Este miércoles, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que prepara la presentación de un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, ocurrido hace casi 12 años.

Durante su asistencia al Desfile Militar por la conmemoración de la Independencia de México, en la Ciudad de México, la fiscal general reveló que el informe expondrá avances derivados de las líneas de investigación abiertas para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.

Ernestina Godoy confirmó que el informe sobre el caso Ayotzinapa ya esta listo

Godoy Ramos confirmó que el documento ya esta listo y que será presentado de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, quien, hace unos días, habló sobre la elaboración y exposición de este informe.

Cabe señalar que el fiscal encargado del caso, Mauricio Pazarán, será quien exponga los detalles de las investigaciones, aunque también estará presente la fiscal general durante la presentación.

“Se va a hacer el informe. Lo vamos a hacer junto con la Secretaría de Gobernación. De parte de la Fiscalía, va el fiscal especializado. Ahí estaremos, pero él va a dar la información”, dijo Godoy a periodistas.

Al ser cuestionada sobre si el informe presentará algo respecto a las nuevas líneas de investigación del caso, la funcionaria comentó que “sí, todo lo, las nuevas líneas que hemos abierto”.

No da información sobre los nuevos elementos de prueba encontrados

Pese a la insistencia de los reporteros, la encargada de la FGR evitó adelantar información sobre las nuevos elementos de prueba obtenidos e insistió en que será durante el informe cuando se den a conocer los resultados de las pesquisas.

No está de más recordar que el caso Ayotzinapa permanece abierto desde septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.

Estudiantes de Ayotzinapa toman caseta de cobro Palo Blanco, en Chilpancingo

En medio de las declaraciones hechas por la fiscal Ernestina Godoy, la tarde de hoy, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocuparon la caseta de cobro Palo Blanco, en Chilpancingo, Guerrero.

Lo anterior, como parte de una jornada de lucha que también incluyó un mitin político, en el marco de la conmemoración por los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Reportes de medios locales indicaron que los estudiantes llegaron a la caseta alrededor de las 14:43 horas. Levantaron las plumas de cobro y dejaron el paso libre a los automovilistas sin exigirles el pago de la cuota.

Minutos después, un segundo reporte desde la zona confirmó la misma acción en el punto. Los normalistas permanecían en los carriles mientras el tránsito vehicular fluía con normalidad pese al bloqueo de las casetas de cobro.

Normalistas exigen presupuesto y atención a comunidades educativas

Prensa Ayotzi, comisión de prensa y propaganda del movimiento estudiantil, transmitió en vivo un mitin político desde Chilpancingo como parte de la misma jornada. Los normalistas exigieron justicia por la desaparición de los 43 compañeros.

Durante la transmisión también se escucharon señalamientos sobre presupuesto y atención a las comunidades educativas. El bajo volumen y el ruido ambiental de la transmisión en vivo no permitieron distinguir con claridad declaraciones específicas.

Este nuevo informe deberá contar con lo que ya haya declarado el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien fue detenido hace unos meses por autoridades federales.

A 10 días de que se conmemore un año más de la desaparición de los 43 normalistas, la fiscal general Ernestina Godoy reveló que ya está listo un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a ver que nuevas líneas de investigación presenta.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 3 de septiembre, la funcionaria reiteró que “no habrá impunidad” en el caso, ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Por su parte, la mandataria señaló que dicho informe será presentado antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición.

En los próximos días habrá nuevo informe sobre Ayotzinapa

Rosa Icela Rodríguez informó que el Gobierno federal, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), utiliza nuevas metodologías y herramientas para analizar la información y realizar búsquedas en campo sobre el caso Ayotzinapa, lo que ha permitido obtener elementos y datos para nuevas líneas de investigación, así como la detención y vinculación de personas que no habían sido investigadas previamente.

“Con nuevas metodologías y herramientas tecnológicas se analiza la información, se busca en campo y se han obtenido elementos y datos para nuevas líneas de investigación que hoy siguen y que han llevado a las autoridades competentes a la detención y vinculación de personas que no habían sido investigadas”, expresó la funcionaria.

Adelantó que próximamente se dará a conocer un informe integral sobre el caso y reiteró el compromiso de que “no habrá impunidad y nadie está por encima de la ley”. El gobierno insistió en que mantiene una coordinación permanente con las familias de los desaparecidos y colectivos, llevando la estrategia de búsqueda al territorio mediante visitas y jornadas de atención en los estados.

Claudia Sheinbaum explicó que será un informe conjunto entre Arturo Medina, la subsecretaría de Derechos Humanos, y el fiscal especializado para el caso de Ayotzinapa. “Antes del 26 de septiembre les pedí que puedan dar este informe”, adelantó la presidenta.

Como parte de la estrategia nacional de búsqueda, la Secretaría de Gobernación detalló diez acciones prioritarias, entre las que destacan: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos, asegurar que cada reporte de desaparición tenga una carpeta de investigación, reforzar las búsquedas en hospitales y centros de reclusión, y mantener la atención y el diálogo permanente con los familiares.

Avances de la Secretaría de Gobernación, según Rosa Icela

Subrayó que la actual administración ha preservado la gobernabilidad a través del diálogo y la concertación. Señaló que en México está garantizado el ejercicio pleno de las libertades: reunión, expresión, manifestación, culto y prensa. “Y se ejercen los derechos y las garantías constitucionales. Hay cero censura y cero represión. México es un país de derechos y libertades”, afirmó.

La funcionaria también destacó que el gobierno combate activamente cualquier forma de discriminación, incluyendo el clasismo, racismo, machismo, homofobia y misoginia. Asimismo, reiteró el compromiso con la atención a víctimas, periodistas, pueblos indígenas, afromexicanos, niñas, niños y adolescentes, así como la garantía del derecho a la protección internacional y al refugio.

La Secretaría de Gobernación resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para la construcción de paz. Mediante las 298 mesas de paz, autoridades de los tres niveles de gobierno analizan y acuerdan acciones para fortalecer la seguridad y el bienestar de la población. Se destacó la colaboración con más de 2,400 municipios para eficientar la implementación de programas.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desmintieron el supuesto hallazgo de más de 20 bolsas con restos humanos vinculadas al caso, mediante un comunicado en el que calificaron la información de “falsa e imprecisa”.

Los familiares advirtieron que no recibieron ninguna notificación oficial al respecto, pese a que días antes se habían reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a funcionarios directamente responsables de las investigaciones, quienes tampoco les informaron sobre un descubrimiento de esa magnitud.

El rechazo se produce a días de cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en medio de la difusión de versiones no confirmadas que, según los propios familiares, generan confusión entre las familias y la sociedad.

Ante estos señalamientos, los familiares destacaron que desconocen el punto del río San Joaquín al que hace referencia la información difundida. Tampoco reconocen como confirmado el vínculo entre esos restos y los 43 estudiantes desaparecidos.

La versión que circuló en medios describía fragmentos humanos localizados en distintos puntos de los municipios de Cocula e Iguala, incluida la funeraria El Ángel. Según información difundida por medios como Reto Diario y recogida por la agencia EFE, esa funeraria operaba con un horno crematorio clandestino sin registro oficial.

Los padres advirtieron que la versión mezcla datos de diferentes etapas de la investigación. Esa mezcla, afirmaron, produce confusión y revictimiza a las familias que llevan casi 12 años en búsqueda activa.

La existencia de restos con exposición térmica en el basurero de Cocula ya formaba parte del expediente desde las primeras investigaciones, según información publicada por sociedad-noticias.com. En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había recuperado más de 60 mil fragmentos óseos en ese basurero y en el río San Juan, de los cuales se tomaron muestras para estudios genéticos en la Universidad de Innsbruck.

La reunión con Sheinbaum no incluyó información sobre los restos

Los familiares precisaron que en su reunión con la presidenta Sheinbaum participaron funcionarios con responsabilidad directa en el caso. Estuvieron presentes el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Ninguno de esos funcionarios les comunicó el supuesto hallazgo durante el encuentro. Para los padres, esa omisión resulta significativa dado el peso de la información que circuló en los días posteriores.

La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, había informado en agosto que ordenó un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las actuaciones existentes en el caso, según Milenio. La FGR indicó que ese trabajo abrió nuevas líneas de investigación, aunque sin confirmar resultados definitivos.

Hasta la fecha, ningún resultado pericial confirma que los fragmentos recuperados de las más de 20 bolsas pertenezcan a alguno de los 43 estudiantes. Los estudios antropológicos, forenses y genéticos aún están en curso.

Los especialistas independientes no se negaron a analizar restos, según los familiares

Los padres rechazaron también la versión de que especialistas independientes que acompañan la investigación desde 2014 se hayan negado a realizar pruebas sobre los restos encontrados. Esa afirmación, que circuló junto a la noticia del supuesto hallazgo, fue calificada por los familiares como parte de la información “falsa e imprecisa”.

Por el contrario, los familiares afirmaron que las familias, sus representantes y los expertos del caso tienen interés en que cualquier resto localizado sea sometido a las pruebas científicas correspondientes. El objetivo es establecer el origen y la identidad de esos fragmentos de forma rigurosa.

Los padres exigieron que toda información vinculada al paradero de sus hijos se maneje con rigor, responsabilidad y sustento científico. Subrayaron el daño que las versiones sin respaldo generan en familias que llevan casi 12 años en espera de respuestas concretas.

La periodista Elia Almanza, en declaraciones al programa de Julio Astillero recogidas por el portal julioastillero.com, alertó sobre el riesgo de que los supuestos hallazgos se utilicen para cerrar la investigación. Almanza advirtió que elementos similares ya habían sido revisados en etapas anteriores del proceso y pidió tomar la información con cautela.

La analista consideró preocupante que, después de más de una década, las familias regresen a un escenario de incertidumbre. Señaló, además, que la narrativa que rodea a los nuevos hallazgos retoma elementos de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial desacreditada que el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó en 2014.

A 12 años de Iguala, los familiares reiteran su exigencia de verdad y justicia

Los familiares reiteraron que seguirán exigiendo investigaciones serias y resultados verificables. Insistieron en que cualquier posible hallazgo relacionado con los estudiantes debe ser comunicado primero a las familias y respaldado por análisis científicos antes de su difusión pública.

La postura de los padres se produce a menos de un mes del 12 aniversario de la desaparición de los normalistas. La fecha marca un nuevo ciclo de presión pública sobre las autoridades para dar respuestas concretas a un caso que permanece sin resolución.

El caso Ayotzinapa es considerado uno de los episodios de violación a los derechos humanos más graves de la historia reciente de México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos movilizó protestas en todo el país y generó escrutinio internacional sobre las instituciones de seguridad y justicia mexicanas.

Los padres dejaron en claro que no aceptarán conclusiones que no estén respaldadas por evidencia científica verificable e independiente. La exigencia de los familiares permanece intacta: verdad, justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Gobierno de México informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 27 de agosto una reunión con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la que se presentaron avances de la investigación y acciones para esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en el encuentro se detallaron cuatro líneas prioritarias que guían las investigaciones recientes: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

En la reunión participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán; además de integrantes de la CEAV y la representante adjunta de ONU-DH en México Maia Campbell.

También asistieron representantes de Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz, precisó la dependencia, que añadió que las familias plantearon sus observaciones sobre la información expuesta y sobre actividades previstas por el 12.º aniversario de la desaparición.

Reconoce el Gobierno “herida abierta” por Ayotzinapa y promete intensificar búsquedas

La Segob indicó que, ante las familias, el Gobierno reconoce que Ayotzinapa es “una herida abierta” y se comprometió a agotar todas las líneas de investigación, fortalecer las tareas de búsqueda, agilizar el análisis de la información e intensificar gestiones ante gobiernos extranjeros para concretar extradiciones pendientes, incluida la de Ulises Bernabé, quien se desempeñó como juez de Barandilla en Iguala en 2014.

Según la dependencia, antes de la movilización prevista para el 26 de septiembre, se presentará a las familias un informe con avances y resultados recientes, y se mantiene comunicación “directa, permanente y transparente” con madres y padres de los estudiantes.

Padres de los 43 piden a Sheinbaum reforzar la investigación contra Ángel Aguirre

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar la investigación y la acusación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con la intención de conocer nuevos avances antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición.

Después de una reunión de casi tres horas y media en Palacio Nacional este 27 de agosto, los familiares también solicitaron que se les informe primero a ellos si el Fobierno Federal decide hacer pública nueva información sobre el caso.

La propuesta, según el propio planteamiento expuesto en el encuentro, es que Segob pueda comunicar avances y detenciones si la fiscalía autoriza la difusión y esa exposición no pone en riesgo las indagatorias.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación jurídica de Ángel Aguirre Rivero, quien ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionada con los hechos de Iguala de septiembre de 2014 y permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

El abogado de los padres explicó ante medios que, durante los cuatro meses de investigación complementaria concedidos en el proceso, la Fiscalía debe fortalecer los elementos que sostienen la acusación contra el exmandatario estatal.

Otro de los asuntos tratados fueron los avances en líneas de investigación ligadas a registros de telefonía celular de la noche y la madrugada en que desaparecieron los estudiantes. Los familiares evitaron dar detalles por el sigilo de las pesquisas, pero señalaron que esa ruta ofrece elementos para reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

Sheinbaum ya había adelantado que existen registros telefónicos que no fueron analizados a profundidad en las primeras investigaciones. La revisión de ese material permitió identificar a personas que hasta ahora no habían sido involucradas formalmente en el caso.

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron al gobierno federal reforzar la investigación y la acusación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la reunión que sostuvieron este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Después de casi tres horas y media de encuentro, los familiares señalaron que recibieron información sobre los avances de distintas líneas de investigación y sobre la detención y posterior vinculación a proceso del exmandatario estatal, quien permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

El abogado de los padres explicó ante medios que uno de los puntos centrales fue el proceso contra Aguirre, pues consideraron necesario que durante los cuatro meses otorgados para la investigación complementaria la Fiscalía fortalezca los elementos que sostienen la acusación.

La solicitud ocurre luego de que un juez federal vinculara a proceso al exgobernador por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

Investigación de Ayotzinapa abre nuevas líneas con telefonía celular

Otro de los temas abordados durante el encuentro fueron los avances en nuevas líneas de investigación. Los familiares confirmaron que las autoridades les informaron sobre trabajos relacionados con registros de telefonía celular de la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes.

Aunque los padres evitaron proporcionar detalles debido al sigilo de las investigaciones, señalaron que esta línea representa un avance para reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

Previamente, Sheinbaum había adelantado que existen registros telefónicos que no fueron analizados a profundidad durante las primeras investigaciones y que su revisión permitió identificar a personas que hasta ahora no habían sido involucradas formalmente en el caso.

Entre los principales asuntos tratados estuvieron:

• El avance de las investigaciones relacionadas con registros de telefonía.
• La situación jurídica del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
• La necesidad de fortalecer la acusación durante la investigación complementaria.
• La posibilidad de informar públicamente sobre los nuevos avances antes del 26 de septiembre.
• Las condiciones para las movilizaciones de los familiares durante la jornada por los 12 años de la desaparición.

Sheinbaum plantea transparentar avances antes del aniversario de Ayotzinapa

La presidenta también planteó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, pueda ofrecer información pública sobre las nuevas líneas de investigación y las detenciones realizadas, siempre que la Fiscalía responsable autorice la difusión y no se comprometa el desarrollo de las indagatorias.

Los padres pidieron que, antes de realizarse esa comunicación pública, sean informados directamente para mantenerse al tanto de los avances.

La intención es que esta información pueda darse a conocer antes del 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Padres de Ayotzinapa piden libertad para manifestarse en septiembre

Durante la reunión, los familiares también solicitaron garantías para realizar sus movilizaciones durante la jornada de septiembre.

Recordaron que en meses anteriores han enfrentado cercos policiales y restricciones para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México.

El abogado señaló que el año pasado se instalaron muros y bloques de cemento que dificultaron el paso de las manifestaciones, por lo que pidieron evitar que se repita una situación similar.

Sheinbaum, según los familiares, se comprometió a dialogar con autoridades capitalinas para que las movilizaciones puedan desarrollarse sin un escenario de confrontación.

Ángel Aguirre permanece preso por el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas. Tras los hechos, dejó el cargo en octubre de 2014.

Actualmente enfrenta un proceso penal por acusaciones relacionadas con el presunto ocultamiento y destrucción de evidencias.

Entre los elementos señalados por la Fiscalía se encuentran videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, cuyo contenido podría aportar información sobre el recorrido de los estudiantes y las personas que participaron en su detención.

Un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso y mantuvo la prisión preventiva.

La defensa, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que el exgobernador no recibió las evidencias en la fecha señalada por la Fiscalía.

La reunión con Sheinbaum ocurre apenas un día después de que estudiantes de Ayotzinapa exigieran que Aguirre y la exmagistrada Lambertina Galeana fueran interrogados para esclarecer lo ocurrido durante la Noche de Iguala.

Con el compromiso de reforzar la investigación y transparentar avances antes del aniversario, los padres mantienen como principal demanda conocer el paradero de los 43 estudiantes y alcanzar justicia por su desaparición.

Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, murió durante la madrugada de este viernes en la comunidad de Omeapa, municipio de Tixtla, sin conocer el paradero de su hijo.

El fallecimiento fue confirmado por Felipe de la Cruz Sandoval, exvocero de los padres de los 43 normalistas e integrante del colectivo Nos Faltan 43. La muerte de Rodríguez Morales ocurre a casi 12 años de los ataques registrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De la Cruz lamentó que otro integrante de las familias haya muerto mientras la investigación continúa sin esclarecer por completo qué ocurrió con los estudiantes.

La noticia tomó por sorpresa al movimiento, pues, según explicó el también profesor, no tenían conocimiento de que Francisco Rodríguez enfrentara problemas graves de salud. El desgaste acumulado durante años de movilizaciones, búsquedas y exigencias de justicia ha marcado a las familias de los normalistas.

Francisco Rodríguez buscaba un encuentro con la presidenta Sheinbaum

Rodríguez Morales tenía previsto continuar con las gestiones de los padres y madres para buscar un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 24 de septiembre.

A través de la página “Resistencia Omeapa” también se confirmó el deceso y se informó que el duelo se recibiría en su domicilio de esa comunidad de Tixtla.

Francisco Rodríguez era esposo de Minerva Bello Guerrero, madre de otro de los estudiantes desaparecidos, quien murió en 2018. Su nombre fue retomado posteriormente para una organización de derechos humanos que ha acompañado a las familias en su demanda de verdad y justicia.

Con su fallecimiento, suman siete padres y madres de los 43 normalistas que han muerto desde la desaparición de los jóvenes. Entre ellos están Minerva Bello Guerrero, Bernardo Campos Cantor, Saúl Bruno García, Ezequiel Mora Chora, Donato Abarca Beltrán y Jonathan Maldonado.

Reacciones de la ONU

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rodríguez Morales.

“Desde la ONU-DH expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa”, publicó el organismo.

La ONU-DH agregó: “Acompañamos con solidaridad a su familia y seres queridos, y reconocemos el camino que recorrió en la búsqueda de verdad y justicia”.

El mensaje se sumó a las expresiones de organizaciones y personas vinculadas al movimiento de los familiares de los normalistas, que durante casi 12 años han mantenido la exigencia de conocer el destino de los estudiantes.

El caso Ayotzinapa permanece abierto. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó en agosto de 2022 que se trató de un crimen de Estado, con participación de integrantes de distintas instituciones y niveles de gobierno.

Los padres y madres de los 43 también han cuestionado los recientes informes sobre el caso. El mes pasado rechazaron un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, a su juicio, desacreditaba investigaciones previas y minimizaba la posible participación de elementos del Ejército mexicano.

La muerte de Francisco Rodríguez Morales se registra semanas antes de un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Everardo Rodríguez Bello continúa desaparecido.

Policías de la SSC atrapan a dos mujeres que asaltaron a un joven en un tianguis de Iztapalapa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos mujeres de 42 y 23 años que despojaron de su cartera a un joven de 27 años en un tianguis instalado en la colonia Solidaridad, alcaldía Iztapalapa. La detención ocurrió tras una denuncia ciudadana en la esquina de calzada General Ignacio Zaragoza y avenida Octavio Paz, donde los propios comerciantes del mercado sobre ruedas retuvieron a las presuntas responsables.

La madre de la víctima, de 45 años, fue quien alertó a los policías que realizaban recorridos de seguridad en la zona. Les informó que su hijo se encontraba en un puesto de ropa del tianguis cuando varias personas lo rodearon y le arrebataron la cartera con dinero en efectivo, para después huir del lugar.

Con esa información, los uniformados buscaron a las sospechosas en el mercado sobre ruedas y las localizaron metros adelante, retenidas por los comerciantes que las reconocieron. En la revisión preventiva les hallaron una cartera color negro con dinero en efectivo y documentos personales que el afectado identificó como de su propiedad.

Las detenidas fueron informadas de sus derechos constitucionales y presentadas ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación. Un cruce de información reveló que la mujer de 42 años registra tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: dos en 2018 y 2019 por robo calificado, y uno en 2021 por robo agravado.

Detienen a “El Becerro”, halcón del Cártel Independiente de Acapulco

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero detuvieron en flagrancia a Dylan “N”, alias “El Becerro”, presunto integrante del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), durante un operativo interinstitucional realizado este martes 12 de agosto en el puerto de Acapulco. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de su carpeta de investigación.

Durante la inspección al imputado, los agentes aseguraron 55 bolsas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 29 bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana, y una motocicleta en la que Dylan “N” se desplazaba al momento de su detención.

De acuerdo con la FGE Guerrero, “El Borrego” habría operado como narcomenudista y halcón del CIDA en el puerto.

En el operativo participaron la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

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Llamada de una menor al 911 salva a su madre de violencia familiar en Mexicali

Una adolescente de 15 años llamó al 911 la mañana del pasado martes 11 de agosto para reportar que su padre, Julio César “N”, de 39 años y originario de Hermosillo, Sonora, agredía físicamente a su madre en su domicilio del fraccionamiento El Cóndor, en Mexicali. La llamada activó la respuesta del Escuadrón Violeta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, cuyos agentes llegaron al lugar minutos después y pusieron a salvo a la víctima.

La mujer declaró a los elementos que se encontraba en su habitación cuando su esposo entró, la insultó y la agredió físicamente. Ante los hechos, fue su hija quien tomó el celular y marcó al número de emergencias para pedir auxilio. Los elementos del Escuadrón Violeta se entrevistaron con la víctima al llegar al domicilio, alrededor de las 08:55 horas.

Con la autorización de la mujer y ante su señalamiento directo, los agentes ingresaron al domicilio y detuvieron a Julio César “N”.

El presunto agresor quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de dar seguimiento al caso y determinar su situación jurídica.

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Trasladan a hombre con infarto en cóndor de la CDMX

Una ambulancia aérea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México trasladó a un hombre de 62 años que sufrió un infarto agudo al miocardio desde el Hospital General de La Villa hasta el Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa, donde el paciente recibió atención médica definitiva.

La operación se realizó en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Los llamados Cóndores aterrizaron primero en el helipuerto del Hospital Doctor Victorio de la Fuente Narváez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde paramédicos entregaron al paciente para su abordaje en la aeronave.

Una vez a bordo, la aeronave emprendió el vuelo hacia el Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, ubicado en avenida Tláhuac, colonia San Lorenzo Tezonco. El personal médico del recibió al paciente a su llegada.

El Agrupamiento Cóndores, la división aérea de la SSC, fue fundado en 1971 y se encarga de trasladar a personas en emergencia a los centros hospitalarios de la ciudad con atención prehospitalaria durante el trayecto. También realizan sobrevuelos en sismos, inundaciones e incendios forestales, apoyo en eventos masivos y rescates en zonas de difícil acceso.

Cuenta con 106 efectivos y una flota de 13 helicópteros, cuatro de ellos certificados como ambulancias aéreas, los únicos con esa acreditación a nivel nacional, según datos de la SSC.

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Fiscalía de Querétaro ofrece hasta 300 mil pesos por hombre buscado por feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó la colaboración ciudadana para localizar a Karol Hussein Olvera Hernández, investigado por el delito de feminicidio, ocurrido en San Juan del Río, Querétaro.

La Fiscalía de Querétaro ofrece una recompensa de $300,000 MXN a quien aporte información certera que permita su ubicación.

Quienes cuenten con datos sobre el paradero del buscado pueden comunicarse de forma confidencial a los números (442) 238 76 00, extensiones 1295 y 1296, al 089 para denuncia anónima, o al 911 en caso de emergencia.

Detienen a 4 personas con drogas y armas en Quintana Roo

Elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a cuatro personas —Joel Ernesto “N”, Rafael “N”, Ángel Leonardo “N” y Laura Victoria “N”— como presuntos implicados en delitos contra la Salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sobre el boulevard Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez.

Los efectivos realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron una camioneta Suburban blanca estacionada en el acotamiento, con cuatro personas reunidas en la parte trasera y la cajuela abierta.

Uno de los hombres extrajo de una mochila varias bolsitas con aparente marihuana y las distribuyó entre los otros tres, quienes las guardaron en sus pertenencias. Al advertir la presencia policial, los cuatro intentaron abordar el vehículo para darse a la fuga, pero fueron asegurados antes de lograrlo.

La inspección preventiva de personas, pertenencias y vehículo permitió asegurar 109 bolsitas con aparente marihuana y 32 bolsitas con fragmentos sólidos con características de cristal. En materia de armamento, se decomisaron dos armas de fuego tipo larga y una corta calibre .380 con cargador abastecido, además de cuatro teléfonos celulares y diversas mochilas y bolsos.

La camioneta Chevrolet Suburban blanca, con placas de Quintana Roo, también fue asegurada. Los cuatro detenidos y la totalidad de los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

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Procesan a implicado en un asesinato en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra un hombre identificado como R.M.H.H. por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de J.D.L.Á.S., crimen cometido el 4 de septiembre de 2019 en el municipio de Santiago Matatlán, en la región de los Valles Centrales. Un juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la causa penal, la víctima se encontraba sobre la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, a la altura de Santiago Matatlán, cuando fue agredida físicamente por dos personas. Posteriormente fue seguida hasta la calle Constitución, donde la agresión continuó con golpes en la cabeza antes de ser arrojada a un arroyo. La víctima falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

Más de seis años de investigación

La detención de R.M.H.H. se concretó tras los actos de investigación llevados a cabo por la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que permitieron ejecutar la orden de aprehensión correspondiente y presentar al imputado ante la autoridad competente, de acuerdo con el comunicado de la dependencia fechado el 12 de agosto de 2026.

En audiencia, el juez de la causa resolvió vincular a proceso al imputado y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

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Aseguran más de 100 kilos de marihuana en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguraron 18 costales con 161.3 kilogramos de marihuana durante un recorrido de prevención del delito sobre la brecha que conduce de Santa Matilde a Témoris.

Los uniformados detectaron los costales apilados a la vista durante el recorrido, de los cuales se desprendía un fuerte olor a marihuana. Tras asegurar el perímetro, procedieron a contabilizar y pesar el total del cargamento antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Detienen a hombre por el asesinato de dos personas en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de un ataque a tiros ocurrido el 25 de mayo de 2026 en el Centro Histórico de la capital potosina. El hecho dejó dos personas muertas y una más con lesiones.

Según las investigaciones de la Policía de Investigación (PDI), las víctimas habían salido de un centro nocturno ubicado sobre la calle Pascual M. Hernández y se dirigieron a cenar a una taquería. Al regresar a su vehículo, fueron atacadas en repetidas ocasiones con disparos de arma de fuego presuntamente por el imputado.

Agentes investigadores realizaron diversas diligencias para identificar posibles testigos, analizar videograbaciones y reconstruir la ruta seguida por el probable responsable. Con los datos de prueba obtenidos, la FGESLP solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión, misma que fue otorgada por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal de San Luis Potosí.

El mandamiento judicial fue ejecutado en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, ubicado en La Pila, donde Jorge “N” ya se encontraba privado de la libertad al momento de cumplimentarse la orden.

Detienen a hombre con dosis de drogas en Quintana Roo

Elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Luis Ángel “N” como presunto implicado en delitos contra la salud en la avenida Bonampak, municipio de Benito Juárez.

Durante el aseguramiento se decomisaron 69 bolsitas con aparente marihuana, cinco cilindros con cigarros de la misma sustancia y un vehículo Volkswagen Vento blanco con placas de Quintana Roo.

Los efectivos realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron al sujeto extrayendo bolsitas con vegetal verde de la cajuela semiabierta del automóvil para guardarlas en una mariconera que portaba atravesada en el pecho. Al advertir la presencia de la unidad oficial, el hombre cerró la cajuela e intentó abordar el vehículo para retirarse, lo que motivó la intervención preventiva.

Entre los objetos decomisados figuran, además de las bolsitas y los cigarros con aparente marihuana, diversos paquetes con las leyendas comerciales “GEEK BAR”, “10 PACJ DUO”, “FLOAT MELLO”, “ORGANIC PUSH”, “PACIFIC STONE” y “GEEK BAR PULSE”. También se aseguraron dos teléfonos celulares marca iPhone color negro y la mariconera en colores negro, amarillo y blanco.

Luis Ángel “N”, junto con todos los indicios recabados, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que determinará su situación jurídica.

Aseguran armamento en Michoacán

Una operación preventiva conjunta entre la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Apatzingán derivó en el aseguramiento de tres fusiles, mil 340 cartuchos útiles, 38 cargadores y equipo táctico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que una segunda acción, realizada en la localidad de El Tesorero culminó con el hallazgo de una camioneta y una motocicleta con reporte de robo activo.

Detienen a dos implicados en el despojo de un departamento en la alcaldía Álvaro Obregón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos hombres señalados como presuntos responsables de despojar un departamento a su propietario en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón. Durante el operativo, los efectivos aseguraron un arma de fuego, 138 envoltorios de aparente cocaína y una báscula gramera.

La intervención se activó tras una llamada al número de emergencias 911, mediante la cual se reportó la invasión del inmueble ubicado en la avenida Centenario. Los uniformados del cuadrante se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la denuncia.

Al llegar al domicilio, los policías fueron contactados por el propietario del departamento, un hombre de 37 años de nacionalidad uruguaya, quien había salido a realizar su rutina de ejercicios. Sus vecinos lo alertaron de que dos sujetos habían ingresado al inmueble y se escuchaban ruidos y movimientos en su interior, por lo que solicitó el apoyo policial.

Tras ingresar al domicilio, uno de los sujetos arrojó una mochila tipo canguro hacia la parte trasera del edificio e intentó darse a la fuga. Según el comunicado, ambos fueron detenidos en el lugar y cuestionados sobre su presencia ahí.

Lo policías le hallaron un arma de fuego corta con cargador y cinco cartuchos útiles. Junto al armamento, se encontraron los 138 envoltorios de una sustancia en piedra cristalina con características de cocaína y un teléfono celular.

Ambos detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

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Procesan a hombre por violencia doméstica en Oaxaca

Un hombre identificado como M.A.C.C. fue hallado culpable del delito de violencia familiar —en sus modalidades física y psicoemocional— cometido en agravio de una mujer en la región de la Mixteca, en Oaxaca.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el fallo condenatorio fue emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento, y la audiencia de individualización de penas para la lectura de la sentencia quedó pendiente de celebrarse.

Las indagatorias permitieron identificar que la víctima y M.A.C.C. mantuvieron una relación de concubinato de la que nacieron dos hijos menores de edad. Los hechos se remontan al 23 de enero de 2021, cuando la mujer acudió a un domicilio en el municipio de Asunción Nochixtlán a recoger a sus hijos.

De acuerdo con la causa penal, el agresor insultó a la víctima, la sujetó por la fuerza y la condujo a una habitación, donde continuó ejerciendo violencia física y psicológica. Las agresiones cesaron únicamente cuando los hijos de ambos comenzaron a llorar. Como consecuencia, la mujer presentó diversas lesiones en el cuerpo.

La investigación fue conducida por la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. El organismo reiteró, según el comunicado, su compromiso de investigar con perspectiva de género los delitos que atentan contra la integridad y seguridad de las mujeres, “garantizando el acceso a la justicia y la protección de las víctimas”.

Hombre trasladaba a una cachorra de tigre de bengala en CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó el aseguramiento de una cachorra de tigre de bengala luego de que policías recibieron una denuncia ciudadana en la Central de Abastos de la alcaldía Iztapalapa.

El responsable de trasladar al animal en peligro de extinción fue identificado como José Luis “N”, quien llevaba al animal en su vehículo particular sin acreditación legal o autorización.

Ante los hechos, el hombre quedó detenido y la tigresa, de aproximadamente cuatro medes de edad, fue resguardada por personal de la Brigada de Vigilancia Animal para ser entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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Los colectivos acusaron actos de complicidad entre la CNDH y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al exonerar a la dependencia federal de toda culpa a pesar de más de 10 años de investigación que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (CoVAJ) donde concluyeron que el Ejército Mexicano estuvo implicado en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La manifestación forma parte de la Jornada para la verdad y la justicia contra el olvido, convocada por la Comunidad Otomí Residente de la Ciudad de México y la Asamblea por el Común y Contra la Guerra, junto con otros colectivos, que tiene el objetivo de conmemorar los casi 12 años de la desaparición de los normalistas y para denunciar que la CNDH encubrió al Ejército tras publicar la recomendación 208VG/2026.

Cierran Periférico Sur y realizan intervención en edificio de la CNDH

Las movilizaciones incluyeron el cierre de los carriles laterales de Periférico Sur a la altura de la sede de la CNDH. Los manifestantes consideraron que el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra realiza un encubrimiento de las Fuerzas Armadas.

Afirmaron que “le ha dado la espalda a su propia historia”, refiriéndose tanto a la madre de la titular, Rosario Ibarra de Piedra, un símbolo de la lucha de las madres buscadoras, quien dedicó su vida a buscar a su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el Estado durante la llamada Guerra Sucia. Por ello —y más acusaciones contra la actual funcionaria— los manifestantes reiteraron su desconocimiento tanto de la CNDH como de su titular.

“Quienes luchamos desde abajo y a la izquierda no olvidamos ni perdonamos al Narcoestado y al Ejército, por todas sus mentiras y sus crímenes”, escribieron a través de redes sociales donde difundieron la convocatoria y las imágenes de la marcha. La exigencia principal fue revertir la exoneración al Ejército Mexicano y exigir justicia para los 43 estudiantes desaparecidos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Como parte de las manifestaciones, realizaron pintas en el edificio de la dependencia encargada de garantizar los derechos humanos en México. en donde se leían consignas como “Que los ojos de tu hermano te persigan”.

CNDH desacredita informes del GIEI y la Comisión para la Verdad

La publicación de la recomendación 208VG/2026 generó un nuevo episodio de tensión entre la CNDH y organizaciones de derechos humanos. El documento desacredita los informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, al asegurar que “no hay pruebas para culpar al Ejército” en la desaparición de los 43 estudiantes.

El organismo argumentó que las investigaciones de los grupos civiles carecen de elementos que permitan atribuir responsabilidad directa a la Secretaría de la Defensa Nacional, postura rechazada por las familias de los normalistas y colectivos, quienes consideran que la evidencia acumulada durante más de una década apunta a la participación activa de la institución militar.

La confrontación se da en un contexto donde distintos sectores sociales reclaman que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y que las instituciones de derechos humanos no funcionen como mecanismos de encubrimiento ante violaciones graves. La jornada de protesta, los cierres viales y las actividades culturales convocadas por la Asamblea por el Común y Contra la Guerra buscan mantener la presión social y evitar que el caso Ayotzinapa caiga en el olvido.

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas luego de que habría ordenado desaparecer evidencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la realización de la audiencia de imputación se dieron a conocer parte de las declaraciones de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo señalaron por presuntamente tener relación con grupos delictivos que operan en la entidad, así como de haber ordenado que las grabaciones del Tribunal Superior de Justicia en Iguala fueran destruidos, ya que las cámaras captaron el momento en el que el autobús donde se trasladaban los normalistas fue detenido por policías estatales y municipales la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con datos de la diligencia, reportados por el medio La Jornada y realizada en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, los testimonios revelaron que una de las motivaciones del exgobernador por ocultar los materiales habría sido que su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, “estaba al tanto” de lo ocurrido con los normalistas.

Además, los testigos lo señalaron por presuntamente tener nexos con grupos del crimen organizado en la entidad, situación que también lo habría llevado a decidir que se ocultara el material.

Las grabaciones del Tribunal Superior de Justicia captaron el momento de la detención de los normalistas

El medio detalló que uno de los testigos declaró que “no quería que se supiera porque él (Ernesto, su sobrino) tenía relación con el crimen organizado y se había dado la orden de que ejecutaran a los normalistas porque eran del grupo rival”.

Cabe señalar que las investigaciones también señalaron que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían sido considerados miembros de Los Rojos, grupo rival de Guerreros Unidos, lo que motivó su desaparición.

Además, las declarantes (entre las que se encontrarían la expresidenta y una visitadora del Tribunal Superior de Justicia) habrían señalado al exgobernador por solicitar las grabaciones.

Los testigos refirieron que tras la entrega al entonces gobernador de las grabaciones de las cámaras, la presidenta del Poder Judicial de Guerrero habría sido amenazada presuntamente por el exprocurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y que la primera ocasión recibió una hoja con fragmentos de textos en los que la señalaban de “traidora” porque estuvo de acuerdo en que una visitadora le entregara las grabaciones a Aguirre Rivero.

De acuerdo con el medio, la visitadora declaró a la FGR que el 29 de septiembre de 2014 el exgobernador le preguntó si había visto los materiales; ella respondió que no. Además, cuestionó si había más copias, a lo cual dijo que no sabía.

En ese momento, Aguirre Rivero le habría expresado su preocupación porque sabía que su sobrino, Ernesto, “estaba metido con Guerreros Unidos”, y le expresó: “No te preocupes, yo me encargo de ello, lo que me preocupa es que el pendejo de mi sobrino estaba al tanto” de lo que ocurrió ese 26 de septiembre de 2014.

La visitadora también le habría dicho a las autoridades que las órdenes que daba Aguirre y su sobrino “se obedecían, incluso Iñaki obedecía al sobrino”.

Es así que durante la diligencia, los representantes de la FGR dijeron al juez que Aguirre Rivero habría ordenado tanto al exprocurador, Iñaki Blanco, como a su sobrino, que desaparecieran las evidencias de lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, un cabecilla de Guerreros Unidos identificado como Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo Guapo”, que también brindó su testimonio, aseguró que su grupo delictivo habría aportado recursos para la campaña a la gubernatura de Aguirre Rivero.

Sin embargo, los señalamientos también refieren que el exgobernador “tenía relación con los grupos delictivos” de la entidad, razón por la que lo consideraban “una persona peligrosa” a la que temían.

Ernestina Godoy reveló la existencia de testigos que señalaron a Ángel Aguirre

Luego de la detención del exgobernador de Guerrero, ocurrida el pasado 6 de agosto en el Estado de México, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que existen indicios de la presunta implicación de Aguirre Rivero en la destrucción de evidencias.

Al respecto, dijo que fueron dos testigos colaboradores quienes brindaron nuevos datos: uno confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a una persona responsable de sustraerlas y llevárselas al exgobernador; mientras que la segunda refirió que Aguirre Rivero realizó una reunión con mandos de primer nivel del gobierno estatal a desaparecer cualquier evidencia del caso.

“Lejos de ser un acto aislad u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, aseguró Godoy.

Actualmente el exgobernador se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, en los próximos días se realizará la audiencia en el que se definirá si es vinculado a proceso o no.

Un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia, vinculados con el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala de haber ordenado desaparecer las grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia Estatal en Iguala que captaron el momento en que estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014, material que habría sido determinante para conocer su paradero.

La medida cautelar se emitió este viernes durante la audiencia inicial celebrada en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, donde el juzgador validó la legalidad de la detención del exmilitante del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocurrida el pasado jueves 6 de agosto en el Estado de México.

La defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término constitucional. Por esa razón, el martes 11 de agosto a las 10:00 horas se retomará la audiencia para determinar si se vincula a proceso a Aguirre Rivero por los dos delitos señalados.

Las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala grabaron el autobús Estrella de Oro 1531

Según datos revelados en un video informativo sobre el caso Ayotzinapa, publicado por la FGR este 7 de agosto, la noche del 26 de septiembre de 2014 el autobús de la empresa Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.

