Luego de que el pasado 28 de enero el estado de Sinaloa se conmocionara por el ataque armado a dos diputados de Movimiento Ciudadano, este martes 7 de abril, a más de dos meses, la legisladora local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, una de las víctimas, se reincorporó a sus funciones en el Congreso estatal y aseguró que regresa con convicciones fortalecidas para trabajar por la paz en la entidad.

Durante la sesión ordinaria, Montoya Ojeda sostuvo que su regreso al recinto parlamentario representa una oportunidad para continuar aportando propuestas desde el ámbito legislativo, después de haber atravesado un periodo de recuperación tras el atentado que la dejó fuera de actividades junto con su compañero de bancada, Sergio Torres Félix.

Un mensaje de Paz ante la violencia

La legisladora subrayó que el contexto de inseguridad en Sinaloa afecta a muchas familias y que su experiencia personal la motiva a insistir en la construcción de un entorno seguro para la población. Montoya Ojeda destacó la importancia de no normalizar la violencia ni permitir que el miedo condicione la vida cotidiana, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Montoya Ojeda expresó su compromiso con la promoción de una cultura de paz, enfocada en reconstruir el tejido social y fortalecer la confianza entre la ciudadanía.

Desde tribuna, reiteró la necesidad de recuperar la tranquilidad como un objetivo clave del trabajo legislativo. La diputada reconoció públicamente a su compañero Sergio Torres Félix por su fortaleza y resiliencia ante los hechos violentos, al tiempo que insistió en que la violencia provoca heridas profundas en la sociedad sinaloense.

Atención a las infancias y adolescencias

Al abordar el tema de la seguridad, Montoya Ojeda enfatizó que la prevención y la salud mental en infancias y juventudes deben ser prioridades legislativas.

Consideró indispensable impulsar políticas públicas que garanticen el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su capacidad de resiliencia y propicien entornos seguros para su desarrollo. Entre las acciones legislativas promovidas por Montoya Ojeda y su compañero de bancada se encuentran:

• Iniciativas para proteger la salud mental en entornos educativos.
• Implementación de protocolos de seguridad en escuelas que contemplen modalidades mixtas o a distancia durante situaciones de riesgo.
• Fortalecimiento de programas para prevenir, detectar y atender afectaciones emocionales en estudiantes, con participación de profesionales y capacitación docente.

Propuestas para mejorar la seguridad en entornos escolares

Dentro de sus recientes propuestas, la diputada informó que han solicitado la creación de una línea de apoyo para atención inmediata a estudiantes en crisis, con el objetivo de ofrecer espacios escolares seguros y humanos.

Montoya Ojeda cerró su intervención con un llamado a la unidad y empatía social para avanzar hacia un Sinaloa con bienestar y justicia, y agradeció el respaldo recibido durante su proceso de recuperación. Reiteró su determinación de contribuir desde el Congreso a la consolidación de una paz tangible en la entidad.

La diputada del Magdalena por el partido Alianza Verde, Rosita Jiménez, denunció públicamente la ausencia de respuesta por parte de las autoridades tras el atentado del que fue víctima el 31 de marzo de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria aseguró que, pese a haber solicitado medidas urgentes de protección, no ha recibido respuestas concretas ni se han implementado acciones para salvaguardar su vida.

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En su pronunciamiento, la diputada indicó que, siete días después del ataque, persiste la falta de reacción institucional frente a su situación de riesgo, lo que, según afirmó, la ha llevado a tomar decisiones para proteger su integridad personal.

“Hoy luego de 7 días, no hay respuestas institucionales. Ni siquiera se ha convocado consejo de seguridad para tratar el grave atentado que sufrí”, escribió Jiménez. Asimismo, agregó que “la UNP y la Policía tampoco han adoptado medidas para reforzar mi esquema de protección”, señalando directamente a varias entidades responsables de su seguridad.

En el mismo mensaje, la diputada manifestó su preocupación por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra actualmente y responsabilizó a las autoridades por la falta de acciones frente al riesgo que enfrenta. “Hoy estoy más vulnerable que nunca y hago responsable a todas las autoridades que han omitido acciones urgentes ante mi riesgo inminente”, expresó.

Jiménez también afirmó que la situación la ha obligado a salir de su lugar de residencia como medida de protección. “Me han dejado sola, sin acciones por parte de los respondientes para mi protección, obligándome al exilio para salvaguardar mi vida”, señaló en su publicación, en la que además cuestionó la efectividad de las garantías para el ejercicio político en el departamento.

En ese contexto, la diputada concluyó: “En el Magdalena ejercer control político puede costar la vida. GOBERNAR TAMBIÉN ES PROTEGER”.

Posteriormente, Jiménez respondió a un mensaje emitido por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien el 31 de mayo expresó su solidaridad frente al atentado. En su declaración, la mandataria departamental señaló: “Lamento profundamente el atentado del que fue objeto la diputada Rosa Jiménez. Como víctima de violencia política y gobernadora del departamento del Magdalena, expreso toda mi solidaridad y acompañamiento personal e institucional en este difícil momento”.

La gobernadora también indicó que había impartido instrucciones a los organismos de seguridad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y lograr la captura de los responsables, reiterando el compromiso de la administración con la seguridad y la defensa de la vida.

No obstante, la diputada respondió señalando que, pese a ese pronunciamiento, la activación de rutas institucionales no ha derivado en medidas efectivas: “La activación de ruta no ha generado ninguna acción para mi protección. Me han obligado al exilio para proteger mi vida. La protección no puede quedarse en declaraciones”.

Sobre el atentado y reacciones institucionales

El ataque contra la diputada se registró en la noche del martes 31 de marzo de 2026, cuando se desplazaba en una camioneta blindada por la Troncal del Caribe, en el sector de Don Jaca, a las afueras de Santa Marta. Según información del medio Hoy Diario del Magdalena, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en al menos cinco ocasiones contra las ventanas.

Los proyectiles no lograron penetrar el blindaje, por lo que no se reportaron personas heridas. Tras el hecho, Jiménez se dirigió a una estación de Policía en el barrio La Paz, donde se inició un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado capturas.

La Asamblea Departamental del Magdalena solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer el atentado y garantizar la seguridad de la diputada y de otros líderes políticos de la región. La corporación también expresó su preocupación por las condiciones de seguridad para el ejercicio democrático en el departamento.

Por su parte, Amed Zawady Púpo, presidente de la Asamblea, reiteró el compromiso institucional con la defensa de la vida y el ejercicio de la política. En la misma línea, la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol) calificó el hecho como una vulneración a los derechos fundamentales de la funcionaria.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para adelantar de manera inmediata, rigurosa y efectiva las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos (...) Identificar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, manifestó la organización.

El partido Alianza Verde también rechazó el ataque y solicitó medidas urgentes de protección. “Solicitamos al Gobierno nacional y a los organismos competentes reforzar su esquema de seguridad de forma urgente y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la diputada Rosita Jiménez y la de su familia”, indicó la colectividad.

El 11 de marzo de 2004, Madrid amaneció atravesada por explosiones. Diez bombas estallaron en trenes de cercanías, dejando doscientas personas muertas, centenares de heridos y un país paralizado por el horror. Los dispositivos fueron detonados de manera simultánea desde teléfonos celulares.

Apenas horas después de producirse el atentado, el gobierno español señaló a ETA como responsable. Una versión que se sostuvo con vehemente obstinación, a pesar de que todas las evidencias empezaban a apuntar hacia el terrorismo islámico.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la autoría a los etarras y se dedicó a calificar como “intoxicación” cualquier versión alternativa.

Mientras el funcionario plantaba su relato, los investigadores y periodistas constataban indicios indiscutibles que llevaban hacia el terrorismo yihadista: una furgoneta con material en árabe, detonadores similares a los usados por células islamistas y reivindicaciones vinculadas a grupos ligados a Al Qaeda.

En apenas horas se sabía cómo había operado la célula atacante y de qué domicilios habían salido los atacantes portando mochilas con la carga letal.

“Si ha sido ETA, barremos; si han sido islamistas, gana el PSOE”. Fue la rápida conclusión a la que se adhirió el oficialismo.

España estaba activamente comprometida en la guerra de Irak, una decisión muy impopular en la sociedad española. El gobierno del PP pretendía despegarse del costo de ese involucramiento.

Entre el 12 y el 13 de marzo, desconociendo la veda electoral, la gente comenzó a concentrarse frente a la sede del Partido Popular. La convocatoria se hizo mediante mensajes por SMS; no existían las redes ni WhatsApp.

Una multitud rodeó el edificio en el que se encontraba el candidato del PP, Mariano Rajoy. “Rositas para Aznar”, viralizaban los mensajes recibidos en las pantallas de los teléfonos que todavía no eran del todo inteligentes.

En una tensa vigilia previa a la jornada electoral, se salió a confrontar la información falsa del oficialismo.

Liberados de cualquier compromiso con la veda, los medios más importantes del mundo que se encontraban en Madrid cubriendo el atentado registraron el curso de los acontecimientos. Fue una movida pacífica. Imperaba un clima de conmoción y duelo.

El 14 de marzo ocurrió uno de los vuelcos electorales más abruptos de la democracia española. Ganó el candidato del PSOE, el opositor José Luis Rodríguez Zapatero. Apenas 48 horas antes, las encuestas lo daban 7 puntos abajo.

La estrategia narrativa montada en una mentira, que desplegó el Gobierno del Partido Popular, le hizo perder las elecciones nacionales a manos del PSOE.

El manejo informativo del atentado fue un factor decisivo en la derrota del gobierno.

No fue solo el clima de conmoción por la tragedia lo que cambió la historia. Fue la sospecha de que la verdad había sido deliberadamente manipulada.

La mentira siempre existió en política. Lo nuevo es su escala, su velocidad y su impunidad.

El ecosistema digital acelera el proceso de distribución de contenidos. Lo falso, lo negativo, lo ofensivo y lo violento se instalan más rápidamente.

La mentira se viraliza, deviene combustible de identidad política. Se usa como una forma de dominar la agenda pública; importa que circule.

La mentira en los tiempos de Trump pierde su categoría de error para convertirse en un insumo del poder, un método naturalizado, un dispositivo político movilizador. En la política contemporánea, el discurso se funde con el espectáculo y la falsedad deja de ser un desvío moral para transformarse en una tecnología narrativa.

El salto que introduce Trump es distinto. Ya no se trata solo de ocultar información, sino de producir tantas versiones falsas que la verdad pierde centralidad. La saturación reemplaza al secreto: no se esconde la verdad, se la ahoga.

Trump miente a sabiendas, miente para negociar, miente para apretar, miente para protegerse de sus desbordes. El uso deliberado de la mentira, que pareció rendirle al inefable presidente norteamericano, ha comenzado a perder su eficacia.

Trump no sabe cómo salir de la guerra y pretende confundir con sus dislates discursivos, pero no le está funcionando para intervenir en el mercado global, donde el peso de sus anuncios no está impactando como ocurrió apenas unas semanas atrás.

El miércoles por la mañana Trump dijo que Irán pidió un alto el fuego, lo que el alto mando iraní no tardó en desmentir.

En la noche del mismo día, en un discurso formal —el primero en horario central desde que comenzó la guerra— Trump dijo que los objetivos norteamericanos están muy cerca de completarse y no descartó la posibilidad de un acuerdo con el régimen iraní.

“En dos o tres semanas, los haremos retroceder a la Edad de Piedra, que es a la que pertenecen”.

Trump intenta salir de la guerra presentando logros que la realidad le desmiente. Sus declaraciones de estos días no fueron, esta vez, registradas por el mercado.

El petróleo cierra la semana en USD 110 por barril y la economía mundial se derrumba. Con la palabra devaluada, la manipulación de la verdad ya no le rinde.

Hannah Arendt, que en su ensayo Truth and Politics hizo un planteo que merece ser tenido en cuenta para entender este momento: la mentira reiterada, pensada como un arma para destruir la certeza de que la verdad existe.

Si todo puede ser falso, todo puede también ser verdadero. La palabra política pierde consistencia, pierde densidad y se torna muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso.

Una cosa es la mentira. Otra, el ocultamiento. No son lo mismo, pero operan juntos.

La mentira es una afirmación falsa; el ocultamiento es administración de la verdad: dosificación, demora, silencio estratégico. Y muchas veces el daño político nace más del ocultamiento que de la falsedad explícita.

El derrotero de nuestro todavía jefe de Gabinete de Ministros va en ese sentido.

La mentira no siempre se trata de decir algo falso. A veces consiste en impedir que se conozca lo verdadero. El ocultamiento es más difícil de detectar, pero más corrosivo.

Retener información relevante, retrasar su difusión, responder sin responder, fragmentar la información, ampararse en tecnicismos. De eso se trata. Para que funcione, demanda una pericia, un expertise, una capacidad de la cual Manuel Adorni parece estar careciendo.

Pero mentir u ocultar no cambia la realidad. Lo real termina imponiéndose con crudeza.

Ni los festejos por el juicio de YPF ni los anuncios por la baja de la pobreza lograron sacar de la conversación pública el Adornigate. Todo demasiado explícito, demasiado visual.

Las chapucerías pergeñadas por él, por ahora, ministro coordinador para registrar sus bienes y propiedades, que inevitablemente salieron a la luz, lo hunden aún más en un mar de inconsistencias que le será difícil explicar.

El jefe de Gabinete no está, por el momento, procesado. La Justicia está trabajando en la recolección de pruebas. Los delitos que se investigan van desde la dádiva y las negociaciones incompatibles con la función pública hasta el enriquecimiento ilícito.

Adorni es percibido como un lastre por buena parte del funcionariato. Están los que ya empiezan a tomar distancia de lo que consideran una mancha venenosa.

A las veleidades propias de lo que el libertarianismo llama “casta”, que dan cuenta del perfil aspiracional del ex vocero, se suma la torpeza con la que pretendió defenderse.

Tras haber dado respuesta vaga e imprecisa acerca de si aparecerían nuevos hechos reprochables, Adorni respondió: “No hay nada más”.

“No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice: irme cuatro días con mis nenes”. Se refería al viaje en vuelo privado a Punta del Este.

La investigación judicial analiza ahora la trazabilidad de un viaje en familia registrado en diciembre de 2024. Todos los caminos conducen a la isla caribeña de Aruba. De comprobarse, al ocultamiento se suma la mentira.

En una suerte de inconducente sobreactuación, Martín Menem recurrió al más común de los lugares para alinearse.

“Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni”, dijo en una entrevista televisiva.

Parte del círculo más íntimo de Karina Milei, Menem considera que hay que esperar el veredicto de la Justicia.

El presidente y su hermana reforzaron en las últimas horas el respaldo al funcionario en caída libre. El empeño por arroparlo resulta tan conmovedor como temerario.

Los tiempos políticos apremian. La seguidilla de torpezas desplegadas por quien ganó su lugar en el Gobierno ejerciendo como vocero y escudero mediático del Presidente no deja margen para esperar los tiempos de la Justicia.

Las estrategias de ocultamiento, dilación de respuesta, beligerancia defensiva y altanería desplegadas por MA no están funcionando.

El ecosistema digital provee dispositivos precisos y veloces para la difusión de mentiras y falsas verdades, pero también pone a disposición herramientas que perforan la opacidad, aportando nitidez y transparencia.

La mentira y el ocultamiento son recursos de corto plazo, estrategias dilatorias; pueden comprar tiempo, pero no compran impunidad.

La realidad siempre se impone y termina pasando factura. Y en este caso el costo es político y lo terminará pagando el gobierno libertario de Javier Milei.

Una moto cargada de explosivos fue detonada frente a la sede de la estación de Policía de Briceño, en Antioquia, la noche del viernes 4 de abril de 2026. El hecho, ocurrido en plena Semana Santa, dejó daños estructurales y un uniformado con heridas leves, según el reporte oficial.

Este ataque tuvo lugar semanas después de un operativo del Ejército Nacional en el municipio, en el que “Primo Gay”, cabecilla señalado por las autoridades, habría resultado herido y logrado escapar. En esa ocasión fueron capturados alias Daniela –su pareja– y alias Mateo, su escolta, junto con el decomiso de un fusil, tres proveedores, una granada de mano, cinco teléfonos, material de intendencia, un radio y dos chalecos multipropósito.

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El Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, calificó el ataque como una “reacción cobarde” vinculada a la “debilidad de los grupos criminales que delinquen en la zona”, atribuyendo la autoría a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y al Clan del Golfo, responsables de enfrentamientos con el Ejército Nacional.

“Estos actos los muestran como lo que son: terroristas que atacan a la gente”, afirmó Sánchez en X, señalando que la acción constituye “un crimen de guerra y de lesa humanidad” perpetrado con métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Y agregó: “Paralelamente, la Fuerza Pública tiene activadas todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables, en una región donde delinquen la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y estructuras del autodenominado EGC o comúnmente conocido como Cartel del Clan del Golfo”.

El ministerio reiteró las líneas de atención para denunciar actividades criminales, enfatizando la reserva absoluta de la información. “Venzamos el miedo. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: • Contra el crimen: 314 358 7212 • Líneas 107 – 157 • GAULA: 147 – 165 • Reclutamiento infantil: 141. Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al hecho en su perfil de X, confirmando que el uniformado herido está fuera de peligro. En su criterio, el presidente Gustavo Petro es el responsable de empeorar las condiciones de seguridad con la estrategia de la Paz Total, marcada por la reincidencia del Clan del Golfo y la estructura 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en actividades criminales y de narcotráfico en la zona.

Decretan toque de queda y restricción de parrillero tras atentado con explosivos en Briceño

Las autoridades de Briceño implementaron un toque de queda nocturno tras el atentado con explosivos en el parque principal del municipio, que dejó un patrullero herido. La restricción regirá entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta el martes 7 de abril de 2026, como parte de las medidas destinadas a preservar el orden público en el norte de Antioquia.

La explosión se produjo cerca de la estación de Policía y la iglesia principal, donde tenían lugar actos litúrgicos del Viernes Santo. Según versiones preliminares, una motocicleta cargada con explosivos habría sido utilizada.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, manifestó su rechazo contra el atentado y aseguró: “No habrá espacios para la impunidad”. El oficial también señaló en su cuenta de X que no permitirá que el miedo o la intimidación debiliten la labor legítima de los agentes que trabajan por la convivencia ciudadana.

Entre las disposiciones adicionales adoptadas por la administración municipal, se prohibió el tránsito de motocicletas con parrillero y el parqueo de estos vehículos en vías públicas hasta el miércoles 15 de abril de 2026.

El abogado penalista Ricardo Antonio Méndez, colegiado y vicepresidente del Capítulo Atlántico del Colegio de Abogados Penalistas, iba a ser víctima de un ataque en el norte de Barranquilla (Atlántico). La organización confirmó a través de un comunicado –firmado por su presidente, Francisco Bernate Ochoa– que se frustró un atentado en su contra y que ahora la Fiscalía General de la Nación está adelantando las investigaciones pertinentes al respecto.

De acuerdo con el diario La Libertad, de Barranquilla, los hechos se presentaron el 28 de marzo en el barrio El Country. El jurista, que funge como conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta-Sala Penal, se movilizaba en su vehículo, cuando notó que dos sujetos en una motocicleta lo empezaron a seguir.

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Entonces, alertó a uniformados de la Policía Nacional, que interceptaron a los hombres que aparentemente estaban siguiendo al abogado e impidieron el ataque. La Fiscalía abrió una noticia criminal por estos hechos, según indicó el informativo citado.

El Colegio de Abogados Penalistas se pronunció rechazando el atentado que presuntamente iba a ejecutarse y solicitó una investigación rigurosa de la situación.

“Hacemos un llamado de apoyo urgente a todas las autoridades policiales, judiciales y administrativas para que se esclarezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y así mismo se logre identificar a los posibles determinadores de tan lamentable hecho, del cual, por fortuna, no se causaron víctimas”, precisó.

El abogado penalista Iván Cancino reaccionó al caso, exponiendo una queja hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el profesional en Derecho, ambas entidades estarían fallando en garantizar la seguridad de los abogados que han sido blanco de intimidaciones.

“La @UNPColombia y la @FiscaliaCol poca o nula protección a los defensores que denuncian y denunciamos amenazas. Y estas son las consecuencias para muchos”, aseveró.

El Colegio de Abogados confirmó que los defensores se convirtieron en objeto de agresiones debido al ejercicio de su profesión. Recordó que su oficio es libre y que está garantizado por la Constitución Política y la ley colombiana.

En consecuencia, se solidarizó con el abogado por los hechos de violencia que se habrían planeado para afectar su integridad y su vida. “Expresamos nuestra solidaridad respecto de los hechos del que fuere víctima nuestro colegiado Ricardo Méndez, reconocido abogado penalista y catedrático universitario de la ciudad de Barranquilla y del país”, indicó.

No es la primera vez que Cancino cuestiona a las entidades del país que se encargan de garantizar la protección de la ciudadanía y de adelantar las investigaciones sobre hechos criminales. El 25 de marzo, hizo una crítica luego de que el abogado Miguel Ángel del Río fuera informado sobre un posible atentado que se habría planeado en su contra y que también estaría dirigido a otras personas reconocidas.

“Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra, donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el sargento Wadith Velásquez y otros testigos”, indicó Del Río en su cuenta de X.

Cancino rechazó los hechos y recordó que también ha sido blanco de intimidaciones, las cuales ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes, al parecer, sin recibir atención adecuada. Según explicó, las denuncias por amenazas en la Fiscalía, al parecer, suelen terminar archivadas.

“Ojalá me paren bolas. A mí me han amenazado desde ese recinto y otros he denunciado y @FiscaliaCol archiva con la velocidad de un rayo en proformas. Archivan denuncias de amenaza en un formato de 9 páginas que solo cambia el nombre del denunciante”, aseveró.

Había niebla cuando el comandante del avión de KLM comenzó a hacer carretear al avión de KLM por la pista. La grabación de la caja negra registró lo que siguió después.

-¡Este maldito aeropuerto ni siquiera tiene radares de tierra! – le dijo el piloto Jacob Veldhuisen Van Zanten a su copiloto, Jan Meurs.

Es posible que fuera a agregar algo, pero no tuvo tiempo. Cuando el avión ya carreteaba a 250 kilómetros por hora en busca de la velocidad necesaria para levantar vuelo, frente a la nariz de la aeronave apareció una inmensa mole con bandera estadounidense.

-¡Mierda, levanta, levanta…! – alcanzó a gritar Meurs, mientras Van Zanten intentaba una última y desesperada maniobra: elevar el avión para pasar por encima del otro. No lo logró y la pista principal del aeropuerto se convirtió en un infierno.

Es una verdadera paradoja: el peor desastre de la historia de la aviación mundial ocurrió en tierra, el domingo 27 de marzo de 1977 a las 17.15, en el Aeropuerto Los Rodeos de Santa Cruz de Tenerife. La colisión dos los Boeing 747 de las empresas KLM y Pan Am tuvo un saldo de 587 muertos, entre tripulantes y turistas que habían tomado sus vuelos charter para disfrutar de unas vacaciones en las paradisíacas playas de Las Palmas.

De las 390 personas que viajaban en el avión norteamericano, solo 52 salvaron sus vidas. La aeronave holandesa llevaba 249 personas a bordo y ninguna sobrevivió.

Al choque de los dos aviones le siguió una violenta explosión que desató un voraz incendio. En los depósitos de las aeronaves había cerca de 400.000 litros de combustible, ya que el jumbo de Pan Am había aprovechado la escala para llenar sus tanques. Las llamas se elevaron sobre la pista, perforando el banco de niebla que la cubría. Muchos de los pasajeros que sobrevivieron al impacto perdieron la vida alcanzados por el fuego.

La tripulación del avión estadounidense no sabía que había sucedido: “No vimos nada, no me di cuenta de nada. Solo sentimos un choque violento y las llamas”, relató el comandante Viktor Grubbs mientras lo trasladaban al hospital con un brazo fracturado y un fuerte golpe en la cabeza. El mecánico John Cooper también estaba en la cabina de mandos. “Cuando el avión comenzó a carretear para alcanzar la cabecera de la pista y ubicarse detrás del avión de KLM, el piloto, el copiloto y yo íbamos mirando los instrumentos. De pronto levanté la vista y vi una gran sombra adelante. El golpe vino enseguida. El avión se partió y yo quedé colgado del cinturón de seguridad. Salí unos segundos después agarrándome de las chapas del fuselaje. Nadie se dio cuenta de nada, y mucho menos los pasajeros”, contó, milagrosamente ileso.

Pasajeros aterrorizados

Jim Naik estaba en el avión de Pan Am por razones de trabajo. La compañía de turismo que había charteado el vuelo lo envió como coordinador para que acompañara a los turistas que, luego de unos días en Las Palmas, emprenderían un crucero por el Mediterráneo con destino final en Atenas. Estaba acomodándose en el asiento, al lado de su mujer, cuando se produjo el choque: “Yo creía que estas cosas no se veían más que en el cine. De pronto se oyó un ruido imponente y el avión se incendió. Estaba en el compartimento de primera clase y después del impacto la gente comenzó a caer por la abertura, en la separación con la clase turista. Muchos cayeron sobre mí, pero lo que hizo todo el daño fueron las llamas. Algo me sacó de la cabina, creo que fue la segunda explosión. En la pista busqué desesperadamente a mi mujer. No estaba, Pensé en volver al avión y entonces vi que otra persona caía de la cabina. Era ella”, relató.

El operativo de respuesta a la emergencia del aeropuerto se puso en marcha en cuestión de segundos. Los bomberos llegaron de inmediato a los aviones y mientras desde los autobombas se intentaba combatir las llamas, otros hombres se lanzaron sobre los restos de los aviones para tratar de salvar a los sobrevivientes, aun a riesgo de morir si se producía otra explosión.

Sue Ann Lingstrom fue una de las últimas personas en ser rescatadas. La encontraron atrapada por un trozo de fuselaje, con una herida de varios centímetros en el cuero cabelludo. Su cara estaba bañada en sangre. “Estaba en primera clase. Después de la explosión, el techo de la cabina se me cayó encima, a mí y a los otros pasajeros. Pude sacarme el cinturón de seguridad y traté de escapar, pero de pronto caí y no supe más nada hasta que me desperté en una camilla”, dijo. Y agregó una información que luego resultó falsa: “Es una fatalidad. Nos desviaron a este aeropuerto porque en Las Palmas había niebla, para darnos más seguridad… y miré cómo terminó todo”. Lo que la señora Lingstrom no sabía aún era que la causa de los desvíos de su avión y el de KLM nada tenía que ver con cuestiones climáticas.

Efecto rebote de un atentado

Solo la tripulación de los dos Boeing 747 conocía la verdadera razón que los había llevado al Aeropuerto Los Rodeos. Ese mediodía, una llamada anónima al Aeropuerto Internacional de Gandó, en Las Palmas, advirtió que había una bomba a punto de estallar en algún lugar de la estación aérea. La rápida reacción del personal de seguridad no pudo evitar el desastre: a las 13.15, un explosivo escondido en un jarrón de la florería del primer piso estalló e hirió a ocho personas, entre ellas al jefe del aeropuerto, Pedro González, que colaboraba en la búsqueda.

A pesar de que el atentado no afectó áreas ni elementos que hicieran peligrar las operaciones aéreas, las autoridades decidieron suspenderlas. Cuando se dio aviso, el avión de KLM acababa de despegar del Aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam, mientras que el Boeing de Pan Am ya estaba volando sobre el Atlántico. Ambos aviones recibieron la misma orden: aterrizar en Santa Cruz de Tenerife y esperar allí a que se normalizara la situación en Gandó. Los comandantes informaron a los pasajeros que la forzada escala se debía a un banco de niebla. No dijeron una sola palabra sobre el atentado, para no alarmarlos.

Después de a tragedia de Tenerife, el abogado Antonio Cubillo, líder del Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, se adjudicó el atentado de las Palmas, pero negó cualquier responsabilidad sobre el desastre del Aeropuerto Los Rodeos. “Hoy a las 13 advertimos al gobierno español que habíamos colocado una bomba en el Aeropuerto de Gandó. La bomba estalló a la hora prevista, 15 minutos después. Nuestro movimiento no tiene arte ni parte en el choque de aviones ocurrido en Tenerife. La responsabilidad es de las autoridades españolas, que no quisieron que los turistas vieran el daño causado en Las Palmas y desviaron las naves. Desde noviembre del año pasado nuestra propaganda indicó a los turistas que no debían visitar Canarias porque el pueblo canario está en guerra con España”, dijo en una comunicación telefónica desde Argel, capital de Argelia.

La desmentida de Cubillo no evitó que se señalara al movimiento que lideraba como “responsable indirecto” de la tragedia. Para entonces, los peritos que investigaban las causas del desastre ni siquiera consideraban la hipótesis del atentado. Era un accidente y era necesario descubrir qué lo había provocado.

La predicción de un estudiante

Los investigadores tampoco tuvieron en cuenta, aunque la comentaron con una mezcla de asombro e incredulidad, una insólita noticia difundida cuatro días después por la agencia de noticias France Press. Siete días antes del accidente, el domingo 21, un estudiante de ingeniería de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, había protagonizado una extraña ceremonia. En presencia del presidente de la casa de estudios, el joven Lee Fried, de 19 años, introdujo una carta manuscrita en un sobre y lo entregó para que, luego de ser lacrado, quedara guardado en un cofre que solo él podía abrir. La nota de Fried – contaba la noticia publicada diez días después – decía textualmente: “Espero leer el lunes próximo en primera plana del News and Observer de Raleigh el título siguiente: ‘583 muertos en el choque de dos Boeing 747. La mayor catástrofe de la historia de la aviación’”.

De hecho, el titular del 28 de marzo de 1977 del periódico mencionado por Fried contenía algunas inexactitudes: “530 muertos en una colisión de aviones debida a la niebla. La mayor catástrofe aérea de la historia”, decía. Aunque a la hora del cierre de la edición aun no se había realizado el recuento total de las víctimas del choque de Santa Cruz de Tenerife, las agencias informativas ya daban una cifra superior. Esa misma tarde, uno de los directores de la Universidad, Paul Vick, rompió el selló del sobre y extrajo la carta frente a las cámaras de televisión. Cuando comenzó a leer su contenido, no pudo evitar un gesto de asombro. La predicción del joven Fried era mucho más certera que el titular del diario: apenas había errado por cuatro muertos.

Los periodistas locales se lanzaron a la caza de declaraciones del joven estudiante para que explicara la mecánica de su predicción, pero Fried no aceptó entrevistas y solo aceptó hacer una declaración: “Deseaba realmente haberme equivocado, como me equivoqué muchas veces antes. Hasta que el sobre fue abierto, me cuidé mucho de revelar su contenido. Si hubiera hablado, nadie me habría creído”, se limitó a decir. Para dar más contexto a la noticia, los medios publicaron que la Universidad de Duke era el lugar donde el profesor Joseph Banks Rhine, considerado “el padre de la parapsicología moderna”, había enseñado durante más de cuatro décadas. Una sugestiva casualidad, se ocuparon de remarcar.

El cable con la predicción de Lee Fried fue publicado como una curiosidad por importantes diarios de todo el mundo, junto con las noticias sobre la tragedia. Mientras tanto, en Santa Cruz de Tenerife los expertos de la Real Aerolínea Holandesa, de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos y del Ministerio del Aire de España seguían tratando de establecer las causas del accidente.

El juego de los millones

Cuando inician la investigación de un accidente de aviación, los peritos saben que se encuentran frente a tres posibilidades o la combinación de algunas de ellas: una falla mecánica, un error humano o un atentado. En el caso de la tragedia de Tenerife, desde el comienzo no hubo dudas de que se trataba de una falla humana, pero era necesario descubrir – y probar – quién o quiénes la había cometido. Los investigadores esperaban encontrar la respuesta en las cajas negras de los aviones, que contenían el registro de las conversaciones de entre los tripulantes dentro de la cabina y de sus comunicaciones con la torre de control del aeropuerto. Apenas fueron rescatadas de entre los restos del desastre se las envió a Washington para analizar su contenido en presencia de representantes de Pan Am y KLM.

Si bien se trataba de un trabajo rigurosamente técnico, los expertos sabían que no podrían investigar con tranquilidad. Los ecos del cruce de acusaciones y la guerra de responsabilidades que ya se había desatado entre las dos compañías aérea y en la que también estaban implicadas las autoridades del aeropuerto significaban una presión extra. No solo había culpas que determinar, se trataba también de millones de dólares.

Desde Ámsterdam, los directivos de KLM se apresuraron a hacer una declaración: “Es imposible que el capitán Veldhuizen Van Zanten despegara sin el permiso definitivo de la torre de control. Era uno de los comandantes más experimentados de la compañía”, dijeron. En Nueva York, las oficinas centrales de Pan Am prefirieron la cautela: “No hay comentarios. Vamos a esperar el resultado de las pericias”, respondieron a las consultas. Desde Madrid, las autoridades aéreas defendieron la seguridad del aeropuerto: “No hay nada que indique una situación peligrosa en el aeropuerto de Tenerife. Este accidente podría haber ocurrido en cualquier lugar del mundo”, respondió el vocero y también presidente de Iberia, Juan del Prado. “Desde la torre de control se dieron las instrucciones correctas a los dos pilotos”, reforzó Antonio Oyarzábal, gobernador de Canarias. Mientras tanto, William Haley, responsable en la investigación por parte de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte estadounidense, intentaba poner paños fríos sobre el asunto: “Es muy prematuro hacer cualquier especulación. Esta investigación es reservada. Solo vamos a dar una declaración pública cuando lleguemos a algún resultado concreto”, sentenció.

Había mucho en juego. A primera hora de la mañana del lunes 28, las compañías de seguros de transporte aéreo ya habían hecho sus cálculos: “El total de indemnizaciones será superior a los cien millones de dólares”, estimó en Londres un vocero de Lloyds. “Además de la indemnización de los aviones, se deberán también satisfacer los derechos de los pasajeros. Las compañías de seguros se verán sin duda obligadas a cuestionar las primas, porque desde hace tiempo vienen señalando que no están adaptadas a la realidad económica y que una gran catástrofe basta para conmocionar toda la situación, explicó.

El efecto fue inmediato: al cierre de las operaciones de ese mismo lunes, las compañías de seguros habían bajado un promedio de dos dólares sus cotizaciones en la Bolsa de la capital británica. A nadie se le escapaba que cuando se estableciera la identidad del o los responsables de la tragedia se definiría también quién o quiénes deberían pagar.

Tres errores humanos

Las sospechas apuntaron al comandante del vuelo de KLM, al piloto del jumbo de Pan Am y a los controladores de la torre. En el caso de Van Zanten se creía que podía haber intentado despegar sin el permiso definitivo de la torre; a Grubbs se lo señalaba porque existía la posibilidad de que hubiera desobedecido o malinterpretado la orden de los controladores de salir de la pista principal por la llamada “intersección 4; finalmente, los controladores eran sospechosos de permitir el despegue del avión de KLM antes de que el 747 de Pan Am dejara la pista.

El primer paso fue determinar por qué el avión de la compañía estadounidense avanzaba por la pista de vuelo y no, como indicaban las más elementales normas de seguridad, por la de rodaje. Los responsables de la torre de control habían decidido enviar a los dos aviones por la pista principal debido a que, a raíz del cierre del Aeropuerto de Las Palmas, la plataforma de estacionamiento estaba repleta y dificultaba el carreteo por la pista auxiliar que, además, no estaba en buenas condiciones. Los expertos concluyeron que en otras circunstancias la decisión de los controladores podría haber sido correcta, pero que permitir esa maniobra con la pista llena de niebla y en un aeropuerto sin radares de tierra puso en riesgo a las aeronaves.

