Un juez federal dictó 20 años de prisión contra Ignacio Rentería Andrade, identificado como “El Cenizo” y considerado como un exlíder importante de Los Caballeros Templarios para permitir temas de narcotráfico, delitos contra la salud y operación de plaza criminal en Michoacán. La sentencia fue emitida este 28 de noviembre por el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Uruapan.

La resolución judicial confirma una demanda que se prolongó por más de ocho años ―desde la aprehensión de “El Cenizo” en junio de 2017 en Morelia― luego de un operativo interinstitucional. En ese momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de diez millones de pesos por datos que favorecieran su captura.

Tras su detención, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 14 (CPS-Durango), donde permaneció hasta la conclusión del proceso.

Delitos acreditados por la justicia: narcotráfico y control de plaza

La acusación que derivó en su condena se centró en delitos federales: delincuencia organizada en su modalidad de contra la salud. Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), “El Cenizo” operaba en Uruapan como jefe de plaza; en específico, con control sobre rutas de droga y habría participado en secuestros y otras actividades criminales vinculadas al tráfico de narcóticos.

Autoridades señalaron que, tras la captura de otros mandos históricos del cártel, “El Cenizo” intentó reorganizar las operaciones delictivas en la región, puesto que logró retomar otras zonas claves de producción y distribución de drogas.

De “Los Más Buscados” por la seguridad y justicia mexicanas

Desde su detención, “El Cenizo” fue considerado un objetivo prioritario en las estrategias federales y estatales de seguridad. Su nombre figuraba en la lista de buscados, y su captura fue celebrada por autoridades como un golpe a la estructura del crimen organizado en Tierra Caliente.

Ahora, con la condena, las autoridades federales esperan que su encarcelamiento contribuya a reducir la violencia asociada con esa organización en Michoacán, aunque reconocen que la desarticulación de redes requiere trabajos de inteligencia y vigilancia sostenida.

La historia criminal: de “Templarios” a un repliegue del narco en Michoacpan

“El Cenizo” formó parte de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, originalmente surgida como escisión del famoso grupo conocido como La Familia Michoacana. Tras la muerte y detención de sus principales líderes, él intentó reagrupar células criminales, especialmente en Uruapan y Apatzingán, lo que le otorgó notoriedad.

Su detención en 2017, tras un enfrentamiento con fuerzas federales, comenzó el proceso que culminó ahora con su condena. A pesar de ello, analistas y expertos en seguridad advierten que la fragmentación de ese grupo no garantiza el fin de la violencia, ya que existen remanentes activos y riesgos de reconfiguración en el narcotráfico local.

Michoacán ha funcionado, desde 2006, como el “laboratorio” donde el Estado mexicano ha ensayado sus principales estrategias de seguridad: operaciones militares masivas, despliegues federales sostenidos, esquemas de coordinación territorial, programas sociales y, más recientemente, inversiones multimillonarias orientadas al desarrollo.

Cuatro gobiernos federales —Felipe Calderón Hijonosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo— han vuelto una y otra vez al mismo diagnóstico: el crimen organizado domina regiones enteras y la única respuesta inmediata es, aparentemente, el envío de tropas militares.

19 años después, las cifras muestran una constante, pero también los límites de esta fórmula.

El primer parteaguas: el “Operativo Conjunto Michoacán”

El 11 de diciembre de 2006, a solo días de iniciar su sexenio, Felipe Calderón lanzó el “Operativo Conjunto Michoacán”, considerado el primer gran movimiento de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Los números oficiales hablan de 4 mil 260 soldados y mil 54 marinos, más de mil 600 policías federales, aunque diversas fuentes periodísticas y académicas estiman el despliegue inicial en torno a 6 mil 500 a 7 mil elementos en las primeras semanas.

Para miles de familias, la llegada de convoyes militares, retenes en carreteras y cateos marcó el inicio de una nueva etapa. Habitantes de Tierra Caliente narraban que, por primera vez en años, helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron de forma permanente sus comunidades. Sin embargo, la violencia no disminuyó: entre 2007 y 2011, Michoacán registró alzas históricas de homicidios.

En concreto, se pasó de 717 asesinatos en 2006 a más de 2 mil en 2011, según cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“El miedo venía de todos lados: de los que estaban y de los que llegaron”, recordó un comerciante de Apatzingán en entrevistas realizadas en ese entonces. La militarización había comenzado, pero la paz seguía lejos de alcanzarse.

Peña Nieto: autodefensas, Gendarmería y una crisis que estalló desde abajo

Cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder en 2012, Michoacán ya era un polvorín. En 2013 surgieron las autodefensas, una respuesta comunitaria ante la expansión de Los Caballeros Templarios.

El gobierno federal tuvo que desplegar miles de soldados, marinos y policías federales nuevamente para intentar contener tanto a los grupos criminales como a los civiles armados.

La administración creó la Gendarmería Nacional, la cual estableció operaciones en 19 municipios considerados “foco rojo”. Aunque no existe una cifra única y homologada del despliegue específico en Michoacán, documentos de seguridad y reportes periodísticos en el sexenio del priista hablan de entre 4 mil y 6 mil efectivos federales activos en la entidad en los momentos más críticos del conflicto autodefensa-Tierra Caliente.

Pese al esfuerzo, la violencia volvió a repuntar. En 2014, el estado superó los mil 600 homicidios, y municipios como Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec vivieron enfrentamientos abiertos, desplazamientos forzados y episodios documentados de abusos contra la población.

AMLO y la Guardia Nacional: una nueva institución, pero el mismo patrón operativo

Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno con la promesa de “abrazos, no balazos”, pero la realidad operativa fue distinta. La creación de la Guardia Nacional en 2019 consolidó un nuevo cuerpo federal con fuerte mando militar.

A nivel nacional, la GN arrancó con más de 35 mil elementos desplegados, al tiempo que Michoacán se reportaban 3 mil 638 integrantes ese mismo año, cifra que aumentaría con el paso del sexenio.

Hubo operativos puntuales —como los despliegues especiales en Aguililla entre 2020 y 2022— y refuerzos para recuperar territorios controlados por Cárteles Unidos y células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, los homicidios dolosos se mantuvieron altos: entre 2019 y 2022, el estado registró más de 2 mil asesinatos anuales, convirtiéndolo en uno de los más violentos del país.

La Guardia Nacional, según habitantes de zonas rurales, mejoró la presencia institucional, pero no siempre la seguridad cotidiana. “Están aquí, pero los grupos también”, decía un líder comunitario en Tepalcatepec durante 2021, en medio de bloqueos y ofensivas criminales en la zona limítrofe con Jalisco.

Claudia Sheinbaum: desarrollo, inversión y un nuevo megadespliegue federal a prueba

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, su primera gran intervención de seguridad en un estado marcado históricamente por la violencia y cimbrado nuevamente por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan.

El plan combina un componente social ambicioso —inversión pública y privada superior a 57 mil millones de pesos— con un despliegue operativo masivo: más de 10 mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de mil 700 marinos en la costa, según la propuesta.

Sobre esa línea, se activó también el Plan de Operaciones Paricutín, diseñado para cerrar rutas estratégicas, vigilar puertos, reforzar la frontera con Jalisco y aislar a grupos criminales como el CJNG y Cárteles Unidos.

Aunque el gobierno sostiene que esta vez la estrategia es integral, organizaciones civiles señalan un riesgo evidente: repetir la lógica del pasado sin resolver la debilidad policial local, la falta de controles internos y el rezago institucional que permite la captura territorial del estado.

Michoacán, la “prueba de fuego” que continúa en 2025

El reto para el Estado mexicano es romper el ciclo. Los habitantes y las autoridades estatales o municipales de Michoacán lo resumen de forma sencilla: “No importa cuántos soldados manden, lo que queremos es vivir sin miedo”. La pregunta es si, esta vez, el Gobierno de México será capaz de transformar los despliegues en paz duradera y no en otra pausa temporal en una violencia que regresa cada sexenio.

Una célula delictiva integrada por presuntos exmiembros de autodefensas de Michoacán fue detenida en Playa del Carmen, Quintana Roo, el pasado 27 de octubre de 2025, en un operativo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales. El grupo, conformado por seis personas ―entre ellas una mujer, pretendía apoderarse del control de la venta de drogas en zonas turísticas de la Riviera Maya, según confirmaron fuentes ministeriales.

Los detenidos fueron localizados en el fraccionamiento Paseos de Xcacel, al poniente de la ciudad, mientras manipulaban sustancias con características narcóticas. En el lugar se les aseguró un arsenal de armas largas de uso exclusivo del Ejército, municiones, equipo táctico y diversos narcóticos. La zona donde operaban es habitada principalmente por trabajadores hoteleros que laboran en centros de hospedaje y parques ecoturísticos.

Entre los capturados se encuentran Gerardo "N“, ”El Gerry”, quien en 2013 fungió como escolta de un líder de autodefensas en Michoacán; Lorenzo "N“, exguardaespaldas de otro mando civil armado; y Pantaleón “N”, quien habría pertenecido a un grupo de autodefensas en Colima. También se identificó a Víctor "N“, “Diablo”, originario de Monterrey, como coordinador de distribución de estupefacientes.

Las versiones de la Vicefiscalía de Quintana Roo

De acuerdo con la vicefiscal Aroshy de los Ángeles Lugo Arana, los detenidos fueron capacitados en el uso de armamento tras ingresar a la región vía aérea por Cancún y Tulum, y tenían como objetivo “limpiar la plaza” de grupos rivales para establecer su dominio en el narcomenudeo local. Ya fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial.

Este caso se suma a otro ocurrido el 13 de agosto, cuando un grupo de sujetos provenientes de Michoacán, Jalisco y el Estado de México fue detenido en Villas del Sol, también en Playa del Carmen, con un importante arsenal.

Según el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, uno de los detenidos reveló haber recibido adiestramiento en la sierra de Jalisco junto con más de 100 personas. En ese mismo entrenamiento, cuatro individuos fueron asesinados y sus restos cocinados para alimentar al resto del grupo, en un acto de canibalismo, según la narrativa ministerial.

Las investigaciones apuntan a que estas células, originalmente surgidas como autodefensas en Michoacán en 2013, han evolucionado hacia estructuras criminales que ahora se integran a alianzas como Cárteles Unidos, enfrentadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su presencia en destinos turísticos como Playa del Carmen responde a la alta rentabilidad del narcomenudeo en zonas con fuerte afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar si existen cómplices o redes de apoyo en la región. El caso ha encendido alertas sobre la penetración de grupos armados provenientes del centro del país en el Caribe mexicano, donde el crecimiento urbano y la actividad turística han generado condiciones propicias para la expansión del crimen organizado.

Este fenómeno revela una mutación preocupante: exautodefensas convertidos en operadores del narcotráfico, que ahora buscan controlar plazas estratégicas fuera de sus estados de origen. La Fiscalía de Quintana Roo ha reiterado que mantendrá los operativos en coordinación con fuerzas federales para contener esta amenaza emergente.

Desde que asumió la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro ha indicado que uno de sus objetivos es lograr acuerdos de paz con las estructuras criminales del país.

Bajo ese propósito, el 10 de septiembre se conoció que el reconocimiento del Clan del Golfo como un Grupo Armado Organizado (Gaor), además de su reconocimiento como Ejército Gaitanista de Colombia.

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Con esta decisión, el grupo armado tendrá una denominación oficial, y aunque no deriva en la legitimidad de sus acciones, sí abre la puerta para un hipotético diálogo de paz con el Estado.

En una de las repercusiones más llamativas al respecto, María Gaitán Valencia, nieta de Jorge Eliécer Gaitán, renunció a la delegación de paz tras manifestar su desacuerdo con el reconocimiento del nombre ‘Ejército Gaitanista’.

Historia del Clan del Golfo

En 2004 se registró la firma del Acuerdo de ¨Paz entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia, que se consolidó un año después con la entrega de armas y desmovilización de miles de integrantes de este grupo armado.

Sin embargo, también provocó que se crearan nuevas estructuras criminales como Los Urabeños, el Clan Úsuga o las Águilas Negras; algunas de estas se unieron con el paso de los meses para conformar lo que se conoce como el Clan del Golfo.

Entre los paramilitares que siguieron delinquiendo estaban los vinculados al bloque Elmer Cárdenas y el bloque bananero, que comenzaron a seguir las órdenes de los hermanos Juan de Dios Úsuga y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, que se consolidaron territorialmente en el Urabá antioqueño.

El Clan del Golfo se dedicó al tráfico de cocaína, extorsión, minería ilegal y control de rutas estratégicas para el narcotráfico. Su capacidad armada, organización y conexiones internacionales le permitieron disputar territorios con otras organizaciones criminales y grupos armados, incluyendo restos de guerrillas y bandas criminales surgidas tras la desmovilización paramilitar.

La presencia del Clan del Golfo se extiende más allá del Urabá (Antioquia, Chocó y Córdoba), en la actualidad hay bloques de este grupo armado en el norte y occidente de Antioquia, el sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, el Magdalena Medio, la costa Atlántica y han intentado expandirse hacia zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta.

A nivel internacional, ha sido mencionado últimamente por el poder que tiene en el sector del Darién, frontera terrestre entre Colombia y Panamá, en donde hacen cobros extorsivos a los migrantes que buscan llegar a Centroamérica.

Su impacto en Colombia se refleja en altos niveles de violencia, confrontaciones con la fuerza pública, desplazamiento de comunidades y el fortalecimiento de economías ilícitas.

El Clan del Golfo también ha tenido repercusión internacional debido a su rol en las cadenas de narcotráfico globales y por figurar entre las organizaciones criminales prioritarias para agencias de seguridad de la región.

Por ejemplo, el nombre de la estructura criminal aparece en algunos de los informes en los que se menciona la participación de la dictadura venezolana en el envío de drogas a Norteamérica y Europa.

Desde que se registró la captura y posterior extradición de “Otoniel”, el Clan del Golfo tiene varios cabecillas, siendo Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo el más buscado por las autoridades.

Desde que Ávila está en el poder, el Clan del Golfo se ha vinculado con estructuras criminales como el cartel de Sinaloa, la mafia italiana y otras organizaciones delictivas en los Balcanes, aumentando la cantidad de droga que mueven en la actualidad.

En estos momentos, representantes del Gobierno nacional adelantan diálogos con el ‘Ejército Gaitanista’ en Catar, con el objetivo de llegar a un acuerdo para que se consolide una mesa de negociación de paz en el corto plazo.

El 31 de mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, lo que ha hecho que una gran cantidad de precandidatos comiencen a hacer campaña para ser elegidos por la ciudadanía.

Uno de los casos de figuras que se han vuelto relevantes por su discurso es el de Santiago Botero, un empresario que ha centrado su discurso en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

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Botero se ha vuelto viral en repetidas ocasiones por indicar que en su hipotético gobierno le dará “balín” a todos los criminales.

Además, tras una entrevista con el medio Desigual, volvió a ser tendencia, pero esta vez por afirmar que se siente orgulloso de ser comparado con Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la entrevista, Botero mencionó que lo hace feliz ser comparado con el jefe paramilitar porque este fundó a las autodefensas, que combatieron a la guerrilla durante varios años.

“Que detallazo huevón. La gente me habla de Carlos Castaño. Si usted me dice que soy Carlos Castaño, yo me pongo orgulloso y le voy a decir por qué. Carlos Castaño monta algo que se llaman las autodefensas, que es diferente a los paramilitares que tienen que ver con narcotráfico. Las autodefensas se montan porque a él y su hermano les matan a su padre".

Botero recordó que los hermanos Castaño también fueron parte de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), que fue conformada por criminales que eran enemigos del capo del cartel de Medellín.

“Ellos montan las autodefensas porque el Estado no los puede defender de la guerrilla. Este señor, cuando pasa el tema de Pablo Escobar, se volvió aliado del gobierno y gracias a Los Pepes es que matan a Pablo Escobar“.