La FGR señaló que ese material habría captado el momento en que los jóvenes fueron atacados, lo que lo convierte en una evidencia que habría sido determinante para el esclarecimiento de los hechos. Las primeras versiones oficiales sostuvieron que no existía por presuntas fallas técnicas del sistema.

En su mensaje del 6 de agosto, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos detalló que en enero de 2026 una persona colaboradora aportó un testimonio que confirmó la existencia de las grabaciones. Esa persona señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Aguirre Rivero y refirió amenazas que explicaban su silencio previo.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció ese testimonio. Señaló que Aguirre Rivero habría ordenado, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

El arresto de Ángel Aguirre Rivero no es el primero vinculado al ocultamiento de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. El 14 de mayo de 2025, la FGR detuvo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de haber ordenado destruir ese mismo material. Ella ocupaba la presidencia del TSJ en septiembre de 2014, cuando ocurrieron los ataques y desapariciones contra los normalistas.

Posterior a la confirmación de la prisión preventiva, FGR detalló en un comunicado de prensa que como parte de su nuevo modelo de investigación, el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso Ayotzinapa se realizó en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

Godoy Ramos: el ocultamiento fue una operación dolosa estructurada desde la cúpula del Ejecutivo estatal

En el mismo mensaje, la fiscal sostuvo que la FGR cuenta con elementos de prueba que acreditan que la instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

Godoy Ramos afirmó que el ocultamiento de las grabaciones no fue un acto aislado ni una omisión técnica: “Fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.

Tanto el video de la FGR de este día como el mensaje de Godoy Ramos precisaron que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

La orden fue cumplimentada el jueves 6 de agosto en el Estado de México. La fiscal Godoy Ramos se comprometió a mantener informadas a las familias de los 43 normalistas y al pueblo de México sobre nuevos avances, conforme lo permita el debido proceso.

Este año la FGR detuvo al exdirector de Tránsito de Iguala y un exmilitar cayó en EEUU

El 3 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que en colaboración con la FGR, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, exdirector de Tránsito municipal de Iguala. Las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un celular perteneciente a uno de los 43 normalistas el 27 de septiembre de 2014.

El 5 de junio de 2026, autoridades estadounidenses notificaron a la FGR la detención de Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano asegurado en Hawthorne, California, por no acreditar su estancia legal. Contaba con orden de aprehensión vigente en México por desaparición forzada. Es señalado como integrante de un grupo de 12 soldados que patrullaron Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, por lo que se le vincula con la desaparición. La Fiscalía inició el procedimiento migratorio correspondiente para su repatriación a México.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la detención del exgobernador del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Asegurando que el arresto está relacionado con un trabajo que vienen haciendo las autoridades desde hace meses, pero que aún debe seguir para encontrar más evidencias que ayude a esclarecer el caso.

Asimismo, anunció el traslado de Betssy Chávez desde Perú a México, tras la reconciliación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras su ruptura en 2025.

Finaliza la conferencia de prensa

Sheinbaum afirma que pondrá toda su voluntad para dar con la verdad del caso Ayotzinapa

“Voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi energía, toda mi voluntad para que así sea. Eso lo saben los padres y las madres. Y lo que sí es muy prometedor de las nuevas investigaciones que se están haciendo es que por lo menos hay más información de la que se tenía hasta septiembre del 2024, que permiten, pues ir avanzando”, declaró.

Sheinbaum anuncia posible visita a Brasil

La mandataria mexicana informó que es posible su regreso a Brasil en el marco de la firma del acuerdo entre Pemex y Petrobras, encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Exportaciones de aguacate de México y EEUU

“Desde que definimos el Plan Michoacán, ha disminuido la inseguridad. Hay mucha presencia y reconocida incluso por los productores de aguacate, pero en otra zona ahora de otros municipios, ellos manifiestan temas de inseguridad. Entonces, me reuní con ellos, con la asociación, vinieron varios productores, nos pidieron apoyo en diferentes temas y los estamos apoyando desde la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y también el SAT”, indicó Sheinbaum.

Agregó que “con Estados Unidos lo que les dijimos: “A ver, ¿hay algún tema para los inspectores de Estados Unidos que tienen que revisar esta certificación en Michoacán, en qué lugares?” Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros y si no, pueden delegarle ese trabajo a SENASICA".

Este 7 de agosto a las 11:00 horas, se reunirá la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Estados Unidos para darle seguimiento a la situación de las exportaciones de aguacate.

/mexico/2026/08/07/gobierno-confirma-reunion-con-eeuu-para-reanudar-importacion-de-aguacate/

La jefa de Estado aseguró que es muy contradictorio lo que informan las agencias de Estados Unidos sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, señalando la importancia de clarificar la información por el bien de las relaciones entre ambos países y de México.

Acciones para la baja de la inflación

• Implementación de Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC): ciertos productos de la canasta básica indispensables para la alimentación no subirán de precio y se mantendrán hasta el momentos en menos de novecientos trece pesos.
• Acuerdo para mantener el precio de las gasolinas y del diésel.

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México no tendrá reconciliación con Ecuador

La mandataria mexicana reafirmó la importancia de que México mantenga relaciones diplomáticas con otros países del mundo, asegurando que siempre se va buscar los mejores vínculos de amistad, exceptuando a Ecuador.

“En el caso de Ecuador no las tenemos porque ellos invadieron la Embajada de México en el Ecuador. Es algo completamente distinto. Hay un agravio a nuestra soberanía”, manifestó.

/mexico/2026/08/07/sheinbaum-justifica-la-reconciliacion-con-peru-y-el-distanciamiento-de-ecuador/

Relaciones diplomáticas de México y Perú

“México en todo momento siguió los criterios internacionales y las normas y los tratados. Por parte de ellos decidieron romper las relaciones. Nosotros protegimos a Betssy Chávez, pedimos en su momento a Brasil que se pudiera hacer cargo de la embajada. Ella permaneció todo este tiempo en la embajada y ahora que gana la presidenta Fujimori, es iniciativa de ella llamar a México. Llama al canciller ella de manera personal y le dice que quiere resolver el tema de Betssy Chávez y que está dispuesta a dar el salvoconducto en el momento que llegue a ser presidenta. Y a partir de ahí se da, pues un proceso de comunicación con ellos, hasta que el día de hoy entiendo que ya aterrizó”, señaló Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum aseguró que Profepa y Semarnat han actuado de manera activa en los derrames de hidrocarburos ocurridos.

Sheinbaum pide a la Fiscalía una conferencia de prensa para la presentar carpetas de investigación

“Llamé a la secretaria de Gobernación, le pedí que a ver si nos podíamos reunir y le comenté que, sería muy bueno que pronto pudiera haber un, una conferencia de prensa, en la medida de lo posible, con las carpetas de investigación y el proceso que se lleva, pues de cuáles son estas líneas por parte de la Fiscalía y por parte de la Comisión, cómo se ha avanzado y todo lo que se ha hecho desde que llegamos al Gobierno, porque, pues ha habido nuevos hallazgos que son relevantes y que, repito, en el marco de la investigación y en los procesos, hasta donde se puede informar”, declaró la mandataria.

Detención del exgobernador de Ángel Aguirre Rivero

La presidenta de México habló sobre el caso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la fiscalía y ellos, pues tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias y los testimonios que ayer mencionó la fiscal, cómo fue que existen. Y lo importante para nosotros, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que lleva Arturo Medina, que tiene la Comisión de Investigación, la propia Fiscalía General de la República, el trabajo de diálogo con los padres y madres de familia, poder llegar a la verdad y a la justicia y encontrar a los jóvenes”, expresó.

/mexico/2026/08/07/detencion-de-angel-aguirre-por-caso-ayotzinapa-no-es-tema-politico-afirma-sheinbaum-no-tiene-nada-que-ver/

Semifinalistas de México Canta

Secretaria de Cultura, Claudia Curiel presentó a los semifinalistas de México Canta, con la participación de diversas personas de México y EEUU.

Proceso de selección: 15 de junio al 23 de julio de 2026

Preselección regional

• 365 participantes
• Mecanismo: Plataforma virtual
• Selección: Consejo Mexicano de la Música CMM

Preselección estatal

• 48 participantes
• Mecanismo: Plataforma virtual y audiciones presenciales
• Selección: Consejo Mexicano de la Música CMM

Selección de semifinalistas

• 14 semifinalistas: 7 México y 7 Estados Unidos
• Mecanismo: Audiciones presenciales
• Selección: Consejo Mexicano de la Música CMM

Finalistas

• 7 finalistas: 3 de Estados Unidos, 3 de México y 1 finalista adicional, el mejor 4to lugar
• Mecanismo: Programa en vivo
• Selección: Votación del público

Fechas y sedes de semifinales

Estados Unidos

• Domingo 23 de agosto
• Teatro Orpheum, Los Ángeles, California 19h (Centro - Ciudad de México) 18h (California)

México

Domingo 30 de agosto

Teatro Ángela Peralta, Mazatlán, Sinaloa 19h (Centro - Ciudad de México) 18h (Pacífico - Sinaloa)

Final: 13 de septiembre en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional

/mexico/2026/08/07/quienes-son-los-semifinalistas-nacionales-de-mexico-canta-2026-lista-completa-sedes-y-fechas-rumbo-a-la-final/

Casos de ciclosporiasis identificados en México

• Cada año se registran casos en México, sin que ello constituya un brote o una señal de alarma.
• Al 31 de julio se tienen registrados 33 casos confirmados a nivel nacional.
• Los casos equivalen al 0.00002% de la población

Acciones para la prevención de la enfermedad

• México: COFEPRIS / SENASICA - Estados Unidos: FDA
• Cultivo: Producción agrícola primaria (SENASICA)
• Empaque: Manejo y control epidemiológico y sanitario (DGE - COFEPRIS)
• Distribución: Productos frescos y mínimamente procesados

Síntomas de la ciclosporiasis

El secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich dio a conocer más detalles sobre la ciclosporiasis, enfermedad que está afectando a la población de EEUU tras consumir alimentos o agua contaminados.

Síntomas

• Comienzan entre 2 a 14 días
• Diarrea intensa
• Pérdida de apetito
• Dolor en abdomen
• Náuseas o vómito
• Debilidad
• Inflamación intestinal
• Presencia de gases
• Cansancio
• Fiebre
• Pérdida de peso

Recomendaciones

• Lavar las frutas y verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas, pelarlas o cocinarlas.
• Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de usar el baño.
• Consumir agua potable o hervida.

/mexico/2026/08/07/van-33-casos-registrados-de-ciclosporiasis-en-mexico-este-es-el-plan-del-gobierno-para-detectar-y-evitar-casos/

Betssy Chávez es trasladada a México

La política peruana, Betssy Chávez aterrizará en México el día de hoy, tras ser trasladada por un avión de la Fuerza Aérea desde Perú. México y Perú retoman relaciones diplomáticas.

/mexico/2026/08/07/betssy-chavez-llega-a-mexico-en-avion-de-la-fuerza-aerea-sheinbaum-reitera-apoyo-a-pedro-castillo-tras-reconciliacion-con-peru/

Inflación anual de México

Sheinbaum reporta una baja en la inflación anual de México, registrando un 3.12% en julio con respecto a 3.37% en junio de 2026.

Comienza la conferencia de prensa.

Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrer fue aprehendido por autoridades el pasado jueves por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se aclarará quién protegió y actuó en la masacre así como las pruebas contundentes recabadas por la fiscalía, entre las que podría sumar el caso de Julio César Mondragón, ya que su celular dio infomación clave.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, el ataque contra estudiantes de Ayotzinapa dejó 43 desaparecidos, al menos 40 heridos y seis personas asesinadas; entre ellas estuvo Julio César Mondragón Fontes, el normalista de 23 años cuyo caso se volvió una de las expresiones más brutales de esa jornada porque fue secuestrado, torturado y hallado sin vida al día siguiente con el rostro desollado.

El expediente sobre su muerte trazó una secuencia que fue de la terminal camionera al llamado Camino del Andariego. También añadió un dato posterior que abrió otra línea de preguntas: su teléfono LG L9, comprado un día antes de morir, no apareció junto al cuerpo y su actividad se habría mantenido hasta abril de 2025, con un registro que ubicó el aparato en un centro de inteligencia de la Ciudad de México.

Julio César era padre de una niña pequeña. Su cuerpo fue encontrado la mañana del 27 de septiembre de 2014 en la colonia Ciudad Industrial, cerca de las instalaciones del C4 de Iguala, con signos evidentes de tortura después de haber sido privado de la libertad durante los ataques contra los normalistas.

Julio César fue visto por última vez tras correr durante un nuevo ataque armado

La reconstrucción de los hechos situó a Julio César desde la tarde del 26 de septiembre, cuando salió de la Normal Rural de Ayotzinapa con sus compañeros hacia Iguala. Un sobreviviente lo ubicó dentro de la terminal, donde abordó el autobús Costa Line 2012; esa fue la primera referencia directa que lo colocó en los hechos de esa noche.

A las 21:13:46 horas, el camión 2012 salió de la terminal con Julio César a bordo. Detrás avanzó la unidad Costa Line 2510 y se sumó el autobús Estrella de Oro 1568, que ya estaba en la calle; juntos formaron una caravana que tomó la avenida Hermenegildo Galeana, después Juan N. Álvarez, con dirección a Tixtla.

En ese trayecto se encadenaron varios episodios: un choque directo entre policías municipales de Iguala y estudiantes, el bloqueo en la intersección de Juan N. Álvarez y Periférico, la desaparición de los alumnos que iban en el autobús 1568, lesiones graves contra varios normalistas y un ataque de un grupo armado que mató a dos jóvenes. La agresión involucró a policías y miembros de la delincuencia organizada.

Durante el bloqueo en Juan N. Álvarez y Periférico, cuatro estudiantes resultaron heridos y uno sufrió una lesión grave en la cabeza. Los alumnos que seguían dentro del Costa Line 2012, entre ellos Julio César, bajaron de la unidad y se resguardaron entre la parte trasera de ese camión y el espacio que quedaba frente al Costa Line 2510.

Un testimonio de otro normalista señaló que Julio César grabó con su celular lo que estaba ocurriendo. Hasta ahora, si ese video existió, no fue recuperado.

Uno de sus compañeros recordó que lo vio asustado, recargado en el autobús, y trató de tranquilizarlo. Dentro del grupo lo identificaban como “El Chilango”.

Alrededor de las 23:00 horas, llegaron al sitio alumnos de la Normal que se trasladaron en dos camionetas Urvan para apoyar a sus compañeros. En ese momento, Julio César todavía fue ubicado en el lugar; incluso fue descrito con una playera roja y un paliacate en el cuello.

Instantes después ocurrió otro ataque. Un comando armado disparó con ráfagas contra los normalistas cuando realizaban una improvisada conferencia de prensa, y en ese episodio murieron dos estudiantes más y varios quedaron lesionados; ese hecho fue colocado cerca de las 00:30 horas del 27 de septiembre de 2014.

Las evidencias indicaron que, al escuchar los disparos, los estudiantes se tiraron debajo de los autos para protegerse. Julio César seguía junto a ellos, pero cuando cesó la balacera corrió hacia la esquina de la calle Juárez.

Un grupo de estudiantes logró entrar a una casa y desde ahí le gritó que fuera con ellos. Julio César no les hizo caso y siguió corriendo. Esa fue la última vez que sus compañeros lo vieron con vida.

Después de que se alejó, uno de los normalistas dijo haber escuchado gritos “como cuando agarran a una persona”. A partir de ese momento ya no hubo noticias sobre su paradero hasta que su cuerpo apareció horas más tarde en un camino de terracería de Iguala.

El cuerpo presentó 64 fracturas y el celular no apareció junto a él

Cuando fue hallado, el cadáver estaba boca arriba sobre una calle de terracería, aproximadamente a la mitad del camino. El informe consignó que no tenía piel en el rostro, que la sangre estaba seca y que sólo conservaba un ojo visible.

La revisión pericial documentó un nivel de violencia extremo. A Julio César le provocaron fracturas en los ocho huesos del cráneo y en 13 de los 14 huesos del esqueleto facial, con la lesión más intensa en el macizo facial.

El cuerpo también presentó múltiples fracturas en 19 huesos del tórax y la columna. Diez de ellas se localizaron en los arcos costales: siete del lado izquierdo y tres del derecho.

En total, los peritos establecieron 64 fracturas en 40 huesos de su estructura ósea. Además, la presencia de infiltrado retroperitoneal izquierdo y hemorragias en epiplón y colon mostró que las lesiones fueron infligidas antes de la muerte mediante traumatismos directos con objetos de consistencia dura.

Durante la presentación del segundo informe del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas dio más detalles sobre la agresión a partir de declaraciones de testigos. El entonces subsecretario de Gobernación afirmó: “Se lo llevaron en una camioneta y lo sometieron en el camino de terracería”.

Encinas agregó que integrantes de Guerreros Unidos confirmaron la participación de varios agresores en el ataque contra el normalista. Según esas declaraciones, algunos incluso habrían dicho que lo desollaron después de haberlo asesinado extrajudicialmente.

La relatoría de las organizaciones que acompañaron el caso sostuvo que Julio César fue el primero en bajar de un camión cuando empezó el ataque y también habría sido el primero al que se llevaron. Esa versión coincidió con la secuencia que lo mostró separado del grupo tras la segunda agresión.

Dos integrantes detenidos de Guerreros Unidos declararon ante la autoridad federal sobre el homicidio, pero sus versiones tuvieron discrepancias entre sí y frente a lo que determinó la dictaminación científica. Uno dijo que fueron cuatro agresores, que lo persiguieron, lo apedrearon hasta matarlo, después lo desollaron y luego lo trasladaron en una camioneta roja de Protección Civil hasta dejarlo en el camino de terracería.

El segundo aseguró que fueron siete sujetos, que le dieron alcance, lo golpearon a patadas en el abdomen, le taparon la boca y lo subieron a la batea de esa misma camioneta. Ambos coincidieron en señalar la participación de un servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Iguala, quien además conducía el vehículo.

Cuando encontraron el cuerpo, su celular no estaba con él. El aparato, un LG L9 negro, se lo había vendido un día antes su compañero Jorge Luis González Parral, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

Por ese teléfono, Julio César narró en tiempo real a su pareja Marisa Mendoza lo que estaba ocurriendo. “Están disparando, amor”, fue el primer mensaje que envió.

Después, al advertir el riesgo de morir, se despidió de ella y de su hija con otra frase: “Cuídate y cuida a mi hija, dile que la amo, bye”.

La esposa de Julio César fue representada por Sayuri Herrera Román, abogada, activista defensora de los derechos humanos, feminista y funcionaria mexicana. De 2020 a febrero de 2025 fue titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, quien escribió al respecto:

“Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre. La tortura ha tomado tales proporciones, que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno, uno que no debemos ignorar. Las técnicas de tortura son enseñadas y mecanizadas, y se exportan de un país a otro. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros, desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. El cuerpo no fue ocultado sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala, arrancado el rostro, extraídos los ojos. Esta imagen comenzó a circular en las redes sociales; alguien –no sabemos quién– le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado. Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, pues constituyen un mensaje”.

Las investigaciones posteriores establecieron que el celular siguió activo hasta abril de 2025. El registro de actividad ubicó el dispositivo en un centro de inteligencia de la Ciudad de México.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre —ejecutada ayer por la Fiscalía General de la República (FGR)— puede llegar a saldar una deuda de justicia para los familiares de las victimas.

“De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, indicaron en una tarjeta informativa emitida por la organización.

La imputación gira en torno a la presunta destrucción de pruebas sobre caso que conmocionó a México en septiembre de 2014. La hipótesis principal sostiene que Ángel Aguirre Rivero, como titular del Ejecutivo estatal en ese momento, habría ordenado ocultar o eliminar toda evidencia relacionada con la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, la organización subrayó que la valoración de las familias sobre el proceso depende de una condición explícita: que la investigación sea sólida y apegada a derecho. Solo bajo esa premisa, según el comunicado, el proceso “puede llegar a saldar una deuda de justicia”.

En los últimos años, las familias han denunciado haber sido marginadas de los procesos institucionales. El reproche por la falta de consulta previa se repite en este episodio, como ocurrió en julio pasado con la Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En aquella ocasión, el abogado de los padres, Isidoro Vicario, reprochó a la CNDH no haberse acercado a las familias antes de publicar el documento. Varios padres señalaron que no participaron en la elaboración del informe y que tampoco solicitaron la intervención del organismo en esos términos.

La detención de Aguirre Rivero y la línea de investigación de la FGR

La detención del exgobernador llega a poco más de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes. El caso permanece sin esclarecerse a pesar de los compromisos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con las familias.

El 29 de julio de 2026, ocho días antes del arresto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina en Palacio Nacional la existencia de nuevas indagatorias. “Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró la mandataria.

Las familias han denunciado en múltiples ocasiones que fueron abandonadas por las autoridades. La detención de Aguirre Rivero representa, para ellas, la primera vez que el proceso judicial alcanza al funcionario de mayor jerarquía del gobierno guerrerense al momento de los hechos.

La FGR acreditó la posible participación de Aguirre Rivero a partir de un reanálisis de las actuaciones del caso bajo su nuevo modelo de investigación. Ese proceso incluyó nuevos actos de investigación y la revisión de testimonios de testigos colaboradores.

La línea central apunta a la presunta destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Esas imágenes habrían captado el paso de un autobús con estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 y fueron eliminadas, según la hipótesis de la fiscalía, por instrucciones desde la administración estatal.

En mayo de 2025, la FGR detuvo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de la presunta destrucción de esos videos. Tras ese arresto, Aguirre Rivero emitió un deslinde público: “Jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

La captura del exgobernador extiende ahora esa línea de investigación hacia la cúpula del poder estatal. La FGR indicó que durante la jornada del 6 de agosto daría a conocer información adicional sobre los delitos imputados y el destino del exmandatario.

Ángel Aguirre Rivero: trayectoria política y renuncia tras la tragedia

Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero, en una familia con tradición política: su padre y su abuelo fueron alcaldes de ese municipio. Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su carrera pública en 1979 como subjefe de departamento en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante más de 30 años, ejerció como diputado federal, senador y gobernador interino de Guerrero entre 1996 y 1999, tras la masacre de Aguas Blancas. En 2010, al ser desplazado como candidato del PRI a la gubernatura, anunció su renuncia al partido y buscó el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El 30 de enero de 2011 ganó la gubernatura constitucional de Guerrero con el 55.92 por ciento de los votos, con una ventaja de más de 158 mil sufragios. Fue la primera vez en su carrera que ejerció un cargo de elección popular bajo siglas distintas al PRI.

La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron en Iguala de la Independencia. El hecho desencadenó protestas a escala nacional e internacional y colocó a su administración bajo una presión sin precedentes, lo que lo llevó a presentar su renuncia el 23 de octubre de 2014, un mes después de la tragedia.

Las negaciones del exgobernador y su intento de retorno político

En agosto de 2022, tras la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, Aguirre Rivero negó también su participación en la construcción de la llamada “verdad histórica”. “Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos”, declaró en esa ocasión.

El año pasado, el exgobernador aseguró que “ha cargado con una loza muy pesada” por el caso. “Si en 11 años las investigaciones no han apuntado hacia Ángel Aguirre, creo que es evidente que no han encontrado elementos que me involucren”, dijo a medios de comunicación.

Debido a la presión pública que generó el caso, Aguirre Rivero se mantuvo alejado de puestos políticos tras su renuncia, aunque en 2018 intentó postularse como diputado federal y finalmente abandonó la precampaña. Su detención el 6 de agosto de 2026 marca el punto de mayor exposición judicial de su trayectoria de más de cuatro décadas en la vida pública mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que no hay un trasfondo político en la detención de Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, mismo que fue aprehendido por autoridades el pasado jueves por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

“No tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación” señaló la mandataria nacional frente a medios de comunicación.

Sheinbaum señaló que hay carpetas de investigación donde vienen muchos testimonios, algunos realizados cuando se dio la falsa verdad histórica, y algunos posteriores, cuando llegó al poder el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Dijo que hay muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores, que habían sido analizadas hasta cierto nivel, y ahora se hizo una investigación mucho más detallada sobre estas llamadas.

“Qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué hora se hablaron, cuántas veces se hablaron, de sábanas de teléfono de aquella época, porque eso si se pide ahora ya no existe, porque fue hace ya más de 10 años, pero toda esa evidencia consta en las carpetas”, señaló la mandataria nacional.

Dijo que, lo que hizo el nuevo fiscal, fue hace ya más de 10 años, pero toda esa evidencia consta en las carpetas. “Lo que hizo el nuevo fiscal fue revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación estas llamadas telefónicas y sus vínculos entre unas y otras personas, al mismo tiempo, ayer lo mencionó la Fiscal, el caso de uno de los autobuses que se detiene frente al Palacio de Justicia y la grabación de ese momento, ahí viene otra línea de investigación, y así hay varias líneas de investigaciónp que está siguiendo la Fiscalía, acompañado de búsquedas que se hacen en territorio de evidencias que se tienen, se ha detenido a más personas, algunas de ellas nunca habían aparecido como posibles responsables, ellos han dado algunos testimonios, son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.

Dijo que ayer que se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tras enterarse de la detención de Aguirre, le comentó que sería muy bueno que pronto pudiera haber una conferencia de prensa con las carpetas de investigación y el proceso que se lleva sobre cuáles son las líneas por parte de la Fiscalía, cómo se ha avanzado y lo que se ha hecho por parte del gobierno.

Antes de esto, Sheinbaum declaró que el fiscal del caso, la fiscal general de la República y el apoyo que han tenido en el análisis de inteligencia e investigación con nuevas formas de investigar, pueden ser las mismas evidencias pero ahora profundizando por medio de distintos mecanismos, lo que permite seguir haciendo justicia.

Dijo que la detención de Aguirre está relacionada con un trabajo que se venía haciendo desde hace varios meses por parte de la Fiscalía y ellos deberán seguir dando las evidencias de la detención, el por qué se da, bajo qué circunstancias y los testimonios que mencionó la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

“Lo importante para nosotros, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que lleva Arturo Medina, que tiene la Comisión de Investigación, la propia Fiscalía General de la República, el trabajo de diálogo con los padres y madres de familia, poder llegar a la verdad y a la justicia y encontrar a los jóvenes”, mencionó Sheinbaum.

Señaló que este mes hay reunión con las familias de los desaparecidos, pues cada dos o tres meses se reúnen, y se dan a conocer los avances de la investigación. “Nos estaremos reuniendo a finales de este mes”, dijo.

El video del momento ha sido reinterpretado en plataformas digitales en medio del proceso penal contra el exgobernador, debido a la negativa de la presidenta por ser asociada con él: “Mándele un saludo, pero dígale que no. No recibo regalos de ellos”, externó, al tiempo que regresaba a una mujer una bolsa de papel decorada con papel de color rosa.

Sheinbaum: “Ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo”

Aquel gesto en Xochistlahuaca representó un acierto para la presidenta Sheinbaum ante simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

Más tarde, al ser cuestionada por reporteros, la presidenta endureció sus palabras y cuestionó las intenciones de Aguirre Rivero: “¿Por qué me manda un regalo un exgobernador? O sea, ¿qué significa? Además de que ni lo conozco ni tengo deseos de conocerlo. No tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador”, respondió.

A un año de distancia, el video resurge y es analizado desde una óptica diferente tras declaraciones de Ernestina Godoy, fiscal General de la República.

En una transmisión, la funcionaria afirma que Ángel Aguirre instruyó en una reunión de alto nivel eliminar toda la evidencia relacionada con los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia en Iguala la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, subraya Godoy para justificar la detención de Aguirre.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exgobernador fue capturado en Tepotzotlán, Estado de México. La tarde del jueves, fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en la misma entidad, donde un juez determinará su situación legal durante el proceso.

Ángel Aguirre: “Cualquier cosa la afrontaré con entereza”

En 2023, en entrevista para El Sol de Chilpancingo, Aguirre Rivero abordó la desaparición de los 43 normalistas y las versiones de una investigación en su contra.

Afirmó que contactó a Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para saber su situación jurídica: “Le digo: ‘quiero que sepas que cualquier cosa, aquí estoy (en Acapulco) y de aquí me voy a Costa Chica. Yo no me voy a esconder’”. El exgobernador subrayó que desde 2014 se había preparado para afrontar “cualquier cosa con entereza”.

Quién es Ángel Aguirre, figura clave en el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre Rivero construyó su carrera política dentro del PRI de las décadas de 1980 y 1990, donde ocupó cargos estratégicos antes de convertirse en gobernador de Guerrero en dos ocasiones. Su trayectoria quedó marcada por episodios de violencia política, señalamientos sobre el uso del poder y, años después, por el caso Ayotzinapa.

Originario de Ometepec, en la región de la Costa Chica, inició su ascenso como secretario particular y posteriormente secretario de Gobierno del entonces gobernador Alejandro Cervantes Delgado entre 1981 y 1987. Más tarde colaboró con José Francisco Ruiz Massieu como secretario de Desarrollo Económico y coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica. Entre 1993 y 1996 presidió el PRI estatal.

En 1996 asumió la gubernatura de Guerrero de manera interina tras la licencia de Rubén Figueroa Alcocer, quien dejó el cargo después de la masacre de Aguas Blancas.

Durante esos años, dirigentes de oposición lo señalaron como una de las figuras con mayor influencia política en la Costa Chica. El entonces dirigente perredista Tomás Molina declaró a La Jornada que Aguirre “quitaba y ponía presidentes municipales”.

Por su parte, Eloy Cisneros Guillén lo acusó de haber tenido “mucho que ver” en el desalojo del Palacio Municipal de Ometepec en 1990, operativo que dejó muertos, desaparecidos y decenas de personas lesionadas, según distintas fuentes.

En 2011 regresó al gobierno de Guerrero como candidato de una alianza encabezada por el PRD. Su administración enfrentó una escalada de violencia y concluyó anticipadamente en octubre de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Más de una década después, la Fiscalía General de la República lo señala por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas, una investigación que volvió a colocar al exmandatario en el centro del caso.

Su entorno también enfrentó investigaciones por presuntas irregularidades financieras. En 2015, su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero fue detenido dentro de una indagatoria por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con más de 287 millones de pesos, mientras las autoridades revisaban movimientos financieros y contratos vinculados con empresas.

La nueva investigación de la FGR reactivó el escrutinio sobre la trayectoria política de Aguirre Rivero, cuya carrera quedó ligada tanto a conflictos históricos en Guerrero como a uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.

Durante casi 12 años, una pregunta persiguió el caso Ayotzinapa: ¿qué captaron las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala la noche en que desaparecieron los 43 normalistas? Las autoridades sostuvieron durante años que esas grabaciones no existían por supuestas fallas técnicas. Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que sí existieron, que mostraban el último rastro de un grupo de estudiantes con vida y que fueron retiradas deliberadamente para ocultarlas.

Esa acusación es la que llevó este 6 de agosto a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Según la FGR, las videograbaciones del Palacio de Justicia fueron sustraídas y entregadas directamente al entonces mandatario estatal por instrucciones suyas, en lo que la institución describe como una operación para desaparecer una de las pruebas más importantes del caso Ayotzinapa.

En los videos se captaron imágenes del autobús Estrella de Oro 1531, uno de los cinco vehículos en los que viajaban esa noche estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Las cámaras 12 y 15, instaladas al exterior del Palacio de Justicia, lo captaron en el momento exacto en que era detenido, pero esas grabaciones nunca llegaron a la investigación inicial. Las versiones oficiales de 2014 las explicaron con una coartada técnica: fallas en el sistema.

El último rastro conocido de los normalistas

Según la reconstrucción de Forensic Architecture —agencia de investigación comisionada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro ProDH en un reporte publicado en septiembre de 2017— y las investigaciones del GIEI, el autobús 1531 salió de la Central Camionera de Iguala alrededor de las 21:20 horas a la cabeza de un convoy de cuatro autobuses con dirección al norte de la ciudad, seguido de los Costa Line 2012 y 2510 y el Estrella de Oro 1568.

Diez minutos después, al llegar a la calle Galeana, policías municipales intentaron bloquear el paso del convoy con disparos al aire. En la confusión, el 1531 se separó del resto de las unidades y tomó una ruta hacia el este.

Hacia las 21:40 horas, el autobús fue interceptado bajo un puente, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Cuatro patrullas de la Policía Municipal rodearon la unidad. Con el paso de los minutos llegaron más corporaciones: patrullas ministeriales, de la Policía Federal y más unidades municipales, hasta conformar un cerco de alrededor de 12 patrullas. La investigación también ubica en la escena a un agente de inteligencia militar que presuntamente tomó fotografías con su celular.

Alrededor de las 22:30 horas, los policías utilizaron gas lacrimógeno para obligar a los estudiantes a descender del autobús. Una vez afuera, entre 12 y 15 normalistas fueron golpeados. Tres patrullas de la Policía Municipal de Huitzuco participaron en el operativo, según testigos protegidos citados por la FGR. Los estudiantes fueron subidos por la fuerza a vehículos policiales y trasladados hacia el sur, en dirección a Chilpancingo.

Todo ese proceso ocurrió frente a las cámaras 12 y 15. Las grabaciones habrían captado la secuencia completa: la llegada del 1531, el cerco policial, los golpes y la detención de los normalistas. Es la última imagen conocida de ese grupo de estudiantes antes de su desaparición.

A las 23:10 horas, 14 estudiantes sobrevivientes que habían escapado de otro autobús regresaron al Palacio de Justicia a buscar a sus compañeros. Desde el puente observaron el 1531 vacío y bajo resguardo policial. Entre las 00:15 y las 00:40 horas del 27 de septiembre, una grúa retiró el autobús del lugar.

El chofer del 1531 vio quién daba las órdenes

El conductor del autobús declaró ante las autoridades lo que vivió después de que los estudiantes fueron bajados a la fuerza. Fue sacado del vehículo y sentado entre dos policías encapuchados. En ese momento se acercó un hombre.

“Al llegar me sentaron entre dos policías encapuchados y salió un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio”, declaró el chofer, según el expediente citado por Emeequis.

El hombre preguntó quién era. Los policías respondieron que era el conductor del autobús. La respuesta fue: “Pues llévenselo también, ya saben dónde”. Segundos después rectificó: “Déjenlo que se largue”.

El conductor sobrevivió. Los estudiantes que viajaban en el 1531, no.

El GIEI confirmó los videos en 2015; la PGR nunca los solicitó

El GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de forma independiente, supo de la existencia de las grabaciones a través de una magistrada de Iguala y posteriormente de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Ambas las habían visto.

El GIEI solicitó formalmente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que investigara el paradero del material. Lo que documentó el grupo fue más grave que una omisión: la PGR no desconocía que el Palacio de Justicia pudiera tener evidencia, simplemente nunca indagó si existía. Habían transcurrido diez meses desde los hechos.

La investigación del GIEI confirmó que existían grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia en las que se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Los videos no aparecieron.

Aguirre estuvo en las reuniones donde se diseñó la “verdad histórica”

Según las conclusiones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), el 7 y 8 de octubre de 2014, once días después de la desaparición de los normalistas, se celebraron reuniones de alto nivel en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la sede del 27° Batallón de Infantería de Iguala y en las oficinas de la entonces PGR.

El objetivo fue diseñar e implementar una versión falsa de los hechos para resolver el caso de forma acelerada y modificar la opinión pública. Esa versión sería bautizada después por el entonces procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.

En esas reuniones estuvieron el entonces presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, el procurador Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, entre otros funcionarios federales. Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero al momento de los hechos, también estuvo presente.

En agosto de 2022, tras la detención de Murillo Karam, Aguirre negó también esa participación: “Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, declaró en aquella ocasión.

Dos testigos protegidos

El 29 de julio de 2026, ocho días antes de la detención de Aguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina en Palacio Nacional la existencia de nuevas indagatorias en el caso.

“Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró.

La FGR desarrolló un reanálisis de las actuaciones del caso bajo su nuevo modelo de investigación. Ese proceso produjo dos testimonios que la institución considera determinantes.

En enero de 2026, un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregarlas de manera directa a Aguirre Rivero. El testigo declaró además haber recibido amenazas que, en sus palabras, explicaban su silencio previo.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló al exgobernador de haber convocado una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno para ordenar la desaparición de cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala.

“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, declaró la titular de la FGR Ernestina Godoy Ramos en conferencia.

“Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal.”

Con base en esos elementos, un juez federal libró la orden de aprehensión. El 6 de agosto de 2026, a las 09:46 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Aguirre Rivero sobre la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro en la colonia Cedros de Tepotzotlán. A las 15:25 horas ingresó al Cefereso Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

En mayo de 2025, tras la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su presunta intervención en el ocultamiento de las grabaciones, Aguirre había emitido un comunicado: “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia” y “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos informaron ese mismo 6 de agosto, a través de un comunicado, que la FGR no les notificó la detención. “De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, señalaron.

Tras la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, relacionado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la “herida continúa abierta”, por lo que instó a que no se vuelva un “distractor” o “un tema político” y se traduzca en “justicia para las familias”.

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) agregó que tras 12 años de incertidumbre, “que es un tema que siempre tendrá que obligarnos a exigir que haya justicia, verdad, garantías de no repetición”.

Comentó que la justicia no llega dependiendo el partido político en turno, reiteró que primero debe saberse “dónde están, saber lo que pasó, saber en dónde están y pues que quien haya sido responsable tenga una consecuencia jurídica por ello”.

FGR detuvo a Aguirre por presunto ocultamiento de información

A través de un breve comunicado, la mañana de este 6 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tras el desarrollo de un reanálisis de la actuación de personas involucradas en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, se pudo acreditar la presunta participación de Ángel Aguirre en el ocultamiento de evidencias sobre el paradero de los 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos.

Ante los hallazgos, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador. La tarde de este jueves, el acusado fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México.

Tras la detención del exfuncionario en Tepotzotlán, la fiscal Ernestina Godoy ofreció más detalles sobre las evidencias que sostienen los cargos contra Ángel Aguirre; señalando que el exgobernador de Guerrero habría ordenado el ocultamiento de grabaciones del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, en las que se registraba la detención del autobús Estrella de Oro con número 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014.

Las cámaras 12 y 15, ubicadas en el exterior del edificio, captaron el momento exacto en que policías municipales y estatales interceptaron la unidad donde viajaban los normalistas; sin embargo, las autoridades de entonces sostuvieron que el material no existía por fallas técnicas, versión que las nueva indagatorias desmintieron.

Acusaciones contra el exgobernador de Guerrero recaen en dos testimonios

El peso de la acusación recae en dos testimonios. En enero de 2026, un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones e identificó a la persona que las sustrajo para entregarlas directamente a Aguirre Rivero; ese mismo testigo aseguró haber recibido amenazas que, según él, explicaban su silencio previo.

Meses después, en mayo, un segundo testigo protegido declaró que el exgobernador habría dado la instrucción en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno para eliminar cualquier evidencia vinculada a los hechos ocurridos en Iguala.

Godoy sostuvo que el ocultamiento de las grabaciones no fue una omisión técnica ni un hecho aislado, sino “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, con la participación de servidores públicos de alto nivel.

Ángel Aguirre enfrentará cargos por obstrucción a la administración de justicia y desaparición forzada de personas a 12 años de la desaparición de los normalistas. Con esta detención la FGR suma dos detenciones de exgobernadores, ya que hace una semanas se llevó a cabo la detención de Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal a través de la empresa Ingemar.

Morena respaldó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y sostuvo que el anuncio de la FGR abre un nuevo tramo en el caso Ayotzinapa, porque coloca bajo investigación a un exmandatario estatal en una exigencia de verdad y justicia que, según el partido, las familias de los 43 normalistas desaparecidos mantienen desde hace 12 años.

En un comunicado fechado este 6 de agosto de, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena vinculó la captura con el esclarecimiento del caso y con la exigencia de que ningún responsable quede impune. El pronunciamiento presentó la detención como parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía para avanzar en la investigación.

Morena afirmó que las madres y los padres de los estudiantes han sostenido la demanda de justicia durante más de una década. También señaló que el caso marcó al país por la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa y por las protestas que, de acuerdo con el partido, provocó la respuesta oficial de aquel momento.

Morena liga la captura con el fin del encubrimiento político

El partido hizo un llamado al “PRIANRD” para que ningún actor político apueste otra vez por el encubrimiento o por desacreditar las indagatorias. En su posicionamiento, identificó a la llamada “verdad histórica” como un símbolo del régimen priista y la describió como una versión construida para ocultar los hechos en lugar de aclararlos.