La torre de control le había indicado a Grubbs que saliera de la pista principal por la intersección 3, que lo llevaría al último tramo de la pista de rodaje, que estaba despejado, y le permitiría girar y ubicarse detrás del jumbo de KLM. Sin embargo, el piloto de Pan am siguió adelante por la pista principal. Después de examinar las grabaciones no quedaron dudas de que Grubbs había desobedecido la orden, una actitud inexplicable para un piloto de su experiencia, ya que viola las normas más elementales de las normas de un aeropuerto.

Ante la evidencia, el propio vicepresidente de Operaciones de Pan Am, Edward Walking, reconoció que el comandante había cometido un error, pero a la vez explicó que no había tenido alternativa: “La torre habló de pista 4 cuando le ordenó tomar una intersección que lo llevaría a la pista de despegue, pero el piloto se dirigió a la intersección 3. En apariencia, esto es un grave error, pero no lo es tanto si analizamos las especiales circunstancias. El piloto supuso que la torre, al decir 4 se refería a 3. Hay una razón para eso, porque la intersección 4 del aeropuerto de Tenerife no permite, absolutamente, el giro de un jumbo. Es decir, el capitán Grubbs no podía tener en cuenta una orden imposible de cumplir. Por eso prefirió ‘interpretar’ la orden antes de cumplirla a ciegas con riesgo para el avión”, explicó.

En ese punto, los errores eran compartidos: la torre de control había dado una orden que no podía ser cumplida y Viktor Grubbs la “interpretó a su manera, pero no les indicó a los controladores el error que habían cometido ni les advirtió qué iba a hacer.

Sin embargo, al determinar las responsabilidades de las tres partes involucradas en el accidente, los peritos señalaron al comandante Van Zanten, de KLM, como el principal causante de la tragedia. Las conversaciones grabadas de la torre de control con los dos aviones demostraron que el piloto del avión neerlandés había recibido una autorización preliminar, pero no la final, para despegar. La conclusión fue que Van Zanten había despegado sin permiso y provocado el desastre.

Tres errores humanos, demasiada niebla y un atentado terrorista en un aeropuerto distante fueron los ingredientes del explosivo cóctel que provocó la peor tragedia de la historia de la aviación comercial.

El análisis de las redes sociales del hombre investigado mostró que utilizaba prendas con apariencia paramilitar y publicaba imágenes donde hacía gestos relacionados con simbología islámica, específicamente alzando el dedo índice derecho en señal de Tawhid, lo que expresa la creencia en el monoteísmo del Islam. Tal como publicó Europa Press, estos elementos formaron parte de la investigación judicial tras un incidente en el cuartel de la Guardia Civil de La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla.

Según detalló el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta semana, el Tribunal Supremo examinó el caso de un varón que fue hallado dormido en el interior del cuartel después de saltar el muro perimetral para acceder a las instalaciones. Las primeras pesquisas concluyeron que el hombre mostraba signos de inestabilidad mental y mantenía vínculos con el radicalismo yihadista, aunque no suponía un peligro grave para la seguridad del Estado.

El fallo judicial indica que el 17 de junio de 2025, a las seis de la mañana, un agente de la Guardia Civil, al salir de su domicilio dentro del acuartelamiento, encontró a una persona tumbada en el rellano de las escaleras, justo junto a la puerta de la vivienda. El hombre llevaba ropa de tipo paramilitar y utilizaba una mochila como almohada. El agente lo despertó y lo trasladó a dependencias oficiales, donde otros dos efectivos procedieron al registro e identificación del individuo.

En su declaración, y según reportó Europa Press, el hombre explicó que había tenido una disputa la noche anterior con un vecino de la localidad, tras lo cual decidió buscar refugio en el cuartel de la Guardia Civil. La única vía que encontró para ingresar fue saltar el muro que rodea el recinto, tras lo cual se quedó a dormir en el lugar donde fue localizado por el agente.

De acuerdo con la consulta en la base de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, el varón presentaba antecedentes por diferentes delitos: hurto, uso indebido de vehículos, amenazas, lesiones y atentado contra agentes de la autoridad. Además, registraba infracciones por portar armas blancas y por posesión de estupefacientes en la vía pública. Esta información fue un elemento central que analizó el tribunal durante la causa.

El BOE recogió que al hombre se le abrió un atestado por un posible delito de atentado contra los medios o recursos destinados a la seguridad y defensa nacional, consecuencia de haber superado el muro perimetral y accedido sin autorización a las instalaciones policiales. No obstante, el tribunal expone que, aunque se evidenciaban ciertos indicios de riesgo potencial para la seguridad por antecedentes y comportamientos previos, las conclusiones del análisis pericial no detectaron un nivel de amenaza grave.

Parte de la investigación judicial también incluyó el análisis del dispositivo móvil del investigado, para ahondar en los datos vinculados al caso. La autorización para revisar este material se solicitó expresamente a la vista de los indicios detectados en su comportamiento y publicaciones en línea. De este análisis resultó el informe técnico-pericial, que insistió en el perfil de inestabilidad mental del individuo y la previsión de no constituir, en principio, una amenaza severa contra la seguridad nacional.

Según consignó Europa Press, la causa judicial seguirá ahora bajo la instrucción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa, en la plaza número uno, que continuará con las investigaciones y procedimientos pertinentes en este caso.

La sentencia publicada en el BOE expone con detalle el proceso llevado a cabo por los agentes de la Guardia Civil en la localización, identificación y puesta a disposición judicial del sospechoso. También se describe el contexto de su llegada al cuartel, los motivos alegados y los elementos que motivaron las medidas cautelares adoptadas por el tribunal.

Los detalles recabados durante la investigación, tanto de los antecedentes penales como de las actividades en redes sociales, fueron evaluados por el Tribunal Supremo a la luz de los posibles riesgos que el investigado pudiera representar para la seguridad del Estado. Europa Press informó que la vigilancia de la actividad en internet y la revisión del historial de publicaciones añadieron contexto relevante para el análisis del perfil del detenido.

El tribunal valoró la combinación de factores, entre ellos el acceso irregular a una instalación de seguridad, la inestabilidad mental, la reincidencia en otros delitos y la difusión de simbología religiosa en redes sociales. El resultado del dictamen pericial, expresado en la sentencia oficial, concluye que no existe, en este caso particular, una amenaza de primer nivel para la seguridad del Estado, lo que orientó la actuación judicial posterior y la competencia de los órganos instructores locales.

El caso continúa bajo el seguimiento de la autoridad judicial pertinente, según dictaminó la sentencia difundida a través del BOE y recogida por Europa Press.

El abogado penalista Miguel Ángel del Río denunció a través de su cuenta de X un atentado que presuntamente se habría planeado en su contra, hecho que se extiende al periodista Gonzalo Guillén, fundador y director del medio La Nueva Prensa, y a otras personas. De acuerdo con su explicación, el atentado se planeó desde un centro de reclusión.

“Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel Picota de Bogotá en mi contra, donde también atentarían contra el periodista Gonzalo Guillén, el sargento Wadith Velásquez (su investigador) y otros testigos”, señaló el profesional en Derecho en la red social.

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Del Río llamó la atención de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto.

El presunto atentado causó indignación. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, se pronunció tras conocer la denuncia del abogado, expresando su solidaridad y solicitando a las autoridades competentes garantizar la protección del profesional en Derecho.

“Mi solidaridad con @migueldelrioabg, y también mi rechazo a esta nueva amenaza contra su vida e integridad. Pido a las autoridades que se reaccione con eficacia protegiéndolo e investigando el hecho denunciado”, explicó el congresista y aspirante a la Presidencia.

De igual manera, el exembajador de Colombia en Argentina y exprecandidato presidencial Camilo Romero solicitó a la Policía Nacional tomar acciones frente al riesgo que estarían corriendo Del Río, Gonzalo Guillén y las demás personas que, al parecer, estarían en la mira de los criminales.

El exfuncionario calificó como “inadmisible” esta situación y rechazó cualquier acto de violencia perpetrado en su contra.

“Muy grave la denuncia que acaba de hacer @migueldelrioabg. Inadmisible que defender la verdad en Colombia siga siendo blanco del actuar infame de los violentos. Pido a @PoliciaColombia y demás autoridades las acciones rigurosas del caso para proteger a las personas amenazadas. Abrazo a Miguel, a Gonzalo y sus familias con toda solidaridad, al tiempo en que rechazo contundentemente estos hechos (sic)”, precisó.

La Asociación Freytter Elkartea también se pronunció sobre los hechos, pidiendo al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, garantizar la seguridad de las personas mencionadas. De igual manera, indicó que tanto el abogado Miguel Ángel del Río como el periodista Gonzalo Guillén son reconocidos por su trabajo a favor de los derechos humanos.

“Desde el País Vasco, Freytter Elkartea expresa preocupación por las amenazas contra el letrado Miguel Ángel del Río (@migueldelrioabg) y el periodista de investigación Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO), reconocidos por su labor en Derechos Humanos y litigios estratégicos, así como contra testigos, desde La Picota. Exigimos al Gobierno de Colombia medidas urgentes de protección”, expuso la asociación.

No es la primera vez que el profesional en Derecho asegura estar en una situación de riesgo. En 2024, denunció un supuesto plan para asesinarlo, que presuntamente fue organizado por el Clan del Golfo y por el narcotraficante Marquitos Figueroa. En esa ocasión, el posible atentado también iba dirigido al sargento Wadith Velásquez.

De acuerdo con el abogado, obtuvo información directa de un sicario y de otras personas que confirmaron la existencia del plan criminal. En un documento que compartió, un miembro del Clan del Golfo advirtió sobre la situación a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Justicia.

“Tengo conocimiento que pretenden atentar contra la vida de un abogado en la cuidad de Bogotá, y matar a persona al norte de Bogotá que cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Naconal de Protección (sic)”, se lee en el texto.

Cinco personas se encuentran recibiendo atención médica en la ciudad de Popayán, capital del departamento de Cauca, tras el estallido de un artefacto explosivo en la vía Panamericana. Entre los afectados figuran tres miembros de la Policía y varios civiles. El incidente sucedió la tarde del domingo, según informó la Policía Nacional citada por distintos medios.

El ataque tuvo lugar entre los municipios de Timbío y Rosas, en el suroeste colombiano, cuando un grupo de agentes se desplazaba por la carretera en labores de verificación. De acuerdo con la información publicada por la Policía Nacional de Colombia, los uniformados, adscritos a la estación de Timbío, habían recibido alertas sobre la posible presencia de explosivos en la zona, lo que motivó su desplazamiento para inspeccionar el sector. Fue en ese momento cuando detonó el artefacto, seguido por intercambios de disparos.

El medio que dio cuenta de los hechos detalló que el agente Juan David Grande Cantero perdió la vida en el lugar. Este funcionario formaba parte del dispositivo de prevención en una zona que ha registrado incidentes de seguridad reiteradamente. Además de la víctima mortal, otras cinco personas fueron evacuadas hasta centros médicos en Popayán, donde las autoridades adelantan su identificación y el estado de salud de cada una.

Entre los lesionados de este ataque figuran tres policías y al menos dos civiles, quienes se desplazaban en sus vehículos particulares por la vía afectada cuando ocurrió la explosión. Según consignó la Policía, la detonación buscaba afectar a la fuerza pública, aunque su radio de impacto se extendió a la población civil. Las autoridades clasificaron el hecho como un atentado contra la seguridad y orden público en este corredor vial estratégico.

La vía Panamericana, donde ocurrió la emboscada, es una de las principales arterias de transporte en el sur del país y conecta departamentos del suroccidente con otras regiones. Las repercusiones de estos eventos afectan tanto la movilidad como la percepción de seguridad entre los habitantes y viajeros frecuentes de este corredor.

Reportó la Policía Nacional que, tras el atentado, se desplegó un operativo en la zona para asegurar el área, ubicar posibles nuevos artefactos y dar con los responsables. Voceros indicaron que los uniformados emplearon equipos especializados de antiexplosivos y reforzaron la vigilancia en toda la región. Paralelamente, el tránsito por la vía Panamericana se vio restringido temporalmente para facilitar las labores investigativas y de remoción de escombros.

Sobre el perfil del agente fallecido, publicó la Policía Nacional que Juan David Grande Cantero había prestado servicio en distintas unidades policiales, siendo ahora una de las bajas recientes vinculadas a operativos de control en zonas de alto riesgo. Sus familiares y compañeros protagonizaron expresiones de pesar durante las primeras horas tras confirmarse el deceso.

De acuerdo con lo reseñado por el medio, las autoridades continúan recopilando evidencia en el lugar del ataque, revisando cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de testigos y afectados. Informó la Policía Nacional que la investigación se orienta a establecer si el atentado guarda relación con grupos armados ilegales que operan en el Cauca, dada la frecuencia de hechos de violencia de esta índole en el área.

En distintos comunicados, la Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que permita dar con los responsables de la acción, subrayando la importancia de denunciar movimientos sospechosos y alertas similares. La institución indicó que mantendrá su presencia en la zona y continuará adelantando operativos orientados a prevenir futuros atentados en ejes viales y áreas vulnerables del departamento.

Confirmó la Policía que, después del ataque, varias patrullas continuaron labores de patrullaje en puntos críticos al sur de Cauca, mientras equipos de inteligencia recopilan información sobre posibles nuevas amenazas. El atentado fue catalogado por la institución como uno más dentro del panorama de seguridad que enfrenta la región, afectada recurrentemente por la presencia de actores armados ilegales y disputas territoriales.

En la mañana del lunes 23 de marzo de 2026, la empresa minera Cerrejón reportó dos atentados en dos puntos de su infraestructura férrea en el departamento de La Guajira.

En un comunicado, la compañía señaló que los ataques se realizaron en la noche del domingo 22 de marzo, dejando un saldo de cinco vagones descarrilados y daños en los rieles, afectando la circulación del tren carbonero en esta parte del territorio colombiano.

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“El primero, en el kilómetro 75, provocó el descarrilamiento de varios vagones de un tren que se dirigía hacia Puerto Bolívar. El segundo, en el kilómetro 32, ocasionó afectaciones a los rieles y daños materiales que están por cuantificarse. El área se encuentra asegurada y las autoridades competentes adelantan la evaluación de la situación”, manifestó Cerrejón en la misiva.

La empresa subrayó en su mensaje que estos hechos ponen en peligro la vida e integridad de las personas, perjudican infraestructura estratégica y tienen un impacto directo en el empleo y el tejido social y económico de la región.

“Rechazamos de manera categórica estos hechos, que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, afectan infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos en la operación, el empleo y el tejido social y económico de La Guajira”, expresaron.

De acuerdo con Cerrejón, en lo que va de 2026 se han registrado dos atentados contra la infraestructura ferroviaria, cifra que se suma a los nueve casos reportados durante 2025.

“Esta situación evidencia la gravedad de un contexto marcado por bloqueos recurrentes y crecientes presiones operativas, que comprometen la estabilidad y el desarrollo del territorio”, agregaron.

Finalmente, Cerrejón solicitó reforzar la seguridad en el corredor férreo para prevenir nuevos ataques, reiterando su llamado al respeto por la legalidad y la vida en el Caribe colombiano.

“Reiteramos nuestro compromiso con Colombia, con La Guajira y con las comunidades vecinas, y hacemos un llamado a que la legalidad y el respeto por la vida prevalezcan sobre cualquier forma de violencia que afecte el desarrollo de la región”, concluyeron.

Cerca de 40 bloqueos en 2026

Además de los ataques explosivos, la empresa minera Cerrejón reportó que, entre enero y febrero de 2026, experimentaron 37 bloqueos que comprometieron de manera directa la continuidad de sus operaciones en La Guajira y pusieron en riesgo la funcionalidad de infraestructuras esenciales para la exportación del mineral.

Las interrupciones se produjeron en un contexto de creciente complejidad en el orden público y mientras persistían obstáculos en la búsqueda de canales de diálogo efectivos con las comunidades vecinas.

“Este inicio de año se ha convertido en el período con mayor número de bloqueos en la historia de la empresa, con una característica particular: la mayoría han sido de carácter impositivo, es decir, manifestaciones en las que el levantamiento depende exclusivamente de acceder a las exigencias de quienes las realizan”, indicó la compañía en un comunicado del 4 de marzo del año en curso.

La problemática no se limita al sector minero. Cerrejón recordó que los cortes en vías estratégicas constituyen una práctica recurrente que afecta a diversos sectores del país. Los bloqueos han alterado actividades comerciales, el transporte y la prestación servicios en diferentes regiones, incluyendo los principales centros urbanos.

“Cerrejón reitera su rechazo a las vías de hecho como mecanismo de presión, las cuales están generando afectaciones a la continuidad del negocio, al transporte de carbón a través de nuestra línea férrea y al suministro de insumos claves para la operación y, por consiguiente, al empleo y al desarrollo de La Guajira y del país”, añadieron.

Para la empresa, la superación de este desafío exige priorizar el diálogo institucional y evitar interrupciones que, a su juicio, “no constituyen un mecanismo adecuado para la resolución de diferencias”.

La organización subrayó la importancia de la seguridad, el cumplimiento normativo y la estabilidad operativa para preservar el empleo, la dinámica económica y la confianza de los actores locales y regionales.

“La empresa hace un llamado al diálogo respetuoso y a la utilización de los canales institucionales correspondientes, como el camino adecuado para la resolución de inconformidades”, puntualizaron.

Dos soldados del Ejército Nacional murieron luego de un ataque armado contra un vehículo militar en el casco urbano del municipio de Arauquita, Arauca, en la tarde del viernes 20 de marzo de 2026. El hecho ocurrió en cercanías del colegio Gabriel García Márquez.

De acuerdo con información preliminar, otros siete uniformados resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital San Lorenzo de Arauquita para recibir atención médica.

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Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho violento se reportó sobre la 1:40 p. m., mientras la tropa del Batallón Energético y Vial N.° 1 del Ejército Nacional realizaba un patrullaje en las inmediaciones del plantel educativo, ubicado en el barrio Obrero.

Por medio de un comunicado oficial, voceros del Ejército revelaron la identidad de los soldados profesionales que fallecieron “en cumplimiento de su deber”: Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas. Sobre los demás uniformados lesionados confirmaron que están fuera de peligro.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestros soldados fallecidos, honrando su memoria, vocación de servicio y sacrificio por Colombia”, se leyó en la comunicación militar.

También informaron que, al parecer, el atentado fue perpetrado por hombres del Frente de Guerra Oriental (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que abrieron fuego contra los soldados.

La institución educativa está localizada en el sur del casco urbano municipal, a pocos minutos del rio Cutufi, que es el que marca la frontera de Colombia con Venezuela, zona que cuenta con una robusta presencia del grupo armado.

Desde el Ejército confirmaron que se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes, “con el fin de que se determinen las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley”.

“El Comando de la Décima Octava Brigada rechaza de manera categórica este acto terrorista, que atenta contra la integridad de nuestros hombres y pone en riesgo a la población civil. Reafirma su compromiso y continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados”, informaron desde la institución.

Los golpes de las autoridades contra el ELN en Arauquita

Las acciones violentas contra las Fuerzas Militares por parte de las redes armadas comandadas por el ELN en la región corresponderían con las ofensivas de las tropas del Ejército Nacional y la frustración de planes de expansión de estas estructuras.

Tres semanas atrás, un grupo de hombres fue enviado a prisión bajo señalamientos de desplazar a una familia de su finca en el municipio araucano, con el propósito de convertir la propiedad en un centro de operaciones de la estructura, cuyo alcance ilegal tendría influencia en el resto de Arauca y en otras ciudades, incluida Bogotá.

Esta operación fue realizada a mediados de febrero de 2026, por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional en la que cayeron alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del ELN. Además, “Monchi” y alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, cooperadores de la red ilegal.

“El capturado sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada. Su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran comercializados a gran escala en bodegas ubicadas en Bogotá”, reportaron voceros oficiales del Ejército Nacional.

Además de estos señalamientos, “Monchi” sería el principal vinculado al despojo de fincas y el respectivo desplazamiento forzado.

En el balance de los operativos que dieron con el golpe a las estructuras del ELN en el municipio, voceros del Ejército advirtieron que iban a “mantener una ofensiva sostenida en Arauca; ningún grupo armado está por encima de la ley”, con el objetivo de proteger a la población, defender el territorio y “afetar de manera permanente a estas estructuras”.

La respuesta del grupo guerrillero tomó dos días. El 18 de febrero de 2026, portavoces militares confirmaron un ataque con explosivos contra un vehículo blindado del Ejército Nacional en el sector Puente Caranal, Arauquita.

El ataque resultó en un suboficial herido. El hecho se produjo mientras tropas de la Décima Octava Brigada, adscrita a la Octava División del Ejército, realizaban un movimiento táctico a bordo de un vehículo tipo Titán.

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de la estructura criminal Los Costeños, emitió una carta el 20 de marzo de 2026 desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En el documento, señaló que no responderá a provocaciones tras el atentado armado registrado en la madrugada del 19 de marzo en un billar del norte de Barranquilla, Atlántico, donde resultaron heridos Julio Ruiz Polanía, hermano de su pareja, y Luis Bernal Castro, alias Berna, considerado su hombre de confianza.

En el documento, el cabecilla afirmó su “compromiso inquebrantable con la paz, la legalidad y mi proceso de cambio personal y espiritual” y solicitó formalmente a las autoridades actuar contra los responsables de nuevos hechos violentos en la ciudad, de acuerdo con la comunicación enviada a diferentes instancias locales.

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Díaz Collazos, que asegura haber redactado la carta de su puño y letra desde prisión, precisó que no cederá frente a provocaciones de “actores externos” que buscan incitarlo a tomar las armas o retomar la violencia: “No cederé ante ninguna provocación”.

La misiva solicita la intervención del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, de la Fiscalía General de la Nación, así como la atención del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para frenar a quienes “están intentando generar violencia en la ciudad”.

Alias Castor identificó a personas como “Digno” y “Chan” entre quienes, según su declaración escrita, intentan desestabilizar el orden público, y subrayó que no permitirá que lo arrastren nuevamente hacia el delito.

Alias Castor fue condenado por responsabilidad en 95 homicidios en el Atlántico

El líder de Los Costeños fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por un juez penal especializado de conocimiento de Barranquilla tras aceptar su responsabilidad en una ola de 95 homicidios vinculados a la banda criminal.

La sentencia contempla crímenes cometidos entre 2014 y 2024 y consolida con el fallo una reacción judicial ante una de las mayores campañas delictivas recientes en el Caribe colombiano.

En la audiencia celebrada el 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, familiares de al menos 133 víctimas —entre fallecidos y lesionados— que atribuyen sus casos a Díaz Collazos, expresaron su inconformidad frente al preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y el cabecilla de la estructura.

El fallo no solo reconoce la autoría de Díaz Collazos en homicidio agravado, sino que incluye su rol en ataques armados que dejaron 38 personas heridas, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones —incluidas de uso restringido de las Fuerzas Armadas— y su responsabilidad por amenazas a funcionarios públicos.

Según la Fiscalía, este último cargo se relaciona con un episodio de 2023, en el que alias Castor intimidó a un funcionario judicial utilizando una aplicación de mensajería instantánea, lo que fortaleció la imputación de amenazas a servidor público dentro del expediente.

Durante septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón públicamente entre lágrimas y manifestó su arrepentimiento en presencia de algunos familiares que sufrieron la violencia atribuida a su organización.

Una década de violencia planificada para el control territorial y económico

La investigación de la Fiscalía General de la Nación, coordinada desde la Delegada para la Seguridad Territorial y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estableció que Díaz Collazos, en calidad de máximo cabecilla, ordenó múltiples acciones sicariales con el objetivo de garantizar el control de las rentas ilegales en Barranquilla y el municipio de Soledad.

Estas operaciones incluyeron una escalada de violencia selectiva destinada tanto a eliminar a miembros de organizaciones rivales como a amedrentar a civiles. En esta estrategia criminal se insertaron hechos especialmente graves como la masacre de San José (12 de mayo de 2022), la de Las Flores (10 de septiembre de 2022, con seis jóvenes asesinados), la de El Santuario (23 de enero de 2023, con cuatro víctimas mortales) y la de Villa Campestre (29 de junio de 2023, donde fueron asesinados tres integrantes de la familia Vega Daza).

Las acciones judiciales permitieron concluir el proceso con un preacuerdo que, pese a la aceptación de responsabilidad por parte del procesado, generó un rechazo explícito entre familias afectadas.

Como destacó la madre de una de las víctimas en declaraciones: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.

En el momento de máxima tensión global y luego de haber recibido amenazas por parte de Irán, el presidente Javier Milei participó -y habló- este martes de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel y ratificó su alineamiento geopolítico, al remarcar que su Gobierno “dejó en claro dónde se para” dentro del conflicto en Medio Oriente.

“Hoy, la Argentina es socia en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, y así intentaron, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”, sostuvo.

El mandatario nacional no solo asistió con la plana mayor del Gabinete del acto en el que se volverá a reclamar justicia por el ataque terrorista que dejó 29 muertos y más de 240 heridos, sino que también brindó unas palabras.

De esta manera, se convirtió en el segundo jefe de Estado en dar un discurso en el marco de un homenaje a las víctimas de este hecho, solamente por detrás de Carlos Menem, que lo hizo en 1993.

En esta oportunidad, el encuentro se desarrolló bajo una incesante lluvia que se tornó intensa minutos antes de la llegada del libertario, pero que se calmó un poco cuando estaba hablando ante el público.

“Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”, señaló.

En este sentido, Milei remarcó que tanto este ataque como el que sufrió la AMIA dos años más tarde, “intentaron cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo”, sin la cual “se pierde el respeto por la dignidad de la persona, la libertad y el respeto por la vida”.

Asimismo, el Presidente se refirió a las causas judiciales que se iniciaron para tratar de esclarecer los acontecimientos y destacó que la Argentina “ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hezbolá en la ejecución de estos hechos atroces”.

A 34 años de aquel terrible episodio en la historia argentina, todavía no se condenó a ningún responsable y a pesar de que la investigación tiene bastante probado la participación de miembros de la mencionada organización pro iraní, los acusados siguen impunes.

Además, cuestionó a las anteriores administraciones y subrayó que “la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán representó otro paso necesario para restablecer el rumbo correcto en la investigación; sin embargo, aún queda trabajo por delante”.

“Nuestro país impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia. Al mismo tiempo, el Estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento”, enumeró.

El reclamo porque avance el juicio en ausencia de los acusados por el ataque fue protagonista a lo largo de toda la jornada y estuvo también presente en los discursos de los demás oradores, que también celebraron que el país “se haya puesto del lado correcto de la historia”.

Al tomar la palabra, el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, advirtió que su país y los Estados Unidos “han decidido actuar para impedir que el plan de Irán avance” y terminar así con los “ataques sistemáticos contra la sociedad con el fin de generar muerte y destrucción”.

“Luchamos contra el terrorismo como instrumento de acción y una dictadura que se opone a los valores de la democracia, oprimiendo y asesinando su propio pueblo. Frente a ellos, el silencio no es neutralidad, es complicidad. No todos lo expresan con claridad, no todos lo sostienen con convicción. Señor presidente Javier Milei, usted ha sido una voz firme en defensa de libertad, de la democracia, de los valores del Occidente. Usted se ha ubicado en el lado correcto de la historia. En nombre del Estado y del pueblo de Israel y de los que creen en el mundo libre, debo decirle una vez más, no solo a él, a todos ustedes, muchas gracias”, resumió el representante diplomático.

Del acto también participaron familiares de las víctimas argentinas del 7 de octubre de 2023, como Sandra Miasnik, familiar de Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfir, quienes fueron secuestrados de su hogar por Hamás durante los atentados de esa fecha y que iniciaron en la Franja de Gaza.

El encuentro, en esta oportunidad, se realizó bajo la consigna “la primera vez no se olvida, porque deja huella”y busca seguir recordando la voladura del edificio que estaba ubicado en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, en el barrio porteño de Retiro.

En ese lugar, actualmente hay una plaza conmemorativa de la tragedia, hasta donde se acercaron las principales autoridades nacionales y miembros del Poder Judicial, del Congreso y de la comunidad judía.

Por otra parte, el acto se lleva adelante en un contexto de extrema sensibilidad, tras las amenazas abiertas del régimen islámico contra Milei, al que acusó de haber cruzado una “línea roja imperdonable”.

En una editorial de un diario oficialista de Teherán, apuntaron contra el líder libertario por haber declarado públicamente en Nueva York que Irán es “enemiga” de Argentina y reiterar su alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Una vez que terminó su exposición, el Presidente se retiró del lugar por motivos de seguridad, aunque en el sitio permanecieron varios de los funcionarios que lo acompañaron.

Estuvieron, por ejemplo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, del Interior, Diego Santilli, y de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri.

Debido a las condiciones climáticas, todo el evento se adelantó y las ofrendas florales en memoria de las víctimas que iban a colocar representantes de diferentes sectores ya habían sido puestas en su lugar, aunque Sela pidió que, de todas formas, se nombre a todos los que iban a entregarlas.

*Fotos: Jaime Olivos

Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho para realizar actividades de campaña. Junto a él viajaban otros miembros de su equipo, quienes resultaron heridos. El accidente enluta la campaña política a poco menos de un mes de celebrarse las Elecciones Generales.

Aunque inicialmente se informó que la causa de la muerte fue un accidente —ya que el vehículo transitaba por la Vía Los Libertadores, un corredor declarado en emergencia desde hace tiempo y escenario de diversos siniestros—, los familiares del líder político pidieron que el caso sea investigado, pues no descartan la posibilidad de un atentado.

Walter Becerra, hermano de Napoleón, reveló a RPP que, días antes, el dirigente le había advertido que querían atentar contra su vida.

“Napoleón había comentado que había tenido conocimiento de que querían atentar contra su vida. No nos dijo quién”, señaló.

Becerra añadió que la familia sospecha que no se trató de un simple accidente, pues Napoleón también había mencionado que había vehículos que lo seguían.

“Nosotros sospechamos que esto es un atentado. Napoleón siempre comentaba que había vehículos merodeando el lugar por donde él se trasladaba, pero nosotros pensábamos que era parte natural de la campaña política”, agregó.

El familiar del candidato también señaló que, justo en el momento en que ocurrió el accidente, la Policía de Carreteras que los venía custodiando tomó otra dirección.

Accidente ocurrió durante traslado hacia Ayacucho

El accidente se registró en la carretera de Rumichaca, a unas dos horas de la ciudad de Ayacucho. Napoleón Becerra viajaba en un vehículo particular acompañado por miembros del Partido de los Trabajadores y Emprendedores cuando ocurrió el siniestro.

La noticia fue confirmada por Emily Silva, candidata a diputada por la misma agrupación política, quien indicó que recibieron la información de militantes que se encontraban en el lugar del accidente.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente del compañero Napoleón Becerra por nuestros compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él en la comitiva”, señaló en declaraciones a RPP.

Según explicó, el vehículo trasladaba al candidato junto a varios integrantes de su equipo, algunos de los cuales resultaron heridos tras el impacto. Ante esta situación, la dirigente solicitó apoyo inmediato a las autoridades para que se pueda atender y evacuar a los afectados.

“Lo que nosotros en este momento solicitamos al Gobierno es que tome cartas en el asunto y que nos ayude también con los compañeros que puedan estar heridos para que sean evacuados”, expresó.

El fallecimiento de Becerra generó diversas reacciones en el ámbito político. El candidato presidencial César Acuña, así como el exrector Alfonso López Chau y otras figuras públicas, expresaron sus condolencias a la familia y militantes del partido. También lo hicieron la Presidencia de la República y el Jurado Nacional de Elecciones mediante comunicados oficiales.

Incertidumbre sobre el futuro electoral del partido

La muerte del candidato presidencial ha abierto un escenario inédito en el proceso electoral peruano. La legislación vigente no contempla de manera explícita qué ocurre cuando un postulante a la presidencia fallece en plena campaña.

De acuerdo con el especialista en temas electorales José Tello, la Ley Orgánica de Elecciones establece que la candidatura presidencial es el eje de toda la fórmula, por lo que, en distintos supuestos —como renuncia, retiro o tacha—, la salida del postulante principal provoca la caída de toda la lista.

Sin embargo, el caso de un fallecimiento no está regulado de forma directa, lo que deja margen para interpretaciones por parte de las autoridades electorales.

En ese contexto, será el Jurado Nacional de Elecciones el que deba evaluar la situación y determinar si la fórmula del Partido de los Trabajadores y Emprendedores queda automáticamente fuera de carrera o si existe algún criterio excepcional que permita su continuidad.

El debate se vuelve más complejo porque el plazo para modificar o presentar nuevas listas ya venció. Esto significa que cualquier decisión deberá tomarse dentro de un marco legal limitado, en medio de un proceso electoral que se encuentra en su etapa final de campaña.

Durante años circuló una versión inquietante sobre los últimos segundos de aquel trágico vuelo. Según ese relato, Carlos Menem Junior intentaba mantener el helicóptero en el aire mientras pedía ayuda por radio. Decía que los custodios venían retrasados y que le estaban disparando. Se mencionó que uno de los dos autos que velaban por su seguridad había sufrido la pinchadura de un neumático. Y que por esa causa ambos vehículos se detuvieron para solucionar la situación, y entonces se produjo la demora de ese personal que lo cuidaba durante el trayecto en la ruta rumbo a Rosario, el destino final.

La frase que se le atribuye quedó grabada en la memoria de quienes siguieron el caso: “¡Huevones, contesten, me disparan!”.

La historia surgió de una grabación que, según contó su madre, Zulema Yoma, le hizo escuchar a ella un agente de inteligencia de apellido Cortese. Sin embargo, la cinta nunca apareció en el expediente. Tampoco se registraron comunicaciones que confirmaran aquella escena.

Ese confuso episodio resumió como pocos la naturaleza futura del caso: una sucesión de indicios, relatos y sospechas que nunca terminaron de encajar del todo con la versión oficial.

La mencionada tragedia ocurrió el 15 de marzo de 1995, a las 11.44 horas de la mañana, cuando el helicóptero Jet Ranger 206 B3, propiedad de Emir Yoma, cayó en el kilómetro 191.5 de la Ruta 9, en las inmediaciones de Ramallo, ciudad ubicada a unos 220 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

Al mando estaba Carlos Menem Junior, de 26 años. Lo acompañaba su amigo Silvio Oltra, un reconocido piloto y corredor de automovilismo que por entonces estaba separado de la reconocida modelo Elena Fortabat, ambos padres de la entonces pequeña Carolina.

El impacto fue fatal para Oltra, que murió en el acto. Menem Jr. fue trasladado de urgencia al Hospital de San Nicolás, donde ingresó en coma grado 3. Los médicos realizaron intensas maniobras para reanimarlo. El jefe de terapia intensiva Marcelo Barrangú y el director del hospital Ismael Pasaglia supervisaron los intentos por estabilizarlo, pero el esfuerzo fue en vano. Después de dos paros cardíacos, a las 14.50, confirmaron su muerte.

De entrada, Zulema Yoma, con ese olfato típico que desarrollan las madres, desconfió. Escuchó en medio del dolor todas las explicaciones que le daban pero no las creyó. Le repetían que el helicóptero se había enredado con cables de alta tensión. Pero los datos que le acercaban llamaron aún más su atención desde el comienzo. Ya que el aparato tenía capacidad para alcanzar casi tres mil metros de altura. Sin embargo, ese día volaba curiosamente a apenas unos 15 metros del suelo.

