Al grito de “¡La izquierda siempre vive!“, dos hermanos agredieron la noche del sábado con golpes de pies y puño al diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, quien se ha hecho conocido por llegar al Congreso vestido con un capote militar muy similar al del exdictador Augusto Pinochet, de quien es un confeso admirador.

Su asesor también resultó con lesiones leves y el parlamentario ya anunció una querella criminal contra los responsables. Desde el Ministerio Público, confirmaron este domingo que abrieron una investigación por la agresión, ocurrida en un Club Deportivo Montevideo de la pacífica comuna rural de Olmué (100 kms al noroeste de Santiago).

“Aproximadamente a las 00:25 horas, ingresó una denuncia al turno de instrucción y flagrancia de la Región de Valparaíso por una falta de lesiones leves", señaló la fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo.

“En dicha celebración estaba el diputado don Javier Olivares, quien mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada -y que también se encontraba acompañado por uno de sus asesores- fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro“, agregó.

“A consecuencia de lo anterior, tanto el asesor como su abogada trasladan a la víctima hacia el exterior del establecimiento, lugar donde nuevamente es abordado por este sujeto, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo éste al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente“, detalló la persecutora.

La fiscal Quevedo agregó que su asesor también recibió golpes y ambos fueron trasladados a un recinto asistencial a fin de “constatar lesiones y que tomaran declaración tanto a las víctimas y a los testigos del lugar, con el objeto de poder individualizar a los individuos que habrían agredido a ambas víctimas".

La querella criminal

Desde el equipo del diputado Olivares, en tanto, publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraron que ya preparan una querella criminal contra “todos los responsables” de la agresión, y dieron mayores detalles del asalto.

“Luego de seis minutos en el recinto saludando a los asistentes, el diputado Olivares fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: “La izquierda siempre vive”, consignó Cooperativa.

“Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermano – ambos ya plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales – huyeron del lugar, agrediendo además durante su escape a uno de los asesores parlamentarios del diputado, a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente”, reza el documento.

Así las cosas, “esta oficina parlamentaria informa además que se presentarán las acciones judiciales y querellas criminales correspondientes contra todos los responsables de estos graves hechos contra un parlamentario en pleno ejercicio, llegando hasta las últimas consecuencias que la ley permita”, cerraron.

En los comentarios de la publicación, lejos de hacer mea culpa por lo polémico de su atuendo, el propio Olivares escribió:

“Lo sucedido es un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad. Perseguiré a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos, y a todos los responsables detrás de este ataque”, aseguró.

“No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades. Con mas fuerza que nunca defenderé los valores que me devolvieron a Chile por estos cuatro años”, remató el diputado.

Sin embargo, esta jornada también aparecieron otros testimonios que apuntan a que el diputado habría provocado la agresión.

“El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador. El diputado, muy burlesco, muy de su estilo, le respondía algo alusivo de Pinochet, lo cual encendió los ánimos (...) Eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché. Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa”, señaló un testigo al matinal de CHV.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó este lunes de $70 a $120 millones (USD USD 135 mil) la indemnización que el Estado de Chile deberá pagar por concepto de daño moral a Eduardo Abdón Araya Rojas, detenido en abril de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) cuando solo tenía 9 años junto a sus abuelos, a quienes nunca volvió a ver.

De acuerdo al fallo unánime de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, “se desprende de forma manifiesta la gravedad y entidad de los daños sufridos por el actor y las diversas secuelas sicológicas que hasta el día de hoy le afectan, producto de su detención ilegal en el mes de abril de 1976 cuando tenía la edad de 9 años”.

Según el escrito, la víctima “se encontraba en compañía de sus primos también menores de edad y de sus abuelos, que ejercían el rol parental a su respecto, y respecto de quienes su paradero actualmente aún se desconoce–, la que se extendió por tres días, período en que fue sometido a diversas torturas físicas y sicológicas; para luego ser liberado junto a sus primos, lo que generó un quiebre irreparable de su vida familiar, en cuanto debió seguir adelante sin figuras parentales, en una situación de desamparo especialmente grave si se considera su corta edad”.

“Tales circunstancias hacen necesario, a juicio de esta Corte, que la indemnización por parte del Estado sea regulada en una suma superior a la fijada por el Tribunal de primera instancia, considerando la gravedad del ilícito y sus circunstancias, la extensión y gravedad del daño sufrido”, cierra el fallo.

El secuestro

El 2 de abril de 1976, agentes de la DINA llegaron hasta la casa donde Eduardo Araya vivía con sus abuelo en Quintero y se llevaron detenidos a todos los familiares presentes, incluyendo varios primos de la víctima también menores de edad.

Todos fueron conducidos hasta el centro clandestino conocido como Cuartel Venecia, en la comuna santiaguina de Independencia, donde permanecieron por tres días en cautiverio para luego ser abandonados cerca de la casa de otros familiares en la capital.

Sin embargo, de sus abuelos, Bernardo Araya y María Olga Flores, nunca más se supo, siendo catalogados como víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado en el Informe Rettig.

Araya demandó al Estado por daño moral argumentando pérdida de escolaridad, abandono, hambre, trabajo infantil, exilio y secuelas psicológicas persistentes.

El debate sobre el futuro de Colonia Dignidad ha sumado nuevas voces fuera de Chile, ya que funcionarios del Ministerio de Exteriores alemán confirmaron que revisarán la reciente decisión del Gobierno chileno de frenar la expropiación del antiguo enclave. Según recogió el medio Radio13, Kathrin Deschauer, portavoz del ministerio alemán, indicó que analizarán la situación bajo las nuevas circunstancias y reafirmó el respaldo del Gobierno Federal alemán a iniciativas dirigidas a recordar y abordar los crímenes vinculados al periodo colonial y la dictadura chilena.

El ministro de Vivienda chileno, Iván Poduje, explicó en entrevista con Radio13 que la administración comandada por José Antonio Kast tomó la determinación de detener el proceso de expropiación en el que venía trabajando el Ministerio de Vivienda. “Reversar significa que el Ministerio de la Vivienda no puede expropiar y, por lo tanto, que nosotros, como Ministerio, no vamos a participar de esa expropiación (...). El Ministerio de Vivienda no hace memoriales: se dedica a hacer casas, barrios, y esa es mi tarea”, declaró el funcionario según informó Radio13. Esta decisión marca el cambio de rumbo respecto a la política impulsada por el anterior gobierno de Gabriel Boric, donde se buscaba transformar el predio en un lugar de reflexión nacional y levantar un monumento en memoria de los crímenes perpetrados en el emplazamiento durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.

El medio Radio13 detalló que Poduje ha argumentado su postura también en redes sociales, defendiendo la decisión ministerial y señalando presuntas irregularidades administrativas vinculadas al procedimiento de expropiación. Sumó que, según cálculos de la cartera, con los recursos que hubieran sido destinados a expropiar el terreno, el Estado podría rehabilitar hasta 1.500 apartamentos en condiciones deficientes. Además, negó que existan motivos ideológicos en el cambio de posición del ministerio y se remitió a criterios de gestión y eficiencia en la política habitacional.

Tal como publicó Radio13, la Colonia Dignidad fue establecida en 1961 por Paul Schaefer, antiguo suboficial del ejército nazi, quien huyó de Alemania tras acusaciones de abuso a menores en un orfanato. El asentamiento llegó a congregar a aproximadamente 300 personas, en condiciones de aislamiento total frente a la sociedad chilena y siguiendo normas internas como la separación obligatoria entre hombres y mujeres. La comunidad, de origen alemán, desembarcó en Chile a comienzos de los años sesenta tras dejar la ciudad alemana de Siegburg y con el tiempo pasó a denominarse Villa Baviera.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Colonia Dignidad se transformó en un centro clandestino de detención, tortura y asesinato de opositores al régimen. Las denuncias de violaciones de derechos humanos, sumadas a los antecedentes de crímenes sexuales y maltratos cometidos por Schaefer, colocaron al enclave en el centro del debate público chileno e internacional. Schaefer fue capturado en Argentina en marzo de 2005 tras estar prófugo cerca de ocho años. En 2006 fue condenado a 20 años de prisión por abuso infantil y falleció en prisión en 2010.

La medida de expropiación impulsada bajo el mandato de Boric, que buscaba convertir el sitio en un espacio para la memoria, encontró la oposición de gran parte de los actuales residentes de Villa Baviera, quienes no respaldaron la intervención estatal tal como consignaron medios locales. Según Radio13 y otras fuentes recogidas en el debate, organizaciones de derechos humanos se han mostrado preocupadas ante la posibilidad de que la decisión del actual Gobierno represente un retroceso en los esfuerzos de reconocimiento histórico y reparación a las víctimas del enclave.

El tema permanece bajo seguimiento internacional. La portavoz del Ministerio de Exteriores alemán puntualizó en rueda de prensa que uno de los objetivos del Gobierno Federal sigue siendo el impulso de proyectos que contribuyan a la memoria de los crímenes del pasado. La posición de Alemania y la inquietud de organizaciones de derechos humanos apuntan a que la discusión sobre el destino definitivo de Colonia Dignidad continúa abierta y su relevancia traspasa las fronteras nacionales, condicionando el debate entre justicia histórica y las prioridades actuales en materia de política pública.

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, confirmó este domingo que dará marcha atrás a la expropiación de Colonia Dignidad, asentamiento alemán emplazado en el sur del país que fue usado como centro de detención, tortura y asesinato durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con La Tercera, la autoridad sostuvo que la decisión de suspender uno de los proyectos “estrella” de la administración de Gabriel Boric para construir en el enclave un sitio de memoria, se debe a que su cartera tiene el comprometido un 97% de su presupuesto por lo que llamó “deudas de arrastre”, asunto que lo ha obligado a priorizar proyectos.

En adición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, razón por la cual el secretario de Estado sostuvo que se hace necesario aplazar o definitivamente cancelar éste y otros proyectos que calificó como “faraónicos”.

“Tenemos una estimación de que solamente la parte urbana son $47 mil millones (unos USD 50 millones). No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado”, razonó Poduje.

“Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan”, agregó.

De paso, descartó motivos ideológicos en su decisión.

“Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social (…) Los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados”, señaló el jefe de la cartera encargada de la reconstrucción post incendios.

El titular del Minvu informó también que junto a Colonia Dignidad, cancelará la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, avaluado en $22 mil millones (USD 23,500 millones) y la construcción del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia en Santiago.

“Yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego (...) Hemos hecho una serie de ajustes (y) lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales“, remató Poduje.

Las críticas de la oposición

Cabe señalar que el gobierno alemán reconoció los crímenes, pidió disculpas por ignorarlos durante años y hasta aprobó en 2019 un plan de indemnizaciones para las víctimas de la secta, admitiendo el sufrimiento causado por el régimen de Paul Schäfer.

Así las cosas, la determinación del Gobierno no cayó nada bien en la oposición, desde donde acusaron “un intento por negar la historia” y “falta de consideración” a las cientos de víctimas.

Mediante una declaración pública, desde la bancada de diputados del Frente Amplio llamaron al Gobierno a revertir la decisión del Minvu y “generar todas las herramientas que permitan que nunca más en Chile esto se produzca“.

En tanto, la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Carolina Tello, recordó que “las atrocidades que ocurrieron en la ex Colonia Dignidad forman parte de los episodios más dolorosos de la historia de nuestro país“.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la administración del presidente Boric, Jaime Gajardo, calificó la resolución como “una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta“, señaló en su cuenta de X.

Finalmente, desde la bancada diputados del Partido Socialista afirmaron haberse enterado de la decisión “con estupor” y criticaron que se haya tomado de manera unilateral y sin diálogo previo.

En un contexto marcado por los recientes incendios que devastaron 64.000 hectáreas a finales de enero en varias regiones chilenas, José Antonio Kast anunció la puesta en marcha de medidas para acelerar la reconstrucción de viviendas, atribuyendo esta responsabilidad al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y a la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf. Junto con este anuncio, el mandatario utilizó su primer discurso en La Moneda para delinear los ejes de su administración, enfocándose principalmente en la seguridad interna, el control migratorio y la optimización del gasto público, según consignó el diario 'La Tercera'.

En su intervención, Kast declaró que recibe un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar, un país con sus finanzas públicas debilitadas, un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado”. De acuerdo con 'La Tercera', el presidente presentó su mandato como un “gobierno de emergencia” y recalcó que esta definición no constituye un simple eslogan, sino que implica “orden donde hay caos, alivio donde hay dolor y mano firme donde hay impunidad”. Kast articuló su mensaje identificando a los “adversarios reales de Chile”, diferenciándolos de aquellos que tienen posiciones políticas diferentes, y señaló como tales a quienes “han tomado nuestros barrios, corrompido a nuestros jóvenes, sembrado el terror en las poblaciones y quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, explotar a otros o convertir nuestro suelo en tierra de nadie”.

El presidente enfatizó la necesidad de unidad, alejándose de discursos basados en el resentimiento y llamó a enfocar los esfuerzos nacionales en la tarea de enfrentar la crisis descrita. En esta línea, solicitó dejar de lado divisiones políticas para dedicarse al trabajo pendiente, subrayando que “Chile es más grande que nuestras divisiones”.

El foco sobre la migración irregular adquirió fuerte protagonismo en la comparecencia de Kast. Según publicó 'La Tercera', el mandatario afirmó que considerará “adversarios de Chile” a quienes ingresen al territorio nacional de manera irregular con fines delictivos. Asoció estos flujos migratorios al avance del crimen organizado y a la pérdida de seguridad en áreas urbanas, posicionando el control fronterizo como una de sus prioridades inmediatas de gobierno.

En respaldo a las fuerzas de orden, Kast transmitió a Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y Fuerzas Armadas que “tendrán todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política que durante tanto tiempo les faltó”. Reiteró que ningún agente enfrentará solo la violencia y prometió firmeza para perseguir a quienes atenten contra funcionarios del orden, mencionando el reciente ataque sufrido por un carabinero en Puerto Varas, quien resultó con muerte cerebral.

Antes de pronunciar su discurso desde el balcón de La Moneda, Kast firmó seis decretos enfocados en temas de seguridad y gestión administrativa. Detalló 'La Tercera' que el primero de ellos establece el plan “Escudo Fronterizo” para la Macrozona Norte, la cual comprende Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El Gobierno designó como comisionado presidencial al vicealmirante Alberto Soto Valenzuela y atribuyó al Ejército de Chile el despliegue de las nuevas medidas: eliminación de pasos fronterizos no habilitados, mayor presencia militar en las áreas limítrofes, utilización de tecnología avanzada para el control de ingresos y acciones orientadas tanto a combatir la migración irregular como el crimen organizado.

Por otra parte, Kast ordenó la realización de una auditoría integral sobre el gasto público aplicable a todos los ministerios y organismos estatales, con el objetivo de obtener un diagnóstico preciso sobre las cuentas nacionales y reducir los desembolsos del Estado. El presidente afirmó que busca transparencia para que “todos tengan claro el estado de la Nación”.

En relación al desarrollo económico, otro de los decretos busca acelerar la tramitación de más de cincuenta permisos ambientales. Estos proyectos representan inversiones por cerca de 16 millones de dólares (unos 13,9 millones de euros), considerados por el Ejecutivo como esenciales para la creación de empleo y el restablecimiento de la dignidad de los chilenos, detalló 'La Tercera'.

Kast llegó al poder tras obtener el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre, superando a la candidata progresista Jeannette Jara. Su victoria representa la llegada al poder del pinochetismo en un contexto democrático, subrayó el medio citado. Hijo de Michael Kast, quien perteneció al partido nazi en Alemania antes de emigrar a América Latina al amparo de dictaduras de la región, José Antonio Kast enfrenta su primer mandato tras tres intentos electorales previos.

A lo largo de su campaña, tanto Kast como Jara se dirigieron al electorado apelando a los temores sociales, aunque el ahora presidente reiteró durante el discurso algunas de las consignas que han caracterizado a su referente político, el dictador Augusto Pinochet, como el orden, la disciplina y la defensa de valores tradicionales.

El enfoque inaugural de Kast como presidente pone énfasis sobre la seguridad, el control migratorio y la reactivación económica mediante inversión y reducción del gasto estatal. Según subrayó 'La Tercera', su administración busca implementar una agenda orientada a responder con rapidez a los problemas que identifica como emergencias, marcando desde el primer día su estrategia de gobierno en la etapa que comienza.

El anuncio de que varios integrantes del equipo presidencial brasileño ya se encontraban en Chile antecedió a la decisión de última hora tomada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva de cancelar su presencia en la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Según informó el portal de noticias G1 citando a fuentes del Ejecutivo brasileño, Lula había confirmado previamente su asistencia al acto protocolar, previsto para este miércoles en Valparaíso, donde líderes y representantes internacionales se reunirán en el Congreso Nacional de Chile para presenciar el cambio de mando.

De acuerdo con G1, la determinación de Lula de no desplazarse a la ciudad chilena se adoptó la noche del lunes, después de que la avanzada del equipo de la Presidencia de Brasil ya se encontrase en el país anfitrión para ultimar detalles de la visita oficial. La ausencia del presidente brasileño ha llamado la atención, considerando la relevancia regional de la ceremonia y el peso de Brasil en la política sudamericana.

El evento congregará a diversos jefes de Estado y delegaciones de América Latina y otras regiones, reportó G1. Entre los asistentes confirmados figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y los presidentes de Costa Rica y Honduras, Rodrigo Chaves y Nasry Asfura, respectivamente. Además, asistirán altos funcionarios, como el ministro de Asuntos Exteriores de El Salvador, Félix Ulloa; el ministro ucraniano Andri Sibiga, y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y actual precandidato político, sí acudirá al acto, junto a otros referentes de la derecha y ultraderecha de la región, detalló G1. Esta presencia adquiere notoriedad considerando el contexto político en el que se enmarca el ascenso de José Antonio Kast como nuevo jefe de Estado chileno.

Kast accede a la presidencia luego de lograr el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en diciembre, imponiéndose sobre Jeannette Jara, según consignó G1. Esta victoria representa el tercer intento del político por llegar al máximo cargo ejecutivo en Chile y afianza su perfil político, caracterizado por la reivindicación de propuestas de mano dura, orden y defensa de valores tradicionales, en línea con el legado de Augusto Pinochet, a quien Kast ha señalado como una referencia histórica.

G1 precisa que José Antonio Kast es hijo de Michael Kast, quien militó en el partido nazi alemán y como otros individuos con esa afiliación, se trasladó a América Latina tras la Segunda Guerra Mundial, encontrando protección en países gobernados por regímenes autoritarios durante el siglo XX.

Con la llegada de Kast a La Moneda, el acto de investidura en Valparaíso reunirá a figuras internacionales cuyas presencias reflejan la diversidad de posturas políticas en la región. La decisión de Lula de cancelar su visita marca un giro respecto a la lista de asistentes y representa un elemento destacado en el desarrollo del evento, según publicó G1.

Esta semana, el Senado chileno aprobó en general con 23 votos a favor y 22 en contra un proyecto de ley presentado por parlamentarios de derecha que busca suspender o conmutar por arresto domiciliario las penas de adultos mayores con enfermedades graves, asunto que podría beneficiar a buena parte de los militares condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en el penal Punta Peuco, y a varios otros psicópatas y asesinos seriales actualmente tras las rejas.

Entre ellos se cuentan figuras como el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff -condenado a más de 1.000 años de prisión por secuestros, tortura y homicidios durante la dictadura de Augusto Pinochet-, y asesinos seriales como Julio Pérez Silva -el “psicópata de Alto Hospicio”- y Hugo Bustamante -el “asesino del tambor”-, condenado por el brutal crimen y violación de su hijastra menor de edad, Ámbar Cornejo, además de otros dos homicidios.

La iniciativa propone suspender o conmutar por arresto domiciliario las penas a aquellos presos que padezcan enfermedades o discapacidades que no puedan ser tratadas satisfactoriamente en un recinto penal, sufran enfermedades crónicas, estén en fase terminal o tengan un mínimo de 70 años de edad, pero cumplan 80 sumando su condena.

Sin embargo, tal como detalló la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, más de 12 mil reos podrían acceder a este beneficio de manera automática -400 de ellos condenados por delitos graves como violación, homicidio y parricidio-, “sin además tener mecanismos de acreditación de las circunstancias de salud que vayan a invocar al tribunal”.

Así las cosas, una vez aprobada en el Senado, las críticas desde el oficialismo y organizaciones de DDHH no se hicieron esperar.

Proyecto “Punta Peuco”

El primero en abrir los fuegos contra el “proyecto Punta Peuco”, como fue bautizado por el oficialismo, fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien aseguró a la salida del hemiciclo que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”.

“Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país (...) ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niños, niñas o adolescentes? Eso realmente no tiene ninguna explicación", sostuvo visiblemente emocionado.

De la misma opinión fue el exfiscal Carlos Gajardo, quien calificó la norma como “de locos” y “aberrante”, puesto que “beneficiaría a una larga lista de criminales, incluyendo a María del Pilar Pérez (La Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato”, según publicó en su cuenta de X.

De paso, recordó que los casos de condenados con enfermedades terminales “ya pueden ser conmutados por reclusión domiciliaria. Por lo tanto, el argumento de la enfermedad terminal es falso. Sinceren la discusión: están votando una ley de punto final encubierta”, lanzó, acusando a la derecha de buscar beneficiar a los militares presos por delitos de lesa humanidad.

En la misma línea, el presidente Gabriel Boric sostuvo que la iniciativa “consagra la impunidad para criminales” e hizo un llamado al Congreso a impedir su avance en la Cámara de Diputados.

“Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza. La justicia es justicia”.

La réplica de la derecha

Desde la otra vereda, en tanto, defendieron el proyecto de ley, pues tal como sostuvo Juan Irarrázaval, jefe de bancada del Partido Republicano, "en ningún caso" la idea es permitir que dicha cantidad de presos dejen las cárceles.

“Estoy seguro que el presidente José Antonio Kast lo evaluará en su momento, a ver si calza con su programa de gobierno”, manifestó.

Sus palabras fueron refrendadas por el senador Rojo Edwards y el diputado libertario electo, Hans Marowski, quienes llamaron a ponerle urgencia al proyecto y sopesar la idea de un indulto presidencial por parte de Kast, en caso de que la iniciativa sea finalmente rechazada.

“Nosotros apoyamos el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones para que no haya riesgo de reincidencia, que no salgan personas potencialmente peligrosas”, sostuvo este último.

Finalmente, desde la propia oposición el diputado Diego Schalper (RN), reconoció que la norma propuesta “jurídicamente tiene errores graves y hay que hacer correcciones profundas”.

Así las cosas, el polémico proyecto continuará ahora su discusión en particular en el Senado y está por verse si avanzará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite legislativo. Cabe señalar que el presidente Gabriel Boric no puede vetar el proyecto, pues solamente tiene atribuciones para hacerlo una vez que la ley sea promulgada.

Una polémica envuelve al presidente electo, José Antonio Kast, a menos de dos semanas de asumir el poder. Ello, puesto que la foto oficial que su equipo presentó este martes fue duramente cuestionada en redes sociales, primero por su factura -mal encuadre, traje arrugado, brazos rígidos, errónea iluminación-, y luego por el escudo nacional al medio de la banda, asunto que fue calificado como un “guiño a Pinochet” y denunciado ante la Contraloría por contravenir “lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597”.

¿El denunciante? Luis Mariano Réndón, abogado y presidente de la Fundación Memoria Histórica, quien citando dicha ley de 1912, recordó que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior”, sin hacer alusión a ningún otro ornamento.

“Si la ley se preocupó de regular este asunto de cuáles son las características de la banda presidencial y no se incluyó en ella ningún otro elemento como el escudo nacional, es por algo, y tiene que ser respetada. Todos los presidentes, desde la recuperación de la democracia, cuando han aparecido con la banda presidencial, ninguno de ellos ha incluido este escudo”, argumentó Rendón.

Debido a esto, “le estamos pidiendo a la Contraloría que oficie a la Presidencia de la República, a la administración actual, para que suspenda la impresión, la reproducción de esa fotografía, en tanto no haya una resolución definitiva. Esa es la medida para evitar el mal uso de recursos públicos”, agregó.

Sin embargo, mediante un publicación en su cuenta de X, el abogado dejó entrever el motivo de fondo de su denuncia: “No solamente después de la recuperación de la democracia los presidentes nunca usaron escudo en la banda. Tampoco Alessandri, Frei y Allende la usaron antes. El guiño de José Antonio Kast al dictador asesino y ladrón es evidente”.

Sus palabras fueron refrendadas por el diputado humanista Tomás Hirsch, quien aseguró que “él mira las fotos que hay para atrás, y él sabe perfectamente que el que tuvo el mismo sistema, digamos con el escudo, fue Pinochet. Por lo tanto, yo creo que hay ahí un guiño directo a lo que fue la dictadura y me parece lamentable por lo demás”.

Equipo defiende la foto

Así las cosas, Mara Sedini, vocera del futuro gobierno de Kast, salió al paso de la denuncia y las críticas señalando que la foto en movimiento es “una gran apuesta que muestra la identidad del presidente y también de lo que va a ser su gobierno, un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante".

De acuerdo a Sedini, la idea es “mostrar nuestro cielo, nuestro campo, ese movimiento y esa expresión corporal del presidente electo en esa fotografía”, explicó.

“Ha habido múltiples presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial, el Presidente Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio, un símbolo que nos pertenece a todos los chilenos y lo que busca ese mensaje es precisamente la unidad”, complementó.

Finalmente, la futura vocera de gobierno sostuvo que la foto en cuestión “es una invitación a todos los chilenos, no solo a los que votaron por él, a volver a hacerse parte de nuestra patria, de nuestros símbolos, de nuestro mensaje y de lo que queremos demostrar al futuro con el avance, con caminar hacia adelante”.

La noche de este martes el presidente electo, José Antonio Kast, presentó a los 24 ministros que formarán su gabinete a partir del 11 de marzo próximo. El anuncio no estuvo exento de polémica, pues aunque sus socios de Republicanos y Chile Vamos (UDI+RN) respaldaron los nombramientos, el flamante mandatario recibió previamente críticas desde su propio sector y posteriormente del oficialismo y de analistas y organizaciones de derechos humanos, que tildaron como una “provocación” el nombramiento de dos exabogados del exgeneral Augusto Pinochet en los ministerios de Defensa y Justicia.

Más cargado a lo técnico que a lo político, el nuevo gabinete está conformado por 16 ministros independientes y solo ocho militantes de partidos -dos republicanos y uno de RN, la UDI, Evópoli, el Partido Social Cristiano, Demócratas e incluso del Partido Radical-, y debido a que varios nombres trascendieron a la prensa previamente, los primeros en hacer sus reparos fueron el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, y el histórico líder de la UDI, Pablo Longueira.

En entrevista con La Tercera, Kaiser sostuvo que armar un gabinete con más independientes “lo único que hace es neutralizar su base de apoyo”, que a su colectividad no se le permitió “una incidencia real en el diseño político ni en el cumplimiento del programa”, y que “recibimos una oferta que estaba diseñada para que no la pudiéramos aceptar”.

“Un ministerio, que no es un ministerio donde nosotros tengamos una especialización, que era Minería; una o dos subsecretarías y ninguna delegación presidencial. Con lo cual, en el esquema político, desaparecíamos completamente (...) Hay grupos económicos que están mejor representados que lo que hubiésemos estado si aceptábamos la oferta. Y sacamos el 14% de los votos”, fustigo el diputado.

En la misma línea, Longueira, aseguró que varios de los futuros ministros tenían, al igual que un yogurt, “fecha de vencimiento”.

“No sé si hay un diseño del gabinete (…) Hay varios ministros que conozco y hay varios que no los conozco, y he conocido sus trayectorias a través de los medios de comunicación. No quiero opinar, pero sí me preocupa el nivel de improvisación”, señaló también a La Tercera.

De acuerdo a Longueira, “yo hubiera hecho un esfuerzo especial para que integraran a Johannes Kaiser, porque al final, al no sentirse parte o sentirse libre, finalmente se empiezan a construir alternancias al gobierno, tratan de diferenciarse y comienzan artificiosamente a construirse estas diferenciaciones para marcar perfiles distintos”.

Los respaldos

Una vez conocido el nuevo equipo, las colectividades que apoyaron a Kast saltaron al ruedo a darle su apoyo mientras esperan tener más representación en las subsecretarías.

De acuerdo al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, “se logró un equilibrio que la verdad es muy bueno. Si ustedes se fijan, van a encontrar que hay un reflejo muy profundo de lo que son las fuerzas del Rechazo. Los que nos juntamos como partidos políticos el 4 de septiembre del año 2022, sacamos adelante una tarea que era especialmente relevante para los destinos del país. Y acá se ven reflejadas todas esas fuerzas políticas, que también contaban con una gran cantidad de independientes que nos permitieron sacar adelante ese plebiscito”, argumentó.

De la misma opinión fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que “lo relevante es que en cada ministerio tengamos un buen equipo, un buen equilibrio entre el rigor técnico y también entre la experiencia política. Gobernar es difícil y la experiencia política es muy valorada, y por lo tanto, aquí yo creo que va haber un buen equilibrio”.

Por su parte, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, indicó que “nosotros como partido queremos colaborar en el gobierno del Presidente Kast, obviamente él es el que conforma su gabinete, esto es el primer paso de lo que se viene, el gobierno tiene un número de espacios, de lugares donde se puede aportar, y obviamente nosotros lo que hemos hecho es poner a nuestra gente a disposición de toda esa representación amplia que hoy día parte”.

Finalmente, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que “la conformación del gabinete tiene que buscar ampliar la mayoría, por lo tanto, la política no se puede dejar de lado. Siempre tiene que estar incorporado y buscar a través de la conformación de ese equipo cómo se logra eso. Y segundo, se requiere de personas tremendamente competentes, por lo tanto, ambos principios son válidos tanto para los ministros como para los subsecretarios”.

Las críticas

Desde la vereda de enfrente, por otra parte, criticaron la designación de los abogados Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fernando Barros en la cartera de Defensa, pues ambos defendieron en diversas ocasiones al exgeneral Augusto Pinochet, asunto que fue calificado como una “provocación” por analistas políticos y un “retroceso” por parte de 16 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

“Es una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares y un retroceso enorme para los avances que hemos tenido en el tema de derechos humanos“, señaló a EFE Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

El académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, afirmó al medio citado que “es controversial que Rabat sea ministro de Justicia considerando su vínculo con Pablo Rodríguez” -aludiendo al fallecido líder de Patria y Libertad, organización paramilitar de extrema derecha que se opuso al gobierno de Salvador Allende-, y calificó su designación como “una señal negativa, incluso provocativa”.

Finalmente, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, fustigó al flamante gabinete calificándolo como “heredero políticamente” del exgeneral Augusto Pinochet.

En su mensaje dirigido personalmente al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, Benjamin Netanyahu precisó las áreas de mayor interés para el futuro de las relaciones bilaterales, entre ellas la seguridad, la investigación tecnológica, la gestión del agua, la agricultura y el desarrollo económico. El medio Europa Press reportó que este posicionamiento, acompañado de una felicitación protocolaria tras la confirmación de los resultados de la segunda vuelta electoral en Chile, dejó claro el interés de Israel en fortalecer su cooperación con la próxima administración de Kast y colocar estos rubros estratégicos en el centro de la agenda común.

Según indicó Europa Press, el primer ministro de Israel publicó su mensaje en la red social X, dos días después de que se ratificara la victoria de Kast, quien alcanzó el 58 por ciento de los votos en los comicios. El líder israelí destacó el interés de su país en trabajar en sintonía con el equipo de gobierno chileno para “profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico para fortalecer la asociación entre nuestras dos democracias”. Esta declaración, citada por Europa Press, contempla un enfoque multidimensional para el vínculo entre ambos países, con el acento puesto en rubros considerados prioritarios por ambas partes.

La proyección de una colaboración reforzada responde también al discurso de José Antonio Kast, centrado en el orden, el desarrollo económico y la modernización del Estado. Europa Press comentó que el gobierno de Israel busca aprovechar estas coincidencias para potenciar sinergias y avanzar en intercambio tecnológico y de negocios. En especial, la gestión del agua figura como una de las prioridades, dado el peso de los desafíos climáticos y la geografía chilena, que enfrenta recurrentemente períodos de sequía y demanda soluciones innovadoras, un área donde Israel posee experiencia significativa.

El contexto histórico de las relaciones entre Chile e Israel aparece marcado por la convivencia de comunidades de origen judío y palestino en el país sudamericano, así como por una tradicional política exterior chilena orientada a mantener equilibrios en Medio Oriente. Europa Press precisó que ambos Estados han logrado acuerdos en materia comercial y han colaborado en proyectos académicos y tecnológicos; la administración entrante de Kast encuentra un terreno abierto a nuevas iniciativas, tal como se desprende de las declaraciones del primer ministro israelí.

Europa Press también aportó información sobre el perfil político y personal de José Antonio Kast. Se mencionó su identificación con la extrema derecha y su admiración por el régimen militar de Augusto Pinochet, así como los antecedentes familiares, ya que es hijo de Michael Kast, quien estuvo vinculado al nazismo antes de migrar a América Latina tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El medio contextualizó que casos como el de Michael Kast representaron una tendencia migratoria de exmiembros del régimen nazi que buscaron asentarse en países sudamericanos bajo gobiernos de orientación autoritaria durante la segunda mitad del siglo XX.

El medio destacó que la mención, por parte de Netanyahu, de “las dos democracias” en su mensaje, subraya el interés de Israel por subrayar la afinidad institucional y la compatibilidad de principios gobernantes en ambos países. De acuerdo con Europa Press, este punto toma relevancia para la estrategia diplomática israelí, que busca reforzar lazos con aliados internacionales que compartan valores democráticos y representen nodos estables dentro de sus respectivas regiones.

En el plano económico y productivo, la colaboración bilateral en agricultura y en innovación tecnológica puede tener impacto directo en sectores clave para la economía chilena e israelí. Europa Press puntualizó que, en el pasado, ambas naciones han impulsado acuerdos de intercambio en estos rubros, y las intenciones expresadas por Netanyahu sugieren el deseo de dar continuidad e incluso expansión a estas líneas de trabajo conjunto.

Las declaraciones del mandatario israelí se inscriben, según Europa Press, en una tradición de gestos diplomáticos entre líderes internacionales tras procesos electorales, enfocadas en sentar bases para la cooperación futura y ajustar los ejes estratégicos del vínculo bilateral, especialmente cuando el país receptor posee relevancia regional o es considerado un posible aliado en escenarios internacionales más amplios.

Europa Press recordó que Kast alcanzó la presidencia en su tercer intento como candidato y consiguió una mayoría amplia en la segunda vuelta, lo que le otorga un mandato con un respaldo político significativo. El medio puntualizó que tanto su figura como su ascendencia han suscitado debate en la sociedad chilena, dadas las controversias asociadas a su postura respecto a la dictadura militar y a sus orígenes familiares.

Con esta comunicación pública, Israel manifiesta su disposición a trabajar junto a la administración de Kast sobre valores compartidos y áreas de interés mutuo. Europa Press resaltó que este tipo de mensajes suelen definir el tono de la relación en los primeros meses de gestión de un nuevo gobierno y ofrecen una hoja de ruta preliminar para los vínculos y proyectos de cooperación en los próximos años.

En respuesta a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro sobre la situación de los migrantes venezolanos en Chile, José Antonio Kast, presidente electo chileno, atribuyó escaso peso a las advertencias provenientes de Caracas y sostuvo una postura firme frente al mandatario venezolano, a quien calificó de “narcodictador”. Este intercambio profundizó la tensión diplomática entre ambos gobiernos y evidenció la fractura existente en torno a los derechos de quienes conforman la diáspora venezolana, según consignó el diario chileno La Tercera.

Según informó La Tercera, Kast minimizó los señalamientos de Maduro en el Aeropuerto de Santiago, cuando se encontraba en tránsito hacia Buenos Aires con el objetivo de reunirse con Javier Milei, presidente de Argentina. En ese contexto, ante la consulta de periodistas acerca del llamado de Maduro a “no tocarle un pelo a un venezolano”, Kast respondió: “Me tiene sin cuidado, es un narcodictador”. Esta postura se inscribe en una estrategia política caracterizada por un discurso enfocado en reforzar el control fronterizo y establecer restricciones severas para el ingreso y permanencia de extranjeros en territorio chileno.

El medio La Tercera detalló que la confrontación verbal estalló tras el triunfo de Kast en una segunda vuelta electoral frente a la candidata progresista Jeannette Jara, en la que el líder conservador cosechó cerca del 60% de los votos. El programa de gobierno de Kast incorpora la propuesta de cerrar las fronteras del país, efectuar deportaciones masivas y crear una unidad policial dedicada específicamente a la detención de inmigrantes en situación irregular, medidas alineadas con lineamientos aplicados en países como Estados Unidos.

Maduro intensificó su respuesta al etiquetar a Kast como “seguidor de Hitler”, referencia que hace alusión a la biografía de su padre y a vínculos con el régimen nazi, reportó el diario chileno. Además, el presidente venezolano reiteró que “la migración venezolana tiene derechos” y promovió un plan estatal destinado a facilitar el retorno de venezolanos desde el extranjero, reafirmando la disposición de su administración a proteger a sus ciudadanos dondequiera que se encuentren.

La Tercera subrayó que el debate sobre la migración venezolana en Chile ocurre en un contexto de auge del flujo migratorio en la región y recuentos oficiales que arrojan cifras relevantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Chile citados por el medio, en 2023 se identificaron 252.591 venezolanos en situación irregular en el país, lo que representa el 75% de la población extranjera no documentada en el territorio chileno.

El discurso de Kast durante la campaña privilegió el tema de la seguridad, aunque los datos de criminalidad referidos oficialmente no registran una correlación estricta con la percepción creciente de inseguridad dentro de la población, explicó La Tercera. Por otra parte, la agenda conservadora del presidente electo se consolida con su oposición expresa a la legalización del aborto y al matrimonio igualitario, sosteniendo un perfil ideológico afín a propuestas vinculadas con el denominado “trumpismo” y las tendencias internacionales de endurecimiento de las normas migratorias.

De acuerdo con La Tercera, el ascenso de Kast al poder implica la llegada de un político abiertamente simpatizante de Augusto Pinochet a la presidencia. Pinochet encabezó una dictadura que según cifras recopiladas por el diario, provocó más de 40.000 víctimas, entre asesinatos, desapariciones y torturas. Esta dimensión histórica refuerza el simbolismo del giro conservador experimentado actualmente en la política chilena.

La situación de los migrantes venezolanos persiste en la agenda pública. El gobierno venezolano mantiene programas de retorno y reitera su prerrogativa de proteger a los connacionales en el extranjero, política promovida por Maduro en sus mensajes a la diáspora. Según citó La Tercera, el refuerzo de estos planes responde directamente a las preocupaciones surgidas por el trato y las nuevas políticas adoptadas por el gobierno chileno.

Kast manifestó durante la campaña, según publicó La Tercera, que existe la posibilidad de que otros países latinoamericanos incrementen su presión sobre la administración de Maduro para enfrentar fenómenos asociados a la exportación de drogas, fenómeno que el propio Kast señaló como inadmisible. “La exportación de drogas no es aceptable”, declaró el presidente electo de Chile, abriendo el debate sobre una eventual respuesta diplomática regional coordinada.

La confrontación diplomática entre Chile y Venezuela introduce un capítulo adicional en la discusión regional sobre políticas migratorias, derechos humanos y seguridad, relató La Tercera. El nuevo gobierno chileno encara el desafío de responder tanto a los desafíos internos derivados del aumento del flujo migratorio como a las presiones y advertencias provenientes de gobiernos de países de origen de los principales contingentes de migrantes, entre ellos Venezuela. En este marco, la controversia entre Kast y Maduro resalta la complejidad de la relación entre política interna, migración y diplomacia en el contexto latinoamericano actual.

José Antonio Kast, identificado por su admiración abierta al régimen de Augusto Pinochet y frecuentemente asociado con posturas ultraconservadoras, ha cimentado su llegada a la presidencia de Chile en su tercera candidatura tras captar el respaldo de un sector social que expresó descontento con la situación actual del país. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Kast obtuvo la victoria en la segunda vuelta electoral al vencer a Jeannette Jara, representante del sector progresista, en una jornada que marca el retorno de un discurso afín al legado pinochetista al Palacio de La Moneda y representa la primera vez que la ultraderecha chilena logra acceder al gobierno por medio de elecciones democráticas.

La propuesta programática de Kast, según detalló Europa Press, se sustenta en líneas maestras que recuerdan las promesas del propio Pinochet: restaurar el orden, aplicar mano dura, defender valores tradicionales y reivindicar un “hacer grande al país otra vez” que conecta con tendencias similares al trumpismo estadounidense. El medio señaló que la polarización fue el sello distintivo de esta campaña presidencial, donde ambos aspirantes recurrieron al temor como arma política para movilizar votantes; Kast, con la amenaza del comunismo pese a que Jara no representa al perfil que él denunció, y los sectores progresistas, enfatizando el riesgo de una vuelta a prácticas dictatoriales.

El triunfo de Kast forma parte de un fenómeno más amplio que detecta Europa Press en América Latina, en la que el crecimiento de movimientos ultraconservadores se ha evidenciado de manera sostenida en los últimos años. Algunos casos puntuales en la región podrían presentar giros electorales en el futuro próximo, como en Brasil o Colombia, sumándose a un contexto regional en el que, según expone la agencia, la presión de Estados Unidos sobre países como Venezuela sigue latente, con ofertas de créditos y respaldo político ligados a orientaciones de voto.

La elección de Kast se explica, en buena medida, por su capacidad para canalizar el voto de sectores que manifiestan insatisfacción frente a la inseguridad, la dificultad para acceder a mejores condiciones económicas y la percepción de una crisis migratoria. Europa Press reportó que un 58 por ciento del electorado optó por la promesa de un “gobierno de emergencia” que busca revertir una sensación de descontrol, aunque las cifras oficiales sobre delitos no necesariamente respaldan la idea generalizada de aumento de la criminalidad.

El ascenso de Kast, sin embargo, enfrenta límites institucionales relevantes. Europa Press subrayó que tendrá que negociar con un Congreso fragmentado, cuya composición lo obliga a suavizar su discurso y ajustar sus ambiciones programáticas si pretende avanzar en su agenda. Durante los últimos años, el nuevo presidente ya mostró señales de moderación, aunque su trayectoria política y personal pone de relieve vínculos persistentes con la ultraderecha y una visión crítica de los procesos democráticos vividos por el país.

Europa Press recordó que Kast no ha logrado distanciarse completamente del pasado de su familia: es hijo de Michael Kast, quien fuera miembro del partido nazi y emigró a América Latina tras la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la protección que ofrecieron ciertas dictaduras. Michael Kast se instaló en Chile y prosperó oponiéndose a gobiernos democráticos como el de Salvador Allende, mientras que uno de sus otros hijos, Miguel Kast, integró el grupo de economistas conocidos como los 'Chicago Boys', clave en la implementación de políticas neoliberales durante la dictadura pinochetista. Durante aquellos años, Miguel Kast se desempeñó también como ministro.

José Antonio Kast inició su carrera política vinculado a corrientes conservadoras y, antes de formalizar la fundación del Partido Republicano en 2019, llevó adelante campañas en defensa de la permanencia de Pinochet, incluyendo su participación en el referéndum de 1988. Europa Press puntualizó que en 2017, cuando lanzó su primera candidatura presidencial, Kast llegó a manifestar abiertamente que, de poder hacerlo, habría votado por el dictador. El medio también destacó que Kast evita calificar como dictadura la etapa pinochetista, caracterizando ciertos aspectos de ese período como “rescatables”, a pesar del saldo de cerca de 40.000 víctimas entre casos de tortura, prisión, asesinatos y desapariciones.

Su plataforma actual, según publicó Europa Press, incluye un rechazo firme al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, además de adoptar posturas duras contra la inmigración, alineadas con tendencias trumpistas. Entre sus principales propuestas figura el cierre de fronteras, la deportación masiva de migrantes y la creación de cuerpos policiales dedicados a controlar el flujo migratorio, siguiendo el modelo estadounidense.

La reciente victoria electoral de Kast ocurre dentro de una coyuntura marcada por el auge de liderazgos conservadores en distintos países de América Latina y una sociedad chilena dividida, en la que las narrativas del miedo y la polarización dominan los debates públicos. Aunque el entorno político obliga a moderar sus propuestas y buscar acuerdos en un parlamento diverso, Kast ha consolidado una corriente ideológica que busca reconfigurar la dirección política de Chile, reeditando planteamientos y símbolos del pasado reciente, tal como ha documentado Europa Press.

Los casi cinco millones de ciudadanos chilenos incorporados al padrón electoral por la obligatoriedad del voto han contribuido a que la participación en estas elecciones presidenciales alcance cifras sin precedentes y añade un grado de incertidumbre sobre el resultado final. Según detalló Europa Press, la nueva normativa aprobada en 2022 obligó a votar bajo amenaza de multas de hasta 100 euros, lo que llevó a aumentar la afluencia y a modificar la composición del electorado, en un contexto de creciente polarización política y social.