Dejando de lado los crímenes de lesa humanidad que cometió Carlos Castaño, el precandidato lo comparó con Gustavo Petro y hasta afirmó que el fundador de las AUC habría derrotado electoralmente al hoy presidente.

“Cuando a mí me hablan de Carlos Castaño, siento que hablamos de alguien que podría ser candidato presidencial. Hoy tenemos a un presidente que fue guerrillero. Carlos Castaño le habría ganado las elecciones a Gustavo Petro, de lejos”.

Por último, Botero defendió a Castaño al indicar que había sido traicionado por su hermano Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y los demás cabecillas de las AUC que años más tarde firmaron la paz con el Estado colombiano.

“Matan a Carlos Castaño porque no estaba de acuerdo con el narcotráfico, Vicente, de la mano con el que llegó de Estados Unidos, mataron a Carlos Casto. Cuando usted me habla de Carlos Castaño, habla de alguien que le dio esperanza a Colombia, porque los guerrilleros estaban acabando con este país, dio esperanza cuando mataron a Pablo Escobar. Yo cuando digo que lo admiro, es esa parte", puntualizó.

En los comentarios de la publicación, los usuarios trataron de irresponsable a Botero, recordándole que Castaño y las AUC fueron responsables asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos de comunidades.

De la misma forma, que Castaño habría sido quien ordenó el asesinato de Jaime Garzón en 1999 y avaló la ejecución de población civil en las masacres como las de El Aro, Mapiripán y La Gabarra; además, se afirma que también ordenó el asesinato de su hermano mayor Fidel Castaño.

“Perdió los pocos votos que tenía”, “Eso pasa cuando se sabe la historia contada por una serie y no la de verdad” o “Increíble que en pleno 2025 exista alguien que hable con orgullo sobre Carlos Castaño”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Hablar en Colombia de la familia Castaño Gil es recordar Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado paramilitar que provocó la muerte de más de 90.000 muertes.

La historia de estos tres individuos fue llevada a la televisión nacional con una producción llamada Tres Caínes, que hacía alusión a la forma con la que se afirma que estos se traicionaron por el poder de las AUC.

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Sin embargo, la familia Castaño Gil no solo estaba integrada por ellos tres, puesto que en total eran 14 hermanos, de los cuales solo sobreviven dos hombres y tres mujeres.

Uno de ellos es Manuel Castaño Gil, que era llamado por sus hermanos “Manuelito”, el tercero en nacer y uno de los pocos que no estuvo vinculado a los negocios ilícitos de su hermano mayor, Fidel Castaño.

En diálogo con el periodista Antonio Sánchez, “Manuelito” recordó cómo se hizo millonario su hermano mayor, el secuestro y muerte de su padre, y el final trágico de su familia.

En primer lugar, afirmó que Fidel trabajo durante varios años distribuyendo piedras preciosas de minas, lo que le permitió amasar una fortuna.

“Me decía «Manuelito» venga trabaja conmigo. Era amigo de Víctor Carranza, llevaba las esmeraldas de Cundinamarca, no bastante, pero si iban llevando, surtía muchas joyerías de Europa, a los árabes, a todos esos, pero yo no quería ser rico".

Manuel Castaño recordó que su familia cambió por completo tras el secuestro y asesinato de su padre, “don Jesús”, al que la guerrilla asesinó después de cobrar una suma alta de dinero por su rescate.

“El día que yo consiga esa plata guerreo con ustedes”, fue el mensaje de Fidel Castaño a los líderes del grupo armado que lo llamaron para negociar un segundo pago del rescate.

Al hablar de la muerte de sus hermanos, afirmó que del asesinato de Fidel Castaño existen tres teorías, pero no puede confirmar ninguna de ellas.

“No se sabe quién, dicen que el negrito Saley, al que me tocó recibir, otros dicen que fue Carlos porque le tenía venganza por haberle matado a una muchacha; otros dicen que fue Pablo, alguna puede ser verídica”.

Sobre ese hecho, recordó que Carlos y Vicente intentaron ocultar la noticia, pero su madre los obligó a confesar que el mayor de los Castaño Gil estaba muerto.

“Mandaron a llamar a Carlos y Vicente, dijeron que no decir nada, ellos permanecieron callados, pero mi mamá sí les decía que eso no era así y que la intuición de madre no era así. Ahí les toco sacarlo y entregaron los restos”.

En segundo lugar, profundizó en la muerte de Carlos Castaño, admitiendo que es cierta la versión de que buscaba entregarse a las autoridades en Estados Unidos.

“Los médicos le decían que en Estados Unidos le podían ayudar. Se iba a ir para Estados Unidos y creo que iba a aventar a esa gente. Un día me preguntó qué hacía, y yo le dije que se saliera de eso, pero que fuera fiel y leal, que muriera en la raya sin ser voltea arepas. A él lo cogieron vivo, pero yo de eso no pregunté, para qué, le pueden decir verdad o mentira, entonces para qué pregunta uno eso”.

Por último, indicó que Vicente Castaño fue asesinado por sus hombres luego de que rechazo unirse a los diálogos de paz con el Estado.

“Un día me dijo, yo no me entregó en Ralito, porque si me entregó después no tengo donde hablar o que pedir yo. Yo veo que iba a quedar solo y tenía una finca en Montería, el portero que había se dejó comprar y lo mataron, ni restos ni nada, ni he preguntado”.

Debido a que el periodista le preguntó por la fortuna de sus hermanos, “Manuelito” indicó que la mayoría de propiedades han sido intervenidas por el Estado.

“Eso se perdió, yo le dije a la guerrilla que se cogieran una finca y me dejaran otra, que cuando quisieran novillos se los comieran, pero me decían que no podían confiar en un Castaño, yo soy fiel a mi palabra, pero no me dejaron”.

El asesinato de un ciudadano colombiano en México dejó al descubierto una trama que involucra a estructuras paramilitares, operaciones internacionales y millonarios negocios en el sector ganadero.

La víctima, identificada como Jairo Frey Varón Ramírez, alias ‘Fredy N.’, fue ultimada el jueves 17 de julio en las afueras de Ciudad de México.

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Su muerte, confirmada por autoridades mexicanas, activó las alertas de la Fiscalía General de la Nación en Colombia debido a que el hombre tenía una amplia trayectoria criminal y era señalado como supuesto testaferro del exjefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, conocido como “Martín Llanos”.

Jairo Varón llegó en la tarde del jueves 17 de julio hasta una sede de la Cruz Roja en el municipio de Huixquilucan, a unos 30 kilómetros de la capital mexicana.

El hombre se movilizaba en una camioneta BMW X3 y presentaba una herida de bala en el cuello. Los médicos de la institución intentaron estabilizarlo y decidieron trasladarlo al Hospital Ángeles de Interlomas, donde finalmente murió a causa de la gravedad de la lesión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México asumió el caso y notificó a las autoridades colombianas, ya que la víctima era buscada por varios delitos de alto impacto.

La historia criminal de Varón Ramírez tiene su origen en Colombia, donde era considerado una pieza clave en las finanzas de las extintas autodefensas campesinas del Casanare.

Documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia señalan que fungía como testaferro de Héctor Germán Buitrago, conocido como “Martín Llanos”, y que desarrolló una red de negocios fachada, principalmente en el sector bovino y bufalino, para administrar recursos ilegales.

Las autoridades colombianas tienen abiertos procesos judiciales por homicidio agravado y secuestro simple contra Varón Ramírez. La Fiscalía 73 especializada en derechos humanos lo había declarado persona ausente en octubre de 2024, mientras evaluaba si ya había abandonado el país para ese momento.

Meses después, en febrero de 2025, la Fiscalía 79 especializada ordenó una medida de aseguramiento. Varias propiedades bajo su nombre están bajo la lupa, incluidas dos de gran extensión en el municipio de Tauramena, Casanare, aunque un juzgado de Bogotá declaró improcedente la extinción de dominio sobre estos bienes. Otras cinco fincas en Yopal y San Martín, Casanare, siguen bajo investigación.

La primera alerta formal contra Jairo Frey Varón Ramírez se emitió en mayo de 2012, cuando la Dijín ordenó su captura por testaferrato y lavado de activos. En ese mismo operativo capturaron a Álvaro Alveiro Varón Ramírez, alias Mateo, en Medellín, y a Víctor Manuel Varón Ramírez, alias Lucho o “el Flaco”, en Monterrey, Casanare.

Según la Dijín, estos hombres fueron responsables de manejar grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico y de apropiarse de bienes tras la salida de “Martín Llanos” del Casanare, evadiendo los operativos policiales.

La Fiscalía documentó que Jairo Varón administraba desde el lujoso sector del Country, en el norte de Bogotá, una oficina donde concretaba negocios que, en apariencia, eran legales pero que estaban diseñados para ocultar recursos de origen ilícito.

Sus movimientos pasaron desapercibidos para las autoridades hasta que se emitieron las primeras órdenes de captura y la presión judicial lo llevó, presuntamente, a abandonar el país. No se ha confirmado con exactitud desde qué fecha se encontraba en México, aunque se cree que su salida de Colombia ocurrió tras la emisión de las primeras órdenes en su contra.

La tarde del 17 de julio, Jairo Varón Ramírez apareció en la Cruz Roja de Huixquilucan con una herida de bala en el cuello. Testigos aseguran que llegó conduciendo su BMW, solicitó auxilio médico y alcanzó a entregar sus datos antes de perder el conocimiento.

Los paramédicos decidieron trasladarlo a un hospital privado, pero murió en el trayecto. La Fiscalía mexicana abrió una investigación para esclarecer el móvil del ataque, ya que la víctima tenía registros internacionales por fraude, falsificación de documentos y vínculos con organizaciones criminales.

Luego del reporte de su muerte, la Fiscalía del Estado de México realizó el levantamiento del cuerpo y comenzó las diligencias para recopilar pruebas. Se confirmó que Varón Ramírez tenía al menos tres órdenes de captura vigentes en Colombia y figuraba como miembro de una estructura criminal dedicada al lavado de activos y apoyo financiero a grupos armados ilegales.

Fuentes policiales mexicanas señalaron que la agresión podría estar relacionada con actividades del crimen organizado o ajustes de cuentas pendientes, dado el perfil de la víctima y sus antecedentes.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni se han identificado a los responsables materiales del ataque. Las autoridades de ese país mantienen comunicación con la embajada de Colombia para coordinar la entrega de información relevante para las investigaciones.

Una afirmación contundente y sumada a otros testimonios que hacen parte de un expediente judicial en poder de la Fiscalía General de la Nación llevó a que se realizará un operativo tras la solicitud de extinción de dominio sobre los bienes del reconocido cantante de música tropical y popular Charlie Zaa, por un valor superior a 25.000 millones de pesos.

Zaa, cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, quedó envuelto en la polémica a raíz de que su nombre apareció en una declaración.

“Nos encontramos en un centro comercial en Girardot, llamado El Oasis, después en la cárcel supe que era de Charlie Zaa, es cuando Daniel me dice que en este centro comercial hay tres locales que son de los hijos de Elías (…) yo les entregaba mensualmente un millón, por la plata iba como un sobrino de Elías”, aseguró uno de los exparamilitares postulados a Justicia y Paz, según la investigación de la Fiscalía que reveló la revista Semana.

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El ente investigador le pidió a un magistrado de Justicia y Paz decretar medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre propiedades de Sánchez Ramírez, que es más conocido por su nombre artístico, Charlie Zaa.

El motivo de esta decisión se debe a la presunta función de Sánchez Ramírez como testaferro del Bloque Tolima de las Autodefensas.

Entre los bienes afectados figuran el centro comercial Oasis, donde opera la discoteca más grande de Girardot, así como las discotecas Kapachos y Solaris, ubicadas en la zona rosa de Ibagué.

El caso involucra no solo la fortuna del artista; también una compleja red de relaciones con exparamilitares.

Exintegrantes del Bloque Tolima, como Ricaurte Soria Ortiz, Indalecio José Sánchez (alias Fredy), Atanael Matajudíos y Óscar Oviedo Rodríguez, han señalado a Zaa en sus declaraciones, describiendo supuestos negocios y encuentros con el comandante Daniel Goyeneche, alias Daniel.

Según los testimonios, el cantante habría facilitado la adquisición y administración de inmuebles para la organización, actuando como intermediario en operaciones financieras ilegales, agregó el informe de la revista.

Las declaraciones que tienen en aprietos al cantante Charlie Zaa con la justicia colombiana

Uno de los exparamilitares, Ricaurte Soria, relató: “Tuve la oportunidad de estar en el pabellón ERE3 de Justicia y Paz de Bogotá, en donde un primo de Charlie Zaa visitaba al Comandante Daniel cada ocho días e iba a entregarle cuentas de la Discoteca Kapachos de Ibagué. Esto no solo lo sé yo, sino también todos los comandantes de estas propiedades que tenía Daniel con Charlie Zaa”.

Además, Soria precisó que en el año 2000, Zaa mantenía una relación cercana con alias Daniel, y que las visitas y reuniones eran conocidas por varios miembros del Bloque.

La Fiscalía sostiene que “los postulados vienen denunciando de manera coincidente los locales del centro comercial Oasis, las discotecas Kapachos y Solaris, como bienes adquiridos por la organización paramilitar a la cual pertenecían, y que tienen como testaferro a Charlie Zaa”.

En el expediente se advierte que, mediante la venta de franquicias, alias Daniel transformó al Bloque Tolima en una estructura híbrida, combinando funciones de “oficina de cobro” y grupo paramilitar.

Entre abril de 2004 y noviembre de 2005, el Bloque Tolima habría perdido autonomía financiera y administrativa, al verse permeado por intereses del cartel del Norte del Valle.

El enriquecimiento personal de Goyeneche se habría dado a través de actividades como el robo de hidrocarburos y homicidios por encargo, utilizando la estructura del Bloque Tolima.

Los testimonios también mencionan que los locales del centro comercial Oasis se habrían adquirido con el objetivo de garantizar una mesada para los hijos de un exjefe paramilitar fallecido, identificado como Elías.

“Daniel dijo que iba a comprar unos locales en un centro de Girardot, es cuando Juan David me comenta que los locales estaban a nombre de Charlie Zaa, no sé qué haya pasado con el resto de la plata, porque no creo que los locales hayan costado 3.000 millones”, relató otro exparamilitar.

La Fiscalía documentó que existieron dos discotecas denominadas Oasis: una en el centro comercial El Oasis de Girardot y otra en la zona céntrica de Melgar. Además, se crearon las discotecas Kapachos y Solaris en un mismo edificio en Ibagué.

Tanto la discoteca de Melgar como la de Girardot fueron administradas por Harry Widman Malo, persona de confianza de alias Daniel. Los exmiembros del Bloque Tolima coincidieron en señalar la cercanía entre Zaa y Daniel, así como la existencia de reuniones en fincas de Guamo, Girardot y Melgar.

La defensa de Charlie Zaa tras las acusaciones

En su defensa, Charlie Zaa explicó que adquirió los lotes donde se construyó el centro comercial a nombre de su padre, utilizando regalías pagadas por Sonolux (empresa discográfica colombiana) por la venta de sus discos.

Asimismo, el artista afirmó que el centro comercial le pertenece en su totalidad, salvo dos locales entregados como parte de pago de una casa en Lagos del Peñón.

No obstante, la Fiscalía advirtió que, aunque la compra de los lotes está documentada, no existe soporte para las obras de adecuación y construcción del centro comercial El Oasis.

“En cuanto a la adecuación y construcción del centro comercial El Oasis se evidencia una falta de documentación como lo son: planos arquitectónicos, planos estructurales, aprobación de un reglamento de propiedad horizontal que permitiera el desenglobe y posterior apertura de otros folios de matrícula, y más importante aún, no hay registros financieros”, señaló el ente.