En los días posteriores circularon versiones que señalaban que Carlitos habría estado realizando maniobras arriesgadas entre las torres del tendido eléctrico, pasando por encima y por debajo de los cables. Entonces, en algún momento la aeronave quedó enganchada, cayó de punta sobre un campo de maíz y rebotó dos veces contra el suelo. Lo llamativo fue que el helicóptero contaba con un sistema de seguridad diseñado para cortar cables en caso de impacto, pero ese mecanismo nunca fue accionado.

Zulema continuaba oyendo todo lo que le relataban y desconfiaba cada vez más. Para ella no había sido un accidente. Apenas recibió la noticia en el Hospital de San Nicolás, desvanecida de dolor, ya estaba convencida de que Junior había sido asesinado por ser el hijo del presidente. Nadie se lo iba a sacar de su mente. Todavía resuena una frase que se convirtió en una de las más recordadas del caso: “A Carlitos lo mataron y su padre sabe por qué y quién fue”, sentenció sin vueltas. Y la pregunta no tuvo respuesta hasta hoy, porque Carlos Menem nunca aclaró nada sobre esa precisión que dio su esposa.

Su sospecha se apoyaba en conversaciones previas que había tenido con su hijo. Es que durante un tiempo, Menem Jr. había acompañado a su padre en la Casa Rosada en tareas ad honorem, trabajando junto al secretario presidencial Ramón Hernández. Y según contó su madre, en ese período el joven le confesó que había observado situaciones preocupantes dentro del entorno presidencial y que no le gustaba nada lo que veía. También le dijo que tenía la sensación de que lo estaban siguiendo. Para Zulema, eso significaba que su hijo se había enterado de algo que no debía saber.

Para colmo, sus sospechas se potenciaban en un contexto sensible. La Argentina venía de soportar dos ataques terroristas devastadores: el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y el ataque contra la AMIA en 1994. Y entonces, Zulema reflexionó acerca de un posible tercer atentado. Se sumaban también las sospechas e investigaciones periodísticas relacionadas con el gobierno de Carlos Menem y el negocio de la venta de armas.

Aparecieron versiones que relacionaron la responsabilidad de la muerte de Junior con el grupo Hezbollah, y hasta se especuló con una posible represalia del narcotráfico internacional, basada en que la Argentina había permitido la residencia en el país de Juan Pablo, Manuela y Victoria Eugenia Henao, los hijos y la viuda del narcotraficante Pablo Escobar, asesinado en Medellín, Colombia, el 2 de diciembre de 1993.

Enseguida surgió una versión que indicaba que en el helicóptero habría viajado una mujer rubia, algo que jamás se pudo comprobar. La investigación judicial pasó por tres jueces: Eduardo Alomar, José María Acosta y Carlos Villafuerte Russo. Y las pericias que se fueron ordenando aportaron resultados contradictorios: en 1997, un informe de Gendarmería sostuvo que el helicóptero presentaba dieciocho perforaciones y deformaciones compatibles con impactos de proyectiles de arma de fuego que se habrían producido durante el vuelo.

Sin embargo, esa conclusión fue refutada por la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil y por especialistas de la empresa Bell, fabricante del helicóptero. Ambos aseguraron que no existían evidencias de disparos. La controversia se agravó cuando se supo que antes de esos estudios el juez Alomar había entregado los restos del helicóptero a Emir Yoma para que pudiera cobrar el seguro. Eso significó que durante meses el aparato permaneció sin custodia judicial, lo que generó dudas sobre el estado en que se encontraba cuando se realizaron las pericias posteriores.

Por entonces, el abogado Juan Labaké, que representaba a Zulema junto a Alejandro Vázquez, sostenía que el caso debía investigarse como doble homicidio agravado y como un acto de terrorismo. En ese contexto, Zulema mencionaba otro dato inquietante: trece testigos que habían declarado en la causa murieron con el paso de los años, algunos en circunstancias que consideró poco claras. Vale un ejemplo: el primero en arribar al lugar donde cayó la aeronave fue el peón del campo, Lorenzo Siri. Ante la policía dijo que en ese momento se encontraba allí una mujer y que entre los restos apareció un portafolios que retiraron dos hombres, sin especificar de quiénes se trataba, sencillamente porque no lo sabía. Al poco tiempo Siri fue atropellado en las inmediaciones de su casa y falleció.

En 1998, la investigación judicial concluyó que se trató de un accidente. Sin embargo, el caso siguió teniendo capítulos inesperados. Zulema impulsó nuevas acciones judiciales y recibió el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, quien acompañó una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese proceso permitió que la causa se reabriera en 2010.

En 2014 ocurrió algo que nadie había anticipado. El propio Carlos Menem cambió su postura histórica y coincidió con Zulema en que la muerte de su hijo podría haber sido consecuencia de un atentado en el que habría intervenido Hezbollah. Dos años más tarde amplió esa declaración y aseguró que organismos de inteligencia como el FBI, la CIA y el Mossad manejaban esa misma hipótesis. A raíz de esas afirmaciones, el juez Villafuerte Russo convocó a declarar a todos los presidentes que sucedieron a Menem para intentar conocer qué había de veracidad al respecto. Pero ninguno de ellos aportó información que modificara el rumbo del expediente.

Elena Fortabat, ex esposa de Silvio Oltra, sostuvo siempre que lo ocurrido había sido simplemente un accidente. Finalmente logró cobrar el seguro correspondiente por la muerte de Silvio Oltra. Pero su intervención posterior en un juicio vinculado a la sucesión de Menem Jr. derivó en un episodio inquietante. Según relató, comenzó a recibir amenazas de muerte. Personas desconocidas la seguían y le repetían una advertencia directa: “Vas a ser boleta”.

El miedo aumentó cuando en algunos llamados le mencionaban dónde se encontraba su hija Carolina, que entonces tenía nueve años y luego se convertiría en modelo como ella. La situación fue tan perturbadora que decidió levantar el juicio. Cambió varias veces su número telefónico y abandonó el proceso. Después de eso, aseguró, las amenazas cesaron.

En 2017, Zulema presentó una denuncia inesperada: aseguró que el cuerpo de su hijo podría haber sido retirado de su tumba en el cementerio islámico de La Tablada. La Justicia ordenó entonces la exhumación de los restos. Los estudios realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron que pertenecían efectivamente a Carlos Menem Jr., descartando cualquier manipulación.

Hoy, a 31 años de la tragedia de Ramallo, el expediente judicial sigue diciendo lo mismo que en 1998: accidente. Pero alrededor de esa conclusión quedó flotando una historia llena de contradicciones, pericias enfrentadas, testimonios inquietantes y teorías que nunca terminaron de desaparecer. Un caso más en que las respuestas de la justicia dejaron más dudas que certezas. Y una pregunta continúa en el aire sin que las respuestas satisfagan plenamente: ¿Carlos Menem Junior se mató o lo mataron?

“El trauma del 15 de marzo no sanará fácilmente, pero hoy espero que sea la última vez que tengamos motivo para escuchar el nombre del terrorista que estuvo detrás del atentado. Se merece toda una vida en completo y absoluto silencio”, dijo cuando ya estaba todo consumado, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Se refería así, sin nombrar a su autor, a la peor masacre de la historia del país, con su saldo de 51 muertos y cuatro decenas de heridos, perpetrada por un atacante solitario y producto de un cóctel de odio religioso potenciado al máximo por las redes sociales.

Todo ocurrió como en un videoclip de música furiosa, pero fue sangrientamente real. Porque cuando se apagó el interminable sonido de los disparos, los gritos de dolor y de terror que retumbaban en el interior de un templo se mezclaron con la voz del cantante que salía a todo volumen de un altavoz para convertirse en la banda de sonido de la transmisión de la masacre: “¡Soy el Dios del infierno! Y te traigo / Fuego, te llevaré a arder / Fuego, te llevaré a aprender / Te veré arder / (…) Fuego, para destrozar todo lo que has hecho / Fuego, para terminar con todo lo que has sido / Siento como ardes / (…) / Fuego, te llevaré a arder / Fuego, te llevaré a aprender / Vas a arder / Vas a arder / Vas a arder, arder, arder, arder, arder, arder, arder, arder...”.

Al mismo tiempo que sonaban la letra y la música de Fire, un viejo tema de rock del grupo británico The Crazy World of Arthur Brown, el australiano Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, salió con el arma larga todavía humeante y corrió hasta el auto que había dejado estacionado a pocos metros de la puerta de la mezquita de Al Noor, en la avenida Deans de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. Adentro dejaba desparramados 41 cadáveres y más de una decena de heridos.

Las agujas del reloj del templo estaban clavadas en las 13.44 del viernes 15 de agosto de 2019 cuando Tarrant se sentó al volante del auto, dejó el fusil semiautomático en el asiento del acompañante y le dio arranque para salir a toda velocidad. Vestía uniforme de camuflaje, ocultaba sus ojos con unos anteojos oscuros y en la frente llevaba adosada una cámara con la que había transmitido en vivo y en directo desde un canal de YouTube linkeado en su página de Facebook.

Eso fue apenas el principio, porque siguió transmitiendo – ahora con la cámara adosada en el interior del auto, enfocada en el asiento del conductor - mientras el vehículo recorría las calles de la ciudad al ritmo de la repetición de Fire. Porque Tarrant apenas había concluido la primera etapa de las tres que había planeado para sus acciones de ese día. A las 13.55 llegó a la mezquita Linwood, a cinco kilómetros de la primera. Llevaba nuevamente una cámara para seguir transmitiendo en directo, pero el artefacto había comenzado a fallar y solo se pudieron ver escenas fragmentadas del segundo ataque. Entró y disparó, pero esta vez encontró resistencia y tuvo que escapar antes de lograr por completo su objetivo. De todos modos, allí el saldo sería de otros diez muertos y más de treinta heridos. No pudo seguir transmitiendo cuando se dirigía a la tercera mezquita que estaba en sus planes. La policía lo detuvo sin que ofreciera resistencia antes de que pudiera sumar más muertes.

Así, Brenton Tarrant acababa de convertirse en el autor solitario de la mayor masacre de la historia moderna de Nueva Zelanda, con el trágico récord de 51 muertos y 48 heridos. También podría haber sido peor si hubiesen detonado las dos bombas que dejó en otros tantos autos estacionados cerca de las dos primeras mezquitas. Afortunadamente fallaron.

Era mucho para un solo hombre y en un primer momento la policía no creyó que hubiera actuado solo y detuvo a otras tres personas – dos hombres y una mujer –, pero pronto quedaron libres y fuera de toda sospecha. Tarrant, que en el primer interrogatorio se definió como un “racista” que odiaba a los inmigrantes, no tenía cómplices. Tampoco pertenecía a ningún grupo terrorista y aseguró que había actuado por cuenta propia. “Lo hice yo solo”, dijo como si fuera una hazaña.

Crónica de una matanza anunciada

Pese a haber atrapado al autor, la policía quedó totalmente desairada cuando se comprobó que Tarrant había anticipado sus intenciones en las redes sociales, donde antes de emprender su raid asesino dejó un manifiesto de 74 páginas titulado “El gran reemplazo”, en referencia a la teoría de la conspiración del genocidio blanco y a su variante francesa, le grand remplacement, donde el ultraderechista Renaud Camus, plantea la necesidad de una cruzada contra las sociedades multiculturales para depurarlas.

En el documento – de alguna manera hay que llamarlo - Tarrant decía que había estado planificando un atentado hacía dos años y que eligió la localidad de Christchurch con tres meses de antelación. También condenaba la inmigración y citaba una lista de personajes y acontecimientos de varios períodos de la historia en los que había inspirado sus acciones. Además, Tarrant declaraba en su manifiesto que había sido “comunista”, “anarquista” y “libertario”, pero que pasó a adoptar ideas racistas debido a la inmigración que hacía peligrar a la sociedad blanca y se convirtió en un “ecofascista” preocupado por el calentamiento global. Y decía que decidió cometer los asesinatos después de un viaje a Europa que hizo en 2017, cuando vio el triunfo de Emmanuel Macron frente a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales, y se hartó de ver inmigrantes viviendo libremente en Francia.

Las armas y los cargadores que había utilizado – en el vehículo llevaba un verdadero arsenal – también estaban escritos en blanco los nombres de acontecimientos históricos y personas admirados por la extrema derecha y alusiones a guerras y batallas entre cristianos europeos y musulmanes, así como nombres de víctimas de atentados islamistas.

Luego de los ataques, el libelo fue bajado rápidamente de las redes, pero ya era tarde: millones de personas lo habían leído. Conmocionada por la masacre y la lectura del manifiesto, la primera ministra recordó que Tarrant “era australiano, pero esto no significa que no tenemos una ideología semejante en Nueva Zelanda”. Después, en el homenaje a las víctimas, hizo un llamamiento a la lucha “global” contra el “racismo de derecha” – así lo llamó – y agregó: “Si queremos vivir en un mundo seguro, tolerante e inclusivo, no podemos pensar en términos de fronteras”.

Las redes del odio

El horror se potenció aún más por la transmisión en vivo y en directo por las redes, lo que desató una ola de indignación en buena parte de la opinión pública. Esa fue una de las caras de la moneda, porque también otros usuarios alcanzaron a viralizar los videos y el manifiesto de Tarrant. Al ser cuestionadas, las empresas de redes sociales enviaron mensajes de repudio a los atentados y de solidaridad con las familias de las víctimas. También informaron que estaban actuando rápidamente para eliminar esos contenidos, aunque no era una tarea sencilla debido a su viralización.

La red Facebook, desde uno de cuyos muros Tarrant, había transmitido las masacres, dijo: “La policía de Nueva Zelanda nos alertó sobre un video en Facebook poco después de que comenzara la transmisión en vivo y eliminamos tanto la cuenta de Facebook del tirador como el video. También estamos eliminando cualquier elogio o apoyo al crimen y al tirador o tiradores tan pronto como tengamos conocimiento. Continuaremos trabajando directamente con la Policía de Nueva Zelanda a medida que continúe su respuesta e investigación”.

A su vez, Youtube eligió Twitter para dar su mensaje: “Nuestros corazones están rotos por la terrible tragedia de hoy en Nueva Zelanda. Por favor, sepan que estamos trabajando atentamente para eliminar cualquier grabación violenta”, decía. Ese mismo mes, el sitio de videos había sido acusado de ser incompetente o irresponsable por su manejo de un video que promocionaba a Acción Nacional, un grupo neonazi prohibido.

La polémica sobre la violencia en las redes ya estaba instalada. Uno de los primeros en abordar el tema desde las disciplinas sociales fue el doctor Ciaran Gillespie, politólogo de la Universidad de Surrey, cuando planteó que el problema era mucho más profundo que un video, por impactante que fuera su contenido. “No se trata solo de transmitir una masacre en vivo. Las plataformas de redes sociales se apresuraron a cerrar eso y no hay mucho que puedan hacer para que se comparta debido a la naturaleza de la plataforma, pero la pregunta más importante son las cosas que van antes”, dijo sobre el caso concreto.

También marcó una diferencia que se hacía evidente en el tratamiento de contenidos por parte de las empresas. “Hay océanos de este contenido en YouTube y no hay forma de estimar cuánto. YouTube ha lidiado bien con la amenaza que supone la radicalización islámica, porque se considera claramente no legítima, pero no existe la misma presión para eliminar el contenido de extrema derecha, aunque suponga una amenaza similar”, explicó. La posición de Gillespie recibió el apoyo del investigador del Instituto de Internet de Oxford, Bharath Ganesh, que sentenció: “Eliminar el video es obviamente lo correcto, pero los sitios de redes sociales han permitido a las organizaciones de extrema derecha un lugar para la discusión y no ha habido un enfoque coherente o integrado para lidiar con eso”.

Juicio y condena

Aunque suene insólito, los abogados de Brenton Tarrant presentaron sin éxito una solicitud para que esperara el juicio en libertad bajo fianza. Desde ese momento, el autor de las masacres se sumergió en un silencio que ni siquiera rompió durante el juicio que comenzó a desarrollarse a mediados de 2020. De todos modos, el juez Cameron Mander – a cargo del caso - impuso restricciones drásticas a la cobertura mediática para evitar que el autor de las masacres utilizara el juicio como una plataforma para difundir sus mensajes de odio racial y religioso.

La sentencia se dictó el 27 de agosto, con una pena que era previsible: cadena perpetua. Al darla a conocer, el Mander dijo que detrás de la ideología “retorcida de este hombre malo e “inhumano se oculta un odio profundo que lo llevó a atacar a hombres, mujeres y niños indefensos”. Y agregó: “Sus crímenes son tan infames que incluso si estuviera detenido hasta la muerte, no se agotarían los requisitos de la sentencia”.

Apenas conocido el fallo, la primera ministra Jacinda Ardern reaccionó deseando al asesino una vida de “silencio total y absoluto” y dijo que esperaba que la comunidad musulmana del país haya sentido “los abrazos de Nueva Zelanda”. Antes había anunciado que el gobierno iba endurecer la ley de armas – Tarrant era miembro del Club del rifle y tenía permiso de portación - y a intensificar los esfuerzos en la lucha contra el extremismo en las redes.

Cuando se cumplen siete años de los ataques contra las mezquitas neozelandesas, Brenton Harrison Tarrant, está cumpliendo su pena en una celda de aislamiento de una prisión de máxima seguridad de Auckland. Según los informes penitenciaros, pasa muchas horas del día con los auriculares puestos, escuchando Fire, el viejo rock grabado por The Crazy World of Arthur Brown en 1968 y que, en algunas ocasiones, se exalta y entona sus estribillos a voz en cuello.

Como consecuencia de la masacre, se impulsó una reforma legislativa de control de armas en Nueva Zelanda, cuyo Parlamento votó por 119 votos a 1 el veto a las armas semiautomáticas militares y también a los componentes que podrían usarse en su fabricación.

Todos los años, los 15 de marzo, los ciudadanos de Christchurch se acercan, individualmente o en grupos, a las mezquitas y se solidarizaron con las víctimas de la masacre a través del haka, el baile compuesto por percusión corporal y canto que realizaban los maoríes para mostrar su fuerza ante sus enemigos y que es conocido mundialmente gracias a los All blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, cuyos jugadores lo ejecutan antes de iniciar cada partido.

En un comunicado, HRW acusó al Estado iraquí de contribuir con su inacción a la sensación de impunidad de los atacantes, y señalaron "el incumplimiento sistemático de su obligación de hacer justicia para las familias de los defensores de los derechos humanos y activistas políticos asesinados durante la última década".

"El espacio cívico en Irak, en particular para las activistas por los derechos de las mujeres, se ha visto cada vez más amenazado en los últimos años", señalaron.

La organización puso el foco en la situación de amenaza a la que las feministas iraquíes llevan tiempo expuestas por su oposición a la llamada Ley de Estatuto Personal, que entró en vigor en enero de 2025 y que, entre otras medidas contrarias a la igualdad de género, permite el matrimonio de niñas a partir de los nueve años.

En su comunicado, exigieron a las autoridades del país árabe "hacer todo lo posible por identificar a los responsables y exigirles responsabilidades" y condenaron "este cobarde acto terrorista", que consideran "un ataque directo a la lucha feminista y a los valores de libertad e igualdad".

Para la investigadora en Irak de HRW, Sarah Sanbar, "Yanar Mohamed era una líder formidable, incansable e inspiradora", que "mejoró la vida de innumerables mujeres" y por cuyo asesinato el Gobierno iraquí "es responsable de impartir justicia".

Mohamed, que fue asesinada a tiros la mañana del dos de marzo por dos hombres en motocicleta sin afiliación conocida, era cofundadora de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, en inglés).

HRW reivindicó su legado, que "perdurará en las mujeres que continúan su labor". EFE

Los seis hombres levantan los brazos frente a la multitud y las cámaras que los esperaban. Sonríen, se abrazan, algunos contienen el llanto, otros dejan que la emoción les inunde la cara. Después de dieciséis años en prisión, Hugh Callaghan, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power, John Walker y Paddy Hill celebran su libertad en la puerta del Tribunal de Apelación de Londres. Es el 14 de marzo de 1991 y acaba de cerrarse uno de los capítulos más oscuros de la historia judicial británica. La justicia, por fin, reconoció que nunca debieron estar presos.

Todo había comenzado diecisiete años antes, el 21 de noviembre de 1974, cuando dos bombas estallaron casi al mismo tiempo en los pubs Mulberry Bush y Tavern in the Town, en el centro de Birmingham. Veintiún personas murieron y más de cien resultaron heridas en uno de los atentados más letales cometidos en suelo británico de esos tiempos. En medio del miedo y la conmoción, la urgencia por encontrar culpables se impuso sobre la cautela: los titulares de los diarios exigían respuestas, los políticos reclamaban mano dura contra ellos y la policía comenzaba a sentir el peso de un país entero sobre sus hombros.

En ese clima de ansiedad, bajo la sombra del conflicto con el IRA —el grupo armado que buscaba la reunificación de Irlanda— y la presión por restaurar la seguridad pública, seis hombres ajenos a la violencia quedaron atrapados en un sistema judicial que buscaba una solución rápida. Las investigaciones avanzaron entre irregularidades, prejuicios y confesiones arrancadas bajo presión. Así nació uno de los errores judiciales más infames del siglo XX: seis vidas rotas y la lucha persistente por recuperar algo tan elemental como la verdad.

Una ciudad herida y un país en vilo

Birmingham, en la década del setenta, era el corazón industrial de Inglaterra, un espacio donde las calles se sacudían con el sonido de las fábricas y la vida social tenía como epicentro a los pubs. El 21 de noviembre de 1974, esa rutina se quebró abruptamente. Dos explosiones, casi simultáneas, destruyeron dos populares bares del centro de la ciudad.

El saldo fue devastador: veintiún personas murieron y más de ciento ochenta resultaron heridas. Las sirenas de ambulancias y patrulleros dominaron la noche y, en cuestión de minutos, la ciudad entera se vio envuelta en el pánico.

El recuerdo del atentado marcó un antes y un después en Birmingham. Las imágenes de los escombros, el humo y los cuerpos heridos quedaron grabadas en la memoria de una sociedad acostumbrada a la rutina y poco habituada al terror de la violencia política.

El ataque fue atribuido de inmediato al Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés), una organización armada que buscaba la reunificación de Irlanda y la independencia de Irlanda del Norte respecto del Reino Unido. Entre las décadas de 1960 y 1990, el IRA impulsó una campaña de atentados y acciones violentas tanto en Irlanda del Norte como en Inglaterra. El miedo se propagó rápidamente y la urgencia por hallar responsables desplazó cualquier intento de análisis sereno.

Ese clima no era exclusivo de Birmingham. El Reino Unido entero vivía bajo la sombra del conflicto con el IRA. Cada bomba y cada amenaza agitaban los fantasmas del pasado y profundizaban la desconfianza hacia la comunidad irlandesa. La prensa nacional multiplicó las portadas apocalípticas y, en pocos días, la opinión pública reclamaba respuestas inmediatas. En los despachos oficiales, el gobierno presionaba a la policía para tener resultados, mientras los líderes políticos exigían “justicia ejemplar”.

En ese contexto, la policía de Birmingham se vio sometida a una presión extraordinaria. Los agentes sabían que la ciudad, la prensa y el gobierno observaban cada movimiento. La necesidad de ofrecer culpables era tan fuerte como el deseo de restaurar la normalidad. Pero esa urgencia terminaría por distorsionar el proceso investigativo y desencadenar uno de los errores judiciales más irreparables.

Seis sospechosos, un sistema judicial sediento y los prejuicios

El operativo policial se activó con una asombrosa rapidez. A pocas horas de las explosiones, los agentes detuvieron a seis hombres de origen irlandés: Gerry Hunter, Paddy Hill, Hugh Callaghan, Richard McIlkenny, Billy Power y Johnny Walker.

Ninguno de ellos tenía antecedentes penales relevantes, pero todos coincidían en un hecho que fue crucial para la policía: habían viajado esa misma noche en tren a Birmingham y su nacionalidad los convertía, en el clima de esos años, en sospechosos naturales. No existía una sola evidencia directa ni testigos que los vincularan con los atentados, pero la combinación de presión social, prejuicio y necesidad de resultados inmediatos fueron suficientes para que quedaran en la mira.

Los interrogatorios a los seis fueron extensos y duros. Se prolongaron durante horas, en condiciones que hoy serían consideradas tortura: privación de sueño, golpes, amenazas y presión psicológica. Las “confesiones” que firmaron no fueron producto de la reflexión ni del arrepentimiento, sino de la fatiga y el miedo. Más tarde, expertos forenses y psicólogos lograron demostrar que esos documentos carecían de sustento real y que los seis acusados firmaron bajo coacción. Pero en el momento, esas confesiones fueron aceptadas como pruebas irrefutables. La policía ya había encontrado a quienes culpar.

El caso avanzó rápidamente hacia el juicio, que comenzó el 9 de junio de 1975. La opinión pública, alimentada por titulares incendiarios y por la narrativa oficial, ya había condenado a los seis antes de que comenzara el proceso. El tribunal se vio rodeado por un clima de hostilidad y sospecha. Los jurados, ciudadanos comunes, absorbían el contexto de odio y miedo que reinaba en los medios y en las calles. La fiscalía presentó las confesiones como verdades absolutas y sumó peritajes químicos que, años después, serían desacreditados por completo. Los testimonios que denunciaban irregularidades y violencia policial fueron descartados sin mayor análisis.

Esa máquina sin frenos en que se había convertido el sistema judicial avanzaba sin control. El juicio fue mucho más que un proceso penal: fue un espectáculo público, una puesta en escena de la necesidad de castigo y de la urgencia por cerrar heridas sociales. Ninguno de los seis hombres tuvo acceso a una defensa adecuada ni a un proceso justo e imparcial. El veredicto llegó como una sentencia que ya estaba anunciada: cadena perpetua para todos. Las puertas de la prisión se cerraron con odio, y el caso quedó, durante años, como un triunfo de la justicia rápida y ejemplar.

Silencio, resistencia y la lenta construcción de otra verdad

La condena de los Seis de Birmingham no solo los privó de la libertad, sino que los sumergió en un mundo de aislamiento, pérdida de identidad y sufrimiento. Encarcelados, los seis hombres sobrevivieron como pudieron a la rutina del encierro y al estigma de ser “terroristas” a los ojos del sistema.

Afuera, sus familias enfrentaron el dolor y la vergüenza pública, y sus hijos debieron crecer con la ausencia forzada de sus padres. Dieciséis años de prisión dejaron huellas profundas, tanto en los condenados como en su entorno. Sin embargo, la historia no terminó tras las rejas... No todo estaba dicho.

Con el paso del tiempo, la duda comenzó a instalarse en la sociedad británica. Periodistas como Chris Mullin se sumergieron en el expediente judicial, revisaron testimonios, buscaron nuevas pruebas y se entrevistaron con testigos que la justicia había desestimado. Mullin, convencido de que los seis eran inocentes, publicó investigaciones que pusieron en entredicho la versión oficial y abrieron una grieta en el relato dominante.

A fines de los años setenta, Mullin inició una investigación a fondo tras conocer denuncias sobre graves irregularidades en la actuación policial: los acusados habían firmado confesiones bajo coacción y malos tratos, y no existían pruebas físicas sólidas que los vincularan directamente con el atentado. Entrevistó a los propios condenados, a testigos rechazados por los tribunales y a expertos que cuestionaron los peritajes químicos presentados en el juicio. Su trabajo permitió revelar contradicciones en los testimonios oficiales y evidenció que la policía había manipulado pruebas y descartado evidencias exculpatorias.

En 1986, Mullin publicó el libro “Error de juicio: La verdad sobre los atentados de Birmingham”, donde reveló en detalle todas estas irregularidades y aportó información inédita sobre el caso. Su investigación fue fundamental para movilizar a la opinión pública, impulsar la revisión judicial y, finalmente, lograr la liberación de los seis inocentes dieciséis años después de su condena.

El rol de los medios de comunicación fue clave en esta segunda etapa. Si al principio habían contribuido a condenar a los acusados en la opinión pública, luego resultaron vitales para instalar la duda y exigir una revisión de la pena. Reportajes de la BBC, notas publicadas en The Guardian y otros medios nacionales comenzaron a exponer las inconsistencias del caso, los errores en los peritajes y las señales de manipulación policial. Las organizaciones de derechos humanos, como Amnesty International, sumaron presión al denunciar los abusos cometidos en el proceso.

La revisión del caso fue un proceso lento y lleno de obstáculos. La justicia británica, reacia a admitir errores, demoró años en aceptar nuevas pruebas y testimonios. Sin embargo, la acumulación de evidencias fue imposible de ignorar: análisis científicos demostraron que los restos de explosivos presentados en el juicio eran inconcluyentes o directamente falsos, y se comprobó que la policía había fabricado elementos de cargo. La presión social y política terminó por forzar la reapertura del caso.

Una liberación amarga, reformas y el peso de la memoria

El 14 de marzo de 1991, el Tribunal de Apelación anuló las condenas de los Seis de Birmingham. El fallo fue categórico: el juicio original había sido “inseguro” y estuvo plagado de irregularidades, pruebas manipuladas y confesiones obtenidas bajo coerción. Los seis hombres recuperaron la libertad, pero el regreso a la vida civil estuvo lejos de ser simple.

Al volver a casa, la vida ya no era la misma: sus padres habían muerto, sus pequeños hijos ya eran adultos: hubo lazos familiares quebrados y una sociedad que aún dudaba de su inocencia. Esas fueron las peores marcas durante el primer día fuera de la prisión.

La excarcelación no trajo consigo el fin del sufrimiento. Reiniciar la vida fue un desafío enorme. Paddy Hill, uno de los más activos tras su salida, contó durante años el impacto psicológico del encierro y la dificultad para confiar nuevamente en las instituciones. Las compensaciones económicas ofrecidas por el Estado británico llegaron tarde y no lograron borrar el daño emocional ni restaurar el tiempo perdido. Los seis se convirtieron en activistas por la justicia y la revisión de otras condenas dudosas, y participaron en campañas para reformar el sistema penal y policial.

El caso de los Seis de Birmingham impulsó reformas concretas en los procedimientos judiciales del Reino Unido. Se revisaron decenas de condenas consideradas inseguras y se introdujeron nuevas salvaguardas para evitar abusos policiales y manipulaciones en los interrogatorios. El Estado británico, recién en 2012, ofreció disculpas formales a los afectados y reconoció públicamente el error.

En todo este tiempo, nunca se identificó ni se juzgó a los verdaderos responsables del atentado. Las investigaciones posteriores no lograron esclarecer la autoría material de las bombas, lo que añade una capa de frustración y desconfianza. La historia de los Seis de Birmingham fue llevada al cine, a la literatura y a los documentales, convirtiéndose en un símbolo de los peligros del prejuicio, la presión mediática y la prisa por encontrar culpables en tiempos de crisis.

La agresión registrada durante la jornada en Santiago de Chile coincide con el momento en que José Antonio Kast se preparaba para ofrecer su primer discurso presidencial en La Moneda. Según consignó el diario La Tercera, el vehículo oficial que transportaba a Patricio Torres, nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, resultó blanco de una lluvia de piedras lanzadas por manifestantes encapuchados en las inmediaciones de Plaza Italia. De acuerdo con la información preliminar difundida por este medio, Torres no sufrió lesiones de consideración pese al impacto de los objetos contundentes en las ventanas y la carrocería.

El ataque al automóvil del subsecretario no fue el único incidente reportado en el centro de la capital chilena durante las protestas organizadas tras la asunción presidencial de Kast. El mismo medio detalló que un funcionario de Carabineros terminó herido en una pierna, con lesiones calificadas como "de carácter reservado". Las declaraciones recogidas por La Tercera del teniente coronel Bernardo Leiva, perteneciente a la Prefectura de Santiago Central, indican que el carabinero fue alcanzado por elementos arrojados por un grupo considerado "violento", mientras las fuerzas policiales intentaban dispersar la manifestación.

Las movilizaciones se enmarcaron en un clima de tensión generado por el cambio de mando presidencial en Chile, que instaló a Kast, identificado por La Tercera como representante de la ultraderecha, en la jefatura del Ejecutivo. En ese contexto, los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad se intensificaron en puntos neurálgicos de Santiago, especialmente en la zona de Plaza Italia, epicentro habitual de protestas sociales en la ciudad.

Durante la ceremonia oficial en el Palacio de La Moneda, Kast dirigió palabras directas a las fuerzas de orden, prometiendo un respaldo íntegro en el ejercicio de sus funciones. "Todo el respaldo de la ley, los recursos del Estado y la voluntad política" fueron los compromisos expresados por el presidente, según reprodujo La Tercera. Kast reprochó que ese apoyo haya estado ausente durante largos periodos para los funcionarios policiales y de seguridad. "Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia, mientras algunos miran para el lado", afirmó, enfatizando una nueva dirección en el tratamiento de hechos violentos contra efectivos del Estado.

El presidente también anunció que su administración, a la que definió como “de emergencia”, impulsará acciones para identificar, juzgar y encarcelar a quienes agredan a Carabineros. Esta promesa surgió tras el conocimiento de un hecho ocurrido ese mismo miércoles en Puerto Varas, donde un carabinero sufrió una agresión que lo dejó en estado de muerte cerebral. La referencia a este caso fue utilizada por Kast como argumento para subrayar la necesidad de endurecer la respuesta estatal y judicial frente a ataques contra las fuerzas de seguridad, publicó La Tercera.

El diario describió cómo se desplegaron las fuerzas del orden en Santiago en tareas de contención, dispersión de manifestantes y resguardo de autoridades, en una jornada marcada por la tensión y la violencia. Asimismo, los destrozos registrados en la infraestructura del vehículo oficial dañaron tanto las ventanas como la carrocería, lo que fue confirmado en reportes fotográficos y testimonios recogidos en el sitio de los incidentes por La Tercera.

Tras la agresión al vehiculo de Patricio Torres, desde el Gobierno no se informaron alteraciones al programa fijado para las nuevas autoridades. Las medidas de seguridad retomaron su curso normal, mientras organizaciones civiles y grupos de manifestantes mantuvieron su despliegue en los alrededores de Plaza Italia y otros puntos del centro capitalino. Según informó La Tercera, las acciones de Carabineros priorizaron la restitución del orden y la protección del personal ante ataques reiterados, sin que se confirmaran detenciones relevantes durante la tarde.

El rol de la seguridad pública y la protección de las autoridades se situó en el centro del debate a raíz de estos episodios, de acuerdo con el seguimiento realizado por La Tercera. Además de las declaraciones oficiales, diversas voces consultadas por el medio reconocieron anteriores episodios de enfrentamientos en esa zona de Santiago, remarcando el carácter reiterativo de los incidentes durante situaciones de cambio de mando y manifestaciones políticas.

A raíz de los hechos, las fuerzas policiales realizaron un balance preliminar sobre los daños y el número de lesionados, mientras los servicios de emergencia evaluaron la situación del funcionario herido. La preocupación por el incremento de la conflictividad y la exposición al riesgo de autoridades y personal policial quedó reflejada en las informaciones difundidas por La Tercera y en los anuncios del nuevo presidente.

La Tercera también recogió el testimonio de testigos y fuentes del entorno de las autoridades, quienes aseguraron que Patricio Torres pudo retirarse sin complicaciones médicas. Los incidentes se convirtieron en uno de los temas principales de la jornada política chilena y en foco de atención para las distintas dependencias de seguridad tras la asunción presidencial.

