Según información de medios regionales como Noticias Suroeste, el médico Édgar Hoyos Díaz, egresado de la Universidad de Caldas y excandidato a la Asamblea de ese departamento, habría sido asesinado tras ser atacado a disparos dentro de su consultorio en el municipio de Supía durante la mañana del sábado 1 de agosto.

De acuerdo con Noticias Suroeste, el ataque ocurrió hacia las 7:45 a.m. en un consultorio ubicado en la carrera 6 con calle 35. El agresor habría llegado vestido con prendas que aparentaban pertenecer a una empresa y llevaba puesto un casco de motociclista para ocultar su identidad.

Según los primeros reportes, el hombre ingresó al establecimiento y presuntamente utilizó una pistola con silenciador para dispararle en tres ocasiones a la víctima en la cabeza. Tras cometer el ataque, salió del consultorio, abordó una motocicleta y huyó con rumbo desconocido. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron inicialmente a Hoyos Díaz al Hospital San Lorenzo de Supía y debido a la gravedad de su estado de salud fue remitido a un centro asistencial en la ciudad de Manizales.

Tras conocerse el atentado, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Gobernación de Caldas adelantar las acciones necesarias para identificar y capturar al responsable del homicidio.

Rechazo contundentemente el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el @NvLiberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario que ingresó a su consultorio en Supía, Caldas, y le disparó con arma de fuego. Exijo a la @FiscaliaCol, a la @PoliciaColombia y a la @GoberCaldas actuar con toda la contundencia para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar que este hecho no quede en la impunidad. Desde el Nuevo Liberalismo expresamos toda nuestra solidaridad con Édgar, su familia y sus seres queridos. Oramos por su pronta recuperación y reiteramos que la violencia jamás podrá imponerse sobre la democracia."

La Policía Nacional y los organismos de investigación judicial asumieron las indagaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar las circunstancias de la agresión y dar con la identificación de los responsables. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes tan pronto tuvieron conocimiento del caso.

Así mismo, la Administración Municipal expresó su preocupación por la seguidilla de episodios violentos registrados recientemente en Supía. Además, indicó que trabaja de manera articulada con las entidades competentes en la evaluación de nuevas estrategias para fortalecer la seguridad, aumentar la vigilancia y reforzar los controles, con el propósito de garantizar la convivencia y devolver la tranquilidad a la población.

El médico Édgar Hoyos es cirujano con especialización en Administración de Salud y contaba con una amplia trayectoria en el sector público y hospitalario de Caldas. A lo largo de su carrera ocupó cargos de dirección y liderazgo, entre ellos el de decano de la Universidad de Caldas. También fue gerente y subdirector científico del Hospital San Lorenzo de Supía, además de desempeñarse como subdirector de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, desde donde participó en la gestión de políticas y servicios para el departamento.

Su experiencia no se limitó al ámbito sanitario. Incursionó en la vida política como concejal del municipio de Victoria y posteriormente aspiró a distintos cargos de elección popular, entre ellos la Alcaldía de Supía, un escaño en el Concejo de Manizales y una curul en la Asamblea de Caldas. Tras conocerse el ataque del que fue víctima, las manifestaciones de solidaridad no tardaron en aparecer. A través de redes sociales, pacientes, colegas y habitantes de la región expresaron su pesar por lo ocurrido y destacaron tanto su trayectoria profesional como sus cualidades humanas, recordándolo como un médico cercano a la comunidad y comprometido con el servicio público.

La tarde del 21 de diciembre de 1988 transcurría con normalidad en Lockerbie, un pequeño pueblo del suroeste de Escocia. Familias reunidas en sus casas, preparativos anticipados para la Navidad y el ritmo habitual de una localidad tranquila se vieron abruptamente interrumpidos cuando, poco después de las siete de la tarde, el cielo se iluminó de manera inesperada. Un estruendo atravesó la comunidad, seguido de una caída de escombros y fuego que arrasó viviendas y calles en cuestión de segundos: un avión había caído de los aires.

La causa de ese cambio repentino fue la caída del vuelo 103 de Pan Am, un Boeing 747 que cubría la ruta transatlántica entre el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave, que transportaba a 259 personas entre pasajeros y tripulación, desapareció de los radares mientras sobrevolaba Escocia, precipitándose sobre el pequeño pueblo sin previo aviso.

El impacto devastó áreas enteras. Casas, jardines y calles quedaron destruidos bajo toneladas de restos provenientes de la aeronave. Además de las vidas perdidas a bordo, once personas que se encontraban en tierra también murieron a causa de la destrucción. En total, la tragedia dejó 270 víctimas, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes aéreas y humanas en la historia del Reino Unido. La jornada quedó marcada para siempre por el desastre que cayó del cielo.

Cómo fue la tragedia de Lockerbie: un explosivo sospechoso

La tragedia se desencadenó cuando un explosivo oculto en el equipaje destruyó en pleno vuelo al Boeing 747 de Pan Am, poco después de haber despegado de Londres rumbo a Nueva York. Según reportes del FBI, la bomba fue colocada dentro de una radio y escondida en una valija registrada en el vuelo 103 de la aerolínea. La detonación ocurrió a una altitud de más de 9.000 metros, desintegrando la aeronave en el aire y dispersando sus restos sobre un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados en los alrededores de Lockerbie, Escocia.

Las investigaciones posteriores identificaron que el artefacto explosivo había sido activado por un temporizador sofisticado. Los fragmentos recuperados entre los escombros permitieron a los expertos reconstruir la secuencia del atentado. Entre las piezas halladas, un trozo de temporizador incrustado en una camisa ayudó a vincular el ataque con operativos de inteligencia libios.

El gobierno libio reconoció formalmente su responsabilidad en el ataque y aceptó indemnizar a las familias de las víctimas. En 2001, un tribunal especialmente conformado condenó a Abdel Baset Ali al-Megrahi por su participación en el atentado, mientras que otro sospechoso, Lamen Khalifa Fhimah, fue absuelto. Décadas después, las investigaciones continuaron y en 2020 las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra un tercer implicado, Abu Agela Mas’ud Kheir al-Marimi, por su presunto papel en la fabricación del explosivo.

El crudo testimonio de los ciudadanos

El impacto de la tragedia de Lockerbie quedó grabado en la memoria colectiva de sus habitantes. Los testimonios de los locales reflejan el desconcierto y el horror de aquella noche. Marjory McQueen, vecina del pueblo, describió a BBC el momento en que su vida cambió abruptamente: “Después hubo un zumbido, y de repente todo el cielo se volvió naranja, y había llamas a cientos de metros de altitud en el aire. No tenía ni idea de lo que había sucedido”.

El canónigo Patrick Keegans también relató el estruendo que sacudió su casa en Sherwood Crescent: “Inmediatamente después de eso, hubo una enorme explosión”. Al bajar, encontró a su madre ilesa, protegida por un refrigerador, mientras afuera presenciaba la destrucción total de su calle y la ausencia de sus vecinos.

Peter Giesecke, residente de la zona de Rosebank, recordó la escena que encontró en su propio jardín: “Había cuerpos en el jardín, yacían al lado de las ventanas delanteras de la casa. Estaban por todo el jardín. Siempre recordaré a esa chica. Iba vestida de azul, llevaba un suéter azul”. De ese rincón del pueblo retiraron los restos de más de 60 personas.

El inspector de policía George Stobbs, quien llegó poco después del desastre, describió el panorama: “Fui a Rosebank y había una parte del fuselaje enterrada en el jardín. Había arrancado casi la mitad de una casa. Y había mucha gente dentro todavía. En ese momento no habían retirado ningún cuerpo. Al final, sacaron a 60 personas de esa parte del avión”.

El más reciente atentado ocurrió el 28 de julio, durante las celebraciones por Fiestas Patrias, cuando una unidad de la compañía fue atacada a balazos mientras abastecía combustible en un grifo ubicado en el distrito de Carabayllo, según información de Latina Televisión. Este hecho se convirtió en el cuarto ataque registrado contra la empresa durante el presente año y aumentó la preocupación entre los choferes.

Los trabajadores tenían previsto realizar una marcha hacia el Congreso de la República para exigir mayores medidas de seguridad; sin embargo, la movilización fue suspendida debido a problemas de coordinación entre las diferentes líneas que forman parte de Translima. Los transportistas señalaron que no cuentan con garantías para participar en esta protesta.

La compañía opera tres rutas principales: línea 18, línea 21 y línea 29. Estas unidades parten desde zonas como Plaza Norte, Carabayllo y el Callao, con destino final en Jesús María. Según los conductores, la falta de protección ante las amenazas ha generado temor y reducido progresivamente la cantidad de vehículos disponibles para brindar el servicio.

De acuerdo con los testimonios recogidos, inicialmente eran cuatro organizaciones delictivas las que exigían pagos a los trabajadores. Posteriormente, se habría incorporado una quinta agrupación y actualmente los afectados aseguran que son seis bandas las involucradas en estos cobros ilícitos. Los delincuentes exigirían aproximadamente 24 soles por concepto de cupo.

Los choferes explicaron al citado medio que esta situación también impacta en su economía, debido a que deben asumir otros gastos, como el pago de cochera en el patio de maniobras ubicado en Carabayllo. A ello se suma el riesgo de salir a las calles y ser víctimas de nuevos ataques mientras realizan sus recorridos habituales.

El panorama ha generado una disminución considerable de unidades en el espacio donde normalmente se concentran los vehículos de Translima. Los trabajadores indicaron que la cantidad de buses se redujo prácticamente a la mitad, debido a que varios conductores decidieron dejar de acudir al lugar o buscar otras alternativas laborales ante la inseguridad.

Según Latina, la empresa ya había sido víctima de otro atentado el pasado viernes 17 de julio. En aquella oportunidad, un conductor resultó herido por impactos de bala y logró avanzar algunas cuadras antes de ser trasladado a un hospital. Tras el último ataque, los extorsionadores habrían enviado mensajes intimidatorios a los trabajadores identificándose con el nombre de “los albaneses”.

Los transportistas advirtieron que estas amenazas no solo ponen en peligro la integridad de los conductores, sino también la seguridad de los pasajeros, debido a que algunos atentados ocurren mientras las unidades se encuentran en circulación. Ante esta situación, esperan acciones concretas de la Policía Nacional y de las autoridades del nuevo gobierno para enfrentar el avance de la extorsión en el sector transporte.

Un jurado federal de Estados Unidos declaró el miércoles al agresor del novelista Salman Rushdie culpable de “cometer un acto de terrorismo” debido al sangriento ataque de agosto de 2022 en un centro cultural de Nueva York.

Hadi Matar, un estadounidense de origen libanés de 28 años, también fue hallado culpable de apoyar al grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, después de que los investigadores encontraran materiales de la organización en su casa.

Matar “decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán”, sostuvo el fiscal federal Michael DiGiacomo, en un comunicado del Departamento de Justicia.

Añadió que pasó meses planeando el apuñalamiento en el que Rushdie casi muere y que lo dejó ciego de un ojo.

Matar ya había sido declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a 25 años de prisión por la Justicia del estado de Nueva York, y era juzgado ahora por cargos de terrorismo ante un tribunal federal en Búfalo, al noroeste de Nueva York.

Según la acusación, el agresor actuó siguiendo la fatua lanzada en 1989 por el ayatollah Ruholá Jomeini -entonces líder de Irán- que pedía el asesinato de Rushdie por blasfemia en su obra Los versos satánicos.

“El señor Matar pasó más de un año sumergiéndose en la ideología violenta de Hezbollah y preparándose para actuar en favor de esta fatua”, dijo el asistente del fiscal general de Estados Unidos, John A. Eisenberg, citado en el comunicado.

Matar se enfrenta a una pena federal máxima de cadena perpetua. La sentencia se dictará el 3 de noviembre.

Fuente: AFP.

Fotos: Europa Press y Reuters/ Robert Frank.

Una petición digital, impulsada por familiares de víctimas del 11-S, abrió un debate sobre la presencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en los actos del 25º aniversario de los atentados de 2001.

El documento, que superó 23.000 firmas según cifras recogidas por medios estadounidenses, pide a los organizadores del evento que reconsideren la asistencia del mandatario por “preocupaciones” sobre sus posiciones públicas y asociaciones consideradas hostiles a valores compartidos en Estados Unidos.

La iniciativa surgió por impulso de Giovanni Galante, un agente inmobiliario de Florida que perdió a su esposa, Grace Catherine Galante, en el ataque.

Grace tenía 29 años y trabajaba en el piso 105 de la torre norte. Galante afirmó que la sola posibilidad de ver a Mamdani en la ceremonia es “una bofetada en la cara” para quienes perdieron familiares, y calificó de insultante el respaldo del alcalde a figuras y discursos que, según los firmantes, relativizan o justifican la tragedia del 11-S.

El reclamo se dirige especialmente a los organizadores de la ceremonia. Los peticionarios consideran que el evento debe ser un espacio de memoria y recogimiento, “libre de política”, sin la presencia de funcionarios cuya trayectoria —sostienen— entra en conflicto con el “reconocimiento de la gravedad de los ataques” y el “rechazo” de ideologías violentas o antiestadounidenses.

Motivos y argumentos de la petición contra el alcalde Mamdani

Entre los argumentos, el texto cuestiona la negativa de Mamdani a condenar de manera clara eslóganes como “globalizar la intifada” y le atribuye declaraciones en las que habría responsabilizado a Estados Unidos de la radicalización de figuras vinculadas a Al Qaeda.

Además, menciona elogios del alcalde al imán Siraj Wahhaj y su relación pública con el comentarista Hasan Piker, a quien se le atribuyen expresiones polémicas sobre los ataques de 2001.

La petición también cita antecedentes familiares, como escritos de Mahmood Mamdani, padre del alcalde, que interpretaba los atentados suicidas como una expresión más de la violencia política moderna. Zohran reconoció en el pasado la influencia de su padre en su formación de ideas.

En la lista de objeciones aparece la designación de Ramzi Kassem como principal asesor jurídico de la ciudad, cuya trayectoria incluye la defensa de personas condenadas por delitos de terrorismo.

Los firmantes también reprochan el respaldo del alcalde a candidatos que responsabilizaron a Estados Unidos por los atentados, y destacaron entre ellos a Aber Kawas, quien enmarcó el 11-S en un contexto de racismo y capitalismo.

Diversidad de voces entre familiares y sobrevivientes

El pedido encontró eco en familiares que sufrieron pérdidas directas. Monica Iken Murphy, viuda de Michael Murphy, quien trabajaba en el piso 84 de la torre sur y tenía 37 años, expresó que la ceremonia debería ser un espacio íntimo y que la presencia de figuras políticas ajenas al momento resulta fuera de lugar.

El activista John Feal insistió en que Mamdani debería mantenerse alejado “hasta que haga algo proactivo” por la comunidad afectada.

No todos comparten la misma visión. Dennis McKeon, representante de un grupo de sobrevivientes, recordó que en los últimos 25 años participaron en los actos alcaldes y gobernadores que “realmente no hicieron nada para ayudar” y nunca se les prohibió asistir.

Ademas, consideró que no ve “la sensatez” de impedir la presencia del actual alcalde.

Respuestas oficiales y postura de los organizadores

Consultado por medios estadounidenses, el alcalde Mamdani aseguró que “honrará con orgullo” a los familiares, sobrevivientes y equipos de emergencia “de por vida” afectados por el ataque, y que estará presente para “reafirmar que nunca olvidaremos” el 11 de septiembre de 2001.

La alcaldía, a través de Jeremy Edwards, reiteró que Mamdani acompañará a las víctimas y recordará la fecha como un día solemne para toda la ciudad.

Por su parte, el 9/11 Memorial & Museum aclaró que las conmemoraciones se organizan para mantenerlas “libres de política”, que los funcionarios presentes no pronuncian discursos y que se les pide permanecer en un área designada.

En ese marco, los impulsores de la petición anticiparon que solicitarán la intervención del Concejo Municipal para reforzar su reclamo.

El debate sobre la participación del alcalde en la ceremonia por el cuarto de siglo de los ataques expuso la persistente sensibilidad y las distintas miradas sobre cómo, quién y bajo qué condiciones debe honrarse la memoria de los casi 3.000 fallecidos aquel 11 de septiembre.

Una red clandestina del grupo terrorista Hamas habría dedicado años a preparar una serie de atentados coordinados contra objetivos israelíes, judíos y occidentales en distintos países de Europa, en un plan que buscaba replicar la magnitud de la masacre perpetrada en Israel el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con una investigación publicada por el diario suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) y citada por medios israelíes especializados.

Según el informe, la organización construyó una infraestructura encubierta que incluía depósitos de armas, rutas de contrabando, redes logísticas y células durmientes listas para ser activadas cuando recibieran la orden de la cúpula del movimiento islamista. La investigación sostiene que las autoridades alemanas creen que el objetivo era ejecutar los ataques en torno al segundo aniversario del 7 de octubre, aunque el complot fue frustrado gracias a operaciones de inteligencia y una serie de arrestos en varios países europeos.

La publicación señala que las pesquisas permitieron detectar actividades vinculadas con Hamas en Alemania, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Grecia y Chipre, lo que llevó a los investigadores a concluir que el brazo militar de la organización había establecido una estructura operativa permanente en Europa, pese a sostener públicamente que sus operaciones se limitan a Israel, Gaza y Judea y Samaria.

Entre los hallazgos figura un arsenal descubierto en Austria en 2025 compuesto por cinco pistolas cargadas, diez cargadores, más de un centenar de municiones y varios artefactos explosivos. De acuerdo con el informe, Viena funcionaba como un centro logístico clave para la red.

Las investigaciones también determinaron que al menos 13 pistolas, un fusil de asalto AK-47 y más de 900 cartuchos de munición fueron trasladados a través de Dinamarca, Alemania y Austria. Un ciudadano británico de 39 años fue detenido en Londres en relación con ese arsenal, mientras que cuatro integrantes de Hamas ya fueron condenados por tribunales alemanes.

La investigación del Neue Zürcher Zeitung sostiene además que los preparativos comenzaron varios años antes de la guerra desencadenada tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Según la Fiscalía Federal alemana, la organización había iniciado con antelación la instalación de infraestructura terrorista en Europa como parte de una estrategia de largo plazo para expandir sus operaciones más allá de Oriente Medio.

Uno de los episodios más recientes ocurrió a comienzos de junio, cuando una unidad especial griega arrestó en la isla de Creta a un ciudadano egipcio de origen palestino de 37 años que trabajaba como electricista en un hotel. Durante el allanamiento de su vivienda en Atenas, la policía encontró productos químicos, una balanza de precisión y otros elementos que, según la investigación, podían utilizarse para fabricar explosivos.

Las autoridades griegas habían sido alertadas previamente por la policía de Chipre, que semanas antes había detenido a dos palestinos cerca de Lárnaca presuntamente vinculados con el sospechoso. De acuerdo con la investigación, los servicios de seguridad pusieron al hombre bajo vigilancia permanente en una operación denominada “Odin”.

Los investigadores creen que esa célula evaluaba atacar un crucero israelí que realiza escalas periódicas en puertos griegos y que ya había sido escenario de protestas antiisraelíes. Según el informe, el sospechoso y otros cuatro palestinos habían sido interrogados durante una visita anterior del barco, aunque entonces no fueron arrestados.

La investigación también sostiene que algunos integrantes de la red recibieron entrenamiento especializado fuera de Europa. Según los investigadores, dos sospechosos viajaron en 2025 desde Zúrich hacia Qatar, Indonesia y posteriormente Malasia, donde habrían recibido capacitación para fabricar bombas.

De acuerdo con medios israelíes especializados que reprodujeron los hallazgos del diario suizo, las pesquisas de la Fiscalía Federal alemana describen una red capaz de mover armamento durante meses sin ser detectada. En el verano de 2025, cinco pistolas Glock habrían sido trasladadas desde Dinamarca hasta Viena pasando por Berlín mediante una cadena de intermediarios.

El informe también reconstruye investigaciones anteriores que apuntan a la creación de depósitos clandestinos de armas desde 2019. En diciembre de 2023, la policía búlgara desenterró una maleta con armas y municiones cerca de Plovdiv, cuya ubicación había sido identificada tras el análisis del teléfono de un sospechoso libanés posteriormente condenado en Alemania.

Según las autoridades alemanas, esa célula recibió instrucciones desde Líbano para establecer escondites de armas en distintos países europeos y preparar ataques contra objetivos judíos, israelíes y estadounidenses. Los investigadores sostienen que los sospechosos realizaron tareas de vigilancia sobre la Embajada de Israel en Berlín, la base aérea estadounidense de Ramstein y otros lugares considerados potenciales objetivos.

La investigación indica que los planes eran dirigidos desde Líbano por dirigentes del brazo militar de Hamas. Sin embargo, la organización negó cualquier vínculo con los detenidos en Europa y afirmó que las acusaciones buscan "dañar la reputación del movimiento“, al tiempo que aseguró que su confrontación con Israel se limita al territorio palestino.

No obstante, según el Neue Zürcher Zeitung las evidencias reunidas por las autoridades europeas sugieren que Europa dejó de ser únicamente una plataforma logística y de financiamiento para Hamas y pasó a formar parte de los escenarios contemplados para futuras operaciones terroristas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático expresaron su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, después de que se denunció un presunto plan de atentado en su contra.

La alerta surgió luego de que el equipo de seguridad de De la Espriella recibiera informes de inteligencia sobre una recompensa de hasta $3.000 millones ofrecida por estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para atentar contra el mandatario electo. La información fue reportada por el propio equipo de seguridad presidencial.

En su cuenta oficial en la red social X, Uribe escribió: “Toda la solidaridad con el Presidente Electo Dr Abelardo de la Espriella (sic)”. Por su parte, el Centro Democrático publicó: “El Centro Democrático expresa su solidaridad con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y condena enérgicamente cualquier amenaza o plan criminal que pretenda atentar contra su vida”.

Estas declaraciones públicas se suman a una serie de pronunciamientos de respaldo institucional frente al riesgo reportado.

Rechazo institucional y llamado a la protección

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también manifestó su rechazo ante cualquier amenaza que ponga en peligro la integridad del presidente electo. La Procuraduría publicó en X un comunicado en el que enfatizó: “El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente cualquier amenaza o acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella (sic)”.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades para que adelanten investigaciones con celeridad y adopten medidas para asegurar la protección de De la Espriella y el normal desarrollo de la transición institucional.

Según el equipo de prensa del presidente electo, los informes entregados a las agencias estatales advierten que las organizaciones armadas buscan afectar el desarrollo de las mesas de trabajo en diferentes regiones del país y podrían intentar infiltrarse en actividades públicas, incluidas aquellas con presencia de niños y adultos mayores.

El comunicado oficial alerta sobre la posibilidad de que estos escenarios sean aprovechados para ejecutar acciones violentas.

Refuerzo en los protocolos de seguridad

Ante la gravedad de la amenaza, la fuerza pública inició revisiones y ajustes en los protocolos de ingreso a recintos cerrados y plazas públicas donde tienen lugar los encuentros del equipo de transición, según detalló el grupo de trabajo de De la Espriella a medios nacionales.

El mensaje de la oficina del mandatario electo incluyó una ratificación sobre la independencia de los poderes del Estado frente a presiones de actores ilegales, subrayando el compromiso con el mandato popular obtenido en los comicios.

El equipo del presidente electo indicó: “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”.

Transición sin alteraciones y exigencia de investigación

Pese a las advertencias sobre el riesgo para su seguridad, los delegados de De la Espriella confirmaron que las reuniones programadas con alcaldes, gobernadores y movimientos sociales continuarán según lo planeado. El mandatario entrante decidió mantener sin cambios el cronograma de actividades institucionales previo a su posesión el 7 de agosto, descartando cualquier suspensión por presiones de grupos armados.

En palabras del equipo de gobierno: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

Para mitigar los riesgos, la jefatura de protección anunció controles extraordinarios en cada municipio programado para las visitas, con el propósito de resguardar tanto a los ciudadanos asistentes como a los funcionarios públicos.

Este 32° aniversario del Atentado a la AMIA se escuchó uno de los discursos más contundentes en relación al avance de la causa judicial y a la necesidad de realizar mayores esfuerzos gubernamentales. Lo realizó el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien sentenció que “el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia”.

En primera fila estaba el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes no hablaron durante el acto y se limitaron a escuchar las palabras de Armoza, quien hacia el final del discurso reconoció la voluntad de la actual administración de condenar a organizaciones terroristas.

“En medio de esta ola de cinismo global, celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno Nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia, manifestando su apoyo expreso al Estado de Israel en este momento tan delicado, y habiendo declarado también a Hamás como organización terrorista”, afirmó.

Aunque fue elogioso, Armoza hizo énfasis en varios pedidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, donde el oficialismo de La Libertad Avanza tiene margen para accionar.

Por la parte ejecutiva, pidió “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. Asimismo, solicitó que se “aceleren las designaciones al respecto para cubrir todos los cargos que se encuentran vacantes”. Para el lado del Congreso, pidió el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo, aunque sin explicar qué tipo de políticas públicas.

“Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial”, afirmó un importante funcionario de la Casa Rosada.

Infobae se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, para pedir sus opiniones acerca del pedido por refuerzos en la Triple Frontera, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.

Al respecto de la aceleración de pliegos judiciales, el Ministerio de Justicia prevé seguir con el envío de pliegos luego del receso invernal que va a tener el Congreso por estas dos semanas. Se espera que la propuesta de acuerdos por las diferentes vacantes que hay sea algo menor que en los últimos meses. Esto es por la importancia y la magnitud de los cargos que se van a proponer. La Casa Rosada comenzó mandando pliegos de juzgados menos atravesados por la política y prevé seguir avanzando con los más complejos en los próximos meses, aunque de manera más dosificada. “Las vacantes se van a cubrir”, afirman.

En cuanto a los aspectos legislativos, en el oficialismo se sinceran y afirman que no hay proyectos en materia de lucha contra el terrorismo por el momento, aunque eso no significa que se puedan comenzar a elaborar nuevas propuestas. “Sacamos la Ley de Juicio en Ausencia. Más no podemos hacer por el momento. Entendemos si creen que no tuvo los resultados esperados, pero hay buena predisposición de nuestro lado”, afirmó una importantísima voz del oficialismo.

Una de las figuras del Gobierno que estuvo presente en el acto dio ante Infobae su opinión sobre el discurso de Armoza: “Juicio en ausencia no puede nacer mal. Es una nueva institución y se deben tomar recaudos. Pero es un avance importantísimo”.

En todo el arco del oficialismo evitaron pronunciarse sobre las consideraciones que el titular de la institución realizó sobre los jueces y fiscales aludidos, aunque algunos de ellos reconocieron la lentitud y “la falta de justicia” que rodea a la Causa AMIA.

En uno de los fragmentos exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Quien estaba en el acto mientras era aludido era Barroetaveña, quien hace días logró una medida cautelar para poder participar de las elecciones y renovar su mandato en el Consejo de la Magistratura.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. Quien fue mencionado por haber realizado un aporte “nulo” a la investigación fue el fiscal Julio Miranda, cotitular de Basso en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA). También fue citado el responsable del Área de Análisis de la Unidad, el fiscal general Pablo Ouviña.

Durante la ceremonia realizada en Pasteur 633, Armoza aseguró que “luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos”, aunque advirtió que “nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar”. También dedicó sus primeras palabras a los familiares y sobrevivientes del ataque. “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo”.

Milei y Karina Milei siguieron la ceremonia desde las primeras filas, junto a funcionarios nacionales, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado. El Presidente encabezó la comitiva oficial que asistió al homenaje realizado en Pasteur 633, donde a las 9:53 sonó la sirena que recordó el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994.

Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido al estado de la investigación. “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó. Luego agregó que la institución mantiene “encendida” la búsqueda de respuestas frente a “una injusticia que nos quema por dentro”.

En ese contexto, reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo. “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan”, sostuvo.

Armoza también exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Además, cuestionó el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa. “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, manifestó. También recordó que el Juzgado Federal N° 6 permanece desde hace seis años sin un magistrado titular y reclamó cubrir las vacantes judiciales.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”, preguntó. Además, sostuvo que el aporte del fiscal Miranda “ha sido absolutamente nulo” y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que designe funcionarios “idóneos”.

En otro tramo del discurso, Armoza afirmó que “la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida” y aseguró que la Justicia argentina determinó que el atentado “se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán”. Agregó que “detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”, y reclamó a Interpol mantener vigentes las notificaciones rojas contra los acusados.

En materia de seguridad, pidió al Gobierno nacional “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. “La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, sostuvo. También convocó a Brasil a declarar a Hezbollah como organización terrorista y afirmó que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.

Finalmente, reclamó acelerar el análisis de la documentación vinculada a la antigua SIDE, sostuvo que todavía existen “toneladas de papeles” pendientes de revisión y pidió a la Corte Suprema revocar la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existe “prueba contundente y acumulada” que lo vincula con la conexión local del atentado.

El presidente Javier Milei encabeza la comitiva oficial que asiste al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.

El acto se realiza desde las 09:30 horas en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.

La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.

El mandatario llegó compañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

El evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.

A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.

La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.

En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.

Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.

La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.

Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

Las autoridades están investigando un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Betoyes, en zona rural del municipio de Tame, Arauca.

Según los informes preliminares, el hecho fue atribuido a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene una marcada presencia en la zona y que han atentado en reiteradas oportunidades contra la estación policial del corregimiento.

Los primeros informes, que están sujetos a verificación, indican que dos agentes murieron y más de cinco uniformados están heridos. Las víctimas reciben atención médica en centros asistenciales cercanos.

El hecho habría ocurrido en las horas de la tarde del martes 14 de julio de 2026, cuando desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra la infraestructura.

Las autoridades adelantan operaciones para confirmar la versión sobre los responsables, ante el riesgo permanente para la fuerza pública y la población civil que habita en la zona.

Hallaron rampas de lanzamiento de explosivos en Arauca que serían utilizadas por el ELN contra policías

Solo unas horas antes, el equipo de Inteligencia Militar localizó 16 rampas de lanzamiento artesanal y 120 kilos de explosivos en un área boscosa de Puerto Rondón, Arauca, presuntamente destinadas a ataques contra la fuerza pública.

El hallazgo lo realizó personal de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 (Fudra), que seguía la pista de un arsenal del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los detalles del hallazgo fueron confirmados por voceros de la Octava División del Ejército Nacional, que aseguraron que los medios de lanzamiento ya estaban “acondicionados y listos” para su uso criminal.

Según la Octava División del Ejército, las rampas, similares a las utilizadas en atentados previos, suelen instalarse en vehículos o zonas elevadas para propulsar cilindros-bomba y morteros contra bases militares y estaciones de policía. En septiembre de 2024, un ataque con este método impactó el Batallón de Artillería de Campaña N°18 en Puerto Jordán, hecho que afectó el proceso de paz con el ELN.

Las autoridades investigan si los explosivos incautados estaban destinados a nuevas acciones contra unidades de la Fuerza Pública en la región.

ELN divulgó pruebas de supervivencia de funcionarios de la Fiscalía secuestrados en Arauca

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó un video como prueba de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación secuestrados en Arauca desde mayo de 2025.

La grabación, de 16 minutos y fechada el 12 de julio de 2026, mostró a ambos funcionarios en condiciones de desgaste físico y emocional, tras 14 meses de cautiverio en la selva colombiana.

En el video, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada solicitaron al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo que gestionen un “intercambio humanitario” que permita su liberación antes del cambio de administración presidencial.

Los secuestrados pidieron empatía y acción urgente, enfatizando el efecto del cautiverio en sus familias. Pacheco, con 27 años de servicio, leyó una carta de su hijo menor y pidió al mandatario que no cierre su periodo con el caso sin resolver.

López expresó la incertidumbre diaria y el deseo de regresar con sus seres queridos, solicitando apoyo institucional para no dejar el proceso inconcluso.

Desde el ELN reiteraron en su comunicado que los funcionarios cumplen “penas” impuestas bajo su “justicia revolucionaria” y afirmaron estar dispuestos a negociar un intercambio humanitario de prisioneros de guerra.

No obstante, el grupo insurgente advirtió a la administración saliente de Gustavo Petro y al gobierno electo de Abelardo de la Espriella sobre posibles consecuencias fatales en caso de una operación militar de rescate.

La divulgación de la prueba de vida sorprendió a los familiares de los agentes. Nicolás Pacheco, hijo de uno de los cautivos, relató a Caracol Radio el impacto emocional del mensaje y criticó la gestión institucional.

“Lo veo bastante canoso. Aunque parece tranquilo, esa forma calmada que explota la utiliza cuando ya está molesto. Él está harto de la inoperancia estatal, harto de que la gente no sienta para nada lo que él siente”, señaló.

El grupo musical Las Estrellas de la Cumbia emitió un extenso comunicado luego del ataque armado que sufrió su bus en la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Los Olivos. El hecho ocurrió la mañana del domingo, cuando la agrupación se detuvo a desayunar tras una presentación y antes de continuar viaje hacia Trujillo.

Según relataron integrantes del grupo, una motocicleta se acercó al vehículo estacionado y los ocupantes abrieron fuego, efectuando al menos doce disparos contra la unidad. Los impactos se concentraron en la parte frontal y en las ventanas del lado del conductor. Agentes de la policía contabilizaron ocho orificios en la parte delantera y dos perforaciones adicionales en el costado del conductor.

El atentado dejó tres personas heridas, entre ellas el conductor y un auxiliar, quienes recibieron atención médica inmediata. Uno de ellos, identificado por el apodo de “Cucho”, fue trasladado al Hospital Municipal de Los Olivos. El resto del equipo fue asistido en el lugar por personal de emergencia, mientras la policía y peritos de criminalística realizaban las primeras diligencias en la zona.

El comunicado oficial y el contexto de amenazas previas

Pocas horas después del ataque, Las Estrellas de la Cumbia publicaron un comunicado dirigido a su familia, seguidores y público en general, en el que lamentaron profundamente lo sucedido y condenaron sin matices la violencia.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”, expresaron.

El texto señala que el equipo se encuentra recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios. La agrupación agradeció “las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas”. Además, pidieron a sus seguidores mantener la calma y evitar difundir información no confirmada, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

La agrupación manifestó su confianza en que las autoridades esclarecerán lo ocurrido. “Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos a nuestros seguidores mantener la calma y evitar compartir información no confirmada”, añadieron.

En el comunicado, el grupo reafirmó su compromiso de mantener sus actividades, más allá de la adversidad. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir llevando música y alegría a nuestro público. Este lamentable hecho no disminuirá nuestra determinación de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación”.

El ataque se suma a un historial de amenazas y extorsión. En noviembre de 2025, el director de la orquesta, Juan Pablo Acosta, denunció ante las autoridades actos intimidatorios luego de rechazar el pago de 20.000 soles exigidos por delincuentes. Las intimidaciones incluyeron videos y notas con municiones y cartuchos de dinamita. Dos presuntos miembros de la organización criminal La Nueva Generación fueron detenidos en relación con estas amenazas.

Mientras las investigaciones avanzan, la policía permanece en la zona y mantiene contacto con el grupo, que ha recibido el respaldo de familiares, colegas y seguidores. “Gracias por acompañarnos siempre. Su respaldo nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante, unidos y con esperanza”, concluyó el comunicado.

Las Estrellas de la Cumbia aseguraron que seguirán colaborando con las autoridades y mantendrán su actividad artística, reafirmando su rechazo a la violencia y su compromiso con el público.

Julio César Mayoral Carrillo, promotor del fallido Verano Fest en Mexicali, recibió al menos 15 disparos de arma de fuego la tarde de ayer en la colonia Popular 6 de Enero. Los responsables huyeron inmediatamente en una camioneta Honda Pilot de color oscuro, sin que, hasta el momento, se haya reportado su captura.

Según los primeros informes, el empresario de 46 años y originario de Caborca, Sonora, fue interceptado alrededor de las 18:26 horas en la intersección de las calles Lago de Chalco y Lago de Camécuaro. El ataque ocurrió en una zona residencial ubicada en el poniente de Mexicali.

En ese instante, Mayoral conducía un BMW 430i con placas de California y trataba de ingresar a un domicilio particular en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Lago. Su intento de acceder a la vivienda coincidió con la llegada de los agresores, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

El ataque y las primeras diligencias

Dos sicarios encapuchados descendieron de la Honda Pilot y abrieron fuego directamente contra el empresario. Las autoridades hallaron 25 casquillos percutidos en la banqueta y en la cochera del inmueble, mientras que el BMW presentó orificios de bala en las puertas, el vidrio trasero y los costados.

La víctima quedó tendida en el suelo con al menos tres impactos de proyectil en la espalda. Fueron sus hijastros quienes reportaron el ataque a la línea de emergencias, y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las indagatorias.

Un testigo en el lugar indicó a las autoridades que tres personas armadas abrieron fuego contra Mayoral. Un reporte adicional a la línea de emergencia señaló que otra persona fue vista alejarse del sitio a pie.

Mayoral fue trasladado a un hospital aún con signos vitales para recibir atención médica. Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.

La deuda millonaria con el Ayuntamiento y el empresario

El ataque ocurre semanas después de que la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informara públicamente que Mayoral adeuda al Ayuntamiento 1 millón 400 mil pesos por el contrato de arrendamiento de las instalaciones del Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones (FEX). El contrato original ascendía a 2 millones 450 mil pesos.

Bajo ese acuerdo, el promotor se comprometió a presentar 12 artistas en el escenario Isla de las Estrellas y dos en el Palenque del FEX, para un total de 14 eventos en 12 fechas. Solo se realizaron tres de esas presentaciones antes de que el proyecto se cancelara de forma definitiva.

El Verano Fest arrancó el jueves 21 de mayo con escasa afluencia desde su primera jornada. La presidenta municipal atribuyó el fracaso a una mala organización y descartó que la cancelación tuviera origen en extorsión o cobro de piso: el público se desalentó desde el primer día, cuando las puertas abrieron cinco horas después de lo previsto.

Amenazas previas y líneas de investigación

Antes del ataque, Mayoral ya había recibido amenazas de muerte vinculadas a deudas económicas derivadas del fracaso del Verano Fest. De manera extraoficial, se señala que el empresario enfrentaba compromisos financieros considerables con distintos acreedores a raíz de la cancelación de los eventos.

Las autoridades investigan si esas deudas constituyen el móvil del ataque. Los motivos oficiales aún no se han confirmado.

El perfil del promotor

Mayoral había cobrado notoriedad en Mexicali por su cercanía con el Ayuntamiento de la ciudad, precisamente a partir de la organización del Verano Fest. El evento, que se presentó como una apuesta de entretenimiento para el verano, terminó convertido en un foco de controversia pública tras las bajas ventas en taquilla y la cancelación de artistas desde la primera semana.

La contratación de los artistas y la renta del local al gobierno municipal figuran entre las pérdidas económicas que dejó el proyecto. El saldo final del festival fue de solo tres funciones realizadas de las 14 programadas.

La investigación permanece abierta. Las autoridades no han anunciado detenciones hasta el momento.

Ocho personas fueron acusadas de planear un ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250, que se realizó en los jardines de la Casa Blanca por el cumpleaños del presidente Donald Trump el pasado 14 de junio.

De acuerdo con el escrito de acusación difundido por el Departamento de Justicia y presentado en Columbus (Ohio), la tarde de este jueves 9 de enero, los imputados habrían considerado usar drones con explosivos dentro y alrededor del recinto para forzar una evacuación masiva. Después, presuntamente buscaban desplegar francotiradores para disparar contra “objetivos de alto valor” entre quienes intentaran huir.

Un gran jurado federal presentó este jueves cargos contra los sospechosos —de entre 19 y 32 años— por dos conspiraciones separadas: una por presunto apoyo material a terroristas y otra por planear un asesinato en territorio del Gobierno federal, además del homicidio de un funcionario federal.

Según el mismo documento, los acusados habrían planeado asesinar a Trump, al vicepresidente J.D. Vance, a funcionarios estadounidenses, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu —quien finalmente no asistió—, al magnate Elon Musk y a otros objetivos de alto valor.

La acusación identificó como presunto líder del plan a Abraham Hermosillo Álvarez, de nacionalidad mexicana. Si son hallados culpables del delito de conspiración para cometer asesinato, cinco de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua y multas de hasta USD 250,000, además de una pena adicional de hasta cinco años de prisión por planificar un acto de violencia en terrenos de la Casa Blanca. Sin embargo, los cargos más severos incluirían cadena perpetua.

Quién es el mexicano acusado de liderar atentado

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano de 32 años radicado en Nebraska, enfrenta cargos federales por su presunta participación en un plan para asesinar a Donald Trump, un caso que expuso el contraste entre la imagen de activista que proyectaba en línea y los mensajes privados en los que ya hablaba de actuar con violencia.

La acusación lo señaló como el supuesto “cerebro” de un plan para atacar el evento de la UFC programado para el 14 de junio en la Casa Blanca. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el objetivo también habría incluido al vicepresidente JD Vance, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu b (quien no asistió) y a Elon Musk.

Según la agente especial del FBI Seena Ali Soheilian, el presunto complot se gestó durante “aproximadamente una semana”. La misma funcionaria sostuvo que Hermosillo Álvarez identificó posiciones cercanas a la Casa Blanca para francotiradores y lanzamientos de drones con explosivos mediante mensajes enviados en Signal.

En su defensa, el abogado Stu Dornan argumentó que el acusado intentó cancelar el ataque dos días antes de la fecha prevista y que nunca compró boletos de avión, tren o autobús para trasladarse. Soheilian respondió que esa supuesta cancelación ocurrió después del arresto de un coacusado en Ohio y de los problemas mecánicos del auto de otros dos presuntos conspiradores.

La detención ocurrió el mismo día del ataque que habría sido planeado

Hermosillo Álvarez fue detenido el 14 de junio en el departamento que compartía con su esposa en Omaha, después de regresar de la alberca con ella. La fiscalía indicó que el FBI rastreó su ubicación a partir de su nombre de usuario en TikTok.

Durante el cateo, los agentes hallaron un dron, una escopeta, 50 cartuchos y un lanzallamas. Con esos elementos, los fiscales sostuvieron ante la jueza federal Jacqueline DeLuca que el imputado representaba un “riesgo extremo de fuga” y un peligro para la comunidad.

DeLuca aceptó la petición del gobierno y ordenó que permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso. Don Kleine, de la fiscalía federal, afirmó en la audiencia: “La razón por la que no ocurrió el desastre es porque el FBI pudo evitarlo”.

Antes de su arresto, Hermosillo Álvarez mantenía actividad pública en TikTok con mensajes centrados en exigir responsabilidades a gobiernos locales por operativos del ICE, presentar solicitudes de acceso a documentos públicos como el archivo Epstein y promover la idea de “construir una cadena de suministro propiedad de la gente” para reducir la dependencia de grandes corporaciones, investigó el medio informativo News Channel Nebraska.

Pero en mensajes privados enviados desde el año pasado ya aparecían señales más inquietantes. El 24 de enero escribió a una mujer con la que llevaba casi un año en contacto: “Somos sobrevivientes. Y soldados en segundo lugar, si así lo desea. Por eso no hablamos. Actuamos. Pero debemos tener previsión y astucia. Debemos ser resilientes. Cuando llegue la lucha, sabremos qué hacer”.

Cuatro días después envió otro mensaje: “Y por último, si antes no he sido claro, ha sido intencional. Hay muchos proyectos importantes en marcha. Algunos aún no están listos para ser revelados”.

Su historia en Nebraska pasó de una vida escolar discreta a propiedades y negocios

Quienes lo conocieron en Nebraska dijeron que su caso resultó sorpresivo. Ron Bubak, quien fue su entrenador de basquetbol en la preparatoria de Cozad, resumió esa reacción: “Me sorprendió mucho. Ese no es el chico que yo conocía”.

Hermosillo Álvarez llegó por primera vez a Estados Unidos en 2001, cuando tenía seis años, con una visa de turista. Después permaneció en el país sin autorización migratoria hasta obtener estatus legal bajo DACA, el programa para personas que llegaron siendo menores de edad.

Creció en Cozad, en el condado de Dawson, una zona que atrajo a familias inmigrantes desde la apertura de una planta empacadora de carne Tyson en la cercana Lexington en 1990. En la preparatoria se graduó en 2014 y formó parte de los equipos de campo traviesa y atletismo.

Bubak dijo que no sobresalía ni por su perfil social ni por un desempeño fuera de lo común. Lo describió como “siempre un chico tranquilo” y añadió que, en sus interacciones con él, “demostró ser un buen chico”.

En la Universidad de Nebraska en Kearney pareció consolidar una etapa distinta. Fue uno de los 110 estudiantes admitidos en una sociedad nacional de honor para alumnos de primer ingreso, participó en una fraternidad, fue representante del gobierno estudiantil y trabajó como embajador del área de admisiones, donde daba recorridos a futuros estudiantes.

Su formación se concentró primero en distribución industrial, una carrera ligada a logística, cadenas de suministro y ventas industriales, con materias como electricidad, electrónica, finanzas y contabilidad, además de prácticas empresariales. Aunque debía terminar en 2018, obtuvo su título hasta julio de 2020 y el grado fue en tecnología industrial, un campo más amplio.

En 2016 habló públicamente sobre su infancia con epilepsia y dijo: “Mucha gente pensaba que nunca iría a la universidad ni lograría nada, pero después de tanto esfuerzo y dedicación, valió la pena. Mi consejo para los jóvenes es que vivan la vida al máximo, persigan sus sueños y nunca se rindan”.

Tras graduarse, su perfil profesional indicó que trabajó por un periodo breve como especialista en cadena de suministro en un hospital de Kearney y dejó ese empleo en marzo de 2022. Después cofundó en 2020 una productora en Grand Island dedicada a fotografía y video para eventos.

Para 2024 vivía en Omaha, cerca de la calle 120 y West Dodge, y ese mismo año contrajo matrimonio, según registros del condado de Douglas. También tuvo un local comercial en el centro de Grand Island donde operó una tienda de ropa, además de una casa para remodelar en el este de Omaha.

Tres años antes hizo una compra inmobiliaria poco común. En julio de 2023 adquirió por USD 5,000 un antiguo templo metodista unido en Western, un poblado de 200 habitantes del condado de Saline; el anterior propietario dijo que el edificio de ladrillo, con alrededor de un siglo de antigüedad, había funcionado durante décadas como almacén y que la intención del comprador era convertirlo en vivienda.

Dos cargas explosivas ocultas en el casco bastaron para hundir el buque insignia de Greenpeace. El crimen escaló a un escándalo internacional cuando la investigación reveló que el ataque no había sido obra de delincuentes comunes, sino del propio Estado francés, que planificó el sabotaje en territorio aliado para impedir la resistencia civil contra sus pruebas nucleares.

Semanas antes, a comienzos de julio de 1985, el Rainbow Warrior acababa de completar una misión humanitaria: la evacuación de los habitantes de la isla de Rongelap, afectada durante décadas por la radiación de los ensayos nucleares estadounidenses. Tras esa operación, el barco atracó en el puerto de Auckland para reabastecerse y realizar tareas de mantenimiento. Su siguiente destino era el atolón de Mururoa, donde intentaría interponerse a los nuevos ensayos atómicos franceses.

Pero los servicios secretos se adelantaron. La noche del 10 de julio de 1985, el puerto de Waitematā se convirtió en escenario del primer atentado terrorista de la historia de Nueva Zelanda. El antiguo pesquero reacondicionado —cuyo nombre evocaba una profecía indígena sobre los protectores de la Tierra— quedó condenado cuando dos explosiones rompieron la calma de la bahía.

La tragedia alcanzó su punto más dramático cuando el fotógrafo portugués Fernando Pereira regresó al interior de la embarcación tras la primera detonación para recuperar sus cámaras. La segunda carga explotó segundos después y lo dejó atrapado mientras el barco se hundía. El atentado desmintió las versiones oficiales del Palacio del Elíseo y convirtió una operación secreta de sabotaje en uno de los episodios más emblemáticos de la historia del activismo ambiental.

Infiltración y sabotaje en las sombras de Auckland

La operación que la inteligencia francesa bautizó como Operación Satánica comenzó meses antes de las explosiones. La primera integrante del plan fue Christine Huguette Cabon, agente de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), quien se infiltró en las oficinas de Greenpeace en Auckland bajo la identidad falsa de “Frédérique Bonlieu”. Su misión era obtener información sobre los movimientos del Rainbow Warrior: rutas de navegación, horarios y detalles de la tripulación que preparaba una campaña contra los ensayos nucleares franceses en Mururoa.

Con esos datos, un equipo de buzos tácticos y agentes de apoyo ingresó clandestinamente en Nueva Zelanda utilizando pasaportes falsos. Algunos se presentaron como turistas; otros, como tripulantes del yate Ouvea, la embarcación utilizada como apoyo logístico de la operación. Los explosivos magnéticos fueron trasladados en balsas inflables hasta el muelle Marsden, donde estaba atracado el barco de Greenpeace.

El objetivo era claro: inutilizar la embarcación antes de que pudiera llegar al área de pruebas nucleares francesas. En esas aguas, el gobierno desarrollaba un controvertido programa de ensayos que consistía en detonar artefactos nucleares en galerías subterráneas excavadas bajo los atolones de Mururoa y Fangataufa. Las explosiones liberaban energía equivalente a decenas de veces la bomba de Hiroshima, fracturaban la roca volcánica y alimentaban el temor a filtraciones radiactivas en el océano Pacífico. Para los movimientos ecologistas, aquel territorio se había convertido en el principal símbolo de la oposición internacional a las pruebas nucleares francesas.

Por eso, la noche del ataque, la tripulación aprovechó la escala en Auckland para reabastecer el barco y realizar tareas de mantenimiento. Horas antes, varios integrantes de Greenpeace habían celebrado el cumpleaños del activista Steve Sawyer. Cerca de la medianoche, mientras la mayoría dormía, los agentes franceses entraron en acción.