El expediente también indica la ausencia de registros sobre “los costos y gastos totales incurridos y el tiempo en que se construyó no solo el centro comercial, sino también las construcciones al interior, como el hotel Oasis y la discoteca Oasis”.

Zaa no ofreció declaraciones, y su esposa comunicó que no emitirán opiniones, ya que el asunto está siendo consultado con sus abogados y podría afectar su reputación.

Pablo Hernán Sierra, ex jefe paramilitar del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), declaró ante la jueza Sandra Liliana Heredia en el juicio oral que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmando su versión de que el exmandatario tuvo nexos con el paramilitarismo. El testigo, conocido por las autodefensas como alias Alberto Guerrero o Pipintá, aseguró que el hoy procesado fue clave para la creación del Bloque Metro de las AUC, que operaba en Antioquia.

En su declaración, aseguró, incluso, que el ex jefe de Estado es una figura política reconocida por quienes integraron los grupos paramilitares y que, justamente, por eso se considera “uribista”. “Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el Inri del paramilitarismo, no sería nada, sería un político más, y Uribe no es un político más, Uribe es el más”, precisó.

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El exmandatario, que ha negado cualquier vínculo con los grupos paramilitares, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora, afronta un juicio oral en el que han declarado varios testigos, entre ellos, Pablo Hernán Sierra, que confirmó haber acordado una versión sobre el caso con el señalado ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso penal.

“Juan y yo empezamos a hablar y sabíamos de los vínculos de Uribe con la organización”, aseveró en la audiencia, que se adelanta en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, liderado por la jueza Sandra Liliana Heredia.

El paramilitarismo y los presuntos nexos de los Uribe

En la audiencia, el ex jefe paramilitar afirmó que el primer asentamiento paramilitar en el departamento de Antioquia estuvo ubicado en la hacienda Guacharacas, entre los municipios de Yolombó y San Roque. Ese asentamiento estuvo al mando de un hombre armado conocido como alias Filo, que coordinó a por lo menos 30 paramilitares que estaban bajo su control. En su momento, el jefe máximo de la organización criminal pasó a ser el entonces paramilitar Luis Villegas.

Además, según explicó, las tierras en cuestión fueron propiedad de la familia Uribe. “El expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, después vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos ahí. Después de todo lo que ocurrió fue que la vendieron”, detalló el testigo.

Con respecto a Villegas, aseguró que fue el principal actor involucrado en la creación del Bloque Metro de las autodefensas, junto con el exmandatario Álvaro Uribe. “Lo que terminó llamándose el Bloque Metro surge es por Luis Villegas, sin Luis Villegas no hubiera surgido eso, y sin Uribe tampoco”, aseveró.

Algo similar expuso el señalado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, cuando fue interrogado en el juicio oral en febrero de 2025. De acuerdo con sus declaraciones, integrantes de la familia Uribe y el mismo ex jefe de Estado hicieron parte de la estructura paramilitar. Incluso, dio detalles de las funciones que supuestamente habrían cumplido dentro de la organización criminal.

“Jota, el señor Luis Villegas, el hermano Santiago Uribe, apoyó mucho, con los militares. Santiago, que era que estaba por ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo militar”, sostuvo.

No obstante, aseguró que en ningún momento fue objeto de intimidaciones por parte del exmandatario, como insinuó el abogado Reinaldo Villalba, que representa los intereses del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso. “La verdad tengo que ser honesto, yo nunca he sido amenazado por el presidente Uribe. Tengo que ser honesto con esto”, insistió.

El 10 de junio de 2024, un juzgado en Florida, Estados Unidos, declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004, por lo que tendrá que reparar a las víctimas que dejó el grupo paramilitar en Urabá.

Cabe recordar que, el litigio, que duró más de 17 años, terminó luego de que se determinara que la empresa entregó dinero a las AUC, lo que permitió el auge del grupo armado liderado por Carlos Castaño.

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En el juicio se definió que la multinacional, que tiene presencia en alrededor de 70 países y emplea a más de 18.000 personas, tendrá que pagar a demandantes y víctimas de las autodefensas más de $38 millones de dólares.

Nueve meses después, en Colombia finalizaron los alegatos de defensa por el mismo caso, en el que están vinculados múltiples empresarios que habrían participado de la financiación de las AUC.

Durante las últimas audiencias, y mientras se espera que la jueza encargada del caso tome una decisión, ha llamado la atención la postura que tuvieron los abogados de la defensa, que han indicado que entre 1997 y 2003 no financiaron al grupo paramilitar, sino que pagaron cobros extorsivos que estos les exigían.

Durante sus intervenciones, los juristas criticaron a la justicia estadounidense por la determinación tomada en 2024 y afirmaron que la colombiana es “mediocre”.

“Lo que están mal son las tácticas que utilizan para obtener los resultados, o que han convertido la prueba testimonial en una prostituta, su señoría”, indicó el abogado Juan Carlos Prías.

Por su parte, la jurista Paula Cadavid indicó que las pruebas en contra de los empresarios, principalmente la presunta reunión que tuvieron con Carlos Castaño, se trataba de una falacia que creó el líder paramilitar para extorsionarlos.

“Carlos Castaño se ingenió, sé cráneo, se inventó esa reunión, por qué, porque hasta ese momento no había hablado con la gente de Chiquita para exigirles dinero”.

En los testimonios se destacó la participación de Javier Ochoa, que en su momento fue gerente de Banacol, que indicó que en su momento se compraron y vendieron acciones de la compañía sin que se tuviera conocimiento de ningún tipo de vínculo con las AUC:

“No es posible entender que al ser uno de los empleados de estas comercializadoras se intente constituir y construir un indicio en mi contra”, indicó Ochoa.

De acuerdo con las autoridades, Banacol y otras empresas del sector realizaron pagos a las AUC por recibir seguridad en varias fincas del Urabá, aspecto similar por el que las víctimas ganaron el litigio en Estados Unidos y se negó la solicitud de reducir el monto de la indemnización a los afectados por su accionar.

Debido a la postura que tuvieron los abogados de la defensa, el jurista Gerardo Vega, representante de la Fundación Forjando Futuros, indicó que era imposible desconocer lo que se registró en el Urabá entre 197 y 2003 con las AUC.

“No pueden decir que desconocían la relación entre las Convivir y los paramilitares, cuando en Urabá era un hecho notorio que estas cooperativas operaban como seguridad en el día y los paramilitares en la noche”, fueron las palabras del abogado Vega.

Después de la intervención de todas las partes, en un proceso que lleva abierto más de 18 años, se espera que antes del 17 de septiembre de 2025 la juez sexta penal del circuito especializado de Antioquia tome una decisión final, de lo contrario este podría ser prescrito.

Tras 17 años de proceso, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín emitió una sentencia clave en el caso del Bloque Bananero, un grupo paramilitar que operó en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la justicia de la capital antioqueña, se emitió una sentencia contra Raúl Hasbún, conocido como alias ‘Pedro Bonito’, quien lideró el Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); adicionalmente, el tribunal confirmó que la multinacional Chiquita Brands entregó al menos 1,7 millones de dólares a los paramilitares entre 1997 y 2004.

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Según la investigación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar las actividades de los paramilitares en Urabá, una región que sufrió graves violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.

Aunque la empresa ya fue condenada en Estados Unidos en 2007 y 2024, en Colombia no se han impuesto sanciones ni se ha avanzado en la reparación de las más de 64.000 víctimas afectadas por el accionar del paramilitarismo en esta región.

Pese a la decisión del tribunal antioqueño, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han señalado que el fallo, pese a ser considerado como un avance, aún es insuficiente, ya que no se incluyeron a los empresarios bananeros que financiaron a los grupos armados, por lo que esta omisión perpetúa la impunidad en torno a los hechos, según declaró Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

“Lo importante es que allí no se incluye a los bananeros empresarios que financiaron el paramilitarismo en la región de Urabá. Queda nuevamente impunes estos hechos”, declaró el jurista a los medios de comunicación.

El fallo del tribunal ha sido recibido con escepticismo por parte de las organizaciones de víctimas. Según Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la falta de decisiones judiciales contra los empresarios bananeros que financiaron el paramilitarismo genera una doble victimización para las personas afectadas.

“Este proceso después de muchas dilaciones está a punto de prescribir en septiembre de este año. Generando más victimización para estas personas y generando mayor impunidad para estas empresas que han tenido vínculos con el paramilitarismo. Por esta razón exigimos justicia y exigimos que la rama se pronuncie en los términos adecuados antes de que prescriba esta acción penal”, manifestó Zapata a la opinión pública.

Este proceso tiene hasta el 17 de septiembre de 2025 para que se emita un fallo contra los empresarios involucrados, y en caso de que no se emita ningún proceso, ellos quedarán libres de responsabilidad.

La región de Urabá fue una de las más afectadas por el accionar del Bloque Bananero. Durante los años en que este grupo operó, se registraron masacres, desplazamientos forzados y asesinatos que dejaron una profunda huella en las comunidades locales. Según la investigación, más de 64.000 personas fueron víctimas del paramilitarismo en esta zona.

Cronología del caso

El caso de posibles vínculos entre la multinacional estadounidense Chiquita Brands con el grupo paramilitar AUC se remonta al año 1996, cuando la compañía norteamericana fue acusada de pagos ilegales y supuestos sobornos a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en aras de obtener una licencia de un puerto privado en el municipio de Turbo (Antioquia, occidente de Colombia).

Este episodio marcó la historia de Colombia al ocurrir la matanza de trabajadores por parte del Ejército, con el objetivo de frenar una huelga organizada por el sindicato de empleados de la empresa.

Si bien en 2004, Chiquita Brands anunció su cierre de operaciones en el país; y pese a las acusaciones de estar involucrada con grupos paramilitares, la empresa había manifestado que los pagos al Bloque Bananero de las AUC fue producto de extorsiones del grupo paramilitar. “Realizamos pagos para proteger a nuestros empleados”, argumentó la compañía durante el proceso.

Sin embargo, esta versión ha sido desmentida tanto por exjefes de las AUC como por instancias judiciales que han comprobado que los pagos fueron realizados de manera voluntaria. Este punto ha sido clave en el debate, ya que desmonta la narrativa de que la multinacional actuó bajo coacción.

En 2007, la empresa fue condenada en primera instancia por un juez del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), quien determinó que estos pagos sumaban 1,7 millones de dólares y estaban directamente relacionados con crímenes de guerra.

Tras casi dos décadas del proceso, en junio de 2024, la multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada por una corte federal de Florida, Estados Unidos, tras ser hallada culpable de financiar a los paramilitares entre 1997 y 2004.

“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, aseguró el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons.

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, cuyo saldo fue 607 víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, con el propósito de que avance en la investigación contra Rodrigo Pérez Alzate, conocido como ‘Julián Bolívar’, exlíder paramilitar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre su posible incumplimiento en sus obligaciones ante el Tribunal de Paz del ente acusatorio.

De acuerdo con el tribunal, la decisión se da a conocer tras la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, quien había sido acusado por su responsabilidad en el crimen del ingeniero David Núñez Cala, quien era candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja (Santander), ocurrido el 5 de abril de 1991.

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“‘Julián Bolívar’ habría expresado interés en que se hicieran incriminaciones contra Rabelo Crespo y, presuntamente, habría ordenado que se utilizaran unas fotos compradas a un periodista para ese efecto. Todo esto en un contexto en el que el señor Rabelo (Crespo) estaba haciendo activas denuncias por la relación entre personajes políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Barrancabermeja”, se lee en el fallo del alto tribunal.

Adicionalmente, la JEP explicó que, además de la versión de Crespo ante la justicia, también se consideraron otros elementos como los testimonios de 19 testigos del hecho, así como informes documentados por la JEP y más de 30 pruebas documentales.

“En el trámite ante la JEP se demostró que los señalamientos de Jaimes Mejía y los testimonios rendidos contra el señor David Rabelo Crespo por parte de Fremio Sánchez Carreño, alias ‘El loco Esteban’, y Dairo Arrieta Bandera, alias ‘Chicharrón’, no merecían la credibilidad que les dio la justicia ordinaria”, indicó la JEP en el fallo.

Cronología del caso

El caso se remonta al año 2008, cuando el también exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, rindió su testimonio ante el Tribunal de Justicia y Paz, en la que confesó su responsabilidad en el homicidio del político santandereano David Núñez Cala, en 1991.

En su declaración, según información revelada por El Tiempo, Jaimes Mejía incriminó al defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo y al entonces congresista José Andrade como los autores principales del candidato a la alcaldía de Barrancabermeja.

Para ese entonces, Andrade, al ser parlamentario, fue juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero que fue absuelto por el caso. Mientras que Crespo fue condenado por el alto tribunal en 2012, y ratificada por el Tribunal Superior de Bucaramanga en 2013.

Durante su estadía en prisión, el defensor de derechos humanos mantuvo su inocencia, y su caso llegó en 2018 a la Sección de Revisión de la JEP, donde fue acusado como presunto guerrillero.

Tras siete años de investigación, el tribunal determinó su inocencia, al considerar que no formó parte de las extintas Farc-EP, lo que llevó a la anulación de su condena y a la orden de su libertad definitiva.

“El señor Rabelo Crespo no fue parte de la antigua guerrilla de las Farc-Ep, por lo que se aclaró que esta circunstancia no implica falta de competencia para fallar el caso, en la medida en que se trató de una persona sindicada injustamente de serlo (...) David Rabelo Crespo es inocente del homicidio del ingeniero David Núñez Cala, quien en ese entonces era candidato a la alcaldía de Barrancabermeja”, manifestó la JEP.

El tribunal también destacó las graves consecuencias que una condena injusta puede tener sobre el esclarecimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, la JEP subrayó que decisiones judiciales basadas en pruebas cuestionables no solo afectan a los individuos involucrados, sino que también obstaculizan los esfuerzos por alcanzar la verdad y la reconciliación en el país.

La decisión de la JEP no estuvo exenta de debate interno. El fallo contó con el salvamento de voto de la magistrada Claudia López Díaz, mientras que los magistrados Gloria Amparo Rodríguez y Adolfo Murillo Granados presentaron aclaraciones de voto. Este caso, que ha sido objeto de atención nacional e internacional, pone de relieve las implicaciones de las condenas erróneas en el contexto del conflicto armado colombiano.

El exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque Wilson Ruiz anunció que el Consejo de Estado admitió su demanda contra la Resolución 453 de 2024, la cual permite el nombramiento de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.

A través de su cuenta en X, Ruiz cuestionó la medida y señaló que quienes “sembraron terror en Colombia” no pueden ser reconocidos en este rol.

El exfuncionario calificó la resolución como un “insulto a las víctimas” y un “atropello a la justicia”, afirmando que la paz no debe traducirse en impunidad. Además, insistió en la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación para quienes sufrieron la violencia del paramilitarismo en el país.

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“El Consejo de Estado admitió la demanda contra la Resolución 453 de 2024, que busca nombrar a exmiembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz. ¡Sí, a los mismos que sembraron terror en Colombia! Esto es un insulto a las víctimas y un atropello a la justicia. La paz no es impunidad. Se exige verdad, justicia y reparación”, escribió el exfuncionario del Gobierno de Iván Duque por medio de su cuenta de X.

Junto con su publicación subió un video en el que argumentó su postura frente a esta situación. “Soy Wilson Ruiz, exministro de Justicia y exmagistrado. Imagínense el dolor de una madre que perdió a un ser querido, a su hijo o a sus hijos, por la violencia en nuestro país. Y ahora este gobierno de Petro quiere convertir a los responsables en gestores de paz. Para mí, eso es un descaro”, comenzó diciendo en el material audiovisual.

Ante la decisión del Gobierno de nombrar a exparamilitares como gestores de paz, el exministro de Justicia y exmagistrado Wilson Ruiz presentó una demanda contra la resolución que permite esta designación. “Por fortuna, el Consejo de Estado acaba de admitir la demanda sobre este tema”, señaló Ruiz, quien calificó la medida como un “insulto a las víctimas” y un “atropello a la justicia”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “La paz no se construye premiando a los victimarios, sino garantizando verdad, justicia y reparación, incluyendo la integración de las víctimas. Este gobierno no puede usar la llamada “paz total” como una excusa para otorgar beneficios a quienes le hicieron tanto daño a nuestro país”.