El ambiente generado en Santiago durante las protestas, los ataques registrados contra las fuerzas policiales y las respuestas del Ejecutivo marcan un primer día de gobierno con énfasis en la seguridad y la promesa de un cambio en el enfoque para enfrentar hechos de violencia, de acuerdo con los reportes publicados por La Tercera.

El ataque perpetrado el jueves en la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, Michigan, por Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense de origen libanés de 41 años, dejó a la comunidad judía nacional ante un hecho de violencia que el FBI caracterizó como un “ataque dirigido” hacia la comunidad judía. Según fuentes de la comunidad libanesa en Michigan, Ghazali actuó tras la pérdida de varios familiares en un bombardeo en el sur de Líbano 10 días antes del incidente.

El episodio ocurrió poco después del mediodía, cuando el atacante irrumpió en el templo con su camioneta, provocó un incendio y desató pánico mientras más de 100 niños y personal permanecían dentro. Nadie más falleció, aunque un miembro del equipo de seguridad fue hospitalizado y las autoridades investigan si el hombre actuó tras los hechos sufridos por su familia en país del Medio Oriente.

Motivos detrás del ataque: la tragedia personal y su impacto

Familiares confirmaron a los medios locales que Ghazali había sufrido la pérdida de varios familiares en un bombardeo en el sur de Líbano 10 días antes del ataque. Dos hermanos y dos sobrinos murieron en el ataque aéreo, mientras que una cuñada sufrió lesiones graves. Esta tragedia marcó profundamente a Ghazali, quien, según allegados, dejó de trabajar y se aisló en su domicilio tras las noticias.

Antes del ataque, Ghazali contactó a su exesposa para pedirle que cuidara de sus hijos. Este hecho preocupó a sus familiares y los llevó a alertar a la policía. Si bien las autoridades aún no confirmaron que la pérdida familiar haya sido el detonante, la investigación apunta a que el trauma reciente podría tener relevancia en el caso.

El FBI sigue investigando posibles conexiones con organizaciones extremistas, si bien hasta ahora no hay indicios claros de colaboración con terceros. El ataque ocurre en un contexto de advertencias de expertos sobre la radicalización individual tras sufrir experiencias personales traumáticas.

Qué ocurrió en Temple Israel: cronología y consecuencias

A las 13:35 horas, la policía recibió reportes de disparos en el área de Temple Israel. Ghazali embistió las puertas del edificio y recorrió un pasillo armado con un rifle, enfrentándose al equipo de seguridad del templo. Existen versiones encontradas sobre su muerte: algunos informes aseguran que fue abatido por los guardias, mientras que otros informan que murió en el interior del vehículo a causa del incendio provocado por el choque.

El vehículo transportaba artefactos explosivos tipo mortero que se incendiaron tras el impacto. Uno de los jefes de seguridad resultó herido tras ser arrollado por el coche y fue hospitalizado, aunque se prevé su recuperación. 30 agentes de seguridad también recibieron atención médica por inhalación de humo.tatales y nacionales.

La gobernadora Gretchen Whitmer declaró: “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”. El rabino Josh Bennett, líder de Temple Israel, sostuvo que la preparación y los entrenamientos previos fueron determinantes para salvaguardar a los presentes.

En ese momento, 140 niños y su personal docente estaban dentro del edificio. Los protocolos de seguridad y la capacitación previa permitieron que todos se pusieran a salvo. La correcta evacuación impidió que hubiera víctimas adicionales.

Reacciones y estado de la amenaza

El ataque recibió el repudio de autoridades esSegún la Anti-Defamation League, la organización estadounidense de derechos civiles, los incidentes de violencia antisemita casi se duplicaron en los últimos 18 meses respecto al quinquenio previo. El costo para la protección de centros judíos en el país supera los USD 775 millones anuales, de acuerdo con la Jewish Federation of North America, la principal federación judía de Estados Unidos.

Mientras tanto, la investigación sigue en marcha; la prioridad para la comunidad judía y las autoridades es fortalecer la seguridad y la prevención frente a una amenaza persistente.

La policía arrestó a Emir Balat, un joven de 18 años, por lanzar artefactos explosivos caseros contra una protesta antiislámica en la residencia oficial del alcalde de Nueva York. La acusación señala que planeaba un ataque inspirado en ISIS.

Antes de este hecho, Balat se dedicaba a la programación y el comercio digital en su comunidad. A partir de los 13 años, diseñó un sistema que permitía comprar rápidamente zapatillas codiciadas en internet y luego las revendía a adolescentes de Bucks County, Pensilvania, con un margen de ganancia.

Según The Philadelphia Inquirer, Balat empleó plataformas como Roblox para afianzar su negocio de reventa. Los investigadores no hallaron pruebas de radicalización en los registros digitales vinculados a su actividad comercial.

Los perfiles públicos de Emir Balat en redes sociales, revisados por el medio citado, reflejan intereses en informática, negocios, islam y aprendizaje del español, pero no muestran indicios de extremismo. Su presencia en línea incluye ofertas de cables industriales y materiales para el hogar en una página local de Facebook.

En la portada de uno de sus perfiles, actualmente restringido, aparece un versículo coránico: “él dejó libres a los dos mares, que se encuentran.”

La detención y los detalles del ataque frustrado

El sábado pasado, oficiales detuvieron a Balat luego de que este participara en una contramanifestación frente a la residencia del alcalde de Nueva York junto a Ibrahim Kayumi, de 19 años. El acto buscaba boicotear una protesta encabezada por el activista de extrema derecha Jake Lang, titulada “Stop the Islamic Takeover of New York City”.

El alcalde Zohran Mamdani, el primer líder musulmán en el cargo en la historia de la ciudad, era el objetivo simbólico de la manifestación anfitriona.

Fiscales consultados por el diario estadounidense The Philadelphia Inquirer aportaron que imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones de testigos registraron a Balat arrojando uno de los artefactos, que contenía el explosivo conocido como Mother of Satan, cerca de agentes de policía. Según los mismos reportes, su cómplice le alcanzó una segunda bomba casera momentos después.

Las autoridades aseguraron que ninguno de los dispositivos logró detonar, lo que permitió a los agentes actuar con rapidez y detener a ambos acusados.

La investigación determinó que los dos jóvenes se habían autoradicalizado en internet y expresaban admiración por ISIS, aunque hasta el momento no han establecido si existía una relación previa entre ellos. Balat es hijo de ciudadanos estadounidenses naturalizados originarios de Turquía.

La adquisición del material: menos de USD 7 invertidos

Un registro de inicios de marzo, citado por el canal local 6ABC y por el diario estadounidense The Philadelphia Inquirer, documentó la compra realizada por Emir Balat en Phantom Fireworks, una tienda de Penndel, Pensilvania. El joven adquirió un fusible de seguridad para fuegos artificiales de 6,10 metros por apenas USD 6.89.

Según las pesquisas, ese material habría sido utilizado en la preparación de los artefactos explosivos.

A pesar de su historial público, quienes trataban con él no sospechaban tendencias violentas. El comerciante de zapatillas Garry Pozdnyakov, quien conoció a Balat como cliente en Bucks County, aseguró a The Philadelphia Inquirer: “Era un chico normal. Me dio la mano y preguntó por el negocio. Nunca tuve señales de extremismo”.

Pozdnyakov relató que solía acordar las entregas en aparcamientos, donde se encontraba con Balat y su padre, un trabajador de la construcción.

El objetivo: superar la letalidad de la maratón de Boston

La magnitud del plan se hizo evidente tras el arresto, cuando los fiscales difundieron una declaración de Balat recogida por The Philadelphia Inquirer. Allí, el joven afirmó que su propósito era que la acción fallida “superara en letalidad al atentado en la maratón de Boston de 2013”, donde murieron tres personas.

El caso permanece bajo inv

estigación federal sin confirmación oficial sobre el proceso de radicalización de los acusados ni sobre el grado de vínculo previo entre ellos. La biografía digital y comercial de Emir Balat adquiere así un inesperado contraste frente a los hechos recientes que lo han situado en el centro del foco judicial y mediático.

Un ataque violento sacudió el jueves a la comunidad judía de Michigan cuando Ayman Mohamad Ghazali, un ciudadano estadounidense de origen libanés y de 41 años, embistió con su vehículo el edificio principal de la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, un suburbio al noroeste de Detroit, durante una jornada escolar en la que se encontraban 150 niños presentes.

De acuerdo con la investigación de la FBI, el hecho se considera un acto selectivo de violencia contra la comunidad judía y se enmarca en una escalada internacional de tensión junto a un aumento de incidentes antisemitas, según información de NBC News.

Según datos proporcionados por el departamento de policía local de West Bloomfield y el Departamento de Seguridad Nacional, el conductor fue abatido en el lugar por personal de seguridad de Temple Israel. Dale Young, jefe de policía del municipio, informó en conferencia de prensa que la llamada de alerta al 911 se recibió a las 12:19 y mencionó que se trató de un “evento de tirador activo” en el que el individuo irrumpió deliberadamente en el edificio.

Young señaló que los agentes de seguridad de la sinagoga confrontaron al agresor y lograron neutralizar la amenaza, tal como publicó NBC News. El impacto y el posterior incendio en el inmueble obligaron a evacuar a los menores, que resultaron ilesos; 30 personas asistidas por inhalación de humo, en su mayoría agentes, recibieron atención médica.

Origen, antecedentes y motivaciones bajo escrutinio

La identidad del agresor, Ayman Mohamad Ghazali, sigue en proceso de verificación forense debido al estado en que quedó el cuerpo tras el incendio, según autoridades federales de investigación citadas por NBC News.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Ghazali nació en Mashghara, un municipio del valle de Bekaá en el Líbano, y migró legalmente a los Estados Unidos a través de Detroit en mayo de 2011 con visa de inmigrante por matrimonio, obteniendo la ciudadanía estadounidense en febrero de 2016 luego de solicitarla el año anterior.

Un aspecto relevante en la investigación, según NBC News, es que días antes del ataque Ghazali perdió a varios familiares cercanos —incluidos dos hermanos adultos, una sobrina y un sobrino— durante un bombardeo aéreo israelí sobre Mashghara.

Un funcionario de la municipalidad de Mashghara y el alcalde de Dearborn Heights, Mo Baydoun, confirmaron que los hermanos de Ghazali integraban Hezbollah, aunque su función exacta en la organización no ha sido precisada ni se sabe si fueron el objetivo directo del ataque aéreo.

El jefe policial de Oakland County, Mike Bouchard, afirmó que el motivo del atentado continúa bajo investigación, a pesar de la cercanía de los hechos familiares mencionados: “Todos nos preguntamos por qué ocurrió esto, pero no podemos operar sobre suposiciones. Debemos determinarlo a través de la investigación”, expresó a la cadena de televisión estadounidense.

Neutralización, daños y respuesta de la comunidad

Desde Temple Israel, que según su página oficial cuenta actualmente con 12 mil miembros pertenecientes a tres mil quinientas familias, se emitió un comunicado de agradecimiento dirigido a los equipos de emergencia y a la comunidad vecina, con especial mención al Shenendoah Country Club y los cuerpos policiales que colaboraron protegiendo a alumnos y profesores durante el operativo.

El director ejecutivo de la Federación Judía Metropolitana de Detroit, Steven Ingber, expresó el apoyo de la comunidad: “Vivimos un momento difícil, pero saldremos adelante y continuaremos siendo orgullosamente judíos. Esto no nos cambiará”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, elogió la actuación del personal de seguridad que “salvó vidas y neutralizó al sospechoso”, así como la rápida respuesta de la policía, según declaraciones publicadas por NBC.

El jefe de policía Bouchard detalló que el incendio generado por el impacto produjo humo denso y peligroso en esa parte del edificio, lo que derivó en que agentes y personal necesitara atención médica. Además, el responsable de seguridad de Temple Israel fue atropellado por el automóvil mientras intentaba detener la arremetida, motivo por el cual resultó hospitalizado, según informó Bouchard.

La investigación, liderada por la FBI Detroit Field Division y bajo la jefatura de la agente especial Jennifer Runyan, continúa abierta para esclarecer tanto el móvil como las circunstancias técnicas del ataque, incluyendo el origen exacto del fuego que consumió parte del templo.

El periodista y activista ambiental Erik Eduardo Saracho Aguilar fue víctima de un ataque armado la mañana del miércoles 11 de marzo en la localidad de San Francisco, conocida como San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador fue baleado cuando regresaba a su domicilio después de llevar a su hija a la escuela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de su vivienda.

En ese momento, Saracho acababa de regresar a su casa cuando fue atacado por sujetos armados. Durante la agresión recibió al menos dos disparos en los brazos, lesiones que sufrió al intentar protegerse de los impactos.

Tras el atentado, el propio activista logró resguardarse dentro de su domicilio y pedir ayuda a las autoridades. Posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, se encuentra con vida y en condición estable, aunque permanece bajo observación médica.

Fiscalía investiga tentativa de homicidio

La Fiscalía General del Estado de Nayarit abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio y peritos acudieron al lugar para recabar evidencias.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el ataque, mientras las autoridades mantienen vigilancia en el domicilio del activista para garantizar su seguridad.

Red Periodística Puerto Vallarta condena el atentado

La Red Periodística Puerto Vallarta (RPPV) condenó enérgicamente el ataque armado contra Erik Saracho y exigió a las autoridades garantizar la seguridad de periodistas y defensores ambientales en la región.

En un comunicado público, la organización expresó su solidaridad con el comunicador y su familia, y subrayó que la agresión “constituye un atentado directo contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la defensa del territorio y el medio ambiente en México”.

La red también cuestionó la respuesta de las autoridades, al señalar que los cuerpos de seguridad tardaron aproximadamente una hora en llegar al lugar del ataque, lo que calificó como una muestra de la falta de capacidad de respuesta ante hechos de violencia en la región.

Entre sus exigencias, la organización pidió:

• Una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
• Que se considere como línea prioritaria el posible vínculo del ataque con la labor periodística y ambiental de la víctima.
• Medidas de protección para Erik Saracho, su familia y su hija.
• Un pronunciamiento público de las autoridades sobre la gravedad del atentado.

Asimismo, la Red Periodística Puerto Vallarta llamó a organizaciones de periodistas y de derechos humanos a mantenerse atentas al caso y a denunciar cualquier intento de silenciar el periodismo o la defensa ambiental mediante la violencia.

Alianza Jaguar también se pronuncia

Saracho ha participado en la defensa del territorio y la protección del jaguar, siendo presidente de la asociación Alianza Jaguar.

En un pronunciamiento público, integrantes de la comunidad de conservación señalaron que el ataque ha generado profunda preocupación entre organizaciones civiles, comunidades y especialistas en biodiversidad.

En el documento destacaron que Saracho se ha distinguido por su compromiso con la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades del Pacífico mexicano, además de visibilizar riesgos socioambientales asociados a actividades que podrían afectar los ecosistemas de la región.

Los especialistas advirtieron que agredir a una persona defensora del medio ambiente representa una amenaza al derecho colectivo a un entorno sano y a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en México.

Por ello, exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva, imparcial y expedita, así como medidas efectivas de protección. Finalmente, hicieron un llamado a instituciones, academia, organizaciones civiles y a la sociedad a cerrar filas frente a la violencia contra quienes defienden el territorio y la biodiversidad del país.

¿Quién es Erik Saracho?

Erik Saracho es conocido en la región por su trabajo como ambientalista y defensor del territorio, además de su trayectoria como periodista. También es director de la organización Alianza Jaguar, dedicada a la protección ambiental y a denunciar impactos de proyectos inmobiliarios en la Riviera Nayarit.

En los últimos años ha participado en movimientos que cuestionan desarrollos turísticos y urbanísticos en la zona, lo que lo ha colocado en medio de conflictos con empresas y desarrolladores.

Diversas organizaciones y colectivos han condenado el atentado y exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y medidas de protección para el activista y su familia.

El caso ha vuelto a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y defensores ambientales en México, quienes con frecuencia denuncian amenazas y agresiones vinculadas con su labor.

Mientras se reforzó la seguridad en varios puntos sensibles de la Argentina a causa de la Guerra de Medio Oriente, este miércoles por la mañana las autoridades de la AMIA denunciaron que, durante la madrugada, recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba que habían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente.

En dicho correo, se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes.

Ante la amenaza, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA realizó una inspección interna y externa. El resultado fue negativo respecto a explosivos.

Al mismo tiempo, personal específico efectuó levantamiento de metadatos con el objetivo de lograr identificar la IP del remitente. En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Sebastián Ramos, Secretaría N° 18, de Pablo Andrés Febre.

Yihad Islámica Palestina es un grupo yihadista e islamista sunita, que tiene, según los reportes, respaldo iraní. Considerado terrorista por Estados Unidos e Israel, entre otros países, protagonizó ataques suicidas con bombas, atentados con explosivos y secuestros en diferentes puntos de la región.

Su principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel y su reemplazo por un Estado islámico en los territorios palestinos.

Las fuentes consultadas por este medio destacaron que no creen que el mail enviado a la AMIA sea una amenaza directa de un grupo terrorista. Por el contrario, estiman que podría tratarse de un mensaje interno destinado al Gobierno argentino con motivo del apoyo a los países aliados en la guerra contra Irán.

El atentado a la Embajada de Israel en Argentina ocurrió el 17 de marzo de 1992. El ataque terrorista dejó 22 muertos y 242 heridos. Destruyó la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en la calle Arroyo.

El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur. Es considerado el ataque terrorista más grave de la historia argentina, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.

Puntos sensibles en Argentina

Desde el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la “Operación Furia Épica” con el fin de frenar el avance nuclear de Irán, Argentina elevó el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional luego de respaldar la ofensiva de esos países en Medio Oriente.

Desde entonces, las Fuerzas Federales de Seguridad aplican un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico; se reforzó la seguridad en fronteras, aeropuertos, represas y centrales nucleares.

El incidente se produjo alrededor de las 18:25 en la Murtenstrasse, la calle principal de Kerzers, una localidad de poco más de 4.000 habitantes situada a unos 20 kilómetros al oeste de Berna. El vehículo involucrado era un PostBus, los característicos autobuses amarillos que operan bajo el paraguas del servicio postal suizo y que constituyen la columna vertebral del transporte público en zonas rurales y semiurbanas del país. La red de PostBus transporta cada año a decenas de millones de pasajeros en rutas que conectan municipios de difícil acceso ferroviario, y es considerada uno de los servicios más seguros y puntuales de Europa.

Entre los heridos, cuatro eran pasajeros del autobús y uno era un paramédico que intervino en las labores de rescate, según informó la emisora pública suiza SRF. Tres de los cinco se encuentran en estado crítico. Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero al hospital por la gravedad de sus lesiones. Las autoridades acordonaron la zona e instalaron un perímetro de seguridad en torno al lugar, y pidieron a la población que se mantuviera alejada y siguiera las instrucciones de los servicios de emergencia desplegados en el lugar.

El diario suizo Blick, que fue el primero en informar sobre el suceso, recogió el testimonio de un testigo presencial que asegura haber visto a un hombre rociarse con gasolina y prenderse fuego dentro del vehículo. Otros testigos citados por el mismo medio relataron hechos similares. Sin embargo, la policía de Friburgo no confirmó esa versión específica y se limitó a señalar que la causa del incendio responde a una acción humana intencional perpetrada por un único individuo. La fiscalía abrió una investigación formal para esclarecer los móviles y las circunstancias exactas del ataque.

Suiza vivió hace poco más de dos meses otro incendio de consecuencias devastadoras. En la madrugada del 1 de enero, un siniestro en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, también en el cantón de Valais, mató a 41 personas e hirió a otras 116 en lo que se convirtió en uno de los peores desastres de este tipo en la historia reciente del país. Aquel caso fue objeto de una investigación penal centrada en las condiciones del local y las posibles negligencias en materia de seguridad contra incendios, y aún se encuentra en fase de instrucción judicial.

Kerzers, conocida en francés como Chiètres, es una localidad bilingüe del cantón de Friburgo, región que comparte la frontera lingüística entre el alemán y el francés. La zona, de carácter marcadamente rural, carece de conexión ferroviaria directa con Berna, lo que convierte al PostBus en el principal medio de transporte colectivo para sus habitantes. El autobús que ardió el martes operaba en una de esas rutas interurbanas cotidianas, lo que explica la presencia de pasajeros a esa hora de la tarde.

La policía cantonal de Friburgo anunció que publicará nueva información en cuanto disponga de datos confirmados sobre las causas y la identidad del autor. Las autoridades no descartaron en la rueda de prensa que el número de víctimas mortales pueda aumentar, dado el estado crítico de al menos tres de los heridos. La imagen del autobús postal en llamas en el centro de una apacible localidad suiza volvió a poner sobre la mesa la fragilidad del espacio público ante actos de violencia imprevisibles, en un país que presume de tener uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa.

Testigos y registros de cámaras de seguridad muestran que la detonación generó un clima de pánico y caos. Hubo una estampida tanto dentro como fuera del recinto, con asistentes que corrían en todas direcciones intentando ponerse a salvo. Varias personas resultaron lesionadas por la onda expansiva y el tumulto, y se observaron mesas volcadas, vidrios rotos y manchas de sangre en la ropa de algunos de los presentes. Muchos de los afectados recibieron ayuda de otros asistentes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los servicios sanitarios trasladaron a los heridos a dos centros de salud de la ciudad: el Hospital Belén de Trujillo y el Hospital Regional Docente de Trujillo. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, 17 pacientes permanecen bajo observación en el Hospital Belén, mientras que otros 16 fueron atendidos en el Hospital Regional, uno de ellos en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas, aunque las autoridades continúan evaluando la evolución de los hospitalizados.

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de ambulancias, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los rescatistas trabajaron para evacuar a los heridos y restablecer el orden en la zona, mientras la policía aseguraba el perímetro y facilitaba el traslado de las víctimas.

El comunicado de Amor Rebelde y el avance de las investigaciones

Horas después de la explosión, Amor Rebelde recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado y tranquilizar a sus seguidores. El mensaje comenzó con un gesto de pesar: “Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos”.

El grupo también se refirió de manera directa al estado de sus integrantes: “Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien”.

La agrupación sumó un mensaje de solidaridad con las personas afectadas: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento”.

El comunicado concluyó con una reflexión y un pedido por la pronta recuperación de los heridos: “Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados”.

La publicación fue compartida y comentada por seguidores, familiares y colegas del ambiente musical, quienes expresaron mensajes de aliento y respaldo a la banda y a las víctimas. Amor Rebelde reiteró en distintos mensajes que todos sus músicos se encuentran fuera de peligro y agradeció el apoyo recibido.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen del artefacto explosivo y la identidad de los responsables. La Policía Nacional y la Fiscalía analizan grabaciones de cámaras de seguridad, recogen testimonios de los presentes y recolectan evidencias en el lugar de los hechos. El objetivo es esclarecer las circunstancias del atentado y prevenir futuros episodios de violencia en locales nocturnos.

Durante un acto celebrado en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Mujer, el expresidente de Vox y exeurodiputado del Partido Popular (PP), Alejo Vidal Quadras, asistió junto a figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, quienes afirmaron acudir al evento para escuchar a la activista cubana Rosa María Payá, fundadora del movimiento 'Cuba decide'. Según informó el medio, la participación de Payá atrajo a diversos asistentes vinculados tanto a la política española como a la oposición política cubana, sin que existiera una invitación formal por parte del PP para algunos de ellos.

El evento, titulado 'Mujeres Libres', fue organizado por el Partido Popular en el Congreso unas jornadas antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En este contexto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó un tramo de su intervención a rendir homenaje a Alejo Vidal Quadras, recordando el atentado que sufrió el 9 de noviembre de 2023 en Madrid. De acuerdo con lo publicado por el medio, Feijóo expresó su “respeto, solidaridad y apoyo” tanto a nivel personal como en representación de su partido hacia Vidal Quadras, aludiendo al ataque como un acto perpetrado con intención de asesinato por personas vinculadas al régimen iraní.

En referencia a este atentado, en el que Alejo Vidal Quadras fue alcanzado por un disparo en el rostro cuando caminaba cerca de su vivienda, Feijóo subrayó el carácter político del acto y responsabilizó del mismo a “los secuaces del régimen iraní”. Tal como consignó el medio, la investigación judicial determinó que el ataque fue un intento de asesinato por motivos terroristas. El caso está en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha procesado a ocho personas acusadas de integrar una organización criminal y de tentativa de asesinato terrorista.

El suceso tuvo un gran impacto dentro del ámbito político español, debido a la relevancia de la figura de Vidal Quadras, quien fue uno de los fundadores y primer presidente de Vox antes de continuar su trayectoria política en el PP y en el Parlamento Europeo, donde llegó a ocupar la vicepresidencia. La agresión, ocurrida en pleno centro de Madrid, intensificó el debate público sobre la amenaza de actuaciones violentas ligadas a actores extranjeros.

Según detalló el medio, la asistencia de otras personalidades cercanas a Vox, como Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, también se explicó por la presencia de Rosa María Payá, voz prominente de la oposición cubana. Ambos aseguraron a los periodistas que su interés en el acto se centraba en la intervención de Payá, motivados por los vínculos familiares y personales de Monasterio con Cuba y con los movimientos democráticos contrarios al régimen cubano. Monasterio, ex portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, forma parte de una familia de origen cubano, lo que ha orientado parte de su actividad política.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la estructura del evento ‘Mujeres Libres’ permitió la confluencia de múltiples voces políticas y de la sociedad civil en torno a temas relacionados con la libertad y la denuncia de regímenes autoritarios. Dentro de este marco, Feijóo aprovechó para reafirmar la posición del PP respecto a la condena de la violencia política y para identificar el atentado contra Vidal Quadras como un hecho que trasciende la política nacional, relacionándolo directamente con la actividad de regímenes extranjeros como el iraní.

La causa judicial abierta tras el ataque ha centrado la atención sobre la cooperación internacional en la investigación de atentados terroristas con posibles implicaciones diplomáticas, según reportó el medio. El juez Santiago Pedraz ha imputado a los detenidos delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista, en una causa que sigue activa y bajo seguimiento mediático.

El evento también sirvió para que el presidente del PP expresara el compromiso de su partido con la defensa de los derechos y la integridad de sus miembros y simpatizantes, especialmente frente a amenazas que puedan provenir desde fuera del territorio nacional. Según añadió el medio, la alocución de Feijóo recalcó la importancia de mostrar una postura de unidad ante acontecimientos que intentan desestabilizar la convivencia democrática.

El ataque a Vidal Quadras sigue generando reacciones dentro del arco parlamentario y entre los representantes de diversas formaciones políticas. El caso también reavivó la discusión sobre la exposición de figuras relevantes en la vida pública a riesgos derivados de sus posiciones ideológicas y su actividad internacional. De acuerdo con la información publicada, la intervención de Feijóo recordó tanto la trayectoria política de Vidal Quadras como el carácter especialmente grave de este tipo de atentados vinculados a intereses de gobiernos externos.

El acto en el Congreso reunió así a diferentes representantes de la política nacional y activistas ligados a causas internacionales, reflejando las alianzas y preocupaciones compartidas ante la amenaza de la violencia política y los desafíos globales que esta representa, según recogió el medio.

“Lo que pedí fue avanzar rápidamente contra los diez acusados que tenemos para ver si podemos hacer cuanto antes un juicio en ausencia y podamos mostrar a la sociedad cuáles son las pruebas que reunió el Estado argentino en estos treinta años”, afirmó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

Basso explicó que el impulso del proceso estuvo condicionado durante años por la situación de los imputados. “Hasta el año pasado, que no estaba la ley de juicio en ausencia, no se podía avanzar contra la imputación de personas concretas, porque están prófugas fuera del país y no se entregaban”, señaló. Según indicó, ese escenario cambió con la sanción de la nueva norma: “Recién cuando el año pasado se dictó la ley de juicio en ausencia es que ahí pudimos avanzar”.

En ese marco, el fiscal fue categórico al referirse a la autoría del atentado. “Fue Hezbolá el que hizo el atentado”, afirmó, y agregó que la organización actuó bajo directivas del régimen iraní. “Hezbolá es un títere y fue, en definitiva, el autor intelectual y material del atentado”, sostuvo.

Consultado sobre el estado del expediente, Basso remarcó que la acusación se apoya en elementos concretos. “No son pistas, son evidencias”, dijo, al diferenciar la investigación actual de las múltiples hipótesis que circularon a lo largo de los años sobre el ataque. “Si no, no lo llevaríamos a juicio. Nosotros tenemos que buscar la verdad”, agregó.

El fiscal también se refirió a la disponibilidad de la fiscalía para avanzar a la etapa oral. “Por el lado de la fiscalía estaríamos en condiciones de ir mañana al juicio oral”, expresó, aunque aclaró que los tiempos no dependen de su área. “Tenemos que respetar los tiempos judiciales. Yo dependo de lo que hagan los jueces y cuánto tardan los jueces en decidir acá en Argentina”, afirmó.

En relación con los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del juicio en ausencia, Basso defendió la norma sancionada por el Congreso. “Las leyes son el resultado de la votación del pueblo argentino”, señaló. Y añadió: “A menos que sea una ley con vicios muy fuertes, toda ley se presume constitucional”.

Ayer se conoció que el fiscal solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.

Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.

La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

La Policía Metropolitana de Cali frustró un posible atentado contra la Fuerza Pública tras capturar en flagrancia a un joven de 20 años que transportaba un artefacto explosivo artesanal en el oriente de la ciudad, según información obtenida por Semana. El operativo se realizó en medio de los controles de seguridad desplegados de cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo 8 de marzo.

Las autoridades señalaron que el sospechoso fue detenido durante patrullajes de control en el barrio Marroquín 13, zona que pertenece a la jurisdicción de la estación de Policía El Diamante, lugar que, según las primeras hipótesis, podría haber sido el objetivo del ataque.

El procedimiento permitió neutralizar el artefacto explosivo y evitar un posible atentado que habría puesto en riesgo tanto a los uniformados como a los ciudadanos del sector, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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Las autoridades de Cali mantienen un amplio despliegue de seguridad en toda el área metropolitana con el objetivo de garantizar la integridad de los ciudadanos y proteger el proceso electoral que se desarrollará este fin de semana. En ese contexto se han intensificado los patrullajes, los controles policiales y las acciones de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para prevenir posibles hechos de violencia.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, informó que la rápida reacción de las unidades permitió frustrar el posible atentado y realizar la captura del sospechoso en flagrancia. Según explicó el oficial, el procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje preventivo que permitieron identificar al joven cuando transportaba el artefacto explosivo artesanal.

“La acción inmediata de nuestras unidades de policía permite la captura en flagrancia de un posible terrorista, la neutralización de un artefacto explosivo artesanal en el oriente de Cali”, señaló el coronel Milton Melo, citado por ese medio de comunicación.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el sospechoso fue interceptado en el barrio Marroquín 13 mientras portaba el elemento explosivo. Los uniformados lograron asegurar el artefacto y activar los protocolos de seguridad para evitar cualquier detonación que pudiera poner en riesgo a la comunidad.

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el objetivo del ataque podría haber sido la estación de Policía El Diamante, ubicada en esa zona de la ciudad. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer con precisión las intenciones del capturado y determinar si otras personas estarían involucradas en el plan.

Tras el procedimiento, el joven de 20 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según informó la Policía, deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como por el manejo de explosivos.

El caso generó pronunciamientos de autoridades locales, quienes destacaron la reacción oportuna de la Policía Nacional para evitar un posible atentado. Entre ellos se pronunció el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, quien resaltó la importancia del operativo realizado por las unidades policiales.

El funcionario señaló que la captura del sospechoso permitió evitar un hecho que habría puesto en riesgo tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a los ciudadanos del sector. Asimismo, pidió que las autoridades avancen con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Mendoza Castrillón también solicitó que se identifique a posibles responsables adicionales que pudieran estar vinculados con el plan delictivo. En ese sentido, insistió en la necesidad de que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones correspondientes para determinar si existen otras personas involucradas.

“Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la seguridad y la convivencia pacífica en Santiago de Cali”, manifestó el personero de la ciudad, citado por ese medio de comunicación.

El caso se produce en medio de un contexto de refuerzo de las medidas de seguridad en distintas regiones del país debido a la cercanía de las elecciones legislativas. Las autoridades han intensificado los operativos de vigilancia para prevenir hechos de violencia que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral.

En Cali, la Policía ha desplegado patrullajes, controles y labores de inteligencia con el objetivo de detectar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad de la ciudad. Estas acciones buscan garantizar que la jornada electoral se realice con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad.

Una serie de allanamientos simultáneos en el sudoeste de Rosario culminó este martes con la detención de una mujer, señalada en una causa por intimidación pública y lesiones con arma de fuego, iniciada a raíz del ataque a tiros a un supermercado a finales de febrero.

La investigación, encabezada por la fiscal Marisol Barros de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se centra en un violento episodio, que dejó como saldo una persona herida y profundizó la preocupación por la seguridad en esa zona de la ciudad.

Como parte de la investigación, las autoridades identificaron a Y. E. S., de 26 años, quien habría cumplido funciones de vigilancia en el hecho investigado. De acuerdo con fuentes del MPA, la mujer será imputada en los próximos días por su posible vínculo con el ataque, que ya tiene a dos hombres bajo arresto desde las primeras etapas de la pesquisa.

Durante los operativos, que se desplegaron en tres viviendas ubicadas en un pasillo de Avellaneda al 4700, los efectivos secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Entre los objetos incautados se cuentan cinco teléfonos celulares, dos documentos nacionales de identidad, diversas prendas de vestir y calzado, una mochila con documentación, dinero en efectivo y una motocicleta Keller 110 cc. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía y será sometido a peritajes para determinar su eventual relación con el ataque armado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la orden para los allanamientos fue emitida por el juez Alejandro Negroni a solicitud de la fiscal Barros, en el marco de la investigación orientada a esclarecer la mecánica del hecho y la participación de cada uno de los implicados.

La balacera sucedió el 22 de febrero en las inmediaciones de Ocampo y Chacabuco, en el ingreso al estacionamiento de un supermercado de una reconocida cadena.

En consecuencia, un individuo resultó herido por disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el estacionamiento del lugar. La respuesta de las autoridades incluyó la recolección de pruebas y testimonios que, semanas después, permitieron avanzar en la identificación de presuntos responsables.

La investigación de la UVAL se apoya en el análisis de cámaras de seguridad, peritajes balísticos y testimonios recogidos en la escena. Los pesquisas consideran que el ataque podría estar vinculado a disputas previas, aunque por el momento la causa está caratulada como intimidación pública y lesiones con arma de fuego, sin descartar otras hipótesis conforme avance la recolección de pruebas.

Por esto mismo, la fiscal sostiene que el cliente herido fue una víctima circunstancial de un episodio que tenía como objetivo instalar un mensaje y no necesariamente causar muertes directas. El trabajo ahora se centra ahora en determinar la cadena de mando y el grado de planificación detrás de la secuencia de ataques, así como el vínculo entre los distintos hechos ocurridos en Rosario en las últimas semanas.

La causa tuvo otra actualización durante el fin de semana, cuando la Policía logró detener a uno de los sospechosos del ataque. Se tata de S. L., señalado como el conductor de la motocicleta desde la cual se efectuaron los disparos.

El arresto se concretó en la vía pública, donde S. L. se encontraba acompañado por otro hombre, quien fue demorado pero no formalmente detenido.

El presidente Gustavo Petro respondió al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recordando el “atentado” que sufrió en Cúcuta durante su campaña presidencial de 2018 y reclamando la falta de investigación oficial sobre esos hechos.

