La Sala Constitucional de Costa Rica dictó un fallo que obliga a cinco instituciones del Estado a ejecutar acciones inmediatas frente a la minería ilegal en Crucitas, en el distrito de Cutris de San Carlos, tras identificar omisiones sistemáticas en la protección de derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua potable y la preservación del ambiente.

La medida, adoptada mediante la sentencia 2026-10560, surgió al acoger parcialmente un recurso de amparo que denunció la inacción de ministerios y entes públicos ante una crisis ambiental que, según el tribunal, ha producido daños difíciles de revertir y expone la soberanía nacional.

El Estado y el AyA, condenados al pago de costas y daños por omisiones ante contaminación y minería ilegal

El fallo de la Sala Constitucional incluye una condena económica contra el Estado y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), quienes deberán responder por costas, daños y perjuicios en la vía contencioso-administrativa.

Además, cualquier autoridad que desacate lo ordenado enfrentará sanciones penales, con penas de tres meses a dos años de prisión o multas equivalentes a entre 20 y 60 días, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

La sentencia se fundamentó en pruebas presentadas en el expediente 25-026634-0007-CO, en donde las personas denunciantes señalaron reiteradas omisiones de las autoridades que han favorecido la proliferación de actividades mineras ilegales, mayoritariamente perpetradas por extranjeros en situación migratoria irregular.

Esta práctica provocó contaminación con mercurio y arsénico en fuentes hídricas, daños a la biodiversidad y riesgos a la salud pública, según el recurso acogido por la Sala Constitucional.

Diversas comunidades como Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro resultaron afectadas por la contaminación y la falta de acceso seguro al agua. La Corte sostiene que los daños ambientales son “irreparables o de muy difícil restauración”, como consta en el fallo.

Mandato directo a ministerios y jefes institucionales para medidas urgentes y coordinadas

El Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Mario Zamora, deberá mantener de forma indefinida la presencia policial en Crucitas, reforzar el control migratorio en los pasos fronterizos, garantizar recursos humanos y presupuestarios suficientes, y asegurar la coordinación interinstitucional para frenar la minería ilegal, según el dictamen de la Sala Constitucional.

El AyA, presidido por Lourdes Sáurez, tiene la obligación de continuar suministrando agua potable en las comunidades afectadas mientras persista el riesgo, y de concretar en un plazo máximo de 18 meses el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las localidades mencionadas. El tribunal también requiere al AyA mantener la cooperación interinstitucional para mitigar la contaminación.

Al Ministerio de Salud, se le impuso mantener acciones de control y seguimiento de los efectos en salud derivados de la minería y participar activamente en la Comisión Interinstitucional que atiende las necesidades sociales, sanitarias, ambientales y de seguridad en Crucitas.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), dirigido por Franz Tattenbach, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, deben entregar en un plazo de tres meses a la Sala Constitucional un plan de acción detallado, con cronogramas y medidas concretas que incluyan a todas las entidades integrantes de la comisión. El plan debe contemplar las tareas de restauración, saneamiento y mitigación, y asegurar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios en un margen de 12 meses desde la notificación formal de la sentencia.

La Sala Constitucional confirmó que la redacción íntegra de la sentencia se encuentra en proceso. Una vez finalizada, será publicada oficialmente en el sistema del Poder Judicial.

La eliminación de la plaza que ocupaba el diputado Óscar Izquierdo en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha provocado un intenso debate político e institucional en Costa Rica. Desde la administración del AyA se sostiene que la posición, creada en 2010 como director experto de Cooperación y Asuntos Internacionales, carecía de justificativos técnicos y respondía a intereses políticos. La situación se complica con las acusaciones de persecución política lanzadas por el propio Izquierdo y la intervención directa del presidente Rodrigo Chaves, quien respaldó la eliminación del cargo y cuestionó la legalidad del nombramiento.

Uno de los elementos que más ha tensionado el entorno es la denuncia de Izquierdo sobre la forma en que se comunicó la decisión. El diputado sostiene que conoció la noticia a través de los medios de comunicación, y no por medios institucionales, y anunció que buscará “las instancias legales para que este atropello no quede impune”. Esta declaración contrasta con la versión de AyA, según la cual se le envió múltiples notificaciones y convocatorias desde diciembre del año anterior sin obtener respuesta por parte del funcionario.

En sus declaraciones para la prensa, la Presidenta Ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, detalló que la plaza de Izquierdo se creó en octubre de 2010 mediante la transformación de un puesto de capital humano, sin sustento en estudios o procedimientos habituales. “No hemos encontrado concursos, ni ternas, ni pruebas”, afirmó Sáurez, agregando que faltaron evaluaciones técnicas, psicológicas y requisitos de admisión para el cargo, que entonces fue asignado a Izquierdo.