Y es que, en repetidas oportunidades el exministro de la anterior administración pública del país ha cuestionado la gestión en seguridad del Gobierno Nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Además también a critica la iniciativa de la Paz Total que tiene como objetivo dialogar con varios de los grupos armados del país.

Wilson Ruiz concluyó su video diciendo que “Colombia merece una paz con justicia y no con engaños. Por eso, he llevado esta lucha ante las instancias correspondientes, como las más altas cortes de nuestro país. Confío en que el Consejo de Estado actuará con el rigor que exige la defensa de nuestra nación”.

La demanda presentada por el exministro Wilson Ruiz no fue la única acción legal contra la resolución que designa a exjefes paramilitares como gestores de paz. En noviembre de 2024, el Consejo de Estado ya había admitido una demanda interpuesta por la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, en la que también cuestionaba la medida impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, con la admisión de la demanda de Ruiz en enero de 2025, crecen las disputas jurídicas en torno a esta decisión.

La resolución del Gobierno Petro en cuestión favorece a exjefes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Salvatore Mancuso Gómez, Ramón María Isaza Arango y Rodrigo Tovar Pupo, señalados por su participación en graves violaciones de derechos humanos. La congresista Katherine Miranda advirtió en aquel momento que esta medida no solo amenaza la memoria de las víctimas, sino que también sienta un precedente inquietante respecto al tratamiento legal de quienes han cometido crímenes de gran magnitud.

Las autoridades en Colombia han mostrado preocupación por la llegada de ciudadanos iraníes que presentaban documentación falsa para ingresar al país, una problemática que no sería parte de la crisis migratoria en la que múltiples extranjeros llegan a territorio colombiano buscando atravesar el Darién (se han registrado casos similares con africanos y asiáticos).

Respecto a la llegada de iraníes, fuentes de inteligencia informaron a El Tiempo que se trataría de miembros del grupo terrorista Hezbolá o de las Fuerzas Quds (una extensión paramilitar islámica de Irán), que estarían llegando al continente para ampliar su margen de acción y también ayudar a grupos armados.

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De acuerdo al medio citado, estos individuos estarían entrenando a miembros de las disidencias de las Farc en manejo de drones que transportan cargas explosivas, un método que ha sido empleado por el grupo al margen de la ley.

Una problemática que ya se ha registrado en Colombia

A mediados de los 80, cuando el Estado colombiano sostenía una guerra con el cartel de Medellín, al país llegó Yair Klein, un mercenario israelí que se encargó de entrenar a escuadrones paramilitares y jóvenes “suizos” (término que utilizaban los capos para referirse a los sicarios que tenían misiones suicidas).

Se afirma que Klein tenía contacto directo con los hermanos Castaño, que en ese momento seguían teniendo cercanía con Pablo Escobar, por lo que no tenían problemas en que el mercenario compartiera su conocimiento sobre explosivos con miembros del cartel de Medellín.

Se afirma que la primera visita de Klein a Colombia se registró como si se tratará de un ciudadano del común, llegó al aeropuerto El Dorado y estuvo acompañado por miembros de las Fuerzas Militares y el extinto DAS, que tenían acuerdos con los paramilitares para combatir de manera directa a la guerrilla.

“Fue él quien le enseñó al Cartel de Medellín a accionar bombas a control remoto”, indicó a la BBC Pablo Elías González, que fue jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Colombia en los 80.

Los otros dos viajes de Klein a Colombia se registraron de manera incógnita, se le asoció con el asesinato de Galán y el atentado al avión de Avianca en 1989, pero no se le vinculó de manera oficial a estos crímenes; sin embargo, el magnicidio del candidato político habría provocado que terminara huyendo del país por el Amazonas.

El israelí no trabajo solo en Colombia, puesto que trajo consigo a Tzadaka Abraham y Teddy Melnik, que le ayudaron a entrenar a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia; sin embargo, Klein indicó que solo compartió su conocimiento militar con campesinos que querían defenderse de las Farc.

El mercenario también indicó que el Gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento de sus visitas, asegurando que se encargó de hacer el trabajo que ellos no podían hacer de manera pública.

“Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido, lo hace por intermedio de otros”, declaró Klein al diario Maariv en el 2000.

Más de 30 años han pasado desde que el israelí estuvo en Colombia por última vez, pero su nombre sigue siendo mencionado, ya que fue condenado en ausencia a 10 años de prisión, durante el mandato de Iván Duque se levantó una orden de captura en su contra, pero fue deslegitimada por Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en los últimos años ha declarado ante la justicia colombiana en casos como el del paramilitar Ramón Isaza.

El israelí ha indicado que recibió pagos de “hacendados” para que entrenara a los paramilitares, pero hasta la fecha no ha revelado nombres específicos, haciendo que sectores políticos duden sobre la veracidad de sus declaraciones.

En la mañana del jueves 26 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Rubén Giraldo Giraldo, alias Raúl o Germán, señalado cabecilla del autodenominado Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el reporte presentado por el ente acusatorio, la detención se produjo en el municipio de Palomino, en el departamento de La Guajira, en medio de un retén puesto por la Policía Nacional en esta parte del departamento de La Guajira, quien tiene una condena en su contra de 25 años de prisión por los delitos de homicidio y desplazamiento forzado.

“El fallo emitido por un juez penal especializado de Santa Marta (Magdalena) también impuso una multa equivalente a 1.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 10 años”, sostuvo la Fiscalía en un comunicado.

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La investigación detalló que alias Raúl había sido el responsable del asesinato del edil y presidente de la Junta Administradora Local (JAL) del corregimiento de Taganga, en Santa Marta, Rafael Pinto Navarro, ocurrido el 27 de febrero de 2003, respectivamente.

“Asimismo, se acreditó que promovió amenazas e intimidaciones que obligaron a varios líderes sociales y representantes de las comunidades a abandonar sus tierras”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

Igualmente, la Fiscalía indicó que alias Raúl o Germán se había desmovilizado de dicho grupo paramilitar en 2006, para su posterior a la Ley Justicia y Paz, “de la que fue expulsado por incumplir los compromisos de confesión, colaboración con la justicia y reparación”.

Según informes de inteligencia policial, Rubén Giraldo Giraldo era sobrino de Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, máximo comandante del extinto grupo paramilitar, y que está vinculado a varios procesos por homicidios y otras conductas delictivas.

Por ahora, alias Rubén fue dejado a disposición de las autoridades competentes donde definirá su situación ante la justicia.

El Bloque Resistencia Tayrona, que se desmovilizó con 1.107 integrantes, fue liderado por Hernán Giraldo, quien se convirtió en una figura temida en la Sierra Nevada de Santa Marta debido a sus atroces crímenes. Según la fuente citada, Giraldo fue responsable de numerosos actos violentos, siendo el principal perpetrador de muchos de estos delitos sexuales en la región.

El ‘depredador sexual’ de las AUC como gestor de paz

El 12 de noviembre de 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz por un periodo inicial de seis meses.

Entre los nombres que recibieron esta figura jurídica, por medio de la resolución 453 de 2024, y firmada por el mandatario nacional, se encuentra Hernán Giraldo Serna, alias el Loco o Taladro, excomandante del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que enfrenta graves acusaciones de delitos sexuales y desplazamiento forzado.

La designación de Giraldo como gestor de paz desató una fuerte oleada de críticas de varios sectores sociales contra el Gobierno nacional, al considerar que su historial de violencia y la falta de cumplimiento de sus compromisos legales, no genera ninguna confianza sobre su contribución a la construcción de la paz en Colombia.

Giraldo, quien regresó a Colombia en 2021 tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, tiene una circular roja de Interpol por delitos como homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y acceso carnal violento.

Uno de los casos de agresión de alias Taladro fue revelada por El Tiempo, cuando antes de fuera trasladado hacia territorio norteamericano, había sido señalado de solicitar el ingreso de menores de edad a la Cárcel de Itagüí para encuentros sexuales.

Según el citado medio de comunicación, una mujer de confianza de Giraldo habría facilitado el traslado de las menores, quienes ya habían sido víctimas de delitos sexuales por parte de Giraldo cuando era comandante de las AUC.

“La denunciante indicó que dentro de sus labores se encontraba la de cuidar dos hermanas de 10 y 12 años de edad. A la última de ellas, la conoció como “la mujer” de Hernán Giraldo y era llevada todos los domingos a la cárcel La Modelo de Barranquilla para que sostuviera relaciones sexuales con el postulado”, se lee en un expediente revelado por El Tiempo.

En la mañana del miércoles 27 de noviembre de 2024, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a 40 años de cárcel a Salvatore Mancuso Gómez, máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en más de mil crímenes cometidos en Norte de Santander, entre mayo de 1999 y diciembre de 2004.

Según la investigación presentada por la Fiscalía General de la Nación, fueron en total 1.323 hechos criminales reportados, entre los que destacan 538 masacres ocurridas en los municipios de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú.

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También, la entidad acusatoria detalló 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero, así como setecientos eventos asociados con desplazamientos forzados.

Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos.

“Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley”, señaló el ente acusatorio.

Adicionalmente, el juzgado también condenó a otros 45 exintegrantes del antiguo grupo paramilitar a 20 años de prisión.

“Además, deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz”, puntualizó la Fiscalía.

Corte Suprema negó libertad de Salvatore Mancuso

Esta es la segunda decisión judicial que ha tenido el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el mes de noviembre de 2024.

El 13 del mismo mes, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad al ex jefe del extinto grupo paramilitar, al igual que cuestionó su tarea como gestor de paz, tras la designación hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro.

En el fallo de segunda instancia, con la ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz, la Corte expuso cómo el excabecilla de los paramilitares estaría gozando de privilegios ilimitados, en esta situación su libertad, sin que se registre una compensación de “verdad y reparación para las víctimas”.

“No decretar la nulidad de la actuación por violación al debido proceso. Revocar el numeral primero de la parte resolutiva de la decisión impugnada (auto 148) por medio del cual se inaplica, bajo excepción de inconstitucionalidad, la Resolución Presidencial 244 del 14 de agosto de 2023″, se lee en el fallo emitido por el alto tribunal.

El presidente de la Sala de Casación de la Corte Suprema, Diego Corredor, defendió la decisión tomada por el alto tribunal, al considerar que Mancuso enfrenta cargos por sus delitos cometidos en su época como paramilitar.

“Una medida tan importante como lo es la concesión de la libertad a una persona con estos antecedentes no debe ser la medida primera a aplicarse”, dijo a los medios de comunicación.

De igual manera, Corredor sostuvo que, en caso de que el excomandante de las AUC recobre su libertad, afectaría los derechos y traumas que dejó en sus víctimas y familiares que estuvieron expuestos a actos violentos liderados por el gestor de paz a principios de los 2000.

“Estamos hablando de más de 60.000 conductas punibles realizadas por el señor Mancuso, en donde se generaron conflictos a lo largo y ancho del país, donde se generaron víctimas en todo el país que hoy reclaman justicia”, explicó.

Además de Mancuso, la resolución 450 de 2024 designó como gestores de paz a otros 18 exparas para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.

El 12 de noviembre se confirmó que 18 exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron designados como gestores de paz por el Gobierno Petro en Colombia, lo que ha generado múltiples críticas por el pasado y los antecedentes que tienen varios de ellos.

Además de Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Macaco” o “HH”, uno de los nombres que más destaca en el listado es el de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como “Jorge 40″, que ordenó y encabezó la masacre de El Salado, una de las peores en la historia de Colombia.

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¿Quién es “Jorge 40″?

Oriundo de Valledupar, el caso de Tovar Pupo es similar al de Salvatore Mancuso porque se trata del hijo de una familia acomodada que terminó siendo uno de los miembros más destacados de las autodefensas. Antes de tomar las armas era conocido como “Papa”, al que recordaban por su sentido del humor y la historia que contaban sobre su nacimiento.

“Nació muerto”, afirmó uno de los exvecinos de “Jorge 40″ a la BBC para recordar que el cordón umbilical estuvo a punto de ahorcar a Tovar, que en su adolescencia se mudó a Bogotá para seguir los pasos de su padre (que fue militar); sin embargo, una lesión de meniscos evitó que logrará ingresar al ejército.

En Valledupar trabajó con la alcaldía municipal como secretario de hacienda, pero luego de que su familia fue víctima de extorsiones por parte de las Farc, decidió unirse a las AUC tras ser invitado por Salvatore Mancuso, que al observar que Tovar era una pieza clave en el tráfico de armas, decidió ofrecerle la comandancia del bloque norte de las autodefensas.

Intentó ser llamado por el alias de David, pero luego cambió para quedarse con el sobrenombre de Jorge 40, con el que buscaba hacer una referencia de los cuarenta días que duró el diluvio y a los que estuvo Jesús en el desierto tentado por el diablo.

La necesidad de sumarle un número a su sobrenombre se debió a que en la región también delinquía Jorge Gnecco, al que Tovar Pupo señaló de inculparlo de sus crímenes.

En El Salado siguen recordando a “Jorge 40″

Se estima que durante su tiempo en las AUC ordenó el asesinato de miles de personas, pero es la masacre de El Salado la que más le recuerdan, puesto que ese municipio de Bolívar fue cerrado por alrededor de 750 hombres armados, que llevaron a todos los pobladores al parque principal para interrogarlos por su “vínculo” con la guerrilla.

Ante la falta de respuestas, se afirma que los paramilitares terminaron dándole un número a cada ciudadano y sortearon el orden de los asesinatos hasta que alguien hablara; luego de varios días y de asesinar a 63 personas, “Jorge 40″ y sus hombres permitieron que los sobrevivientes volvieran a sus hogares.

Además de las muertes, este hecho dejó un saldo de 23 desaparecidos y un aproximado de 4.000 habitantes que terminaron siendo desplazados de sus tierras.

Luego del proceso de paz con el Gobierno nacional, “Jorge 40″ rechazó colaborar con las autoridades en Estados Unidos y terminó siendo extraditado en 2008, lo que consideró una traición por parte del Estado. En Norteamérica tuvo varios casos de depresión tras ser condenado por narcotráfico, algo que sigue negando hasta la fecha.

Otro hecho por el que ha sido destacado Tovar es porque es referenciado como el propulsor de la “parapolítica”, de la que se comenzó a hablar luego de que fue incautado uno de sus computadores en la captura de un comandante de las AUC. En el dispositivo de “Jorge 40″ había nombres de varios políticos, de los cuales la mayoría terminaron siendo condenados por su vínculo con las autodefensas.

En Estados Unidos, Tovar Pupo se reencontró con un viejo conocido, se trataba de Ovidio Ricardo Palmera, uno de sus vecinos de infancia en Valledupar, que años más tarde fue conocido como “Simón Trinidad”, miembro destacado de las Farc.

Luego de que deslegitimaran los señalamientos que lo ligaban al narcotráfico, “Jorge 40″ fue deportado a Colombia en 2020; desde entonces permanece en la cárcel de La Picaleña en Ibagué, en donde ha intentado en varias ocasiones unirse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El último escándalo en el que se vinculó al exlíder paramilitar se registró en 2022, cuando su hijo, Jorge Tovar, logró convertirse en representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz.

El encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Salvatore Mancuso, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), no cayó bien entre las víctimas del conflicto armado en Colombia. La reunión, desarrollada durante un evento de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado en Montería (Córdoba), causó una fuerte controversia, debido a la desconfianza de que Mancuso –en libertad para oficiar como gestor de paz– entregue verdad, justicia y reparación.