En la jornada electoral de este domingo, los chilenos deciden entre los proyectos opuestos de José Antonio Kast, candidato de la ultraderecha y líder del Partido Republicano, y Jeannette Jara, aspirante progresista del Partido Comunista. La elección, reportó Europa Press, está marcada por el clima de confrontación entre las dos candidaturas y por temas prioritarios para el electorado: migración, economía y seguridad pública, asuntos que han dominado el debate y las promesas de los candidatos durante la campaña.

De acuerdo con Europa Press, el respaldo recibido por José Antonio Kast de parte de los demás aspirantes conservadores, tras la primera vuelta de noviembre, ha sido inmediato y sin condiciones, situación que lo coloca en una posición favorecida. Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Franco Parisi, exponentes de diferentes corrientes de la derecha y el centro-derecha, reunieron en conjunto alrededor de seis millones de los votos emitidos, de un total de trece millones de votantes. Este apoyo a Kast contrasta con el escenario de las elecciones de 2021, cuando las alianzas en el bloque conservador resultaron más inciertas.

El programa político de Kast, según consignó Europa Press, prioriza un enfoque de “mano dura” frente a la delincuencia, una reducción significativa en los impuestos y una política migratoria restrictiva, dirigida especialmente hacia la inmigración irregular, concretamente la procedente de Venezuela. Kast, de 59 años, ha prometido expulsiones masivas y la creación de un cuerpo policial especializado en la persecución de migrantes, semejante al modelo de Estados Unidos, cierre de fronteras y prohibición de acceso a servicios fundamentales para migrantes sin documentación regular. Entre sus propuestas para la seguridad destacan la posible construcción de prisiones de alta seguridad similares a las impulsadas por Nayib Bukele en El Salvador y el despliegue de fuerzas militares y policiales en distintas zonas afectadas por el crimen organizado, medidas que también han sido planteadas por otros liderazgos conservadores latinoamericanos.

Economía y reformas fiscales constituyen otro eje central de la oferta de Kast. El candidato prometió recortes y un retorno a la austeridad con la meta de ahorrar 5.000 millones de euros en el primer año de su mandato, aunque no ha especificado las posibles consecuencias para derechos sociales como las pensiones, según especificó Europa Press. Diversos sectores políticos consideran que, para implementar este plan, Kast dependerá del respaldo de congresistas moderados, lo que podría generar tensiones y limitar el avance de las propuestas más radicales.

El panorama para las fuerzas de izquierda, según el propio análisis publicado por Europa Press, aparece como particularmente adverso. Jeannette Jara, de 51 años y primera representante comunista en competir por la presidencia, obtuvo el 26 por ciento en la primera vuelta, cifra por debajo de lo que reflejaban algunas encuestas basadas en datos de septiembre de 2022, cuando un 38 por ciento había apoyado un proyecto de reforma constitucional. Llamó la atención de la prensa su disposición a incorporar medidas propuestas por sus adversarios, como la devolución del IVA del excandidato Parisi y algunos puntos del programa de Matthei, para ampliar su base electoral en el balotaje.

Durante su gestión como ministra de Trabajo, Jara defendió reformas laborales y sociales aprobadas durante el mandato de Gabriel Boric, entre ellas la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo, medidas que se vieron eclipsadas en la campaña por el amplio rechazo que enfrenta actualmente el presidente Boric, lo que, según el medio Europa Press, perjudicó a la candidata. Jara propuso reforzar la seguridad y la vigilancia de fronteras, aunque con un enfoque diferente al de Kast: se inclinaría por la integración de migrantes y acciones contra las finanzas del crimen organizado, como el levantamiento del secreto bancario para investigar flujos de dinero ilícito. Entre sus propuestas económicas y sociales figuran un ingreso mínimo vital para familias vulnerables, regulaciones de precios de servicios básicos, medidas para reducir las listas de espera en el sistema público de salud y programas para el acceso a la vivienda de jóvenes.

Europa Press informó que la reforma electoral de 2022 representa uno de los factores diferenciales de estas presidenciales. El número de votantes aumentó de una media entre siete y ocho millones en comicios previos a más de trece millones tras la entrada en vigor de la obligatoriedad, quedando todavía pendiente entender el comportamiento y la orientación política de los nuevos participantes, quienes muy posiblemente inclinarían su voto hacia opciones de derecha o populistas. En la primera vuelta, Franco Parisi, considerado antisistema, consiguió cerca del 20 por ciento de los votos y sorprendió quedando en tercer lugar, lo que subrayó el carácter cambiante del electorado chileno.

Tanto Kast como Jara se han enfocado en propuestas para combatir el avance del crimen organizado y la violencia, aunque difieren radicalmente en la metodología y las implicancias sociales de las medidas sugeridas. Kast se ha mostrado partidario de intervenir con mano dura y militarizar áreas críticas, mientras que Jara prefiere avanzar en inteligencia financiera y programas de inclusión para los sectores afectados.

Las elecciones de este año demuestran la fragmentación y recomposición de las fuerzas políticas chilenas, con el voto obligatorio erigiéndose en un factor de cambio y la creciente preocupación por la seguridad pública, la situación económica y los flujos migratorios como ejes centrales de la agenda. Según Europa Press, el desenlace de esta segunda vuelta definirá la orientación del próximo período político, en un país donde el electorado se ha mostrado dividido y las alianzas estratégicas resultaron decisivas para definir los bloques en pugna.

A lo largo de la campaña, las declaraciones de apoyo de presidentes de la región al proyecto de Kast, como Daniel Noboa de Ecuador, Javier Milei de Argentina y Santiago Peña de Paraguay, han sido reportadas por Europa Press como una expresión del avance de la ola conservadora en América Latina y de la atención internacional que ha suscitado la contienda chilena. La coalición que respalda a Kast busca así posicionar su triunfo como un ejemplo de cambio regional, mientras que la candidatura progresista intenta rearticularse en un contexto menos favorable que el previsto inicialmente.

Los resultados de la participación electoral y el comportamiento del “voto obligado” seguirán siendo objeto de análisis para la escena política chilena, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, dado su potencial para modificar el balance de poder y redefinir el mapa político de los próximos años. El proceso, además, será observado por distintas corrientes internacionales interesadas en las consecuencias del viraje político en Chile en cuestiones como la inmigración, la gestión económica, el combate al crimen y la protección de derechos sociales.

Como es habitual en Chile, se votó sin incidentes, con resultados que se conocen inmediatamente y tal como se esperaba, con 59 años, en su tercer intento, triunfó José Antonio Kast (JAK), político de larga trayectoria que fue diputado durante cuatro periodos consecutivos en representación de la Unión Demócrata Independiente, a la que renunció para crear el partido Republicano como expresión de una derecha más ortodoxa, logrando derrotar a la izquierda por amplia margen. La pregunta tiene relación con el tipo de gobierno, si lo suyo será una administración conservadora centrada en las urgencias del momento, es decir, las promesas de superación de las múltiples crisis del país, tales como seguridad, inmigración ilegal, retroceso económico, o sorprenderá al intentar buscar una alianza más amplia, que represente el nuevo clivaje que por primera vez en democracia gana una contienda presidencial.

En efecto, todas las elecciones que tuvieron lugar en democracia entre 1989 y 2021 giraron en torno al paradigma que dejó instalado el plebiscito que en 1988 rechazó la permanencia del general Pinochet en el poder, porcentajes que se repetirán en las elecciones presidenciales siguientes, incluyendo aquella donde Boric derrotó al propio Kast en segunda vuelta. Sin embargo, ahora predominó un nuevo diferenciador, donde la mayoría representa más bien al conjunto de fuerzas que se unieron para rechazar la propuesta de reforma constitucional rupturista en referéndum constitucional que tuvo lugar el 2022, y que ahora, por primera vez triunfa en una presidencial, resultado que mantiene hasta hoy a la constitución de 1980, la cual sobrevivió también a un segundo intento de modificación, impulsado esta vez por Kast, igualmente rechazado el 2023, es decir, años desperdiciados, cuya revisión y análisis he hecho en el libro “Chile y su giro de 360 grados”.(1)

El gobierno que pretendió ser refundacional de Boric terminó en total fracaso, ya que el retroceso de Chile ha sido gigantesco, prácticamente en todo nivel, tanto que quizás por vez primera desde el retorno a la democracia, los temas sobre los cuales giró esta última elección son temas impulsados por la derecha, como ser el crecimiento económico, la desregulación y, sobre todo, inseguridad generalizada, inmigración ilegal y delincuencia. Además, Kast se va a convertir en el primer presidente que llega a La Moneda reivindicando el legado del general Pinochet.

La duda es qué tipo de gobierno hará Kast, ya que a partir del cambio profundo que significó la inesperada violencia de octubre 2019 que pudo no solo haber derribado al gobierno de Piñera sino también al propio sistema democrático, Chile ingresó a un periodo de confusión reflejado en una verdadera lotería electoral, con muchas elecciones en años continuos, y donde el resultado de cada una de ellas fue distinto al anterior, clima en el cual fue electo Boric y su programa de ruptura que descalificaba al Chile de la transición post dictadura, internacionalmente reconocido como algunos de los mejores años de su historia, el Chile de la democracia de los acuerdos, que consiguió vía grandes pactos la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y el progreso social, logros que pusieron a Chile en la vanguardia regional.

Sin embargo, contra ese Chile se alzó la alternativa de Boric, y pareció que, por decisión de los propios chilenos, el país se convertiría en el tercer caso sudamericano de retroceso político, social y económico, uniéndose a Argentina desde Perón a los Kirchner y a Venezuela, a partir de la elección democrática de Chávez, aunque, por cierto, sin el carácter trágico de esta última.

Kast asumirá oficialmente en marzo 2026 con muchas expectativas, pero también muchos frentes que atacar y, por lo tanto, muchos problemas que resolver. El contexto es de crisis variadas, siendo la dificultad mayor, el actual sentido de propósito del país, incluyendo su proyección internacional. Al respecto, la pregunta es la clásica ¿Qué hacer?, donde de partida, la derecha enfrenta su problema histórico y no solo de ahora, la falta de una cultura de coalición, ya que al igual que en esta elección donde pudo haber ganado en primera vuelta con comodidad, prefirió abordarla dividida en tres candidaturas, en un clima de confrontación una contra otra, donde el principal adversario parecía ser quienes pensaban parecido, lo que solo parcialmente se resolvió en esta segunda vuelta.

A pesar de ello, el país que legó el general Pinochet, el de la división en dos bandos irreconciliables comenzó a derribarse, ya que sectores todavía no muy numerosos, pero sí significativos de quienes estuvieron en la vereda opuesta ahora apoyaron públicamente a Kast, siendo uno de los hechos más relevante el paso dado por el expresidente Eduardo Frei.

Coincide con otro cambio, en el sentido que hoy Kast no generó miedo o rechazo en el centro, al mismo tiempo que se modificaba el clivaje, es decir la división o fractura política, del parteaguas que durante tanto tiempo determinó los resultados electorales. Para el propio Kast fue una novedad en relación con su primera participación presidencial del 2017 (fue cuarto) y a la elección que perdió con Boric en la segunda vuelta del 2021, donde fue derrotado en el voto de centro que lo percibió como demasiado extremo, repitiéndose el resultado del plebiscito de 1988.

¿Por cuánto tiempo predominará esta nueva línea divisoria? No lo sabemos, y dependerá de cuál camino tome Kast en sus primeros días, si es que se limita a buscar la mayoría en la derecha más la suma de apoyos tan poco confiables como el populismo de Parisi, o cambia la conversación, decidiéndose a buscar una mayoría nueva, una, a la vez social y electoral, que le permita gobernar en mejores condiciones considerando dos cosas, la primera, es la lotería electoral manifestada en votaciones distintas en cada elección como también en los dos referéndums constitucionales, y segundo, sobre todo, no correr la misma suerte que sufrió Piñera con el estallido del 2019, con un sector violento que no ha desaparecido, sino que está probablemente dormitando, además de la oposición total que le hará tanto el Frente Amplio de Boric como el más organizado Partido Comunista.

Para Chile, lo mejor que podría pasar sería que Kast sorprendiera y en vez de limitarse a la difícil tarea de unir a la siempre díscola derecha y su conocido espíritu de fronda, a partir del voto de centro recibido, invitara con nombre distinto a una nueva Concertación, esta vez no solo con restos, sino incorporando a nuevos votantes, y con todos los que quieran participar, intentara reproducir lo que dio grandes resultados a partir de los 90, es decir, la experiencia de coalición de grupos distintos en torno a objetivos precisos, con suerte otras tres décadas, no solo para administrar mejor, sino para buscar nuevamente cambiarle la cara a Chile, obteniendo algo que ningún país ha logrado en Iberoamérica como tampoco existe hoy fuerza política que esté proponiendo centrarse en solo dos objetivos, solo dos: el desarrollo económico y una democracia de calidad.

Kast ya tuvo una lección, su nuevo partido, el republicano arrasó el 2023, obteniendo la mayoría para el segundo proceso constitucional, sin embargo, cometieron el mismo error de quienes habían fracasado antes con el proyecto ultraizquierdista, ya que, en vez de buscar una propuesta unitaria de consenso, se optó por un programa partidista, el suyo, con lo que sufrió también una fuerte derrota al ser rechazada en referéndum su propuesta.

La Concertación original surgió como coalición de centroizquierda para enfrentar el plebiscito de Pinochet y fue exitosa como gobierno, precisamente porque buscó construir una mayoría desde el primer día, entendiendo que el país era uno solo, y que no se debían repetir gobiernos como el de la Unidad Popular de Allende como tampoco el de Pinochet. Ese Chile estaba más dividido que el actual, ya que en ese entonces había un porcentaje importante que no quería la democracia, como también existía otro porcentaje relevante que no quería el mercado, por lo que la transición chilena fue esencialmente solo eso, un gran acuerdo sobre precisamente lo que separaba al país, adoptándose la democracia en lo político y el mercado en lo económico como denominador común.

Por lo tanto, si se toma el camino de la Democracia de los Acuerdos no hay necesidad de inventar nada, tan solo centrarse en dos objetivos y nada más que dos, el desarrollo económico y la democracia de calidad. Más aún e igualmente relevante, el éxito de la transición chilena también se debió a que entendió que su instalación coincidió con un gran cambio internacional en los 90, por lo que se adecuó rápidamente, lo que colaboró para que con rapidez Chile fuera reintegrado al club de los países democráticos. Es en ese marco internacional que la transición hace su propio aporte, la construcción de una de las más amplias redes de tratados comerciales del mundo que incluyen EE. UU., Europa, China, Japón, el Pacífico, otros lugares, que le han dado sustento a las exportaciones y permitieron una modernización económica que ha sobrevivido a todos los ensayos empobrecedores recientes como también al mal gobierno de Boric.

El tema internacional no es un favorito de la derecha chilena como tampoco figuró en forma destacada en ninguna de las ocho candidaturas en esta última elección, pero por lo mismo podría ser quizás un lugar que le proporcione satisfacciones a Kast con rapidez, si es que decide tomar este camino. De partida, recuperar buenas relaciones con EE. UU. e Israel (clave para el sector Defensa de Chile) se puede hacer en pocos días y seguramente la mano estará extendida para ser estrechada en ambos, pero no debe allí limitarse, ya que el mundo está experimentando el mayor cambio desde el fin de la ex URSS, con un agregado, que EE. UU. como el país que creó el sistema de relaciones económicas internacionales posterior a la segunda guerra mundial, está hoy modificando su propia creación, afectando a aliados y adversarios.

De lograrse un acuerdo con China, dado el poder de ambos, ese hecho hará nacer un nuevo sistema en reemplazo del que está desapareciendo frente a nosotros. Al respecto, con rapidez Chile podría llegar a Washington con una propuesta de largo plazo, que, en el día de hoy, podría tener relación con lo que más le interesa a la potencia, que son las tierras raras, y donde no ha surgido ninguna importante desde la región, y, por lo tanto, EE. UU. las busca en Ucrania, Australia o donde puede, dada su necesidad y reacción tardía. Coincide también con la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 recién publicada, donde la que todavía es la primera potencia del mundo, aparece con un renovado interés en Latinoamérica, el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”.

Una oportunidad para que Chile adopte una posición sin complejos y quizás su abundancia en tierras raras, en el nuevo escenario, le podría dar una ubicación estratégica semejante a la opción tomada por los acuerdos comerciales en los 90. En esa oportunidad, esa opción a la vez económica y geopolítica complementó lo que la Democracia de los Acuerdos hizo a nivel interno, para permitirle a Chile los progresos más rápidos de su historia, sobre todo, el desarrollo de una fuerte clase media, esa vez más creación del mercado que del Estado.

Chile se ha equivocado con una idea de “excepcionalidad” en Iberoamérica que no es tal, y que además le ha hecho daño en el sentido de un funcionamiento de las instituciones que han demostrado que no siempre respondían. Sin embargo, lo que Chile efectivamente posee no es menor, consistiendo su activo en la capacidad para institucionalizar salidas creativas y pacíficas, encontrándolas cuando todo parece conducir a la confrontación. Si se tuvo éxito en los 90, con voluntad se puede ahora.

Es por ello, que creo que se puede abrir una nueva e inesperada, hasta sorpresiva oportunidad para un Pacto por Chile en la forma de un Gran Acuerdo Nacional, abierto para quienes deseen participar y suscribirlo, que idealmente dure 25 a 30 años, durante varios gobiernos, a ser seguido, con constancia, uno detrás del otro. Inédito si se tiene éxito, ya que el desarrollo económico y la democracia de calidad como logro conjunto y permanente ha eludido a todos y a cada uno de los países de la región.

Creo que puede haber reaparecido la posibilidad de retomar la senda que, hasta la violencia del 18 de octubre de 2019, parecía que era el camino para progresar. Chile, al parecer, puede haber aprendido la lección, y quizás ahora, las fuerzas políticas pueden mostrar el tipo de sentido común exhibido por la ciudadanía en dos referéndums constitucionales, ya que sobre todo con el resultado del primero, Chile se salvó de transitar el camino que ha hundido a tantos países.

El aprendizaje puede haber sido costoso, pero a Chile se le puede ofrecer la oportunidad de recobrar un camino que se extravió durante años, el de la Democracia de los Acuerdos, ya que existe en Chile como también en el mundo, mucha evidencia sobre lo que funciona como también sobre lo que no ha funcionado nunca, toda vez que hay caminos que nos acercan al esquivo desarrollo y otros que nos alejan de él.

A los profesionales de la política se les pide que actúen con seriedad y prudencia para que exista estabilidad, de ahí la importancia de acuerdos básicos sobre el seguimiento de caminos de éxito probado en la generación de los recursos que permitan financiar derechos colectivos, con la gradualidad que los haga sustentables a través del crecimiento económico y de la productividad, y al mismo tiempo, que el camino conduzca a una mayor igualdad.

Por su parte, para la democracia de calidad no basta con decir que las instituciones funcionan, sino que deben hacerlo de buena forma, solucionando problemas en vez de crearlos, como también se requiere que en el electorado predomine la razón por sobre la emoción y los hechos por sobre la narrativa. Y para posibilitar lo anterior, también se requiere un compromiso nacional con la reforma del Estado, cuya maquinaria es anticuada y anquilosada, es decir, un Estado Burocrático cuyo aggiornamento es imprescindible en este siglo XXI.

Para el partido Republicano surge la necesidad de no repetir lo que ocurriera cuando logró la mayoría en el segundo proceso constitucional, toda vez que la negociación con otras corrientes fue vista como una claudicación y se impuso una visión partidista que al final fue rechazada en el referéndum. El momento de Chile exige construir puentes más que muros, y eso supone rescatar la flexibilidad que hace posible el diálogo democrático, imprescindible para abordar expectativas enormes ante el total fracaso del intento refundacional de Boric, en un escenario donde esas fuerzas, ahora en la oposición, pueden contribuir al alza de la conflictividad, y, por lo tanto, polarización y populismo en ambos lados.

Para quienes triunfaron en las urnas, responder a la confianza de los chilenos como también de los extranjeros avecindados, que después de cinco años de residencia pudieron votar, el éxito debe verse en la forma en que se aprovecha la oportunidad histórica que se ha presentado, donde no es necesario reinventar la rueda, sino recuperar lo mejor de experiencias recientes.

Construir acuerdos y mayorías sólidas es la mejor forma de superar las amenazas de nuevos estallidos de violencia callejera como también administrar las altas expectativas que se sitúan en los ganadores, toda vez que se anhela un cambio profundo en temas como seguridad y delincuencia, pero la capacidad de responder a esos anhelos puede demorarse años y no semanas o meses, y quizás aún más tiempo en temas como la desarticulación de las redes del crimen organizado. Y quien diga otra cosa puede estar mintiendo. De ahí la necesidad de hablar con la verdad y evitar vender humo.

La sinceridad no es solo una necesidad ética sino también vital para un contexto donde se puede producir desilusión antes que se termine un gobierno de solo 4 años, sin reelección inmediata para el presidente. Por ello, hay que observar lo que ocurrió en la transición a la democracia de los años 90 y como la reinserción internacional de Chile en cuanto país democrático tomó muy poco tiempo al tener lugar inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín. Hoy, una oportunidad semejante se le ofrece a Chile para una política exterior que piense primero en el país y después en darse gustos ideológicos como lo hizo el gobierno que acaba de ser derrotado.

Para ello, se hace necesario que quienes van a estar a cargo del tema internacional no dejen de leer la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de EE. UU., ya que allí, en solo 33 páginas, se informa en forma explícita lo que esa potencia quiere hacer, lectura también aconsejable para el equipo económico, dada la íntima relación de la política de aranceles con la geopolítica. Por cierto, esto puede durar solo lo que queda del gobierno de Trump ya que no obedece a un consenso, sino que la potencia está dividida y polarizada (otra lección para Chile), pero aun en ese caso extremo, lo que resta de ese gobierno va a ser la mitad del de Kast, y con el poder de EE. UU. seguramente se va a crear una nueva realidad, obligatoria para el resto del mundo.

Esa Estrategia muestra no solo la política de EE. UU. para Iberoamérica, sino también que busca aliados en la región. ¿Quiere Chile volver a serlo? Todo indica que sí y para ello, también es positivo que existan grandes acuerdos en lo internacional, ya que a la ciudadanía se le va a pedir sacrificios, y para ello es mejor contar con un relato, una épica, un horizonte, una meta, que un gobierno solo de derecha no posee.

(1) Esos dos procesos constitucionales son el tema de mi libro “Chile y su giro de 360 grados”, Interamerican Institute for Democracy, Amazon, 264 pp, 2024.

@israelzipper

-Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

José Antonio Kast Rist, de 59 años, fue electo presidente de Chile este domingo al imponerse en el balotaje frente a la candidata comunista Jeannette Jara, poniendo fin a un ciclo político de tres postulaciones consecutivas, todas ellas marcadas por un discurso conservador y por la promesa de restablecer el orden, reforzar la seguridad y reactivar el crecimiento económico.

Padre de nueve hijos, casado con la abogada Pía Adriasola y miembro del movimiento católico de Schoenstatt, Kast llega al poder con un partido que nunca había gobernado Chile.

Abogado, ex diputado y fundador del Partido Republicano, Kast asumirá en La Moneda con una agenda centrada en seguridad pública, control migratorio y crecimiento económico, los pilares que estructuraron su campaña en la recta final.

Nació en Santiago el 18 de enero de 1966, es el menor de diez hermanos y proviene de una familia de ascendencia alemana. Se formó como abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde inició su militancia política en el movimiento gremialista. En ese espacio conoció a Jaime Guzmán, uno de los principales ideólogos de la derecha chilena y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido en el que Kast militó durante casi dos décadas.

Postuló propuestas como el cierre de la frontera con Bolivia, el refuerzo de la enseñanza religiosa en las escuelas y la liberación de detenidos por crímenes cometidos durante la dictadura militar que a su juicio “fueron injustamente presos”.

Fue diputado en cuatro períodos consecutivos. En 2016 abandonó la UDI tras diferencias con su dirigencia, argumentando que el partido había dejado de defender sus principios fundacionales.

Un año después compitió por primera vez por la Presidencia como independiente y obtuvo un 8% de los votos. El resultado marcó el inicio de una construcción política propia.

En 2019 fundó el Partido Republicano, desde donde consolidó una plataforma de derecha conservadora con énfasis en orden, autoridad y valores tradicionales. En 2021 ganó la primera vuelta presidencial con el 27,8% de los votos, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric.

Tras su derrota, Kast participó en foros y encuentros de líderes conservadores en Europa y América. Asistió a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos y a eventos organizados por Vox en España.

También mantuvo vínculos con dirigentes como Viktor Orbán, Nayib Bukele y Giorgia Meloni. En noviembre de 2024 felicitó públicamente a Donald Trump por su victoria electoral.

“Mis felicitaciones a Donald Trump. Un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”, escribió en la red X.

La campaña que lo llevó a la Presidencia mostró ajustes tácticos respecto de sus intentos anteriores. Evitó profundizar en temas de agenda valórica y concentró sus mensajes en lo que denominó un “Gobierno de emergencia”.

"Soy un hombre de convicciones, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, afirmó durante la campaña. También adelantó el tono simbólico de su mandato: “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”.

“Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, insistió durante la campaña.

En materia migratoria, una de sus principales banderas, reiteró propuestas de control estricto de fronteras. En un acto en Viña del Mar aseguró: “Vamos a cerrar las fronteras, le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular que dejen nuestra patria”. Su discurso en seguridad incluyó un fortalecimiento de las policías y un respaldo explícito a las fuerzas armadas en tareas de control territorial.

Su victoria en el balotaje marcó un punto de inflexión en el sistema político chileno y abrió una nueva etapa en la derecha del país.

Con el cambio político que implica su arribo al poder, Chile inicia un período marcado por la promesa de una restauración conservadora tras casi dos décadas de alternancia progresista y centro-derecha en el Ejecutivo. Este mismo domingo, minutos después de votar, sostuvo que el país atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruirlo.

Al cerrar su campaña, Kast resumió el momento con una frase que terminó siendo premonitoria: “La tercera es la vencida”.

Le llueve sobre mojado al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Este miércoles, un reportaje de BioBíoChile reveló que la ministra Paola Plaza lo citó a declarar por escrito en una investigación que busca dilucidar si su gobierno ayudó a Augusto Pinochet a fingir demencia para eludir a la justicia mientras estuvo detenido en Londres, entre 1998 y 2000. En tanto, la Democracia Cristiana (DC) suspendió su militancia, luego de la polémica reunión que mantuvo con el abanderado presidencial republicano, José Antonio Kast.

La solicitud para que Frei declare fue ingresada por Karinna Fernández, representante de familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, y consta de seis preguntas, entre ellas si estuvo al tanto de un supuesto informe con indicaciones para que el exdictador pudiese “actuar” un estado senil, tal como lo asegura su exasesor, Cristián Toloza Castillo, en el libro “Calle Londres 38″ del investigador británico Philippe Sands, publicado este año por editorial Anagrama.

Cabe recordar que Pinochet fungía como senador vitalicio cuando fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, pues sobre él pesaba una orden de captura internacional y extradición emitida por el juez español Baltasar Garzón, por delitos de lesa humanidad.

Toloza Castillo, miembro del grupo cuya misión era traer de vuelta al ex dictador a Chile, sostiene en el libro que su permanencia en suelo inglés era un problema mayor para ambos países, por lo que habrían llegado a un acuerdo con el gobierno de Tony Blair para ayudar a Pinochet a fingir demencia senil y evitar su extradición a España, para luego trasladarlo a Chile donde sería juzgado.

“Creo que la cuestión médica la plantearon los británicos. Sabían que, legalmente, podían abortar el proceso de extradición por cuestiones de salud”, señala Toloza.

Para ello, el Gobierno de Frei habría pergeñado un informe de unas diez páginas en el que se indicaba “cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido y describía cómo debía ‘actuar’: tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”.

Dicho documento le habría sido entregado al entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, quien -supone Toloza-, se lo habría deslizado a Pinochet puesto que viajó a Londres a visitarlo.

Finalmente, el 2 de marzo de 2000 el gobierno británico denegó el pedido de extradición de Garzón y envió a Pinochet de vuelta a Chile, argumentando precisamente demencia senil y razones humanitarias.

En una escena que quedó grabada en la retina de miles de chilenos, un día después Pinochet llegó a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea, descendió en silla de ruedas y apenas pisó la losa, se puso de pie y abrazó al general Izurieta.

Y aunque se supone que el Gobierno había dado garantías a su homólogo británico de que Augusto Pinochet sería juzgado en el país, lo cierto es que tras ser procesado en 2001 por el caso “Caravana de la Muerte” finalmente logró ser sobreseído por la Corte Suprema el 4 de julio de 2002, aduciendo problemas mentales.

El desmentido

Tras publicarse el libro en abril de este año, los ex cancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés salieron al paso de las aseveraciones de Toloza y mediante un comunicado conjunto señalaron que “es absolutamente falso que el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle elaborara o solicitara crear un documento en el cual se dieran instrucciones sobre cómo el general Pinochet debía fingir una enfermedad mental”.

“Ni el presidente ni sus ministros se habrían prestado para manipular los hechos“, agregaron a coro.

“El supuesto documento no fue conocido ni creado por nadie del Gobierno. Y si hubiese existido, se hizo a espaldas del gobierno chileno“, complementaron.

Meses después, el propio expresidente Frei negó la existencia del supuesto documento.

“Yo como Presidente, y las autoridades del gobierno que participaron en los dos años que duró esta situación, nunca entregaron un documento así (…). Si lo entregaron otros, es responsabilidad de otros”, afirmó a Radio Bío Bío.

DC suspende su militancia

Durante la noche de este miércoles, en tanto, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) decidió suspender la militancia de Frei Ruiz-Tagle aduciendo “un comportamiento que afecta la credibilidad” del partido, luego de la polémica que trajo su reunión con candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

Sin embargo, el exmandatario tiene derecho a apelar cuando vuelva de China, donde anda en un viaje oficial.

“Pensamos que mientras más altas han sido sus responsabilidades en la vida política, más obligación tiene de cumplir las normas, de ser humilde, de someterse a los organismos partidarios, nunca tuvimos esa posibilidad del debate interno para conocer sus posturas, todas las hemos conocido por la prensa, entonces con esto llega un momento en que tenemos que tomar una definición y ya la hemos tomado”, señaló taxativo el senador Francisco Huenchumilla.

Una nueva condena de 20 años por el secuestro calificado de 15 prisioneros políticos y la sustracción de dos menores de edad en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet sumó este miércoles el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff Martchenko, quien ya tiene más de 80 sentencias y acumula así más de 1000 años de cárcel.

El fallo de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, acreditó que Krassnoff fue autor del secuestro calificado de Osvaldo Zamorano Silva, Viola Todorovic Gallo, Mario Aguilera Salazar, Silvia Vergara Rifo, Fredy Salgado Urriola, René Altamirano Cornejo, Óscar Troncoso Muñoz, Atenas Caballero Nadeau, Juan Carlos Caballero Nadeau, Samuel Houston Dreckmann, René Lizama Lira, Mario Artigas Contreras y Blanca Rosas Bustos Reyes, amén de la sustracción de los menores Mónica Alvarado Inostroza y Hugo Chacaltana Silva.

De acuerdo al escrito, los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 1974 en “Londres 38”, centro de detención clandestino de la DINA, lugar donde se llevaron a cabo “detenciones ilegales, interrogatorios con tortura física y psicológica, apremios ilegítimos, vejámenes sexuales, ejecuciones y desapariciones forzadas”.

En paralelo, el también ex agente de la DINA, Nelson Alberto Paz Bustamante, fue condenado a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Mario Enrique Aguilera Salazar, y se fijó una indemnización para las familias de las víctimas-cuyo monto no se dio a conocer-, la que deberá ser pagada por el Fisco a modo de reparación.

Grupo “Halcón”

Cabe recordar que Krassnoff era jefe del “grupo Halcón”, cuya principal misión era desarticular el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

“En Londres 38, todos los agentes de la DINA, incluidos aquellos reconocidos como torturadores, interrogadores, transcriptores y guardias, colaboraban con el jefe de Halcón, cuyo principal objetivo -no el único-fue la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, para lo cual no escatimó en forma y métodos, transformándose el cuartel Londres en un centro clandestino de detención, interrogatorios y tortura, recinto en el que permanecieron ilegalmente privadas de libertad cientos de personas, las cuales fueron torturadas, ejecutadas o hechas desaparecer”, prosigue el fallo.

Krassnoff Martchenko, quien actualmente tiene 79 años, suma así mas de 80 condenas y sobrepasa los 1.000 años de cárcel, los que cumple en el penal Punta Peuco junto a otros ex agentes de la dictadura, y que está en proceso de ser reconvertido en un penal común por el gobierno de Boric. Cabe recordar que hace solo unos días, el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, férreo defensor de la “familia militar” chilena, propuso indultarlo, desatando la polémica.

La mañana del 9 de noviembre de 1983 marcó el inicio de una tragedia que acabaría por sacudir a Chile durante la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet. Todo comenzó cuando más de treinta hombres armados irrumpieron cerca de las 7 de la mañana en la casa de Sebastián Acevedo, ubicada en la comuna industrial de Coronel, y detuvieron a su hija María Candelaria.

Acevedo, minero del carbón, pescador ocasional y padre de cuatro hijos, a esa hora, esperaba un colectivo para dirigirse a su trabajo en la constructora Lago Ranco de Concepción. Militante del Partido Comunista de Chile, hacía unos días le habían advertido que dos de sus cuatro hijos eran seguidos por la temible Central Nacional de Informaciones (CNI). Cuando vio pasar las camionetas militares a toda velocidad, volvió corriendo a su domicilio. Después de un forcejeo, los hombres le dijeron: “Nos llevamos a su hija porque es terrorista”. Dos agentes de la CNI subieron a María Candelaria a una camioneta blanca, vendaron sus ojos y comenzaron a dar vueltas por Coronel.

Pero allí no terminaría el calvario para los Acevedo. Una hora y media después detuvieron a Galo, otro hijo de Sebastián. Dos autos se estacionaron afuera de la constructora donde trabajaba, la misma donde cumplía tareas su padre. Lo subieron a una camioneta y le pegaron con la culata de la pistola en los testículos. Después de esposarlo, lo tiraron al suelo. Los hijos de Acevedo eran militantes de las Juventudes Comunistas de Chile.

Durante los días siguientes, Acevedo recorrió incansablemente estaciones de policía, iglesias, redacciones de medios de comunicación y oficinas públicas de Concepción y la región. Buscaba desesperado rastros de sus hijos, sin recibir ayuda de las autoridades civiles, religiosas ni mucho menos de los organismos de seguridad, que siempre negaban conocimiento de los arrestos. Así lo relató Elena Sáez, esposa de Acevedo, en una grabación de 1983: “Ya no hallábamos dónde ir. El segundo día llegamos como a las dos de la mañana, en el último micro. Le decía yo: ‘Esperemos, esperemos, negro…’ y él me dijo: ‘Mira, ¡lo que tú quieres es que te traigan a tus hijos muertos! Tenemos que seguir adelante’”. Las declaraciones de Elena Sáez forman parte del documental sobre Acevedo llamado El don Absoluto, dirigido por la documentalista Josefina Morandé y que se estrenó en 2023 con motivo de los 40 años de la inmolación del militante.

La angustia de Acevedo tenía justificación. Tras el golpe militar que derrocó a Salvador Allende en 1973, Pinochet encabezó una dictadura que, según informes de comisiones de verdad, dejó un saldo de más de 40 mil víctimas entre ejecutados, desaparecidos y presos políticos. En ese marco, la acción de la Central Nacional de Informaciones (CNI) se sostenía en el secuestro, la incomunicación y la tortura. La propia Candelaria Acevedo confirmó que tras su detención fue trasladada a un centro frente a Playa Blanca, a pocos kilómetros de su hogar, donde sufrió golpes, descargas eléctricas y torturas físicas: “Me dieron golpes de puño, golpes en los oídos. Me hicieron sacarme la ropa y me aplicaron electricidad en mis genitales y otras partes del cuerpo”. Allí, en su lugar de detención clandestino, también identificó a su hermano Galo, con quien fue puesta cara a cara. Ambos negaron conocerse y, según relató Candelaria, Galo fue igualmente torturado.

Durante esos días, Acevedo, “dejando de dormir y comer”, según narran familiares y testigos en distintos documentos, hizo gestiones ante todas las instancias posibles. Le dijo a un periodista local, Mario Aravena, que si no soltaban a sus hijos se “crucificaría o quemaría vivo”. Más tarde, el periodista reconocería que no le había creído que fuera a cumplir con su palabra.

Pasadas casi setenta y dos horas sin novedad sobre sus hijos, la desesperación de Sebastián Acevedo culminó en una decisión drástica. El 11 de noviembre de 1983, hace 42 años, después de despedirse de su esposa, se dirigió a la catedral de Concepción y alrededor de las 15:30 horas, dejó su campera y su carnet de identidad en el arzobispado y salió anunciando lo que haría: “Se iba a quemar”. En la explanada de la iglesia, se roció con bencina ante la mirada atónita de los transeúntes. Un policía intentó disuadirlo, pero Acevedo prendió el encendedor y las llamas lo envolvieron. Cruzó envuelto en fuego la plaza central, gritando por sus hijos. Testigos intentaron socorrerlo sin éxito.

El sacerdote Enrique Moreno logró acercarse a Acevedo para darle la extremaunción. Según relató el religioso: “Él me repitió: ‘Que la CNI devuelva a mis hijos, que la CNI devuelva a mis hijos’”.

Las heridas de Acevedo abarcaban el 95% de su cuerpo. Trasladado de urgencia al Hospital Regional de Concepción, agonizó mientras sus hijos aún permanecían bajo custodia.

Casi simultáneamente a su inmolación, las autoridades dejaron en libertad a Candelaria Acevedo, y su hermano Galo fue trasladado a la cárcel pública de la ciudad. Candelaria narró su salida del centro de detención: “El día en que mi papá se inmoló, me fueron a buscar al patio del centro de detención y me dijeron que había un sacerdote preocupado por nuestra situación y que, por lo tanto, me iban a sacar de allí. Llegué a mi casa, golpeé la puerta y mi hermana me dijo: ‘¿Tú no sabes lo que pasó? Tu papá se quemó en la catedral’. Así que salí de la casa y me fui al hospital regional, para saber si era verdad”.

Candelaria pudo comunicarse con su padre sólo mediante un intercomunicador. La joven relató: “Lo primero que me pidió fue que le dijera cómo me decía él cuando era niña. Quería corroborar que era yo realmente. ‘Patitas de canario’, le contesté. Entonces me pidió que me preocupara de mi hermano, para que saliera de la cárcel. También me dijo que criara a mis hijos derechitos, que fueran personas honestas, rectas, con principios. Y también me pidió que cuidara a mi madre. En definitiva, me hizo hacerme cargo de la familia”. A medianoche, el obrero de Coronel murió por la gravedad de sus quemaduras.

El funeral de Sebastián Acevedo congregó a aproximadamente 15.000 personas. Su acto resonó en comunidades cristianas y organizaciones opuestas al régimen de Pinochet. Según la documentalista Josefina Morandé aquella inmolación fue determinante del caso en exponer la represión: “Este caso dejó al descubierto lo que estaba pasando. Ya no se podía esconder. Algunos trataron, como la ministra de Justicia (Mónica Madariaga) que llamó al doctor de Sebastián Acevedo para decirle que tenía que cambiar la causa de muerte. Y el doctor lo defendió y dijo que era una inmolación”.

En los días posteriores, Candelaria volvió a ser arrestada, esta vez fue alojada en la cárcel, donde permaneció más de un año. A diferencia de la vez anterior, se sabía dónde estaba presa. Galo fue sentenciado por supuesta formación de grupos paramilitares y por infringir la ley de armas, cumpliendo dos años de prisión. Ambos atribuyen su supervivencia y la de otros militantes a la acción extrema de su padre. En palabras de Candelaria: “Su sacrificio fue un acto de amor y de rebeldía”.

En plena revalorización de la memoria histórica, organizaciones como el “Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo” surgieron para denunciar las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, lideradas por figuras como el sacerdote José Aldunate. Irene Cambias, integrante del movimiento: “Cuando él se inmoló, era consciente de que eran muchos los que estaban pasando por su misma situación… entonces no lo hizo sólo por sus hijos, sino por todo Chile”.

El caso Acevedo representó un golpe en la opinión pública al dejar evidencia de la tortura sistemática que se mantenía desde hacía más de una década en Chile. Morandé lo señala como parte de una serie de protestas llevadas a cabo en 1983, cuando “la gente empezó a salir a la calle a rebelarse. Y aquella inmolación vino a coronar ese año”.

La imagen de Sebastián Acevedo pidiendo que la CNI devolviera a sus hijos quedó como un símbolo de la desesperación familiar y la brutalidad política que caracterizó al régimen de Pinochet. Sus palabras, “Que la CNI devuelva a mis hijos”, se trasladaron a pancartas, informes y relatos como emblema de una época signada por la ausencia de justicia.

Al rojo vivo continúa la carrera presidencial chilena que finaliza el próximo 16 de noviembre. Este jueves, las candidatas Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (Unidad por Chile), tuvieron un duro entrevero que partió cuando la primera sostuvo que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet “no es búsqueda, es venganza”.

Cabe señalar que dicho plan se encuentra en el ojo del huracán luego de descubrirse que desde hace un año manejaban información de una presunta falsa detenida desaparecida -Bernarda Vera-, viviendo en Argentina, feo asunto que finalmente destapó un reportaje de CHV.

Al ser consultada si, de ser elegida presidenta, cerraría dicha oficina o la mantendría abierta, Matthei sostuvo que “eso es un plan nacional, eso se mantiene. Ahora, claramente, funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando (…) que en realidad no es búsqueda, es venganza”, sostuvo en entrevista con Radio Cooperativa.

La la exalcaldesa de Providencia fustigó de paso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -“se han dedicado solamente a perseguir carabineros”-, y aseguró que no piensa terminar la construcción del Museo de la Memoria en Concepción.

La respuesta de Jara

Sus palabras no pasaron desapercibidas en el comando oficialista, sobre todo porque este jueves se conmemoraba el Día Nacional del Ejecutado Político. Así las cosas, la respuesta de Jeannette Jara no se hizo esperar:

“Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”, partió acusando la militante comunista.

“La verdad, si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda. En mi gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer“, manifestó Jara.

Sin embargo, la exalcaldesa de Providencia retrucó duramente a través de su cuenta de X:

“La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, es de las que corría a abrazar a Fidel Castro. La que ha dicho que en Cuba existe una forma ‘distinta’ de democracia, la que ha avalado Gobiernos en donde abunda el hambre y el miedo. Yo no quiero eso para mi país; quiero futuro para las mujeres, trabajo para los jóvenes y certezas para los adultos mayores”, remató Matthei.

El Poder Judicial confirmó este martes que abrió un “cuaderno de búsqueda” para dar con el paradero de Bernarda Vera Contardo, una de las 1.162 víctimas oficiales de la dictadura de Augusto Pinochet, quien según un reportaje de CHV Noticias no estaría muerta y viviría en Argentina.

La noticia fue confirmada a Radio Bío Bío por el ministro en visita que lleva la investigación, Álvaro Mesa -especialista en causas de violaciones de los derechos humanos-, quien mediante un comunicado señaló que, tras cotejar varias incongruencias en los relatos de testigos, desde el Plan Nacional de Búsqueda del Programa de Derechos Humanos se instruyó abrir una investigación.

La causa quedó así radicada en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco en calidad de “sumario”, debido a lo cual es secreta.

En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló al medio citado que corroborar científicamente la identidad de la mujer que vive en Argentina y que fue apuntada como Bernarda Vera, es tarea del juez que lleva la causa.

Cabe recordar que el Gobierno de Boric ha recibido varias críticas al respecto, pues trascendió que desde el Plan Nacional de Búsqueda del Programa de Derechos Humanos se tenía conocimiento desde hace al menos un año de esta situación. De hecho, en 2024 solicitaron formalmente a las autoridades trasandinas verificar la identidad de la mujer a través de huellas dactilares.

Debido a esto, parlamentarios de oposición oficiaron a la Contraloría General de la República y Consejo de Defensa del Estado para quitarle la pensión a la hija de Vera, quien reside en Chile.

La historia

Bernarda Rosalba Vera Contardo, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tenía 27 años cuando fue reportada como desaparecida. Según el Informe Rettig, fue detenida por militares en octubre de 1973 en Panguipulli (Región de Los Lagos) y presuntamente ejecutada. Su nombre y el de sus padres figuraron en los registros oficiales de víctimas de la dictadura.

Pero, con el correr de los años circularon diferentes versiones sobre su destino, y mientras una señalaba que había sido ejecutada en el puente del río Toltén, otra, de un exmilitante del MIR apuntaba a que había escapado a la montaña y luego a Argentina.

Su familia recibió una pensión de reparación estatal y se le reconoció como víctima. En 2011, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió información sobre la posibilidad de que estuviera viva, aunque la pista no fue investigada a fondo.

