado mexicano en la investigación en el caso Ayotzinapa enfrenta su peor crisis desde su creación después de que integrantes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) han presentado una denuncia formal contra su titular, el fiscal Rosendo Gómez Piedra, por presuntos actos de corrupción, malversación de recursos, acoso laboral y obstrucción de la justicia. Esta situación podría agravar el ya deteriorado proceso de búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

La denuncia, presentada el 28 de abril de 2025 bajo el seudónimo “Ricardo Domínguez”, fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal general Alejandro Gertz Manero. En el documento se detalla una serie de irregularidades cometidas por Gómez Piedra desde su llegada en 2022. Entre ellas, el uso indebido de recursos públicos, extorsión a empleados y contratación de personal sin perfil adecuado.

Los supuestos derroches del fiscal para Ayotzinapa: venta de quesos, clases de baile y explotación laboral bajo su mando

Según el escrito, el fiscal Rosendo Gómez Piedra habría obligado a trabajadores a comprar productos de allegados suyos (quesos artesanales) y, además, de exigir parte de sus bonos de productividad. También se le señala por presuntamente utilizar el edificio de la fiscalía para recibir clases de baile y contratar a personal inexperto. Supuestamente, a estos últimos les pidió su primer salario a cambio del puesto.

Estas acusaciones se suman a una gestión ampliamente cuestionada por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Desde su nombramiento, manifestaron su inconformidad por la falta de transparencia en el proceso de selección, así como por el nulo conocimiento de Gómez Piedra en temas de derechos humanos. A esto se suma el desmantelamiento de líneas de investigación clave, al igual que la renuncia o desplazamiento de fiscales con experiencia en el caso Ayotzinapa.

Gómez representa una “piedra en el camino” para la verdad de la desaparición de los 43 normalistas

Gómez Piedra ha rechazado todas las acusaciones que se le han imputado. Ante ello, ha impulsado la versión de que se trata de represalias tras el despido de dos funcionarias a quienes acusa de robar información confidencial sobre extradiciones relacionadas con el caso. No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos han expresado preocupación por el deterioro de la fiscalía y la posible pérdida de avances obtenidos en años anteriores.

El caso Ayotzinapa es considerado uno de los más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México. Su resolución se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la actual crisis en la UEILCA amenaza con sepultar la verdad detrás de la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Familiares de los estudiantes han exigido públicamente la renuncia del fiscal especial. A la par, han pedido que haya la designación de un nuevo titular con probada trayectoria en justicia transicional y derechos humanos. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido una postura clara sobre la situación.

Jonathan Maldonado Hernández, sobreviviente del ataque contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, falleció recientemente en condiciones de presunto abandono institucional, según informó el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa a través de un comunicado.

Maldonado, quien perdió varios dedos de la mano derecha debido a un disparo recibido durante los hechos, jugó un papel crucial en las investigaciones del caso Ayotzinapa que han buscado esclarecer uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México.

De acuerdo con el comunicado emitido por el colectivo, Maldonado colaboró activamente con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Su testimonio y participación fueron fundamentales para el arresto y enjuiciamiento de policías municipales, estatales, federales, elementos del Ejército mexicano y miembros del crimen organizado, quienes han sido señalados como responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y de otros crímenes relacionados.

A pesar de su contribución al avance de las investigaciones, el colectivo denunció que Maldonado vivió en el olvido por parte de las autoridades. Según el comunicado, enfrentó durante años cuadros severos de depresión y ansiedad, agravados por la falta de atención médica, psicológica y psiquiátrica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Además, nunca recibió la rehabilitación adecuada tras la mutilación de su mano, lo que complicó aún más su calidad de vida. En sus últimos días, tuvo que ser atendido en un hospital privado debido a la falta de respuesta de las instituciones públicas de salud.

El colectivo señaló que el Gobierno de México se comprometió a cubrir los gastos funerarios de Maldonado, pero hasta el momento de la redacción del comunicado, esta promesa no se había cumplido.