Dicho señalamiento aparece como uno de los ejes centrales del mensaje. Morena sostuvo que el caso exhibió un “cinismo de impunidad” que encendió al país en protestas, al tiempo que contrapuso esa etapa con la ruta actual de las investigaciones.

El comunicado también atribuyó los avances al “análisis permanente” de las indagatorias y al compromiso del Estado mexicano con la verdad. Bajo esa lógica, el partido planteó que el proceso debe continuar hasta que ningún responsable de este caso quede sin sanción.

El partido pide debido proceso y castigo por desaparición forzada

Morena sostuvo que en la Cuarta Transformación existe un compromiso para terminar con la corrupción y la impunidad que, según su lectura, durante décadas permitieron que una élite estuviera por encima de la ley. En el mismo documento agregó que en México no debe volver a existir protección política para quienes participaron en hechos u omisiones relacionados con desaparición forzada.

Al referirse al curso legal del caso, Morena señaló que corresponde a las autoridades ministeriales conducir el proceso con autonomía, profesionalismo y apego estricto al debido proceso. También pidió que se garanticen tanto los derechos de las víctimas como el Estado de derecho.

Más adelante, el partido colocó en el centro a las familias de los 43 normalistas y dijo que han dado una lección de dignidad y perseverancia. Añadió que su lucha mantuvo viva la exigencia de justicia incluso cuando la entonces Procuraduría del PRI, según el comunicado, pretendía cerrar el caso.

El cierre del posicionamiento insistió en que el pueblo de México merece conocer toda la verdad, sin importar el cargo que hayan ocupado los implicados ni los intereses que representen.

Exgobernador Ángel Aguirre es detenido por una orden de la FGR ligada al caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre fue detenido este 6 de agosto por una orden de aprehensión de la FGR que lo señala por presuntamente ordenar el ocultamiento de grabaciones del caso Ayotzinapa, una acusación que la fiscal Ernestina Godoy vincula con la desaparición de evidencia sobre la detención del autobús de los normalistas en Iguala.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, sostuvo que existen indicios contundentes sobre la presunta implicación de Aguirre Rivero en la destrucción de evidencias. La funcionaria afirmó que las grabaciones correspondían al momento en que policías municipales y estatales detenían el autobús en el que viajaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), detalló que existen indicios contundentes de la presunta implicación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en la destrucción de evidencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego de que se informó la detención de Aguirre Rivero por su probable participación en el ocultamiento de pruebas, la fiscal general detalló que se trataba de grabaciones del Palacio de Justicia del Estado, en Iguala, en el que se observaba la detención por parte de policías municipales y estatales del autobús en el que se trasladaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2026.

La unidad Estrella de Oro con número 1531 fue videograbada por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado, en el momento exacto cuando era detenido; sin embargo, las versiones oficiales señalaron que el material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero las indagatorias permitieron comprobar que era falso.

Testigos señalaron a Ángel Aguirre de haber ordenado que se ocultaran las grabaciones

La fiscal general detalló que en enero de 2026 un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregárselas de manera directa a Ángel Aguirre Rivero, además de que acusó haber recibido amenazas “que explicaban su silencio previo”.

En mayo del mismo año, un segundo testigo protegido señaló al exgobernador de haber ordenado en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno a desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en Iguala.

“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, aseguró Godoy.

Los delitos de los acusa la FGR al exgobernador

Derivado de lo anterior, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, la cual fue cumplimentada este jueves en el Estado de México.

Cabe señalar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, entre ellos la desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia en Iguala.

Fue en mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que el exgobernador difundió un comunicado en el que negó tener alguna responsabilidad en la desaparición de los materiales y aseguró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Aguirre Rivero era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, pero tras la indignación y controversia que causó el caso, renunció a su cargo. Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, desplazamientos, represión y violencia.

Debido a la presión pública que provocó la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque intentó en 2018 postularse como diputado federal, finalmente abandonó la precampaña.

El caso está a poco más de un mes de cumplirse 12 años, en los que familiares de los 43 normalistas no han dejado de exigir justicia y que se esclarezcan los hechos; sin embargo, también han dicho haber sido abandonados luego de que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se les prometió una respuesta.

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su arresto se llevó a cabo como parte del nuevo modelo de investigación, en el que desarrollaron un reanálisis de las actuaciones llevadas a cabo en aquel entonces por la desaparición de los normalistas.

Estos análisis permitieron acreditar la posible implicación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra.

Aguirre Rivero era gobernador cuando desaparecieron los 43 estudiantes

Ángel Aguirre Rivero comenzó su vida política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980, pero años más tarde se sumó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2011 asumió la gubernatura de Guerrero, pero tras la desaparición de los 43 normalistas renunció a su cargo meses antes de finalizar su gestión.

Cabe recordar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, como fue la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

En mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, el exgobernador difundió un comunicado en el negó tener alguna responsabilidad en los hechos y declaró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, como lo fue la detención y posterior desaparición en diciembre de 2011 de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en la Costa Grande. Según testigos, personas que vestían como militares participaron en el secuestro junto a hombres vestidos de negro.

Además, ese mismo mes fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa que se manifestaban en la Autopista del Sol para solicitar una audiencia con el gobernador, luego de que policías estatales les dispararan. Alberto López Rosas, exprocurador, habría acusado a los estudiantes de iniciar el ataque y matar a sus compañeros.

Aunque su gobierno también estuvo marcado por la represión, violencia y el desplazamiento forzado, el hecho que marcó su administración fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que llevó a Aguirre Rivero a presentar su renuncia el 23 de octubre de 2014.

Debido a la presión pública que provocó el caso, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque en 2018 intentó postularse como diputado federal, pero finalmente abandonó la precampaña.

El años pasado, el exgobernador aseguró que “ha cargado con una loza muy pesada” por el caso, además de destacar que las autoridades no habían encontrado pruebas que lo involucraran a 11 años del caso.

“Si en 11 años las investigaciones no han apuntado hacia Ángel Aguirre, creo que es evidente que no han encontrado elementos que me involucren. Esto me ha pesado mucho; he cargado con una loza muy pesada”, dijo a medios de comunicación.

Desaparición de los 43 normalistas cumplirá 12 años

A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió darles respuesta a los padres y madres, quienes han denunciado en diversas ocasiones que fueron abandonados.

El mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, que generó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales debido a que exoneró de responsabilidad al Ejército Mexicano de la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En respuesta, la CNDH publicó el 26 de julio un posicionamiento —identificado como (DGDDH)/011/2026— en el que acusó ser víctima de ataques de desacreditación. A lo largo de 11 páginas, el organismo respondió una por una a 13 críticas recibidas, entre ellas la acusación de haber “blindado” a las Fuerzas Armadas.

La Comisión también rechazó que el documento “oculte” la infiltración de un elemento militar en la Normal Rural de Ayotzinapa, y sostuvo que ese hecho está documentado con pruebas oficiales remitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en varios tramos del expediente. Negó además que se haya “reabierto” un caso cerrado, al argumentar que la nueva recomendación deriva de una queja distinta a la que originó el informe de 2018.

Familias denunciaron falta de consulta previa

La CNDH precisó que la Recomendación 208VG/2026 fue elaborada a partir de una queja presentada directamente por las familias de los 43 normalistas el 24 de junio de 2021, no por organizaciones civiles, y que el instrumento no sustituye a las investigaciones periciales.

No obstante, de acuerdo con testimonios recabados por La Jornada, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los normalistas, reprochó a la CNDH no haberse acercado a las familias antes de publicar la recomendación. Padres de algunos de los estudiantes desaparecidos han señalado que no participaron en la elaboración del informe y que no solicitaron la intervención del organismo en esos términos.

Este jueves, el exgobernador fue detenido por presuntamente estar relacionado con la pérdida de pruebas del caso.

Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido esta mañana por el Gabinete de Seguridad a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución acreditó su posible participación en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, durante su administración.

Con su captura, las investigaciones del caso alcanzan por primera vez al funcionario de mayor jerarquía del gobierno guerrerense al momento de los hechos. Sin embargo, su vida política abarca más de cuatro décadas y dos partidos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que perteneció durante 30 años, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo cuyas siglas ganó la gubernatura constitucional de Guerrero en 2011.

Esta es la historia del político que cruzó de un partido al otro para llegar al poder y que terminó detenido por el caso que definió su legado.

Ángel Aguirre Rivero: de Ometepec a la UNAM y al PRI

Ángel Aguirre nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero, en la región de la Costa Chica, en una familia con tradición política: su padre y su abuelo fueron alcaldes de ese municipio. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal, cursó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo ahí mismo el título de licenciado en Economía, institución donde también ejerció como profesor.

Su carrera en la administración pública arrancó en 1979 como subjefe de departamento en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En 1981, Alejandro Cervantes Delgado, entonces candidato a gobernador de Guerrero, lo incorporó a su equipo como secretario auxiliar y luego como secretario particular.

A lo largo de los años 80, Aguirre Rivero acumuló cargos dentro del gobierno estatal. De 1984 a 1987 fue coordinador general de Fortalecimiento Municipal y secretario general del gobierno de Guerrero; de 1987 a 1990 ocupó la Secretaría de Desarrollo Económico bajo el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, y coordinó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en la Costa Chica.

La primera gubernatura: el interinato de 1996 tras la masacre de Aguas Blancas

El 28 de junio de 1995, policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez. La crisis desatada por esa masacre forzó la renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, y el 12 de marzo de 1996 el Congreso de Guerrero designó a Aguirre Rivero como gobernador sustituto.

El interinato se extendió hasta el 31 de marzo de 1999, fecha en que concluyó el periodo constitucional de Figueroa. Durante esos tres años, Aguirre Rivero se distanció del exgobernador y consolidó relaciones con secretarios de Estado como Emilio Chuayffet y Diódoro Carrasco.

Tres décadas en el PRI: diputado, senador y candidato frustrado

Aguirre Rivero fue diputado federal por el sexto distrito de Guerrero entre 1991 y 1994, y presidente de la dirigencia estatal del PRI en Guerrero de 1993 a 1996. Regresó a la Cámara de Diputados entre 2003 y 2006 como representante del octavo distrito, y en las elecciones de 2006 obtuvo un escaño en el Senado de la República, todo ello bajo las siglas del tricolor.

En el año 2000, coordinó la campaña presidencial del priista Francisco Labastida en Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, periodo en el que mantuvo vínculos cercanos con Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira. Su carrera dentro del PRI parecía encaminada a una candidatura constitucional a gobernador, pero el partido eligió a otro aspirante.

En 2010, el PRI decidió postular a Manuel Añorve —quien resultó ser primo de Aguirre Rivero— como su candidato a la gubernatura de Guerrero. Ante esa decisión, el 25 de agosto de 2010 Aguirre Rivero anunció su renuncia al partido después de más de 30 años de militancia, solicitó licencia a su escaño en el Senado y buscó la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La victoria con el PRD en 2011 y el gobierno que terminó en tragedia

Con el respaldo de los perredistas Jesús Ortega, Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís, Aguirre Rivero obtuvo la candidatura de la coalición Diálogo por la Reconstrucción de México, integrada por el PRD, el PT y Convergencia. El 30 de enero de 2011 ganó la elección con el 55.92 por ciento de los votos y una ventaja de más de 158 mil sufragios sobre el candidato del PRI.

El 1 de abril de 2011 asumió la gubernatura constitucional de Guerrero. Fue la primera vez en su carrera que ejercía un cargo de elección popular bajo un partido distinto al PRI.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron sustraídos por la fuerza y desaparecieron. El hecho desencadenó protestas a escala nacional e internacional y colocó al gobierno de Aguirre Rivero bajo una presión sin precedentes.

El 23 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas, Aguirre Rivero presentó su renuncia a la gubernatura. Rogelio Ortega Martínez asumió como mandatario sustituto y entregó el poder al PRI en los comicios de 2015.

Las negaciones del exgobernador y la línea de investigación de la FGR

En mayo de 2025, la FGR detuvo en Chilpancingo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de la presunta destrucción de videos de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala que habrían captado el momento del secuestro. Tras esa detención, Aguirre Rivero emitió un deslinde público: “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia” y “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

En agosto de 2022, tras la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, el exgobernador negó también su participación en la construcción de la llamada “verdad histórica”. “Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, declaró en aquella ocasión.

El 29 de julio de 2026, ocho días antes de su detención, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina en Palacio Nacional la existencia de nuevas indagatorias en el caso. “Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró la mandataria.

La FGR desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes bajo su nuevo modelo de investigación, lo que implicó nuevos actos de investigación. Ese proceso permitió acreditar la posible participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los 43 estudiantes.

Sin embargo, la aprehensión de Aguirre Rivero de este 6 de agosto representa un giro en las investigaciones del caso Ayotzinapa, ya que por primera vez involucra a la máxima autoridad estatal al momento de los hechos. La FGR indicó que durante esta jornada daría a conocer información adicional sobre los delitos imputados y el destino del exmandatario detenido.

La detención de Ángel Aguirre Rivero por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa reabrió el expediente de una administración marcada por una de las mayores crisis políticas y sociales en la historia reciente de Guerrero.

El exgobernador dejó el cargo en octubre de 2014, apenas unas semanas después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Ahora, más de una década después, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que un nuevo análisis permitió acreditar su probable participación en el ocultamiento de evidencias que podrían haber ayudado a conocer el paradero de los normalistas.

Sin embargo, el caso Ayotzinapa no fue el único episodio que colocó bajo escrutinio público al gobierno de Aguirre Rivero. Su administración, iniciada en 2011 tras llegar al poder como candidato de una alianza opositora al PRI, terminó envuelta en cuestionamientos por seguridad, manejo de recursos y señalamientos contra integrantes de su círculo cercano.

La crisis de Ayotzinapa que terminó con su salida del gobierno

Durante los primeros años de su administración, Aguirre Rivero enfrentó un Guerrero marcado por la presencia de grupos criminales, conflictos sociales y una creciente violencia en distintas regiones del estado.

Pero fue la desaparición de los 43 normalistas la que provocó la mayor crisis de su gobierno. Tras los hechos ocurridos en Iguala, las protestas nacionales e internacionales aumentaron la presión sobre la administración estatal hasta que el mandatario solicitó licencia al cargo en octubre de 2014.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó durante los años siguientes y colocó bajo la lupa a funcionarios estatales y federales que participaron en las primeras indagatorias. En 2026, la FGR abrió una nueva etapa al señalar al exmandatario por su probable responsabilidad en el ocultamiento de información relacionada con el caso.

El caso de su hermano y los señalamientos por manejo de recursos públicos

Antes y después de su salida del gobierno, el nombre de Ángel Aguirre también quedó relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades financieras dentro de su administración.

En febrero de 2015, Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador, fue detenido por autoridades federales junto con otras personas por una investigación relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 287 millones de pesos. Las autoridades señalaron que los recursos presuntamente estaban vinculados con contratos y operaciones realizadas mediante empresas.

La investigación también alcanzó a otros familiares y personas vinculadas con empresas contratistas, mientras la entonces Procuraduría General de la República informó que analizaba movimientos financieros relacionados con recursos públicos federales y estatales.

Los señalamientos contra su círculo cercano aumentaron la presión política sobre el exgobernador, quien para entonces ya había dejado el cargo tras la crisis generada por la desaparición de los estudiantes normalistas.

Un gobierno marcado por violencia e ingobernabilidad

La administración de Aguirre Rivero transcurrió en un estado históricamente golpeado por la violencia, pero durante su mandato distintos municipios enfrentaron una disputa creciente entre grupos criminales por rutas, territorios y actividades ilícitas.

Guerrero registró durante esos años episodios de alto impacto relacionados con homicidios, enfrentamientos y conflictos sociales que evidenciaron las dificultades del gobierno estatal para contener la crisis de seguridad.

El caso de Iguala expuso además la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales, después de que autoridades señalaran vínculos entre integrantes del gobierno local y grupos criminales involucrados en la desaparición de los estudiantes.

El regreso del expediente Aguirre más de una década después

Aunque durante años Aguirre Rivero negó cualquier responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa, la nueva investigación de la FGR abrió una etapa distinta al señalarlo por una posible participación en el ocultamiento de evidencias.

A más de 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso continúa como uno de los mayores pendientes de justicia en México. Ahora, el nombre del exgobernador vuelve al centro de la investigación que marcó el final de su carrera política y que definió uno de los episodios más complejos de Guerrero en las últimas décadas.

Ante la petición de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que no se cree una nueva Comisión de la Verdad, al considerar que ello retrasaría la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que se publiquen los avances.

“Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 29 de julio.

La mandataria respondió a la inquietud planteada por algunos familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes han solicitado no crear una nueva Comisión de la Verdad por temor a retrasos en las investigaciones y en el acceso a justicia. Sheinbaum enfatizó que existen “nuevas investigaciones” en curso y que el gobierno mantiene la comunicación directa con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.

“Por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, sostuvo la mandataria, al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia una vez que existan resultados concretos.

Sheinbaum elude pedir confianza a padres de normalistas

La presidenta fue cuestionada sobre si pediría confianza a los familiares en la palabra y la labor de su administración sobre los avances en la investigación, sin embargo, la mandataria omitió responder y destacó la existencia de reuniones periódicas.

“Me reúno con ellos cada dos meses, cada tres meses y se informa cuáles son las investigaciones”. Añadió que el caso Ayotzinapa forma parte de los “cien puntos” fundamentales que delineó al inicio de su gobierno.

El objetivo, subrayó, es claro: “Nuestro objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”.

Padres de normalistas piden a SCJN no crear nueva Comisión de la Verdad

Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar la sentencia que ordena la creación de una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala.

A través de un escrito, las madres y padres expresaron que ello únicamente fragmentaría las investigaciones que actualmente están en marcha y, lejos de significar un avance al caso, sería un retroceso. Por ello, solicitaron a la SCJN que se pronuncie sobre esta posibilidad y diera revés a la orden emitida por un tribunal colegiado.

Esto surge luedo de la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, contenida en el documento 208VG/2026 y publicada en julio de 2026, el cual generó gran polémica tanto a nivel nacional como internacional por su postura respecto al papel del Ejército y de las instancias civiles, así como su repercusión sobre la verdad, la justicia y la memoria del caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Sheinbaum Pardo indicó que aguarda que tanto Segob como la FGR puedan presentar avances que permitan hacer pública más información.

Recomendación de la CNDH: entre polémicas e información

La Recomendación 208VF/2026 ha provocado la crítica de distintas instancias, organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales; entre los temas más señalados, se encuentra la exoneración de responsabilidad del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas.

Ante esto, el pasado domingo 26 de julio, la CNDH publicó un posicionamiento (DGDDH)/011/2026) en el que acusó ser víctima de ataques de desacreditación y, a lo largo de 11 páginas, el organismo se defiende de las acusaciones de que “blindó al Ejército”, respondiendo una por una a 13 críticas que les hicieron.

También rechaza que el documento “oculte” que la Normal de Ayotzinapa estuvo infiltrada por un elemento militar, y afirma que ese caso se documenta con pruebas oficiales remitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional en varios tramos del expediente. Asimismo, niega que se haya “reabierto” un expediente ya cerrado, insistiendo en que la nueva Recomendación deriva de una queja distinta a la que dio origen al informe de 2018.

Asimismo, la CNDH sostuvo que la Recomendación 208 VG/2026 fue elaborada a partir de una queja presentada directamente por las familias de los 43 normalistas el pasado 24 de junio de 2021, no por organizaciones civiles. La Comisión insiste en que este instrumento no sustituya a las investigaciones periciales.

Sin embargo, de acuerdo con testimonios recabados por La Jornada, el pasado domingo, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los normalistas, reprochó a la CNDH por no acercarse a ellos antes de publicar su recomendación, asimismo, las familias sostienen que este análisis abona a que la verdad de lo ocurrido la noche del 16 de septiembre de 2014 en Iguala, se esclarezca.

Presidenta mantiene comunicación con padres de Ayotzinapa

La presidenta subrayó este lunes que existe “mucha comunicación con padres y madres de Ayotzinapa”, y sostuvo que, por respeto a ellos y a la investigación, su administración no adelantará postura hasta que existan resultados concretos. Padres de algunos de los normalistas han manifestado que no participaron en la elaboración del informe y que la CNDH no fue solicitada por ellos para intervenir en estos términos.

Sheinbaum insistió: “Por respeto a ellos y por la investigación, yo espero que sea pronto que se tenga más avances importantes, podamos ya hacerlo público”. La jefa del Ejecutivo federal informó que la fecha de la siguiente reunión con las familias está por confirmarse, pero asegura que el diálogo permanece abierto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó ser víctima de una campaña de desacreditación tras la publicación de su Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa y respondió a las críticas emitidas.

El pronunciamiento de DGDDH/011/2026, refuta punto por punto trece argumentos que organizaciones, analistas y exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) han lanzado contra el documento desde su publicación.

El Ejército y la Recomendación 208VG/2026

Uno de los temas centrales del documento es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La CNDH concluyó que no hubo participación institucional de elementos de la SEDENA en los eventos violentos contra los estudiantes, descartando la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o de exterminio hacia los normalistas. No obstante, la Comisión aclaró que no exonera a nadie, pues las responsabilidades penales corresponden a los tribunales.

En ese sentido, la recomendación aborda a detalle el caso de 20 militares que actualmente se encuentran bajo proceso judicial, incluidos los comandantes del 27/o y 41/o Batallón de Infantería.

Ante las acusaciones de ocultar información sobre un presunto soldado infiltrado, el organismo señaló que el 27 Batallón es mencionado 76 veces en la recomendación y el estudiante que causó alta en el Ejército aparece en 69 ocasiones. Para zanjar el tema, la CNDH sentenció categóricamente en su comunicado: “MIENTE QUIEN DICE QUE ES EL EJÉRCITO EL BENEFICIARIO DE ESTA RECOMENDACIÓN, SON LAS VÍCTIMAS”.

El pronunciamiento también dedica un espacio importante a responder a las críticas del GIEI, acusando a algunos de sus exintegrantes de intentar mantener con vida una narrativa que, a consideración de la CNDH, ha retardado la justicia.

En un ejercicio que la Comisión califica como de transparencia y no de criminalización, el documento revela que el GIEI recibió 1.75 millones de dólares en su primera fase entre 2015 y 2016. Posteriormente, en una segunda etapa que abarcó de 2020 a 2023, el grupo obtuvo otros 36 millones 418 mil 944 pesos. Con la exposición de estas cifras, la CNDH cuestionó severamente la falta de resultados sustanciales a casi 12 años de las investigaciones.

“De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, solo el GIEI recibió en total, entre 2015 y 2016, 1.75 millones de dólares, equivalente a 30 millones 679 mil 670 pesos. Y en su segunda fase, entre 2020 y 2023, recibieron otros 36 millones 418 944 pesos. Esa información, documentada, consta en el texto de la Recomendación. ¿Decirlo es estigmatizar y criminalizar?"

afirma la CNDH

Frente a los señalamientos de que se reabrió de manera inconstitucional un expediente que ya había sido concluido con la Recomendación 15VG/2018, la institución explicó que la nueva investigación no es una reapertura arbitraria, sino que se originó por una queja interpuesta directamente por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 24 de junio de 2021.

La CNDH recordó que la recomendación de 2018 incluía propuestas contrarias a los derechos humanos, como la de investigar a la Normal y a los estudiantes por tráfico de drogas.

La CNDH no puede “cerrar” el caso

Lejos de intentar dar un “carpetazo” o cerrar el caso con una “antiverdad”, el organismo subrayó que su nueva resolución exige a la Fiscalía General de la República (FGR) agotar y concluir todas las líneas de investigación pendientes, incluidas las que involucran la actuación del personal militar. Finalmente, la CNDH reiteró que todo el proceso de esta nueva recomendación se realizó con estricto apego a su Reglamento Interno, priorizando siempre el principio pro persona y los más altos estándares internacionales.

Más allá de la controversia que ha generado entre analistas y organizaciones, la Recomendación 208VG/2026 —el documento con el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió en julio de 2026 la queja presentada en 2021 por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos— contiene, en su apartado final, once puntos recomendatorios dirigidos a distintas autoridades federales, estatales y municipales. Entre ellos, varios llaman la atención por su contenido concreto y poco difundido hasta ahora.

La petición de reactivar dos extradiciones

En su punto recomendatorio sexto (página 861 del documento), la CNDH instruye textualmente a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), en coadyuvancia con la Cancillería y la Fiscalía General de la República, “reactivar el trámite para la extradición de AR-1 y AR-7 en el diálogo bilateral con las autoridades Estados Unidos”.

El documento identifica a estas dos personas únicamente con claves, para proteger su identidad conforme a la Ley de Transparencia. La CNDH no ha confirmado públicamente sus nombres. No obstante, medios de comunicación han reportado previamente que Tomás Zerón de Lucio, exfuncionario acusado de tortura y desaparición forzada, reside en Israel desde 2019 y ha sido objeto de solicitudes de extradición por parte del Estado mexicano en relación con el Caso Ayotzinapa. De igual forma, se ha reportado en medios que José Ulises Bernabé García, identificado en esas coberturas como exjuez de barandilla de Iguala, obtuvo asilo en Estados Unidos y ha sido señalado por familiares de los normalistas como una de las personas cuya extradición demandan. Hasta el momento, la CNDH no ha vinculado oficialmente estos nombres con las claves AR-1 y AR-7 utilizadas en la Recomendación 208VG/2026.

El misterio sin resolver: ¿Quién es “El Patrón”?

Uno de los pasajes más llamativos del documento es la línea de investigación pendiente que la CNDH plantea a la UEILCA sobre la identidad de “El Patrón”, mencionado en investigaciones ministeriales previas. Según el texto, existe la posibilidad —no confirmada— de que se trate de una persona identificada como PI-1, quien habría sido titular de la UEILCA entre 2020 y 2023, o bien de “un político guerrerense” no identificado, con presunto historial familiar de control en la región, que el documento vincula a episodios históricos de represión en Guerrero, entre ellos el caso Aguas Blancas. La Recomendación es explícita en señalar que se trata de una hipótesis a investigar, no de una conclusión.

Piden borrar contenido que revictimiza a sobrevivientes

En su punto recomendatorio octavo, la CNDH documenta que persisten en internet imágenes post mortem y narrativas que, según el organismo, criminalizan a varios normalistas sobrevivientes y a integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). La Recomendación pide a la CoVAJ-Ayotzinapa gestionar, en un plazo de tres meses, el retiro de esas publicaciones.

El señalamiento al “mando único” de Guerrero

El documento también instruye investigar el modelo de “Mando Único” que operaba en 2014 el Grupo de Coordinación Guerrero, así como el papel de quien era entonces titular del Gobierno estatal, el secretario de Seguridad y el procurador de Guerrero —también referidos con claves, sin identidades públicas confirmadas por la CNDH.

Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, criticó la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

La relatora llamó a “cesar toda estigmatización y descrédito” contra las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que han acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Cabe señalar que la relatora especial de la ONU se suma a una serie de condenas por la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al criticar que ese pronunciamiento exime al Ejército Mexicano de los hechos.

Sin embargo, el documento de la CNDH contrasta con el hecho de que 17 integrantes de las Fuerzas Armadas están siendo procesados por lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Alerta sobre ataque contra organizaciones civiles en recomendación de CNDH

Este viernes, a través de su cuenta de X, la relatora especial de la ONU compartió su postura respecto a la publicación de la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, la cual, explícitamente, deslegitima el trabajo de las organizaciones civiles que han estado al lado de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Andrea Bolaños apuntó haber recibido información de que en la resolución, firmada por Rosario Piedra Ibarra, se “incluye un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

Defiende trabajo de GIEI y CoVAJ

La experta colombiana advirtió que la recomendación “deslegitima” el trabajo de instancias que, desde su punto de vista, avanzaron en la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Además, la especialista sostuvo que esa recomendación también desacredita los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), organismos que, señala, han intervenido en el esclarecimiento y la ruta de investigación del caso.

“Recuerdo, con carácter de urgencia, que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, expresó la experta de las Naciones Unidas.

También hizo “un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor”.

CNDH de Rosario Piedra se inventa “antiverdad” del caso Ayotzinapa

A través de su polémica recomendación, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, salió abiertamente en defensa del Ejército Mexicano e incluso acuñó el término “antiverdad” para atacar a todos aquellos que han exhibido la participación de las autoridades en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Días después de que la recomendación fue publicada, la misma CNDH compartió una “nota aclaratoria” en la que respondió a las críticas, pero no hizo ninguna corrección sobre el rol de los militares en el caso Ayotzinapa.

Todo lo contrario, se lanzó contra expertos como el abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial para el Caso Ayotzinapa de la CNDH, que denunció que la recomendación tuvo “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

El tema escaló al plano internacional, pues la relatora especial de la ONU Andrea Bolaños criticó la más reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

El más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, generó gran polémica al exculpar al Ejército mexicano de participar en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero, pero no fue lo único que reportó el organismo, también deslegitimó el trabajo de las organizaciones civiles que han participado en las investigaciones en los últimos 10 años.

En ese contexto, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Andrea Bolaños Vargas, cuestionó la recomendación 208VG/2026 e hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de DDHH”.

La funcionaria escribió a través de sus redes sociales que en la última recomendación publicada por el organismo de derechos humanos, se incluyó “un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

El señalamiento de la relatora no se limita a una diferencia de criterio. En su publicación, remarcó “con carácter de urgencia” que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está amparado y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización de quienes ejercen esa labor.

El mensaje coloca el foco en un punto sensible del caso Ayotzinapa. Durante años, las familias de los 43 normalistas han estado acompañadas por organizaciones civiles, expertos independientes y mecanismos de investigación que documentaron irregularidades, omisiones y posibles responsabilidades de agentes del Estado. Por eso, el cuestionamiento a esas organizaciones no se leyó como una nota al pie, sino como una toma de posición dentro de una disputa más amplia sobre qué versión de los hechos debe prevalecer, sobre todo porque la CNDH nombró su propia versión: “Anti Verdad Histórica”.

En ese marco, la relatora de la ONU apuntó de forma directa a la necesidad de cesar “toda forma de estigmatización y descrédito” contra personas defensoras de derechos humanos. También pidió garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo.

El documento trastoca una herida que permanece latente

La publicación de Bolaños Vargas subrayó otro punto de fondo: la recomendación, dijo, deslegitima el trabajo que realizaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

No se trata de instancias marginales ni de actores improvisados. Su participación fue parte de los esfuerzos más visibles para desmontar versiones oficiales previas, revisar pruebas y abrir rutas de investigación.

Ese señalamiento cobra fuerza porque el caso Ayotzinapa no arrastra solo una deuda judicial, sino también una larga batalla por la narrativa. Cada documento, informe, recomendación o pronunciamiento entra de inmediato a una zona de disputa.

El pronunciamiento de la ONU eleva la presión sobre las autoridades mexicanas

La intervención de Andrea Bolaños Vargas eleva el costo del debate para las autoridades mexicanas porque traslada la polémica a un plano internacional. Ya no se trata solo de una discusión interna entre organismos, expertos y colectivos acompañantes, ahora surge el posicionamiento de una relatora de la ONU advirtiendo que el Estado debe actuar sin demora frente a la estigmatización de personas defensoras.

Ese pronunciamiento también devuelve al centro una pregunta que el caso arrastra desde hace años: si la prioridad institucional está puesta en garantizar verdad y justicia para las víctimas o en disputar el sentido de las investigaciones previas.

En su recomendación, la CNDH insistió en que su papel es el de garantizar la búsqueda de la verdad para las víctimas y reiteró que su prioridad son las familias de los jóvenes, sin embargo, su versión contradice años de investigación independiente.

En su llamado final, la relatora del organismo internacional pidió respeto para la labor de las personas defensoras y exigió que se detenga el descrédito en su contra.

Este viernes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó una nota aclaratoria sobre su más reciente recomendación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y remarcó que la elaboró apegada a su reglamento.

En la nota aclaratoria, la CNDH señaló que la Recomendación 208VG/2026 se realizó “privilegiando el interés de las víctimas, desde el principio pro persona, y los más altos estándares de protección a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano”.

Cabe recordar que en el documento, la Comisión cuestiona los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y de organizaciones civiles.

CNDH defiende la “antiverdad” de Ayotzinapa

De acuerdo con el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, las instancias antes mencionadas impulsaron una narrativa que no contribuyó al esclarecimiento del caso y que nada más alimentó una “antiverdad” para responsabilizar al Ejército de la desaparición de los normalistas.

Luego de la publicación de la recomendación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prohd) consideró que el documento, en lugar de exhibir las violaciones a derechos humanos realizadas por las autoridades, señala y deslegitima a las organizaciones que han estado del lado de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Ante las críticas hechas por organizaciones como el Centro Prohd, la CNDH insistió en que “se emitió una Recomendación, reiteramos, no un informe ni un libro. Por lo mismo, sus efectos y consecuencias, en beneficio de las víctimas, no están sujetos a debate, quedan ahora en el ámbito de su cumplimiento. Y, sin embargo, hay quienes creen que es esta ocasión para descalificar nuestro trabajo, y para invalidarlo”.

Comisión se lanza contra abogado Alejandro Martínez

El organismo autónomo también uso la nota aclaratoria para responder al abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial de para el Caso Ayotzinapa de la CNDH.

Previamente, en un comunicado, el abogado compartió su postura en contra de la reciente recomendación 208VG/2026 y sostuvo que ésta tiene “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

“La recomendación responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”, expresó Martínez.

Como respuesta, la CNDH afirmó que “es un reflejo del afán por mantener narrativas fantasiosas pero muy rentables, la mentira como vehículo de supuesta ‘legitimación’ de teorías que mucho dinero, han dejado, aún a costa de aplazar la verdad y la justicia, están llegando a extremos inverosímiles”.

Arremeten contra CNDH por recomendación

Tal fue la indignación por la nueva recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que organizaciones civiles, expertos y periodistas criticaron fuertemente a la Comisión.

Aparte del Centro Prohd, Fundar México también criticó la recomendación de la CNDH y puso énfasis en los cuestionamientos que hizo la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra contra organizaciones civiles que han respaldado a los padres de los normalistas.

Aparte del abogado Alejandro Martínez, de quien ya compartimos su postura líneas arriba, la periodista Elía Almanza criticó que la CNDH saliera en defensa de los militares, pese a que hay 17 soldados vinculados a proceso por este emblemático caso.

“La CNDH emite una ‘nota aclaratoria’ sobre la ‘Recomendación’ de Ayotzinapa.

“Nada de responder cuestionamientos sobre las barbaridades que ahí ponen, es para decirle ‘mentiroso’ a un ex colaborador. Ajá”, escribió la comunicadora en su cuenta de X.

Mientras que el analista Alfredo Lecona recordó que el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, “supo y ocultó que normalistas continuaban con vida días después del 26 de septiembre de 2014”.

Continúa la polémica con la CNDH y su recomendación sobre el caso Ayotzinapa y ,con una nota aclaratoria, vuelve a salir en defensa del Ejército.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un comunicado en el que eximía al Ejército Mexicano de haber participado en la desaparición de los 43 alumnos normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 16 de julio, la mandataria aseguró que ahora “no es el momento” para hablar del caso, “por respeto a las familias” y pidió esperar a que las investigaciones avancen y pueda consultarse a las madres y padres de los jóvenes sobre las actualizaciones.

Estas declaraciones surgieron luego de que un reportero cuestionara a la mandataria sobre la posibilidad de instalar nuevamente un grupo de expertos al contar con la disposición de la abogada Ángela Buitrago, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en 2014 para llegar a la verdad de lo ocurrido la noche de Iguala.

El periodista Ernesto Ledesma, del medio Rompeviento Tv, explicó a la presidenta que en una entrevista con Ángela Buitrago, la abogada aseguró estar dispuesta a regresar a las investigaciones del caso Ayotzinapa si se formara nuevamente un equipo de investigadores, luego de que el GIEI se disolviera en 2023 tras entregar su sexto y último informe y denunciar falta de transparencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Ernesto Ledesma señaló que Carlos Beristáin también compartiría este interés.

De igual modo, el periodista manifestó la petición de Buitrago para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar sobre las investigaciones y los resultados que obtuvo el GIEI. “A mí me gustaría, y lo digo de corazón, sentarme con la presidenta Claudia Sheinbaum y contarle qué hay en la investigación, porque tal vez la están mal informando. Realmente quisiera decirle qué es lo que realmente está demostrado y qué no”, citó Ernesto Ledesma a la abogada.

Sheinbaum descarta posibilidad

La mandataria explicó que, si bien existe disposición para el diálogo, actualmente hay obstáculos legales e institucionales que impiden su participación bajo el mismo esquema previo. Según relató, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México fue consultada para explorar la integración de especialistas independientes. “La respuesta que tuvimos de ellos es que no serían esos expertos y que nos propondrían otros expertos”, indicó Sheinbaum.

En el caso del GIEI, explicó que la diferencia entre ser contratados por el Gobierno y actuar como asesores independientes es fundamental para la conducción del caso.

En relación a la petición directa de Ángela Buitrago para reunirse con la presidenta, Sheinbaum respondió: “Se puede hablar con ella, pero sí hay diferencias en varios temas que tienen que ver”. La presidenta reiteró que ha leído personalmente el informe del GIEI en varias ocasiones, así como los expedientes de la Comisión para la Verdad y las investigaciones fiscales.

“Nuestro objetivo, más allá de si entrevistamos a esta persona o no, es la verdad y la justicia y conocer dónde están los 43 jóvenes”, puntualizó Sheinbaum, quien recalcó que los avances no serán divulgados hasta recibir la valoración y aprobación de las madres y padres de los normalistas. “Por respeto a las madres y a los padres de Ayotzinapa, hasta que no tengamos la evaluación de ellos y de si podemos salir públicamente con lo que hemos encontrado y lo que estamos encontrando, no podríamos nosotros hablar de este tema”, afirmó.

Antes de la polémica Recomendación 208VG/2026 de la CNDH, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ya había exculpado al Ejército mexicano de participación directa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un reporte fechado el 8 de julio de 2024 y entregado a los padres y madres de los estudiantes, AMLO sostuvo que, hasta ese momento, no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de militares en el crimen de Iguala.

En ese documento, el entonces mandatario:

• Reconoció responsabilidad del Estado por omisión y por la fabricación de la llamada “verdad histórica”.
• Afirmó que el señalamiento al Ejército sin pruebas le generaba desconfianza y sugirió que podría tratarse de un intento por debilitar a la institución.
• Sostuvo, sobre el soldado Julio César López Patolzin, que este no contaba con adiestramiento en inteligencia militar ni era un infiltrado, sino un joven autorizado por su comandancia para estudiar en la normal.
• Confirmó que 20 militares habían sido procesados por presunta omisión y vínculos con la delincuencia organizada.

Esta versión contrasta con los documentos oficiales de la Sedena difundidos recientemente por Alejandro Encinas, que describen a López Patolzin como un Órgano de Búsqueda de Información (OBI) con funciones de inteligencia dentro de la normal.

Sheinbaum se deslinda de la recomendación de la CNDH

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la Recomendación 208VG/2026, que exculpa al Ejército y cuestiona los informes del GIEI y la Covaj. La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno no participó en la elaboración del documento.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar”, declaró, según reportes de medios que cubrieron la conferencia.

Sheinbaum aclaró que el hecho de no haber participado no implica coincidir o discrepar con su contenido, y instruyó a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a realizar una revisión exhaustiva del informe. Sobre la participación de militares procesados, la presidenta planteó una distinción: cuestionó si esos elementos actuaron de forma individual por algún vínculo con grupos criminales, o si la responsabilidad correspondería a la institución como tal, dos escenarios que —dijo— implican consideraciones distintas.

Dos gobiernos, una misma conclusión

Con el pronunciamiento de AMLO en 2024 y la recomendación de la CNDH en 2026, la postura oficial sobre la falta de pruebas de responsabilidad institucional del Ejército se ha mantenido, aunque el gobierno actual ha tomado distancia del documento de la comisión. La solicitud de revisión a la Segob y los documentos exhibidos por Encinas mantienen abierto el debate sobre la información en poder de la Sedena, particularmente los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que las familias han reclamado desde hace años.

Hasta el momento, no hay una postura oficial adicional del gobierno federal sobre las contradicciones entre el informe de AMLO, la recomendación de la CNDH y los documentos difundidos por Encinas.