La polémica se instaló tras un reportaje de CHV Noticias, que dio a conocer el caso luego de una serie de sospechas que surgieron a partir de relatos de otros militantes que la conocieron y fueron parte de lo que ocurrió durante esa noche de octubre.

“Anita”

CHV Noticias logró dar con una mujer que se llama Bernarda Vera, quien vive en la ciudad costera de Miramar. De acuerdo con el reportaje, la mujer escapó primero a Suecia, con un ciudadano de ese país llamado Svante Grände.

Los datos en la Argentina dan cuenta de que llegó y se instaló como una residente extranjera, con una cédula de identidad. Asimismo, su fecha de nacimiento en la documentación chilena data del año 1946, mientras que en la argentina sería del ‘49.

En la reconstrucción del camino al país, Vera primero estuvo viviendo en Suecia desde 1978 y en el ‘84 se convirtió en una ciudadana de ese país. Allí se casó con un argentino llamado Jorge Suizer, quien en los datos fiscales aparece con un chacarero bonaerense, y con quien tuvo tres hijos, dos en el país escandinavo y uno en la Argentina. Según datos de organismos suecos, emigró en 1990 a la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1974, 0.30. El general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército chileno, detiene su auto, un Fiat 125, frente al edificio de Malabia 3351, en el barrio de Palermo. Las luces de la calle están llamativamente apagadas, igual que las de un tramo de la cercana Avenida del Libertador, pero Prats no lo nota o, quizás, no le da importancia. Baja del auto para abrir el portón del garaje mientras su mujer, Sofía Cuthbert, espera dentro del vehículo, sentada en el lugar del acompañante. Se les ha hecho tarde después de comer con unos amigos argentinos y quieren descansar porque Prats tiene que levantarse temprano ese lunes para ir a su trabajo en la empresa Cincotta, donde es gerente de Relaciones Públicas, un puesto que consiguió apenas llegó de Chile, exiliado para salvar su vida.

Sigue trabajando aunque sabe que pronto se deberá ir del país. En la Argentina su vida también está en peligro: desde hace tiempo vienen amenazas de muerte. Si todavía no se subió a un avión con destino a Madrid es porque se le venció el pasaporte y la embajada chilena le da vueltas para renovarlo. Del otro lado de la cordillera habita el Palacio de La Moneda su antiguo subordinado Augusto Pinochet, el dictador que emergió después del golpe de estado que hace poco más de un año desalojó del poder – y del mundo de los vivos – al presidente constitucional Salvador Allende.

El general Prats ha dado dos o tres pasos en dirección a la puerta del garaje cuando la bomba explota. Sofía Cuthbert muere dentro del vehículo estallado sin siquiera darse cuenta, Prats cae fulminado sobre la vereda por la onda expansiva y los restos del auto que vuelan como proyectiles por el aire.

Así como las luces de la calle están apagadas, tampoco hay policías en la zona, algo extraño en uno de los barrios más patrullados de Buenos Aires. Ningún patrullero aparece tampoco inmediatamente después de la explosión. Recién a las 0.50, según el informe policial, una llamada anónima avisa a la comisaría. “En Malabia 3351 había explotado un vehículo, muriendo sus ocupantes. Efectivamente, un Fiat 125 había sido destruido por un artefacto explosivo. Los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros y se observaban restos calcinados de carne humana (…) Eran las 3.00 y el auto seguía ardiendo”, dice el informe policial.

El texto no escamita detalles truculentos. Consigna que al cuerpo de Sofía Cuthbert, de 57 años, “le faltaban ambas piernas y el brazo izquierdo, y presentaba varias heridas expuestas y quemaduras en varias partes del cuerpo”. En cuanto a Prats, de 59 años, dice: “sobre la mitad de la acera y en forma paralela al cordón se encontraba el cadáver de un hombre, con quemaduras”. La potencia de la explosión se desprendía de un dato: el portón del garaje “se hallaba hundido hacia adentro. Había en el lugar, además, gran cantidad de vidrios pertenecientes a los edificios inmediatos”.

En la Argentina, el peronismo en el poder se derechizaba a ojos vista y los grupos parapoliciales empezaban a actuar contra los disidentes. Prats no participaba de la política interna del país que donde estaba exiliado, pero era una molestia para un dictador que hacía buenas migas con el gobierno argentino, Augusto Pinochet.

La investigación quedó a cargo del juez en lo Penal Alfredo Nocetti Fasolino, que no demoró mucho en dictar el sobreseimiento provisional en la causa al no poder identificar a los culpables. Pasarían años antes de que se identificara a los integrantes del comando que asesinó a Prats: los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (a) “Diego Castro Castañeda”; Guillermo Humberto Salinas Torres (a) “Freddy Yáñez”; Pablo Belmar Labbé (a) “Sergio Molina Correa”; Armando Fernández Larios (a) “Armando Faundez Lyon”; Juan Alberto Delmás Ramírez; el agente de la CIA Michael Townley, encargado de poner la bomba en el auto del general; y el espía chileno Enrique Arancibia Clavel.

Un general demócrata

Nacido en Talcahuano, Chile, en 1915, el general Carlos José Santiago Prats González había sido nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende después del asesinato de su antecesor, el general René Schneider, cometido por un grupo ultraderechista en octubre de 1970. Militar legalista y defensor de su fuerza, al principio Prats se mostró distante pero respetuoso de la investidura del mandatario que pretendía llevar a Chile al socialismo por la vía pacífica. Sin embargo, con el correr del tiempo llegó a ser bastante cercano a él. “Aprendí a apreciarlo como ser humano, de gran confianza en sí mismo, hasta orgulloso si se quiere, sensible a las franquezas del interlocutor, socarrón frente a los asentidores y sin acopio de odios, ni hacia sus más enconados enemigos políticos... su vitalidad de trabajo era extraordinaria, y sabía alternar con filosofía los largos momentos tensos y amargos con el breve placer mundano de la charla insustancial”, escribió sobre el médico que habitaba La Moneda.

En octubre de 1972, cuando se produjo un paro general de camioneros y luego de varios esfuerzos inútiles por detenerlo, el mandatario socialista llamó a las fuerzas armadas a integrar el Gabinete de Paz Social, Prats fue nombrado también ministro del Interior e incluso llegó a ocupar la presidencia durante un viaje de Allende al exterior. Se convirtió en uno de los hombres de confianza del presidente y por eso, cuando fogoneados por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano que conducía Henry Kissinger, un sector de las fuerzas armadas chilenas comenzó a planificar el golpe de Estado, lo vieron como un obstáculo al que era necesario desplazar.

El desplazamiento

La oportunidad llegó - fortuita o planificada -, el 27 de junio de 1973 a raíz de un incidente de tránsito. Ese día, cuando su chofer lo llevaba a su oficina, Prats fue reconocido por un grupo de manifestantes opositores que comenzó a insultarlo. Al mismo tiempo, un Renault 12 se le apareó y sus tripulantes se burlaron y le hicieron gestos obscenos. El general reaccionó mal, sacó su pistola por la ventanilla de su vehículo y le disparó al guardabarros del Renault. Cuando el otro auto se detuvo, Prats descubrió que la conductora era una mujer, Alejandrina Cox Palma, y de inmediato se disculpó, pero fue rodeado por una muchedumbre que lo acusó de querer matar a la mujer. Fue rescatado por un taxista que pasaba por el lugar: “¡General, lo van a linchar, déjeme sacarlo de aquí!”, le gritó para que subiera a su coche.

Esa misma tarde Prats presentó la renuncia, pero Allende se la rechazó. Pero los acontecimientos se precipitaron: la prensa lo acusó de cobarde por amenazar a una mujer e incluso las esposas de otros generales del ejército pidieron su renuncia. Finalmente, el 23 de agosto de 1973, el comandante presentó su renuncia indeclinable: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno institucional”, escribió en su carta de dimisión. Al mismo tiempo, le recomendó a Allende que lo reemplazara por su segundo, Augusto Pinochet.

Cuando se produjo el golpe del 11 de septiembre y Pinochet quedó a la cabeza de la dictadura, Prats creyó que no sería molestado por su antiguo subordinado. Sin embargo, varios oficiales que lo apreciaban le avisaron que había orden de asesinarlo en una operación del ejército que quedaría encubierta como un atentado. El 15 de septiembre escapó a la Argentina por un paso del sur cordillerano. Antes dejó una carta dirigida a Pinochet: “El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que Uds. hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe”, decía allí.

El exilio no le salvó la vida. Un año y catorce días después de llegar a la Argentina y conseguir asilo político, el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel presionó un botón y detonó la bomba que hizo volar por los aires su auto.

Perfil de un espía asesino

Cuando asesinó a Prats y a su esposa, Arancibia Clavel ya tenía experiencia en perpetrar crímenes políticos. Había sido uno de los hombres que integraron el comando que, cuatro años antes, había matado al general René Schneider. En esa ocasión lo detuvieron y confesó su participación, pero el tribunal lo dejó en libertad condicional. Poco después cruzó con documentos falsos a la Argentina, donde encontró la protección de funcionarios de la dictadura que por entonces encabezaba Roberto Marcelo Levingston.

Consumado el golpe de Estado en septiembre de 1973, Augusto Pinochet creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), oficializada meses después por un decreto presidencial, y puso al frente de la policía secreta al temible coronel Manuel “Mamo” Contreras. Entonces Arancibia Clavel volvió a Chile y se presentó de inmediato para ponerse a sus órdenes. Como conocía la Argentina y en ese momento gobernaba el peronismo, “el Dinamitero” – como se lo conocía por su manejo de explosivos - fue destinado a cruzar nuevamente la cordillera, esta vez con un documento a nombre de Luis Felipe Alemparte Díaz y un puesto en el Banco del Estado de Chile que le servía de cobertura. Se daba también tiempo para el placer. Vivía en el distinguido barrio de Belgrano C y logró conquistar a Hugo Zambelli, un joven bailarín de teatro de revistas.

Para 1974, Arancibia Clavel había cumplido 30 años y estaba al frente de la “estación” de la DINA en Buenos Aires. Desde allí dirigió varios crímenes que fueron parte de la coordinación de grupos operativos de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Se trataba del Operativo Cóndor, inspirado y alentado por uno de los hombres más destacados de la diplomacia de Estados Unidos, Henry Kissinger. La CIA financió parte de las acciones del Cóndor y también envió a algunos de sus agentes al cono sur latinoamericano.

Con el propósito de alentar un golpe militar en la Argentina, los “cóndores” llevaron a cabo el “Operativo Colombo” entre mayo de 1974 y febrero de 1975. Un total de 119 cuerpos sin vida fueron hallados en ese período. Algunos eran de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros eran cuerpos de argentinos a quienes les “plantaban” documentos de miristas chilenos. Tan criminal como sofisticado era el mecanismo para desinformar que, con fecha 15 de julio de 1975, un pasquín porteño llamado Lea publicaba una doble página enviada desde “Ciudad de México” titulado “La vendetta chilena”, dando esa versión del ajuste de cuentas mirista. En Santiago de Chile el diario La Tercera publicó la misma nota.

Preso por espiar

Cuando en la Argentina se consumó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las dictaduras de los dos países coordinaron todavía más estrechamente sus acciones en el marco del Plan Cóndor. Sin embargo, pronto el conflicto por el Canal de Beagle abriría una brecha que le costó cara a Arancibia Clavel, que por entonces era el enlace de la DINA chilena con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino.

Sin embargo, el chileno estaba haciendo un doble juego, mientras seguía trabajando codo a codo con los represores argentinos también recopilaba información útil para sus jefes en caso de que se desatara una guerra entre los dos países, como estuvo a punto de ocurrir. Lo descubrieron y fue detenido el 24 de noviembre de 1978. Cuando allanaron su departamento, los agentes de la SIDE argentina encontraron un archivo escondido en el doble fondo de un placard. Las carpetas estaban ordenadas con los mensajes de la sede de la DINA en Santiago y la estación de Buenos Aires a cargo de Arancibia.

Uno de los informes hablaba del romance entre el dictador Emilio Eduardo Massera y la actriz Graciela Alfano. De inmediato, la inteligencia naval fue a interrogar al “Dinamitero”. Como resultado de la visita naval, quedó con los dedos fracturados. Solucionado el conflicto del Beagle gracias a la mediación del cardenal Antonio Samoré, la dictadura del Pinochet logró también que el Vaticano pidiera la liberación de Arancibia. El trámite se demoró y recién pudo volver a las calles en 1981.

Perpetua por matar a Prats

Recién en la década de los ’90, en el curso de la reabierta investigación sobre el atentado contra el militar chileno exiliado en Buenos Aires, se pudo establecer la identidad de sus autores, entre ellos Arancibia Clavel. Fue en 1996, cuando la jueza María Servini pudo acceder a un documento secreto de la DINA que había sido desclasificado recientemente, donde figuraba el lugar del atentado y la hora en que se había cometido. El autor del informe era Arancibia Clavel.

“El Dinamitero” fue incriminado también por uno de sus cómplices, el agente de la CIA Michael Townley, cuando se hizo cargo de varios asesinatos cometidos contra exiliados chilenos y eso le permitió quedarse en los Estados Unidos en los términos establecidos por el Programa Federal de Protección de Testigos. En 2000, Arancibia fue condenado a cadena perpetua. Pese a las apelaciones, tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia ratificaron la condena. Eso no fue todo: en 2003, en otro juicio llevado a cabo por el secuestro de dos ciudadanas chilenas que sobrevivieron, Arancibia fue condenado a 12 años.

Sin embargo, por cálculo inaudito, pudo salir en “libertad condicional” en 2007. Había cumplido 11 años de prisión efectiva. Esta vez, no fue a vivir a Belgrano, sino que alquiló un departamento en la zona de Tribunales, más precisamente en Lavalle 1418, mucho más cómodo para asistir a los requerimientos judiciales. Allí estaba el jueves 28 de abril de 2011, cuando encontró la muerte a manos de un muchacho de 21 años que se ganaba la vida vendiendo sexo. El primer cuchillazo fue directo al abdomen. En la reconstrucción del hecho se estableció que Arancibia se agarró el estómago con una mano y con la otra quiso frenar los siguientes puntazos, que fueron una decena. Antes de dejarlo muerto en medio de un charco de sangre, su asesino se llevó 35.000 dólares que guardaba en una caja fuerte.

Sin embargo, en las últimas semanas, se conoció que una mujer que estaba desaparecida desde esos años apareció viviendo en la Argentina. Se trata de Bernarda Vera, una ex militante del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) de la que no se sabía nada desde el 10 de octubre de 1973, cuando ya se fortalecía la dictadura liderada por el general Augusto Pinochet.

La identidad de la mujer se conoció tras un reportaje de CHV Noticias, que dio a conocer el caso luego de una serie de sospechas que surgieron a partir de relatos de otros militantes que la conocieron y fueron parte de lo que ocurrió durante esa noche de octubre.

Según un reporte de la Comisión Rettig, la comisión de verdad y reconciliación creada en 1990 en Chile para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, la desaparición de Vera tendría lugar después de una redada por parte de las fuerzas armadas en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, sobre la XIV Región de Los Ríos. Para tomar dimensión, es a 140 kilómetros de San Martín de los Andes, al sur de la provincia de Neuquén.

De acuerdo a los relatos que pudo recolectar Infobae, esa noche una patrulla militar detuvo a 15 personas en diferentes puntos de esa localidad. Posteriormente, fueron trasladados hasta Villarrica y en el puente sobre el río Toltén fueron fusilados y los cuerpos arrojados al agua. Todas las víctimas lograron ser identificadas gracias al trabajo de los investigadores.

Pero, en el reporte del Rettig, la única muerte que no está confirmada es la de Vera, sino que se sostiene que pudo ser detenida y que su cuerpo se encontraba desaparecido. Fuentes que estuvieron cerca de la investigación del organismo señalaron a este medio que sobre aquel caso se encontraron a algunos cuerpos, pero ninguno coincida con la mujer en cuestión.

“De acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruido por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado”, sostiene la investigación.

A pesa de esto, los medios chilenos remarcaron que su militancia en el MIR la hizo cambiar su nombre a “Anita”. También presume que el pertenecer a estos grupos la habrían llevado a tener vínculos con células que se encargaron de sacarla del país. Este movimiento de ultra izquierda fue fundado por Miguel Enríquez en 1965 y se jactaba de no tener vínculos con atentados terroristas.

La polémica tras la noticia de la aparición con vida de esta profesora por ese entonces de 27 años tiene que ver con que las familias vinculadas con los detenidos desaparecidos y víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que según el informe de la Comisión Rettig son 2296 se consideraron casos calificados, reciben beneficios estatales y pensiones.

En ese marco, a Infobae le afirmaron que había funcionarios que tenían conocimiento sobre la vida de esta mujer desde mayo de este año.

Durante las últimas horas, la vocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, explicó: “El Plan Nacional de Búsqueda es algo que se crea como política de Estado gracias al mandato del Presidente de la República, para que la búsqueda de los detenidos desaparecidos no sea una acción privada de los familiares, que carguen solos con esta tarea como han hecho lamentablemente durante décadas, sino que el Estado se involucre proactivamente y de manera profesional”.

“Gracias a este trabajo, este es el único caso que se ha identificado, junto con otro caso de una persona que no estaba considerada en el listado“, remarcó en conferencia de prensa. Además, ratificó el respaldo presidencial para el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, quien estuvo detrás del Plan Nacional de Búsqueda.

Por otro lado, en el video que encabeza esta nota, el programa de CHV Noticias logró dar con una mujer que se llama Bernarda Vera, quien vive en la ciudad costera de Miramar. De acuerdo con el reporte, la mujer escapó primero a Suecia, con un ciudadano de ese país llamado Svante Grände.

Los datos en la Argentina dan cuenta de que llegó y se instaló como una residente extranjera, con una cédula de identidad. Asimismo, su fecha de nacimiento en la documentación chilena data del año 1946, mientras que en la argentina sería del ‘49.

En la reconstrucción del camino al país, Vera primero estuvo viviendo en Suecia desde 1978 y en el ‘84 se convirtió en una ciudadana de ese país. Allí se casó con un argentino llamado Jorge Suizer, quien en los datos fiscales aparece con un chacarero bonaerense, y con quien tuvo tres hijos, dos en el país escandinavo y uno en la Argentina. Según datos de organismos suecos, emigró en 1990 a la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Diputados de oposición fustigaron este lunes al Gobierno de Gabriel Boric por el lanzamiento del libro “Un paso al frente” del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena -alias “Comandante Ramiro”-, el que se llevará a cabo esta jornada en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV).

Hernández Norambuena cumple actualmente doble cadena perpetua por ser el autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Cristián Edwards. En diciembre de 1996 protagonizó la llamada “Fuga del Siglo”, ocasión en que el FPMR lo rescató a él y a otros tres militantes en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

Sin embargo, el “Comandante Ramiro” fue detenido y condenado en Brasil a 30 años de cárcel por el secuestro del empresario Washington Olivetto en 2001, y en agosto de 2019 se aprobó su extradición a Chile.

Así las cosas, “Un paso al frente” ofrece una serie de relatos en los que el exfrentista entrega pormenores de los “atentados a Augusto Pinochet y a Jaime Guzmán, el secuestro de Cristián Edwards y la fuga en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, entre otros”.

Juan Villagrán, miembro del Directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, sostuvo en entrevista con El Mercurio de Valparaíso que “Mauricio es un luchador incansable y creo que es muy importante que se realice la presentación de este libro en esta excárcel”.

“Homenaje a un terrorista”

Ese lunes, diputados de oposición criticaron duramente el evento y acusaron al Gobierno de Boric de “rendir honores a un criminal con recursos públicos”, tal como sostuvo la Camila Flores (RN), quien pidió su suspensión inmediata.

“Es inaceptable que el Gobierno de Gabriel Boric permita que espacios financiados con el dinero de todos los chilenos se utilicen para rendir honores a un criminal que atentó contra la democracia. Esto demuestra la absoluta complicidad del Ejecutivo con sectores que siempre han justificado la violencia como herramienta política”, sostuvo la parlamentaria.

“Mientras las familias chilenas piden seguridad y justicia, el Gobierno gasta recursos en blanquear la imagen de un asesino. La ciudadanía no tolerará esta provocación, y menos aún que venga de quienes tienen la obligación de resguardar la institucionalidad”, complementó.

De la misma opinión fue su par, el diputado Andrés Celis (RN), quien exigió la salida de Valentina Gallardo, directora del PCV, argumentando que “los recursos del Estado no pueden ser usados para rendir homenajes encubiertos a terroristas”.

De paso, anunció que oficiará a la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie sobre el hecho de que “un recinto cultural financiado con recursos públicos se preste para homenajear a un condenado por crímenes gravísimos y vinculado directamente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización terrorista de extrema izquierda que marcó nuestra historia”.

Cabe destacar que en 2023, la directiva del PCdV ya había sido criticada por mostrar el documental “Buschmann, comunista con el favor de Dios”, dirigido por la actriz Gloria Laso, un homenaje al también exlíder del FPMR, Sergio Buschmann, quien fuera condenado por la internación de armas en Carrizal Bajo y que también protagonizó un cinematográfico escape desde la Cárcel de Valparaíso en 1987, cuando era el reo más vigilado de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación interpuesto por la defensa del oficial del Ejército en retiro Adolfo Born Pineda, y ratificó su sentencia a 20 años de cárcel por su participación en los homicidios calificados de Francisco Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, crímenes de lesa humanidad acaecidos el 6 de octubre de 1973 en la ciudad de Calama (1.530 kms al norte de Santiago).

Según reza el fallo publicado por el Poder Judicial este miércoles, los tres fueron detenidos el día anterior por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) e interrogados bajo tortura, y luego derivados al Regimiento N°15 de Calama para después ser trasladados al Cerro Topáter donde los fusilaron sin derecho a réplica ni menos, un debido proceso.

El máximo tribunal chileno no dio por acreditada la existencia de un Consejo de Guerra y desestimó los argumentos del imputado, quien alegaba un “error de prohibición indirecto”, a saber, creer que su conducta está justificada por una causa legal, como el obedecer una orden jerárquica.

Cabe señalar que que existen diferentes formas en que este error se representa, “siendo la más tradicional la que reconoce el error de prohibición directo, en donde el sujeto no es consciente del carácter injusto de su hecho; y, el error de prohibición indirecto, en el cual el individuo yerra sobre la existencia o los límites de una causa de justificación“.

Órdenes directas

Ello, puesto que Born Pineda sostuvo haber procedido siguiendo órdenes directas de sus superiores, razonamiento que fue rechazado puesto que “el error alegado no se verifica, lo que resulta acertado dado que, por la naturaleza del delito, era esperable que una decisión que afectaba un derecho tan elemental, como es la vida, se viese corroborado con algo más de rigor que el empleado puesto que su ilicitud resultaba notoria y un Consejo de Guerra era una situación del todo excepcional, incluso en el marco de un régimen dictatorial recientemente instalado”, tal como reza la condena.

En adición, la corte estableció que las víctimas fueron fusiladas lejos del regimiento militar en cuestión -cuestión por lo menos sospechosa-, destacando además el “infausto estado en que las víctimas se encontraban, con evidentes signos de torturas; para luego, posterior a su ejecución, ser sepultados en un lugar del cementerio, también anómalo”.

El tribunal sostuvo que Born Pineda jamás trató de verificar si la orden de fusilar a las tres víctimas era legal, y que solo “aludió a una falta de preparación propia de la edad (23 años), del grado militar (teniente) y la nula experiencia para ejecutar el funesto encargo, lo cual conduce a refrendar la inferencia anticipada ante el escaso esfuerzo de conciencia en dilucidar los motivos de la ejecución y la falta de reflexión que se advierte en su proceder“, remata el fallo.

El exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara, quien la madrugada del martes salió del penal de Punta Peuco tras cumplir 15 años de cárcel por el crimen del comandante del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974, fue detenido nuevamente este miércoles y deberá responder ahora por la muerte de la ciudadana norteamericana Ronni Moffit, asesinada junto al excanciller Orlando Letelier en Washington en 1976.

El brigadier (r) del Ejército se encuentra acusado en el marco de esta última investigación y, una vez puesto en libertad, se activó de inmediato su orden de aprehensión, la que dice relación “con el atentado explosivo ocurrido el día 21.SEP.1976, en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos, en el cual resultaron fallecidos el exministro chileno Orlando Letelier del Solar y su asistente norteamericana, Ronni Moffitt, al explotar una bomba colocada debajo del piso del vehículo en que se movilizaban”.

Dicho atentado, que trajo varias repercusiones diplomáticas con EE.UU, se considera como uno de los más graves ocurridos bajo la llamada “Operación Cóndor”, campaña de represión política llevada a cabo en conjunto a partir de 1975 por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que incluía el asesinato de opositores a dichos regímenes en todo el continente.

Y aunque otros exagentes de la DINA como Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados por el crimen de Letelier, aún falta establecer las responsabilidades por la muerte de su secretaria, por lo que la Corte de Apelaciones de Santiago decidirá prontamente si deja a Zara, de 82 años, en prisión preventiva o con arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

Cabe señalar que su salida del penal Punta Peuco -donde están recluidos todos los miembros del la FF.AA acusados de delitos de lesa humanidad en tiempos de la dictadura de Pinochet-, generó críticas en diversas organizaciones de Derechos Humanos y en el Gobierno, tal como lo expresó este martes la vocera Camila Vallejo en su cuenta de X:

“Como Gobierno, lamentamos que el ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada. Más aún, en este año, que se cumplen 50 años de la macabra Operación Cóndor y 51 años del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert”.

Los crímenes

Paracaidista y “comando” del Ejército, José Zara tuvo un rol clave en el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la que llevó a cabo varias operaciones fuera del país tendientes a eliminar opositores.

El exuniformado dirigió la red de inteligencia con base en Buenos Aires, era el contacto con el Servicio de Inteligencia Militar del Uruguay y su primera operación fue el asesinato del general Prats y su esposa, en un atentado explosivo ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, bomba que fue instalada por el estadounidense Michael Townley.

Dos años más tarde, otra bomba explotaría en septiembre en Washington, Estados Unidos, bajo el auto del exembajador Orlando Letelier, quien iba junto a su secretaria, Ronni Moffit.

Zara se hizo conocido en 1988, poco antes del plebiscito que obligó a Augusto Pinochet a dejar el poder, cuando extendió a modo de regalo al dictador los “corvos acerados” de su batallón, en un gesto intimidante que no pasó desapercibido a los opositores al régimen.

Santiago de Chile, 18 ago (EFE).- Abogado de 59 años y profundamente católico, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, postula por tercera vez a la Presidencia de Chile consolidado como el rostro más competitivo de la ultraderecha, que este lunes lanzó su campaña escoltado por miembros del gremio camionero en la región de Antofagasta, a 1.300 kilómetros al norte de Santiago.

"Chile no está condenado al fracaso, Chile está llamado a la grandeza, a ser ese país que tenemos que ser: fuerte, libre y próspero", señaló desde una tarima rodeado de cámaras.

Oriundo de Paine, una localidad agrícola ubicada a treinta kilómetros al sur de Santiago, Kast intentó llegar al palacio de La Moneda en 2017 y 2021, año en el que perdió la segunda vuelta contra el presidente progresista Gabriel Boric, pese a haber ganado en la primera ronda.

Sus propuestas se mantienen desde entonces: defiende el modelo neoliberal legado de la dictadura, la reducción del tamaño del Estado, las bajadas de impuestos, la mano dura contra la migración y la delincuencia, y la soberanía nacional frente al multilateralismo.

Sus referentes son los presidentes estadounidense, Donald Trump y argentino, Javier Milei, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y sus principales enemigos son la Agenda 2030 de la ONU y los defensores de la llamada cultura ‘woke’ (conciencia social y responsabilidad colectiva), aunque tiene un estilo distinto.

Cercano al líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, Kast también ha celebrado la política contra las maras del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, centrando su discurso en cuestiones de seguridad y migración irregular.

Su vida ha estado ligada a la derecha más dura del país sudamericano, siendo rostro activo en la campaña para perpetuar al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el poder y luego diputado durante dieciseis años por la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por uno de los ideólogos de la dictadura.

Kast es perfilado como el político que instaló las ideas de extrema derecha en el Chile actual, aunque su cruzada personal es de larga data y quedó manifiesta en 2016 tras su renuncia a la UDI, a la que acusó de "falta de convicción".

Su formación, el Partido Republicado, fue fundada en 2019 en pleno segundo intento de reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1980), un proceso que concluyó con el rechazo del electorado.

Además de Kast, desde la derecha y sus extremos, en las elecciones presidenciales de noviembre también competirán la exalcaldesa Evelyn Matthei, del conservadurismo tradicional, y el diputado Johannes Kaiser, del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL).

Sebastián Silva

La abanderada presidencial del bloque Chile Vamos (la “derecha tradicional” chilena), Evelyn Matthei, volvió a hacer mea culpa luego de lanzar en abril pasado varias frases sobre los muertos en dictadura que le valieron las críticas del Presidente Gabriel Boric, el oficialismo en pleno y varias organizaciones de DDHH.

En conversación con Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia, cuya popularidad viene en caída libre y se ubicó este domingo en el cuarto lugar de la carrera presidencial según la última entrega de la encuestadora Cadem, sostuvo en esa oportunidad que el golpe de Estado de 1973 que implicó la muerte del presidente Salvador Allende “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.

“Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil”, agregó.

“Pero ya en 1978, en 1982, cuando siguen ocurriendo (las muertes), ahí ya no, porque ya había control del territorio. Hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”, complementó.

De paso, desligó de toda responsabilidad a su padre, el general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar que asumió como comandante de la Fuerza Aérea en 1978.

“Durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno, cometido por la Fuerza Aérea”, subrayó, resaltando finalmente el legado económico de la dictadura de Augusto Pinochet.

El nuevo mea culpa

Sus palabras sacaron ronchas en el oficialismo y el primero en saltar al ruedo fue el propio Presidente Gabriel Boric, quien desde su cuenta de X aseguró que “el golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea”, rezaba la publicación.

La ola de críticas siguió con las reacciones de varias organizaciones de DDHH que tildaron sus palabras de “ofensivas” y “negacionistas”, por lo que Matthei tuvo que salir a dar explicaciones.

Sin embargo, tras varios meses este domingo Matthei reflotó el tema en una carta enviada al diario El Mercurio dirigida al economista Sebastián Edwards, quien en entrevista con Tele13 Radio sostuvo que antes de votar por ella en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, esperaba que aclarara dichas aseveraciones.

“Quiero recoger el guante de lo que a ti y a mucha gente le importa: mis dichos en una radio sobre las muertes luego del 11 de septiembre de 1973“, comenzó diciendo la también exministra de Trabajo del primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles. Nada más lejano de mi intención. Lo que dije iba en un sentido completamente diferente”, agregó.

Según Matthei, “la extrema polarización ideológica y la violencia verbal y física se habían tomado nuestra sociedad durante los años sesenta y principios de los setenta. Nuestro país era un escenario donde se jugaba la Guerra Fría. Se trataba a los adversarios como “enemigos”, y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad".

“La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros“, complementó.

“La vida, la libertad, la democracia, los derechos humanos son intransables, y hay que defenderlos siempre, sin medias tintas, aquí y en todas partes, ahora y siempre”, remató la candidata presidencial.

Le llueve sobre mojado a los herederos del exdictador Augusto Pinochet: luego de que hace unas semanas se revelara que dos de sus hijos mantienen una disputa legal por diversas propiedades, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó a los herederos del exdictador restituir al Estado más de USD 16,2 millones, los cuales fueron sustraídos desde las arcas fiscales.

La querella por provecho del dolo ajeno fue estampada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en octubre de 2018, tras cerrarse el emblemático Caso Riggs, que duró 14 años y finalizó con el pago de poco más de USD 1,6 millones por parte de la familia.

De acuerdo a El Mercurio, el tribunal acreditó que Pinochet se apropió indebidamente de dineros públicos utilizando la figura de “gastos reservados” asignados a la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército, dineros que fueron heredados proporcionalmente por 16 personas, siendo la primera de ellas su fallecida esposa, Lucía Hiriart.

El presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “transcurridos siete años desde su presentación, la demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el Consejo de Defensa del Estado para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”.

Sin embargo, los 15 herederos aún con vida de Pinochet podrán apelar al fallo en primera instancia, e incluso recurrir a la Corte Suprema para revertirlo.

Quiebre en la familia

Cabe recordar que a inicios de julio, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella estampada por Jaqueline Pinochet -hija menor de Pinochet- en contra de su hermano Marco Antonio, a quien acusa de lucrar indebidamente de bienes muebles e inmuebles que el exdictador dejó como herencia tras fallecer a fines de 2006.

La controversia es en relación con ocho propiedades, entre ellas un departamento en la comuna santiaguina de Vitacura, casas en la playa, viviendas en Los Boldos y Santo Domingo y la parcela de El Melocotón, las que fueron arrendadas tras la muerte de su madre -Lucía Hiriart-, en 2021, “sin tener alguna autorización de ella ni recibir dineros”, según reza el documento ingresado por el abogado Jorge García, de acuerdo a una nota de La Tercera.

La querella detalla que Lucía Hiriart -viuda del déspota- “dio mandato de administración a su hermano Marco Antonio, mandato terminado por expresa disposición de la Ley con fecha 16 de diciembre de 2021”.

Sin embargo, quien fuera señalada como la hija favorita del exdictador asegura que luego de la muerte de su madre en 2021, vino a saber que dichas propiedades habían sido alquiladas en el pasado sin que las ganancias chorrearan hasta ella.

En el documento, Jaqueline Pinochet además asegura que su hermano mayor se negó sistemáticamente a darle mayores detalles sobre estas tratativas de mala manera.

“La situación se volvió prácticamente incontrolable, toda vez que se le negó toda posibilidad de acceso a información respecto de cómo se estaban administrando ‘de facto’ los bienes muebles e inmuebles”, prosigue el texto.

Para peor, la denuncia sostiene que Marco Antonio Pinochet trató de aislarla del resto de la familia e incluso vetó su ingreso al fundo en Santo Domingo, donde descansan los restos mortales de sus padres.

“Marco Antonio no ha escatimado esfuerzos durante todos estos años en desplegar actos de diversa índole con el solo objeto de privar a mi representada de cualquier relación con el núcleo familiar”, añade.

Así las cosas, corresponde ahora al Ministerio Público investigar y eventualmente llevar a juicio a Marco Antonio, a fin de determinar su responsabilidad en la administración de la polémica fortuna que dejó el exdictador, la que ha sido objeto de varias investigaciones tanto en Chile como en el extranjero.

La semana pasada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella estampada por Jaqueline Pinochet, la hija menor de Augusto Pinochet, en contra de su hermano Marco Antonio, a quien acusa de lucrar indebidamente de bienes muebles e inmuebles que el exdictador dejó como herencia tras fallecer a fines de 2006.

La controversia es en relación con ocho propiedades, entre ellas un departamento en la comuna santiaguina de Vitacura, casas en la playa, viviendas en Los Boldos y Santo Domingo y la parcela de El Melocotón, las que fueron arrendadas tras la muerte de su madre -Lucía Hiriart-, en 2021, “sin tener alguna autorización de ella ni recibir dineros”, según reza el documento ingresado por el abogado Jorge García, de acuerdo a una nota de La Tercera.

La querella detalla que Lucía Hiriart -viuda del déspota- “dio mandato de administración a su hermano Marco Antonio, mandato terminado por expresa disposición de la Ley con fecha 16 de diciembre de 2021”.

Sin embargo, quien fuera señalada como la hija favorita del exdictador asegura que luego de la muerte de su madre en 2021, vino a saber que dichas propiedades habían sido alquiladas en el pasado sin que las ganancias chorrearan hasta ella.

La querella

En el documento, Jaqueline Pinochet además asegura que su hermano mayor se negó sistemáticamente a darle mayores detalles sobre estas tratativas de mala manera.

“Pese a los constantes requerimientos de información, estos siempre fueron rechazados, con insultos y descréditos de diversa naturaleza, que por lo general apuntaban a la situación familiar de la querellante, sus relaciones interpersonales y el supuesto favoritismo del que se le acusaba sin existir razón alguna para ello”, prosigue el texto.

“La situación se volvió prácticamente incontrolable, toda vez que se le negó toda posibilidad de acceso a información respecto de cómo se estaban administrando ‘de facto’ los bienes muebles e inmuebles”, complementa.

Para peor, la denuncia sostiene que Marco Antonio Pinochet trató de aislarla del resto de la familia e incluso le negó el ingreso al fundo en Santo Domingo, donde descansan los restos mortales de sus padres.

“Marco Antonio no ha escatimado esfuerzos durante todos estos años en desplegar actos de diversa índole con el solo objeto de privar a mi representada de cualquier relación con el núcleo familiar”, añade.

“Desde el año 2019 a la fecha el querellado ha negado acceso a mi representada al interior de la hacienda familiar ubicada en la comuna de Santo Domingo, loteo ubicado en el sector de Los Boldos de la señalada comuna, lugar en el cual se ubican varias cabañas y una capilla en la cual se encuentran los restos de los padres de mi representada, a la que desde la señalada fecha se le ha negado acceso, mediante amenazas y referencias a órdenes directas del querellado a los cuidadores del lugar con objeto de privar cualquier acercamiento al lugar, coartando de forma arbitraria la posibilidad de visitar los restos mortales de sus padres”, remata el escrito al que tuvo acceso el medio citado.

Así las cosas, corresponde ahora al Ministerio Público investigar y eventualmente llevar a juicio a Marco Antonio, a fin de determinar su responsabilidad en la administración de la polémica fortuna que dejó Augusto Pinochet, la que ha sido objeto de varias investigaciones, no solo en Chile, sino también fuera del país.

Durante el transcurso de este domingo se espera que más de 2 millones de chilenos vuelvan a las urnas de manera voluntaria para participar de las primarias del oficialismo, en la que cuatro abanderados de los partidos de centroizquierda que forman la coalición Unidad por Chile definirán quién enfrentará a las cartas de la derecha en las elecciones presidenciales del 16 de noviembre próximo.

Los candidatos son Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (Partido Comunista), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social). Quien se erija como ganador deberá medirse con la representante de la “derecha tradicional” chilena Evelyn Matthei (Chile Vamos) y los abanderados de la “nueva derecha” José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quienes a pesar de los clamores desde Chile Vamos ni siquiera intentaron ponerse de acuerdo para realizar primarias en su sector e irán cada uno por su liebre a la primera vuelta.

Los sondeos previos a la veda electoral que comenzó a regir el 14 de este mes -que prohíbe el acceso público a las encuestas-, revelaron cambios significativos en el tablero: Jara superó por primera vez Tohá por un punto gracias a un discurso basado en su arraigo en la clase media y su lucha por los trabajadores y llega como favorita para este domingo, mientras que Matthei fue bajando progresivamente hasta equipararse con Kast, quien incluso llegó a aventajarla también por una unidad en la última entrega de Cadem.

Sin embargo, en las menciones espontáneas y la percepción de quién será el próximo presidente, Matthei sigue liderando todas las encuestas, a pesar de su descenso sostenido que partió en abril con un 36% y terminó hace dos semanas en un 28%. Solo en segunda vuelta, en un escenario sin Kaiser, Kast pasa a superarla por apenas dos unidades, esta vez según Criteria.

En la centroizquierda, por su parte, si bien Jara parece llevar la delantera, existe la convicción de que Tohá es la candidata mejor posicionada para enfrentarse a Matthei, no solo por su vasta trayectoria política y la herencia de su padre -José Tohá, destacado militante socialista y ministro de Salvador Allende fallecido tras ser torturado por militares-, sino además por el anticomunismo inoculado al país en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, y porque saben que la derecha definitivamente le negará “el agua y la sal” a un hipotético gobierno liderado por una comunista, polarizando inevitablemente el panorama político del país.

Dicha certidumbre llevó al comando de Tohá a elaborar una minuta con el eslogan “Si gana Jara, gana la derecha”, el que se filtró a la prensa y sacó ronchas en la colectividad comunista. “No soy partidaria de que el PC gobierne al país”, aseguró también hace menos de diez días la exministra de Interior y Seguridad del actual gobierno en entrevista con el programa “De Frente” de Tomás Mosciatti.

A pesar del fuego amigo, nadie en el oficialismo pone en duda el compromiso de que los perdedores apoyarán a quien sea que gane este domingo, una tradición republicana que la centroizquierda chilena ha sabido mantener. Por ello, de imponerse Jara esta jornada, tendrá que venir todo un proceso que parte por su renuncia al PC para “blanquearla” y convertirla en una candidata que realmente pueda vencer a la derecha, asunto en el que todos parecen estar de acuerdo.

Así las cosas, lo que suceda hoy es crucial para el futuro de la izquierda chilena: ¿primará esa izquierda tradicional, heredera de la Concertación, con varios nombres que podrían volver tras pasar a segundo plano cuando terminó el gobierno de Bachelet II, o se impondrá una nueva corriente encabezada por vez primera por el Partido Comunista, que bien ha sabido “aggiornarse” en las últimas dos décadas?

Debido a esto, gane esta noche Tohá o Jara -está claro que los otros candidatos no darán una sorpresa-, lo importante será la contundencia de los votos y el espaldarazo que dé la perdedora, pues ambas saben que a pesar de sus diferencias, la izquierda unida es la única opción que tiene su sector para vencer a una derecha desunida, cuestión que también sabe el presidente Gabriel Boric, quien de seguro felicitará a la vencedora esta noche en señal de unidad.

Los candidatos

Carolina Tohá

Politóloga y académica, su padre, José Tohá, fue ministro de Salvador Allende y murió en 1974 tras haber sido torturado. Como dirigenta estudiantil fue parte del paro que terminó con la salida del rector José Luis Federici en 1987 de la Universidad de Chile. Es militante del Partido por la Democracia (PPD), tienda socialdemócrata fundada por el expresidente Ricardo Lagos, uno de sus referentes políticos.

Diputada por Santiago (2002-2009, fue vocera del primer gobierno de Michelle Bachelet y alcaldesa de Santiago (2012-2016). En septiembre de 2022 asumió como ministra del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Boric, sorteó el Caso Monsalve y dejó su puesto para asumir su candidatura imponiéndose a las aspiraciones del Partido Socialista y su timonel, Paula Vodanovic, quien finalmente terminó dándole su apoyo.

Detrás de él, están su partido y los socialistas, liberales y radicales, el llamado Socialismo Democrático. Y aunque la Democracia Cristiana -cada día más de capa caída-, le comprometió su apoyo, no se inscribieron en esta primaria, por lo que sus militantes no pueden votar.

Jeannette Jara

Abogada y militante comunista, comenzó su carrera política como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACH) en 1997. Fue subsecretaria de Previsión Social durante el Gobierno de Bachelet II, y en 2022 el presidente Boric la nombró ministra del Trabajo y Previsión Social, desde donde logró grandes avances en el Congreso para los trabajadores como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma al sistema de pensiones.

Gonzalo Winter

Abogado, dirigente estudiantil, diputado de los municipios santiaguinos de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín y autoproclamado representante del continuismo del gobierno de Boric, fue erigido como candidato del Frente Amplio luego de que Tomás Vodanovic, actual alcalde de Maipú y con gran arrastre en las encuestas, declinara postularse.

Jaime Mulet

Abogado y diputado por la región de Atacama, militó por mas de 20 años en la Democracia Cristiana, tienda que abandonó en 2008 para afiliarse al Partido Regionalista de los Independientes (PRI), desde donde fue expulsado dos años después.

En 2015 formó el Frente Regional y Popular, movimiento que pronto se fusionó con otros dando forma a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido de corte progresista con énfasis en el medio ambiente.

Ahora la llegada de un camión repleto de soldados que frena bruscamente. Los soldados comienzan a bajar de la caja, comandados por un suboficial que empuña un arma corta. Un civil cae en el medio de la calle y la cámara captura el momento en que el jefe y uno de los soldados le apuntan mientras está en el suelo. Es el uniformado de la pistola el primero en ver al camarógrafo filmando. Grita una orden, dos, después apunta y dispara hacia la cámara. Erra y grita otra orden. Hay un segundo disparo, con arma larga, desde la caja del camión, pero el camarógrafo sigue firme, de pie, también apuntando, pero con la lente. Es el tercer disparo, el segundo de la pistola el que lo derriba. Sin perder ni por un segundo el pulso la firmeza con que enfoca su cámara, el camarógrafo acaba de filmar su propia muerte.

Las últimas imágenes tomadas por el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen – las de su asesino en el momento en que le apunta y dispara para matarlo – recorrieron el mundo y quedaron para siempre como la imborrable memoria del “Tanquetazo”, el intento de golpe de Estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende que fue el preludio de su caída y de su muerte menos de tres meses después. Pasarían décadas antes de que se pudiera identificar al hombre que dispara, el cabo segundo Héctor Hernán Bustamante Gómez, que murió impune.