En el mensaje, se lamentó que, a pesar de su disposición para colaborar en la búsqueda de justicia, Maldonado fue revictimizado y estigmatizado, quedando prácticamente invisible para las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

“En realidad, siempre estuvo desaparecido para las autoridades y sus instituciones”, afirmó el colectivo.

La muerte de Jonathan Maldonado Hernández ha reavivado el debate sobre la situación de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa, quienes, a más de una década de los hechos, continúan exigiendo justicia y un acompañamiento integral por parte del Estado mexicano.

Este caso, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos en México, sigue siendo objeto de investigaciones y revelaciones. Recientemente, Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, fue detenida por presuntamente haber destruido imágenes y videos grabados durante la noche del 26 de septiembre de 2014, lo que podría aportar nuevos elementos al caso.

El colectivo subrayó que la información proporcionada por Maldonado fue clave para exponer las responsabilidades del Estado mexicano en los hechos de Iguala.

Sin embargo, su fallecimiento, destacó el colectivo, pone en evidencia las fallas estructurales en la atención a las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a los derechos humanos. La falta de apoyo médico y psicológico, así como la indiferencia institucional, han sido denunciadas como factores que contribuyeron al deterioro de su salud física y mental.

El caso Ayotzinapa, que comenzó con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y la masacre de otros tres jóvenes, sigue siendo un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en México.

A pesar de los avances en las investigaciones, los sobrevivientes y las familias de las víctimas continúan enfrentando obstáculos significativos en su búsqueda de respuestas y reparación.

De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Político del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el luchador social Marco Antonio Suástegui falleció el pasado 26 de abril a la 13:35 pm, tras haber sido víctima de un atentado armado. Organizaciones y colectivos se han pronunciado para exigir justicia y esclarecimiento en las investigaciones pertinentes.

A pesar de que Marco Suastégui solicitó acompañamiento policial, para tener seguridad en su trabajo en Acapulco y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, las autoridades comentaron que no existían denuncias para poder proceder.

Organizaciones sociales como Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), señalaron que el vocero del CECOP contaba con medidas para su protección, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obstante eran por el caso de la desaparición de su hermano Vicente en 2021.

“Esta investigación ha creado problemas de inseguridad a las familias, tanto a su esposa como a Marco Antonio por ser su hermano”, informó para El Sur, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.

Las preparaciones funerales se realizaron

En un comunicado, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC AC), informó que con la muerte de Marco Antonio Suástegui Muñoz, son ya 18 los compañeros defensores del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), asesinados.

Tras el fallecimiento, el cuerpo del líder fue custodiado en su momento por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras era llevado por una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo). Marco Suastegui fue velado en la madrugada del sábado en la funeraria Gayosso, ubicada entre las calles 1 y 2 de la colonia Alianza Popular, donde acudieron aproximadamente 200 personas. Posteriormente fue trasladado a Cacahuatepec para ser velado.

De acuerdo con El Sur, personalidades como el ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, el ex titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto, el delegado de Gobernación en Acapulco, Osiel Morales Nava, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el ex coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, prestadores de servicios turísticos, pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec estuvieron presentes durante este proceso.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, el líder de Morena de la entidad, Jacinto González Varona y el senador guerrerense Félix Salgado fueron algunas de las personas que lamentaron el fallecimiento del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Pronunciamiento de organizaciones y sociedad civil

Tras el fallecimiento de Marco Suástegui, organizaciones nacionales internacionales y nacionales, así como la sociedad civil se han pronunciado con el fin de exigir justicia. Amnistía Internacional exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación eficaz y al Mecanismo de Protección Federal, asistencia urgente a la familia del activista.

El Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, en un comunicado condenó el asesinato del defensor de los derechos humanos. Igualmente, mencionó que sostuvieron reuniones con Suástegui debido a la constante criminalización que vivía.