Los buzos colocaron dos cargas en el casco. La primera explosión, ocurrida a las 23:38, abrió una brecha en la estructura y obligó a la tripulación a evacuar. Cuando algunos miembros regresaron para evaluar los daños, entre ellos Fernando Pereira, una segunda detonación sacudió la embarcación. Faltaban quince minutos para la medianoche.

El fotógrafo portugués había vuelto para recuperar sus cámaras y su equipo profesional. La nueva explosión (ocurrida a las 23:45) abrió una vía de agua imposible de contener: el Rainbow Warrior comenzó a hundirse y desapareció bajo la superficie en apenas cuatro minutos. Pereira quedó atrapado en el interior y murió ahogado.

Las mentiras de Francia y el derrumbe de la coartada

Después del hundimiento y la muerte de Fernando Pereira, la policía neozelandesa inició una investigación que pronto pondría en jaque al gobierno francés. Desde París, la respuesta inicial fue negar cualquier participación en el atentado. El gobierno de François Mitterrand calificó las acusaciones como absurdas y sostuvo que Francia jamás atacaría civiles en el puerto de un país aliado.

La versión oficial comenzó a desmoronarse por una combinación de errores operativos y testimonios inesperados. Durante la noche del ataque, el grupo civil de vigilancia costera Auckland Boat Watch había informado movimientos sospechosos: personas desembarcando de una balsa neumática y trasladándose hacia una camioneta Toyota HiAce.

Esa pista coincidió con las sospechas que despertó una pareja que se presentó como turistas suizos bajo los nombres de Sophie y Alain Turenge. Cuando devolvieron el vehículo alquilado, la policía descubrió irregularidades en su documentación y comprobó que sus pasaportes eran falsos.

Los supuestos turistas eran en realidad los agentes franceses Dominique Prieur y Alain Mafart. Su detención, junto con el rastreo del yate Ouvea, permitió reconstruir la operación encubierta y establecer el vínculo con la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE).

La presión internacional logró que ya no pudieran sostener que nada tuvieron que ver: el primer ministro francés Laurent Fabius terminó admitiendo en una conferencia de prensa y ante las cámaras de televisión de todo el país que agentes del servicio secreto francés habían ejecutado el sabotaje bajo órdenes del Estado.

Presión diplomática y una condena incumplida

La revelación de la operación provocó una crisis política en Francia. El ministro de Defensa Charles Hernu presentó su renuncia y el director de la DGSE, el almirante Pierre Lacoste, fue destituido. Aunque París terminó reconociendo que el ataque había sido ejecutado por agentes estatales, el gobierno de François Mitterrand concentró sus esfuerzos en proteger a los responsables.

Christine Cabon, la agente que había infiltrado Greenpeace en Auckland, logró escapar de Nueva Zelanda antes de ser detenida. Mientras tanto, la atención se centró en los dos únicos miembros del comando capturados: el mayor Alain Mafart y la capitana Dominique Prieur, oficiales de la DGSE que habían ingresado al país bajo identidades falsas para participar en la operación.

En noviembre de 1985, los dos se declararon culpables de homicidio involuntario y daños intencionales ante la justicia neozelandesa. Fueron condenados a diez años de prisión por su participación en el hundimiento del Rainbow Warrior y la muerte de Fernando Pereira. Esa condena abrió un nuevo conflicto entre Wellington y París. Francia inició una ofensiva diplomática y económica para recuperar a sus agentes, utilizando su influencia dentro de la Comunidad Económica Europea y amenazando con afectar las exportaciones de Nueva Zelanda.

La crisis llegó hasta Naciones Unidas. La mediación del secretario general Javier Pérez de Cuéllar permitió llegar a un acuerdo: Francia indemnizaría a Nueva Zelanda; y Mafart y Prieur serían trasladados a la base militar francesa de Hao, en la Polinesia Francesa, donde permanecerían bajo vigilancia durante tres años sin poder abandonar la isla.

En paralelo, un tribunal arbitral internacional determinó que Francia debía compensar a Greenpeace por el hundimiento deliberado del barco. Esa indemnización permitiría financiar la construcción de un nuevo Rainbow Warrior.

El acuerdo diplomático, sin embargo, no resistió el paso del tiempo. En 1987, Francia retiró a Mafart de Hao alegando problemas de salud y, al año siguiente, Prieur fue trasladada por quedar embarazada. Nueva Zelanda consideró que esas salidas violaban los compromisos asumidos, porque ninguno de los agentes regresó a la base para completar el período acordado.

Lejos de recibir sanciones, los dos oficiales fueron reincorporados a Francia y recibieron reconocimientos oficiales. Años después, un arbitraje internacional concluyó que el gobierno francés había incumplido parte de sus obligaciones con Nueva Zelanda, aunque para entonces el plazo original de permanencia en Hao ya había terminado.

El renacimiento del Guerrero del Arco Iris

El hundimiento del Rainbow Warrior no debilitó a Greenpeace. Por el contrario, multiplicó el respaldo internacional hacia la organización. Las donaciones aumentaron, miles de personas se sumaron a sus campañas y una frase quedó asociada para siempre al episodio: “No se puede hundir un arco iris”.

Tras ser reflotado para la investigación, los técnicos determinaron que los daños eran irreparables. En 1987, el barco fue trasladado y hundido nuevamente cerca de las islas Cavalli, al norte de Nueva Zelanda, donde permanece como arrecife artificial y sitio de buceo. Con las indemnizaciones obtenidas tras los arbitrajes internacionales, Greenpeace reconstruyó su flota: en 1989 presentó el Rainbow Warrior II, que continuó las campañas contra la caza de ballenas y los ensayos nucleares; y en 2011 incorporó el Rainbow Warrior III, diseñado para nuevas operaciones ambientales.

El atentado tampoco logró detener las protestas contra las pruebas nucleares francesas. Por el contrario, convirtió al barco emblema de la ONG en un símbolo internacional de la defensa ambiental. Francia puso fin a sus ensayos nucleares en el Pacífico en 1996, mientras el nombre del viejo pesquero continuó navegando en sus sucesores. Lo que había comenzado como una operación secreta para silenciar una protesta terminó siendo uno de los mayores fracasos políticos de la inteligencia francesa y una victoria simbólica para el movimiento ecologista.

La historia del Rainbow Warrior también trascendió los puertos y las campañas ambientales para convertirse en un símbolo dentro de la cultura popular. En 1989, cuatro años después del atentado, artistas y bandas como U2, R.E.M., Bryan Ferry, The Pretenders y Peter Gabriel participaron en el álbum benéfico Greenpeace Rainbow Warriors, cuyos fondos fueron destinados a apoyar las campañas de la organización. El libreto del disco recuperaba el sentido original de la causa: “Una profecía nativa americana dice que los pueblos del mundo se unirán como Guerreros del Arcoíris para salvar al planeta de la destrucción. Ha llegado su momento”.

En el rock en español, uno de los homenajes más recordados llegó desde Argentina. En 1991, la banda más importante de heavy metal, Rata Blanca, lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Guerrero del arco iris. La canción homónima, compuesta por el guitarrista y líder de la banda, Walter Giardino, e interpretada por Adrián Barilari, convirtió el ataque al barco en una denuncia contra el abuso del poder y la destrucción ambiental. Sus versos quedaron asociados a la historia del buque: “Peleemos contra los tontos que harán nuestro final. La vida la da esta tierra, no hay otro lugar”. El video oficial muestra imágenes elocuentes de las campañas protagonizadas por la organización ambientalista, el buque hundido y los irreparables daños al planeta.

Otras expresiones de la escena musical independiente también adoptaron el nombre del buque como bandera. La agrupación británica Bleak House compuso el tema Rainbow Warrior dentro de la corriente del heavy metal europeo, mientras que el dúo de indie-folk estadounidense CocoRosie reinterpretó el concepto místico de la profecía en su canción Rainbowarriors. A través del pop masivo y el metal latinoamericano, la historia del navío trascendió el atentado que buscó silenciarlo.

Décadas después, el casco del Rainbow Warrior sigue hundido en Auckland, pero su nombre continúa navegando en campañas ambientales, libros, canciones y nuevas generaciones de activistas. La operación destinada a quebrar un barco y la causa que lo llevaba a los oceanos terminó demostrando que una agresión militar pudo destruir su metal y madera, pero no el símbolo construido alrededor de aquella causa.

La Justicia de Costa Rica postergó el juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, un proceso que debía examinar la responsabilidad penal de un acusado costarricense por dos ataques cometidos entre 2021 y 2024 y que, para las víctimas, también puede abrir la discusión sobre una red más amplia de persecución contra opositores nicaragüenses en el exilio.

El aplazamiento se produjo por ausencia de notificación al acusado, de acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias EFE, y con una declaración del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a la pareja. La organización advirtió que el retraso puede afectar el derecho de las víctimas a una justicia pronta.

El caso se centra en dos atentados ocurridos en Costa Rica, en los que Maldonado recibió en total 13 disparos. La ONG sostiene que ha documentado al menos 200 casos de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio mediante intimidación, hostigamiento, agresiones y otras formas de violencia.

El proceso no iniciado estaba previsto en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José. El acusado es el costarricense Jeremmy Jacobo Rivas, señalado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los dos opositores y refugiados nicaragüenses. Antes de la postergación, el juicio iba a comenzar este lunes y se preveía que durara 5 días.

Maldonado, de 38 años, iba a declarar de forma virtual desde Estados Unidos, país donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Robleto también debía testificar por esa vía mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

Las víctimas responsabilizan al régimen del matrimonio copresidencial nicaragüense, formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua, y forma parte del marco político que la pareja atribuye a los ataques.

La pareja pide investigar autores materiales e intelectuales

El Colectivo sostuvo que el caso no debe limitarse al acusado que llegó a juicio. Según la organización, los hechos deben analizarse en un contexto de amenazas, vigilancia, persecución y desnacionalización contra Maldonado por su condición de opositor político, exiliado y refugiado nicaragüense.

En una declaración escrita citada por Infobae, Maldonado planteó el alcance que espera del proceso: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

El Colectivo también formuló un pedido directo a las autoridades costarricenses: “Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de Costa Rica para que establezcan una nueva fecha para el juicio, garanticen el avance efectivo del proceso, protejan a las víctimas y testigos, y desarrollen una investigación integral que permita identificar, acusar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”.

La organización exhortó además al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

Cómo fueron los ataques en San José

El primer ataque contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

El segundo atentado fue el 10 de enero de 2024, cuando viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Dos hombres también a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Quiénes son Joao Maldonado y Nadia Robleto

La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos. Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero, se naturalizó español y es hijo del fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, que estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 por participar en protestas antigubernamentales.

Robleto es abogada, activista, tiene 40 años y es madre de tres hijos. También es disidente sandinista.

La Justicia de Costa Rica abrirá este lunes un juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto. El proceso comenzará en San José, durará cinco días y buscará establecer la responsabilidad penal de un acusado costarricense por un ataque que dejó a Maldonado con 13 disparos en dos atentados.

El proceso comenzará en el Segundo Circuito Judicial de San José y podría extenderse, según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a las víctimas. Maldonado, de 38 años, sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024.

Según la información difundida por la agencia EFE, las víctimas señalan como responsables al Gobierno de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua. La causa, sin embargo, se abrirá contra Jeremy Jacob Rivas Núñez, de nacionalidad costarricense.

El juicio y el reclamo de las víctimas

Maldonado declarará de manera virtual el martes desde Estados Unidos, donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su esposa lo hará al día siguiente mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

El punto central del juicio será determinar la responsabilidad penal del acusado, pero las víctimas también exigen que la investigación avance sobre toda la estructura que habría participado en el atentado. Según el Colectivo, reclaman una condena para Rivas Núñez y que la Justicia establezca quiénes intervinieron en la planificación, coordinación y ejecución del ataque.

Maldonado sostiene que hubo otras personas vinculadas con el hecho que quedaron fuera de este proceso judicial. En una declaración escrita, afirmó: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

La organización que acompaña a la pareja exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones hasta identificar y procesar a todos los posibles autores materiales e intelectuales, y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

También pidió a organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil que mantengan vigilancia pública sobre el caso y acompañen el proceso para exigir justicia integral para las víctimas.

Los dos atentados contra Maldonado

El primer atentado contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

El segundo ataque fue el 10 de enero de 2024, cuando el opositor viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Ambos fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta, que abrieron fuego en múltiples ocasiones. La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.

¿Quiénes son Maldonado y Robleto?

Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero y se naturalizó español. Es hijo del mayor fallecido en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 tras participar en protestas antigubernamentales.

Robleto, abogada y activista de 40 años, sigue afectada por las secuelas del disparo que recibió. Es madre de tres hijos y también es disidente sandinista.

Un atentado con un artefacto explosivo se registró durante la madrugada de este sábado contra la vivienda de Deyner Quinde Rivera, candidato a la alcaldía de la provincia de Ayabaca, en la región Piura. El hecho ocurrió pocas horas después de que participara en una actividad política y, según informó el propio aspirante al cargo, solo dejó daños materiales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Quinde Rivera señaló que la explosión se produjo en el frontis de su domicilio. Asimismo, precisó que tanto él como su familia y las personas que lo acompañaban resultaron ilesas tras el ataque.

El candidato indicó que, pese a la gravedad de lo ocurrido, no se registraron víctimas. “Afortunadamente, el hecho solo ha ocasionado daños materiales. Mi persona, mi familia y mi equipo nos encontramos bien y a salvo”, expresó en el pronunciamiento publicado horas después del atentado.

Candidato continuará en campaña

Tras informar sobre el atentado, Deyner Quinde Rivera rechazó lo sucedido y calificó el hecho como un acto delincuencial. En su comunicado sostuvo que el ataque no modificará su decisión de continuar desarrollando sus actividades políticas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

El aspirante a la alcaldía de Ayabaca afirmó que este episodio fortalece su compromiso con la seguridad y el desarrollo de la provincia. En ese sentido, manifestó que hechos de esta naturaleza no lo amedrentarán ni alterarán el trabajo que viene realizando junto con su equipo.

Además, expresó su preocupación porque este tipo de ataques se registren en Ayabaca. Según señaló, la ocurrencia de un atentado con explosivos evidencia la necesidad de reforzar las acciones destinadas a preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

Exige identificar a los responsables

Como parte de su pronunciamiento, Quinde Rivera solicitó la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El pedido fue dirigido a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y a las instituciones competentes, con el objetivo de que se inicie una investigación exhaustiva sobre el atentado.

El candidato pidió que las diligencias permitan identificar y sancionar a los responsables de la detonación del explosivo. Asimismo, exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de la provincia de Ayabaca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas o posibles responsables del atentado. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre las investigaciones relacionadas con el caso, mientras el candidato agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras el ataque y reiteró que continuará con sus actividades políticas.

Ese día era el 18 de julio de 1994. Su mamá tenía dolor de cabeza. Jenny no fue. Y un fuerte sonido no solo interrumpió el sueño de su madre, sino que interrumpió toda su vida.

Treinta y dos años después, Jennifer Dubin apareció frente a una cámara con la camiseta de la selección argentina y dijo, con voz pausada, que en la final con los brasileños en el Maracaná por la Copa América 2021 “tampoco estaba mi papá”. Fue el único momento del video producido por la AMIA para recordar a las víctimas del atentado en que habló alguien que no era actriz.

El video que AMIA lanzó a 32 años del atentado

AMIA publicó esta semana en sus redes sociales Hoy no podemos perder, la memoria, una producción audiovisual que toma como punto de partida “Muchachos”, la canción que se volvió símbolo del la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022, para construir un relato atravesado por la ausencia y el paso del tiempo.

La elección no fue casual. “Muchachos” habla de generaciones, de padres e hijos, de una identidad que se transmite. AMIA tomó esa misma estructura emocional y la invirtió: ¿qué pasa con los que no llegaron a ver nada de lo que vino después?

Mirando a cámara, los actores que participan del video recitan una letra que reescribe la canción original desde la ausencia: “En Argentina nacieron. Y alguno en otro lugar. Tierra de Diego y Lionel, al que no llegaron a conocer. De los pibes de Malvinas que, como a ellos, jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. Es difícil de entender. Las finales que perdimos… no las llegaron a ver”.

La producción fue desarrollada en colaboración con la agencia From, dirigida por Lucas Fossati, y el audio y la música estuvieron a cargo de Bigotes Music.

Quién era Norberto Ariel Dubin

Norberto Dubin tenía 31 años. Era el subjefe del área de Sepelios de AMIA, el menor de cuatro hermanos, estaba casado y tenía dos hijos: Juan Manuel y Jennifer. Todos lo llamaban “el Gordo”, con cariño. Medía 1,85 metros y pesaba 140 kilos.

Había sido despachante de aduana durante años. En 1987 ingresó a trabajar en AMIA. Le gustaba contar chistes. Soñaba con vivir en una casa frente al mar.

Norberto era el tipo de padre que defiende. Jenny lo sabía. Cuando alguien se burlaba de su problema de labio leporino, sabía que ese grandote estaba ahí. Más que padre e hija, eran cómplices. Con miradas ya se entendían.

El 18 de julio de 1994, antes de ir al trabajo, le dijo que pasara a verlo. Quería darle el beso de cada día y desearle suerte: ese día le darían la fecha de su última operación. Jenny no llegó a ir.

La mañana que interrumpió todo

Era una mañana fría de invierno. Jenny empezaba las vacaciones escolares. Su mamá tenía dolor de cabeza y cuando intentó recostarse, un sonido enorme sacudió todo.

Pasaron seis días. Jenny no entendía por qué su papá no volvía, por qué no venía a jugar con ella. Hasta que su mamá le tomó las manos con fuerza y le dijo que su papá iba a vivir en su corazón, porque se había ido con Dios.

Jenny la miró fijo. Y vio que en los ojos de su mamá se derrumbaba todo su castillo de princesa. Dejó de ser una nena de ocho años.

Treinta y dos años sin que suene el despertador a las 9:53

Jenny creció. Formó su familia. Tiene su trabajo. Pero todavía no tolera las sirenas, ni las de los bomberos, ni las de la policía, ni las de las ambulancias. Y tampoco tolera que su despertador suene a las 9:53, la hora exacta en que la bomba destruyó el edificio de Pasteur 633.

Desde aquel 18 de julio de 1994, sigue esperando, cada día, que sean las siete de la tarde para que su papá venga a jugar con ella. Para que la abrace. Para que le diga que fue un mal sueño.

El video la muestra con la camiseta de la selección y dice, con la sencillez de quien ha repetido esa ausencia miles de veces, que en la final contra Brasil en el Maracaná, en 2021, tampoco estaba su papá. Que Diego Maradona murió y él no pudo estar. Que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo y él tampoco estuvo.

Cada hito de la historia argentina reciente es, para Jennifer, una nueva cuenta de lo que su padre no vio.

Las 85 vidas que no vieron nada de lo que vino después

El video de AMIA no se queda en una sola historia. Amplía la mirada hacia las 85 personas asesinadas en el atentado y todo lo que no pudieron vivir. La letra continúa: “Y al Diego en la tierra lo podían ver. Con don Diego y con la Tota. Sin imaginar lo que años después haría Lionel”.

La producción cierra con la voz del actor Federico D’Elía: “El 18 de julio de 1994, 85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. Se perdieron todo lo que vino después. Y también de acompañarnos esta vez. Por ellos, por ellas, no podemos perder… la memoria”.

Desde AMIA explicaron el sentido de la campaña al momento de presentarla. “Cuando decimos que hoy no podemos perder la memoria, hablamos de no olvidar que detrás de cada una de las 85 víctimas había una vida, una historia, proyectos, afectos y sueños que fueron brutalmente interrumpidos. Ellos no pudieron vivir nada de lo que vino después. Nosotros sí. Por eso tenemos la responsabilidad de recordarlos, de transmitir sus historias y de seguir reclamando justicia. La memoria es el puente que los mantiene presentes entre nosotros”.

El acto central del 32° aniversario

El lanzamiento del video coincidió con el Día del Padre, una fecha que resignificó el testimonio de Jennifer.

El Acto Central por el 32° aniversario del atentado se realizará el viernes 17 de julio frente a Pasteur 633, la misma dirección que en 1994 fue blanco del terrorismo internacional. Este año, el aniversario cae en día sábado —Shabat—, por lo que la conmemoración se adelanta un día, en respeto a esa observancia religiosa.

A las 9:53 sonará la sirena. La misma hora. El mismo sonido que Jennifer no puede escuchar sin que todo vuelva.

La causa judicial por el mayor ataque terrorista de la historia argentina sigue abierta, con condenas que no alcanzaron a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Norberto Ariel Dubin tenía 31 años, soñaba con una casa frente al mar y tenía una hija que lo esperaba con el beso de cada día. El 18 de julio de 1994 fue a trabajar y no volvió.

El estallido de un paquete bomba en la entrada de un edificio residencial de Mónaco dejó tres personas heridas de gravedad, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Irmolaiev, según informaron medios franceses y ucranianos, mientras las autoridades del principado y de Francia buscan al presunto autor, que cruzó la frontera francesa tras el ataque. El hecho ocurrió el lunes por la noche cerca del límite entre ambos países y las autoridades investigan el móvil del atentado.

La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia. El gobierno monegasco informó inicialmente que dos adultos, una pareja de entre 50 y 60 años, sufrieron heridas graves y que un adolescente de 13 años también resultó lesionado, aunque en un primer momento no reveló la identidad de las víctimas.

Más tarde, una fuente cercana a la investigación confirmó a AFP una información difundida por la cadena BFMTV según la cual uno de los heridos es Vadim Irmolaiev, un magnate ucraniano de la construcción que reside en Mónaco. La identidad de las víctimas, sin embargo, todavía no recibió confirmación oficial por parte de las autoridades del principado.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, informó que el sospechoso escapó a pie hacia Francia después de la explosión. Según explicó, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar su recorrido tanto en Mónaco como en la localidad francesa de Beausoleil, situada junto al principado.

Las fuerzas de seguridad de ambos países participan en el operativo para localizar al presunto responsable. Un funcionario de la Policía Nacional francesa confirmó que las autoridades francesas colaboran con la investigación y mantienen la búsqueda del sospechoso, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre el caso.

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, explicó a la AFP que el artefacto explosivo se encontraba dentro de una bolsa o paquete que una persona dejó en el vestíbulo del edificio antes de retirarse del lugar.

En un mensaje publicado en la red social X, el gobierno monegasco señaló: “Esta noche, poco antes de las 21H00, se escuchó en el Principado una violenta explosión relacionada con un paquete bomba, no muy lejos de la Place des Moulins”.

Mirmand calificó el episodio como un hecho sin precedentes para el país. “Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que se produce un acto de este tipo en el Principado”, afirmó durante una comparecencia ante la prensa.

Tras el atentado, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad en el microestado, que ya cuenta con una importante presencia policial. Mirmand indicó que todos los servicios del Estado permanecen movilizados mientras continúa la investigación para determinar el motivo del ataque.

Los tres heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad francesa de Niza, ubicada a unos 20 kilómetros de Mónaco, donde recibieron atención médica.

El príncipe Alberto II de Mónaco condenó el atentado mediante un comunicado oficial y expresó el respaldo de las instituciones del principado a la investigación. El jefe de Estado calificó el episodio como “un crimen atroz” y sostuvo que representa “un golpe para toda la comunidad monegasca”.

Además, el soberano reafirmó la prioridad que el país asigna a la seguridad y aseguró que “la seguridad” del microestado europeo “siempre ha sido una prioridad” y “lo seguirá siendo más que nunca, sean cuales sean las amenazas”.

El ministro Mirmand también confirmó que el fiscal general Stéphane Thibault ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el avance de las investigaciones y las actuaciones judiciales.

Medios franceses y el sitio ucraniano Ukrainska Pravda identificaron al empresario herido como Vadim Irmolaiev, quien desde diciembre de 2023 figura bajo sanciones impuestas por el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania mediante una decisión promulgada por el presidente Volodimir Zelensky.

Según diversos medios que citan a los servicios de seguridad ucranianos, esas sanciones responden a la decisión del multimillonario de mantener actividades vinculadas al comercio de alcohol en la península de Crimea, territorio bajo ocupación rusa.

Las autoridades de Mónaco señalaron que la investigación continúa abierta para establecer el motivo del ataque y determinar la responsabilidad del autor, mientras los equipos de seguridad de Mónaco y Francia mantienen el operativo de búsqueda del sospechoso.

(Con información de AP y EFE)

Según información de Latina, el hecho ocurrió cuando la unidad cubría la ruta que une San Juan de Lurigancho con Ventanilla. De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los delincuentes llegó hasta el lugar a bordo de una motocicleta junto a un cómplice. El sujeto descendió del vehículo, se hizo pasar por usuario y abordó el ómnibus sin despertar sospechas.

Instantes después, cuando ya se encontraba dentro del transporte, el atacante sacó un arma de fuego y disparó al menos tres veces contra el chofer. Los proyectiles impactaron en distintas partes de la cabina, rompiendo una de las ventanas laterales. Sin embargo, la víctima consiguió esquivar cada uno de los tiros, evitando una tragedia mayor.

La escena desató momentos de desesperación entre quienes viajaban en la unidad. Testigos relataron que, tras las detonaciones, el pánico se apoderó del interior del vehículo. Algunos ocupantes buscaron refugio agachándose entre los asientos, mientras otros permanecieron inmóviles por temor a ser alcanzados por las balas.

Imágenes registradas después del ataque muestran el estado de conmoción que vivieron los usuarios. En uno de los videos se observa a una mujer sentada en el piso del bus, intentando protegerse ante la posibilidad de un nuevo disparo. El silencio que siguió a los estruendos reflejaba el miedo de decenas de personas que estuvieron a pocos segundos de convertirse en víctimas fatales.

Afortunadamente, ninguna persona sufrió heridas. Luego del atentado, los pasajeros fueron trasladados hacia sus destinos en otra unidad de la empresa, mientras que el conductor acudió a la comisaría Márquez para rendir su manifestación y colaborar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, como consecuencia de este último atentado, los trabajadores de la empresa decidieron no salir a laborar por temor a nuevos ataques.

Este nuevo episodio se suma a una larga cadena de amenazas y ataques que enfrenta el Consorcio Roma. La empresa, que opera una de las rutas más extensas entre Lima y el Callao, ha sido blanco recurrente de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

En abril de este año, la empresa denunció haber recibido mensajes amenazantes acompañados de municiones. Los responsables se identificaron como integrantes de la organización criminal denominada “La Nueva Alianza del Cono Norte”. Pese a las denuncias, la violencia volvió a golpear al sector transporte, evidenciando una problemática que continúa afectando a trabajadores y usuarios en distintos puntos del país.

Canales contra la extorsión

El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta vía, la población puede alertar sobre hechos de extorsión y solicitar protección policial inmediata. El sistema articula respuestas con la Central de Emergencias 105 y permite remitir elementos de prueba, como audios o videos.

• Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
• Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.
• Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de las investigaciones.

La investigación que se estaba adelantando en la Fiscalía General Penal Militar y Policial en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay, precluyó luego de determinar que el atentado contra el entonces senador y precandidato presidencial fue resultado de una planeación “criminal y estructurada” que no estaba asociada con el equipo de seguridad.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar informó que la actuación del subcomisario Gómez durante el atentado ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, “se ajustó a los protocolos de protección y respuesta inmediata”.

De acuerdo con la Fiscalía, el subcomisario Gómez fue informado del evento político en ese punto pocas horas antes de su realización. Ante la notificación extemporánea, el oficial activó coordinaciones operativas con personal policial de la jurisdicción y articuló acciones con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

El material probatorio para sustentar las acciones que adelantó Gómez Velasco el día del atentado fueron sometidas a una verificación por parte del ente investigador que permitió concluir que el ataque contra el senador se programó con meses de anticipación, ejecutado por “una red delictiva con responsabilidades específicas, logística previa y determinadores concretos”.

En ese sentido, el hecho de que Uribe Turbay fuera atacado con arma de fuego —pese a toda la reacción operativa por parte del esquema de seguridad— obedeció a una operación de alta complejidad y “no a una conducta omisiva deliberada atribuible al jefe del esquema de seguridad”.

“La fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco”, dijo, citado por El Tiempo, el juez que lideró la audiencia de preclusión.

Agregó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”.

Al contrario, se estableció que el subcomisario Gómez “aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial”, se leyó en la comunicación oficial.

En contraposición a hipótesis y denuncias en contra del sistema de protección del senador Uribe Turbay, ante una presunta abstención o inoperancia de sus responsabilidades, las autoridades vieron que “las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata orientada a la protección de la vida e integridad del protegido”.

La conversación y las risas entre dos implicados por magnicidio de Miguel Uribe en audiencia: “¿Cómo se siente?"

Durante una audiencia judicial relacionada con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, dos de los implicados, Elder José Arteaga, alias El Costeño, y “El Hermano”, protagonizaron un episodio que generó indignación al intercambiar saludos y risas mientras sus micrófonos y cámaras permanecían abiertos.

El incidente ocurrió durante un receso de la diligencia, cuando ambos, señalados por la Fiscalía como coordinadores del ataque, conversaron de manera distendida pese a la gravedad del caso y la presencia virtual de las demás partes.

En medio del diálogo, alias El Costeño preguntó a su compañero por su estado, a lo que este respondió: “Encanado”. El intercambio incluyó referencias a las condiciones de reclusión, bromas sobre “buscar el sueño americano” y comentarios sobre la precariedad del sitio de detención.

La intervención de uno de los abogados presentes solicitó prudencia ante la actitud de los capturados, recordando que la audiencia era pública y que familiares de la víctima se encontraban conectados.

El episodio tuvo lugar en la audiencia donde se evaluaba un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder José Arteaga, que establece una condena de 26 años de prisión. La familia del senador solicitó al juez rechazar el preacuerdo, argumentando que la pena resulta insuficiente frente a la gravedad del asesinato del precandidato presidencial.

El gobierno de Estados Unidos acusó a un ciudadano mexicano de encabezar un presunto plan para perpetrar un ataque durante un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El señalado es Abraham Hermosillo Álvarez, identificado por las autoridades estadounidenses con el alias de “Shepherd”, quien fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, y ahora enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Hermosillo habría sido el encargado de planear, organizar y dirigir el supuesto ataque, que finalmente fue frustrado gracias a una operación coordinada entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y diversas agencias de seguridad.

El presunto plan: drones explosivos y francotiradores

Según la acusación federal, el grupo planeaba utilizar drones cargados con explosivos para sobrevolar la Casa Blanca durante el evento denominado “UFC Freedom 250”. El objetivo era generar pánico y provocar la evacuación de los asistentes.

Una vez que la multitud abandonara el recinto, presuntos francotiradores atacarían a “objetivos de alto valor” entre el público.

Las investigaciones revelaron que los sospechosos mantenían conversaciones en chats cifrados en los que intercambiaban mapas detallados y fotografías aéreas de la Casa Blanca y sus alrededores. También discutían posibles rutas de escape y la necesidad de establecer una “casa de seguridad” después del ataque.

Las autoridades aseguraron varias armas de alto poder y determinaron que los involucrados habrían compartido ideas extremistas y teorías conspirativas de carácter marginal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en total fueron imputados cinco hombres de entre 19 y 32 años de edad. Además de Hermosillo, los otros presuntos cómplices fueron detenidos en los estados de Ohio, Missouri y California.

Del ingreso con visa de turista al programa DACA

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Abraham Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos con una visa de turista tipo B2, la cual expiró en 2001.

Posteriormente, durante la administración del expresidente Barack Obama, obtuvo la protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado para otorgar protección temporal contra la deportación a personas que llegaron al país siendo menores de edad acompañando a sus padres.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado “nunca debió haber sido autorizado a permanecer en el país” y sostuvo que deberá responder ante la justicia antes de enfrentar un proceso de expulsión de Estados Unidos.

Las autoridades migratorias también confirmaron que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria en su contra.

La denuncia de una madre y la operación que frustró el presunto atentado

El FBI aseguró que tuvo conocimiento de la posible amenaza el pasado 10 de junio, cuatro días antes del evento de la UFC en la Casa Blanca.

La investigación se inició luego de que la madre de uno de los sospechosos alertó a las autoridades sobre la conducta de su hijo, quien presuntamente había gastado alrededor de 3 mil dólares en la compra de armas y mantenía comportamientos que consideró preocupantes.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la rápida intervención de las agencias de seguridad permitió detener a los implicados antes de que el plan pudiera materializarse.

La acusación federal sostiene que el grupo estaba motivado por sentimientos ultrarreligiosos y antigubernamentales. Entre las supuestas inconformidades mencionadas en los mensajes intervenidos figuraban denuncias sobre corrupción gubernamental, el manejo de los archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, así como críticas hacia proyectos tecnológicos y políticas públicas.

Asimismo, la investigación señala que Hermosillo, bajo el alias de “Shepherd”, identificó una iglesia metodista abandonada en la localidad de Western, Nebraska, como un posible punto de repliegue tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado qué tan cerca estuvieron los sospechosos de concretar el presunto atentado; sin embargo, sostienen que la operación coordinada entre agencias evitó un posible episodio de violencia durante uno de los eventos más vigilados y simbólicos de la agenda presidencial estadounidense.

El FBI anunció el martes que frustró un presunto complot para atacar el evento UFC America 250 realizado el domingo en la Casa Blanca. Según documentos judiciales, el esquema combinaba coordinación en redes, compra de drones y un plan de disparos durante una evacuación. Cinco personas quedaron acusadas y detenidas, de acuerdo con la investigación federal.

La agencia federal sostuvo en actuaciones judiciales que el objetivo era provocar pánico con explosiones y abrir fuego contra asistentes y contra una lista de “objetivos de alto valor”.

En las declaraciones juradas, los investigadores indicaron que la amenaza fue detectada antes del evento y que la pesquisa sigue abierta, con sospechosos aún no identificados.

Los acusados son Tycen Proper, de Ohio; Daniel Eskridge, de Missouri; Abraham Hermosillo Alvarez, de Nebraska; y Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, de California.

Según las actuaciones citadas por el FBI, cada uno enfrenta al menos un cargo por conspiración para cometer asesinato, y Proper, de 19 años, suma tres cargos adicionales. Los agentes también informaron el hallazgo de armas de fuego y municiones en registros realizados en propiedades vinculadas a Eskridge, Proper, Roa y Thomas.

“Shepherd” y el rastro que llevó a Abraham Hermosillo Alvarez

En el centro de la investigación aparece un usuario identificado como “Shepherd”. Según la declaración jurada en el caso de Abraham Hermosillo Alvarez, Proper señaló a ese usuario como el líder del grupo y lo describió como agresivo en la planificación táctica. También dijo creer que había sido miembro del ejército, de acuerdo con el expediente.

Los investigadores incorporaron mensajes atribuidos a “Shepherd” que incluían mapas de Washington e instrucciones para ejecutar el ataque, según las actuaciones.

La documentación judicial sostiene que el FBI rastreó una cuenta de TikTok vinculada a Hermosillo Alvarez y lo identificó como el usuario detrás del alias. Los agentes añadieron que él ideó un sistema interno de “niveles” para ordenar tareas y roles dentro de la presunta organización.

Esa estructura, dividida del “nivel 1” al “nivel 4”, describía perfiles con distintas funciones: personas dispuestas a exponerse al peligro, posibles conductores de vehículos de escape u operadores de drones, responsables de suministros y logística, y financiadores e influyentes, siempre según la investigación federal.

En la reconstrucción del caso, ese esquema buscaba separar a quienes ejecutarían acciones de mayor riesgo de quienes aportarían dinero, equipos o coordinación.

Cómo se habría ejecutado el ataque: drones, una “manifestación” y disparos durante la huida

Las declaraciones juradas en 4 causas penales exponen una secuencia táctica común. El primer paso era organizar una “manifestación” en el lado norte de la Casa Blanca.

Luego, de acuerdo con el documento del caso Proper, el grupo planeaba hacer volar drones “cargados con artefactos explosivos no especificados” que detonarían sobre el lado norte del estadio del evento.

Para el FBI, la explosión no era el final del plan, sino el disparador de la fase de disparos durante la evacuación. Los documentos judiciales sostienen que la intención era obligar a los asistentes a evacuar hacia el sur.

En ese corredor de salida, integrantes del grupo se ubicarían “como francotiradores y tiradores adicionales” para disparar durante la retirada, según la declaración jurada.

El expediente también precisa a quiénes se referían cuando hablaban de “objetivos de alto valor”. En el texto de las actuaciones se describe que incluían “personas adineradas” y dirigentes políticos.

En esa lista aparecen el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Elon Musk, la senadora Marsha Blackburn, el senador Tom Cotton y miembros de la delegación del Congreso de Virginia Occidental, según los documentos judiciales.

En el mismo tramo del expediente, la acusación sostiene que Proper dijo a los investigadores que el ataque buscaba “impulsar” una revolución en Estados Unidos.

TikTok, Signal y la logística: chat de 19 personas y pedido de USD 1.300

La investigación sostiene que el entramado digital empezó en TikTok y después pasó a Signal. En la declaración jurada del caso Proper, el FBI indicó que el joven comenzó en marzo a comunicarse con otras personas en un grupo de TikTok llamado “Vanguard of the Old”.

Los integrantes, según los investigadores, afirmaban querer “proteger” a Estados Unidos y consideraban que el país avanzaba en la dirección equivocada.

Más tarde, según la documentación judicial, la coordinación se trasladó a Signal, donde se organizaron chats con diferentes alcances. El FBI afirmó que existía un chat principal con 19 personas dedicado a la coordinación, además de grupos más pequeños de cuatro o 5 usuarios.

Las conversaciones se enfocaron en el evento de la UFC en la Casa Blanca a comienzos de junio y, según el FBI, Eskridge sostuvo que necesitaban USD 1.300 para comprar drones y baterías. Ese punto refuerza la hipótesis de que el plan incluía una etapa concreta de adquisición de insumos, además de la discusión ideológica, de acuerdo con los documentos presentados.

La alerta familiar y el avance de la investigación sobre Proper

El caso se activó, según una declaración jurada de un agente federal, por un aviso de la madre de Proper a autoridades locales ante el cambio de conducta de su hijo. La investigación formal comenzó el miércoles pasado, cuando la familia expresó preocupación por compras de armas y por contactos en internet, según el FBI.

Los documentos judiciales sostienen que Proper fue entrevistado en un hospital al que ingresó de urgencia por “ideas homicidas”.

En la declaración jurada, su padre y su abuela dijeron que pasaba la mayor parte del tiempo conectado y que planeaba reunirse ese fin de semana con contactos conocidos por internet.

El padre declaró a la policía que Proper adquirió equipo de campamento, comida, placas balísticas, una escopeta nueva, un rifle, munición, cargadores y chalecos portaplacas, de acuerdo con el expediente. El FBI indicó que gastó aproximadamente USD 3.000 de ahorros destinados a su graduación para comprar ese equipo.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que el el 10 de junio la agencia y sus socios tuvieron conocimiento de la amenaza vinculada al evento y que, tras una operación multiestatal junto con el Departamento de Justicia, “varias personas” quedaron bajo custodia y el plan fue frustrado.

El subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, Matt Quinn, dijo en una rueda de prensa el martes por la mañana que “fue una amenaza seria” y que “todavía hay sospechosos prófugos”. Pat Milton, periodista de la cadena CBS News, informó que las fuerzas del orden conocieron la amenaza tras el contacto de un familiar preocupado por comentarios sobre “algo siniestro” en Washington.

El exsenador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en la tarde del 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. El entonces precandidato presidencial murió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, a los 38 años, en la Fundación Santa Fe después de días de batallar por su vida.

Su esposa, María Claudia Tarazona, contó recientemente en entrevista con el programa Expediente Final de Caracol Televisión cómo fueron esos últimos instantes.

Según reveló, el día de su muerte lo vio “muy inflamado” y que recibió la advertencia médica: “Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo”. Horas antes del desenlace, dijo que le habló al oído: “Mi amor, si es tu momento, vete tranquilo”.

Tarazona sostuvo que la señal definitiva la percibió desde el jueves anterior a la muerte, cuando alertó al doctor Hakim por el aspecto que presentaba su esposo. “Doctor, veo a Miguel muy mal”, recordó que le dijo, antes de recibir la respuesta que cambió el cuadro clínico: “Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo”.

La nueva hemorragia y la operación antes de la muerte

Uribe Turbay permanecía internado desde que recibió varios disparos durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Su salud se había agravado otra vez en los últimos días por una hemorragia en el sistema nervioso central, después de una fase en la que incluso había iniciado neurorehabilitación.

“El domingo estuve en la clínica, lo vi muy mal, ya lo habían operado”, dijo Tarazona. En ese mismo relato describió un cambio que interpretó como irreversible: “Lo vi y dije: ‘Uf, pucha, Miguel no está acá’”.

Tarazona situó ese día como el momento en que dejó de pedir un resultado concreto y optó por una entrega total.

Contó que fue sola a misa en Torcoroma, cerca de la clínica donde estaba internado el excongresista, e hizo una oración en la que dijo: “No te voy a pedir que Miguel viva, no te voy a pedir que te lo lleves, no te voy a pedir que me des mi segunda oportunidad con él. Te voy a pedir que te ocupes tú de todo”.

La secuencia final también incluyó una escena íntima que la familia ubicó antes del desenlace. “Yo me acosté encima de Miguel, lo abracé acá en el cuello, en la espalda, en el cuello aquí, lo abracé, metí las manos por debajo de la espalda y le dije: ‘Mi amor, entre tú y yo no hay nada pendiente. Vete en paz’”, relató Tarazona.

Miguel Uribe Londoño, familiar del dirigente, añadió un dato sobre esas horas: “Cuando salimos el domingo 10 de agosto de la clínica a las... casi once de la noche, como salíamos todos los días... y lo que menos esperábamos cuando nos acostamos es que a las dos de la mañana nos llamaran a decirnos que a Miguel se le había parado el corazón”.

El atentado durante el acto de campaña en Modelia

El ataque que derivó en la hospitalización de Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio en medio de un evento proselitista. El senador saludaba a simpatizantes y se dirigía a la multitud cuando un adolescente mezclado entre los asistentes le disparó a muy corta distancia.

El congresista recibió tres impactos de bala: uno en la pierna y dos en la cabeza. El atentado se produjo mientras hablaba sobre la importancia de la salud mental, y desde ese momento permaneció en estado crítico durante más de dos meses.

Tarazona relató que volvió a su casa para estar con sus hijos después de la oración del domingo y que “a las tres de la mañana me avisaron que Miguel se había muerto”.

“Lo que nunca me imaginé en la vida, verlo antes de cumplir cuarenta años”, dijo Tarazona.

El excontralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, resultó herido tras ser víctima de un atentado ocurrido en las últimas horas, en el occidente de la capital del Valle del Cauca.

Información preliminar indica que Ordóñez recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado de inmediato a una clínica local, donde permanece bajo intervención quirúrgica. Las autoridades locales confirmaron que el exfuncionario se encuentra fuera de peligro y su recuperación avanza de manera favorable.

De acuerdo con el primer informe médico, conocido por el periodista Aldemar Domiguez, Ordóñez se encuentra fuera de peligro. Unidades de la Policía iniciaron operativos en la zona para identificar y capturar al responsable del ataque.

Pedro Ordóñez fue contralor de Cali durante el período 2022-2025, y el ataque sicarial llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para esclarecer el caso, según informó la Administración distrital de Cali.

Hasta el momento, no se han registrado capturas ni se han informado hipótesis sobre el hecho, que ocurrió en medio de un contexto de preocupación por la seguridad de líderes políticos y servidores públicos en el Valle del Cauca.

En las últimas semanas, el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada, y las amenazas a concejales de Cali han encendido las alertas sobre los riesgos que enfrentan los dirigentes regionales, de acuerdo con la información comunicada por el medio El País de Cali.

Cabildantes de la ciudad han solicitado mayores medidas de protección tras denunciar amenazas y un presunto plan para atentar contra la sede del Concejo.

Más de 100 estructuras criminales y 83 pandillas alimentan la violencia homicida en Cali, reveló comandante de la Policía

La ola de homicidios en Cali tiene como telón de fondo la presencia de al menos 109 grupos de delincuencia común organizada y cerca de 83 pandillas que involucran a más de mil jóvenes, según reveló el comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez.

La ciudad ya supera los 479 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con el análisis difundido por el medio.

“El 72% de los homicidios en Cali están relacionados con acciones sicariales. Además, cerca del 50% de las personas asesinadas tenían antecedentes o anotaciones judiciales. Esto demuestra que gran parte de los casos corresponden a confrontaciones entre estructuras criminales por el control de rentas ilícitas”, explicó Benavidez en una entrevista concedida a Semana.

El comandante detalló que “tenemos identificados cerca de 120 grupos de delincuencia común organizada en el área metropolitana y de esos, 109 están en Cali. Son estructuras que se organizan y se concertan para realizar acciones criminales buscando una hegemonía sobre las rentas ilegales”. Entre las actividades ilícitas señaladas por Benavidez figuran el narcotráfico, la extorsión y el préstamo ilegal conocido como “gota a gota”.

La proliferación de pandillas juveniles representa otro desafío para la ciudad. “Hemos caracterizado alrededor de 83 grupos de pandillismo, conformados por más de mil jóvenes. Como Estado tenemos un gran reto porque muchos de ellos terminan siendo instrumentalizados por las estructuras delincuenciales e inician una carrera criminal que termina fortaleciendo estas organizaciones”, advirtió.

La cercanía geográfica con regiones de presencia de grupos armados ilegales, como Cauca y Nariño, incide en el panorama de seguridad local. “Hemos identificado que muchos grupos armados organizados instrumentalizan bandas locales mediante una especie de outsourcing criminal”, indicó Benavidez en la entrevista.

El funcionario también alertó sobre la facilidad con la que los capturados recuperan su libertad: “Tenemos un incremento del 14% en capturas este año y también hemos fortalecido los procedimientos por porte ilegal de armas. Sin embargo, el 60% de las personas capturadas por este delito recuperan la libertad a las 36 horas”, afirmó.

La situación provocó preocupación entre pasajeros y empleados debido a la frecuencia de los ataques registrados durante los últimos días. Las operaciones de la empresa quedaron interrumpidas de manera temporal mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes en la zona afectada.

De acuerdo con la información disponible, este nuevo episodio constituye el tercer atentado contra Z Buss en el transcurso de una semana y el segundo registrado en menos de veinticuatro horas. Los hechos ocurrieron cuando una unidad de transporte permanecía estacionada en los exteriores del local de la empresa, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola.

Ataque armado dejó un trabajador herido

Según testigos, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y dispararon contra una de las unidades de la empresa. En las inmediaciones del vehículo se encontraba un trabajador encargado de recepcionar los boletos de los pasajeros que abordaban la unidad antes de su salida.

Uno de los proyectiles impactó en la pierna del empleado, quien recibió atención inmediata. Tras el ataque, los pasajeros que ya se encontraban dentro del bus fueron evacuados por seguridad. Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

Mientras se realizaban las labores de emergencia, la unidad afectada permaneció en el lugar de los hechos y el área quedó bajo resguardo policial para facilitar la recopilación de evidencias.

El ataque obligó a la empresa a suspender temporalmente sus actividades. La medida se produjo en medio de la preocupación de trabajadores y usuarios, quienes durante las últimas horas expresaron temor ante la repetición de actos violentos contra la compañía.

Antecedentes de una semana marcada por la violencia

El atentado registrado durante la tarde ocurrió menos de un día después de otro grave incidente contra la misma empresa. Durante la noche anterior, presuntos extorsionadores lanzaron una granada tipo piña contra la fachada del establecimiento ubicado en la avenida Alfredo Mendiola.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, dos individuos llegaron también en motocicleta y arrojaron el explosivo antes de escapar. En medio de la emergencia, una trabajadora que permanecía fuera del local logró reaccionar de inmediato y pateó el artefacto hacia la pista, alejándolo de la entrada principal.

La acción evitó que el explosivo permaneciera junto al acceso del establecimiento y redujo el riesgo para las personas que se encontraban cerca del lugar al momento del atentado.

Tras la alerta por la presencia de la granada, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron a la zona para ejecutar el protocolo de seguridad correspondiente. Los especialistas aislaron el área y neutralizaron el artefacto explosivo.

Las labores obligaron a restringir temporalmente el tránsito en los alrededores mientras se desarrollaban las acciones de control y verificación. El operativo permitió descartar riesgos adicionales antes de restablecer la circulación en el sector.

Investigación policial y presuntas amenazas

Efectivos de la comisaría de Independencia realizaron diligencias en la escena del más reciente ataque con el objetivo de identificar a los responsables. La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los agentes encargados de recopilar información y testimonios.

Según la información difundida durante la cobertura de los hechos, los ataques serían atribuidos a la organización criminal conocida como “La Federación”, grupo que presuntamente mantiene amenazas constantes contra la empresa de transportes.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan determinar la participación de los responsables en los distintos atentados registrados contra Z Buss durante la última semana.

Dylan Sebastián “N”, conocido como “El Dylan” o “El Cojo”, fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México al estar relacionado con el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024.

El ataque armado se registró por la tarde en calles del Centro Histórico, cuando la legisladora se encontraba con otros de sus colaboradores y fue interceptada por sujetos que les dispararon en varias ocasiones. Como resultado de la agresión, dos personas de su equipo murieron.

A poco más de un año de los hechos, “El Dylan” fue detenido como parte del seguimiento de tres carpetas de investigación, una de ellas relacionada con un feminicidio por disparos de arma de fuego, ocurrido el 14 de febrero de 2026 en calles de la alcaldía Tláhuac; la segunda por el intento de transfeminicidio de Sánchez Barrios, y el tercero por un doble homicidio y lesiones registrados en la alcaldía Venustiano Carranza.

“El Dylan” está vinculado con La Unión Tepito

El sujeto, de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras ser identificado como probable integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la capital.

Su captura ocurrió durante un operativo de investigación e inteligencia en la colonia Magdalena de las Salinas, donde los policías ubicaron al sospechoso abordo de una camioneta azul mientras manipulaba lo que parecía ser una pistola.