“Él tenía una cámara grande, con dos rollos. En un lado estaba uno y, cuando se terminaba, usaba el otro. Cuando él se cae (tras los disparos), agarra la cámara, no la quería soltar. Entonces uno de los carabineros se acerca y se la arranca. Saca un rollo de los dos que había y lo vela, pero quedó el otro, el que tenía esta película”, contó muchos años más tarde Josephine, la hija de Leonardo, que por entonces era una niña.

Un gobierno jaqueado

El tiempo corría vertiginoso en Chile a principios de la década de los ’70. El médico socialista Salvador Allende había asumido la presidencia el 3 de noviembre de 1970, como candidato de la Unidad Popular, la coalición de izquierda ganadora por estrecho margen de las elecciones realizadas el 4 de septiembre. Era el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina con un programa que proponía construir un sistema socialista por la vía pacífica.

Desde un principio tomó medidas fuertes que alarmaron tanto a la recalcitrante clase alta chilena, a la burguesía local y también a más de una oficina en Washington, desde donde se había hecho todo lo posible para evitar que ganara las elecciones. La nacionalización del cobre, una reforma agraria y la estatización de otras áreas “claves” de la economía que había emprendido eran políticas consideradas intolerables para el poder económico y los intereses estadounidenses. En ese contexto, las maniobras para desestabilizar no demoraron en comenzar. En el plano económico se buscó provocar una crisis que se materializó, entre otras cosas, en una inflación cada vez más alta y en la escasez de alimentos y otros productos de consumo básico.

Mientras tanto, fogoneada por los medios de comunicación opositores, la polarización de la sociedad se iba agudizando, con brotes de violencia política entre los partidarios del gobierno y quienes buscaban hacerlo caer promoviendo huelgas y manifestando en las calles con “cacerolazos”. En octubre de 1972, una huelga de camioneros – apoyada por otros gremios – frenó la distribución de productos básicos y generó una crisis de desabastecimiento que puso en jaque al gobierno.

Al interior de las Fuerzas Armadas la situación se reflejaba en una división cada vez más aguda entre los sectores que querían defender las instituciones y permanecían leales a Allende y entre los que proponían, cada vez más abiertamente, un golpe de Estado para acabar con lo que consideraban un gobierno títere de la Unión Soviética. “A partir del paro de octubre, después de la huelga de los camioneros, la inquietud política empezó a llegar de manera muy fuerte a los cuarteles”, resume el historiador chileno Joaquín Fermandois, autor de “La revolución inconclusa: la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular”. Para mediados de 1973, Chile parecía una bomba a punto de estallar.

El tanquetazo

La mañana del 29 de junio, una veintena de vehículos armados – camiones, tanquetas y tanques M41 Walker Bulldog – comenzó a avanzar por el centro de Santiago en dirección al Palacio de la Moneda y el Ministerio de Defensa. Los oficiales y soldados que iban en ellos – unos ochenta - respondían a las órdenes del teniente coronel Roberto Souper, jefe del Regimiento Blindado número 2. El movimiento subversivo tenía el apoyo político del Frente Nacionalista Patria y Libertad, una organización de extrema derecha que venía perpetrando desde hacía tiempo acciones de sabotaje en contra del gobierno.

Poco antes de las 9 los tanques y los camiones llegaron a sus destinos y comenzaron a disparar con metralletas y armas largas contra los edificios del gobierno. El Palacio de la Moneda recibió alrededor de 500 impactos de bala, mientras que la Guardia de Palacio, que disponía de armamento automático, disparó 480 balas de calibre 7,62 para responder el ataque. Los tanques sólo dispararon sus ametralladoras y no sus cañones, porque los frenos de retroceso de esas armas no tenían el líquido necesario para que pudieran funcionar.

Las calles del centro se convirtieron en un caos. El pánico se apoderó de los empleados de las oficinas y de los negocios. Corrían y buscaban refugio para no ser alcanzados por los disparos, como muestran las imágenes registradas por Leonardo Henrichsen con su cámara. En las emisoras de radio se informaba confusamente sobre lo que estaba ocurriendo, aunque todas daban la misma recomendación. “Se les pide, ante la situación caótica, abstenerse de venir al centro, mantenerse en sus casas. Estamos viviendo un clima de guerra”, podían escuchar quienes sintonizaban la oficialista Radio Agricultura.

Cuando comenzó el ataque, el presidente no había llegado todavía a la Moneda y seguía el desarrollo de los acontecimientos desde su casa, a unos 15 kilómetros del palacio de gobierno.

El presidente Allende monitoreaba el ataque desde su residencia, situada en el oriente de Santiago, en la calle Tomás Moro, a unos 15 kilómetros del palacio presidencial. “Un sector sedicioso se ha levantado. Es un pequeño grupo de militares facciosos que rompen con la tradición de lealtad. Llamo al pueblo, primero, a que tome todas las industrias, todas las empresas, que esté alerta, que se vuelque al centro, pero no para ser victimado. Que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado, que lo hagan con prudencia. Con cuantos elementos lo hagan en sus manos. Si llega la hora, armas tendrá el pueblo”, dijo poco después en un discurso transmitido por la cadena nacional.

El general Carlos Prats, jefe del Ejército, se mantuvo leal al gobierno y ordenó una contraofensiva para detener a los rebeldes. Alrededor de las 10.30 de la mañana, las tropas a sus órdenes comenzaron a rodear a los insurrectos y Prats se dirigió a La Moneda, donde los esperaba otro general, Augusto Pinochet, que defendía la sede del gobierno. La rebelión terminó de ser sofocada a mediodía, con un saldo de 22 muertos, militares y civiles, entre los cuales se contaba el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen.

El hombre de la cámara

En junio de 1973, Henrichsen, de 33 años, casado y con tres hijos, llegó a Santiago contratado por la televisión sueca para cubrir el caldeado clima político chileno con el corresponsal Jan Sandquist; también enviaba imágenes para los noticieros de Canal 13 de la Argentina. Era un camarógrafo experimentado, que sabía trabajar en situaciones difíciles: había cubierto, entre otros sucesos, el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch en República Dominicana y, en 1969, el Cordobazo para Canal 13, junto al periodista Sergio Villarruel.

La mañana del 29 de junio estaba en el hotel donde se alojaba, en el centro de Santiago, cuando escuchó los primeros disparos. Sin dudarlo, salió a la calle con su cámara para registrar los sucesos junto con la periodista sueca Gunilla Molin, sin imaginar que filmaría su propia muerte. El recorrido de la película final de Henrichsen tuvo también sus avatares. Luego de que el soldado chileno sacara y velara el rollo equivocado, la cámara quedó tirada en la calle.

“Todo esto lo ve un señor - de la productora Chile Films - que estaba arriba de un edificio y pudo bajar para recuperar la cámara y salvar la película”, reconstruyó Josephine, la hija de Henrichsen. El negativo fue revelado en Buenos Aires y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Una vez sofocado “El Tanquetazo”, en Chile se inició una investigación judicial sobre el asesinato del camarógrafo argentino, pero quedó cajoneada después del golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año. Recién a principios del nuevo milenio, el periodista Ernesto Carmona pudo localizarlo, reconstruir los hechos e identificar al cabo Héctor Bustamante como autor de los disparos.

Se reabrió entonces la causa, que incluyó la declaración de varios soldados que presenciaron el hecho, pero fue cerrada en 2012, primero por la prescripción del delito y después por la extinción penal debido a la muerte de Bustamante. En 2013 se descubrió una placa en el lugar donde murió Leonardo Henrichsen sin soltar la cámara aún después de baleado. En su homenaje, en la Argentina se instituyó el 29 de junio como el Día del Camarógrafo.

Con la frustrada rebelión que pasó a la historia como “El Tanquetazo” se quebró la idea de que en Chile las Fuerzas Armadas no intervenían en la política, que eran institucionales y que actuaban unidas y apegadas a la Constitución. Aunque sofocado, el levantamiento aceleró la escalada que culminó con el sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que terminaría con Salvador Allende muerto en La Moneda y Augusto Pinochet – el general que había defendido la sede del gobierno el 29 de junio – como dictador de Chile.

En un hecho histórico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles un informe que reconoce por primera vez las graves violaciones a los DDHH cometidas en la ex Colonia Dignidad. En el enclave, fundado en 1961 por el pedófilo alemán Paul Schäfer, no solo se cometieron torturas y desapariciones en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, sino también graves abusos sexuales contra niñas y niños.

El informe, titulado “Vulneraciones a los derechos humanos: el caso de la ex Colonia Dignidad”, fue aprobado por unanimidad y es el resultado de una misión de observación que se llevó a cabo entre septiembre del 2024 y mayo de este año, en el que un equipo interdisciplinario recopiló antecedentes y se entrevistó con agrupaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, elaborando una línea de tiempo con los crímenes y abusos que se cometieron durante años en la actual Villa Baviera.

Según detalló la directora del INDH, Consuelo Contreras, el dossier presentado en una ceremonia en el Centro Cultural CEINA de Santiago “no solo documenta los horrores vividos por niñas, niños y adolescentes en la ex Colonia Dignidad, sino que también reconoce el sufrimiento de una generación marcada por el Golpe de Estado, la represión y la dictadura”.

La cita sirvió también para rendir un homenaje al expresidente Patricio Aylwin, quien fue uno de los primeros en estampar denuncias al respecto cuando era senador y luego, ya presidente, canceló la personalidad jurídica el lugar.

Contreras expuso además la “necesidad urgente” de convertir el enclave en un sitio de memoria -puesto que el Estado tiene una “obligación ética” con las víctimas a quienes no supo proteger- y propuso la creación de una comisión especial de reparación para las víctimas que garantice su participación en el proceso de transformación del sitio.

Cabe señalar que el Gobierno ya anunció la expropiación de terrenos en Villa Baviera como una primera forma de reparación hacia aquellos que sufrieron largos años de encierro y abusos sistemáticos.

Sobrevivientes valoraron el informe

El informe del INDH también fue aplaudido por sobrevivientes de la ex Colonia Dignidad y residentes actuales de Villa Baviera, quienes mediante un comunicado valoraron el reconocimiento oficial a sus años de sufrimiento.

“Todos quienes fuimos sometidos al terrible régimen de Paul Schäfer, bajo la inacción y omisión del Estado chileno y también del Estado alemán, fuimos víctimas. Hasta la fecha, lamentablemente, esta realidad -y por lo tanto, nuestra existencia- había sido muy invisibilizada, por lo que el reconocimiento explícito de un organismo estatal como el INDH sobre estos hechos nos trae, finalmente, algo de paz y tranquilidad”, reza el documento.

Sin embargo, se mostraron preocupados por el camino que seguirán las expropiaciones:

“Nosotros no nos oponemos a la creación de un sitio de memoria para las víctimas de la dictadura en Villa Baviera, porque entendemos la motivación del Ejecutivo de reparar a quienes ahí sufrieron represión política y a sus familias. Pero lo único que pedimos es que nuestra comunidad sea tenida en cuenta en ese proceso, algo que hasta la fecha no ha pasado”, emplazaron.

La Justicia chilena ordenó este miércoles pagar al Fisco USD 53 mil ($50 millones) al ciudadano argentino Pedro Damián Tsakoumagkos Corzo, quien estuvo detenido por tres meses y fue torturado en el Estadio Nacional en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

Según informaron desde el Poder Judicial, la jueza del 22° Juzgado Civil de Santiago, Lorena Cajas Villarroel, desestimó la prescripción del hecho que argumentaba el Fisco, habida cuenta que se trata de un crimen de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles.

Así, atendiendo el “mérito del informe y del certificado de daño psicológico (...) así como de las declaraciones testimoniales rendidas, esta juez ha adquirido convicción en orden a que el actor ha sufrido un daño moral relevante como consecuencia directa e inmediata de haber sido víctima de detención ilegal y torturas perpetradas por agentes del Estado durante el período correspondiente a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte”, reza el fallo.

Y aunque el documento precisa que “este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda a título de indemnización en nada destierra el dolor y aflicción sufrido por el demandante debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado”, establece que “corresponde ahora que le devuelvan a su amparo y morigere en cierta extensión los efectos perniciosos de su obrar”.

“Que, en definitiva –ahonda el veredicto–, se tiene por acreditado que don Pedro Damián Tsakoumagkos Corzo ha sufrido un daño moral significativo como consecuencia directa de los actos de violencia extrema ejercidos en su contra por agentes del Estado. Dicho daño se manifiesta en una sintomatología persistente que, conforme al mérito de autos, se ha cronificado con el paso de los años, prolongando el sufrimiento hasta la actualidad”.

Así las cosas, y “sobre la base de los antecedentes probatorios previamente reseñados y ponderados, este tribunal fijará la indemnización de perjuicios por concepto de daño moral en la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) la que deberá ser pagada por el Fisco de Chile al actor”, sentenció.

El caso

Pedro Tsakoumagkos -quien actualmente aparece como profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires en Maestrías en Políticas Ambientales y Territoriales- fue secuestrado el 24 de septiembre de 1973 por Carabineros y tras pasar unas horas en una comisaría, llevado hasta el Estadio Nacional en Santiago, lugar donde se recluyó y torturó a cientos de detenidos durante los meses posteriores al Golpe de Estado.

Allí, y tal como estableció el fallo, estuvo detenido por tres meses en condiciones inhumanas, mal alimentado y siendo sometido a torturas e interrogatorios crueles y degradantes.

En diciembre de ese año fue trasladado a la cárcel de Santiago, penal en el que permaneció otros cuatro meses como prisionero político hasta que, gracias a las gestiones de la legación argentina, fue expulsado del país.

Cabe recordar que según cifras oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet alrededor de 28 mil personas sufrieron torturas, 3.227 murieron a manos de agentes del Estado y más de 200 mil tuvieron que partir al exilio bajo pena de encierro.

São Paulo, 19 jun (EFE).- “¿Será que la política dictatorial de despolitizar el país, asumida por todas las instituciones y por nuestra escuela, nuestras familias, nuestro país, nos redime retrospectivamente de responsabilidad?”, se pregunta Lina Meruane en una de sus primeras páginas de 'Señales de nosotros' (2023), cuya versión en portugués está presentando en la Feria del Libro de São Paulo.

En entrevista con EFE en un hotel de la capital paulista, la escritora chilena de origen palestino cuenta que escribió este ensayo biográfico de poco más de 60 folios para resolver “un pequeño inconveniente biográfico”, de pensar que su familia había estado en lo que ella consideraba que era “el lado incorrecto de la historia” en los albores del régimen militar impuesto por Augusto Pinochet en 1973.

Si bien este ejercicio de memoria devenido en libro no le sirvió para “justificar” nada, sí le permitió “comprender” que gran parte de la sociedad chilena “respondió a sus miedos”, y eso no los convertía “necesariamente en malas personas”.

“Tenían miedo por la vida ellos mismos y sus familias. Y el miedo es un elemento muy importante de nuestra afectividad. Nosotros operamos políticamente movidos por nuestros afectos”, reconoce.

Recuerda que, en particular en el período de posdictadura chilena, “parecía que todos los escritores eran hijos de mártires de la dictadura” o que habían ocupado posiciones de resistencia más “heroicas”, entonces comenzó a reflexionar sobre cómo había vivido ella ese momento de su niñez, en el que se mantuvo “en una especie de sombra de la vida real”, sin dimensión de lo que acontecía afuera de sus muros de ladrillo.

“Teníamos las señales, los rumores, las cosas que se decían y se negaban, pero uno no tenía un lugar de interpretación para poner todas esas señales juntas y construir un relato”, detalla Meruane (Santiago de Chile, 1970).

Y, a pesar de que deposita gran parte de la culpa en sus círculos íntimos y los lugares que frecuentaba -como su formación en un instituto privado de educación británica en donde “cada lunes” se cantaban los himnos de todas las Fuerzas Armadas- afirma que también antes este tipo de cosas se hacían y “se ocultaban”.

Para Meruane, una de las voces más resonantes de la literatura latinoamericana moderna, en el siglo pasado “el poder” actuaba en las sombras, sin dejar “evidencia” de sus crímenes.

“Se hacía desaparecer, es decir, no había evidencia de lo que había sucedido con esos cuerpos. Si habían sido torturados, si habían sido degollados. Se los tiraba al mar, se los enterraba en fosas comunes. No estaba el relato para entender lo que estaba pasando”, ejemplifica en referencia al modus operandi de las dictaduras latinoamericanas, que se caracterizaron por sus centros de detención clandestinos y por la utilización del término “desaparecidos”.

Mientras que hoy “el poder está operando de una manera absolutamente ‘gore’, de una manera absolutamente espectacular”, a la vista de todos.

Y para explicar a qué se refiere al citar este subgénero cinematográfico que destaca por sus imágenes sangrientas sin censura, la autora hace referencia a los ataques de Israel al pueblo palestino, en los que todo ha sido “muy visible” y “muy impune”, “como si hubiera una situación especial de privilegio en la que una nación, un país, una ideología, tiene el derecho de acabar con toda otra población y no sufrir ninguna consecuencia”.

E incluso con la justificación de que suceden “en defensa propia”, y bajo la premisa de que la población palestina “lo merece por ser quienes son”.

Ese proceso de “deshumanizar al otro y negar al otro como humano” permite “reinterpretar los hechos como hechos necesarios, como hechos positivos, no como hechos inmorales y antiéticos o criminales”, describe.

La autora de 'Palestina en pedazos' (2021) revela que estaba escribiendo una novela, pero que “la aceleración del genocidio” por parte de Israel la arrastró de vuelta a este terreno, que Meruane conoce muy bien.

En ese sentido, cuenta que “probablemente a finales de este año” estrenará en Chile un conjunto de artículos, crónicas y reflexiones sobre Palestina que se va a llamar “Matarlo todo”. EFE

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Efraín Cepeda, presidente del Senado, provocó molestias en algunos sectores tras anunciar que solicitó una reunión con la cúpula de la fuerza pública, en particular con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El objetivo del encuentro sería discutir medidas que refuercen la seguridad de los aspirantes presidenciales y de los partidos políticos, ante el aumento de hechos violentos contra figuras del ámbito electoral. La convocatoria se hizo sin contar con el presidente Gustavo Petro, hecho que generó críticas y tensiones en el escenario político.

Una de las reacciones más críticas vino por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien cuestionó con dureza la decisión del presidente del Senado.

A través de sus redes sociales, Rojas comparó la actitud de Efraín Cepeda con la del dictador chileno Augusto Pinochet, señalando que la convocatoria a la Fuerza Pública sin el presidente de la República representa un riesgo institucional. “Este es el paso de los golpistas”, aseveró el funcionario público.

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“Para que podamos tener un debate electoral tranquilo, y no como hoy se asoma, que se parece mucho a aquellas épocas aciagas del narcotráfico en Colombia que no queremos volver a repetir”, dijo ante los medios Efraín Cepeda con respecto a la reunión que planteó con las Fuerzas Militares.

Frente a lo anterior, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se pronunció contra el presidente del Senado, cuestionando su decisión de convocar a la Fuerza Pública sin incluir al jefe de Estado. En su mensaje, Rojas advirtió sobre las implicaciones históricas de este tipo de actuaciones y las relacionó con episodios de ruptura institucional en la región.

“La actitud de Efraín Cepeda es idéntica a la de Augusto Pinochet, sublevar las fuerzas armadas al presidente ha sido la historia macabra y criminal de los golpes de Estado en América Latina. La historia dicta que este es el paso de los golpistas justo después de desatar la violencia”, escribió en su publicación el jefe de cartera perteneciente a la actual administración pública del país por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El ministro Rojas concluyó su mensaje con un llamado directo al presidente del Senado, instándolo a reconsiderar su postura. Le advirtió sobre las consecuencias históricas que podrían derivarse de sus acciones y lo invitó a optar por el camino institucional.

“Está Efraín Cepeda a tiempo de reflexionar si quiere inscribir su nombre en lo más repudiable y repugnante de la historia continental, si ese es el legado por el cual quiere que lo recuerde el pueblo. Nosotros le seguimos extendiendo la mano de la paz y la democracia”, dijo el ministro de Educación colombiano en su mensaje.

Y es que, varios políticos cercanos al Gobierno también rechazaron la actuación de Efraín Cepeda. Uno de ellos fue el senador Wilson Arias, quien cuestionó públicamente la intención del presidente del Senado de reunirse con la cúpula militar sin la presencia del jefe de Estado. Arias advirtió sobre la gravedad institucional de ese gesto y recordó el papel del presidente como comandante supremo de la Fuerza Pública.

“Señor @EfrainCepeda, ¿por qué quiere reunirse con los mandos de la Policía y Ejército SIN la presencia del Pdte. @petrogustavo?El presidente Petro es el comandante de la fuerza pública. Artículo 189 de la Constitución Política El mensaje que usted envía al país es peligroso", comentó el legislador del Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema y manifestó su inconformidad por la convocatoria a una reunión con la Fuerza Pública sin su participación. En su mensaje, recordó que, como máxima autoridad del Estado y comandante de las fuerzas, ningún encuentro con mandos militares o policiales puede realizarse sin su autorización.

“No hay reunión con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita es unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama: mafia”, escribió el mandatario al respecto.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este lunes la entrega oficial de archivos reservados a familiares de víctimas de la dictadura militar (1973–1990), en el marco de una política estatal que busca avanzar en verdad y justicia. Las denominadas “carpetas de calificación” contienen antecedentes que permitieron acreditar como víctimas a personas ejecutadas o desaparecidas durante el régimen de Augusto Pinochet.

“Esta documentación representa un patrimonio y parte de la memoria de las familias, la comunidad y el país en general”, señaló la Presidencia en un comunicado. El acto se llevó a cabo coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos y forma parte del Plan Nacional de Búsqueda, una estrategia estatal inédita mediante la cual el Estado asume por primera vez la responsabilidad directa en la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Los archivos entregados incluyen testimonios, informes, antecedentes personales y resoluciones administrativas recabados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismos creados durante la transición democrática.

La documentación proviene tanto de organismos del Estado como de organizaciones de la sociedad civil, familiares de las víctimas y sobrevivientes. Este archivo fue declarado Monumento Nacional en 2022, por su relevancia histórica y simbólica.

Según cifras oficiales, la dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 muertos, de los cuales 1.469 corresponden a desapariciones forzadas. Hasta la fecha, se han identificado los restos de 307 personas, mientras que otras 1.162 continúan desaparecidas. Los antecedentes contenidos en las carpetas entregadas son clave para continuar esas investigaciones.

De forma paralela, el gobierno también anunció la creación de un banco público de ADN para facilitar la identificación de víctimas de las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura, muchas de las cuales fueron orquestadas con la participación de funcionarios del Estado y actores del sistema de salud y justicia.

Organizaciones como la Fundación Hijos y Madres del Silencio exigen que el banco de ADN se implemente antes del fin del mandato de Boric, en marzo de 2026. “Es una medida muy importante, similar a lo que tienen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, pero queremos que realmente se cumpla”, señaló Marisol Rodríguez, vocera de la fundación, quien busca a su hermano, sustraído en un hospital de Santiago en 1972.

Las víctimas denuncian que fueron sedadas, engañadas o presionadas para entregar a sus hijos recién nacidos, en muchos casos bajo la falsa premisa de que habían fallecido. El sistema de adopciones ilegales involucró a médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos, y afectó principalmente a madres jóvenes y de escasos recursos. Se estima que alrededor de 20.000 menores fueron adoptados de manera irregular por familias extranjeras. De ellos, solo 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias de origen, según datos del Poder Judicial.

El presidente Boric anunció la creación del banco genético en su reciente cuenta pública ante el Congreso, pero hasta ahora no se han detallado los plazos ni el funcionamiento del sistema. La medida permitiría a cualquier persona con dudas sobre su origen consultar la base genética de forma extrajudicial, sin necesidad de iniciar un proceso penal ni involucrar directamente a las familias adoptivas.

“Hay muchas personas apropiadas que no tuvieron un proceso legal de adopción y que no quieren involucrar a sus padres adoptivos, pero sí quieren saber quiénes son”, explicó Rodríguez. Otras afectadas, como María Inés Soto, expresaron escepticismo debido a intentos fallidos anteriores, como el proyecto impulsado en 2020 durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, que no avanzó más allá de la recolección de unas pocas muestras de ADN.

El anuncio ocurre en una semana marcada también por un hito judicial sin precedentes: por primera vez, un juez chileno acreditó la existencia de una red de adopciones ilegales durante la dictadura y procesó a cinco personas por sustracción de menores. La investigación penal se abrió formalmente en 2018, cuatro años después de las primeras denuncias públicas.

“Yo pido a quien tenga información que nos la dé, para que todos nuestros hijos e hijas vuelvan”, declaró Nilda, otra madre que busca desde 1974 a su hija, presuntamente fallecida al nacer. “Me dijeron que estaba enferma, pero era una guagua sana. Se la llevaron para siempre”.

Con estas dos medidas —la entrega de archivos de víctimas del régimen y la creación del banco de ADN— el Estado chileno profundiza su responsabilidad en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad y en la reparación de sus consecuencias, más de tres décadas después del fin de la dictadura.

(Con información de EFE)

Durante exactamente 15 meses, el exteniente de Carabineros Alberto Juan Fernández Michell logró eludir a la justicia chilena tras ser condenado a cadena perpetua por su participación acreditada en los homicidios de 19 trabajadores en septiembre de 1973, la llamada Masacre Laja-San Rosendo.

Este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo en un Centro de Salud local en la ciudad de Iquique (1,760 kms al norte de Santiago), y fue trasladado de inmediato hasta el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, a fin de cumplir con la sentencia emitida por el ministro Waldemar Koch Salazar, a cargo de causas de derechos humanos en las Cortes de Apelaciones de las ciudades de Concepción y Chillán.

La masacre

Luego de un largo juicio, Fernández Michell fue hallado culpable en calidad de autor de los homicidios calificados perpetrados la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan, ubicado en la comuna de Yumbel, región del Biobío.

Las 19 víctimas, quienes era trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y de Ferrocarriles del Estado (EFE), fueron detenidas ilegalmente entre el 13 y el 16 de septiembre en las localidades de Laja y San Rosendo. La madrugada del 18 los subieron a un bus que tomó camino a Los Ángeles y guiados por un agricultor llamado Peter Wilkens, llegaron al Fundo San Juan.

Allí, en un bosque de pinos, con los detenidos amarrados e indefensos, los obligaron “a tenderse en el suelo, boca abajo, al borde de una depresión del terreno y mientras eran alumbrados por los focos de los vehículos de esta caravana, dispuso (Fernández Michell) que los funcionarios policiales se ubicaran frente a ellos y desenfundando su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros que estaban posicionados en la línea de tiro, disparando sus armas e impactando a las víctimas con múltiples impactos balísticos en sus cuerpos, causándole la muerte en el acto”, según reza el fallo.

Luego, fueron los mismos carabineros quienes cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con ramas y tierra.

Sin embargo, un mes después, un agricultor de la zona avisó a carabineros de Yumbel que sus perros habían desenterrado osamentas humanas. Y aunque la denuncia fue enviada al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, la jueza Corina Mera ordenó esconder el parte oficial.

Debido a esto, el teniente Fernández se dirigió con un piquete al sitio del suceso y ordenó exhumar los cuerpos y volverlos a enterrar en una fosa clandestina del Cementerio de Yumbel, donde aparecieron seis años después.

La investigación del magistrado Koch Salazar logró acreditar la responsabilidad de Fernández Michell en todos estos hechos, en concomitancia con otros agentes del Estado y civiles, en el contexto de la represión sistemática que se llevó a cabo las semanas posteriores al Golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Así, la denominada “Masacre de Laja-San Rosendo” pasó a convertirse en uno de las casos más emblemáticos e impactantes de esa oscura época, que con la captura de uno de sus principales responsables cierra un capítulo y trae tranquilidad a las familias de las víctimas, a saber:

Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.

En un fallo sin precedentes, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Aguilar Brevis ordenó prisión preventiva para cinco personas acusadas de "asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros", indicó el Poder Judicial en un comunicado.

El magistrado logró acreditar que "en la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad, cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50.000 dólares", apuntó el comunicado.

La líder de la supuesta red era Ivonne Gutiérrez Pavez, la entonces titular del Juzgado de Menores de San Fernando y quien actualmente se encuentra residiendo en Israel.

El juez Brevis solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extradición de la acusada, en virtud del Convenio Europeo de Extradición, que incluye al Estado de Israel y que acaba de entrar en vigor, afirmó el texto.

Unos 20.000 menores chilenos fueron adoptados de forma irregular por familias extranjeras durante el régimen, de los cuales sólo 1.000 se han reencontrado con sus familias, según cifras del Poder Judicial.

La salida de los menores al extranjero fue principalmente con dos métodos: por entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio en otro país.

Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 cuando la Justicia chilena abrió una investigación sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura.

Cuatro años después, el Gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó un plan piloto para localizar a víctimas de adopciones ilegales y esclarecer las irregularidades cometidas durante el régimen pinochetista. EFE

El juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, ha dictado el primer procesamiento por sustracción de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y ha remitido al Supremo una solicitud de extradición a Israel contra una de las encausadas, la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez.

Los encausados están acusados de sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad hijas de "madres niñas" de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros, según recoge el diario 'La Tercera'.

El juez ha encausado a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas, para los que ha pedido prisión preventiva, así como a Gutiérrez, quien era jueza del Juzgado de Menores de San Fernando, una localidad situada al sur de Santiago de Chile.

La petición de extradición a Israel se fundamenta en el Convenio Europeo de Extradición que entró en vigor el 1 de junio. Aguilar es residente en Israel, según un informe de la Policía De Investigaciones de Chile.

Este es primer procesamiento contra la red de robo de menores de familias de escasos recursos que operó en San Fernando para su envío al extranjero. En la misma participaban abogados, sacerdotes, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y del Poder Judicial.

"En el mes de enero de 1983, previamente concertados, y actuando por vías de hecho, Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez, se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero y para ello también se inició una tramitación judicial ante el propio tribunal de la jueza Gutiérrez", explica el juez.

Además presentaron una solicitud de tuición de la niña para sacarla del país para ser adoptada por una mujer de iniciales G.J.D., aunque finalmente la madre logró con ayuda de personal de Carabineros recuperar a su hija unos días después.

Gutiérrez también autorizó siendo jueza "rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983". Esta "agrupación delictiva (...) tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario (50.000 dólares estadounidenses) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y Estados Unidos", explica el juez.

El magistrado ha desestimado una petición de prescripción porque considera que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Los hechos investigados acontecieron durante la dictadura militar que gobernó el país entre los años 1973 a 1989, en la cual se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos", ha recordado.

En un hecho inédito, este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó prisión preventiva para cuatro personas y solicitó a la Corte Suprema pedir la extradición desde Israel de una exjueza, todos miembros de una red que en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet vendió al extranjero, mediante adopciones irregulares, a niños chilenos en situación de vulnerabilidad por sumas que podían llegar hasta los USD 50 mil.

Este lunes, el ministro Alejandro Aguilar Brevis formalizó a Ivonne Gutiérrez Pávez, exmagistrada del Juzgado de Menores de la comuna de San Fernando (140 kms al sur de Santiago), y a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos niños a matrimonios extranjeros.

Según la investigación, dicha red estaba formada por la mencionada exjueza, funcionarios de la salud, sacerdotes católicos, abogados y trabajadores sociales, operó en los años 80 y cobraba por buscar niños en casas “con piso de tierra”, asegurándoles a sus madres -algunas incluso menores de edad-, que sus hijos podían ser ingresados a centros donde iban a ser bien cuidados, para después enviarlos fuera del país.

Los casos

Dos son los casos que consigna el fallo del ministro Aguilar, el primero el de una niña de tres años identificada como “Andrea”, cuya tuición fue solicitada en 1983 por uno de los involucrados ante el tribunal de la exjueza Ivonne Gutiérrez, a fin de entregarla a una ciudadana extranjera de iniciales G.J.D.

No obstante, dicha adopción irregular fue evitada a tiempo por la madre de las niña, quien junto a familiares y Carabineros logró rescatarla desde “un recinto en donde había un mesón de atención al público”, reza el fallo.

El otro caso corresponde a la autorización “rauda y acelerada” que hizo la misma exjueza para permitir “la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983″.

De acuerdo al documento judicial, “se había conformado en el año 1982, una organización -con definidos roles criminales- en la ciudad de San Fernando, cuya lideresa e integrantes mantenían conexiones permanentes con la ciudad de Santiago (...) agrupación delictiva que tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario (US 50.000) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y EEUU“.

Delitos sin prescripción

Una vez acreditados los delitos, el magistrado Aguilar recordó que en estos casos no se aplica la prescripción, puesto que se trata de crímenes de lesa humanidad, “perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Cabe señalar que las primeras denuncias sobre adopciones ilegales se conocieron en 2014 y fueron investigadas por el juez Mario Carroza, quien aseguró que los casos podrían elevarse a 20 mil. Actualmente alrededor de 1.000 causas se investigan en los distintos tribunales chilenos.

En los últimos años se han producido varios reencuentros en el Aeropuerto de Santiago entre niños adoptados irregularmente y sus familias reales, sobre todo gracias a la Fundación Connecting Roots, organización que se dedica a realizar trabajos de reconexión familiar, apoyo psicológico y reparación de las víctimas secuestradas y vendidas ilegalmente en Estados Unidos, fundada por Tyler Graf, un bombero de Houston que logró reunirse con su familia biológica en Chile años atrás.

“Una vez que aterrizamos, preparamos a los adoptados para encontrarse con sus familias por primera vez (...) Se puede ver el dolor en los ojos de los adoptados y de las madres, pero cuando salen por esa puerta y se dan abrazos, no es más que alegría. Todos merecen conocer su pasado, todos merecen conocer a sus padres”, señaló Graf en febrero del año pasado, cuando siete chilenos secuestrados en dictadura se reencontraron con sus familias en el Aeropuerto de Santiago.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este domingo en su cuarta y última cuenta pública ante el Congreso, que transformará en un penal común la cárcel de Punta Peuco, destinada desde 1995 como prisión especial y privilegiada para los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en la dictadura.

“Tal como hiciera el presidente (Sebastián) Piñera al cerrar el penal Cordillera, hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco tal como se le ha conocido. Porque no es solamente una medida de justicia, sino también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, indicó el mandatario.

Durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en 2023, la adaptación o eventual cierre del penal Punta Peuco se instaló con fuerza en el debate público, perfilándose entonces como un posible objeto de medidas en el contexto general de la política penitenciaria del país.

“Desde mi punto de vista, no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”, puntualizó.

“Lucharé hasta el último día”

Durante un discurso de casi tres horas en la sede del Poder Legislativo en la región de Valparaíso, Boric resaltó además los mayores logros de su administración y delineó los ejes que orientarán sus últimos nueve meses en La Moneda.

“Lucharé hasta el último día por concretar aquellos proyectos que mejoren la vida de nuestro pueblo y representen las ideas de progreso y justicia que nos inspiran”, señaló el jefe de Estado.

En materia de seguridad, la mayor preocupación de la población chilena según diversas encuestas, Boric subrayó la aprobación de múltiples proyectos para combatir el crimen organizado, el aumento del presupuesto para la Policía y el freno de la “preocupante tendencia” en el aumento de los homicidios y los delitos violentos.

“Hemos logrado romper la curva que venía hace años en ascenso (...) Chile está de pie peleando palmo a palmo contra quienes quieren arrebatarnos el derecho de vivir en paz y vamos a ganar esa batalla”, apuntó.

Respecto de la seguridad social, el mandatario destacó la “práctica política que apunte a la universalidad”, y en ese marcó celebró la aprobación de las horas laborales, la incorporación de un seguro social en las pensiones, la modernización y ampliación del transporte público, la creación de un sistema nacional de cuidados y el histórico aumento del sueldo mínimo.

La economía fue el tercer gran eje del discurso, donde remarcó la estratégica participación mayoritaria del Estado en la extracción de litio, el impulso de la energía renovable y una serie de medidas para “revertir la situación de estancamiento que el país arrastra hace décadas”.

“Chile necesita crecer y debe hacerlo con justicia social. El crecimiento económico se transforma en desarrollo propiamente tal cuando hay una distribución justa de la riqueza y el bienestar alcanza a todos y todas”

La inflexión en la economía, señaló el mandatario, “ya se está produciendo”, recordando que al inicio de su gobierno “la capacidad de crecimiento estructural se situaba en torno al 2 % y existía un sobrecalentamiento de la economía que llegó a ser de más del 14 % anual. Estos desafíos los enfrentamos con una combinación de urgencia y visión de largo plazo”.

(Con información de EFE)

"A pesar de ser todos ciudadanos alemanes, se les negó el ingreso y la recepción del documento, asegurándoles que existe la orden de no recibir nada proveniente de Villa Baviera (nombre con el que se rebautizó la excolonia), ni personas ni correspondencia", señalaron en un comunicado los vecinos afectados.

En la misiva, firmada por 69 miembros del asentamiento –que son ciudadanos tanto alemanes como chilenos– expresaron que se sienten "completamente marginados, tanto por el Estado de Chile como por Alemania, de las decisiones que les afectan "directamente" y pidieron ser incluidos en el proceso.

El Ejecutivo del progresista Gabriel Boric planea expropiar 116,8 hectáreas del área declarada Monumento Histórico en el 2016 para levantar un nuevo sitio de memoria en el lugar.

Entre las áreas que se confiscarán se encuentra la casa de Paul Schäfer, el exmilitar nazi que lideró la conocida secta y sometió a trabajos forzados, castigos y, en muchos casos, abuso sexual a más de 300 adultos y niños.

Schäfer, condenado en 2006 por abusos sexuales y fallecido en 2010, fue encerrado en una prisión chilena después de ser detenido en Argentina, hasta donde había escapado años antes.

"Tal como está planteado el proyecto, significaría que las más de 120 personas que habitan actualmente en el lugar queden sin hogar ni sustento económico. Esto, sumado a los más de 200 trabajadores chilenos que trabajan en Villa Baviera", subrayaron en la carta.

Al ser también ciudadanos alemanes, criticaron que la embajada en Chile no se haya hecho parte del debate, por eso –explicaron– acuden ahora al presidente Steinmeier "con desesperación" para que el Estado alemán asuma su rol y resguarde los derechos de la comunidad, que "no puede serle indiferente".

Su petición, cierra la carta, "es un grito de auxilio hacia un Estado que, creemos, aún puede hacer algo por nosotros, porque también es nuestro Estado".

Tras más de media hora bajo la lluvia en las afueras de la sede diplomática, según el comunicado, un funcionario de la embajada conversó con el grupo de habitantes de la excolonia y recibió "informalmente" su carta "de mano a mano, en la calle".

La decisión de expropiar los terrenos, anunciada hace un año en la cuenta pública de Boric, puso en alerta a los habitantes del lugar, que hoy funciona como centro turístico a través de un consorcio de varias empresas también agrícolas y forestales.

La excolonia, fundada en 1961 y desmantelada con el retorno a la democracia, en 1991, por orden del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), fue escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos: de las sufridas por los colonos alemanes y chilenos que vivieron el régimen de violencia sexual y trabajo esclavo de Schäfer, hasta los campesinos despojados de sus tierras o los desaparecidos y torturados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se calcula que un centenar de opositores fueron asesinados en el antiguo enclave. EFE

El fin de semana pasado se festejó en Chile el Día del Patrimonio, cuyo fin es acercar a las personas el acervo histórico, cultural y arquitectónico del país. En Santiago, uno de los cientos de edificios que se abrieron a la comunidad fue la Escuela Militar, donde según denunció el diputado Matías Ramírez (PC), se vendían tazas, llaveros y medallas con la imagen del ex dictador Augusto Pinochet.

“Es impresentable que hoy en el día del patrimonio al interior de la Escuela Militar vendan souvenir con la imagen del máximo criminal de nuestra historia reciente“, fustigó Ramírez desde su cuenta de X el sábado.

“Oficiaré al Ministerio de Defensa para que informe quién autorizó el ingreso de esta tienda y se inicien los sumarios respectivos. No hay espacio a relativizar los crímenes de la dictadura civil militar en Chile”, sostuvo.

Su cuestionamiento fue respaldado por la diputada socialista Daniella Cicardini, quien agregó que “en pleno Día del Patrimonio, en la Escuela Militar se vendían tazas con la cara de Pinochet. ¿Souvenirs de un asesino y ladrón? ¿En instalaciones del Ejército? Inaceptable. Oficiaremos a la ministra de Defensa. El patrimonio no puede convertirse en apología del terrorismo de Estado”, emplazó.

Consultada al respecto, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, señaló enfática el domingo que la venta de merchandising con la figura de Pinochet “en una fecha especial en que todos los chilenos y chilenas nos sentimos unidos por un patrimonio común, usar este día para que un señor privado ponga una mesita y venda un merchandising que divide a los chilenos, no corresponde”.

De la misma opinión fue el senador Juan Ignacio Latorre (FA), quien recordó que “Pinochet fue responsable de crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción muy graves (...) es algo que hay que investigar, me parece bien que se fiscalice, ojalá el propio Ejército pueda dar cuenta de cómo eso ocurrió”, según consignó BioBío Chile.

Desde la vereda opuesta, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), aseguró que “se equivocan los sectores de izquierda que pretenden borrar la historia de nuestro país y eliminar la imagen del general Pinochet, porque al comparar su gobierno con este desastre de gobierno que tenemos ahora, su obra, su imagen, se agiganta cada día más”.

La respuesta de la Escuela Militar

Mediante un comunicado de prensa, desde la Escuela Militar se excusaron asegurando que los responsables del hecho fueron ex alumnos, a través de una empresa externa.

“En el marco del ‘Día de los Patrimonios’, la Escuela Militar abrió sus puertas al público, recibiendo a empresas para ofrecer artículos asociados a la función militar, lo que fue coordinado por la corporación de ex alumnos”, partieron explicando.

Sin embargo, “una de dichas organizaciones, sin la autorización de la Escuela Militar, se alejó de este objetivo comercializando productos vinculados a la contingencia política nacional, de la cual el Ejército no forma parte, situación que no es avalada por la institución”.

Debido a esto, “se definió eliminar la presencia de empresas externas en las actividades organizadas por la Escuela Militar y se está realizando una investigación para determinar presuntas responsabilidades y adoptar medidas si así correspondiesen”, remataron desde la institución encargada de formar a los oficiales del Ejército.

"La democracia la sustenta el respeto por los derechos humanos, por el otro, la valoración de su vida e integridad. Por lo mismo, el Plan Nacional de Búsqueda debe ser una política permanente del Estado", señaló Gajardo luego de inspeccionar junto a la magistrada a cargo del caso, Marianela Cifuentes, las diligencias llevadas a cabo por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML), apoyadas con recursos de esta inédita política chilena.

"Durante la dictadura militar no solo no se respetó el valor por el otro, sino que se atropellaron los derechos humanos de forma horrorosa. Para que esto no vuelva a ocurrir necesitamos saber toda la verdad, saber qué ocurrió y que se investigue todo lo que haya que investigar, ese es el valor de este plan", subrayó el ministro, que ya ha visitado otros sitios de búsqueda en el país ubicados en Valparaíso, en el litoral central, y Tocopilla, en el norte.

El sitio indagado, un predio de más de 1.200 hectáreas cuyas zonas de interés fueron acotadas por especialistas forenses, equipos policiales y técnicos, ha sido apuntado por numerosos testigos y sobrevivientes como un 'cementerio clandestino' que operó durante los meses posteriores al golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973).

En estas inmediaciones, donde aún se instruye a personal militar de infantería del Ejército chileno, se han realizado diversas pericias policiales y forenses, incluyendo la revisión de fotografías aéreas, prospecciones con georradar -capaz de detectar anomalías a cuatro metros de profundidad- y últimamente excavaciones en puntos de interés.

Las investigaciones judiciales en el sector, dominado por un seco promontorio de poco menos de 1.000 metros de altura, empezaron a moverse con más fuerza poco después de que en noviembre de 2023 se presentara una querella por la inhumación y exhumación ilegal de Manuel Silva Carreño, obrero agrícola detenido en la localidad de Paine que se vio con vida por última vez en Chena.

La inédita política de búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante el régimen pinochetista, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, busca esclarecer el destino de los desaparecidos, que se calculan en torno a las 1.469 personas, de las que solo se han encontrado 307. EFE

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Santiago de Chile, 5 may (EFE).- Peritos del Servicio Médico Legal (SML) iniciaron este lunes una histórica excavación en busca de restos de detenidos desaparecidos en Cerro Chena, un cuartel militar de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-19) situado en el extrarradio de la capital chilena que hasta hace menos de dos años no era investigado.

El lugar se abrió a primera hora de la mañana y los investigadores tardaron apenas una hora en trazar con hilo la primera cuadrícula arqueológica, un trozo de terreno señalado como prioritario en el que después comenzaron a excavar, hito que Efe atestiguó en terreno.

"Esta es la diligencia más importante de todas las que se han hecho. Estar en estos momentos excavando en el corazón del cuartel militar, que hasta hoy sigue activo, con la presencia de familiares, profesionales, peritos sobrevivientes y el tribunal completo, es un hecho histórico por el que hemos luchado durante años", dijo a Efe la presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, Mónica Monsalves.