Petro afirmó: “Este es el atentado hecho contra mí en Cúcuta cuando era candidato presidencial en el año 2018”, y señaló que la agresión no recibió seguimiento judicial.

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La controversia surgió después de que Rendón publicara en X: “¡La verdad pelea sola! A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales”.

El gobernador criticó el manejo de la seguridad en la actual administración y cuestionó la protección que reciben las autoridades locales ante riesgos y ataques recientes, mencionando casos como el de Miguel Uribe y los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi.

Petro recuerda el atentado de 2018 en Cúcuta

En su respuesta, Petro compartió el video del incidente y aseguró: “Mostré este video al presidente Trump. Análisis independiente forense demostró a través del análisis de las ondas sonoras que había disparos de armas automáticas”.

El mandatario reiteró que nunca hubo una investigación formal por parte del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, e implicó a la policía local en la emboscada: “La policía local me llevó a una emboscada organizada por la mafia más poderosa del lugar”.

Según la versión de Petro, el atentado ocurrió en plena campaña presidencial y fue presentado ante autoridades internacionales. El presidente subrayó que, pese a la gravedad del hecho, el caso fue ignorado por el sistema judicial colombiano. Esta afirmación busca responder a las críticas sobre el manejo de la seguridad y la supuesta minimización de los riesgos que enfrentan los funcionarios públicos bajo su mandato.

Debate sobre garantías de seguridad en Colombia

El cruce entre Petro y Rendón se produjo tras una serie de comentarios del presidente sobre la seguridad en Hidroituango, donde negó la existencia de un atentado y sugirió que desconocía las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a una reunión en la zona. A esto, Rendón replicó con una lista de hechos violentos recientes y la acusación de que el gobierno nacional resta importancia a las alertas emitidas por mandatarios locales.

El gobernador enfatizó la necesidad de que el Estado garantice la seguridad de alcaldes, gobernadores y sus equipos, y criticó la política de diálogo con “gestores de paz” mientras, según él, se desestiman amenazas reales contra autoridades legítimas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tomaron la decisión de cancelar su visita a la central hidroeléctrica de Hidroituango, argumentando riesgos significativos para la seguridad. Durante una rueda de prensa, ambos señalaron que la infraestructura ha sido objeto de amenazas constantes por parte de grupos armados ilegales, lo que obligó a reconsiderar la realización del evento.

Los equipos de seguridad de ambas administraciones alertaron sobre posibles peligros detectados en las inspecciones previas a la visita. Estas advertencias incluyeron información sobre la presencia de drones sobrevolando la zona y la posibilidad de ataques que pondrían en riesgo tanto a los funcionarios como a los periodistas y empleados de EPM que estarían presentes. La prioridad de los mandatarios fue evitar cualquier situación que expusiera a los asistentes a un posible atentado.

El gobernador Rendón mencionó que existen indicios de que organizaciones criminales habrían planificado un apagón a gran escala con el fin de influir en el proceso electoral. Además, resaltó que la hidroeléctrica ha sufrido múltiples atentados en los últimos dieciocho meses, incluyendo el derribo de torres de energía y actos de extorsión contra EPM.

Ambos funcionarios relacionaron el agravamiento del clima de inseguridad con la política de Paz Total del Gobierno nacional. Según Gutiérrez, esta estrategia ha permitido el fortalecimiento de grupos armados como las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, incrementando la vulnerabilidad tanto de la población civil como de quienes se oponen al gobierno actual.

El 26 de febrero de 1993, la ciudad de Nueva York experimentó un evento traumático que alteraría para siempre la noción de seguridad ciudadana en suelo estadounidense, marcando el abrupto final de la inocencia para un país que acababa de emerger como el gran vencedor de la Guerra Fría.

En aquella época, los diarios locales reflejaban la tranquilidad de una sociedad que, huérfana del bloque soviético, aún no esperaba enfrentarse a un nuevo y letal enemigo. No obstante, a las 12:17 o 12:18 del mediodía de aquel fatídico viernes, una explosión ensordecedora hizo temblar hasta las entrañas los cimientos del complejo del World Trade Center, situado en el pujante bajo Manhattan.

La detonación, de una ferocidad inusitada, abrió un cráter gigantesco de casi treinta metros de ancho y una profundidad que devoró seis pisos enteros hacia abajo en la cochera subterránea. Resulta insoslayable recordar que, apenas ocho años más tarde, en el fatídico 11 de septiembre (11-S) de 2001, ese mismo sitio sería el escenario de una tragedia aún mayor, convirtiéndose en el atentado más grande y mortífero jamás registrado en suelo estadounidense.

Las primeras horas posteriores al brutal estallido de 1993 estuvieron teñidas por una profunda incertidumbre y un caos desolador. La confusión era de tal magnitud que prestigiosos medios, como el mismísimo New York Times, llegaron a preguntarse de forma genuina si un avión había chocado accidentalmente contra el imponente edificio.

En un comienzo, y tratando de calmar las aguas, diversas fuentes oficiales sugirieron que, ante la absoluta falta de un llamado de advertencia previo, lo más probable era que se tratara de una explosión accidental, un simple infortunio técnico. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura.

El humo denso, asfixiante y las llamas implacables comenzaron a llenar la herida estructural, ascendiendo como una chimenea por el interior del rascacielos. Las escenas que se vivieron en ese momento fueron de un dramatismo desgarrador: miles de oficinistas, presos del pánico y cubiertos por una gruesa capa de hollín negro, se vieron forzados a evacuar de urgencia, huyendo a través de escaleras oscuras, atestadas de humo, privadas de energía eléctrica y sin la ayuda de letreros luminosos que marcaran el camino.

El periodismo de aquellos días se abocó a narrar historias de un profundo interés humano que conmovieron a la opinión pública, destacándose la odisea de una mujer en silla de ruedas que debió ser bajada a pulso por sus compañeros desde el piso 66, o la angustia de una clase entera de niños de preescolar que permaneció encerrada dentro de un ascensor durante interminables horas.

El saldo trágico de la jornada fue devastador: seis personas perdieron la vida de forma instantánea y más de mil resultaron heridas, muchas padeciendo la compresión de extremidades o graves problemas por la inhalación de humo.

En medio de semejante desconcierto y con la población sumida en el temor, las autoridades estadounidenses recibieron más de medio centenar de llamadas telefónicas de individuos y agrupaciones adjudicándose la autoría intelectual y material del atentado, situación que se sumó a un puñado de falsas amenazas de bomba diseminadas por toda la metrópoli neoyorquina.

Con escasas pistas firmes en sus manos, el gobierno dio verdaderos “manotazos al aire” en las primeras horas de la investigación. Se barajaron hipótesis infundadas que señalaban como posibles instigadores al líder libio Muammar al-Gaddafi o al dictador iraquí Saddam Hussein; esa última teoría cobró particular fuerza en el imaginario gubernamental, dado que el atentado coincidía exactamente con el segundo aniversario de la derrota militar iraquí a manos de las fuerzas norteamericanas en Kuwait.

Para comprender la verdadera génesis de ese oscuro episodio, es necesario retroceder hasta el 1 de septiembre de 1992. Fue en ese momento cuando arribaron a territorio estadounidense, provenientes de Pakistán, dos de los conspiradores fundamentales: Ahmad Ajaj y quien sería considerado el “cerebro” maestro detrás de la operación, Ramzi Yousef. El ingreso de esos individuos estuvo marcado por una serie de errores garrafales e inexplicables en los controles de inmigración, fallas sistemáticas que prefigurarían las negligencias previas al 11-S.

Al revisar su equipaje, los agentes de aduana detectaron que Ajaj viajaba portando un pasaporte sueco muy mal falsificado; de inmediato procedieron a confiscarle su valija, en cuyo interior hallaron voluminosos manuales para la fabricación de explosivos y variada propaganda de neto corte antiestadounidense. Ajaj fue encarcelado, pero, de manera incomprensible, su compañero de viaje corrió con una suerte muy distinta. Viajando bajo una identidad apócrifa con un pasaporte iraquí a nombre de Abdel Basit Mahmoud, Yousef solicitó asilo político; si bien fue formalmente arrestado por ingresar sin la visa correspondiente, fue liberado bajo su propia responsabilidad y se le franqueó la entrada al país. Esa indulgencia institucional le otorgó la libertad de movimientos necesaria para ejecutar su letal proyecto.

Una vez afincado en la costa este, el 1 de octubre de 1992, Yousef alquiló una modesta habitación en el barrio de Little Egypt, en Jersey City, estado de Nueva Jersey. Allí se alió con otro engranaje fundamental de la conspiración: Mohammad Salameh. Juntos, comenzaron a adquirir materiales para el armado de la bomba, almacenándolos inicialmente en un casillero rentado por el propio Salameh. La logística avanzó a paso firme cuando, el primer día de 1993, Salameh alquiló también un departamento equipado con una amplia cochera en Jersey City, que se transformaría en una verdadera fábrica clandestina de armamento. Durante varias semanas de meticuloso trabajo, el grupo ensambló un masivo artefacto explosivo de aproximadamente 680 kilogramos.

Para amplificar la devastación del impacto, adquirieron varios tanques repletos de gas hidrógeno, los que colocarían estratégicamente junto a la mezcla letal. A la célula se sumó Eyad Ismoil, un asociado de Yousef que voló a Nueva York apenas unos días antes del atentado.

La preparación culminó el 23 de febrero, cuando Salameh alquiló una camioneta grande que, en un burdo intento por conseguir una coartada, denunció como robada dos días más tarde.

En la madrugada del mismísimo 26 de febrero, Mahmoud Abouhalima, otro conspirador, se encargó de llenar los tanques de combustible tanto de su propio auto como de la camioneta alquilada. Poco después, Yousef, Abouhalima, Salameh e Ismoil emprendieron el último tramo de su recorrido hacia el bajo Manhattan. Al llegar, estacionaron el vehículo cargado de explosivos en el subsuelo del World Trade Center. La explosión programada para el mediodía les dio tiempo suficiente para dispersarse: el conductor Ismoil huyó hacia Jordania, mientras que el estratega de la operación, Yousef, se embarcó en un vuelo con destino a la ciudad de Karachi, Pakistán, esa misma tarde.

Ante semejante embate, la maquinaria de inteligencia y seguridad estadounidense se movilizó a una escala sin precedentes. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Nueva York instalaron rápidamente un centro de mando para liderar la búsqueda de los autores del hecho.

Estaban sin dudas frente a un atentado terrorista de gran escala. La confirmación material llegó asombrosamente rápido. La inmensa investigación, que en su punto más alto llegó a movilizar a unos 700 agentes del FBI esparcidos por el mundo entero, dio un resultado clave apenas dos días después del estallido. Entre la montaña de escombros del estacionamiento, los forenses rescataron una pieza de chatarra carbonizada y completamente retorcida perteneciente al chasis del vehículo explosivo. Los terroristas habían intentado borrar el Número de Identificación Vehicular (VIN), pero los especialistas lograron reconstruirlo y cruzarlo con sus bases de datos.

El resultado fue contundente: el número correspondía a la camioneta alquilada y falsamente reportada como robada por Mohammad Salameh. El accionar policial no se hizo esperar. El 4 de marzo, demostrando una notable mezcla de osadía y torpeza, Salameh se apersonó en la agencia de alquiler con la vana intención de reclamar los cuatrocientos dólares que había dejado como depósito de garantía. Allí lo estaba esperando un equipo táctico SWAT del FBI que procedió a su inmediata detención.

En sus bolsillos portaba el contrato de alquiler, el que luego de ser examinado reveló inequívocos restos químicos del explosivo y la dirección exacta del departamento de Jersey City. Tras allanar dicho inmueble, las autoridades descubrieron a un cómplice, Abdul Rahman Yasin, quien de forma inexplicable no fue puesto bajo custodia y, aprovechando la negligencia, abandonó el país al día siguiente volando hacia Irak. A pesar de ese traspié, las detenciones continuaron en cadena: Abouhalima fue apresado en Egipto el 10 de marzo, el mismo día en que las fuerzas federales capturaron a Nidal Ayyad en Nueva Jersey. Un quinto individuo, Bilal Alkaisi, decidió entregarse a la policía a finales del mismo mes. A la par, el FBI logró identificar un perfil de ADN presente en la saliva utilizada para sellar un sobre enviado a un diario, lo que permitió cimentar la evidencia física contra la organización criminal que había reivindicado el atentado.

El peso de la ley recayó sobre los acusados en un juicio de altísima visibilidad que comenzó el 16 de septiembre de 1993. La fiscalía desplegó un caso abrumadoramente sólido, particularmente en contra de Salameh y de Ayyad. La participación de Salameh quedó exhaustivamente documentada a lo largo de cada una de las etapas del complot, mediante una avalancha de registros telefónicos, transacciones bancarias y recibos de alquileres comerciales. Ayyad, por su lado, fue sindicado como el principal portavoz comunicacional del grupo. De su computadora personal, los peritos informáticos recuperaron el borrador de un comunicado redactado para ser enviado al New York Times. En este escrito, la organización que se autodenominaba “Quinto Batallón del Ejército de Liberación” no solo asumía la total responsabilidad por la devastación causada en las Torres Gemelas, sino que exigía que el gobierno de Estados Unidos cesara todo tipo de asistencia financiera y militar al Estado de Israel.

La evidencia física ubicaba a Abouhalima repetidas veces en el departamento-fábrica de bombas y en la estación de servicio durante la mañana del atentado. Por su parte, Ajaj, a pesar de haber pasado la totalidad de la fase de ejecución tras las rejas, fue formalmente implicado como un estrecho colaborador de Yousef y se lo acusó de haber ingresado los manuales de fabricación de explosivos desde su periplo en Pakistán. A lo largo de las maratónicas sesiones judiciales, los abogados defensores ensayaron como argumento central la idea de que Yousef, el verdadero autor intelectual aún prófugo, había embaucado a los acusados, utilizándolos como meros partícipes involuntarios en su juego.

Tras cuatro intensos meses de debates, la exhibición de mil pruebas materiales incriminatorias y la comparecencia de más de 200 testigos, el 4 de marzo de 1994 se dictó el fallo: Salameh, Ayyad, Abouhalima y Ajaj fueron hallados culpables de la totalidad de los cargos y cada uno fue sentenciado a cumplir la condena de 240 años en una prisión federal.

Pero la historia no terminó con la condena de esos eslabones de la cadena; el verdadero estratega seguía suelto. Tras una exhaustiva cacería humana a nivel internacional que se prolongó por dos largos años, Ramzi Yousef fue finalmente acorralado y capturado en Pakistán durante el mes de febrero de 1995, para luego ser extraditado a Estados Unidos.

En el otoño de 1997, tanto Yousef como Ismoil —el conductor de la camioneta que había escapado a Jordania y que fue detenido en 1995— enfrentaron a la justicia y fueron condenados por sus actos. Abdul Yasin se mantiene como el único gran prófugo de la célula original.

Las pesquisas subsiguientes al atentado y las frías confesiones del propio Yousef sacaron a la luz planes que superaban con creces la destrucción perpetrada en las cocheras aquel febrero de hace 33 años. La ambición de Yousef no era simplemente volar el estacionamiento, sino utilizar la inmensa explosión para que una de las Torres Gemelas colapsara sobre la otra, borrando del mapa a ambas estructuras en un efecto dominó cargado de muerte.

Más alarmante aún resultó el descubrimiento en los depósitos clandestinos de Jersey City: el resto de la banda que no había sido detenida en un principio, contaba con una cantidad de gas cianuro de hidrógeno suficiente como para envenenar y aniquilar a toda la población de una ciudad.

Los planes del grupo que era conducido por el clérigo ciego Omar Abdel-Rahman eran mayores: el 24 de junio de 1994, agentes del FBI irrumpieron en un galpón del distrito de Queens y detuvieron a miembros de otra célula criminal que armaba bombas diseñadas para detonar simultáneamente en lugares emblemáticos como la sede de las Naciones Unidas, los estratégicos túneles Holland y Lincoln, y hasta la mismísima oficina del FBI en Nueva York. Yousef, además, fantaseaba desde la clandestinidad con el derribo sincronizado de aviones comerciales estadounidenses en pleno vuelo.

En una dolorosa retrospectiva histórica, el atentado de 1993, que inauguró la era del terrorismo de Medio Oriente en suelo estadounidense, operó como un trágico y mortal ensayo general para la devastación definitiva que acontecería el 11 de septiembre de 2001. Las agencias de inteligencia tardarían años en trazar los nexos definitivos entre los terroristas de 1993 y la red extremista Al Qaeda, pasando por alto la crucial advertencia de que Yousef había recibido entrenamiento en los campamentos paramilitares afganos dirigidos por Osama Bin Laden.

Para cerrar ese círculo, sería el propio tío de Ramzi Yousef, Khalid Sheikh Mohammed, quien regresaría a la escena mundial como el cerebro de los ataques del 11-S, realizando la tarea que su sobrino no pudo completar.

Tras el estupor del primer atentado de 1993, los habitantes de Nueva York, amparados por la rápida labor de remoción de escombros y la veloz restauración de los servicios eléctricos, volvieron a su rutina. Como resumió un vecino en declaraciones a The New York Times, existía la creencia de que “en Nueva York te esperas más que te roben que que te explote una bomba terrorista”. Esa convicción quedó enterrada para siempre ocho años después, cuando el mundo entero comprendió que, al chocar aviones de línea transformados en kamikazes, el terrorismo había cambiado la historia para siempre.

Después de 26 días hospitalizado, el diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Torres Félix, fue dado de alta este lunes tras haber sido víctima de un atentado armado en el centro de Culiacán el pasado 28 de enero.

Torres Félix abandonó el Hospital Ángeles de Culiacán bajo estrictas medidas de seguridad y continuará su proceso de recuperación en su domicilio, informó su círculo cercano y confirmaron medios locales. El legislador había sido ingresado tras resultar gravemente herido por disparos de arma de fuego.

Detalles del ataque y atención médica

El ataque armado ocurrió el 28 de enero en una zona transitada del malecón viejo, apenas minutos después de que Sergio Torres y su compañera legisladora Elizabeth Montoya Ojeda salieran del Congreso del Estado de Sinaloa. Ambos resultaron heridos en la agresión, y el chofer que los acompañaba también sufrió lesiones menores.

Torres Félix recibió un impacto de bala en la cabeza y lesiones en una mano, por lo que fue sometido a múltiples cirugías. Las intervenciones incluyeron la reducción de la inflamación cerebral y la reconstrucción de la mano afectada, además de otros procedimientos necesarios durante su estancia en terapia intensiva y posteriormente en cuidados intermedios.

La diputada Montoya, quien también fue herida en el ataque, recibió el alta días antes, aunque perdió un ojo por las lesiones sufridas y está en proceso de recuperación.

Evolución y reporte oficial

Autoridades de salud y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, calificaron como positivo el hecho de que Torres haya salido del hospital y destacó que el legislador ha mostrado avances, incluyendo abrir los ojos y responder a estímulos, aunque aún no se tiene claridad sobre su nivel de conciencia plena.

El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, expresó que desde hace días el diputado no requería estar conectado a aparatos y que la decisión de darle de alta se tomó tras observar una evolución favorable.

El ataque es investigado por autoridades estatales y federales bajo varias líneas de investigación, con el objetivo de identificar y detener a los responsables. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha declarado que sigue recopilando evidencia, incluidas huellas y videos, para avanzar en las pesquisas y esclarecer las motivaciones detrás del atentado.

Los detenidos, identificados como D.R., de 51 años, y M.R., de 43, ambos naturales de Kraljevo, permanecen bajo custodia policial tras haber sido acusados de planear ataques contra el presidente Aleksandar Vucic, su esposa e hijos, y varios integrantes del gabinete serbio, según anunció el Ministerio del Interior de Serbia. La operación, que involucró a personal de la Dirección de Policía Criminal, del Servicio de Represión del Delito y de la comisaría de Kraljevo, contó también con la colaboración de la Agencia de Seguridad e Información. Estas acciones, notificó el Ministerio a través de un comunicado, se habrían desarrollado entre diciembre de 2025 y febrero del presente año.

Según consignó el medio, los sospechosos habrían estado involucrados en la organización de “el derrocamiento de los más altos órganos del Estado”, además de la compra de armas y la planificación de un atentado directo contra la vida del jefe del Ejecutivo serbio y su familia. Las autoridades sostienen que la intención de los implicados era “privar de la vida” tanto al presidente como a sus familiares, así como causar lesiones a miembros del Ministerio de Interior.

El Ministerio de Interior de Serbia detalló que los procedimientos de detención se efectuaron tras determinar que los arrestados actuaron conjuntamente y realizaron preparativos concretos para atacar el orden constitucional y la seguridad del país. Ambos individuos se encuentran ahora bajo un plazo de detención de 48 horas y, posteriormente, serán presentados ante la Fiscalía Superior de Kraljevo para enfrentar cargos penales relacionados con la preparación de actos contra el Estado.

El operativo que llevó a la captura de D.R. y M.R. forma parte de esfuerzos coordinados entre varias dependencias de seguridad, incluidas la policía local y las agencias de inteligencia, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Interior. Las autoridades reportaron que existen indicios suficientes para considerar que los detenidos constituyeron una amenaza directa no sólo a la integridad física del presidente y su entorno familiar, sino también a la estabilidad institucional serbia.

El comunicado oficial también subrayó que el delito que se atribuye a los arrestados contempla la planificación y ejecución de actos dirigidos a la alteración forzosa del orden constitucional de Serbia. En este contexto, la acusación incluye tanto la preparación de tentativa de homicidio como la compra de armamento con el propósito de llevar a cabo estos ataques.

Según reportó el Ministerio, la investigación surgió a raíz de la identificación de movimientos y comunicaciones sospechosas que involucraban a los detenidos en actividades orientadas a atentar contra figuras clave del gobierno, especialmente durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y febrero del presente año. Los organismos a cargo realizaron un seguimiento sistemático de los sospechosos, lo que permitió recabar pruebas que fundamentaron las órdenes de aprehensión ejecutadas en la ciudad de Kraljevo, ubicada en el centro de Serbia.

Las autoridades manifestaron que, dentro de la estrategia de persecución penal, se incluyen la intervención judicial inmediata y la acusación formal por delitos que afectan la seguridad nacional. El proceso judicial inicial se desarrollará ante la Fiscalía Superior de Kraljevo, conforme a lo estipulado por el código penal serbio para crímenes relacionados con la preparación de actos subversivos y atentados contra funcionarios de Estado.

Según indicó el Ministerio de Interior, la colaboración interinstitucional agilizó la investigación y permitió la recolección de “elementos materiales y testimoniales” que demuestran la vinculación de D.R. y M.R. con los preparativos para ataques contra el presidente Vucic y su entorno cercano, así como contra otros miembros del gabinete, a quienes se pretendía causar daños físicos.

La noticia difundida por el Ministerio ha generado reacciones en los círculos políticos y mediáticos de Serbia, especialmente considerando que el caso involucra la seguridad directa de funcionarios de alto rango y del propio presidente de la República. La detención de los sospechosos y su inminente comparecencia ante la Fiscalía marcan un episodio relevante en el contexto de los mecanismos de protección institucional y de combate a amenazas internas, según informaron las autoridades serbias.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de las entidades correspondientes, quienes no han descartado la posibilidad de nuevas detenciones relacionadas con esta causa. Los acusados enfrentarán penas severas de comprobarse los delitos que se les imputan, conforme a la legislación vigente, informó el Ministerio de Interior de Serbia.

Luego del atentado fallido en su contra, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que “detrás del autor intelectual del hecho hay trama que combina poder económico, conexiones criminales y posibles complicidades políticas”.

Roncaglia confirmó que Leonardo Airaldi, quien se encuentra preso por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Diamante “era el jefe de una organización narco que operaba en la región”. Según detalló, Airaldi manejaba rutas de tráfico desde Paraná hacia Victoria, Diamante y Las Cuevas, con ramificaciones en Santa Fe y Buenos Aires.

“Su nombre aparece vinculado a la incautación de 30 kilos de cocaína en territorio santafesino y a conexiones directas con la banda rosarina Los Monos y con el histórico narco bonaerense Miguel Ángel Villalba, conocido como “Mameluco” Villalba", precisó.

Además, admitió que la figura de Airaldi rompe con el estereotipo del narco marginal. Lo describió como “integrante de una familia tradicionalmente ganadera, propietaria de miles de hectáreas que tras la muerte de su padre habría iniciado una ‘mutación’ hacia el delito organizado”.

El Ministro de Seguridad dijo que esa herencia rural se transformó, presuntamente, en capital inicial para financiar operaciones de narcotráfico. “Era un sujeto de mucho dinero, con muchos contactos y redes”, sostuvo. “Esa fortuna millonaria y su entramado de relaciones le habrían permitido moverse durante años con aparente impunidad”, remarcó.

El dato más lo inquieta es la posible infiltración en estructuras estatales. Sin afirmarlo de manera categórica, Roncaglia deslizó que Airaldi “tenía amigos en todos los ámbitos” y que “muchos comían de su mano”, en alusión tanto a sectores políticos como a integrantes de fuerzas de seguridad de la gestión anterior al gobernador Rogelio Frigerio. “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”, agregó.

La sospecha es que esa red de protección le garantizaba información anticipada sobre movimientos judiciales y allanamientos. De hecho, el ministro reveló que antes de su detención el empresario narco se desplazaba “sin ningún inconveniente”.

La investigación que terminó con Airaldi preso comenzó a impulsarse con fuerza en 2024, cuando la nueva gestión provincial decidió avanzar sobre causas que, según Roncaglia, estaban en trámite pero requerían decisión política.

El ministro contó que se reunió personalmente con el juez federal Leandro Ríos y el fiscal Ignacio Candioti para dar impulso a la pesquisa. La detención del presunto jefe narco habría desatado la “bronca” que hoy se traduce en ese intento de matarlos a los tres.

El plan para asesinar al ministro, al juez y al fiscal surgió a partir de la declaración de otros internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Lo que encendió las alarmas fue el nivel de detalle: los denunciantes describieron rutinas personales, como el único día del año en que Roncaglia salió en moto sin custodia para asistir a un asado. Cuatro días después, esa información ya circulaba dentro del penal. “Algo raro está pasando acá”, admitió el funcionario, convencido de que existió una tarea de inteligencia previa.

La hipótesis oficial es que, aun detenido, Airaldi mantenía capacidad de mando. Roncaglia recordó que en el mundo narco no es extraño que líderes presos sigan impartiendo órdenes a través de visitas o intermediarios. Por eso, el gobierno provincial impulsa su traslado a una cárcel federal de máxima seguridad, una decisión que depende de la Justicia Federal y que se da en vísperas del juicio oral.

El ministro también puso el foco en la protección institucional. Más que su propia seguridad —asegura andar siempre armado y con custodia— le preocupa que jueces y fiscales trabajen sin presiones. En este caso intervienen magistrados federales de Buenos Aires, lo que, a su entender, otorga mayor entidad al expediente. La prioridad fue reforzar la custodia de los funcionarios judiciales y brindar protección especial a los internos que denunciaron el complot, pese a que se trata de condenados por delitos graves.

Roncaglia no es ajeno a la violencia. En 2013 fue baleado en un episodio nunca del todo esclarecido, que él vincula a una posible entrega previa para simular una entradera. “Tengo el cuero duro”, dijo, relativizando el riesgo personal. Sin embargo, reconoció que la provincia no está acostumbrada a este tipo de amenazas directas contra autoridades judiciales y políticas.

Mientras el juicio oral se aproxima, el mensaje político es claro: la actual gestión busca exhibir firmeza frente a estructuras que durante años habrían operado con protección. La investigación recién comienza y deberá determinar si el plan era una amenaza en estado embrionario o un atentado que pudo haberse concretado.

Uno de los agresores vestía un cinturón explosivo y portaba un arma blanca cuando perdió la vida durante el intercambio de disparos ocurrido en un punto de control en Raqqa, en el este de Siria. De acuerdo con información difundida por Syria TV y citada por fuentes oficiales de seguridad sirias, el ataque dejó como saldo la muerte de un agente de la policía y heridas a otro, en lo que se atribuye a individuos supuestamente vinculados al grupo extremista Estado Islámico.

Según publicó Syria TV, el incidente se produjo en el puesto de control de Al Sabahiya, ubicado en el acceso occidental de Raqqa. El medio indicó que los responsables abrieron fuego contra los efectivos en el lugar, desencadenando un tiroteo fatal. Durante esa confrontación armada, uno de los atacantes resultó muerto antes de que pudiera detonar el cinturón de explosivos que portaba.

El medio matizó que este atentado representa el tercer ataque de características similares en menos de 24 horas. Syria TV detalló que, la víspera, se registraron acciones violentas en las provincias de Deir Ezzor y Raqqa. Como resultado de esos incidentes, un militar y un civil perdieron la vida, señalando una escalada en los ataques atribuidos a la organización yihadista.

Las autoridades sirias subrayaron, según consignó el medio local, la continuidad de la ofensiva de Estado Islámico en la región. El incremento en la frecuencia de estos actos violentos coincide con la divulgación de un comunicado de audio emitido por el grupo, el primero en dos años. En el mensaje, difundido el sábado, el vocero, Abú Hudhaifa al Ansari, realizó acusaciones sobre la situación en Siria, describiendo el paso de la “ocupación iraní” a una “ocupación turco-estadounidense”.

El portavoz del grupo también anunció que se inicia una “nueva fase de operaciones”, según publicó Syria TV. Esta declaración se dio a conocer apenas horas antes de los recientes ataques letales en Deir Ezzor y Raqqa, asociados por fuentes de seguridad sirias a los seguidores del Estado Islámico.

La ciudad de Raqqa, que fue centro de operaciones del Estado Islámico durante el apogeo de su autoproclamado califato, continúa siendo escenario de incidentes graves a pesar de las operaciones militares previas impulsadas por las fuerzas de seguridad sirias y coalición internacional. Syria TV subrayó que tanto ese contexto como la retórica de los mensajes del grupo ponen en alerta a la región y sus habitantes ante nuevas amenazas de violencia organizada.

Los ataques recientes resaltan las dificultades en el control de zonas estratégicas y ponen de relieve el riesgo continuo para los cuerpos de seguridad y la población civil en ciudades que han experimentado una presencia histórica del grupo. De acuerdo con lo recopilado por Syria TV y sus fuentes, la tensión permanece elevada en el este sirio, alimentada por la persistencia de células yihadistas dispuestas a perpetrar acciones similares.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugda hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

Las autoridades rusas han identificado a casi todos los presuntos responsables y participantes en el ataque contra el teniente general Vladimir Alekseyev, subdirector de la Inteligencia Militar rusa, y han informado sobre la detención de varias personas implicadas, mientras Alekseyev permanece hospitalizado bajo estrictas medidas de seguridad en estado estable después de una intervención quirúrgica. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) atribuye la autoría material del atentado a los servicios de inteligencia ucranianos, quienes, según la investigación, actuaron bajo la supervisión e instigación de servicios de inteligencia occidentales. El jefe del FSB, Alexander Bortnikov, enfatizó que los avances recientes en la investigación apuntan a una clara “conexión británica” en el intento de asesinato, según publicó la televisión estatal rusa Vesti.

Bortnikov declaró que “el ataque es obra de los servicios secretos ucranianos y tras ellos están terceros países (...). Los servicios secretos ucranianos operan bajo la supervisión o a instancias de los servicios secretos occidentales. Vemos aquí una conexión británica”. El jefe del FSB avanzó que la conexión se evidencia de manera particular en el caso del atentado contra Alekseyev, lo que refuerza las sospechas rusas sobre la implicación occidental, reportó la cadena estatal Vesti y otros medios locales.

Según el FSB, la investigación ha permitido identificar “prácticamente a todos los participantes y perpetradores de este crimen”. Los datos divulgados por el servicio de seguridad ruso señalan que un ciudadano, partícipe en el ataque, logró escapar y se habría escondido en territorio ucraniano, mientras que varios otros han sido detenidos en el marco de la pesquisa. Entre los arrestados figura Liubomir Korba, de nacionalidad ucraniana, cuya detención se logró tras una operación internacional en la que participaron los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con la información proporcionada por el FSB y reproducida por la televisión estatal rusa.

Junto a Korba, las autoridades rusas confirmaron la captura de Viktor Vasin, de nacionalidad rusa, a quien identifican como cómplice; mientras tanto, Zinaida Serebritskaya, también rusa y presunta implicada, fue identificada pero logró huir hacia Ucrania tras el atentado, según consignó el FSB, citado por Vesti. El organismo de seguridad describe que Korba actuó según instrucciones de los servicios de inteligencia ucranianos, viajando a Moscú en diciembre de 2025 con la misión de perpetrar el atentado.

De acuerdo con las conclusiones iniciales presentadas por el FSB y difundidas en medios estatales, Korba disparó contra el teniente general Alekseyev el 6 de febrero en un edificio situado en la zona noroeste de Moscú. Posteriormente, salió del país y se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos pocas horas después de ocurrido el ataque. La operación conjunta que dio como resultado su detención se realizó gracias a la cooperación de autoridades en Emiratos Árabes Unidos, informó Vesti.

El general Vladimir Alekseyev se desempeña, desde 2011, como subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, también conocida por el acrónimo GRU. Este organismo corresponde al servicio de inteligencia militar de Rusia. Alekseyev figura desde 2016 en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, y desde 2019 por la Unión Europea. Según detalló la plataforma estatal rusa, el bloque europeo impuso sanciones al general por su presunta implicación en el envenenamiento con agente nervioso del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, ocurrido en 2018 en la localidad británica de Salisbury.

Las autoridades rusas mantienen abierta la investigación y han declarado que avanzan en el esclarecimiento completo del caso, al tiempo que refuerzan las medidas de seguridad alrededor de los altos mandos de la inteligencia militar, mientras permanecen atentos a la evolución médica del general Alekseyev. Según reportó la televisión estatal rusa y otros medios del país citando al FSB, las pesquisas se centran en ampliar el conocimiento sobre los vínculos internacionales del ataque, especialmente en la supuesta colaboración de servicios occidentales, aspecto que las altas autoridades rusas, encabezadas por Bortnikov, consideran clave en este caso.

Uno de los adolescentes arrestados en Lille reconoció interés por materiales y figuras yihadistas, así como la intención de ejecutar un acto violento en espacios públicos concurridos, informó el diario Le Figaro con base en fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT). Las autoridades identificaron que este menor habría planeado atentar en un centro comercial o una sala de conciertos, e incluso reveló que tenía previsto robar un arma de fuego para llevar a cabo sus planes. A partir de estos elementos, la noticia principal implica la detención de dos jóvenes de 16 años por la sospecha de preparar un atentado en Lille, en el norte de Francia.

Según reportó Le Figaro, ambos menores fueron capturados por la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSI) en el departamento Norte, en el marco de una investigación que apunta a la fabricación de un artefacto explosivo casero a base de peróxido de acetona (TATP). Este material se ha empleado anteriormente en atentados como los registrados en París en 2015 y Bruselas en 2016. La acción policial se produjo tras detectarse que los adolescentes ya habían adquirido componentes químicos con el fin de realizar pruebas de combustión en el domicilio de uno de ellos, lo cual permitió a las autoridades constatar el avance en la preparación del artefacto.