Juan David Díaz, hijo del fallecido alcalde Eudaldo Díaz, el mismo que advirtió su muerte hace 21 años ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, habló con Infobae Colombia. No ocultó su escepticismo sobre los avances reales que este diálogo pueda propiciar; teniendo en cuenta que el principal beneficio que buscaba el ex cabecilla de los paramilitares, que era salir de prisión, ya lo tiene; pese a que ha reiterado su voluntad de colaborar con la paz.

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“El presidente está siendo muy ingenuo al creer que estos paramilitares, que en 20 años no nos contaron la verdad, y no han reparado a las víctimas como debe ser, cuando aún estaban condicionados y tenían algo que ganar, que era la libertad, lo harán mucho menos ahora que no tienen ese incentivo”, afirmó Díaz, que parece haber resumido lo que se espera en este caso; con lo que se sumó a las diferentes voces que ven con absoluta desconfianza el avance de la intención del Ejecutivo.

Los motivos por los que víctima de los paramilitares desconfía del proceso

Las declaraciones Díaz a esta redacción, serían una clara muestra de un clamor general entre quienes sufrieron el rigor y la sevicia de los grupos paramilitares. Para el hijo del asesinado alcalde sucreño, existen ciertos interrogantes sobre la eficacia y sinceridad de Mancuso y otros líderes paramilitares, en pro de contribuir al proceso de paz que, según anunció Petro, será reabierto; pues se necesita saber qué pasó con los más de 400 bienes que, en el caso de este personaje, no aparecen.

El galeno expresó de forma abierta que no hay que esa voluntad de reparación. “No creo que los jefes paramilitares vayan a exponerse a una agresión por parte de estas bandas criminales que hoy poseen las propiedades que antes les pertenecieron”, manifestó. El vocero de los centenares de víctimas que causó el accionar de estas estructuras, el hijo del fallecido mandatario local, que buscó ser gobernador de Sucre, destacó la voluntad del jefe de Estado, pero no tiene mayores esperanzas.

Y es que si bien el acto de restitución de tierras en Montería, si bien tiene un propósito noble a su parecer, no está ajeno a las críticas que quienes ven, como él, más un gesto simbólico que un verdadero acto de reparación. “Lo que está es devolviendo una parte de todo lo que le arrebató a la gente, mucha de la cual fue asesinada para quedarse con estas tierras”, advirtió Díaz en diálogo con esta redacción, al insistir que Mancuso debería usar sus propias propiedades para tal fin.

“Para que con ello demuestre una verdadera voluntad de reparar a sus víctimas y que nos diga la verdad. Y que mencione a los socios que gozan de impunidad y que con ese dinero han seguido perpetuando y adquiriendo poder para seguir oprimiendo a la ciudadanía”, precisó en sus declaraciones, en las que cuestionó que se quiere hacer ver a Mancuso como benefactor, cuando en realidad no lo es, pues sigue teniendo el rótulo de victimario.

Recordó, además, cómo fue objeto de intimidaciones y todo tipo de amenazas al buscar la verdad de lo sucedido con su padre, cuyo crimen fue ordenado por el entonces gobernador de Sucre y luego embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana. “Cuando quise buscar verdad, fui agredido y amenazado, perseguido y se me inventaron una serie de procesos para callarme”, contó en su dramática declaración, en las que reiteró que no espera mayores novedades.

“No creo que estos señores, con nada que ganar y mucho que perder, vayan a decir lo que no dijeron o lo que no entregaron en 20 años”, afirmó. De esta manera, con Petro apostando a un proceso lleno de incertidumbres e, incluso, vacíos jurídicos, todo indica que reina el escepticismo y la desazón. “Hoy están con las nuevas organizaciones criminales”, agregó el líder social, que hizo énfasis en la necesidad de acciones más transparentes para una verdadera reconciliación.

En un álgido debate celebrado en la Cámara de Representantes, José Jaime Uscátegui, congresista del Centro Democrático, denunció lo que considera una persecución en su contra y en contra de su familia por parte del Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y todo, a raíz de una decisión del Comité de Conciliación y Defensa de esta cartera, que ordenó que el padre de Uscátegui, general (r) Jaime Humberto Uscátegui, debía responder por el pago a dos víctimas de la masacre de Mapiripán.

Durante su intervención en la plenaria, el congresista destacó que su progenitor no tenía responsabilidades militares en esa fecha. “Cuando los sucesos del 4 de mayo de 1998 ocurrieron, mi padre no se desempeñaba como comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional”, precisó el congresista, por lo que no es justo que él deba asumir responsabilidades de tipo económico que no le corresponden, al ser absuelto por la justicia sobre este suceso, en el corregimiento de Puerto Alvira.

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Asimismo, Uscátegui, defensor de los derechos de los secuestrados y crítico de los procesos de negociación del Gobierno con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras como las disidencias de las Farc, tanto del antiguo Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, reveló que recientemente fue informado de la desvinculación del subintendente a cargo de su esquema de seguridad: otro motivo por el que apuntó hacia Velásquez.

“Se me comunicó que el subintendente, cabeza de mi esquema de seguridad, ha finalizado temporalmente como integrante del esquema de protección”, expuso el representante uribista, que no dudó en señalar al ministro de Defensa como el responsable de esta determinación, a manera de represalia. “Ese es el conjunto de acciones que está tomando el Ministro de Defensa contra los actores de oposición”, agregó el congresista, cercano al expresidente Álvaro Uribe.

José Jaime Uscátegui y sus fuertes comentarios contra Iván Velásquez

La situación se puso aún más tensa cuando el congresista Uscátegui dirigió un mensaje a uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro. “Este mensaje es para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para pedirle que de una vez por todas cese la persecución en mi contra y en contra de mi familia”, enfatizó el congresista, que incluso envió una carta al despacho del funcionario, en el que puso de manifiesto lo que sería, en su concepto, la persecución.

De hecho, el representante sugirió que este hostigamiento respondería a incomodidades del Ministerio frente a la vigilancia política que realiza su bancada en el Congreso, en relación con la falta de una política de seguridad efectiva bajo la administración del actual mandato. “Denunciamos los crímenes que se están cometiendo por cuenta de esa ausencia de una política de seguridad que hoy con el Ministro Velásquez y con el Gobierno Petro no existe en Colombia”, agregó.

Además de su intervención en la Cámara, Uscátegui compartió un comunicado que tituló “Con mi familia soy un ‘falso positivo’ de Iván Velásquez”, en el que reafirmó sus postulados en contra del ministro y pidió que cesen lo que denominó ataques por su férrea posición política.

En lo que respecta a la orden del Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio, en la que se responsabiliza al general (r) Uscátegui, se basa en eventos relacionados con una masacre paramilitar en Mapiripán, pese a que incluso, el mismo Petro, afirmó en su momento, en julio de 2017, señaló que no tenía nada ver en ese macabro hecho. “Condenaron al general Uscátegui como autor de la masacre de Mapiripán, que no lo fue, para salvar al general Rito Alejo, que sí lo fue”, afirmó.

En lo que es considerado un duro golpe para los procesos de reparación de víctimas del conflicto armado, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, denunció el lunes 23 de septiembre que entre 380 a 400 bienes, de los más de 500 que entregó al Estado, no aparecen en los registros de la Unidad de Víctimas; por lo que su directora, Lilia Solano, al igual que el titular de la Unidad Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, se comprometieron a hacer una investigación sobre el particular.

Durante su visita a la Unidad de Víctimas, Mancuso se comprometió con la búsqueda de los inmuebles entregados por él en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que no aparecen en los registros de la entidad. Una situación que, a juzgar por sus declaraciones, tomó por sorpresa tanto a Solano como a Harman, en el sentido de que se necesita establecer por las entidades en manos de quiénes estarían los bienes en mención y por qué no entraron en los registros oficiales.

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“Entregué bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos y los entregué desde el año 2007. Hoy nos damos cuenta de que 380 a 400 bienes que hacen falta en el estado que tiene la unidad de víctimas”, manifestó Mancuso, que refirió junto a los funcionarios estatales que solo están inventariados 126, ubicados en diferentes regiones del territorio nacional, en especial en la costa norte de Colombia, como Córdoba, Sucre, Bolívar y otros territorios en los que tuvo presencia.

Por su parte, Solano indicó que es imperioso saber qué pasó con estas propiedades. “Reconozco la voluntad para esclarecer qué ocurrió en esos bienes, dónde están, no solamente de Salvatore, sino también de todos los exparamilitares, en función de tener mayor banco de tierras para reparar a las víctimas”, afirmó la funcionaria, que indicó que se pondrán a la tarea de contrastar los datos de las entidades y los dados por el ex ‘para’, para conocer cuáles son esas propiedades.

Al respecto, el exparamilitar ratificó que está dispuesto a colaborar en este proceso de verificación. “Hemos hecho un compromiso en el cual yo participaré en esta colaboración, para la reparación de las víctimas, para el esclarecimiento de los hechos, para la entrega de esas tierras que hemos entregado en reparación”, manifestó Mancuso, aunque lamentó con ello que Justicia y Paz le ha impedido cumplir con el espíritu de la ley, “que es verdad, justicia, reparación, no repetición”.

De acuerdo con el testimonio de Mancuso, cuando se le pide que avance tanto en sus compromisos con la justicia y la gestoría de paz encargada por el primer mandatario, en las que debe aclarar temas de tierras e ir a territorios, para entregar predios a las víctimas, se le ha impedido “avanzar en una agenda restaurativa. Motivo que lo llevó a hacer un urgente llamado a los tribunales de justicia transicional para dar el siguiente paso.

El reencuentro entre Salvatore Mancuso y Lilia Solano

La hoy directora de la Unidad de Víctimas y el excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se vieron las caras a dos décadas de aquel álgido enfrentamiento verbal del 28 de julio de 2004; cuando el entonces jefe paramilitar fue invitado al Congreso de la República, en medio de fuertes críticas por la presencia de un miembro de las estructuras criminales en el legislativo, y desde uno de los balcones del Capitolio la mujer lo increpó.

“Hoy, 20 años después, ambos se reencontraron para buscar caminos que permitan reparar a las víctimas”, destacó la Unidad de Víctimas en una recopilación en video de este encuentro, que según precisaron representa un momento histórico en el proceso de reconciliación. Sobre este encuentro, el ex jefe paramilitar comentó que “hoy están en el mismo lado, propendiendo porque la reconciliación y la paz existan y especialmente la reparación”.

La muerte de Roberto Carlos Vega Daza en febrero de 2024 representó la desaparición de uno de los clanes criminales más conocidos en el Atlántico, por lo que se especuló con que esto daría comienzo a una guerra territorial entre Digno Palomino, líder de Los Pepes y Jorge Diaz alias Castor, líder de Los Costeños.

Siete meses después, Voragine presentó un análisis de cómo está el mundo criminal en Barranquilla y sus alrededores, en donde el dominio se divide entre Los Pepes y Los Costeños, pero también el Clan del Golfo, que tendría una alianza con “Castor”, bajo la inoperancia de las autoridades.

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En el informe se nombran barrios como La Chinita, La Luz, Las Nieves o Rebolo, que han sido referenciados durante varios años como espacios peligrosos en los que hay una clara presencia y poder de las estructuras criminales, pero que ahora también se registra en el área metropolitana de Barranquilla.

A pesar de que las autoridades afirman lo contrario, en las calles de la capital del Atlántico se ha vuelto a sentir la inseguridad que en el inicio de los 2000 generó una crisis social.

Voragine recordó que durante el auge de las autodefensas en la región y la posterior conformación de bandas criminales que asumieron el poder territorial tras el proceso de paz con las AUC, se registraron 7.402 homicidios en Barranquilla, cifra que fue superada entre 2012 y 2023 con la nueva ola de violencia.

En esa comparación, destacaron que la cifra de asesinatos en 2001 fue de 654, mientras que en 2021 fueron más de 700, lo que se mantuvo en 2022 y 2023, por lo que en la región existe esa percepción de intranquilidad como en el comienzo de los 2000.

A diferencia del auge paramilitar, en la actualidad no existe una ideología narcoparamilitar, sino que las estructuras criminales batallan por tener el control de una ciudad clave en el mapa del traslado de la droga hacia el exterior, en la que también ha sido nombrada la injerencia de los carteles mexicanos.

“La federación de organizaciones criminales que están en proceso de reacomodamiento. Vivimos un tremendo aumento de la violencia criminal. Cada año es peor que los anteriores, creo que ni en la época paramilitar habíamos padecido algo así”, declaró un investigador al medio citado.

Este destacó que en el Atlántico es normal observar camionetas blindadas que no son propiedad del Estado, fiestas en las que participan artistas de la región y con ello, también masacres y violencia en los barrios más pobres.

Cabe recordar que, el 6 de agosto la policía encontró la cabeza de un joven de 22 años que tenía un mensaje de intimidación y declaración de guerra, ya que decía que este era el futuro que le esperaba “a todo aquel colaborador, jíbaro, extorsionista de los tales Pepes”.

En ese sentido, algunas estructuras han tenido que generar alianzas para poder seguir combatiendo, una de ellas es entre Los Costeños y el Clan del Golfo, que dejaron de ser enemigos para combatir contra un objetivo en común.

Como respuesta a ello, Digno Palomino y “El negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que en caso de confirmarse, haría que la guerra que se registra entre los grupos armados en el Magdalena, ahora también se libre en el Atlántico, mientras que el Gobierno nacional sigue con la idea de desarrollar un proceso de paz con ambas estructuras.

De la misma forma, también la fiscalía tendría un papel negativo en el conflicto, puesto que el investigador informó que hay “un juez que dejaba en libertad a Los Costeños, nos tocó sacar órdenes de captura por otra ciudad por las sospechas contra la fiscalía. Desde el momento en el que se abre una noticia criminal estás expuesto. Estamos ante estructuras muy poderosas y eso también genera miedo en Barranquilla”.

El gobierno federal de Enrique Peña Nieto tomó la decisión legitimar la lucha de las autodefensas de Michoacán: les entregó las armas a cambio -consideran algunos expertos- de que fuera la sociedad civil quién pusiera a los muertos.

Sólo en el año 2014 las autodefensas recibieron cerca de seis mil armas de fuego, según indicó Carlos Torres Piña, exsecretario de Gobierno de Michoacán durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, La razón detrás de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto era permitir que los pobladores se defendieran -con ayuda de las Fuerzas Armadas- de los grupos criminales que comenzaron a disputarse el control de rutas y territorios para cobrar extorsiones y traficar drogas, entre otros delitos.

El encargado de implementar la estrategia del expresidente Peña Nieto fue Alfredo Castillo Cervantes -exsubprocurador del Estado de México que investigó la desaparición de la niña Paulette-; bajo su mando se formó el cuerpo de élite de la Fuerza Rural mejor conocido como el G-250, en el que se encontraba Nicolás Sierra Santana, hoy líder del Cártel de Los Viagras, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): juntos anunciaron la guerra por Tierra Caliente.

De las autodefensas a los cárteles

Edgar guerra, investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) platicó con Infobae México sobre la situación de Michoacán, las autodefensas y los cárteles de la droga.

¿Cómo pasamos de las autodefensas a los cárteles?

-En el fondo, las autodefensas también eran parte de esto (crimen organizado), no digo que todas, pero querían recuperar su territorio, el mercado y las rutas del trasiego (de drogas). Sin embargo, había mucha gente que sí creía que se trataba de un movimiento de liberación y querían expulsar a Los Caballeros Templarios para recuperar la seguridad y la libertad.

Edgar Guerra recalca que la historia de Michoacán es muy particular y que durante la década de 1990 pasó por un momento de precarización del campo que lanzó a miles de productores a cultivar y dedicarse a actividades ilícitas, sin que necesariamente se considerara como algo realmente malo:

-No era una actividad que desde el punto de vista de las comunidades fuera ilegal o moralmente reprobable, sino que era parte de todo un conjunto de estrategias que las comunidades tenían para salir adelante.