En un comunicado conjunto firmado el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, entre otros colectivos y organizaciones, considerado que la lucha de Suástegui trascendió fronteras, ya que múltiples grupos y movimientos encontraron en su palabra y acción ejemplo de dignidad y resistencia.

A través de la página de Facebook Prensa Ayotzi, espacio dedicado a visibilizar las situaciones ha vivido miembros de la escuela normal rural, así como denunciar crímenes contra la humanidad, exigieron justicia por el asesinato del activista.

“La violencia y los asesinatos en Guerrero, México son un tema complejo que involucra múltiples factores ¿Cómo es posible que en este estado haya asesinatos tan crueles?, ¿Dónde están los que dicen proteger la integridad física de nuestras personas? Justicia para Marco Antonio Suástegui Muñoz”

Durante el mitin realizado en Chilpancingo, Guerrero el pasado 26 de abril por parte de familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al igual que estudiantes normalistas se sumaron a la exigencia de justicia y castigo a los responsables del asesinato.

Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, fue absuelto del delito de delincuencia organizada este miércoles 3 de abril. La medida de sobreseimento fue solicitada, según fuentes judiciales extraoficiales, por su propia defensa legal; sin embargo, la aceptación de la misma fue otorgada por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

La justificación judicial que dio la juez fue que “El Chino” debió ser absuelto, dado que el presunto implicado ya había enfrentado la justicia por el mismo cargo anteriormente. Por tanto, la Constitución Política establece ―según ella― que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

En consecuencia, la única acusación que queda pendiente de resolver en contra de Casarrubias Salgado sería su participación en el intento de desaparición forzada en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. No obstante, “El Chino” continuará recluido en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano” sin derecho a recibir prisión domiciliaria.

El juez federal que también absolvió a Sidronio Casarrubias en 2023

Sidronio Casarrubias Salgado fue absuelto en 2023 del delito de delincuencia organizada. La decisión fue emitida por el juzgador Samuel Ventura Ramos ―juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas― y quien determinó que las pruebas aportadas por la entonces Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para acreditar su pertenencia a un grupo delictivo con el propósito de cometer ilícitos.

Cabe recordar que Casarrubias fue detenido en 2014 y, desde entonces, ha sido una figura clave en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

“El Chino” denuncia presunta tortura y pide prisión domiciliaria a la justicia

De acuerdo con su defensa, Casarrubias fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para obtener declaraciones auto-incriminatorias, lo que ha sido motivo de solicitudes para que se declare la nulidad de diversas pruebas en su contra.

En el contexto de estas denuncias, su equipo legal también ha solicitado en repetidas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de problemas de salud y condiciones prolongadas de reclusión. A pesar de ello, jueces federales han rechazado dichas peticiones al considerar que persiste un riesgo procesal por la gravedad de los delitos que se le imputan y que no se acreditaron plenamente las condiciones médicas que justificarían la medida.

Además, el caso ha sido revisado por el Mecanismo contra la Tortura de la ONU, que ha señalado posibles violaciones a derechos humanos en su proceso judicial.

A 21 días del (re) descubrimiento del rancho Izaguirre, predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa recibiendo cientos de críticas en su contra por el manejo del caso. Sin embargo, este sostiene que se trata de una narrativa construida, en gran parte, por la oposición.

Así lo reiteró este 26 de marzo el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza. En la sección del ‘Detector de Mentiras’ de ‘La Mañanera del Pueblo’, aseguró que a partir de los hallazgos realizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición “han construido una narrativa que constituye una verdad mediática sin importar los indicios jurídicos”.

“¿Qué buscan los políticos de oposición al hacer uso político de la tragedia y el reclamo de justicia? ¿Ya olvidaron cuando aplaudieron la política de la supuesta guerra contra el narcotráfico?”, cuestionó.