Por su parte, el Gobierno Federal se deslindó de la elaboración del documento y ordenó su revisión interna. La controversia giró en torno a la postura de la CNDH respecto a la participación militar en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Amnistía Internacional advirtió que la recomendación 208VG/2026 respaldó la actuación del Estado y deslegitimó el trabajo de organismos internacionales y organizaciones civiles que acompañaron la búsqueda de justicia por parte de las familias.

La organización señaló que, pese a que existen al menos 17 miembros del Ejército vinculados a proceso, el informe de la CNDH exoneró a la Secretaría de la Defensa Nacional al afirmar que no había pruebas de su participación, lo que generó preocupación por el mensaje institucional sobre la verdad y la justicia en el país.

Dicha recomendación, emitida tras una investigación de la CNDH, sostuvo que no existían documentos ocultos ni pruebas que justificaran una acusación formal contra la Defensa. El organismo reconoció antecedentes de represión militar en décadas pasadas, pero insistió en que en este caso no había elementos para hablar de un plan de exterminio estatal.

Amnistía Internacional vio riesgos para la verdad y la justicia

Lamentó Amnistía Internacional que la CNDH eligiera respaldar la versión oficial y debilitara el acompañamiento internacional al caso, en un contexto donde la falta de transparencia y el acceso a la información por parte de la Defensa siguen siendo obstáculos para el esclarecimiento de los hechos. La organización enfatizó que la resolución envió un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la búsqueda de justicia en desapariciones forzadas.

El documento de la CNDH cuestionó el papel de las organizaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, al desestimar sus investigaciones sobre la desaparición de los normalistas. Según la comisión, la versión sobre la responsabilidad militar se alimentó de declaraciones de exautoridades y de la sociedad civil, pero no se sustentó en evidencia objetiva.

En la recomendación, la CNDH aseguró que la Defensa entregó más de 18 mil 800 fojas a diferentes instancias, incluidos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, y sostuvo que no existían folios ocultos relacionados con el caso Ayotzinapa. El informe también apuntó que la controversia sobre la supuesta retención de información se utilizó para sostener especulaciones no comprobadas contra el Ejército.

Sheinbaum ordenó revisión interna y descartó injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier participación de su gobierno en la elaboración o publicación de la recomendación de la CNDH y aclaró que el Ejecutivo federal desconocía el momento en que saldría a la luz el informe. La mandataria afirmó que su gobierno mantiene abiertas las líneas de investigación y que los resultados se compartirían con las familias antes de hacerse públicos.

En respuesta al informe, la presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a realizar un análisis exhaustivo del documento, sin emitir por ahora una postura específica sobre su contenido.

También cobró fuerza la polémica en torno a la autonomía de la CNDH, luego de que la diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, señaló que la comisión actuaba como un órgano desconcentrado del partido en el poder y del Ejército, e insistió en impulsar un juicio político contra su titular, Rosario Piedra Ibarra.

La CNDH dirigió su recomendación no solo a instancias federales, sino también a autoridades estatales y municipales. El documento ordenó:

Garantizar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita. Supervisar la reparación integral del daño y fortalecer las escuelas normales rurales con autonomía, infraestructura y presupuesto adecuados.

Además, la recomendación exigió que los avances en la búsqueda e identificación de los normalistas fueran informados a las familias y que la participación de los familiares estuviera garantizada bajo estándares de derechos humanos. También solicitó retirar cualquier imagen o información que revictimizara o criminalizara a los estudiantes y propuso capacitación continua en derechos humanos para cuerpos policiales en Guerrero.

La CNDH reconoció a 79 personas como víctimas en el caso y mantuvo abierta la posibilidad de incorporar nuevos casos.

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de su opinión respecto a los señalamientos de distintas personas acerca de que la Comisión carece de autonomía, ejemplo de ello es lo expuesto por la diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, quien declaró que la CNDH “es un órgano desconcentrado de Morena, y del ejército”. Ellos la pusieron ahí” e insistió en que se lleve a juicio político a su titular, Rosario Piedra Ibarra. Sheinbaum aclaró que su gobierno no tuvo ninguna injerencia en la elaboración ni en la publicación del documento, señalando incluso que desconocían cuándo saldría a la luz.

Sin embargo, precisó que esto no implica necesariamente una postura a favor o en contra del contenido.

Ante este escenario, ordenó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, realizar un análisis profundo de dicho informe: “Apenas fue publicado, le pedí (...) que hiciera revisión exhaustiva del informe para poder presentar una opinión de nuestra parte, es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo, no es reciente”.

Además, la jefa del Ejecutivo afirmó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde el 2014 saben que el gobierno de México se encuentra trabajando y conocen las líneas de investigación. Los resultados de las indagaciones serán compartidos con las familias y después divulgados públicamente, según Sheinbaum Pardo.

La CNDH rechaza que haya elementos para acusar a la Defensa

De acuerdo con el texto difundido por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la versión sobre una supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, pero hasta ahora no existe evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014.

El organismo reconoció antecedentes de represión de las Fuerzas Armadas en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como ya lo había señalado en las recomendaciones generales 46/2022 y 98VG/2023. Aun así, sostuvo que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para afirmar la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la recomendación, uno de los ejes de la “Anti-Verdad Histórica” es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia. La Defensa respondió que, de los 875 folios enlistados por familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya fueron entregados a las autoridades.

La explicación retomada por la CNDH indica que esa numeración no era progresiva, porque el CRFI fue inaugurado en diciembre de 2015, 15 meses después de la desaparición, y utilizaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la Covaj, la FGR y el GIEI, incluidos documentos del centro, y aseguró que nunca negó la existencia de información.

Con esos elementos, el organismo concluyó que no hay evidencia de documentos ocultos. También afirmó que esa controversia fue utilizada para sostener especulaciones no comprobadas contra el Ejército.

La recomendación mantiene abiertas las investigaciones y ordena medidas de atención

La CNDH dirigió su recomendación a quienes integran la Covaj, la UEILCA de la FGR, la CEAV, la Comisión Nacional de Búsqueda, la SEP, el gobierno de Guerrero, varias autoridades municipales de la región y dependencias estatales de seguridad y búsqueda.

El documento pide garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y dar acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita. También ordena supervisar las medidas de reparación integral y fortalecer a las escuelas normales rurales con autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación exige informar sobre los avances en la atención a víctimas y en la búsqueda de los normalistas desaparecidos, con participación de sus familiares y bajo estándares de derechos humanos. Además, solicita retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los estudiantes y plantea capacitación continua en derechos humanos para cuerpos policiales de Guerrero.

La CNDH subrayó que las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos deben permanecer abiertas. En ese proceso reconoció 79 víctimas y dejó abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 9 de julio la Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas sobre el caso Ayotzinapa. En él, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluye que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La recomendación sí reconoce 92 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, acota la responsabilidad castrense a actos de omisión individual, por los cuales hay 20 elementos militares bajo proceso penal.

Un punto que generó especial rechazo es que el documento no fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a diferencia de otras 22 autoridades notificadas. Además, la CNDH cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), a los que atribuye haber impulsado una narrativa que calificó de “antiverdad” sobre la presunta responsabilidad militar.

La respuesta de Encinas

Ante esta conclusión, Alejandro Encinas Rodríguez, quien presidió la Covaj entre 2018 y 2023 y actualmente se desempeña como embajador de México ante la OEA, publicó en la red social X una serie de documentos oficiales de la Sedena.

Según estos documentos, el soldado de infantería Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos— estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) dentro de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, con lo que Encinas denominó una “fachada de alumno”. Los archivos detallan, entre otros puntos:

• Su ingreso a trámites de inscripción en junio de 2014 con fines de inteligencia militar.
• Su reporte de actividades como órgano de búsqueda la mañana del 26 de septiembre de 2014, horas antes de los ataques.
• Mecanismos de comunicación esporádica con sus mandos superiores.

La recomendación de la CNDH, por su parte, descarta que López Patolzin fuera un infiltrado o informante, y sostiene que su presencia en la normal se ampararía en una disposición reglamentaria que permite a militares cursar estudios.

Reacciones de organizaciones y representantes legales

La recomendación también fue criticada por organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que señaló una presunta falta de autonomía del organismo. En entrevista, Isidoro Vicario, abogado de padres y madres de los normalistas, afirmó que la CNDH no tuvo un acercamiento previo con las familias antes de emitir el documento y consideró que la recomendación no aporta elementos para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Vicario también recordó que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército habría infiltrado personal en la normal desde 2010, y que existen testimonios de sobrevivientes sobre la presencia de un convoy militar en el Hospital Cristina de Iguala la noche de los hechos —versión que la CNDH atribuye a una revisión rutinaria sin agresión directa.

Hasta el momento, la Sedena no ha emitido un pronunciamiento público adicional sobre los documentos difundidos por Encinas.

Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno mantiene negociaciones con la industria automotriz y autoridades de Estados Unidos para reducir aranceles a vehículos, y adelantó reuniones con Toyota y otros fabricantes para evitar cierres de plantas en México. Reconoció avances en el combate al gusano barrenador, sobre todo en Sonora y Coahuila, y mencionó la colaboración con autoridades estadounidenses en el tema.

Respecto a la migración, anunció que el gobierno mexicano presentó demandas a Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes a manos del ICE, e hizo un llamado a la unidad nacional y partidista para defender los derechos de los connacionales. Además, reiteró el apoyo de México a Venezuela, resaltando la comunicación directa con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Sobre el caso Ayotzinapa, Sheinbaum se deslindó del informe de la CNDH que exculpa al Ejército y pidió a la Segob revisar el documento. También celebró el aumento de la cuota de exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos, producto de gestiones con productores y autoridades del sector.

Concluye la conferencia de prensa

Mario Delgado da “un buen” cierre escolar

El secretario de Educación hizo un balance de las acciones que se realizaron en la dependencia para mejorar las condiciones educativas en el país, considerándolo como “un buen cierre de ciclo; nos vemos el 31 de agosto para los niños y niñas, regresan a clases los maestros”.

Mario Delgado deseó un “feliz” receso escolar.

México sigue buscando reducción de aranceles en la industria automotriz

La presidenta señaló que se ha reunido con la industria automotriz y que sigue trabajando con el gobierno estadounidense para la reducción de los aranceles, “impuestos de manera unilateral”.

Sheinbaum afirmó que en México ha “aumentado la venta de vehículos nacionales”.

Adelantó que se reunirá con Toyota y con otros productores de vehículos para buscar mecanismos que eviten el cierre de plantas en la República Mexicana.

Sonora y Coahuila encabezan mejoría en casos de gusano barrenador

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el control de plaga del gusano barrenador tiene avances, señaló que los gobernadores y ganaderos trabajan para erradicar.

Julio Berdegue y Colomba López vigilan las acciones para erradicar el gusano barrenador, a la par se mantienen en comunicación con la secretaria de Agricultura estadounidense, Rollins.

Sheinbaum expresó que México quisiera que “se abriera la frontera”, pero es una decisión unilateral de Estados Unidos. Recordó que ante esto, su administración ha tratado de controlar la plaga y se ha apoyado a los ganaderos.

/mexico/2026/07/13/cierre-de-frontera-fue-decision-unilateral-de-eeuu-y-afecta-tambien-a-sus-propios-ganaderos-reprocha-sheinbaum/

La ayuda a Venezuela continuará: SRE se comunicará con la embajadora para conocer el apoyo que requieren

La presidenta indicó que Roberto Velasco se mantiene en contacto con la presidenta interina, Delcy Rodríguez de Venezuela, para determinar el apoyo que requiere. el país sudamericano. Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo a las personas damnificadas.

Migrantes mexicanos podrían elegir a sus diputados: dice Sheinbaum

La presidenta dijo que en el futuro se podría plantear que los migrantes mexicanos podrían elegir a sus representantes políticos, como los diputados migrantes, en vez de cómo se hace ahora, que son elegidos por el partido.

Caso ‘El Mayo’: Sheinbaum pide escuchar audios de Ken Salazar

Tras las declaraciones del exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en donde explicó que la captura de El Mayo Zambada provocó un distanciamiento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante esto, la presidenta exhortó al pueblo de México a escucharlo e insistió en que hay contradicciones en la detención del capo.

/mexico/2026/07/13/sheinbaum-responde-a-ken-salazar-destaca-que-exembajador-desvincula-a-rocha-moya-y-a-amlo-con-el-narco/

Sheinbaum se deslinda del informe de la CNDH por caso Ayotzinapa donde se exculpa al Ejército

Tras la publicación de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 867 páginas, donde desacredita los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada, entonces nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, eso no quiere decir que pudieramos estar de acuerdo o no en parte del informe o en su visión completa”, dijo Sheinbaum.

Por esta situación, la presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación a que revise exhaustivamente el documento emitido por la CNDH.

Sheinbaum celebra acceso al mercado azucarero de Estados Unidos

La jefa de Estado señaló que, tras reuniones con organizaciones y productores de caña, le indicaron que era muy relevante recuperar la exportación de azúcar mexicana. Sheinbaum Pardo señaló que este acuerdo fue resultado del trabajo del exsecretario de Agricultura, Julio Berdegue.

“(...) Aumenta la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexicana; esta es una excelente noticia”, dijo la presidenta.

México envía hoy demandas a EEUU por muerte de migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el día de hoy se enviarán las demandas contra Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes mexicanos en manos del ICE. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se comunicó con las autoridades estadounidenses para notificarles esto.

Asimismo, Sheinbaum Pardo pidió unidad nacional y partidista para defender los derechos de los connacionales.

/mexico/2026/07/13/mexico-demandara-a-eeuu-por-17-muertes-a-manos-del-ice-sheinbaum-hace-un-llamado-a-todos-los-partidos-politicos/

Estrategia para impulsar la Educación Media Superior en México

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación, expuso la serie de acciones con las que buscan impulsar la educación media Superior, las cuales se enlistan de la siguiente manera:

Entre estas acciones se incluyen la creación de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, 4 reconversiones y la operación de 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza.

Las acciones forman parte de proyectos como el Plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan Integral de la Zona Oriente del Valle de México, el Programa General Lázaro Cárdenas y la estrategia de Atención a las causas (BNMM).

Estas intervenciones generan 156,240 nuevos lugares para estudiantes y una inversión total de 10,916.4 millones de pesos. La meta es superar los 200,000 nuevos lugares en este nivel educativo durante el año.

‘La Escuela es Nuestra’ invierte más de 22 millones de pesos en 2026

La titular del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, reporta una inversión social de 22,694 millones de pesos en 2026. Según datos oficiales, este presupuesto se distribuye entre 71,482 escuelas en distintos niveles educativos.

La mayor inversión corresponde a planteles de educación primaria, con 6,576 millones de pesos para 21,325 escuelas.

El nivel preescolar recibe 6,124 millones de pesos, beneficiando a 27,029 planteles. Para secundaria se asignan 5,282 millones de pesos en 15,634 escuelas, mientras que en media superior la cifra alcanza 4,288 millones de pesos para 5,737 planteles.

El nivel inicial recibe 86 millones de pesos y los Centros de Atención Múltiple (CAM) registran 338 millones de pesos distribuidos en 1,346 escuelas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

El pasado 9 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 208VG /2026, con la que supuestamente acreditó violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas del caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el documento –de 876 páginas– fue duramente criticado en redes sociales, porque desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra emitió dicho documento para reivindicar “la lucha de las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de las deficientes investigaciones de los mismos”.

Sin embargo, lo que más molestó a organizaciones civiles, así como a periodistas y expertos, fue que la CNDH sostiene que no existen pruebas para culpar al Ejército, pese a que hay evidencia que demuestra lo contrario, misma que fue proporcionada, en su momento, por el GIEI y la Covaj.

CNDH muestra falta de autonomía, denuncia Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fue uno de los primeros en pronunciarse tras la publicación de la recomendación. A través de su cuenta de X, la ONG lamentó la falta de autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Tras casi 12 años del caso Ayotzinapa, la CNDH decidió publicar una Recomendación donde, en 876 páginas, el organismo nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales, así como a la sociedad civil, mostrando una profunda insensibilidad a las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos”, escribió.

Además, recordó que hay 17 militares detenidos, con lo que queda demostrado que sí hubo participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la desaparición de los normalistas.

“La CNDH deslinda de responsabilidad a la Sedena, afirmando que no hay evidencias que la acrediten, pese a que hay 17 militares vinculados a proceso por el caso.

“Destaca que, contrario a lo reconocido en ordenamientos judiciales, desestima la opacidad del Ejército al no entregar información de inteligencia faltante e incluso valida información que ya ha sido verificada por propios documentos militares, confirmando su alineación al Poder Militar”, agregó.

Culpan al Ejército de obstaculizar investigaciones

Por su parte, Fundar México resaltó que el Ejército lleva 12 años obstaculizando la investigación del caso Ayotzinapa.

También denunció que la CNDH intenta deslegitimar el trabajo de organizaciones históricas de defensa de derechos humanos, como el Centro Prodh.

“La Recomendación de CNDH recién emitida evidencia la falta de autonomía del organismo, donde absuelve al Ejército de cualquier responsabilidad, a pesar de que tras más de 12 años ha obstaculizado la investigación del caso Ayotzinapa”, publicó Fundar en su cuenta de X.

Lamentan que den espalda a familiares de normalistas desaparecidos

Por su parte, la periodista especializada en derechos humanos, Elia Almanza, aseguró que no esperaba nada de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y, aún así, salió como la mayor defensora de los militares.

“Terminé de echarle ojo al posicionamiento político mal llamado “Recomendación” de la CNDH sobre #Ayotzinapa. Sigo procesándolo; una locura.

“Sé que no podíamos esperar nada, pero qué manera de Rosario Piedra Ibarra de defender al Ejército.

“12 años y las familias tienen que aguantar esto”, escribió la comunicadora.

Mientras que el analista, Alfredo Lecona, tachó de “criminal” el actuar de la CNDH y su titular, y afirmó que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, supo y ocultó que los normalistas seguían con vida después del 26 de septiembre de 20224.

“SALVADOR CIENFUEGOS supo y OCULTÓ que NORMALISTAS continuaban CON VIDA días después del 26 de septiembre de 2014.

“El GIEI se fue del país dejando EVIDENCIA técnica, documental y de inteligencia sobre el ocultamiento.

“Lo que acaba de hacerle la CNDH a Ayotzinapa para encubrir al ejército y aliados de la presidenta es lo más CRIMINAL que han hecho Piedra, Estrada, Pomposo y el resto de delincuentes que secuestraron la institución. 43 veces miserables. 135 mil veces malditos”.

Continúa la polémica con Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH y su postura sobre el caso Ayotzinapa, es una muestra de ello.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una extensa recomendación de 867 páginas en la que desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al sostener que no existen pruebas para culpar al Ejército, como se ha informado reiteradamente por grupos de expertos, comisiones de derechos humanos, la familia de los normalistas y sociedad civil.

La CNDH estableció en la Recomendación 208VG/2026, publicada el 9 de julio, que la creación de la llamada “Anti-Verdad Histórica”, una narrativa que, afirmó, responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas de México al acusarlas de estar implicadas en la Noche de Iguala de 2014, genera estigmatización y desvía el eje de la investigación iniciada desde hace más de 10 años.

“Como parte de las investigaciones que han dado lugar a la presente recomendación, hemos tenido que superar no solamente resistencias e intentos de manipulación de la información, incluso internamente, sino los prejuicios generados por una narrativa tan nociva como la “Verdad Histórica”, la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica” presente en los Informes del GIEI y en los dos primeros informes de la CoVAJ-Ayotzinapa, así como en multitud de artículos periodísticos, libros, películas y reportajes televisivos que, lejos de buscar la verdad llana que merecen las víctimas y todo el pueblo de México, han sido muy útiles para alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército”, afirma la CNDH.

Ello marca una nueva postura en la historia de desaparición forzada más trágica en los tiempos recientes, en donde 43 jóvenes normalistas fueron desaparecidos cuando se trasladaban a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones del 2 de octubre del 68.

Desde entonces, las autoridades locales y federales se empeñaron en contar historias diferentes de lo que pudo haber pasado en aquella noche, como la llamada “Verdad Histórica”, encabezada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, demostrándose con el tiempo que muchas fueron versiones falsas.

Mientras eso sucedía, las madres y padres de los 43 normalistas se han dedicado a exigir justicia y verdad para sus hijos, manifestándose constantemente y convirtiéndose en un símbolo de resistencia.

La búsqueda de la verdad por los 43 ha estado marcada por injusticias, irregularidades, torturas y violaciones a derechos humanos. El caso ha tenido foco internacional por organizaciones como Amnistía Internacional, sin embargo, a punto de cumplirse 13 años, sigue sin haber certeza de lo que ocurrió.

La narrativa sobre el Ejército y su implicación en la Noche de Iguala

A lo largo del extenso informe, la CNDH reiteró que la versión sobre la supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, sin que hasta ahora exista evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 que los señale culpables.

El organismo reconoce antecedentes históricos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, “en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como lo hizo en las recomendaciones general 46/2022 y la 98VG/2023 en las que no se titubeó en señalar nombres y grados de los perpetradores, que hoy son públicos”, sin embargo, sostiene que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

El organismo redacta un informe detallado de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y contrasta la información disponible sobre el caso que contempla más de 10 años de investigación, injusticias y violación a los derechos humanos.

Los folios ocultos y la postura de la Defensa Nacional

Uno de los puntos más señalados por la “Anti-Verdad Histórica”, de acuerdo a lo puntualizado por la CNDH, es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de los 875 folios enlistados por los familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

La CNDH resalta la explicación de la Defensa donde señala que la numeración no es progresiva, pues el CRFI, inaugurado en diciembre de 2015, quince meses después de la desaparición, usaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI, y asegura que nunca ha negado la existencia de información.

El organismo nacional dedica más de 800 páginas para concluir que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido utilizada para sostener especulaciones no comprobadas que acusan la Ejército.

CNDH desacredita informes pero asegura defender a víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la defensa a los derechos de las víctimas y acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014″.

Emitió recomendaciones para garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y el acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita, supervisar las medidas de reparación integral, así como fortalecer las escuelas normales rurales mediante autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación está dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que integran la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero, las presidencias municipales de los ayuntamientos de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como a las secretarías y direcciones de seguridad pública de los municipios mencionados en el Estado de Guerrero.

Además, solicitó informar sobre los avances en la atención a víctimas y en las búsquedas de los normalistas desaparecidos, asegurando la participación de familiares y el cumplimiento de estándares en derechos humanos. También pide retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los normalistas y exige capacitación continua en derechos humanos para los cuerpos policiales de Guerrero.

Subrayó la obligación de mantener abiertas las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, reconociendo 79 víctimas y dejando el proceso abierto para nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar, de manera extraordinaria, la sentencia emitida en 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La decisión abre un nuevo capítulo jurídico en uno de los casos más emblemáticos del país y ha generado preocupación entre organizaciones civiles, que consideran que podría retrasar el cumplimiento de una resolución firme.

La determinación fue aprobada por unanimidad del Pleno mediante el ejercicio de la facultad de atracción respecto de cuatro recursos de revisión extraordinaria promovidos por autoridades federales.

Con ello, el máximo tribunal analizará los alcances constitucionales de la sentencia dictada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Organizaciones cuestionan la reapertura de una resolución definitiva

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la decisión de la Corte pone nuevamente a debate una sentencia considerada definitiva, lo que, a su juicio, genera incertidumbre jurídica y tensiona el principio de cosa juzgada, que busca dar certeza sobre las resoluciones judiciales firmes.

Recordaron que el fallo de mayo de 2018 representó uno de los precedentes más relevantes del caso Ayotzinapa, ya que ordenó reponer la investigación tras identificar graves irregularidades y dispuso la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad como un mecanismo extraordinario para garantizar una indagatoria independiente y efectiva, con participación de las víctimas.

Asimismo, destacaron que dicha resolución concluyó que la investigación que dio origen a la llamada “verdad histórica” estuvo marcada por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo actos de tortura, además de omisiones en diversas líneas de investigación.

¿Qué revisará la Suprema Corte?

Los recursos extraordinarios fueron promovidos por autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes argumentaron que debieron haber sido llamadas al juicio de amparo.

Aunque fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

En 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la SCJN atraer los expedientes para definir la viabilidad jurídica y material del cumplimiento de la sentencia, al sostener que existían obstáculos para la creación de la Comisión de la Verdad.

La Corte analizará, entre otros aspectos, si un tribunal de amparo podía ordenar la creación de un mecanismo extraordinario de investigación o si esa determinación vulnera principios constitucionales como la relatividad de las sentencias y la división de poderes.

Así se suscitaron los hechos

• En 2018, un tribunal federal ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa.
• La resolución dispuso crear una Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Iguala.
• Los recursos de revisión extraordinaria fueron promovidos por autoridades federales desde 2018.
• La Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó este año que la Suprema Corte atrajera los asuntos.
• La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar por haber encabezado anteriormente la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Debate sobre seguridad jurídica y acceso a la verdad

Las organizaciones que representan a las familias de los estudiantes señalaron que esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo para modificar los efectos de una sentencia firme, por lo que consideran que la decisión podría generar incertidumbre sobre la estabilidad de las resoluciones judiciales.

También advirtieron que la reapertura del debate difícilmente contribuirá a acelerar el esclarecimiento del caso y, por el contrario, podría prolongar los tiempos para cumplir una resolución que reconocía la necesidad de una investigación autónoma con participación de las víctimas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República ha cuestionado la creación de la comisión al considerar que podría interferir con las funciones de la unidad especializada encargada de investigar el caso Ayotzinapa.

Caso Ayotzinapa permanece sin resolverse a casi 12 años

A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso continúa sin un esclarecimiento total. Organizaciones civiles sostienen que aún existen pendientes relevantes, entre ellos el acceso a información de inteligencia, la colaboración de distintas instituciones y el avance en procesos de extradición de personas consideradas clave para la investigación.

Con la atracción de estos recursos, la Suprema Corte definirá si la sentencia de 2018 mantiene íntegros sus efectos o si corresponde modificar el alcance de una de las resoluciones judiciales más importantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, una decisión que será seguida de cerca por las familias de los estudiantes, autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo germen se remonta a 1948, nació como herramienta para proteger la dignidad humana; para facilitar, empleando una formulación de Kant, que, dentro de ese ámbito territorial específico, todo ser humano sea tratado siempre como un fin y nunca meramente como un medio. Para lograrlo, se buscó asegurar que los Estados que forman parte del Sistema reconozcan, protejan y promuevan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La idea que está en la base es que un Estado apoyado sobre estos tres pilares —que deben estar en equilibrio— hace más difícil el abuso de poder, la instrumentalización del ser humano.

El balance general de lo ocurrido desde 1948 hasta hoy es positivo: los dos órganos principales del Sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, han llevado adelante un trabajo fecundo: la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la participación política…: son vastos los ámbitos en los que se han verificado avances notables.

Dentro de ese contexto en general positivo emergen, no obstante, algunas sombras. Por mencionar sólo algunas, los órganos del Sistema han avanzado no sin polémica en la creación del así llamado “control de convencionalidad” —de no sencilla compatibilización con el control de constitucionalidad—, en la afirmación de la usticiabilidad directa de los derechos sociales, en el reconocimiento —aunque no frontal— de la eficacia horizontal de los derechos. Todo ello de la mano de una teoría de la interpretación de los derechos reconocidos en la Convención que ha sido calificada muchas veces como “activista”, es decir, violatoria de la competencia que la propia norma internacional asignó a los órganos del Sistema.

Un ejemplo actual de estos desbordes lo constituye la creación de los “Grupos interdisciplinares de expertos independientes” (GIEI), creados por la Comisión Interamericana para desarrollar una función de “coadyuvancia” a los Estados en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un mecanismo especial que se ha creado para México (2014), Nicaragua (2018), Bolivia (2019) y Honduras (2025). En cada uno de estos países se produjeron “acuerdos constitutivos” entre la Comisión y el Estado que dieron lugar a la instalación en el lugar de grupos de personas “expertas”, “independientes” e “interdisciplinares” con el deber de llevar adelante lo establecido en esos acuerdos. Los resultados que se han alcanzado hasta el momento no han sido buenos: como fueron más allá de su proclamada coadyuvancia, e incluso llegaron a hacer “recomendaciones” de “cumplimiento obligatorio” por parte de los Estados, acabaron afectando la independencia de los poderes judiciales de los países implicados. En algún caso, incluso, no quedó nada claro que los expertos seleccionados fueran realmente independientes. Se generaron así “juicios paralelos” en los que acusación y juez coincidieron en el propio GIEI. Por este camino, el ansiado equilibrio entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos se torna en esos casos una quimera, y son en última instancia los propios derechos humanos los que se ven afectados. Urge un replanteamiento de los GIEIs por parte de la Comisión Interamericana. Sin él, continuarán teniendo un efecto paradójico: afectarán de modo negativo aquello que con ellos se busca proteger.

Juan Cianciardo. (Buenos Aires, 1971) es argentino y español. Doctor en Derecho. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra, Profesor Visitante de la Universidad Panamericana. Luego de obtener el Grado en Derecho trabajó un año en la Corte Suprema de su país natal. Con 24 años viajó a España donde comenzó su Doctorado en Derecho, que concluyó tres años después, en 1999. Ese mismo año regresó a Buenos Aires y se incorporó a la Universidad Austral; tiempo después ingresó por concurso de antecedentes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina (CONICET), principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Ingresó a esta institución en la Carrera de Investigador como Investigador Asistente y luego de sucesivas acreditaciones fue ascendido a Investigador Adjunto y a Investigador Independiente (equivalente a lo que en el sistema español sería Científico Titular del CSIC).

En momentos en que el orden internacional, las instituciones multilaterales y el propio Derecho internacional atraviesan una nueva crisis de legitimidad, conviene preguntarse no sólo por los problemas que enfrentan nuestras sociedades, sino también por los instrumentos que se proponen para resolverlos.

Un ejemplo particularmente interesante son los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar graves violaciones de derechos humanos en contextos de crisis. Desde el caso Ayotzinapa en México (2014), pasando por Nicaragua (2018), Bolivia (2019) y más recientemente Honduras (2023), han intervenido en escenarios marcados por la violencia, la polarización política, la desconfianza institucional y la aparente incapacidad de las autoridades nacionales para esclarecer los hechos.

Precisamente sobre estos mecanismos discutimos la semana pasada en un workshop realizado en la Universidad Panamericana de Ciudad de México, en el que participamos académicos y expertos de distintos países. Más que respuestas, el ejercicio surgieron dudas inquietantes sobre quién tiene realmente la competencia y legitimidad para acordar la creación de un GIEI (si en realidad basta con el consentimiento del gobierno de turno y del Secretario Ejecutivo de la Comisión), el fundamento jurídico de estos mecanismos y los límites de su mandato, y ante quién responden y ante quién son responsables sus integrantes.

Asimismo, ¿cuál es su naturaleza? Los GIEI no son tribunales, pero tampoco fiscalías, comisiones de la verdad ni simples organismos de asistencia técnica. Sin embargo, acceden a expedientes judiciales, reconstruyen hechos, evalúan investigaciones, practican pruebas y formulan sendas recomendaciones dirigidas a cada uno de los poderes políticos. En ocasiones, además, parecen producir narrativas institucionales destinadas a influir en procesos de rendición de cuentas.

Entonces, ¿a quién dirigen sus informes? En realidad, no es claro si el destinatario es la CIDH (que recomienda su creación, en ocasiones nombra sus integrantes y hace seguimiento al cumplimiento de sus informes) o la comunidad internacional, el Estado o a la sociedad en su conjunto, a las víctimas de los hechos investigados, o los fiscales y jueces.

No son preguntas menores. Si sus informes pretenden influir en procesos penales internos, surgen cuestiones inevitables relacionadas con el debido proceso, la contradicción y el derecho de defensa, la presunción de inocencia. Pero también con el principio de subsidiariedad, pues ni la Comisión ni la Corte Interamericana tienen la función de establecer responsabilidad penal individual.

Existe además una cuestión de fondo y es si los GIEI realmente contribuyen a fortalecer la confianza en las instituciones y la cohesión social o si, por el contrario, existe el riesgo de que profundicen las divisiones existentes. ¿Únicamente por razón de su formación, independencia e inmunidad, unos pocos expertos internacionales, pueden reconstruir de manera definitiva hechos complejos y altamente controvertidos? ¿Pueden, además, identificar sus causas estructurales y proponer soluciones duraderas para sociedades profundamente fragmentadas?

Esta última pregunta puede parecer provocadora, pero resulta necesario formularla. Si realmente es suficiente con un mecanismo “técnico” y “neutro” para descubrir la verdad, identificar a los responsables y resolver problemas institucionales complejos, ¿por qué no encomendar esa tarea a la inteligencia artificial? Bastaría con suministrarle los documentos relevantes y formular las preguntas adecuadas.

Pero en realidad nada puede sustituir a las instituciones democráticas, los jueces, los fiscales, el debate público o el consenso político. Por lo que desafío no consiste tanto en encontrar quién posee o puede establecer la verdad, sino en diseñar procedimientos legítimos, respetuosos de las garantías procesales y confiables para buscarla, que sean compatibles con el Estado de Derecho y los derechos humanos (de todos). No hay atajos para ganar el partido.

Andrés Balcázar G. Profesor visitante de la Universidad Panamericana, México. Académico de la Universidad de la Sabana, Colombia.

El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó el pasado 10 de junio que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se prestan a “hacerle el juego a la derecha”, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. El legislador sostuvo que, pese a que “los problemas se están atendiendo”, las protestas deben ser “pacíficamente” y cuestionó: “¿Por qué con violencia?”.

En su mensaje, Fernández Noroña planteó que actores políticos buscan usar el tema “para sus fines legítimos, medio legítimos o totalmente ilegítimos” y acusó que con la violencia “quieren descarrilar al gobierno”. También aseguró que quienes incurren en ese tipo de acciones “apoyan el injerencismo de Estados Unidos”.

El senador de Morena remató con una descalificación partidista al señalar que, en esa “definición”, se está “con el pueblo y con la patria o estás contra el pueblo y contra la patria” y acusó que “están con el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano."

Finalmente, calificó al comportamiento de los manifestantes de Ayotzinapa como “vomitivo”.

Familiares de los 43 de Ayotzinapa solicitan a Segob una reunión para revisar el caso

El Comité de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió el pasado 13 de junio a la Segob una reunión para revisar el caso y exigió a la FGR retomar líneas de investigación que, según su escrito difundido con acompañamiento de Red TDT, habrían sido abandonadas desde 2024, porque sostienen que sin esas indagatorias no se puede esclarecer el paradero de los estudiantes ni avanzar hacia procesos judiciales.

En ese mismo documento, las familias solicitaron crear una comisión para revisar 33 documentos CERFIS que, según el Comité, están en poder de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. De acuerdo con el escrito, esos folios contienen información sobre el paradero de los estudiantes y señalan la barandilla municipal, la colonia Jardines del Sol y la Laguna de Tuxpan como puntos de interés a partir de interceptaciones de comunicaciones militares.

Las madres y padres también reclamaron que, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ofreció avanzar en las indagatorias con inteligencia y tecnología, pero no se les ha informado si las líneas de investigación impulsadas antes siguen activas o fueron descartadas.

El Comité tiene la petición central de que se integre una comisión con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la UEILCA para analizar de forma exhaustiva los expedientes militares. El objetivo, de acuerdo con las familias, es identificar datos que puedan judicializarse.

El Comité rechaza acusaciones por las protestas recientes

A su vez, las familias rechazaron la criminalización de su movimiento tras las protestas recientes y negaron cualquier vínculo con presuntos hallazgos de explosivos. También denunciaron que han sido señaladas de pertenecer a la ultraderecha y acusadas de vandalismo y violencia.

“Somos personas trabajadoras del campo que no tenemos ideologías, nos mueve el amor a nuestros hijos que desde su desaparición les prometimos luchar por su presentación a costa de nuestras vidas”, afirmaron.

El Comité pidió que no se abran investigaciones penales ni contra los padres ni contra los estudiantes por las movilizaciones recientes. Según las familias, sus demandas son legítimas y están dirigidas a obtener verdad y justicia.

En su posicionamiento, las madres y padres señalaron que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantiene una organización estudiantil con pensamiento marxista orientada, según describieron, a la construcción de una sociedad más justa. También afirmaron que la represión histórica contra ese movimiento ha dejado 11 estudiantes asesinados y 43 desaparecidos, crímenes que, de acuerdo con el Comité, siguen sin investigación ni sanción.

Respecto a los explosivos, la SSC aseguró el pasado 8 de junio 59 artefactos explosivos caseros durante una revisión a unidades de transporte público en la autopista México-Cuernavaca, como parte de un operativo de inspección.

La policía de la Ciudad de México cercó este lunes un convoy de autobuses que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, cuando circulaban por la autopista México-Cuernavaca con destino al Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron a los más de diez autobuses en la caseta de peaje de Tlalpan, al sur de la capital, mientras los estudiantes buscaban incorporarse a las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Protestas de la CNTE a días del Mundial 2026

Las manifestaciones se desarrollan en un contexto marcado por la cercanía del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, programado para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

La continuidad de los bloqueos ha generado inquietud por posibles afectaciones a la movilidad y a la organización de eventos vinculados con el torneo internacional.

Bloqueos en la CDMX

Las movilizaciones de la CNTE cumplen nueve días consecutivos y han incluido bloqueos en importantes vialidades de la capital, como Paseo de la Reforma y avenida Chapultepec.

Tras una Asamblea Nacional Representativa realizada durante la madrugada, la Coordinadora acordó mantener las protestas y desarrollar acciones informativas en diversos medios de comunicación.

Como parte de estas acciones, integrantes de distintas secciones sindicales bloquearon desde temprana hora los accesos a instalaciones de TV Azteca, Televisa y W Radio.

Las demandas de la CNTE al gobierno

La principal exigencia de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que modificó de manera negativa las condiciones de retiro de los docentes.

Entre sus demandas también destacan:

• El regreso a un sistema solidario de pensiones.
• El rechazo al cálculo de jubilaciones mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA).
• Que las pensiones se determinen con base en salarios mínimos.
• Mejoras en las condiciones laborales y de retiro para el magisterio.

Claudia Sheinbaum garantiza paz durante el evento

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las protestas de la CNTE no pondrán en riesgo la realización del partido inaugural del Mundial 2026.

La mandataria sostuvo que se mantendrán las condiciones de paz y gobernabilidad necesarias para el desarrollo del evento deportivo, pese a las movilizaciones magisteriales que continúan en distintos puntos de la Ciudad de México.

Actualización del caso Ayotzinapa: detención de exmilitar reaviva exigencias de justicia

La reciente detención en Estados Unidos de Enrique Martínez Chávez, exintegrante del 27 Batallón de Infantería de Iguala y presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, volvió a colocar el caso en el centro de la discusión pública mientras continúan las movilizaciones de estudiantes y organizaciones sociales en México.

El exmilitar fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, donde permanecía tras abandonar México. De acuerdo con las autoridades mexicanas, existe una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos relacionados con el caso, entre ellos desaparición forzada, delincuencia organizada y tortura.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la captura no fue resultado de una solicitud específica del Gobierno mexicano, sino que ocurrió durante una redada migratoria realizada por autoridades estadounidenses. Según explicó, fue durante ese operativo cuando se detectó que el detenido contaba con una ficha vinculada a una orden de aprehensión emitida en México.

La mandataria también precisó que Martínez Chávez no forma parte de las dos personas cuya extradición fue solicitada directamente por su administración a Estados Unidos como parte de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa.

Entre esos casos figuran el exjuez Ulises Bernabé García y Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, ambos señalados en las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) analiza ahora los mecanismos legales para concretar el traslado del exmilitar a territorio mexicano y que enfrente los cargos que pesan en su contra. La captura representa uno de los avances más recientes en un expediente que, a casi 12 años de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sigue sin esclarecer completamente el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para los familiares de las víctimas y los colectivos que mantienen viva la exigencia de verdad y justicia, la detención constituye un paso relevante, aunque insuficiente. Diversas organizaciones han insistido en que aún existen pendientes en las investigaciones, particularmente en lo relacionado con la participación de autoridades y miembros de corporaciones de seguridad que presuntamente tuvieron conocimiento de los hechos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que no hay ninguna persona detenida tras el hallazgo de 59 artefactos explosivos en uno de los camiones que trasladaba a integrantes de la caravana de Ayotzinapa. Las autoridades decomisaron el material y bloquearon el avance de los vehículos hacia la Ciudad de México, sin proceder a ningún arresto.