Tras una revisión preventiva, los oficiales encontraron una bolsa negra, 95 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana, 55 con una sustancia parecida a la cocaína, 33 gramos de posible cristal, dinero en efectivo y el vehículo en que se transportaba.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “El Dylan” o “El Cojo” está vinculado con el grupo delictivo de La Unión Tepito, en la facción liderada por “El Irving” y “El Huguito”.

“El Irving”, de nombre Jonathan Irving Herrera Sánchez, es identificado como presunto líder clave de esta célula criminal que tiene como centro de sus operaciones la zona centro de la capital.

El hombre fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Luego de su captura, fue ingresado al Reclusorio Norte.

Por su parte, Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”, también es identificado como pregunto líder dentro de la organización criminal. Tanto a él como a “El Irving” se les relaciona con el asesinato de seis personas en la Plaza Garibaldi ocurrido el 14 de septiembre de 2018, cuando buscaban ejecutar a Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, entonces líder de la Anti-Unión, su grupo rival.

Su detención ocurrió en julio de 2024 en Cancún, Quintana Roo.

Así fue el ataque contra la diputada Diana Sánchez Barrios

La lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, fue atacada a balazos la tarde del 17 de octubre de 2024 cuando caminaba por las calles 5 de Mayo y Motolinia de la Ciudad de México.

Una cámara de vigilancia captó la agresión, en la que se observa que la legisladora iba acompañada de otras personas cuando un sujeto los interceptó y comenzó a dispararles.

Ante los hechos, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a correr y dispersarse para evitar ser heridos, mientras de Sánchez Barrios intentó ocultarse en uno de los negocios, pero el agresor la siguió para herirla.

Luego de unos segundos, en las imágenes se observa que el agresor sale del comercio y sube a una motocicleta donde ya lo esperaba otra persona para después escapar.

El ataque dejó una persona muerta y dos lesionadas, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica; sin embargo, el saldo final fue de dos personas muertas.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Fernández de Kirchner contra el fallo que había confirmado el archivo del expediente que investigaba la presunta participación de Gerardo Milman en la organización del atentado contra su vida.

Los abogados de la expresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazabal, habían insistido con su rechazo contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones que avaló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de concluir el tramo de la pesquisa basado en la denominada "pista Milman“, porque entendió que no existen elementos suficientes para sostener la acusación ni para seguir produciendo medidas de prueba.

La resolución fue votada por los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, quienes consideraron que los agravios planteados no configuran una cuestión federal como para habilitar la vía a la Corte Suprema.

Por su parte, el camarista Alejandro Slokar votó en disidencia, con el argumento de que la querella estaba legitimada para que se le concediera el recurso extraordinario, porque según su parecer cumplía con los recaudos formales previstos en la Acordada 4/2007, que habilita el trámite cuando un fallo afecta a los intereses personales del recurrente.

La causa contra Gerardo Milman se basó en una denuncia del ex diputado por la provincia de Santa Fe, Jorge Abello, quien aseguró que dos días antes del atentado a Cristina Kirchner, escuchó en el bar de la esquina del Congreso como el diputado nacional le decía a sus colaboradoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco: “Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”.

El archivo del caso

La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar la causa contra Gerardo Milman en la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner porque concluyó que la investigación no pudo confirmar ninguna evidencia que vincule al legislador con el ataque.

En su resolución sostuvo que lo único que pudo verificarse fue que el 30 de agosto de 2022 Milman estuvo en el café Casablanca, frente al Congreso de la Nación, que es lugar donde Jorge Abello dijo haberlo escuchado decir la frase de la denuncia.

A pesar de los intentos de los abogados de Cristina Kirchner, este tramo de la investigación no fue incluido en los hechos expuestos durante el juicio oral a cargo del TOF 6 contra el grupo de los Copitos.

Como resultado del debate oral fueron condenados Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión y Brenda Elizabeth Uliarte a ocho años.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de queja contra la sentencia del Tribunal Oral Federal 6 que rechazó la figura del femicidio, ante el pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) a cargo de Mariela Labozzetta.

El ataque contra la ex mandataria se produjo el primero de septiembre del 2022, en la puerta de su domicilio en Recoleta, antes de mudarse a San José 1111, donde ahora cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

El exalcalde del municipio de Saldo de Agua, Chiapas, Román Mena de la Cruz, fue atacado a balazos la mañana de este martes 9 de junio cuando viajaba a bordo de su camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró cerca de Palenque, cuando del exedil circulaba con destino a un rancho ubicado en la comunidad de Cerro Norte y un grupo de sujetos armados lo interceptó y disparó en su contra.

Luego del ataque, Mena de la Cruz logró escapar del sitio con su camioneta y se dirigió al hospital de Palenque, donde solicitó ser atendido.

Su camioneta permaneció fuera de las instalaciones del centro médico, la cual fue acordonada por elementos de seguridad al notar los proyectiles de arma de fuego en los cristales.

Reporteros locales captaron la unidad del exedil, la cual presentó un impacto de arma de fuego en el parabrisas y tenía el cristal del lado del conductor completamente roto. Al interior, se observaron manchas de sangre en el volante y cerca del asiento.

Versiones extraoficiales refieren que Mena de la Cruz estaba acompañado de trabajadores que realizarían labores de campo, por lo que uno de ellos también habría resultado lesionado junto al exedil.

Autoridades investigan los hechos: exedil se encuentra estable

Luego de que se reportó el ataque armado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas detalló que ya se encuentran investigando los hechos.

Respecto al estado de salud del exedil, las autoridades refirieron que se encuentra estable y fuera de peligro, esto a pesar de que resultó lesionado.

Además, la Fiscalía del Estado aseguró que este hecho no quedará impune y que los responsables serán llevados ante la justicia.

“Por estos acontecimientos, a través de la Fiscalía Distrito Selva se ha iniciado una carpeta de investigación y se están realizando las indagatorias respectivas para dar con el o los responsables, quienes serán llevados ante la justicia. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad”, detalló en un comunicado.

Cabe señalar que el último ataque contra exediles en la entidad se registró en agosto de 2024, cuando Hernán Orantes López, ex presidente municipal de Huitiupán, fue agredido a balazos por sujetos que lo emboscaron y dejaron herido.

Sin embargo, un hecho que involucró a un exalcalde de manera reciente fue la recaptura de Enoc “N”, exedil de Pueblo Nuevo Solistahuacán, por su presunta responsabilidad en acciones de atentado contra la paz.

De acuerdo con las indagatorias, el exedil ya había sido sentenciado en enero de 2025 a más de 100 años de prisión por el homicidio de cinco personas durante las elecciones del 5 de junio de 2021.

La Fiscalía General del estado (FGE) de Chiapas detalló que su recaptura se debió a que un grupo armado de aproximadamente 100 personas ingresó al municipio de Tapalapa, e impusieron como “nuevo líder” al inculpado: “Amenazando a la población, estableciendo toques de queda, intimidando al Director de Seguridad Municipal e interrumpiendo reuniones ciudadanas y proyectos”.

Registros periodisticos indican que en junio de 2021 un grupo de hombres armados atacó una camioneta en la que era transportado material electoral, dejando como saldo cinco personas muertas. Pese a que una de las sobrevivientes identificó al exedil como uno de los implicado en la agresión, Enoc “N” fue liberado mediante un amparo.

De acuerdo con la autoridad estatal, los nuevos hechos que se le atribuyen se registraron entre julio y noviembre de 2025 en Tapalapa. La acusación es por atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, en agravio de la seguridad pública.

Enoc “N” fungió como presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán en el periodo 2012-2015.

Los fiscales alemanes solicitaron el jueves cadena perpetua para el hombre que confesó el atropello perpetrado en 2024, en el que murieron seis personas en un mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo, al este del país.

Exigieron la pena máxima posible para Taleb Jawad al-Abdulmohsen, de origen saudí, y declararon ante el tribunal que el ataque, que también dejó más de 300 heridos, “es incomprensible”.

“Fue planeado con mucha antelación” y causó un sufrimiento continuo a las víctimas y sus familias que es “simplemente indescriptible”, declaró ante el tribunal el fiscal Matthias Boettcher.

Durante el juicio, que duró varios meses, Abdulmohsen, psiquiatra y activista antiislámico, admitió haber planeado un ataque, pero negó haber atropellado deliberadamente a personas.

Su testimonio ante el tribunal fue a veces incoherente y plagado de extrañas teorías conspirativas y referencias a ideas extremistas de derecha.

“Yo era quien conducía el coche”, declaró Abdulmohsen ante el tribunal al inicio del juicio en noviembre, reconociendo haber estrellado su BMW negro alquilado contra el concurrido mercado navideño el 20 de diciembre de 2024.

El resto de la declaración inicial de Abdulmohsen consistió principalmente en diatribas incoherentes y sin relación entre sí sobre políticos, la violencia contra las mujeres en Arabia Saudí, temas religiosos y acusaciones de encubrimiento por parte de la policía de Magdeburgo.

El acusado sostuvo que no se dio cuenta de que había atropellado a nadie, una afirmación que otro fiscal, Marco Reinl, calificó de totalmente inverosímil.

Las imágenes de vídeo muestran claramente cómo conducía el SUV de dos toneladas y 340 caballos de potencia a gran velocidad, zigzagueando, mientras “arrollaba a la multitud”, declaró Reinl.

Abdulmohsen fue acusado de seis cargos de asesinato y 338 de intento de asesinato por el ataque con el vehículo.

“Sin remordimiento alguno”

Se esperan los alegatos finales de la defensa y de los representantes de las víctimas en los próximos días.

Aún no se ha fijado la fecha del veredicto.

Según Boettcher, el móvil de Abdulmohsen radicaba en un conflicto con una organización de refugiados con sede en Colonia, contra la que había perdido una demanda civil.

Buscaba “venganza” por la derrota judicial y una serie de denuncias penales infructuosas, y quería “seguir atrayendo la atención pública y mediática”, argumentó el fiscal.

Citó a un experto psiquiátrico que diagnosticó al acusado con un trastorno de personalidad narcisista. Abdulmohsen no mostró “remordimiento, arrepentimiento ni introspección alguna”, declaró Boettcher ante el tribunal.

La masacre conmocionó a Alemania y provocó un acalorado debate nacional sobre la seguridad en torno a los mercados navideños, una querida tradición alemana de la temporada.

También avivó el debate sobre inmigración y seguridad, en un momento en que Alemania se encontraba en plena campaña electoral.

En 2016, un extremista islámico estrelló deliberadamente un camión contra un concurrido mercado navideño en Berlín, matando a 12 personas esa noche e hiriendo a decenas más.

El juicio actual, celebrado en Magdeburgo, requirió la construcción de una gran sala provisional con capacidad para el público y decenas de víctimas.

(AFP)

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en la ciudad de Rosario debido a una amenaza de atentado con artefactos explosivos dirigida a un templo religioso de la colectividad judía.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la intervención tuvo lugar tras una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que había recibido un correo electrónico en el que un individuo aseguraba haber colocado un artefacto explosivo en la Sinagoga Kehila, ubicada en la calle Paraguay al 1100, y anunciaba la intención de transmitir en vivo el ataque a través de enlaces proporcionados de Facebook y Discord.

El mensaje apuntaba a generar un alto impacto, ya que el remitente advirtió que, en caso de que alguna persona sobreviviera, “lo remataría a tiros”. Así, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Rosario, bajo la titularidad de Federica Tiscornia Noel, solicitó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA para identificar al responsable.

Las tareas de investigación se centraron en el rastreo informático y el análisis de inteligencia mediante la metodología OSINT (Open Source Intelligence), lo que permitió a los agentes identificar a un sospechoso que aseguraba pertenecer a la organización extremista internacional “764”.

Se trata de un grupo, de carácter satánico, neonazi y nihilista, opera principalmente en plataformas como Discord, Roblox, 8chan y Telegram, y se dedica a captar y manipular menores de edad mediante extorsión para inducirlos a actos de violencia, crímenes satánicos y delitos de odio.

La organización “764” ha protagonizado múltiples amenazas contra instituciones educativas en Argentina, según los datos proporcionados por los investigadores.

El rastreo de la señal digital permitió localizar un inmueble en Rosario desde donde se habría enviado el correo intimidatorio. Con el aval de la Unidad Fiscal, la PFA realizó un allanamiento en el domicilio identificado, notificando por la causa a un ciudadano argentino de 24 años de edad.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una notebook, diversos dispositivos electrónicos y dos teléfonos celulares de interés para la investigación. Todos los elementos decomisados quedaron bajo custodia judicial, en el marco de una causa caratulada como “Intimidación pública”.

Qué es “764″

La red 764 es una organización extremista con origen en Estados Unidos, identificada por su actividad en plataformas digitales. El grupo se autodefine como una secta neonazi y satánica, con estructura en línea y métodos de captación y manipulación de adolescentes. Sus integrantes inducen a las víctimas a conductas violentas, autolesiones, abuso sexual y hasta suicidio, y buscan insensibilizarlas frente a la violencia. La red glorifica ataques masivos y promueve ideologías extremas, como el neonazismo y el satanismo.

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han advertido sobre la peligrosidad de 764, que ha protagonizado amenazas recientes a universidades argentinas como la UNTreF y la UCA, enviando correos intimidatorios con referencias explícitas a la organización. No existen pruebas de que la red tenga integrantes activos en Argentina, aunque la metodología de las amenazas resulta similar a la utilizada en casos estadounidenses.

El fundador de 764, Bradley Cadenhead, cumple una condena de 80 años en Texas por delitos vinculados a pornografía infantil. El número “764” refiere al prefijo postal del lugar de residencia de Cadenhead en Stephenville, Texas. El FBI mantiene más de 250 investigaciones abiertas vinculadas a la red, que busca notoriedad impulsando el caos y la desestabilización social.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Naucalpan activó este lunes 25 de mayo su protocolo de seguridad tras la difusión de amenazas en redes sociales sobre un presunto atentado.

La medida fue implementada ante la inquietud de la comunidad debido a la posibilidad de que se cometiera una agresión contra estudiantes, docentes o personal administrativo, por lo que se estableció coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para reforzar la seguridad.

El plantel, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que desde la mañana entró en operación los protocolos institucionales de seguridad que contemplan el reforzamiento al interior y exterior de las instalaciones.

Con este protocolo, las actividades académicas y administrativas se mantienen activas sin afectar la continuidad de las labores dentro del plantel.

¿En qué consiste el protocolo?

Como medida preventiva, personal de vigilancia UNAM e integrantes de la Comisión Local de Seguridad del plantel se encontrarán en los accesos de las instalaciones y permanecerán durante toda la jornada de clases.

De manera paralela, autoridades de seguridad pública brindarán apoyo para evitar cualquier hecho de violencia, por lo que las actividades se realizarán con normalidad.

“Exhortamos a toda la comunidad a mantenerse informados por los canales institucionales y a denunciar o reportar oportunamente cualquier situación o comportamiento que les pueda causar preocupación, directamente con el personal de vigilancia, en la oficina jurídica, o mediante denunciaanonima.naucalpan@cch.unam.mx”, detalló la institución en un comunicado.

Difunden amenaza de presunto atentado en redes sociales

Durante la tarde y noche del domingo 24 de mayo comenzó a circular un mensaje en redes sociales en el que se amenazaba con un presunto atentado en el CCH Naucalpan.

Fue en un grupo de estudiantes del plantel en el que se difundió de manera anónima una captura de pantalla de una conversación en la que se realizó la amenaza del presunto ataque.

En el mensaje se afirma que llevarán a cabo un “atentado a CCH”, el cual tenían planeado a realizar el siguiente día, es decir, este lunes. En la captura también se observa lo que parece ser el cuerpo de una persona, quien porta un sable en el cinturón.

Cabe señalar que en mayo de 2024 se registró una agresión por presuntos grupos porriles en las instalaciones del CCH Naucalpan que dejaron como saldo una persona sin vida y varias lesionadas.

Estos hechos provocaron que los alumnos concluyeran el semestre con clases en línea ante la falta de condiciones de seguridad, así como diversas manifestaciones para exigir la eliminación de grupos porriles.

Otro reciente acontecimiento fue el reporte en octubre de 2025 de la desaparición de Kimberly Moya, estudiante de 16 años de edad del CCH Naucalpan que fue vista por última vez cuando salió de su casa para sacar copias en un café internet; sin embargo, pese a que hay dos detenidos, aún no se tiene rastro de ella.

La concejal de oposición de Chinautla Brenda Granados denunció que sufrió un atentado armado junto a su esposo en el camino hacia la aldea La Laguneta, un hecho en el que, según los Bomberos Voluntarios de la 117 Compañía, estuvieron involucrados un vehículo y una motocicleta, y que quedó bajo investigación de las autoridades.

La información preliminar indicó que, durante una persecución policial, dos presuntos motosicarios fueron neutralizados por agentes de la comisaría 12 tras su participación en el ataque registrado en la ruta a San Pedro Ayampuc.

En el lugar, de acuerdo con ese reporte preliminar, los atacantes abandonaron una motocicleta y un arma de fuego.

Los bomberos informaron que atendieron en el sitio a dos personas, evaluaron su estado de salud y coordinaron la respuesta de emergencia. La institución precisó que no fue necesario trasladarlas a un centro asistencial.

La concejal atribuyó el ataque a conflictos políticos en Chinautla

En declaraciones difundidas por Radio Cadena Sonora, Brenda Elizabeth Granados Palomo de González, a quien el medio identificó como concejal cuarto de la municipalidad de Chinautla y concejal de oposición, indicó que el ataque ocurrió después de una visita de campo a la colonia El Chan Uno, solicitada por medio del consejo el día anterior.

Granados mencionó que en repetidas ocasiones había acudido como concejal a esa comunidad para apoyar a vecinos y que ya había tenido altercados con personas del lugar.

Detalló que una mujer identificada como doña Angelina, señalada como presidenta del COCODE y afín a la alcaldesa, los había interceptado antes con vehículos y otras acciones para atacarlos, al punto de que, en un incidente anterior, su esposo fue golpeado.

La concejal sostuvo en Radio Cadena Sonora que ya había recibido amenazas del síndico tercero, a quien identificó primero como Daniel Huerta y después como Héctor Huerta. También responsabilizó públicamente a la alcaldesa Brenda Elcis Medrano y afirmó que, si algo le sucede a ella o a su familia, recaerá sobre ambos la responsabilidad.

Granados relató al medio que la alcaldesa la citó a las 06:00 en la municipalidad, pese a que era conocido el riesgo que corría en esa colonia. Agregó que, tras acudir a la actividad y emprender el regreso por el área boscosa de las aldeas, vio a la presidenta del COCODE en la calle con otras vecinas con las que ya habían tenido problemas, y que poco después, a unos 100 metros, una motocicleta se acercó y comenzó a disparar.

El vehículo recibió disparos y los atacantes dejaron la moto y un arma

Según el relato de Granados en Radio Cadena Sonora, los atacantes no esperaban que la camioneta en la que se movilizaba fuera blindada. Al no conseguir su objetivo, se adelantaron al vehículo y en ese momento el arma presentó una falla, lo que permitió iniciar una persecución.

Rony, presentado por Radio Cadena Sonora como esposo de la concejal y actor político en Chinautla, señaló que lograron embestir a los dos atacantes cuando estos se atravesaron frente al vehículo en contra de la vía. Añadió que en el lugar quedaron tiradas la motocicleta y el arma de fuego.

El reportero de Radio Cadena Sonora describió una motocicleta a escasos metros del vehículo atacado y puntualizó que el automóvil, una Toyota Land Cruiser Prado, presentaba varias perforaciones de proyectil de arma de fuego.

Además, informó que la policía ya había identificado plenamente a los responsables que, según la cobertura del medio, pretendían asesinar a la concejal de oposición por su labor de fiscalización.

Granados aseguró en Radio Cadena Sonora que ha denunciado públicamente anomalías, robos y hechos que atribuye a la municipalidad ante la Contraloría y el Ministerio Público. A partir de esas denuncias, afirmó tener la certeza de que el atentado provino de las personas a las que señaló públicamente.

La violencia cobra la vida del concejal segundo de San Juan Sacatepéquez

Miguel Najarro García Salas fue asesinado la tarde del domingo 17 de mayo tras un ataque armado en el ingreso de Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, mientras se conducía en su vehículo, según información preliminar.

La víctima se desempeñaba como concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. De acuerdo con el reporte inicial, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones.

Al llegar al lugar, los Bomberos Municipales Departamentales constataron que Najarro ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con testimonios, dos hombres se movilizaban en una moto y al acercarse al vehículo lanzaron una granada al platón. El atentado ocurrió en medio de la creciente tensión que vive el sur del Cauca, una región donde en los últimos meses se han intensificado las acciones violentas atribuidas a estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Según información preliminar, la patrulla se movilizaba por una de las vías del municipio cuando fue sorprendida por el lanzamiento del explosivo. El artefacto cayó y detonó segundos después, causando afectaciones tanto a los uniformados como a personas que se encontraban cerca del lugar.

Los dos heridos fueron trasladados rápidamente a centros asistenciales de la zona, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la gravedad exacta de las lesiones, aunque confirmaron que ambos permanecen bajo observación.

Este nuevo ataque revive la preocupación en el departamento, especialmente en municipios como El Patía, donde las comunidades han denunciado un incremento de hostigamientos, ataques con drones y de explosivos contra la Fuerza Pública durante el último año.

Cauca sigue siendo epicentro de la violencia armada

El departamento del Cauca atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad. En diferentes corredores del territorio operan grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las antiguas Farc, que mantienen presencia en zonas rurales estratégicas y han incrementado los ataques con explosivos y los hostigamientos contra estaciones de Policía y unidades militares.

En El Patía, particularmente, las autoridades han advertido sobre el accionar del Frente Carlos Patiño, estructura señalada por múltiples atentados recientes en esta región del país.

Comerciantes y habitantes del municipio aseguran que los atentados afectan la movilidad, el comercio y la tranquilidad de quienes viven en esta zona estratégica de la vía Panamericana.

De hecho, El Bordo ha sido escenario recurrente de hechos violentos en los últimos años. En ocasiones anteriores se han registrado explosiones cerca de instalaciones policiales y ataques contra la Fuerza Pública que han dejado víctimas mortales y decenas de heridos.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables del atentado ocurrido este fin de semana, unidades especiales de la Policía y del Ejército reforzaron la seguridad en el municipio y en varios corredores viales del sur del Cauca.

Autoridades investigan a los responsables del atentado

Tras el ataque, las autoridades iniciaron labores de inspección en la zona para recopilar pruebas y determinar la modalidad exacta utilizada por los responsables. Equipos antiexplosivos hicieron presencia en el lugar para verificar que no existieran otros artefactos abandonados cerca del sitio de la detonación.

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre el grupo responsable, las hipótesis apuntan a estructuras armadas ilegales que delinquen en el sur del departamento y que han intensificado sus acciones contra la Fuerza Pública durante los últimos meses.

El atentado vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad que enfrenta el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado y las economías ilegales en Colombia. En esta región confluyen corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas, armas y minería ilegal, factores que han convertido al territorio en escenario constante de enfrentamientos y ataques terroristas.

La comunidad de El Bordo, entretanto, pidió mayor presencia del Estado y medidas urgentes que permitan recuperar la tranquilidad. Líderes sociales y habitantes manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos violentos y por el temor permanente con el que viven cientos de familias en esta parte del país.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, confirmó el fallecimiento de la persona que acompañaba al exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, quien también perdió la vida tras un atentado ocurrido en ese departamento.

La mandataria se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde además anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

“Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame”, manifestó la gobernadora en el mensaje publicado este sábado.

Gobernación del Meta ofrece recompensa

En el mismo pronunciamiento, Rafaela Cortés indicó que desde la Gobernación del Meta se dispuso una recompensa económica para avanzar en las investigaciones y facilitar la ubicación de los autores del atentado.

“Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia”, señaló la mandataria regional.

La gobernadora aseguró que desde el momento en que ocurrieron los hechos se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de seguridad, mientras se desarrollan operaciones en diferentes zonas del departamento.

Autoridades desmintieron versiones sobre enfrentamientos

Dentro de su declaración pública, Cortés también hizo referencia a versiones que comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales sobre supuestos enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros y el Ejército en la zona donde ocurrió el atentado.

“Desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, afirmó la gobernadora.

Además, sostuvo que la prioridad de las autoridades se concentra en fortalecer las labores de investigación y el despliegue de la Fuerza Pública en el territorio.

Convocan consejo extraordinario de seguridad

Como parte de las medidas adoptadas tras el atentado, la Gobernación del Meta anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad programado para este domingo a las 8:00 de la mañana.

De acuerdo con la mandataria, a la reunión fueron convocadas autoridades nacionales y altos mandos de la Fuerza Pública.

“Con el fin de priorizar el despliegue de la Fuerza Pública y las investigaciones, he citado un Consejo Extraordinario de Seguridad en las instalaciones de la Gobernación del Meta para este domingo a las 8:00 a.m.”, indicó.

Asimismo, expresó que espera contar con la participación del ministro de Defensa y representantes del Ejército y la Policía Nacional para definir nuevas acciones frente a la situación de seguridad en el departamento.

El atentado dejó dos víctimas mortales

La confirmación del fallecimiento de la persona que acompañaba al exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar elevó a dos el número de víctimas mortales relacionadas con el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles oficiales sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el atentado.

Las investigaciones avanzan mientras las autoridades regionales y nacionales refuerzan los operativos de seguridad en distintas zonas del Meta.

Un grupo aún indeterminado de encapuchados armados intimidó la mañana de ese jueves a trabajadores de una empresa contratista e incendiaron dos camiones, en un predio forestal ubicado en la comuna de Victoria (615 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

El hecho ocurrió en el fundo San Gregorio, ubicado a la altura del kilómetro 20 de la Ruta R-570, y de acuerdo al teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto de la Prefectura Malleco, las víctimas declararon que los individuos, a rostro cubierto, los redujeron a punta de armas de fuego y luego procedieron a rociar los vehículos con líquido acelerante para incendiarlos.

Daniel Alveal, representante legal de la empresa afectada, relató a BioBíoChile que su equipo trabajaba en labores de transporte de cosecha cuando, alrededor de las 06:00 horas, fueron emboscados por los atacantes.

“Andaban con armas, pero no pudieron identificar exactamente cuántos eran. Lo obligaron a bajarse del vehículo y luego procedieron a quemar los camiones”, aseguró.

“Para nosotros esto es lamentable, porque somos una empresa nueva. Recién vamos a cumplir aproximadamente 2 años prestando servicio, hemos estado trabajando con comunidades acá”, agregó.

“Nosotros igual somos gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro, somos camioneros de pocos recursos; no hay aquí una tremenda empresa prestando el servicio a una empresa externa: somos gente que salimos todos los días a trabajar y queremos llegar a la casa con el sustento y el pan a la casa”, cerró acongojado Alveal.

“Respuesta desesperada”

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, se refirió a este nuevo atentado y sostuvo que se trata de una “respuesta desesperada de grupos violentos”, ante los últimos allanamientos que la policía y el Ejército han llevado a cabo en la comunidad mapuche de Temucuicui, situada en la comuna de Ercilla y conocida como un “bastión” de resistencia y autonomía.

De acuerdo a Calderón, los últimos ataques incendiarios dan cuenta del “buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad (...) Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado”, complementó la autoridad regional.

Finalmente, recalcó que el gobierno no va “a retroceder ni permitir que la violencia se normalice”.

Por ahora, el OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar), realizan las pericias correspondientes para dar con los responsables.

El equipo de seguridad proporcionado al abogado y candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella frustró un posible atentado dirigido al aspirante. Por medio de un comunicado, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria informó que los hechos se presentaron en Envigado (Antioquia).

El equipo de protección del candidato “detectó y neutralizó una grave situación irregular” que se presentó mientras De la Espriella adelantaba su agenda territorial en el municipio. Identificó a un falso escolta, que estaba en el sitio haciendo supuestas labores de reconocimiento.

“Un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña”, detalló.

El hombre, que insistía en que hacía parte del esquema de seguridad, tenía armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos. Además, se encontraron registros audiovisuales sobre el lugar en el que se llevaría a cabo el evento de campaña, de la tarima dispuesta para la presentación del candidato presidencial, de accesos al sitio, de puntos estratégicos del sector y de movimientos logísticos relacionados con el evento.

La campaña del abogado confirmó que el hombre no hacía parte del esquema de seguridad de De la Espriella, pese a que en todo momento afirmó lo contrario, y de inmediato, informó sobre los hechos a las autoridades, que ahora están al frente de la investigación.

“La campaña reconoce la reacción inmediata de las autoridades presentes y reitera que Abelardo de la Espriella continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública de cara a los colombianos. Sin embargo, exige garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático”, precisó.

Así las cosas, desde Defensores de la Patria solicitaron a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia que avancen ágilmente en las indagaciones correspondientes y que identifiquen plenamente al sujeto que se infiltró en el sitio del evento. De igual manera, pidieron a las autoridades que investiguen cuáles eran las intenciones del sujeto y si estaba actuando en coordinación con otras personas o a título personal.

“La gravedad de estos hechos aumenta por el contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones para la vida e integridad del candidato, de los asistentes y del equipo humano que participa en esta campaña”, explicó.

Recalcó la importancia de que el aspirante de la derecha cuente con medidas reales de protección, precisando que la democracia no puede ser un escenario de intimidación ni de seguimientos clandestinos.

De la Espriella denunció presunto plan para asesinarlo

El aspirante presidencial ya había alertado a la ciudadanía sobre el riesgo que está corriendo en medio de su campaña electoral. El 9 de mayo de 2026, dijo que una fuente de inteligencia de alto nivel le informó sobre la existencia de un supuesto plan para asesinarlo. De la Espriella detalló que la amenaza apuntaba a un ataque bajo la modalidad de francotirador.

Además, indicó que, según los datos que le fueron suministrados, personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría estar implicado en la planeación del atentado. “Es una amenaza real que afecta también a la libertad y la democracia de la población colombiana”, declaró.

Añadió: “A mí no me acobardan. Me comprometo a luchar con mano de hierro contra el narcotráfico y sus aliados. Ellos premian a los delincuentes y sueltan a los peores enemigos de Colombia. Yo seguiré enfrentando a los de siempre, porque mi alianza es con el pueblo colombiano y con Dios. Por eso me quieren atajar”.

La fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, no fue asesinada “por 15 centímetros”, según sus propias palabras. Los delincuentes que llegaron a su casa vestían de negro, con capuchas y guantes. Bajaron de una camioneta con un tablón de más de dos metros, que los ayudaría a subir a la azotea de una de las viviendas de la cuadra. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron hasta la de Ferrero. Dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio.

Quien tiró la granada fue condenado este miércoles.

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, condenó a Alberto Oviedo, de 52 años, informó La Diaria. Fue sentenciado como autor material del atentado que sufrió Ferrero. Fue Oviedo quien ingresó con un tablón al patio de la casa de Ferrero, realizó tres disparos contra la ventana y lanzó la granada, de acuerdo a la investigación citada por este medio uruguayo.

El hombre fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía, que implica el reconocimiento del delito a cambio de una pena menor. En este caso, la sentencia fue por un delito de asociación para delinquir, estrago, atentado y porte de arma.

Oviedo fue identificado porque, para activar la granada, se sacó el guante y dejó las huellas dactilares en el lugar del crimen.

El atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay generó una fuerte conmoción en el sistema político y la investigación de la Fiscalía continúa. Todo apunta a que detrás de este atentado está un grupo vinculado al delincuente Fernández Albín, que tiene contactos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de la región.

Ocurrió antes de que Fernández Albín fuera detenido en Argentina y condenado en Uruguay, como de la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra y su posterior envío a Estados Unidos.

Tras ser detenido, Oviedo negó tener cualquier vínculo con la banda criminal de Marset, informó La Diaria. Dijo que cometió el atentado en venganza contra Ferrero porque lo había enviado a prisión. Sin embargo, esta versión fue descartada porque se constató que Ferrero no había actuado en ese caso.

El otro condenado por este caso fue Washington Estévez, de 50 años. Fue él quien consiguió una camioneta para trasladar el tablón y luego la incendió. La pena fue a tres años de cárcel por un delito de asociación para delinquir, receptación e incendio –en calidad de autor – y atentado y estrago, en calidad de cómplice.

Por la autoría intelectual del crimen, en tanto, hay dos personas detenidas. Un joven que fue arrestado en el marco de otra causa fue vinculado al hecho tras pericias a celulares y otro que que fe detenido en enero en Las Piedras (Canelones). En el operativo se encontraron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, guaraníes, chilenos, argentinos, reales y dólares. Además, se incautaron celulares y documentos falsificados. Una de las armas encontradas allí fue la que se usó para realizar los disparos en la casa de Ferrero.

Fue en octubre de 2025 ante el Parlamento que Ferrero alertó que estuvo cerca de ser asesinada. “No me mataron por 15 centímetros”, le dijo Ferrero a los senadores. Narró que parte de las esquirlas se expandieron hasta el lugar en el que estaba descansando. La fiscal afirmó a los senadores que el ataque no la tenía como objetivo. “Era un mensaje” para todos los integrantes del sistema, dijo Ferrero. “Si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”, relató. Luego, le pasó una advertencia directa a los presentes en la sala: pueden ir “por alguno de ustedes o por un periodista”.

Las autoridades de Puerto Colombia (Atlántico) entregaron los primeros detalles de la investigación sobre el atentado a una familia, asegurando que todo apunta a que se trataría de un caso de ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico de drogas, aunque continúan las investigaciones para determinar los móviles del ataque.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima mortal fue identificada como Andrés Felipe González Pérez, conocido como alias El Cabe, cuyo fallecimiento ocurrió después del ataque armado en el sector conocido como El Congelador durante el lunes 27 de abril de 2026.

El hecho dejó además en estado crítico a su pareja, Yorgelis Carolina Reyes Germán, y a su hija recién nacida, que continúan bajo observación de los especialistas en la Clínica Portoazul Auna, de Barranquilla, hasta donde fueron trasladadas por la gravedad del ataque.

Ante el riesgo de nuevos actos violentos, la Alcaldía de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico ofrecieron una recompensa millonaria para obtener información que permita capturar a los responsables, según el medio local Hoy Diario del Magdalena.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla reveló que el fallecido tenía cinco anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir, por lo que se estima que el ataque estaría relacionado con sus actividades ilegales.

Cabe mencionar que, en diciembre de 2024, los agentes ya habían realizado un allanamiento en la vivienda de las víctimas, en la zona de invasión Colinas del Sol, ante sospechas fundadas de actividad relacionada con estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis oficial de que el ataque formó parte de una disputa territorial entre bandas delincuenciales, según detalles revelados por El Heraldo.

De acuerdo con los primeros hallazgos policiales, el ataque fue ejecutado por dos personas que llegaron a pie hasta la casa de tablas donde se encontraba la familia. Tras disparar, los sicarios huyeron en motocicletas conducidas por sus cómplices.

El análisis de la escena y la recolección de testimonios apunta a que los presuntos autores materiales serían alias Matius y alias El Pavo, identificados como integrantes de la banda Los del Pueblo, que opera bajo las órdenes de alias Salchichón, que tiene antecedentes por su trabajo criminal en el Clan del Golfo.

La investigación habla de un posible ajuste de cuentas motivado por el rechazo de González Pérez a continuar en la venta de drogas, pues los criminales pretendían obligar a la víctima a seguir involucrada en el microtráfico.

Tras lo ocurrido se pronunció el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Winston Varela Amador, que expresó lo siguiente: “Rechazamos de manera contundente este atentado sicarial, y hacemos un llamado a la comunidad y a quien tenga información sobre el mismo a que colabore con las autoridades”.

Como resultado del ataque, la menor de 20 días de nacida se mantiene en estado reservado en una Unidad de Cuidado Intensivo, mientras que su madre permanece estable y bajo vigilancia. Mientras tanto, la fuerza pública reforzó los patrullajes en puntos críticos del municipio con el objetivo de prevenir una escalada de violencia entre grupos rivales.

Autoridades de Puerto Colombia ofrecen recompensa

Frente al impacto del caso, la Alcaldía y la Gobernación dispusieron una recompensa de hasta $40 millones por información relevante, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren en la identificación de los agresores. Así, se espera acelerar la identificación y captura de los responsables directos del crimen que ha conmocionado a los habitantes del municipio.

Asimismo, el secretario Varela Amador confirmó el incremento de la presencia policial y de las labores de vigilancia en barrios periféricos donde operan bandas delictivas: “Avanzamos en las labores investigativas a través de las cuales se maneja la hipótesis de estar relacionada con microtráfico”.

El hecho violento se convirtió en el eje de una investigación priorizada que involucra a la Policía Metropolitana, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía local y la Gobernación.

Michael Glantz, uno de los principales agentes de la Agencia de Artistas Creativos e invitado a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, dijo que de ninguna manera iba a tirarse al suelo como los demás, aunque escuchó los disparos desde el exterior del salón de baile.

En una breve entrevista concedida el domingo, Glantz dijo que no se había inmutado por la conmoción y que quería ver lo que ocurría.

“Soy neoyorquino”, dijo. “Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No me asusté. Había cientos de agentes del Servicio Secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería mirar”.

La pantalla dividida fue captada por la CNN, y las imágenes de Glantz pronto se viralizaron en las redes sociales, donde le apodaron “el hombre de la ensalada”.

Las imágenes muestran un contraste que rápidamente llamó la atención global: mientras agentes del Servicio Secreto irrumpían en el salón y los asistentes se escondían detrás de mesas o abandonaban el lugar, Glantz seguía con su cena, observando la escena con curiosidad más que con temor.

“Mucha gente decía: ‘¿Por qué no te tiraste al suelo? Todos los demás en tu mesa y en el salón estaban en el suelo’”, dijo Glantz.

Lo explicó con gusto: “En primer lugar, tengo problemas de espalda. No podía tirarme al suelo, y si lo hacía, iban a tener que traer a alguien para levantarme. Y número dos, soy un maniático de la higiene. De ninguna manera iba a ponerme en el suelo sucio del Hilton con mi esmoquin nuevo. Eso no iba a pasar”.

El tiroteo del sábado tuvo lugar en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, donde unos 2.600 periodistas y sus invitados se habían reunido para el tradicional evento de gala que Trump encabezaba.

El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años oriundo de California, fue detenido poco después.

Allen, que trabajaba en la empresa educativa C2 Education y había sido reconocido como “docente del mes”, también se presentaba como desarrollador de videojuegos. En su perfil profesional figuraba como creador de “Bohrdom”, un título independiente publicado en la plataforma Steam. Además, contaba con formación en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California y una maestría en informática por la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

Tras su arresto, fue acusado de intento de asesinato del presidente, transporte de armas con fines delictivos y uso de un arma de fuego durante un delito violento, según registros judiciales de Washington.

El tiroteo plantea nuevas dudas sobre los arreglos de seguridad de Trump después de que anteriormente fuera objetivo de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

Las autoridades informaron que el sospechoso atacó un control del Servicio Secreto armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos antes de ser derribado y arrestado, aunque logró herir a un agente que fue salvado por su chaleco antibalas.

(con información de New York Times y Reuters)

Sebastián “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de ser identificado como el presunto responsable del ataque a balazos contra la unidad del Director de la Policía Auxiliar en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de junio de 2025, cuando la unidad del jefe policiaco fue atacada a balazos en al menos 9 ocasiones cuando se encontraba a bordo de la camioneta.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó la captura del sujeto en la calle Juan Aldama de la colonia Buenavista este lunes, luego de que fue señalado por dos transeúntes como responsable de un asalto.

Durante su arresto, al sujeto le fueron asegurados un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Detenido también estaría implicado en robos y daños a la propiedad

De acuerdo con el funcionario, el sujeto también está relacionado con una denuncia hecha por un vecino de una unidad habitacional, ubicada en la calle Juan Aldama, por daños causados a su vehículo con una piedra, así como por otras quejas por manipular y romper las tuberías de gas.

Vázquez Camacho detalló que mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para integrar las investigaciones y que ninguno de los hechos por los que se le acusan queden impunes.

Así fue la agresión armada contra la unidad del jefe policiaco

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció a través de sus redes sociales el ataque armado contra el jefe de la Policía Auxiliar, el cual señaló sería una reacción violenta de grupos cuyos intereses han sido afectados por las medidas de su administración.

La agresión se registró la noche del domingo 22 de junio, cuando una patrulla oficial recibió al menos nueve disparos sin dejar personas lesionadas, esto pese a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el vehículo se encontraba en circulación y el mando policiaco a bordo.

Información compartida en ese momento por la SSC detalló que la patrulla oficial circulaba por la calle Aldama en la colonia Buenavista cuando sujetos no identificados efectuaron los disparos.

Los impactos quedan registrados en la zona de la batea y el cristal trasero de una camioneta Pick Up negra con vivos dorados y matrícula MX-219-Z1, perteneciente al Sector 64 Orión de la Policía Auxiliar.

De acuerdo con la SSC, el efectivo que viajaba en la unidad escuchó los disparos, detuvo el vehículo y descendió para revisar, identificando nueve impactos en la carrocería.

Rojo de la Vega: “Estamos tocando intereses podridos”

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega responsabilizó de la agresión a grupos con intereses afectados por los operativos de recuperación de espacios públicos, afirmando: “Estamos tocando intereses podridos. Pero que les quede claro: no nos van a doblar”.

La funcionaria pidió la intervención de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se investigara y se detuviera los responsables.

En una conferencia de prensa en Belfast, el vicejefe de la policía, Bobby Singleton, señaló: “Nuestra hipótesis preliminar es que puede ser obra del ‘nuevo IRA’, que reivindicó el ataque de Lurgan”.

El pasado marzo, un grupo de disidentes republicanos protagonizó un incidente parecido cuando obligó al chófer de una camioneta a transportar un artefacto explosivo y dejar el vehículo aparcado frente a una comisaría de la misma región, pero el artefacto no llegó a explotar.

En referencia al explosivo de ayer, Singleton dijo que “este tipo de artefacto puede tener sus defectos en sofisticación y alcance, pero los superó en su imprudencia temeraria”.

Por ello, consideró que el actual nivel de amenaza en Irlanda del Norte es actualmente “sustancial”, es decir, un nivel previo al llamado grave, cuando un atentado se considera muy probable.

El incidente

Un coche bomba estalló la madrugada pasada frente a una comisaría de Belfast, la capital de Irlanda del norte, sin causar víctimas y sin que se conozca hasta el momento al autor de lo que parece ser un atentado fallido.

El explosivo utilizado tenía como objetivo “matar a policías y causar el máximo daño”, dijo hoy un portavoz de la Junta policial de Irlanda del Norte.

La explosión se registro en la noche del sábado al domingo frente a una comisaría de Dunmurry, en las afueras de Belfast, y en un primer momento hubo dudas de si se trató de un accidente o había posibles motivaciones políticas, como se ha confirmado ya en la mañana.

La ministra principal para Irlanda del Norte, Michelle O´Neill, dijo que los autores de la explosión “no tienen visión, ni apoyo, ni nada que ofrecer a nuestra sociedad”, pero no dio pistas sobre la autoría ni apuntó a ningún grupo en concreto.

Sin embargo, los unionistas probritánicos ya sugirieron la autoría de republicanos radicales y el líder del partido unionista mayoritario DUP, Gavin Robinson, dijo: “Si esto es otro intento de disidentes republicanos para intimidar a nuestras comunidades y atacar a la policía, esto debe encararse con todo el peso de la ley”.

Desde los llamados Acuerdos de Viernes Santo en 1998, el IRA (Ejército Republicano Irlandés) abandonó las armas, pero han surgido distintas disidencias en su seno que con cierta periodicidad perpetran atentados, sin haber llegado a hacer descarrillar los acuerdos de paz.

(con información de EFE)

Lo que había comenzado como un evento cargado de expectativas políticas y sociales terminó marcado por el pánico, la incertidumbre y cuestionamientos sobre la seguridad presidencial.

Descripción del ambiente previo y contexto del evento en el Washington Hilton

El salón principal del Washington Hilton albergaba a unos 2.500 invitados, entre periodistas, funcionarios y celebridades, con un ambiente festivo y distendido. Desde el principio, la presencia de Donald Trump como orador generaba un clima diferente al de años anteriores, y numerosos asistentes comentaban la expectativa sobre los temas que abordaría el mandatario.

Esta gala contaba con la actuación prevista del mentalista Oz Pearlman y la asistencia de figuras como el ex beisbolista Mark Teixeira y el empresario David Rubinstein.

La seguridad en los accesos no parecía excesivamente rigurosa. Los controles a las entradas resultaron superficiales para algunos invitados, quienes relataron que los agentes del lugar revisaron entradas a distancia y pasaron detectores de metales sin pedir a los presentes vaciar sus bolsillos. Pese al cierre de calles alrededor del hotel, la atmósfera recordaba más a la de una edición habitual de la cena que a la de un evento con el presidente en funciones.

Mientras los asistentes se acomodaban en sus mesas y degustaban los primeros platos, la rutina dio paso a la tensión tras la presentación oficial del presidente y la entonación del himno nacional.

Reacciones inmediatas de asistentes y medidas de seguridad

El estallido de los disparos fue percibido de forma distinta por los presentes: algunos oyeron el “bajo retumbar” característico de armas semiautomáticas, otros apenas notaron el sonido hasta ver el despliegue de seguridad. De inmediato, el salón se sumió en el desconcierto.

Los asistentes se arrojaron al suelo, cubriéndose bajo las mesas o corriendo hacia las salidas, mientras el estruendo de cristales rotos y los gritos inundaban el lugar.

En cuestión de segundos, el salón quedó bajo la custodia de agentes armados, que avanzaban entre las mesas con sus armas desenfundadas en busca de posibles amenazas adicionales. El miedo a que el atacante pudiera ingresar al recinto llevó a cientos de personas a permanecer ocultas, esperando nuevas instrucciones o la llegada de información certera sobre lo sucedido.

En los minutos posteriores al tiroteo, muchos de los presentes intentaron comunicarse con sus familiares, aunque la saturación de la red dificultaba el acceso a llamadas y mensajes. El nerviosismo se apoderó del ambiente, donde la principal preocupación era si el ataque se trataba de un incidente aislado o el inicio de una tragedia de mayor escala.

Evacuación y acciones del Servicio Secreto con autoridades presentes

El Servicio Secreto desplegó un operativo inmediato y coordinado. El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados de la tarima y alejados de la zona de peligro en cuestión de segundos. Los agentes, equipados con cascos y chalecos antibalas, formaron un cordón mientras dirigían a las figuras clave hacia zonas seguras.

Otras autoridades, como el director del FBI Kash Patel y el secretario de Salud RFK Jr., permanecieron en el lugar bajo resguardo, asistidos por agentes que se desplazaron rápidamente para garantizar su protección.

El salón continuó bajo observación sostenida, con los agentes recorriendo el espacio y apuntando sus armas hacia cualquier movimiento sospechoso entre los asistentes.

Durante varios minutos, los presentes no sabían si el tirador continuaba activo o si existía algún cómplice dentro del recinto. Solo tras confirmarse la detención del sospechoso, los organizadores y fuerzas de seguridad comenzaron a tranquilizar a los invitados y a organizar la evacuación paulatina del lugar.

Experiencias personales y sensaciones de quienes vivieron el ataque

El pánico y la incertidumbre dominaron la experiencia de los testigos directos. Algunos asistentes relataron la sensación de incredulidad inicial al escuchar los disparos. Mientras otros, como Gary O’Donoghue —un periodista presente—, reconocieron el sonido inmediatamente y se ocultaron bajo las mesas junto a sus colegas. Varios describieron la ansiedad de esos minutos, cuando la mente se acelera y el miedo a una masacre se convierte en una posibilidad real.

Otra periodista acreditada, por parte de The Washington Post, reveló: “Estaba sentado en la mesa 26, a la derecha del escenario hacia el centro de la sala, cuando escuché varios ruidos fuertes provenientes del fondo de la sala en rápida sucesión”.

Y además agregó: “Vi alboroto hacia el fondo cuando algunas personas empezaron a correr y agacharse. Al reconocer que los sonidos podían ser disparos, me tiré de inmediato debajo de nuestra mesa y les pedí a todos los que estaban conmigo que se tiraran al suelo”.

Estos detalles personales resaltaron la intensidad del momento: el roce de un colega que se arrojó al suelo, la espera bajo el mantel, la imposibilidad de comunicarse con el exterior y el temor de que un atacante ingresara al salón y abriera fuego contra la multitud.

Dicho episodio activó recuerdos de otros incidentes violentos y generó una reflexión amarga sobre la frecuencia de estos hechos en Estados Unidos.

En el caos, surgieron confusiones y rumores. Un asistente creyó escuchar que un senador había fallecido, cuando en realidad se referían al atacante, que fue arrestado poco después de los disparos. La tensión se mantuvo hasta que las autoridades confirmaron la detención y aseguraron la zona.

Reflexiones sobre seguridad y consecuencias para futuros eventos

El ataque generó interrogantes inmediatos sobre los protocolos de seguridad en este tipo de eventos de alto perfil. Muchos asistentes cuestionaron cómo un individuo armado pudo acercarse tanto al presidente y a otras figuras relevantes, considerando el despliegue policial en las inmediaciones y los controles previos. La sensación compartida fue que la seguridad en el acceso al salón no estuvo a la altura del riesgo.

Los organizadores anticiparon que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca revisará los procedimientos y reforzará las medidas para futuras ediciones. El incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de incluso los eventos más custodiados y reavivó el debate sobre la violencia política y la protección de líderes y periodistas en Estados Unidos.

La noche cerró sin víctimas entre los asistentes, en gran parte gracias a la intervención rápida de las fuerzas de seguridad. El detenido fue identificado como Cole Tomas Allen, originario de California. El hecho evitó convertirse en una tragedia mayor, pero marcó un antes y un después en la historia de la tradicional cena de corresponsales.