-La siembra y el trasiego de marihuana eran la opción que tenían a la mano las comunidades para subsistir o para generar ingresos. Entonces, desde tiempo atrás se fueron construyendo grupos y familias que de alguna u otra manera se dedicaban a estas actividades y que eran conocidos en la región, incluso reconocidos, como por ejemplo el caso del “Abuelo Farías”.

Casos como el del “Abuelo Farías”, “La Tuta” y Nicolás Sierra Santana y se repitieron por estas condiciones y terminaron por convertirse en figuras con liderazgo social, reconocidos por sus comunidades y con influencia en la vida política local.

-Pero todo cambió en 2006 cuando grupos externos, como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, comenzaron a apropiarse del negocio de las drogas en zonas de Apatzingán y Tepalcatepec; se apropiaron de los territorios y relegaron a esos viejos grupos (de familias y personajes locales). Entonces comenzaron las extorsiones y, como respuesta, los viejos grupos se armaron y formaron las autodefensas.

Estos conflictos entre grupos locales que quieren recuperar sus territorios ha sido aprovechado por el CJNG para formar alianzas para intentar avanzar y dominar la zona conocida como Tierra Caliente.

-En un momento se alía con unos, luego con otros, y lo que estamos viendo hoy es producto de esa inestabilidad entre grupos de delictivos. Algo que lleva diez años y que en algún momento no era así, sobre todo entre la década del 2000 (del 2003 al 2012), pues una organización, los Caballeros Templarios tenían el monopolio de la violencia ahí, pero ahora no hay ninguna organización dominante.

La estrategia falló

Desde su creación, el líder de la autodefensa de La Runa, Hipólito Mora -asesinado el 29 de junio de 2023 por miembros de Los Viagras- denunció que algunas autodefensas estaban infiltradas por el crimen organizado; sin embargo, no fue hasta diciembre de 2014 cuando el gobierno federal “desintegró” el grupo de la resistencia civil. Entro otros puntos, algunos referían:

• Los grupos civiles organizados que se habían autodenominado autodefensas se abstendrán de movilizarse fuera de los municipios que habitan.
• Los miembros de este grupo operativo especial retornarán las armas que les hayan sido proporcionadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública

De manera oficial se reportó que las autodefensas de Michoacán tuvieron operaciones entre 2013 y 2015 con ayuda de las fuerzas federales para combatir a grupos delincuenciales; extraoficialmente, el estudio “Diez años de vigilantes. Las autodefensas mexicanas” de The Global Initiative resaltó que se concentraron en 34 municipios de Michoacán, con 15 mil efectivos y varios vínculos con grupos criminales, desde el CJNG, hasta La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Viagras.

Además de Nicolás Sierra Santana y sus hermanos, las autodefensas estuvieron íntimamente ligadas con otros célebres personajes en Michoacán: Juan José “El Abuelo” Farías (Cártel de Tepalcatepec), Servando Gómez Martínez “La Tuta” (Caballeros Templarios) y Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del CJNG y originario del municipio de Aguililla, quien casualmente se separó del Cártel de Sinaloa -para quien operaba como un brazo armado denominado “Mata Zetas”- en 2013.

Michoacán, un caso particular

Cada que se acerca el mes de febrero, Michoacán es noticia por las extorsiones que sufren los productores de aguacate -fruto codiciado en el mes del Super Bowl- y por las hectáreas de bosque que grupos criminales han talado para la siembra ilegal del llamado ‘oro verde mexicano’; pero no es un caso particular, recientemente se registró un alza en el precio del limón porque los productores se fueron a paro como protesta por la presión y amenazas que sufren. Sobra recordar que Michoacán es el principal productor mexicano de ambas frutas y Los Blancos de Troya fueron señalados como los extorsionadores de limoneros.

Su riqueza natural (bosques maderables y minas) también lo colocan como un manjar para los grupos criminales que comenzaron a cobrar “por seguridad” a compañías mineras y terminaron por implementar un “impuesto” a cada una de ellas; y para aquellos dedicados a la tala y venta ilegal de maderas.

Recientemente se reveló que Los Viagras tenían su propio servicio de internet y obligaban a los pobladores a pagar 500 pesos al mes (más de lo que cobran las compañías legales): negarse no era una opción.

Otro de los tesoros de Michoacán codiciado por el narco es el Puerto de Lázaro Cárdenas, que junto a Manzanillo son los dos más importantes del Pacífico, por donde cada año ingresan al país toneladas de droga y precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. El CJNG es uno de los principales operadores en el Puerto.

Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia, ha afirmado que uno de sus objetivos es lograr una “paz total” en el país, para lo que es necesario que se lleven a cabo de manera positiva negociaciones con los grupos armados que delinquen en varias regiones del país.

Es por ello que mientras están en vilo los procesos de diálogo con las disidencias y el ELN, sorprendió que el mandatario anunciara la participación en este tipo de procesos del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con los que ya serían siete los grupos armados que están en negociación.

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Dentro de lo que se ha conocido del proceso de diálogo con el Clan del Golfo se destaca que el vocero principal del grupo armado será Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que debido a que es el cabecilla de una estructura criminal heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya sabe lo que es estar en un proceso de paz.

Los desmovilizados de las AUC que ahora hacen parte del Clan del Golfo

“Chiquito malo” no es el único excombatiente de las AUC que estará en el proceso de diálogos entre el Clan del Golfo y el Gobierno nacional, por lo que la revista Raya destacó a los otros cinco representantes del grupo armado que podrían someterse por segunda vez.

El primero de ellos es Orozman Orlando Osten, alias Rodrigo Flechas, que hizo parte de las AUC desde 1997, cuando comenzó el auge del grupo paramilitar en los Llanos Orientales; se destaca por los testimonios que entregó a Justicia y Paz antes de volver a tomar las armas.

A este se suma José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, que es identificado como una importante pieza del paramilitarismo en Córdoba, puesto que tenía la misión de conformar los grupos ilegales en esa región antes de que se llevara a cabo el proceso de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En el nuevo ciclo de diálogos también estará José Migue Demoya, alias Chirimoya, que en las autodefensas fue parte del Bloque Calima como encargado de la injerencia de las estructuras criminales en Antioquia, Córdoba y Chocó.

También estará Elkin Casarrubia, alias El Cura, que en su momento fue parte del Bloque Calima, pero en el Clan del Golfo ha cambiado su rango y acciones dentro del grupo armado, puesto que es señalado como uno de los responsables de la expansión paramilitar en Antioquia y el Magdalena Medio.

Por último, fue destacado Luis Armando Pérez, alias Bruno, cabecilla político del Clan del Golfo y que en su momento fue una pieza clave del Bloque bananero de las AUC, puesto que tenía como misión llevar a cabo el adoctrinamiento de los mandos que se sumaban.

De desmovilizarse a ser el comandante del Clan del Golfo

En el caso de “Chiquito malo”, se conoce que ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia cuando Carlos Castaño era el comandante del grupo armado, y logró avanzar hasta convertirse en el jefe de contraguerrilla de la estructura criminal.

Ávila Villadiego hizo parte de los hombres armados que se desmovilizaron tras el “pacto de Ralito” y la firma del proceso de paz; su sometimiento se registró en Turbo, pero luego de un año volvió a tomar las armas y se unió al Clan Úsuga, que es lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo, que era liderado en ese momento por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel

Actualmente, “Chiquito Malo” tiene múltiples procesos abiertos en Colombia por delitos como desplazamiento forzado, homicidio y uso de menores de edad y aunque las autoridades ofrecen hasta $5.000 millones de pesos por información relevante que permita su captura, podría ser uno de los primeros integrantes del Clan del Golfo al que le sea levantada la orden de captura para comenzar con los diálogos de paz.

El 13 de agosto de 2024 se cumplieron 25 años del asesinato del comediante Jaime Garzón, una de las figuras de la televisión colombiana más recordadas por los ciudadanos debido a los personajes que volvió emblemáticos.

Sumado a esto, otro factor que genera interés del crimen es que sigue sin ser esclarecido en su totalidad y aunque existen varias hipótesis de por qué Carlos Castaño ordenó asesinarlo, y hasta el momento no se ha podido comprobar por completo ninguna de ellas.

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Es por ello que en concordancia con la jornada en la que Alfredo Garzón, hermano de Jaime, presentó una novela gráfica en homenaje su ser querido, Señal Colombia publicó una investigación sobre los aspectos que se han conocido del caso en la actualidad.

Este informe incluyó el testimonio de varios allegados de Garzón, siendo uno de ellos William Parra, amigo del humorista y una de las últimas personas con las que tuvo una conversación.

Antes de que fuera asesinado, allegados a Garzón le recomendaron dejar el país debido a las amenazas que había recibido por parte de Castaño, sobre esto, se afirma que una broma del comediante generó el malestar del paramilitar; sin embargo, también hay versiones que indican que terceros convencieron al criminal de que el humorista pertenecía a las Farc.

Parra recordó que en su última conversación con Jaime este le reveló que había hablado con Castaño y que se iban a encontrar para resolver sus problemas.

“Jaime me llamó y me dijo “Hermano, el sábado me voy a encontrar con Carlos Castaño”, yo le dije “marica usted para qué quiere ir allá”, (Jaime respondió) “No, es que ya cuadramos, que me cumplía la palabra y ya no me va a hacer absolutamente nada””, recordó Parra.

El amigo de Jaime recordó que el comediante le reveló algo más sobre esa reunión, puesto que en dicho encuentro no solo buscaría continuar con vida, sino también conocer un secreto del paramilitar.

“Castaño le dijo a Jaime que él le quería entregar la lista de todos los militares que trabajaban con los paramilitares, le dijo Castaño, “Hermano es que si yo entrego esa lista a mí nadie me cree… Yo quiero que la gente sepa quién trabaja con nosotros”, afirmó William Parra.

Debido a que se conoció la reunión entre Garzón y Castaño, la Fiscalía General de la Nación señaló que el comediante había sido asesinado por sicarios de alias Don Berna con participación de funcionarios del DAS.

Hasta el momento, además del exjefe paramilitar, que fue asesinado por orden de su hermano, Vicente Castaño en 2004, la otra persona que ha sido condenada por el asesinato de Garzón fue el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez; sin embargo, familiares del humorista han denunciado que cumple su pena en un batallón militar con múltiples beneficios.

Mientras tanto, los otros sujetos vinculados en el proceso siguen sin esclarecer su relevancia en el proceso, que fue catalogado como crimen de lesa humanidad en 2016.

Debido a los pocos avances que se han registrado en los últimos años, desde la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP destacaron que el caso de Jaime Garzón requiere de justicia con urgencia, recordando que “la investigación reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia” y que “algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial”.

De la misma forma, que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que Carlos Castaño no era el único interesado en que muriera Jaime y que la orden fue dada “desde más arriba”.

Con consignas como “No queremos cobro de piso” y “Venimos a cuidar”, varios grupos de hombres armados desfilaron por municipios de la región norte de Chiapas, como Ixtacomitán, Solosuchiapa, Ixhuatán, Tapilula y Rayón.

Por medio de redes sociales, habitantes de dichas demarcaciones compartieron videos de los recorridos de quienes se presentaron como un presunto grupo de autodefensas que pretende hacerle frente a las organizaciones criminales establecidas en la entidad.

Acorde con reportes preliminares compartidos por el periodista Isaín Mandujano, los encapuchados que forman parte de esta agrupación colocaron mantas y repartieron volantes entre las y los pobladores para manifestar las acciones que supuestamente buscan erradicar.

“Mensaje para el cártel. En estos municipios no queremos cualquier grupo de cártel, si vemos la presencia de alguno le vamos a partir su madre, ya sabemos que hay gente involucrada, es una advertencia, si guerra quieren, guerra tendrán. Att: Fuera Cártel”, señala uno de los pronunciamientos —cuya redacción fue corregida para facilitar su lectura— sin especificar la organización delictiva a la cual se hace referencia.

Un volante, firmado por un grupo autodenominado Autodefensa Los Altos de Chiapas, señala que “estamos listos para defender todos los municipios contra cualquier grupo de cártel […] El motivo es brindar la tranquilidad y seguridad a todos los municipios y circunvecinos, como comerciantes, ganaderos, tienda de abarrotes, vendedores ambulantes y a todos los que transitan”.

En distintas localidades, hombres con el rostro cubierto, gorras y fusiles de asalto avanzaron por las vialidades acompañados de numerosas caravanas de vehículos. Informes preliminares señalan que en algunos de los recorridos pasaron frente a agentes de la Policía Municipal, sin que hubiera intervención alguna de la autoridad.

Hasta el momento de la presente publicación, se desconoce el origen de este grupo de presuntas autodefensas, así como las identidades de quienes lo conforman. En los videos compartidos por pobladores, manifestaron su temor de que pudieran perpetrar ataques armados a discreción, como lo han hecho otras células delictivas.

Según estudios de la firma AC Consultores, actualizados hasta 2023, el crimen organizado tendría presencia en al menos 39 de los 124 municipios del estado de Chiapas.

En Rayón y otros territorios de la zona norte, la consultora tenía registrado en ese entonces una presencia menor e incluso nula de grupos criminales. Una de las ciudadanas que captó el despliegue de hombres armados dijo, durante la grabación: “¿Supieron algo? Porque por eso están entrando”.

Hasta 2021, en Chiapas mantenía una presencia hegemónica el Cártel de Sinaloa gracias a operadores cercanos a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Debido a una ruptura interna, uno de los cabecillas del CDS estableció alianzas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para desplazar a sus exsocios.

En este contexto, a inicios de 2024, un grupo autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) exhibió los presuntos nexos que el Cártel de Sinaloa habría forjado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

En un giro inesperado que ha reavivado controversias y recuerdos amargos, Hébert Veloza García, conocido como alias HH, fue puesto en libertad el jueves 25 de julio por orden judicial de la Ley Justicia y Paz. Este excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaba cumpliendo una pena privativa de la libertad por su participación en el asesinato de Vicente Castaño Gil, alias el Profe, uno de los líderes más prominentes de las AUC.

Alias HH había sido recluido en la cárcel de Itagüí, Antioquia, desde el 26 de diciembre de 2017, tras su extradición desde Estados Unidos, donde había cumplido condena por narcotráfico luego de la desmovilización del Bloque Bananero en 2004. Su liberación, ordenada por la Ley Justicia y Paz en una decisión judicial el 19 de julio, marca un nuevo capítulo en la compleja historia de este personaje polémico.

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El camino hacia la libertad para Veloza García no ha sido sencillo. En marzo de 2024, fue sentenciado a 18 años, 9 meses y 10 días de prisión por el crimen de Vicente Castaño, perpetrado en 2007 por orden suya. Este hecho subraya su rol clave dentro de las estructuras paramilitares que ‘desangraron’ a Colombia durante décadas.

Desde su entrada en las AUC bajo la tutela de alias Móvil 5, alias HH ascendió rápidamente y se destacó en el escenario del narcotráfico, trabajando estrechamente con Carlos Castaño, el fundador de las AUC. Su influencia se extendió más allá de los conflictos armados, participando en masacres y siendo señalado incluso en la muerte de Carlos Castaño, en un contexto de traiciones y disputas internas dentro del grupo paramilitar.

Tras su desmovilización y posterior extradición a Estados Unidos, Veloza García pagó una pena considerable por narcotráfico, de 13 años, pero no escapó del legado de violencia que lo persiguió. Regresó a Colombia en 2017 y desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones y procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad y narcotráfico, a pesar de sus intentos fallidos por obtener asilo en Estados Unidos.

La historia detrás de ‘HH’: Ascenso, poder y el misterio de su extradición

Hernán Darío Velázquez ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) como un paramilitar raso. Su carrera en este grupo armado fue meteórica; con el tiempo, ganó la confianza de los hermanos Castaño Gil, especialmente de Vicente. Ascendió hasta comandar los bloques Bananero en Urabá y el Calima en Valle del Cauca. Para el momento de las negociaciones de paz con el gobierno, en julio de 2003 en Santa Fe de Ralito, Córdoba, Velázquez ya era miembro del Estado Mayor de las AUC.