A raíz de los hechos, la mandataria reconoció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que aún no tiene certeza sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación por el caso.

“No hay detenidos, se les quitó los artefactos que traían y no se les permitió seguir avanzando hacia la ciudad”, destacó ante la prensa.

El operativo en la caseta de Tlalpan

La tarde del lunes 8 de junio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retuvieron la caravana de autobuses en la caseta de Tlalpan. El operativo se aplicó sobre vehículos de pasajeros que circulaban por la autopista México-Cuernavaca.

Personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar los artefactos de fabricación artesanal, los cuales quedaron bajo resguardo de especialistas para las diligencias correspondientes.

Sin embargo, pese al hallazgo, las autoridades no reportaron arrestos ni identificaron a algún responsable directo de los explosivos, un detalle que llamó la atención debido a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula de manera estricta la fabricación, posesión, almacenamiento y transporte de este tipo de materiales.

Por qué no hubo detenidos

La ausencia de arrestos tiene una explicación jurídica concreta. En términos legales, el decomiso de objetos ilícitos y la detención de personas son procedimientos distintos que exigen elementos diferentes para ejecutarse.

Las autoridades pueden confiscar de forma inmediata materiales peligrosos para proteger a la población. Una detención, en cambio, exige indicios que permitan atribuir la posesión o control del objeto a una persona específica.

La Constitución establece que alguien puede ser detenido en flagrancia cuando es sorprendido cometiendo un delito o inmediatamente después. La presencia de material ilícito dentro de un vehículo colectivo no permite atribuir automáticamente la responsabilidad penal a todos sus ocupantes.

Cuando el objeto prohibido aparece en una unidad con múltiples pasajeros y equipaje compartido, identificar al responsable requiere actos de investigación adicionales. Ese es el límite jurídico que explica por qué el hallazgo no derivó en arrestos inmediatos.

La versión de Tlachinollan

El abogado Isidoro Vicario Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, rechazó ante medios locales que los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa hayan transportado ese material. Según él, la consigna del movimiento es llevar a cabo movilizaciones pacíficas.

“Los padres y las madres que venían en autobús dicen que ahí no venían esos artefactos, que no los vieron”, declaró Vicario Aguilar. El abogado consideró que el señalamiento sobre los explosivos es “una forma de justificar para impedir la entrada de los padres y de los estudiantes a la Ciudad de México”.

Tlachinollan también señaló que detrás del operativo estaría la intención de deslegitimar la lucha de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Vicario Aguilar advirtió que el gobierno busca “cualquier pretexto como para tratar de desviar la atención”, en una semana en que además inicia el Mundial de fútbol.

La demanda central: el regreso del GIEI

La “Jornada intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa” tenía como objetivo principal una reunión interinstitucional programada para el 12 de junio. Los familiares buscan que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco, junto con la titular de la FGR Ernestina Godoy, establezcan un mecanismo para el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El movimiento de los 43 lo que quiere es saber la verdad y saber el paradero de los 43 estudiantes, pero no podemos saber eso porque las investigaciones no avanzan, porque el Estado mexicano no quiere regresar al GIEI”, afirmó Vicario Aguilar. El abogado denunció además que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiga activamente en contra de una sentencia de un juez de Distrito que le ordena entregar folios con posible información sobre el paradero de los jóvenes.

A tres meses de cumplirse 12 años

El abogado Vicario Aguilar alertó que en septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de los normalistas sin que el caso tenga resolución. La presidenta Sheinbaum ha argumentado en sus reuniones con los familiares que ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han respondido favorablemente para el retorno del GIEI.

El abogado de Tlachinollan no acepta ese argumento. “Si hubiera voluntad se pudiera buscar algún mecanismo, pero el problema es que no quieren que regrese el GIEI, porque tampoco quieren entregar los folios de la Sedena”, puntualizó.

A un día de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México, el evento se perfila como un escaparate que coloca bajo observación internacional demandas sociales que distintos sectores acusan no haber podido encauzar por vías institucionales.

Las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de personas buscadoras y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exponen, más allá del evento deportivo, un problema de interlocución con las autoridades, afirma la doctora Marisol López Menéndez, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

Para López Menéndez, el Mundial se convierte en una plataforma para grupos que se perciben abandonados o ignorados, y que encuentran en la atención pública un espacio para colocar sus exigencias en la agenda nacional e internacional.

“Cada vez más grupos sociales encuentran en estos eventos internacionales el único espacio en donde, por necesidad, se les mira”, señala.

La especialista sostiene que las movilizaciones convocadas en torno al Mundial no deben leerse únicamente como acciones contra el torneo, sino como una expresión del desencanto de sectores que no han encontrado respuestas satisfactorias a demandas que, en muchos casos, llevan años sobre la mesa.

Entre ellas, menciona las exigencias de la CNTE respecto a la Ley del ISSSTE de 2007, así como las demandas de colectivos de búsqueda ante la crisis de desapariciones que vive el país.

La protesta como vía para abrir negociaciones con el gobierno

López Menéndez explica que, cuando las instituciones no ofrecen canales eficaces para atender problemas sociales, las personas suelen recurrir a formas de protesta más visibles para atraer la atención pública.

“Las personas están buscando formas de interlocución que obliguen al gobierno a establecer negociaciones serias”, afirma.

A su juicio, la recurrencia de bloqueos, marchas y otras acciones de presión pública también refleja una desconfianza creciente en los mecanismos institucionales tradicionales.

La investigadora señala que, en distintos ámbitos, muchas personas perciben que los procedimientos administrativos son lentos, complejos y poco efectivos, por lo que terminan optando por acciones que permitan visibilizar sus problemas de manera inmediata.

“Si la gente no ve resultados, el incentivo es pensar que tomar una avenida es la única manera en que la autoridad va a escuchar una queja”, explica.

Las causas de las movilizaciones quedan detrás de las afectaciones viales

La académica también llama a revisar la manera en que la sociedad suele percibir estas movilizaciones.

Considera que con frecuencia la atención pública se concentra en las afectaciones al tránsito o la movilidad, mientras que las causas que originan las protestas quedan en segundo plano.

“Muchas veces nos quejamos de los manifestantes porque toman las calles, pero no necesariamente volteamos a ver los problemas que están tratando de visibilizar”, apunta.

De cara al Mundial 2026, López Menéndez considera que la atención internacional puede contribuir a colocar temas como las desapariciones, la seguridad social o las demandas magisteriales bajo una mayor observación pública.

Sin embargo, advierte que el reto principal no es gestionar las manifestaciones durante el evento, sino fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo y respuesta para evitar que la protesta se convierta en el único recurso para quienes buscan ser escuchados.

Organizaciones, colectivos y comunidades indígenas han convocado para el próximo 11 de junio a una pega masiva de carteles en la Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, en el marco de las Jornadas Antimundialistas, contra la Explotación, el Despojo, la Represión y el Desprecio.

La acción, impulsada desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, se realiza en el contexto del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena (CNI) y representa una respuesta crítica ante la celebración del Mundial 2026.

La cita para la concentración será en Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco, Benito Juárez, a partir de las 9 de la mañana, con salida programada a las 10:00 horas. “Lleva engrudo, aerosoles, carteles. etc. Pero sobre todo, lleva ‘digna rabia’ y ‘alegre rebeldía’”, se lee en el comunicado difundido por el CNI.

Además, señalan que la comunidad y el Café Zapata Vive proveerán una cantidad significativa de carteles para quienes deseen sumarse a la jornada.

Protesta social y exigencia de justicia en el contexto del Mundial

La pega masiva de carteles se suma a una serie de acciones y protestas que diferentes colectivos y organizaciones han realizado en la capital del país durante los días previos al inicio del Mundial 2026. Estas jornadas buscan visibilizar el reclamo de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los más de 133 mil desaparecidos en México. Además, son resultado de la desesperación y el sentimiento de enojo que tienen estos colectivos frente a la inacción gubernamental sobre estas problemáticas.

Uno de los lemas del gobierno para este evento deportivo es “El balón vuelve a casa”, sin embargo, los colectivos y activistas realizaron una modificación: Si el balón vuelve a casa, los 43 de Ayotzinapa y l@s más de 130 mil desaparecid@s... ¿cuándo?.

Con esa frase las comunidades indígenas convocaron a esa movilización y es un claro ejemplo de lo que se conoce como comunicación emergente, que, en el contexto de movilizaciones sociales, es cuando los grupos manifestantes se apropian de los símbolos y los resignifican: tomaron el lema gubernamental para convertirlo en una protesta.

Sucede lo mismo con las frases “Mundial del Despojo y la Guerra”, donde acusan que la organización del evento deportivo se realiza a costa de la explotación, el desarraigo y la represión de comunidades indígenas y sectores populares.

La protesta también busca denunciar el desplazamiento, la destrucción de territorios y la violencia institucional que, según los colectivos, han sido agravadas por megaproyectos y políticas asociadas a la preparación del evento internacional.

El ambiente de protesta se ha fortalecido en las últimas semanas, con las manifestaciones y marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) en el Centro Histórico, familiares de desaparecidos y colectivos de derechos humanos en marchas, foros y manifestaciones públicas, el ambiente rumbo a la inauguración mundialista el 11 de junio, se ha vuelto cada vez más tenso.

Participación colectiva y memoria activa

La jornada del 11 de junio está diseñada como un acto de memoria activa y resistencia. Desde la Casa de los Pueblos, el llamado es a mantener viva la exigencia de presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las personas desaparecidas en el país. Los organizadores reiteran que, mientras el balón vuelva a casa en el Mundial, las familias siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

La pega masiva de carteles será un acto visible de resistencia y denuncia en el espacio público, reafirmando que para miles de familias y comunidades, la verdadera prioridad sigue siendo la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad de quienes han sido víctimas de la violencia y el olvido.

Las movilizaciones convocadas por estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rumbo a la inauguración del Mundial 2026 continúan en medio de investigaciones por el aseguramiento de 59 artefactos de fabricación casera en un autobús que se dirigía a la Ciudad de México.

En este contexto, el senador priista Manuel Añorve Baños rechazó los señalamientos que lo vinculan con el financiamiento de grupos normalistas.

Añorve rechaza vínculos con Ayotzinapa y la CNTE

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, negó cualquier relación con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa o con integrantes de la CNTE.

El legislador calificó como falsas las versiones que lo señalan como presunto financiador de las movilizaciones y afirmó que a lo largo de su trayectoria política no ha mantenido cercanía con ninguno de estos movimientos.

Asimismo, sostuvo que los señalamientos forman parte de una estrategia para responsabilizar a terceros de un conflicto social que, dijo, corresponde atender al gobierno federal.

Añorve también aseguró que históricamente ni Ayotzinapa ni la CNTE han mantenido afinidad política con el PRI.

Aseguran 59 artefactos durante revisión en la caseta de Tlalpan

La controversia ocurre después de que autoridades de la Ciudad de México informaran sobre el hallazgo de 59 artefactos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos.

La inspección se realizó en la caseta de cobro de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con los reportes oficiales, los especialistas localizaron tubos de PVC, mechas y materiales que presuntamente contenían pólvora.

Los objetos fueron asegurados y trasladados para su análisis pericial por parte de las autoridades correspondientes.

Movilizaciones coinciden con actividades previas al Mundial 2026

Los estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a la capital del país para participar en actividades relacionadas con la denominada “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición” de los 43 normalistas, además de sumarse a algunas de las movilizaciones convocadas por la CNTE.

Las protestas se desarrollan en los días previos a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como una de sus sedes principales a la Ciudad de México.

Claves para entender el contexto

• Conmemoración del 54 aniversario de los hechos del 10 de junio de 1971, conocidos como el “Halconazo”.
• Exigencia de avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
• Participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
• Demandas de la CNTE en materia laboral y educativa.
• Convocatoria a la denominada Marcha de las Antorchas en las inmediaciones del Estadio Azteca.
• Actividades programadas entre el 10 y el 12 de junio en distintos puntos de la Ciudad de México.

Posturas encontradas sobre el operativo

Mientras la Secretaría de Gobernación informó que la revisión se llevó a cabo de manera pacífica y tras una denuncia ciudadana, representantes de los padres de los 43 normalistas señalaron que la retención de los autobuses representó una limitación a su derecho de manifestación.

Las autoridades federales sostuvieron que la inspección contó con acompañamiento institucional y que los hallazgos serán investigados para determinar su origen y características.

Investigaciones continúan previo a nuevas protestas

Además del aseguramiento de los artefactos, algunas publicaciones han mencionado la existencia de indagatorias relacionadas con posibles fuentes de financiamiento de grupos normalistas.

No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones oficiales ni se han presentado pruebas públicas concluyentes sobre dichas versiones.

En paralelo, estudiantes, familiares de los 43 desaparecidos, integrantes de la CNTE y colectivos de búsqueda han confirmado que mantendrán las actividades y movilizaciones previstas durante los próximos días.

Las autoridades, por su parte, informaron que continuarán las investigaciones sobre los objetos asegurados y mantendrán operativos de vigilancia ante las concentraciones programadas en la capital del país.

Colectivos, organizaciones y activistas buscan aprovechar el alcance mediático que el Mundial 2026 tendrá en México para visibilizar las problemáticas sociales que vive el país desde hace años.

Desde que comenzaron los primeros preparativos para que México reciba a las selecciones mundialistas y a sus aficionados —hace apenas unos seis meses a pesar de que desde 2018 se anunció que México sería sede mundialista— surgieron malestares sociales debido a que pareció que para los gobiernos este evento deportivo fue el pretexto perfecto para ignorar las exigencias de la sociedad: crisis de desapariciones, aumento delictivo, falta de resolución en políticas públicas en materia de educación, salud, entre muchas otras.

Fue un sentimiento generalizado que se acrecentó conforme avanzaban las obras en las ciudades sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero continuaban las problemáticas sociales. En ese contexto, comenzaron las movilizaciones en vísperas del Mundial 2026 (a la par que las obras en la Ciudad de México que se construyeron en tiempo récord) con la “amenaza” de alargarse hasta el 11 de junio, la esperada inauguración.

Anuncian marcha durante inauguración del Mundial

En ese contexto, el 1 de junio comenzó de manera oficial el paro de la CNTE, en el cual maestras y maestros de las distintas secciones viajaron a la Ciudad de México y realizaron un plantón, con el objetivo de que todas sus exigencias sean cumplidas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del 100% y derogación de la Usicamm.

Durante sus marchas estos últimos días, se han registrado enfrentamientos violentos con la policía capitalina, en donde incluso se reportó que un maestro proveniente de Chiapas perdió un ojo a causa de un petardo lanzado, según acusan, por elementos de seguridad.

La CNTE es uno de los grupos sociales más grandes que convocó a una movilización este 11 de junio en caso de no conseguir diálogo con el gobierno —como hasta ahora se ha visto. Se prevé que la movilización se realice en el marco del partido inaugural México vs. Sudáfrica del Mundial 2026.

A esta movilización se suman

• Madres buscadoras, convocadas principalmente por el colectivo Hasta encontrarles.
• Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa: se sumarán a las movilizaciones y las actividades durante la jornada
• Organizaciones de pensionados y jubilados también podrían sumarse, aunque no hay una convocatoria confirmada.
• Organizaciones transportistas y de campesinos también podrían sumarse a las exigencias durante la inauguración del Mundial 2026. Exigen principalmente mejoras en seguridad, movilidad y regulación del comercio ambulante.
• Campesinos de todo el país, quienes han protagonizado importantes movilizaciones en los últimos meses, se reunirán en Calzada de Tlalpan (División del Norte) y marcharán junto al resto de colectivos.
• Incluso el Refugio Franciscano anunció una movilización para exigir que los animales, que hasta hace unos meses habitaban ahí, regresen. El punto de salida será el metro Taxqueña.

La Ciudad de México se prepara para recibir la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 este 11 de junio, pero también será escenario de una serie de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales que buscan visibilizar diversas demandas en el contexto del evento deportivo de mayor alcance internacional.

Marcha de las Antorchas llegará al Estadio Azteca

Como parte de las actividades conmemorativas por el 54 aniversario de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como el “Halconazo”, colectivos estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa convocaron a la denominada Marcha de las Antorchas.

La movilización está programada para el 10 de junio a las 16:00 horas y partirá de la estación del Tren Ligero para concluir en las inmediaciones del Estadio Azteca, recinto que albergará el partido inaugural del Mundial 2026.

Los organizadores señalaron que la protesta busca mantener vigentes las exigencias de verdad y justicia por los hechos de 1971, así como visibilizar demandas relacionadas con el caso Ayotzinapa, las desapariciones en México y el respeto al derecho a la manifestación.

Ayotzinapa y familiares de desaparecidos intensifican acciones

Además de la Marcha de las Antorchas, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa participarán en diversas actividades entre el 10 y el 12 de junio.

Entre las acciones anunciadas se encuentran un mitin en el Hemiciclo a Juárez, caminatas hacia el Estadio Azteca, jornadas de difusión y foros para denunciar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Contexto de las movilizaciones

• Conmemoración del 54 aniversario del “Halconazo” de 1971.
• Exigencia de avances en la investigación del caso Ayotzinapa.
• Demandas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
• Protestas de la CNTE por temas laborales y educativos.
• Aprovechamiento de la atención internacional generada por el Mundial 2026.

CNTE prevé manifestaciones durante la inauguración del Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también mantiene una agenda de protestas durante la semana mundialista.

Dirigentes del magisterio disidente han adelantado que buscarán manifestarse de manera pacífica en las inmediaciones del Estadio Azteca el 11 de junio, con el objetivo de difundir sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

La organización señaló que sus acciones no están dirigidas contra los aficionados ni contra el torneo, sino que buscan aprovechar la atención mediática internacional para exponer sus reclamos.

Otras protestas coincidirán con el arranque de la Copa del Mundo

Además de las movilizaciones de la CNTE y Ayotzinapa, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones campesinas y agrupaciones de transportistas anunciaron actividades para el día de la inauguración.

Entre las demandas destacan mejores condiciones de seguridad en carreteras, apoyos al campo mexicano y acciones más efectivas para la búsqueda de personas desaparecidas.

Las movilizaciones podrían generar afectaciones en vialidades como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur e Insurgentes Sur, principales accesos hacia la zona del estadio.

Aseguran explosivos en autobús vinculado a movilizaciones

En medio de los preparativos para las protestas, autoridades federales informaron sobre el aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban estudiantes y maestros procedentes de Ayotzinapa hacia la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobernación indicó que la revisión se realizó tras una denuncia ciudadana y con acompañamiento de autoridades de derechos humanos.

Por su parte, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron la versión oficial y acusaron que se intentó desacreditar al movimiento mediante la supuesta siembra de evidencias.

Mientras continúan las investigaciones sobre el hallazgo, las organizaciones involucradas confirmaron que mantendrán las actividades y movilizaciones previstas durante los días previos y posteriores a la inauguración del Mundial 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este 5 de junio que iniciará el procedimiento migratorio correspondiente tras conocer la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez Chávez, vinculado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las autoridades estadounidenses notificaron a la Fiscalía federal sobre el aseguramiento, afirmando que Martínez no pudo acreditar su legal estancia cuando se encontraba en Hawthorne, California.

La FGR se enteró de la detención a través de la comunicación internacional

La fiscalía indicó que, con base en la comunicación internacional, las autoridades estadounidenses le notificaron el aseguramiento de Martínez Chávez. Además, detallaron que el exmilitar permanece en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, en Adelanto, California.

Martínez Chávez cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, librada por una juez en el Estado de México por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

La FGR detalló que continúa con la indagatoria para determinar su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Martínez Chávez formaba parte del grupo de soldados que patrulló Iguala

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el exmilitar detenido, de 32 años, formaba parte del grupo de 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Enfrentaba órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionadas con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina.

En 2022, el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos publicó información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión contra 16 militares, entre ellos Martínez Chávez. Para junio de 2023, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, reactivó las órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Ese mismo mes, ocho militares recibieron auto de formal prisión tras ser capturados por los mismos delitos. Los hechos fueron informados por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a través de redes sociales.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a Iguala para “tomar” autobuses con el objetivo de participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.

La retención temporal de autobuses era una práctica habitual en Guerrero, con aval tácito de empresas y autoridades, según el Prodh.

Esa noche, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad. Auxiliados por otras corporaciones y por civiles integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, lograron cerrar el paso a cinco autobuses y detener a 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.

El saldo fue de 43 jóvenes desaparecidos, 6 personas ejecutadas —entre ellas 3 normalistas—, al menos 40 lesionados y más de 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

Alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas.

De acuerdo con la teoría del “quinto autobús”, documentada por diversos medios de comunicación, uno de los camiones tomados por los estudiantes esa noche habría estado cargado con droga de los Guerreros Unidos. Esa circunstancia habría desencadenado la respuesta violenta del cártel y las autoridades corruptas.

Pablo Vega Cuevas, alias “El Transformer”, jefe de la célula de Guerreros Unidos en Chicago, coordinaba envíos de heroína desde Guerrero hacia Estados Unidos utilizando autobuses de pasajeros.

Luego de que el pasado jueves se diera a conocer sobre la detención de un ex militar mexicano, identificado como Enrique Martínez, quien estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, este viernes la presidetan de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tocó el tema.

Martínez fue detenido en Estados Unidos por autoridades de ese país, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) dio a conocer que el sujeto recientemente capturado permanecería bajo custodia de esa institución.

Ante la pregunta de un reportero, sobre qué tan relevante era esa detención y por qué vía sería trasladado a México, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República daría más información sobre el caso.

“Es una persona que tiene una orden de aprehensión, en realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaban haciendo una de las redadas que hace esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona, y se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México, y ya la Fiscalía (General de la República) puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante”, dijo la mandataria.

Ante la pregunta sobre si esta era una de las dos personas que ella había pedido que fueran extraditadas a México al gobierno de Estados Unidos, presuntamente relacionadas con el caso Ayotzinapa, Sheinbaum dijo que no.

“Estamos pidiendo de otras dos personas, uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México”, señaló.

Quiénes son las dos personas que Sheinbaum pidió a EEUU que fueran extraditadas

En septiembre de 2025, se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que habían mantenido, la colaboración del gobierno del país vecino del norte para extraditar a México a dos personas vinculadas en las investigaciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sheinbaum sostuvo una reunión con Rubio, a quien le pidió colaboración del gobierno que representa para la extradición de dos personas involucradas en el caso Ayotzinapa.

La mandataria dio a conocer que esa petición al funcionario estadounidense se la comunicó al Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos en una reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

“Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, madres y padres; son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, señaló.

Una de las personas de las que pidió su extradición es el juez de Barandilla, Ulises Bernabé García a quien Estados Unidos le concedió asilo político en el 2020.

Él era juez de la prisión de Barandilla la noche del 26 de septiembre de 2014 y tendría conocimiento de lo que habría sucedido a los normalistas que fueron llevados a ese sitio y de donde habrían sido sacados por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.

El otro implicado en el caso Ayotzinapa, y de quien Sheinbaum pidió su extradición, es Pablo Vega Cuevas, El Transformer, integrante de Guerreros Unidos, y quien en julio de 2025 la Fiscalñía de Illinois decidió dejarlo en libertad, a pesar de estar acusado de tráfico de drogas en ese país.

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de un ex militar mexicano que, según los reportes periodísticos, estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) señala que el sujeto recientemente capturado permanecerá bajo custodia de la institución.

“Ayer, ICE LA arrestó a Enrique Martínez-Chávez, de 32 años, en Hawthorne, California. Martínez es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas”, es parte del informe de las autoridades compartido el 4 de junio.

Cancelación y reactivación de órdenes de captura

Cabe recordar que en 2022 el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos publicó información respecto a la cancelación de órdenes de aprehensión en favor de varios militares.

Dicha acción incluyó a 16 militares, entre ellos Enrique Martínez Chávez, quien formaba parte del grupo de 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

De acuerdo con la documentación oficial, estos soldados, incluido Enrique Martínez Chávez, enfrentaban órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina durante los hechos ocurridos en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Sin embargo, para junio de 2023, meses después de las cancelaciones, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, liberó las órdenes de captura en contra de los militares por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

En la lista de las órdenes aparece el nombre del sujeto recientemente asegurado en California. Los otros sujetos fueron identificados como:

• Uri Yashiel Reyes Lazos
• Santiago Muñoz Pilo
• Francisco Narváez Pérez
• Juan Andrés Flores Lagunes
• Oscar Cruz Román
• Ezequiel Carrera Rifas
• Joel Gálvez Santos
• Felipe González Cano
• Roberto de los Santos Eduviges

Diversos militares detenidos por el caso

Fue en noviembre de 2020 que fue registrada la detención del capitán José Martínez Crespo quien fue el primer militar detenido en relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, previamente, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se habían girado órdenes de aprehensión en contra de elementos militares.

Mientras que el 23 de junio de 2023 ocho militares recibieron auto de formal prisión tras ser capturados por delitos de desaparición forzada y al parecer relacionados con la desaparición de los estudiantes.

“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”.

Los hechos fueron informado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En otras acciones, en mayo de 2024 fue registrada la detención de Miguel “N”, Sargento Segundo retirado del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. De manera similar a las otras personas aseguradas, fue capturado por desaparición forzada y delincuencia organizada.

Asimismo, en marzo pasado la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano solicitó de manera formal a la representación en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomiende expertos internacionales para acompañar las investigaciones del caso Ayotzinapa.

La petición tiene un propósito específico: que esos especialistas certifiquen que la nueva metodología de investigación que se aplica en el caso es válida, está “bien fundamentada” y cuenta con las herramientas suficientes para arribar a resultados concretos.

Ciudad de México se ha convertido en el punto principal de las manifestaciones de distintos colectivos y organizaciones que buscan que el Gobierno Federal les brinde respuesta a sus demandas, a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, las movilizaciones se han intensificado, mientras que la respuesta institucional ha sido criticada por presuntos actos de represión y un llamado al diálogo que no da solución a las problemáticas.

La capital se encuentra en medio de protestas que se han intensificado en las últimas semanas y a siete días de que se lleve a cabo el evento inaugural que atraerá miles de turistas y personas de otros estados, colectivos de madres buscadoras, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como la CNTE, transportistas y campesinos podrían aprovechar los reflectores internacionales para visibilizar sus demandas.

CNTE amenaza con quedarse en las calles que rodean al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha elevado el tono de sus protestas en los últimos días y tras mesas de diálogo con titulares de distintas dependencias, sus demandas no han sido resueltas, entre sus exigencias se encuentra una solicitud de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual no se realizará, según sus propias palabras desde Palacio Nacional:

“Considero en este momento que no es pertinente esta reunión... Porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo… Es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros”.

Pese a que este 3 de junio Mario Delgado, titular de la SEP, ya presentó una propuesta para llevar a cabo la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en otras demandas como la abrogración de la Ley del ISSSTE no se han presentado avances.

El plantón que la Coordinadora mantiene en el Zócalo podría extenderse hasta el evento inaugural del Mundial, el próximo 11 de junio y de no ser atendidos se podrían quedar hasta después del 5 de julio, día en el que se llevará a cabo el último partido en la Ciudad de México.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizarán acciones en el Azteca

Desde hace unos meses, los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas a nivel nacional se han dado cita para llevar a cabo distintas acciones en los alrededores del Estadio Azteca, donde se han dedicado a colocar fichas de sus seres queridos, además de realizar pintas que reflejan el grito de justicia de una crisis que el gobierno podría “borrar” ante la fiesta futbolera.

Quienes integran estos colectivos y personas solidarias han señalado que no están en contra del Mundial ni de quien asista al recinto deportivo, sino que tienen el objetivo de poner en el discurso internacional su lucha por encontrar a los más de 130 mil personas desaparecidas en México.

El 10 de junio, desde la cuenta en redes sociales de la Glorieta de las y los desaparecidos, han convocado a la acción solidaria “Iluminemos la Búsqueda: Caminata por los desaparecidos”, la cual se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas en la estación Registro federal del tren ligero hacia el Estadio Azteca.

Pega de carteles por caso Ayotzinapa

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han convocado a una serie de movilizaciones en el marco de la inauguración que atraerá a turistas de todo el mundo, además de la visita de medios internacionales para cobertura del evento y la coyuntura que se desarrolle al menos en los tres estados sede.

La organización de este movimiento se prevé a partir del lunes 8, con una conferencia de prensa en el antimonumento de los 43, ubicado en Paseo de la Reforma; para el martes 9 se llevará a cabo un volanteo en Tlalpan; mientras que el jueves 10 realizarán un mitón en el Hemiciclo a Juárez.

Durante el evento inaugural en el Coloso de Santa Úrsula -11 de junio- los padres de los 43, acompañados de personas solidarias y activistas pegarán carteles en Tlalpan. Para el 12 de junio también harán un mitin en la Secretaría de Gobernación.

Transportistas y campesinos podrían volver a manifestarse en CDMX

En el arranque del Mundial, tanto transportistas como campesinos han asegurado que podrían tomar las calles de no ver avances en la solución de sus demandas tras las últimas mesas de diálogo que entablaron con el gobierno.

Esta mañana, Martín Lim, vocero de Campesinos Unidos y agricultor de Sinaloa, dio a conocer en entrevista para Radio Fórmula que en diversas regiones del país han comenzado a organizarse para salir a las calles a protestar durante la justa mundialista. Advirtió que las concentraciones podrían llegar hasta el Estadio Ciudad de México.

Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

El ex funcionario de 78 años, quien cumplía prisión domiciliaria desde 2024, permanece en el Hospital Ángeles Pedregal.

Permanece en terapia intensiva y ha sido sometido a estudios y revisiones médicas para determinar la gravedad de su situación médica.

El 19 de agosto de 2022 fue detenido en Ciudad de México por sus implicaciones en el Caso Ayotzinapa, donde se le acusó de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.

Su papel fue clave en las investigaciones por la desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. En aquel entonces ocupaba el cargo de Procurador General de la República, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se le acusó de ocultar información, falsificar testimonios, torturar y mentir a los padres y madres de los 43 desaparecidos tras proporcionar una versión falsa de lo que ocurrió la noche de Iguala.

En aquel momento se le llamó “Verdad histórica” a la versión oficial de los hechos: los jóvenes fueron quemados por el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Dicha información fue negada por los familiares desde el momento uno y con el paso de los meses fue de dominio público que los hechos no ocurrieron como la administración de Jesús Murillo Karam aseguró.

Al día de hoy, continúa sin tenerse una respuesta de lo que ocurrió aquella trágica noches, a pesar de que los sexenios posteriores aseguraron que buscarían resolver el caso que está por cumplir 12 años.

Antecedente médicos de Murillo Karam

El exfuncionario fue puesto en presión domiciliaria en debido a su estado de salud, argumentando que tenía diversos padecimientos médicos, por lo que no podía continuar en prisión.

De acuerdo a su historial médico revelado, Murillo Karamm padece múltiples condiciones médicas entre las que se encuentra:

• Hipertensión arterial
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
• Insuficiencia cerebrovascular

En un primer momento el acusado pidió libertad provisional, sin embargo, se le negó, por ello ahora se encontraba en prisión domiciliaria en su vivienda ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

Desde ahí continuó su proceso legal, en donde la Fiscalía General de la República mantiene una solicitud de una condena acumulada de hasta 82 años de prisión en su contra.

¿Qué pasó la noche de Iguala?

Aquella noche, jóvenes normalistas pretendían viajar de Guerrero, donde se ubicaban, a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones por el 2 de octubre.

Para ello, habían tomado varios autobuses con el fin de trasladarse a la ciudad, una práctica común que solían hacer cada año para las movilizaciones.

Sin embargo, no pudieron salir ni siquiera de Guerrero, pues fueron interceptados y, posteriormente, desaparecidos.

Existen múltiples testimonios e investigaciones sobre lo que ocurrió aquella noche. De manera oficial, aún no se conoce la versión real de los hechos, sin embargo, los padres de familia y quienes se han dedicado a investigar el caso, han señalado que la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo implicada aquella noche, y desde entonces se ha negado a mostrar los informes que explicarían qué sucedió.

A menudo se escucha decir a los artistas y figuras de la farándula que debido a que pertenecen al medio artístico, no se posicionan políticamente sobre ningún tema dado que no es su ámbito, sin embargo, ese parece que no es el caso de Fernando Bonilla, actor y comediante mexicano.

Su nombre se volvió tendencia en las últimas semanas luego de estrenarse La Oficina, la nueva versión de la serie originalmente británica The Office, en donde interpreta al personaje de Jerónimo Ponce III. Fue reconocida su actuación pero también su herencia política y sus ideologías que no ha tenido temor en manifestar.

Desde antes que se estrenara, La Oficina ya era tendencia. El público permanecía ante la expectativa de cómo sería la versión mexicana de esta reconocida serie. Una vez que salió a la luz en la plataforma de Prime Video, fue aclamada y se sumó a la larga lista de producciones mexicanas exitosas.

Ahora, semanas después de su estreno, la serie y los actores que le dieron vida continúan causando emoción entre los espectadores mexicanos.

Recientemente, la ideología política de Fernando Bonilla fue tema de conversación luego de que Movimiento Ciudadano publicara un meme utilizando su personaje para promover su partido. Bonilla se manifestó pidiendo que no se utilizara su imagen para promover ningún partido y eso generó expectativas sobre su afinación política.

“Tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda”, manifestó en sus redes sociales Bonilla para aclarar por qué se molestó cuando el MC utilizó su imagen: no milito en ningún partido, aclaró.

Sin embargo, en ese mismo post también mencionó que votó por la presidenta Claudia Sheinbaum pero que no tiene ninguna afinidad con el partido, por el contrario, “desconfía de MORENA”.

El actor y comediante tiene una herencia política importante de la que resulta difícil separarse. Su padre fue Héctor Bonilla, reconocido actor que mantenía una estrecha amistad con Andrés Manuel López Obrador, mientras que su abuelo fue Rodolfo Bonilla, uno de los fundadores de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Ayotzinapa, Iguala, en el estado de Guerrero.

Abuelo de Fernando Bonilla fundó la Normal de Ayotzinapa

La Normal de Ayotzinapa es históricamente combativa y su nombre se convirtió en un símbolo de lucha social luego de que la noche del 26 de septiembre de 2014 fueran desaparecidos 43 alumnos que se dirigían a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones por la conmemoración del 2 de octubre.

Desde esa noche hasta ahora, casi 12 años después, sigue sin conocerse la verdad sobre lo que sucedió esa noche en Iguala.

Héctor Bonilla en algún momento compartió los detalles sobre su padre, Rodolfo, a quien describió como “un gigante y uno de los 12 hijos de un zapatero remendón en Tetela de Ocampo, Puebla”.

A los 16 años se escapó de su casa y llegó descalzo a la Ciudad de México, en donde hizo la carrera de maestro normalista, lo que le llevó a adentrarse en el complejo mundo normalista.

De acuerdo a una entrevista al actor en 2015 por Radio Fórmula, en el marco del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Rodolfo Bonilla fundó la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” cuando se casó y se mudó a Guerrero, lugar en el que permanecieron desde 1925 hasta 1930.

De acuerdo a las propias declaraciones de Bonilla, su padre tuvo que dejar el estado debido a “la política de este país”. Posteriormente, se mudaron a Hidalgo, donde trabajaron con las comunidades otomíes.

Este historial deja clara la ideología política de la familia Bonilla, que indudablemente fue heredada tras generaciones y Fernando Bonilla es el claro ejemplo.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes 27 de marzo sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrido en Iguala, Guerrero, en 2014.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria aclaró que la desaparición de los estudiantes no figura en el informe presentado este día, ya que se trata de un tema que será abordado de manera separada.

“El caso de los estudiantes de Ayotzinapa lo vamos a tocar aparte, dada la característica especial de este lamentable hecho”, afirmó.

Sheinbaum explicó que, debido a la relevancia y particularidad de este caso, se dará a conocer un informe específico con los avances de la investigación y el apoyo brindado a los padres y madres de los normalistas.

Reiteró el compromiso de su administración con la verdad y la justicia, y aseguró que el caso Ayotzinapa seguirá recibiendo atención prioritaria.

Ayotzinapa es una excepción

La presidenta detalló que mantiene contacto directo con los colectivos de personas desaparecidas en el país, sin embargo, aclaró que no realiza reuniones masivas con ellos.

Destacó que solo ha hecho la excepción con los familiares de los 43 normalistas, a quienes trata de manera particular debido a la magnitud del caso.

“Hay acceso a mi persona, y me reúno con los colectivos, lo que no hago es estas reuniones grandes, a excepción de los 43 por ser un caso particular”, explicó.

Sheinbaum puntualizó que estas reuniones con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos se mantienen a petición de los propios familiares, quienes solicitaron la continuidad de los encuentros iniciados durante el gobierno del presidente López Obrador.

“Pidieron que continúen las reuniones como las iniciaron con el presidente López Obrador”, mencionó la mandataria.

La presidenta insistió en la importancia de que el caso Ayotzinapa sea investigado y atendido de manera independiente, como ha sido hasta ahora, en reconocimiento a su impacto nacional y a la demanda de justicia de los familiares y la sociedad.

Añadió que su administración está comprometida a mantener la comunicación con los afectados y a informar sobre cualquier avance relevante en el esclarecimiento de los hechos.

En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno pidió de manera formal a la representación de México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomiende expertos internacionales para acompañar las investigaciones del caso Ayotzinapa. El objetivo: que esos expertos certifiquen que la nueva metodología de investigación que se está siguiendo es válida, está “bien fundamentada” y tiene las herramientas suficientes para llegar a resultados.

¿De dónde surge la petición?

Desde que el gobierno de Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República el cambio del fiscal especial del caso, el nuevo titular —Mauricio Pazarán, el tercero en el cargo desde 2018— introdujo una metodología distinta centrada en el análisis intensivo de las llamadas telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores. Ese enfoque, según la presidenta, ha derivado en nuevas detenciones, nuevos sitios de búsqueda y la identificación de líneas que no se habían explorado con suficiente profundidad. Entre los resultados más recientes: el aseguramiento de las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, así como del Semefo local, en octubre de 2025, y más de 10 detenciones confirmadas por Sheinbaum en noviembre.

¿Dónde queda el GIEI?

Uno de los puntos más delicados de la mañanera fue la pregunta sobre el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes el cuál es el grupo avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que operó en Mexico entre 2014 y 2023 el cual fue la referencia técnica más respetada del caso, toda vez que varios padres de familia han pedido insistentemente que su grupo regrese.

La presidenta fue directa: el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, ha preguntado a algunos exintegrantes si estarían dispuestos a incorporarse al nuevo esquema de investigación. La respuesta, por ahora, es que “no están muy abiertos”. Sheinbaum no cerró esa puerta, pero tampoco forzó la entrada. De ahí nace la solicitud a la ONU: si el GIEI no regresa, que sean expertos recomendados por Naciones Unidas quienes den certeza de que el nuevo camino es el correcto.

“Lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan darse certeza de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho y tiene las suficientes herramientas.”

La herida aún no ha cerrado

Han pasado más de 11 años y ninguno de los 43 estudiantes ha sido encontrado. México acumula más de 125.287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación según el Registro Nacional. Ayotzinapa sigue siendo la herida más visible de todas ellas. Los expertos de la ONU, si llegan, tendrán mucho trabajo por delante.

La presidenta asegura que hay una metodología distinta, sin embargo, organizaciones como “A dónde van los desaparecidos” y algunos padres de familia advierten que las detenciones recientes apuntan nuevamente a Guerreros Unidos como responsables Únicos y al basurero de Cocula como destino final —la misma “verdad histórica” que el GIEI desmontó hace una década y que los tribunales desestimaron por haberse obtenido bajo tortura—. La pregunta que varios expertos hacen en voz baja: ¿Están abriendo nuevas líneas de investigación, o están reforzando las mismas que ya fracasaron?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar un informe detallado sobre el hallazgo de restos humanos en la funeraria “El Ángel”, ubicada en Iguala, Guerrero, los cuales podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Esta orden se da luego de que el pasado viernes 20 de marzo las autoridades federales informaron a los padres de los estudiantes los avances en la investigación de la funeraria.