La tarea es ardua: el suelo del Cuartel N°2 de Inteligencia es duro, pedregoso y extremadamente seco, los chuzos y palas penetran con dificultad y cada gramo de tierra removida debe ser examinado con suma meticulosidad, cada grano observado y palpado en su paso por el harnero para distinguir posibles restos óseos.

"Tenemos bien aterrizadas nuestras expectativas, lo que queremos es encontrar las huellas que quedaron de ellos. Lo importante es que hoy estamos obteniendo respuestas concretas, porque si no llegásemos a encontrar nada, al menos podremos descansar sabiendo que se hizo todo lo que se tenía que hacer en este lugar", agregó Monsalves.

Además de los utensilios manuales, manipulados por arqueólogos y antropólogos que trabajan en la causa, la diligencia cuenta con una mini retro-excavadora que socava la superficie más compacta, todo parte de un numeroso equipo que solo en este paño destinará cerca de 100 horas esta semana para completar la búsqueda.

Después de que en febrero se examinaran distintos sitios de Cerro Chena con un georradar, dispositivo capaz de detectar anomalías a unos cuatro metros de profundidad, se determinaron cinco puntos prioritarios para realizar excavaciones en este posible "cementerio clandestino", señalado como tal por numerosos testigos.

Cuatro de estas locaciones están alrededor de una antigua escuela rural que operó como centro de detención y torturas poco después del golpe de Augusto Pinochet en septiembre de 1973, una menoscabada estructura de unos 50 metros de largo en cuyo perímetro, de acuerdo a diversos testimonios, se realizaron fusilamientos y quema de cuerpos a fines de ese año.

"Esperamos terminar con esta zona posterior de la escuelita y al interior de una de las salas donde también se detectaron anomalías, además de un punto en el Parque Metropolitano y bajo los cimientos de una casa que operó como centro de detención", comentó a Efe la magistrada a cargo del caso, Marianela Cifuentes.

Sin embargo, en principio solo se consideran dos semanas de excavaciones, por lo que, según detalló Cifuentes, "es probable que las diligencias complementarias deban realizarse durante el segundo semestre de este año".

Cerca de una veintena de personas fueron vistas por última vez en las dependencias de Cerro Chena, y si bien las diligencias las motiva la querella por inhumación y exhumación ilegal del obrero agrícola Manuel Silva Carreño, todas están presentes en las ansias de verdad de los familiares.

"Puede ser que se encuentren restos, porque de aquí sacaron cuerpos para volver a ocultarlos y puede que algún rastro haya quedado", señaló a Efe el sobreviviente de Chena Ricardo Klapp Santa Cruz, recordando la operación 'Retiro de Televisores', una maniobra de la dictadura para remover los cuerpos clandestinamente sepultados y entorpecer la búsqueda tras hallazgos de osamentas en 1978.

Poco a poco continúan las indagaciones en este promontorio ubicado a 25 kilómetros al sur de Santiago, terreno donde opera parte de la Sección de Inteligencia del Ejército y al que, gracias al empuje infatigable de familiares y amigos durante más de medio siglo, hoy entró un poco más de luz con miras a por fin saber dónde están. EFE

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Jerusalén.- El Gobierno israelí dio luz verde la madrugada de este lunes a implementar una nueva campaña militar para "ocupar y retener los territorios" de la Franja de Gaza, golpeada por las bombas israelíes desde hace más de año y medio, y a reanudar la entrada de ayuda a través de empresas norteamericanas para privar a Hamás de su acceso.

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- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó que sus tropas permanecerán en cualquier territorio que tomen de la Franja de Gaza con la nueva ofensiva terrestre aprobada. (Texto) (Foto) (Audio)

- Se han enviado unas claves: ¿Qué implica la visión del Gobierno israelí con la que planea controlar la distribución de suministros entre la población civil? (Texto)

- Al menos 32 palestinos murieron y 119 resultaron heridos en Gaza en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad del enclave, a los que se suman al menos 15 palestinos muertos en un bombardeo esta madrugada contra un edificio residencial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ORIENTE MEDIO

Saná.- Los rebeldes hutíes del Yemen anuncian que "impondrán un bloque aéreo global" sobre Israel mediante ataques contra sus aeropuertos, en especial el "de Lod, llamado por los israelíes Ben Gurión", y pidieron a las aerolíneas internacionales que anulen sus vuelos a ese destino "para preservar la seguridad de sus aviones y sus clientes".

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- El cruce de amenazas entre Irán y Estados Unidos e Israel se ha disparado después de que Washington y Tel Aviv acusaran a Teherán de estar detrás de las acciones militares de los hutíes de Yemen y avisasen de posibles agresiones al país persa que, a su vez, ha advertido de las consecuencias. (Texto)

VATICANO CÓNCLAVE

Ciudad del Vaticano - Los 133 cardenales que participarán en el cónclave que comenzará el 7 de mayo para elegir al sucesor de Francisco se encuentran ya en Roma, se han sorteado sus habitaciones en Santa Marta y este martes celebrarán la última congregación antes de encerrarse en la Capilla Sixtina.

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- Se han enviado informaciones sobre la historia de los cónclaves y sobre la posición de los cardenales latinoamericanos en la Capilla Sixtina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ VIOLENCIA

Trujillo - Los familiares de los 13 trabajadores de una mina de oro en Perú que fueron secuestrados y asesinados, esperan en la ciudad de Trujillo que las autoridades les entreguen los cuerpos de sus parientes, mientras crecen las voces que critican al Gobierno por su incapacidad para frenar la inseguridad en una zona declarada en emergencia hace más de un año.

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(Se enviarán también unas claves sobre la minería ilegal en Perú, uno de los problemas sociales, ambientales y económicos más graves del país).

ALEMANIA GOBIERNO

Berlín - El bloque conservador, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, y los socialdemócratas firmó este lunes el acuerdo de coalición del Gobierno alemán, un requisito previo a la elección como nuevo canciller este martes en la Cámara Baja del Parlamento del cristianodemócrata Frierich Merz.

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- El Partido Socialdemócrata (SPD) dio a conocer este lunes a los ministros que aportará al Gobierno, entre los que sólo repite Boris Pistorius, como titular de Defensa, y se confirma al copresidente de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, como vicecanciller y titular de Finanzas. (Texto)

- El socialdemócrata Olaf Scholz es despedido como jefe de Gobierno en la tradicional ceremonia brindada por el Ejército germano en la víspera de que el candidato a sucederle, el conservador Friedrich Merz, acuda a la Cámara Baja para ser investido como nuevo canciller. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) presentó ante el Tribunal Administrativo de Colonia una demanda y una solicitud de medida cautelar contra la Oficina Federal de la Protección de la Constitución (BfV), los servicios secretos interiores, después de su clasificación como "caso seguro de extremismo de derechas". (Texto)

CONGRESO DERECHO

Santo Domingo - Temas como los riesgos que afronta el Estado de derecho, el medioambiente, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la desinformación, la protección a la infancia o los derechos humanos e indígenas centran el Congreso Mundial del Derecho que se celebra en Santo Domingo.

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- El rey de España, Felipe VI, llega a Santo Domingo para participar el martes en la clausura del Congreso Mundial del Derecho, entregar el World Peace & Liberty Award a la jueza asociada de la Corte Suprema de EE.UU. Sonia Sotomayor, e inaugurar junto al presidente dominicano, Luis Abinader, una universidad en La Romana, entre otras actividades. (foto) (video)

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Ciudad de México - Las organizaciones Plan International y Save the Children presentan los resultados de la investigación ‘Niñez no acompañada: riesgos y violencias en la ruta migratoria por México’ en medio del endurecimiento de políticas migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos.

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MÉXICO 5 DE MAYO

Puebla (México) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes el 163 aniversario de la batalla de Puebla, donde reivindicó la soberanía, independencia y libertad del país, en medio de las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos.

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COLOMBIA URIBE

Bogotá - Simpatizantes del expresidente colombiano Álvaro Uribe defendieron este lunes su inocencia en una concentración frente al complejo judicial de Bogotá donde el exmandatario comenzó a declarar en el juicio que se le sigue por presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

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PREMIOS PULITZER

Nueva York - Entrega de los premios Pulitzer, que entrega la Universidad Columbia y distinguen la excelencia en periodismo, música, literatura y teatro.

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SEAN DIDDY

Nueva York - El juicio contra el rapero Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado comienza hoy en Nueva York con la selección del jurado, mientras el artista permanece detenido sin derecho a fianza.

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MET GALA

Nueva York - Se celebra la Met Gala, uno de los grandes eventos de moda de EE.UU., en el que este año los famosos están invitados a homenajear la sastrería de comunidad negra y serán anfitriones Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky y LeBron James.

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- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York presenta la exposición 'Superfine: Tailoring Black Style', que inspira la Met Gala, sobre los dandis negros y su influencia en la identidad de la diáspora del Atlántico Negro, que se ubica en América, Gran Bretaña y el Caribe.

CHILE DICTADURA

Santiago de Chile - Tras meses de diligencias forenses, incluido el análisis de fotografías aéreas y el uso de un georradar para detectar anomalías en la profundidad del terreno, peritos policiales y autoridades judiciales inician excavaciones al interior de un hermético cuartel militar ubicado en el Cerro Chea, a las afueras de Santiago, y utilizado como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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Redacción EFE Internacional

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Santiago de Chile, 30 ene (EFE).- La Justicia chilena dictó este jueves una pena de 10 años de cárcel contra el ex sargento de la Armada Guillermo Retamales Ruiz, autor del homicidio calificado del trabajador de la construcción y dirigente comunista Ramón Navia, un mes después del golpe de Estado de 1973 en la Base Aeronaval de El Belloto, en la región de Valparaíso.

El fallo, señaló la abogada querellante Carolina Vega, "es un hito significativo para la familia, en cuanto se ha condenado al responsable por el secuestro y homicidio de Ramón Donato Navia Martínez, víctima y padre del querellante".

"Es un avance significativo para la familia, pues tras más de 50 años han tenido un pronunciamiento por parte de la Justicia. Sin embargo, esto no es suficiente, aún hay un largo camino por el cual transitar en busca de verdad, justicia y reparación”, agregó la abogada, miembro del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, especializado en causas de derechos humanos.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso -figura que permite a magistrados actuar como tribunal en primera instancia-, Max Cancino, en el marco del mismo caso decidió absolver al ex capitán de navío de la Armada Germán Patricio Valdivia Keller también como autor del secuestro calificado de la víctima. De igual forma, desechó aplicar amnistía y prescripción como solicitó la defensa de los inculpados.

Según la indagatoria liderada por Cancino, servicios de inteligencia naval detuvieron a Navia (54) atendiendo su orientación política contraria a la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), hecho que se concretó el 14 de octubre de 1973, poco después de la arremetida que terminó con el Gobierno constitucional de Salvador Allende (1970-1973).

Tras su detención, los agentes de la Armada pertenecientes a la Base Aeronaval El Belloto, emplazada en la ciudad de Quilpué a 120 kilómetros de Santiago, "lo trasladaron en una camioneta a dicho recinto, sin justificación de orden judicial emanada de la autoridad competente".

La investigación judicial acreditó que Navia fue torturado por funcionarios de la institución armada, "con el objeto que respondiera preguntas sobre la ubicación de las armas que presuntamente tenía en su poder y de los nombre de todos sus compañeros y miembros de la directiva política que él integraba".

"En ese contexto, el 15 de octubre de 1973, en horas de la madrugada uno de los funcionarios del Servicio el Ancla II, quien además cumplía la función de guardia en la oficina de reportes aéreos, ante una supuesta evasión del detenido Navia Martínez le disparó con fusil M 1, ocasionándole la muerte", detalla el fallo judicial.

La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado. EFE

Meritxell Freixas

Santiago de Chile, 30 ene (EFE).- La prometida reforma de pensiones del presidente Gabriel Boric ha provocado desilusión y escepticismo entre los jubilados chilenos: mientras algunos ansían que por fin suban sus paupérrimas pensiones, otros creen que la reforma se ha quedado corta o desconocen qué cambios va a haber.

La reforma, la mayor que se ha hecho en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pretende beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 % y la creación de un seguro social que convertirá el actual modelo privado en uno mixto.

"Lo que deberíamos hacer es terminar con las AFP y eso no pasa con esta reforma. Se nos dicen muchas cosas que no entendemos porque explican con siglas y cuestiones técnicas que no manejamos”, critica a EFE María Tapia Diaz, de 63 años y trabajadora del aseo desde los 17.

“Trabajamos toda una vida para subsistir con una miserable pensión", añade la jubilada que recibe 104.000 pesos al mes (105 dólares al cambio de hoy).

Enrique Gutiérrez, de 70 años, lamenta a EFE que la nueva propuesta mantenga la gestión de las pensiones en manos de las polémicas administradoras de fondos de pensiones (AFP), que invierten los ahorros en el mercado financiero.

“Siempre va a ser lo mismo”, se queja este instalador eléctrico que, tras 45 años de trabajo, cobra 400.000 pesos de pensión (400 dólares), un poco más del doble de la media que recibieron las personas que se jubilaron en 2023 (184.000 pesos, unos 185 dólares), según la Fundación Sol.

Aunque la propuesta original, presentada por el Ejecutivo de izquierdas en noviembre de 2022, aspiraba a cambiar profundamente el sistema y eliminar las AFP, tras meses de negociaciones con la oposición, el Gobierno de Boric tuvo que renunciar a crear una gestora pública de pensiones y mantuvo las administradoras privadas.

El 64 % de los mayores de 55 años no cree que se solucione definitivamente el problema de las pensiones con esta reforma, según la última encuesta Data Influye. El 33 % opina que sólo en parte, pero aún quedarán temas por resolver, mientras que el 1 % cree que sí se podrá dar por cerrado.

“Yo no sé mucho de la reforma, pero creo que deberían acabarse porque la plata es de los trabajadores y preferiría un sistema más solidario”, dice a EFE Patricia Penaglia, de 70 años, que vive gracias a la pensión universal de 214.000 pesos mensuales (216 dólares).

Los defensores del modelo de las AFP argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales. Sus detractores, en cambio, consideran que ha beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

“Es muy poquito y se va muy rápido, ojalá mejore porque ahora está todo caro, pero para mí es una ayuda; yo nunca trabajé porque mi marido me hizo quedar en la casa”, añade la pensionada.

Isabel y José, de 68 y 76 años, también esperan que “les suban la pensión”. Ambos cobran el subsidio universal pero “el problema –lamenta ella– es que el precio de los productos “de primera necesidad” no dejan de aumentar.

La reforma aumentará en 35 dólares la pensión universal –de 214.000 pesos (216 dólares) hasta 253.000 (250 dólares)– y subirá de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador.

Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

En medio de la desconfianza, el desconocimiento y la desinformación, algunos quisieran volver a la fórmula del antiguo sistema de reparto, que funcionó hasta 1980: “Me hubiese gustado que se hubiese vuelto al modelo anterior. Era mucho mejor y no hubo desfalco de plata”, dice Gutiérrez.

Carmen, de 77 años y parte de los pocos jubilados que hasta hoy permanecen adscritos al antiguo régimen previsional, opina a EFE que prefiere “este sistema porque ya es conocido y otro puede ser peor”, pero admite que si la nueva ley es “para mejor de la gente, bienvenida sea”. EFE

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El Parlamento de Chile ha aprobado este miércoles la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric tras varios años de debate en diversas instancias del Congreso y pese a que el proyecto original ha sufrido varias modificaciones estructurales.

La Cámara de Diputados y Diputadas chilena ha respaldado en su tercer trámite las modificaciones del Senado al proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establece beneficios y modificaciones regulatorias, reza un comunicado.

En la presentación del proyecto, la ministra de Trabajo, Jeanette Jara, ha destacado que beneficiará a más de 1,5 millones de jubilados y que las nuevas ventajas contempladas significarán mejoras en las actuales y futuras pensiones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha asegurado que este proyecto es sostenible y con responsabilidad fiscal.

Tras el visto bueno del Poder Legislativo, Boric ha aseverado que esta reforma "es un logro histórico para Chile y un acto de justicia, respeto y profundo cariño" por los chilenos. "Significará el mayor aumento de las pensiones desde su creación, con especial foco en el reconocimiento de tantas mujeres que han debido trabajar doble jornada, dentro y fuera del hogar, para sacar adelante a sus familias", ha declarado.

"La reforma tiene rostro de mujer y es de toda la nación. Mañana seguiremos trabajando en la ardua tarea de construir una patria donde una vida tranquila, digna y feliz sea una realidad para todas y todos", ha manifestado el mandatario chileno.

El jefe del Estado ha aprovechado la ocasión para recordar los avances de anteriores gobiernos, como los de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022): "No estamos partiendo de cero. Piedra sobre piedra, generación tras generación, construimos un Chile más justo".

Esta medida, presentada en noviembre de 2022 como parte del programa de Boric, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de pensiones, que fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Santiago de Chile, 29 ene (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que la reforma de pensiones aprobada este miércoles es un "tremendo logro" porque "Chile va a tener un verdadero sistema mixto", aunque reconoció que le hubiera gustado dar luz verde a un proyecto más ambicioso.

"Es un tremendo logro para Chile. Es un imperativo ético y un acto de justicia, de profundo cariño y respeto por nuestra gente, que responde a la que es una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país", dijo el mandatario en una declaración pública desde el palacio La Moneda.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990),

Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y solo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.

"Va a significar el mayor aumento de las pensiones desde la creación del sistema. Los aumentos van a ser de entre el 14 y el 35 %, con foco especial en reconocer a tantas y tantas mujeres que han trabajado doble jornada, fuera y dentro del hogar para sacar adelante a sus familias", indicó Boric.

La reforma, que sufrió modificaciones sustantivas desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados subiendo de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador, y creando un seguro social.

También se aumenta la pensión básica universal hasta los 250.000 (253 dólares) y se endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva, pero no acaba con las polémicas administradoras de fondos de pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las jubilaciones, como inicialmente pretendía el Gobierno.

La parte más radical de la coalición que integra el Gobierno (Partido Comunista y Frente Amplio) votó a favor, pese a creer que se hicieron demasiadas concesiones durante el debate parlamentario para sumar los votos de la coalición Chile Vamos, de la derecha tradicional, y que se renunció a eliminar las AFP y a crear un sistema con mayor peso estatal.

"No es todo lo que queríamos como Gobierno, pero como presidente de la República he decidido privilegiar el acuerdo sobre la lógica del todo o nada", admitió Boric.

Los únicos que votaron en contra fueron algunos descolgados de Chile Vamos y los diputados de los distintos partidos ultraderechistas que hay en el Parlamento, contrarios a cualquier sistema de reparto.

"Todos los que concurrieron a este acuerdo tuvieron que ceder, lo que demuestra un profundo sentido de responsabilidad con la patria", añadió el gobernante, que promulgará la ley en los próximos días para su entrada en vigor. EFE

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María M.Mur

Santiago de Chile, 29 ene (EFE).- El Parlamento chileno dio luz verde este miércoles por amplia mayoría a una reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric que busca mejorar las bajas jubilaciones y propone los cambios más significativos al modelo creado hace más de cuatro décadas por la dictadura.

"Es un tremendo logro para Chile. Es un acto de justicia, de profundo cariño y respeto por nuestra gente, que responde a la que es una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país", dijo el mandatario en una declaración pública desde el palacio La Moneda.

A continuación las claves de una reforma que para algunos es "descafeinada" y para otros es un "logro" de una clase política muy polarizada, que lleva años sin ponerse de acuerdo en los grandes cambios estructurales que requiere Chile:

Instaurado 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema chileno fue pionero en la región en instalar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile, gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).

Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que se trata de un sistema abusivo e injusto y que solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los chilenos.

"Este sistema no ha funcionado por la forma como están calculadas las pensiones. Las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el año 2023 tuvieron una tasa de reemplazo de 32,6 %, esto es un tercio de su salario promedio de 10 años", indicó a EFE María José Azócar, de la Fundación Sol.

Las pensiones llevan años liderando las encuestas sobre las grandes preocupaciones ciudadanas y la ciudadanía había perdido la confianza en la capacidad de la política para mejorarlas.

La refundación del sistema fue, además, una de las principales demandas de las protestas de 2019.

Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y solo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.

La reforma, que sufrió modificaciones sustanciales desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en 2022, busca beneficiar a 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %.

También aumenta la pensión básica universal hasta 250.000 (253 dólares); sube de manera gradual la cotización hasta el 17 %, a cargo del empleador; crea un seguro social; incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva.

"Es una reforma que le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo a este país", dijo tras la aprobación la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

El economista de la Universidad de Chile Guillermo Larraín explicó a EFE que "los países más avanzados tienen sistemas mixtos, pero estos están más dominados por el Estado, mientras que en Chile el camino ha sido al revés, pues se está pasando de un sistema muy privado a uno un poco más público".

Fue negociada con la coalición de la derecha tradicional Chile Vamos y, aunque está lejos de lo que aspiraba el Gobierno, supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña, junto con el pacto tributario que aún no consigue sacar adelante.

La parte más radical de la coalición que integra el Gobierno (Partido Comunista y Frente Amplio) votaron a favor, pese a creer que se hicieron demasiadas concesiones durante el debate parlamentario y que se renunció a eliminar las AFP y a crear un sistema con mayor peso estatal.

"Esta reforma válida y perfecciona el sistema de las AFP. En el largo plazo, irán 6 puntos más a la capitalización individual, cuando en el proyecto original del Gobierno esos 6 puntos iban a un seguro social para que Chile se pusiera al día en el escenario internacional y no siguiese siendo un caso extremo", apuntó Azócar.

En la calle también reina el escepticismo: según la última encuesta Data Influye, el 64 % de los mayores de 55 años considera que la reforma no solucionará "definitivamente" el problema de las pensiones, frente a un 33 % que considera que solo lo resolverá "en parte" y un 1 % que está muy conforme.

Los únicos que votaron en contra fueron algunos descolgados de Chile Vamos y los diputados de los distintos partidos ultraderechistas que hay en el Parlamento, contrarios a cualquier sistema de reparto.

El líder del ultraderechista Partido Republicano, José Antonio Kast, quien perdió contra Boric en las elecciones de 2021, cargó contra la reforma en X por "quitarle a los trabajadores uno de sus bienes más preciados, el derecho a la propiedad sobre sus ahorros" y avisó de que la derogará si consigue llegar al poder en los comicios de finales de año. EFE

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Santiago de Chile, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Chile dio luz verde este miércoles a una reforma de las pensiones impulsada por el presidente progresista Gabriel Boric, que busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.

Tras un extenso debate, la reforma fue respaldada en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría y con los votos tanto del oficialismo como de la Democracia Cristiana y de gran parte de la coalición de derecha Chile Vamos.

La reforma, que sufrió modificaciones sustantivas desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Se ha podido dar un paso importantísimo (...) Es una reforma que le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo este país. Pasamos de una lógica meramente individualista a complementarla con un seguro social y a acercarnos a principios tan razonables y necesarios, como la solidaridad", dijo en rueda de prensa tras la aprobación la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeanntte Jara.

"Esta ley marca una inflexión en el desarrollo en nuestro sistema de pensiones. Por supuesto que no será la última palabra y muchos temas seguirán discutiéndose hacia delante porque los sistemas de pensiones evolucionan a lo largo de las décadas", añadió por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el otro artífice de la reforma.

La reforma beneficia a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %, aumenta la pensión básica universal de 214.000 pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 250.000 (253 dólares) y sube de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador.

También crea un seguro social, incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria, pero no acaba con las polémicas administradoras de fondos de pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las jubilaciones, como inicialmente pretendía el Gobierno.

Pese a que el Gobierno hizo muchas concesiones durante el debate parlamentario para conseguir los votos de la derecha en un Parlamento en el que carece de mayoría y renunció a crear un sistema con mayor peso estatal, la aprobación de la reforma supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña.

"Hoy es un gran día para Chile. Hemos llegado a un acuerdo en el que defendimos nuestras posiciones y vamos a tener mejoras para los jubilados de hoy y para los del futuro", indicó en rueda de prensa Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, uno de los tres partidos del bloque Chile Vamos.

Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto, implantar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.

Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y sólo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022. EFE

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Santiago de Chile, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Chile dio luz verde este miércoles a una reforma de las pensiones impulsada por el presidente progresista Gabriel Boric, que busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.

Tras un extenso debate, la reforma fue respaldada en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría y con los votos tanto del oficialismo como de la Democracia Cristiana y de gran parte de la coalición de derecha Chile Vamos.

La reforma, que sufrió modificaciones sustantivas desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE

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Santiago de Chile, 29 ene (EFE).- El pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile discutirá este miércoles en su último trámite legislativo la reforma de pensiones, una de las grandes promesas de campaña del presidente, Gabriel Boric, con la que se busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.

La que se espera sea una larga jornada de debate se da en el marco de una citación extraordinaria al Congreso tras el uso inédito de la facultad presidencial establecida en el artículo 32 de la Constitución, disposición que permite “pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible”.

"Pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultra derecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello he decidido hacer uso de la facultad presidencial (...) para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de dos años de debate en el Parlamento", argumentó Boric a través de X.

Y es que si bien la mayoría de los parlamentarios estaban dispuestos a sesionar durante la última semana de enero, tiempo que corresponde a trabajo en terreno, el Partido Republicano se negó a dar la unanimidad requerida para que se votara hasta total despacho el proyecto previsional.

Durante la noche del lunes, el Senado aprobó el proyecto con votos procedentes en su mayoría de la oposición. A lo largo de dos años de debate, el proyecto ha sufrido modificaciones sustantivas.

Sectores más radicales de derecha que votarán en contra critican que introduce elementos de reparto al sistema, "golpeando a la clase media"; en tanto la izquierda más dura ha votado en contra en reiteradas ocasiones porque el Ejecutivo desistió de eliminar las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y crear una gestora pública que en su defecto compitiera contra dichas entidades.

Pese a todas las renuncias, a último momento, los senadores comunistas terminaron aprobando el texto, que supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La propuesta busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, con aumentos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %. Entre otros puntos, propone incrementar la pensión básica universal de 214.000 pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 253.000 (250 dólares) y subir de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador

Los empresarios pasarán a pagar entonces el 7 % adicional de cotización más el 1,5 % que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4,5 %), un nuevo seguro social (2,5 %) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que se les devolverá con intereses cuando se jubilen (1,5 %).

Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en desechar el modelo de reparto y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.

Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

Las personas que se jubilaron en 2023 recibieron una pensión promedio por parte de las AFP de 184.000 pesos (184 dólares), según la Fundación Sol.

Ninguna de las reformas tramitadas en los segundos mandatos de los expresidentes Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) salieron a flote y solamente obtuvieron logros parciales, como la creación de la pensión universal para aquellos sectores más vulnerables a los que no alcancen las cotizaciones. EFE

La carta del bloque Chile Vamos (RN+UDI), Evelyn Matthei, continúa a paso firme al frente de la carrera presidencial chilena que se dirime el próximo 16 de noviembre, aventajando por 8 unidades a su más cercano contendor, José Antonio Kast, según la última entrega de la encuestadora Cadem la noche de este domingo.

El sondeo arrojó que la candidata de la “derecha tradicional” chilena anotó un 20% de las preferencias -3 puntos más que la semana pasada-, mientras que el líder republicano, representante de la “nueva derecha”, bajó un punto respecto a la semana pasada y quedó en un 12%.

Solo un poco más atrás les sigue el mandamás libertario Johannes Kaiser (11%), la ex ministra de Interior Carolina Tohá (6%), el frenteamplista Gonzalo Winter (4%), la comunista Jeannette Jara (4%) y el timonel del Partido de la Gente, Franco Parisi (2%).

Sin embargo, el 35% de los encuestados no respondió la encuesta o aseguró no tener decidido aún su candidato presidencial.

En tanto, la aprobación del mandatario Gabriel Boric bajó tres unidades quedando en un 29%, mientras que su desaprobación subió 4 puntos hasta el 67%.

De esta manera, Boric llega al final del mes de abril con una aprobación promedio de un 30%.

Imagen del Papa Francisco

El estudio también reveló que un 55% de los encuestados tiene una imagen positiva o muy positiva del recientemente fallecido Papa Francisco, mientras que un 13% dijo tener una imagen negativa y un 30% señaló tener una imagen neutra de él.

Tocante a su labor como jefe de la Iglesia Católica, el 54% valoró su trabajo en temas de diversidad sexual, otro 45% sostuvo que fue un aporte en la batalla contra los abusos sexuales del clero y el 39% estimó como positivo su incentivo a las mujeres para participar en temas eclesiásticos.

A su vez, el 34% de los consultados señaló que el Papa Francisco renovó la imagen de la Iglesia Católica, el 49% dijo que se mantuvo igual y solo el 10% aseguró que ésta empeoró.

Finalmente, un 43% aseguró profesar la fe católica, un 32% sostuvo no ser parte de religión alguna, otro 19% se declaró evangélico y un 6% dijo pertenecer a otra religión.

Pulso Ciudadano y muertes en la dictadura

En paralelo, la encuesta Pulso Ciudadano arrojó resultados muy similares a la de Cadem, aunque ubicó a la oficialista Carolina Tohá por encima del timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

Así, Evelyn Matthei marcó un 22,8% de las intenciones de voto, seguida de José Antonio Kast (14,7%), Carolina Tohá (8%), Johannes Kaiser (7,3%), Gonzalo Winter (4,8%), Jeannette Jara (4%), Franco Parisi (2,4%) y Marco Enríquez-Ominami (1,6%).

Sin embargo, un 64,7% dijo estar en desacuerdo con la frase de Evelyn Matthei de que los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet eran “inevitables”, mientras que un 24,1% refrendó sus declaraciones y otro 11,2% optó por no responder a dicha pregunta.

En ese contexto, un 45,9% aseguró que el golpe de Estado era evitable, un 26,3% sostuvo que fue necesario y un 27,8% dijo no saber o prefirió no responder la interrogante.

Respecto a la aprobación del presidente Boric, el estudio arrojó un aumento de 4 puntos llegando hasta el 29,5%, mientras que su desaprobación cayó cinco unidades instalándose en un 57,6%.

Santiago de Chile, 28 ene (EFE).- El Senado chileno aprobó este lunes por la noche la reforma de las pensiones, una de las grandes promesas de campaña del presidente, Gabriel Boric, con la que se busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.

Por 40 votos a favor y 7 en contra, procedentes en su mayoría de la oposición, la Cámara Alta despachó el proyecto que este miércoles enfrentará su tercer y último trámite parlamentario en la Cámara de Diputados.

"Este proyecto no solo está bien pensado, es absolutamente indispensable", señaló el senador Rodrigo Galilea, de la coalición de derecha Chile Vamos.

El proyecto, que ha sufrido modificaciones sustantivas desde que fue presentado por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Esta votación divide profundamente a la oposición (...) es un golpe a la clase media y las pymes. Una reforma donde los que ganan más pagan menos. Introduce, para una sociedad que envejece, el cáncer del reparto y relativiza la propiedad de los ahorros previsionales", dijo el senador ultraderechista Rojo Edwards, cuyo partido rechaza la propuesta por oponerse a cualquier sistema de reparto.

También la izquierda más radical rechazó en varias ocasiones el proyecto porque aspiraba a cambiar profundamente el sistema y eliminar las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tal y como proponía el proyecto original presentado por el Gobierno de Boric.

Durante las negociaciones con la oposición el Ejecutivo también desistió de crear una gestora pública de pensiones que compitiera contra las AFP. Pese a todas las renuncias, a último momento, los senadores comunistas terminaron aprobando el texto.

El proyecto busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %. Propone aumentar la pensión básica universal de 214.000 pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 253.000 (250 dólares) y subir de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador

Los empresarios pasarán a pagar entonces el 7 % adicional de cotización más el 1,5 % que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4,5 %), un nuevo seguro social (2,5 %) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que se les devolverá con intereses cuando se jubilen (1,5 %).

Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.

Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

Las personas que se jubilaron en 2023 recibieron una pensión promedio por parte de las AFP de 184.000 pesos (184 dólares), según la Fundación Sol.

Ninguna de las reformas tramitadas en los segundos mandatos de los expresidentes Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) salieron a flote y solamente obtuvieron logros parciales, como la creación de la pensión universal para aquellos sectores más vulnerables a los que no alcancen las cotizaciones. EFE

Santiago de Chile, 27 ene (EFE).- El pleno del Senado chileno comenzó este lunes la discusión de la reforma de pensiones, una de las grandes promesas de campaña del presidente, Gabriel Boric, con la que se busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.

El proyecto, que ha sufrido modificaciones sustantivas desde que fue presentado por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Hasta ahora, mucha gente se refiere al sistema de pensiones chileno como el sistema de AFP (acrónimo de administradoras de fondos de pensiones). Creo que con todos los cambios que se están haciendo, aún cuando sigan existiendo administradoras privadas, ya no correspondería que le llamemos sistema AFP, porque pasa a ser un sistema de pensiones mixto", dijo el domingo en una cadena local el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La reforma, que de ser aprobada en el Senado podría ser votada y despachada esta misma semana en la Cámara de Diputados, busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %.

El proyecto, consensuado entre el Gobierno y la coalición de derecha Chile Vamos, propone aumentar la pensión básica universal de 214.000 pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 253.000 (250 dólares) y subir de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador.

Los empresarios pasarán a pagar entonces el 7 % adicional de cotización más el 1,5 % que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4,5 %), un nuevo seguro social (2,5 %) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que se les devolverá con intereses cuando se jubilen (1,5 %).

El proyecto no contenta ni a la izquierda más radical, que aspiraba a cambiar profundamente el sistema y eliminar las AFP tal y como proponía el proyecto original del Gobierno, ni a la extrema derecha, que es contraria a cualquier sistema de reparto.

Durante las negociaciones con la oposición para sacar adelante el proyecto, el Gobierno de Boric también renunció a crear una gestora pública de pensiones que compitiera contra las AFP.

"Hay un consenso bien fuerte en que esta no es la reforma del Gobierno de Boric, esta es la reforma de la política de Chile, con la que finalmente la ciudadanía va a poder decir que, en vez de dedicarse solo a pelear, se dedicaron a construir algo bueno", indicó el sábado el senador de derecha Felipe Kast tras la aprobación de la reforma en una comisión.

Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.

Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

La personas que se jubilaron en 2023 recibieron una pensión promedio por parte de las AFP de 184.000 pesos (184 dólares), sin contar según la Fundación Sol.

Ninguna de las reformas en los segundos mandatos de Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) salieron a flote y solamente obtuvieron logros parciales como la creación de la pensión universal para aquellos sectores más vulnerables a los que no alcancen las cotizaciones. EFE

Paula Padilla Argelich y Sebastián Silva

Santiago de Chile, 22 ene (EFE).- En 1973 Violeta Berríos dejó toda su vida de lado para dedicarse plenamente a la búsqueda de su pareja, una de las 26 personas que desaparecieron tras ser ejecutadas por militares pinochetistas en el norte de Chile.

"No tuve vida, solo búsqueda. Todavía no puedo asumir que tengo 87 años porque pasaron 30 que no me di cuenta. Nuestro tema era la pampa, nada más", relata a EFE Berríos (1938) desde el salón de su casa, rodeada de recuerdos de las décadas que pasó barriendo a diario el desierto de Atacama junto a las esposas, madres y hermanas del resto de víctimas de la represión ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en la norteña Calama.

En 1995 fueron identificados los restos de su pareja, Mario Argüelles, pero Berríos, una de las principales referentes de la búsqueda de desaparecidos en Chile, ha mantenido hasta hoy el mismo compromiso con esta causa: "Para nosotros los 26 son iguales".

Recientemente, con la esperanza de hallar a los dos desaparecidos que faltan por encontrar en Calama (David Miranda y Rafael Pineda), entregó los datos que tiene sobre sus casos al Plan Nacional de Búsqueda, promovido en 2023 por el Gobierno del progresista Gabriel Boric con el objetivo de encontrar a los 1.162 detenidos desaparecidos que, según las últimas cifras oficiales, aún quedan por localizar.

Sin embargo, el plan no tiene diligencias previstas para este emblemático caso.

"Aunque hayan pasado 50 años, el dolor es el mismo. La herida se mantiene, se cicatriza por encima, pero se vuelve a abrir cada septiembre", cuenta la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Calama, cuya entereza sigue intacta: "Estamos viejas, pero todavía quedan fuerzas. Tengo malas las piernas, pero la lengua y la cabeza la tengo rebuena".

Calama fue una de las últimas paradas de la "Caravana de la Muerte", la operación militar que recorrió el país entre septiembre y octubre de 1973 y que acabó con la vida de 93 personas.

"Desapareció todo el mundo del lado de una. Nadie te hablaba, nadie te saludaba... Teníamos lepra y a cualquiera se le podía pegar", recuerda Berríos, que no tardó en organizarse y reunirse con el resto de parientes de las víctimas y liderar la asociación: "Yo era la única que no tenía hijos, estaba sola. No tenía nada que perder".

Durante más de 17 años, estas mujeres se entregaron completamente a su cometido, difundiendo su causa con panfletos, denunciando los crímenes con ayunos y, sobre todo, recorriendo el desierto en busca de indicios, basándose en los pocos datos que tenían y en los aprendizajes adquiridos durante el camino, como saber identificar la remoción del terreno.

"Todas teníamos miedo, pero había algo más grande, que era buscarlos", explica sobre la labor que desarrollaron bajo el acecho de la dictadura y que culminó en 1990, cuando encontraron los primeros fragmentos óseos.

"Yo fui aprendiendo golpe a golpe", reflexiona Berríos, que emprendió esta lucha siendo una dueña de casa sin estudios, como la mayoría de sus compañeras, pero cuya persistencia fue reconocida en 2016 con el Premio Nacional de Derechos Humanos.

"Los chilenos tenemos una memoria cortita, y con un país sin memoria, ¿qué hacemos? Hay que recordar el pasado", reivindica Berríos, que todavía vuelve al desierto cada quince días para visitar el memorial que inauguraron en 2004.

En 2022 fueron condenados ocho militares como autores, cómplices o encubridores de las ejecuciones en Calama, pero según Berríos, "no hay manera de hacer justicia".

Pese a que alaba la "intención", tampoco tiene demasiadas esperanzas en los resultados del Plan Nacional de Búsqueda porque considera que no va conseguir el objetivo de "seguir la huella" de los desaparecidos: "¿Qué huella, si nadie quiere hablar?".

Berríos confía "muy poco" en que las próximas generaciones sigan con su lucha, pero descansa sobre la idea de que casi todas las familias tengan "aunque sea un huesito" de sus seres queridos, orgullosa de que su búsqueda haya dado fruto.

"El otro día leí una frase que me gustó mucho: 'cuando el trigo se cae, brota'. Nosotros hemos botado harto (mucho) trigo, y ha brotado. El hablar, el que te conozcan, el contar, es trigo que brota. Y ojalá siguiéramos por todo Chile botando trigo para que brote bastante", desea. EFE

(foto)(video)

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se reunió este jueves con familiares de Pablo Neruda, ocasión en la que reveló nuevos antecedentes que avalarían la tesis de que el poeta “no murió por causas naturales”.

Cabe recordar que el Premio Nobel chileno de Literatura falleció en una clínica capitalina el 23 de septiembre de 1973 -solo días después del golpe militar-, y aunque oficialmente su muerte fue atribuida a un avanzado cáncer de próstata, lo cierto es que las últimas pericias al cadáver exhumado del vate arrojaron "una concentración inusual de agentes tóxicos", aseguró el secretario de Estado.

“Todavía no se puede esclarecer las circunstancias de la muerte de nuestro Premio Nobel, Pablo Neruda. Y como eso se encuentra en materia de investigación, hay nuevos antecedentes que ha hecho llegar, entre otros, la familia de Pablo Neruda, que es querellante en esta causa y que nosotros estamos analizando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Ministerio del Interior, que son quienes llevan el patrocinio de la querella”, partió explicando.

Gajardo detalló que un panel de expertos ordenó realizar un metaperitaje, “el que ya se recepcionó en el proceso judicial, a finales del mes de marzo y los querellantes han tenido acceso a algunos detalles. Esos son antecedentes que dan a entender que hay una concentración inusual de agentes tóxicos en el cadáver de Pablo Neruda y eso podría llevar adelante esta tesis de que él no murió por causas naturales”, sostuvo.

“Esto pasó muy pocos días después del golpe de Estado y por lo mismo, en circunstancias en que la represión fue terrible, que estaban asesinando a las personas en nuestro país, torturando a las personas, quebrándole las manos a Víctor Jara, no descartamos que también le puede haber ocurrido algo parecido a Pablo Neruda”, sentenció el ministro Gajardo.

Así las cosas, la autoridad recalcó el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de los hechos, puesto que “es fundamental para la historia, para la memoria, para saber efectivamente qué fue lo que le ocurrió y si fue o no víctima también de la dictadura militar”.

En tanto, Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos, informó que el Gobierno puso a disposición de la causa un equipo de abogados de dicha cartera “que tienen un amplio conocimiento respecto de las estructuras represoras, de los patrones macro criminales que acompañaron no solo el fenómeno de la desaparición forzada, sino del actuar en general de estos organismos represores. Eso es lo que nosotros queremos poner a disposición de la familia para que este caso, que es un caso emblemático, pueda alcanzar la verdad y la justicia”, remató.

“Fue asesinado”

Paola Reyes Romero, sobrina nieta del poeta, quien además es abogada y representa a la familia, señaló por su parte que “estamos muy satisfechos y agradecidos porque esta causa tan emblemática, que ya partió en el 2011, nuevamente vuelva al Ministerio de Justicia”.

“Si bien es cierto han sido arduos años de trabajo, hoy creemos que estamos en una posición muy distinta de esclarecer la verdad en torno al ámbito y circunstancias que rodean la muerte, que esta parte puede asegurar que efectivamente corresponde a un asesinato de Pablo Neruda”, indicó.

Reyes recordó que la investigación se abrió en 2011 “a raíz de una declaración que hace el guardia privado y chofer de Pablo Neruda, Manuel Araya, y en ese sentido se acogió a tramitación y durante todos estos años se ha llegado a la conclusión efectiva, que fue durante el tercer panel, el 2023, que se encontró la cepa Alaska E 43 proveniente de una toxina botulínica”, complementó.

“Para la familia, Pablo Neruda fue asesinado”, remató taxativa la jurista.

Una semana para el olvido ha tenido hasta ahora la candidata presidencial del bloque Chile Vamos (RN+UDI), Evelyn Matthei, quien el martes aseguró que el Estadio Nacional no tenía ninguna cámara de vigilancia -siendo desmentida desde el propio Ministerio del Deporte-, y este miércoles se despachó varias frases sobre los muertos en dictadura que le valieron las críticas del Presidente Gabriel Boric, el oficialismo en pleno y varias organizaciones de DDHH.

En conversación con Radio Agricultura la exalcaldesa de Providencia, quien lidera todas las encuestas presidenciales de cara a las elecciones de noviembre próximo, sostuvo que el golpe de Estado de 1973 que implicó la muerte del presidente Salvador Allende “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”.

“Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil”, agregó.

“Pero ya en 1978, en 1982, cuando siguen ocurriendo (las muertes), ahí ya no, porque ya había control del territorio. Hubo gente que hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”, complementó.

De paso, desligó de toda responsabilidad a su padre, el general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar que asumió como comandante de la Fuerza Aérea en 1978.

“Durante la época que él estuvo a cargo, no hubo un solo caso de violación de derechos humanos, ni uno, cometido por la Fuerza Aérea”, subrayó, resaltando finalmente el legado económico de la dictadura de Augusto Pinochet.

Las reacciones

Sus palabras sacaron ronchas y el primero en saltar al ruedo fue el propio Presidente Gabriel Boric, quien desde su cuenta de X aseguró que “el golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea”, rezaba la publicación.

Sus palabras fueron refrendadas por la vocera subrogante, Aisén Etcheverry, quien en un punto de prensa desde La Moneda aseguró que “los dichos de la candidata Matthei son inaceptables”.

“No hay nada que justifique el golpe de Estado desde el primer segundo hasta el último minuto”, remarcó.

La ola de críticas siguió con las reacciones de los abanderados presidenciales del oficialismo -Carolina Tohá (PPD), Jeannete Jara (PC), Paulina Vodanovic (PS) y Gonzalo Winter (FA)-, y varias organizaciones de DDHH tildaron sus palabras de “ofensivas” y “negacionistas”, por lo que Matthei tuvo que salir a dar explicaciones.

Sus descargos

Ante la controversia desatada, la abanderada de la “derecha tradicional” chilena publicó por la tarde un extenso video en el que precisó sus declaraciones, indicando primero que “todos los sectores políticos fueron responsables del quiebre de la democracia. Entre ellos, la izquierda que debilitó las instituciones y el Estado de Derecho, con la intención de llevar a Chile a un gobierno totalitario, un proyecto que la mayoría de los ciudadanos rechazaba".

“El golpe fue, lamentablemente, el resultado de un fracaso colectivo: la incapacidad de la política para encontrar una vía democrática de solución a los desacuerdos", argumentó.