El medio Le Figaro explicó que, durante los interrogatorios, uno de los jóvenes confesó tanto su interés por la propaganda radical como su intención de llevar a cabo un ataque. Para ello, había diseñado un plan que contemplaba el robo de un arma de fuego y la utilización de explosivos en lugares con alta afluencia de personas. Además, la misma investigación permitió establecer que el segundo adolescente conocía minuciosamente las intenciones de su compañero y que actuaba como elemento de refuerzo para el pensamiento radical y las conductas violentas del principal sospechoso.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista dio inicio a las diligencias correspondientes contra ambos menores, en el contexto de una serie de investigaciones sobre amenazas extremistas entre jóvenes. Fuentes consultadas por Le Figaro aclaran que las pruebas localizadas durante la intervención de las fuerzas de seguridad respaldan la hipótesis de que la elaboración del aparato explosivo se encontraba en una fase avanzada de desarrollo.

El caso se suma a otros recientes en los que se detecta la influencia de propaganda extremista digital sobre adolescentes. Según publicó Le Figaro, el principal de los detenidos se habría sentido motivado por contenidos y líderes vinculados al yihadismo global. Funcionarios de la DGSI han destacado la importancia de interrumpir estos procesos antes de que los planes puedan materializarse en atentados consumados, especialmente tras episodios históricos que involucraron el uso de TATP en el contexto europeo.

La investigación detallada por Le Figaro incluye registros domiciliarios y entrevistas a familiares, en una estrategia orientada a rastrear posibles vínculos adicionales con redes extremistas, así como a prevenir la propagación de material radical entre menores. Los arrestos han sido considerados una acción preventiva por parte de los servicios de inteligencia franceses, que se mantienen atentos a amenazas similares, especialmente en regiones del norte de Francia donde se han registrado antecedentes de radicalización juvenil.

El funcionamiento de la coordinación entre la DGSI y la Fiscalía Nacional Antiterrorista fue resaltado por las fuentes citadas en Le Figaro, que puntualizan la rapidez con la que se identificó y detuvo a los jóvenes antes de que lograran ensamblar y utilizar el explosivo. El caso permanece en desarrollo y forma parte de una política sostenida de vigilancia antiterrorista que incluye el rastreo de actividades sospechosas entre adolescentes, el seguimiento digital de propaganda radical y la reacción ante señales tempranas de violencia planificada.

El paquete explosivo que estalló este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Paseo Colón al 500, CABA, iba dirigido al exdirector del establecimiento, Diego Gasparutti. El hombre, comandante mayor retirado de 59 años, estuvo a cargo de la institución entre 2021 y mediados de 2024 y había regresado en las últimas horas para buscar unas encomiendas que le habían guardado.

Según reconstruyó Infobae de fuentes del caso, Gasparutti llegó al edificio cerca del mediodía. Tras hacer una pequeña recorrida por el lugar y saludar a excompañeros, pidió los paquetes que quedaban a su nombre. En total eran tres, que le habían llegado hace bastante tiempo. Estiman que llevaban guardados entre cuatro y seis meses. Las razones por las que no los buscó antes no están claras.

Cerca de las 13 horas, el exdirector de la Escuela de Gendarmería ingresó a una oficina ubicada en el piso 11 junto a otro comandante y abrió una de las encomiendas. Fue en ese momento cuando ocurrió la explosión.

Gasparutti y su compañero sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Argerich. Uno de los comandantes tuvo lesiones por metralla en el pecho, mientras que el otro resultó con aturdimiento y pérdida de audición, además de leves quemaduras.

Fuentes que tomaron intervención en el caso confirmaron a Infobae que el exdirector de la escuela fue dado de alta en horas de la noche. Además de ellos, también hubo otros dos gendarmes que estaban en el mismo piso y que debieron ser asistidos en el lugar.

Por el atentado fueron evacuadas más de 300 personas y la Policía Federal Argentina fue convocada a analizar la escena. Intervino su División Explosivos y su Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, o DUIA, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Según supo Infobae, el explosivo estaba envuelto en papel madera y fue activado con una batería de 9 voltios. Era simple pólvora, contenida en un caño de plástico, conectado con dos cables al mecanismo principal.

El mecanismo era tan artero como sencillo: estaba diseñado para volar en cuanto el paquete se abriera. La explosión causó que partes del artefacto cayeran al piso de la oficina.

Al cierre de esta nota, aún se desconocía el remitente del envío. La DUIA, entre sus tareas, deberá esclarecer la ruta del paquete y cómo llegó a la sala de correos de la Escuela de Gendarmería. También, si el mayor en cuestión es un blanco al azar, un nombre elegido por capricho, o si tiene un vínculo con el atacante hasta ahora desconocido.

Por lo pronto, dos hipótesis resuenan entre los investigadores. La primera apunta a un agente del caos, un terrorista suelto, sin intención alguna más que crear pánico. La segunda, a una posible venganza del hampa. En todo caso, el mayor en cuestión se vuelve el testigo crucial del caso.

Este sábado, horas después del episodio que movilizó 11 móviles de emergencia entre SAME, Bomberos, Policía de la Ciudad y Policía Federal Argentina, el edificio de la Escuela de Gendarmería se encontraba con las persianas que dan a la calle bajas. Adentro todavía trabaja personal especializado que busca pruebas para la investigación.

“Como es un instituto escuela, los fines de semana está sin actividad. Por el momento la seguridad está reforzada por el caso”, aseguró una fuente.

Las fotos del explosivo

Un paquete explosivo estalló este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en Paseo Colón al 500, CABA. El atentado provocó cuatro heridos de diversa gravedad, dos de los cuales fueron trasladados a un hospital porteño, y la evacuación de más de 300 personas.

Ante el episodio, la Policía Federal Argentina fue convocada a analizar la escena: intervino su División Explosivos y su Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, o DUIA, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

El explosivo estaba disimulado dentro de una pequeña encomienda dirigida a un mayor de la fuerza, con retiro en trámite. El paquete, envuelto en papel madera, había esperado unos seis meses en el lugar, según confirmaron fuentes del caso.

Al cierre de esta nota, los efectivos de la DUIA -que depende del Departamento Federal de Investigaciones, con oficiales de alto rango presente en el lugar- esperaban ingresar al lugar de la explosión -una oficina ubicada en el edificio- para realizar sus primeras pericias. La División Explosivos, mientras tanto, culminaba su análisis.

La evaluación determinó que el paquete fue un artefacto autoexplosivo, activado con una batería de 9 voltios. Fue simple pólvora, contenida en un caño de plástico, conectado con dos cables al mecanismo principal.

El mecanismo era tan artero como sencillo: estaba diseñado para volar en cuanto el paquete se abriera. La explosión causó que partes del artefacto cayeran al piso de la oficina.

Por lo pronto, se desconoce el remitente del envío. La DUIA, entre sus tareas, deberá esclarecer la ruta del paquete y cómo llegó a la sala de correos de la Escuela de Gendarmería. También, si el mayor en cuestión es un blanco al azar, un nombre elegido por capricho, o si tiene un vínculo con el atacante hasta ahora desconocido.

Por lo pronto, dos hipótesis resuenan entre los investigadores. La primera apunta a un agente del caos, un terrorista suelto, sin intención alguna más que crear pánico. La segunda, a una posible venganza del hampa. En todo caso, el mayor en cuestión se vuelve el testigo crucial del caso.

Cómo fue el momento de la explosión

La explosión ocurrió cuando un mayor de la fuerza, con retiro en trámite, se presentó en el edificio de la Avenida Paseo Colón con el propósito de retirar una encomienda que permanecía almacenada desde tiempo, según indicaron fuentes del caso a Infobae. La información preliminar indica que estaba guardada hace casi un año, aunque otras versiones hablan de cuatro o seis meses.

El paquete, que por ahora permanecía a resguardo en el piso 11 del establecimiento, fue trasladado hasta el despacho del subdirector del lugar, donde dos comandantes procedieron a abrirlo. De acuerdo a los primeros datos recabados, el ingreso a esa habitación para su apertura fue a las 13:24 del mediodía, unos 25 minutos antes de lo que había trascendido inicialmente.

La explosión se produjo al manipular la encomienda, que no había sido calificada previamente como sospechosa. Al detonar, provocó importantes heridas en los dos agentes que se encontraban en esa oficina.

Según supo este medio, el estallido dejó a uno de los comandantes con lesiones por metralla en el pecho, mientras que el otro resultó con aturdimiento y pérdida de audición, además de quemaduras.

La detonación provocó alarma entre el personal y llevó a la evacuación parcial del sector, así como a la activación inmediata de los protocolos de emergencia. Pocos minutos después, ya se había evacuado todo el edificio.

Tras la explosión, el SAME acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Argerich. Además de los dos comandantes que abrieron la encomienda, un tercer agente que estaba en el mismo piso debió recibir asistencia en el lugar y una cuarta víctima fue asistida con oxígeno.

El ataque en la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, resultó en la destrucción de un edificio residencial debido a una explosión, lo que causó la muerte de una niña y dejó heridas a otras siete personas, según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán. El incidente llevó al gobierno de Islamabad a interpelar formalmente a las autoridades talibanas que gobiernan en Afganistán desde agosto de 2021, en protesta por lo ocurrido y exigiendo respuestas tras el atentado.

De acuerdo con información publicada por los medios, el Ministerio de Exteriores paquistaní hizo pública una declaración en la que se señala la convocatoria del 'número dos' de la representación diplomática afgana en Islamabad para presentar una queja diplomática tras el suceso del 16 de febrero en Bajaur. El comunicado describe el hecho como un “ataque cobarde” y sostiene que las fuerzas de seguridad lograron desarticular rápidamente los planes de los atacantes. No obstante, la explosión afectó a infraestructuras civiles, ocasionando víctimas no combatientes.

El Ejército de Pakistán mencionó el lunes que el ataque fue ejecutado contra un puesto de control en Bajaur y responsabilizó al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos localmente como los talibán paquistaníes. Las autoridades militares señalaron que los responsables empotraron un vehículo cargado de explosivos contra la valla perimetral del puesto, lo que provocó la destrucción de la estructura y de los inmuebles circundantes. Los daños materiales se sumaron a la pérdida de once integrantes de las fuerzas de seguridad, además de la menor fallecida y otros civiles heridos.

Tal como detalló el medio, las tensiones aumentaron tras el incidente, provocando que Pakistán exigiera explicaciones a Kabul, ya que la región fronteriza entre ambos países lleva años aquejada por episodios de violencia, especialmente por ataques atribuidos al TTP. El propio grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan no ha realizado declaraciones aclaratorias ni reivindicado formalmente este atentado. Sin embargo, autoridades paquistaníes han acusado reiteradamente tanto a India como a la administración talibán afgana de prestar apoyo a los integrantes del TTP, afirmación que tanto Nueva Delhi como Kabul han negado.

Ya en otras oportunidades, señalan fuentes oficiales citadas por el medio, la frontera con Afganistán ha sido escenario de incidentes armados y explosiones, situación que ha generado continuos llamados de Islamabad a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad. En esta ocasión, el impacto del ataque derivó en una respuesta diplomática contundente por parte de Pakistán, quien se refirió a los atacantes como un “grupo subsidiario indio”, en alusión a las acusaciones de colaboración transfronteriza que enfrenta la organización armada.

La declaración oficial del Ministerio de Exteriores de Pakistán enfatizó que “la rápida intervención de las fuerzas de seguridad frustró la intención de los agresores”, aunque no evitó la pérdida de vidas civiles. El portavoz calificó lo sucedido como un evento preocupante y exigió que las autoridades afganas implementen medidas efectivas para prevenir nuevos atentados desde territorio bajo su control.

La preocupación por la inestabilidad en el área fronteriza se suma a las dificultades históricas de coordinación en materia de vigilancia y seguridad entre Islamabad y Kabul. Según consignó el medio, la frontera ha estado en el centro de enfrentamientos e intercambios de acusaciones en el pasado reciente, sobre todo tras la llegada de los talibán al poder en Afganistán.

En este contexto, la respuesta oficial de Pakistán incluyó la reiteración de demandas dirigidas a la administración talibán afgana, solicitando mayor compromiso en la contención de los grupos armados que operan en la región limítrofe. Islamabad sostiene que los ataques afectan no solo a sus fuerzas de seguridad sino también a la población civil, y demanda el cumplimiento de acuerdos y entendimientos bilaterales para evitar una escalada de la violencia.

El incidente del 16 de febrero representa el más reciente episodio de una serie de atentados registrados en la zona. De acuerdo con lo reportado, tras el ataque, las fuerzas de seguridad reforzaron la presencia en la región y llevaron a cabo operativos adicionales para localizar a los responsables. Las autoridades luchan por contener las amenazas a la estabilidad interna que plantean tanto el TTP como otras formaciones violentas activas en la región.

El Ejército y el Ministerio de Exteriores paquistaníes han reiterado su postura en diversas comunicaciones oficiales, llamando a la cooperación internacional para frenar el flujo de combatientes, armas y recursos hacia los grupos adversos presentes en Jáiber Pastunjua y provincias adyacentes a la frontera. El episodio refleja la compleja situación de seguridad y política en el límite entre Pakistán y Afganistán, marcada por la desconfianza mutua y la persistencia de actores no estatales que protagonizan hechos violentos contra objetivos oficiales y civiles.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, condenó de manera enfática el ataque armado registrado en un parque público del municipio San Francisco del Rincón, donde una persona perdió la vida y otras diez resultaron heridas, entre ellas ocho niñas y niños.

El hecho ocurrió la noche del pasado martes 17 de febrero en la “Plaza Recreativa Renovación” ubicada sobre la calle Brasil de la colonia Renovación.

Reacciones y acciones del Gobierno Estatal

La mandataria estatal, Libia Denisse, expresó su rechazo absoluto a los hechos y reiteró que en Guanajuato no se normaliza la violencia, especialmente cuando afecta a menores de edad.

De acuerdo con información compartida en sus canales oficiales, la gobernadora detalló que inmediatamente tras los hechos instruyó a las áreas de seguridad y salud estatales para proporcionar atención médica y acompañamiento integral a las familias afectadas.

Además, anunció la realización de una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa para dar seguimiento al caso y fortalecer las medidas de seguridad en la región.

“Actuaremos con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado”, afirmó García Muñoz Ledo en declaraciones compartidas en redes sociales.

Información sobre las víctimas y atención médica

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó la mañana de este 18 de febrero que el saldo del ataque fue de una persona fallecida y diez lesionadas.

Sobre la persona asesinada, autoridades informaron que tenía 36 años de edad, sin embargo, no especificaron si se trataría de un hombre o una una mujer.

Entre los heridos, seis ya fueron dados de alta y cuatro permanecen hospitalizados.

Por otra parte, el presidente municipal de San Francisco del Rincón, Antonio Marún, detalló que ocho de las víctimas son menores de edad, mientras que los dos restantes son personas mayores.

Las autoridades informaron que mantienen un acompañamiento cercano con las familias y han reiterado su compromiso de apoyar a los afectados durante todo el proceso de recuperación por ordenes de la gobernadora.

Cómo habría sucedido el ataque según los reportes oficiales

Los reportes preliminares señalan que un grupo armado ingresó al parque público mientras varias familias se encontraban en el lugar.

El ataque ocurrió en un espacio donde predominaban niñas y niños en convivencia.

Tras el hecho, corporaciones de seguridad y los cuerpos de emergencia acudieron de inmediato para atender a los heridos y asegurar el área, de acuerdo con los testimonios de las autoridades.

La Fiscalía activó los protocolos de investigación, recabó indicios en la escena y mantiene coordinación con fuerzas estatales y federales para avanzar en la identificación y localización de los responsables.

Hasta el momento las autoridades no han informado detenciones relacionadas con el caso ni han detallado si se trataría de un atentado relacionado con alguna célula criminal.

Investigación y seguimiento judicial

La Fiscalía General del Estado continúa realizando actos de investigación estratégicos con el objetivo de esclarecer el caso y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables del ataque.

El organismo informó que las diligencias se llevan a cabo con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Las autoridades estatales y municipales han reiterado que estos hechos no quedarán impunes y que se reforzarán las acciones de seguridad en la zona.

El Gobierno de Guanajuato exhortó a la ciudadanía a colaborar con información relevante para la investigación y reafirmó que la seguridad de la niñez y las familias seguirá siendo una prioridad en la entidad.

El tribunal de Túnez absolvió a la madre del atacante de la sinagoga de Ghriba, que enfrentaba cargos en relación con el atentado cometido en mayo de 2023, mientras que su pareja, su hermana y una persona que le alquiló un estudio recibieron diversas sentencias de prisión. Según reportó la emisora Mosaique FM y difundió la información por medios internacionales, la pareja del autor fue condenada a ocho años de cárcel, el joven que alquiló el estudio recibió una sentencia de tres años y la hermana del atacante deberá cumplir un año de reclusión, como determinó la Sala Penal Especializada de Terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez.

De acuerdo con los detalles aportados por Mosaique FM y recogidos en diversas plataformas noticiosas, las sentencias se dictaron tras determinar el nivel de colaboración de los procesados con el principal responsable del ataque, un miembro de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el desarrollo de los hechos al ser neutralizado por agentes de seguridad. El atentado se realizó el 9 de mayo de 2023 y resultó en la muerte de cuatro personas, incluidas dos visitantes de la sinagoga y dos agentes de seguridad.

El responsable del ataque, asignado a la isla de Yerba como parte de la Guardia Nacional, comenzó la agresión asesinando con su arma de dotación a un compañero. Acto seguido, se dirigió a la sinagoga de Ghriba, donde abrió fuego contra el dispositivo policial desplegado en el lugar, causando la muerte de un agente adicional y de dos personas que se encontraban participando en la celebración de la festividad judía de Lag Baomer en las inmediaciones del templo. El agresor no logró ingresar al interior de la sinagoga y fue abatido posteriormente por las fuerzas de seguridad, según precisó Mosaique FM en su cobertura del suceso.

La sinagoga de Ghriba, ubicada en la isla de Yerba, se conoce por ser el templo judío en pie más antiguo del continente africano y representa un punto de reunión anual para cientos o miles de fieles durante la festividad de Lag Baomer. Este lugar ha sido objetivo de ataques en el pasado; el medio Mosaique FM recordó el atentado de 2002 reivindicado por Al Qaeda, que dejó 21 víctimas mortales, 13 de ellas turistas alemanes. Desde entonces, las autoridades tunecinas han mantenido un dispositivo de seguridad elevado, particularmente en fechas de congregación religiosa como la mencionada.

El juicio contra los allegados del autor del atentado formó parte de la respuesta judicial y policial que las autoridades tunecinas implementaron tras el ataque. La investigación condujo a la detención de varias personas de su entorno cercano, quienes comparecieron ante la justicia para esclarecer sus posibles vínculos o grados de conocimiento respecto a los preparativos y la ejecución del ataque. Las sentencias variaron en función del nivel de implicación determinado por el tribunal, según publicaron medios como Mosaique FM.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo acusaciones de colaboración y complicidad contra los allegados del atacante, mientras que la defensa argumentó la ausencia de pruebas suficientes en algunos de los casos. Finalmente, solo se halló culpabilidad en tres de los cuatro imputados, con la absolución de la madre del agresor, lo que marcó el cierre del episodio judicial inmediato relacionado con el atentado de Ghriba, de acuerdo con lo informado por Mosaique FM.

El ataque de 2023 puso nuevamente bajo escrutinio la seguridad de los lugares de culto en Túnez y la eficacia de los dispositivos de prevención ante amenazas terroristas. La sinagoga de Ghriba sigue siendo uno de los enclaves más vigilados, dada su significación religiosa y la magnitud de las peregrinaciones que convoca anualmente, aspecto sobre el cual hizo hincapié la prensa local en la cobertura de la causa judicial.

El atentado también impactó en la percepción de seguridad dentro de la comunidad judía de Túnez, que cuenta con una presencia histórica significativa en Yerba. Tras los sucesos y la posterior respuesta judicial, las autoridades locales y nacionales reiteraron el compromiso de mantener protegidos los espacios de culto y reforzar las medidas de seguridad durante jornadas especiales.

El veredicto del tribunal refleja el curso de las investigaciones llevadas a cabo tras el ataque y subraya la estrategia estatal de respuesta ante hechos de esta naturaleza, atendiendo tanto al esclarecimiento judicial como a la prevención de nuevos incidentes en espacios sensibles, informó Mosaique FM en su actualización más reciente sobre el caso.

La provincia fronteriza de Jaiber Pastunjuá ha afrontado una nueva jornada marcada por la violencia, después de que una detonación frente a una estación de policía en la ciudad de Bannu provocara víctimas mortales y decenas de heridos. Según reportó el diario paquistaní 'Dawn', el ataque dejó al menos dos personas muertas, entre ellas un menor de edad, y al menos diecisiete heridos. El incidente, ocurrido este lunes, involucró una motocicleta estacionada cerca de una comisaría, donde fue colocado un paquete bomba que, tras su explosión, afectó principalmente a quienes se encontraban en los comercios adyacentes.

De acuerdo con 'Dawn', la deflagración se produjo en una zona frecuentada y ha vuelto a poner en primer plano la tensión que atraviesa esta parte del noreste de Pakistán, colindante con Afganistán. A pesar de que la estación policial parecía ser el objetivo del ataque, la distribución del daño ha alcanzado esencialmente a la población civil que circulaba o trabajaba cerca del lugar al momento de la explosión.

El medio 'Dawn' consignó que el distrito de Bannu ha experimentado un aumento en la frecuencia de hechos violentos de este tipo. Tanto ciudadanos como miembros de las fuerzas de seguridad han resultado afectados por acciones armadas y atentados cometidos por el grupo denominado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), identificado ampliamente como los talibán paquistaníes. Esta organización, considerada extremista, ha dirigido numerosas ofensivas en la región durante los últimos años.

Según publicó el mismo diario paquistaní, las hostilidades de Tehrik-i-Taliban Pakistan se han incrementado desde que terminaron oficialmente un alto el fuego en noviembre de 2022. Ese cese temporal de las hostilidades había sido alcanzado tras negociaciones en las que intervinieron representantes de los talibán afganos, quienes asumieron el control en Afganistán en agosto de 2021. Una vez roto el acuerdo, los ataques han experimentado un repunte notorio.

Jaiber Pastunjuá, donde se sitúa la localidad afectada, permanece dentro de las áreas identificadas por las autoridades como particularmente vulnerables a amenazas de seguridad, debido a su proximidad con la frontera afgana y a la presencia de redes operativas del TTP. El grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ha sido acusado de múltiples atentados con víctimas civiles y policiales en esta provincia, siendo Bannu uno de los municipios recurrentemente afectados.

Conforme detalló el medio paquistaní, el uso de artefactos explosivos improvisados y el ataque a infraestructuras policiales forman parte de la estrategia empleada por el TTP para desestabilizar la región. Estas acciones suelen estar dirigidas contra representaciones del Estado, aunque las consecuencias recaen frecuentemente en la población civil que se encuentra en las inmediaciones de los objetivos seleccionados.

Desde el final del alto el fuego, las operaciones del grupo han sumado una serie de atentados dirigidos tanto contra instalaciones gubernamentales como contra zonas comerciales y espacios públicos, lo que ha intensificado el clima de inseguridad en Jaiber Pastunjuá y en áreas limítrofes. El continuo deterioro de la situación ha motivado respuestas de las fuerzas de seguridad paquistaníes, que han desplegado recursos adicionales para intentar contener la actividad de estos grupos armados.

La última explosión en Bannu refuerza la preocupación previamente expresada por autoridades locales y analistas de seguridad sobre la capacidad del TTP para planificar y ejecutar atentados en áreas urbanas, alcanzando tanto a efectivos de la policía como a ciudadanos sin vínculos con la fuerza pública. 'Dawn' subraya que los comerciantes y transeúntes resultaron gravemente afectados por la onda expansiva del paquete bomba.

Las autoridades permanecen en estado de alerta y han iniciado investigaciones para determinar los responsables directos del ataque y la posible conexión de la célula local con la estructura central del TTP. El diario 'Dawn' señaló que la reanudación de las acciones violentas tras el quiebre del alto el fuego representa uno de los principales factores de inestabilidad para esta región paquistaní, donde los incidentes se registran con una frecuencia preocupante.

Bannu y otras localidades de Jaiber Pastunjuá han sido históricamente escenario de sucesos similares, en el marco de una problemática de seguridad compleja que articula factores regionales y la influencia de actores armados transfronterizos. El número de víctimas fatales y heridos en el ataque más reciente refleja, según reportó 'Dawn', la gravedad del desafío para las autoridades en su intento por proteger tanto a las fuerzas del orden como a los habitantes de zonas urbanas y rurales cercanas.

El asesinato a tiros de un hombre de unos 60 años en el municipio de Versalles, en el norte del Valle del Cauca, terminó en una tragedia adicional, debido a que una bala perdida alcanzó a Violeta, una niña de 7 años que falleció horas después tras ser trasladada al hospital.

Ante la gravedad del caso, se pronunciaron las autoridades locales ofreciendo una millonaria recompensa para aquellos que aporten información que permita capturar a los responsables de este doble homicidio, cuyo impacto afectó a toda la comunidad de Versalles y desató el rechazo público de los líderes de la región.

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El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2026 en el sector de Las Olivas, donde hombres armados atacaron a un sujeto identificado como Mario Gómez García, según precisó la Alcaldía de Versalles. Tras recibir varios disparos, el hombre murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas.

En medio del atentado, uno de los disparos perdió su trayectoria e impactó a Violeta, que se hallaba en una vivienda, ubicada cerca del lugar del ataque. Personal médico la trasladó de urgencia a un centro asistencial, aunque se confirmó que, pese a los esfuerzos clínicos, la menor falleció horas después debido a la lesión por arma de fuego.

Debido a esta situación, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, explicó los detalles inmediatos de la reacción policial: “Nos encontramos en el municipio de Versalles donde se realizó un consejo de seguridad por los hechos presentados en la noche anterior (del 14 de febrero), donde perdió por sicariato un hombre de 60 años. El hombre fue ultimado y bajo estas circunstancias hubo bala perdida que infortunadamente lesiona a una menor de 7 que fue trasladada al hospital y posteriormente falleció”.

Millonaria recompensa

La Policía del Valle del Cauca activó una persecución tras el atentado, registrándose un intercambio de disparos. De acuerdo con la general Rodríguez, los agresores abandonaron la motocicleta en la que se movilizaban.

La oficial indicó que “al parecer uno de estos delincuentes que huyó se encuentra herido”. En respuesta a la gravedad de los hechos, las autoridades locales y departamentales reforzaron su accionar en las zonas aledañas al lugar donde ocurrió la tragedia.

Incluso, se confirmó que se efectuó un consejo de seguridad con la participación de la Alcaldía de Versalles y de las fuerzas de seguridad, enfocado en coordinar acciones de búsqueda.

Por esta razón, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta $30 millones para aquellas personas que suministren información que conduzca a la identificación, captura y judicialización de quienes planearon y ejecutaron el atentado, de acuerdo con lo comunicado por la Policía.

Alba Marina Gómez, alcaldesa de Versalles, transmitió un mensaje institucional en consonancia con el dolor expresado por los habitantes: “Como alcaldesa del municipio de Versalles y en nombre de toda la comunidad, expreso mi más profundo rechazo al hecho acontecido el día de ayer. También expresamos nuestra sincera solidaridad a las familias de las víctimas y compartimos el profundo dolor que siente toda la comunidad de Versalles por la pérdida de Violeta, una niña de tan solo 7 años”.

A su vez, Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de uno de los fallecidos, manifestó a través de sus redes sociales el impacto y dolor que atraviesa tanto su familia como la población.

Y es que la pérdida de Violeta en un contexto de violencia armada puso sobre la mesa la urgencia de implementar medidas efectivas de seguridad y la prioridad de proteger a la infancia en zonas afectadas por el crimen.

Un nuevo giro en el proceso judicial se presentó cuando el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá ordenó reactivar la detención preventiva de Violeta Arango Ramírez, conocida como alias Violeta, señalada por su presunta participación en el atentado contra el centro comercial Andino el 17 de junio de 2017.

La decisión se produjo tras el retiro de su reconocimiento como gestora de paz, desición que fue notificada de manera oficial por parte del Ministerio de Justicia: “Retirar el reconocimiento como gestores de paz a: Violeta Arango Ramírez, con cédula de ciudadanía número 1020778645”.

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La audiencia se había programado para las 2:00 p. m. del viernes 13 de febrero de 2026 y, tras constatar la presencia de las partes requeridas, se reconoció al Dr. Carlos Andrés Arroyave González como representante jurídico en el proceso, al verificarse la documentación exigida.

La juez enfatizó: “SUSPENDIÓ la audiencia para ser continuada el viernes 13 de febrero de 2026 a las 2:00 P.M., fecha y hora con la cual estuvieron de acuerdo todas las partes asistentes”.

El tribunal, al analizar los elementos legales, dispuso múltiples acciones. Entre ellas, dictaminó: “LIBRAR ORDEN DE CAPTURA contra la señora Violeta Arango Ramírez con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario” y ordenó compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue posibles omisiones de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a raíz de la gestión de la resolución 017 del 23 de enero de 2025.

Detalles de la investigación

La Fiscalía de Colombia reveló detalles sobre la investigación contra Violeta Arango Ramírez, señalada por su presunta participación en el atentado. Entre las pruebas recopiladas se encuentran actividades de inteligencia realizadas semanas antes del ataque.

Según la acusación, el 13 de junio de 2017, Arango Ramírez acudió a un local de tecnología en el barrio Country Sur, al sur de Bogotá. El fiscal del caso sostuvo: “Violeta, en compañía de Natalia Trujillo (implicada en estos hechos y quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía), cumpliendo una directriz de Boris Ernesto Quijano (presunto cabecilla del MRP y que también está siendo procesado), se desplazaron a un establecimiento comercial, el día 13 de junio, en donde bajaron unos planos del Centro Comercial Andino”.

La investigación también señala que ambas mujeres descargaron información clave relacionada con la infraestructura de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de la propietaria del local, citado por la Fiscalía, las implicadas tomaron capturas de pantalla de un mapa de Bogotá y de los barrios cercanos al Andino, además de guardar los archivos en una memoria USB de color negro.

Vínculos con el ELN y fuga tras el atentado

De acuerdo con la información suministrada por La Opinión, tras el atentado, Violeta Arango evadió a las autoridades durante varios años. Los documentos judiciales indican que se unió al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, en el que adoptó el alias de Tatiana”.

Dentro de esa estructura, Arango Ramírez integró la comisión liderada por alias Tuvia, también identificado como “Tobías” o “Aureliano”, responsable del área del Nordeste Antioqueño. Para 2020, las autoridades establecieron que Felipe Alcocer, alias Pirry, ordenó su traslado a la zona de Palmachica, en Montecristo (Bolívar), y posteriormente a su área de operación.

En ese entorno, Arango Ramírez se convirtió en la compañera sentimental de “Pirry” y asumió el manejo de las comunicaciones y programas radiales. Su permanencia en la región se extendió hasta el año 2022, periodo en el que fue finalmente capturada.

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de indagación tanto sobre su accionar como sobre posibles irregularidades institucionales en la gestión de su caso.

Según relató, fue imposible aterrizar en el punto programado por la ausencia de luces y alertó que la región está bajo influencia del Clan del Golfo. “Estaba escapándome de que me maten, por eso anoche no pude llegar. No pude aterrizar en donde debía aterrizar. Ni siquiera en donde debía aterrizar prendieron luces”.

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Petro denunció que Edwin Urrego, comandante de la Policía Nacional en Cali, intentó plantar droga en un vehículo de su comitiva. “Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, sostuvo.

El mandatario colombiano ha denunciado al menos cuatro intentos de atentado en su contra a lo largo de su administración, orientados, según dijo, a un “golpe blando” para derrocar su gobierno. Petro informó que las autoridades aún no han divulgado detalles de las investigaciones, que permanecen clasificadas como información reservada.

El primer intento se conoció tras la ausencia de Petro en el desfile militar del 20 de julio de 2024, Día de la Independencia Nacional. Tres semanas después, el presidente explicó que optó por no asistir tras recibir información sobre un plan para asesinarlo, versión confirmada en ese momento por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, que dispuso una investigación.

A la par, recordó que llevaba alertando sobre amenazas a su integridad desde la campaña presidencial de 2022. Incluso, señaló que en 2023, la banda La Cordillera había planeado un atentado contra su vida, señalando como presunto financiador a alias Calzone. El primer mandatario, tras expresar la denuncia, cuestionó que la justicia no hubiera adelantado una investigación. Producto de estas amenazas, el entonces candidato incrementó su esquema de seguridad en actos públicos.

En febrero de 2025, Petro relató que narcotraficantes habrían adquirido “dos misiles” destinados a derribar el avión presidencial. Según sus palabras, esta acción fue motivada por las operaciones emprendidas contra “las grandes mafias” durante su administración.

La exposición de Gustavo Petro sobre las amenazas contra su vida incluye referencias a sus ausencias en eventos de alto perfil. Por ejemplo, justificó su falta en la Cumbre del Gran Caribe de mayo de 2025 con base en informes sobre un ataque planeado para el día de la COP16, Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, celebrada en Cali, , del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024.

El jefe de Estado respondió así a la inquietud pública expresada por la candidata presidencial Vicky Dávila, que había señalado la recurrencia de sus excusas por “fuerza mayor”. A este respecto, afirmó: “Simplemente utilicé cosas del pasado para eludir el ataque, y las usé, ese día, con éxito. Hago y haré siempre lo mismo cuando el peligro acecha”.

Sobre las amenazas, Petro dijo que no solo afectan su diario vivir, también el de su entorno más cercano. En efecto, denunció públicamente ataques y amenazas contra familiares de miembros de su gabinete, incluyendo a Antonella, su hija menor, lo que, en palabras del presidente, “refuerza la hipótesis que el autor del intento de asesinato es un enemigo del gobierno”.

Otra de sus denuncias se hizo pública el 10 de noviembre de 2025, cuando declaró la formación de una coordinación entre grupos ligados al narcotráfico con residencia en Dubái: “Quieren matar al presidente”. Así mismo, aseguró tener bajo su poder los nombres de los implicados, pero optó por no revelarlos públicamente mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con su captura.

Finalmente, el presidente Petro explicó que se vio obligado a modificar recurrentemente su agenda oficial y evitar ciertas apariciones públicas ante los riesgos letales detectados por sus equipos de seguridad.

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó que los retenes instalados en las carreteras del departamento de Arauca buscan limitar enfrentamientos con otras organizaciones armadas, medidas que, según señalaron, tendrían carácter preventivo frente a la presencia de actores armados y fuerzas estatales. A raíz de esta declaración, la guerrilla sostuvo que el reciente ataque en el que murieron dos miembros del equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos resultó de la desobediencia de esas disposiciones. Según informó el medio, el ELN se atribuyó formalmente el ataque, que tuvo lugar en una zona rural de Fortul y donde también fueron retenidas por varias horas tres personas adicionales.

El medio consignó que el suceso ocurrió mientras el grupo de escoltas transitaba en dirección al municipio de Yopal, donde Castellanos mantenía actividades políticas y no se encontraba presente en la caravana. El comunicado divulgado por el ELN enfatizó: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”, y responsabilizó al equipo de seguridad por no respetar los controles que funciona como filtros de seguridad en los caminos de la zona. Los escoltas Esmely Manrique y Wilmer Leal murieron en el incidente, reportó la fuente.

El relato oficial de los hechos, citado por el medio, describió el ataque como una emboscada: hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el equipo de seguridad, bloqueando cualquier posible ruta de escape al cerrarles el paso con tres camionetas, lo que derivó en un tiroteo. Esta versión, ofrecida por el senador Castellanos, mostró diferencias respecto al comunicado del ELN. Según el Frente de Guerra Oriental, la caravana se saltó el retén voluntariamente, motivando así la confrontación armada.