Al respecto, destacó que uno de los señalamientos que han sido compartidos de manera constante en redes sociales es el que señala al caso de Teuchitlán como el equivalente de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el gobierno de Sheinbaum Pardo.

Un crimen de Estado

Al retomar críticas de figuras públicas como Héctor Aguilar Camín y Carlos Loret de Mola, Elorza indicó que el caso de Teuchitlán no puede ser comparado con la noche de Iguala porque este último fue un crimen de Estado.

“A diferencia de lo ocurrido en Teuchitlán, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa constituye un crimen de Estado por las omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por la participación de agentes policíacos municipales y estatales, y por la construcción de una verdad histórica basada en la manipulación y ocultamiento de evidencias”, se compartió en el ‘Detector de Mentiras’.

No obstante, periodistas como Lourdes Mendoza apuntan que los dos casos tienen cosas en común:

“Ambos casos reflejan la impunidad del crimen organizado, la falta de respuestas del Estado y la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia. (...) Además, hay un elemento en común: la falta de respuestas concretas para la familias de los desaparecidos”, escribió en su columna Sobremesa del 24 de marzo.

Según informó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la madrugada del 25 de marzo tomaron posesión del rancho Izaguirre, por lo que ahora la investigación será de carácter federal.

No será su talón de Aquiles

El pasado 20 de marzo, la titular del Ejecutivo descartó que el hallazgo del rancho Izaguirre vaya a convertirse en su “talón de Aquiles”.

Cuestionada en la conferencia de prensa matutina respecto a cómo enfrentará las críticas en contra de su administración, aseguró que “no tienen mucho impacto”, pues ha sido la oposición quien ha querido aprovechar el tema para hacer una campaña en su contra.

“Yo no considero que sea mi talón de Aquiles o talón de cualquier otro tipo. (...) Sin la información suficiente, ha venido una supuesta crítica al gobierno, porque la verdad es que tampoco tiene mucho impacto. (...) Han querido aprovechar eso para hacer una campaña contra el gobierno, ya sabemos quiénes son. Si no es por esto, es por otro”, declaró.

Autoridades federales informaron el arresto de un hombre de 50 años que estaría relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Rey ”N" fue capturado en Guerrero por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

“El detenido está vinculado con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, Ayotzinapa, Guerrero", es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 25 de marzo.

Las autoridades señalan que Rey “N” era integrante de un grupo criminal en el año 2014. Mientras que reportes de inteligencia identifican al hombre recientemente detenido como un sujeto que en el año 2013 formaba parte de un grupo denominado “Los Bélicos”, el cual estaría encargado del trasiego de narcóticos para la organización delictiva Guerreros Unidos.

Al parecer, el hombre capturado fue el encargado de usar un vehículo oficial para custodiar una camioneta blanca con redilas y que estaría relacionado con el caso de los normalistas.

Y es que para el año 2014, Rey “N” fungió como policía municipal. El informe de las autoridades indica que la captura del hombre apodado El Negro fue realizada en la colonia Plan de Iguala, del municipio Iguala, específicamente en la avenida Periférico Sur y la calle Jalisco.

El arresto fue resultado de trabajos de vigilancia para ubicar al sospechoso, quien fue detenido luego de que los agentes corroboraron su identidad.

Agentes de la Secretaría de Marina (Semar), del Ejército, de la Guardia Nacional, en conjunto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la propia SSPC participaron en la captura de dicho individuo.

Un breve video muestra la forma en la que el hombre fue escoltado por agentes de seguridad.

Otros exfuncionarios ligados al caso de los 43 de Ayotzinapa

Cabe recordar que en la alcaldía Xochimilco, de la Ciudad de México, fue detenido David “N”, un hombre que formó parte de Protección Civil de Iguala y que podría estar ligado con el caso Ayotzinapa.

Bombero y/o Chino, como es conocido el hombre capturado en enero pasado, fue identificado como exjefe de informantes (halcones) para Guerreros Unidos.