El incidente, ocurrido en el Washington Hilton la noche del sábado, llevó a la evacuación inmediata de Trump y de varios altos funcionarios, lo que obligó a la cancelación abrupta del evento y obligó a revisar los protocolos de protección para las principales figuras del gobierno. Según el medio Reuters, el atacante fue detenido pocos minutos después de disparar contra un agente del Servicio Secreto que resguardaba la entrada del hotel.

En la última parte de la jornada, las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, un residente de California de aproximadamente 31 años. Conforme reportó el jefe interino de la policía de Washington, Jeffery Carroll, Allen habría ingresado como huésped al propio hotel y logró introducir al menos una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Las redes sociales sugerían que Allen ejercía como docente en Torrance, cerca de Los Ángeles, aunque las motivaciones detrás del ataque no han sido establecidas. Carroll precisó que por ahora se cree que actuó en solitario.

El presidente Trump declaró ante la prensa que cree haber sido el objetivo central del atentado. Sostuvo que el agente del Servicio Secreto sobrevivió gracias al chaleco antibalas y se encuentra “en buen estado”. Anthony Guglielmi, vocero del Servicio Secreto, confirmó a Reuters que el agente fue dado de alta tras recibir atención en el hospital.

Los primeros hallazgos y la investigación sobre las motivaciones del atacante

El fiscal general interino, Todd Blanche, sostuvo que la investigación inicial sugiere que el atacante pretendía causar el mayor daño posible y que entre los objetivos figuraban miembros del gobierno de Trump, posiblemente el propio presidente.

Según Blanche, el detenido no colaboró con los investigadores y permanece bajo custodia, mientras agentes federales analizan escritos incautados y rastrean sus movimientos previos al atentado.

Las autoridades determinaron que Allen reservó una habitación en el hotel con semanas de antelación y llegó armado con varias armas, incluidas al menos una escopeta y una pistola adquiridas “en los últimos años”. El FBI y el Servicio Secreto registraron una vivienda en Torrance, California, vinculada al sospechoso, en busca de más evidencias sobre sus motivaciones y preparativos.

Blanche remarcó que la información sobre el objetivo presidencial es “preliminar” y que aún se investigan los motivos del ataque, sin que hasta ahora se haya detectado un trasfondo internacional o antecedentes penales relevantes en Washington para Allen. Se prevé que el sospechoso comparezca ante la justicia federal en Washington el lunes, donde podría enfrentar nuevos cargos conforme avance la investigación.

Blanche aseguró que este atentado “no detendrá” al presidente Trump ni a su equipo en sus funciones públicas. Según el fiscal, “si uno de los objetivos del atacante era generar temor, no lo logró”, y tanto el mandatario como el vicepresidente, el gabinete y los periodistas continuarán con sus actividades habituales.

Blanche reiteró que la administración mantendrá su agenda y que “este tipo de actos no cambiarán la disposición del presidente de presentarse ante la ciudadanía”.

Seguridad presidencial enfrenta cuestionamientos tras el incidente en el Hilton

El suceso ocurrió cerca de las 20:35 horas locales, cuando la irrupción de disparos en uno de los controles desencadenó el pánico en la sala de baile del Washington Hilton, donde se congregaban 2.600 invitados, entre ellos miembros del gabinete y figuras destacadas de la administración.

De acuerdo con imágenes divulgadas por el propio Trump en Truth Social, Allen logró atravesar dos puestos de seguridad y corrió una distancia aproximada de 50 yardas (45 metros) antes de ser reducido, sin que se efectuaran disparos contra él.

Testimonios recogidos por Reuters relatan que el miedo fue inmediato: los asistentes, vestidos de gala, se protegieron bajo las mesas mientras los agentes formaban cordones de seguridad y evacuaban a funcionarios clave, incluidos la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance. Algunos invitados comenzaron a corear “USA, USA!” mientras la situación seguía bajo control.

Este fue el primer año en el que Trump asistió a la gala como presidente, tras evitarla durante toda su administración previa. El propio recinto ya había sido escenario de un atentado en 1981, cuando John Hinckley Jr. hirió de gravedad al entonces presidente Ronald Reagan a la salida del hotel.

En una conferencia de prensa extraordinaria esa misma noche, Trump insistió en que el agresor actuó como “lobo solitario”. El fiscal Blanche, citado por Reuters, subrayó que la investigación evaluará las circunstancias que permitieron el ingreso de armas de grueso calibre al evento, pese a los controles implementados por el Servicio Secreto y las autoridades locales.

Los intentos de asesinato contra Trump no han sido aislados desde 2024. En julio de ese año, el mandatario resultó herido en la oreja durante un ataque en Butler, Pensilvania, donde el autor de 20 años fue abatido por la seguridad. Dos meses después, un hombre armado fue arrestado en las inmediaciones del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, episodio también calificado como intento de magnicidio y resuelto con una condena a cadena perpetua —según detalles aportados por Reuters.

Reacciones internacionales y desafío a la democracia

El reciente atentado provocó una ola de condenas internacionales y mensajes de solidaridad con Estados Unidos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, describió el hecho como “un ataque a nuestras sociedades libres y abiertas”, e hizo un llamado a rechazar toda forma de violencia en los sistemas democráticos.

La respuesta rápida permitió evitar una tragedia mayor, pero el caso incrementó la presión institucional para revisar los estándares de protección en actos públicos masivos. Funcionarios estadounidenses, en declaraciones recogidas por Reuters, coincidieron en que la investigación se enfocará en cómo se vulneraron los controles para evitar que un individuo armado lograra llegar tan cerca de la dirigencia nacional reunida en el Hilton.

Este episodio, que se suma a una serie de ataques y amenazas recientes, marca un punto de inflexión en la vigilancia y en el debate sobre la seguridad presidencial en un país polarizado que enfrenta la fragilidad de sus propios mecanismos de resguardo al máximo nivel.

El intento de ataque durante la cena anual de corresponsales en el Washington Hilton llevó a la activación de protocolos de emergencia del Servicio Secreto de Estados Unidos, cuya prioridad fue garantizar la seguridad del presidente Donald Trump, el vicepresidente Vance y figuras clave del gabinete.

Según consignó Axios, el incidente involucró a un sospechoso armado que intentó atravesar un control de seguridad y fue neutralizado por agentes.

Anillos de seguridad y controles en el acceso

La noche del evento, el Servicio Secreto desplegó un operativo de protección que incluyó varios anillos de seguridad. De acuerdo con la información recogida por Military.com, el hotel fue cerrado al público desde las 14 horas, limitando el acceso a huéspedes, invitados con credenciales y personal autorizado.

En la entrada al evento, los 2.300 asistentes pasaron controles adicionales que incluyeron verificación de boletos y el paso por magnetómetros, operados en conjunto por el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Neutralización del sospechoso y evacuación de autoridades

Una vez que el presidente tomó asiento en el salón principal, el acceso al área quedó completamente restringido y los equipos comenzaron a desmontar los detectores de metales, momento en el que el atacante intentó avanzar.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, afirmó que el sistema de protección “funcionó como estaba previsto”, declaración recogida por Boston Globe.

El jefe de la policía metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, explicó que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Allen logró superar la primera barrera de seguridad por ser huésped del hotel, pero fue interceptado antes de entrar al salón.

El protocolo interno incluyó la evacuación inmediata de Trump, Vance y la primera dama Melania Trump, junto a miembros del gabinete.

Armados, los agentes ocuparon posiciones estratégicas dentro del salón, incluyendo la zona del escenario, y establecieron un perímetro físico alrededor de la mesa presidencial, donde incluso había placas blindadas ocultas bajo el mantel, según información de Military.com y KSAT.

Coordinación, evaluación y mejoras continuas

Las medidas de seguridad del Servicio Secreto abarcan coordinación con escoltas de otras agencias, revisiones de antecedentes para todos los asistentes y un plan de contingencia basado en experiencias previas, como el atentado contra Ronald Reagan en 1981.

El entrevistado por Fox News, el ex agente Bobby McDonald, detalló que cada evento de este tipo se evalúa posteriormente para introducir mejoras y ajustes según los desafíos detectados.

Explicó que la coordinación en este tipo de operativos es compleja, ya que no solo el Servicio Secreto está involucrado: cada miembro del gabinete cuenta con su propio equipo de protección, lo que exige una articulación constante entre distintas agencias para cubrir a todos los líderes presentes.

McDonald subrayó la importancia de ubicar al personal en los lugares adecuados y de mantener rutas de evacuación despejadas para proteger a los funcionarios y asistentes ante situaciones de caos. Enfatizó que “nada sucede exactamente según el guion cuando estalla el caos”, por lo que la capacidad de adaptación y reacción rápida resulta fundamental para minimizar daños.

Además, remarcó que el éxito del operativo se refleja en la evacuación sin víctimas de gravedad, resultado de una respuesta efectiva ante un entorno con numerosas figuras de alto perfil.

Infraestructura y antecedentes en el Washington Hilton

El incidente también puso de manifiesto la dificultad de anticipar todos los escenarios posibles. La actuación del Servicio Secreto y sus aliados federales y locales fue reconocida por evitar daños mayores y asegurar la integridad de los principales líderes políticos del país.

De acuerdo con Military.com, tras el intento de asesinato de Reagan, el hotel realizó modificaciones, como la construcción de un garaje seguro para el ingreso del presidente, un elevador y una suite exclusiva con acceso restringido. Estas instalaciones forman parte del protocolo recurrente en cada edición de la cena de corresponsales.

Continuidad de la investigación y revisión de protocolos

El evento fue cancelado tras el incidente, a pedido de las autoridades, y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció que buscará reprogramarlo en los próximos 30 días.

Las investigaciones y la revisión de los protocolos de seguridad continúan, con especial atención a la coordinación entre agencias y la gestión de accesos en eventos de alta concentración de figuras públicas.

El agresor, identificado como Cole Thomas Allen, fue reducido tras protagonizar un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto, suceso que dejó un funcionario herido, aunque protegido por su chaleco antibalas, y obligó a evacuar a las máximas autoridades del país.

Según el medio The New York Times, las investigaciones aún no han determinado el motivo del ataque ni si el objetivo era el presidente. Aunque el fiscal general Todd Blanche señaló que el tirador probablemente buscaba a funcionarios del gobierno.

Allen, según fuentes policiales citadas por NBC News, tiene 31 años y es residente de Torrance, California. Ni las autoridades federales ni el jefe de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, informaron que tuviera antecedentes penales o estuviera vinculado a investigaciones previas en Washington D.C.

Esta precisión lo distingue de casos anteriores de amenazas a la seguridad presidencial: en julio de 2024, Trump había sobrevivido a un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, donde una bala rozó su oreja, y meses más tarde, un agente federal disparó contra un hombre armado en el club de golf Mar-a-Lago de Trump en Florida, de acuerdo con The New York Times.

Un ataque que desató el pánico y forzó la evacuación líderes políticos

Aproximadamente a las 20:36 hora local, según NBC News, Allen eludió un puesto de control de seguridad en el lobby del hotel Washington Hilton —sede histórica del evento desde hace décadas— y se dirigió rápidamente hacia el salón principal.

En las grabaciones difundidas por Trump en Truth Social, se observa a los agentes sacar sus armas y perseguirlo. El incidente se desató minutos después del inicio de la gala anual, que congrega a cerca de 1.000 periodistas de la Asociación, fundada en 1914, junto con figuras de ambos partidos y personalidades del espectáculo, según The New York Times.

Dentro del salón, varios testigos refirieron un fuerte ruido. Camareros y asistentes buscaron refugio mientras cundía el desconcierto; quienes estaban cerca de la entrada escucharon la conmoción, en tanto que otros percibieron apenas movimientos anómalos y no oyeron disparos.

Trump describió el momento diciendo: “Escuché un ruido y pensé que era una bandeja que caía. Fue bastante fuerte”. De inmediato, los agentes evacuaron al presidente, la primera dama y los principales funcionarios alrededor de las 21:45 horas.

El oficial del Servicio Secreto herido fue llevado al hospital tras recibir el impacto de un disparo en su chaleco antibalas, y fue dado de alta el domingo temprano. Además de este caso, no se reportaron más víctimas.

Respuesta de las autoridades y consecuencias judiciales

Según la fiscal federal Jeanine Pirro, Allen será imputado por uso de un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento y asalto a un agente federal con arma peligrosa o mortal.

Se esperaba su comparecencia ante el tribunal el lunes siguiente. Carroll explicó que el sospechoso aparentemente actuó solo y que su habitación de hotel fue objeto de registros. Las agencias federales, incluido el FBI y el Servicio Secreto, están involucradas en la investigación.

Pirro señaló: “Está claro, con base en lo que sabemos hasta el momento, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible”.

Las cuentas en redes sociales asociadas a Allen lo describen como desarrollador independiente de videojuegos y docente, según le informaron las autoridades a The New York Times.

Cena de corresponsales: un símbolo de la libertad de prensa bajo amenaza

La cena, ocasión emblemática para la defensa de la libertad de prensa y la Primera Enmienda, había sido sistemáticamente boicoteada por Trump durante su mandato anterior, participando solo como invitado en ediciones previas, pero nunca como presidente. Esta vez, su reencuentro con el evento coincidió con la amenaza más directa a la seguridad vivida en su actual gestión.

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación y corresponsal de CBS en la Casa Blanca, celebró la seguridad de autoridades y asistentes al declarar en redes sociales: “Gracias a Dios, él, la Primera Dama y todos los que estaban en la WHCD están a salvo“.

Trump anunció tras el incidente que la cena se reprogramará dentro de los próximos 30 días y valoró la reacción de los presentes. “Esto era un evento dedicado a la libertad de expresión, que debía reunir a miembros de ambos partidos con la prensa. Y en cierto sentido lo logró. Vi un salón completamente unido. En un sentido, fue algo muy hermoso, realmente hermoso de ver”, dijo el presidente, según The New York Times.

El incidente reabre el debate sobre la seguridad presidencial y la exposición de altos funcionarios ante amenazas armadas, especialmente en contextos públicos o simbólicos como la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Según informó el Washington Post, el incidente llevó a la evacuación de Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete, luego de que un individuo armado superara un control del Servicio Secreto en el Washington Hilton, sede habitual del evento.

Argumentos de Trump y aliados a favor del nuevo salón

Trump defendió la iniciativa de un nuevo salón de baile al afirmar que “necesitamos el salón”, destacando sus características de seguridad como vidrios blindados, techos resistentes a drones y un búnker subterráneo.

De acuerdo con el Washington Post, el mandatario señaló que el Washington Hilton “no es un edificio particularmente seguro” y que un espacio propio dentro del complejo presidencial permitiría un mayor control y protección para autoridades y asistentes.

El proyecto, según Trump, contempla una estructura de 8.300 metros cuadrados, capacidad para 999 personas y financiamiento completamente privado.

Litigios legales y controversias patrimoniales

El medio estadounidense detalló que la propuesta ha sido objeto de intensos litigios legales. La National Trust for Historic Preservation (NTHP) demandó a la administración Trump en diciembre, alegando que la demolición acelerada del East Wing y el avance de las obras se realizaron sin la autorización previa del Congreso ni la revisión de las comisiones federales requeridas.

Según el Washington Post, Trump sostiene desde hace meses en tribunales que las avanzadas medidas de seguridad previstas justifican la continuación del proyecto, a pesar de la controversia.

El juez federal Richard Leon resolvió en marzo que Trump debía detener la construcción sobre la superficie, permitiendo solo “acciones estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de la Casa Blanca”. El equipo legal del presidente interpretó esta excepción como una vía para proseguir, pero el magistrado rechazó que el argumento de seguridad habilite la obra integral.

El Washington Post puntualizó que una corte de apelaciones permitió que las obras sigan hasta una audiencia prevista para junio, mientras persiste el conflicto judicial.

Reacciones de funcionarios y figuras conservadoras

Entre las voces que respaldan la construcción figuran el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien afirmó en la red social X que la evacuación de las autoridades durante el tiroteo “es una razón más para que el salón de Trump sea construido”.

La congresista Randy Fine, de Florida, expresó: “No deberíamos volver a escuchar quejas sobre el salón de baile de la Casa Blanca”.

Otros defensores, como Meghan McCain, Tom Fitton y Nick Adams, reiteraron la necesidad de un espacio seguro para eventos institucionales, mientras que la activista Chaya Raichik, responsable de la cuenta Libs of TikTok, escribió: “ESTO ES POR LO QUE NECESITAMOS EL SALÓN DE TRUMP”, según recopiló el Washington Post.

Críticas patrimoniales y opiniones de exfuncionarios

La publicación estadounidense también recogió el escepticismo de la NTHP, cuyos abogados manifestaron en documentos judiciales: “Es difícil creer que ni siquiera los demandados realmente piensen que la ausencia de un salón de baile masivo pone en peligro la seguridad nacional”.

Además, el Washington Post indicó que algunos exfuncionarios de administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, reconocen la falta de un espacio adecuado para grandes eventos en la residencia presidencial, aunque no necesariamente apoyan la propuesta de Trump.

Inspiración arquitectónica y dimensión del proyecto

Entre los detalles arquitectónicos, Trump describió el futuro salón como “un gran proyecto legado”, inspirado en palacios como Versailles y en su residencia privada Mar-a-Lago, una referencia que el Washington Post atribuye directamente al mandatario.

Las dimensiones del salón, resalta el periódico, serían casi equivalentes al total del complejo de la Casa Blanca, lo que generó críticas de sectores preocupados por el impacto sobre un símbolo histórico nacional.

Naturaleza privada del evento y argumentos de seguridad

El Washington Post subrayó que la cena de corresponsales es un evento privado, no una función gubernamental, y que el Washington Hilton permanece abierto a huéspedes habituales durante su desarrollo.

Esta circunstancia fue utilizada por Trump y sus aliados como argumento adicional para impulsar el proyecto, al considerar que la seguridad de altos funcionarios debería quedar bajo jurisdicción y resguardo directos de la sede presidencial.

El episodio revive los interrogantes sobre la eficacia de los dispositivos de protección en eventos con alta concentración de figuras públicas y recuerda el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981 —ocurrido en el mismo hotel—, señalando la persistencia del riesgo para los jefes de Estado y la continuidad de la violencia política en la historia reciente de Estados Unidos.

Las dudas sobre el blindaje de las medidas preventivas ganaron intensidad después de conocerse que el sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de California, era huésped registrado en el hotel y logró penetrar hasta un puesto de control policial con un arsenal compuesto por una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos.

Según el jefe de policía interino de Washington, Jeffery Carroll, Allen disparó contra un agente del Servicio Secreto que, protegido por un chaleco antibalas, resultó ileso y fue dado de alta en el hospital pocas horas más tarde.

Las investigaciones formales buscan clarificar el móvil y si el blanco era efectivamente la presidencia, aunque el actuante fiscal general, Todd Blanche, anticipó a NBC News que el individuo “probablemente incluía al presidente entre sus posibles objetivos”.

El incidente: armas, evacuaciones y respuesta inmediata

El tiroteo interrumpió la celebración de la White House Correspondents’ Association, una gala que agrupa anualmente a periodistas, legisladores, diplomáticos y altos funcionarios del gobierno.

Testigos consultados por BBC describieron escenas de confusión inicial —con sonidos de al menos cinco detonaciones— y la rápida evacuación de Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y todos los miembros del gabinete presentes.

Según el corresponsal jefe en Norteamérica de la BBC, Gary O’Donoghue, aunque los alrededores del Washington Hilton permanecieron cerrados horas antes del evento, la revisión de entradas en los accesos fue “superficial”, lo que permitió a Allen circular relativamente sin trabas antes de superar el puesto de seguridad ubicado en el segundo piso, sobre el salón principal.

Videograbaciones difundidas por Trump muestran al sospechoso cruzando el puesto de control mientras agentes desenfundan sus armas. Allen fue reducido tras un intercambio de disparos; fotografías publicadas por el propio presidente lo exhiben esposado y sin camisa, sometido en el suelo por el Servicio Secreto mientras era revisado para descartar explosivos.

En el momento de los hechos, el mandatario —que minutos después compareció ante la prensa en la Casa Blanca— elogió la labor de sus custodios. Trump afirmó: “Acabo de hablar con el oficial, se encuentra bien y de buen ánimo. Les hemos dicho que los queremos y los respetamos”.

El presidente tildó de “muy enfermo” al atacante y remarcó que la respuesta de los agentes “fue increíble”. Además, aclaró que la primera dama, el vicepresidente y el gabinete estaban en “perfecto estado de salud”. El evento será reprogramado en 30 días.

Precedentes y patrón de amenazas: la sombra de la historia

El atentado en el Hilton ocurre casi 2 años después de que Trump sobreviviera a un disparo en la oreja durante un mitin en Butler, Pensilvania, incidente que dejó un muerto entre los asistentes y terminó con el atacante abatido. En ese caso, el sospechoso, Thomas Crooks, se ubicó con un rifle en el techo cercano al escenario.

Paralelamente, en julio de 2024, un hombre armado fue detenido al intentar acercarse al presidente mientras jugaba golf en Florida; el sujeto fue arrestado antes de disparar y, según fiscales, planeó el ataque durante semanas.

Estos hechos refuerzan un fenómeno en aumento en la política estadounidense. Según la Policía del Capitolio, en 2023 se investigaron más de 8.000 amenazas, lo que representa un incremento del 50% frente a 2018 (BBC). La multiplicación de actos violentos contra figuras políticas —como el asesinato del comentarista Charlie Kirk en Utah y los ataques contra legisladores estatales en Minnesota— ilustra el clima de creciente polarización.

El “efecto Reagan”: 1981, balas y trauma persistente en el mismo hotel

En la memoria política estadounidense, el intento de asesinato de Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981 en el Washington Hilton es un hito que marcó la narrativa de la seguridad presidencial.

John Hinckley Jr., motivado por una obsesión personal con la actriz Jodie Foster, disparó seis veces cuando Reagan saludaba al público tras un almuerzo con la AFL-CIO. Una bala calibre 22, diseñada para explotar al impactar, atravesó la axila del presidente, rozó una costilla y se detuvo a dos centímetros y medio de su corazón.

Durante el atentado, el agente Jerry Parr empujó a Reagan al automóvil blindado, cubriéndolo con su propio cuerpo. El presidente fue trasladado de urgencia al hospital George Washington University, donde los médicos extrajeron el proyectil después de que el mandatario perdiera tres litros de sangre.

Reagan se mantuvo lúcido y bromeó con los médicos pese a la gravedad: “Espero que sean todos republicanos”, comentó antes de entrar al quirófano. La recuperación fue lenta: permaneció hospitalizado 13 días, con una actividad oficial limitada durante semanas y sin abandonar la ciudad por casi dos meses.

James Brady, secretario de prensa, quedó parapléjico tras recibir un disparo en la cabeza —dato que lo convirtió en activista por el control de armas— y murió en 2014 por secuelas directas del ataque. Otros heridos, como el agente Timothy McCarthy y el oficial Thomas Delahanty, sobrevivieron pero sufrieron graves secuelas físicas.

Según testimonios recogidos por el Miller Center, la administración Reagan entró en “modo crisis”, con la sucesión presidencial momentáneamente confusa. El secretario de Estado, Alexander Haig, declaró estar “al mando”, a pesar de que constitucionalmente era el cuarto en la línea de sucesión.

Las grabaciones de aquellos días reflejan el pánico y la desinformación inicial en la Casa Blanca, mientras se descartaba un complot y se monitoreaba la presencia de submarinos soviéticos en la costa. Las memorias de los funcionarios recuerdan que Reagan —entubado y convaleciente— retomó su función firmando órdenes legislativas desde el hospital, decidido a probar su vigencia como jefe de Estado.

Evaluaciones sobre seguridad: límites, aprendizaje y demandas futuras

La crítica al operativo reciente resurge en voces como la del ex embajador británico en Washington, Kim Darroch, quien declaró a la BBC que “bastaba superar un solo filtro de seguridad para acceder al salón principal”.

La propia Secretaría del Servicio Secreto, señaló que el hecho de que Allen no lograra ingresar al salón demuestra que la respuesta fue adecuada y que los protocolos mínimamente funcionaron bajo presión.

Tras el nuevo ataque, Trump insistió en la necesidad de completar un nuevo salón de eventos en la Casa Blanca “proveído de vidrios a prueba de balas y protección antidrone”, actualmente en litigio legal. Además, expertos en seguridad y ex agentes del FBI coincidieron en que podrían sumarse dispositivos de perímetro más amplios y controles reforzados para actos con altos dignatarios.

La repetición de atentados en el Washington Hilton —en un lapso de más de cuatro décadas— convierte al lugar en símbolo de la fragilidad última de cualquier esquema de protección, lo que obliga a un rediseño constante en las estrategias de salvaguarda presidencial.

El futuro de la seguridad en actos públicos volverá a estar frente a debate en las próximas semanas, cuando la cena de corresponsales prevista en el Hilton vuelva a reunir a parte del círculo de poder estadounidense bajo un escenario de máxima alerta.

La noche de este sábado, el Gobierno del Perú expresó una enérgica condena por el acto de violencia registrado durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C. El evento, uno de los más relevantes para la prensa en Estados Unidos, contó con la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, quienes, según la comunicación oficial peruana, permanecen fuera de peligro.

Comunicado de Cancillería ante atentado contra Donald Trump

Cancillería Peruana emitió un comunicado poco después del incidente, en el que manifestó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos. El texto subrayó la importancia de mantener la seguridad en este tipo de encuentros, reiterando el apoyo de Perú a la democracia y la libertad de prensa.

“El Gobierno del Perú condena categóricamente todo acto violento que ponga en riesgo la integridad de autoridades y ciudadanos en eventos internacionales”, señaló la Cancillería peruana a través de su cuenta oficial. Según el comunicado, “los asistentes, entre los que se encontraban el presidente de Estados Unidos, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran a salvo y bajo resguardo”.

El atentado ya ha sido controlado

De acuerdo con información difundida por CNN, la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) reúne cada año a periodistas, funcionarios gubernamentales y figuras destacadas de la política estadounidense. En esta ocasión, el acto de violencia interrumpió el desarrollo de la gala, lo que generó una reacción inmediata de las autoridades de distintos países, entre ellos Perú.

La noticia del incidente circuló con rapidez en medios internacionales. CNN reportó que la seguridad de la Casa Blanca y los servicios de emergencia respondieron de manera inmediata, evacuando a los asistentes y controlando la situación en cuestión de minutos. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves, de acuerdo con los primeros informes oficiales.

¿Qué pasó durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca?

Washington D.C. se convirtió en el epicentro de la atención internacional. Diversas embajadas y gobiernos de la región expresaron mensajes de solidaridad, mientras que la Casa Blanca agradeció la colaboración de los servicios de seguridad y la pronta respuesta de los equipos de emergencia. Fuentes oficiales estadounidenses indicaron que la investigación para esclarecer las causas y los responsables del hecho continúa en curso.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca lamentó lo sucedido y aseguró que seguirá trabajando para garantizar espacios seguros para la labor periodística. “La libertad de prensa es un pilar fundamental de toda democracia”, afirmó la organización en una nota oficial compartida con los medios, entre ellos The New York Times.

¿Quién es el atacante de Donald Trump?

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) informó que el presunto autor del tiroteo en Cena de Corresponsales de la Casa Blanca está bajo custodia de las fuerzas de seguridad y que su oficina en Washington respondió al incidente.

Las primeras imágenes proporcionadas por el corresponsal de Infobae en Washington, Román Lejtman, dan cuenta del hombre tendido en el suelo con la cara y el torso descubierto. En otro video, se lo ve rodeado de agentes intentando tapar al hombre de los periodistas que se acercaban para fotografiarlo.

Minutos más tarde, medios estadounidenses identificaron al presunto autor del hecho como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance,California. Sin embargo, no hubo confirmación oficial por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario también compartió imágenes del hombre arrestado.

El hombre habría abierto fuego contra un agente del Servicio Secreto en la zona de detectores de metales, el único uniformado que resultó herido, y se encuentra actualmente bajo custodia mientras las autoridades federales profundizan en las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque.

Donald Trump y su reacción

Donald Trump, quien se encontraba en el lugar junto a su esposa, mantuvo la agenda oficial prevista tras confirmarse el resguardo de los asistentes. La portavoz de la Casa Blanca agradeció la preocupación de gobiernos aliados y confirmó que la administración estadounidense coordina con las entidades responsables para reforzar la seguridad en futuras ediciones de la cena.

Mientras tanto, el Gobierno del Perú insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y prevención de riesgos en eventos multilaterales. “La diplomacia y el respeto a la libertad de prensa son esenciales para la convivencia entre naciones”, concluyó la Cancillería en su declaración pública.

Trump agradeció al Servicio Secreto tras el incidente en la cena de corresponsales

Donald Trump, agradeció la labor de las fuerzas de seguridad tras la evacuación de emergencia durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla. Presidente DONALD J. TRUMP“, publicó en su cuenta de Truth Social.

Según informóCNN, los agentes evacuaron aTrumpy a la primera dama,Melania Trump, minutos después de que comenzara la velada, luego de que se escucharan disparos en las inmediaciones. Testigos y periodistas presentes confirmaron que el incidente ocurrió al inicio de la gala, cuando los asistentes buscaron refugio bajo las mesas mientras los equipos tácticos armados se desplegaban en el escenario donde minutos antes se encontraba Trump.

Quince minutos. Ese fue el tiempo que, según un conductor que sobrevivió, marcó la diferencia entre la rutina de carretera y una tragedia que terminó en muerte. La fila de vehículos estaba detenida, los pasajeros inquietos y, en el ambiente, una tensión difícil de explicar. Luego vino el estallido.

“Sentimos fue un ¡boom! de una la explosión, eso empezó a volar cosas”, recordó a El País Hernán, transportador interdepartamental que quedó a pocos metros del punto donde ocurrió la detonación. Su relato reconstruyó los segundos previos y posteriores a un ataque que dejó una de las escenas más crudas registradas este año en el suroccidente del país.

El hecho ocurrió en el sector de El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, sobre la vía Panamericana. En ese punto, hombres armados habían instalado un retén ilegal que obligó a detener el tráfico. Vehículos de servicio público y particulares quedaron inmovilizados mientras los conductores esperaban instrucciones.

De acuerdo con los reportes conocidos, la explosión dejó al menos 7 personas muertas. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogó este hecho como la masacre número 47 en lo corrido de 2026, una cifra que refleja la intensidad de la violencia en varias regiones del país.

El artefacto explosivo fue activado justo cuando los vehículos retomaban la marcha. Según el testimonio de Hernán, el momento coincidió con el paso de una chiva por el lugar donde estaba instalada la carga. La fuerza de la detonación fue tal que fragmentos del vehículo impactado salieron despedidos y alcanzaron a otros automotores cercanos.

Lo que quedó después fue descrito por los sobrevivientes como un escenario de guerra. Restos de vehículos, heridos sobre el asfalto y personas intentando auxiliarse entre sí en medio del desconcierto. Muchos de los afectados quedaron atrapados en la congestión vehicular, sin posibilidad de reaccionar a tiempo.

El ataque no solo destruyó el transporte de pasajeros. También dejó a varios civiles con heridas de gravedad y a conductores sin sus herramientas de trabajo. Algunos vehículos quedaron completamente inservibles, lo que para muchos representa la pérdida de su sustento diario.

Hernán recordó que, en medio del caos, la sensación dominante fue el miedo absoluto. Por un instante, pensó que no iba a sobrevivir. Aunque su buseta no sufrió daños estructurales severos, otros compañeros no corrieron la misma suerte.

En los primeros minutos tras la explosión, la atención de los heridos recayó en quienes estaban en la vía. Conductores, pasajeros y transeúntes improvisaron labores de auxilio mientras llegaban los organismos de emergencia. Según el transportador, la presencia de la Fuerza Pública en el punto exacto del ataque no fue inmediata. Con el paso de los minutos, ambulancias procedentes de Popayán comenzaron a llegar al lugar. El traslado de los heridos se hizo en medio de la congestión y los escombros, mientras los paramédicos pedían paso para atender a las víctimas más graves.

La vía Panamericana, uno de los corredores más importantes del país, quedó paralizada tras el ataque. Más allá del impacto en la movilidad, el hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes transitan por esta ruta, especialmente en zonas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

El testimonio de Hernán cierra con un llamado que resume la impotencia de quienes viven de la carretera. “Tengan conciencia, somos seres humanos y no puede estar pasando eso con nosotros”, expresó, con la voz aún marcada por lo ocurrido. Su mensaje refleja una realidad que se repite en el Cauca: la violencia que no distingue entre objetivos militares y población civil, y que termina golpeando a quienes simplemente intentan seguir su camino.

Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso de ser el autor del atentado que hizo estallar la aeronave HP-1202 del vuelo 901, que dejó 21 muertos en julio de 1994, llegó este lunes a Panamá extraditado desde Venezuela.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Alí Jalil fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a miembros de la Policía Nacional por sus pares venezolanos.

El sospechoso había sido detenido previamente el 6 de noviembre del año pasado en la isla Margarita, en Venezuela, tras una alerta internacional emitida por Panamá.

Su condición de nacional colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización generó obstáculos jurídicos, debido a las limitaciones legales que existen en ese país para extraditar a sus ciudadanos, lo que hizo más delicado y prolongado el proceso.

El tribunal venezolano condicionó la entrega del sospechoso al cumplimiento de garantías por parte del Estado panameño, como que no se le impongan penas infamantes ni castigos distintos a los delitos por los cuales fue solicitado, que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, que no sea juzgado por hechos distintos a los contemplados en la solicitud de extradición y que se reconozca el tiempo que ha permanecido detenido en Venezuela, según informó TVN.

Alí Jalil fue conducido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) donde estará bajo custodia y luego deberá ser llevado a rendir declaración indagatoria, ordenada por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, responsable de las investigaciones.

El Ministerio Público le formuló cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso en perjuicio de 21 personas y delito contra los medios de transporte y comunicación, informaron medios de prensa.

Jalil, de acuerdo con el Ministerio Público, tendría presuntos vínculos con el grupo Hezbolá, así como posibles conexiones con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

El 19 de julio de 1994 la aeronave Embraer EMB 110 Bendeirante despegó del Aeropuerto Enrique A. Jiménez, en la ciudad de Colón, rumbo a la ciudad de Panamá y posteriormente se estrelló en las montañas de Santa Isabel, en la provincia de Colón.

La explosión provocó que el avión se desintegrara en pleno vuelo y cayera en una zona selvática, causando la muerte de 21 personas, entre ellas 3 tripulantes y 18 pasajeros.

Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

Las investigaciones posteriores determinaron que el explosivo fue introducido en el avión dentro de un radio portátil, presuntamente manipulado mediante un mecanismo remoto.

El ataque fue atribuido a la organización Ansar Allah, pero no encontró evidencia de su existencia.

Como Ali Hawa Jamal fue identificado el individuo que portaba el artefacto, quien también falleció en la explosión y fue señalado como el autor material del atentado.

De acuerdo con las pesquisas, este hombre había viajado múltiples veces entre Colón y Panamá en los días previos al ataque, utilizando identidades falsas y sin dejar rastro claro de su historial personal, lo que complicó su identificación.

Por orden judicial la investigación fue reabierta en 2017, posterior a una información clave proporcionada por el Estado de Israel, que señalaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.

Cuando Timothy McVeigh eligió el miércoles 19 de abril de 1995 para volar por los aires el Edificio Federal Alfred P. Murrah, en el centro de Oklahoma City, lo hizo para dar una señal: ese día se cumplían dos años de la Masacre de Waco – otro 19 de abril, pero de 1993 -, una jornada que había estremecido a los Estados Unidos cuando, después de 51 días de asedio, varios grupos de asalto del FBI atacaron el bunker de la secta religiosa “Los Davidianos de la Rama”, liderada por David Koresh, acusado de abusos infantiles, poligamia y tenencia ilegal de armas con un trágico saldo de 82 muertos, entre ellos 23 niños. McVeigh estaba allí como uno más de los cientos de curiosos que seguía el ataque a la distancia y se había indignado por la brutalidad de los federales.

Había decidido entonces convertirse en el ángel vengador de esas personas, víctimas inocentes de un gobierno que no dejaba a los ciudadanos vivir en libertad de acuerdo con sus ideas, fueran cuales fueren. La venganza debía ser terrible, ejemplificadora, y por eso eligió como blanco el edificio federal, símbolo de ese gobierno violento y tiránico. Sabía que causaría muchas muertes, incluso las de personas que nada tenían que ver con las mentes maléficas de la Casa Blanca, pero no le importaba. Por eso, cuando uno de sus cómplices en la planificación, Terry Nichols, preocupado por la magnitud del atentado, le preguntó por el daño que le causaría a esa pobre gente, McVeigh le respondió: “Pensá en la gente como si fueran soldados imperiales de La Guerra de las Galaxias”, y le dio el ejemplo de las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. “Salvaron más vidas porque acortaron la guerra”, le explicó para darle una razón más terrenal.

Lo convenció y siguieron adelante con el plan. Según la reconstrucción, el día fijado, a las 8.55 de la mañana, McVeigh estacionó un camión alquilado de la empresa Ryder cargado con 2.300 kilos de explosivos, frente al edificio del FBI. Nadie sospechó de ese joven rubio, enfundado en una remera estampada con una imagen de Abraham Lincoln y la frase “Sic semper tyrannis” (Así siempre a los tiranos), la misma que gritó John Wilkes Booth al disparar contra el presidente vencedor de la Guerra Civil. Se sabe: las remeras con frases provocadoras también son un producto de mercado. Así lo mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando bajó del camión, cerró la puerta con llave y se alejó caminando con tranquilidad.

Siete minutos después, exactamente a las 9.02, la bomba estalló dejando un tendal de 168 muertos – entre ellos 19 niños menores de seis años -, casi setecientos heridos y daños materiales que superaban los 650 millones de dólares. Ese fue el saldo del mayor atentado terrorista perpetrado en los Estados Unidos hasta ese momento. Faltaban seis años y medio para los atentados contra las Torres Gemelas.

No hay grabación que lo muestre, pero Timothy McVeigh debe haber sonreído satisfecho cuando escuchó el estruendo de su obra. Para entonces ya estaba lejos, manejando su auto – que había dejado estacionado cerca del lugar – para salir de la ciudad. Su venganza estaba consumada.

La desilusión de Tim

Tim, como lo llamaban quienes lo conocían, tenía 33 años cuando cometió el atentado contra la sede del FBI en Oklahoma. Hijo de un obrero industrial, había cursado sin ganas y sin esfuerzos los estudios primarios y secundarios, pero que había tenido interés en seguir el camino de su padre. Por eso, cuando el buen hombre le ofreció hacerlo ingresar a la misma fábrica de radiadores en la que trabajaba, el hijo se negó de plano. Le gustaban las armas, que manejaba con soltura, y prefirió trabajar como guardia de seguridad. No duró mucho tiempo porque se aburría y a él lo tentaba la acción. Qué mejor entonces que alistarse en el ejército e ir a combatir en la Guerra del Golfo para derrocar al tirano Saddam Hussein, un verdadero demonio.

Corría 1991 y McVeigh se sentía todavía orgulloso de la bandera de las barras y las estrellas y estaba dispuesto a dejar la vida por ella. Combatió con valentía, tanto que lo ascendieron a cabo, lo condecoraron e, incluso, le ofrecieron un lugar en el selecto cuerpo de boinas verdes. Tenía un futuro prometedor, pero fracasó en las pruebas de ingreso, porque alguien detectó que algo no andaba bien en su cabeza. Y no se equivocaba, porque la mente de McVeigh había comenzado a convertirse en un revoltijo de ideas extremas mientras combatía en Irak.

Allá había visto cosas que no le gustaron y tenían que ver con las operaciones de prensa de su propio gobierno: se indignó cuando sus superiores le dijeron a los periodistas que varios de sus compañeros murieron durante un asalto de las tropas iraquíes cuando él sabía muy bien que había caído víctimas de “fuego amigo”; también le molestó que su propio ejército negara haber matado a mujeres, ancianos y niños, cuando él lo había visto con sus propios ojos. Eso no podía ser, pero estaba ocurriendo, y era obra de su propio gobierno, que no solo estaba engañando al mundo sino también a los hombres de bien de su propio país.

Volvió de Medio Oriente odiando al Estado Federal, origen de todos los males. Pidió la baja y se compró un auto para recorrer el país. En esos viajes encontró a otros hombres que pensaban como él: integrantes de milicias supremacistas, libertarios que portaban banderas nazis, fanáticos religiosos, gente de toda estofa que coincidían en el odio a los políticos que destruían al país desde sus oficinas en Washington y que no vacilaban en armarse para defender lo que consideraban sus derechos frente al Estado opresor. “Un hombre armado es un ciudadano; un hombre desarmado es un súbdito”, era una frase que le gustaba repetir por entonces. En su cabeza equiparaba a los patriotas armados que habían logrado independizar a los Estados Unidos de los colonialistas británicos con los milicianos que se armaban para defenderse de la opresión gobierno federal.

En una escala de su periplo, mientras seguía bebiendo con avidez ese menjunje ideológico, se enteró de que algo grande ocurría en un lugar llamado Waco y enfiló su auto hacia Texas. Corrían los primeros meses de 1993 y allí el líder de los Davidianos, David Koresh, estaba atrincherado con sus seguidores en una granja resistiendo el asedio de las tropas federales. Koresh quería que los dejaran vivir tranquilos en sus prácticas y creencias sectarias, pero el gobierno – una vez más – atentaba contra su derecho a la libertad.

Así el errante Tim se sumó a la multitud que seguía ese asedio en los alrededores de la granja y el 19 de abril de ese año asistió indignado al ataque final que perpetraban los “esbirros de Washington” y el incendio en el que murieron más de ochenta personas, entre hombres, mujeres y niños. Esa fue la gota con la que se terminó de batir el cóctel de odio que se agitaba en cabeza.

El plan y el atentado

Timothy McVeigh no era hombre de acciones arrebatadas. A pesar de la urgencia que tenía en su sed de venganza, sabía que si quería hacer las cosas bien debía planificarlas con cuidado y se tomó su tiempo. Primero buscó cómplices para que lo secundaran y los encontró en otros dos viejos compañeros de la Guerra del Golfo: Terry Nichols y Michael Fortier, tan ultraderechistas y odiadores del gobierno como él.

El segundo paso fue recorrer ciudades para elegir el blanco, que debía ser inevitablemente un edificio federal, para que todos los muertos fueran “esbirros de Washington”. Después de un cuidadoso relevamiento fue descartando uno tras otro hasta quedarse con la sede del FBI en Oklahoma City. Al hacerlo se le escapó un dato que, dijo después en los interrogatorios, habría hecho que lo descartara: en el edificio funcionaba una guardería para los hijos de los empleados. No sabía que iba a matar también niños. En la etapa final de la preparación, Fortier decidió abrirse del plan, pero prometió guardar silencio. Nichols, en cambio, decidió seguir adelante.

Había mucha gente en la calle el 19 de abril a las 9.02 de la mañana cuando explotó el camión. El centro entero de la ciudad tembló como si la tierra hubiera sido sacudida por un terremoto, los autos volaron por los aires y muchos se incendiaron, los vidrios estallaron en 16 manzanas a la redonda y se veían cadáveres esparcidos por doquier. El edificio del FBI quedó severamente dañado y hubo que demolerlo un mes más tarde.

Timothy McVeigh se alejó del lugar al volante de un destartalado auto amarillo que había comprado por unos pocos dólares un par de días antes. Lo había dejado cerca del edificio del FBI con un cartel que decía “no remolcar”, como si estuviera descompuesto. Pudo haber escapado sin problemas si no hubiese cometido un error: no se dio cuenta de que al auto le faltaba la chapa patente delantera. Estaba en las afueras de Oklahoma cuando lo detuvo un policía de tránsito que, pensado que se trataba de un auto robado, lo obligó a ir a la comisaría para averiguarlo.

“Habré ganado 168 a 1”

En un principio se pensó que los autores del atentado eran terroristas extranjeros. Las dos hipótesis más fuertes apuntaban a gente de Osama bin Laden o a un comando iraquí. A nadie se le ocurrió pensar que podía tratarse de estadounidenses. Fue el agente especial Clinton van Zandt, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento de Quantico (Virginia), el primero en pensar en esa posibilidad. Le llamó la atención la fecha y pensó que ahí podía estar la clave, en el aniversario de la masacre de Waco. “Hablamos de un hombre blanco, que actúa solo, o con otra persona. Tiene veintitantos años, tiene experiencia militar y es miembro marginal de alguna milicia. Está furioso por lo que ocurrió en Waco”, escribió en el perfil que elaboró.

McVeigh encajaba casi a la perfección en esa descripción y había sido detenido en un auto sin patente en las afueras de Oklahoma. Cuando lo interrogaron no hizo ningún intento para ocultar su responsabilidad. Al contrario, se mostró arrogante y orgulloso. De todos modos, se negó a dar detalles de su plan porque quería que la policía y el FBI se tomaran el trabajo de buscar las pruebas. Después sí se despachó y lo hizo con un cálculo que resultó burlarse de los federales. Sentado en la sala de interrogatorios, con el rostro calmo y la mirada fría, Timothy McVeigh les dijo a los dos agentes del FBI que le tomaban declaración: “Estamos hablando de algo más de 3.500 dólares, o de 5.000 todo incluido. No es mucho dinero ¿o qué?”.

Antes del juicio fue sometido a pericias psicológicas para determinar si era imputable o se trataba de un desequilibrado que no conocía el alcance de sus actos. Espero ser condenado, y espero que se me imponga la pena de muerte”, le dijo al psiquiatra que lo entrevistó. Lo juzgaron y el 2 de junio de 1997, luego de 23 horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable y lo condenó a muerte. Terry Nichols recibió una pena de cadena perpetua por complicidad, y Mike Fortier hizo un pacto con el fiscal y fue condenado a 14 años por no haber advertido a las autoridades de que se estaba planificando el atentado.

Una vez que la sentencia quedó firme, McVeigh fue a parar a una celda de la prisión Supermax de Florence, en Colorado, la cárcel más segura del país, donde tenía como vecinos a Ramzi Yousef, que cumplía 240 años por el atentado contra el World Trade Center de Nueva York en 1993, y a Theodore Kaczynksi, más conocido como “Unabomber”. Fue ejecutado con la inyección letal en la prisión de Terre Haute, Indiana, el 11 de junio de 2001.

La noche anterior a la ejecución concedió una última entrevista desde el pabellón de la muerte. Frente al sorprendido periodista, recitó el poema Invicto, de William Ernest Hendely, el preferido de Nelson Mandela, famoso por un verso: “Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma”. Cuando terminó hizo un balance escalofriante: “Quería esto desde el principio. Mi objetivo era un suicidio asistido por el Estado, y cuando ocurra, allá ustedes, hijos de puta. Cuando me maten habré ganado 168 a uno. Mientras tanto, me lavan la ropa, veo la tele todo el día y no pago facturas”, se jactó.

También dejó un mensaje para los familiares de las víctimas: “A las personas de Oklahoma que han perdido a un ser querido, les digo lo siento, pero esto sucede todos los días. No son la primera madre que pierde a un hijo, ni la primera abuela que pierde a un nieto o a una nieta. Esto sucede todos los días, en algún lugar del mundo. No voy a acurrucarme en una bola fetal y llorar sólo porque las víctimas quieran que lo haga”, dijo.

En la mañana del viernes 17 de abril de 2026, el expresidente Álvaro Uribe denunció a través de sus redes sociales un plan, al parecer ideado por guerrilleros del ELN, para atentar contra la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, escribió el exmandatario.

Al respecto, desde el partido Centro Democrático expresaron su rechazo y preocupación frente a la denuncia. La denuncia fue calificada por voceros del partido como de “la mayor seriedad” y como un intento de incidir en el proceso electoral.

“El Centro Democrático manifiesta su preocupación ante la gravedad de la información que señala al ELN como responsable de un plan para atentar contra la vida de nuestra candidata presidencial, Paloma Valencia”, dice el comunicado.

“La denuncia, revelada por el expresidente Álvaro Uribe, evidencia la intención de ese grupo terrorista de incidir en el proceso electoral a favor de Iván Cepeda” se leyó en el pronunciamiento.

Según el comunicado difundido este viernes, 17 de abril de 2026, en la colectividad se advirtió que el “deterioro de la seguridad” bajo la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, promovida por Iván Cepeda, ha favorecido el fortalecimiento de grupos armados ilegales y ha incrementado los riesgos para líderes de la oposición.

De tal manera, exigieron a las autoridades un refuerzo inmediato del esquema de seguridad de la candidata, con el fin de garantizar su integridad y su libre movilidad en todo el territorio nacional.

Desde la colectividad indicaron que “Colombia no puede permitir que la intimidación y la violencia interfieran en el proceso electoral ni en el ejercicio democrático”, e instó a que se tomen medidas urgentes para proteger a Valencia y a todos los candidatos presidenciales en contienda.

Campaña de Paloma Valencia exige protección del Estado tras denuncia de plan en su contra

Desde la campaña presidencial de Paloma Valencia se emitió un comunicado que expresa la preocupación ante la información sobre el presunto plan para atentar contra la vida de la candidata.

En el documento, divulgado este viernes, 17 de abril de 2026, el equipo de Valencia exigió al Gobierno nacional la adopción urgente de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la candidata, su equipo y de todos los actores políticos en el país.

Además, los voceros de la campaña solicitaron al Ejecutivo que revele si existe información en las centrales de inteligencia sobre el supuesto atentado y que esa información sea puesta a disposición de la campaña

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la gravedad de los hechos conocidos. Estamos ante una amenaza directa contra la vida de Paloma Valencia y ante un atentado inaceptable contra la democracia”, constó en el comunicado.

Desde la campaña también pidieron a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación seria, rigurosa y transparente para establecer eventuales responsabilidades y reiteraron la importancia de plenas garantías democráticas para todos los candidatos y movimientos en el actual proceso electoral.

En el comunicado se rechazó cualquier forma de violencia y se emitió un llamado a defender el debate democrático como la única vía legítima para la construcción del país.

“Colombia no puede permitir que el miedo sustituya a las ideas ni que la violencia pretenda silenciar a quienes participan en la vida pública”, constó en el texto.