El ELN hizo un llamado, según reportaron los medios, a que “los entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población acaten y faciliten los controles colocados en las vías”, argumentando que tales dispositivos constituyen “mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano”. El grupo armado sostuvo que esta práctica busca prevenir incursiones de fuerzas estatales y grupos de mercenarios, elementos que, aseguraron, ponen en riesgo a la propia población local y a los que transitan por la región.

Tras los hechos, el ELN remarcó que no persigue obstaculizar el desarrollo de las campañas políticas ni interrumpir el cronograma electoral vigente, haciendo referencia tanto a las elecciones legislativas de marzo como a las presidenciales programadas. De acuerdo con lo publicado, este grupo armado expresó que su objetivo no es interferir de manera directa en los procesos democráticos, sino mantener control territorial y seguridad en áreas donde consideran que hay riesgos mayores de enfrentamientos violentos.

El ataque también incluyó el secuestro temporal de tres integrantes de la caravana vinculada al senador Castellanos, quienes fueron liberados posteriormente tras permanecer detenidos durante varias horas, informó el medio. Este episodio se inscribe en la compleja situación de seguridad que afronta el departamento de Arauca, donde múltiples organizaciones armadas se disputan el control territorial y el tráfico de rutas estratégicas, lo que genera constantes riesgos tanto para autoridades estatales como para actores políticos y civiles en tránsito.

El ELN argumentó, según el comunicado consignado por el medio, que la proliferación de retenes responde no solamente a disputas con el Estado, sino también a la presencia de fuerzas irregulares y bandas mercenarias, identificando estos factores como elementos que incrementan la volatilidad y el peligro en la región. En sus mensajes públicos, el grupo armado insistió en que la población civil y los equipos de campaña deben atender las señales y advertencias, para evitar incidentes fatales similares al ocurrido con el personal de Castellanos.

Los detalles del incidente reafirman el clima de tensión en municipios como Fortul y zonas rurales asociadas de Arauca, donde se registran de manera periódica acciones armadas, controles territoriales y emboscadas en contra de patrullas oficiales o convoyes identificados con figuras públicas. El contexto de las campañas electorales incrementa estos riesgos, al aumentar la movilidad de referentes públicos y delegaciones de seguridad en rutas consideradas vulnerables por la presencia de actores armados ilegales.

El ELN también reiteró en su pronunciamiento la falta de intención de interferir con las actividades legislativas y electorales de Castellanos ni de otros senadores o aspirantes. Este tipo de comunicados, según detalló el medio, suele formar parte de la estrategia de legitimación política de la organización armada, que busca deslindar su accionar violento de objetivos políticos directos contra representantes institucionales.

Las autoridades nacionales y departamentales no han presentado comentarios inmediatos tras la publicación del comunicado del ELN. El medio señaló que la seguridad de las campañas políticas en regiones como Arauca continúa siendo uno de los principales desafíos para el Estado colombiano en el actual ciclo electoral.

A las 2 de la madrugada, una detonación alteró el silencio del distrito de La Esperanza, en Trujillo. Un artefacto explosivo estalló frente a una vivienda ubicada en el sector 2 del asentamiento humano Wichanzao, donde reside una familia dedicada a la agricultura. El ataque ocurrió pese al estado de emergencia vigente en la provincia y dejó daños materiales visibles, además de un mensaje claro de intimidación.

El atentado no surgió de manera aislada. Detrás del estallido aparece una exigencia directa: el pago de 60 mil soles bajo amenazas de muerte. La propietaria del inmueble relató que desde días previos recibía advertencias, primero mediante una carta y luego con una demostración de fuerza que puso en riesgo a toda su familia, incluidos menores de edad.

El estallido causó temor en la zona y despertó a vecinos que salieron de sus viviendas en medio de la confusión. La explosión afectó no solo a la casa atacada, sino también a otros predios cercanos, lo que incrementó la sensación de inseguridad en un distrito golpeado por la extorsión y los ataques con explosivos.

Explosión frente a una vivienda familiar

El ataque ocurrió en la madrugada, cuando un sujeto llegó caminando hasta el inmueble de dos pisos y dejó el artefacto explosivo en la puerta principal. Tras retirarse a toda prisa, se produjo la detonación. La onda expansiva dobló parte de la puerta de madera, dañó la cerámica del piso y alcanzó a un refrigerador ubicado en el ingreso de la vivienda. Cuatro predios cercanos registraron roturas de vidrios en sus ventanas.

Vecinos del sector señalaron que el estruendo resultó intenso y se escuchó a varias cuadras. El hecho se produjo a corta distancia de la Comisaría Jerusalén y del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la municipalidad distrital, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad de la vigilancia policial en la zona.

La víctima, natural del distrito de Sayapullo, en la provincia de Gran Chimú, detalló que siete días antes del ataque recibió un sobre que contenía dos balas y una exigencia económica. Según su testimonio, los delincuentes solicitaron 60 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

“Mis niños se han asustado y no sabíamos a dónde correr”, expresó la mujer tras el atentado. También dejó claro que no piensa acceder a la exigencia económica. “La semana pasada pusieron un sobre con dos balas. No le hicimos caso, porque no tenemos para darle. Me han amenazado de muerte”, remarcó.

La afectada indicó que se encuentra en proceso de construcción de su vivienda y que, hasta el momento, no presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional, una situación frecuente entre víctimas de extorsión que temen represalias.

Cercanía policial y sensación de impunidad

El ataque ocurrió a escasas cuadras de dependencias policiales y municipales. Vecinos del sector sostuvieron que la cercanía de estos locales no disuade a las bandas criminales. El estallido, registrado cerca de las 2:27 a. m., reforzó la percepción de impunidad con la que operan los delincuentes en La Esperanza.

La familia afectada se suma a una lista creciente de víctimas de extorsión en Trujillo, donde los ataques con explosivos se repiten como mecanismo de presión para obtener pagos ilegales.

Origen de los explosivos usados en extorsiones

El brigadier en retiro Ángel Santoyo explicó el tipo de material empleado por las bandas criminales en la ciudad. “En Trujillo se empezó con el cartucho de dinamita, que es muy diferente al cartucho de emulsión, de ahí han empezado a poner cartuchos de emulsión de 3000 de color rojo, de 5000 que son de color amarillo, y también usan granada de guerra de uso militar”, indicó.

De acuerdo con especialistas, este tipo de explosivos procede de la minería ilegal y circula en el mercado negro. Una investigación de Connectas e IDL Reporteros reveló que toneladas de explosivos salen del país de manera formal con destino a Bolivia y luego retornan como contrabando por la frontera, principalmente por la zona de Desaguadero, en Puno.

En el Perú existen nueve empresas que fabrican explosivos de uso civil, y siete de ellas los exportan. Famesa Explosivos S.A.C. figura como uno de los principales fabricantes, con plantas en territorio peruano y en Chile. Los cartuchos de emulsión resultan claves en la extracción ilegal de oro, ya que permiten volar rocas en socavones informales.

La ruta identificada para el traslado de estos insumos parte del Callao y recorre Ica, Nasca, Arequipa y Puno, hasta llegar a La Paz. Desde ese circuito, el material regresa al país de forma clandestina y termina en manos de organizaciones criminales que extorsionan a familias en zonas urbanas como La Esperanza.

Dos integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), murieron asesinados el jueves 5 de febrero de 2025 en un ataque armado ocurrido en la carretera entre Fortul y Tame, en el departamento de Arauca.

El vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se dirigía hacia Yopal, Casanare, donde recogería al parlamentario para incorporarse a su agenda política en la región del Sarare Araucano. En el trayecto, desconocidos interceptaron la camioneta y efectuaron múltiples disparos, ocasionando la muerte en el lugar del conductor y de un escolta.

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“Ustedes saben lo que significaban para nosotros. Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar la voz en las regiones (…) vamos a acompañarlos en estos momentos difíciles”, expresó en rueda de prensa congresista sobre Esmely Manrique y Wilmer Leal, escoltas fallecidos.

El mensaje del ELN sobre el atentado contra el esquema de Jairo Castellanos

El Frente de Guerra Oriental, Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), asumió la responsabilidad del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos ocurrido en el departamento de Arauca. El ataque resultó en la muerte de dos escoltas al servicio del parlamentario.

Mediante un comunicado, la facción guerrillera afirmó: “No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región”, y subrayó: “No nos proponemos impedir o alterar, el proceso electoral de marzo, ni las elecciones presidenciales próximas”.

El grupo armado también explicó que las operaciones que realizan en las vías donde se registró el atentado “obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región, igualmente son medidas de defensa, frente a la acción de las fuerzas armadas estatales y las bandas de mercenarios”.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a no interrumpir los retenes con el fin de garantizar la integridad y bienestar de los habitantes del sector.

“Solicitamos a los entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población, acatar y facilitar los controles colocados en las vías, son mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano. En esa forma, no se presentará ninguna dificultad con nosotros”, se lee en la misiva.

Jairo Castellanos reveló los pedidos de la UNP sin respuesta

El legistador Jairo Castellanos, tras los recientes hechos, cuestionó abiertamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y denunció en diálogo con Noticias RCN. “Llevo intentando que el señor de la UNP me conteste el teléfono desde hace cuatro meses, llevo rogándole que me conteste una llamada”.

Explicó que, debido a su agenda política, se desplaza constantemente y requiere mayores garantías de seguridad: “Yo hago política en la región, yo no soy influencer o tiktoker para ponerme a hacer política en un apartamento o en una casa. Yo soy un hombre de pueblo, de región, de territorio. Yo recorro el país para hablar con las asociaciones campesinas, hablar con transportadores”.

En el momento del ataque, Castellanos se encontraba en Yopal a la espera de su equipo. El vehículo atacado era uno de los asignados a su esquema de protección y operaba en tareas de avanzada, revisando condiciones de seguridad.

La UNP confirmó que Wilmer Leal, una de las víctimas, trabajaba como conductor escolta en la entidad, mientras que Esmely Manrique era personal de protección adscrito a la Policía Nacional. Una vez conocido el resultado del ataque, la dirección de la entidad contactó al senador y subrayó: “acto criminal y expresó su solidaridad con los familiares de los valientes hombres a quienes les fue arrebatada la vida en cumplimiento de su deber”.

Castellanos también manifestó: “Ya aparecieron, ya se han comunicado, Augusto y Miguel. Cero rencor, que sea lo que mi Dios y la Virgen destinen, que nosotros estamos abrazando a las familias, acompañándolos en el dolor; es mi tarea por ahora”.

Entre los arrestados por el atentado mortal en el municipio de La Plata se encuentra uno de los presuntos cabecillas, conocido como alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’, quien es señalado como uno de los principales responsables de la explosión perpetrada el 17 de abril pasado en las cercanías de la comisaría local. Según informó el medio, los tres capturados forman parte del Frente Hernando González Acosta, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, lideradas por ‘Iván Mordisco’. El hecho criminal dejó como saldo la muerte de una joven de 19 años y de un adolescente de 17, mientras que otras 32 personas sufrieron heridas, de acuerdo con lo reportado por las autoridades colombianas.

De acuerdo con la información entregada por el general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, la detención de los implicados se produjo tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fuerza Aérea del país, una acción que él describió en redes sociales como un “resultado contundente contra el terrorismo”. Los detenidos están señalados de ser los autores materiales y logísticos del ataque con motocicleta bomba, ocurrido en el departamento de Huila, en el centro nacional.

La operación, detalló la Policía, permitió esclarecer un acto violento que causó conmoción tanto en la comunidad local como en el resto de Colombia. Las víctimas fatales y los heridos se encontraban en las inmediaciones de la comisaría cuando ocurrió la detonación, lo que incrementó el impacto de la acción armada sobre la sociedad civil.

Las autoridades indicaron que los arrestados enfrentarán cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego. Según consignó la Policía Nacional, la imputación de estos delitos busca no solo sancionar a los responsables sino también enviar un mensaje de rechazo a este tipo de acciones violentas, que han generado altos niveles de inseguridad y temor en diversas regiones del país.

El atentado en La Plata ha sido atribuido a las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’, un grupo considerado altamente activo en la región y vinculado a diversos hechos de violencia durante los últimos años. Las investigaciones oficiales identificaron al Frente Hernando González Acosta como la estructura responsable de planificar y ejecutar la acción explosiva, lo que permitió que los organismos de seguridad dirigieran sus esfuerzos para capturar a los señalados actores.

Tal como publicó la fuente informativa, este operativo conjunto es parte de una estrategia más amplia de las fuerzas estatales para contrarrestar la actividad de grupos armados ilegales, cuyas acciones han generado preocupación a nivel nacional y regional. El general Rincón enfatizó que estos resultados fortalecen el mensaje institucional de rechazo al terrorismo y a los ataques contra la población civil en Colombia.

El ataque con motocicleta bomba ocurrido en abril fue uno de los hechos más graves registrados en La Plata y generó múltiples manifestaciones de solidaridad con las víctimas. El saldo de dos muertos y 32 heridos puso de relieve la vulnerabilidad de las zonas donde los grupos disidentes mantienen presencia e influencia, detalló el medio.

La identificación y el arresto de alias ‘Miguel’ o ‘Pinzas’, junto con los otros dos presuntos integrantes del grupo disidente, fueron posibles gracias a labores de inteligencia desarrolladas por la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, según información emitida por las autoridades durante el anuncio de las detenciones. Los representantes estatales destacaron que la coordinación interinstitucional resultó clave para ubicar a los responsables y para desarrollar con éxito la operación.

El general Rincón remarcó, citando el balance oficial, que la comunidad de Huila y del país entero sufrió profundamente por el atentado, por lo que los esfuerzos de investigación y persecución penal buscan devolver la confianza a los habitantes y reforzar la presencia del Estado en áreas afectadas por la violencia.

El medio recordó que las disidencias de las FARC al mando de ‘Iván Mordisco’ han sido protagonistas de varios episodios violentos tras el fracaso del proceso de paz con el Estado colombiano, reconfigurando áreas de confrontación y diversificando sus acciones ilegales. La acción en La Plata se inscribe en un contexto de confrontación persistente entre el gobierno y diversas facciones armadas ilegales.

Los tres detenidos permanecerán bajo custodia a disposición de la justicia colombiana, enfrentando no solo la imputación de delitos específicos por el atentado de La Plata, sino también posibles vínculos con otras acciones delictivas atribuidas al Frente Hernando González Acosta, según información proporcionada por las autoridades a través del medio.

La explosión con motocicleta bomba en abril colocó nuevamente al municipio de La Plata en el foco de la atención nacional, debido al impacto en la vida civil y el riesgo que representa la persistencia de grupos armados ilegales para la estabilidad de la región y del país, detalló el medio. Los hechos investigados elevaron la presión sobre los organismos de seguridad para fortalecer los controles y las acciones preventivas en departamentos como Huila, especialmente en lugares con antecedentes de actividad insurgente.

La investigación en torno al atentado y las responsabilidades penales que enfrentan los detenidos continuará su curso en los tribunales, conforme a la información recogida por las autoridades hasta el momento, reportó el medio.

Después del atentado contra el general Vladimir Alekseyev, subdirector de la Inteligencia Militar rusa, el atacante huyó de Rusia para dirigirse a Emiratos Árabes Unidos. Según consignó la agencia rusa TASS y detalló el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la operación internacional que llevó a la localización y arresto en Dubái permitió identificar al presunto responsable como Liubomir Korba, de nacionalidad ucraniana. El FSB explicó que este arresto se realizó con la colaboración de las autoridades emiratíes, lo que fue motivo de una conversación entre los mandatarios de Rusia y Emiratos Árabes Unidos durante la noche del sábado. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia citado por varios medios, Vladimir Putin expresó su agradecimiento a Mohammed bin Zayed al Nahyan por la colaboración en la detención del sospechoso vinculado al atentado.

El medio TASS recabó que Korba había permanecido pocas horas en Rusia tras el atentado antes de salir del país mediante un vuelo hacia Emiratos Árabes Unidos. El ataque contra el general tuvo lugar el 6 de febrero en un edificio del noroeste de Moscú. Las pesquisas preliminares, de acuerdo con el FSB, indican que el ciudadano ucraniano actuó siguiendo instrucciones recibidas de los servicios de inteligencia de Ucrania y viajó específicamente a Moscú en diciembre de 2025 con el objetivo de ejecutar un acto terrorista dirigido al alto funcionario militar. Tras materializar el ataque, Korba abandonó rápidamente territorio ruso.

Junto a la detención de Korba en Dubái, las autoridades también informaron sobre la captura de un segundo implicado, Viktor Vasin, ciudadano ruso. Según detalló el FSB, las indagaciones identificaron igualmente a una tercera persona involucrada en la conspiración: Zinaida Serebritskaya, también de ciudadanía rusa. Esta última, según reportó la agencia TASS, logró escapar y se encontraría en Ucrania, eludiendo por el momento la acción policial.

El atentado que recibió el general Alekseyev desencadenó una compleja operación conjunta entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos, que, de acuerdo con la información facilitada por el FSB y reproducida en la cobertura de TASS, ha permitido avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido y en la detención de los principales sospechosos. Tras el ataque, Alekseyev fue sometido a una intervención quirúrgica y, según los comunicados más recientes, se encuentra estable en el hospital, donde el pasado sábado logró recuperar el conocimiento.

El general Vladimir Alekseyev ostenta el cargo de subdirector del GRU, la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, desde 2011. Su figura ha estado asociada a actividades de inteligencia y contrainteligencia de alto nivel. Fue blanco de sanciones por parte de Estados Unidos en 2016 y de la Unión Europea en 2019, medidas tomadas por los gobiernos occidentales ante distintas acciones atribuidas al general rusas. La Unión Europea, en particular, le sancionó en relación con el caso de envenenamiento con un agente nervioso del exagente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, Reino Unido, en 2018, suceso que incrementó la tensión diplomática entre Rusia y varios países europeos.

Según publicó la agencia TASS y otros vehículos oficiales rusos, los presidentes de ambos países mantuvieron una comunicación telefónica en la que, además de la cooperación en la detención, abordaron temas tratados durante la reciente visita de Mohammed bin Zayed al territorio ruso, en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad regional y la cooperación transnacional para combatir el terrorismo. De acuerdo con la versión oficial, el diálogo reafirmó la disposición de ambos gobiernos a mantener la colaboración en áreas de interés común, particularmente en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado internacional.

El FSB sostuvo en sus declaraciones que la investigación sigue abierta con la finalidad de determinar las redes, posibles apoyos logísticos y las motivaciones detrás del ataque, señalando directamente la implicación de los servicios de inteligencia ucranianos según su versión oficial. Mientras, se actualizan los partes médicos sobre la recuperación del general Alekseyev y se mantiene la búsqueda de la tercera implicada, cuya salida a Ucrania fue posible antes de cerrar el cerco de las fuerzas de seguridad. El operativo de arresto internacional evidenció la cooperación entre países en casos de terrorismo y crimen internacional, con el seguimiento de Korba primero en territorio ruso y posteriormente fuera del país, lo que permitió su localización en Dubái tras escasas horas desde su huida, siempre según la información que divulgó la agencia TASS y el propio FSB.

La identificación del atacante suicida como residente de Gunj, en Peshawar, con antecedentes de viajes a Afganistán y posibles contactos con la célula itinerante del Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISIS-K), aporta nuevos elementos a la investigación sobre el atentado ocurrido el viernes en Islamabad. Según informó el diario Dawn, las autoridades siguen recabando datos sobre los movimientos del agresor y su relación con redes extremistas, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que el número de fallecidos aumente en las próximas horas entre los 169 heridos.

Tal como publicó Arab News basado en información de la organización SITE, especializada en el monitoreo de grupos terroristas, el Estado Islámico se responsabilizó de la explosión perpetrada contra una mezquita frecuentada por chiíes en la capital pakistaní, que hasta el momento ha dejado 36 muertos. El grupo yihadista detalló en un comunicado que uno de sus miembros detonó un chaleco explosivo con la intención de causar el mayor daño posible entre los presentes.

Según consignó Dawn, la magnitud del ataque lo coloca como el más mortífero en Islamabad desde el atentado al hotel Marriott en 2008, incidente que también fue atribuido a militantes islamistas y dejó 54 muertos y 266 heridos. La ciudad había permanecido casi dos décadas sin ataques de esta escala, por lo que el nuevo atentado representa un considerable revés para la seguridad local y reaviva temores sobre la capacidad operativa de organizaciones extremistas en la zona.

Los funerales de las víctimas comenzaron el sábado en Islamabad, donde los restos de 13 fallecidos fueron honrados en una ceremonia pública en la que estuvieron presentes familiares, autoridades y miembros de la comunidad. Dawn reportó que las autoridades médicas aún mantienen bajo observación a al menos nueve pacientes en estado crítico en hospitales de la capital. El Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS) indicó oficialmente que 33 cadáveres fueron trasladados a sus instalaciones, mientras el Hospital General HBS confirmó la recepción de tres víctimas mortales adicionales.

De acuerdo con la información recogida por 'Dawn', la preocupación en el sector sanitario es alta, ya que existe la posibilidad de que la cifra de decesos continúe en ascenso debido a la gravedad de varios heridos. El ambiente en Islamabad se caracteriza por la consternación y la afluencia a los centros de salud de familiares y representantes comunitarios.

El perfil del atacante, residente en Peshawar y viajero frecuente a Afganistán, subraya la conexión transfronteriza de la violencia terrorista yihadista. Anteriores informes de inteligencia pakistaní citados por 'Dawn' destacan que en Afganistán opera la citada célula de ISIS-K, responsable en los últimos años de ataques selectivos, particularmente dirigidos contra lugares de culto chií y otras minorías. Estas revelaciones plantean interrogantes sobre los mecanismos de reclutamiento y capacitación entre fronteras y la eventual exportación de violencia desde Afganistán a Pakistán.

Arab News, en línea con los datos proporcionados por SITE, remarca que el Estado Islámico justificó el ataque como parte de una campaña específica contra la comunidad chií, sector que ha sido repetidamente blanco de atentados en el sur de Asia tanto en Pakistán como en Afganistán. Las autoridades policiales y de inteligencia pakistaníes intensificaron las operaciones de rastreo con el objetivo de identificar a potenciales cómplices y establecer si el atacante formaba parte de una red más amplia en Islamabad o si actuó de manera autónoma tras recibir instrucciones de la célula en Afganistán.

La tragedia remite a un patrón de atentados donde explosivos portátiles, como chalecos-bomba, son utilizados en espacios cerrados durante actos religiosos con gran afluencia de personas. Según confirmaron fuentes sanitarias a 'Dawn', la mayor parte de las víctimas mortales falleció en el lugar por la contundencia de la detonación, mientras los servicios de emergencia trasladaron a decenas de heridos a instituciones médicas con quemaduras, lesiones por metralla y daños internos severos.

En respuesta al atentado, las medidas de seguridad fueron reforzadas en Islamabad y otras ciudades críticas del país, incluidas nuevas inspecciones a lugares de culto y dispositivos de control de acceso. Tanto las autoridades municipales como los cuerpos de seguridad colaboran en las investigaciones para reconstruir la secuencia de hechos y las posibles rutas de entrada y salida empleadas por el atacante y sus eventuales cómplices.

Desde el gobierno federal y provincial, la condena al atentado se manifestó en comunicados institucionales y reuniones de alto nivel para coordinar la respuesta ante futuras amenazas. Al cierre de la jornada, la situación en los principales hospitales de Islamabad seguía bajo observación permanente, a medida que los familiares buscaban información y la comunidad chií exigía garantías para su seguridad tras el ataque que, según SITE y Arab News, fue confirmado y reivindicado por el Estado Islámico.

Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado durante la oración del viernes en la mezquita chiita Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, situada en el área de Tarlai, a las afueras de Islamabad. El ataque, reivindicado por el grupo Estado Islámico (ISIS), constituye el más mortífero en la capital de Pakistán desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008.

El estallido se produjo cuando la mezquita se encontraba llena de fieles. De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por AFP, el agresor fue interceptado en la puerta y en ese momento detonó el explosivo que portaba. Según el SITE Intelligence Group, especializado en el monitoreo de comunicaciones yihadistas, ISIS afirmó que uno de sus militantes atacó a la congregación con un chaleco explosivo, provocando un elevado número de víctimas.

Testigos como Muhammad Kazim, de 52 años, relataron que una explosión “extremadamente potente” sacudió el edificio justo al inicio de las oraciones. Kazim explicó que, durante la primera inclinación del ritual de la oración, se escucharon disparos y, mientras los presentes aún estaban agachados, se produjo la detonación. Otro asistente, Imran Mahmood, mencionó que hubo un intercambio de disparos entre el atacante, un posible cómplice y miembros voluntarios de seguridad. Mahmood aseguró que uno de los voluntarios alcanzó al atacante en el muslo antes de que este activara el explosivo.

El primer ministro Shehbaz Sharif prometió que los autores del atentado serían localizados y llevados ante la justicia. Por su parte, el vice primer ministro Ishaq Dar calificó el ataque como “un crimen atroz contra la humanidad y una flagrante violación de los principios islámicos”.

En el hospital Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, periodistas de AFP observaron la llegada de víctimas, entre ellas niños, transportadas en camillas, en brazos o incluso en la cajuela de vehículos. Familiares y amigos de los heridos manifestaron su desesperación en el área de urgencias, fuertemente custodiada.

En la mezquita, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona de la explosión, donde se apreciaban charcos de sangre, zapatos, prendas y vidrios rotos. Videos difundidos en redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada de inmediato, mostraban varios cuerpos cerca de la entrada principal y escombros esparcidos por el salón de oración.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó por medio de su portavoz que “los ataques contra civiles y lugares de culto son inaceptables”.

El atentado ocurre en un contexto de repunte de la violencia insurgente en las provincias del sur y norte de Pakistán, fronterizas con Afganistán. Aunque Pakistán es un país mayoritariamente suní, la minoría chiita —que representa entre el 10 % y el 15 % de la población— ha sido objeto de ataques repetidos en la región. El gobierno paquistaní sostiene que grupos separatistas y militantes islamistas se han refugiado en territorio afgano para lanzar atentados, una acusación rechazada en reiteradas ocasiones por el régimen talibán de Afganistán.

En los últimos días, ataques en Baluchistán atribuidos a insurgentes separatistas dejaron 36 civiles y 22 agentes de seguridad muertos, lo que desencadenó operaciones en las que las autoridades reportaron la muerte de casi 200 militantes por parte de las fuerzas de seguridad.

(Con información de AFP)

Isaac Herzog, presidente de Israel, llegará el próximo lunes a Australia para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney, considerado el atentado antisemita más mortífero desde la ofensiva del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023.

El mandatario declaró que su objetivo es “expresar solidaridad y ofrecer fuerza” tras el ataque, el cual ocurrió el 14 de diciembre pasado durante la celebración judía de Janucá.

La visita de cuatro días fue bien recibida por la comunidad judía australiana. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, señaló que la presencia de Herzog “levantará el ánimo de una comunidad dolorida”.

Sin embargo, la gira presidencial también genera protestas. Activistas pro palestinos convocaron manifestaciones en todo el país, incluso en el centro de Sídney, aunque la policía denegó permisos para marchas bajo nuevos poderes otorgados tras el ataque de Bondi Beach.

Amnistía Internacional Australia animó a sus simpatizantes a reclamar el fin del “genocidio” contra los palestinos y a exigir que se investigue a Herzog por presuntos crímenes de guerra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, exhortó a los manifestantes a recordar el motivo de la visita del mandatario: “El presidente Herzog viene especialmente para reunirse con miembros de la comunidad judía que están de luto por la pérdida de 15 vidas inocentes”. En ese sentido, insistió en que “la nación necesita mirar hacia la unidad”.

El abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti, miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre abusos en Israel y los territorios palestinos, pidió el arresto de Herzog, citando el informe de 2025 que concluyó que el presidente israelí “incitó a la comisión de genocidio” al responsabilizar a “una nación entera” de palestinos por el ataque de Hamás.

Israel rechazó “categóricamente” el informe, calificándolo de “distorsionado y falso”, y reclamó la abolición del organismo internacional. Por su parte, la policía federal de Australia descartó cualquier arresto del mandatario israelí, asegurando que goza de “plena inmunidad” civil y penal, incluso ante acusaciones de genocidio.

El autor del tiroteo en Bondi Beach, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por oficiales durante el ataque. De nacionalidad india, Akram había ingresado a Australia con una visa en 1998. Su hijo Naveed, de 24 años y ciudadano australiano, permanece en prisión acusado de terrorismo y 15 asesinatos.

Entre las víctimas figuran un sobreviviente del Holocausto de 87 años, una pareja que intentó enfrentar a uno de los atacantes y una niña de 10 años, Matilda, recordada en su funeral como un “rayo de sol”.

En la antesala a la llegada de Herzog, la Policía australiana arrestó a un joven de 19 años en Sídney por supuestas amenazas en redes sociales contra el presidente.

Los agentes realizaron una redada en el domicilio del acusado, cuya identidad no fue revelada, e incautaron varios objetos, incluido un teléfono móvil, según informó la Policía Federal en un comunicado.

La ministra de Exteriores, Penny Wong, recordó que Herzog visita Australia “para honrar a las víctimas” del ataque terrorista. El presidente israelí fue invitado a Sídney por el primer ministro Anthony Albanese tras el atentado, calificado por el mandatario de antisemita y tras el cual se adoptaron medidas como nuevas restricciones a la tenencia de armas.

(Con información de AFP)

El fallo de la Audiencia Nacional, emitido en diciembre de 2025, se fundamenta en que no existe una base probatoria suficiente para acusar a Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', de haber estado involucrada en el ataque con granadas a la comisaría de Buenavista en Oviedo, perpetrado el 21 de julio de 1997. Además, el tribunal consideró que ya se había dictado sentencia en Francia contra la exjefa de ETA por estos mismos hechos, por lo que invocó la excepción de cosa juzgada europea. Según informó Europa Press, la Sala de lo Penal explicó que esta decisión se basa tanto en la ausencia de pruebas directas como en la obligación de respetar las garantías procesales establecidas por la normativa europea.

De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Nacional examinó en detalle un informe de inteligencia que relacionaba a Iparraguirre con la dirección del comando responsable del atentado. No obstante, los magistrados concluyeron que dicho documento no aportaba elementos externos suficientes que permitieran afirmar con certeza la implicación directa de la acusada en la planificación o ejecución del ataque. El tribunal precisó que un informe de inteligencia no puede sustituir las pruebas concretas y verificables necesarias para fundamentar una condena, ya que apoyarse únicamente en tales informes investiga el orden lógico de la carga probatoria al basar la responsabilidad penal en hipótesis elaboradas a partir de investigaciones policiales, sin hechos probados que las respalden.

Europa Press detalló que esta sentencia llega después de que el Tribunal Supremo de España ordenara en abril de 2023 la redacción de una nueva resolución, al detectar “importantes grietas de motivación” en el fallo anterior, emitido por la Audiencia Nacional en enero de 2021. En el proceso desarrollado desde entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que Anboto no podía ser procesada en España por los mismos hechos sobre los que ya había sido condenada en territorio francés, aunque dejó a la Audiencia Nacional la tarea de clarificar si esta circunstancia se cumplía en el caso concreto.

El medio Europa Press señaló que, durante el juicio, la Fiscalía solicitó la condena de Soledad Iparraguirre por la tentativa de tres asesinatos, estragos y lesiones, a raíz del ataque con explosivos y armas de fuego contra la mencionada comisaría ovetense, aunque no se produjeron víctimas mortales. Según el relato del Ministerio Público, 'Anboto' habría entregado en 1997 materiales como explosivos, temporizadores, detonadores, granadas, dos pistolas y un subfusil a los etarras Kepa Arronategi y Eneko Gogesascoechea, integrantes del 'comando Katu', indicándoles que las granadas debían emplearse cuanto antes como parte de una campaña de atentados ese verano.

Según publicó Europa Press, la responsabilidad de Iparraguirre en la estructura de ETA ocupó un lugar central en el debate judicial. La minoría en el tribunal, representada por la magistrada María Fernanda García Pérez, expresó mediante un voto particular su desacuerdo con la absolución. García Pérez argumentó que, aunque no quedara acreditado que Iparraguirre diera la orden específica para cometer el atentado en Oviedo, su posición como responsable del equipo (‘talde’) la situaba como encargada de fijar los objetivos generales y de suministrar el material necesario, lo que, en su opinión, suponía el dominio funcional de los hechos y la convertía en autora directa.

Este razonamiento, según consta en el voto particular recogido por Europa Press, sostiene que la labor de Iparraguirre dentro de la organización consistía precisamente en establecer las directrices y finalidades a ejecutar por los miembros a su cargo. La magistrada discrepante subrayó que el control sobre el suministro de armamento y la predeterminación de los blancos convertía a la exdirigente en una figura decisiva dentro de la cadena de mando, aunque restara a sus subordinados la identificación del objetivo concreto dentro de la zona geográfica definida.

Tal como publicó Europa Press, el tribunal mayoritario sostuvo que las pruebas presentadas por la acusación y la Fiscalía no superaban el estándar mínimo requerido para revertir la presunción de inocencia de Iparraguirre, ya que el informe de inteligencia no disponía de elementos de corroboración externos e independientes que permitieran atribuirle una responsabilidad directa. Por eso, la sentencia recalca que los elementos probatorios deben ser concluyentes y verificables, y que, en ausencia de ellos, no procede imponer una pena que no cuente con base suficiente desde el punto de vista jurídico y factual.

En la resolución, elaborada bajo la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada, la Sala de la Audiencia Nacional expuso que aceptar la sola elaboración policial del informe como prueba suficiente significaría contravenir los principios básicos del proceso penal. El tribunal remarcó que “el informe de inteligencia no puede operar como elemento sustitutivo de la corroboración que falta”, insistiendo en la necesidad de que existan hechos-base probados para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia de la acusada.

Finalmente, la aplicación de la excepción de cosa juzgada europea constituye un aspecto esencial en el desenlace de este proceso. La Audiencia Nacional entendió que la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el principio de non bis in idem —que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos— resultaba aplicable, puesto que la exjefa de ETA ya había afrontado procesos judiciales y condenas en Francia por los actos ocurridos en 1997. Según consignó Europa Press, esta interpretación condujo al tribunal a la emisión de una sentencia absolutoria, ante la falta de pruebas y la concurrencia de la cosa juzgada internacional.

De acuerdo con los registros del gremio, los crímenes contra mototaxistas se han incrementado. La Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú advierte que, en promedio, tres conductores mueren cada semana en Lima como consecuencia de ataques vinculados al cobro de cupos y amenazas criminales.

El presidente de la federación de mototaxistas, Mario Arce, sostiene que esta violencia tuvo un descenso temporal, pero ha vuelto a crecer en los últimos meses, especialmente desde inicios de este año. Según explica, los ataques que antes se concentraban en zonas específicas ahora se han desplazado nuevamente hacia distritos densamente poblados como San Juan de Lurigancho.

“Bueno, o sea, nuestra realidad de la estadística de tres muertos por semana a nivel de todo Lima. A mediados de 2025, fue bajando hasta enero de este año, que han comenzado con asesinar compañeros tanto en Breña; en San Juan de Lurigancho han comenzado a balear. Eso nos está demostrando que nuevamente ha, ha comenzado a resurgir esta violencia que en cierta manera se había moderado y se corrió en el sector más urbano y al resto del Cono Norte y del Cono Sur”, señaló a Panamericana.