Por su parte, el 7 de marzo pasado Estados Unidos informó la entrega de Ariel Núñez Figueroa, un hombre que estaría relacionado con el caso. El nombre de dicho sujeto aparece en una lista compartida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como policía de Huitzuco.

Ante la indignación por los casos de desaparición forzada en México, las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña han sido punto de polémica tras cuestionar los hallazgos de restos óseos al interior del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En redes sociales, los usuarios no perdonaron la postura del funcionario pues atribuyó que el caso del crematorio clandestino estaba influenciado por un supuesto 'golpeteo mediático' y rodeado de ‘presunciones’ que no habían sido confirmadas por la investigación.

Dicha ocasión no es la primera vez que el senador de Morena se ve envuelto en una polémica de este tipo, pues las plataformas digitales han revivido sus declaraciones en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y aunque ambos acontecimientos preceden de una problemática similar, las opiniones del funcionario distan en contradicción por la politización de los sucesos.

Noroña frente a Ayotzinapa y Teuchitlán

En referencia al caso reciente del Rancho Izaguirre en Jalisco, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República generó controversia tras compartir una serie de declaraciones en respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales señalaban al suceso como una disputa política incentivada por una "campaña típica de la derecha“.

Asimismo, Fernández Noroña determinó que no todos los zapatos encontrados en el crematorio clandestino podían corresponder a personas desaparecidas, por lo que especificó que las cifras del hallazgo se trataban "de presunciones” dado que aún “había una investigación abierta”.

En su justificación, el funcionario acusó a los medios de comunicación, a los gobiernos municipales/estatales y a los militantes de la oposición por encabezar un supuesto 'golpeteo mediático' sobre los campos de exterminio que desacreditaba al gobierno actual.

Las recientes declaraciones le resultaron contraproducentes, ya que en el pasado el senador había culpado al gobierno federal por las tragedias de desaparición en México. Un ejemplo de ello fue su discurso crítico contra el expresidente Enrique Peña Nieto en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En aquel momento, Fernández Noroña calificó al caso de Iguala en 2014 como ‘un crimen de Estado’ atribuido al gobierno en funciones. De igual forma, el funcionario señaló que la gestión había ocultado información, agravando una profunda crisis política en el país.

“Es un crimen de Estado, indiscutible y documentado. El Ejército es responsable, y el más alto mando es responsable de encubrimiento, hablando del secretario de la Defensa y del Presidente“, comentó en una videocolumna.

En esa intervención de febrero de 2016, el titular responsabilizó a diversas fuerzas de seguridad por su participación en la desaparición de los estudiantes; además aseguró que todas las versiones ofrecidas por el gobierno eran falsas.

Los usuarios en redes sociales han criticado al senador por su aparente cambio de postura ahora que está en el cargo público, señalando una posible intención de politizar los casos en el marco de disputas partidistas. No obstante, es evidente que ninguno de estos señalamientos contribuye a la causa real en respuesta a los casos de víctimas por desaparición forzada en México.

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la entrega a México de Ariel Núñez Figueroa, un hombre de 30 años que estaría relacionado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Además, el sujeto mencionado aparece en una lista de personas posiblemente implicadas en el crimen y la cual fue compartida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en octubre de 2023. Según lo revelado era un policía de Huitzuco, Guerrero.

“Núñez era buscado en México por secuestro y crimen organizado por su presunto papel en el asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, se puede leer en el informe de las autoridades de EEUU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibió información, el 3 de septiembre pasado, por parte de la Interpol sobre la posible residencia de Nuñez Figueroa en Houston. Lo anterior derivó en el arresto del hombre el 9 de septiembre de 2024.

La deportación a México fue ordenada el 22 de enero, mientras que la confirmación de la entrega fue compartida el 7 de marzo. Según destaca el ICE, Ariel Núñez ingresó de manera irregular a territorio estadounidense en una fecha y lugar no determinados.