La campaña de Paloma Valencia seguirá adelante con responsabilidad y respeto por las instituciones, con la confienza de que el Estado garantizará la protección de la vida y la democracia en un contexto electoral que, insisten, debe estar libre de intimidaciones y amenazas.

De la misma manera, en la misma jornada, desde la campaña Paloma Valencia Presidente, pidieron a la Procuraduría General de la Nación un acompañamiento especial, debido a que “desde hace tres semanas la campaña ha intentado hacer el cargue de la información financiera en la plataforma habilitada por el @CNE_COLOMBIA, sin que el acceso haya sido habilitado”.

Luego de que el pasado 28 de enero el estado de Sinaloa se conmocionara por el ataque armado a dos diputados de Movimiento Ciudadano, este martes 7 de abril, a más de dos meses, la legisladora local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, una de las víctimas, se reincorporó a sus funciones en el Congreso estatal y aseguró que regresa con convicciones fortalecidas para trabajar por la paz en la entidad.

Durante la sesión ordinaria, Montoya Ojeda sostuvo que su regreso al recinto parlamentario representa una oportunidad para continuar aportando propuestas desde el ámbito legislativo, después de haber atravesado un periodo de recuperación tras el atentado que la dejó fuera de actividades junto con su compañero de bancada, Sergio Torres Félix.

Un mensaje de Paz ante la violencia

La legisladora subrayó que el contexto de inseguridad en Sinaloa afecta a muchas familias y que su experiencia personal la motiva a insistir en la construcción de un entorno seguro para la población. Montoya Ojeda destacó la importancia de no normalizar la violencia ni permitir que el miedo condicione la vida cotidiana, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Montoya Ojeda expresó su compromiso con la promoción de una cultura de paz, enfocada en reconstruir el tejido social y fortalecer la confianza entre la ciudadanía.

Desde tribuna, reiteró la necesidad de recuperar la tranquilidad como un objetivo clave del trabajo legislativo. La diputada reconoció públicamente a su compañero Sergio Torres Félix por su fortaleza y resiliencia ante los hechos violentos, al tiempo que insistió en que la violencia provoca heridas profundas en la sociedad sinaloense.

Atención a las infancias y adolescencias

Al abordar el tema de la seguridad, Montoya Ojeda enfatizó que la prevención y la salud mental en infancias y juventudes deben ser prioridades legislativas.

Consideró indispensable impulsar políticas públicas que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su capacidad de resiliencia y propicien entornos seguros para su desarrollo. Entre las acciones legislativas promovidas por Montoya Ojeda y su compañero de bancada se encuentran:

• Iniciativas para proteger la salud mental en entornos educativos.
• Implementación de protocolos de seguridad en escuelas que contemplen modalidades mixtas o a distancia durante situaciones de riesgo.
• Fortalecimiento de programas para prevenir, detectar y atender afectaciones emocionales en estudiantes, con participación de profesionales y capacitación docente.

Propuestas para mejorar la seguridad en entornos escolares

Dentro de sus recientes propuestas, la diputada informó que han solicitado la creación de una línea de apoyo para atención inmediata a estudiantes en crisis, con el objetivo de ofrecer espacios escolares seguros y humanos.

Montoya Ojeda cerró su intervención con un llamado a la unidad y empatía social para avanzar hacia un Sinaloa con bienestar y justicia, y agradeció el respaldo recibido durante su proceso de recuperación. Reiteró su determinación de contribuir desde el Congreso a la consolidación de una paz tangible en la entidad.

La diputada del Magdalena por el partido Alianza Verde, Rosita Jiménez, denunció públicamente la ausencia de respuesta por parte de las autoridades tras el atentado del que fue víctima el 31 de marzo de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria aseguró que, pese a haber solicitado medidas urgentes de protección, no ha recibido respuestas concretas ni se han implementado acciones para salvaguardar su vida.

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En su pronunciamiento, la diputada indicó que, siete días después del ataque, persiste la falta de reacción institucional frente a su situación de riesgo, lo que, según afirmó, la ha llevado a tomar decisiones para proteger su integridad personal.

“Hoy luego de 7 días, no hay respuestas institucionales. Ni siquiera se ha convocado consejo de seguridad para tratar el grave atentado que sufrí”, escribió Jiménez. Asimismo, agregó que “la UNP y la Policía tampoco han adoptado medidas para reforzar mi esquema de protección”, señalando directamente a varias entidades responsables de su seguridad.

En el mismo mensaje, la diputada manifestó su preocupación por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra actualmente y responsabilizó a las autoridades por la falta de acciones frente al riesgo que enfrenta. “Hoy estoy más vulnerable que nunca y hago responsable a todas las autoridades que han omitido acciones urgentes ante mi riesgo inminente”, expresó.

Jiménez también afirmó que la situación la ha obligado a salir de su lugar de residencia como medida de protección. “Me han dejado sola, sin acciones por parte de los respondientes para mi protección, obligándome al exilio para salvaguardar mi vida”, señaló en su publicación, en la que además cuestionó la efectividad de las garantías para el ejercicio político en el departamento.

En ese contexto, la diputada concluyó: “En el Magdalena ejercer control político puede costar la vida. GOBERNAR TAMBIÉN ES PROTEGER”.

Posteriormente, Jiménez respondió a un mensaje emitido por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien el 31 de mayo expresó su solidaridad frente al atentado. En su declaración, la mandataria departamental señaló: “Lamento profundamente el atentado del que fue objeto la diputada Rosa Jiménez. Como víctima de violencia política y gobernadora del departamento del Magdalena, expreso toda mi solidaridad y acompañamiento personal e institucional en este difícil momento”.

La gobernadora también indicó que había impartido instrucciones a los organismos de seguridad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y lograr la captura de los responsables, reiterando el compromiso de la administración con la seguridad y la defensa de la vida.

No obstante, la diputada respondió señalando que, pese a ese pronunciamiento, la activación de rutas institucionales no ha derivado en medidas efectivas: “La activación de ruta no ha generado ninguna acción para mi protección. Me han obligado al exilio para proteger mi vida. La protección no puede quedarse en declaraciones”.

Sobre el atentado y reacciones institucionales

El ataque contra la diputada se registró en la noche del martes 31 de marzo de 2026, cuando se desplazaba en una camioneta blindada por la Troncal del Caribe, en el sector de Don Jaca, a las afueras de Santa Marta. Según información del medio Hoy Diario del Magdalena, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en al menos cinco ocasiones contra las ventanas.

Los proyectiles no lograron penetrar el blindaje, por lo que no se reportaron personas heridas. Tras el hecho, Jiménez se dirigió a una estación de Policía en el barrio La Paz, donde se inició un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado capturas.

La Asamblea Departamental del Magdalena solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer el atentado y garantizar la seguridad de la diputada y de otros líderes políticos de la región. La corporación también expresó su preocupación por las condiciones de seguridad para el ejercicio democrático en el departamento.

Por su parte, Amed Zawady Púpo, presidente de la Asamblea, reiteró el compromiso institucional con la defensa de la vida y el ejercicio de la política. En la misma línea, la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol) calificó el hecho como una vulneración a los derechos fundamentales de la funcionaria.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para adelantar de manera inmediata, rigurosa y efectiva las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos (...) Identificar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, manifestó la organización.

El partido Alianza Verde también rechazó el ataque y solicitó medidas urgentes de protección. “Solicitamos al Gobierno nacional y a los organismos competentes reforzar su esquema de seguridad de forma urgente y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la diputada Rosita Jiménez y la de su familia”, indicó la colectividad.

El 11 de marzo de 2004, Madrid amaneció atravesada por explosiones. Diez bombas estallaron en trenes de cercanías, dejando doscientas personas muertas, centenares de heridos y un país paralizado por el horror. Los dispositivos fueron detonados de manera simultánea desde teléfonos celulares.

Apenas horas después de producirse el atentado, el gobierno español señaló a ETA como responsable. Una versión que se sostuvo con vehemente obstinación, a pesar de que todas las evidencias empezaban a apuntar hacia el terrorismo islámico.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la autoría a los etarras y se dedicó a calificar como “intoxicación” cualquier versión alternativa.

Mientras el funcionario plantaba su relato, los investigadores y periodistas constataban indicios indiscutibles que llevaban hacia el terrorismo yihadista: una furgoneta con material en árabe, detonadores similares a los usados por células islamistas y reivindicaciones vinculadas a grupos ligados a Al Qaeda.

En apenas horas se sabía cómo había operado la célula atacante y de qué domicilios habían salido los atacantes portando mochilas con la carga letal.

“Si ha sido ETA, barremos; si han sido islamistas, gana el PSOE”. Fue la rápida conclusión a la que se adhirió el oficialismo.

España estaba activamente comprometida en la guerra de Irak, una decisión muy impopular en la sociedad española. El gobierno del PP pretendía despegarse del costo de ese involucramiento.

Entre el 12 y el 13 de marzo, desconociendo la veda electoral, la gente comenzó a concentrarse frente a la sede del Partido Popular. La convocatoria se hizo mediante mensajes por SMS; no existían las redes ni WhatsApp.

Una multitud rodeó el edificio en el que se encontraba el candidato del PP, Mariano Rajoy. “Rositas para Aznar”, viralizaban los mensajes recibidos en las pantallas de los teléfonos que todavía no eran del todo inteligentes.

En una tensa vigilia previa a la jornada electoral, se salió a confrontar la información falsa del oficialismo.

Liberados de cualquier compromiso con la veda, los medios más importantes del mundo que se encontraban en Madrid cubriendo el atentado registraron el curso de los acontecimientos. Fue una movida pacífica. Imperaba un clima de conmoción y duelo.

El 14 de marzo ocurrió uno de los vuelcos electorales más abruptos de la democracia española. Ganó el candidato del PSOE, el opositor José Luis Rodríguez Zapatero. Apenas 48 horas antes, las encuestas lo daban 7 puntos abajo.

La estrategia narrativa montada en una mentira, que desplegó el Gobierno del Partido Popular, le hizo perder las elecciones nacionales a manos del PSOE.

El manejo informativo del atentado fue un factor decisivo en la derrota del gobierno.

No fue solo el clima de conmoción por la tragedia lo que cambió la historia. Fue la sospecha de que la verdad había sido deliberadamente manipulada.

La mentira siempre existió en política. Lo nuevo es su escala, su velocidad y su impunidad.

El ecosistema digital acelera el proceso de distribución de contenidos. Lo falso, lo negativo, lo ofensivo y lo violento se instalan más rápidamente.

La mentira se viraliza, deviene combustible de identidad política. Se usa como una forma de dominar la agenda pública; importa que circule.

La mentira en los tiempos de Trump pierde su categoría de error para convertirse en un insumo del poder, un método naturalizado, un dispositivo político movilizador. En la política contemporánea, el discurso se funde con el espectáculo y la falsedad deja de ser un desvío moral para transformarse en una tecnología narrativa.

El salto que introduce Trump es distinto. Ya no se trata solo de ocultar información, sino de producir tantas versiones falsas que la verdad pierde centralidad. La saturación reemplaza al secreto: no se esconde la verdad, se la ahoga.

Trump miente a sabiendas, miente para negociar, miente para apretar, miente para protegerse de sus desbordes. El uso deliberado de la mentira, que pareció rendirle al inefable presidente norteamericano, ha comenzado a perder su eficacia.

Trump no sabe cómo salir de la guerra y pretende confundir con sus dislates discursivos, pero no le está funcionando para intervenir en el mercado global, donde el peso de sus anuncios no está impactando como ocurrió apenas unas semanas atrás.

El miércoles por la mañana Trump dijo que Irán pidió un alto el fuego, lo que el alto mando iraní no tardó en desmentir.

En la noche del mismo día, en un discurso formal —el primero en horario central desde que comenzó la guerra— Trump dijo que los objetivos norteamericanos están muy cerca de completarse y no descartó la posibilidad de un acuerdo con el régimen iraní.

“En dos o tres semanas, los haremos retroceder a la Edad de Piedra, que es a la que pertenecen”.

Trump intenta salir de la guerra presentando logros que la realidad le desmiente. Sus declaraciones de estos días no fueron, esta vez, registradas por el mercado.

El petróleo cierra la semana en USD 110 por barril y la economía mundial se derrumba. Con la palabra devaluada, la manipulación de la verdad ya no le rinde.

Hannah Arendt, que en su ensayo Truth and Politics hizo un planteo que merece ser tenido en cuenta para entender este momento: la mentira reiterada, pensada como un arma para destruir la certeza de que la verdad existe.

Si todo puede ser falso, todo puede también ser verdadero. La palabra política pierde consistencia, pierde densidad y se torna muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso.

Una cosa es la mentira. Otra, el ocultamiento. No son lo mismo, pero operan juntos.

La mentira es una afirmación falsa; el ocultamiento es administración de la verdad: dosificación, demora, silencio estratégico. Y muchas veces el daño político nace más del ocultamiento que de la falsedad explícita.

El derrotero de nuestro todavía jefe de Gabinete de Ministros va en ese sentido.

La mentira no siempre se trata de decir algo falso. A veces consiste en impedir que se conozca lo verdadero. El ocultamiento es más difícil de detectar, pero más corrosivo.

Retener información relevante, retrasar su difusión, responder sin responder, fragmentar la información, ampararse en tecnicismos. De eso se trata. Para que funcione, demanda una pericia, un expertise, una capacidad de la cual Manuel Adorni parece estar careciendo.

Pero mentir u ocultar no cambia la realidad. Lo real termina imponiéndose con crudeza.

Ni los festejos por el juicio de YPF ni los anuncios por la baja de la pobreza lograron sacar de la conversación pública el Adornigate. Todo demasiado explícito, demasiado visual.

Las chapucerías pergeñadas por él, por ahora, ministro coordinador para registrar sus bienes y propiedades, que inevitablemente salieron a la luz, lo hunden aún más en un mar de inconsistencias que le será difícil explicar.

El jefe de Gabinete no está, por el momento, procesado. La Justicia está trabajando en la recolección de pruebas. Los delitos que se investigan van desde la dádiva y las negociaciones incompatibles con la función pública hasta el enriquecimiento ilícito.

Adorni es percibido como un lastre por buena parte del funcionariato. Están los que ya empiezan a tomar distancia de lo que consideran una mancha venenosa.

A las veleidades propias de lo que el libertarianismo llama “casta”, que dan cuenta del perfil aspiracional del ex vocero, se suma la torpeza con la que pretendió defenderse.

Tras haber dado respuesta vaga e imprecisa acerca de si aparecerían nuevos hechos reprochables, Adorni respondió: “No hay nada más”.

“No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice: irme cuatro días con mis nenes”. Se refería al viaje en vuelo privado a Punta del Este.

La investigación judicial analiza ahora la trazabilidad de un viaje en familia registrado en diciembre de 2024. Todos los caminos conducen a la isla caribeña de Aruba. De comprobarse, al ocultamiento se suma la mentira.

En una suerte de inconducente sobreactuación, Martín Menem recurrió al más común de los lugares para alinearse.

“Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, dijo en una entrevista televisiva.

Parte del círculo más íntimo de Karina Milei, Menem considera que hay que esperar el veredicto de la Justicia.

El presidente y su hermana reforzaron en las últimas horas el respaldo al funcionario en caída libre. El empeño por arroparlo resulta tan conmovedor como temerario.

Los tiempos políticos apremian. La seguidilla de torpezas desplegadas por quien ganó su lugar en el Gobierno ejerciendo como vocero y escudero mediático del Presidente no deja margen para esperar los tiempos de la Justicia.

Las estrategias de ocultamiento, dilación de respuesta, beligerancia defensiva y altanería desplegadas por MA no están funcionando.

El ecosistema digital provee dispositivos precisos y veloces para la difusión de mentiras y falsas verdades, pero también pone a disposición herramientas que perforan la opacidad, aportando nitidez y transparencia.

La mentira y el ocultamiento son recursos de corto plazo, estrategias dilatorias; pueden comprar tiempo, pero no compran impunidad.

La realidad siempre se impone y termina pasando factura. Y en este caso el costo es político y lo terminará pagando el gobierno libertario de Javier Milei.

Una moto cargada de explosivos fue detonada frente a la sede de la estación de Policía de Briceño, en Antioquia, la noche del viernes 4 de abril de 2026. El hecho, ocurrido en plena Semana Santa, dejó daños estructurales y un uniformado con heridas leves, según el reporte oficial.

Este ataque tuvo lugar semanas después de un operativo del Ejército Nacional en el municipio, en el que “Primo Gay”, cabecilla señalado por las autoridades, habría resultado herido y logrado escapar. En esa ocasión fueron capturados alias Daniela –su pareja– y alias Mateo, su escolta, junto con el decomiso de un fusil, tres proveedores, una granada de mano, cinco teléfonos, material de intendencia, un radio y dos chalecos multipropósito.

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El Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, calificó el ataque como una “reacción cobarde” vinculada a la “debilidad de los grupos criminales que delinquen en la zona”, atribuyendo la autoría a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y al Clan del Golfo, responsables de enfrentamientos con el Ejército Nacional.

“Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”, afirmó Sánchez en X, señalando que la acción constituye “un crimen de guerra y de lesa humanidad” perpetrado con métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Y agregó: “Paralelamente, la Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo”.

El ministerio reiteró las líneas de atención para denunciar actividades criminales, enfatizando la reserva absoluta de la información. “Venzamos el miedo. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: • Contra el crimen: 314 358 7212 • Líneas 107 – 157 • GAULA: 147 – 165 • Reclutamiento infantil: 141. Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al hecho en su perfil de X, confirmando que el uniformado herido está fuera de peligro. En su criterio, el presidente Gustavo Petro es el responsable de empeorar las condiciones de seguridad con la estrategia de la Paz Total, marcada por la reincidencia del Clan del Golfo y la estructura 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en actividades criminales y de narcotráfico en la zona.

Decretan toque de queda y restricción de parrillero tras atentado con explosivos en Briceño

Las autoridades de Briceño implementaron un toque de queda nocturno tras el atentado con explosivos en el parque principal del municipio, que dejó un patrullero herido. La restricción regirá entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta el martes 7 de abril de 2026, como parte de las medidas destinadas a preservar el orden público en el norte de Antioquia.

La explosión se produjo cerca de la estación de Policía y la iglesia principal, donde tenían lugar actos litúrgicos del Viernes Santo. Según versiones preliminares, una motocicleta cargada con explosivos habría sido utilizada.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, manifestó su rechazo contra el atentado y aseguró: “No habrá espacios para la impunidad”. El oficial también señaló en su cuenta de X que no permitirá que el miedo o la intimidación debiliten la labor legítima de los agentes que trabajan por la convivencia ciudadana.

Entre las disposiciones adicionales adoptadas por la administración municipal, se prohibió el tránsito de motocicletas con parrillero y el parqueo de estos vehículos en vías públicas hasta el miércoles 15 de abril de 2026.

El abogado penalista Ricardo Antonio Méndez, colegiado y vicepresidente del Capítulo Atlántico del Colegio de Abogados Penalistas, iba a ser víctima de un ataque en el norte de Barranquilla (Atlántico). La organización confirmó a través de un comunicado –firmado por su presidente, Francisco Bernate Ochoa– que se frustró un atentado en su contra y que ahora la Fiscalía General de la Nación está adelantando las investigaciones pertinentes al respecto.

De acuerdo con el diario La Libertad, de Barranquilla, los hechos se presentaron el 28 de marzo en el barrio El Country. El jurista, que funge como conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta-Sala Penal, se movilizaba en su vehículo, cuando notó que dos sujetos en una motocicleta lo empezaron a seguir.

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Entonces, alertó a uniformados de la Policía Nacional, que interceptaron a los hombres que aparentemente estaban siguiendo al abogado e impidieron el ataque. La Fiscalía abrió una noticia criminal por estos hechos, según indicó el informativo citado.

El Colegio de Abogados Penalistas se pronunció rechazando el atentado que presuntamente iba a ejecutarse y solicitó una investigación rigurosa de la situación.

“Hacemos un llamado de apoyo urgente a todas las autoridades policiales, judiciales y administrativas para que se esclarezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y así mismo se logre identificar a los posibles determinadores de tan lamentable hecho, del cual, por fortuna, no se causaron víctimas”, precisó.

El abogado penalista Iván Cancino reaccionó al caso, exponiendo una queja hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el profesional en Derecho, ambas entidades estarían fallando en garantizar la seguridad de los abogados que han sido blanco de intimidaciones.

“La @UNPColombia y la @FiscaliaCol poca o nula protección a los defensores que denuncian y denunciamos amenazas. Y estas son las consecuencias para muchos”, aseveró.

El Colegio de Abogados confirmó que los defensores se convirtieron en objeto de agresiones debido al ejercicio de su profesión. Recordó que su oficio es libre y que está garantizado por la Constitución Política y la ley colombiana.

En consecuencia, se solidarizó con el abogado por los hechos de violencia que se habrían planeado para afectar su integridad y su vida. “Expresamos nuestra solidaridad respecto de los hechos del que fuere víctima nuestro colegiado Ricardo Méndez, reconocido abogado penalista y catedrático universitario de la ciudad de Barranquilla y del país”, indicó.

No es la primera vez que Cancino cuestiona a las entidades del país que se encargan de garantizar la protección de la ciudadanía y de adelantar las investigaciones sobre hechos criminales. El 25 de marzo, hizo una crítica luego de que el abogado Miguel Ángel del Río fuera informado sobre un posible atentado que se habría planeado en su contra y que también estaría dirigido a otras personas reconocidas.

“Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra, donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el sargento Wadith Velásquez y otros testigos”, indicó Del Río en su cuenta de X.

Cancino rechazó los hechos y recordó que también ha sido blanco de intimidaciones, las cuales ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes, al parecer, sin recibir atención adecuada. Según explicó, las denuncias por amenazas en la Fiscalía, al parecer, suelen terminar archivadas.

“Ojalá me paren bolas. A mí me han amenazado desde ese recinto y otros he denunciado y @FiscaliaCol archiva con la velocidad de un rayo en proformas. Archivan denuncias de amenaza en un formato de 9 páginas que solo cambia el nombre del denunciante”, aseveró.

Había niebla cuando el comandante del avión de KLM comenzó a hacer carretear al avión de KLM por la pista. La grabación de la caja negra registró lo que siguió después.

-¡Este maldito aeropuerto ni siquiera tiene radares de tierra! – le dijo el piloto Jacob Veldhuisen Van Zanten a su copiloto, Jan Meurs.

Es posible que fuera a agregar algo, pero no tuvo tiempo. Cuando el avión ya carreteaba a 250 kilómetros por hora en busca de la velocidad necesaria para levantar vuelo, frente a la nariz de la aeronave apareció una inmensa mole con bandera estadounidense.

-¡Mierda, levanta, levanta…! – alcanzó a gritar Meurs, mientras Van Zanten intentaba una última y desesperada maniobra: elevar el avión para pasar por encima del otro. No lo logró y la pista principal del aeropuerto se convirtió en un infierno.

Es una verdadera paradoja: el peor desastre de la historia de la aviación mundial ocurrió en tierra, el domingo 27 de marzo de 1977 a las 17.15, en el Aeropuerto Los Rodeos de Santa Cruz de Tenerife. La colisión dos los Boeing 747 de las empresas KLM y Pan Am tuvo un saldo de 587 muertos, entre tripulantes y turistas que habían tomado sus vuelos charter para disfrutar de unas vacaciones en las paradisíacas playas de Las Palmas.

De las 390 personas que viajaban en el avión norteamericano, solo 52 salvaron sus vidas. La aeronave holandesa llevaba 249 personas a bordo y ninguna sobrevivió.

Al choque de los dos aviones le siguió una violenta explosión que desató un voraz incendio. En los depósitos de las aeronaves había cerca de 400.000 litros de combustible, ya que el jumbo de Pan Am había aprovechado la escala para llenar sus tanques. Las llamas se elevaron sobre la pista, perforando el banco de niebla que la cubría. Muchos de los pasajeros que sobrevivieron al impacto perdieron la vida alcanzados por el fuego.

La tripulación del avión estadounidense no sabía que había sucedido: “No vimos nada, no me di cuenta de nada. Solo sentimos un choque violento y las llamas”, relató el comandante Viktor Grubbs mientras lo trasladaban al hospital con un brazo fracturado y un fuerte golpe en la cabeza. El mecánico John Cooper también estaba en la cabina de mandos. “Cuando el avión comenzó a carretear para alcanzar la cabecera de la pista y ubicarse detrás del avión de KLM, el piloto, el copiloto y yo íbamos mirando los instrumentos. De pronto levanté la vista y vi una gran sombra adelante. El golpe vino enseguida. El avión se partió y yo quedé colgado del cinturón de seguridad. Salí unos segundos después agarrándome de las chapas del fuselaje. Nadie se dio cuenta de nada, y mucho menos los pasajeros”, contó, milagrosamente ileso.

Pasajeros aterrorizados

Jim Naik estaba en el avión de Pan Am por razones de trabajo. La compañía de turismo que había charteado el vuelo lo envió como coordinador para que acompañara a los turistas que, luego de unos días en Las Palmas, emprenderían un crucero por el Mediterráneo con destino final en Atenas. Estaba acomodándose en el asiento, al lado de su mujer, cuando se produjo el choque: “Yo creía que estas cosas no se veían más que en el cine. De pronto se oyó un ruido imponente y el avión se incendió. Estaba en el compartimento de primera clase y después del impacto la gente comenzó a caer por la abertura, en la separación con la clase turista. Muchos cayeron sobre mí, pero lo que hizo todo el daño fueron las llamas. Algo me sacó de la cabina, creo que fue la segunda explosión. En la pista busqué desesperadamente a mi mujer. No estaba, Pensé en volver al avión y entonces vi que otra persona caía de la cabina. Era ella”, relató.

El operativo de respuesta a la emergencia del aeropuerto se puso en marcha en cuestión de segundos. Los bomberos llegaron de inmediato a los aviones y mientras desde los autobombas se intentaba combatir las llamas, otros hombres se lanzaron sobre los restos de los aviones para tratar de salvar a los sobrevivientes, aun a riesgo de morir si se producía otra explosión.

Sue Ann Lingstrom fue una de las últimas personas en ser rescatadas. La encontraron atrapada por un trozo de fuselaje, con una herida de varios centímetros en el cuero cabelludo. Su cara estaba bañada en sangre. “Estaba en primera clase. Después de la explosión, el techo de la cabina se me cayó encima, a mí y a los otros pasajeros. Pude sacarme el cinturón de seguridad y traté de escapar, pero de pronto caí y no supe más nada hasta que me desperté en una camilla”, dijo. Y agregó una información que luego resultó falsa: “Es una fatalidad. Nos desviaron a este aeropuerto porque en Las Palmas había niebla, para darnos más seguridad… y miré cómo terminó todo”. Lo que la señora Lingstrom no sabía aún era que la causa de los desvíos de su avión y el de KLM nada tenía que ver con cuestiones climáticas.

Efecto rebote de un atentado

Solo la tripulación de los dos Boeing 747 conocía la verdadera razón que los había llevado al Aeropuerto Los Rodeos. Ese mediodía, una llamada anónima al Aeropuerto Internacional de Gandó, en Las Palmas, advirtió que había una bomba a punto de estallar en algún lugar de la estación aérea. La rápida reacción del personal de seguridad no pudo evitar el desastre: a las 13.15, un explosivo escondido en un jarrón de la florería del primer piso estalló e hirió a ocho personas, entre ellas al jefe del aeropuerto, Pedro González, que colaboraba en la búsqueda.

A pesar de que el atentado no afectó áreas ni elementos que hicieran peligrar las operaciones aéreas, las autoridades decidieron suspenderlas. Cuando se dio aviso, el avión de KLM acababa de despegar del Aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam, mientras que el Boeing de Pan Am ya estaba volando sobre el Atlántico. Ambos aviones recibieron la misma orden: aterrizar en Santa Cruz de Tenerife y esperar allí a que se normalizara la situación en Gandó. Los comandantes informaron a los pasajeros que la forzada escala se debía a un banco de niebla. No dijeron una sola palabra sobre el atentado, para no alarmarlos.

Después de a tragedia de Tenerife, el abogado Antonio Cubillo, líder del Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, se adjudicó el atentado de las Palmas, pero negó cualquier responsabilidad sobre el desastre del Aeropuerto Los Rodeos. “Hoy a las 13 advertimos al gobierno español que habíamos colocado una bomba en el Aeropuerto de Gandó. La bomba estalló a la hora prevista, 15 minutos después. Nuestro movimiento no tiene arte ni parte en el choque de aviones ocurrido en Tenerife. La responsabilidad es de las autoridades españolas, que no quisieron que los turistas vieran el daño causado en Las Palmas y desviaron las naves. Desde noviembre del año pasado nuestra propaganda indicó a los turistas que no debían visitar Canarias porque el pueblo canario está en guerra con España”, dijo en una comunicación telefónica desde Argel, capital de Argelia.

La desmentida de Cubillo no evitó que se señalara al movimiento que lideraba como “responsable indirecto” de la tragedia. Para entonces, los peritos que investigaban las causas del desastre ni siquiera consideraban la hipótesis del atentado. Era un accidente y era necesario descubrir qué lo había provocado.

La predicción de un estudiante

Los investigadores tampoco tuvieron en cuenta, aunque la comentaron con una mezcla de asombro e incredulidad, una insólita noticia difundida cuatro días después por la agencia de noticias France Press. Siete días antes del accidente, el domingo 21, un estudiante de ingeniería de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, había protagonizado una extraña ceremonia. En presencia del presidente de la casa de estudios, el joven Lee Fried, de 19 años, introdujo una carta manuscrita en un sobre y lo entregó para que, luego de ser lacrado, quedara guardado en un cofre que solo él podía abrir. La nota de Fried – contaba la noticia publicada diez días después – decía textualmente: “Espero leer el lunes próximo en primera plana del News and Observer de Raleigh el título siguiente: ‘583 muertos en el choque de dos Boeing 747. La mayor catástrofe de la historia de la aviación’”.

De hecho, el titular del 28 de marzo de 1977 del periódico mencionado por Fried contenía algunas inexactitudes: “530 muertos en una colisión de aviones debida a la niebla. La mayor catástrofe aérea de la historia”, decía. Aunque a la hora del cierre de la edición aun no se había realizado el recuento total de las víctimas del choque de Santa Cruz de Tenerife, las agencias informativas ya daban una cifra superior. Esa misma tarde, uno de los directores de la Universidad, Paul Vick, rompió el selló del sobre y extrajo la carta frente a las cámaras de televisión. Cuando comenzó a leer su contenido, no pudo evitar un gesto de asombro. La predicción del joven Fried era mucho más certera que el titular del diario: apenas había errado por cuatro muertos.

Los periodistas locales se lanzaron a la caza de declaraciones del joven estudiante para que explicara la mecánica de su predicción, pero Fried no aceptó entrevistas y solo aceptó hacer una declaración: “Deseaba realmente haberme equivocado, como me equivoqué muchas veces antes. Hasta que el sobre fue abierto, me cuidé mucho de revelar su contenido. Si hubiera hablado, nadie me habría creído”, se limitó a decir. Para dar más contexto a la noticia, los medios publicaron que la Universidad de Duke era el lugar donde el profesor Joseph Banks Rhine, considerado “el padre de la parapsicología moderna”, había enseñado durante más de cuatro décadas. Una sugestiva casualidad, se ocuparon de remarcar.

El cable con la predicción de Lee Fried fue publicado como una curiosidad por importantes diarios de todo el mundo, junto con las noticias sobre la tragedia. Mientras tanto, en Santa Cruz de Tenerife los expertos de la Real Aerolínea Holandesa, de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos y del Ministerio del Aire de España seguían tratando de establecer las causas del accidente.

El juego de los millones

Cuando inician la investigación de un accidente de aviación, los peritos saben que se encuentran frente a tres posibilidades o la combinación de algunas de ellas: una falla mecánica, un error humano o un atentado. En el caso de la tragedia de Tenerife, desde el comienzo no hubo dudas de que se trataba de una falla humana, pero era necesario descubrir – y probar – quién o quiénes la había cometido. Los investigadores esperaban encontrar la respuesta en las cajas negras de los aviones, que contenían el registro de las conversaciones de entre los tripulantes dentro de la cabina y de sus comunicaciones con la torre de control del aeropuerto. Apenas fueron rescatadas de entre los restos del desastre se las envió a Washington para analizar su contenido en presencia de representantes de Pan Am y KLM.

Si bien se trataba de un trabajo rigurosamente técnico, los expertos sabían que no podrían investigar con tranquilidad. Los ecos del cruce de acusaciones y la guerra de responsabilidades que ya se había desatado entre las dos compañías aérea y en la que también estaban implicadas las autoridades del aeropuerto significaban una presión extra. No solo había culpas que determinar, se trataba también de millones de dólares.

Desde Ámsterdam, los directivos de KLM se apresuraron a hacer una declaración: “Es imposible que el capitán Veldhuizen Van Zanten despegara sin el permiso definitivo de la torre de control. Era uno de los comandantes más experimentados de la compañía”, dijeron. En Nueva York, las oficinas centrales de Pan Am prefirieron la cautela: “No hay comentarios. Vamos a esperar el resultado de las pericias”, respondieron a las consultas. Desde Madrid, las autoridades aéreas defendieron la seguridad del aeropuerto: “No hay nada que indique una situación peligrosa en el aeropuerto de Tenerife. Este accidente podría haber ocurrido en cualquier lugar del mundo”, respondió el vocero y también presidente de Iberia, Juan del Prado. “Desde la torre de control se dieron las instrucciones correctas a los dos pilotos”, reforzó Antonio Oyarzábal, gobernador de Canarias. Mientras tanto, William Haley, responsable en la investigación por parte de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte estadounidense, intentaba poner paños fríos sobre el asunto: “Es muy prematuro hacer cualquier especulación. Esta investigación es reservada. Solo vamos a dar una declaración pública cuando lleguemos a algún resultado concreto”, sentenció.

Había mucho en juego. A primera hora de la mañana del lunes 28, las compañías de seguros de transporte aéreo ya habían hecho sus cálculos: “El total de indemnizaciones será superior a los cien millones de dólares”, estimó en Londres un vocero de Lloyds. “Además de la indemnización de los aviones, se deberán también satisfacer los derechos de los pasajeros. Las compañías de seguros se verán sin duda obligadas a cuestionar las primas, porque desde hace tiempo vienen señalando que no están adaptadas a la realidad económica y que una gran catástrofe basta para conmocionar toda la situación, explicó.

El efecto fue inmediato: al cierre de las operaciones de ese mismo lunes, las compañías de seguros habían bajado un promedio de dos dólares sus cotizaciones en la Bolsa de la capital británica. A nadie se le escapaba que cuando se estableciera la identidad del o los responsables de la tragedia se definiría también quién o quiénes deberían pagar.

Tres errores humanos

Las sospechas apuntaron al comandante del vuelo de KLM, al piloto del jumbo de Pan Am y a los controladores de la torre. En el caso de Van Zanten se creía que podía haber intentado despegar sin el permiso definitivo de la torre; a Grubbs se lo señalaba porque existía la posibilidad de que hubiera desobedecido o malinterpretado la orden de los controladores de salir de la pista principal por la llamada “intersección 4; finalmente, los controladores eran sospechosos de permitir el despegue del avión de KLM antes de que el 747 de Pan Am dejara la pista.

El primer paso fue determinar por qué el avión de la compañía estadounidense avanzaba por la pista de vuelo y no, como indicaban las más elementales normas de seguridad, por la de rodaje. Los responsables de la torre de control habían decidido enviar a los dos aviones por la pista principal debido a que, a raíz del cierre del Aeropuerto de Las Palmas, la plataforma de estacionamiento estaba repleta y dificultaba el carreteo por la pista auxiliar que, además, no estaba en buenas condiciones. Los expertos concluyeron que en otras circunstancias la decisión de los controladores podría haber sido correcta, pero que permitir esa maniobra con la pista llena de niebla y en un aeropuerto sin radares de tierra puso en riesgo a las aeronaves.

La torre de control le había indicado a Grubbs que saliera de la pista principal por la intersección 3, que lo llevaría al último tramo de la pista de rodaje, que estaba despejado, y le permitiría girar y ubicarse detrás del jumbo de KLM. Sin embargo, el piloto de Pan am siguió adelante por la pista principal. Después de examinar las grabaciones no quedaron dudas de que Grubbs había desobedecido la orden, una actitud inexplicable para un piloto de su experiencia, ya que viola las normas más elementales de las normas de un aeropuerto.

Ante la evidencia, el propio vicepresidente de Operaciones de Pan Am, Edward Walking, reconoció que el comandante había cometido un error, pero a la vez explicó que no había tenido alternativa: “La torre habló de pista 4 cuando le ordenó tomar una intersección que lo llevaría a la pista de despegue, pero el piloto se dirigió a la intersección 3. En apariencia, esto es un grave error, pero no lo es tanto si analizamos las especiales circunstancias. El piloto supuso que la torre, al decir 4 se refería a 3. Hay una razón para eso, porque la intersección 4 del aeropuerto de Tenerife no permite, absolutamente, el giro de un jumbo. Es decir, el capitán Grubbs no podía tener en cuenta una orden imposible de cumplir. Por eso prefirió ‘interpretar’ la orden antes de cumplirla a ciegas con riesgo para el avión”, explicó.

En ese punto, los errores eran compartidos: la torre de control había dado una orden que no podía ser cumplida y Viktor Grubbs la “interpretó a su manera, pero no les indicó a los controladores el error que habían cometido ni les advirtió qué iba a hacer.

Sin embargo, al determinar las responsabilidades de las tres partes involucradas en el accidente, los peritos señalaron al comandante Van Zanten, de KLM, como el principal causante de la tragedia. Las conversaciones grabadas de la torre de control con los dos aviones demostraron que el piloto del avión neerlandés había recibido una autorización preliminar, pero no la final, para despegar. La conclusión fue que Van Zanten había despegado sin permiso y provocado el desastre.

Tres errores humanos, demasiada niebla y un atentado terrorista en un aeropuerto distante fueron los ingredientes del explosivo cóctel que provocó la peor tragedia de la historia de la aviación comercial.

El análisis de las redes sociales del hombre investigado mostró que utilizaba prendas con apariencia paramilitar y publicaba imágenes donde hacía gestos relacionados con simbología islámica, específicamente alzando el dedo índice derecho en señal de Tawhid, lo que expresa la creencia en el monoteísmo del Islam. Tal como publicó Europa Press, estos elementos formaron parte de la investigación judicial tras un incidente en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla.

Según detalló el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana, el Tribunal Supremo examinó el caso de un varón que fue hallado dormido en el interior del cuartel después de saltar el muro perimetral para acceder a las instalaciones. Las primeras pesquisas concluyeron que el hombre mostraba signos de inestabilidad mental y mantenía vínculos con el radicalismo yihadista, aunque no suponía un peligro grave para la seguridad del Estado.

El fallo judicial indica que el 17 de junio de 2025, a las seis de la mañana, un agente de la Guardia Civil, al salir de su domicilio dentro del acuartelamiento, encontró a una persona tumbada en el rellano de las escaleras, justo junto a la puerta de la vivienda. El hombre llevaba ropa de tipo paramilitar y utilizaba una mochila como almohada. El agente lo despertó y lo trasladó a dependencias oficiales, donde otros dos efectivos procedieron al registro e identificación del individuo.

En su declaración, y según reportó Europa Press, el hombre explicó que había tenido una disputa la noche anterior con un vecino de la localidad, tras lo cual decidió buscar refugio en el cuartel de la Guardia Civil. La única vía que encontró para ingresar fue saltar el muro que rodea el recinto, tras lo cual se quedó a dormir en el lugar donde fue localizado por el agente.

De acuerdo con la consulta en la base de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el varón presentaba antecedentes por diferentes delitos: hurto, uso indebido de vehículos, amenazas, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad. Además, registraba infracciones por portar armas blancas y por posesión de estupefacientes en la vía pública. Esta información fue un elemento central que analizó el tribunal durante la causa.

El BOE recogió que al hombre se le abrió un atestado por un posible delito de atentado contra los medios o recursos destinados a la seguridad y defensa nacional, consecuencia de haber superado el muro perimetral y accedido sin autorización a las instalaciones policiales. No obstante, el tribunal expone que, aunque se evidenciaban ciertos indicios de riesgo potencial para la seguridad por antecedentes y comportamientos previos, las conclusiones del análisis pericial no detectaron un nivel de amenaza grave.

Parte de la investigación judicial también incluyó el análisis del dispositivo móvil del investigado, para ahondar en los datos vinculados al caso. La autorización para revisar este material se solicitó expresamente a la vista de los indicios detectados en su comportamiento y publicaciones en línea. De este análisis resultó el informe técnico-pericial, que insistió en el perfil de inestabilidad mental del individuo y la previsión de no constituir, en principio, una amenaza severa contra la seguridad nacional.

Según consignó Europa Press, la causa judicial seguirá ahora bajo la instrucción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa, en la plaza número uno, que continuará con las investigaciones y procedimientos pertinentes en este caso.

La sentencia publicada en el BOE expone con detalle el proceso llevado a cabo por los agentes de la Guardia Civil en la localización, identificación y puesta a disposición judicial del sospechoso. También se describe el contexto de su llegada al cuartel, los motivos alegados y los elementos que motivaron las medidas cautelares adoptadas por el tribunal.

Los detalles recabados durante la investigación, tanto de los antecedentes penales como de las actividades en redes sociales, fueron evaluados por el Tribunal Supremo a la luz de los posibles riesgos que el investigado pudiera representar para la seguridad del Estado. Europa Press informó que la vigilancia de la actividad en internet y la revisión del historial de publicaciones añadieron contexto relevante para el análisis del perfil del detenido.

El tribunal valoró la combinación de factores, entre ellos el acceso irregular a una instalación de seguridad, la inestabilidad mental, la reincidencia en otros delitos y la difusión de simbología religiosa en redes sociales. El resultado del dictamen pericial, expresado en la sentencia oficial, concluye que no existe, en este caso particular, una amenaza de primer nivel para la seguridad del Estado, lo que orientó la actuación judicial posterior y la competencia de los órganos instructores locales.

El caso continúa bajo el seguimiento de la autoridad judicial pertinente, según dictaminó la sentencia difundida a través del BOE y recogida por Europa Press.

El abogado penalista Miguel Ángel del Río denunció a través de su cuenta de X un atentado que presuntamente se habría planeado en su contra, hecho que se extiende al periodista Gonzalo Guillén, fundador y director del medio La Nueva Prensa, y a otras personas. De acuerdo con su explicación, el atentado se planeó desde un centro de reclusión.

“Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra, donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el sargento Wadith Velásquez (su investigador) y otros testigos”, señaló el profesional en Derecho en la red social.

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Del Río llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto.

El presunto atentado causó indignación. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se pronunció tras conocer la denuncia del abogado, expresando su solidaridad y solicitando a las autoridades competentes garantizar la protección del profesional en Derecho.

“Mi solidaridad con @migueldelrioabg, y también mi rechazo a esta nueva amenaza contra su vida e integridad. Pido a las autoridades que se reaccione con eficacia protegiéndolo e investigando el hecho denunciado”, explicó el congresista y aspirante a la Presidencia.

De igual manera, el exembajador de Colombia en Argentina y exprecandidato presidencial Camilo Romero solicitó a la Policía Nacional tomar acciones frente al riesgo que estarían corriendo Del Río, Gonzalo Guillén y las demás personas que, al parecer, estarían en la mira de los criminales.

El exfuncionario calificó como “inadmisible” esta situación y rechazó cualquier acto de violencia perpetrado en su contra.

“Muy grave la denuncia que acaba de hacer @migueldelrioabg. Inadmisible que defender la verdad en Colombia siga siendo blanco del actuar infame de los violentos. Pido a @PoliciaColombia y demás autoridades las acciones rigurosas del caso para proteger a las personas amenazadas. Abrazo a Miguel, a Gonzalo y sus familias con toda solidaridad, al tiempo en que rechazo contundentemente estos hechos (sic)”, precisó.

La Asociación Freytter Elkartea también se pronunció sobre los hechos, pidiendo al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, garantizar la seguridad de las personas mencionadas. De igual manera, indicó que tanto el abogado Miguel Ángel del Río como el periodista Gonzalo Guillén son reconocidos por su trabajo a favor de los derechos humanos.

“Desde el País Vasco, Freytter Elkartea expresa preocupación por las amenazas contra el letrado Miguel Ángel del Río (@migueldelrioabg) y el periodista de investigación Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO), reconocidos por su labor en Derechos Humanos y litigios estratégicos, así como contra testigos, desde La Picota. Exigimos al Gobierno de Colombia medidas urgentes de protección”, expuso la asociación.

No es la primera vez que el profesional en Derecho asegura estar en una situación de riesgo. En 2024, denunció un supuesto plan para asesinarlo, que presuntamente fue organizado por el Clan del Golfo y por el narcotraficante Marquitos Figueroa. En esa ocasión, el posible atentado también iba dirigido al sargento Wadith Velásquez.

De acuerdo con el abogado, obtuvo información directa de un sicario y de otras personas que confirmaron la existencia del plan criminal. En un documento que compartió, un miembro del Clan del Golfo advirtió sobre la situación a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Justicia.

“Tengo conocimiento que pretenden atentar contra la vida de un abogado en la cuidad de Bogotá, y matar a persona al norte de Bogotá que cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Naconal de Protección (sic)”, se lee en el texto.

Cinco personas se encuentran recibiendo atención médica en la ciudad de Popayán, capital del departamento de Cauca, tras el estallido de un artefacto explosivo en la vía Panamericana. Entre los afectados figuran tres miembros de la Policía y varios civiles. El incidente sucedió la tarde del domingo, según informó la Policía Nacional citada por distintos medios.

El ataque tuvo lugar entre los municipios de Timbío y Rosas, en el suroeste colombiano, cuando un grupo de agentes se desplazaba por la carretera en labores de verificación. De acuerdo con la información publicada por la Policía Nacional de Colombia, los uniformados, adscritos a la estación de Timbío, habían recibido alertas sobre la posible presencia de explosivos en la zona, lo que motivó su desplazamiento para inspeccionar el sector. Fue en ese momento cuando detonó el artefacto, seguido por intercambios de disparos.

El medio que dio cuenta de los hechos detalló que el agente Juan David Grande Cantero perdió la vida en el lugar. Este funcionario formaba parte del dispositivo de prevención en una zona que ha registrado incidentes de seguridad reiteradamente. Además de la víctima mortal, otras cinco personas fueron evacuadas hasta centros médicos en Popayán, donde las autoridades adelantan su identificación y el estado de salud de cada una.

Entre los lesionados de este ataque figuran tres policías y al menos dos civiles, quienes se desplazaban en sus vehículos particulares por la vía afectada cuando ocurrió la explosión. Según consignó la Policía, la detonación buscaba afectar a la fuerza pública, aunque su radio de impacto se extendió a la población civil. Las autoridades clasificaron el hecho como un atentado contra la seguridad y orden público en este corredor vial estratégico.

La vía Panamericana, donde ocurrió la emboscada, es una de las principales arterias de transporte en el sur del país y conecta departamentos del suroccidente con otras regiones. Las repercusiones de estos eventos afectan tanto la movilidad como la percepción de seguridad entre los habitantes y viajeros frecuentes de este corredor.

Reportó la Policía Nacional que, tras el atentado, se desplegó un operativo en la zona para asegurar el área, ubicar posibles nuevos artefactos y dar con los responsables. Voceros indicaron que los uniformados emplearon equipos especializados de antiexplosivos y reforzaron la vigilancia en toda la región. Paralelamente, el tránsito por la vía Panamericana se vio restringido temporalmente para facilitar las labores investigativas y de remoción de escombros.

Sobre el perfil del agente fallecido, publicó la Policía Nacional que Juan David Grande Cantero había prestado servicio en distintas unidades policiales, siendo ahora una de las bajas recientes vinculadas a operativos de control en zonas de alto riesgo. Sus familiares y compañeros protagonizaron expresiones de pesar durante las primeras horas tras confirmarse el deceso.

De acuerdo con lo reseñado por el medio, las autoridades continúan recopilando evidencia en el lugar del ataque, revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de testigos y afectados. Informó la Policía Nacional que la investigación se orienta a establecer si el atentado guarda relación con grupos armados ilegales que operan en el Cauca, dada la frecuencia de hechos de violencia de esta índole en el área.

En distintos comunicados, la Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que permita dar con los responsables de la acción, subrayando la importancia de denunciar movimientos sospechosos y alertas similares. La institución indicó que mantendrá su presencia en la zona y continuará adelantando operativos orientados a prevenir futuros atentados en ejes viales y áreas vulnerables del departamento.

Confirmó la Policía que, después del ataque, varias patrullas continuaron labores de patrullaje en puntos críticos al sur de Cauca, mientras equipos de inteligencia recopilan información sobre posibles nuevas amenazas. El atentado fue catalogado por la institución como uno más dentro del panorama de seguridad que enfrenta la región, afectada recurrentemente por la presencia de actores armados ilegales y disputas territoriales.

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, la empresa minera Cerrejón reportó dos atentados en dos puntos de su infraestructura férrea en el departamento de La Guajira.

En un comunicado, la compañía señaló que los ataques se realizaron en la noche del domingo 22 de marzo, dejando un saldo de cinco vagones descarrilados y daños en los rieles, afectando la circulación del tren carbonero en esta parte del territorio colombiano.

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“El primero, en el kilómetro 75, provocó el descarrilamiento de varios vagones de un tren que se dirigía hacia Puerto Bolívar. El segundo, en el kilómetro 32, ocasionó afectaciones a los rieles y daños materiales que están por cuantificarse. El área se encuentra asegurada y las autoridades competentes adelantan la evaluación de la situación”, manifestó Cerrejón en la misiva.

La empresa subrayó en su mensaje que estos hechos ponen en peligro la vida e integridad de las personas, perjudican infraestructura estratégica y tienen un impacto directo en el empleo y el tejido social y económico de la región.