Y a renglón seguido sostuvo que “la izquierda, que hace Gobierno con el Partido Comunista, que justifica lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, distorsiona groseramente mis dichos".

“Se los digo fuerte y claro: nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia", remató taxativa.

Cabe recordar que según cifras oficiales, durante la dictadura de Augusto Pinochet hubo alrededor de 3.200 personas asesinadas y más de mil de ellos aún se encuentran en calidad de desaparecidos.

Las cámaras del Estadio Nacional

Esta polémica se suma a la del día martes, cuando manifestó en conversación con radio Universo que luego de visitar el Estadio Nacional tras la muerte de dos hinchas -uno de ellos de 12 años-, previo al partido entre Colo Colo y Fortaleza, no había divisado ninguna cámara de vigilancia.

“Ayer fuimos con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, a ver el Estadio Nacional. Ni una sola cámara, ni una. Hay cualquier cantidad de infraestructura, alta, baja, que podrían tener reconocimiento facial, que podría mirar de lejos si viene una andanada, todo. No hay nada, ni lo más mínimo, es una vergüenza”, fustigó.

Sin embargo, desde el Ministerio del Deporte le respondieron de inmediato, en una publicación acompañada de un video en el que se veía precisamente a la exedil en su punto de prensa en el recinto deportivo.

“El Parque Estadio Nacional cuenta con 322 cámaras de seguridad, que controlan los accesos e infraestructura deportiva del recinto. Estas cámaras son monitoreadas por circuito cerrado de televisión que tiene monitoreo las 24 horas durante los 7 días de la semana”, retrucaron.

Y a pesar de que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, salió a explicar que “no hay cámaras de reconocimiento facial en los ingresos al estadio, eso es lo que dijimos”, el daño ya estaba hecho.

Pedro Pascal nació en Santiago de Chile en 1975, en el seno de una familia con fuerte compromiso político. Sus padres eran activistas afines al gobierno de Salvador Allende, derrocado en 1973 por el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet.

A raíz de esta represión, su familia se vio obligada a huir del país. Tras obtener asilo político, se trasladaron inicialmente a Dinamarca y, posteriormente, se instalaron en Estados Unidos, donde Pascal creció entre Texas y California, cuenta Fotogramas.

Fue en ese nuevo entorno donde el joven comenzó a explorar su vocación artística, la cual más tarde lo llevaría a consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la industria audiovisual global.

Del cine de acción a los proyectos de autor

El reconocimiento masivo de Pedro Pascal en el cine comenzó a cimentarse con su papel como el agente Whiskey en Kingsman: El círculo de oro, dirigida por Matthew Vaughn. Esta actuación, cargada de carisma y destreza física, lo posicionó como un actor versátil dentro del cine comercial anglosajón.

Unos años más tarde, su participación en Extraña forma de vida, mediometraje dirigido por Pedro Almodóvar, reveló una faceta diferente: más intimista, emocional y cercana al cine de autor.

Rodado en inglés y ambientado en el desierto de Tabernas, el western reunió a Pascal con Ethan Hawke en una historia marcada por la tensión emocional y la contención narrativa.

En 2024, Pascal participó en una de las producciones más esperadas del cine épico: Gladiador II, bajo la dirección de Ridley Scott. La apuesta por grandes franquicias no se detiene ahí: en 2025, asumirá el rol de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, dirigida por Matt Shakman.

Este papel lo convertirá en un pilar esencial dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en los años venideros.

La consolidación definitiva en la televisión global

Aunque el cine le brindó visibilidad, fue en la televisión donde Pedro Pascal alcanzó una popularidad planetaria.

Su interpretación del agente de la DEA Javier Peña en Narcos lo colocó en el radar de un público amplio, al narrar la lucha contra el narcotráfico en Colombia desde la perspectiva estadounidense.

Posteriormente, su participación como Oberyn Martell en la cuarta temporada de Juego de Tronos —aunque breve— tuvo un impacto profundo en la audiencia. Su personaje, apasionado, irreverente y trágico, se convirtió en uno de los más recordados de la serie a pesar de su corta aparición.

En 2019, Pascal asumió el papel protagónico en The Mandalorian, serie ambientada en el universo de Star Wars. Como Din Djarin, un cazarrecompensas solitario que protege a un misterioso niño —conocido como Grogu—, el actor alcanzó un nuevo nivel de fama.

La serie fue un fenómeno de crítica y público, permitiéndole explorar las complejidades emocionales de un personaje enmascarado.

Más recientemente, protagonizó The Last of Us, adaptación televisiva del exitoso videojuego. En la piel de Joel Miller, un hombre marcado por el dolor que debe proteger a una adolescente en un mundo devastado por una infección fúngica, Pascal demostró su capacidad para sostener narrativas cargadas de tensión, humanidad y vulnerabilidad.

Una historia personal que no pasa desapercibida

Más allá de su carrera, la vida personal de Pedro Pascal despertó un creciente interés. En una entrevista reciente en el programa Jimmy Kimmel Live, el actor reveló, con tono cómico y autocrítico, una situación familiar que generó risas en el plató y entre los espectadores.

“Mi familia está un poco enfadada conmigo. Tengo 34 primos, pero no me hablan porque me salí del grupo de WhatsApp porque el teléfono me sonaba a cada instante, ¡me volvían loco!”, explicó.

A medida que las notificaciones del grupo, centradas en asuntos cotidianos como la recogida de los niños en el colegio, se volvieron abrumadoras, Pascal decidió abandonar el chat familiar.

Con su característico humor irónico, concluyó: “Ahora soy muy importante, soy muy famoso, dejadme en paz”. La frase, que provocó carcajadas, condensa con gracia la paradoja de la fama: la distancia involuntaria que puede surgir incluso entre los más cercanos cuando el éxito se convierte en una rutina diaria.

Un equilibrio entre éxito global y raíces personales

Pedro Pascal construyó una carrera que atraviesa culturas, idiomas y géneros, desde las galaxias lejanas del universo Star Wars hasta los desiertos de Almodóvar, pasando por los mundos devastados de la ciencia ficción apocalíptica. Sin embargo, mantiene una conexión lúcida con su historia personal, su familia y su identidad de origen.

Su recorrido —desde el exilio político hasta la élite del entretenimiento global— representa una historia de superación, y un ejemplo de cómo las trayectorias individuales pueden estar marcadas por contextos políticos, decisiones familiares y, finalmente, por la determinación personal de crear, interpretar y contar historias con resonancia universal.

El abogado, escritor y profesor británico Philippe Sands (Londres, 1960) estuvo esta semana unas pocas horas en Buenos Aires, para presentar su nuevo libro Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia, un libro que explora la relación entre el expresidente chileno Augusto Pinochet y el oficial de las SS alemanas Walther Rauff,que tras abandonar Europa encontró refugio en Punta Arenas, en el sur de Chile.

En el número 38 de la calle Londres -al que alude el título del libro-, en pleno centro de Santiago, confluyen dos relatos que exponen una misma verdad: la persistencia del horror más allá del tiempo. La obra publicada por Editorial Anagrama escarba en la vida de dos hombres cuyas trayectorias, separadas en apariencia, terminan entrelazándose en un escenario marcado por la violencia. A través de una doble narración, el autor revela un vínculo inquietante entre crímenes del pasado y atrocidades recientes. Se trata no solo de una investigación sobre asesinatos en masa, sino de una exploración sobre cómo el legado de la barbarie puede mantenerse latente en los rincones de una ciudad, en sus muros, en su memoria.

Philippe Sands, destacado abogado y catedrático de Derecho Internacional en el University College de Londres, ha desarrollado una carrera jurídica de amplio alcance en tribunales como la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha participado en casos emblemáticos como los de Pinochet, el genocidio de Ruanda, la guerra de Yugoslavia o la invasión de Irak. Su producción intelectual —más de quince libros— ha sido reconocida tanto en el ámbito académico como en el público general. Además de su labor como docente e investigador, Sands ha colaborado con medios como The Guardian y Financial Times, y presidió la sociedad PEN inglesa entre 2018 y 2023, consolidando así su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión.

Como autor, Sands ha sabido entrelazar el rigor del ensayo jurídico con la narrativa histórica y el testimonio personal. En Calle Este-Oeste (Anagrama, 2017), multipremiado y traducido a más de veinte idiomas, reconstruyó la memoria de su familia en el marco de los juicios de Núremberg. Ruta de escape (Anagrama, 2021) le permitió examinar el pasado europeo a través de la biografía del nazi Otto Wächter, mientras que en Calle Londres 38 (Anagrama, 2025), su obra más reciente, indaga en las resonancias entre el régimen de Pinochet, el legado del nazismo y la historia colonial, hilando un relato que desafía las fronteras temporales y geográficas de la violencia política.

Este es un extracto del diálogo que mantuvo Philippe Sands con el periodista y escritor argentino Martín Sivak, el pasado miércoles 9 de abril en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

—La primera pregunta tiene que ver con el título del libro. Me gustaría conocer eso porque también tiene el eco de uno de tus libros clásicos: nuevamente la palabra calle está, y acá sabemos que no es una fórmula efectista sino que es una decisión. Me gustaría saber cómo llegaste a este título o quizás si estuvo desde el comienzo.

—Bueno, antes que nada, solo quiero decir lo increíblemente agradable que es estar contigo en este escenario, en esta fantástica ciudad que conozco bastante bien. Tener varios amigos en el público es algo realmente maravilloso. Y estar aquí en Argentina también es algo muy especial. En el Malba, un edificio que ya había visitado, donde ya había visto exposiciones y participado en un evento previo. Es realmente agradable estar aquí. Tienes toda la razón, Martín. Los títulos son realmente importantes. Este título refleja, de alguna manera, el epicentro del libro. Parte de lo que trata este libro es mi esfuerzo por seguir una corazonada, y sin duda llegaremos a ello. ¿Existió alguna relación entre Augusto Pinochet y Walter Rauff, el hombre que diseñó, gestionó y operó una serie de camiones que mataban personas en grupos de 50 en Europa central ocupada? Eso es lo que me interesaba.

Es una doble investigación: las circunstancias del arresto y el regreso de Pinochet en Londres, y la cuestión de su posible relación con Walter Rauff. También es un edificio ubicado justo en el centro de Santiago, muy cerca de La Moneda. Londres es una calle maravillosa. Comienza con una iglesia, la iglesia de San Francisco, donde hoy se encuentra el Premio Nobel de la poeta Gabriela Mistral. Y luego, a tan solo 150 metros, hay un edificio que solía ser la sede del Partido Socialista y que desde principios de 1974 sirvió como un principal centro de tortura.

Es el título del libro porque fue el primer lugar donde encontré una conexión entre Pinochet y Rauff. Después del golpe de 1973, conocí a un hombre llamado León Gómez, quien fue detenido en Londres 38. Me contó que fue interrogado y torturado personalmente por Walter Rauff. Así que esa es la razón del título. Debería decir que, dado que estamos en un evento literario aquí y en inglés, el título es 38 Londres Street, y no es que hayan sido cientos de horas de trabajo, pero fue un gran esfuerzo intentar encontrar el título adecuado en inglés. Quería llamarlo “Londres Treinta y Ocho”, pero mi fabulosa editora en Weidenfeld se negó porque dijo que la gente pensaría que es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces probamos varias opciones. Luego surgió una complicación con el uso de la palabra “Londres” en el título, porque la teoría era que los ingleses no compran libros con palabras extranjeras en el título. Es decir, hay algo que hay que entender sobre los ingleses: si un libro tiene la palabra “Nazi” en el título o subtítulo, las ventas aumentan en un 50%. Pero si el libro tiene una palabra extranjera en el título, las ventas disminuyen en un 50%. Ese es el maravilloso país del que provengo. Y al final, nos decidimos por 38 Londres Street.

—Hay algo muy relevante en estas historias que se cruzan. Destacas tres puntos de coincidencia entre ellos: ambos cometieron matanzas, ambos tuvieron pedidos de extradición y un detalle, ambos fueron detenidos a las 11 de la noche. En tu pesquisa vuelve tu obra, porque esta pesquisa comienza con un libro anterior tuyo. ¿Cómo fue ese proceso de ver que este criminal de guerra nazi podía convertirse en protagonista de un libro? Y más importante, ¿cuán dificultosa fue la pesquisa, porque vas descartando informes de la CIA erróneos, muchas versiones que parecen empujarte a ubicarlo en la Colonia Dignidad y finalmente tú eres muy cauteloso? ¿Cómo fue ese largo proceso de saber quién es este señor? Y también me gustaría que cuentes tu encuentro con su nieto.

—Bueno, podríamos pasar dos horas solo con esa pregunta. Quiero decir, ¿por dónde empezar? Hay tanto que puedo decir en respuesta. Así que lo primero que mencionaste, coincidencias... Debo compartir contigo que este es motivo de enormes disputas maritales en casa, porque mi esposa y yo tenemos una perspectiva completamente distinta sobre las coincidencias. Creo que las coincidencias significan algo. Creo que hay alguna otra fuerza en juego que no entendemos, que da origen a lo que llamamos coincidencias. El hecho, por ejemplo, de que mi bisabuela naciera en East West Street en este pequeño pueblo de Zolochiv, cerca de Lviv, y que Hersch Lauterpacht naciera en East West Street, y que el hijo de Hersch, Elie Lauterpacht, fuese mi primer maestro de derecho internacional. Para mí, ¿es eso simple coincidencia? Yo digo que no, hay algo más en juego. Y mi esposa dice: eso es ridículo, es pura coincidencia. Si vas al cine, dice, y preguntas a la gente que levante la mano, al menos cuatro personas en la sala dirán que tienen un pariente que viene de Kiev. Así que no voy a probarlo. Podría probarlo, pero no quiero demostrar que estoy equivocado y que ella tiene razón otra vez. Así que no lo haré.

Y tengo que ser cuidadoso en lo que digo en relación a tu pregunta principal. ¿Cómo fue atravesar esta experiencia? Porque estamos tratando aquí con un material realmente oscuro.

Quiero decir, tú ya lo has entendido. Has leído el libro. Sabemos mucho de lo que hicieron estos dos hombres o de lo que se alega que hicieron. Y es un tema oscuro, oscuro, oscuro... Pero frente a ese panorama, y digo esto con el mayor respeto por todos los que estuvieron al otro lado de estos actos, la experiencia real de investigar, escribir y publicar es maravillosa, y me encanta porque disfruto seguir mis corazonadas, descubrir cosas. Como algunos en la audiencia saben, tengo un empleo principal como abogado en ejercicio, cuyo trabajo en muchos casos es proporcionar pruebas para apoyar argumentos ante los tribunales. Los abogados no somos buenos para muchas cosas, pero sabemos encontrar cosas. Sabemos dónde buscar. Sabemos interpretar documentos, identificar huecos y llenarlos. En cierto sentido, he tomado el trabajo que suelo hacer como profesor universitario o en casos ante tribunales internacionales, y lo he aplicado de otra manera. Nuestra formación nos permite digerir miles de páginas de documentos y luego abordarlos de formas útiles.

Sin embargo, y esto creo que lo he aprendido mucho en los últimos 15 años, también se trata de abordar este material de una manera que haga que las personas quieran seguir leyendo.

Creo que uno de los milagros de estos libros es que el material es complejo y denso, y sin embargo, muchas personas dicen “una vez que empecé a leerlo, no pude parar de leer”. Y podemos hablar más sobre cómo aprendí a hacer eso en el contexto de un vecino maravilloso que tuve donde vivimos en Londres. Pero el punto simple es que es lo que he hecho durante 40 años, y es lo que amo hacer. En el caso de Ralph, fue afectado por un solo documento de mayo de 1942, que lo nombraba en relación con las furgonetas de gas y que se utilizó primero en el Juicio de Núremberg y luego en el juicio de Adolf Eichmann, lo cual llevó a que los fiscales de Alemania Occidental lo investigaran y posteriormente enviaran una solicitud de extradición desde Alemania Occidental a Chile, lo que condujo a los procedimientos judiciales que has mencionado. Y a partir de esa experiencia, Ralph tuvo mucho cuidado para asegurarse de que su nombre no apareciera en ningún documento. Sabía lo que significaba ser nombrado en un documento y, de hecho, en Chile en general. A diferencia de Argentina, que pasó por una experiencia paralela, la cual, por supuesto, estaba muy conectada, incluyendo en relación con el caso que comenzó en España y el papel de Baltasar Garzón, quien investigaba Argentina, pero luego fue, de alguna manera, transferido para hacer la investigación sobre Chile.

Después de que el restaurante fue cerrado en 1977, todos los archivos fueron destruidos por orden de Manuel Contreras con el apoyo de Augusto Pinochet. Y lo que eso ha significado es que, al investigar lo que ocurrió en Chile entre 1973 y 1977, se procede bajo la premisa de que no hay documentos, lo que significa que tienes que hablar con las personas, lo que implica que debes ir repetidamente porque no se puede hablar con alguien de la misma manera por internet que estando en una habitación con ellos. Y una de las personas a las que busqué fue Walter Rauff Junior. Me refiero al principal Walter Rauff, quien es el tema de este libro. Luego está uno de sus hijos, que también se llama Walter Rauff. Y luego está Walter Rauff Junior Junior, el nieto. Y cuando me acerqué a él por primera vez, fue muy precavido. Le di un ejemplar de Ruta de escape, a partir del cual pudo darse cuenta de que no estaba en una misión para ser desagradable con la gente. Estaba en una misión para contar una historia y descubrir hechos. Y lo vio en Ruta de escape. Aunque tenía diferencias con Horst Wächter, el hijo de Otto Wächter, lo traté con un respeto increíble y nunca fui cruel ni desagradable ni lo desafié.

Le permití decir lo que quería decir. Y ese es el estilo que he adoptado. No se puede visitar a alguien una sola vez. Hay que verlo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y ellos realmente comienzan a hablar solo cuando hay confianza. Y hay que respetar esa confianza, lo que significa que tienes que honrar lo que dicen y proporcionar el contexto y la explicación adecuada de lo que han dicho, porque ellos van a leer el libro. Y cuando lean el libro, quiero que se sientan tratados con honor y decencia. Y así se creó esa confianza. Significó mucho para mí que, en el evento principal de lanzamiento en la Universidad en Santiago hace apenas una semana, bueno, el jueves pasado, hace incluso menos de una semana, Walter Rauff Junior Junior viniera con su hija, con la nieta de Walter Rauff. Eso significó mucho para mí porque fue una forma de decir: “cualquiera sea el contenido de este libro, y parte de ello con lo que estaré en desacuerdo muy firmemente, respeto lo que has hecho como ejercicio”. Esa es la forma en que he abordado las cosas. Y al escribir este libro, he pasado mucho tiempo con ambos lados. Pasé mucho tiempo con los abogados de Augusto Pinochet. Pasé mucho tiempo con su principal abogado, un hombre llamado Miguel Schweitzer, a quien conocí por primera vez en la sala de comités número 4 de la Cámara de los Lores.

Yo era asesor legal de Human Rights Watch. Él era el principal abogado de Augusto Pinochet durante los 503 días completos. Y me dijo... Se presentó, extendió su mano: “Miguel Schweitzer, asesor de derechos humanos de Augusto Pinochet desde 1977 hasta 1984″. Puedes imaginar cuál habría sido mi reacción ante eso. Pero lo curioso fue que nos sentamos uno al lado del otro día tras día, y es una especie de síndrome de Estocolmo. No sé, nuestras posturas políticas son mundos aparte. Nuestra visión del mundo es completamente diferente. Pero nos llevamos bien, me agradaba. Y la consecuencia de eso fue que 20 años después, cuando fui a entrevistarlo para este libro, en repetidas ocasiones, él me dio información increíble porque había una relación de confianza. Sabía que lo trataría con justicia. Entonces, el otro lado de la moneda es que cuando tratas a las personas de manera justa, produce reacciones. Y una de las otras personas en este libro, que es muy importante para mí y ama el libro, sin embargo, dijo que había sido demasiado amable con Miguel Schweitzer. Dijo que lo había tratado y presentado de manera demasiado generosa. Recibes críticas. Pero creo que es realmente importante que, al escribir un libro y entrevistar personas que te están dando información realmente importante, debes tratarlas con justicia y respeto.

—Precisamente quería avanzar con algo muy destacado del libro, que no pretende ser ni efectista ni estridente pero al mismo tiempo tiene grandes revelaciones. Y una de esas revelaciones es que a través de entrevistas, consigue demostrar que hubo un acuerdo entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno chileno, que hasta ahora no se conocía, y es el resultado de esas conversaciones. Cómo administraste eso. Recién hablaste que se construyeron relaciones de confianza con los entrevistados. Pero ¿cómo fue llegar a ese punto donde pudiste confirmar ese pacto que no era tan evidente hasta la salida de tu libro?

—Bueno, cuando llegué a Santiago el jueves pasado, pensé en relación con esa parte de la historia porque hay otras revelaciones en relación con Ralph, pero, en cuanto a las circunstancias en las que Augusto Pinochet regresó temprano, digamos, de Londres a Santiago, pensé que solo había dos revelaciones. La primera revelación fue que hubo un acuerdo entre los gobiernos británico y chileno.

En cierto sentido, eso no es una revelación, porque todo el mundo sabía que algo había sucedido, pero nadie había proporcionado los detalles. Y lo que he hecho es dar un relato gráfico de esos detalles. La segunda revelación que pensé fue que, para lograr ese acuerdo, los británicos insistieron en que se les proporcionara evidencia de que las autoridades chilenas tenían suficiente respaldo material para persuadir a la Corte Suprema de retirar la inmunidad de Augusto Pinochet frente a la jurisdicción de los tribunales penales de Chile. Y la revelación en mi libro es que el jefe del equipo negociador chileno voló a Londres con un documento que era la orden para el famoso, infame, notorio caso de la “Caravana de la Muerte”, y estaba firmado personalmente por Augusto Pinochet. Se lo entregaron al negociador británico, y el negociador británico se quedó con él.

Eso es una revelación, porque en Chile nunca se ha encontrado un documento con la firma o el sello de Augusto Pinochet relacionado con ningún acto de asesinato. Nadie en Chile sabía que existía tal documento hasta que el libro fue publicado. Así que eso es una gran revelación en Chile. Pero resulta que ninguna de esas dos cosas fue el tema que la semana pasada causó un mini escándalo. El mini escándalo fue causado por lo que resulta ser la tercera revelación, que es, y en cierto modo es un tanto deliciosa: la existencia de un expediente de unas diez páginas de longitud, preparado por alguien en nombre del gobierno chileno y puesto a disposición de Augusto Pinochet para enseñarle a fingir que estaba demente o gagá.

Eso es lo que llevó a un ex secretario general del gobierno del presidente Frei y a un exministro de Relaciones Exteriores, respectivamente, el señor Insulza y el señor Valdés, a emitir una declaración el día de mi llegada a Chile diciendo que nadie en el gobierno chileno estaba asociado con tal expediente, tenía conocimiento de tal expediente o había tenido alguna implicación en dicho expediente. Así que, ya sabes, he aprendido a interpretar declaraciones y cosas, y, por lo general, lo más interesante es lo que no dicen. Ninguna negación sobre el acuerdo. Ninguna negación sobre el documento.

En cambio, hay una distracción hacia esta otra cosa que es algo entretenida, pero francamente, en mi opinión, no tan importante. Pero, por supuesto, como dije en la respuesta, y fui discreto porque me comprometí a no revelar las identidades de ciertas personas, sé quién escribió el expediente. Definitivamente existió, y aquellos que lo escribieron simplemente no podrían haberlo hecho sin autorización desde lo más alto. Es claro. Y entonces me preguntaron mucho sobre esto en Chile, cómo reaccioné, y simplemente dije que me hizo sonreír, porque parece también que una de las personas con las que sí hablé, el señor Insulza, debe haber olvidado que pasé dos horas con él y con mi asistente, Montserrat Madariaga, y él me contó muchas, muchas cosas, incluyendo que había un acuerdo, incluyendo que el presidente de Chile había ido al presidente de la Corte Suprema y dicho: “Cuando Pinochet regrese, se le retirará la inmunidad”.

Quiero decir, son cuestiones muy, muy importantes. Y, por supuesto, tomo una cuenta muy precisa de lo que ha sucedido y lo que se ha dicho. Así que puedo reaccionar con bastante firmeza a ese tipo de cosas. Fue el señor Insulza quien me dijo que la persona con la que necesitaba hablar era el señor Toloza, y el señor Toloza era la persona completamente desconocida que me reveló los detalles del acuerdo. Él fue el principal redactor de discursos del presidente Frei. Es una persona notable. Se formó como psicólogo, e hizo su doctorado en Psicología en la Universidad de Exeter. Y fue seleccionado. Y aquí hay una lección para las personas que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, porque se creía que entendía cómo funciona la mente británica, lo cual me encanta. Cuando me lo dijo, y básicamente desarrolló una estrategia de tres pilares, y los chilenos jugaron con los británicos, fueron brillantes.

La estrategia tenía tres partes: uno, no hacer nada hasta que ocurra algo realmente embarazoso para los británicos. Cuando algo embarazoso ocurre para los británicos, actúa y aprovecha su vergüenza para ofrecer una solución. Etapa tres, implementa la solución. Quiero decir, estas personas son realmente, realmente inteligentes. Y funcionó. Y una vez que me dieron la historia completa por parte de Christian Tolosa, lo cual tomó 4 o 5 reuniones diferentes en persona, volando a Chile, pasando tiempo con él, creando confianza. Felizmente, había leído al menos uno de mis libros, así que sabía quién era yo. Pero lo más importante es que los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde trabaja, habían leído todos mis libros y eso ayudó a generar su sentido de confianza en que trataría de manera honesta y justa la información que me dio. Así que me dio todos los detalles. Quiero decir, completo y granular.

Y me dijo quién era su interlocutor. Una persona muy significativa en la sociedad británica. Su nombre es Jonathan Powell, quien fue jefe de gabinete de Tony Blair durante diez años en el número 10 de Downing Street. Jonathan Powell es el arquitecto del “Acuerdo de Viernes Santo”, que trajo la paz a Irlanda del Norte. Es una persona notable. Así que fui a verlo y él confirmó al 100% exactamente lo que dijo Christian Tolosa. Y así tuve a las dos personas principales, que nunca habían hablado con nadie, dándome todos los detalles. ¿Y por qué lo hicieron? Básicamente, porque consideraron que después de 25 años, había que llamar a las cosas por su nombre y compartir lo que había ocurrido. Pero el resultado es que ahora sabemos cuál fue el acuerdo, cuáles fueron los términos del acuerdo y cómo fue implementado parcialmente pero de manera imperfecta.

—Hay algo que está en el centro del libro. Son crímenes horrorosos que han quedado impunes y es uno de tus temas de trabajo. Me gustaría preguntarte cómo te llevas con la idea de la reparación, si la escritura es una reparación posible, si con tus libros sentis que podes reparar algo...

—En este libro, más que en cualquier otro, exploro la relación entre el derecho y la literatura. Derecho, escritura legal y no legal, una sentencia y un libro, un tema que realmente me fascina. Creo en la justicia. Creo en la rendición de cuentas. Creo en el estado de derecho. No soy un idealista sobre ninguna de esas cosas. Es un juego a largo plazo. Fui muy influenciado por un colega que tuve en mis primeros años de enseñanza y como académico en la Universidad de Cambridge a mediados de la década de 1980. Era investigador en un lugar llamado Saint Catherine’s College en Cambridge. Teníamos un colega muy distinguido llamado John Baker.

Sir John Baker significa un profesor muy importante de historia jurídica inglesa y, como joven de 24 o 25 años, era emocionante cuando él, cada pocas semanas, me invitaba a almorzar en la High Table y decía: “¿en qué estás trabajando?” Y yo respondía: “estoy trabajando en esto”. Y él decía algo así como: “Oh, sí, sí, eso es muy interesante. Tuvimos un problema similar en el derecho inglés en 1472, y se tardaron 273 años en resolverlo”. Así es con estos temas de criminalidad internacional. Estamos justo al inicio de un proyecto que nos superará a nosotros, y a nuestros hijos, y a los hijos de nuestros hijos. Es simplemente un juego a largo plazo. Por lo tanto, las expectativas deben ser limitadas. Un paso hacia adelante, un paso hacia un lado, un paso hacia atrás, dos pasos hacia adelante. Así es como funciona. Y este es un momento muy difícil. Pero no tengo dudas de que este momento pasará y entraremos en otra fase nuevamente.

Pero lo que eso significa es que uno reflexiona mucho sobre cómo se logra la justicia, cómo se logra la rendición de cuentas y cómo se logra la reparación. Y no se trata solo de leyes y de tribunales. Hay otras formas de abordar estos temas. La esencia para mí al responder tu pregunta radica en nuestra capacidad para contar historias. Se puede pensar en el derecho como una forma de narración. Una sentencia, un laudo arbitral, es una manera de contar una historia sobre algo, y proporciona un servicio al operar de esa manera. Pero no es la única manera de contar historias sobre lo que la gente ha hecho o dejado de hacer. También hay procesos como los de verdad y reconciliación, y hay otras formas, como el cine.

Algunos de ustedes habrán visto recientemente la fantástica película chilena Los Colonos, sobre lo que ocurrió en la Patagonia con los Selk’nam, que hace justicia de manera más gráfica al tema del genocidio de los Selk’nam que cualquier cosa que haya leído. O libros como Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, que esencialmente narra lo que ocurrió con Michael Townley y Marianela, el asesinato de Carmelo Soria y varias otras cosas, pero de una manera ficcionalizada. Así, creo que cada uno de estos elementos tiene una función diferente, pero se relacionan e interactúan entre sí. Y ese es uno de los grandes temas de este libro: cómo la literatura interviene donde los tribunales no han pisado. Esa interacción es absolutamente fascinante.

Tuve la increíble felicidad de participar en un evento, un evento literario, con uno de mis escritores favoritos en el mundo, un escritor irlandés. Tengo una debilidad por los irlandeses. Se llama Colm Tóibín, y participé con él en la Biblioteca Pública de Wimbledon. Fue maravilloso. Hablamos sobre dos de sus libros: Brooklyn y Long Island. Si algunos de ustedes no los han leído, vayan y comprenlas, porque son novelas irlandesas fantásticas. Y después del evento, él dijo: “Sí, Philip, leí el PDF de 38 Londres Street. Significó mucho para mí”. Y yo respondí: “¿Ah sí? ¿Por qué?” Me dijo: “Porque estuve en Argentina en la década de 1980. No sé cuántas personas en la sala sepan esto”. Él contó: “Publiqué un libro llamado The Trial of the Generals (El juicio de los generales) en 1985. Fui y asistí a las audiencias”. Yo le dije: “¿Estás bromeando?”. Me respondió: “No, fui corresponsal del Irish Times y, por casualidad, vivía en Buenos Aires. Fui todos los días a los juicios. Y me quedé asombrado. Estaba tan asombrado, que no solo escribí un libro de no ficción al respecto, sino que escribí una novela. Mi primera novela está ambientada en Argentina”. Yo no sabía esto sobre él. No había leído esa novela. ¿Conocen la novela? No sabía eso. Y, por supuesto, ahora he leído la novela. Y es como que entendí por qué este libro le habría conmovido y por qué fue tan generoso al comentarlo. Hay una interacción entre todas estas cosas. En la facultad de derecho, nunca aprendemos sobre esto. Pero en la vida, los libros de literatura, los libros de derecho y las sentencias tienen una interconexión.

[Fotos: Alejandro Guyot/gentileza prensa Malba]

Los ex cancilleres del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, descartaron de plano este martes que el Ejecutivo de esa época haya ayudado a Augusto Pinochet a fingir demencia mientras estuvo detenido en Inglaterra entre 1998 y 2000, tal como asegura el ex asesor del mandatario, Cristián Toloza Castillo, en el libro “Calle Londres 38″ del investigador británico Philippe Sands, recientemente publicado por editorial Anagrama.

Cabe recordar que Pinochet fungía como senador vitalicio cuando fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, pues sobre él pesaba una orden de captura internacional y extradición emitida por el juez español Baltasar Garzón, por delitos de lesa humanidad.

Toloza Castillo, asesor de Frei y miembro del grupo cuya misión era traer de vuelta al ex dictador a Chile, sostiene en el libro que su permanencia en suelo inglés era un problema mayor para ambos países, por lo que habrían llegado a un acuerdo con el gobierno de Tony Blair para ayudar a Pinochet a fingir demencia senil y evitar su extradición a España, para luego trasladarlo a Chile donde sería juzgado.

“Creo que la cuestión médica la plantearon los británicos. Sabían que, legalmente, podían abortar el proceso de extradición por cuestiones de salud”, señala Toloza, según reza un reportaje de BBCL Investiga.

Para ello, el Gobierno de Frei habría pergeñado un informe de unas diez páginas en el que se indicaba “cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido y describía cómo debía ‘actuar’: tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”.

Dicho documento le habría sido entregado al entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, quien -supone Toloza-, se lo habría deslizado a Pinochet puesto que viajó a Londres a visitarlo.

Finalmente, el 2 de marzo de 2000 el gobierno británico denegó el pedido de extradición de Garzón y envió a Pinochet de vuelta a Chile, argumentando precisamente demencia senil y razones humanitarias.

En una escena que quedó grabada en la retina de miles de chilenos, un día después Pinochet llegó a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea, descendió en silla de ruedas y apenas pisó la losa, se puso de pie y abrazó al general Izurieta.

Y aunque se supone que el Gobierno había dado garantías a su homólogo británico de que Augusto Pinochet sería juzgado en el país, lo cierto es que tras ser procesado en 2001 por el caso “Caravana de la Muerte” finalmente logró ser sobreseído por la Corte Suprema el 4 de julio de 2002, aduciendo problemas mentales.

La desmentida

Tras revelarse la noticia, los ex cancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés salieron al paso de las aseveraciones de Toloza y mediante un comunicado conjunto enviado al medio citado. Señalaron que “es absolutamente falso que el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle elaborara o solicitara crear un documento en el cual se dieran instrucciones sobre cómo el general Pinochet debía fingir una enfermedad mental”.

“Ni el presidente ni sus ministros se habrían prestado para manipular los hechos“, agregaron a coro.

“El supuesto documento no fue conocido ni creado por nadie del Gobierno. Y si hubiese existido, se hizo a espaldas del gobierno chileno“, complementaron.

Al cierre de esta edición, el ex presidente Eduardo Ruiz-Tagle no había hecho declaraciones y cercanos aseguraron a BBCL Investiga que tampoco lo hará, pues está fuera del país y no está dando entrevistas.

Durante el cuarto Consejo de Ministros televisado, que se adelantó el martes 25 de marzo de 2025 en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en una de las denuncias que han caracterizado su mandato: la intención, según él, de que se cometa un golpe de Estado en su contra; en esta ocasión, fomentado por una crisis explícita del sistema de salud, el mismo que quiere reformar.

El mandatario, en uno de los apartes de esta reunión, comparó lo que estaría pasando con el suministro de medicamentos con lo que sucedió en Chile con Salvador Allende, en la década de los 70, cuando se habrían acaparado los alimentos para fomentar una reacción violenta en contra del gobierno de corte socialista, que llegó a su fin el 11 de septiembre de 1973 tras el ataque del militar Augusto Pinochet Ugarte.

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“Las EPS les sirven a las gestoras farmacéuticas. Los creó una ley. Y yo sí quiero saber quiénes son los dueños de las gestoras, la población debe saber los nombres propios. De quienes están produciendo este desastre. Lo están produciendo por política, porque quieren un golpe de Estado. Y están buscando en la Comisión de Cámara que se produzca”, indicó Petro, que reiteró que habría fuerzas oscuras detrás.

La teoría de Gustavo Petro sobre un golpe de Estado en su contra

En ese orden de ideas, reiteró que es una situación que “hay que saber”, en pro de que no “cojan al pueblo desprevenido”. Fue entonces, cuando simuló el escenario en el que lo que estaría ocurriendo en este caso, por las falencias en la red de distribución de medicamentos por parte de las encargadas de este propósito, en afirmaciones en las que mencionó a Audifarma, sería lo mismo que ocurrió en suelo austral.

“Esto es lo mismo que (Salvador) Allende, solo que no había esa complejidad en los tiempos de Allende. Con Allende acaparaban la comida para que la gente saliera a protestar contra él y eso terminó en miles de muertos y en una dictadura que no se acabó en décadas. Y acá quieren hacer lo mismo unos codiciosos que yo llamo vampiros, porque son asesinos”, destacó Petro en su intervención.

Y, en mención al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que merecen el calificativo porque han quitado y guardado la insulina que a diario tienen que suministrar, como sería el caso de Audifarma, a los enfermos diabéticos, “los están matando”. Y no solo ese medicamento, sino otros necesarios, “y el que hace eso premeditadamente es un asesino”.

A Efraín Cepeda también lo acusó de promover el golpe de Estado contra su Gobierno

En otro de los apartes del Consejo de Ministros, el primer mandatario habló de la manera en que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, estaría detrás de un plan en su contra, confabulado con los partidos tradicionales y el Consejo Nacional Electoral: en donde se lleva a cabo una senda investigación por presunta violación de topes de la campaña presidencial en 2022, por el orden de los $5.355 millones.

“Nos quiere investigar en el CNE porque ese es el golpe de Estado, para quitarle las personerías jurídicas a los partidos Colombia Humana, Polo Democrático, la UP, Soy Porque Somos. Quieren la renuncia de la vicepresidenta, porque entonces si sale el presidente se queda Efraín Cepeda. Él es el que está detrás de todo esto”, expresó el presidente, en declaraciones en las que se despachó contra el titular del legislativo.

Y es que, según dijo, si sale de su cargo, y también se destituye a la vicepresidenta Francia Márquez en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es el presidente del órgano legislativo el llamado a reemplazarlo. “Es el que ha estado detrás de todo esto, para destruir el progresismo en Colombia. No estoy paranoico, lo publicaron los mismos uribistas”, expresó el gobernante.

Paula Padilla Argelich y Sebastián Silva B.

Santiago de Chile, 5 ene (EFE).- Bajo el riguroso sol que achicharra las faldas de Cerro Chena, un cordón de baja altura ubicado en el sur de la capital chilena, un grupo de técnicos examina con tiento un paño de tierra con la última tecnología adquirida para buscar restos de los detenidos desaparecidos de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990): un georradar.

La máquina, que a ojos ajenos a este tipo de diligencias puede pasar por una silenciosa cortadora de pasto, escanea la tierra con pulsos electromagnéticos capaces de detectar anomalías a unos cuatro metros de profundidad. Sus resultados, que llegarán en abril, permitirán determinar puntos para una posible excavación.

"Después de 51 años tenemos la posibilidad de hacer esta búsqueda porque están las condiciones, la tecnología, la voluntad política y magistrados investigando. En 2001 se encontraron las primeras osamentas y hoy recién se retoma la búsqueda después de tantos años perdidos", dijo a EFE la presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, Mónica Monsalves, hija del trabajador ferroviario Adiel Monsalves, ejecutado por agentes de la dictadura en el mismo lugar.

Ubicado a 25 kilómetros del centro de Santiago, Cerro Chena es un lugar clave para esclarecer el paradero de algunos de los 1.162 detenidos desaparecidos que, según las últimas cifras oficiales, aún quedan por encontrar en Chile.

Es el día después de Navidad, y en Chena, los sitios georreferenciados son al menos quince: "El primero de ellos es el lugar donde la magistrada Cecilia Flores inició excavaciones en 2001. Otro es un lugar donde se encontró una osamenta completa en lo que es ahora el Parque Metropolitano y un terraplén que hay en estas inmediaciones que fue señalado por un testigo en visitas previas", dijo a Efe la magistrada a cargo del caso, Marianela Cifuentes.

"Se compararon fotografías aéreas actuales con imágenes de la época y se fijaron sitios donde podría haber alguna alteración en el terreno. Todos ellos forman parte de los lugares que se van a examinar", detalló Cifuentes.

Testigos han apuntado al posible "cementerio clandestino" de Cerro Chena. Sin ir más lejos, informes oficiales como el que firma la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura cifra en al menos 100 personas las que habrían sido ejecutadas en el lugar, donde aún opera una escuela de infantería del Ejército chileno.

Uno de ellos es Manuel Silva Carreño, obrero agrícola detenido en la localidad de Paine que fue visto con vida por última vez en Chena. Su familia presentó una querella criminal en noviembre de 2023 por inhumación y exhumación ilegal y asociación ilícita, acción que permitió desplegar pericias policiales en distintos puntos del promontorio.

"Son múltiples los antecedentes y pruebas que permiten llevar adelante esta querella: es conocido que el recinto funcionó como centro de detención ilegal y torturas en el inicio de la dictadura, sobrevivientes y testigos han relatado que hubo ejecuciones, y en 2001 y 2002 se hallaron osamentas humanas", dijo a EFE la abogada y parte querellante, Alejandra Arriaza.

Mientras las pericias se despliegan en terreno, familiares esperan aún los resultados de hallazgos anteriores: 89 cajas fueron encontradas a principios de 2023 con restos de 300 presuntas víctimas dadas en custodia a la Universidad de Chile en 2002. En 2019 pasaron, sin ser examinadas, al Servicio Médico Legal (SML), incluida una rotulada como "Cerro Chena".

"Desde el SML se informó que había recibido respuestas respecto de la data de los restos y que se estaba elaborando un informe. Si efectivamente es del periodo de interés, vamos a disponer que se haga comparación genética con las muestras que han donado familiares de detenidos desaparecidos", indicó Cifuentes.

Si bien a diferencia de las últimas cinco décadas la búsqueda avanza, el ritmo es más lento de lo que las familias desearían. El terreno es pedregoso, en él se acumulan escombros y restos de material desde la construcción de la autopista que cruza la región hacia el sur.

"Por las características del cerro, solo se pudo avanzar en algunos de los sitios fijados para la búsqueda en esos tres días (26, 27 y 28 de diciembre) y faltan alrededor de diez sitios, cuyas pericias se retomarán en marzo o abril", detalló Arriaza. Uno de esos sitios es el sector conocido como "Tierras Blancas", al interior del Regimiento de San Bernardo.

"El tiempo se llevó a nuestras abuelas y madres, pero seguimos buscando hijas y nietos hasta el día de hoy, los que estamos interponiendo querellas para, en definitiva, devolverlos a casa. Eso es lo que queremos", concluyó Monsalves, con un nuevo brío de esperanza que aparece tras medio siglo de espera.EFE

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Santiago de Chile, 31 dic (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo este martes un llamado a avanzar en la propuesta para una nueva ley de reforma de de pensiones, la última gran promesa de campaña que mantiene viva en el que será su último año de mandato, apeló al diálogo como pilar para la paz y pidió mayor compromiso en la lucha contra la emergencia climática.

En un mensaje de fin de año a la nación transmitido por la televisión nacional, el gobernante -que apenas ha podido cumplir sus promesas- insistió en que su objetivo es aún conseguir un Chile más justo y solidario, con más derechos y cohesión social, que ayude a paliar las grandes desigualdades que todavía persisten.

"Ese es el Chile que queremos construir, un país más justo, acogedor, amable, un Chile que cuida", dijo antes de pedir la complicidad tanto de la oposición como de su socio de gobierno, el Partido Comunista, que por razones distintas se oponen a la reforma propuesta del actual sistema de capitalización individual de las pensiones, monopolizadas por la seis empresas privadas o AFP, que impuso por la fuerza la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989).

Solo el Ejército y fuerzas de Seguridad mantuvieron el sistema vigente en los tiempos democráticos previos, que les garantiza unas mejores jubilaciones.

"Como Presidente de la República, mi convicción es que la mejor manera de enfrentar estas transformaciones y desafíos es, y seguirá siendo, desde un nosotros, desde un Chile común... Si el sentido de la corriente actual es que cada uno se vale por sí solo, nosotros defenderemos que siempre es mejor estar unidos, escuchando a todas las voces, respetando a quienes piensan distinto, velando por el bienestar de todas y todos", afirmó.

Al hilo de éste argumento, reiteró que "eso es justamente lo que hemos querido impulsar desde nuestro Gobierno, en una época en que suele primar el individualismo, el yo-yo, donde pareciéramos estar cada vez más separados los unos de los otros. Nosotros nos la jugamos por los barrios, por la comunidad, por las familias, por las escuelas"

"Tengo la convicción que el sistema previsional y la reforma que estamos empujando tiene que hacerse cargo de quienes hoy viven con pensiones de miseria. Por eso hemos impulsado Chile Cuida, para apoyar a quienes cuidan a una persona mayor con discapacidad. Cuidar a quienes nos cuidan", recalcó.

"Son algunas de las iniciativas que hemos llevado adelante como Gobierno, pero nuestra apuesta es avanzar hacia una sociedad en la que todos, unidos el Estado, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los niños, las personas mayores propiciemos la colaboración entre las personas, la cohesión social y la ayuda mutua", continuó

"Nuestra patria tiene enormes potenciales y talentos y la mejor manera de aprovecharlos es trabajando juntos para que la riqueza y los bienes que se producen en nuestro territorio lleguen a toda la comunidad. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con la ley de Royalty, y es que queridos compatriotas, soy optimista de Chile y su futuro", cerró.