Dicha institución fue la encargada de llevar al hombre desde el Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, Texas, al puerto de entrada del Puente Juárez-Lincoln, sitio donde fue entregado a las autoridades mexicanas.

Las imágenes compartidas por lo organizacion de inmigración y aduanas muestran a Núñez Figueroa siendo custodiado por diversos agentes. Bret Bradford, director de la Oficina de Campo de Houston, destacó que el sujeto de 30 años logró evadir a las autoridades por casi 11 años , pero al final pudo ser rastreado detenido y entregado a México.

Otras detenciones de personas ligadas al caso de los estudiantes de Ayotzinapa

Por su parte, el 28 de febrero pasado fue informado el arresto de Martín Alejandro “N”, un hombre que estaría ligado con el caso de Ayotzinapa. Dicho hombre fue asegurado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que Martín Alejandro es requerido por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Mientras que el 21 de enero pasado fue capturado David “N”, un sujeto que formó parte de Protección Civil de Iguala y que fue ubicado en la alcaldía Xochimilco de la capital del país. Al hombre apodado Chino y/o Bombero, le fue hallada una bolsa con metanfetamina y un par más con marihuana.

El presunto líder del cártel Los Rojos, Omar Cuenca Marino, fue extraditado desde México a Estados Unidos y presentado ante un juez federal en Georgia, donde enfrenta cargos por tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína, así como conspiración para cometer lavado de dinero, según informó la Oficina del Fiscal de Georgia. Cuenca-Marino, de 41 años, fue detenido tras una investigación que lo señala como responsable de la importación de grandes cantidades de droga a Estados Unidos entre 2013 y 2016.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cuenca Marino fue identificado como el cabecilla de una organización criminal que traficaba drogas desde México hacia distintas ciudades estadounidenses. La Oficina del Fiscal de Georgia detalló que la investigación, liderada por agencias como la DEA, el IRS Criminal Investigation y Homeland Security Investigations (HSI), permitió seguir el rastro de envíos de droga y millonarias sumas de dinero generadas por su venta.

La captura de Cuenca Marino se dio tras la coordinación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas. Luego de su arresto, se llevó a cabo un proceso de extradición, el cual concluyó con su traslado a Atlanta, Georgia, donde se presentó ante el juez Russell G. Vineyard. “El arresto y extradición de Omar Cuenca Marino, el presunto líder de Los Rojos, representa un gran éxito en los esfuerzos para desmantelar los cárteles de la droga y asegurar nuestras fronteras”, afirmó Steven N. Schrank, agente especial a cargo de HSI Atlanta.

Las operaciones de Los Rojos y su alcance en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses sostienen que Los Rojos, bajo el liderazgo de Cuenca Marino, operaban una red de tráfico de drogas que movía grandes cantidades de heroína, cocaína y metanfetamina desde México hasta Estados Unidos, utilizando autobuses y camiones de carga. Según la Oficina del Fiscal de Georgia, la organización habría utilizado esta infraestructura para ingresar miles de kilogramos de droga al país y enviar de vuelta millones de dólares en ganancias ilícitas.

El expediente judicial incluye varias incautaciones ligadas a la organización de Cuenca Marino:

• 11 de octubre de 2013: En un operativo en Vinings y Hiram, Georgia, se decomisaron 75 kg de metanfetamina, 23 kg de heroína y 47 kg de cocaína.
• 20 de noviembre de 2015: La policía incautó 76 paquetes de cocaína en un estacionamiento en Duluth, Georgia. Cuenca Marino habría coordinado la entrega mediante llamadas telefónicas.
• 9 de febrero de 2016: Un vehículo con $425,900 en efectivo, presuntamente ganancias del tráfico de drogas, fue detenido en Missouri. El conductor habría contactado a Cuenca Marino para reportar la pérdida del dinero tras ser interceptado por las autoridades.