“Rechazamos de manera categórica estos hechos, que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, afectan infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos en la operación, el empleo y el tejido social y económico de La Guajira”, expresaron.

De acuerdo con Cerrejón, en lo que va de 2026 se han registrado dos atentados contra la infraestructura ferroviaria, cifra que se suma a los nueve casos reportados durante 2025.

“Esta situación evidencia la gravedad de un contexto marcado por bloqueos recurrentes y crecientes presiones operativas, que comprometen la estabilidad y el desarrollo del territorio”, agregaron.

Finalmente, Cerrejón solicitó reforzar la seguridad en el corredor férreo para prevenir nuevos ataques, reiterando su llamado al respeto por la legalidad y la vida en el Caribe colombiano.

“Reiteramos nuestro compromiso con Colombia, con La Guajira y con las comunidades vecinas, y hacemos un llamado a que la legalidad y el respeto por la vida prevalezcan sobre cualquier forma de violencia que afecte el desarrollo de la región”, concluyeron.

Cerca de 40 bloqueos en 2026

Además de los ataques explosivos, la empresa minera Cerrejón reportó que, entre enero y febrero de 2026, experimentaron 37 bloqueos que comprometieron de manera directa la continuidad de sus operaciones en La Guajira y pusieron en riesgo la funcionalidad de infraestructuras esenciales para la exportación del mineral.

Las interrupciones se produjeron en un contexto de creciente complejidad en el orden público y mientras persistían obstáculos en la búsqueda de canales de diálogo efectivos con las comunidades vecinas.

“Este inicio de año se ha convertido en el período con mayor número de bloqueos en la historia de la empresa, con una característica particular: la mayoría han sido de carácter impositivo, es decir, manifestaciones en las que el levantamiento depende exclusivamente de acceder a las exigencias de quienes las realizan”, indicó la compañía en un comunicado del 4 de marzo del año en curso.

La problemática no se limita al sector minero. Cerrejón recordó que los cortes en vías estratégicas constituyen una práctica recurrente que afecta a diversos sectores del país. Los bloqueos han alterado actividades comerciales, el transporte y la prestación servicios en diferentes regiones, incluyendo los principales centros urbanos.

“Cerrejón reitera su rechazo a las vías de hecho como mecanismo de presión, las cuales están generando afectaciones a la continuidad del negocio, al transporte de carbón a través de nuestra línea férrea y al suministro de insumos claves para la operación y, por consiguiente, al empleo y al desarrollo de La Guajira y del país”, añadieron.

Para la empresa, la superación de este desafío exige priorizar el diálogo institucional y evitar interrupciones que, a su juicio, “no constituyen un mecanismo adecuado para la resolución de diferencias”.

La organización subrayó la importancia de la seguridad, el cumplimiento normativo y la estabilidad operativa para preservar el empleo, la dinámica económica y la confianza de los actores locales y regionales.

“La empresa hace un llamado al diálogo respetuoso y a la utilización de los canales institucionales correspondientes, como el camino adecuado para la resolución de inconformidades”, puntualizaron.

Dos soldados del Ejército Nacional murieron luego de un ataque armado contra un vehículo militar en el casco urbano del municipio de Arauquita, Arauca, en la tarde del viernes 20 de marzo de 2026. El hecho ocurrió en cercanías del colegio Gabriel García Márquez.

De acuerdo con información preliminar, otros siete uniformados resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital San Lorenzo de Arauquita para recibir atención médica.

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Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho violento se reportó sobre la 1:40 p. m., mientras la tropa del Batallón Energético y Vial N.° 1 del Ejército Nacional realizaba un patrullaje en las inmediaciones del plantel educativo, ubicado en el barrio Obrero.

Por medio de un comunicado oficial, voceros del Ejército revelaron la identidad de los soldados profesionales que fallecieron “en cumplimiento de su deber”: Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas. Sobre los demás uniformados lesionados confirmaron que están fuera de peligro.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestros soldados fallecidos, honrando su memoria, vocación de servicio y sacrificio por Colombia”, se leyó en la comunicación militar.

También informaron que, al parecer, el atentado fue perpetrado por hombres del Frente de Guerra Oriental (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que abrieron fuego contra los soldados.

La institución educativa está localizada en el sur del casco urbano municipal, a pocos minutos del rio Cutufi, que es el que marca la frontera de Colombia con Venezuela, zona que cuenta con una robusta presencia del grupo armado.

Desde el Ejército confirmaron que se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes, “con el fin de que se determinen las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley”.

“El Comando de la Décima Octava Brigada rechaza de manera categórica este acto terrorista, que atenta contra la integridad de nuestros hombres y pone en riesgo a la población civil. Reafirma su compromiso y continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados”, informaron desde la institución.

Los golpes de las autoridades contra el ELN en Arauquita

Las acciones violentas contra las Fuerzas Militares por parte de las redes armadas comandadas por el ELN en la región corresponderían con las ofensivas de las tropas del Ejército Nacional y la frustración de planes de expansión de estas estructuras.

Tres semanas atrás, un grupo de hombres fue enviado a prisión bajo señalamientos de desplazar a una familia de su finca en el municipio araucano, con el propósito de convertir la propiedad en un centro de operaciones de la estructura, cuyo alcance ilegal tendría influencia en el resto de Arauca y en otras ciudades, incluida Bogotá.

Esta operación fue realizada a mediados de febrero de 2026, por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional en la que cayeron alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del ELN. Además, “Monchi” y alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, cooperadores de la red ilegal.

“El capturado sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada. Su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran comercializados a gran escala en bodegas ubicadas en Bogotá”, reportaron voceros oficiales del Ejército Nacional.

Además de estos señalamientos, “Monchi” sería el principal vinculado al despojo de fincas y el respectivo desplazamiento forzado.

En el balance de los operativos que dieron con el golpe a las estructuras del ELN en el municipio, voceros del Ejército advirtieron que iban a “mantener una ofensiva sostenida en Arauca; ningún grupo armado está por encima de la ley”, con el objetivo de proteger a la población, defender el territorio y “afetar de manera permanente a estas estructuras”.

La respuesta del grupo guerrillero tomó dos días. El 18 de febrero de 2026, portavoces militares confirmaron un ataque con explosivos contra un vehículo blindado del Ejército Nacional en el sector Puente Caranal, Arauquita.

El ataque resultó en un suboficial herido. El hecho se produjo mientras tropas de la Décima Octava Brigada, adscrita a la Octava División del Ejército, realizaban un movimiento táctico a bordo de un vehículo tipo Titán.

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de la estructura criminal Los Costeños, emitió una carta el 20 de marzo de 2026 desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En el documento, señaló que no responderá a provocaciones tras el atentado armado registrado en la madrugada del 19 de marzo en un billar del norte de Barranquilla, Atlántico, donde resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de su pareja, y Luis Bernal Castro, alias Berna, considerado su hombre de confianza.

En el documento, el cabecilla afirmó su “compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual” y solicitó formalmente a las autoridades actuar contra los responsables de nuevos hechos violentos en la ciudad, de acuerdo con la comunicación enviada a diferentes instancias locales.

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Díaz Collazos, que asegura haber redactado la carta de su puño y letra desde prisión, precisó que no cederá frente a provocaciones de “actores externos” que buscan incitarlo a tomar las armas o retomar la violencia: “No cederé ante ninguna provocación”.

La misiva solicita la intervención del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, de la Fiscalía General de la Nación, así como la atención del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para frenar a quienes “están intentando generar violencia en la ciudad”.

Alias Castor identificó a personas como “Digno” y “Chan” entre quienes, según su declaración escrita, intentan desestabilizar el orden público, y subrayó que no permitirá que lo arrastren nuevamente hacia el delito.

Alias Castor fue condenado por responsabilidad en 95 homicidios en el Atlántico

El líder de Los Costeños fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla tras aceptar su responsabilidad en una ola de 95 homicidios vinculados a la banda criminal.

La sentencia contempla crímenes cometidos entre 2014 y 2024 y consolida con el fallo una reacción judicial ante una de las mayores campañas delictivas recientes en el Caribe colombiano.

En la audiencia celebrada el 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, familiares de al menos 133 víctimas —entre fallecidos y lesionados— que atribuyen sus casos a Díaz Collazos, expresaron su inconformidad frente al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el cabecilla de la estructura.

El fallo no solo reconoce la autoría de Díaz Collazos en homicidio agravado, sino que incluye su rol en ataques armados que dejaron 38 personas heridas, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones —incluidas de uso restringido de las Fuerzas Armadas— y su responsabilidad por amenazas a funcionarios públicos.

Según la Fiscalía, este último cargo se relaciona con un episodio de 2023, en el que alias Castor intimidó a un funcionario judicial utilizando una aplicación de mensajería instantánea, lo que fortaleció la imputación de amenazas a servidor público dentro del expediente.

Durante septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón públicamente entre lágrimas y manifestó su arrepentimiento en presencia de algunos familiares que sufrieron la violencia atribuida a su organización.

Una década de violencia planificada para el control territorial y económico

La investigación de la Fiscalía General de la Nación, coordinada desde la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estableció que Díaz Collazos, en calidad de máximo cabecilla, ordenó múltiples acciones sicariales con el objetivo de garantizar el control de las rentas ilegales en Barranquilla y el municipio de Soledad.

Estas operaciones incluyeron una escalada de violencia selectiva destinada tanto a eliminar a miembros de organizaciones rivales como a amedrentar a civiles. En esta estrategia criminal se insertaron hechos especialmente graves como la masacre de San José (12 de mayo de 2022), la de Las Flores (10 de septiembre de 2022, con seis jóvenes asesinados), la de El Santuario (23 de enero de 2023, con cuatro víctimas mortales) y la de Villa Campestre (29 de junio de 2023, donde fueron asesinados tres integrantes de la familia Vega Daza).

Las acciones judiciales permitieron concluir el proceso con un preacuerdo que, pese a la aceptación de responsabilidad por parte del procesado, generó un rechazo explícito entre familias afectadas.

Como destacó la madre de una de las víctimas en declaraciones: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.

En el momento de máxima tensión global y luego de haber recibido amenazas por parte de Irán, el presidente Javier Milei participó -y habló- este martes de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel y ratificó su alineamiento geopolítico, al remarcar que su Gobierno “dejó en claro dónde se para” dentro del conflicto en Medio Oriente.

“Hoy, la Argentina es socia en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, y así intentaron, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”, sostuvo.

El mandatario nacional no solo asistió con la plana mayor del Gabinete del acto en el que se volverá a reclamar justicia por el ataque terrorista que dejó 29 muertos y más de 240 heridos, sino que también brindó unas palabras.

De esta manera, se convirtió en el segundo jefe de Estado en dar un discurso en el marco de un homenaje a las víctimas de este hecho, solamente por detrás de Carlos Menem, que lo hizo en 1993.

En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló bajo una incesante lluvia que se tornó intensa minutos antes de la llegada del libertario, pero que se calmó un poco cuando estaba hablando ante el público.

“Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”, señaló.

En este sentido, Milei remarcó que tanto este ataque como el que sufrió la AMIA dos años más tarde, “intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo”, sin la cual “se pierde el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”.

Asimismo, el Presidente se refirió a las causas judiciales que se iniciaron para tratar de esclarecer los acontecimientos y destacó que la Argentina “ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hezbolá en la ejecución de estos hechos atroces”.

A 34 años de aquel terrible episodio en la historia argentina, todavía no se condenó a ningún responsable y a pesar de que la investigación tiene bastante probado la participación de miembros de la mencionada organización pro iraní, los acusados siguen impunes.

Además, cuestionó a las anteriores administraciones y subrayó que “la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán representó otro paso necesario para restablecer el rumbo correcto en la investigación; sin embargo, aún queda trabajo por delante”.

“Nuestro país impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia. Al mismo tiempo, el Estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento”, enumeró.

El reclamo porque avance el juicio en ausencia de los acusados por el ataque fue protagonista a lo largo de toda la jornada y estuvo también presente en los discursos de los demás oradores, que también celebraron que el país “se haya puesto del lado correcto de la historia”.

Al tomar la palabra, el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, advirtió que su país y los Estados Unidos “han decidido actuar para impedir que el plan de Irán avance” y terminar así con los “ataques sistemáticos contra la sociedad con el fin de generar muerte y destrucción”.

“Luchamos contra el terrorismo como instrumento de acción y una dictadura que se opone a los valores de la democracia, oprimiendo y asesinando su propio pueblo. Frente a ellos, el silencio no es neutralidad, es complicidad. No todos lo expresan con claridad, no todos lo sostienen con convicción. Señor presidente Javier Milei, usted ha sido una voz firme en defensa de libertad, de la democracia, de los valores del Occidente. Usted se ha ubicado en el lado correcto de la historia. En nombre del Estado y del pueblo de Israel y de los que creen en el mundo libre, debo decirle una vez más, no solo a él, a todos ustedes, muchas gracias”, resumió el representante diplomático.

Del acto también participaron familiares de las víctimas argentinas del 7 de octubre de 2023, como Sandra Miasnik, familiar de Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfir, quienes fueron secuestrados de su hogar por Hamás durante los atentados de esa fecha y que iniciaron en la Franja de Gaza.

El encuentro, en esta oportunidad, se realizó bajo la consigna “la primera vez no se olvida, porque deja huella”y busca seguir recordando la voladura del edificio que estaba ubicado en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, en el barrio porteño de Retiro.

En ese lugar, actualmente hay una plaza conmemorativa de la tragedia, hasta donde se acercaron las principales autoridades nacionales y miembros del Poder Judicial, del Congreso y de la comunidad judía.

Por otra parte, el acto se lleva adelante en un contexto de extrema sensibilidad, tras las amenazas abiertas del régimen islámico contra Milei, al que acusó de haber cruzado una “línea roja imperdonable”.

En una editorial de un diario oficialista de Teherán, apuntaron contra el líder libertario por haber declarado públicamente en Nueva York que Irán es “enemiga” de Argentina y reiterar su alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Una vez que terminó su exposición, el Presidente se retiró del lugar por motivos de seguridad, aunque en el sitio permanecieron varios de los funcionarios que lo acompañaron.

Estuvieron, por ejemplo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, del Interior, Diego Santilli, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri.

Debido a las condiciones climáticas, todo el evento se adelantó y las ofrendas florales en memoria de las víctimas que iban a colocar representantes de diferentes sectores ya habían sido puestas en su lugar, aunque Sela pidió que, de todas formas, se nombre a todos los que iban a entregarlas.

*Fotos: Jaime Olivos

Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho para realizar actividades de campaña. Junto a él viajaban otros miembros de su equipo, quienes resultaron heridos. El accidente enluta la campaña política a poco menos de un mes de celebrarse las Elecciones Generales.

Aunque inicialmente se informó que la causa de la muerte fue un accidente —ya que el vehículo transitaba por la Vía Los Libertadores, un corredor declarado en emergencia desde hace tiempo y escenario de diversos siniestros—, los familiares del líder político pidieron que el caso sea investigado, pues no descartan la posibilidad de un atentado.

Walter Becerra, hermano de Napoleón, reveló a RPP que, días antes, el dirigente le había advertido que querían atentar contra su vida.

“Napoleón había comentado que había tenido conocimiento de que querían atentar contra su vida. No nos dijo quién”, señaló.

Becerra añadió que la familia sospecha que no se trató de un simple accidente, pues Napoleón también había mencionado que había vehículos que lo seguían.

“Nosotros sospechamos que esto es un atentado. Napoleón siempre comentaba que había vehículos merodeando el lugar por donde él se trasladaba, pero nosotros pensábamos que era parte natural de la campaña política”, agregó.

El familiar del candidato también señaló que, justo en el momento en que ocurrió el accidente, la Policía de Carreteras que los venía custodiando tomó otra dirección.

Accidente ocurrió durante traslado hacia Ayacucho

El accidente se registró en la carretera de Rumichaca, a unas dos horas de la ciudad de Ayacucho. Napoleón Becerra viajaba en un vehículo particular acompañado por miembros del Partido de los Trabajadores y Emprendedores cuando ocurrió el siniestro.

La noticia fue confirmada por Emily Silva, candidata a diputada por la misma agrupación política, quien indicó que recibieron la información de militantes que se encontraban en el lugar del accidente.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente del compañero Napoleón Becerra por nuestros compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él en la comitiva”, señaló en declaraciones a RPP.

Según explicó, el vehículo trasladaba al candidato junto a varios integrantes de su equipo, algunos de los cuales resultaron heridos tras el impacto. Ante esta situación, la dirigente solicitó apoyo inmediato a las autoridades para que se pueda atender y evacuar a los afectados.

“Lo que nosotros en este momento solicitamos al Gobierno es que tome cartas en el asunto y que nos ayude también con los compañeros que puedan estar heridos para que sean evacuados”, expresó.

El fallecimiento de Becerra generó diversas reacciones en el ámbito político. El candidato presidencial César Acuña, así como el exrector Alfonso López Chau y otras figuras públicas, expresaron sus condolencias a la familia y militantes del partido. También lo hicieron la Presidencia de la República y el Jurado Nacional de Elecciones mediante comunicados oficiales.

Incertidumbre sobre el futuro electoral del partido

La muerte del candidato presidencial ha abierto un escenario inédito en el proceso electoral peruano. La legislación vigente no contempla de manera explícita qué ocurre cuando un postulante a la presidencia fallece en plena campaña.

De acuerdo con el especialista en temas electorales José Tello, la Ley Orgánica de Elecciones establece que la candidatura presidencial es el eje de toda la fórmula, por lo que, en distintos supuestos —como renuncia, retiro o tacha—, la salida del postulante principal provoca la caída de toda la lista.

Sin embargo, el caso de un fallecimiento no está regulado de forma directa, lo que deja margen para interpretaciones por parte de las autoridades electorales.

En ese contexto, será el Jurado Nacional de Elecciones el que deba evaluar la situación y determinar si la fórmula del Partido de los Trabajadores y Emprendedores queda automáticamente fuera de carrera o si existe algún criterio excepcional que permita su continuidad.

El debate se vuelve más complejo porque el plazo para modificar o presentar nuevas listas ya venció. Esto significa que cualquier decisión deberá tomarse dentro de un marco legal limitado, en medio de un proceso electoral que se encuentra en su etapa final de campaña.

Durante años circuló una versión inquietante sobre los últimos segundos de aquel trágico vuelo. Según ese relato, Carlos Menem Junior intentaba mantener el helicóptero en el aire mientras pedía ayuda por radio. Decía que los custodios venían retrasados y que le estaban disparando. Se mencionó que uno de los dos autos que velaban por su seguridad había sufrido la pinchadura de un neumático. Y que por esa causa ambos vehículos se detuvieron para solucionar la situación, y entonces se produjo la demora de ese personal que lo cuidaba durante el trayecto en la ruta rumbo a Rosario, el destino final.

La frase que se le atribuye quedó grabada en la memoria de quienes siguieron el caso: “¡Huevones, contesten, me disparan!”.

La historia surgió de una grabación que, según contó su madre, Zulema Yoma, le hizo escuchar a ella un agente de inteligencia de apellido Cortese. Sin embargo, la cinta nunca apareció en el expediente. Tampoco se registraron comunicaciones que confirmaran aquella escena.

Ese confuso episodio resumió como pocos la naturaleza futura del caso: una sucesión de indicios, relatos y sospechas que nunca terminaron de encajar del todo con la versión oficial.

La mencionada tragedia ocurrió el 15 de marzo de 1995, a las 11.44 horas de la mañana, cuando el helicóptero Jet Ranger 206 B3, propiedad de Emir Yoma, cayó en el kilómetro 191.5 de la Ruta 9, en las inmediaciones de Ramallo, ciudad ubicada a unos 220 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Al mando estaba Carlos Menem Junior, de 26 años. Lo acompañaba su amigo Silvio Oltra, un reconocido piloto y corredor de automovilismo que por entonces estaba separado de la reconocida modelo Elena Fortabat, ambos padres de la entonces pequeña Carolina.

El impacto fue fatal para Oltra, que murió en el acto. Menem Jr. fue trasladado de urgencia al Hospital de San Nicolás, donde ingresó en coma grado 3. Los médicos realizaron intensas maniobras para reanimarlo. El jefe de terapia intensiva Marcelo Barrangú y el director del hospital Ismael Pasaglia supervisaron los intentos por estabilizarlo, pero el esfuerzo fue en vano. Después de dos paros cardíacos, a las 14.50, confirmaron su muerte.

De entrada, Zulema Yoma, con ese olfato típico que desarrollan las madres, desconfió. Escuchó en medio del dolor todas las explicaciones que le daban pero no las creyó. Le repetían que el helicóptero se había enredado con cables de alta tensión. Pero los datos que le acercaban llamaron aún más su atención desde el comienzo. Ya que el aparato tenía capacidad para alcanzar casi tres mil metros de altura. Sin embargo, ese día volaba curiosamente a apenas unos 15 metros del suelo.

En los días posteriores circularon versiones que señalaban que Carlitos habría estado realizando maniobras arriesgadas entre las torres del tendido eléctrico, pasando por encima y por debajo de los cables. Entonces, en algún momento la aeronave quedó enganchada, cayó de punta sobre un campo de maíz y rebotó dos veces contra el suelo. Lo llamativo fue que el helicóptero contaba con un sistema de seguridad diseñado para cortar cables en caso de impacto, pero ese mecanismo nunca fue accionado.

Zulema continuaba oyendo todo lo que le relataban y desconfiaba cada vez más. Para ella no había sido un accidente. Apenas recibió la noticia en el Hospital de San Nicolás, desvanecida de dolor, ya estaba convencida de que Junior había sido asesinado por ser el hijo del presidente. Nadie se lo iba a sacar de su mente. Todavía resuena una frase que se convirtió en una de las más recordadas del caso: “A Carlitos lo mataron y su padre sabe por qué y quién fue”, sentenció sin vueltas. Y la pregunta no tuvo respuesta hasta hoy, porque Carlos Menem nunca aclaró nada sobre esa precisión que dio su esposa.

Su sospecha se apoyaba en conversaciones previas que había tenido con su hijo. Es que durante un tiempo, Menem Jr. había acompañado a su padre en la Casa Rosada en tareas ad honorem, trabajando junto al secretario presidencial Ramón Hernández. Y según contó su madre, en ese período el joven le confesó que había observado situaciones preocupantes dentro del entorno presidencial y que no le gustaba nada lo que veía. También le dijo que tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Para Zulema, eso significaba que su hijo se había enterado de algo que no debía saber.

Para colmo, sus sospechas se potenciaban en un contexto sensible. La Argentina venía de soportar dos ataques terroristas devastadores: el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y el ataque contra la AMIA en 1994. Y entonces, Zulema reflexionó acerca de un posible tercer atentado. Se sumaban también las sospechas e investigaciones periodísticas relacionadas con el gobierno de Carlos Menem y el negocio de la venta de armas.

Aparecieron versiones que relacionaron la responsabilidad de la muerte de Junior con el grupo Hezbollah, y hasta se especuló con una posible represalia del narcotráfico internacional, basada en que la Argentina había permitido la residencia en el país de Juan Pablo, Manuela y Victoria Eugenia Henao, los hijos y la viuda del narcotraficante Pablo Escobar, asesinado en Medellín, Colombia, el 2 de diciembre de 1993.

Enseguida surgió una versión que indicaba que en el helicóptero habría viajado una mujer rubia, algo que jamás se pudo comprobar. La investigación judicial pasó por tres jueces: Eduardo Alomar, José María Acosta y Carlos Villafuerte Russo. Y las pericias que se fueron ordenando aportaron resultados contradictorios: en 1997, un informe de Gendarmería sostuvo que el helicóptero presentaba dieciocho perforaciones y deformaciones compatibles con impactos de proyectiles de arma de fuego que se habrían producido durante el vuelo.

Sin embargo, esa conclusión fue refutada por la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil y por especialistas de la empresa Bell, fabricante del helicóptero. Ambos aseguraron que no existían evidencias de disparos. La controversia se agravó cuando se supo que antes de esos estudios el juez Alomar había entregado los restos del helicóptero a Emir Yoma para que pudiera cobrar el seguro. Eso significó que durante meses el aparato permaneció sin custodia judicial, lo que generó dudas sobre el estado en que se encontraba cuando se realizaron las pericias posteriores.

Por entonces, el abogado Juan Labaké, que representaba a Zulema junto a Alejandro Vázquez, sostenía que el caso debía investigarse como doble homicidio agravado y como un acto de terrorismo. En ese contexto, Zulema mencionaba otro dato inquietante: trece testigos que habían declarado en la causa murieron con el paso de los años, algunos en circunstancias que consideró poco claras. Vale un ejemplo: el primero en arribar al lugar donde cayó la aeronave fue el peón del campo, Lorenzo Siri. Ante la policía dijo que en ese momento se encontraba allí una mujer y que entre los restos apareció un portafolios que retiraron dos hombres, sin especificar de quiénes se trataba, sencillamente porque no lo sabía. Al poco tiempo Siri fue atropellado en las inmediaciones de su casa y falleció.

En 1998, la investigación judicial concluyó que se trató de un accidente. Sin embargo, el caso siguió teniendo capítulos inesperados. Zulema impulsó nuevas acciones judiciales y recibió el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, quien acompañó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese proceso permitió que la causa se reabriera en 2010.

En 2014 ocurrió algo que nadie había anticipado. El propio Carlos Menem cambió su postura histórica y coincidió con Zulema en que la muerte de su hijo podría haber sido consecuencia de un atentado en el que habría intervenido Hezbollah. Dos años más tarde amplió esa declaración y aseguró que organismos de inteligencia como el FBI, la CIA y el Mossad manejaban esa misma hipótesis. A raíz de esas afirmaciones, el juez Villafuerte Russo convocó a declarar a todos los presidentes que sucedieron a Menem para intentar conocer qué había de veracidad al respecto. Pero ninguno de ellos aportó información que modificara el rumbo del expediente.

Elena Fortabat, ex esposa de Silvio Oltra, sostuvo siempre que lo ocurrido había sido simplemente un accidente. Finalmente logró cobrar el seguro correspondiente por la muerte de Silvio Oltra. Pero su intervención posterior en un juicio vinculado a la sucesión de Menem Jr. derivó en un episodio inquietante. Según relató, comenzó a recibir amenazas de muerte. Personas desconocidas la seguían y le repetían una advertencia directa: “Vas a ser boleta”.

El miedo aumentó cuando en algunos llamados le mencionaban dónde se encontraba su hija Carolina, que entonces tenía nueve años y luego se convertiría en modelo como ella. La situación fue tan perturbadora que decidió levantar el juicio. Cambió varias veces su número telefónico y abandonó el proceso. Después de eso, aseguró, las amenazas cesaron.

En 2017, Zulema presentó una denuncia inesperada: aseguró que el cuerpo de su hijo podría haber sido retirado de su tumba en el cementerio islámico de La Tablada. La Justicia ordenó entonces la exhumación de los restos. Los estudios realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron que pertenecían efectivamente a Carlos Menem Jr., descartando cualquier manipulación.

Hoy, a 31 años de la tragedia de Ramallo, el expediente judicial sigue diciendo lo mismo que en 1998: accidente. Pero alrededor de esa conclusión quedó flotando una historia llena de contradicciones, pericias enfrentadas, testimonios inquietantes y teorías que nunca terminaron de desaparecer. Un caso más en que las respuestas de la justicia dejaron más dudas que certezas. Y una pregunta continúa en el aire sin que las respuestas satisfagan plenamente: ¿Carlos Menem Junior se mató o lo mataron?

“El trauma del 15 de marzo no sanará fácilmente, pero hoy espero que sea la última vez que tengamos motivo para escuchar el nombre del terrorista que estuvo detrás del atentado. Se merece toda una vida en completo y absoluto silencio”, dijo cuando ya estaba todo consumado, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Se refería así, sin nombrar a su autor, a la peor masacre de la historia del país, con su saldo de 51 muertos y cuatro decenas de heridos, perpetrada por un atacante solitario y producto de un cóctel de odio religioso potenciado al máximo por las redes sociales.

Todo ocurrió como en un videoclip de música furiosa, pero fue sangrientamente real. Porque cuando se apagó el interminable sonido de los disparos, los gritos de dolor y de terror que retumbaban en el interior de un templo se mezclaron con la voz del cantante que salía a todo volumen de un altavoz para convertirse en la banda de sonido de la transmisión de la masacre: “¡Soy el Dios del infierno! Y te traigo / Fuego, te llevaré a arder / Fuego, te llevaré a aprender / Te veré arder / (…) Fuego, para destrozar todo lo que has hecho / Fuego, para terminar con todo lo que has sido / Siento como ardes / (…) / Fuego, te llevaré a arder / Fuego, te llevaré a aprender / Vas a arder / Vas a arder / Vas a arder, arder, arder, arder, arder, arder, arder, arder...”.

Al mismo tiempo que sonaban la letra y la música de Fire, un viejo tema de rock del grupo británico The Crazy World of Arthur Brown, el australiano Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, salió con el arma larga todavía humeante y corrió hasta el auto que había dejado estacionado a pocos metros de la puerta de la mezquita de Al Noor, en la avenida Deans de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. Adentro dejaba desparramados 41 cadáveres y más de una decena de heridos.

Las agujas del reloj del templo estaban clavadas en las 13.44 del viernes 15 de agosto de 2019 cuando Tarrant se sentó al volante del auto, dejó el fusil semiautomático en el asiento del acompañante y le dio arranque para salir a toda velocidad. Vestía uniforme de camuflaje, ocultaba sus ojos con unos anteojos oscuros y en la frente llevaba adosada una cámara con la que había transmitido en vivo y en directo desde un canal de YouTube linkeado en su página de Facebook.

Eso fue apenas el principio, porque siguió transmitiendo – ahora con la cámara adosada en el interior del auto, enfocada en el asiento del conductor - mientras el vehículo recorría las calles de la ciudad al ritmo de la repetición de Fire. Porque Tarrant apenas había concluido la primera etapa de las tres que había planeado para sus acciones de ese día. A las 13.55 llegó a la mezquita Linwood, a cinco kilómetros de la primera. Llevaba nuevamente una cámara para seguir transmitiendo en directo, pero el artefacto había comenzado a fallar y solo se pudieron ver escenas fragmentadas del segundo ataque. Entró y disparó, pero esta vez encontró resistencia y tuvo que escapar antes de lograr por completo su objetivo. De todos modos, allí el saldo sería de otros diez muertos y más de treinta heridos. No pudo seguir transmitiendo cuando se dirigía a la tercera mezquita que estaba en sus planes. La policía lo detuvo sin que ofreciera resistencia antes de que pudiera sumar más muertes.

Así, Brenton Tarrant acababa de convertirse en el autor solitario de la mayor masacre de la historia moderna de Nueva Zelanda, con el trágico récord de 51 muertos y 48 heridos. También podría haber sido peor si hubiesen detonado las dos bombas que dejó en otros tantos autos estacionados cerca de las dos primeras mezquitas. Afortunadamente fallaron.

Era mucho para un solo hombre y en un primer momento la policía no creyó que hubiera actuado solo y detuvo a otras tres personas – dos hombres y una mujer –, pero pronto quedaron libres y fuera de toda sospecha. Tarrant, que en el primer interrogatorio se definió como un “racista” que odiaba a los inmigrantes, no tenía cómplices. Tampoco pertenecía a ningún grupo terrorista y aseguró que había actuado por cuenta propia. “Lo hice yo solo”, dijo como si fuera una hazaña.

Crónica de una matanza anunciada

Pese a haber atrapado al autor, la policía quedó totalmente desairada cuando se comprobó que Tarrant había anticipado sus intenciones en las redes sociales, donde antes de emprender su raid asesino dejó un manifiesto de 74 páginas titulado “El gran reemplazo”, en referencia a la teoría de la conspiración del genocidio blanco y a su variante francesa, le grand remplacement, donde el ultraderechista Renaud Camus, plantea la necesidad de una cruzada contra las sociedades multiculturales para depurarlas.

En el documento – de alguna manera hay que llamarlo - Tarrant decía que había estado planificando un atentado hacía dos años y que eligió la localidad de Christchurch con tres meses de antelación. También condenaba la inmigración y citaba una lista de personajes y acontecimientos de varios períodos de la historia en los que había inspirado sus acciones. Además, Tarrant declaraba en su manifiesto que había sido “comunista”, “anarquista” y “libertario”, pero que pasó a adoptar ideas racistas debido a la inmigración que hacía peligrar a la sociedad blanca y se convirtió en un “ecofascista” preocupado por el calentamiento global. Y decía que decidió cometer los asesinatos después de un viaje a Europa que hizo en 2017, cuando vio el triunfo de Emmanuel Macron frente a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales, y se hartó de ver inmigrantes viviendo libremente en Francia.

Las armas y los cargadores que había utilizado – en el vehículo llevaba un verdadero arsenal – también estaban escritos en blanco los nombres de acontecimientos históricos y personas admirados por la extrema derecha y alusiones a guerras y batallas entre cristianos europeos y musulmanes, así como nombres de víctimas de atentados islamistas.

Luego de los ataques, el libelo fue bajado rápidamente de las redes, pero ya era tarde: millones de personas lo habían leído. Conmocionada por la masacre y la lectura del manifiesto, la primera ministra recordó que Tarrant “era australiano, pero esto no significa que no tenemos una ideología semejante en Nueva Zelanda”. Después, en el homenaje a las víctimas, hizo un llamamiento a la lucha “global” contra el “racismo de derecha” – así lo llamó – y agregó: “Si queremos vivir en un mundo seguro, tolerante e inclusivo, no podemos pensar en términos de fronteras”.

Las redes del odio

El horror se potenció aún más por la transmisión en vivo y en directo por las redes, lo que desató una ola de indignación en buena parte de la opinión pública. Esa fue una de las caras de la moneda, porque también otros usuarios alcanzaron a viralizar los videos y el manifiesto de Tarrant. Al ser cuestionadas, las empresas de redes sociales enviaron mensajes de repudio a los atentados y de solidaridad con las familias de las víctimas. También informaron que estaban actuando rápidamente para eliminar esos contenidos, aunque no era una tarea sencilla debido a su viralización.

La red Facebook, desde uno de cuyos muros Tarrant, había transmitido las masacres, dijo: “La policía de Nueva Zelanda nos alertó sobre un video en Facebook poco después de que comenzara la transmisión en vivo y eliminamos tanto la cuenta de Facebook del tirador como el video. También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo al crimen y al tirador o tiradores tan pronto como tengamos conocimiento. Continuaremos trabajando directamente con la Policía de Nueva Zelanda a medida que continúe su respuesta e investigación”.

A su vez, Youtube eligió Twitter para dar su mensaje: “Nuestros corazones están rotos por la terrible tragedia de hoy en Nueva Zelanda. Por favor, sepan que estamos trabajando atentamente para eliminar cualquier grabación violenta”, decía. Ese mismo mes, el sitio de videos había sido acusado de ser incompetente o irresponsable por su manejo de un video que promocionaba a Acción Nacional, un grupo neonazi prohibido.

La polémica sobre la violencia en las redes ya estaba instalada. Uno de los primeros en abordar el tema desde las disciplinas sociales fue el doctor Ciaran Gillespie, politólogo de la Universidad de Surrey, cuando planteó que el problema era mucho más profundo que un video, por impactante que fuera su contenido. “No se trata solo de transmitir una masacre en vivo. Las plataformas de redes sociales se apresuraron a cerrar eso y no hay mucho que puedan hacer para que se comparta debido a la naturaleza de la plataforma, pero la pregunta más importante son las cosas que van antes”, dijo sobre el caso concreto.

También marcó una diferencia que se hacía evidente en el tratamiento de contenidos por parte de las empresas. “Hay océanos de este contenido en YouTube y no hay forma de estimar cuánto. YouTube ha lidiado bien con la amenaza que supone la radicalización islámica, porque se considera claramente no legítima, pero no existe la misma presión para eliminar el contenido de extrema derecha, aunque suponga una amenaza similar”, explicó. La posición de Gillespie recibió el apoyo del investigador del Instituto de Internet de Oxford, Bharath Ganesh, que sentenció: “Eliminar el video es obviamente lo correcto, pero los sitios de redes sociales han permitido a las organizaciones de extrema derecha un lugar para la discusión y no ha habido un enfoque coherente o integrado para lidiar con eso”.

Juicio y condena

Aunque suene insólito, los abogados de Brenton Tarrant presentaron sin éxito una solicitud para que esperara el juicio en libertad bajo fianza. Desde ese momento, el autor de las masacres se sumergió en un silencio que ni siquiera rompió durante el juicio que comenzó a desarrollarse a mediados de 2020. De todos modos, el juez Cameron Mander – a cargo del caso - impuso restricciones drásticas a la cobertura mediática para evitar que el autor de las masacres utilizara el juicio como una plataforma para difundir sus mensajes de odio racial y religioso.

La sentencia se dictó el 27 de agosto, con una pena que era previsible: cadena perpetua. Al darla a conocer, el Mander dijo que detrás de la ideología “retorcida de este hombre malo e “inhumano se oculta un odio profundo que lo llevó a atacar a hombres, mujeres y niños indefensos”. Y agregó: “Sus crímenes son tan infames que incluso si estuviera detenido hasta la muerte, no se agotarían los requisitos de la sentencia”.

Apenas conocido el fallo, la primera ministra Jacinda Ardern reaccionó deseando al asesino una vida de “silencio total y absoluto” y dijo que esperaba que la comunidad musulmana del país haya sentido “los abrazos de Nueva Zelanda”. Antes había anunciado que el gobierno iba endurecer la ley de armas – Tarrant era miembro del Club del rifle y tenía permiso de portación - y a intensificar los esfuerzos en la lucha contra el extremismo en las redes.

Cuando se cumplen siete años de los ataques contra las mezquitas neozelandesas, Brenton Harrison Tarrant, está cumpliendo su pena en una celda de aislamiento de una prisión de máxima seguridad de Auckland. Según los informes penitenciaros, pasa muchas horas del día con los auriculares puestos, escuchando Fire, el viejo rock grabado por The Crazy World of Arthur Brown en 1968 y que, en algunas ocasiones, se exalta y entona sus estribillos a voz en cuello.

Como consecuencia de la masacre, se impulsó una reforma legislativa de control de armas en Nueva Zelanda, cuyo Parlamento votó por 119 votos a 1 el veto a las armas semiautomáticas militares y también a los componentes que podrían usarse en su fabricación.

Todos los años, los 15 de marzo, los ciudadanos de Christchurch se acercan, individualmente o en grupos, a las mezquitas y se solidarizaron con las víctimas de la masacre a través del haka, el baile compuesto por percusión corporal y canto que realizaban los maoríes para mostrar su fuerza ante sus enemigos y que es conocido mundialmente gracias a los All blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, cuyos jugadores lo ejecutan antes de iniciar cada partido.

En un comunicado, HRW acusó al Estado iraquí de contribuir con su inacción a la sensación de impunidad de los atacantes, y señalaron "el incumplimiento sistemático de su obligación de hacer justicia para las familias de los defensores de los derechos humanos y activistas políticos asesinados durante la última década".

"El espacio cívico en Irak, en particular para las activistas por los derechos de las mujeres, se ha visto cada vez más amenazado en los últimos años", señalaron.

La organización puso el foco en la situación de amenaza a la que las feministas iraquíes llevan tiempo expuestas por su oposición a la llamada Ley de Estatuto Personal, que entró en vigor en enero de 2025 y que, entre otras medidas contrarias a la igualdad de género, permite el matrimonio de niñas a partir de los nueve años.

En su comunicado, exigieron a las autoridades del país árabe "hacer todo lo posible por identificar a los responsables y exigirles responsabilidades" y condenaron "este cobarde acto terrorista", que consideran "un ataque directo a la lucha feminista y a los valores de libertad e igualdad".

Para la investigadora en Irak de HRW, Sarah Sanbar, "Yanar Mohamed era una líder formidable, incansable e inspiradora", que "mejoró la vida de innumerables mujeres" y por cuyo asesinato el Gobierno iraquí "es responsable de impartir justicia".

Mohamed, que fue asesinada a tiros la mañana del dos de marzo por dos hombres en motocicleta sin afiliación conocida, era cofundadora de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, en inglés).

HRW reivindicó su legado, que "perdurará en las mujeres que continúan su labor". EFE

Los seis hombres levantan los brazos frente a la multitud y las cámaras que los esperaban. Sonríen, se abrazan, algunos contienen el llanto, otros dejan que la emoción les inunde la cara. Después de dieciséis años en prisión, Hugh Callaghan, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power, John Walker y Paddy Hill celebran su libertad en la puerta del Tribunal de Apelación de Londres. Es el 14 de marzo de 1991 y acaba de cerrarse uno de los capítulos más oscuros de la historia judicial británica. La justicia, por fin, reconoció que nunca debieron estar presos.

Todo había comenzado diecisiete años antes, el 21 de noviembre de 1974, cuando dos bombas estallaron casi al mismo tiempo en los pubs Mulberry Bush y Tavern in the Town, en el centro de Birmingham. Veintiún personas murieron y más de cien resultaron heridas en uno de los atentados más letales cometidos en suelo británico de esos tiempos. En medio del miedo y la conmoción, la urgencia por encontrar culpables se impuso sobre la cautela: los titulares de los diarios exigían respuestas, los políticos reclamaban mano dura contra ellos y la policía comenzaba a sentir el peso de un país entero sobre sus hombros.

En ese clima de ansiedad, bajo la sombra del conflicto con el IRA —el grupo armado que buscaba la reunificación de Irlanda— y la presión por restaurar la seguridad pública, seis hombres ajenos a la violencia quedaron atrapados en un sistema judicial que buscaba una solución rápida. Las investigaciones avanzaron entre irregularidades, prejuicios y confesiones arrancadas bajo presión. Así nació uno de los errores judiciales más infames del siglo XX: seis vidas rotas y la lucha persistente por recuperar algo tan elemental como la verdad.

Una ciudad herida y un país en vilo

Birmingham, en la década del setenta, era el corazón industrial de Inglaterra, un espacio donde las calles se sacudían con el sonido de las fábricas y la vida social tenía como epicentro a los pubs. El 21 de noviembre de 1974, esa rutina se quebró abruptamente. Dos explosiones, casi simultáneas, destruyeron dos populares bares del centro de la ciudad.

El saldo fue devastador: veintiún personas murieron y más de ciento ochenta resultaron heridas. Las sirenas de ambulancias y patrulleros dominaron la noche y, en cuestión de minutos, la ciudad entera se vio envuelta en el pánico.

El recuerdo del atentado marcó un antes y un después en Birmingham. Las imágenes de los escombros, el humo y los cuerpos heridos quedaron grabadas en la memoria de una sociedad acostumbrada a la rutina y poco habituada al terror de la violencia política.

El ataque fue atribuido de inmediato al Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés), una organización armada que buscaba la reunificación de Irlanda y la independencia de Irlanda del Norte respecto del Reino Unido. Entre las décadas de 1960 y 1990, el IRA impulsó una campaña de atentados y acciones violentas tanto en Irlanda del Norte como en Inglaterra. El miedo se propagó rápidamente y la urgencia por hallar responsables desplazó cualquier intento de análisis sereno.

Ese clima no era exclusivo de Birmingham. El Reino Unido entero vivía bajo la sombra del conflicto con el IRA. Cada bomba y cada amenaza agitaban los fantasmas del pasado y profundizaban la desconfianza hacia la comunidad irlandesa. La prensa nacional multiplicó las portadas apocalípticas y, en pocos días, la opinión pública reclamaba respuestas inmediatas. En los despachos oficiales, el gobierno presionaba a la policía para tener resultados, mientras los líderes políticos exigían “justicia ejemplar”.

En ese contexto, la policía de Birmingham se vio sometida a una presión extraordinaria. Los agentes sabían que la ciudad, la prensa y el gobierno observaban cada movimiento. La necesidad de ofrecer culpables era tan fuerte como el deseo de restaurar la normalidad. Pero esa urgencia terminaría por distorsionar el proceso investigativo y desencadenar uno de los errores judiciales más irreparables.

Seis sospechosos, un sistema judicial sediento y los prejuicios

El operativo policial se activó con una asombrosa rapidez. A pocas horas de las explosiones, los agentes detuvieron a seis hombres de origen irlandés: Gerry Hunter, Paddy Hill, Hugh Callaghan, Richard McIlkenny, Billy Power y Johnny Walker.

Ninguno de ellos tenía antecedentes penales relevantes, pero todos coincidían en un hecho que fue crucial para la policía: habían viajado esa misma noche en tren a Birmingham y su nacionalidad los convertía, en el clima de esos años, en sospechosos naturales. No existía una sola evidencia directa ni testigos que los vincularan con los atentados, pero la combinación de presión social, prejuicio y necesidad de resultados inmediatos fueron suficientes para que quedaran en la mira.

Los interrogatorios a los seis fueron extensos y duros. Se prolongaron durante horas, en condiciones que hoy serían consideradas tortura: privación de sueño, golpes, amenazas y presión psicológica. Las “confesiones” que firmaron no fueron producto de la reflexión ni del arrepentimiento, sino de la fatiga y el miedo. Más tarde, expertos forenses y psicólogos lograron demostrar que esos documentos carecían de sustento real y que los seis acusados firmaron bajo coacción. Pero en el momento, esas confesiones fueron aceptadas como pruebas irrefutables. La policía ya había encontrado a quienes culpar.

El caso avanzó rápidamente hacia el juicio, que comenzó el 9 de junio de 1975. La opinión pública, alimentada por titulares incendiarios y por la narrativa oficial, ya había condenado a los seis antes de que comenzara el proceso. El tribunal se vio rodeado por un clima de hostilidad y sospecha. Los jurados, ciudadanos comunes, absorbían el contexto de odio y miedo que reinaba en los medios y en las calles. La fiscalía presentó las confesiones como verdades absolutas y sumó peritajes químicos que, años después, serían desacreditados por completo. Los testimonios que denunciaban irregularidades y violencia policial fueron descartados sin mayor análisis.

Esa máquina sin frenos en que se había convertido el sistema judicial avanzaba sin control. El juicio fue mucho más que un proceso penal: fue un espectáculo público, una puesta en escena de la necesidad de castigo y de la urgencia por cerrar heridas sociales. Ninguno de los seis hombres tuvo acceso a una defensa adecuada ni a un proceso justo e imparcial. El veredicto llegó como una sentencia que ya estaba anunciada: cadena perpetua para todos. Las puertas de la prisión se cerraron con odio, y el caso quedó, durante años, como un triunfo de la justicia rápida y ejemplar.

Silencio, resistencia y la lenta construcción de otra verdad

La condena de los Seis de Birmingham no solo los privó de la libertad, sino que los sumergió en un mundo de aislamiento, pérdida de identidad y sufrimiento. Encarcelados, los seis hombres sobrevivieron como pudieron a la rutina del encierro y al estigma de ser “terroristas” a los ojos del sistema.

Afuera, sus familias enfrentaron el dolor y la vergüenza pública, y sus hijos debieron crecer con la ausencia forzada de sus padres. Dieciséis años de prisión dejaron huellas profundas, tanto en los condenados como en su entorno. Sin embargo, la historia no terminó tras las rejas... No todo estaba dicho.

Con el paso del tiempo, la duda comenzó a instalarse en la sociedad británica. Periodistas como Chris Mullin se sumergieron en el expediente judicial, revisaron testimonios, buscaron nuevas pruebas y se entrevistaron con testigos que la justicia había desestimado. Mullin, convencido de que los seis eran inocentes, publicó investigaciones que pusieron en entredicho la versión oficial y abrieron una grieta en el relato dominante.

A fines de los años setenta, Mullin inició una investigación a fondo tras conocer denuncias sobre graves irregularidades en la actuación policial: los acusados habían firmado confesiones bajo coacción y malos tratos, y no existían pruebas físicas sólidas que los vincularan directamente con el atentado. Entrevistó a los propios condenados, a testigos rechazados por los tribunales y a expertos que cuestionaron los peritajes químicos presentados en el juicio. Su trabajo permitió revelar contradicciones en los testimonios oficiales y evidenció que la policía había manipulado pruebas y descartado evidencias exculpatorias.

En 1986, Mullin publicó el libro “Error de juicio: La verdad sobre los atentados de Birmingham”, donde reveló en detalle todas estas irregularidades y aportó información inédita sobre el caso. Su investigación fue fundamental para movilizar a la opinión pública, impulsar la revisión judicial y, finalmente, lograr la liberación de los seis inocentes dieciséis años después de su condena.

El rol de los medios de comunicación fue clave en esta segunda etapa. Si al principio habían contribuido a condenar a los acusados en la opinión pública, luego resultaron vitales para instalar la duda y exigir una revisión de la pena. Reportajes de la BBC, notas publicadas en The Guardian y otros medios nacionales comenzaron a exponer las inconsistencias del caso, los errores en los peritajes y las señales de manipulación policial. Las organizaciones de derechos humanos, como Amnesty International, sumaron presión al denunciar los abusos cometidos en el proceso.

La revisión del caso fue un proceso lento y lleno de obstáculos. La justicia británica, reacia a admitir errores, demoró años en aceptar nuevas pruebas y testimonios. Sin embargo, la acumulación de evidencias fue imposible de ignorar: análisis científicos demostraron que los restos de explosivos presentados en el juicio eran inconcluyentes o directamente falsos, y se comprobó que la policía había fabricado elementos de cargo. La presión social y política terminó por forzar la reapertura del caso.

Una liberación amarga, reformas y el peso de la memoria

El 14 de marzo de 1991, el Tribunal de Apelación anuló las condenas de los Seis de Birmingham. El fallo fue categórico: el juicio original había sido “inseguro” y estuvo plagado de irregularidades, pruebas manipuladas y confesiones obtenidas bajo coerción. Los seis hombres recuperaron la libertad, pero el regreso a la vida civil estuvo lejos de ser simple.

Al volver a casa, la vida ya no era la misma: sus padres habían muerto, sus pequeños hijos ya eran adultos: hubo lazos familiares quebrados y una sociedad que aún dudaba de su inocencia. Esas fueron las peores marcas durante el primer día fuera de la prisión.