Boric también se refirió a la situación regional e internacional, y en particular instó a un esfuerzo mayor en la lucha contra la emergencia climática y abogó por el diálogo para resolver los distintos conflictos que atribulan al planeta.

 "La crisis climática afecta nuestra forma de vivir y nuestro bienestar. Los avances tecnológicos que muchas veces nos maravillan, también plantean amenazas, por ejemplo, al empleo o a la calidad de información que recibimos", subrayó.

"Vivimos en un planeta en donde dolorosas guerras se desarrollan en distintos lugares, afectando la estabilidad global y amenazando el futuro mismo de la humanidad, y la economía que está interconectada en todo el mundo no ha terminado de recuperarse de los efectos de la crisis y la pandemia", concluyó. EFE

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Un grupo de víctimas y habitantes de la histórica Colonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera, expresó su respaldo al plan de expropiación impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. La propuesta, anunciada en junio pasado, tiene como objetivo expropiar cerca de 117 hectáreas del enclave ubicado a 380 kilómetros al sur de Santiago, en la región del Maule, una zona que fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos durante su tiempo bajo el liderazgo de Paul Schäfer.

El apoyo al plan fue formalizado a través de una carta entregada al presidente Boric el jueves en el Palacio de La Moneda. En la misiva, los colonos y ex colonos de la zona, quienes fueron víctimas de abusos y trabajos forzados, expresaron que la expropiación representa un paso necesario para asegurar la memoria de los horrores vividos en ese lugar. “Es una medida necesaria y que hace justicia concreta a nosotros, las víctimas de Colonia Dignidad”, afirma el documento.

La Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por alemanes, en su mayoría seguidores del ex enfermero del Ejército alemán Paul Schäfer, quien encabezó la comunidad hasta su detención en 2005. Bajo su liderazgo, el enclave operó como una secta cristiana que, durante más de tres décadas, sometió a sus residentes a trabajos forzados, castigos, manipulación mental y, en algunos casos, abuso sexual a más de 300 adultos y niños. Schäfer fue condenado por abuso sexual y murió en prisión en 2010.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el enclave también sirvió como un centro de tortura y represión, donde se realizaron graves violaciones a los derechos humanos. El régimen de terror que predominó en la colonia se consolidó en un entorno cerrado, donde el uso exclusivo del idioma alemán y el aislamiento geográfico favorecieron el control absoluto sobre sus habitantes.

El plan del gobierno de Boric incluye la expropiación de una fracción de las 4.000 hectáreas que componen la actual Villa Baviera. La porción de tierra a expropiar incluye la residencia de Schäfer y otras propiedades vinculadas al enclave.

La Asociación de ex Colonos (ADEC), que representa a las víctimas, ha solicitado que los fondos provenientes de la expropiación sean destinados “directamente a indemnizar a las víctimas”, ya que temen que los recursos no sean utilizados adecuadamente y que quienes causaron el sufrimiento no sean responsabilizados.

En este contexto, Horst Schaffrick, presidente de ADEC y habitante del enclave desde su infancia, manifestó su preocupación sobre el uso que el Estado pueda darle al dinero. “Tememos que vayan a ser premiados los que nos robaron todo”, señaló Schaffrick, quien a sus 66 años sigue luchando por la justicia para las víctimas.

A pesar de la aprobación de la expropiación por parte de las víctimas, existen oposiciones dentro de la comunidad de Villa Baviera. Tras el fin de la dictadura de Pinochet en los años 90, la colonia fue disuelta legalmente, pero los descendientes de sus miembros se reorganizaron en diversas empresas que ahora se oponen al proceso de expropiación.

Por su parte, el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expresó su apoyo al plan de expropiación: “Vamos a iniciar la expropiación de una parte de este lugar que se utilizó principalmente durante la dictadura militar con el objeto de ser un campo de concentración y prisión política, donde se realizaron las atrocidades más grandes que hemos vivido en nuestro país, un lugar donde se torturó a chilenos y chilenas y se les hizo desaparecer”.

“Aquí hubo violación de derechos humanos, pero también hubo muchas violaciones de niños, también hubo violaciones de jóvenes, también hubo barbaridades de toda naturaleza. Y lo serio en una sociedad es reflexionar, sacar las lecciones de las experiencias de la historia y, a su vez, comunicarlas especialmente a los jóvenes, en un espacio de reflexión de todos”, subrayó el ministro.

El plan de expropiación sigue siendo un tema sensible y polémico en Chile, con un impacto significativo tanto en la justicia histórica como en la gestión del patrimonio del país.

(Con información de AFP/EFE)

Redacción América, 20 dic (EFECOM).- Latinoamérica afronta retos estructurales en la seguridad social, como una creciente informalidad laboral, desigualdad y déficit financieros, con lo que las soluciones a largo plazo aún son inciertas a pesar de algunos países han aplicado reformas para mejorar la sostenibilidad y la cobertura.

En Perú, el 71,2 % de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, aunque la cobertura de salud alcanza al 89,1 %, principalmente a través del Seguro Integral de Salud (SIS). En pensiones, solo el 34,9 % de los adultos mayores están afiliados a un sistema, y la sostenibilidad del sistema enfrenta presiones crecientes.

En Venezuela, los pensionistas tienen ingresos muy bajos (2,5 dólares mensuales) complementados por bonos gubernamentales. Aunque la Constitución garantiza la salud pública gratuita, los hospitales sufren falta de recursos. Además, la informalidad laboral es elevada, un 70 % según cálculos no oficiales, agravando la carga sobre los contribuyentes formales.

Colombia aprobó una reforma, que entra en vigor en 2025, con la que el Gobierno busca ampliar la cobertura de las pensiones del 24 % al 87 % para 2052. La reforma introduce un sistema mixto con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Sin embargo, la alta informalidad (50 %) y la brecha de género son desafíos persistentes.

En Argentina cada trabajador aporta a la seguridad social un 11 % de su salario para su jubilación y un 3 % para los servicios de salud, mientras que su empleador aporta un 16 % de su salario al sistema de jubilaciones y un 6 % a salud.

El sistema cubre asignaciones familiares, pensiones y desempleo, pero tiene problemas de sostenibilidad por el envejecimiento y un creciente déficit fiscal. Hasta mayo de 2024, el 27,3 % de la población total contribuía al sistema. Quedan fuera del sistema de la seguridad social los trabajadores informales (asalariados e independientes), cuyo porcentaje es muy alto en el país (36,4 % de los asalariados).

México cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como principales instituciones públicas de seguridad social. El primero atiende a más de 75 millones de personas y el segundo a 13,5 millones de personas. Adicionalmente, el IMSS-Bienestar ofrece atención médica gratuita para quienes no tienen seguridad social. Sin embargo, la informalidad sigue siendo un reto importante.

El Salvador muestra una tasa de informalidad del 70 %, lo que afecta la sostenibilidad de su sistema de seguridad social. Pese al crecimiento económico reciente, la pobreza ha aumentado, reflejando la persistente desigualdad.

En Honduras, los ciudadanos asegurados representan el 39 % de la población asalariada, mientras que la informalidad afecta al 77 % de los empleos, que según cifras de la empresa privada, representa un 44 % del PIB del país, unos 300.000 millones de lempiras (11.848 millones de dólares). Este panorama refleja un sistema excluyente y vulnerable.

Bolivia tiene una tasa de informalidad cercana al 80 %, según datos de organizaciones privadas. Aunque su sistema de pensiones ofrece una renta de vejez del 70 % del salario referencial, solo 220.000 personas están jubiladas. La precarización laboral y la limitada cobertura son problemas estructurales.

El sistema de seguridad social en Brasil enfrenta una grave amenaza a su sostenibilidad debido al acelerado envejecimiento poblacional y al creciente déficit. Aunque la reforma de 2019 estableció una edad mínima de jubilación, ha sido insuficiente para garantizar los beneficios a largo plazo. En 1980 el sistema contaba con un beneficiario por cada 15 contribuyentes y hoy es de un beneficiario por 5 contribuyentes, la previsión es que en 2054 llegue a un beneficiario por un contribuyente. Esa situación presionará aún más las cuentas de un sistema que en 2023 recaudó unos 98.167 millones de dólares en contribuciones y gastó 150.783 millones en pensiones y jubilaciones, por lo que terminó con un déficit de 52.617 millones.

Chile adoptó un sistema de capitalización individual durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) que es gestionado por las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque el modelo es pionero, las pensiones son bajas, especialmente para las mujeres. En 2022 se introdujo la Pensión Garantizada Universal para los sectores más pobres. Una reforma pendiente propone un sistema mixto y un aumento en las contribuciones, pero enfrenta oposiciones políticas.

Uruguay reformó su sistema en 2023, elevando la edad de jubilación a 65 años. Aunque la medida busca garantizar la sostenibilidad, enfrentó la resistencia social. Las reformas continúan siendo un tema clave para el nuevo gobierno del izquierdista Yamandú Orsi, que asumirá la Presidencia en marzo de 2025.

En Panamá, la Caja del Seguro Social (CSS) enfrenta una crisis financiera. Una propuesta reciente incluye elevar la edad de jubilación y aumentar las contribuciones patronales, pero ha generado amplio rechazo social y político y el Gobierno acordó retomar el debate en enero de 2025 con miras a aprobar su proyecto.

Costa Rica reformó este año su sistema de pensiones (IVM), eliminando la jubilación anticipada para los hombres. Aunque su modelo universal enfrenta problemas de sostenibilidad, se busca atraer a los trabajadores informales, quienes representan el 40 % del empleo.

Paraguay reformó el cálculo de jubilaciones para evitar distorsiones por aumentos salariales tardíos. Sin embargo, la seguridad social cubre solo al 24,5 % de la población, con un alto nivel de informalidad laboral (62 %).

Cuba, con un sistema de seguridad social único en la región, garantiza cobertura sanitaria universal y gratuita. No obstante, hay un deterioro en la calidad de los servicios y dificultades económicas.

En República Dominicana, el régimen subsidiado ha ampliado la cobertura de salud, pero los servicios enfrentan alta demanda y retrasos. La informalidad laboral también limita las contribuciones al sistema contributivo. EFECOM

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Madrid, 13 dic (EFE).- Hace hoy 20 años Augusto Pinochet, expresidente de Chile, era procesado por el juez Juan Guzmán como presunto responsable de los crímenes de la ′Operación Cóndor′.

Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados chilena visó por amplia mayoría a la anhelada reforma previsional del Gobierno de Gabriel Boric, su principal promesa de campaña junto con un pacto tributario aún en veremos.

Propuesto a Augusto Pinochet por su ministro del Trabajo, José Piñera -hermano del fallecido ex mandatario Sebastián Piñera-, e implementado el año 1981 en plena dictadura, el experimento chileno fue pionero en la región en instalar la capitalización individual y obligar a cada trabajador con contrato a aportar el 10% de su salario mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile, gestionada por las administradoras privadas de pensiones (AFP).

Y aunque las intensas tratativas con la derecha menos dura -agrupada en el pacto Chile Vamos-, obligaron al ejecutivo a hacer varias concesiones y olvidar definitivamente “matar” a las AFP, lo cierto es que una vez promulgada beneficiará a 2,8 millones de adultos mayores, quienes verán crecer su sueldo mensual entre un 14% y un 35 por ciento.

Según el economista de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, “los países más avanzados tienen sistemas mixtos, pero estos están más dominados por el Estado, mientras que en Chile el camino ha sido al revés, pues se está pasando de un sistema muy privado a uno un poco más público”, explicó a EFE.

Ello, puesto que la reforma aumenta la pensión garantizada universal (PGU) hasta $250.000 (USD 252); sube gradualmente la cotización a cargo del empleador hasta el 17%; instaura un seguro social; incorpora mecanismos de solidaridad y endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva.

Ahora, la nueva ley deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional y se hará realidad en marzo, aunque se irá implementando gradualmente.

Los principales cambios introducidos:

Aumento de la cotización del empleador

Instaura una nueva cotización de cargo del empleador del 7% de la renta imponible, que se sumará al 1,5% que aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Con ello, la cotización total de los empleadores será del 8,5% en beneficio del trabajador. Dicha alza se hará gradualmente en 9 años y se distribuirá así:

-4,5% destinado a capitalización individual, a fin de fortalecer las pensiones futuras.

-El 4% restante será administrado por el Seguro Social: 2,5% irá a cubrir las contingencias del SIS (invalidez y sobrevivencia) y la Compensación a Mujeres por su mayor expectativa de vida; 1,5% para financiar el Beneficio por Año Cotizado, instrumento transitorio que busca mejorar las pensiones actuales.

Aumento de la PGU

La reforma aumenta gradualmente la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $214.000 a $250.000.

-Mayores de 82 años: desde el 6° mes desde la promulgación.

-Mayores de 75 años: desde el 18° mes.

-Mayores de 65 años: desde el 30° mes.

Creación del Seguro Social Previsional

El nuevo seguro social financiará tres beneficios: Beneficio por Años Cotizados; Compensación por Expectativa de Vida -a fin de igualar condiciones entre hombres y mujeres-, y un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que fusiona los actuales, administrado por el Instituto de Seguridad Social (ISP).

Mayor competencia en las AFP

La reforma contempla una licitación del stock del 10% de los afiliados cada dos años hecha por la Superintendencia de Pensiones, cuyo fin es fomentar la competencia en la industria. La AFP que ofrezca la menor comisión se quedará con ellos y deberá mantener dicha comisión por cinco años.

Además, los afiliados podrán desistir o cambiarse de AFP en cualquier momento y se rebaja el encaje que hacen las administradoras, para abrir la puerta a nuevos actores.

Las administradoras no podrán pertenecer al mismo grupo empresarial que otra, tampoco podrán invertir en activos emitidos o intermediados por las entidades que forman parte de su grupo empresarial. No podrán ofrecer conjuntamente servicios ajenos a su giro y ninguna entidad relacionada podrá otorgar incentivos para que el afiliado se incorpore.

Licencias médicas

El empleador quedará obligado al pago del 2,5% y los prestadores de salud al 6 por ciento.

Finalmente, los trabajadores independientes también están considerados en la reforma y sus beneficios irán de la mano con la gradualidad de la ley que hoy los obliga a cotizar.

Seguramente la frase más famosa del escritor chileno Pedro Lemebel es una que cuesta publicar: “Yo no pongo la otra mejilla/ Pongo el culo compañero”. Era 1986, era Chile, era la dictadura de Augusto Pinochet. Y Lembel apareció en una reunión de un grupo de izquierda, parado sobre sus tacos altos pero con la hoz y el martillo pintados en la cara, para gritar que sin homosexuales no habría ninguna revolución ni ningún mundo mejor.

Pedro Lemebel murió hace diez años y tuvo un funeral masivo, que también fue una fiesta con músicos y pétalos volando por el aire. Despedían a un artista del pueblo, que había sabido conmover y golpear. Hablo por mi diferencia, se llamaba el manifiesto y ya estaba un paso adelante, en esa concepción del mundo que pretende contemplar las muchas formas de ser humanos y no crear un “hombre nuevo” diseñado con un patrón viejísimo.

En esa reunión, y sin dejar de esperar que llegue el socialismo, Lemebel les pregunta a quienes militan con él: “¿Qué harán con nosotros compañero?/ ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos/ con destino a un sidario cubano?”

Un socialismo con todos como son, decía sin decir Lemebel. Pero lo que se venía Chile no era el socialismo sino la democracia, que volvería en 1990. Y el escritor tampoco creía que ahí se acababa todo el problema: “Sospecho de esta cueca democrática/ Pero no me hable del proletariado/ Porque ser pobre y maricón es peor/ Hay que ser ácido para soportarlo/ Es darle un rodeo a los machitos de la esquina/ Es un padre que te odia/ Porque al hijo se le dobla la patita”.

Pero si esa, la de la mejilla, es su frase más famosa, hay otra más desgarradora. “Tengo cicatrices de risas en la espalda”, decía Lemebel. Las de las risas de los amigos, claro. Y si el chileno - que para 1986 tenía 34 años- podía burlarse de quienes se burlaban y dejarlos en falsa escuadra, aquí reconocía, cuánto dolían esas risas. El cuero duro había que tener, pero no se nacía con el cuero duro, te lo habían curtido a carcajadas, en el mejor de los casos y, en el peor, a golpes y desprecio limpio.

“No soy un marica disfrazado de poeta/No necesito disfraz/Aquí está mi cara” , dijo aquella vez. Ahí, ponía la cara, que muchas veces, en sus presentaciones, llevaba pintada con la hoz y el martillo. Porque no lo iban a echar de su utopía.

Tengo miedo, torero

Lemebel fue parte -con Francisco Casas Silva- del dúo artístico Las yeguas del Apocalipsis, una pieza fundamental de la contracultura chilena. Irrumpían en presentaciones de libros, repartían coronas de espinas o panfletos, se hicieron imágenes de los dos como personajes de un cuadro de Frida Kahlo.

El 21 de agosto de 1989 irrumpieron en un evento que reunió a intelectuales con el candidato presidencial Patricio Aylwin, quien, un año después, sería el primer presidente democrático. Sin haber sido invitado, un grupo irrumpió en el escenario portando tacones y plumas. En sus manos llevaban un lienzo que proclamaba: “Homosexuales por el cambio”. Francisco Casas bajó del escenario, se dirigió hacia Ricardo Lagos, entonces candidato al Senado y futuro presidente de Chile, y lo besó en la boca. Este acto quedó registrado en una fotografía que, años más tarde, formaría parte del libro Háblame de amores, publicado en 2012.

Pero Lemebel fue, también, autores de libros como Serenata cafiola, De perlas y cicatrices, Mi amiga Gladys, Poco hombre y Loco afán. Crónicas de sidario. Y, sobre todo, de Tengo miedo torero, el libro que cuenta el amor de un personaje gay, a veces travesti, La Loca del Frente, por Carlos, un joven que planea un atentado contra Augusto Pinochet. Tengo miedo torero muchos puntos de contacto con El beso de la mujer araña, de Manuel Puig: el homosexual enamorado del guerrillero heterosexual que sin embargo también empieza a sentir algo aunque nunca -lo saben los dos- tendrán el vínculo que el enamorado quiere. El homosexual que es “loca” pero se da cuenta de lo que pasa y en su momento arriesgará el pellejo. Un amor sin esperanza.

Pero también, en la novela de Lemebel, hay una burla despiadada a Pinochet y a su mujer, Lucía. “Que la gente no está descontenta contigo ni con tu gobierno. Que la culpa la tiene el gris de los uniformes, ese color tan depresivo, tan sobrio, tan apagado, tan poco combinable. Imagínate que con rojo es la única manera que se ve bien, la única forma de armonizarlo. Mira qué contradicción”, le dice ella al militar serio que es su marido. O: “Nunca te recriminé por esa pistola de Hitler que tú querías comprar en Madrid cuando fuimos al funeral de Franco,.Imagínate pagar treinta mil dólares por un cachureo así. Además, ni siquiera tenías la seguridad de que era auténtica.”.

Finalmente le explica, Lucía a Augusto, que el problema con la gente no es que no lo aprueben sino que él es tiene una estética que espanta. Y le propone un cambio cosmético: “Además, esas cejas blancas que parecen chasquillas. ¿Por qué no dejas que Gonza te las pinte y te las depile?, para que la gente te vea los ojos y aprenda a quererte, digo yo. Y ese bigote de escobillón escarchado, tan antiguo, tan pasado de moda, que te tapa la boca y por eso los marxistas dicen que eres cínico. ¿Por qué no dejas que él te lo recorte?…”

Pedro Lemebel supo, en carne propia, que lo personal es político. Entendió esa consigna en profundidad: no hay algo que te pase si no pasa en la sociedad, no hay salvación personal, no hay paraíso de iguales con burlas y exclusiones.

“Yo era el maricón de la crónica, un género bastardo. Ahora todos escriben Cróoooonica”, se reía en 2012 cuando Chile era el país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara. Ya estaba muy enfermo, tenía un cáncer de laringe, lo habían operado y tenía la voz casi extinguida, un soplito de aire peleando para atravesar un rallador.

Así, así y todo, tomó el centro del escenario y en medio del show no se privó de criticar sin piedad al gobierno de su país, el de Sebastián Piñera, frente a los diplomáticos chilenos que sonreían en la primera fila. “La derecha, ufana y soberbia, por fin apotingada en el trono”.

Le quedaba poco, él lo sabía, el público lo sabía. Se fue con una promesa, recordando aquella frase famosa: “Mi corazón siempre va a latir a la izquierda, corazón y culo nunca me van a faltar”.

Corazón, puño, lucidez. Hace diez años que murió. Vale la pena volverlo a leer.

La posesión del máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, tiene en vilo a Latinoamérica y a buena parte del mundo por el incremento de la represión y la violencia por parte del déspota que se aferra al poder, luego de que se robara las elecciones en el hermano país en julio del año pasado.

Colombia, por supuesto, no es ajena a ese suceso ya que, aparte de tener fuertes lazos históricos y sociales con esa nación, ha sido receptora de más de 1′700.000 venezolanos, lo que ha tenido serias repercusiones.

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Por este tipo de razones, buena parte de la opinión pública colombiana le viene exigiendo al actual presidente de la República, Gustavo Petro, que no envié delegados a la ceremonia a todas luces ilegal con la que Maduro quiere seguir imponiendo su régimen.

Entre los líderes políticos que hacen ese reclamo al jefe de estado se encuentra el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), que además, junto con un grupo de exmandatarios de la región acompañarán a Edmundo González, que resultó legítimamente electo por los venezolanos en la jornada electoral del año pasado.

“Le hemos dicho a Edmundo que somos nueve expresidentes que vamos a estar el nueve para acompañarlo a tomar un avión para llegar a Venezuela”, anunció al inicio de esta semana.

Adicionalmente Pastrana ha sido un duro crítico a la posición de Petro que, aunque ya confirmó que no asistirá a la posesión fraudulenta del sátrapa venezolano, designó al embajador de Colombia en ese país, Milton Rengifo, para que esté en esa ceremonia.

“Creo que Petro está absolutamente asustado de ir a Venezuela, porque si le queda algo de demócrata, no puede enviar un representante personal suyo”, dijo en una entrevista que concedió a la emisora Caracol Radio.

Sobre esta descalificación, el presidente reaccionó y durante el miércoles 8 de enero también lo atacó en dos oportunidades con publicaciones en su cuenta oficial de la red social X.

“Los amigos de (Jeffrey) Epstein no le ponen condiciones al actual presidente de la república de Colombia (sic)”, trinó en referencia las acusaciones en contra del expresidente que fue allegado al empresario estadounidense que fue condenado por delitos relacionados con la explotación sexual de menores y que finalmente se suicidó en 2019.

Pero el asunto no concluyó allí, durante la tarde del jueves, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, también fiel escudero de Petro, desempolvó en su cuenta de X un video de la época en que Pastrana entrevistó al dictador de Chile, Augusto Pinochet, cuando se desempeñó como periodista en el desaparecido noticiero T.V. HOY, del que fue propietaria la familia del expresidente.

Sobre la misma, el presidente Petro también hizo eco en la mencionada red social y cuestionó al Pastrana por su aparente actitud sumisa con el tirano chileno que gobernó con puño de hierro al país austral y se le señala por crímenes en contra de 40.000 de sus connacionales.

“Cuando se referían a los dictadores.que asesinaron miles de personas, les.daban el trato de presidentes y señores ¿por qué? Porque coincidían en las ideas (sic)”, publicó.

La entrevista

El diálogo con Pinochet data del 10 de marzo de 1983, en ella el entonces joven periodista Andrés Pastrana acudió al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile donde hablaron de diversos temas de la actualidad de ese país y la región.

Entre las preguntas que le hizo al que muchos recuerdan como un genocida, indagó por el regreso de los exiliados de esa nación latinoamericana.

“¿Por qué está afuera esta gente? Eran ciudadanía que nos llevaba a la guerra civil, si no hubiera existido el pronunciamiento militar en pocos días más vendría el conflicto. Por eso están afuera y tienen ese cargo en su consciencia. Nosotros no podemos abrirle las puertas a todos”, le respondió con un evidente desdén.

De acuerdo con una comisión que se creó en 2003 en Chile, con el que se recopiló la memoria histórica de los crímenes de la dictadura, 40.000 ciudadanos de ese país fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

Uno de los crímenes que más retumbó durante años fue la ejecución del cantautor Víctor Jara, quien fue torturado y posteriormente ejecutado por militares en el entonces Estadio Nacional, que ahora lleva el nombre del artista que es un símbolo de la brutalidad de la dictadura de Pinochet.

Paradójicamente, 52 años después, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, que es de izquierda, rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, retirando a su embajador en ese país, y ha rechazado públicamente la reelección del déspota.

Por obvias razones, desde el país austral, donde sus ciudadanos han padecido por un régimen anticonstitucional, tampoco enviarán representantes a la fraudulenta posesión.

Sídney (Australia), 14 nov (EFE).- Un tribunal de Australia abordó este jueves un recurso presentado por la exagente del régimen de Augusto Pinochet, la chilena Adriana Rivas, contra la decisión del Ejecutivo de Camberra de extraditarla a su país para ser juzgada por la desaparición de siete personas en la década de 1970.

En la vista de este jueves celebrada en la ciudad de Sídney, el juez Michael Lee, del Tribunal Federal Australiano, pidió a los abogados de Rivas que presenten a principios de diciembre documentos escritos explicando de forma concisa y clara los argumentos por los que se opone a la decisión del Gobierno australiano de extraditarla.

Lee también dio un calendario que incluye el juicio para abordar el caso el próximo 10 de marzo, según explicó a EFE la abogada Adriana Navarro, abogada en Australia de los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas.

Rivas considera que "la decisión administrativa" de extraditarla es ilegal porque no equipara exactamente el delito de secuestro agravado que se le atribuye a las leyes australianas de 1976, cuando supuestamente cometió esos delitos, ni a las de 2018, cuando Chile solicitó su extradición.

Pero la Fiscalía argumentó que este alegato es inusual porque considera que en términos legales se consideran "delitos equivalentes", según acotó la abogada, quien agregó que los abogados de Rivas quieren la copia de las recomendaciones que dieron los eruditos legales al gobierno en favor de su extradición.

Asimismo, la defensa de Rivas, de 70 años de edad y en prisión desde su detención en Sídney en 2019, consideró en su alegato que el Gobierno australiano no sopesó adecuadamente los problemas de salud de la extraditable, los cuales no fueron revelados, agregó Navarro.

La decisión de extraditarla, que se le comunicó a la exagente de Pinochet el 28 de agosto pasado, fue adoptada por la ministra de Finanzas, Kathy Gallaher, en lugar del fiscal general, Mark Dreyfus.

Se suponía que la decisión del Gobierno era el último paso para extraditarla ya que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, descartó en mayo de 2022 abordar una apelación de Rivas.

Esa decisión dejaba en firme un fallo del pleno del Tribunal Federal Australiano en favor de su extradición a Chile emitido en noviembre de 2021.

Pero, a finales de septiembre, Rivas presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno de extraditarla a Chile, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue al país sudamericano.

El caso de Rivas motivó al Gobierno del presidente chileno, el progresista Gabriel Boric, a declarar que su extradición es de "alta prioridad", en el primer paso que adopta el Estado chileno desde el retorno a la democracia en la búsqueda de los desaparecidos.

Este pronunciamiento ha hecho sentir a los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas que "por primera vez" tienen el apoyo del Estado y no están "desamparados", explicó Navarro a EFE, al agregar que esperan poder venir a Australia para el proceso.

Chile quiere juzgar a Rivas por su supuesto papel en la desaparición de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista del país suramericano, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.

Se presume que la chilena, que defiende su inocencia, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Conteras.

Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió durante 30 años.

En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia. EFE

Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Chile le asignó una "alta prioridad" a la extradición desde Australia de la exagente de la dictadura Adriana Rivas, sometida a proceso en el país suramericano como coautora del secuestro calificado de opositores.

"Valoramos la decisión del Gobierno de Australia, el pasado mes de agosto, de conceder la extradición de la Sra. Rivas a objeto que retorne a Chile y enfrente los cargos por los que ha sido imputada", dijo la Cancillería chilena a través de un comunicado.

En particular, a Rivas se le imputan delitos en los casos 'Conferencia I', 'Conferencia II' y el episodio 'Reinalda Pereira', hechos en los que opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en particular siete miembros del Partido Comunista de Chile, fueron asesinados y desaparecidos desde cuarteles clandestinos de exterminio en Santiago.

Rivas fue agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras persiguiendo, apresando, torturando, asesinando y desapareciendo a militantes de izquierda y ciudadanos contrarios al régimen que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende (1970-1973).

El Gobierno chileno señaló que "toma nota de la decisión de la defensa de la Sra. Rivas de impugnar la concesión de la extradición ante la Corte Federal de Australia, cuya primera audiencia de revisión se efectuará el próximo 14 de noviembre y a la que asistirá el embajador de Chile en Australia".

"A este respecto, reiteramos nuestro profundo compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena", agregó la Cancillería.

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric presentó hace un año el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", según la web del programa.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes. EFE

Una edificación subterránea fue hallada en terrenos de la ex Colonia Dignidad, el enclave alemán ubicado en el sur de Chile que fue utilizado como centro de detención, torturas y exterminio durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), informaron autoridades.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones Paola Plaza manifestó que el hallazgo y el carácter de los peritajes desplegados en el lugar, aledaño en la comuna de Parral de la región del Maule, 830 kilómetros al sur de Santiago, se dan en el marco del “compromiso asumido en la búsqueda de las víctimas y todo aquello que contribuya al descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en la ex Colonia y la forma en que operó durante el régimen militar”.

Hace varios días que un grupo interdisciplinario de especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos trabaja para recabar pistas y antecedentes que permitan esclarecer algunos de los crímenes que se cometieron en el sitio, como la desaparición sistemática de opositores políticos a la dictadura.

Junto a este equipo, se desplegaron en coordinación peritos paisajistas, planimétricos, fotógrafos, mecánicos y operadores tácticos, además de un grupo de arqueólogos y del Núcleo de Investigación en Riesgos Naturales y Antropogénicos de la Universidad Austral de Chile.

En principio, se cree que el ´búnker´ funcionó como un puesto de vigilancia, aunque no se tenía registro previo de su existencia. Según diversos medios locales, el lugar ya fue despejado y fijado pericialmente, en tanto se realizan diligencias para determinar su finalidad y fecha de construcción.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric presentó hace un año el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, según la web del programa.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

Durante décadas, según consta en registros judiciales y periodísticos locales, los jerarcas de la ex Colonia Dignidad sometieron a esclavitud y tormentos a colonos alemanes, abusaron de niños y fueron cómplices y encubridores activos de los crímenes de la dictadura cívico-militar; sin ir más lejos, contaron con el respaldo de altos dirigentes de la derecha chilena hasta avanzada la década de los 90, como el ex ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera y militante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.

Colonia Dignidad operó como centro de detención clandestino entre 1973 y 1974, sitio al que llegaron prisioneros desde distintos puntos del país tras el golpe militar, incluyendo Santiago. La Colonia Dignidad, un enclave alemán situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fue fundada en 1961 por un grupo de alemanes reclutados por el suboficial nazi Paul Schaefer.

Durante décadas, los jerarcas de la colonia burlaron las leyes chilenas, y el primer presidente tras el retorno de la democracia a Chile, Patricio Aylwin (1990-1994), le retiró la personalidad jurídica, que describió como “un Estado dentro del Estado”.

(Con información de EFE)

Existió un general galés llamado Thomas Picton, quien murió en la batalla de Waterloo; también Mateo Estuardo, cuarto conde de Lennox, quien se destacó como líder católico de la nobleza escocesa en el siglo XVI, y un misionero inglés, Allen Gardiner, muerto de hambre en 1851 junto a otros colonos en Tierra del Fuego luego de intentar crear en una pequeña isla del canal un asentamiento llamado Nueva.

Los tres quedaron inmortalizados bien al sur de la América del Sur, a partir de que las islas pretendidas por Argentina y Chile.

Picton, Lennox y Nueva fueron el centro de un eterno conflicto limítrofe. Habitadas por siempre por los yaganes, la que tuvo más trascendencia fue Lennox, cuando por 1888 se descubrió oro, que se agotó a comienzos del siglo XX. La verdadera riqueza estaba en el mar.

El mediodía del jueves 29 de noviembre de 1984, en la Sala Regia de los Palacios Apostólicos, situada entre las capillas Sixtina y Paolina en el Vaticano se puso el punto final de uno de los mayores problemas limítrofes, la cuestión del Canal de Beagle.

Para Juan Pablo II la solución al conflicto que hacía décadas enfrentaba a ambas naciones había sido solucionado hacía tiempo, cuando en 1978 se evitó una guerra entre los dos países.

Relaciones complicadas

El primer tratado celebrado con Chile fue el 20 de noviembre de 1826 y apuntaba a cuestiones de comercio, tránsito de ciudadanos y de un compromiso de asistencia si la independencia se viese comprometida. Hubo otro tratado de amistad más extenso, de 41 artículos, del 29 de abril de 1856.

La Patagonia entonces era una región inexplorada y, si bien Argentina la consideró siempre como propia, Chile pretendía las tierras al sur del río Negro hasta el Cabo de Hornos. En 1843 había fundado Fuerte Bulnes sobre el Estrecho de Magallanes.

En el pacto suscripto el 23 de julio de 1881, con un protocolo adicional firmado el 15 de septiembre de 1893, se establecieron distintos límites según las altas cumbres y divisorias de aguas y se definieron casi cinco mil kilómetros de frontera. Su artículo 3° señalaba que “en cuanto a las islas, pertenecerán a la República Argentina: la Isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a ésta y las demás islas que haya sobre el Atlántico al oriente de Tierra del Fuego; y pertenecerán a Chile todas las islas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego”. Las islas ubicadas al sur del Canal de Beagle eran chilenas. Pero la cuestión radicó en el trazado de ese canal. Chile sostuvo que corría entre la isla de Tierra del Fuego y las islas Picton y Nueva hasta el Cabo San Pío y Argentina que iba entre la isla Navarino y las islas Picton y Lennox.

La diferencia en el trazado del canal fue lo que originó el conflicto.

En los mapas que Chile publicó en los años siguientes figuró el trazado que pretendía y Argentina no lo cuestionó. En el artículo 2° del protocolo de 1893 quedó establecido en principio bioceánico, donde Argentina no podía pretender punto alguno hacia el Pacífico ni Chile hacia el Atlántico. Los Pactos de Mayo de 1902 incluyó la posibilidad de un arbitraje británico para dirimir los diferendos limítrofes.

Durante el gobierno peronista, se propuso dividir el canal al medio y someter a las islas a un arbitraje y en 1959 nuestro país quiso someter a discusión la soberanía de todas las islas al sur hasta el Cabo de Hornos, que fue rechazado por los chilenos.

En julio de 1971 ambos países -en base al Tratado General de Arbitraje firmado en Santiago de Chile el 28 de mayo de 1902- le solicitaron a Gran Bretaña la formación de una corte arbitral de cinco jueces en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia para que estableciese los límites y así determinar la soberanía de estas tres islas.

Vientos de guerra

El dictamen de la comisión, integrada por un inglés, un norteamericano, un francés, un nigeriano y un sueco, fue conocido en 1977, y derrumbó la posición argentina. Nuestro país sostenía que los dos brazos en los que se divide en Canal de Beagle, se debía considerar como el principal el brazo que bordea a Picton para el trazado del límite, y no el Canal Moat, que corre entre las islas y Tierra del Fuego.

Entonces la comisión dictaminó que se respetarían los límites establecidos en el tratado de 1881, que favoreció la posición chilena, al marcar al Canal Moat como el límite.

El 19 de enero de 1978 los generales Videla y Pinochet y sus equipos conferenciaron en el aeropuerto de El Plumerillo en Mendoza, y las ocho horas en las que ellos y sus equipos estuvieron reunidos, no alcanzaron para ponerse de acuerdo sobre la cuestión del canal.

Si bien seis días después Argentina declaró nulo el laudo británico, el 20 de febrero ambos militares suscribieron el Acta de Puerto Montt pero, de nuevo, las negociaciones, a noviembre de 1978, no habían llegado a ningún lado.

En la Navidad de 1978 ambos países estuvieron a punto de ir a la guerra hasta que Juan Pablo II, quien había asumido su pontificado en octubre de ese año, aceptó ser el mediador luego de haberlo meditado largamente, tal como confesaría en 1985.

El Papa designó para la tarea al cardenal Antonio Samoré, un experto en América Latina. El religioso empezó su trabajo el 26 de diciembre de 1978. Se entrevistó primero con el general Videla y luego con los militares chilenos. Lo acompañaron en la tarea los nuncios de Chile y Argentina, Angelo Sodano y Pío Laghi. Su frase “veo una lucecita de esperanza al final del túnel”, fue su forma de decir que había cómo evitar una guerra. Nuestro país frenó el “Operativo Soberanía” (puesto en marcha la noche del 21 de diciembre) y las naves de guerra, que se dirigían a la zona en cuestión, volvieron a los puertos argentinos.

Dos semanas después de iniciar su tarea, los ministros de relaciones exteriores de los dos países suscribieron el 8 de enero de 1979 el Acta de Montevideo, en la que se solicitaba formalmente la mediación de la Santa Sede.

El 4 de mayo de 1979 fue la primera reunión de ambas partes en el Vaticano. El 12 de diciembre de 1980 Juan Pablo II entregó su proposición de paz, que Chile aceptó tres semanas después pero que fue objetada por Argentina. Se reconocía a Chile la soberanía sobre las islas y 12 millas de mar, y a Argentina la jurisdicción marítima desde allí hasta las 200 millas. Dentro de esa zona del Atlántico, propuso la creación de un espacio de unos 118 mil kilómetros cuadrados llamado “Zona de Actividades Comunes o Concertadas”. Argentina rechazó este punto al considerar que los puntos de ese área eran imprecisos.

El 19 de enero de 1982 nuestro país denunció unilateralmente el tratado suscripto en 1972 y el 23 de abril el Papa hizo un nuevo llamamiento, en base a la propuesta de 1980. En septiembre los dos países prorrogaron el Tratado General de Solución Pacífica de Controversias.

De ahí en más se multiplicaron las reuniones entre el cardenal y el Sumo Pontífice en la Casina Pío IV, un edificio construido en 1558 dentro del Vaticano, donde Juan Pablo II era informado del curso de las negociaciones. Estas reuniones no se interrumpieron incluso cuando Juan Pablo II estuvo internado en el Hospital Gemelli en julio de 1981.

Cuando en diciembre de 1983 asumió la presidencia Raúl Alfonsín, propuso darle un cierre final a la cuestión e instruyó al canciller Dante Caputo en ese sentido. Con su par chileno y los equipos de ambas partes se enfrascaron en discusiones y negociaciones. En julio de 1984, el gobierno anunció la decisión de llamar a una consulta popular.

El 4 de octubre de 1984 se comunicó que las partes habían llegado a un acuerdo y el cardenal Agostino Casaroli fue el que presidió el 18 de octubre la firma del acuerdo entre el argentino Marcelo Delpech y el chileno Ernesto Videla. “Representa el resultado de los esfuerzos de buena voluntad y de sabiduría y prudencia política de los países interesados”, señaló el prelado.

Los detalles del acuerdo

El tratado delimitó las fronteras en 232 mil kilómetros cuadrados de espacios terrestres y marítimos. Fueron para Chile una docena de islas e islotes y estableció la división meridional por el Cabo de Hornos, vieja pretensión de nuestro país. Además, limitó la expansión marítima chilena en el Atlántico, se determinó los límites en la boca oriental del Estrecho de Magallanes y se establecieron las condiciones de navegación en la zona en conflicto.

El 25 de noviembre se celebró una consulta popular en Argentina, donde los resultados fueron contundentes. Sobre casi 13 millones de votos, más de 10 se inclinaron por el “si”. Diez días antes hubo un memorable debate televisivo entre el canciller Caputo y el senador peronista Vicente Saadi, opositor al acuerdo.

Ese 29 de noviembre el gran ausente fue el que se había puesto la mediación al hombro. El cardenal Samoré no pudo ver completada su labor ya que murió de un infarto el 3 de febrero de 1983. Lo sucedió monseñor Gabriel Montalvo Higuera, un colombiano que se desempeñó en diversas nunciaturas apostólicas, y fue asistido por monseñor Faustino Sainz Muñoz.

Los cancilleres Dante Caputo -sentado a la derecha de Casaroli- y Jaime del Valle firmaron las copias del tratado, al que habían inicialado el mes anterior. Lo hicieron con plumas de ganso con los colores de la Santa Sede. Rubricaron dos copias, una en tapa roja, que era la chilena y la otra en azul, la argentina.

Al día siguiente al mediodía, el Papa recibió por separado a ambas delegaciones, primero a la chilena y luego a la argentina y por último a las dos juntas.

El 28 de diciembre la Cámara de Diputados le dio media sanción al acuerdo con 127 votos a favor del radicalismo, intransigentes, bloquistas sanjuaninos, populares neuquinos y jujeños, contra 73 de la oposición, mayoritariamente peronista. El 14 de marzo de 1985 el Senado lo convirtió en la ley 23172 por 23 votos a favor, 22 en contra y una abstención.

El 2 de mayo de ese año fue el acto final en el Vaticano de la ratificación del tratado, con la presencia del Papa, quien nunca se habrá olvidado de la difícil misión de terminar con una disputa terrenal que había acercado a ambos países a las puertas del infierno.

“Contrariamente a lo que se cree, la Constitución de Pinochet hacía tiempo que no existía”, dice, desde Miami, Ricardo Israel, abogado, profesor, excandidato a presidente de Chile. Y lo dice porque este mediodía, hora de Miami, presenta su último libro: Chile y su giro de 360 grados. Allí habla de los dos procesos constituyentes que entre 2019 y 2023 intentaron cambiar la Constitución chilena heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Ambos intentos fracasaron, reflejando, según el autor, la incapacidad de las élites políticas de construir un consenso democrático en medio de una ciudadanía cada vez más desencantada.

En los años setenta, el académico observó de primera mano los efectos de la polarización política en su país. Siendo estudiante de Derecho, fue testigo del golpe de Estado de 1973 y de cómo este marcó la política nacional durante décadas. Tal vez esa experiencia su clave en su manera de entender la democracia.

En octubre de 2019, el estallido social en Chile tomó por sorpresa a la clase política. Lo que comenzó como protestas contra un aumento en el precio del transporte público, escaló rápidamente a un cuestionamiento más profundo del modelo político y económico. En este contexto, el presidente Sebastián Piñera impulsó la idea de una nueva Constitución como respuesta a la crisis.

En el libro, Israel no oculta su escepticismo sobre las razones detrás de esta decisión: “Sigue faltando una explicación de por qué Piñera condujo al país a esta incertidumbre. [...] ¿Por cobardía? ¿Para evitar ser procesado por violación de derechos humanos? ¿Para poder terminar su mandato?”

Entonces se formó una Convención Constituyente, que terminó redactando un proyecto con una orientación ligada a la izquierda: reconocer la plurinacionalidad, ampliar derechos sociales y transformar la relación entre el Estado y la economía. Este proyecto fue votado y rechazado en 2022. Pero el impulso de renovar la Constitución permanecía y en 2023 un nuevo proceso liderado por fuerzas conservadoras trató de redactar su propio texto. Los chilenos volvieron a decir que no.

-¿Cuál fue el error de los procesos constituyentes en Chile? Si hubo dos rechazos es que algo pasó..

-Sí, el error fue en ambos casos el mismo: confundir qué es una Constitución. Uno con una propuesta de izquierda y otro, de derecha, lo que hicieron fue trasladar al papel lo que era un programa político. En el caso del primer proceso, con una radicalidad que Chile no había conocido. Era una propuesta que iba contra todo el proceso que parte con la Colonia.

-¿Pero la idea no era terminar con la Constitución de Pinochet?

-Contrariamente a lo que se cree, la Constitución de Pinochet hacía mucho tiempo que no existía. Era la Constitución más modificada en la historia de Chile desde el año 2005. Tenía la firma del presidente Lagos y todos sus ministros. Yo he enseñado Derecho Constitucional buena parte de mi vida y los alumnos se sorprendían mucho cuando uno aseguraba que la Constitución de Pinochet, la original, prácticamente no rigió. De hecho, apenas fue aprobada, la prima de Pinochet, que era la ministra de Justicia y que después se convirtió en una disidente, Mónica Madariaga, redactó las disposiciones transitorias y eso fue lo que rigió en Chile hasta que regresó la democracia. De hecho, después de que fue derrotado Pinochet en el plebiscito de 1989 hubo una reforma a esa Constitución que modificó cincuenta y tantos artículos. Sin eso no hubiera podido existir la elección que eligió a (Patricio) Aylwin. No hubieran podido participar ni comunistas ni socialistas.

-¿El primer proyecto de reforma nace de ese levantamiento de 2019?