“Este caso envía un mensaje claro a los cárteles y a sus líderes: serán llevados ante la justicia sin importar dónde se escondan”, señaló Richard S. Moultrie Jr., fiscal interino del Distrito Norte de Georgia.

Las autoridades estadounidenses consideran que la detención de Omar Cuenca Marino representa un golpe importante para la estructura de Los Rojos, organización que, además, ha sido señalada como una de las principales responsables de la violencia en los estados mexicanos de Guerrero y Morelos.

Los Rojos y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

El nombre de Los Rojos ha sido mencionado en diversas investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Según la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, el ataque a los normalistas se dio en el contexto de una disputa entre Los Rojos y Guerreros Unidos, dos cárteles mexicanos que competían por el control del tráfico de heroína en el estado de Guerrero, reportó Infobae.

Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta versión. Anabel Hernández, periodista especializada en crimen organizado, aseguró en su libro La verdadera noche de Iguala que la desaparición de los estudiantes no fue responsabilidad de estos cárteles, sino de una organización criminal de mayor alcance, vinculada con el Cártel de los Beltrán Leyva.

A pesar de esto, algunos testimonios de detenidos han señalado que Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, otro líder de Los Rojos, habría pagado a estudiantes para generar disturbios en Iguala. No obstante, de acuerdo con Telemundo, esta teoría fue descartada por falta de evidencia.

La embajada de Israel en México dio a conocer que sigue el trabajo entre ambos países para la extradición de Tomás Zerón de Lucio por el caso Ayotzinapa.

Esto ante la solicitud del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, dijo que hasta el momento “no hay una información nueva” y el tema sigue sobre la extradición del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Por medio de una conferencia de prensa virtual, expuso que los equipos jurídicos de ambos países siguen trabajando, además de que hay una conexión directa y fluida.

“El tema sigue, el trabajo sobre la solicitud de extradición en Israel sigue, los equipos jurídicos siguen trabajando sobre el tema”, dijo la embajador.

Cabe señalar que el pasado mes de diciembre, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa una nueva ruta para seguir con las investigaciones del paradero de los estudiantes, con la conformación de un equipo de expertos que utilizarán la tecnología y harán una nueva revisión de los expertos actuales.

El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, indicó que se le insistió a la presidenta sobre la extradición, y que ella respondió que eso depende del gobierno de Israel, pues no existe tratado al respecto.

“En el tema de Tomás Zerón se insistió en la necesidad de su pronta extradición, pues ella dice que van a seguir insistiendo, que obviamente es un tema del que la extradición depende del gobierno de Israel en virtud de la inexistencia de un tratado de extradición”, explicó el abogado.

¿De qué se acusa a Tomás Zerón?

En septiembre de 2020 se confirmó que Zerón había huido de México a Israel, luego de que se supiera que había una orden de captura en su contra. No obstante, México no tiene tratado de extradición con ese país.

Zerón es acusado de haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos, para construir la narrativa de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el Río San Juan, en Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La última comunicación oficial enmtre ambos países se dio el pasado mes de agosto,cuando se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció comunicación con el gobierno de Israel para buscar la estradicción.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que un grupo de supuestos alumnos tomaron las instalaciones de la facultad, por lo que se suspendieron temporalmente todas las actividades académicas y administrativas hasta nuevo aviso.

El comunicado indica que no se cuenta con información precisa sobre cuándo se restablecerá el acceso a las instalaciones, por lo que exhorta a la comunidad universitaria a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Tampoco se sabe oficialmente por qué es que se tomaron las instalaciones de dicha facultad, localizada dentro de Ciudad Universitaria, sin embargo esta toma de instalaciones se da en el marco del 10 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por la mañana, a modo de protesta, alumnado de esta facultad colocaron 43 butacas con los rostros de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Además, en punto de las 2 de la tarde, un contingente de alumnos de la máxima casa de estudios para salir rumbo a la marcha por los desaparecidos de Ayotzinapa.