Al interior, fueron localizados cuerpos y ropa, un horno sin registro y dos crematorios más. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes fue la presencia de una bolsa con restos óseos que corresponden al año 2014, por lo que se cree podría pertenecer a alguno de los jóvenes desaparecidos.

Tras los hechos, la mandataria federal confirmó que este sitio cuenta con crematorios y que operaba de forma irregular. Además, destacó que ya se había contemplado en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pero se había desechado.

“Las nuevas investigaciones en efecto (...) llevaron a este lugar, que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene desde hace varios meses, están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación profunda”, comentó durante la conferencia matutina de este lunes 23 de marzo.

Aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, Sheinbaum comentó que fue ella quien ordenó que se brindaran avances a los padres de los normalistas respecto a los hallazgos en la funeraria.

La mandataria también adelantó que en el sitio se llevará a cabo una búsqueda tras los hechos.

Cabe señalar que desde octubre de 2025 el inmueble se encuentra asegurado debido a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes, y los dueños del lugar permanecen detenidos.

Al ser notificados del hallazgo, padres de los estudiantes exigieron saber la manera en que los restos óseos localizados pudieron permanecer en el sitio por más de 11 años.

Regulación a crematorios y funerarias será parte de la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas

Al ser cuestionada sobre las medidas que se realizarán para la regulación de crematorios, Sheinbaum informó que se tiene contemplado dentro de la Ley de Búsqueda y otras relacionadas, esto con el objetivo de reforzar los registros en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Funerarias y crematorios son regulados por los estados, no hay una regulación federal. Nosotros lo que planteamos ahora es que tiene que regularse de mayor manera los registros de los Semefos, y de aquellas personas que por no ser identificadas van a lo que se llaman fosas comunes o que a lugares en donde se entierran a las personas que no están reconocidas por sus familiares. Nosotros planteamos en la nueva ley que tiene que reforzarse, incluso que haya registros de ADN, más allá de los biométricos", informó la presidenta.

Pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante su sexenio, los padres aún no tienen certeza del lugar donde se podrían encontrar sus hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a finales de marzo se reunirá con los padres y madres de los 43 normalistas para conversar sobre los avances del caso y las nuevas detenciones.

Luego de que se diera a conocer la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, ex Director de Tránsito municipal de Iguala en 2014, la presidenta comentó durante su conferencia de prensa matutina de este 4 de marzo que será la Fiscalía General de la República la que de los informes sobre el caso.

Igualmente, detalló que es prioridad para su gobierno mantener informados a las madres y padres de los 43 normalistas.

“Yo creo que después del 26 de marzo nos estaríamos reuniendo con ellos”, detalló.

Sentencia que obliga al Ejército a brindar toda la información

Un fallo del Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está obligada a proporcionar todos los informes que tenga sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Durante la conferencia de esta mañana, se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la resolución y su opinión de esta medida.

Sin embargo, la mandataria dijo no tener conocimiento de esta sentencia.

“No tenía conocimiento de esta resolución, me estoy enterando por lo que dices, la vamos a revisar y damos la información”, puntualizó.

De acuerdo a un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, este fallo marcaría un avance en las investigaciones del caso y brinda reconocimiento a las madres y padres de los estudiantes de conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Caso Ayotzinapa

El caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 es todavía una herida latente para México.

Después 11 años, aún no se conoce la verdad de lo que ocurrió aquella noche en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueran desaparecidos.

Desde que sucedieron los hechos, las madres y padres de los jóvenes han exigido al Ejército Mexicano que proporcionen toda información que tienen sobre esa noche.

Estos, debido a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de realizar las investigaciones sobre este caso para dar respuesta a los familiares de las víctimas, se encontrara con documentos incompletos o tachados.

La investigación se ha visto frenada dado que no se cuentan con documentos suficientes para conocer la versión completa de lo sucedido aquella noche.

En este sentido, la resolución del Poder Judicial asoma un rayo de esperanza para las madres y padres de los 43 normalistas que llevan 11 años exigiendo respuestas.

Poder Judicial ordena a la Defensa entregar documentos faltantes en el caso Ayotzinapa

A más de once años de Ayotzinapa, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar la totalidad de información que tenga sobre el caso.

El Juzgado ordenó que el Ejército Mexicano entregue al menos 853 folios generados durante el años 2014, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares.

En su resolución, el organismo establece que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa.

En 2023 las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, presentaron una demanda para que estos documentos sean proporcionados y revisados.

Reclamaron la comisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia que SEDENA (hoy Defensa) realizó en 2014. Denunciaron que era un incumplimiento del Decreto Presidencial de 2018, el cual obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Es en ese contexto que el Poder Judicial de la Federación falló a favor de los padres y madres de los 43 y obligó al Ejército a entregar toda la información que pueda ayudar a resolver el caso que lleva más de once años sin una respuesta clara.

Durante sus investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, donde se registraba información de los normalistas antes y después de la noche del 26 de septiembre. Sin embargo, los documentos proporcionados mostraban omisiones y estaban incompletos.

Al respecto, la Defensa Nacional ha asegurado que la información sobre esa noche no existe, y esa ha sido la justificación por la que no se han podido revisar esos folios.

Sin embargo, en su fallo, el Poder Judicial especifica que “la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”.

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias sobre derechos humanos, observaron que estas omisiones han impedido continuar con las investigaciones pertinentes para avanzar en el caso.

Este fallo a favor de las familias de los 43 normalistas, que obliga al Ejército a no omitir ninguna información, reconoce su derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió aquella noche,

Elementos federales detuvieron en el estado de Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, quien ocupaba el cargo de Director de Tránsito municipal de Iguala y, se presume, estaría vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México a partir de fuentes federales, las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un teléfono perteneciente a uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014.

Los resultados de la operación en la que fue capturado Mosso Benítez fueron anunciados este 3 de de marzo de 2026.

Según los reportes, durante su arresto se llevó a cabo el de diversos objetos ilícitos.

Cómo fue la detención de Mosso Benítez

El reporte oficial señala que los trabajos para detenerlo fueron realizador por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron de manera coordinada en el operativo que tuvo lugar en el estado de Guerrero.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos ilegales, entre los que destacaron los siguientes:

• 1 arma corta
• 1 arma larga
• Cartuchos
• 1 cargador
• Narcótico
• Teléfonos celulares

A Mosso Benítez se le acusa de delincuencia organizada y se le señala por haber utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y evitar la impunidad en el caso.

Comunicado del gobierno de Iguala tras la detención

El gobierno municipal de Iguala informó que, tras la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, quien se desempeñaba como director de Tránsito y Movilidad Municipal, las operaciones del área continúan de manera normal.

Según el comunicado oficial, los servicios de vialidad y tránsito se mantienen bajo la coordinación de un encargado, con el objetivo de asegurar el orden y la seguridad vial en el municipio.

Asimismo, las autoridades locales reiteraron su respeto a los procedimientos judiciales en curso y subrayaron el compromiso de la administración con el Estado de Derecho.

El gobierno municipal aseguró que permanecerá atento al desarrollo de las investigaciones y que actuará conforme a los principios de integridad y respeto institucional.

Extradición de personas ligadas al caso

El pasado 27 de enero de 2026, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante la conferencia mañanera que ha solicitado al gobierno de EEUU la extradición de sujetos recluidos en cárceles estadounidenses que podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Según la declaración de la mandataria: “La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”.

Otras acciones en Iguala relacionadas al caso

El pasado 9 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la acción participaron agentes federales, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes colocaron sellos en los inmuebles por delitos de desaparición forzada y contra la salud.

Según reportes previos hechos por este medio, las autoridades investigan la posible utilización de hornos crematorios para incinerar cuerpos, una hipótesis que retomó fuerza a raíz de estas acciones y que ha sido planteada anteriormente por organismos independientes.

El aseguramiento impide la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes en estos sitios, mientras continúan las acciones federales para esclarecer el caso Ayotzinapa.

En el marco del centenario de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia oficial y destacó la relevancia histórica de esta institución en la formación de docentes rurales comprometidos con la justicia social y el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país.

Durante el acto realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, ante estudiantes y autoridades educativas, el funcionario subrayó que educar a las hijas e hijos de campesinos en condiciones de pobreza representa un acto de dignidad y vocación de servicio que ha caracterizado a las normales rurales desde su origen.

La tradición rural como base de la Nueva Escuela Mexicana

Delgado Carrillo afirmó que la experiencia acumulada por las normales rurales durante un siglo es parte fundamental del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, al compartir un enfoque humanista, crítico y comunitario.

Recordó que este proyecto educativo se inspiró en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes promovieron la idea de la escuela como “Casa del Pueblo”, donde el aprendizaje va más allá de la alfabetización y se convierte en un proceso de acompañamiento y transformación social.

Según explicó, la propuesta actual organizada en campos formativos tiene raíces en la llamada “escuela de la acción”, que impulsa el aprendizaje práctico, el trabajo colectivo y la participación comunitaria.

Un siglo de historia y esfuerzo colectivo

El titular de la SEP recordó que el 2 de marzo de 1926 iniciaron clases en Tixtla 27 jóvenes campesinos con el respaldo del maestro Rodolfo A. Bonilla, quien gestionó el terreno para establecer el plantel.

Posteriormente, en 1930, Raúl Isidro Burgos aportó recursos propios para comenzar la construcción formal de la escuela.

Destacó que aquellos estudiantes comenzaron su formación sin infraestructura suficiente, pero con la convicción de aprender y contribuir al progreso de sus comunidades.

Señaló que, tras el periodo revolucionario, el país encontró en la educación un camino para transformar conciencias y fortalecer la organización social.

Justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Durante su intervención, Delgado Carrillo expresó respeto y solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Afirmó que este hecho marcó profundamente la vida pública nacional y reiteró el compromiso institucional de continuar trabajando por la verdad y la justicia.

También informó que, después de más de seis décadas, se restableció la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con la finalidad de fortalecer las condiciones materiales de las normales rurales.

Voces estudiantiles en el centenario

Juan Carlos Salazar Domínguez, alumno de cuarto año, señaló que el aniversario simboliza un siglo de resistencia y servicio a las comunidades marginadas.

Sostuvo que la función del maestro rural trasciende el aula y se convierte en un motor de transformación social, especialmente en regiones donde la escuela es el principal espacio de organización comunitaria.

Reafirmó que las nuevas generaciones de docentes mantienen el compromiso ético de ejercer con responsabilidad y excelencia profesional en las zonas más apartadas del país.

Acciones anunciadas para fortalecer a la Normal Rural

• Mejoramiento de infraestructura educativa.
• Asignación de mayores recursos para operación institucional.
• Rehabilitación y fortalecimiento de comedores estudiantiles.
• Garantía de alimentación suficiente, sana y digna para el alumnado.
• Reactivación del diálogo permanente con la representación estudiantil.

Al evento asistieron autoridades federales y directivos de la institución. En el cierre de la ceremonia, el secretario sostuvo que los 100 años de Ayotzinapa representan un siglo de educación popular al servicio de México y un legado que continúa vigente en la formación de docentes rurales comprometidos con el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su imposibilidad de integrar la llamada “Comisión de la Verdad del Caso Iguala”.

El organismo comunicó oficialmente que no será instrumento para trastocar el orden jurídico ni sesgar las investigaciones que actualmente encabezan la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El 6 de febrero de 2026, la CNDH respondió a una notificación judicial recibida en diciembre de 2025, la cual solicitaba su participación en la integración de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), como parte de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión 203/2017.

El organismo expuso que existe una “imposibilidad jurídica y material” para cumplir con los términos originales de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas.

“La CNDH se excusa para pertenecer y participar en la llamada ‘Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)’”, argumentó el organismo en su respuesta formal.

Entre los motivos principales de esta posición, la CNDH señaló el cambio sustancial del contexto jurídico desde que se dictó la ejecutoria.

El organismo recordó que en noviembre de 2018 concluyó su investigación autónoma sobre los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, actualmente en etapa de seguimiento.

Además, se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja derivado de la inconformidad de familiares y sobrevivientes, que desembocará en una nueva recomendación.

La creación de la CoVAJ-Ayotzinapa en diciembre de 2018, por decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y la constitución de la UEILCA en junio de 2019, han generado mecanismos de investigación y coordinación que, según la CNDH, cumplen con los objetivos originalmente previstos para la comisión judicial.

“Desde el 3 de diciembre de 2018, se encuentra ya constituida una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), la cual persigue objetivos sustancialmente coincidentes con los establecidos en la ejecutoria antes señalada”, detalló el organismo.

El comunicado también advierte sobre la existencia de un conflicto de interés en su eventual participación en una nueva comisión, ya que implicaría revisar y modificar conclusiones institucionales previas, afectando los principios de imparcialidad, objetividad e independencia.

“No resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones”, puntualizó la CNDH.

Otro argumento central es la invasión de facultades que la integración de la comisión supondría respecto al Ministerio Público, señalado por la CNDH como el único ente técnico-jurídico autorizado para investigar delitos, conforme a la Constitución mexicana.

“Permitir que un órgano distinto asuma o condicione las funciones del Ministerio Público, y además bajo las condiciones que se plantea, rompe el principio de reserva de competencia y altera el equilibrio constitucional en materia de procuración de justicia”, sostuvo la Comisión.

El organismo nacional también alertó sobre las consecuencias del cumplimiento forzado de la ejecutoria, al recordar que la reactivación del amparo permitió la liberación de más de 60 presuntos perpetradores por supuesta tortura, “sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul”.

En la parte final de su posicionamiento, la CNDH reafirmó su compromiso con las víctimas directas e indirectas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El organismo subrayó que no se prestará al quebranto de la ley y que no participará en acciones que, a su juicio, “amenazan echar por tierra lo avanzado en los últimos seis años por la COVAJ-Ayotzinapa y la UEILCA de la FGR, y en nada beneficia el curso de las investigaciones”.

Además, solicitó al Tribunal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión, por tratarse de un asunto de interés y trascendencia nacional.

Este martes en La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que ha insistido al gobierno estadounidense para que se realicen extradiciones, entre las que se encuentran las de algunas personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”, aseguró la mandataria.

Al ser cuestionada respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad, Sheinbaum subrayó que hay una correspondencia entre ambos países:

“Estados Unidos hizo pública una serie de incautación de armas muy importante, hace algunos meses, lo cual nos mostró que en efecto hay una relación reciproca en el terreno de la seguridad. Y seguimos insistiendo; así como México busca disminuir la cantidad de drogas que van hacia Estados Unidos, nosotros también les pedimos que se haga más en la incautación de armas que vienen. Eso es un diálogo que se tiene de manera permanente en cada una de las reuniones”

La mandataria agregó que además existen otros casos de extradición relacionados con el tema del huachicol fiscal: “Queremos que personas que están allá sean enviadas dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, aseguró.

Avances del caso a más de una década

En agosto del 2025, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa han pedido al Ejército que entregue 800 folios con información esencial para el caso.

De acuerdo con el abogado Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante legal de las familias, desde el último informe del grupo de expertos independientes se identificó la existencia de estos documentos pendientes de entrega.

Subrayó que “con esos folios podríamos tener información relevante de la ruta de donde habrían sido llevados los 43 estudiantes”. Además, mencionó que persisten líneas de investigación sin profundizar, como la relacionada con el grupo de 17 jóvenes que habrían sido llevados a barandillas de la ciudad de Iguala la noche de la desaparición, así como el análisis de la telefonía celular, que ha mostrado escasos avances.

FGR asegura nuevas propiedades en Iguala

En diciembre del año pasado, un amplio despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de dos nuevas propiedades de una familia en Iguala, Guerrero, como parte de la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Según informó Sur Acapulco, el operativo contó con la participación de agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), quienes intervinieron inmuebles vinculados a la funeraria El Ángel.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad, que integra a la FGR, la SSPC y la GN, confirmó el aseguramiento de estos sitios. Con los operativos recientes, suman al menos seis propiedades intervenidas y dos detenciones dentro de la indagatoria por el caso Ayotzinapa y el presunto uso ilegal de instalaciones funerarias.

Para fortalecer la esperanza en la búsqueda de sus hijos, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una marcha hacia la Basílica de Guadalupe, donde se tiene previsto celebrar una misa oficiada por el obispo emérito Raúl Vera.

La movilización se lleva a cabo al cumplirse 11 años y tres meses de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos en México.

Previo al inicio de la marcha, Melitón Ortega, vocero de las familias, explicó que acudir al templo del Tepeyac representa un espacio para recuperar fuerzas, energía y fe, luego de más de una década de lucha constante y particularmente tras un año marcado por el desgaste físico, emocional y de salud de los padres y madres.

El desgaste de once años de lucha

“Hoy esta acción 135 para llegar a la Basílica, después de un desgaste que venimos de 11 años, pero nos referimos a este año 2025: hay un desgaste físico, emocional de los padres”, expresó Ortega en entrevista. Reconoció que el paso del tiempo ha cobrado factura, no solo por la incertidumbre, sino también por la pérdida de familiares que han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

Recordó que el caso más reciente ocurrió a principios de este mes, cuando murió Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas desaparecidos. “Se han ido compañeros sin saber la verdad”, lamentó.

A pesar del cansancio, Ortega subrayó que la visita anual a la Basílica se ha convertido en un ritual de resistencia. “Venir aquí es un poco recuperar la fuerza, la energía, y sobre todo fortalecer la fe de que esta lucha vale la pena”, afirmó.

Expectativa cautelosa ante el gobierno

Durante la jornada, el vocero destacó como un avance el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya abierto la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es importante, porque de esa manera podemos seguir abriendo nuevas líneas de investigación y jalar los hilos que están ahí para llegar a saber la verdad de los 43”, señaló Ortega. No obstante, advirtió que la confianza no puede construirse solo con discursos.

“La confianza se puede construir a partir de las acciones; la esperanza no puede surgir de la nada”, subrayó, al insistir en que los hechos concretos del gobierno federal serán determinantes.

En el mismo sentido, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, consideró positivo el posible regreso del GIEI, pero remarcó que se requiere voluntad real del Estado para que los expertos puedan obtener resultados.

Como en cada movilización, los familiares avanzaron portando carteles con los rostros de sus hijos, acompañados por estudiantes normalistas, integrantes del equipo legal que acompaña a las familias, como Isidoro Vicario, y diversas organizaciones solidarias.

El contingente partió de la Glorieta de Peralvillo y avanzó sobre Calzada de Guadalupe, coreando una consigna que se mantiene intacta tras más de una década: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

El nutriólogo Irving “N”, de 33 años, enfrenta desde el penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez un proceso penal por portación de arma de fuego y presunta posesión de droga tras un cateo en su domicilio en Iguala, Guerrero, mientras no hay cargos vinculados directamente al caso Ayotzinapa, según declaró un familiar a medios locales.

El profesional de salud, detenido el 26 de noviembre por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), fue vinculado a proceso el 3 de diciembre y permanece recluido bajo medidas de máxima seguridad.

La familia asegura que el nutriólogo nunca trabajó en las funerarias Rueda ni El Ángel ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, por lo que aseguran que se trata de vínculos adjudicados tras investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Cómo ocurrieron los hechos

“Irving está muy tranquilo”, relató su familiar, quien le visitó en reclusión, y añadió que el propio nutriólogo considera que pudo haber una confusión de identidad, pues desconoce el motivo de la presunta “incriminación” por la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

El ahora detenido ingresó al sector salud en 2013 por plaza heredada y durante los hechos de septiembre de 2014 estudiaba la licenciatura en Nutrición en una universidad particular.

Según el testimonio de una familiar porporcionado a Sur Acapulco, esto lo hizo cubriendo turnos sólo fines de semana y días festivos en el centro de salud Agustín Batalla Cepeda.

Agregó que recibió su cédula profesional en 2017 y desde entonces trabajaba a tiempo completo en el centro de salud local.

El día de la intervención, la madre del nutriólogo llegó a la vivienda alrededor de las cinco de la mañana tras ser avisada por una vecina del inicio del cateo en la colonia Nicolás Bravo.

La familia señaló sospechas sobre la relación entre la revisión de la credencial de elector y el posterior cateo a una segunda propiedad familiar en la calle Ramón Corona en el centro de la ciudad, realizado una hora después por personal federal.

Respecto a la situación legal actual, el nutriólogo enfrenta una carpeta de investigación por dos delitos: “portación de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas” y “posesión de pastillas consideradas como presunta droga”, razón por la que el juez otorgó dos meses para la investigación complementaria y presentación de pruebas. El periodo concluye el 28 de enero de 2026.

Diferencias familiares con acciones de las autoridades

Por otro lado, la familia desconoce la identidad y paradero de dos mujeres supuestamente detenidas en los mismos cateos, señalando que el nutriólogo se encontraba solo, y que la segunda vivienda estaba vacía al momento de la intervención.

Durante el operativo —según reportó un familiar a Sur Acapulco— los agentes federales se llevaron las cámaras de vigilancia del inmueble.

Aunque los sellos de aseguramiento en ambas propiedades refieren delitos de desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada, su familiar subrayó que el proceso actual contra el nutriólogo no incluye acusaciones formales por el caso Ayotzinapa.

Según Sur Acapulco, en la audiencia, se expuso que los agentes del Ministerio Público Federal afirmaron que el nutriólogo permanecería fuera para leer la orden sin testigos del cateo; la familia sostiene que no se le informó sobre la opción de presenciar el procedimiento.

La familiar señaló a Sur Acapulco que valoran la posibilidad de convocar una nueva marcha para exigir una investigación imparcial y la liberación de Irving con el respaldo de trabajadores del sector salud.

Desde octubre, la UEILCA realiza cateos y aseguramientos relacionados con funerarias Rueda y El Ángel, así como la morgue local, tras declaraciones de testigos que relacionan esos establecimientos con el caso de los 43 estudiantes.

En estos operativos, han sido aseguradas al menos seis propiedades y detenidos dos dueños de esas empresas.

Este 12 de diciembre de 2025, normalistas prendieron fuego a figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, señalando a estos exfuncionarios como responsables de que no haya justicia en el caso de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados por brutalidad policiaca en 2011.

Durante las acciones que pusieron fin a una jornada de memoria en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo una marcha y el el bloqueo de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, que se prolongó cerca de tres horas.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa liberaron la autopista y concluyeron las actividades conmemorativas por el 14 aniversario del asesinato de sus compañeros sin que se presentaran incidentes.

Memoria, justicia y castigo a los responsables, entre las consignas de estudiantes de Ayotzinapa

Medios locales reportaron que la manifestación comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, el contingente formado por cerca de mil estudiantes también estuvo integrado por la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), quienes realizaron un mitín tanto en el monumento a los 43 y al llegar a la Autopista del Sol.

La demanda principal de los estudiantes fue el fin de la impunidad tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes murieron durante un operativo policial en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, como por la desaparición de los 43 alumnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El nombre de Ángel Aguirre Rivero dominó la protesta, en alusión a un segundo periodo al frente de Guerrero caracterizado por la represión de 2011 en la Autopista del Sol y los ataques de 2014 en Iguala, que derivaron en el asesinato de normalistas y la desaparición de otros 43 estudiantes. A raíz de estos acontecimientos, Aguirre Rivero renunció a la gubernatura.

En la intersección entre la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, conocida como Parador del Marqués, manifestantes se congregaron para celebrar también una misa en honor a los estudiantes.

Puntos más relevantes sobre las acciones de estudiantes de Ayotzinapa en Chilpancingo

1. Normalistas protestaron el 12 de diciembre de 2025 quemando figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, a quienes responsabilizan por la falta de justicia en los casos de brutalidad policial y desaparición de estudiantes.
2. Las acciones incluyeron una marcha, un mitin en el monumento a los 43, y el bloqueo por cerca de tres horas de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, sin que se reportaran incidentes.
3. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron el fin de la impunidad y justicia tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011, como por la desaparición de 43 alumnos en Iguala en 2014.
4. El nombre de Ángel Aguirre Rivero destacó en la protesta, vinculado a los hechos represivos de 2011 y a la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, lo que derivó en su renuncia a la gubernatura de Guerrero.
5. Al finalizar la jornada conmemorativa por el 14 aniversario de los asesinatos de 2011, los manifestantes celebraron una misa en el Parador del Marqués, recordando a las víctimas y reiterando sus demandas de memoria, justicia y castigo a los responsables.

Un amplio despliegue de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de dos nuevas propiedades de una familia en Iguala, Guerrero, como parte de la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según informó Sur Acapulco, el operativo contó con la participación de agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), quienes intervinieron inmuebles vinculados a la funeraria El Ángel.

Las acciones federales se concentran en una casa de tres plantas en la colonia Villa de Guadalupe, donde agentes federales mantuvieron retenidos durante aproximadamente cinco horas a dos adultos mayores, ambos familiares de los propietarios Rodolfo “N” y Rodolfo “R”, detenidos previamente.

Sobre el nuevo aseguramiento de la FGR

La familia denunció al medio local que los adultos fueron incomunicados y que no existía orden de aprehensión en su contra.

“Ellos están detenidos ahorita sin ninguna orden a su nombre, están detenidos arbitrariamente como lo han hecho siempre desde que empezaron los cateos en las propiedades de mi familia”, declaró una sobrina de los afectados ante reporteros, en declaraciones recogidas por Sur Acapulco.

De acuerdo con la cobertura del medio, los agentes aseguraron aparatos electrónicos, computadoras, memorias y dos bolsas con presunta droga que presentaron a los presentes durante la diligencia judicial.

El adulto mayor, identificado como patriarca de la familia, sostuvo que la droga pudo ser introducida por los propios uniformados, manifestando que “se llevaron cosas que no tienen nada que ver con los estudiantes, porque dicen que pueden encontrar algún indicio, se llevaron todos los aparatos electrónicos que encontraron, memorias y laptops”.

Añadió que “según se llevaron dos bolsitas que dicen que contienen droga... no nos consta a nosotros porque entran por montón y no puede uno estarles viendo las manos a todos”.

El aseguramiento comprendió también los velatorios El Ángel ubicados en la calle Juan Ruiz de Alarcón, a una cuadra del Palacio Municipal, así como la casa de Ignacio Zaragoza, donde continuaban prestando servicios funerarios pese al aseguramiento anterior de sus oficinas.

El entorno de estos sitios fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Se restringió el paso de vehículos y peatones, mientras que el operativo se llevó a cabo bajo estricta discreción judicial, según puntualizó Sur Acapulco.

Los familiares de los adultos mayores afectados reiteraron la crítica a los métodos empleados por la autoridad federal.

“No es justo que estén haciendo esto porque ya son varios negocios y varios días en los que no hemos tenido nada de justicia”, afirmó una integrante de la familia ante el mismo medio.

La propiedad de la colonia Villa de Guadalupe, donde ocurrieron los hechos, fue utilizada en el pasado como depósito de cuerpos cuando la familia tenía la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo).

Según fuentes consultadas por Sur Acapulco, en esa casa se encontraban hornos crematorios y anteriormente hubieron protestas vecinales provocadas por el manejo de cadáveres.

Fuentes del operativo relataron que las diligencias culminaron cerca de las 16:30 horas, momento en el que los dos adultos mayores abandonaron la vivienda tras la colocación de sellos oficiales de aseguramiento.

Elementos de la GN y el Ejército retiraron sus cercos y partieron del lugar en vehículos sin insignias y con placas cubiertas.

El sello colocado por la FGR y la UEILCA en la entrada de la vivienda confirma el aseguramiento bajo la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/0I-GRO/0000022/2020 por el delito de desaparición forzada de personas.

En el sitio, una mujer adulta expresó ante medios: “Fue una injusticia, ya no podremos regresar a la casa, aunque no nos trataron mal los agentes federales”.

Según reportó Sur Acapulco, el lunes 9 de diciembre las pesquisas también se realizaron en los hornos crematorios de estas funerarias y en instalaciones del Semefo concesionado a la familia, ambas a la orilla de la carretera federal México-Acapulco.

El Gabinete de Seguridad, que integra a la FGR, la SSPC y la GN, confirmó el aseguramiento de estos sitios. Con los operativos recientes, suman al menos seis propiedades intervenidas y dos detenciones dentro de la indagatoria por el caso Ayotzinapa y el presunto uso ilegal de instalaciones funerarias.

A más de 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la tragedia vuelve a teñirse de luto. Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Sánchez Caballero —uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014—, falleció el pasado jueves 4 de diciembre, a los 60 años de edad, sin conocer el destino de su hijo.

Originaria de la comunidad de Atliaca, en el municipio de Tixtla, Guerrero, Genoveva Sánchez fue velada en su domicilio y sepultada este viernes en el panteón municipal. Su muerte se suma al creciente número de padres que han fallecido durante la búsqueda de los normalistas: desde 2014, siete madres y padres de los 43 han perdido la vida sin obtener respuestas.

Durante más de una década, Genoveva participó activamente en marchas, protestas y acciones colectivas para exigir verdad y justicia. Su constante presencia la convirtió en una figura respetada dentro del movimiento, pese a enfrentar una larga enfermedad y el profundo desgaste emocional que representó la ausencia de su hijo.

Su fallecimiento se atribuyó al deterioro físico y emocional acumulado durante los años de búsqueda. Diversas organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresaron su solidaridad con la familia y reconocieron la dignidad y fortaleza de Genoveva.

“Su camino estuvo marcado por el amor y la esperanza”, escribió la ONU-DH, mientras activistas del Monumento de las Mujeres que Luchan destacaron que la madre nunca creyó las versiones oficiales que pretendían cerrar el caso sin esclarecer la verdad. “Nos deja la tarea de seguir buscando a su hijo Israel y a sus 42 compañeros”, señalaron.

Organizaciones sociales también lamentaron su fallecimiento, calificándola como un símbolo de lucha y resistencia. “Las familias de Ayotzinapa son un estandarte que dan fuerza y esperanza a muchas más personas”, expresaron en un comunicado conjunto.

Israel Sánchez Caballero desapareció junto con otros 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 2014, en un caso que continúa abierto y en el que las familias siguen exigiendo justicia.

La muerte de Genoveva Sánchez profundiza el dolor que rodea una de las heridas abiertas más graves del país, recordando que la impunidad no solo afecta a los desaparecidos, sino también a quienes los buscan hasta su último aliento.

La jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, dictó el 4 de diciembre de 2025 la vinculación a proceso del nutriólogo Irving Arroyo Aranda por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

Arroyo enfrenta cargos por delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares, tras su detención el pasado miércoles 26 de noviembre en Iguala, Guerrero, durante un operativo de cateo en su domicilio.

De acuerdo con información de medios locales, la audiencia se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el acusado permanece recluido.

Cómo fue la detención del nutriólogo

El operativo que derivó en la detención de Arroyo se llevó a cabo la madrugada del 26 de noviembre, entre las 4:00 y 4:30 horas, en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta 30, colonia Nicolás Bravo, en Iguala.

Agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezados por el fiscal Mauricio Pazarán Álvarez, ejecutaron la orden de cateo emitida por la jueza Pacheco Torres.

Durante la intervención, también fueron detenidas dos mujeres. Los operativos incluyeron otro inmueble en Ramón Corona 15, en el centro de Iguala, y contaron con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La orden de cateo se sustentó en la presunta relación de los domicilios con actividades de la organización delictiva Guerreros Unidos, señalados como posibles puntos de reunión y tratos vinculados al trasiego de drogas.

Las autoridades consideran que estos inmuebles podrían aportar indicios relevantes para la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La respuesta de gente cercana al nutriólogo

Tras la detención, tanto familiares como amigos de Arroyo difundieron comunicados en los que afirman su inocencia y solicitan un proceso legal justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

Silvia Barrios Arroyo, prima y vocera de la familia, expresó su tristeza y decepción por la decisión judicial, subrayando que la familia confía en que el proceso se desarrollará conforme al derecho.

Los allegados del nutriólogo denunciaron que, tras el operativo, desconocieron su paradero durante más de cinco horas, hasta que fueron notificados de su traslado a la Fiscalía de la Ciudad de México alrededor de las 15:00 horas del mismo día.

En las audiencias celebradas los días 27 y 28 de noviembre, se imputaron a Arroyo delitos relacionados con delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares, cargos que, según la familia, “no corresponden a la verdad”.

El comunicado difundido por sus compañeros y familiares destacó la trayectoria profesional de Arroyo, licenciado en Nutrición por la Universidad Fray Luca Paccioli y trabajador del centro de salud Agustín Batalla desde 2013, a quien describen como una persona profesional, ética y comprometida con la comunidad.

El caso ha generado preocupación entre quienes exigen el respeto a la presunción de inocencia y el apego a los derechos humanos. Familiares y amigos han solicitado a medios de comunicación, periodistas y sociedad civil que contribuyan a visibilizar el proceso y vigilar que se desarrolle conforme a la ley.

Además, denunciaron la existencia de planes para trasladar a Arroyo al penal de Almoloya de Juárez, reiterando su llamado a la justicia y a la garantía de los derechos del detenido.

Estas nuevas diligencias y cateos relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, responden a las demandas de padres de familia que han dialogado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El caso continúa siendo de alta sensibilidad y relevancia nacional. Las autoridades sostienen que los operativos recientes podrían aportar elementos clave para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 2014.

Alejandro Gertz Manero, quien fuera titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por siete años, presentó su renuncia a la institución.

“La renuncia de Gertz acaba de llegar al Senado“, escribió la senadora Lilly Téllez en sus redes sociales. Además, la carta donde Gertz Manero presenta su renuncia refiere que será el responsable de una Embajada, aunque no detalla el país.

Los casos pendientes de Gertz Manero

Cabe destacar que durante la administración del hombre de 86 años surgieron diversas polémicas, además de casos donde no hay sentencias.

Hay investigaciones que no han llegado a una resolución, uno de ellos es el del caso Odebrecht. La empresa de origen brasileño habría pagado sobornos a altos funcionarios de México, por estas acciones fue capturado el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilia Lozoya, pero hasta el momento no hay sentencias.

Mientras que el pasado 25 de julio de 2024 fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, un hombre acusado de liderar el Cártel de Sinaloa. La FGR aseguró que el arresto fue producto de un secuestro y si bien las autoridades han solicitado información a EEUU, el caso derivó en que el capo ya se declaró culpable en territorio estadounidense.

En México incluso es acusado Joaquín Guzmán López (uno de los hijos de El Chapo Guzmán) de traición a la patria por el secuestro del Mayo Zambada.

De igual manera, la denominada Estafa Maestra, la cual implica el uso de empresas fantasma para realizar pagos que ascienden a millones de pesos. El nombre proviene de que además de que había dependencias de gobierno implicadas también lo estaban ocho universidades públicas.

En el tema alimenticio está el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo que buscaba la autosuficiencia en alimentos. Sin embargo, fue relacionado con actividades de corrupción por alrededor de 2 mil 700 millones de pesos.

Todavía en septiembre de 2024 las autoriades buscaban avanzar en el caso. “El titular del Ejecutivo federal instruyó llegar al fondo y que no exista impunidad”, compartió en un informe el Gobierno de México.

Una de las investigaciones más relevantes es la de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es importante recalcar que diversos criminales y elementos del Ejército han sido acusados por su papel en los hechos.

Sin embargo, los padres de los estudiantes desaparecidos continúan en reuniones con las autoridades, además de detenciones de presuntos implicados. Tan solo el 27 de noviembre, cuando fue confirmada la renuncia de Gertz Manero, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los familiares en Palacio Nacional.

También hubo una denuncia contra miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se trató de 31 personas acusadas de cuatro delitos: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, un juez rechazó girar órdenes de captura, pues no había delito que perseguir.

De manera más reciente está el caso del llamado huachicol fiscal, un esquema que implica grupos del crimen organizado, empresas y supuestamente elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Fueron detectadas irregularidades en puntos aduanales.

Se trata de acciones que buscan ocultar el tipo de sustancia que ingresa al país y con ello evitar el pago de los impuestos correspondientes. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR cuenta con carperas abiertas sobre el tema y que esta incluyen empresas de EEUU.

“No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y entre de manera ilegal […] sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación“, dijo en octubre pasado.

A lo anterior se suma la liberación de Israel Vallarta tras 20 años tras las rejas, el propio Gertz Manero aseguró que apelaría dicha decisión.

La mañana del 26 de noviembre, fuerzas federales de seguridad llevaron a cabo un cateo en dos inmuebles distintos y detuvieron a tres presuntos implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

De acuerdo con fuentes locales, consultadas por la agencia Quadratín, los hechos comenzaron poco antes de las 7 horas en la unidad habitacional llamada Nicolás Bravo, así como en el Centro de Iguala, ambos municipios en donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 11 años atrás.

Además, señalaron que en la operación participaron tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

Sobre la investigación en Iguala

De acuerdo con Quadratín Guerrero, en el otro caso, desarrollado en la calle Ramón Corona del Centro de la entidad, los policías y militares se introdujeron al domicilio y posteriormente colocaron sellos de clausura en el inmueble.

Ahí mismo, se colocó el folio de la investigación y señalaron que esta investigación es por el delito de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.

En otra casa en la calle Luis Donaldo Colosio de la unidad habitacional Nicolás Bravo, los efectivos detuvieron a un hombre de nombre Irving N y a dos mujeres.

Según la misma fuente, en esa vivienda también se colocaron sellos de clausura y en estos se leyó el mismo motivo de cateo, al igual que la casa del Centro de la región.

Colusión entre las autoridades y el crimen organizado

De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe un complejo entramado de colusión entre autoridades y crimen organizado, así como la manipulación y ocultamiento de pruebas, del cual se tiene registro desde hace años.

En su informe Ayotzinapa VI, el grupo detalló los resultados globales de la investigación, incluyendo revelaciones sobre la participación de policías municipales, estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Entre los avances más significativos, el informe destaca la ruptura de algunos pactos de silencio gracias a la protección de testigos, la detención de nuevos implicados y la reactivación de órdenes de captura contra personal militar y funcionarios públicos.

El GIEI también subrayó que la asistencia técnica internacional ha sido clave para fortalecer la investigación, permitiendo el acceso a archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la integración de pruebas documentales y testimoniales que amplían la perspectiva del caso.

El informe también reconoció la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creadas en 2019 y 2020 respectivamente, como mecanismos complementarios que permitieron avanzar en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

A pesar de los avances, el GIEI identificó obstáculos estructurales como falta de acceso a información clave, la negativa de autoridades para entregar documentos fundamentales, exposición y desprotección de testigos, y presiones políticas e institucionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este jueves el aseguramiento de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según reportes de El Sol de Acapulco y otros medios locales, agentes federales, integrantes del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a los inmuebles, colocando sellos que refieren delitos de desaparición forzada y contra la salud, relacionados a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020.

La acción encabezada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) inició poco después del mediodía y contempló un amplio dispositivo de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

Las diligencias se realizaron en total hermetismo, según Sur Acapulco.

¿Qué se sabe de las instalaciones aseguradas?

Las instalaciones aseguradas incluyen la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad Rancho del Cura, reconocida por contar con horno crematorio y por su vínculo con Rodolfo Rueda Mazón, empresario propietario también de la funeraria Rueda y concesionario del Semefo local.

El edificio de la funeraria El Ángel se encuentra a orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo, a 270 metros de la morgue.

En un primer momento, se difundió la versión de que el Semefo y la funeraria El Ángel compartían local. Más tarde se aclaró que funcionan en instalaciones distintas, aunque próximas una de la otra.

De acuerdo con los reportes, entre los lugares intervenidos habría otros inmuebles presuntamente relacionados con los mismos propietarios, actualmente bajo investigación federal, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

En los accesos a los inmuebles se colocaron sellos con la leyenda: “Inmueble asegurado. Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Delito: Contra la Salud”.

Esta medida impide el acceso o la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes dentro de las instalaciones intervenidas.

¿Nueva línea de investigación?

El aseguramiento de estos espacios funerarios se da a 11 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

La FGR ahora estaría centrando parte de sus diligencias en el posible uso de hornos crematorios para incinerar cuerpos, una hipótesis señalada desde 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que planteó de manera particular al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las acciones federales también ocurren a dos semanas de las protestas realizadas por familiares y estudiantes en Iguala en el aniversario de la desaparición de los normalistas.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo ni ha revelado detalles acerca de los hallazgos en los inmuebles asegurados.

Cabe recordar que la llamada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República, entonces dirigida por Jesús Murillo Karam, sostuvo en 2015 que los estudiantes habrían sido asesinados, quemados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero, y sus restos arrojados al río San Juan.

En paralelo a la investigación, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, dio a conocer este jueves que no existen avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal señalado por tortura en el caso Ayotzinapa.