La historia de Velázquez se entrelaza con la violencia de las décadas de 1990 y 2000. Se unió a las Accu después de que las Farc le robaran un camión con mercancía en su ruta al Urabá. Aunque recuperó el camión, se vio obligado a trasladarse a Meta por temor a represalias. A finales de 1994, los hermanos Castaño fundaron el Bloque Bananero enviando un grupo de 20 hombres, entre ellos Velázquez, al municipio de Turbo.

A mediados de 2000, Velázquez fue enviado a Valle del Cauca para liderar un nuevo grupo de autodefensas en Buenaventura. Esta decisión se tomó después de que algunos empresarios se quejaran del anterior comandante, David Hernández, alias ‘39′, quien tenía a las autodefensas al servicio de ciertos narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle. Una vez al mando del Bloque Calima, Velázquez inició una expansión agresiva desde el centro hacia el Pacífico, el sur y el departamento vecino de Cauca. Con el tiempo, el Bloque Calima extendió sus tentáculos a Huila, Quindío y Antioquia.

La figura de ‘HH’ sigue siendo tenebrosa, marcada por la violencia y el poder en las sombras. Su historia, compleja y enigmática, refleja el difícil proceso de reconciliación y justicia en un país que aún lucha por desentrañar todos los secretos de su pasado violento.

Cemei Verdía, ex líder de los grupos de autodefensas de la costa michoacana, no descarta volver a tomar las armas como lo hizo hace 10 años, luego de que hace poco más de dos semanas su hija fuera asesinada en el estado de Colima.

En conferencia de prensa, quien es considerado el último personaje visible de ese movimiento armado que sucumbió al estado, declaró que en la actualidad mantiene reuniones con algunos líderes sociales de Michoacán.

“Me ando moviendo en muchas partes. Se están reorganizando, pero queremos darle el voto de confianza a las autoridades (...) no está descartado nada”, declaró Verdía.

Explicó que se han fijado tiempos, de los que no precisó fechas, pero reiteró que esperan resultados pronto. Sobre el asesinato de su hija, Cemei Verdía expuso que el atentado iba en contra de él, siendo ya siete los registrados desde el movimiento de las autodefensas.

Dijo que, para él, el presunto responsable es Germán Martínez, El Toro, quien opera en la costa michoacana. “No lo puedo digerir, uno trata de ser fuerte pero hoy me dolió, y me duele... pienso en la última llamada de mi hija (...) seguiré luchando, soy fuerte, creo que era una inyección que me hacía falta”, expresó.

Indicó que su familia cuenta con protección, pero él la rechazó. También mostró su confianza en las autoridades federales e incluso a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

No obstante, responsabilizó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de la crisis de inseguridad que prevalece en el estado y aseguró que en parte se debe a la protección que antiguos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública mantienen a grupos delincuenciales.

El pasado 1 de julio, fue asesinada Martha Laura Verdía Martínez, hija del ex líder de autodefensas, en la capital del estado de Colima. La joven viajaba en una camioneta en calles de la colonia Los Ángeles para trasladarse a un centro de análisis clínico, donde trabajaba como asistente.

En su trayecto, la joven fue interceptada por una motocicleta en la que viajaban dos hombres. Estos se le emparejaron del lado del asiento del conductor en el cruce de las calles Baja California y Jalapa y realizaron alrededor de 20 disparos.

Martha Laura murió a bordo del vehículo a causa de los proyectiles, mientras que el parabrisas, una de las ventanas y la puerta delantera del lado izquierdo quedaron severamente afectadas por el ataque.

El viernes 5 de julio, el grupo armado denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) informó que fueron contactados por grupos de extrema derecha de Venezuela con propuestas que incluyen acciones para afectar la infraestructura eléctrica y la estabilidad política en dicho país.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Fiscalía investigar dicho video publicado por el grupo paramilitar colombiano, supuestamente para contactarlos por “grupos de extrema derecha” venezolanos y así “desestabilizar” al Gobierno de la nación caribeña.

“Nosotros tenemos muchas fuentes de inteligencia (…), ellos sacan esta información, yo le pido públicamente al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que, en el marco de sus funciones, asuma esta investigación (…) porque es muy grave”, dijo el mandatario del país vecino en su programa radial ‘De repente’.

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Maduro también presentó un video de otro supuesto sabotaje en Margarita, estado Nueva Esparta, días antes de su visita, implicando que estas acciones buscan perturbar la paz y tranquilidad del proceso electoral. Apuntó que estos actos son en colaboración con bandas criminales para atacar principalmente a comunidades donde las fuerzas chavistas tienen un alto porcentaje de apoyo.

El presidente destacó la resiliencia del sistema eléctrico venezolano, que ha superado diversos ataques, y declaró que los implicados en estos actos ya fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía

Ahora bien, en el comunicado difundido por dicha guerrilla colombiana afirmaron que individuos pertenecientes a “grupos de extrema derecha venezolana” solicitaron su intervención para cometer actos que podrían alterar la infraestructura del país.

“Esta organización se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que unidades nuestras en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela” indica el grupo paramilitar.

Además, afirmaron que las unidades de las autodefensas en el departamento de La Guajira fueron contactadas con propuestas específicas para atentar contra la red eléctrica, actuar en contra del dictador candidato Nicolás Maduro e infiltrarse en las manifestaciones en caso de su reelección, para promover el caos en general.

“Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas, atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles”, señalaron las autodefensas a través de un video compartido en X.

Acsn afirmó que su organización no se involucra en asuntos internos de otros países y que su misión principal es mantener el orden en la Sierra Nevada. Además, expresaron su disposición para colaborar con las autoridades diplomáticas venezolanas y compartir más información sobre los intentos de incitación a la violencia.

“Frente a esto nos permitimos manifestar que nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la sierra nevada, contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada”, afirmó el grupo armado.

Por su parte, las autoridades colombianas, a través de unidades de inteligencia de las Fuerzas Militares, están actualmente verificando la autenticidad y la procedencia de este comunicado. Sin embargo, hasta el momento, no se ha proporcionado evidencia concreta que respalde las afirmaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra sobre los contactos venezolanos.

Maduro dijo que estarán pendientes, al tiempo que pidió transmitir esta información en los noticieros para que los ciudadanos sepan que están en una “batalla por el derecho a la paz”.

“Nadie nos va a alborotar a Venezuela, se los aseguro”, añadió.

Además, el pasado 25 de junio, el presidente venezolano acusó a la oposición de preparar una “guerra eléctrica” para “hacer daño” al país, al verse “perdidos” en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

En su programa semanal, Maduro dijo tener “información de primera mano de las conversaciones secretas de los grupos de la extrema derecha fascista preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral”.

Desde su lugar de reclusión en Estados Unidos, el exnarcotraficante y exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como Don Berna, expresó el lunes 1 de julio de 2024 su apoyo absoluto a la política de Paz Incluyente, promovida por el presidente de la República, Gustavo Petro; que en el argot popular ha sido rebautizada como la Paz Total.

En una carta de dos páginas, Don Berna señaló la importancia de la reconciliación y la inclusión de diversos actores armados, así como la necesidad de un enfoque territorial para resolver el conflicto en Colombia. Un texto que adquiere especial importancia debido a que fue uno de los más temidos hombres de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron como parte del proceso de Justicia y Paz.

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“Permítame la licencia para expresarle mi absoluto apoyo a todos sus esfuerzos para alcanzar la tan necesaria reconciliación del país”, indicó el exjefe paramilitar, que sigue de cerca los planteamientos y desarrollos de la política de reconciliación de Petro. Del mismo modo, enfatizó la relevancia de que la paz se haya convertido en una política de Estado transversal e inclusiva, más allá de las dinámicas homogéneas normalmente asociadas al conflicto.

El exlíder paramilitar también celebró el acuerdo de paz con las extintas Farc, que culminó con el Acuerdo del Teatro Colón y mostró su aprobación por los procesos en curso con el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Según Murillo, esta confluencia de intenciones “es un hecho político sin precedentes en el país, el cual no puede desaprovecharse”.

El mensaje de ‘Don Berna’ en favor de la Paz Total

Además, Don Berna mostró interés en participar activamente en la construcción de paz y aprovechar su conocimiento sobre las confrontaciones que se han desarrollado en el territorio. En su misiva, solicitó al primer mandatario ser incluido en los procesos de paz.

“La experiencia vivida como antiguo actor del conflicto, conocedor de primera mano de los conflictos urbanos y rurales del país, el tránsito en la construcción de paz desde las desmovilizadas AUC y la indeclinable voluntad de paz que desde el primer momento he expresado y sostenido a pesar de las circunstancias de mi reclusión en otro país, permiten como gestor de paz tener los instrumentos y el conocimiento para lograr que los procesos que se adelantan lleguen a un buen puerto”, manifestó.

Y remarcó la importancia en la que se revalide una cooperación entre Estados Unidos y Colombia que podría facilitar su participación, aunque fuera –en primer término- por la vía virtual.

“Existen los mecanismos de colaboración que permitirían mi participación activa en tales procesos, inicialmente a través de videoconferencias”, afirmó el exmiembro de las AUC. Así como en su momento lo hizo Salvatore Mancuso, hoy a la espera en la cárcel La Picota de Bogotá de que se resuelva su situación judicial, en pro de ejercer como gestor de paz.

En consecuencia, y dirigiéndose a la sociedad colombiana, hizo un llamado a dejar de lado las ideologías políticas que dividen y abogar por un “acuerdo sobre lo fundamental”, centrado en una paz integral para todos los ciudadanos. “La paz la construimos los que hicimos la guerra, de la mano de quienes la padecieron”, expresó. Asimismo, instó a la Comisión de Paz del Senado a respaldar esta iniciativa desde el ámbito legislativo.

Finalmente, el exparamilitar reiteró su respaldo a los esfuerzos del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, en invitar a antiguos comandantes de las AUC como gestores de paz. “Ante tales invitaciones, no tengo palabras diferentes a -¡cuenten conmigo!-”. Y manifestó que los miembros de la mesa de paz que avanza en la cárcel Itagüí y otros actores continúen con su voluntad de paz pese a los obstáculos.

Salvatore Mancuso, e xjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha sido invitado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para involucrarse de forma activa en los esfuerzos de reforma agraria en Colombia. Así lo dio a conocer Juan Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio que oficia como director de la entidad, que explicó cuál es el objetivo de la invitación extendida al designado gestor de paz.

De acuerdo con el exfuncionario, en diálogo con Blu Radio, la misión con la iniciativa es recuperar las tierras despojadas y establecer un diálogo de paz con los sectores más afectados por el conflicto. El programa, añadió, tiene un enfoque en la reparación cívica y colectiva mediante lo que se conoce como las Tareas de Ordenamiento y Reparación Agraria (Toar).

“La defensa jurídica de Salvatore Mancuso, incluso de algunos otros actores, ha planteado la posibilidad de cumplir con ese sistema de reparación en el marco de cooperar y colaborar con el plan de reforma agraria”, afirmó Harman en el mencionado medio, en el que le abrió la puerta al condenado exparamilitar, que estuvo recluido durante 15 años en los Estados Unidos, para que participe en la misma.

Los alcances de la iniciativa de la ANT

Este programa adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no solo busca la devolución de terrenos, sino que también incluye la colaboración de diferentes sectores sociales y económicos que en su momento apoyaron al paramilitarismo; ya fuera con dinero o con otros recursos de tipo logístico, o incluso armamentístico. Por tal motivo se quiere promover la verdad y la reconciliación en el proceso.

“Queremos esclarecer los temas del fondo de reparación, hacer ejercicios de verdad y de expresión al movimiento campesino y relacionarnos con sectores que en su momento impulsaron al paramilitarismo,” agregó el funcionario.

Para asegurar la transparencia y validación de los aportes, el proceso estará en coordinación con la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta entidad se encargará de validar la información proporcionada por Mancuso y otros exparamilitares en lo que respecta a las tierras despojadas y los responsables de estos actos, que causaron una brecha entre victimarios y víctimas.

“Estamos hablando con la JEP y la defensa judicial de algunos de estos actores. Se trata sustancialmente de construir paz, y creo que ese es el camino adecuado”, expresó el director de la agencia. En consecuencia, la intención, según explicó Harman, es que Salvatore Mancuso, junto con otros exparamilitares, contribuyan significativamente a la reparación cívica y colectiva mediante su cooperación en el plan de reforma agraria.

“No hay una forma distinta de hacer la reforma agraria que construyendo paz y superando esa página del conflicto que despojó a una inmensa cantidad de campesinos del país”, enfatizó el funcionario, que mencionó que están en conversaciones con otros desmovilizados de las antiguas AUC para adelantar estas entregas, además de empresarios y terceros involucrados que también podrían colaborar.

“Esperamos que en el marco de este contexto que estamos planteando, la reforma agraria no pelee con nadie, sino que sea un acuerdo nacional para evitar los actos de no repetición de semejante cantidad de barbaridades que ocurrieron en el campo colombiano”, precisó el exalcalde de la capital del Meta, que en su rol en el Gobierno está enfocado en sacar adelante la política de restitución de tierras.

Es válido acotar que, en la actualidad, Mancuso está pendiente de que se defina su situación jurídica, luego de que salas de Justicia y Paz de los tribunales de Bogotá y Barranquilla le concedieran la libertad, al considerar que ya cumplió la pena máxima contemplada en esta jurisdicción especial; pero estaría atado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reclamó poder preferente en su caso y, en una decisión inicial, negó esta petición.

Las más recientes declaraciones de Salvatore Mancuso, exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que el miércoles 12 de junio de 2024 hizo una serie de revelaciones sobre la influencia de esta estructura armada en diferentes entidades del Estado, causaron una fuerte reacción del presidente de la República, Gustavo Petro. En especial, un aparte en el que el confeso criminal hizo mención de la Fiscalía.

En su perfil de X, el primer mandatario compartió lo dicho por Mancuso sobre las preferencias de esta organización al margen de la ley en la escogencia de Mario Iguarán Arana como fiscal General, para el periodo 2005-2009. Pese a que, como el propio excombatiente de las autodefensas lo mencionó, en principio se habían decantado por la candidatura del exmagistrado Jorge Pretelt; condenado por corrupción.

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“La Fiscalía general de la Nación, la que debe investigar el crimen, durante buena parte de su tiempo ha sido influenciada por el mismo crimen. La Fiscalía ha sido dirigida por influencia del narcotráfico, el paramilitarismo y la mafia política”, dijo Petro en su mensaje, con lo que causó una fuerte ola de comentarios con respecto a sus señalamientos. Y que pondrían en duda la legitimidad de la era de Iguarán Arana.

¿Qué dijo Salvatore Mancuso sobre la elección del fiscal Mario Iguarán?

En entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, el exintegrante de las AUC contó cómo en 2005, cuando se debía elegir fiscal General de la Nación, en reemplazo de Luis Camilo Osorio (2001-2005), se inclinaron por apoyar la aspiración de Iguarán Arana. Según Mancuso, la decisión habría sido un pedido del exministro Sabas Pretelt, comunicada a través del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Sin embargo, el que estaría detrás de esta solicitud sería, nada menos, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez: el principal interesado en que Iguarán llegara al cargo, según reiteró el exmiembro de los paramilitares. “Fue un pedido que vino directamente de Sabas Pretelt, que llegó y nos manda con José Félix Lafaurie esta razón, y que era un pedido directo del señor presidente de la República”, expresó Mancuso.

Según el hombre que cumplió una pena por narcotráfico en los Estados Unidos, se reunió con Lafaurie, no sin antes recibir un documento que el directivo había mandado con Benito Osorio, en ese entonces presidente del fondo ganadero de Córdoba. “Y Benito me hizo saber que José Félix quería hablar conmigo, llegó a mi casa en Montería, cuando yo estaba comisionado (en el proceso de paz)”, afirmó el ex “para”.