-Sí, fue la consecuencia de una desviación de la democracia que se conoce como “el gobierno de la turba”. La violencia de octubre de 2019 fue tan inesperada, fue tan fuerte, que se tomaron decisiones basadas nadie sabe en qué. A no ser que lo que Piñera quisiera fuera que no se acabara su gobierno, como se pudo haber terminado por esa violencia aguda

-¿Entonces qué ocurrió tras ese primer intento de reforma constitucional?

-En vez de aceptar el resultado, que fue muy contundente, un 62 por ciento, y donde mayor fue la diferencia en contra fue donde hubiera tenido mayores consecuencias, que eran las zonas de predominio indígena, en vez de aceptar ese resultado, la derecha tuvo la fantasía de que ahora sí podían aprobar la Constitución que ellos querían.

-¿Y qué pasó?

-Que, por la radicalidad que se había vivido, por primera vez en Chile se enfrentaron en la última elección presidencial, dos fuerzas que habían sido menores en estos 30 años del retorno a la democracia. Uno es un grupo que va contra la Concertación, y elige a Boric. Pero quien lo enfrenta, y gana la primera votación. es un grupo que se desgaja de la derecha. Y nace el Partido Republicano: por primera vez hay un partido que, sin complejo alguno, reivindica la dictadura de Pinochet. Ese programa político es la propuesta que viene en el segundo proyecto de Constitución. Pero qué bueno que haya sido rechazado, porque en las dos oportunidades el electorado le enseñó tanto a la derecha como a la izquierda que en democracia los votos no son de nadie, no son de los partidos políticos.

-Entonces se fue de un lado al otro.

-De una Constitución que quería cambiarlo todo se fue a una que no quería cambiar nada. En la última había una fantasía de que se acababan los problemas de cuestionamiento al sistema político y sobre todo al sistema económico, si es que había una Constitución aprobada en democracia. Y ese fue el programa político que trató de ser vertido en una Constitución, por eso fue derrotado y en buena hora. Después de cuatro años perdidos se volvió al punto de partida, por eso llamo a mi libro “El giro de 360 grados”.

-Pero el país tiene que seguir...

-La experiencia de Chile ha sido lo suficientemente dura como para que mucha gente reaparezca ahora reclamado lo que le dio tan buen resultado a Chile, la democracia de los acuerdos. En el año 88, nos dividían más cosas que cualquier división que hoy día exista. La división era total. El porcentaje que apoyaba a Pinochet no quería la democracia y muchos otros no querían el mercado. Y fuimos capaces de ponernos de acuerdo hasta que el proceso se agotó.

-¿Cuándo se agotó?

-Yo diría que cuando se acabó el gobierno de Lagos, en 2006. Hubo una derrota política muy fuerte con la llegada Piñera. Pero sobre todo se perdió ese impulso de hacer cosas novedosas. Imagínate en un país minero haber propuesto una Constitución que consideraba degradante para el país seguir explotando sus recursos naturales, que es de lo que Chile vive...

-¿Y qué habría que hacer?

-Yo propondría solo dos cosas. Una, el desarrollo económico. Sabemos lo suficiente para saber qué políticas funcionan y qué políticas no funcionan. Y la otra es ir hacia una democracia de calidad. O sea, dos elementos que ningún país de Latinoamérica tiene hoy en día.

-¿Hay posibilidad de volver a una democracia de acuerdos en Chile?

-Yo pienso que sí. A mí me llamó mucho la atención todo lo que rodeó el funeral de una persona que no fue un buen político, como Piñera. Sí encarnó desde la derecha la posibilidad de buscar por sobre todo los acuerdos y legitimarse con el apoyo de sus rivales. Pero ahí hubo algo de lo que se había perdido, algo de lo que funcionó bien. A partir de la elección de Aylwin, que fue una gran sorpresa para los chilenos porque fue un gobierno muy exitoso. Aylwin fue seleccionado fundamentalmente porque él había apoyado el golpe y decir que él apoyó el golpe y que fue clave para el retorno a la democracia, ¿no es contradictorio? Pero es la historia de Chile contada sin sesgos.

-¿Cómo fue?

-Se hizo un acuerdo que se llegó con uno de los últimos presos políticos, Clodomiro Almeyda, que era el jefe del Partido Socialista, que había ingresado a Chile clandestinamente y estaba en la cárcel por ese famoso artículo que legalizaba a los militantes de la izquierda chilena. Porque fundamentalmente se había buscado hacer imposible que volvieran las fuerzas políticas que habían estado detrás de Salvador Allende. Eso a mí me toca: mis padres llegaron aquí a Estados Unidos como exiliados políticos. Todos mis recuerdos de infancia están con la figura de Allende. Eran amigos muy estrechos con mi padre. Él estaba dedicado al comercio y no tenía ninguna motivación política, simplemente era una amistad de muchos años desde que mi padre era periodista en el sur de Chile. Pero lo que me llama la atención es la influencia de un pensador nazi en los dos procesos constitucionales chilenos.

-¿Un pensador nazi?

-Se llama Carl Schmitt. Y no solo fue un politólogo. Es el autor de esta idea que la política no es para llegar a acuerdos, que se combate a un enemigo y no a un adversario. Además, Carl Schmitt tuvo otra particularidad: murió en Alemania sin renFegar jamás de sus ideas y muy orgulloso de haber sido el ideólogo. Él fue influyente en la persona que redactó la Constitución para Pinochet, que se llama Jaime Guzmán.

-¿Qué consecuencias tiene el fracaso de los dos intentos de reforma constitucional?

-Fueron oportunidades desaprovechadas y ojalá la experiencia haya servido. El problema para Chile es que el centro político ha desaparecido, a los efectos prácticos. Y ambos procesos tuvieron ese fenómenos que es la influencia de las redes sociales. Gente que no militaba en partidos se autopromocionó: más que ofrecer el conocimiento que tenían, ofrecían su ignorancia. Consideraban una virtud no tener ninguna. Tal era el descrédito de la clase política.

-No es un fenómeno exclusivo de Chile.

-Es un fenómeno que lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en todas partes. Se hace ostentación de del desconocimiento, pero con la consecuencia, por lo menos en Chile de haber redactado algo que en definitiva, fue rechazado.

* La presentación de “Chile y su giro de 360 grados” es este miércoles a las 12 hora de Miami. Se puede seguir por Youtube desde este enlace.

Quién es Ricardo Israel

♦ Ricardo Israel nació en Los Ángeles en 1950.

♦ Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex y licenciado en Derecho por la Universidad de Chile. Fue candidato presidencial en Chile en 2013 por el Partido Regionalista de los Independientesy ha ejercido como docente y comentarista en diversos medios internacionales, entre ellos Infobae.

♦ Entre sus obras destacan Chile 1970-1973: La democracia que se perdió entre todos y Politics and Ideology in Allende’s Chile.

Santiago de Chile, 31 oct (EFE).- La Justicia chilena ratificó este jueves la condena en contra de 31 exagentes de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990) como autores, coautores y cómplices del secuestro de la dirigente comunista Reinalda Pereira en 1976, embarazada de cinco meses al momento de su detención y quien a la fecha se encuentra en calidad de detenida desaparecida.

Según estableció la Corte Suprema, máximo tribunal del país suramericano, Pereira, tecnóloga médica de profesión, trabajaba asilando personas buscadas por los organismos de seguridad y se desempeñaba como enlace al interior de la estructura clandestina del Partido Comunista chileno, sometido a una política de exterminio durante el régimen dictatorial.

El fallo de la corte determinó que, a sus 29 años de edad, Pereira fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) -la policía política del régimen- cerca de las 20:30 horas del 15 de diciembre de 1976 mientras esperaba locomoción colectiva, es una esquina de la actual comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

Tras ser aprehendida violentamente en la vía pública, la víctima fue trasladada al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otros privados de lalibertad que, a su vez, habían sido detenidos por las mismas brigadas bajo la política operativa entre el 13 y 15 de diciembre de 1976", detalla la sentencia.

En el lugar de reclusión, señala la investigación judicial, Reinalda Pereira "fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero".

“Se trata de una sentencia moderna basada en el derecho internacional que rechaza amnistía, prescripción y media prescripción. Se trata de un fallo de enorme importancia por la cantidad de condenados a penas de presidio efectivo, en un proceso exitoso gracias al enorme trabajo del ministro Miguel Vásquez Plaza”, señaló el abogado querellante Nelson Caucoto respecto a las condenas de 10, 7 y 4 años de cárcel según el grado de participación de los criminales sentenciados.

"Fue realmente impactante lo que hicieron los agentes del Estado cuando Reinalda estaba detenida: fue objeto de golpiza física a pesar de su notorio estado de gravidez, fue torturada también con corriente eléctrica, para finalmente ya desfallecida se le aplica una dosis de pentotal. Posteriormente con un soplete le queman el rostro y las huellas dactilares, la empaquetan y su cadáver se hace desaparecer en la Cuesta Barriga”, sostuvo el abogado.

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado chileno asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes. EFE

Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- El conservador Mario Desbordes, ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y votó sí en el referéndum sobre la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet, asestó este domingo un duro golpe a la coalición progresista de Gobierno al arrebatar la emblemática Alcaldía de Santiago a la comunista Iraci Hassler.

Su elección supone un gran triunfo para la derecha en una alcaldía emblemática: en la última década, el resultado en Santiago Centro ha sido el termómetro para las elecciones presidenciales.

Nacido en la localidad de Los Andes en 1968, Desbordes estudió derecho y se alistó en 1986 en el cuerpo de la policía militar "Carabineros de Chile", en el que permaneció hasta el año 2000, en el que se sumó al partido conservador Renovación Nacional (RN).

En ese tiempo, se produjo la primera de las polémicas de su luego amplia carrera política al votar a favor de la continuidad de Pinochet en el poder en la consulta en la que ganó el "no".

Su primer cargo fue el de alcalde de Buin, comuna en el interior de la Región Metropolitana, desde donde ascendió a través del aparato hasta convertirse en secretario general de Renovación Nacional.

Elegido diputado en 2017, participando en las comisiones permanentes de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana, un año después fue elegido presidente de RN.

Dos años después, y tras la crisis que supuso el estallido social, la mayor ola de protestas sociales en Chile desde el fin de la dictadura, fue designado por Piñera como ministro de Defensa.

Su posición sobre el estallido y sus causas generó controversia en el seno de RN: primero, planteó que no se debía haber subido la tarifa del metro, que fue lo que desencadenó las protestas. Después, avanzo hacia la centroderecha al asegurar que había que avanzar hacia un sistema mixto de pensiones y de condonar parte de la deuda del crédito con garantía del Estado, una deuda que pesa sobre la mayoría de los chilenos que optan por estudios universitarios.

Además subrayó que si bien era indispensable condenar la violencia y el vandalismo, la derecha tenía que darse cuenta que las protestas reflejaban demandas reales.

El pasado junio, una investigación de prensa asoció su nombre a un presunto delito de tráfico influencias, al indicar que cuando era ministro habría tratado de influir en la designación de una juez de la Corte Suprema.

Su perfil de hombre vinculado a la seguridad y defensa ha sido una de las claves de su victoria en Santiago Centro, una de las comunas más golpeadas por la sensación de creciente inseguridad que vive la capital. EFE

La Iglesia recordó esta tarde en la Catedral Metropolitana los 40 años del tratado que evitó una guerra entre Argentina y Chile por el conflicto del Canal de Beagle, en el extremo sur del país, que se firmó después de una compleja mediación del papa Juan Pablo II entre los jerarcas de las dos dictaduras del Cono Sur. El homenaje se dio en el templo porteño, en una ceremonia que encabezó el presidente de la Conferencia Episcopal (CEA), monseñor Oscar Ojea, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, otras autoridades y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al acto, según pudo saber Infobae, fue invitado el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria General, Karina Milei, pero en su representación fueron -además de Villarruel- el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Bartolomé Abdala y Gerardo Werthein.

En la homilía, la Iglesia destacó la diplomacia como un “arte laborioso y paciente” que requiere constancia y que, en momentos de tensión extrema, permite establecer puentes entre realidades históricas y culturales diferentes. “La paz social es laboriosa y artesanal. Solo es posible lograrla integrando a todos”, expresó el mensaje eclesiástico, haciendo un llamado a la sociedad y a sus líderes para que fortalezcan este tipo de acercamientos en los contextos actuales de crisis y conflicto en el mundo.

Con una referencia especial a los procesos diplomáticos que unieron a Argentina y Chile hace cuatro décadas, la homilía subrayó cómo el compromiso de los diplomáticos y líderes religiosos de ambos países sentó las bases para la paz duradera.

La homilía recordó los eventos que llevaron a la firma del Tratado en 1984, en un contexto donde la tensión entre Argentina y Chile estaba en su punto más alto debido a disputas territoriales en el Canal de Beagle. La mediación de la Santa Sede, encabezada por el recién electo papa Juan Pablo II, y el trabajo diplomático y eclesiástico del cardenal Antonio Samoré, fueron factores clave para canalizar el conflicto hacia una solución pacífica.

En aquel momento, cuando las negociaciones bilaterales habían fracasado, la intervención papal abrió una nueva esperanza que permitió a los pueblos de ambos países evitar un conflicto armado.

El texto leído en la Catedral se destacó que la primera palabra que pronunció Jesús resucitado fue “paz” y se presentó este valor como el primer fruto de la fe cristiana y un “don invaluable” para toda la humanidad. “Vivíamos una profunda incertidumbre, ya que la sombra de la guerra entre países hermanos parecía visitarnos inexorablemente”, resonó el mensaje, evocando los sentimientos compartidos en aquel tiempo por argentinos y chilenos.

La paz, tal como se expresó en la homilía, es un regalo de Dios que debe cultivarse no solo en las altas esferas diplomáticas, sino también en la vida cotidiana de cada persona.

El evento sirvió también para rendir un homenaje especial a los hombres y mujeres que, desde el ámbito diplomático y eclesiástico, lograron que el Tratado de Paz y Amistad fuera posible. El cardenal Raúl Primatesta y el cardenal Silva Henríquez —presidentes de las conferencias episcopales de ambos países en ese tiempo— fueron recordados por el compromiso y trabajo que comprometieron y que resultaron cruciales para solicitar la intervención de la Santa Sede.

De manera especial, se recordó al Cardenal Samoré, quien jugó un papel central en las negociaciones, manteniendo una actitud de neutralidad y tenacidad que fue decisiva para alcanzar una solución pacífica. “La esperanza es audaz y sabe mirar más allá de las dificultades”, se citó de la encíclica Fratelli tutti de Francisco, subrayando que, incluso en los momentos de mayor tensión, es posible tomar decisiones que abran caminos hacia la reconciliación.

La homilía concluyó con un llamado a cada persona a ser un “artesano de la paz” en sus propias relaciones y entornos, recordando que el compromiso con la paz no se limita a los grandes acuerdos entre naciones. La Iglesia invitó a que esta paz, fruto de años de diálogo y perseverancia, sea una inspiración para construir un ambiente de respeto y concordia en cada ámbito de la vida diaria, ya sea en el hogar, el trabajo o la comunidad.

A lo largo de esta conmemoración, la Iglesia reiteró su pedido de que esta paz lograda hace 40 años siga viva como un modelo de diálogo, diplomacia y respeto mutuo entre países hermanos. Con la bendición de Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora del Carmen, patronas de Argentina y Chile respectivamente, se pidió que ambos pueblos se mantengan unidos como artesanos de paz y esperanza, tal como soñaron aquellos que hace cuatro décadas evitaron una guerra que parecía inevitable.

Un conflicto en ciernes

El conflicto entre Argentina y Chile tuvo su origen en una disputa por la soberanía de las islas y territorios ubicados en el Canal de Beagle, una región estratégica en el extremo sur de América. A finales de los años 70, las tensiones entre ambos países llegaron a un punto crítico, con preparativos para un posible enfrentamiento armado. La situación alarmó a la comunidad internacional y motivó la intervención de la Santa Sede, a solicitud de los gobiernos de ambas naciones.

Fue entonces cuando el Papa Juan Pablo II, en una de sus primeras decisiones al asumir su pontificado, aceptó el pedido de mediación y encomendó esta misión al Cardenal Samoré. Con su paciencia y neutralidad, el purpurado lideró un complejo proceso de negociaciones, trabajando de cerca con diplomáticos y líderes eclesiásticos de Argentina y Chile.

Su esfuerzo logró distender las relaciones y abrir un camino hacia el diálogo, que finalmente culminó en 1984 con la firma del Tratado de Paz y Amistad. Gracias a esta mediación papal, ambos países lograron evitar una guerra y sentaron las bases para una relación de paz y cooperación duradera en la región. Todo empezó en una escalada que protagonizaron los países en tiempos de dictadura, y terminó un año después que en la Argentina Raúl Alfonsín abriera los 40 años ininterrumpidos de democracia.

Homilía por los 40 años del Tratado entre Argentina y Chile

Queridos hermanos y hermanas:

El deseo de paz expresado por Jesús a los apóstoles después de resucitar, resuena de un modo especial en nuestras mentes y corazones en esta celebración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile.

Hace cuatro décadas cuando la amenaza de la guerra entre nuestras naciones era inminente y se iniciaban los preparativos para el combate, al tiempo que las negociaciones directas sobre la fijación del límite desde el Canal de Beagle hasta el pasaje de Drake al Sur del cabo de Hornos habían fracasado, los representantes de Argentina y Chile decidieron abrir paso a una nueva vía para la resolución del conflicto: la mediación papal solicitada al Papa San Juan Pablo II, quien hacía muy poco tiempo había iniciado su pontificado.

Así comenzó un periodo de nuevas negociaciones para alcanzar la paz entre nuestros pueblos, un proceso que culminaría en la firma del Tratado que determino “la solución completa y definitiva de las cuestiones que a él se refiere”. (Preámbulo del Tratado)

La primera palabra que pronuncia Jesús resucitado es la Paz. La paz es el primer fruto de la Pascua. Es lo que le va a dar seguridad a estos hombres que estaban encerrados en el Cenáculo, llenos de temor, llevando en sus corazones la tragedia que habían vivido en las últimas horas. Vivian una profunda incertidumbre ya que habían dejado todo por Jesús y pensaban que todo lo que habían invertido, entregando sus vidas en función de un gran ideal, había llegado a su fin.

Muchos de estos sentimientos se asemejaban a los que vivíamos en aquel tiempo, argentinos y chilenos, ya que la sombra de la guerra entre nosotros, países hermanos, parecía visitarnos inexorablemente.

A la luz de la Palabra de Dios quisiera expresar tres pensamientos que se me ocurren oportunos, al mirar desde el presente lo ocurrido hace cuarenta años:

En primer lugar, dar gracias a Dios por el Don de la Paz.

Queremos rendir un sentido homenaje al pueblo argentino y al pueblo chileno, a los ministros de gobierno y de relaciones exteriores de ambos países, al Cardenal Primatesta y al Cardenal Silva Henríquez, ambos presidentes de las conferencias episcopales de ambos países que fueron claves en la solicitud de la intervención de la Santa Sede, y muy especialmente a todos aquellos hombres y mujeres que ofrecieron su tiempo, sus esfuerzo y su profesionalidad para lograr este tratado de Paz y de Amistad.

Nos demostraron que incluso en los momentos más tensos y complejos es posible tomar decisiones que nos saquen del encierro y del temor, abriendo paso a la esperanza para reencontrar esa fraternidad tan seriamente amenazada. “La esperanza es audaz y saber mirar más allá de las dificultades abriendo caminos donde otros ven solo muros”. Fratelli Tutti, 55.

En segundo lugar, es bueno que esta memoria agradecida que hacemos nos permita reconocer el inmenso valor de la diplomacia en la vida de los Estados y sus efectos fecundos en la vida concreta de cada ciudadano. La diplomacia es un arte, es un trabajo que exige paciencia y constancia, muchas veces silencioso, que busca unir la diversidad de vivencias históricas diferentes y muy arraigadas en la educación y en la cultura. Es un servicio a la armonía entre las diferencias. La paz social es laboriosa y artesanal. Solo es posible lograrla integrando a todos.

Cuanta necesidad tiene el mundo en el que vivimos del ejercicio de esta diplomacia.

La violencia desatada hoy en tantos frentes va logrando oscurecer el valor de la palabra, pierden importancia los gestos que acercan la vida de los seres humanos y que crean los puentes necesarios para que los espíritus se sosieguen y para que el dialogo se restablezca a partir de nuevas escuchas más atentas y superadoras. La violencia que nos envuelve corre el riesgo de cerrar los canales del espíritu para salvar vidas humanas, vidas de hombres y mujeres, de niños y ancianos, que se exterminan infligiendo una derrota incalculable en el corazón de la humanidad.

Inspirados en el ejemplo del recordado cardenal Antonio Samoré, quien con una paciencia tenaz, y una precisa neutralidad alcanzo a divisar esa luz de esperanza al final del túnel, es necesario aprender a transitar las sendas del respeto mutuo y del cuidado de nuestras acciones, palabras y gestos para construir el Bien Común de nuestros pueblos.

Finalmente, el regalo de la paz nos invita a la misión. Jesús sopló sobre los apóstoles y los envió a predicar el Evangelio. La luz al final del túnel, de la que hablaba el Cardenal Samoré, debe convertirse en una luz que nos lleve a iluminar a todos nuestros hermanos con el evangelio de la paz que es don de Dios y tarea humana.

Que esta acción de gracias nos impulse a cuidar la paz y a transmitirla a los demás. No se trata solo de un compromiso en los grandes escenarios, sino que podemos construirla en la vida de todos los días, en nuestros espacios familiares, en nuestros lugares de trabajo, y en todos los ambientes en donde podamos sembrar la semilla de la paz.

Este gran bien brota de las profundidades del corazón humano y requiere una continua revitalización, abriendo nuevos procesos que reconcilien y unan a las personas y a los pueblos.

Le pedimos al Señor y a nuestra Madre de Lujan y del Carmen, patronas de la Argentina y de Chile, que nos transformen en artesanos de la paz y de la concordia, sembradores del bien y apóstoles de la esperanza.

Santiago de Chile, 16 oct (EFE).- El Senado de Chile resolvió este miércoles destituir al juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, acusado de anticipar un fallo judicial para beneficiar a su hija, tras un juicio político impulsado por la oposición de derecha.

"Queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sergio Muñoz", informó el presidente del Senado, José García Ruminot.

Se trata de la primera vez en más de tres décadas que un juez es apartado del máximo tribunal en un procesamiento así. Es último fue Hernán Cereceda, en 1993.

Muñoz está acusado de entregarle a su hija -también jueza- información privilegiada para la compra de un apartamento y de encubrirla en un viaje a Italia, cuando se creía que estaba ejerciendo sus funciones en Chile.

"Todas y todos tiene la misma vara para ser medidos. No puede ser que porque era su hija él no hizo lo que debía hacer", indicó la senadora Ximena Rincón, del liberal Demócratas.

El ya exjuez, que tuvo un papel importante en la investigación sobre las cuentas secretas del general Augusto Pinochet y en distintos casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, también quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El Senado chileno también prevé votar esta semana una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, que fue removida la semana pasada por la propia Corte Suprema y está implicada en un megacausa de corrupción que salpica a la élite política, económica y judicial del país, conocida como "Caso Hermosilla".

El oficialismo de izquierda acusa a la derecha de cometer una suerte de "venganza" contra Múñoz por sus fallos contra la dictadura y para desviar la atención del juicio político contra Vivanco, relacionada con el conservadurismo.

"La derecha, los violadores de derechos humanos, las Isapres (aseguradoras privadas de salud) y otras instituciones están celebrando que sacan un juez que durante mucho tiempo ha llevado las banderas del progresismo, de expandir derechos", dijo el senador socialista Alfonso de Urresti. EFE

Meritxell Freixas

Santiago de Chile, 15 oct (EFE).- "Explorar en la complejidad y los claroscuros de personajes de la dictadura, desde sus luces y su lado íntimo, no implica blanquearlos ni justificar sus crímenes", asevera el escritor y periodista chileno Juan Cristóbal Peña en una entrevista con EFE sobre su último libro, basado en la historia de la espía de la dictadura de Augusto Pinochet Mariana Callejas.

Peña (Santiago, 1969) acaba de publicar "Letras torcidas. Un perfil de Mariana Callejas" (Ediciones Universidad Diego Portales), donde narra la triple vida de la protagonista que -junto a su marido, Michael Townley- participó en varios atentados contra opositores políticos en el exilio por encargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) del régimen de Pinochet (1973-1990).

El escritor nunca dimensionó el alcance ni la complejidad del material que tenía entre manos, pero la historia de Callejas -madre, agente del régimen y apasionada de la literatura- ha llegado a ser "la más extrema, provocadora y desafiante" de su vasto repertorio de retratos, admite el escritor.

Reconocido con varios premios periodísticos nacionales e internacionales por sus trabajos sobre Pinochet, el cantautor Víctor Jara o el jefe de la DINA, Manuel Contreras, a Peña le interesa retratar "los afectos, las relaciones familiares y cómo logran desdoblarse y funcionar con varias máscaras".

Sus relatos buscan analizar cómo los hechos del pasado "perviven” en el presente: "Tanto en Chile como en España hemos entrado en un período en que ya no se niegan los crímenes de las dictaduras, sino que se los reivindica", señala.

“Pareciera desestimarse el valor de los derechos humanos y  lo que significa la experiencia de una dictadura”, añade.

El libro nace de varias entrevistas que Peña mantuvo con Callejas en 2010, cinco años antes de su muerte.

Además de archivos judiciales, hemeroteca, textos periodísticos y sus propios cuentos, recoge voces clave que hasta ahora no habían hablado públicamente de ella, como su hijo mayor, Ronnie Earnest Callejas, "quien tiene una visión crítica de su propia madre", dice.

Bajo una prolija edición de la cronista argentina Leila Guerriero, el autor contrapone una Mariana Callejas "avanzada a su tiempo", "libre sexual e intelectualmente", y que "abrazó al feminismo y a la literatura", con otra que ejecutó "algunas de las operaciones más importante de la dictadura", como el asesinato del general Prats y su esposa en Argentina o el del excanciller Orlando Letelier en Estados Unidos.

"Una anfitriona y escritora de talleres literarios que a la vez opera en la sombra como agente de inteligencia", resume.

Callejas vivía en una casa cuartel secreta, que funcionaba a la vez como fábrica de armas y gas sarín y cualquier hogar chileno: "Los niños iban y venían del colegio, invitaban a sus compañeritos de curso y se celebraban cumpleaños infantiles", cuenta el escritor.

"La escritura era todo para ella"

En esa misma casa cuartel, Callejas consolidó su mayor aspiración tras montar un taller literario que la convirtió en "una referente de la literatura chilena de esos años", dice el periodista.

"La escritura era todo para ella", añade. Su principal interés fueron los talleres que impartía a escritores a la vez que ejecutaba los delitos "con efectividad y profesionalidad", apunta Peña, como un modo de obtener ingresos y disponer de una casa, coches, escoltas y guardias armados.

La obra relata con detalle el ocaso de Callejas cuando "la justicia le cae encima y queda al descubierto su papel de agente", a finales de los 70, y la "gran frustración" que eso le provoca.

"Para Callejas, su gran condena no fue ser juzgada por los crímenes de la dictadura, sino que su literatura no haya sido reconocida", recalca Peña.

 Según él, hoy es “imposible” leerla “despojándola de su historial criminal”, aunque cree “interesante” conocer su literatura: “Es difícil y provocativo publicarla, lo fue en su momento y todavía lo es -concluye-, más aún considerando que no pagó con cárcel por sus crímenes”. EFE

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Fue un acto formal que cerró una etapa que llevaba años de negociaciones. Fue la antesala de la firma que se realizó en noviembre de 1984 ante el Sumo Pontífice de entonces, Juan Pablo II quien con su mediación había contribuido a que Argentina y Chile sellaran en paz el conflicto limítrofe que mantenían por el canal de Beagle. El cardenal Antonio Samoré había comenzado a negociar con las dictaduras de Jorge Videla y Augusto Pinochet para alcanzar un acuerdo que evitara la guerra, hecho que había estado cerca, muy cerca allá por 1978.

En diciembre de 1978 las tropas de ambos países estuvieron a punto de enfrentarse. Para ese entonces el papa Juan Pablo II llevaba meses en el trono de San Pedro y entonces decidió interceder. El Papa polaco convocó a los embajadores argentino y chileno ante el Vaticano a un cónclave del Sacro Colegio Cardenalicio de Roma para que escucharan de primera mano su preocupación. “Es motivo de profundo dolor y de íntima preocupación el enfrentamiento entre la Argentina y Chile que se ha ido agudizando en este último período, a pesar de las vibrantes invocaciones a la paz formuladas por los Episcopados de los dos países”, les dijo Juan Pablo II.

La intervención de Juan Pablo II no fue casual. Como afirma la politóloga e investigadora de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, Polonia, Magdalena Lisińska, “el proceso militar argentino, al haber basado su línea de gobierno sobre los valores cristianos, y por su estrecha relación con la Iglesia, se hizo eco del comunicado que Juan Pablo II envió a la Junta y a Pinochet, para intervenir y proponer el diálogo”.

Las dictaduras de Argentina y Chile tenían actividades coordinadas para la represión interna, tal como lo demostró la existencia del Plan Cóndor, pero eran enemigas respecto al diferendo por el Beagle. Las diferencias se habían extendido en el tiempo por más de un siglo, desde el tratado de límites sobre la región austral firmado en 1881, pero que los dos países interpretaban de forma distinta. Geográficamente, el territorio en conflicto estaba en el Canal de Beagle y se centraba en la posesión de las islas Picton, Lenox y Nueva, un territorio relativamente pequeño pero de gran importancia estratégica, porque ponía en juego la proyección chilena y la soberanía argentina sobre el Atlántico y la Antártida.

Los diferentes gobiernos de los dos países habían intentado buscar una solución política al conflicto, pero en 1971 el presidente chileno Salvador Allende y el dictador argentino Alejandro Lanusse, acordaron someter esas diferencias de interpretación del tratado a la decisión de un tribunal arbitral integrado por juristas de cinco países -Estados Unidos, Francia, Nigeria, Reino Unido y Suecia- con la presidencia de la reina británica Isabel II.

El fallo se conoció en 1977 y fue favorable a Chile. El gobierno de facto de Videla & Cía, no lo aceptó. Hubo reuniones públicas y secretas entre las dictaduras para buscar una solución pacífica. La situación escaló -con una pausa determinada por el Mundial 1978- hasta que la guerra estuvo a un paso. Aquel plan de la dictadura argentina que implicaba invadir los territorios en disputa se llamó Operación Soberanía. Allí llegó la intermediación papal de la mano del cardenal Antonio Samoré quien acercó a las partes. No fue una tarea simple. En 1979 se firmó un acuerdo en Montevideo para evitar el conflicto armado pero no se llegaba a una solución definitiva de la cuestión de fondo. La Guerra de Malvinas hizo que la dictadura argentina se desentendiera por un momento del conflicto con Chile. Luego llegó la caída del régimen militar argentino y el regreso a la democracia.

La resolución del conflicto limítrofe por el canal de Beagle había sido una promesa de campaña de Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia argentina en diciembre de 1983. Para el nuevo gobierno esa era una prioridad entre las cuestiones geopolíticas pendientes que la flamante democracia había heredado de la dictadura. Debía ser resuelto, había que darle un cierre.

Alfonsín y su Canciller, Dante Caputo decidieron que el académico Marcelo Delpech, se desempeñara como Jefe de la Delegación Argentina en la Mediación Papal, desarrollada en la etapa final del intento por resolver el conflicto del Beagle. El diplomático argentino, a comienzos de 1984, se encontraba ejerciendo su cargo en la Representación Argentina ante los Organismos de las Naciones Unidas en Ginebra, fue allí que recibió la convocatoria por cable cifrado. Delpech fue elegido entre los funcionarios del palacio San Martín, por su especialización jurídica, puesto que conformaba el equipo de abogados de la Cancillería y resultaba, en este caso específico, un entendido en la materia. Bajo su mando, se encontraban -además- los ministros Susana Ruíz Cerruti, Luís María Riqueri y el embajador Enrique Candiotti.

Las negociaciones llegaron a buen puerto a punto tal de que los diarios italianos anticiparon la firma de lo que se conoció como el Acta de Consolidación. A comienzos de octubre de ‘84, medios como La Repubblica titularon que la Argentina y Chile habían llegado finalmente a un “pieno accordo”, para la solución del conflicto territorial del Canal de Beagle. El texto, decorado de protocolo e invocando a Dios, planteaba que la soberanía reclamada pertenecía a Chile. Se respetaba así el Tratado de 1881.

El 18 de octubre de 1984, hace 40 años, Marcelo Delpech por Argentina y el militar y diplomático chileno, Ernesto Videla, se encontraron en el Vaticano con la intención ponerle punto final a las arduas negociaciones que habían comenzado en 1978. Ellos, delante del cardenal Agostino Casaroli, entonces Secretario de Estado de la Santa Sede, procedieron a la firma del Acta de Consolidación que sentaba las bases del Tratado de Paz entre los dos países hermanos. Ese documento en síntesis, reconoció la soberanía chilena sobre las islas Picton, Nueva y Lennox, y respetó el pedido argentino sobre el bioceanismo: es decir las tres islas chilenas contarían solo con 12 millas náuticas de mar contiguo y no con 200 como se reclamaba. Luego de las 12 millas náuticas comienzan las aguas argentinas.

Los términos del acuerdo con Chile fueron sometidos a una consulta popular no vinculante en la Argentina. Alfonsín y su partido político, la Unión Cívica Radical (UCR) militaron el voto por el Sí. Lo acompañaron otros sectores. Por aquel entonces recordado debate televisivo entre el Canciller Caputo y el senador peronista Vicente Leónidas Saadi, presidente del bloque del Justicialismo de la cámara Alta. En medio de las “nubes de Úbeda” Saadi se expresó por el No al acuerdo, en tanto Caputo argumentó en favor de la postura del oficialismo. El 25 de noviembre de 1984 se realizó la consulta y el Sí obtuvo más del 82% de los votos. El 29 de noviembre en el Vaticano finalmente se firmó el acuerdo. Pero esa es otra historia.

Sídney (Australia), 14 oct (EFE).- La defensa de Adriana Rivas, exagente del régimen de Augusto Pinochet, reabrió este lunes la batalla judicial contra su extradición a Chile, después de que el fiscal general australiano, Mark Dreyfus, decidiera su entrega al país sudamericano, confirmaron a EFE diversas fuentes.

La abogada Adriana Navarro, representante de los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas, indicó hoy a EFE que Dreyfus aceptó hace unas semanas, en una fecha no precisada, extraditar a la chilena, tras sopesar la decisión desde hace más de dos años.

Se suponía que este era el último paso después de que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, descartara en mayo de 2022 abordar una apelación de Rivas, dejando así en firme un fallo del pleno del Tribunal Federal Australiano en favor de su extradición a Chile emitido en noviembre de 2021.

Pero, a finales de septiembre, la defensa de Rivas, de 70 años, presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno de extraditarla a Chile, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue al país sudamericano, informó hoy el diario Sydney Morning Herald.

"Este asunto se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Australia", dijo la oficina de Dreyfus en un escueto comunicado enviado hoy a EFE donde se remarca que "no sería apropiado" comentar más sobre este asunto que está en manos de la justicia.

Los familiares de las víctimas de Rivas, que se enteraron de la noticia por los medios, están "indignados" por el "silencio cruel" del Gobierno que las pone en un "yo-yo emocional" entre la esperanza y la decepción, así como "el trato" que se les ha dado porque consideran que se tiene más "deferencia" con la agresora que con las víctimas, agregó Navarro en declaraciones a EFE.

Rivas está recluida en una prisión de Sídney desde su detención en febrero de 2019 y es requerida por Chile, desde 2018, para juzgarla por su supuesto papel en la desaparición de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista del país sudamericano, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.

Se presume que la chilena, que defiende su inocencia, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet), donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.

Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sídney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.

En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia. EFE

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- La Justicia chilena confirmó la sentencia contra cinco exagentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía política de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990), por el homicidio calificado de Iván Palacios y Eric Rodríguez en 1989, ilícito que trató de disfrazarse como un enfrenamiento legítimo.

En particular, la Segunda Sala de la Corte Suprema, máximo tribunal de país sudamericano, confirmó esta semana las condenas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Hugo César Acevedo Godoy, Raúl Farías Orellana, Víctor Rolando Caro Pizarro y Jorge Enrique Rivas Arancibia a 15 años y un día de presidio; y a Luis Arturo Sanhueza Ross a 10 años y un día de reclusión, en calidad de autores del delito.

Los hechos, según pudo establecer el proceso judicial, acaecieron en la comuna de Quinta Normal, en el centro-norte de la Región Metropolitana, en abril de 1989, cuando los dos jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron víctimas de una emboscada mortal.

"El 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del MIR, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del N°4000, por un sujeto identificado como Miguel, que finalmente resultó ser un agente de la CNI que se había infiltrado en las poblaciones populares, invocando ser encargado zonal del MIR, siendo su función la de reclutar jóvenes con la finalidad de que estos se integraran al denominado ‘Comando de Resistencia’", detalló el Poder Judicial.

Para ganarse la confianza de los integrantes del MIR, una organización creada en los años 60 que fue brutalmente reprimida después de golpe militar que derrocó a Salvador Allende en 1973, el agente infiltrado proveía armas e instrucción militar a sus militantes.

"Previo a la llegada de las víctimas a la citada reunión, los funcionarios de la CNI habrían desplegado en el sector un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada", señala el fallo.

Y detalla, "cuando estos (las víctimas) arriban al lugar y se posicionan en la zona del encuentro, aparece parte de los agentes y les intiman, y antes que lograran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o repeler el ataque, inicia la gente de la CNI una balacera".

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.

Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.

El principal escollo para avanzar en esta búsqueda ha sido la nula colaboración de los militares en las causas judiciales y la ausencia de una política estatal.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes. EFE

Santiago de Chile, 30 sep (EFE).- El reloj del general chileno Carlos Prats se detuvo a las 12:34 de la noche del 30 de septiembre de 1974, cuando el violento estallido de una bomba activada por control remoto le quitó la vida a él y a su esposa, Sofía Cuthbert, mientras estaban a bordo de su Fiat en una calle del barrio de Palermo, en Buenos Aires.

"Fue tal la expansión de la bomba que el capó del auto voló hasta el techo del séptimo piso", decía entonces un transeúnte, entrevistado por la televisión argentina, que caminaba por las afueras del edificio donde habitaba el otrora comandante en Jefe del Ejército chileno.

Las brutales imágenes del asesinato fueron replicadas por la prensa chilena, alineada con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

En Chile, tras 50 años de su asesinato, a Prats se le recuerda como el general constitucionalista que fue, heredero de la tradición defendida por el general René Schneider (también asesinado -en 1970- por un comando orquestado por la CIA en un intento de evitar la llegada de Allende al poder).

Máximo comandante del Ejército desde la muerte de su antecesor y ministro de Interior y Defensa de la Unidad Popular (UP), durante sus días más convulsos, Prats destacó por su lealtad y diligencia al detener la sublevación de junio de 1973 conocida como Tanquetazo. En ese momento, sus acciones sofocaron la intentona golpista.

“No podía creer lo que estaba pasando cuando vio a Pinochet encabezar el golpe”, rememoró a EFE una de sus hijas, Angélica Prats, al cumplirse 50 años del golpe de Estado. Y es que Pinochet fue su mano derecha para detener la intentona de junio.

“Creía honestamente que compartía con sinceridad mi acendrada convicción de que la caótica situación chilena debía resolverse políticamente, sin golpe militar”, escribió Prats sobre el dictador en sus memorias publicadas de forma póstuma en 1984.

En el mismo texto, titulado “Testimonio de un soldado”, escribió sobre Allende: “No compartí su ideología marxista, pero lo enjuicio como uno de nuestros gobernantes más lúcidos y osados de Chile del siglo XX y, al mismo tiempo, el más incomprendido”.

Tras una fuerte campaña en su contra dirigida por la oficialidad golpista, Prats renunció a la Comandancia en Jefe del Ejército el 23 de agosto de 1973, a pocos días del ataque final contra la Unidad Popular.

 Aunque intentó por todos los medios detener la tragedia que se cernía sobre el país suramericano, una vez concretado el golpe y tras recibir múltiples amenazas, se exilió en Buenos Aires junto a su esposa. Allí ingresó a trabajar en una fábrica de neumáticos, mientras ella instaló una pequeña tienda boutique en el centro de la capital.

 El ex agente de la CIA Michael Townle, también miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen de Pinochet, ingresó pocos días antes del atentado al garaje de la casa familiar, donde instaló bajo los asientos de su coche el explosivo que les quitó la vida.

Cuatro años más tarde, Townley fue extraditado de Chile hacia Estados Unidos por el asesinato en Washington del también ex ministro de la UP Orlando Letelier y de su compañera de labores Ronnie Moffitt, con el mismo método en septiembre de 1976. En el marco de esta investigación, confiesa diversos crímenes, entre ellos el asesinato de Prats.

A la fecha, continúa viviendo en Estados Unidos, amparado en el programa de protección de testigos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de ese país. EFE

Poco más de un año después de descubrir que había sido robado tras su nacimiento, el marino chileno-estadounidense Jimmy Thyden González demandó el lunes al Estado chileno por el presunto delito de sustracción de menores que se extendió “por décadas” e impactó a miles de familias en el país sudamericano.

El año pasado a sus 42 años Thyden González conoció sus orígenes, que se remontan a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante la que a miles de mujeres chilenas les habrían robado sus bebés recién nacidos para ser dados en adopciones ilegales.

De acuerdo con datos a los que la agencia AP tuvo acceso, el Poder Judicial de Chile cifra en aproximadamente 20.000 los casos de adopciones forzadas o ilegales, mientras que organizaciones de la sociedad civil como Nos Buscamos calculan que son más de 50.000 las familias afectadas.

“Ante todo queremos empezar por reconocerlo. Que el gobierno reconozca que esto sucedió, que se cometió un error. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en cómo deben ser las reparaciones”, dijo Thyden González, quien adoptó el apellido de su madre biológica el año pasado, en una entrevista con AP en Santiago.

Hace 43 años los trabajadores de un hospital de la capital chilena tomaron al hijo de María Angélica González de sus brazos inmediatamente después de que nació. Más tarde le dijeron que había muerto y que ya se habían hecho cargo de su cuerpo.

Pero en realidad el bebé fue dado en adopción a una familia de Estados Unidos, un caso enmarcado en una sombría trama de adopciones ilegales que, aunque no sean exclusivas de ese periodo, proliferaron bajo el régimen militar de Pinochet.

Aunque no es la primera la querella presentada por Thyden González ante el Tribunal de Apelaciones de Santiago llega en un momento que podría suponer un giro en las pesquisas sobre estas adopciones ocurridas décadas atrás. Ello porque el mismo lunes el magistrado Guillermo de la Barra asumió las riendas de la investigación judicial sobre la sustracción de menores.

Si bien hay otras demandas en curso, el abogado Ciro Colombara, penalista especialista en casos de derechos humanos que involucran al Estado y abogado al frente de la querella, explicó que las anteriores fueron acciones penales dirigidas a situaciones puntuales, mientras que la denuncia de Thyden González tiene una estrategia global ya que denuncia una “situación sistémica que duró décadas”.

“Aparte de las responsabilidades individuales, nos interesa determinar la responsabilidad del Estado de Chile”, entonces “ésta será una discusión tanto en los tribunales locales, tribunales nacionales, como los tribunales eventualmente de derechos humanos a nivel internacional”, señaló Colombara.

La investigación judicial en Chile inició en 2017 y, al día de hoy, tramitan en la Corte de Apelaciones de Santiago más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales, la mayoría en Estados Unidos y Suecia, indicaron a AP fuentes del Ministerio de Justicia.

Hasta ahora nadie ha sido condenado.

El tráfico de niños en Chile coincidió con muchas otras violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante los 17 años de dictadura Pinochet, quien el 11 de septiembre de 1973 encabezó un golpe de Estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Durante el régimen de facto al menos 3.095 personas fueron asesinadas, según cifras del gobierno, y decenas de miles más fueron torturadas o encarceladas por motivos políticos.

En 2017 el entonces magistrado Mario Carroza puso en marcha la investigación judicial sobre el robo y venta de bebés, aunque desde entonces no hubo avances. Sin embargo, tras la llegada del izquierdista Gabriel Boric al poder en 2022 el caso ganó impulso en medio de los compromisos del mandatario en avanzar e intensificar los esfuerzos para esclarecer las circunstancias de esas adopciones.

El asunto marcó el reciente encuentro de Boric y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quienes sellaron un acuerdo de cooperación para "avanzar en compartir la información y además iniciar un trabajo conjunto para abordar el tema de adopciones irregulares” durante una gira del mandatario chileno por Europa.

Con el pacto, firmado por los cancilleres de ambas naciones, se admite por primera vez la intervención estatal en los delitos, ya que el documento establece que “quienes suscriben, reconocen que se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las víctimas y sus familias, en especial, en el derecho de identidad”.

(AP)