La excarcelación no trajo consigo el fin del sufrimiento. Reiniciar la vida fue un desafío enorme. Paddy Hill, uno de los más activos tras su salida, contó durante años el impacto psicológico del encierro y la dificultad para confiar nuevamente en las instituciones. Las compensaciones económicas ofrecidas por el Estado británico llegaron tarde y no lograron borrar el daño emocional ni restaurar el tiempo perdido. Los seis se convirtieron en activistas por la justicia y la revisión de otras condenas dudosas, y participaron en campañas para reformar el sistema penal y policial.

El caso de los Seis de Birmingham impulsó reformas concretas en los procedimientos judiciales del Reino Unido. Se revisaron decenas de condenas consideradas inseguras y se introdujeron nuevas salvaguardas para evitar abusos policiales y manipulaciones en los interrogatorios. El Estado británico, recién en 2012, ofreció disculpas formales a los afectados y reconoció públicamente el error.

En todo este tiempo, nunca se identificó ni se juzgó a los verdaderos responsables del atentado. Las investigaciones posteriores no lograron esclarecer la autoría material de las bombas, lo que añade una capa de frustración y desconfianza. La historia de los Seis de Birmingham fue llevada al cine, a la literatura y a los documentales, convirtiéndose en un símbolo de los peligros del prejuicio, la presión mediática y la prisa por encontrar culpables en tiempos de crisis.

La agresión registrada durante la jornada en Santiago de Chile coincide con el momento en que José Antonio Kast se preparaba para ofrecer su primer discurso presidencial en La Moneda. Según consignó el diario La Tercera, el vehículo oficial que transportaba a Patricio Torres, nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, resultó blanco de una lluvia de piedras lanzadas por manifestantes encapuchados en las inmediaciones de Plaza Italia. De acuerdo con la información preliminar difundida por este medio, Torres no sufrió lesiones de consideración pese al impacto de los objetos contundentes en las ventanas y la carrocería.

El ataque al automóvil del subsecretario no fue el único incidente reportado en el centro de la capital chilena durante las protestas organizadas tras la asunción presidencial de Kast. El mismo medio detalló que un funcionario de Carabineros terminó herido en una pierna, con lesiones calificadas como "de carácter reservado". Las declaraciones recogidas por La Tercera del teniente coronel Bernardo Leiva, perteneciente a la Prefectura de Santiago Central, indican que el carabinero fue alcanzado por elementos arrojados por un grupo considerado "violento", mientras las fuerzas policiales intentaban dispersar la manifestación.

Las movilizaciones se enmarcaron en un clima de tensión generado por el cambio de mando presidencial en Chile, que instaló a Kast, identificado por La Tercera como representante de la ultraderecha, en la jefatura del Ejecutivo. En ese contexto, los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad se intensificaron en puntos neurálgicos de Santiago, especialmente en la zona de Plaza Italia, epicentro habitual de protestas sociales en la ciudad.

Durante la ceremonia oficial en el Palacio de La Moneda, Kast dirigió palabras directas a las fuerzas de orden, prometiendo un respaldo íntegro en el ejercicio de sus funciones. "Todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política" fueron los compromisos expresados por el presidente, según reprodujo La Tercera. Kast reprochó que ese apoyo haya estado ausente durante largos periodos para los funcionarios policiales y de seguridad. "Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia, mientras algunos miran para el lado", afirmó, enfatizando una nueva dirección en el tratamiento de hechos violentos contra efectivos del Estado.

El presidente también anunció que su administración, a la que definió como “de emergencia”, impulsará acciones para identificar, juzgar y encarcelar a quienes agredan a Carabineros. Esta promesa surgió tras el conocimiento de un hecho ocurrido ese mismo miércoles en Puerto Varas, donde un carabinero sufrió una agresión que lo dejó en estado de muerte cerebral. La referencia a este caso fue utilizada por Kast como argumento para subrayar la necesidad de endurecer la respuesta estatal y judicial frente a ataques contra las fuerzas de seguridad, publicó La Tercera.

El diario describió cómo se desplegaron las fuerzas del orden en Santiago en tareas de contención, dispersión de manifestantes y resguardo de autoridades, en una jornada marcada por la tensión y la violencia. Asimismo, los destrozos registrados en la infraestructura del vehículo oficial dañaron tanto las ventanas como la carrocería, lo que fue confirmado en reportes fotográficos y testimonios recogidos en el sitio de los incidentes por La Tercera.

Tras la agresión al vehiculo de Patricio Torres, desde el Gobierno no se informaron alteraciones al programa fijado para las nuevas autoridades. Las medidas de seguridad retomaron su curso normal, mientras organizaciones civiles y grupos de manifestantes mantuvieron su despliegue en los alrededores de Plaza Italia y otros puntos del centro capitalino. Según informó La Tercera, las acciones de Carabineros priorizaron la restitución del orden y la protección del personal ante ataques reiterados, sin que se confirmaran detenciones relevantes durante la tarde.

El rol de la seguridad pública y la protección de las autoridades se situó en el centro del debate a raíz de estos episodios, de acuerdo con el seguimiento realizado por La Tercera. Además de las declaraciones oficiales, diversas voces consultadas por el medio reconocieron anteriores episodios de enfrentamientos en esa zona de Santiago, remarcando el carácter reiterativo de los incidentes durante situaciones de cambio de mando y manifestaciones políticas.

A raíz de los hechos, las fuerzas policiales realizaron un balance preliminar sobre los daños y el número de lesionados, mientras los servicios de emergencia evaluaron la situación del funcionario herido. La preocupación por el incremento de la conflictividad y la exposición al riesgo de autoridades y personal policial quedó reflejada en las informaciones difundidas por La Tercera y en los anuncios del nuevo presidente.

La Tercera también recogió el testimonio de testigos y fuentes del entorno de las autoridades, quienes aseguraron que Patricio Torres pudo retirarse sin complicaciones médicas. Los incidentes se convirtieron en uno de los temas principales de la jornada política chilena y en foco de atención para las distintas dependencias de seguridad tras la asunción presidencial.

El ambiente generado en Santiago durante las protestas, los ataques registrados contra las fuerzas policiales y las respuestas del Ejecutivo marcan un primer día de gobierno con énfasis en la seguridad y la promesa de un cambio en el enfoque para enfrentar hechos de violencia, de acuerdo con los reportes publicados por La Tercera.

El ataque perpetrado el jueves en la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, Michigan, por Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense de origen libanés de 41 años, dejó a la comunidad judía nacional ante un hecho de violencia que el FBI caracterizó como un “ataque dirigido” hacia la comunidad judía. Según fuentes de la comunidad libanesa en Michigan, Ghazali actuó tras la pérdida de varios familiares en un bombardeo en el sur de Líbano 10 días antes del incidente.

El episodio ocurrió poco después del mediodía, cuando el atacante irrumpió en el templo con su camioneta, provocó un incendio y desató pánico mientras más de 100 niños y personal permanecían dentro. Nadie más falleció, aunque un miembro del equipo de seguridad fue hospitalizado y las autoridades investigan si el hombre actuó tras los hechos sufridos por su familia en país del Medio Oriente.

Motivos detrás del ataque: la tragedia personal y su impacto

Familiares confirmaron a los medios locales que Ghazali había sufrido la pérdida de varios familiares en un bombardeo en el sur de Líbano 10 días antes del ataque. Dos hermanos y dos sobrinos murieron en el ataque aéreo, mientras que una cuñada sufrió lesiones graves. Esta tragedia marcó profundamente a Ghazali, quien, según allegados, dejó de trabajar y se aisló en su domicilio tras las noticias.

Antes del ataque, Ghazali contactó a su exesposa para pedirle que cuidara de sus hijos. Este hecho preocupó a sus familiares y los llevó a alertar a la policía. Si bien las autoridades aún no confirmaron que la pérdida familiar haya sido el detonante, la investigación apunta a que el trauma reciente podría tener relevancia en el caso.

El FBI sigue investigando posibles conexiones con organizaciones extremistas, si bien hasta ahora no hay indicios claros de colaboración con terceros. El ataque ocurre en un contexto de advertencias de expertos sobre la radicalización individual tras sufrir experiencias personales traumáticas.

Qué ocurrió en Temple Israel: cronología y consecuencias

A las 13:35 horas, la policía recibió reportes de disparos en el área de Temple Israel. Ghazali embistió las puertas del edificio y recorrió un pasillo armado con un rifle, enfrentándose al equipo de seguridad del templo. Existen versiones encontradas sobre su muerte: algunos informes aseguran que fue abatido por los guardias, mientras que otros informan que murió en el interior del vehículo a causa del incendio provocado por el choque.

El vehículo transportaba artefactos explosivos tipo mortero que se incendiaron tras el impacto. Uno de los jefes de seguridad resultó herido tras ser arrollado por el coche y fue hospitalizado, aunque se prevé su recuperación. 30 agentes de seguridad también recibieron atención médica por inhalación de humo.tatales y nacionales.

La gobernadora Gretchen Whitmer declaró: “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”. El rabino Josh Bennett, líder de Temple Israel, sostuvo que la preparación y los entrenamientos previos fueron determinantes para salvaguardar a los presentes.

En ese momento, 140 niños y su personal docente estaban dentro del edificio. Los protocolos de seguridad y la capacitación previa permitieron que todos se pusieran a salvo. La correcta evacuación impidió que hubiera víctimas adicionales.

Reacciones y estado de la amenaza

El ataque recibió el repudio de autoridades esSegún la Anti-Defamation League, la organización estadounidense de derechos civiles, los incidentes de violencia antisemita casi se duplicaron en los últimos 18 meses respecto al quinquenio previo. El costo para la protección de centros judíos en el país supera los USD 775 millones anuales, de acuerdo con la Jewish Federation of North America, la principal federación judía de Estados Unidos.

Mientras tanto, la investigación sigue en marcha; la prioridad para la comunidad judía y las autoridades es fortalecer la seguridad y la prevención frente a una amenaza persistente.

La policía arrestó a Emir Balat, un joven de 18 años, por lanzar artefactos explosivos caseros contra una protesta antiislámica en la residencia oficial del alcalde de Nueva York. La acusación señala que planeaba un ataque inspirado en ISIS.

Antes de este hecho, Balat se dedicaba a la programación y el comercio digital en su comunidad. A partir de los 13 años, diseñó un sistema que permitía comprar rápidamente zapatillas codiciadas en internet y luego las revendía a adolescentes de Bucks County, Pensilvania, con un margen de ganancia.

Según The Philadelphia Inquirer, Balat empleó plataformas como Roblox para afianzar su negocio de reventa. Los investigadores no hallaron pruebas de radicalización en los registros digitales vinculados a su actividad comercial.

Los perfiles públicos de Emir Balat en redes sociales, revisados por el medio citado, reflejan intereses en informática, negocios, islam y aprendizaje del español, pero no muestran indicios de extremismo. Su presencia en línea incluye ofertas de cables industriales y materiales para el hogar en una página local de Facebook.

En la portada de uno de sus perfiles, actualmente restringido, aparece un versículo coránico: “él dejó libres a los dos mares, que se encuentran.”

La detención y los detalles del ataque frustrado

El sábado pasado, oficiales detuvieron a Balat luego de que este participara en una contramanifestación frente a la residencia del alcalde de Nueva York junto a Ibrahim Kayumi, de 19 años. El acto buscaba boicotear una protesta encabezada por el activista de extrema derecha Jake Lang, titulada “Stop the Islamic Takeover of New York City”.

El alcalde Zohran Mamdani, el primer líder musulmán en el cargo en la historia de la ciudad, era el objetivo simbólico de la manifestación anfitriona.

Fiscales consultados por el diario estadounidense The Philadelphia Inquirer aportaron que imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones de testigos registraron a Balat arrojando uno de los artefactos, que contenía el explosivo conocido como Mother of Satan, cerca de agentes de policía. Según los mismos reportes, su cómplice le alcanzó una segunda bomba casera momentos después.

Las autoridades aseguraron que ninguno de los dispositivos logró detonar, lo que permitió a los agentes actuar con rapidez y detener a ambos acusados.

La investigación determinó que los dos jóvenes se habían autoradicalizado en internet y expresaban admiración por ISIS, aunque hasta el momento no han establecido si existía una relación previa entre ellos. Balat es hijo de ciudadanos estadounidenses naturalizados originarios de Turquía.

La adquisición del material: menos de USD 7 invertidos

Un registro de inicios de marzo, citado por el canal local 6ABC y por el diario estadounidense The Philadelphia Inquirer, documentó la compra realizada por Emir Balat en Phantom Fireworks, una tienda de Penndel, Pensilvania. El joven adquirió un fusible de seguridad para fuegos artificiales de 6,10 metros por apenas USD 6.89.

Según las pesquisas, ese material habría sido utilizado en la preparación de los artefactos explosivos.

A pesar de su historial público, quienes trataban con él no sospechaban tendencias violentas. El comerciante de zapatillas Garry Pozdnyakov, quien conoció a Balat como cliente en Bucks County, aseguró a The Philadelphia Inquirer: “Era un chico normal. Me dio la mano y preguntó por el negocio. Nunca tuve señales de extremismo”.

Pozdnyakov relató que solía acordar las entregas en aparcamientos, donde se encontraba con Balat y su padre, un trabajador de la construcción.

El objetivo: superar la letalidad de la maratón de Boston

La magnitud del plan se hizo evidente tras el arresto, cuando los fiscales difundieron una declaración de Balat recogida por The Philadelphia Inquirer. Allí, el joven afirmó que su propósito era que la acción fallida “superara en letalidad al atentado en la maratón de Boston de 2013”, donde murieron tres personas.

El caso permanece bajo inv

estigación federal sin confirmación oficial sobre el proceso de radicalización de los acusados ni sobre el grado de vínculo previo entre ellos. La biografía digital y comercial de Emir Balat adquiere así un inesperado contraste frente a los hechos recientes que lo han situado en el centro del foco judicial y mediático.

Un ataque violento sacudió el jueves a la comunidad judía de Michigan cuando Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense de origen libanés y de 41 años, embistió con su vehículo el edificio principal de la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, un suburbio al noroeste de Detroit, durante una jornada escolar en la que se encontraban 150 niños presentes.

De acuerdo con la investigación de la FBI, el hecho se considera un acto selectivo de violencia contra la comunidad judía y se enmarca en una escalada internacional de tensión junto a un aumento de incidentes antisemitas, según información de NBC News.

Según datos proporcionados por el departamento de policía local de West Bloomfield y el Departamento de Seguridad Nacional, el conductor fue abatido en el lugar por personal de seguridad de Temple Israel. Dale Young, jefe de policía del municipio, informó en conferencia de prensa que la llamada de alerta al 911 se recibió a las 12:19 y mencionó que se trató de un “evento de tirador activo” en el que el individuo irrumpió deliberadamente en el edificio.

Young señaló que los agentes de seguridad de la sinagoga confrontaron al agresor y lograron neutralizar la amenaza, tal como publicó NBC News. El impacto y el posterior incendio en el inmueble obligaron a evacuar a los menores, que resultaron ilesos; 30 personas asistidas por inhalación de humo, en su mayoría agentes, recibieron atención médica.

Origen, antecedentes y motivaciones bajo escrutinio

La identidad del agresor, Ayman Mohamad Ghazali, sigue en proceso de verificación forense debido al estado en que quedó el cuerpo tras el incendio, según autoridades federales de investigación citadas por NBC News.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Ghazali nació en Mashghara, un municipio del valle de Bekaá en el Líbano, y migró legalmente a los Estados Unidos a través de Detroit en mayo de 2011 con visa de inmigrante por matrimonio, obteniendo la ciudadanía estadounidense en febrero de 2016 luego de solicitarla el año anterior.

Un aspecto relevante en la investigación, según NBC News, es que días antes del ataque Ghazali perdió a varios familiares cercanos —incluidos dos hermanos adultos, una sobrina y un sobrino— durante un bombardeo aéreo israelí sobre Mashghara.

Un funcionario de la municipalidad de Mashghara y el alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, confirmaron que los hermanos de Ghazali integraban Hezbollah, aunque su función exacta en la organización no ha sido precisada ni se sabe si fueron el objetivo directo del ataque aéreo.

El jefe policial de Oakland County, Mike Bouchard, afirmó que el motivo del atentado continúa bajo investigación, a pesar de la cercanía de los hechos familiares mencionados: “Todos nos preguntamos por qué ocurrió esto, pero no podemos operar sobre suposiciones. Debemos determinarlo a través de la investigación”, expresó a la cadena de televisión estadounidense.

Neutralización, daños y respuesta de la comunidad

Desde Temple Israel, que según su página oficial cuenta actualmente con 12 mil miembros pertenecientes a tres mil quinientas familias, se emitió un comunicado de agradecimiento dirigido a los equipos de emergencia y a la comunidad vecina, con especial mención al Shenendoah Country Club y los cuerpos policiales que colaboraron protegiendo a alumnos y profesores durante el operativo.

El director ejecutivo de la Federación Judía Metropolitana de Detroit, Steven Ingber, expresó el apoyo de la comunidad: “Vivimos un momento difícil, pero saldremos adelante y continuaremos siendo orgullosamente judíos. Esto no nos cambiará”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, elogió la actuación del personal de seguridad que “salvó vidas y neutralizó al sospechoso”, así como la rápida respuesta de la policía, según declaraciones publicadas por NBC.

El jefe de policía Bouchard detalló que el incendio generado por el impacto produjo humo denso y peligroso en esa parte del edificio, lo que derivó en que agentes y personal necesitara atención médica. Además, el responsable de seguridad de Temple Israel fue atropellado por el automóvil mientras intentaba detener la arremetida, motivo por el cual resultó hospitalizado, según informó Bouchard.

La investigación, liderada por la FBI Detroit Field Division y bajo la jefatura de la agente especial Jennifer Runyan, continúa abierta para esclarecer tanto el móvil como las circunstancias técnicas del ataque, incluyendo el origen exacto del fuego que consumió parte del templo.

El periodista y activista ambiental Erik Eduardo Saracho Aguilar fue víctima de un ataque armado la mañana del miércoles 11 de marzo en la localidad de San Francisco, conocida como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador fue baleado cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hija a la escuela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de su vivienda.

En ese momento, Saracho acababa de regresar a su casa cuando fue atacado por sujetos armados. Durante la agresión recibió al menos dos disparos en los brazos, lesiones que sufrió al intentar protegerse de los impactos.

Tras el atentado, el propio activista logró resguardarse dentro de su domicilio y pedir ayuda a las autoridades. Posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, se encuentra con vida y en condición estable, aunque permanece bajo observación médica.

Fiscalía investiga tentativa de homicidio

La Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio y peritos acudieron al lugar para recabar evidencias.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el ataque, mientras las autoridades mantienen vigilancia en el domicilio del activista para garantizar su seguridad.

Red Periodística Puerto Vallarta condena el atentado

La Red Periodística Puerto Vallarta (RPPV) condenó enérgicamente el ataque armado contra Erik Saracho y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de periodistas y defensores ambientales en la región.

En un comunicado público, la organización expresó su solidaridad con el comunicador y su familia, y subrayó que la agresión “constituye un atentado directo contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa del territorio y el medio ambiente en México”.

La red también cuestionó la respuesta de las autoridades, al señalar que los cuerpos de seguridad tardaron aproximadamente una hora en llegar al lugar del ataque, lo que calificó como una muestra de la falta de capacidad de respuesta ante hechos de violencia en la región.

Entre sus exigencias, la organización pidió:

• Una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
• Que se considere como línea prioritaria el posible vínculo del ataque con la labor periodística y ambiental de la víctima.
• Medidas de protección para Erik Saracho, su familia y su hija.
• Un pronunciamiento público de las autoridades sobre la gravedad del atentado.

Asimismo, la Red Periodística Puerto Vallarta llamó a organizaciones de periodistas y de derechos humanos a mantenerse atentas al caso y a denunciar cualquier intento de silenciar el periodismo o la defensa ambiental mediante la violencia.

Alianza Jaguar también se pronuncia

Saracho ha participado en la defensa del territorio y la protección del jaguar, siendo presidente de la asociación Alianza Jaguar.

En un pronunciamiento público, integrantes de la comunidad de conservación señalaron que el ataque ha generado profunda preocupación entre organizaciones civiles, comunidades y especialistas en biodiversidad.

En el documento destacaron que Saracho se ha distinguido por su compromiso con la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades del Pacífico mexicano, además de visibilizar riesgos socioambientales asociados a actividades que podrían afectar los ecosistemas de la región.

Los especialistas advirtieron que agredir a una persona defensora del medio ambiente representa una amenaza al derecho colectivo a un entorno sano y a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en México.

Por ello, exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva, imparcial y expedita, así como medidas efectivas de protección. Finalmente, hicieron un llamado a instituciones, academia, organizaciones civiles y a la sociedad a cerrar filas frente a la violencia contra quienes defienden el territorio y la biodiversidad del país.

¿Quién es Erik Saracho?

Erik Saracho es conocido en la región por su trabajo como ambientalista y defensor del territorio, además de su trayectoria como periodista. También es director de la organización Alianza Jaguar, dedicada a la protección ambiental y a denunciar impactos de proyectos inmobiliarios en la Riviera Nayarit.

En los últimos años ha participado en movimientos que cuestionan desarrollos turísticos y urbanísticos en la zona, lo que lo ha colocado en medio de conflictos con empresas y desarrolladores.

Diversas organizaciones y colectivos han condenado el atentado y exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y medidas de protección para el activista y su familia.

El caso ha vuelto a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y defensores ambientales en México, quienes con frecuencia denuncian amenazas y agresiones vinculadas con su labor.

Mientras se reforzó la seguridad en varios puntos sensibles de la Argentina a causa de la Guerra de Medio Oriente, este miércoles por la mañana las autoridades de la AMIA denunciaron que, durante la madrugada, recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba que habían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente.

En dicho correo, se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes.

Ante la amenaza, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA realizó una inspección interna y externa. El resultado fue negativo respecto a explosivos.

Al mismo tiempo, personal específico efectuó levantamiento de metadatos con el objetivo de lograr identificar la IP del remitente. En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Ramos, Secretaría N° 18, de Pablo Andrés Febre.

Yihad Islámica Palestina es un grupo yihadista e islamista sunita, que tiene, según los reportes, respaldo iraní. Considerado terrorista por Estados Unidos e Israel, entre otros países, protagonizó ataques suicidas con bombas, atentados con explosivos y secuestros en diferentes puntos de la región.

Su principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por un Estado islámico en los territorios palestinos.

Las fuentes consultadas por este medio destacaron que no creen que el mail enviado a la AMIA sea una amenaza directa de un grupo terrorista. Por el contrario, estiman que podría tratarse de un mensaje interno destinado al Gobierno argentino con motivo del apoyo a los países aliados en la guerra contra Irán.

El atentado a la Embajada de Israel en Argentina ocurrió el 17 de marzo de 1992. El ataque terrorista dejó 22 muertos y 242 heridos. Destruyó la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en la calle Arroyo.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur. Es considerado el ataque terrorista más grave de la historia argentina, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Puntos sensibles en Argentina

Desde el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la “Operación Furia Épica” con el fin de frenar el avance nuclear de Irán, Argentina elevó el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional luego de respaldar la ofensiva de esos países en Medio Oriente.

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico; se reforzó la seguridad en fronteras, aeropuertos, represas y centrales nucleares.

El incidente se produjo alrededor de las 18:25 en la Murtenstrasse, la calle principal de Kerzers, una localidad de poco más de 4.000 habitantes situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna. El vehículo involucrado era un PostBus, los característicos autobuses amarillos que operan bajo el paraguas del servicio postal suizo y que constituyen la columna vertebral del transporte público en zonas rurales y semiurbanas del país. La red de PostBus transporta cada año a decenas de millones de pasajeros en rutas que conectan municipios de difícil acceso ferroviario, y es considerada uno de los servicios más seguros y puntuales de Europa.

Entre los heridos, cuatro eran pasajeros del autobús y uno era un paramédico que intervino en las labores de rescate, según informó la emisora pública suiza SRF. Tres de los cinco se encuentran en estado crítico. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero al hospital por la gravedad de sus lesiones. Las autoridades acordonaron la zona e instalaron un perímetro de seguridad en torno al lugar, y pidieron a la población que se mantuviera alejada y siguiera las instrucciones de los servicios de emergencia desplegados en el lugar.

El diario suizo Blick, que fue el primero en informar sobre el suceso, recogió el testimonio de un testigo presencial que asegura haber visto a un hombre rociarse con gasolina y prenderse fuego dentro del vehículo. Otros testigos citados por el mismo medio relataron hechos similares. Sin embargo, la policía de Friburgo no confirmó esa versión específica y se limitó a señalar que la causa del incendio responde a una acción humana intencional perpetrada por un único individuo. La fiscalía abrió una investigación formal para esclarecer los móviles y las circunstancias exactas del ataque.

Suiza vivió hace poco más de dos meses otro incendio de consecuencias devastadoras. En la madrugada del 1 de enero, un siniestro en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, también en el cantón de Valais, mató a 41 personas e hirió a otras 116 en lo que se convirtió en uno de los peores desastres de este tipo en la historia reciente del país. Aquel caso fue objeto de una investigación penal centrada en las condiciones del local y las posibles negligencias en materia de seguridad contra incendios, y aún se encuentra en fase de instrucción judicial.

Kerzers, conocida en francés como Chiètres, es una localidad bilingüe del cantón de Friburgo, región que comparte la frontera lingüística entre el alemán y el francés. La zona, de carácter marcadamente rural, carece de conexión ferroviaria directa con Berna, lo que convierte al PostBus en el principal medio de transporte colectivo para sus habitantes. El autobús que ardió el martes operaba en una de esas rutas interurbanas cotidianas, lo que explica la presencia de pasajeros a esa hora de la tarde.

La policía cantonal de Friburgo anunció que publicará nueva información en cuanto disponga de datos confirmados sobre las causas y la identidad del autor. Las autoridades no descartaron en la rueda de prensa que el número de víctimas mortales pueda aumentar, dado el estado crítico de al menos tres de los heridos. La imagen del autobús postal en llamas en el centro de una apacible localidad suiza volvió a poner sobre la mesa la fragilidad del espacio público ante actos de violencia imprevisibles, en un país que presume de tener uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa.

Testigos y registros de cámaras de seguridad muestran que la detonación generó un clima de pánico y caos. Hubo una estampida tanto dentro como fuera del recinto, con asistentes que corrían en todas direcciones intentando ponerse a salvo. Varias personas resultaron lesionadas por la onda expansiva y el tumulto, y se observaron mesas volcadas, vidrios rotos y manchas de sangre en la ropa de algunos de los presentes. Muchos de los afectados recibieron ayuda de otros asistentes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los servicios sanitarios trasladaron a los heridos a dos centros de salud de la ciudad: el Hospital Belén de Trujillo y el Hospital Regional Docente de Trujillo. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, 17 pacientes permanecen bajo observación en el Hospital Belén, mientras que otros 16 fueron atendidos en el Hospital Regional, uno de ellos en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas, aunque las autoridades continúan evaluando la evolución de los hospitalizados.

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de ambulancias, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los rescatistas trabajaron para evacuar a los heridos y restablecer el orden en la zona, mientras la policía aseguraba el perímetro y facilitaba el traslado de las víctimas.

El comunicado de Amor Rebelde y el avance de las investigaciones

Horas después de la explosión, Amor Rebelde recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado y tranquilizar a sus seguidores. El mensaje comenzó con un gesto de pesar: “Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos”.

El grupo también se refirió de manera directa al estado de sus integrantes: “Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien”.

La agrupación sumó un mensaje de solidaridad con las personas afectadas: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento”.

El comunicado concluyó con una reflexión y un pedido por la pronta recuperación de los heridos: “Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados”.

La publicación fue compartida y comentada por seguidores, familiares y colegas del ambiente musical, quienes expresaron mensajes de aliento y respaldo a la banda y a las víctimas. Amor Rebelde reiteró en distintos mensajes que todos sus músicos se encuentran fuera de peligro y agradeció el apoyo recibido.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen del artefacto explosivo y la identidad de los responsables. La Policía Nacional y la Fiscalía analizan grabaciones de cámaras de seguridad, recogen testimonios de los presentes y recolectan evidencias en el lugar de los hechos. El objetivo es esclarecer las circunstancias del atentado y prevenir futuros episodios de violencia en locales nocturnos.

Durante un acto celebrado en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Mujer, el expresidente de Vox y exeurodiputado del Partido Popular (PP), Alejo Vidal Quadras, asistió junto a figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, quienes afirmaron acudir al evento para escuchar a la activista cubana Rosa María Payá, fundadora del movimiento 'Cuba decide'. Según informó el medio, la participación de Payá atrajo a diversos asistentes vinculados tanto a la política española como a la oposición política cubana, sin que existiera una invitación formal por parte del PP para algunos de ellos.

El evento, titulado 'Mujeres Libres', fue organizado por el Partido Popular en el Congreso unas jornadas antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En este contexto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó un tramo de su intervención a rendir homenaje a Alejo Vidal Quadras, recordando el atentado que sufrió el 9 de noviembre de 2023 en Madrid. De acuerdo con lo publicado por el medio, Feijóo expresó su “respeto, solidaridad y apoyo” tanto a nivel personal como en representación de su partido hacia Vidal Quadras, aludiendo al ataque como un acto perpetrado con intención de asesinato por personas vinculadas al régimen iraní.

En referencia a este atentado, en el que Alejo Vidal Quadras fue alcanzado por un disparo en el rostro cuando caminaba cerca de su vivienda, Feijóo subrayó el carácter político del acto y responsabilizó del mismo a “los secuaces del régimen iraní”. Tal como consignó el medio, la investigación judicial determinó que el ataque fue un intento de asesinato por motivos terroristas. El caso está en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha procesado a ocho personas acusadas de integrar una organización criminal y de tentativa de asesinato terrorista.

El suceso tuvo un gran impacto dentro del ámbito político español, debido a la relevancia de la figura de Vidal Quadras, quien fue uno de los fundadores y primer presidente de Vox antes de continuar su trayectoria política en el PP y en el Parlamento Europeo, donde llegó a ocupar la vicepresidencia. La agresión, ocurrida en pleno centro de Madrid, intensificó el debate público sobre la amenaza de actuaciones violentas ligadas a actores extranjeros.

Según detalló el medio, la asistencia de otras personalidades cercanas a Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, también se explicó por la presencia de Rosa María Payá, voz prominente de la oposición cubana. Ambos aseguraron a los periodistas que su interés en el acto se centraba en la intervención de Payá, motivados por los vínculos familiares y personales de Monasterio con Cuba y con los movimientos democráticos contrarios al régimen cubano. Monasterio, ex portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, forma parte de una familia de origen cubano, lo que ha orientado parte de su actividad política.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la estructura del evento ‘Mujeres Libres’ permitió la confluencia de múltiples voces políticas y de la sociedad civil en torno a temas relacionados con la libertad y la denuncia de regímenes autoritarios. Dentro de este marco, Feijóo aprovechó para reafirmar la posición del PP respecto a la condena de la violencia política y para identificar el atentado contra Vidal Quadras como un hecho que trasciende la política nacional, relacionándolo directamente con la actividad de regímenes extranjeros como el iraní.

La causa judicial abierta tras el ataque ha centrado la atención sobre la cooperación internacional en la investigación de atentados terroristas con posibles implicaciones diplomáticas, según reportó el medio. El juez Santiago Pedraz ha imputado a los detenidos delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista, en una causa que sigue activa y bajo seguimiento mediático.

El evento también sirvió para que el presidente del PP expresara el compromiso de su partido con la defensa de los derechos y la integridad de sus miembros y simpatizantes, especialmente frente a amenazas que puedan provenir desde fuera del territorio nacional. Según añadió el medio, la alocución de Feijóo recalcó la importancia de mostrar una postura de unidad ante acontecimientos que intentan desestabilizar la convivencia democrática.

El ataque a Vidal Quadras sigue generando reacciones dentro del arco parlamentario y entre los representantes de diversas formaciones políticas. El caso también reavivó la discusión sobre la exposición de figuras relevantes en la vida pública a riesgos derivados de sus posiciones ideológicas y su actividad internacional. De acuerdo con la información publicada, la intervención de Feijóo recordó tanto la trayectoria política de Vidal Quadras como el carácter especialmente grave de este tipo de atentados vinculados a intereses de gobiernos externos.

El acto en el Congreso reunió así a diferentes representantes de la política nacional y activistas ligados a causas internacionales, reflejando las alianzas y preocupaciones compartidas ante la amenaza de la violencia política y los desafíos globales que esta representa, según recogió el medio.

“Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años”, afirmó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

Basso explicó que el impulso del proceso estuvo condicionado durante años por la situación de los imputados. “Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban”, señaló. Según indicó, ese escenario cambió con la sanción de la nueva norma: “Recién cuando el año pasado se dictó la ley de juicio en ausencia es que ahí pudimos avanzar”.

En ese marco, el fiscal fue categórico al referirse a la autoría del atentado. “Fue Hezbolá el que hizo el atentado”, afirmó, y agregó que la organización actuó bajo directivas del régimen iraní. “Hezbolá es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado”, sostuvo.

Consultado sobre el estado del expediente, Basso remarcó que la acusación se apoya en elementos concretos. “No son pistas, son evidencias”, dijo, al diferenciar la investigación actual de las múltiples hipótesis que circularon a lo largo de los años sobre el ataque. “Si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad”, agregó.

El fiscal también se refirió a la disponibilidad de la fiscalía para avanzar a la etapa oral. “Por el lado de la fiscalía estaríamos en condiciones de ir mañana al juicio oral”, expresó, aunque aclaró que los tiempos no dependen de su área. “Tenemos que respetar los tiempos judiciales. Yo dependo de lo que hagan los jueces y cuánto tardan los jueces en decidir acá en Argentina”, afirmó.

En relación con los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, Basso defendió la norma sancionada por el Congreso. “Las leyes son el resultado de la votación del pueblo argentino”, señaló. Y añadió: “A menos que sea una ley con vicios muy fuertes, toda ley se presume constitucional”.

Ayer se conoció que el fiscal solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.

Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.

La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

La Policía Metropolitana de Cali frustró un posible atentado contra la Fuerza Pública tras capturar en flagrancia a un joven de 20 años que transportaba un artefacto explosivo artesanal en el oriente de la ciudad, según información obtenida por Semana. El operativo se realizó en medio de los controles de seguridad desplegados de cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo 8 de marzo.

Las autoridades señalaron que el sospechoso fue detenido durante patrullajes de control en el barrio Marroquín 13, zona que pertenece a la jurisdicción de la estación de Policía El Diamante, lugar que, según las primeras hipótesis, podría haber sido el objetivo del ataque.

El procedimiento permitió neutralizar el artefacto explosivo y evitar un posible atentado que habría puesto en riesgo tanto a los uniformados como a los ciudadanos del sector, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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Las autoridades de Cali mantienen un amplio despliegue de seguridad en toda el área metropolitana con el objetivo de garantizar la integridad de los ciudadanos y proteger el proceso electoral que se desarrollará este fin de semana. En ese contexto se han intensificado los patrullajes, los controles policiales y las acciones de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para prevenir posibles hechos de violencia.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, informó que la rápida reacción de las unidades permitió frustrar el posible atentado y realizar la captura del sospechoso en flagrancia. Según explicó el oficial, el procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje preventivo que permitieron identificar al joven cuando transportaba el artefacto explosivo artesanal.

“La acción inmediata de nuestras unidades de policía permite la captura en flagrancia de un posible terrorista, la neutralización de un artefacto explosivo artesanal en el oriente de Cali”, señaló el coronel Milton Melo, citado por ese medio de comunicación.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el sospechoso fue interceptado en el barrio Marroquín 13 mientras portaba el elemento explosivo. Los uniformados lograron asegurar el artefacto y activar los protocolos de seguridad para evitar cualquier detonación que pudiera poner en riesgo a la comunidad.

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el objetivo del ataque podría haber sido la estación de Policía El Diamante, ubicada en esa zona de la ciudad. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer con precisión las intenciones del capturado y determinar si otras personas estarían involucradas en el plan.

Tras el procedimiento, el joven de 20 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según informó la Policía, deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como por el manejo de explosivos.

El caso generó pronunciamientos de autoridades locales, quienes destacaron la reacción oportuna de la Policía Nacional para evitar un posible atentado. Entre ellos se pronunció el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, quien resaltó la importancia del operativo realizado por las unidades policiales.

El funcionario señaló que la captura del sospechoso permitió evitar un hecho que habría puesto en riesgo tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a los ciudadanos del sector. Asimismo, pidió que las autoridades avancen con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Mendoza Castrillón también solicitó que se identifique a posibles responsables adicionales que pudieran estar vinculados con el plan delictivo. En ese sentido, insistió en la necesidad de que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones correspondientes para determinar si existen otras personas involucradas.

“Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la seguridad y la convivencia pacífica en Santiago de Cali”, manifestó el personero de la ciudad, citado por ese medio de comunicación.

El caso se produce en medio de un contexto de refuerzo de las medidas de seguridad en distintas regiones del país debido a la cercanía de las elecciones legislativas. Las autoridades han intensificado los operativos de vigilancia para prevenir hechos de violencia que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral.

En Cali, la Policía ha desplegado patrullajes, controles y labores de inteligencia con el objetivo de detectar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad de la ciudad. Estas acciones buscan garantizar que la jornada electoral se realice con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad.

Una serie de allanamientos simultáneos en el sudoeste de Rosario culminó este martes con la detención de una mujer, señalada en una causa por intimidación pública y lesiones con arma de fuego, iniciada a raíz del ataque a tiros a un supermercado a finales de febrero.

La investigación, encabezada por la fiscal Marisol Barros de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se centra en un violento episodio, que dejó como saldo una persona herida y profundizó la preocupación por la seguridad en esa zona de la ciudad.

Como parte de la investigación, las autoridades identificaron a Y. E. S., de 26 años, quien habría cumplido funciones de vigilancia en el hecho investigado. De acuerdo con fuentes del MPA, la mujer será imputada en los próximos días por su posible vínculo con el ataque, que ya tiene a dos hombres bajo arresto desde las primeras etapas de la pesquisa.

Durante los operativos, que se desplegaron en tres viviendas ubicadas en un pasillo de Avellaneda al 4700, los efectivos secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Entre los objetos incautados se cuentan cinco teléfonos celulares, dos documentos nacionales de identidad, diversas prendas de vestir y calzado, una mochila con documentación, dinero en efectivo y una motocicleta Keller 110 cc. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía y será sometido a peritajes para determinar su eventual relación con el ataque armado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la orden para los allanamientos fue emitida por el juez Alejandro Negroni a solicitud de la fiscal Barros, en el marco de la investigación orientada a esclarecer la mecánica del hecho y la participación de cada uno de los implicados.

La balacera sucedió el 22 de febrero en las inmediaciones de Ocampo y Chacabuco, en el ingreso al estacionamiento de un supermercado de una reconocida cadena.

En consecuencia, un individuo resultó herido por disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el estacionamiento del lugar. La respuesta de las autoridades incluyó la recolección de pruebas y testimonios que, semanas después, permitieron avanzar en la identificación de presuntos responsables.

La investigación de la UVAL se apoya en el análisis de cámaras de seguridad, peritajes balísticos y testimonios recogidos en la escena. Los pesquisas consideran que el ataque podría estar vinculado a disputas previas, aunque por el momento la causa está caratulada como intimidación pública y lesiones con arma de fuego, sin descartar otras hipótesis conforme avance la recolección de pruebas.

Por esto mismo, la fiscal sostiene que el cliente herido fue una víctima circunstancial de un episodio que tenía como objetivo instalar un mensaje y no necesariamente causar muertes directas. El trabajo ahora se centra ahora en determinar la cadena de mando y el grado de planificación detrás de la secuencia de ataques, así como el vínculo entre los distintos hechos ocurridos en Rosario en las últimas semanas.

La causa tuvo otra actualización durante el fin de semana, cuando la Policía logró detener a uno de los sospechosos del ataque. Se tata de S. L., señalado como el conductor de la motocicleta desde la cual se efectuaron los disparos.

El arresto se concretó en la vía pública, donde S. L. se encontraba acompañado por otro hombre, quien fue demorado pero no formalmente detenido.

El presidente Gustavo Petro respondió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recordando el “atentado” que sufrió en Cúcuta durante su campaña presidencial de 2018 y reclamando la falta de investigación oficial sobre esos hechos.

Petro afirmó: “Este es el atentado hecho contra mí en Cúcuta cuando era candidato presidencial en el año 2018”, y señaló que la agresión no recibió seguimiento judicial.

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La controversia surgió después de que Rendón publicara en X: “¡La verdad pelea sola! A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales”.

El gobernador criticó el manejo de la seguridad en la actual administración y cuestionó la protección que reciben las autoridades locales ante riesgos y ataques recientes, mencionando casos como el de Miguel Uribe y los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi.

Petro recuerda el atentado de 2018 en Cúcuta

En su respuesta, Petro compartió el video del incidente y aseguró: “Mostré este video al presidente Trump. Análisis independiente forense demostró a través del análisis de las ondas sonoras que había disparos de armas automáticas”.

El mandatario reiteró que nunca hubo una investigación formal por parte del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, e implicó a la policía local en la emboscada: “La policía local me llevó a una emboscada organizada por la mafia más poderosa del lugar”.

Según la versión de Petro, el atentado ocurrió en plena campaña presidencial y fue presentado ante autoridades internacionales. El presidente subrayó que, pese a la gravedad del hecho, el caso fue ignorado por el sistema judicial colombiano. Esta afirmación busca responder a las críticas sobre el manejo de la seguridad y la supuesta minimización de los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos bajo su mandato.

Debate sobre garantías de seguridad en Colombia

El cruce entre Petro y Rendón se produjo tras una serie de comentarios del presidente sobre la seguridad en Hidroituango, donde negó la existencia de un atentado y sugirió que desconocía las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a una reunión en la zona. A esto, Rendón replicó con una lista de hechos violentos recientes y la acusación de que el gobierno nacional resta importancia a las alertas emitidas por mandatarios locales.

El gobernador enfatizó la necesidad de que el Estado garantice la seguridad de alcaldes, gobernadores y sus equipos, y criticó la política de diálogo con “gestores de paz” mientras, según él, se desestiman amenazas reales contra autoridades legítimas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tomaron la decisión de cancelar su visita a la central hidroeléctrica de Hidroituango, argumentando riesgos significativos para la seguridad. Durante una rueda de prensa, ambos señalaron que la infraestructura ha sido objeto de amenazas constantes por parte de grupos armados ilegales, lo que obligó a reconsiderar la realización del evento.

Los equipos de seguridad de ambas administraciones alertaron sobre posibles peligros detectados en las inspecciones previas a la visita. Estas advertencias incluyeron información sobre la presencia de drones sobrevolando la zona y la posibilidad de ataques que pondrían en riesgo tanto a los funcionarios como a los periodistas y empleados de EPM que estarían presentes. La prioridad de los mandatarios fue evitar cualquier situación que expusiera a los asistentes a un posible atentado.

El gobernador Rendón mencionó que existen indicios de que organizaciones criminales habrían planificado un apagón a gran escala con el fin de influir en el proceso electoral. Además, resaltó que la hidroeléctrica ha sufrido múltiples atentados en los últimos dieciocho meses, incluyendo el derribo de torres de energía y actos de extorsión contra EPM.

Ambos funcionarios relacionaron el agravamiento del clima de inseguridad con la política de Paz Total del Gobierno nacional. Según Gutiérrez, esta estrategia ha permitido el fortalecimiento de grupos armados como las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, incrementando la vulnerabilidad tanto de la población civil como de quienes se oponen al gobierno actual.

El 26 de febrero de 1993, la ciudad de Nueva York experimentó un evento traumático que alteraría para siempre la noción de seguridad ciudadana en suelo estadounidense, marcando el abrupto final de la inocencia para un país que acababa de emerger como el gran vencedor de la Guerra Fría.

En aquella época, los diarios locales reflejaban la tranquilidad de una sociedad que, huérfana del bloque soviético, aún no esperaba enfrentarse a un nuevo y letal enemigo. No obstante, a las 12:17 o 12:18 del mediodía de aquel fatídico viernes, una explosión ensordecedora hizo temblar hasta las entrañas los cimientos del complejo del World Trade Center, situado en el pujante bajo Manhattan.

La detonación, de una ferocidad inusitada, abrió un cráter gigantesco de casi treinta metros de ancho y una profundidad que devoró seis pisos enteros hacia abajo en la cochera subterránea. Resulta insoslayable recordar que, apenas ocho años más tarde, en el fatídico 11 de septiembre (11-S) de 2001, ese mismo sitio sería el escenario de una tragedia aún mayor, convirtiéndose en el atentado más grande y mortífero jamás registrado en suelo estadounidense.

Las primeras horas posteriores al brutal estallido de 1993 estuvieron teñidas por una profunda incertidumbre y un caos desolador. La confusión era de tal magnitud que prestigiosos medios, como el mismísimo New York Times, llegaron a preguntarse de forma genuina si un avión había chocado accidentalmente contra el imponente edificio.

En un comienzo, y tratando de calmar las aguas, diversas fuentes oficiales sugirieron que, ante la absoluta falta de un llamado de advertencia previo, lo más probable era que se tratara de una explosión accidental, un simple infortunio técnico. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura.

El humo denso, asfixiante y las llamas implacables comenzaron a llenar la herida estructural, ascendiendo como una chimenea por el interior del rascacielos. Las escenas que se vivieron en ese momento fueron de un dramatismo desgarrador: miles de oficinistas, presos del pánico y cubiertos por una gruesa capa de hollín negro, se vieron forzados a evacuar de urgencia, huyendo a través de escaleras oscuras, atestadas de humo, privadas de energía eléctrica y sin la ayuda de letreros luminosos que marcaran el camino.

El periodismo de aquellos días se abocó a narrar historias de un profundo interés humano que conmovieron a la opinión pública, destacándose la odisea de una mujer en silla de ruedas que debió ser bajada a pulso por sus compañeros desde el piso 66, o la angustia de una clase entera de niños de preescolar que permaneció encerrada dentro de un ascensor durante interminables horas.

El saldo trágico de la jornada fue devastador: seis personas perdieron la vida de forma instantánea y más de mil resultaron heridas, muchas padeciendo la compresión de extremidades o graves problemas por la inhalación de humo.

En medio de semejante desconcierto y con la población sumida en el temor, las autoridades estadounidenses recibieron más de medio centenar de llamadas telefónicas de individuos y agrupaciones adjudicándose la autoría intelectual y material del atentado, situación que se sumó a un puñado de falsas amenazas de bomba diseminadas por toda la metrópoli neoyorquina.

Con escasas pistas firmes en sus manos, el gobierno dio verdaderos “manotazos al aire” en las primeras horas de la investigación. Se barajaron hipótesis infundadas que señalaban como posibles instigadores al líder libio Muammar al-Gaddafi o al dictador iraquí Saddam Hussein; esa última teoría cobró particular fuerza en el imaginario gubernamental, dado que el atentado coincidía exactamente con el segundo aniversario de la derrota militar iraquí a manos de las fuerzas norteamericanas en Kuwait.

Para comprender la verdadera génesis de ese oscuro episodio, es necesario retroceder hasta el 1 de septiembre de 1992. Fue en ese momento cuando arribaron a territorio estadounidense, provenientes de Pakistán, dos de los conspiradores fundamentales: Ahmad Ajaj y quien sería considerado el “cerebro” maestro detrás de la operación, Ramzi Yousef. El ingreso de esos individuos estuvo marcado por una serie de errores garrafales e inexplicables en los controles de inmigración, fallas sistemáticas que prefigurarían las negligencias previas al 11-S.

Al revisar su equipaje, los agentes de aduana detectaron que Ajaj viajaba portando un pasaporte sueco muy mal falsificado; de inmediato procedieron a confiscarle su valija, en cuyo interior hallaron voluminosos manuales para la fabricación de explosivos y variada propaganda de neto corte antiestadounidense. Ajaj fue encarcelado, pero, de manera incomprensible, su compañero de viaje corrió con una suerte muy distinta. Viajando bajo una identidad apócrifa con un pasaporte iraquí a nombre de Abdel Basit Mahmoud, Yousef solicitó asilo político; si bien fue formalmente arrestado por ingresar sin la visa correspondiente, fue liberado bajo su propia responsabilidad y se le franqueó la entrada al país. Esa indulgencia institucional le otorgó la libertad de movimientos necesaria para ejecutar su letal proyecto.

Una vez afincado en la costa este, el 1 de octubre de 1992, Yousef alquiló una modesta habitación en el barrio de Little Egypt, en Jersey City, estado de Nueva Jersey. Allí se alió con otro engranaje fundamental de la conspiración: Mohammad Salameh. Juntos, comenzaron a adquirir materiales para el armado de la bomba, almacenándolos inicialmente en un casillero rentado por el propio Salameh. La logística avanzó a paso firme cuando, el primer día de 1993, Salameh alquiló también un departamento equipado con una amplia cochera en Jersey City, que se transformaría en una verdadera fábrica clandestina de armamento. Durante varias semanas de meticuloso trabajo, el grupo ensambló un masivo artefacto explosivo de aproximadamente 680 kilogramos.

Para amplificar la devastación del impacto, adquirieron varios tanques repletos de gas hidrógeno, los que colocarían estratégicamente junto a la mezcla letal. A la célula se sumó Eyad Ismoil, un asociado de Yousef que voló a Nueva York apenas unos días antes del atentado.

La preparación culminó el 23 de febrero, cuando Salameh alquiló una camioneta grande que, en un burdo intento por conseguir una coartada, denunció como robada dos días más tarde.