El proceso de extradición sigue en revisión por autoridades jurídicas israelíes, desligado de cuestiones bilaterales o políticas.

La mega marcha del 2 de octubre en CDMX está programada para iniciar a las 16:00 horas, partiendo desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, según informó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, responsable de la organización de la movilización anual. Este 2025 se cumple el 57º aniversario de la matanza de estudiantes en 1968, un hecho central para la memoria social mexicana.

Minutos antes del arranque formal de la manifestación, distintos colectivos y organizaciones comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del punto de partida. El Conservatorio Nacional de Música y la Brigada Silvestre Revueltas, entre otros, se reunirán desde las 15:00 horas en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, preparando carteles y consignas que reflejan las demandas actuales del movimiento.

La ruta que seguirá la marcha conectará la Plaza de las Tres Culturas con el Zócalo capitalino, transitando por avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo hasta llegar al corazón político de la Ciudad de México. Este trazado implica cierres viales y desvíos en avenidas clave, motivo por el cual las autoridades locales han solicitado a automovilistas y peatones anticipar su traslado y optar por rutas alternativas.

Se prevé que los cierres de calles comiencen horas antes del inicio oficial, lo que afectará primero a avenida Ricardo Flores Magón, posteriormente a Eje Central Lázaro Cárdenas y a lo largo del paso por avenida 5 de Mayo. De acuerdo con la información proporcionada, la llegada de la movilización al Zócalo podría coincidir con el atardecer, lo que incrementa la posibilidad de complicaciones en la circulación del centro histórico.

Además de la remembranza por los hechos de 1968, la manifestación integra otras causas. Entre las principales demandas de este año, los participantes exigirán justicia en el caso Ayotzinapa, recordando los 11 años de la desaparición de 43 estudiantes y exigiendo acciones concretas por parte del gobierno. Otro eje central será la exigencia de políticas públicas para atender la crisis de desaparecidos en México, sumando la voz de cientos de familias que buscan a sus seres queridos.

Las autoridades han reiterado la importancia de cuidar la integridad tanto de manifestantes como de transeúntes, haciendo un llamado a mantener la calma y colaborar con las indicaciones viales. La marcha del 2 de octubre no solamente conmemora una fecha histórica, sino que articula demandas sociales vigentes y múltiples reclamos de justicia pendientes en el país.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementará todas las medidas necesarias para asegurar la protección de las y los estudiantes en el regreso a las actividades presenciales, sostuvo el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Añadió que este retorno se realizará de forma ordenada, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y con la colaboración del equipo directivo de las facultades y escuelas.

Las autoridades universitarias permanecerán atentas a las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad y ofrecer apoyo psicológico a quienes lo necesiten.

Tras el asesinato de un estudiante y las lesiones ocasionadas a un trabajador del CCH Sur; además de múltiples amenazas a la comunidad estudiantil, el rector aseguró que buscan delinear acciones para volver a actividades presenciales en todas las escuelas y facultades.

“Hay planteles, facultades, escuelas e institutos de la UNAM que tienen clases presenciales, algunos están con actividades en línea, otros se encuentran en paro por la conmemoración del caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre de 1968, mientras otros más suspendieron actividades en solidaridad con el CCH Sur”, precisó.

Líneas de acción ante las amenazas a la comunidad estudiantil de la UNAM

Lomelí Venegas explicó que actualmente se tienen tres líneas de acción ante los recientes casos de amenazas a los estudiantes:

• Informar y denunciar. Las facultades, escuelas, institutos y centros que han recibido o reciban amenazas comunican de inmediato esta situación a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria. Esta dependencia establece contacto con las autoridades de seguridad pública federales y locales para realizar en conjunto las inspecciones pertinentes. Además, se notifica a la Oficina del Abogado General, responsable de presentar las denuncias correspondientes.
• Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico. Las directoras y directores llaman al Consejo Técnico de la facultad, escuela, instituto o centro respectivo, con el objetivo de evaluar en conjunto la pertinencia de trasladar temporalmente las actividades académicas a la modalidad en línea, mientras se realizan las revisiones de los protocolos y se presentan las denuncias correspondientes.
• Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir. Establecer, junto con el órgano colegiado, las acciones a implementar. Las directoras y directores, en coordinación con su Consejo Técnico y la comisión local de seguridad, decidirán el retorno a las clases presenciales después de verificar las condiciones de seguridad en el plantel.

Estudiantes del CCH Sur entregan pliego petitorio

Lomelí Vanegas expresó su pesar por la pérdida de un estudiante del CCH Sur y por la agresión sufrida por un trabajador de ese mismo bachillerato a manos de otro miembro de la comunidad universitaria. Señaló que se trata de un hecho grave que obliga a reflexionar sobre sus causas y las medidas a implementar para evitar su repetición.

Indicó que la comunidad del CCH Sur presentó pliegos petitorios y que ya se alcanzaron acuerdos para fortalecer la seguridad en el plantel, abordando de manera específica aspectos como condiciones de acceso, iluminación y la instalación de botones de pánico, entre otros.

Añadió que estas medidas podrán aplicarse en los demás planteles del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Subrayó la participación constructiva de madres y padres de familia, cuyos planteamientos serán considerados por la autoridad.

Indicó que se han implementado medidas para reanudar las actividades presenciales lo antes posible y que algunas personas han decidido retractarse de acciones llevadas a cabo en redes sociales, situación que será tomada en cuenta.

Señaló que se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han generado inquietud en los planteles. Añadió que se cuenta con el respaldo de la policía cibernética y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

El rector subrayó que está convencido de que, aunque en el corto plazo se reforzarán aspectos como la seguridad en los accesos, la vigilancia y la iluminación en los planteles, lo que permitirá alcanzar una mayor seguridad para la comunidad universitaria es “perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria”.

La publicación del Informe VI del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa reavivó el debate nacional e internacional en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en México.

El documento, presentado en julio de 2023, expone avances, hallazgos inéditos, obstáculos persistentes y responsabilidades institucionales en una de las investigaciones más emblemáticas de violaciones graves a los derechos humanos en América Latina.

Según el Informe Ayotzinapa VI del GIEI, no sólo se actualizó la información sobre el caso, sino que también se reveló la magnitud de los desafíos que enfrenta la justicia mexicana en la lucha contra la impunidad.

La participación del Estado

Uno de los bloques más sensibles del informe se centra en la actuación de las Fuerzas Armadas, la Marina y los servicios de inteligencia.

El GIEI expuso contradicciones en las versiones oficiales de SEDENA, SEMAR y CISEN respecto a la existencia de documentos, la participación en operativos y la entrega de información.

El análisis técnico de comunicaciones y localización de telefonía también reveló la presencia y coordinación de militares, policías y miembros del crimen organizado en los escenarios clave de la desaparición de los estudiantes.

El informe detalla cómo SEDENA tenía conocimiento en tiempo real de los movimientos de los normalistas y de los ataques sufridos, pero omitió actuar para protegerlos.

Además, documentó el ocultamiento de sanciones disciplinarias, la negativa a proporcionar información sobre agentes infiltrados y la manipulación de grabaciones de cámaras de seguridad.

En el caso de la Marina, el GIEI reveló operativos clandestinos, detenciones ilegales, casos de tortura y la intervención en escenarios como el basurero de Cocula y el río San Juan, donde se alteraron pruebas fundamentales para la investigación.

El papel del CISEN también es objeto de escrutinio, al haberse constatado su conocimiento de los hechos y su participación en interrogatorios bajo tortura, así como intentos de limitar el uso de información relevante para la investigación judicial.

Crimen organizado y su relación con autoridades

Por otro lado, el informe profundiza en la estructura y funcionamiento de Guerreros Unidos y otras organizaciones criminales, subrayando la existencia de una red criminal con vínculos directos con autoridades municipales, estatales, federales y militares.

Las escuchas telefónicas y los testimonios recabados en el informe muestran cómo la colusión y la protección institucional permitieron la desaparición de los estudiantes y el control territorial del trasiego de drogas entre México y Estados Unidos.

El GIEI advirtió que la investigación de la desaparición forzada debe ir más allá de la persecución individual de responsables y centrarse en el análisis de las redes y contextos que posibilitaron el crimen.

La impunidad y la falta de investigación sobre patrones de macro criminalidad han perpetuado la violencia y el control del crimen organizado en la región.

El VI informe del GIEI reconoce el papel central de las víctimas y sus familias en la lucha por la verdad y la justicia. La demanda de saber el destino y paradero de los jóvenes desaparecidos, así como la exigencia de justicia para los responsables de los asesinatos y ataques, sigue siendo el motor de la investigación.

El informe destaca el derecho de la sociedad a conocer la verdad y la importancia de la garantía de no repetición como condición para la reparación y la transformación institucional en México.

Algunos avances

El GIEI, bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha documentado a lo largo de los años un complejo entramado de colusión entre autoridades y crimen organizado, así como la manipulación y ocultamiento de pruebas.

En su informe Ayotzinapa VI, el grupo detalló los resultados globales de la investigación, incluyendo revelaciones sobre la participación de policías municipales, estatales y federales, así como de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Entre los avances más significativos, el informe destaca la ruptura de algunos pactos de silencio gracias a la protección de testigos, la detención de nuevos implicados y la reactivación de órdenes de captura contra personal militar y funcionarios públicos.

El GIEI también subrayó que la asistencia técnica internacional ha sido clave para fortalecer la investigación, permitiendo el acceso a archivos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina (SEMAR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como la integración de pruebas documentales y testimoniales que amplían la perspectiva del caso.

El informe también reconoció la labor de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), creadas en 2019 y 2020 respectivamente, como mecanismos complementarios que permitieron avanzar en la judicialización de los responsables y en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

A pesar de los avances, el GIEI identificó obstáculos estructurales como falta de acceso a información clave, la negativa de autoridades para entregar documentos fundamentales, exposición y desprotección de testigos, y presiones políticas e institucionales.

“Nos están disparando”, gritó uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Lo que comenzó como una actividad estudiantil para conseguir autobuses terminó en una de las noches más violentas de la historia reciente de México: seis personas asesinadas, más de 40 heridas y 43 normalistas desaparecidos.

Así lo narra John Gibler en Una historia oral de la infamia, un texto en el que, desde la voz de los sobrevivientes y familiares, reconstruyen los hechos y revela la magnitud de la tragedia y la persistente exigencia de justicia.

Ayotzinapa: escenario contrastante

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, enclavada en Guerrero, ha sido históricamente un bastión de organización comunitaria y resistencia campesina.

Sus estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos e indígenas, llegan a la Normal buscando una oportunidad de educación gratuita y la posibilidad de regresar como maestros a sus comunidades.

“Aquí nos enseñan a luchar por un futuro mejor y a apoyar a nuestras familias”, relata uno de los normalistas en la obra de Gibler. La vida en la escuela está marcada por la solidaridad, el trabajo colectivo y la conciencia política, pero también por la precariedad y el hostigamiento estatal.

Los estudiantes recordaron cómo, ante desastres naturales o necesidades de la población, la Normal se convierte en un centro de apoyo comunitario, mientras el Estado permanece ausente o actúa con simulación.

El 26 de septiembre de 2014, la rutina de la Normal se vio interrumpida por la convocatoria a una actividad: conseguir autobuses para la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco.

El inicio de una tragedia

La mayoría de los participantes eran estudiantes de primer año, acompañados por miembros del comité estudiantil. Salieron en dos autobuses Estrella de Oro rumbo a Iguala, sin imaginar que esa noche marcaría sus vidas y la de todo el país.

“Íbamos contentos, como siempre, bromeando, nadie pensaba que algo así podía pasar”, recuerda un sobreviviente. Al llegar a Iguala, los estudiantes se dividieron para realizar actividades de boteo y la toma de autobuses.

La tensión comenzó a sentirse cuando los policías federales empezaron a detener autobuses y a bajar a los pasajeros. Pronto, la situación escaló: algunos normalistas quedaron retenidos en la terminal de autobuses y el resto acudió a liberarlos.

Tras conseguir tres autobuses más, los estudiantes intentaron salir de la ciudad, pero fueron interceptados por patrullas municipales. “Nos disparaban sin previo aviso, primero al aire, luego directo a nosotros”, relatan varios testigos en el texto de Gibler.

La violencia se desató en distintos puntos de Iguala. Los testimonios coinciden en la brutalidad de los ataques: patrullas bloqueando el paso, disparos a quemarropa, estudiantes heridos y caídos en el asfalto.

Aldo Gutiérrez Solano, uno de los normalistas, recibió un disparo en la cabeza y quedó en estado de coma. Otros, como Julio César Mondragón, fueron hallados sin vida y con signos de tortura. “Vi cómo cayó mi compañero, cómo le metieron la bala en la cabeza, eso no se olvida”, narra un joven de primer año.

La intervención de las fuerzas policiales no se limitó a la municipal. Sobre el terreno, los estudiantes identificaron la presencia de policías estatales, federales y hombres armados vestidos de civil, algunos encapuchados.

“No sólo fueron los municipales, también había federales y estatales”, afirma un estudiante que resultó herido. La coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y la ausencia de auxilio por parte del ejército, cuyo cuartel se encontraba a escasos metros de los hechos, refuerzan la percepción de una acción concertada y no de un simple exceso policial.

En la sombra de la masacre

Mientras los ataques continuaban, los estudiantes buscaron refugio en casas, cerros y patios, ayudados en ocasiones por vecinos que, a pesar del miedo, les ofrecieron resguardo.

Otros pasaron la noche bajo la lluvia, escondidos en el monte, temiendo por sus vidas. “Pensábamos que nos iban a detener, como en otras ocasiones, pero nunca imaginamos que nos iban a desaparecer”, confesó uno de los sobrevivientes.

La reacción de las autoridades fue, según los testimonios, de omisión y encubrimiento. Ni la policía estatal ni el ejército ni la marina acudieron a auxiliar a los heridos o a resguardar la escena.

Los reporteros y maestros que llegaron al lugar encontraron un panorama desolador: casquillos recogidos por los propios policías, sangre en los autobuses, estudiantes desaparecidos y una ausencia total de peritos o ministerio público.

“¿A quién reclamarle justicia si la misma ley que mata es la que levanta los muertos?”, se pregunta uno de los entrevistados en la obra de Gibler.

La versión oficial, conocida como la “verdad histórica”, sostuvo que los 43 estudiantes desaparecidos fueron entregados por la policía municipal al Cártel Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Sin embargo, esta narrativa fue desmentida por peritajes independientes y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que señaló la falta de evidencia científica que vincule los restos hallados en el río San Juan con los del basurero.

“No hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos correspondan a los retirados del basurero de Cocula”, afirmó el EAAF en un comunicado recogido por Gibler.

Trabajadores del basurero negaron haber visto fogatas o actividad inusual la noche del 27 de septiembre, y la lluvia registrada esa noche reforzó las dudas sobre la posibilidad de una incineración masiva.

La experiencia de los sobrevivientes tras los ataques estuvo marcada por la desconfianza y el maltrato institucional. Muchos heridos no recibieron atención médica oportuna; algunos médicos y militares se negaron a auxiliarlos, y los taxistas rehusaron trasladar a los heridos por temor a represalias.

“El director del hospital me dijo: ‘te hubieran matado, maldito ayotzinapo’”, relató un estudiante herido. Los militares, lejos de protegerlos, los interrogaron y amenazaron con entregarlos a la policía municipal, a la que los normalistas identificaban como responsable de la agresión.

Una respuesta pendiente

La búsqueda de los desaparecidos se convirtió en una lucha incansable de las familias, que recorrieron cerros, basureros y delegaciones, muchas veces sin apoyo oficial.

“Nuestros hijos sabemos que están vivos. No hubo tal quemazón como dice esta persona”, sostuvo Emiliano Navarrete, padre de uno de los desaparecidos.

Las madres y padres, acompañados por organizaciones sociales y expertos internacionales, desafiaron la narrativa gubernamental y exigieron pruebas científicas.

“Nosotros sabíamos que era una mentira lo del gobierno. Una mentira más”, declaró Blanca Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava, en una conferencia recogida en Una historia oral de la infamia.

El impacto social y político de la masacre de Iguala fue inmediato y profundo. La solidaridad se extendió por todo México y el mundo, con movilizaciones, marchas y protestas que denunciaron la impunidad y la violencia de Estado.

La persistencia de la impunidad, la manipulación de pruebas y la revictimización de las familias han mantenido viva la exigencia de verdad y justicia.

“No se les puede decir muertos, porque todavía no están muertos, porque ellos siempre van a vivir en nuestros corazones”, afirmó un estudiante de primer año.

A casi una década de los hechos, la memoria de Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha contra la desaparición forzada y la impunidad en México.

Jonathan Maldonado Hernández, uno de los sobrevivientes del ataque ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, falleció el pasado 6 de mayo de 2025 a los 32 años, luego de varios días hospitalizado.

Su muerte fue anunciada por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa, el cual denunció que Jonathan enfrentó un abandono institucional desde hace más de una década.

Maldonado no fue solo una víctima más de aquella noche trágica. Fue también un actor clave en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

A pesar de las secuelas físicas y emocionales que le dejó el ataque —incluyendo la pérdida de varios dedos y ansiedad crónica— Jonathan dedicó gran parte de su vida a colaborar con las investigaciones que intentan esclarecer este crimen de Estado.

Un testimonio fundamental

Licenciado en Educación Primaria, Jonathan formó parte de los trabajos realizados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República.

También fue un colaborador importante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gracias a su testimonio y al de otros 20 sobrevivientes, se logró documentar que los normalistas fueron víctimas de al menos nueve ataques distintos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En estos hechos participaron policías municipales, estatales y miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

El aporte de Jonathan fue esencial para desmontar la llamada “verdad histórica” y construir una narrativa basada en pruebas y testimonios sólidos, que han sido fundamentales para mantener viva la exigencia de justicia, aún diez años después.

Una vida marcada por el abandono

Tras sobrevivir al ataque, Jonathan solicitó en múltiples ocasiones apoyo psicológico y psiquiátrico a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero nunca recibió la atención adecuada. Vivió con secuelas físicas dolorosas y una condición emocional frágil, marcada por la ansiedad y la depresión.

Aunque las causas exactas de su muerte no fueron divulgadas por respeto a su familia, el Colectivo de Sobrevivientes señaló que su estado psicológico deteriorado fue un factor decisivo.

En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a organismos de derechos humanos, el colectivo denunció que Jonathan “murió en el completo abandono por parte de las autoridades” encargadas de su protección y atención.

Hasta la fecha, y tras 11 años de aquellos acontecimientos que develaron un crimen de Estado que pasará a la historia, el testimonio y la lucha de Jonathan y otros sobrevivientes permanece como un vestigio de las voces que, desde la resistencia, siguieron dando cuenta de lo que pudo pasar en la llamada “Noche de Iguala”.

Actualmente la lucha de Jonathan sigue siendo recordada por activistas que se han posicionado para exigir justicia por el caso.

La agencia de investigación Forensic Architecture (FA), con sede en el Centro de Investigación en Arquitectura (CRA) de Goldsmiths, Universidad de Londres, se dedica a desarrollar, aplicar y difundir técnicas avanzadas para investigar la violencia ejercida por estados y empresas.

De acuerdo con el sitio oficial de la FA, se combinan perfiles de arquitectos, desarrolladores de software, cineastas, periodistas de investigación, científicos y abogados en equipos interdisciplinarios.

El objetivo de Forensic Architecture consiste en proveer nuevos métodos para la presentación de evidencia espacial en situaciones legales, políticas y culturales.

Alcances de la arquitectura forense

El trabajo de FA se presenta en foros legales, investigaciones parlamentarias, tribunales ciudadanos, medios internacionales y exposiciones artísticas.

En el ámbito judicial, la agencia participó en la discusión sobre la admisión de pruebas digitales originadas por la sociedad civil; en espacios culturales, explora el arte como vehículo investigativo y político. La “reconstrucción de Ayotzinapa”, elaborada por la agencia y nominada a un premio internacional.

Los resultados de FA han sido admitidos en procesos legales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Grecia, Israel, Guatemala y Colombia. Algunas investigaciones se expusieron ante la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según informes de la propia agencia y de El Universal, el director de FA colabora desde el Consejo Asesor Tecnológico de la Corte Penal Internacional para promover la validez de evidencia obtenida por medios digitales en instancias legales.

Propósito de esta forma de investigación

Entre sus objetivos se encuentra el análisis crítico del accionar de ejércitos, fuerzas policiales, agencias estatales y compañías privadas, cuando intervienen en casos de violencia oficial, muertes civiles en conflictos armados, violencia institucional hacia migrantes y refugiados, y fenómenos vinculados a la destrucción de ambientes ancestrales.

La agencia también interviene ante contextos históricos y contemporáneos que involucran violencia colonial y estructuras de discriminación racial. Tras el caso Ayotzinapa, esta herramienta fue utilizada para dar forma a los testimonios de las personas sobrevivientes.

FA asume investigaciones por pedido directo de personas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos. La agencia da prioridad a proyectos en los que sus recursos tecnológicos pueden marcar la diferencia en la búsqueda de rendición de cuentas o transformación sociopolítica, al tiempo que esos casos contribuyen al perfeccionamiento de sus propias metodologías.

Respecto a su financiación, Forensic Architecture recibe apoyo fundamentalmente a través de subvenciones académicas, de derechos humanos y tecnológicas. El detalle de sus principales inversores está publicado en sus canales oficiales; además, los recursos obtenidos mediante exhibición en medios o exposiciones son reinvertidos en los propios programas de investigación.

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en la docuserie “PRI: Crónica del fin”, dirigida por la periodista Denise Maerker, donde habló de algunos de los episodios más polémicos de su sexenio. Entre ellos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca y la percepción de corrupción en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ayotzinapa: “Fue una tragedia”

Sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Peña Nieto aseguró que fue una tragedia que lo marcó, pero reiteró su respaldo a la llamada “verdad histórica” presentada en enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

“Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Yo sigo pensando lo que ya sabemos: lo que han denostado como ‘la verdad histórica’. Quítale el nombre, pero no altera lo que hasta ahora he conocido de las nuevas investigaciones”, declaró.

El expresidente incluso admitió que autoridades municipales, el Estado y el Ejército pudieron estar involucrados, aunque pidió “no poner el nombre de la institución”.

La Casa Blanca: un error de manejo

Otro de los momentos clave del documental se centra en el escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, exprimera dama. Peña Nieto reconoció que el tema fue mal manejado desde el inicio:

“La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado. Creo que nunca debió de haber dado la cara de un tema que correspondía al Presidente de la República”, dijo en referencia al video en el que Rivera explicó la adquisición de la residencia valuada en 86 millones de pesos.

En aquel entonces, Rivera aseguró que había hecho un acuerdo con el empresario Juan Armando Hinojosa, cercano a Peña Nieto en su etapa como gobernador del Estado de México, para que una de sus inmobiliarias construyera la casa bajo contrato de compra-venta.

El episodio dañó fuertemente la imagen del gobierno priista y se convirtió en símbolo de opacidad y conflicto de interés.

El PRI y la corrupción

Peña Nieto también reflexionó sobre el presente del PRI, partido al que perteneció toda su carrera política. Reconoció que la corrupción es una de las manchas más difíciles de borrar en la historia del tricolor:

“El PRI es un partido tan longevo, que tiene ya demasiados lunares, demasiadas manchas. Y esa de la corrupción es una muy señalada, porque además es muy vendible”, declaró.

Un presidente sin manual

Finalmente, el exmandatario afirmó que “no hay escuela para ser Presidente de la República”, por lo que la magnitud de la responsabilidad se comprende solo al ejercer el cargo.

El testimonio de Enrique Peña Nieto en “PRI: Crónica del fin” reaviva debates sobre Ayotzinapa, la Casa Blanca y el papel del PRI en la política mexicana, a más de una década de su llegada a Los Pinos.

Luego de que el pasado jueves se registraron actos violentos por parte de normalistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no está de acuerdo con estos actos violentos, pero que no caerá se caerá en provocaciones.

Estas declaraciones las realizó este viernes durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parecen más una provocación, no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión, no va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar No. 1″, dijo la mandataria nacional.

Esto, luego de que el pasado jueves un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó una de las rejas del Campo Militar No. 1, mismo que se encuentra ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, tras estrellar un camión contra el acceso y prenderle fuego, minutos antes de las 13:00 hrs.

La acción se produjo tras concluir un mitin de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes exigieron avances en las investigaciones, acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sanción a los responsables de la desaparición, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La jornada“Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”comenzó a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde madres y padres reiteraron su demanda de justicia y denunciaron la falta de avances en el caso.

Tras la concentración inicial, un autobús con familiares de los 43 se dirigió al Campo Militar 1, seguido poco después por una caravana—compuesta por al menos 20 camiones— que transportaba al resto de los manifestantes.

Sheinbaum sobre lo acontecido en Ayotzinapa

La mandataria nacional, además, dijo que se trabaja para que haya verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y recalcó que hay un nuevo fiscal para el caso, y que con frecuencia se reúne con madres y padres de los jóvenes.

“Verdad y Justicia, ese es nuestro compromiso, estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, dijo la presidenta esta mañana durante su conferencia de prensa.

A 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, familiares y personas solidarias continúan al pie de lucha exigiendo justicia y consecuencias para los responsables.

Luego de que las respuestas fueran nulas y la información respecto al paradero de los normalistas nunca llegara, especialistas de diferentes áreas comenzaron a investigar para comprender de mejor manera los hechos.

Ejemplo de ello fue el proyecto Ayotzinapa, cartografía de la violencia, en el que se recopiló información de diferentes índoles, desde testimonios hasta documentos oficiales. Al día de hoy, se continúan desarrollando líneas de investigación.

Arquitectura forense: herramienta interactiva del caso Ayotzinapa

Estas reconstrucciones en 3D corresponden a tres de las escenas del crimen más importantes del caso. Cada escena puede ser navegada y vista desde diferentes perspectivas.

Los usuarios pueden acercarse a los detalles o experimentar el ataque al nivel de las calles de Iguala, mientras navegan por los diferentes momentos en que se desarrollaron los eventos.

1. Calle Juan Álvarez y Periférico Norte

En la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte, tres autobuses transportando estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por diferentes fuerzas de seguridad, al igual que por perpetradores vestidos de civil.

Durante estos ataques, dos estudiantes fueron asesinados, varios estudiantes y civiles fueron lesionados, y los estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron desaparecidos de manera forzada por la Policía Municipal de Iguala y Cocula.

La primera agresión ocurrió de las 21:40 a las 22:25 horas. El convoy de autobuses fue bloqueado en la esquina de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, por la patrulla municipal número 02. En este primer ataque contra los estudiantes, este grupo fue atacado desde el frente y desde atrás por la Policía Municipal de Iguala y la Policía Municipal de Cocula.

El ataque duró varios minutos y dos estudiantes resultaron heridos: Aldo Gutiérrez recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba mover la patrulla 02, mientras que el Estudiante J recibió uno en la mano.

Posteriormente, de las 22:25 a las 22:50 horas, ocurrió la segunda ofensiva, cuando la Policía Municipal de Iguala abrió fuego sobre la parte trasera del convoy de autobuses. El ataque estaba principalmente dirigido al Estrella de Oro 1568, donde el estudiante FM recibió heridas de bala.

Los policías pusieron a los estudiantes sobre el piso, para después subirlos a la parte trasera de seis o siete patrullas. Entre 20 y 30 estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron desaparecidos de manera forzada. Sólo al Estudiante FM, quien estaba herido, se le permitió ir al hospital.

Policías municipales asistieron al estudiante M.A.E.O. quien sufrió dificultades respiratorias y fue llevado al Hospital General por una ambulancia. De las 22:50 a las 00:30 horas, los estudiantes que quedaron en el lugar, comenzaron a proteger las evidencias y dieron una conferencia de prensa en la calle, en la que denunciaban los ataques.

Los estudiantes declararon que entre los vehículos que pasaron por la escena estaban: dos patrullas de policía, una patrulla de protección civil y una camioneta de redilas. El tercer y último ataque de la zona dirigido contra los estudiantes, maestros y periodistas, fue de las 00:30 horas a la 01:00 de la mañana y fue perpetrado por un número indeterminado de hombres fuertemente armados, con pasamontañas y chalecos antibalas.

Tres de ellos venían en un auto Ikon Negro. Una camioneta Expedition roja también es sospechosa de haber participado en los hechos. Un taxi sospechoso también estaba en la zona. En este ataque fueron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, mientras que Edgar Andrés Vargas resultó gravemente herido. Otras dos personas también fueron lesionadas.

La Presencia de fuerzas militares ocurrió de la 01:50 a las 05:45 horas y miembros del ejército llegaron media hora después del último ataque. En lugar de ayudar a los estudiantes, los intimidaron y los interrogaron.

Posteriormente, una de las patrullas militares que se movilizaba entre Juan N. Álvarez y el Hospital Cristina regresó a la escena del crimen y permaneció allí hasta que la escena fue procesada por la Policía Estatal Ministerial, en la mañana del 27 de septiembre.

2. El Palacio de Justicia

En frente del Palacio de Justicia dos autobuses que transportaban estudiantes, fueron atacados múltiples veces por varias fuerzas de seguridad. De acuerdo con varios testimonios, los estudiantes fueron desparecidos de manera forzada por miembros de la Policía Municipal de Huitzuco. El segundo camión, el Estrella Roja, fue el camión que la entonces PGR omitió de su investigación original.

El primer ataque contra el autobús Estrella de Oro 1531 ocurrió alrededor de las 21:40 horas y duró aproximadamente 20 minutos. La Policía Municipal de Iguala abrió fuego contra el autobús y, metros más adelante, una patrulla le cerró el paso antes de pasar debajo de un puente vehicular.

De las 22:00 a las 22:25 horas, el número de patrullas incrementó. Llegó al menos un agente de la Policía Estatal Ministerial, quien testificó acerca de cuatro patrullas municipales alrededor del autobús y posteriormente se fue. Un militar llegó en moto a la escena.

También arribaron las patrullas municipales 24, 28 y 26. El chofer de este autobús fue detenido en una patrulla municipal, que iba en dirección al centro de Iguala.

En el camión Estrella Roja 3278, de las 22:00 a las 22:25, Normalistas fueron forzados por patrullas municipales o federales a abandonar el autobús. Después de abandonar el autobús los normalistas caminaron en dirección a Iguala.

De las 22:30 a las 22:35 horas, llegaron tres patrullas municipales presuntamente de Huitzuco y sacaron a los estudiantes del autobús con gas lacrimógeno.

Al mismo tiempo, los estudiantes del segundo camión caminaban hacia el centro de la ciudad, vieron a tres patrullas municipales que iban rumbo al Palacio de Justicia y decidieron esconderse en la colonia Pajaritos.

De las 22:35 a las 23:00 horas, en la misma zona, los policías municipales subieron a los estudiantes del primer camión (1531) en cuatro patrullas, tres eran de Huitzuco y una de Iguala.

Al mismo tiempo, el segundo autobús se retiró de la escena escoltado por dos patrullas federales hasta la caseta de Iguala, de acuerdo con el testimonio del chofer del autobús.

Según el testimonio de los normalistas, cuando llegaron al puente (entre las 23:00 y las 23:10 horas) sólo vieron el autobús Estrella de Oro 1531 sin estudiantes.

En ese mismo lapso de tiempo, 14 normalistas que iban en el autobús Estrella Roja 3278 regresaron a la escena sobre el puente. Testificaron que vieron a patrullas federales, dos patrullas no identificadas y una moto frente al Palacio de Justicia.

De las 00:20 a la 01:05, peritos procesaron la escena y posteriormente llegaron dos patrullas militares, cuyos ocupantes testificaron que vieron al autobús Estrella de Oro 1531 destruido y vacío, junto a la Grúa HR.

3. El Cruce de Santa Teresa

Saliendo de Iguala, un camión que transportaba a un equipo de fútbol llamado ‘Los Avispones’ fue atacado cuando se dirigía hacia Chilpancingo. El autobús, junto con las familias de los jugadores que viajaban en taxis y vehículos particulares, así como otros civiles que pasaban por la zona, fueron atacados indiscriminadamente por múltiples perpetradores. Durante este ataque, un jugador de fútbol, el chofer del autobús y otro civil fueron asesinados, mientras otros fueron lesionados.

El ataque contra contra el Taxi 1 antes del ataque a Los Avispones ocurrió a las 23:30 horas. El Taxi 1 se detuvo por la presencia de una camioneta de redilas que se encontraba atravesada en la carretera y recibió impactos de bala e cuanto se acercó a la camioneta de redilas, por lo que se fue en reversa 500 metros hacia el norte.

Un carro de familiares del equipo de futbol Los Avispones, que iba en direccion a Chipancingo, presenció su ataque y los asistió. Minutos después los familiares vieron pasar al autobús de Los Avispones, intentaron detenerlo pero éste no los vio y fue atacado en el cruce de Santa Teresa.

El autobús fue tiroteado en el cruce de Santa Teresa, el conductor perdió el control y el autobús salió de la carretera. Los perpetradores rodearon el autobús e intentaron entrar a él, pero no pudieron porque la puerta quedó atorada.

Según miembros del equipo, en este momento los perpetradores se dieron cuenta que son futbolistas y se retiraron de la escena, a su salida dispararon a varios vehículos que transitaban por el área. Nuevos peritajes mostraron la presencia de la Policía Municipal de Huitzuco y de miembros del crimen organizado en ese lugar.

De acuerdo con el primer reporte del GIEI, a las 23:35 un taxi con profesores (Taxi 2) que iba en dirección a Chilpancingo se detuvo a 500 metros al norte del Cruce de Santa Teresa, porque vieron dos vehículos sospechosos estacionados al lado de la carretera.

Luego de pasarlos continuaron hacia el cruce, pero fueron atacados presuntamente por la Policía Municipal de Huitzuco. El Taxi 2 paró a 100 metros al sur del autobús y vieron pasar frente a ellos un camión de carga, que también fue tiroteado y que se retiró de la escena tan pronto fue atacado. Minutos más tarde, un taxi que transitaba por la carretera ayudó a los tres pasajeros heridos del Taxi 2. 15 a 20 minutos después del ataque, el chofer del Taxi 2 se fue hacia Chilpancingo.

Para las 23:42 horas, según la declaración del chofer del Taxi 3, él fue atacado después de pasar dos vehiculos detenidos entre la Salida de Zacacoyuca y el Cruce de Santa Teresa. Las balas provenían de unos bordos al lado de la carretera. El Taxi 3 paró a 30 metros al norte del autobús, sus dos pasajeros se escondieron y el chofer que estaba herido fue ayudado por otro taxista (Taxi 5) y se fue de la escena dejando su taxi.

Declaraciones de militares indican que llegaron a las 00:10 a Santa Teresa en una camioneta Cheyenne y una Sandcat blindada. A su llegada, ya estaban presentes dos patrullas de la Policía Federal junto a los taxis atacados. Tanto policías federales como militares dijeron en sus partes informativos que llegaron a la escena a las 00:45; sin embargo hay testimonios de ellos mismos que indican haber estado antes. Entre las 00:25 y 00:40, llegó la primera y segunda comitiva ministerial, tres patrullas federales y las ambulancias.

Alrededor de la 01:20, el Ministerio Público del fuero común y peritos (gobierno estatal) procesaron primero la escena del crimen de Blanca Montiel. Las patrullas federales que se encontraban junto al Taxi 1 se localizaron posteriormente junto al autobús.

Las patrullas militares permanecieron hasta las tres de la mañana, hora en la que llegó la grúa a remolcar el autobús de Los Avispones.

Tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur, perpetrado por otro joven estudiante y las posteriores marchas para exigir seguridad, el día de hoy al menos cinco planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron un paro de actividades.

Las protestas estudiantiles se intensificaron desde el miércoles, cuando grupos de alumnos del CCH Sur marcharon dentro del plantel para exigir medidas tras el fallecimiento de Jesús Israel, estudiante atacado dentro de esas instalaciones. A raíz de estos hechos, se llevaron a cabo diversas asambleas estudiantiles que continúan este jueves en varios planteles, y no se descarta que otras escuelas se sumen a las suspensiones de labores, debido también a las marchas que protestan por el asesinato ocurrido en Ayotzinapa.

Entre las facultades en paro total se encuentra la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), una de las primeras en sumarse a las causas sociales, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas del 24 de septiembre al 3 de octubre. Durante este periodo, las instalaciones están tomadas y se mantiene un llamado a la solidaridad por las víctimas de violencia.

La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) también suspendió todas sus actividades presenciales en el mismo lapso, aunque sin toma de instalaciones. El sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la ENTS no participa en el paro, mientras que la administración garantiza la continuidad de trámites y servicios escolares esenciales.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD) en su sede de Xochimilco se sumó al paro total en el mismo periodo y exhortó al resguardo de áreas académicas y bienes materiales.

En paro activo se encuentra la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), donde las clases teóricas se reanudarán hasta el lunes 29 de septiembre. Mientras tanto, se mantienen las asesorías clínicas en el centro de simulación.

La Facultad de Ciencias permanecerá en paro activo todo el día jueves. Por su parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) aplazó reanudar actividades para celebrar una asamblea estudiantil.

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) planteles 5 y 2 mantendrá las clases presenciales, pero sin pase de lista ni evaluaciones, para permitir la participación en protestas.

Las manifestaciones y suspensión de actividades surgen después de que estudiantes, docentes y familiares realizaran movilizaciones en el CCH Sur y Ciudad Universitaria para denunciar la inseguridad e impulsar demandas de justicia frente a la violencia en la universidad.

En otras facultades, se realizan asambleas para considerar irse a paro, tal como la Facultad de Psicología

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, familiares y estudiantes realizarán una protesta frente la Fiscalía General de la República (FGE) para exigir el esclarecimiento de los hechos.

La manifestación fue convocada por la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, y la cita es a las 11 am en las instalaciones de justicia.

“Convocan a la jornada de lucha Ayotzinapa 11 años de luces y sombras, a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general”, se lee en la invitación difundida por redes sociales.

Por otra parte, la tarde de este miércoles se llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que los participantes dejaron mensajes en los que exigían la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien es exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también señalado por la creación de la llamada verdad histórica y que actualmente se encuentra en Israel.

Los manifestantes pidieron que el gobierno mexicano acelere el proceso para que el exdirector sea entregado a las autoridades mexicanas.

Las consignas plasmadas en la sede de la SRE subrayaron la responsabilidad de esta dependencia en el avance del proceso, ya que la extradición de Zerón depende de los acuerdos diplomáticos entre México e Israel, país donde actualmente reside el exfuncionario.

Los mensajes recordaron que la colaboración internacional es indispensable para que Zerón enfrente la justicia mexicana.

Cabe recordar que en agosto de 2025, un Tribunal Colegiado ratificó la orden de aprehensión contra Tomás Zerón por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

Hace 11 años el exservidor fue grabado mientras torturaba al líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” para que declarara la presunta orden para asesinar y cremar a las 43 de Ayotzinapa.

Por ello, la SRE fue elegida como el primer punto de reunión para exigir justicia. Por otra parte, al calles y avenidas, así como monumentos de la capital ya han sido resguardados por las autoridades capitalinas para evitar que estos sean vandalizados por los manifestantes.

Finalmente, con estas acciones los manifestantes han comentado la reafirmación del compromiso para seguir pidiendo justicia y señalando las irregularidades en el proceso, además de las promesas que no se han cumplido en los gobiernos morenistas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, recibió la protección de un Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, que ordenó la suspensión de la condena de 92 años y seis meses de prisión por el secuestro de integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala, entre ellos el líder del movimiento, Arturo Hernández Cardona. La medida frena la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la defensa del ex funcionario, quien permanece en prisión por otros delitos.

El tribunal determinó que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa no son considerados terceros interesados en el proceso de amparo directo, pues la sentencia de secuestro que se le imputa a Abarca no impacta de manera directa en la reparación del daño a estas víctimas.

Según la resolución, la condena únicamente corresponde al delito de secuestro en agravio de varios integrantes y dirigentes de la organización social FUP, entre ellos Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan.

La condena original, emitida en 2023, se basó en evidencias que acreditaban la participación del ex alcalde en el secuestro de los activistas del movimiento campesino Unidad Popular, crimen ocurrido en 2013, un año antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

No obstante, en mayo del mismo año, José Luis Abarca fue absuelto del delito de delincuencia organizada relacionado con el caso Ayotzinapa por Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros.