Desde el gobierno, el presidente Rodrigo Chaves criticó a Izquierdo con dureza y negó que existiesen motivos políticos tras la eliminación del puesto: “Vea Óscar, deje hablar de democracia, deje de hablar de persecución política... Usted chupó de una glándula mamaria que le cuesta al pueblo de Costa Rica alimentar desde el año 2010 en un puesto fingido botella para usted”, expresó el mandatario. Chaves subrayó que “nosotros no lo echamos a usted, el AyA no lo echó a usted; fue corregir el abuso” y señaló a Ricardo Sancho, Óscar Núñez, Óscar Arias y Laura Chinchilla como responsables de la creación y asignación del puesto.

El gerente general del AyA, Darío Guzmán, aportó un argumento técnico al explicar que la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales no se ajusta al decreto que regula los enlaces internacionales de las instituciones públicas, motivo por el cual se procedió a eliminar la plaza: “Se suprime dicha plaza y el señor Izquierdo, quien ocupaba esa plaza, queda despedido”.

Izquierdo, miembro destacado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de fracción saliente, ocupaba el cargo en AyA desde hace 14 años. Al ser electo diputado solicitó un permiso sin goce de salario, dejando el puesto reservado durante su función legislativa. Los permisos de este tipo permiten a funcionarios asumir cargos públicos y, tras su gestión, reintegrarse a la institución de origen.

Por su parte, Sáurez aclaró que la esposa de Izquierdo también trabaja en el AyA, pero aseguró que ella mantendrá su puesto, ya que obtuvo el cargo a través de un concurso de méritos, proceso que, planteó la jerarca, difiere de la situación de Izquierdo.

Pese al despido, el propio Izquierdo no quedará fuera de la vida política: el diputado electo Álvaro Ramírez, próximo jefe de fracción del PLN, le ofreció el puesto de jefe de asesores a partir del 8 de mayo.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció el despido de Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa, y hasta ese momento director de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA.

La resolución fue notificada al legislador mientras el plenario sesionaba, según relató el propio Izquierdo en una intervención pública, tras haber recibido primero la noticia a través del medio Trivisión.

La medida, tomada el 10 de febrero, surge en el marco de una reorganización administrativa interna, de acuerdo con el oficio n.º GG2025-03165 emitido por la Gerencia General del AyA.

El documento detalla que la plaza ocupada por Izquierdo será suprimida puesto que “la institución no cuenta con plazas vacantes que se ajusten a su perfil profesional, ni existe posibilidad de reubicación en otra dependencia sin afectar la continuidad y adecuada prestación de los servicios institucionales”, según lo publicado por Trivisión. Además, la gerencia señaló que el cargo será excluido de la estructura organizacional tanto del AyA como de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Izquierdo, quien había gozado de un permiso sin goce salarial para ejercer como diputado durante cuatro años, denunció en el plenario que la decisión constituye “la persecución política más atroz” que ha visto. “Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto desde que tengo memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos”, afirmó Izquierdo ante la Asamblea.

La reacción legislativa fue inmediata. Representantes del PLN, como Luis Fernando Mendoza y Kattia Rivera, manifestaron su respaldo a Izquierdo. Mendoza expresó: “¿Quieren pleito?, lo van a tener”, mientras que Rivera calificó la situación como “vergonzosa” y una muestra de “persecución política que solo se vive en las dictaduras”. La diputada Alejandra Larios también subrayó su solidaridad, señalando la ausencia de motivos jurídicos en la notificación recibida.

El Frente Amplio se sumó al rechazo. Su portavoz Ariel Robles instó a sus colegas a confrontar los “abusos” del Ejecutivo y defender a quienes piensan de manera diferente. Por su parte, Jonathan Acuña, también de esa bancada, advirtió: “Primero vienen por unos y después por ustedes, porque eso es lo que hacen los dictadorcillos”.

La propia Izquierdo relató que los rumores y presiones sobre una eventual eliminación de su cargo comenzaron en septiembre, previo a la votación que buscaba levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en el caso “BCIE-Cariñitos”. En ese momento, el diputado votó a favor de retirar el fuero al mandatario y expresó: “Con o sin reestructuración, mi voto es por convicción conforme a derecho. A mí no me van a doblegar jamás”.

Posteriormente, el presidente Rodrigo Chaves, mencionó públicamente el paso de Izquierdo por el AyA y la eliminación de oficinas dentro de la institución, lo que el legislador interpretó como una señal directa sobre la intención de remover su puesto.

Al conocer la decisión primero por la prensa y luego mediante un correo oficial, Izquierdo remarcó: “No había un solo criterio técnico y fue en contra del criterio jurídico. Hoy sin ninguna razón, me entero por los medios de comunicación y luego por un correo, que he sido destituido del AyA”.

La controversia escaló durante la sesión legislativa del martes, cuando, Dinorah Barquero del PLN, convocó a la presidenta electa, Laura Fernández, a “defender la democracia”.

Ante la polémica, el AyA se limitó a argumentar la supresión de la plaza por razones de reorganización administrativa parcial, sin aludir en sus comunicaciones oficiales a las acusaciones de persecución política.

Izquierdo no ha descartado tomar acciones legales, mientras el tema continúa generando repercusiones en el escenario político costarricense.