En la madrugada del mismísimo 26 de febrero, Mahmoud Abouhalima, otro conspirador, se encargó de llenar los tanques de combustible tanto de su propio auto como de la camioneta alquilada. Poco después, Yousef, Abouhalima, Salameh e Ismoil emprendieron el último tramo de su recorrido hacia el bajo Manhattan. Al llegar, estacionaron el vehículo cargado de explosivos en el subsuelo del World Trade Center. La explosión programada para el mediodía les dio tiempo suficiente para dispersarse: el conductor Ismoil huyó hacia Jordania, mientras que el estratega de la operación, Yousef, se embarcó en un vuelo con destino a la ciudad de Karachi, Pakistán, esa misma tarde.

Ante semejante embate, la maquinaria de inteligencia y seguridad estadounidense se movilizó a una escala sin precedentes. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Nueva York instalaron rápidamente un centro de mando para liderar la búsqueda de los autores del hecho.

Estaban sin dudas frente a un atentado terrorista de gran escala. La confirmación material llegó asombrosamente rápido. La inmensa investigación, que en su punto más alto llegó a movilizar a unos 700 agentes del FBI esparcidos por el mundo entero, dio un resultado clave apenas dos días después del estallido. Entre la montaña de escombros del estacionamiento, los forenses rescataron una pieza de chatarra carbonizada y completamente retorcida perteneciente al chasis del vehículo explosivo. Los terroristas habían intentado borrar el Número de Identificación Vehicular (VIN), pero los especialistas lograron reconstruirlo y cruzarlo con sus bases de datos.

El resultado fue contundente: el número correspondía a la camioneta alquilada y falsamente reportada como robada por Mohammad Salameh. El accionar policial no se hizo esperar. El 4 de marzo, demostrando una notable mezcla de osadía y torpeza, Salameh se apersonó en la agencia de alquiler con la vana intención de reclamar los cuatrocientos dólares que había dejado como depósito de garantía. Allí lo estaba esperando un equipo táctico SWAT del FBI que procedió a su inmediata detención.

En sus bolsillos portaba el contrato de alquiler, el que luego de ser examinado reveló inequívocos restos químicos del explosivo y la dirección exacta del departamento de Jersey City. Tras allanar dicho inmueble, las autoridades descubrieron a un cómplice, Abdul Rahman Yasin, quien de forma inexplicable no fue puesto bajo custodia y, aprovechando la negligencia, abandonó el país al día siguiente volando hacia Irak. A pesar de ese traspié, las detenciones continuaron en cadena: Abouhalima fue apresado en Egipto el 10 de marzo, el mismo día en que las fuerzas federales capturaron a Nidal Ayyad en Nueva Jersey. Un quinto individuo, Bilal Alkaisi, decidió entregarse a la policía a finales del mismo mes. A la par, el FBI logró identificar un perfil de ADN presente en la saliva utilizada para sellar un sobre enviado a un diario, lo que permitió cimentar la evidencia física contra la organización criminal que había reivindicado el atentado.

El peso de la ley recayó sobre los acusados en un juicio de altísima visibilidad que comenzó el 16 de septiembre de 1993. La fiscalía desplegó un caso abrumadoramente sólido, particularmente en contra de Salameh y de Ayyad. La participación de Salameh quedó exhaustivamente documentada a lo largo de cada una de las etapas del complot, mediante una avalancha de registros telefónicos, transacciones bancarias y recibos de alquileres comerciales. Ayyad, por su lado, fue sindicado como el principal portavoz comunicacional del grupo. De su computadora personal, los peritos informáticos recuperaron el borrador de un comunicado redactado para ser enviado al New York Times. En este escrito, la organización que se autodenominaba “Quinto Batallón del Ejército de Liberación” no solo asumía la total responsabilidad por la devastación causada en las Torres Gemelas, sino que exigía que el gobierno de Estados Unidos cesara todo tipo de asistencia financiera y militar al Estado de Israel.

La evidencia física ubicaba a Abouhalima repetidas veces en el departamento-fábrica de bombas y en la estación de servicio durante la mañana del atentado. Por su parte, Ajaj, a pesar de haber pasado la totalidad de la fase de ejecución tras las rejas, fue formalmente implicado como un estrecho colaborador de Yousef y se lo acusó de haber ingresado los manuales de fabricación de explosivos desde su periplo en Pakistán. A lo largo de las maratónicas sesiones judiciales, los abogados defensores ensayaron como argumento central la idea de que Yousef, el verdadero autor intelectual aún prófugo, había embaucado a los acusados, utilizándolos como meros partícipes involuntarios en su juego.

Tras cuatro intensos meses de debates, la exhibición de mil pruebas materiales incriminatorias y la comparecencia de más de 200 testigos, el 4 de marzo de 1994 se dictó el fallo: Salameh, Ayyad, Abouhalima y Ajaj fueron hallados culpables de la totalidad de los cargos y cada uno fue sentenciado a cumplir la condena de 240 años en una prisión federal.

Pero la historia no terminó con la condena de esos eslabones de la cadena; el verdadero estratega seguía suelto. Tras una exhaustiva cacería humana a nivel internacional que se prolongó por dos largos años, Ramzi Yousef fue finalmente acorralado y capturado en Pakistán durante el mes de febrero de 1995, para luego ser extraditado a Estados Unidos.

En el otoño de 1997, tanto Yousef como Ismoil —el conductor de la camioneta que había escapado a Jordania y que fue detenido en 1995— enfrentaron a la justicia y fueron condenados por sus actos. Abdul Yasin se mantiene como el único gran prófugo de la célula original.

Las pesquisas subsiguientes al atentado y las frías confesiones del propio Yousef sacaron a la luz planes que superaban con creces la destrucción perpetrada en las cocheras aquel febrero de hace 33 años. La ambición de Yousef no era simplemente volar el estacionamiento, sino utilizar la inmensa explosión para que una de las Torres Gemelas colapsara sobre la otra, borrando del mapa a ambas estructuras en un efecto dominó cargado de muerte.

Más alarmante aún resultó el descubrimiento en los depósitos clandestinos de Jersey City: el resto de la banda que no había sido detenida en un principio, contaba con una cantidad de gas cianuro de hidrógeno suficiente como para envenenar y aniquilar a toda la población de una ciudad.

Los planes del grupo que era conducido por el clérigo ciego Omar Abdel-Rahman eran mayores: el 24 de junio de 1994, agentes del FBI irrumpieron en un galpón del distrito de Queens y detuvieron a miembros de otra célula criminal que armaba bombas diseñadas para detonar simultáneamente en lugares emblemáticos como la sede de las Naciones Unidas, los estratégicos túneles Holland y Lincoln, y hasta la mismísima oficina del FBI en Nueva York. Yousef, además, fantaseaba desde la clandestinidad con el derribo sincronizado de aviones comerciales estadounidenses en pleno vuelo.

En una dolorosa retrospectiva histórica, el atentado de 1993, que inauguró la era del terrorismo de Medio Oriente en suelo estadounidense, operó como un trágico y mortal ensayo general para la devastación definitiva que acontecería el 11 de septiembre de 2001. Las agencias de inteligencia tardarían años en trazar los nexos definitivos entre los terroristas de 1993 y la red extremista Al Qaeda, pasando por alto la crucial advertencia de que Yousef había recibido entrenamiento en los campamentos paramilitares afganos dirigidos por Osama Bin Laden.

Para cerrar ese círculo, sería el propio tío de Ramzi Yousef, Khalid Sheikh Mohammed, quien regresaría a la escena mundial como el cerebro de los ataques del 11-S, realizando la tarea que su sobrino no pudo completar.

Tras el estupor del primer atentado de 1993, los habitantes de Nueva York, amparados por la rápida labor de remoción de escombros y la veloz restauración de los servicios eléctricos, volvieron a su rutina. Como resumió un vecino en declaraciones a The New York Times, existía la creencia de que “en Nueva York te esperas más que te roben que que te explote una bomba terrorista”. Esa convicción quedó enterrada para siempre ocho años después, cuando el mundo entero comprendió que, al chocar aviones de línea transformados en kamikazes, el terrorismo había cambiado la historia para siempre.

Después de 26 días hospitalizado, el diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Torres Félix, fue dado de alta este lunes tras haber sido víctima de un atentado armado en el centro de Culiacán el pasado 28 de enero.

Torres Félix abandonó el Hospital Ángeles de Culiacán bajo estrictas medidas de seguridad y continuará su proceso de recuperación en su domicilio, informó su círculo cercano y confirmaron medios locales. El legislador había sido ingresado tras resultar gravemente herido por disparos de arma de fuego.

Detalles del ataque y atención médica

El ataque armado ocurrió el 28 de enero en una zona transitada del malecón viejo, apenas minutos después de que Sergio Torres y su compañera legisladora Elizabeth Montoya Ojeda salieran del Congreso del Estado de Sinaloa. Ambos resultaron heridos en la agresión, y el chofer que los acompañaba también sufrió lesiones menores.

Torres Félix recibió un impacto de bala en la cabeza y lesiones en una mano, por lo que fue sometido a múltiples cirugías. Las intervenciones incluyeron la reducción de la inflamación cerebral y la reconstrucción de la mano afectada, además de otros procedimientos necesarios durante su estancia en terapia intensiva y posteriormente en cuidados intermedios.

La diputada Montoya, quien también fue herida en el ataque, recibió el alta días antes, aunque perdió un ojo por las lesiones sufridas y está en proceso de recuperación.

Evolución y reporte oficial

Autoridades de salud y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, calificaron como positivo el hecho de que Torres haya salido del hospital y destacó que el legislador ha mostrado avances, incluyendo abrir los ojos y responder a estímulos, aunque aún no se tiene claridad sobre su nivel de conciencia plena.

El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, expresó que desde hace días el diputado no requería estar conectado a aparatos y que la decisión de darle de alta se tomó tras observar una evolución favorable.

El ataque es investigado por autoridades estatales y federales bajo varias líneas de investigación, con el objetivo de identificar y detener a los responsables. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha declarado que sigue recopilando evidencia, incluidas huellas y videos, para avanzar en las pesquisas y esclarecer las motivaciones detrás del atentado.

Los detenidos, identificados como D.R., de 51 años, y M.R., de 43, ambos naturales de Kraljevo, permanecen bajo custodia policial tras haber sido acusados de planear ataques contra el presidente Aleksandar Vucic, su esposa e hijos, y varios integrantes del gabinete serbio, según anunció el Ministerio del Interior de Serbia. La operación, que involucró a personal de la Dirección de Policía Criminal, del Servicio de Represión del Delito y de la comisaría de Kraljevo, contó también con la colaboración de la Agencia de Seguridad e Información. Estas acciones, notificó el Ministerio a través de un comunicado, se habrían desarrollado entre diciembre de 2025 y febrero del presente año.

Según consignó el medio, los sospechosos habrían estado involucrados en la organización de “el derrocamiento de los más altos órganos del Estado”, además de la compra de armas y la planificación de un atentado directo contra la vida del jefe del Ejecutivo serbio y su familia. Las autoridades sostienen que la intención de los implicados era “privar de la vida” tanto al presidente como a sus familiares, así como causar lesiones a miembros del Ministerio de Interior.

El Ministerio de Interior de Serbia detalló que los procedimientos de detención se efectuaron tras determinar que los arrestados actuaron conjuntamente y realizaron preparativos concretos para atacar el orden constitucional y la seguridad del país. Ambos individuos se encuentran ahora bajo un plazo de detención de 48 horas y, posteriormente, serán presentados ante la Fiscalía Superior de Kraljevo para enfrentar cargos penales relacionados con la preparación de actos contra el Estado.

El operativo que llevó a la captura de D.R. y M.R. forma parte de esfuerzos coordinados entre varias dependencias de seguridad, incluidas la policía local y las agencias de inteligencia, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Interior. Las autoridades reportaron que existen indicios suficientes para considerar que los detenidos constituyeron una amenaza directa no sólo a la integridad física del presidente y su entorno familiar, sino también a la estabilidad institucional serbia.

El comunicado oficial también subrayó que el delito que se atribuye a los arrestados contempla la planificación y ejecución de actos dirigidos a la alteración forzosa del orden constitucional de Serbia. En este contexto, la acusación incluye tanto la preparación de tentativa de homicidio como la compra de armamento con el propósito de llevar a cabo estos ataques.

Según reportó el Ministerio, la investigación surgió a raíz de la identificación de movimientos y comunicaciones sospechosas que involucraban a los detenidos en actividades orientadas a atentar contra figuras clave del gobierno, especialmente durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y febrero del presente año. Los organismos a cargo realizaron un seguimiento sistemático de los sospechosos, lo que permitió recabar pruebas que fundamentaron las órdenes de aprehensión ejecutadas en la ciudad de Kraljevo, ubicada en el centro de Serbia.

Las autoridades manifestaron que, dentro de la estrategia de persecución penal, se incluyen la intervención judicial inmediata y la acusación formal por delitos que afectan la seguridad nacional. El proceso judicial inicial se desarrollará ante la Fiscalía Superior de Kraljevo, conforme a lo estipulado por el código penal serbio para crímenes relacionados con la preparación de actos subversivos y atentados contra funcionarios de Estado.

Según indicó el Ministerio de Interior, la colaboración interinstitucional agilizó la investigación y permitió la recolección de “elementos materiales y testimoniales” que demuestran la vinculación de D.R. y M.R. con los preparativos para ataques contra el presidente Vucic y su entorno cercano, así como contra otros miembros del gabinete, a quienes se pretendía causar daños físicos.

La noticia difundida por el Ministerio ha generado reacciones en los círculos políticos y mediáticos de Serbia, especialmente considerando que el caso involucra la seguridad directa de funcionarios de alto rango y del propio presidente de la República. La detención de los sospechosos y su inminente comparecencia ante la Fiscalía marcan un episodio relevante en el contexto de los mecanismos de protección institucional y de combate a amenazas internas, según informaron las autoridades serbias.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de las entidades correspondientes, quienes no han descartado la posibilidad de nuevas detenciones relacionadas con esta causa. Los acusados enfrentarán penas severas de comprobarse los delitos que se les imputan, conforme a la legislación vigente, informó el Ministerio de Interior de Serbia.

Luego del atentado fallido en su contra, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que “detrás del autor intelectual del hecho hay trama que combina poder económico, conexiones criminales y posibles complicidades políticas”.

Roncaglia confirmó que Leonardo Airaldi, quien se encuentra preso por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Diamante “era el jefe de una organización narco que operaba en la región”. Según detalló, Airaldi manejaba rutas de tráfico desde Paraná hacia Victoria, Diamante y Las Cuevas, con ramificaciones en Santa Fe y Buenos Aires.

“Su nombre aparece vinculado a la incautación de 30 kilos de cocaína en territorio santafesino y a conexiones directas con la banda rosarina Los Monos y con el histórico narco bonaerense Miguel Ángel Villalba, conocido como “Mameluco” Villalba", precisó.

Además, admitió que la figura de Airaldi rompe con el estereotipo del narco marginal. Lo describió como “integrante de una familia tradicionalmente ganadera, propietaria de miles de hectáreas que tras la muerte de su padre habría iniciado una ‘mutación’ hacia el delito organizado”.

El Ministro de Seguridad dijo que esa herencia rural se transformó, presuntamente, en capital inicial para financiar operaciones de narcotráfico. “Era un sujeto de mucho dinero, con muchos contactos y redes”, sostuvo. “Esa fortuna millonaria y su entramado de relaciones le habrían permitido moverse durante años con aparente impunidad”, remarcó.

El dato más lo inquieta es la posible infiltración en estructuras estatales. Sin afirmarlo de manera categórica, Roncaglia deslizó que Airaldi “tenía amigos en todos los ámbitos” y que “muchos comían de su mano”, en alusión tanto a sectores políticos como a integrantes de fuerzas de seguridad de la gestión anterior al gobernador Rogelio Frigerio. “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”, agregó.

La sospecha es que esa red de protección le garantizaba información anticipada sobre movimientos judiciales y allanamientos. De hecho, el ministro reveló que antes de su detención el empresario narco se desplazaba “sin ningún inconveniente”.

La investigación que terminó con Airaldi preso comenzó a impulsarse con fuerza en 2024, cuando la nueva gestión provincial decidió avanzar sobre causas que, según Roncaglia, estaban en trámite pero requerían decisión política.

El ministro contó que se reunió personalmente con el juez federal Leandro Ríos y el fiscal Ignacio Candioti para dar impulso a la pesquisa. La detención del presunto jefe narco habría desatado la “bronca” que hoy se traduce en ese intento de matarlos a los tres.

El plan para asesinar al ministro, al juez y al fiscal surgió a partir de la declaración de otros internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Lo que encendió las alarmas fue el nivel de detalle: los denunciantes describieron rutinas personales, como el único día del año en que Roncaglia salió en moto sin custodia para asistir a un asado. Cuatro días después, esa información ya circulaba dentro del penal. “Algo raro está pasando acá”, admitió el funcionario, convencido de que existió una tarea de inteligencia previa.

La hipótesis oficial es que, aun detenido, Airaldi mantenía capacidad de mando. Roncaglia recordó que en el mundo narco no es extraño que líderes presos sigan impartiendo órdenes a través de visitas o intermediarios. Por eso, el gobierno provincial impulsa su traslado a una cárcel federal de máxima seguridad, una decisión que depende de la Justicia Federal y que se da en vísperas del juicio oral.

El ministro también puso el foco en la protección institucional. Más que su propia seguridad —asegura andar siempre armado y con custodia— le preocupa que jueces y fiscales trabajen sin presiones. En este caso intervienen magistrados federales de Buenos Aires, lo que, a su entender, otorga mayor entidad al expediente. La prioridad fue reforzar la custodia de los funcionarios judiciales y brindar protección especial a los internos que denunciaron el complot, pese a que se trata de condenados por delitos graves.

Roncaglia no es ajeno a la violencia. En 2013 fue baleado en un episodio nunca del todo esclarecido, que él vincula a una posible entrega previa para simular una entradera. “Tengo el cuero duro”, dijo, relativizando el riesgo personal. Sin embargo, reconoció que la provincia no está acostumbrada a este tipo de amenazas directas contra autoridades judiciales y políticas.

Mientras el juicio oral se aproxima, el mensaje político es claro: la actual gestión busca exhibir firmeza frente a estructuras que durante años habrían operado con protección. La investigación recién comienza y deberá determinar si el plan era una amenaza en estado embrionario o un atentado que pudo haberse concretado.

Uno de los agresores vestía un cinturón explosivo y portaba un arma blanca cuando perdió la vida durante el intercambio de disparos ocurrido en un punto de control en Raqqa, en el este de Siria. De acuerdo con información difundida por Syria TV y citada por fuentes oficiales de seguridad sirias, el ataque dejó como saldo la muerte de un agente de la policía y heridas a otro, en lo que se atribuye a individuos supuestamente vinculados al grupo extremista Estado Islámico.

Según publicó Syria TV, el incidente se produjo en el puesto de control de Al Sabahiya, ubicado en el acceso occidental de Raqqa. El medio indicó que los responsables abrieron fuego contra los efectivos en el lugar, desencadenando un tiroteo fatal. Durante esa confrontación armada, uno de los atacantes resultó muerto antes de que pudiera detonar el cinturón de explosivos que portaba.

El medio matizó que este atentado representa el tercer ataque de características similares en menos de 24 horas. Syria TV detalló que, la víspera, se registraron acciones violentas en las provincias de Deir Ezzor y Raqqa. Como resultado de esos incidentes, un militar y un civil perdieron la vida, señalando una escalada en los ataques atribuidos a la organización yihadista.

Las autoridades sirias subrayaron, según consignó el medio local, la continuidad de la ofensiva de Estado Islámico en la región. El incremento en la frecuencia de estos actos violentos coincide con la divulgación de un comunicado de audio emitido por el grupo, el primero en dos años. En el mensaje, difundido el sábado, el vocero, Abú Hudhaifa al Ansari, realizó acusaciones sobre la situación en Siria, describiendo el paso de la “ocupación iraní” a una “ocupación turco-estadounidense”.

El portavoz del grupo también anunció que se inicia una “nueva fase de operaciones”, según publicó Syria TV. Esta declaración se dio a conocer apenas horas antes de los recientes ataques letales en Deir Ezzor y Raqqa, asociados por fuentes de seguridad sirias a los seguidores del Estado Islámico.

La ciudad de Raqqa, que fue centro de operaciones del Estado Islámico durante el apogeo de su autoproclamado califato, continúa siendo escenario de incidentes graves a pesar de las operaciones militares previas impulsadas por las fuerzas de seguridad sirias y coalición internacional. Syria TV subrayó que tanto ese contexto como la retórica de los mensajes del grupo ponen en alerta a la región y sus habitantes ante nuevas amenazas de violencia organizada.

Los ataques recientes resaltan las dificultades en el control de zonas estratégicas y ponen de relieve el riesgo continuo para los cuerpos de seguridad y la población civil en ciudades que han experimentado una presencia histórica del grupo. De acuerdo con lo recopilado por Syria TV y sus fuentes, la tensión permanece elevada en el este sirio, alimentada por la persistencia de células yihadistas dispuestas a perpetrar acciones similares.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugda hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

Las autoridades rusas han identificado a casi todos los presuntos responsables y participantes en el ataque contra el teniente general Vladimir Alekseyev, subdirector de la Inteligencia Militar rusa, y han informado sobre la detención de varias personas implicadas, mientras Alekseyev permanece hospitalizado bajo estrictas medidas de seguridad en estado estable después de una intervención quirúrgica. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) atribuye la autoría material del atentado a los servicios de inteligencia ucranianos, quienes, según la investigación, actuaron bajo la supervisión e instigación de servicios de inteligencia occidentales. El jefe del FSB, Alexander Bortnikov, enfatizó que los avances recientes en la investigación apuntan a una clara “conexión británica” en el intento de asesinato, según publicó la televisión estatal rusa Vesti.

Bortnikov declaró que “el ataque es obra de los servicios secretos ucranianos y tras ellos están terceros países (...). Los servicios secretos ucranianos operan bajo la supervisión o a instancias de los servicios secretos occidentales. Vemos aquí una conexión británica”. El jefe del FSB avanzó que la conexión se evidencia de manera particular en el caso del atentado contra Alekseyev, lo que refuerza las sospechas rusas sobre la implicación occidental, reportó la cadena estatal Vesti y otros medios locales.

Según el FSB, la investigación ha permitido identificar “prácticamente a todos los participantes y perpetradores de este crimen”. Los datos divulgados por el servicio de seguridad ruso señalan que un ciudadano, partícipe en el ataque, logró escapar y se habría escondido en territorio ucraniano, mientras que varios otros han sido detenidos en el marco de la pesquisa. Entre los arrestados figura Liubomir Korba, de nacionalidad ucraniana, cuya detención se logró tras una operación internacional en la que participaron los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con la información proporcionada por el FSB y reproducida por la televisión estatal rusa.

Junto a Korba, las autoridades rusas confirmaron la captura de Viktor Vasin, de nacionalidad rusa, a quien identifican como cómplice; mientras tanto, Zinaida Serebritskaya, también rusa y presunta implicada, fue identificada pero logró huir hacia Ucrania tras el atentado, según consignó el FSB, citado por Vesti. El organismo de seguridad describe que Korba actuó según instrucciones de los servicios de inteligencia ucranianos, viajando a Moscú en diciembre de 2025 con la misión de perpetrar el atentado.

De acuerdo con las conclusiones iniciales presentadas por el FSB y difundidas en medios estatales, Korba disparó contra el teniente general Alekseyev el 6 de febrero en un edificio situado en la zona noroeste de Moscú. Posteriormente, salió del país y se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos pocas horas después de ocurrido el ataque. La operación conjunta que dio como resultado su detención se realizó gracias a la cooperación de autoridades en Emiratos Árabes Unidos, informó Vesti.

El general Vladimir Alekseyev se desempeña, desde 2011, como subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, también conocida por el acrónimo GRU. Este organismo corresponde al servicio de inteligencia militar de Rusia. Alekseyev figura desde 2016 en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, y desde 2019 por la Unión Europea. Según detalló la plataforma estatal rusa, el bloque europeo impuso sanciones al general por su presunta implicación en el envenenamiento con agente nervioso del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, ocurrido en 2018 en la localidad británica de Salisbury.

Las autoridades rusas mantienen abierta la investigación y han declarado que avanzan en el esclarecimiento completo del caso, al tiempo que refuerzan las medidas de seguridad alrededor de los altos mandos de la inteligencia militar, mientras permanecen atentos a la evolución médica del general Alekseyev. Según reportó la televisión estatal rusa y otros medios del país citando al FSB, las pesquisas se centran en ampliar el conocimiento sobre los vínculos internacionales del ataque, especialmente en la supuesta colaboración de servicios occidentales, aspecto que las altas autoridades rusas, encabezadas por Bortnikov, consideran clave en este caso.

Uno de los adolescentes arrestados en Lille reconoció interés por materiales y figuras yihadistas, así como la intención de ejecutar un acto violento en espacios públicos concurridos, informó el diario Le Figaro con base en fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT). Las autoridades identificaron que este menor habría planeado atentar en un centro comercial o una sala de conciertos, e incluso reveló que tenía previsto robar un arma de fuego para llevar a cabo sus planes. A partir de estos elementos, la noticia principal implica la detención de dos jóvenes de 16 años por la sospecha de preparar un atentado en Lille, en el norte de Francia.

Según reportó Le Figaro, ambos menores fueron capturados por la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSI) en el departamento Norte, en el marco de una investigación que apunta a la fabricación de un artefacto explosivo casero a base de peróxido de acetona (TATP). Este material se ha empleado anteriormente en atentados como los registrados en París en 2015 y Bruselas en 2016. La acción policial se produjo tras detectarse que los adolescentes ya habían adquirido componentes químicos con el fin de realizar pruebas de combustión en el domicilio de uno de ellos, lo cual permitió a las autoridades constatar el avance en la preparación del artefacto.

El medio Le Figaro explicó que, durante los interrogatorios, uno de los jóvenes confesó tanto su interés por la propaganda radical como su intención de llevar a cabo un ataque. Para ello, había diseñado un plan que contemplaba el robo de un arma de fuego y la utilización de explosivos en lugares con alta afluencia de personas. Además, la misma investigación permitió establecer que el segundo adolescente conocía minuciosamente las intenciones de su compañero y que actuaba como elemento de refuerzo para el pensamiento radical y las conductas violentas del principal sospechoso.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista dio inicio a las diligencias correspondientes contra ambos menores, en el contexto de una serie de investigaciones sobre amenazas extremistas entre jóvenes. Fuentes consultadas por Le Figaro aclaran que las pruebas localizadas durante la intervención de las fuerzas de seguridad respaldan la hipótesis de que la elaboración del aparato explosivo se encontraba en una fase avanzada de desarrollo.

El caso se suma a otros recientes en los que se detecta la influencia de propaganda extremista digital sobre adolescentes. Según publicó Le Figaro, el principal de los detenidos se habría sentido motivado por contenidos y líderes vinculados al yihadismo global. Funcionarios de la DGSI han destacado la importancia de interrumpir estos procesos antes de que los planes puedan materializarse en atentados consumados, especialmente tras episodios históricos que involucraron el uso de TATP en el contexto europeo.

La investigación detallada por Le Figaro incluye registros domiciliarios y entrevistas a familiares, en una estrategia orientada a rastrear posibles vínculos adicionales con redes extremistas, así como a prevenir la propagación de material radical entre menores. Los arrestos han sido considerados una acción preventiva por parte de los servicios de inteligencia franceses, que se mantienen atentos a amenazas similares, especialmente en regiones del norte de Francia donde se han registrado antecedentes de radicalización juvenil.

El funcionamiento de la coordinación entre la DGSI y la Fiscalía Nacional Antiterrorista fue resaltado por las fuentes citadas en Le Figaro, que puntualizan la rapidez con la que se identificó y detuvo a los jóvenes antes de que lograran ensamblar y utilizar el explosivo. El caso permanece en desarrollo y forma parte de una política sostenida de vigilancia antiterrorista que incluye el rastreo de actividades sospechosas entre adolescentes, el seguimiento digital de propaganda radical y la reacción ante señales tempranas de violencia planificada.

El paquete explosivo que estalló este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Paseo Colón al 500, CABA, iba dirigido al exdirector del establecimiento, Diego Gasparutti. El hombre, comandante mayor retirado de 59 años, estuvo a cargo de la institución entre 2021 y mediados de 2024 y había regresado en las últimas horas para buscar unas encomiendas que le habían guardado.

Según reconstruyó Infobae de fuentes del caso, Gasparutti llegó al edificio cerca del mediodía. Tras hacer una pequeña recorrida por el lugar y saludar a excompañeros, pidió los paquetes que quedaban a su nombre. En total eran tres, que le habían llegado hace bastante tiempo. Estiman que llevaban guardados entre cuatro y seis meses. Las razones por las que no los buscó antes no están claras.

Cerca de las 13 horas, el exdirector de la Escuela de Gendarmería ingresó a una oficina ubicada en el piso 11 junto a otro comandante y abrió una de las encomiendas. Fue en ese momento cuando ocurrió la explosión.

Gasparutti y su compañero sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Argerich. Uno de los comandantes tuvo lesiones por metralla en el pecho, mientras que el otro resultó con aturdimiento y pérdida de audición, además de leves quemaduras.

Fuentes que tomaron intervención en el caso confirmaron a Infobae que el exdirector de la escuela fue dado de alta en horas de la noche. Además de ellos, también hubo otros dos gendarmes que estaban en el mismo piso y que debieron ser asistidos en el lugar.

Por el atentado fueron evacuadas más de 300 personas y la Policía Federal Argentina fue convocada a analizar la escena. Intervino su División Explosivos y su Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, o DUIA, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Según supo Infobae, el explosivo estaba envuelto en papel madera y fue activado con una batería de 9 voltios. Era simple pólvora, contenida en un caño de plástico, conectado con dos cables al mecanismo principal.

El mecanismo era tan artero como sencillo: estaba diseñado para volar en cuanto el paquete se abriera. La explosión causó que partes del artefacto cayeran al piso de la oficina.

Al cierre de esta nota, aún se desconocía el remitente del envío. La DUIA, entre sus tareas, deberá esclarecer la ruta del paquete y cómo llegó a la sala de correos de la Escuela de Gendarmería. También, si el mayor en cuestión es un blanco al azar, un nombre elegido por capricho, o si tiene un vínculo con el atacante hasta ahora desconocido.

Por lo pronto, dos hipótesis resuenan entre los investigadores. La primera apunta a un agente del caos, un terrorista suelto, sin intención alguna más que crear pánico. La segunda, a una posible venganza del hampa. En todo caso, el mayor en cuestión se vuelve el testigo crucial del caso.

Este sábado, horas después del episodio que movilizó 11 móviles de emergencia entre SAME, Bomberos, Policía de la Ciudad y Policía Federal Argentina, el edificio de la Escuela de Gendarmería se encontraba con las persianas que dan a la calle bajas. Adentro todavía trabaja personal especializado que busca pruebas para la investigación.

“Como es un instituto escuela, los fines de semana está sin actividad. Por el momento la seguridad está reforzada por el caso”, aseguró una fuente.

Las fotos del explosivo

Un paquete explosivo estalló este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Paseo Colón al 500, CABA. El atentado provocó cuatro heridos de diversa gravedad, dos de los cuales fueron trasladados a un hospital porteño, y la evacuación de más de 300 personas.

Ante el episodio, la Policía Federal Argentina fue convocada a analizar la escena: intervino su División Explosivos y su Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, o DUIA, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El explosivo estaba disimulado dentro de una pequeña encomienda dirigida a un mayor de la fuerza, con retiro en trámite. El paquete, envuelto en papel madera, había esperado unos seis meses en el lugar, según confirmaron fuentes del caso.

Al cierre de esta nota, los efectivos de la DUIA -que depende del Departamento Federal de Investigaciones, con oficiales de alto rango presente en el lugar- esperaban ingresar al lugar de la explosión -una oficina ubicada en el edificio- para realizar sus primeras pericias. La División Explosivos, mientras tanto, culminaba su análisis.

La evaluación determinó que el paquete fue un artefacto autoexplosivo, activado con una batería de 9 voltios. Fue simple pólvora, contenida en un caño de plástico, conectado con dos cables al mecanismo principal.

El mecanismo era tan artero como sencillo: estaba diseñado para volar en cuanto el paquete se abriera. La explosión causó que partes del artefacto cayeran al piso de la oficina.

Por lo pronto, se desconoce el remitente del envío. La DUIA, entre sus tareas, deberá esclarecer la ruta del paquete y cómo llegó a la sala de correos de la Escuela de Gendarmería. También, si el mayor en cuestión es un blanco al azar, un nombre elegido por capricho, o si tiene un vínculo con el atacante hasta ahora desconocido.

Por lo pronto, dos hipótesis resuenan entre los investigadores. La primera apunta a un agente del caos, un terrorista suelto, sin intención alguna más que crear pánico. La segunda, a una posible venganza del hampa. En todo caso, el mayor en cuestión se vuelve el testigo crucial del caso.

Cómo fue el momento de la explosión

La explosión ocurrió cuando un mayor de la fuerza, con retiro en trámite, se presentó en el edificio de la Avenida Paseo Colón con el propósito de retirar una encomienda que permanecía almacenada desde tiempo, según indicaron fuentes del caso a Infobae. La información preliminar indica que estaba guardada hace casi un año, aunque otras versiones hablan de cuatro o seis meses.

El paquete, que por ahora permanecía a resguardo en el piso 11 del establecimiento, fue trasladado hasta el despacho del subdirector del lugar, donde dos comandantes procedieron a abrirlo. De acuerdo a los primeros datos recabados, el ingreso a esa habitación para su apertura fue a las 13:24 del mediodía, unos 25 minutos antes de lo que había trascendido inicialmente.

La explosión se produjo al manipular la encomienda, que no había sido calificada previamente como sospechosa. Al detonar, provocó importantes heridas en los dos agentes que se encontraban en esa oficina.

Según supo este medio, el estallido dejó a uno de los comandantes con lesiones por metralla en el pecho, mientras que el otro resultó con aturdimiento y pérdida de audición, además de quemaduras.

La detonación provocó alarma entre el personal y llevó a la evacuación parcial del sector, así como a la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Pocos minutos después, ya se había evacuado todo el edificio.

Tras la explosión, el SAME acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Argerich. Además de los dos comandantes que abrieron la encomienda, un tercer agente que estaba en el mismo piso debió recibir asistencia en el lugar y una cuarta víctima fue asistida con oxígeno.

El ataque en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, resultó en la destrucción de un edificio residencial debido a una explosión, lo que causó la muerte de una niña y dejó heridas a otras siete personas, según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán. El incidente llevó al gobierno de Islamabad a interpelar formalmente a las autoridades talibanas que gobiernan en Afganistán desde agosto de 2021, en protesta por lo ocurrido y exigiendo respuestas tras el atentado.

De acuerdo con información publicada por los medios, el Ministerio de Exteriores paquistaní hizo pública una declaración en la que se señala la convocatoria del 'número dos' de la representación diplomática afgana en Islamabad para presentar una queja diplomática tras el suceso del 16 de febrero en Bajaur. El comunicado describe el hecho como un “ataque cobarde” y sostiene que las fuerzas de seguridad lograron desarticular rápidamente los planes de los atacantes. No obstante, la explosión afectó a infraestructuras civiles, ocasionando víctimas no combatientes.

El Ejército de Pakistán mencionó el lunes que el ataque fue ejecutado contra un puesto de control en Bajaur y responsabilizó al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos localmente como los talibán paquistaníes. Las autoridades militares señalaron que los responsables empotraron un vehículo cargado de explosivos contra la valla perimetral del puesto, lo que provocó la destrucción de la estructura y de los inmuebles circundantes. Los daños materiales se sumaron a la pérdida de once integrantes de las fuerzas de seguridad, además de la menor fallecida y otros civiles heridos.

Tal como detalló el medio, las tensiones aumentaron tras el incidente, provocando que Pakistán exigiera explicaciones a Kabul, ya que la región fronteriza entre ambos países lleva años aquejada por episodios de violencia, especialmente por ataques atribuidos al TTP. El propio grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan no ha realizado declaraciones aclaratorias ni reivindicado formalmente este atentado. Sin embargo, autoridades paquistaníes han acusado reiteradamente tanto a India como a la administración talibán afgana de prestar apoyo a los integrantes del TTP, afirmación que tanto Nueva Delhi como Kabul han negado.

Ya en otras oportunidades, señalan fuentes oficiales citadas por el medio, la frontera con Afganistán ha sido escenario de incidentes armados y explosiones, situación que ha generado continuos llamados de Islamabad a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad. En esta ocasión, el impacto del ataque derivó en una respuesta diplomática contundente por parte de Pakistán, quien se refirió a los atacantes como un “grupo subsidiario indio”, en alusión a las acusaciones de colaboración transfronteriza que enfrenta la organización armada.

La declaración oficial del Ministerio de Exteriores de Pakistán enfatizó que “la rápida intervención de las fuerzas de seguridad frustró la intención de los agresores”, aunque no evitó la pérdida de vidas civiles. El portavoz calificó lo sucedido como un evento preocupante y exigió que las autoridades afganas implementen medidas efectivas para prevenir nuevos atentados desde territorio bajo su control.

La preocupación por la inestabilidad en el área fronteriza se suma a las dificultades históricas de coordinación en materia de vigilancia y seguridad entre Islamabad y Kabul. Según consignó el medio, la frontera ha estado en el centro de enfrentamientos e intercambios de acusaciones en el pasado reciente, sobre todo tras la llegada de los talibán al poder en Afganistán.

En este contexto, la respuesta oficial de Pakistán incluyó la reiteración de demandas dirigidas a la administración talibán afgana, solicitando mayor compromiso en la contención de los grupos armados que operan en la región limítrofe. Islamabad sostiene que los ataques afectan no solo a sus fuerzas de seguridad sino también a la población civil, y demanda el cumplimiento de acuerdos y entendimientos bilaterales para evitar una escalada de la violencia.

El incidente del 16 de febrero representa el más reciente episodio de una serie de atentados registrados en la zona. De acuerdo con lo reportado, tras el ataque, las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia en la región y llevaron a cabo operativos adicionales para localizar a los responsables. Las autoridades luchan por contener las amenazas a la estabilidad interna que plantean tanto el TTP como otras formaciones violentas activas en la región.

El Ejército y el Ministerio de Exteriores paquistaníes han reiterado su postura en diversas comunicaciones oficiales, llamando a la cooperación internacional para frenar el flujo de combatientes, armas y recursos hacia los grupos adversos presentes en Jáiber Pastunjua y provincias adyacentes a la frontera. El episodio refleja la compleja situación de seguridad y política en el límite entre Pakistán y Afganistán, marcada por la desconfianza mutua y la persistencia de actores no estatales que protagonizan hechos violentos contra objetivos oficiales y civiles.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, condenó de manera enfática el ataque armado registrado en un parque público del municipio San Francisco del Rincón, donde una persona perdió la vida y otras diez resultaron heridas, entre ellas ocho niñas y niños.

El hecho ocurrió la noche del pasado martes 17 de febrero en la “Plaza Recreativa Renovación” ubicada sobre la calle Brasil de la colonia Renovación.

Reacciones y acciones del Gobierno Estatal

La mandataria estatal, Libia Denisse, expresó su rechazo absoluto a los hechos y reiteró que en Guanajuato no se normaliza la violencia, especialmente cuando afecta a menores de edad.

De acuerdo con información compartida en sus canales oficiales, la gobernadora detalló que inmediatamente tras los hechos instruyó a las áreas de seguridad y salud estatales para proporcionar atención médica y acompañamiento integral a las familias afectadas.

Además, anunció la realización de una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa para dar seguimiento al caso y fortalecer las medidas de seguridad en la región.

“Actuaremos con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado”, afirmó García Muñoz Ledo en declaraciones compartidas en redes sociales.

Información sobre las víctimas y atención médica

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó la mañana de este 18 de febrero que el saldo del ataque fue de una persona fallecida y diez lesionadas.

Sobre la persona asesinada, autoridades informaron que tenía 36 años de edad, sin embargo, no especificaron si se trataría de un hombre o una una mujer.

Entre los heridos, seis ya fueron dados de alta y cuatro permanecen hospitalizados.

Por otra parte, el presidente municipal de San Francisco del Rincón, Antonio Marún, detalló que ocho de las víctimas son menores de edad, mientras que los dos restantes son personas mayores.

Las autoridades informaron que mantienen un acompañamiento cercano con las familias y han reiterado su compromiso de apoyar a los afectados durante todo el proceso de recuperación por ordenes de la gobernadora.

Cómo habría sucedido el ataque según los reportes oficiales

Los reportes preliminares señalan que un grupo armado ingresó al parque público mientras varias familias se encontraban en el lugar.

El ataque ocurrió en un espacio donde predominaban niñas y niños en convivencia.

Tras el hecho, corporaciones de seguridad y los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato para atender a los heridos y asegurar el área, de acuerdo con los testimonios de las autoridades.

La Fiscalía activó los protocolos de investigación, recabó indicios en la escena y mantiene coordinación con fuerzas estatales y federales para avanzar en la identificación y localización de los responsables.

Hasta el momento las autoridades no han informado detenciones relacionadas con el caso ni han detallado si se trataría de un atentado relacionado con alguna célula criminal.

Investigación y seguimiento judicial

La Fiscalía General del Estado continúa realizando actos de investigación estratégicos con el objetivo de esclarecer el caso y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables del ataque.

El organismo informó que las diligencias se llevan a cabo con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Las autoridades estatales y municipales han reiterado que estos hechos no quedarán impunes y que se reforzarán las acciones de seguridad en la zona.

El Gobierno de Guanajuato exhortó a la ciudadanía a colaborar con información relevante para la investigación y reafirmó que la seguridad de la niñez y las familias seguirá siendo una prioridad en la entidad.

El tribunal de Túnez absolvió a la madre del atacante de la sinagoga de Ghriba, que enfrentaba cargos en relación con el atentado cometido en mayo de 2023, mientras que su pareja, su hermana y una persona que le alquiló un estudio recibieron diversas sentencias de prisión. Según reportó la emisora Mosaique FM y difundió la información por medios internacionales, la pareja del autor fue condenada a ocho años de cárcel, el joven que alquiló el estudio recibió una sentencia de tres años y la hermana del atacante deberá cumplir un año de reclusión, como determinó la Sala Penal Especializada de Terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez.

De acuerdo con los detalles aportados por Mosaique FM y recogidos en diversas plataformas noticiosas, las sentencias se dictaron tras determinar el nivel de colaboración de los procesados con el principal responsable del ataque, un miembro de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el desarrollo de los hechos al ser neutralizado por agentes de seguridad. El atentado se realizó el 9 de mayo de 2023 y resultó en la muerte de cuatro personas, incluidas dos visitantes de la sinagoga y dos agentes de seguridad.

El responsable del ataque, asignado a la isla de Yerba como parte de la Guardia Nacional, comenzó la agresión asesinando con su arma de dotación a un compañero. Acto seguido, se dirigió a la sinagoga de Ghriba, donde abrió fuego contra el dispositivo policial desplegado en el lugar, causando la muerte de un agente adicional y de dos personas que se encontraban participando en la celebración de la festividad judía de Lag Baomer en las inmediaciones del templo. El agresor no logró ingresar al interior de la sinagoga y fue abatido posteriormente por las fuerzas de seguridad, según precisó Mosaique FM en su cobertura del suceso.

La sinagoga de Ghriba, ubicada en la isla de Yerba, se conoce por ser el templo judío en pie más antiguo del continente africano y representa un punto de reunión anual para cientos o miles de fieles durante la festividad de Lag Baomer. Este lugar ha sido objetivo de ataques en el pasado; el medio Mosaique FM recordó el atentado de 2002 reivindicado por Al Qaeda, que dejó 21 víctimas mortales, 13 de ellas turistas alemanes. Desde entonces, las autoridades tunecinas han mantenido un dispositivo de seguridad elevado, particularmente en fechas de congregación religiosa como la mencionada.

El juicio contra los allegados del autor del atentado formó parte de la respuesta judicial y policial que las autoridades tunecinas implementaron tras el ataque. La investigación condujo a la detención de varias personas de su entorno cercano, quienes comparecieron ante la justicia para esclarecer sus posibles vínculos o grados de conocimiento respecto a los preparativos y la ejecución del ataque. Las sentencias variaron en función del nivel de implicación determinado por el tribunal, según publicaron medios como Mosaique FM.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo acusaciones de colaboración y complicidad contra los allegados del atacante, mientras que la defensa argumentó la ausencia de pruebas suficientes en algunos de los casos. Finalmente, solo se halló culpabilidad en tres de los cuatro imputados, con la absolución de la madre del agresor, lo que marcó el cierre del episodio judicial inmediato relacionado con el atentado de Ghriba, de acuerdo con lo informado por Mosaique FM.

El ataque de 2023 puso nuevamente bajo escrutinio la seguridad de los lugares de culto en Túnez y la eficacia de los dispositivos de prevención ante amenazas terroristas. La sinagoga de Ghriba sigue siendo uno de los enclaves más vigilados, dada su significación religiosa y la magnitud de las peregrinaciones que convoca anualmente, aspecto sobre el cual hizo hincapié la prensa local en la cobertura de la causa judicial.

El atentado también impactó en la percepción de seguridad dentro de la comunidad judía de Túnez, que cuenta con una presencia histórica significativa en Yerba. Tras los sucesos y la posterior respuesta judicial, las autoridades locales y nacionales reiteraron el compromiso de mantener protegidos los espacios de culto y reforzar las medidas de seguridad durante jornadas especiales.

El veredicto del tribunal refleja el curso de las investigaciones llevadas a cabo tras el ataque y subraya la estrategia estatal de respuesta ante hechos de esta naturaleza, atendiendo tanto al esclarecimiento judicial como a la prevención de nuevos incidentes en espacios sensibles, informó Mosaique FM en su actualización más reciente sobre el caso.

La provincia fronteriza de Jaiber Pastunjuá ha afrontado una nueva jornada marcada por la violencia, después de que una detonación frente a una estación de policía en la ciudad de Bannu provocara víctimas mortales y decenas de heridos. Según reportó el diario paquistaní 'Dawn', el ataque dejó al menos dos personas muertas, entre ellas un menor de edad, y al menos diecisiete heridos. El incidente, ocurrido este lunes, involucró una motocicleta estacionada cerca de una comisaría, donde fue colocado un paquete bomba que, tras su explosión, afectó principalmente a quienes se encontraban en los comercios adyacentes.

De acuerdo con 'Dawn', la deflagración se produjo en una zona frecuentada y ha vuelto a poner en primer plano la tensión que atraviesa esta parte del noreste de Pakistán, colindante con Afganistán. A pesar de que la estación policial parecía ser el objetivo del ataque, la distribución del daño ha alcanzado esencialmente a la población civil que circulaba o trabajaba cerca del lugar al momento de la explosión.

El medio 'Dawn' consignó que el distrito de Bannu ha experimentado un aumento en la frecuencia de hechos violentos de este tipo. Tanto ciudadanos como miembros de las fuerzas de seguridad han resultado afectados por acciones armadas y atentados cometidos por el grupo denominado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), identificado ampliamente como los talibán paquistaníes. Esta organización, considerada extremista, ha dirigido numerosas ofensivas en la región durante los últimos años.

Según publicó el mismo diario paquistaní, las hostilidades de Tehrik-i-Taliban Pakistan se han incrementado desde que terminaron oficialmente un alto el fuego en noviembre de 2022. Ese cese temporal de las hostilidades había sido alcanzado tras negociaciones en las que intervinieron representantes de los talibán afganos, quienes asumieron el control en Afganistán en agosto de 2021. Una vez roto el acuerdo, los ataques han experimentado un repunte notorio.

Jaiber Pastunjuá, donde se sitúa la localidad afectada, permanece dentro de las áreas identificadas por las autoridades como particularmente vulnerables a amenazas de seguridad, debido a su proximidad con la frontera afgana y a la presencia de redes operativas del TTP. El grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ha sido acusado de múltiples atentados con víctimas civiles y policiales en esta provincia, siendo Bannu uno de los municipios recurrentemente afectados.

Conforme detalló el medio paquistaní, el uso de artefactos explosivos improvisados y el ataque a infraestructuras policiales forman parte de la estrategia empleada por el TTP para desestabilizar la región. Estas acciones suelen estar dirigidas contra representaciones del Estado, aunque las consecuencias recaen frecuentemente en la población civil que se encuentra en las inmediaciones de los objetivos seleccionados.

Desde el final del alto el fuego, las operaciones del grupo han sumado una serie de atentados dirigidos tanto contra instalaciones gubernamentales como contra zonas comerciales y espacios públicos, lo que ha intensificado el clima de inseguridad en Jaiber Pastunjuá y en áreas limítrofes. El continuo deterioro de la situación ha motivado respuestas de las fuerzas de seguridad paquistaníes, que han desplegado recursos adicionales para intentar contener la actividad de estos grupos armados.

La última explosión en Bannu refuerza la preocupación previamente expresada por autoridades locales y analistas de seguridad sobre la capacidad del TTP para planificar y ejecutar atentados en áreas urbanas, alcanzando tanto a efectivos de la policía como a ciudadanos sin vínculos con la fuerza pública. 'Dawn' subraya que los comerciantes y transeúntes resultaron gravemente afectados por la onda expansiva del paquete bomba.

Las autoridades permanecen en estado de alerta y han iniciado investigaciones para determinar los responsables directos del ataque y la posible conexión de la célula local con la estructura central del TTP. El diario 'Dawn' señaló que la reanudación de las acciones violentas tras el quiebre del alto el fuego representa uno de los principales factores de inestabilidad para esta región paquistaní, donde los incidentes se registran con una frecuencia preocupante.

Bannu y otras localidades de Jaiber Pastunjuá han sido históricamente escenario de sucesos similares, en el marco de una problemática de seguridad compleja que articula factores regionales y la influencia de actores armados transfronterizos. El número de víctimas fatales y heridos en el ataque más reciente refleja, según reportó 'Dawn', la gravedad del desafío para las autoridades en su intento por proteger tanto a las fuerzas del orden como a los habitantes de zonas urbanas y rurales cercanas.