Esta decisión quedó firme luego de que un Tribunal Colegiado confirmó la sentencia, y la Fiscalía General de la República no pudo revertirla, pues el fallo desestimó como insuficientes los elementos probatorios presentados por la entonces Procuraduría General de la República, señalando además que algunas declaraciones se obtuvieron bajo coacción o tortura, y que varios acusados fueron detenidos de manera ilícita.

Pese a la suspensión concedida respecto a la condena por secuestro, Abarca aún enfrenta procesos judiciales vinculados a delitos cometidos durante su gestión al frente del municipio de Iguala. La suspensión vigente impide, por el momento, la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, mientras la situación jurídica del ex alcalde permanece sujeta a la evaluación de los tribunales.

Una caravana de estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa llegó este miércoles a la Ciudad de México para realizar una jornada de protestas frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde habrá un mitin.

La movilización conmemora el undécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, y tiene como objetivo exigir avances en las investigaciones y la presentación con vida de los normalistas.

El contingente avanzó desde Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente hasta Bucareli y Avenida Juárez, donde se concentró para iniciar sus acciones. Minutos después del arribo, se cerró la circulación en Avenida Juárez a partir de Reforma, generando afectaciones en las calles aledañas y congestionamiento vehicular.

Según reportes oficiales, la caravana llegó en aproximadamente 21 autobuses que trasladaron a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y a familiares de los desaparecidos. Durante el día, el grupo prevé continuar con distintas movilizaciones en otros puntos de la capital.

Las movilizaciones forman parte de las actividades conmemorativas que los colectivos de normalistas y familiares realizan cada año y que mantendrán hasta este fin de semana, con el fin de continuar con la exigencia de justicia y presionar a las autoridades para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Protestas en Guerrero

Normalistas de Ayotzinapa y miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) realizaron acciones de protesta los días 22 y 23 de septiembre en Guerrero, en el marco del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

El 22 de septiembre, en Chilpancingo, los manifestantes lanzaron aproximadamente 30 explosivos artesanales y pintaron consignas en las instalaciones de la 35 Zona Militar, luego de un mitin y un bloqueo en la Autopista del Sol. La acción provocó un ligero incendio y la intervención de soldados con gas lacrimógeno para dispersar a los normalistas.

Al día siguiente, en Iguala, normalistas y miembros de la FECSM lanzaron petardos contra el 27 Batallón de Infantería del Ejército durante un mitin en el que padres y madres de los desaparecidos exigieron al gobierno federal la entrega de 800 folios de información relacionados con la investigación y definieron cinco puntos esenciales de exigencia para la búsqueda de los jóvenes.

Ambas movilizaciones forman parte de la jornada de lucha conmemorativa por el aniversario 11 de los hechos de Iguala que aún no han logrado esclarecerse.

Luego de que hace un mes Hugo Aguilar Ortiz invitara a Vidulfo Rosales Sierra a una de las reuniones de trabajo previo a la toma de protesta como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la tarde de este 20 de septiembre de 2025, se confirmó la integración del exabogado del caso Ayotzinapa a la Corte.

En este organismo, Rosales Sierra desempeña funciones como secretario de estudios y cuenta la cual forma parte de la coordinación general de asesores de la presidencia.

Según información publicada en el portal institucional del máximo tribunal del país, Vidulfo Rosales ocupará este puesto percibiendo un salario neto estimado de poco más de 118 mil pesos mensuales. Entre los beneficios laborales a los que tiene acceso se encuentran el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida.

Vidulfo Rosales renunció a caso Ayotzinapa y dejó el CDHM hace un mes

Luego de ser fotografiado en reunión con Hugo Aguilar lo que solo era una especulación fue creciendo, ya que el abogado renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, así como de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En la carta anunciando su salida fechada el 19 de agosto, el abogado mencionó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestro pueblos. Mi compromiso con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres que luchan por mejores condiciones de vida sigue incólume”.

En entrevista para Infobae México el mes pasado, Rosales Sierra explicó que su renuncia al CDHM Tlachinollan se debió a motivos personales y de salud. Señaló que la defensa de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa exige plena dedicación, lo que complicaba su situación médica y otras valoraciones personales.

Destacó que su labor siempre fue en representación del centro y no de manera individual, y que al separarse de la organización perdería el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las dificultades, amenazas y presiones que implica el caso.

El abogado aclaró que su renuncia a Tlachinollan y a la representación legal de los padres de Ayotzinapa no estaba relacionada con una invitación a colaborar con la nueva SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 20 de septiembre de 2025 la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del máximo tribunal del país. El anuncio ocurre exactamente un mes después de que Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente, invitara a Rosales a una reunión de trabajo previa a la toma de protesta.

La designación de Vidulfo Rosales Sierra refuerza el equipo de alta dirección de la Suprema Corte, en un contexto de transición interna que involucra la inminente toma de protesta de Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente. El portal oficial de la SCJN no especifica la ubicación física de la oficina asignada a Rosales, al igual que otros puestos del Poder Judicial sin embargo, lo que sí se dio a conocer fue su sueldo.

Según información publicada en el portal institucional de la SCJN, Vidulfo Rosales se sumará al equipo de asesores en la presidencia, con acceso a las instancias de toma de decisiones y análisis jurídico central. Su designación ha generado atención debido a su trayectoria como exabogado representante de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los casos más relevantes de los últimos años.

El cargo de Secretario de Estudio y Cuenta implica responsabilidades en la revisión de asuntos presentados al pleno de la Corte, elaboración de proyectos de resolución y asesoría directa al ministro presidente. Esta posición se inserta en una estructura de apoyo técnico jurídicamente calificada dentro del principal órgano judicial del país.

De acuerdo con información oficial, en dicha plaza, Vidulfo Rosales tendrá un sueldo tabular mensual que se desglosa en sueldo bruto de 167 mil 671.23 pesos y un sueldo neto de 118 mil 138.37 pesos. Infobae detalló que el puesto otorga acceso a prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima quinquenal, además de asignaciones adicionales conforme a la normatividad interna del Poder Judicial.

En materia de seguridad social, el cargo brinda apoyo en concepto de ISSSTE/FOVISSSTE y depósitos para el ahorro solidario, además de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida y seguro colectivo de retiro. Según la información de la Corte, destacan también beneficios como apoyo de anteojos o lentes graduados, estímulos por día del padre, antigüedad y jubilación. La institución otorga asistencia extra en situaciones como incapacidad médica permanente, gastos funerarios, pago de defunción y licencia prejubilatoria.

El nombramiento se produce en un periodo de claroscuros para el Poder Judicial, donde la transparencia laboral y las condiciones contractuales de sus perfiles de mayor nivel continúan bajo escrutinio público.

Un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa ingresaron el día de hoy a la Central de Autobuses del Norte y tomaron tres camiones, lo que generó la activación del código rojo en el lugar. El suceso se dio aproximadamente a mediodía y aunque no ofrecieron un pliego petitorio en un principio, si pintaron paredes con consignas alusivas a la desaparición de 43 estudiantes.

Con este hecho se estima que entre 15 y 20 mil pasajeros se vieron afectados, sin embargo abrieron un carril, por lo que todavía no se sabe si el código rojo continuará o si se restablecerá el flujo de autobuses, pese al movimiento de un camión.

Al pasar las horas se supo que los normalistas se manifestaban para solicitar vales de gasolina que tenían pactados pero que no habían sido entregados. Dieron a conocer que no buscaban generar mayores afectaciones, sin embargo, tanto las unidades como el diesel eran necesarios para la conmemoración que se realiza año con año por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Hasta el momento, la vialidad sigue cerrada pese a que una de las tres unidades fue reubicada. Los normalistas solicitaron a la policía abrir un carril con el objetivo de reunirse con otros compañeros, de los 2 autobuses restantes.

Durante el desarrollo de la protesta, amenazaron con agregar azúcar a los motores, con la intención de provocar una falla, sin embargo hasta el momento no ha ocurrido.

Cerca de las 3:20 de la tarde se desactivó el código rojo, con lo que se reanudaron las actividades; en total se calcula una afectación de 30 mil personas.

Los normalistas continúan su manifestación en el exterior de la central, lo que permitió la normalización del servicio, que se vio afectado por cerca de tres horas.

Por su parte, el Grupo Estrella Blanca, ofreció un comunicado:

“Por la presencia de manifestantes en la Central del Norte, hemos activado protocolos de seguridad y aplicado un cierre parcial.

Nuestra prioridad es la seguridad de usuarios, colaboradores y unidades.

Mantente pendiente de nuestras actualizaciones."

Tras el levantamiento del código rojo se restablecieron las actividades, las corridas tendrán algunos retrasos debido a la situación.

Una vez reunidos, los manifestantes se replegaron a la calle José Guadalupe Velarde, aún exigen la entrega de los vales.

Asimismo se reportó que una representación de la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación con los presuntos normalistas de Ayotzinapa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló este martes, durante su conferencia de prensa matutina, que pidió las extradiciones de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa durante su reunión con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 3 de septiembre.

En dicho encuentro, Sheinbaum y Rubio se reunieron en Palacio Nacional, donde hablaron de seguridad, migración y economía.

Ambos países pactaron un programa de trabajo conjunto en temas de seguridad y en el marco del encuentro, Claudia Sheinbaum aprovechó para pedir la extradición de objetivos prioritarios para la justicia nacional.

Sheinbaum dio detalles de las personas que México solicita en extradición a EEUU. "Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado, fueron solamente estas dos personas y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso", señaló la mandataria nacional.

Niega revelar nombres

Sin embargo, la presidenta se negó a dar a conocer los nombres de las personas pidió a Marco Rubio que fueran extraditados al país.

Ante la petición de una reportera, de dar los nombres de dichos personajes, la mandataria preguntó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) si era factible dar los nombres, a lo que le dijo que no.

“No, por eso hasta pregunté si podía decir (los nombres), sobre qué caso se relacionaba porque es importante por el proceso”, dijo Sheinbaum.

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Marco Rubio la semana pasada. En dicha reunión le pidió al secretario de Estado del país vecino del norte, la extradición a México de objetivos que se encuentran recluidos en la Unión Americana.

La mandataria reveló que en el encuentro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, planteó que el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, provocó un incremento de violencia en el estado de Sinaloa.

“Que había aumentado la inseguridad del estado Sinaloa en particular, porque aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero si escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso, pues lo puede informar después del gabinete de seguridad, y eso es lo que hablamos”, dijo la presidenta en una conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

Agregó que “a nosotros nos interesan casos muy relevantes para México en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá”.

Sheinbaum dijo que no se tocó a fondo el tema del traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa a la Unión Americana.

También afirmó que en la reunión, Marco Rubio no solicitó la presencia de más agentes estadounidenses en nuestro país.

“No, ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y la ley nacional de seguridad, entonces no fue tema de la reunión”, expuso.

Tras la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado jueves, quienes a su salida de dicha reunión se dijeron molestos y plantearon el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a su caso, la mandataria nacional dijo que el nuevo fiscal ha estado trabajando con apoyo en lo que se necesita de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado hasta ahora.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, la mandataria dijo que se le presentaron estas nuevas líneas y métodos a los padres de los normalistas en dos ocasiones.

“Lo que se está buscando por parte del fiscal es que se judicialicen estos casos, quiere decir, ya llevarlos directamente ante el juez con suficientes pruebas para que no pueda haber, por parte de un juez, si no hay suficientes pruebas, alguna decisión de no pedir la orden de aprehensión, o que no reconozcan que haya la vinculación”, señaló.

Expuso que el fiscal explicó que para obtener todas las pruebas, después de 11 años, lleva su tiempo, y los padres y las madres estaban de acuerdo en este nuevo método de investigación, aunque querían que siguieran las mismas líneas que venían desde antes, que también se están siguiendo, pero sí habían preguntado que cuándo vendrán las órdenes de aprehensión vinculadas con este esquema.

“El fiscal dio sus razones y la explicación de por qué está llevando un poco de tiempo, entonces ahí, evidentemente desde las madres y padres, dicen por qué no hay más avances si ya llevamos un año en el gobierno, y ahí se dio la explicación”.

Dijo que pensaba que la nueva forma de investigación, más basada en evidencias, llevará a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes.

Por otro lado, dijo, los padres y madres de los normalistas han insistido en que se incorporen grupos de expertos en la investigación, pero ya no era el GIEI, por los problemas que tuvo en el pasado y que muchos de ellos no están interesados en regresar a la investigación, sin embargo, ella pidió a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que hablara con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si era factible buscar expertos en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo, para que los padres de los normalistas tengan la certeza de que se están haciendo bien las cosas.

“Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos”, señaló Sheinbaum.

A más de una década de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, madres y padres acudieron a Palacio Nacional, poco antes de las 13:00 horas, para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum en una nueva reunión sobre el caso.

La mandataria federal ha sostenido varios encuentros con las familias desde el inicio de su gestión, siendo esta la quinta reunión. Los familiares esperan recibir información sobre líneas de investigación recientes y conocer los avances del equipo científico conformado en febrero con la participación de instituciones federales.

Desde su conferencia diaria, Sheinbaum indicó que se están revisando aspectos que no habían sido analizados a fondo, entre ellos el registro de llamadas efectuadas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fechas en las que ocurrió la desaparición en Iguala, Guerrero.

Al ingresar al recinto, los familiares estuvieron acompañados por Isidoro Vicario, su nuevo representante legal, quien expresó que las familias tienen la expectativa de recibir datos nuevos u obtener avances concretos en la investigación. Por su parte, Cristina Bautista, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, manifestó el deseo de obtener información que les brinde tranquilidad, luego de 11 años sin respuestas claras sobre el paradero de sus hijos.

Infobae México confirmó que los familiares estuvieron acompañados por representantes legales y de organizaciones de derechos humanos, tales como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encabezado por Abel Barrera

Renuncia de Vidulfo Rosales

Cabe mencionar que el cambio en la defensa legal se debe a la renuncia de Vidulfo Rosales en agosto pasado, quien anunció su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, lo que impactó directamente en la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En su momento, Rosales Sierra mencionó que su renuncia dicho centro también se debió a motivos personales y de salud y al ser un caso complejo que requiere gran dedicación, podría impactar su salud o verse retrasado. Destacó que su labor siempre fue en representación del centro y no de manera individual, y que al separarse de la organización perdería el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las dificultades, amenazas y presiones que implica el caso.

Asimismo aclaró que su renuncia no está relacionada con una invitación a colaborar con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Resultados de la reunión

Tras la reunión, el abogado Isidoro Vicario refirió que los padres “se van un poquito tristes y un poco decepcionados (...) hoy precisamente en este mes de septiembre no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, o que nos puedan indicar por lo menos, también, el paradero de los 43 estudiantes”

Respecto a las investigaciones, señaló que “otra de la líneas (de investigación) de los padres que han estado exigiendo que tampoco no es de ahora es la línea que tiene que ver con el grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y fueron llevados a barandilla municipal, esperábamos que también en esa línea concreta pudiéramos tener avances sustanciales”.

Hasta el momento no se ha dado mayor información.

A casi once años de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, la exigencia de sus familiares al Ejército Mexicano para que entregue 800 folios con información clave sobre el paradero de los jóvenes ha cobrado renovada fuerza.

En el marco de movilizaciones recientes en Guerrero y la Ciudad de México, madres y padres de los normalistas, junto a organizaciones sociales y estudiantiles, han intensificado la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales, reclamando justicia y el esclarecimiento de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.

La demanda central de los familiares se enfoca en la entrega de los folios que, de acuerdo con sus declaraciones, permanecen en poder del Ejército Mexicano y contienen evidencias fundamentales para avanzar en la investigación.

María de Jesús Tlatempa Bello, madre de uno de los desaparecidos, reiteró en un mitin en Iguala que “tienen evidencias, pruebas, nombres y lugares para seguir en esas líneas de investigación, que hasta hoy estamos en espera que se lleven a cabo para saber el paradero de nuestros hijos”.

La petición se dirige directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien los familiares consideran responsable de resolver el caso en su calidad de comandanta suprema de las fuerzas armadas.

De acuerdo con reportes del corresponsal, Sergio Ocampo Arista, de La Jornada, y del diario El Sur de Acapulco, las movilizaciones más recientes se desarrollaron en puntos simbólicos de Iguala, como los obeliscos donde fueron asesinados los estudiantes Julio César Mondragón Fontés, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

En estos actos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y miembros del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala realizaron la 131 acción global por Ayotzinapa.

Las actividades incluyeron mítines, colocación de ofrendas florales y consignas que recordaron la fecha de la desaparición y el asesinato de los normalistas.

Impunidad, falta de avances y reclamos a los gobiernos

En la Ciudad de México, la jornada global por Ayotzinapa inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Hemiciclo a Juárez, donde se realizó el pase de lista de los 43 estudiantes y de los tres caídos en Iguala, según el informe de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Durante estos actos, las madres y padres de los desaparecidos expresaron su frustración ante la falta de avances sustanciales y la persistencia de la impunidad.

Hilda Legideño, madre de uno de los normalistas, señaló en el mitin del Hemiciclo a Juárez que “diez años han pasado y aquí continuamos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades, el ejército y los policías fueron los responsables de la desaparición de nuestros hijos. No buscaron porque ellos eran los responsables”.

Legideño también criticó la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que “dijo que tenía voluntad de dar con el paradero de nuestros hijos, pero topó con el ejército y ahí se le acabó la voluntad porque respaldó al ejército mexicano”.

La madre concluyó que, pese al cambio de administraciones, la situación no ha variado y las familias siguen enfrentando el mismo ciclo de investigaciones inconclusas y falta de resultados.

El contexto de la exigencia sobre los 800 folios fue detallado por el abogado Isidoro Vicario, quien explicó que desde el último informe del grupo de expertos independientes se identificó la existencia de estos documentos pendientes de entrega por parte del Ejército Mexicano.

Vicario subrayó que “con esos folios podríamos tener información relevante de la ruta de donde habrían sido llevados los 43 estudiantes”. Además, mencionó que persisten líneas de investigación sin profundizar, como la relacionada con el grupo de 17 jóvenes que habrían sido llevados a barandillas de la ciudad de Iguala la noche de la desaparición, así como el análisis de la telefonía celular, que ha mostrado escasos avances.

El abogado recordó que, en la primera reunión con la presidenta Sheinbaum, esta se comprometió a no cerrar el caso Ayotzinapa y a conformar un nuevo grupo de trabajo especializado, pero a más de ocho meses de ese encuentro, las familias continúan esperando resultados concretos.

Las protestas recientes también incluyeron fuertes señalamientos contra los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Los familiares y estudiantes acusaron a las tres administraciones de proteger al Ejército y de no resolver el caso. En la manifestación realizada en el antimonumento +43 de la avenida Lázaro Cárdenas, en Chilpancingo, los participantes denunciaron la impunidad persistente y el desinterés de las autoridades.

La consigna “ni perdón ni olvido” volvió a resonar en las manifestaciones registradas desde el 26 de agosto, reflejando el sentimiento de agravio y la exigencia de justicia que se mantiene vigente a casi once años de los hechos, según lo reportado por Esto Es Guerrero.

El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la crisis nacional de desapariciones en México, donde las cifras oficiales superan las 130 mil personas desaparecidas.

Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, destacó que “hay miles de desaparecidos, no solo los 43. Sabemos que en México continúan las desapariciones, y nosotros como madres entendemos el dolor de mucha gente que está en sus casas y que no salen porque no tienen los medios para salir a buscar a sus hijos”.

Bautista expresó su solidaridad con las madres buscadoras de todo el país, reconociendo la magnitud del problema y la necesidad de mantener la lucha colectiva.

En este contexto, las familias de los normalistas han convocado a nuevas jornadas de lucha para conmemorar el undécimo aniversario de la desaparición.

De acuerdo con el Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, las actividades se desarrollaron del 17 al 23 de agosto en Guerrero, del 24 al 26 en la Ciudad de México y se espera que concluyan el 27 y 28 nuevamente en Guerrero.

Estas acciones buscan mantener la presión social y política para que el caso no quede en el olvido y se logre finalmente la verdad y la justicia.

Al cierre de las movilizaciones, los familiares y estudiantes reafirmaron su compromiso con la memoria de los 43, entonando el himno de lucha y realizando un pase de lista que culminó con un grito unánime de exigencia de justicia, símbolo de la persistencia y la esperanza que los sostiene en la búsqueda.

Abigael González Valencia, alias El Cuini, señalado como uno de los principales financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fundador de la célula criminal Los Cuinis, compareció este lunes por primera vez ante la jueza federal Beryl A. Howell en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, donde arrancó formalmente el proceso criminal en su contra.

De acuerdo con el periodista Ángel Hernández, la audiencia dio inicio a las 9:30 horas, duró apenas 15 minutos y representó el inicio del juicio contra quienes las autoridades califican como “el cerebro empresarial” detrás del crecimiento del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del México.

Durante la sesión, la fiscal Andrea Goldbarg informó que la primera entrega de evidencias en el caso ya fue presentada: más de 76 mil documentos de interceptaciones de comunicaciones, que incluyen registros de conversaciones en dispositivos Blackberry en las que aparecen El Cuini, su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y Rubén Oseguera, El Menchito.

De acuerdo con el periodista, el acusado, de 61 años, ingresó a la sala vestido con uniforme naranja de prisionero y con manos y pies encadenados. Debido a una falla en los elevadores internos de la prisión, González Valencia entró por la misma puerta que los fiscales, abogados y el público, lo que rompió con el protocolo habitual.

Según la información, durante la audiencia, el acusado intercambió algunas palabras con su abogado Robert Fitl, a quien comentó que padece hipertensión y tenía pendiente una cirugía en México.

Los cargos en su contra

El Cuini, enfrenta tres cargos principales: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego. Ante las acusaciones, González Valencia se coloca dentro de la misma causa penal que El Mencho, considerado el líder máximo del CJNG y casado con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, González Valencia diseñó un esquema financiero que permitió al CJNG expandirse a mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde la venta de cocaína alcanzaba precios millonarios.

Aunque no enfrenta cargos de lavado de dinero, el Departamento de Justicia asegura que invirtió las ganancias ilícitas en negocios y bienes raíces, lo que le permitió mantener una vida de empresario incluso tras retirarse parcialmente del trasiego de drogas.

¿Qué sigue tras la audiencia?

La jueza Howell fijó la próxima audiencia para el 24 de octubre, fecha en la que se revisará el avance del caso y la fiscalía solicitará que este sea designado como “complejo”, lo que permitirá ampliar plazos para reunir pruebas, testimonios y dar tiempo a la defensa a preparar su estrategia.

El abogado Feitl confirmó además que Rubén Oliva, otro de los representantes legales de El Cuini, dejará el caso. Oliva ha defendido a otros capos mexicanos, entre ellos Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos.

Antecedentes de El Cuini

González Valencia fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y tras años de litigios logró retrasar su extradición a Estados Unidos, misma que finalmente se concretó el 12 de agosto pasado. Fue parte del segundo grupo de 26 narcotraficantes entregados por el gobierno mexicano a la administración de Donald Trump.

Apodado también El Cachetón, construyó una de las redes de tráfico de cocaína más lucrativas hacia Europa y Estados Unidos, y llegó a colaborar con el gobierno mexicano como testigo en el caso Ayotzinapa, lo que prolongó aún más su permanencia en prisiones mexicanas antes de su entrega.

El proceso contra González Valencia se perfila como uno de los más relevantes en la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el CJNG, organización considerada actualmente como el cártel más poderoso de México.

Luego de que Vidulfo Rosales, hasta ayer abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, renunciara al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó durante los últimos 24 años, y trascendiera que se incorporaría al equipo del próximo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo no tener mayor información sobre el tema que lo que sale en medios de comunicación.

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Sheibaum señaló que habría que esperar a ver cual es la información que hay sobre el tema.

“Obviamente la Corte es autónoma, ¿No?, el presidente de la Corte toma sus propias decisiones, pero hoy me iban a dar mayor información sobre el tema (...) vamos a esperar", dijo.

Además, sobre el avance de los trabajos con los padres de Ayotzinapa, dijo que pese al cambio, el seguimiento es el mismo, y ellos definían a sus representantes jurídicos, mientras que su gobierno, con quien tenía comunicación, era con las y los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. “Seguimos trabajando”, señaló.

El pasado jueves trascendió que Vidulfo Rosales había renunciado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La renuncia del abogado, se dio a conocer, se debe a motivos personales y por falta de recursos y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Tras la renuncia de Rosales, se prevé que el abogado se integre al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la SCJN, quien tomará posesión del cargo el próximo lunes 1 de septiembre.

¿Quién es Vidulfo Rosales?

Vidulfo Rosales Sierra nació en el año de 1976 en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero. Proveniente de un entorno de pobreza y marginación, Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente al de las comunidades indígenas.

Su trayectoria profesional comenzó en la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se graduó en Derecho en 1999, y desde entonces ha trabajado para promover la justicia social y defender a aquellos que enfrentan violaciones de sus derechos humanos.

A través de su cuenta de X, quien encabezará la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, compartió una foto en la que destacó que se llevó a cabo la cuarta reunión de trabajo, en el texto destaca que se trata de dar cumplimiento “con el principal mandato surgido del proceso electoral: la reconciliación de la Justicia con el pueblo de México”.

En el mensaje publicado en la cuenta oficial del ministro presidente electo está acompañado por una fotografía en donde se puede ver a a Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quien ha estado al frente del caso desde 2014; en medios de comunicación se ha especulado que cabría la posibilidad de que Rosales podría formar parte de especialistas en derechos humanos que colaboren con la nueva SCJN, aunque esta decisión se podría ver reflejada hasta el próximo 1 de septiembre que entre en funciones.

En el comunicado compartido por Hugo Aguilar menciona que durante su cuarta sesión de trabajo, analizaron proyectos de Acuerdos Generales orientados a cimentar un marco jurídico que favorezca la impartición de justicia pronta, expedita y accesible. Además, discutieron los perfiles más adecuados para integrar el Órgano de Administración Judicial.

En el comunicado se destaca que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte posee la facultad de emitir Acuerdos Generales destinados a optimizar la distribución de los asuntos y, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para agilizar su resolución.

Por tal motivo, las Ministras y Ministros afinan estos instrumentos jurídicos con el propósito de conformar una Suprema Corte eficiente, cercana a la ciudadanía y enfocada en atender a sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los acuerdos en consideración sobresale aquel que regulará la celebración de audiencias públicas, permitiendo la participación de la ciudadanía conocedora de la realidad analizada, especialistas en diversas áreas, organizaciones, pueblos y comunidades que deseen presentar argumentos u opiniones. También se examina un acuerdo orientado a la modernización del manejo y asignación de los asuntos mediante la implementación de un sistema automatizado y aleatorio.

En cuanto a los actos públicos que se desarrollarán el 1 de septiembre, a través del comunicado se informa que determinaron convocar al pueblo de México a presenciar este evento, al que se califica como histórico y en el que la democracia se reconoce como el principio rector de todos los poderes públicos de la nación.

Esta mañana, Pedro Segura Valladares, empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero por el PT y PVEM, recuperó su libertad tras permanecer ocho días en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, también conocido como el penal de Almoloya.

La decisión fue tomada por una juez federal, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró demostrar su supuesta vinculación con el grupo delictivo Guerreros Unidos ni con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Segura Valladares permaneció en prisión solo poco más de una semana, mientras las autoridades evaluaban las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas insuficientes para sostener los cargos en su contra.

Testimonios insuficientes dejan libre a empresario implicado en caso Ayotzinapa

Según el diario Reforma, fuentes cercanas al caso indicaron que la jueza consideró que los testimonios ofrecidos por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) resultaban insuficientes para probar, siquiera de manera indiciaria, el delito imputado.

El fallo constituye el primer revés al nuevo titular de la UEILCA, el fiscal Mauricio Pazarán, funcionario cercano a Omar García Harfuch, desde que asumió el cargo el 15 de julio pasado. La unidad especial de la FGR tiene ahora un plazo de 10 días para presentar un recurso de apelación contra la liberación de Segura, que será resuelto por un tribunal colegiado en la materia.

La acusación presentada por la UEILCA señalaba que Segura Valladares supuestamente era integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y que habría recibido en su hotel a cuatro de los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta hoy desaparecidos.

Estas imputaciones se basaban en las declaraciones de los testigos protegidos “Carla” y “Polo”, así como de Ernesto Pineda Vega, presunto miembro del grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL), quienes lo vincularon con actividades del crimen organizado.

En su declaración del 18 de noviembre de 2024, “Carla” aseguró que el hotel Vida en el Lago funcionaba como bodega de droga de Guerreros Unidos, donde se recibían, almacenaban y distribuían hasta tres toneladas de mariguana quincenalmente.

También mencionó que Segura se reunía con el ex edil José Luis Abarca y con los líderes de la organización, Sidronio Casarrubias Salgado y Gildardo López Astudillo “El Gil”, implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

Por su parte, “Polo” declaró el 30 de enero que algunos miembros de Guerreros Unidos se refugiaron en el rancho de Segura tras la desaparición de los normalistas. Mientras tanto, Pineda Vega aseguró el 22 de julio que el empresario era parte del grupo criminal y estaba involucrado en actividades de narcotráfico y secuestro.

En un hecho relacionado, el 28 de agosto de 2022, Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, falleció en el hotel de Segura, un dato que refuerza la compleja relación del empresario con el caso Ayotzinapa.

Segura Valladares grabó su arresto a través de una trasmisión en su cuenta oficial de Facebook, captando el momento en que descendía de su camioneta y era abordado por agentes federales en la región Norte de Guerrero, con las luces de las patrullas iluminando la escena.

En la grabación se observa a los oficiales solicitándole una identificación y verificando que ninguno de sus acompañantes portara armas. “¿Nos ves cara de delincuentes?”, cuestionó el empresario con evidente molestia, antes de recibir la copia del mandato firmado por la jueza segunda de distrito en procesos penales.

El operativo se realizó cerca de las 19:40 horas y la transmisión, que se extendió poco más de tres minutos, perdió el audio hacia el final, justo cuando los agentes le leían sus derechos. Minutos después, Segura Valladares fue subido a una unidad oficial para su traslado.

El 26 de junio, la Ciudad de México fue escenario de la marcha global por Ayotzinapa. Durante la movilización, familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 reiteraron su demanda para exigir avances en la investigación y adelantaron que sostendrán una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Tras un seguimiento de reuniones con el gobierno federal, el próximo martes se espera que los padres de los normalistas sostengan un cuarta encuentro con la mandataria, así lo compartió Mario González, padre del desaparecido César Manuel, para La Jornada. Durante el encuentro, presentarán sus peticiones relacionadas con el caso y solicitarán avances en las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes.

En punto de las 16:00 horas del sábado, los colectivos se congregaron para participar en la jornada 130 de la “Acción Global por Ayotzinapa y México”. Durante la protesta, exigieron al Estado Mexicano trabajar en favor de la verdad, justicia y sanción para quienes resulten responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas durante la llamada “noche de Iguala”. La marcha partió desde el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Hemiciclo a Juárez.

¿Sheinbaum se reúne con padres de normalistas?

En la entrevista con el medio citado, Mario González subrayó que las autoridades han tomado medidas recientes para avanzar en el esclarecimiento del caso. Entre las acciones más relevantes mencionó que, en junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) con el gobierno de Estados Unidos, lograron la extradición de Édgar Damián Sandoval Albarrán, conocido como “La Rana” o “El Wereke”.

Cabe destacar que este individuo, detenido el pasado 9 de junio de 2025 en territorio estadounidense, es considerado un testigo clave en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. González también evidenció la entrega a México de Ariel Núñez Figueroa, un hombre de 30 años presuntamente vinculado con la desaparición de los estudiantes, en marzo 2025.

También ha señalado la destitución de Rosendo Gómez Piedra, quien estuvo al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala (UEILCA), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras haber dirigido durante más de dos años las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.

Su destitución ocurrió después de que integrantes de la unidad y familiares de los normalistas realizaron señalamientos públicos sobre su desempeño. Las principales acusaciones apuntaron a corrupción, abuso de autoridad, ausencia de resultados en la investigación y pérdida de confianza.

Ante ello, los colectivos de familiares solicitaron que se amplíen las investigaciones existentes y exigieron al Ejército la entrega de los 800 folios con información relevante sobre el caso, así como el análisis de llamadas telefónicas. Señaló que durante el encuentro con la mandataria insistirán en su petición para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retome su labor en el caso.

Una cadena de muertes violentas ocurridas el pasado fin de semana ha encendido las alarmas sobre una posible purga silenciosa relacionada con los casos criminales más emblemáticos del país. Así lo revela el periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada este martes, titulada Muertes ligadas a los grandes casos de México.

En la madrugada del sábado 14 de junio, tres hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, ubicado en Jilotepec, Estado de México. Según la declaración de su esposa, los atacantes afirmaron ser “personal de la fiscalía” y le ordenaron que saliera del lugar. Al regresar, halló el cuerpo de Reyes Landa con múltiples heridas de bala y casquillos regados a su alrededor.

Reyes Landa fue uno de los primeros detenidos por el caso Ayotzinapa en octubre de 2014. De acuerdo con las declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos, esa noche se había reunido en su domicilio de Cocula con otros miembros del grupo para coordinar la recolección de los “paquetes”: los 43 estudiantes desaparecidos. Se le acusó de asesinar con disparos en la cabeza al menos a tres normalistas en el basurero de Cocula.

Su testimonio fue clave para que el entonces procurador Jesús Murillo Karam construyera la llamada verdad histórica, la cual afirmaba que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, y que sus restos fueron dispersados en el río San Juan.

Además de ser pieza central en el caso Iguala, El Pato fue señalado como el encargado de recolectar el dinero que el alcalde de Cocula, César Peñaloza, entregaba a Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, uno de los jefes del grupo criminal.

No obstante, en 2018 un juez determinó que su confesión fue obtenida bajo tortura, lo que invalidó su testimonio y permitió su liberación. Aunque fue reaprehendido en 2019 por portación ilegal de armas, volvió a ser liberado en 2021.

El asesinato de Reyes Landa ocurrió pocas semanas después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal reafirmara que, pese a los años transcurridos, no se ha acreditado otra versión más sólida que la de la “verdad histórica”.

Pero la espiral de violencia no se detuvo ahí. Apenas un día después, fue hallado sin vida el juez federal Everardo Maya Arias en Zinacantepec, también en el Estado de México. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta, con una herida de bala en la cabeza y una pistola colocada entre las piernas. Las autoridades investigan si se trató de un suicidio o un asesinato.

Maya Arias había sido señalado por el propio Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó en una conferencia mañanera de haber favorecido a delincuentes. En julio de 2024, el juez concedió un amparo al exalcalde José Luis Abarca, también implicado en la desaparición de los 43 estudiantes. Además, en 2022, otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, contra una orden de aprehensión federal.

De acuerdo con De Mauleón, Maya Arias formaba parte del grupo de jueces a los que el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, presionó para que resolvieran casos con impacto político.

Como si fuera poco, el mismo domingo ocurrió una tercera muerte: Lázaro Gambino Espinoza, concuño de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue asesinado en una colonia de Zapopan, Jalisco. Abogado de formación, Gambino fue exdirector jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en 2021, asumió la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Hace unos meses, su nombre apareció en volantes arrojados desde una avioneta sobre Culiacán, donde fue acusado públicamente de tener nexos con Los Chapos, en medio de una lucha interna dentro del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya se deslindó: “No lo conozco, pero el que debe tener algo de información es el secretario de Gobierno”.

Tres muertes, tres escenarios, una coincidencia que inquieta. Los asesinatos de Reyes Landa, Maya Arias y Gambino Espinoza evidencian lo que De Mauleón califica como una “red de podredumbre”, donde nombres, crímenes y silencios se entrelazan bajo la superficie de la justicia mexicana.

Estos hechos, aparentemente desconectados, están unidos por un hilo común: su relación con los grandes casos criminales y de corrupción que han marcado a México en la última década.

En el Estado de México fue hallado el cuerpo de un hombre identificado como Patricio Reyes Landa, un hombre apodado El Pato y quien en su momento fue identificado como un presunto operador criminal y quien fue ligado con el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Fue el reportero Mario Rodríguez el que informó el 15 de junio, en el medio Milenio, que el cuerpo de Patricio Reyes fue hallado en un inmueble ubicado en el municipio de Jilotepec. Al sitio llegaron tres sujetos con el rostro cubierto y obligaron a salir a las personas que se encontraban para quedarse únicamente con El Pato.

Posteriormente, el cuerpo de dicho sujeto fue hallado con signos de arma de fuego. Los hechos violentos ya son investigados por las autoridades y hasta el momento no han sido informadas detenciones ligadas al caso.

“El Pato” y el caso Ayotzinapa

Patricio Reyes Landa fue detenido a finales de octubre de 2014. Su testimonio sobre la desaparición de los estudiantes fue importante para la creación de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.

El Pato fue presentado por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, en el 2018 Reyes Landa fue liberado luego de que un juez determinó que las declaraciones que lo ligaban con el secuestro de los normalistas (delincuencia organizada y secuestro) fueron obtenidas mediante tortura.

Para septiembre de 2021 El Pato fue detenido en Jilotepec, Edomex. La detención de dicho sujeto fue conformada por Vidulfo Rosales Sierra, abogado y vocero de los padres y madres de los normalistas, y quien detalló desconocer si su recaptura estaba relacionada con el caso de los estudiantes.

Por su parte, el proyecto dirigido por la periodista Marcel Turati, A dónde van los desaparecidos documentó en un artículo de octubre de 2024 que hubo otras personas torturadas por elementos de seguridad y ligadas con la desaparición de los estudiantes.

“Los hermanos Ríos Sánchez fueron los primeros detenidos por la Semar, que esas primeras semanas se dedicó a capturar personas. En las mismas instalaciones navales serían después torturados Patricio Reyes Landa, el Pato, y Agustín García Reyes, el Chereje, dos de las personas que fueron inculpadas para sustentar la llamada ´verdad histórica´“.

Por su parte, el pasado 4 de junio fue informada la captura de Juan Miguel “N”, un hombre apodado Pajarraco, y quien podría ser integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, además de que podría estar ligado con el caso de los estudiantes.

Elementos de seguridad federal detuvieron a Juan Miguel “N”, alias ‘El pajarraco’, identificado como miembro del grupo criminal de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

La acción se realizó en la colonia Centro del municipio de Almoloya en el estado de Hidalgo, en el que Juan Miguel “N”, de 37 años de edad, fue localizado y capturado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Se trata de la segunda ocasión en la que El Pajarraco es detenido por lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La primera captura de Juan Miguel “N” se llevó a cabo en agosto de 2018 por la Policía Federal de Investigación en Piedras Negras, Coahuila, acusado de delincuencia organizada y secuestro, pero dos semanas después fue liberado.

¿Quién es El Pajarraco?

Luego de ser detenido por primera ocasión en 2018, Juan Miguel “N” tuvo una entrevista con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acerca de lo sucedido en Iguala.

De acuerdo con documentos obtenidos por Milenio, El Pajarraco le dijo al personal de la Comisión que deseaba contarle a los padres de los estudiantes que “ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”.

Infobae México pudo corroborar en un documento de la CNDH que El Pajarraco proporcionó su versión de los hechos a visitadores de la Comisión en la que relató los presuntos hechos realizados en el basurero de Colula.

En dicho informe, la CNDH detalla que el relato de los hechos por Juan Miguel “N” “coincide con la de los coinculpados que participaron en los sucesos de traslado de los normalistas y en los Vertedero de Colula”.

Cabe señalar que esta declaración también formó parte de la llamada “Verdad Histórica” por parte de la entonces Procuraduría General de la República, en la que se informó que los 43 estudiantes habían sido incinerados y arrojados al Río San Juan de Cocula.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) emitió un informe en 2014 en el que aseguró que la versión oficial se construyó en declaraciones auto incriminatorias de personas detenidas que pertenecían a Guerreros Unidos, en la que más de 30 de ellas habían sufrido abusos como “golpes, patadas o toques eléctricos”.

Esta versión fue modificada durante las investigaciones realizadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se informó que los 43 estudiantes fueron desaparecidos por criminales de Guerreros Unidos al haber secuestrado autobuses en los que el grupo criminal transportaban heroína.

Sin embargo, a 11 años de los hechos, aún no se sabe el paradero de los normalistas de Ayotzinapa a pesar de la investigación realizada en el sexenio anterior.