En consecuencia, ante el interrogante de Coronell de si hubo magistrados de la Corte Suprema que en esa época hubieran recibido dinero para escoger a Iguarán como fiscal, la respuesta de Mancuso dejó abierta la duda. “No tengo conocimiento, porque cuando a mí me vienen a pedir apoyo, que estaba desmovilizado, incluso me pidieron contactar a Carlos Mario Jiménez (Macaco)”, agregó el excombatiente.

Y contó cómo Abelardo de la Espriella era íntimo amigo de Iguarán y a otros comandantes de las autodefensas. Pero, pese a la insistencia del periodista, al final no dijo cómo fue que se apoyó a Iguarán para que resultara elegido como el fiscal General que habría pedido Uribe Vélez a esta estructura. Por lo que quedó la duda de cuál fue la participación de las AUC en esta escogencia.

Las declaraciones de Mancuso, en las que también salpicó al exvicepresidente Francisco Santos, que según él le propuso la creación del Bloque Capital de las autodefensas; y en las que habló de la muerte de Carlos y Vicente Castaño, esta última, al parecer, ordenada por el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, causaron esta reacción de Petro: presente en Suecia, como parte de la visita de Estado los 150 años de relación bilateral con el reino.

El coronel (r) Hugo Aguilar Naranjo es recordado en el país por hacer parte del bloque de búsqueda que se adjudicó la baja del que es considerado el narcotraficante más peligroso en la historia de Colombia: Pablo Escobar, ocurrido el 2 de diciembre de 1993. Pero, también, por ser gobernador de Santander, entre 2004 y 2007, periodo en el que emprendió grandes proyectos, pero manchó su administración con sangre.

En efecto, el exmandatario seccional confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que llegó al poder en su departamento gracias a su alianza con miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y que, incluso, cogobernó con estas estructuras al margen de la ley durante sus cuatro años de mandato, a tal punto que fueron claves para la construcción de algunas de sus obras.

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Una de ellas, el Parque Nacional del Chicamocha, más conocido como Panachi, que fue inaugurado en 2006 y que, según confesó el exgobernante, fue construido con la ayuda de hombres de las autodefensas, pero también con los del Ejército de Liberación Nacional (ELN): otro de los grupos armados que opera en esta zona del territorio nacional y con los que tranzó el coronel (r).

Así confesó Hugo Aguilar que paramilitares y el ELN ayudaron a construir Panachi

En la audiencia de 23 de enero de 2024, crucial para reconocer al exgobernador ante la justicia transicional, en la que fue citado en su calidad de agente del Estado, no integrante de la Fuerza Pública, Aguilar confesó cómo fue que se dio la construcción de esta obra, una de las más atractivas del oriente colombiano. Y que se hizo un fuerte descubrimiento, gracias al entonces director del DAS, José Alexis Mahecha.

“La construcción del parque Chicamocha lo proyecté en una de las zonas más álgidas de Santander, donde había retenes de paramilitares, en municipios como Cepitá, Zapatoca y Jordán. Quería reactivar el turismo. Había guerrilleros trabajando en Panachi, los obreros eran seis guerrilleros del ELN quienes iban a activar bombas en la obra y 6 paramilitares”, confesó Aguilar Naranjo en esta comparecencia.

Según contó el exgobernador, también había más de 50 reinsertados de las AUC en la construcción del parque. Incluso Nelson Naranjo, un exrepresentante a la Cámara condenado por nexos con “paras”, estuvo vigilante con el tema contractual de los obreros. “Llevó los reinsertados para cumplir con unos compromisos porque él reconoció que consiguió la curul gracias al apoyo de Ernesto Báez”, afirmó.

Así pues, Aguilar reconoció la participación de las autodefensas en Panachi, que sería una especie de favor a miembros de estas estructuras que ya se habían desmovilizado. “Acepto la condena de la Corte, por el beneficio que recibí de las AUC y reinsertados que trabajaron en el parque. Con eso se estaba cumpliendo a la organización, pese a que ya había un proceso de paz”, agregó.

Hijo de Hugo Aguilar sacó pecho por obras en Panachi

En redes sociales se conoció en la noche del domingo 9 de junio de 2024 una publicación de Luis José Aguilar, hijo del coronel (r) Hugo Aguilar, en la que, palabras más, palabras menos, “sacó pecho” por lo que, según él, fue la obra más importante de su progenitor como gobernador de Santander. Y lo hizo con un video en el que se ve al ex alto oficial altas dignidades de la política nacional.

Entre ellas, Horacio Serpa Uribe, que fue su predecesor en el periodo 2008-2011, además del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en un recorrido en teleférico por las instalaciones de este centro recreacional, que tiene como principal atractivo, justamente, el Cañón del Chicamocha: uno de los accidentes geográficos más impactantes del país y Latinoamérica.

“Mi padre, @CrHugoAguilar, junto al mejor presidente de Colombia, @AlvaroUribeVel, en la inauguración del teleférico de Panachi, con el entonces gobernador Horacio Serpa. Recuerdo de cuando las diferencias políticas no importaron, sino solo el desarrollo y progreso de Santander”, comentó el joven, que se describe como “intento de abogado, politólogo y piloto de avión. Santandereano y de derecha”.

El acto compartido por uno de los hijos del clan Aguilar corresponde al 24 de enero de 2009, cuando se inauguró este medio de transporte, que comprende un recorrido de seis kilómetros sobre la Mesa de los Santos y el cañón del Chicamocha, construido en 14 meses. Uribe Vélez se montó en uno de los vagones con el gobernador en ejercicio y viejo contendor político, Serpa, y con Aguilar.

Como era de esperarse, la publicación causó comentarios tanto a favor como en contra de la gestión de Aguilar, y hubo quienes recordaron el pasado oscuro que involucra a esta megaobra de infraestructura que costó, en ese entonces, 34.000 millones de pesos. Y que tardó más de dos años en construirse, en una alianza entre la Gobernación de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Hugues Manuel Rodríguez fue uno de los ganaderos más poderosos del departamento del Cesar, pero conocido por sus lazos con los paramilitares, especialmente por la amistad que tuvo con alias Jorge 40.

Es considerado uno de los principales causantes de los desplazamientos forzados en la región, así como por su rol como financiador y promotor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La importancia de Hugues Manuel Rodríguez dentro de las filas paramilitares llevó a que se ganara el apodo de ‘Comandante Barbie’, y ser uno de los testaferros de Jorge 40.

Por su vinculación con el paramilitarismo, los bienes incautados al ‘Comandante Barbie’ deben terminar en manos del Fondo para las Víctimas con el propósito de que los recursos sean usados para las personas que han sufrido el conflicto armado y así repararlas.

Sin embargo, la W Radio en un extenso reportaje aseguró que Antonio Bustos Sánchez, funcionario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se opuso tajantemente a que la finca Las Américas, avaluada en 26 mil millones de pesos, fuera entregada al Fondo para las Víctimas.

Para lograrlo, Bustos Sánchez presentó un incidente de oposición ante la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla, con el objetivo de ser el representante legal actual de Inversiones Rodríguez Fuentes Limitada (Ltda).

Este movimiento fue rechazado por la Sala de Justicia y Paz y solicitó que fuera investigado por la movida que consideraron sospechosa.

“Antonio Bustos Sánchez, como depositario provisional designado por la SAE, aparentemente excediéndose en el ejercicio de sus funciones, ha promovido un trámite tendiente a salvaguardar los derechos de terceros, en desmedro de los intereses estatales”, indicó la Sala de Justicia y Paz.

“No deja de causar extrañeza lo siguiente: pese a que desde el 31 de marzo de 2023 en el marco del proceso cautelar que origina el incidente, esta Magistratura solicitó la declaratoria de improcedencia extraordinaria de la acción de extinción dominio frente a la finca “La América” requerimiento que efectivamente fue comunicado el 11 de abril de 2023, se hizo caso omiso a tal comunicación. Ni siquiera esto se analizó en la sentencia que dictó el despacho judicial cognoscente el pasado 13 de diciembre de 2023″, aseveró la Sala de Justicia y Paz.

Ante este caso, el vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales, Sebastián Caballero, en entrevista con el medio de comunicación citado, anunció que Bustos Sánchez fue retirado de su cargo.

“Se le ha delegado un mandato de representación en nombre del estado no para que defienda paramilitares, sino para que defienda los intereses de la entidad. Hemos procedido el día de ayer a hacer la remoción de esta persona como representante legal y a solicitar los informes de gestión”, indicó Caballero.

Además, agregó que “la Posición de la SAE es de absoluto y rotundo rechazo a esto que ha sucedido. La SAE administra cerca de 2.800 empresas (...) afortunadamente nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de esto que consideramos que es un exabrupto, que es una canallada, que se hace por medio del representante legal”.

Adicionalmente, el vicepresidente de la SAE Sebastián Caballero afirmó en su momento que remitieron una solicitud a la Fiscalía con el propósito de que se procediera a la declaratoria de improcedencia de la medida y así proceder “en el término de lo posible a hacer la devolución del bien a Justicia y Paz para que sea entregada a las víctimas”.

Luego de todo este proceso, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla dejó en firme la decisión que ordenó que la Finca La América, ubicada en la zona palmera del municipio de Chimichagua, centro del Cesar e incautada al ‘Comandante Barbie’, debe pasar a reparación para las víctimas.

El 27 de febrero de 2024 el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso regresó a Colombia luego de estar cumpliendo con una pena en Estados Unidos desde el año 2008. La decisión del exparamilitar se dio luego de la invitación del presidente Gustavo Petro de convertirse en gestor de paz.

No obstante, los procesos abiertos en contra de Salvatore Mancuso hacían que su futuro como gestor de paz fuera incierto, hasta que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exjefe paramilitar, debido a que le levantaron las 57 órdenes de captura que tenía en su contra.

“Del postulado Salvatore Mancuso Gómez, segundo sustituir las 57 detenciones preventivas intramurales a Salvatore Mancuso por otras, sin esa connotación, con la obligación de suscribir la defensa premonitoria en la que le queden enumeradas las obligaciones y puntualizaciones en torno al componente de verdad y entrega de bienes”, manifestó el magistrado José Manuel Parra.

De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, la libertad de Mancuso se debe a que ha representado con hechos las intenciones de trabajar por la paz del país.

Así las cosas, Nelson Menjura, abogado de Salvatore Mancuso, dio a conocer en RCN Radio que una vez se concrete la liberación del excomandante de las Autodefensas de Colombia, este llevará a cabo una serie de de reuniones con otros cabecillas y exmiembros del extinto grupo paramilitar con el objetivo de ubicar alrededor de 400 fosas comunes en zonas de frontera con Venezuela y Córdoba.

El jurista aseguró que lo que hace falta para la liberación del exparamilitar es un trámite administrativo de verificación en cuanto a las medidas de aseguramiento en el Inpec, que se desarrollaría el martes 14 de mayo.

Sin embargo, Otty Patiño, alto comisionado de paz, aseguró en la misma cadena radial que se debe reglamentar las tareas que cumplirá Mancuso como gestor de paz.

“El Gobierno tiene desde luego la responsabilidad de proteger la vida del señor Mancuso, que hoy, desde luego, se supone que es una persona con alto riesgo debido a su pasado, pero también debido a que mucha gente teme de que él diga cosas que puedan ser inconvenientes para algunas personas”, manifestó Patiño.

Otty Patiño también aseguró que “la gestión de paz de Mancuso debe ser un plan de trabajo, que ya empezó a discutir con él, en el cual ayude a gestionar, entre otras cosas, el cierre del proceso, de los procesos que se abrieron en la jurisdicción de justicia y paz con el presidente Uribe y que todavía no están completamente cerrados”.

El alto comisionado de paz puntualizó que el Gobierno debe poner una serie de restricciones a las tareas que cumplirá Mancuso: “No puede ser, digamos, simplemente el Estado al servicio de lo que él quiera, sino también de un plan convenido, de acuerdo con los criterios que tenga el gobierno y de las posibilidades reales que él pueda obtener”.

Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz y Álvaro Álvarez, familiar de Luis Francisco Hernández y Freddy Hernández, víctimas de la Autodefensas de Colombia en conversación con W Radio expresaron su opinión sobre la libertad de Salvatore Mancuso.

“Lo único que motivaba a Mancuso era la libertad. Estoy seguro que si los magistrados no le concedían la libertad, él no decía nada, como lo han hecho todos los exparamilitares”, indicó Juan David Díaz.

“Para mí la libertad de Mancuso es beneficioso para mí, porque permite conocer la verdad del conflicto armado en Colombia. Mancuso puede responder a las víctimas con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejarlo en libertad”, expresó Luis Francisco Hernández.

La decision del magistrado de Justicia y Paz de Bogotá Manuel Bernal de decretar, el jueves 9 de mayo de 2024, la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, al suspender las 57 órdenes de captura que tenía vigentes, desató toda una polémica en el país. En especial, entre las víctimas del ex cabecilla de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que no tardaron en mostrar sus reparos a la determinación.

Una de esas voces disonantes que claman justicia por parte de Mancuso, que ya completó dos meses recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, tras ser deportado desde los Estados Unidos, es Juan David Díaz: hijo del asesinado alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, que cuestionó el fallo del togado que beneficiaría a uno de los victimarios de su padre; en un crimen que aún sigue en la impunidad.

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A través de un pronunciamiento que hizo llegar a la redacción de Infobae Colombia, el médico, defensor de derechos humanos y ambientalista se refirió a la posible liberación del exparamilitar, en caso de que reciba el visto bueno de la Fiscalía; y de luego de que se defina por parte de la Corte Constitucional qué jurisdicción transicional tiene competencia sobre este caso, si Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los duros cuestionamientos de una de las víctimas de Salvatore Mancuso

En su postura, Díaz se mostró extrañado de cómo el tribunal pudo desestimar más de 50 detenciones al excomandante del Bloque Catatumbo de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero no logró que revelara la verdad, según él, “sobre su relación criminal y de negocios con alias La Gata, entre otros socios del crimen, que son de conocimiento público”.

Para el hijo del abatido alcalde, que cayó en las garras del exgobernador de Sucre Salvador Arana, el mismo que confesó haber sido el determinador de este crimen, “esta situación es decepcionante”: tanto en su condición de víctima, como también de vocero y representante de estas. Y con el antecedente que, después de recibir el beneplácito de la JEP, el exmandatario local recibió la libertad condicionada, a cambio de seguir entregando información; lo cual no estaría sucediendo.

“Con esta decisión se nos arrebata la oportunidad de conocer la verdad de muchos hechos que aún permanecen ocultos y que Salvatore Mancuso conoce”, advirtió en su declaración, como, por ejemplo, la de los que considera son sus aliados criminales, “que por tantos años han gozado de impunidad a pesar de que ordenaron asesinatos, desplazamientos, robos de tierras y sepultamiento de cuerpos de víctimas”.

Desde su perspectiva, el actuar de los que llamó “señores de la guerra” es el de actuar por conveniencia. “Con esta orden de libertad, ya no hay motivación para decir la verdad, mucho menos para reparar de manera integral a las víctimas”, agregó el vocero de las víctimas en Sucre, que durante 21 años ha luchado para que se haga justicia en el caso de su progenitor; tristemente célebre por haber advertido, ante el entonces presidente Álvaro Uribe, que lo querían asesinar.

Para él es claro que con Mancuso en libertad, lo más seguro es que se dedicará a “recibir el halago de sus aduladores de oficio”, a disfrutar de sus negocios “y así seguir amasando riquezas”. Mientras tanto, dejó en claro que buscará que se conozca la verdad “hasta debajo de las piedras”, en relación con los múltiples crímenes que fueron ordenados por el cordobés en esta región. “Y luchando contra las injusticias, incluyendo las de la mal llamada justicia colombiana”, concluyó.