Corredor Seguro y operativos policiales bajo observación

En medio de este escenario, las autoridades anunciaron a mediados de enero la implementación del llamado Corredor Seguro en Lima Norte, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional y la ATU. El objetivo era reforzar la presencia policial en rutas críticas para proteger a transportistas y pasajeros.

Sin embargo, durante los recorridos realizados en este corredor, que se inicia en el distrito de San Martín de Porres, no se ha observado una custodia policial permanente, lo que ha generado dudas sobre su real funcionamiento. Para los transportistas, la falta de agentes visibles debilita la efectividad de una medida que fue presentada como clave para frenar los ataques.

Pese a ello, en las últimas horas la Policía logró frustrar un intento de atentado contra un bus de la línea 50 en San Juan de Lurigancho. Además, en Chorrillos se capturó a presuntos involucrados en el ataque a la empresa San Juanito. Estas acciones han sido valoradas por algunos gremios, aunque también se cuestiona que las capturas no siempre logran desarticular por completo a las organizaciones criminales que continúan extorsionando.

Desde el sector transporte se insiste en que los operativos deben ir acompañados de una estrategia sostenida que permita seguir la cadena criminal y no solo detener a miembros aislados.

El plan de seguridad anunciado por José Jerí

Mientras los ataques continúan, el Ejecutivo mantiene pendiente la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, anunciado desde diciembre por el presidente de transición, José Jerí. El mandatario ha señalado que este documento será la base para enfrentar de manera integral a la criminalidad organizada y devolverle al país un rumbo claro en materia de seguridad.

Según el propio Gobierno, el plan se encuentra en una etapa final de revisión y ajustes, y su entrada en vigencia permitiría articular mejor las acciones de prevención, control y persecución del delito. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que se trata de una herramienta clave para enfrentar la ola de violencia que afecta a distintos sectores, incluido el transporte urbano.

El plan que hoy se intenta actualizar debió renovarse en 2023 y arrastra varios años de antigüedad. Su reformulación inconclusa deja al país sin una estrategia integral que articule prevención, inteligencia y fortalecimiento institucional.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha comunicado que durante la detención de la persona nacida en 1996, las autoridades confiscaron un artefacto explosivo de cinco kilogramos y un teléfono donde estaban registradas conversaciones con quien, según el organismo, era su "supervisor". Según informó Europa Press, el individuo fue aprehendido en la región de Moscú acusado de preparar un acto de sabotaje a una instalación energética, bajo supuestas órdenes directas de los servicios de Inteligencia de Ucrania.

El FSB detalló en su declaración que la persona arrestada, cuya nacionalidad todavía no ha sido divulgada, habría sido reclutada mediante la aplicación de mensajería Telegram por un miembro de una organización clasificada como terrorista por las autoridades rusas y proscrita en el país. De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, el comunicado sostiene que el detenido viajó específicamente a Rusia para concretar el sabotaje, presuntamente siguiendo instrucciones recibidas a distancia.

La agencia de seguridad rusa también reveló que, tras cometer el atentado planificado, el individuo pretendía trasladarse a Ucrania para incorporarse a acciones armadas contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Europa Press consignó que este itinerario formaba parte de un plan organizado en colaboración con estructuras vinculadas a la inteligencia ucraniana.

En el momento de la detención, los agentes hallaron tanto el explosivo casero preparado para el ataque como el teléfono móvil que, según el FSB, contenía registros de las comunicaciones mantenidas entre el acusado y la persona que lo supervisaba desde el extranjero. El organismo ha agregado que los elementos incautados refuerzan las sospechas sobre el objetivo y la motivación del viaje del arrestado a territorio ruso.

El FSB ha iniciado procedimientos penales contra el detenido, imputándolo formalmente por tenencia de artefactos explosivos y por la elaboración de un plan de sabotaje concertado. Asimismo, el comunicado difundido por Europa Press indica que la agencia de seguridad ha alertado a la ciudadanía sobre la frecuente captación de individuos a través de internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería, destinada a planificar ataques y acciones de sabotaje dentro del territorio ruso.

La agencia subrayó en su intervención la advertencia de que quienes colaboren con "el enemigo" serán localizados, procesados judicialmente y "recibirán el castigo que merecen". Europa Press informó que el contexto de este caso se inscribe en un incremento de detenciones relacionadas con acusaciones de sabotaje terrorista, coincidiendo con la profundización de la guerra entre Rusia y Ucrania tras el inicio del conflicto en febrero de 2022, por decisión del presidente ruso Vladimir Putin.

El fallecido fue identificado como Jorge Huayaní, capataz de la obra ejecutada por el consorcio Próceres, en el marco de un proyecto de Invermet de la Municipalidad de Lima. Sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero las lesiones provocadas por la explosión fueron letales. Otros dos trabajadores quedaron gravemente heridos y permanecieron tendidos mientras se pedía ayuda desesperadamente.

Testigos señalan que la explosión fue de gran intensidad y que la atención médica demoró en llegar para auxiliar a los heridos.

Las imágenes que revelan cómo se ejecutó el ataque

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los instantes previos al atentado. Eran las 3:53 de la tarde cuando una mototaxi avanzaba por la avenida Wiesse. En las imágenes se observa que el vehículo reduce la velocidad al aproximarse a la obra. Uno de sus ocupantes abre la puerta delantera y, segundos después, se produce la detonación.

El momento exacto en que se arroja el artefacto no queda registrado, pero el estallido ocurre justo cuando la mototaxi pasa frente al grupo de obreros. En el lugar quedaron marcas del impacto y fragmentos del objeto explosivo. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de una granada, cuyo seguro habría sido retirado instantes antes de la explosión.

No se descarta que el ataque esté vinculado a un presunto cobro de cupos. Testigos señalan que la obra habría sido blanco de extorsiones, una práctica cada vez más frecuente contra proyectos de infraestructura pública y privada. La modalidad del atentado refuerza la hipótesis de un acto intimidatorio dirigido a imponer control mediante el terror.

Un patrón de violencia que avanza sin contención

El atentado en San Juan de Lurigancho no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de violencia urbana, extorsión y crimen organizado que se expande en distintos distritos de Lima. Obras públicas, comercios y transportistas se han convertido en blancos recurrentes de ataques con explosivos, disparos y amenazas, muchas veces a plena luz del día.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de San Juan de Lurigancho, mientras la Policía acordonó la zona e inició las investigaciones para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape de los agresores. Desde la Municipalidad de Lima se exigió que las diligencias se aceleren para dar con los autores del atentado.

Un gobierno sin plan en medio de la violencia

Mientras hechos como el atentado en San Juan de Lurigancho se repiten, el Gobierno continúa sin presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Por segunda vez, el Ejecutivo amplió el plazo para que el Grupo de Trabajo Multisectorial entregue el documento, otorgando diez días adicionales pese a que se había anunciado su presentación a mediados de enero.

Esta demora resulta crítica, teniendo en cuenta el contexto actual. En las primeras semanas del año ya se registran más de un centenar de homicidios a nivel nacional, según cifras oficiales. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha estado marcada por prórrogas, balances estadísticos y promesas que no se concretan.

El plan que hoy se intenta actualizar arrastra varios años de antigüedad y debió renovarse en 2023. Aun así, su reformulación sigue entrampada, dejando al país sin una estrategia integral que articule prevención, control territorial, inteligencia y fortalecimiento institucional. Sin una hoja de ruta clara, el Estado parece reaccionar tarde frente a una criminalidad que actúa con rapidez y violencia.

El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue atacado a balazos este miércoles sobre la carretera federal México–Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca en Jantetelco.

Según los primeros reportes, no se ha informado sobre personas detenidas y las autoridades no han presentado un comunicado oficial respecto a los motivos del ataque o la condición de Lavín Romero. Tras el ataque, la zona permaneció bajo resguardo de fuerzas de seguridad y se desplegó un operativo para intentar ubicar a los responsables.

El incidente se reportó alrededor de las 15:29, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar, policías confirmaron que el herido era Lavín Romero. Paramédicos atendieron de inmediato al funcionario en el lugar y luego fue trasladado a un hospital para atención médica especializada.

El ataque fue ejecutado por hombres que se desplazaban en motocicleta y realizado con precisión en las inmediaciones de una gasolinería de la comunidad de Amayuca, en la franja limítrofe entre Temoac y Jantetelco, lo que se suma a un patrón de violencia en Morelos con diversas agresiones dirigidas contra actores políticos locales.

El edil resultó lesionado por impactos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde fuentes médicas y autoridades locales lo reportan fuera de peligro.

El alcalde Lavín Romero resultó herido tras un ataque armado registrado cerca de las 15:30 horas, mientras circulaba en un vehículo particular junto a su esposa.

De acuerdo con una versión preliminar, Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera, aunque su vida no estaría en peligro. El funcionario fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la cantidad de atacantes, el tipo de armas empleadas ni las características de la posible huida. Tampoco se ha confirmado si existen testigos presenciales que hayan aportado información relevante.

Personal de seguridad permanece en el sitio, donde ha iniciado las diligencias forenses, la recopilación de pruebas balísticas y la preservación de la escena.

Valentín Lavín gobierna Temoac desde enero de 2025 y ya había ocupado el cargo entre 2019 y 2021. El municipio, ubicado en la zona oriente de Morelos, enfrenta desafíos de seguridad en el pasado. Por ejemplo, en 2018, cuando era alcalde electo, tres familiares de su esposa fueron asesinadas en un ataque armado en Huazulco, un hecho que generó conmoción y que fue investigado por la fiscalía estatal sin resolver públicamente los móviles.

Tras la autobiográfica Cuchillo, donde narró el ataque sufrido en 2022 en el que casi pierde la vida, el escritor angloindio Salman Rushdie regresa a la ficción con La penúltima hora, una colección de cinco relatos con un tono crepuscular donde reflexiona sobre la muerte, el legado, el poder del arte o la libertad de expresión.

“No creo en la vida después de la muerte, pero es una ficción muy útil”, ha dicho en una multitudinaria rueda de prensa telemática con motivo de la publicación del libro en español.

Rushdie (Bombay, 1947) admite que haber visto tan de cerca la muerte ha condicionado su escritura. Ha habido una pregunta que no ha dejado de hacerse y es cómo afrontan los artistas la recta final de su vida y de su creación, desde la ira o desde la serenidad.

“Supongo que puedes optar por ambas, según el día de la semana”, razona poniendo el ejemplo de Beethoven, que en sus últimos días compuso la Novena Sinfonía y el Himno a la Alegría a pesar de que estaba “muy enfadado, envejeciendo y quedándose sordo”.

En La penúltima hora, el autor de los Versos satánicos vuelve al Bombay de Hijos de la medianoche (1981), su novela más aclamada y con la que ganó el Booker Prize, y se reencuentra con algunos personajes, pero también aparecen los otros países en que ha vivido, Inglaterra y Estados Unidos. “Es una especie de repaso al espectro del trabajo que he estado haciendo toda mi vida”, afirma.

Un momento “sombrío”

Ahora lleva 25 años residiendo en EE.UU., un país que está viviendo momentos “sombríos”, dice al ser preguntado por el endurecimiento de la política migratoria. “Son momentos de mucha oscuridad en la vida pública americana, pero por lo que estamos viendo, con las discusiones sobre Groenlandia y Canadá, no sólo para Estados Unidos”.

Le preocupa también el incremento de la censura que atenta, recuerda, contra la primera enmienda de la Constitución. “Es terrible”, señala. “Si un solo padre presenta una objeción sobre un libro en una biblioteca escolar, se retira para discutirlo y esto está afectando a obras como Cien años de soledad, Beloved de Toni Morrison, Matar a un ruiseñor o Huckleberry Finn“.

Por suerte, agrega, en muchos casos las prohibiciones han sido derogadas en los tribunales, pero “hay que seguir luchando”.

Precisamente el último relato del libro, El viejo de la piazza, es una alegoría sobre la libertad de expresión y el peligro de la polarización. “Hemos dejado de ser los amantes de la poesía que éramos antaño, los aficionados a la ambigüedad y devotos de la duda, para convertirnos en moralistas de bar”, dice el narrador en el relato.

Rushdie certifica que tiene que ver con los tiempos que vivimos: “La comunicación entre las distintas partes de la sociedad se está viniendo abajo, cada vez es más difícil hablar e incluso compartiendo el mismo idioma no nos entendemos. Cuando eso sucede es muy peligroso”.

La inspiración de Goya

De otro relato, llamado Oklahoma, dice que es el más “borgiano”, por lo metaficcional, pero también el más “español” porque se inspiró en su última visita al Museo del Prado y Francisco de Goya aparece como un personaje, en la etapa en la que el artista se retiró a la Quinta del Sordo y llevó a cabo las pinturas negras.

A Rushdie le impresionaron. “Estuve pensando en ellas y en las circunstancias en que vivía cuando las pintó, en su salida de la corte debido al cambio de atmósfera hacia un régimen más totalitario”, dice en alusión al viraje absolutista de Fernando VII.

“Los últimos días de Goya tenían una especial resonancia con los tiempos que vivimos ahora”, agrega. En el relato también menciona a Velázquez y a El Bosco, pero no al famoso Jardín de las Delicias, sino un cuadro más pequeño, La extracción de la piedra de la locura.

“Me gustó la idea de que la locura pudiera ser un objeto físico que puede ser extraído”.

Hacía 32 años que Rushdie no publicaba relatos, un formato que defiende recordando que algunas de las grandes obras de la literatura universal son novelas cortas, como La metamorfosis —Kafka también aparece en La penúltima hora— o Muerte en Venecia, de Thomas Mann.

El autor sigue defendiendo la literatura como forma de resistencia. “No puede derrocar regímenes, pero puede aumentar nuestra comprensión del mundo”, señala. Y deja claro que no piensa en retirarse: ya está trabajando en una próxima novela.

Fuente: EFE

La agresión a balazos contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, provocó una reacción inmediata de las autoridades federales y estatales.

Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad informó que puso en marcha una célula especializada en inteligencia e investigación, con el objetivo de agilizar la identificación y captura de los responsables.

Asimismo, afirmó que se trabajará en estrecha coordinación con las instancias estatales.

La postura oficial frente al atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán por parte del Gabinete de Seguridad ha sido contundente: “No habrá impunidad”.

Según reportes oficiales, en el atentado ocurrido la mañana de este miércoles 28 de enero, también fue lesionado uno de los escoltas que custodiaban a los servidores públicos.

Detalles del ataque a diputados en Culiacán

El hecho ocurrió este 28 de enero, cuando los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ambos de Movimiento Ciudadano, fueron atacados con armas de fuego mientras transitaban por el malecón viejo de Culiacán.

Según información oficial, el vehículo en el que viajaban recibió múltiples disparos, dejando a ambos legisladores heridos junto con un escolta heridos.

De acuerdo con declaraciones de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Sergio Torres se encuentra en estado grave, mientras que Elizabeth Montoya está fuera de peligro.

Tras el ataque las autoridades desplegaron un operativo de seguridad para resguardar la zona.

Este atentado ocurrió tras la comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en el congreso del estado, evento al cual asistieron los diputados heridos.

Investigación y hallazgos iniciales tras el atentado

En el marco de las investigaciones, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo que presuntamente estaría vinculado con los agresores.

El hallazgo de este automóvil, abandonado en una colonia de la ciudad, podría aportar indicios relevantes para el avance de las pesquisas.

El despliegue de la célula especializada en inteligencia refuerza la línea de investigación y el compromiso de las autoridades para esclarecer el caso.

Tanto las autoridades federales como estatales han reiterado que no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables.

Solidaridad institucional

Tras el ataque, las autoridades extendieron sus deseos de pronta recuperación para ambos legisladores, reconociendo el impacto que este hecho tuvo tanto en sus entornos personales como en el ámbito político local.

El mensaje de apoyo se dirigió también a los colaboradores y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, transmitiendo respaldo institucional ante una situación que generó consternación en la entidad.

La presencia de equipos federales y estatales, así como la atención médica inmediata brindada a los legisladores, forma parte de las acciones para atender integralmente a las víctimas.

De este modo, las autoridades buscan no solo garantizar la seguridad física de los afectados, sino también acompañar a sus familias y allegados en el proceso de recuperación, reafirmando su compromiso con la protección de quienes participan en la vida pública.

Qué es el Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad es la instancia federal encargada de coordinar los esfuerzos en materia de seguridad pública y nacional en México. Este órgano agrupa a las principales instituciones responsables de la vigilancia, la prevención y la investigación de delitos de alto impacto en todo el territorio nacional.

Entre sus integrantes se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El gabinete formula estrategias conjuntas, dirige operativos especiales y supervisa la implementación de acuerdos para fortalecer la seguridad en coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Sus tareas incluyen la protección de instalaciones estratégicas, la atención de emergencias y la conducción de acciones inmediatas ante situaciones que representan un riesgo para la sociedad.

La existencia y funcionamiento del Gabinete de Seguridad están respaldados por la normativa federal y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que le permite actuar de manera rápida y articulada frente a crisis como la ocurrida en Culiacán.

La información sobre el estado de salud de los emecistas se dio a conocer tras la visita del mandatario a los hospitales donde ambos legisladores reciben atención médica, luego del atentado con arma de fuego que vivieron la tarde de este miércoles.

Rocha Moya informó sobre el estado de salud de los emecistas

El gobernador afirmó que Sergio Torres continúa en el quirófano, “no nos dan una seguridad de algo en particular más que grave y por fortuna está, está siendo atendido”. Rocha Moya confirmó que pudo hablar con Elizabeth Montoya, “ella está bien. Necesita que le hagan algunas operaciones, tiene que ver temas reconstructivos, una serie de cositas”.

Aseguró que el chófer, quien conducía el vehículo donde ambos legisladores se trasladaban, se encuentra bien: “el muchacho que iba manejando igual no tiene mayor problema”.

Sheinbaum y Harfuch mantienen comunicación con el gobernador de Sinaloa

Rocha Moya detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum lo contactó telefónicamente para pedirle que permanezca atento a la evolución del caso, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.

Además, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también mantiene comunicación con el gobernador. Asimismo, aseguró que ya habló con el exdirigente de MC, Dante Delgado, y con el que al día de hoy encabeza a los emecistas a nivel nacional, Jorge Álvarez Máynez.

Gobernador dice que hay seguridad suficiente en Sinaloa

Ante los cuestionamientos sobre lo abordado con Harfuch durante la llamada y si se necesitará reforzar la seguridad en Sinaloa, el gobernador aseguró que tienen lo suficiente: “Es un atentado que ocurre, que estaban esperando por ahí... Tenemos la seguridad suficiente para atenderlo”.

Aseguró que secretarios de estado, autoridades y él, estarán al pendiente del caso hasta que se esclarezca.

Montan operativo para dar con los agresores

El gobernador de Sinaloa informó que las autoridades continúan en la búsqueda de los agresores implicados en el ataque contra los diputados. Explicó que existe la presunción de que uno de los escoltas de los legisladores respondió a la agresión e hirió a uno de los atacantes.

De acuerdo con el mandatario, estos datos permiten a las autoridades mantener líneas de investigación abiertas para dar seguimiento al caso, ya que el agresor herido podría buscar atención médica en algún hospital.

El gobernador señaló que, tras el incidente, se implementaron medidas inmediatas para controlar la situación, incluyendo el cerco total del área donde ocurrieron los hechos. Añadió que las fuerzas de seguridad se mantienen atentas a los movimientos en el entorno para localizar a los responsables.

Combate contra la inseguridad no es suficiente en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa manifestó que la lucha contra la inseguridad en el estado lleva más de un año y es de conocimiento general entre la ciudadanía. Destacó que, durante este periodo, las autoridades han logrado avances significativos en la reducción de las capacidades de acción de los grupos delictivos.

No obstante, reconoció que estos esfuerzos no han sido suficientes para evitar por completo la ocurrencia de hechos violentos como el reciente ataque.

El mandatario subrayó que el gobierno permanece atento y realiza todas las acciones que están a su alcance para enfrentar cualquier hecho violento. Reiteró que no se puede especular sobre los motivos o responsables. Insistió en que las autoridades están vigilantes y dan seguimiento a todos los eventos de violencia registrados en el estado.

Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos este miércoles 28 de enero de 2026 en el centro de Culiacán, Sinaloa, a escasos minutos de haber salido del Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas estatal.

El atentado ocurrió alrededor de las 12:00 horas sobre el bulevar Niños Héroes (Malecón Viejo), a la altura del paso peatonal del Ajedrez, a pocas cuadras del Palacio Municipal.

De acuerdo con los reportes, ambos legisladores viajaban en un vehículo blanco cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones desde ambos costados.

Tras el reporte de detonaciones al 911, elementos de seguridad pública y cuerpos de auxilio acudieron al sitio, que fue acordonado por varias cuadras. La unidad presentó impactos de bala en el parabrisas y en los costados.

Montoya Ojeda resultó herida por impactos de arma de fuego, mientras que Torres Félix sufrió lesiones por esquirlas.

Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre su estado de salud.

Sergio Torres Félix, líder estatal de MC y exalcalde de Culiacán

Sergio Torres Félix, nacido en Culiacán el 5 de junio de 1966, es diputado local por representación proporcional y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

Cuenta con una extensa trayectoria política y administrativa tanto a nivel municipal como estatal y federal.

Antes de integrarse a MC, militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde llegó a ser presidente del Comité Directivo Municipal en Culiacán. Fue regidor, diputado local y posteriormente presidente municipal de Culiacán de 2014 a 2016.

También se desempeñó como diputado federal, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento y secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

Actualmente, en el Congreso del Estado forma parte de la Junta de Coordinación Política y participa en comisiones como Fiscalización, Justicia, Derechos Humanos y Pesca y Acuacultura.

Estudios de Sergio Torres Félix:

• Licenciatura en Contaduría Pública, Universidad Autónoma de Sinaloa
• Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Sinaloa

Un día antes del ataque, Torres Félix había denunciado públicamente la existencia de presuntos intereses políticos y presiones en la contienda por la dirigencia del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, solicitando elecciones libres, lo que añadió un contexto político relevante al atentado.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada local y perfil social de MC

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es diputada local de Movimiento Ciudadano por la vía de representación proporcional.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en la administración pública municipal y estatal, así como en el trabajo social y comunitario.

Ha ocupado cargos como directora general del DIF Culiacán, regidora del Ayuntamiento, directora de Desarrollo Pesquero en la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado y coordinadora administrativa en áreas como Obras Públicas, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.

También fue candidata de MC a la presidencia municipal de Culiacán.

Dentro del Congreso del Estado preside la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes y es vocal en comisiones de educación, igualdad de género, derechos laborales, diversidad sexual e inclusión.

Estudios de Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda:

• Licenciatura en Sistemas Computacionales, Universidad de Occidente, campus Culiacán

Impacto político y operativo tras el atentado en Sinaloa

El ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano provocó una reacción inmediata del gobierno estatal.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que se activó un operativo de búsqueda y captura para dar con los responsables y confirmó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación.

Asimismo, se informó que un ciudadano identificado como Gonzalo Quintero Baca también resultó lesionado durante los hechos.

El mandatario estatal instruyó al secretario de Salud a supervisar personalmente la atención médica de los heridos.

El atentado se da en un contexto de recientes hechos violentos en la capital sinaloense y ha encendido alertas sobre la seguridad de funcionarios públicos y actores políticos, además de generar preocupación por el clima de gobernabilidad y la estabilidad política en Sinaloa.

La última obra documental de Alex Gibney, Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, ha ofrecido una mirada profunda e íntima sobre el proceso de recuperación física y espiritual del célebre escritor tras el intento de asesinato sufrido en 2022.

A través de un enfoque pausado, Gibney ha optado por retrasar la inclusión de las imágenes del brutal ataque hasta las postrimerías del filme, después de haber presentado el suceso con animaciones y reconstrucciones gráficas, así como el prolongado proceso de convalecencia de Rushdie en un hospital de Pensilvania.

Solo en el último tramo el espectador accede a la grabación real, en la que puede verse el caos desatado tras la agresión: el despliegue de público, personal de seguridad y sanitarios tratando de contener al agresor y socorrer urgentemente a la víctima. Los medios especializados estadounidenses han calificado este trabajo de “escalofriante”.

Ya para entonces, la narración de Gibney ha sumergido al espectador en el contexto del atentado, reconstruyendo los momentos posteriores mediante imágenes rodadas por la esposa de Rushdie, Rachel Eliza Griffiths, en el hospital y a través de ilustraciones animadas de la violencia padecida. La película culmina con el retorno del escritor al escenario del ataque un año después, donde declara: “Estoy de pie en el lugar donde caí”, un símbolo de su determinación por rehacerse.

A lo largo de todo el documental, la voz de Rushdie adquiere un papel central gracias a la incorporación en off de extractos de su libro de memorias de 2024, Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato (Random House)

Esta narración personal cobra aún más fuerza debido a las extensas secuencias grabadas por Griffiths, quien, junto al propio Rushdie, decidió documentar desde los primeros compases tanto el tratamiento hospitalario como el posterior proceso de rehabilitación.

La cinta muestra el estado de confusión y resistencia a la muerte que vivió el autor bajo los efectos de la morfina, valiéndose para ilustrarlo de una célebre escena de El séptimo sello de Ingmar Bergman, en la que el protagonista se enfrenta en una partida de ajedrez contra la Muerte en una playa desierta.

Una vida siempre bajo amenaza

Las amenazas contra la vida de Salman Rushdie tienen una larga historia, como recuerda Gibney en su documental. Desde la publicación en 1988 de su cuarta novela, Los versos satánicos, el escritor ha sido objetivo de intentos de asesinato impulsados por el extremismo islámico. Las hostilidades comenzaron poco después de que el ayatolá Jomeini, líder supremo de Irán, emitiera una fatua ordenando su muerte por lo que numerosos creyentes consideraron una representación irrespetuosa de Mahoma.

Según sugiere el propio filme, algunos de los sectores más indignados ni siquiera leyeron la novela. Gibney reconstruye este contexto mediante entrevistas y material de archivo, exponiendo las protestas, la quema pública de libros y los disturbios que se sucedieron en todo el mundo musulmán, así como los repetidos complots frustrados por los servicios de inteligencia británicos.

Durante años, Rushdie se vio obligado a vivir oculto y bajo constante traslado por parte de Scotland Yard, una vida casi de secuestro forzoso. Más adelante, el documental ahonda en los orígenes del escritor en la India, describiendo una infancia marcada por el carácter violento y alcohólico de su padre, y su posterior traslado a Reino Unido para cursar estudios en Rugby y en la Universidad de Cambridge.

Alejado por completo de cualquier renuncia o retractación derivada de las campañas de difamación, Rushdie reafirma con convicción su derecho a la libertad de expresión, en defensa de su rechazo a la ortodoxia religiosa. Los primeros años de éxito literario le proyectaron la imagen de un autor distante y arrogante, pero el retrato de Gibney sugiere que la experiencia y el paso del tiempo han templado ese carácter. Como recuerda el propio Rushdie: “No seríamos quienes somos hoy sin las calamidades de nuestro ayer”.

La mirada cercana de la esposa de Rushdie

El enfoque personal que aporta Rachel Eliza Griffiths, quinta esposa del escritor, ha dotado al documental de un tono especialmente emotivo. Uno de los episodios más significativos es su negativa a permitir a Rushdie verse en un espejo hasta nueve días después del comienzo de la rehabilitación, un gesto cargado de sensibilidad frente al dolor físico y psicológico.

Al mismo tiempo, los planos gráficos de las heridas de Rushdie, en particular la mutilación de su ojo derecho (perforado por el cuchillo), forman parte de una narrativa visual de impacto. El espectador conoce la angustia de las operaciones necesarias para coser el párpado, así como el momento en que el paciente asume que ha perdido el ojo.

El propio escritor intenta asumir el sufrimiento repitiendo el consejo heredado de sus padres: “Lo que no tiene remedio, hay que soportarlo”. El documental enfatiza el desasosiego que generó la noticia del atentado en 2022, especialmente porque, tras diez años de protección policial permanente, Rushdie había relajado las precauciones de seguridad.

En su etapa en Nueva York, desde el año 2000, había recobrado una vida pública al asistir a estrenos y eventos literarios, aunque evitaba las redes sociales, e incluso soportó la oleada de críticas que le sobrevino tras ser nombrado caballero en 2007. Sin embargo, la irrupción repentina del agresor, más de tres décadas después de la fatua, ha puesto de manifiesto la persistencia de los fanatismos violentos.

Visión artística y simbolismo

Uno de los sellos de Gibney reside en el uso abundante de material de archivo, enriquecido aquí con animaciones y secuencias de películas o imágenes que dialogan con el universo mental del autor.

El simbolismo del ataque con cuchillo (una agresión cercana y corporal, distinta de la violencia a distancia de un arma de fuego) queda realzado no solo por imágenes documentales, sino también por referencias cinematográficas a títulos como El cuchillo en el agua, West Side Story, Doce hombres sin piedad y Psicosis.

El documental incorpora, además, alusiones a la trilogía La materia oscura de Philip Pullman, en la que un cuchillo mítico puede cortar portales entre universos paralelos. A pesar de una duración que algunos podrían considerar prolongada, la película de Gibney emerge como un recorrido por la vida intelectual y la capacidad de resistencia de su protagonista.

El propio Rushdie imagina durante el metraje qué diría a su agresor, Hadi Matar, quien ha sido condenado por intento de asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 años de prisión. Sin embargo, Knife evita que la figura del asaltante ocupe excesivo espacio en la narración, como si ese distanciamiento fuera imprescindible en el proceso de recuperación del escritor.

En los minutos finales, la producción muestra una escena de descanso con Rushdie y Griffiths en Jamaica, mientras suena la canción de Bob Dylan Love Minus Zero, imágenes que transmiten serenidad y sencillez. Con un gesto de sonrisa, el escritor concluye: “Tengo 76 años y sigo adelante”.

El tercer atentado dirigido contra Akmad Mitra Ampatuan, alcalde de Shariff Aguak, terminó con la muerte de cuatro atacantes después de que la Policía iniciara una persecución tras la emboscada que sufrió el vehículo oficial. Según el diario filipino 'Inquirer', el intento de asesinato ocurrió en la provincia de Maguindanáo del Sur, Filipinas, alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, cuando la camioneta en la que se trasladaba el jefe municipal fue interceptada y baleada en la zona de Barangay.

El medio 'Inquirer' detalló que además del vehículo que transportaba al alcalde, otra unidad formaba parte del convoy al momento del ataque. Esta emboscada dejó dos escoltas de Ampatuan heridos, quienes presentaron lesiones consideradas leves, de acuerdo con información entregada por Anwar Kuit Emblawa, asistente ejecutivo del alcalde, y citada por el mismo periódico.

El ataque, ejecutado por individuos armados que se movilizaban en una miniván Suzuki, desencadenó una rápida respuesta policial. Según publicó 'Inquirer', las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución que culminó en la autovía de Shariff Aguak, donde los agentes abatieron a los cuatro agresores. En el operativo, las autoridades incautaron diversas armas de alto calibre que se encontraban dentro del vehículo utilizado por los atacantes.

Este evento marca el tercer intento de asesinato del que Ampatuan logra salir ileso, según consignó el medio 'Inquirer' tras recopilar testimonios locales. Fuentes municipales mencionadas en los reportes resaltaron que, pese a la intensidad del ataque, el alcalde no sufrió heridas, mientras que sus escoltas recibieron atención médica por las lesiones menores padecidas.

La investigación policial, según la información suministrada por 'Inquirer', se centró en esclarecer la identidad de los agresores y determinar si existe alguna relación entre este y los intentos previos de atentar contra la vida del funcionario. Las autoridades examinan también el armamento de alto calibre encontrado durante el registro del vehículo para establecer su procedencia y posible vinculación con otros delitos.

Fuentes de la alcaldía y la Policía local citadas por 'Inquirer' subrayaron que la seguridad del alcalde se ha visto reforzada tras los ataques sufridos, mientras que la autovía de Shariff Aguak permaneció parcialmente restringida durante las labores forenses y operativas posteriores al enfrentamiento.

La reiteración de atentados contra Akmad Mitra Ampatuan genera alarma en la comunidad local y plantea interrogantes sobre los riesgos a los que están expuestos los funcionarios públicos en la región de Maguindanáo del Sur, área señalada recurrentemente por episodios de violencia política. El incidente, reportado por el diario filipino 'Inquirer', se suma a una serie de acontecimientos similares que han incrementado el despliegue policial y las medidas de seguridad en la zona.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó que durante el operativo en Ufa no se registraron víctimas entre los agentes ni entre la población civil, y que uno de los presuntos integrantes de la célula resultó muerto tras ofrecer resistencia armada. Según informó Europa Press, las autoridades rusas comunicaron este miércoles que el operativo formó parte de una acción preventiva contra una organización considerada terrorista, que planeaba ejecutar un atentado con explosivos en una comisaría local.

De acuerdo con el reporte entregado por Europa Press, el FSB detalló que los sospechosos efectuaron tareas de reconocimiento del área donde ubicaron su objetivo, la dependencia policial, y que además obtuvieron armas y materiales necesarios para fabricar un artefacto explosivo de fabricación casera. Ambos fueron identificados por las fuerzas de seguridad tras llevar a cabo actividades orientadas a la recopilación de información sobre la comisaría y su entorno.

Según el comunicado oficial del FSB citado por Europa Press, al momento de proceder con el arresto, el líder de la célula implicada ofreció resistencia empleando armas de fuego contra los agentes. Como consecuencia de dicha respuesta, el individuo fue "neutralizado", lo que según la terminología empleada por el servicio de seguridad ruso significa que fue abatido y falleció en el lugar.

El segundo sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia de las autoridades, según precisó el FSB en la misma comunicación recogida por Europa Press. La institución agregó que, gracias a la intervención de sus efectivos, se logró impedir la concreción de un atentado que tenía como blanco una instalación policial en Ufa, la capital de la república de Baskortostán, ubicada en la región de los Urales.

El FSB atribuyó a la célula desarticulada la obtención y acopio de materiales y armas con el objetivo de confeccionar un explosivo de fabricación artesanal. De acuerdo con la información recabada por Europa Press, el plan incluía la utilización de este artefacto para atacar la sede policial identificada durante la fase de vigilancia ejecutada por los sospechosos en días previos.

Las investigaciones previas permitieron identificar a los miembros de la célula y confirmar sus movimientos en torno a la comisaría, así como la adquisición de los materiales sospechosos, precisó el organismo de seguridad en las declaraciones recogidas por Europa Press.

Los procedimientos de arresto y neutralización se efectuaron sin que se produjeran heridos entre los agentes o entre los habitantes de la zona. Europa Press subrayó que la actuación del FSB se desarrolló bajo un estricto protocolo para evitar daños colaterales en el área residencial próxima a la comisaría que figuraba como objetivo de los sospechosos.

Las autoridades rusas afirmaron que la célula formaba parte de lo que calificaron como una "organización terrorista". Según relata Europa Press, los dos individuos habrían actuado coordinadamente luego de seleccionar la comisaría como blanco y haber obtenido el material explosivo necesario para el ataque.

El operativo se centró en Ufa, ciudad estratégica por su ubicación y relevancia en la república de Baskortostán, una zona de los Urales con presencia policial y centros administrativos de relevancia. Europa Press informó que, tras la intervención, las fuerzas de seguridad intensificaron los controles en los alrededores de la ciudad para asegurar que no existieran más riesgos asociados a la célula neutralizada.

El FSB mantuvo su posición sobre la gravedad de la amenaza neutralizada y destacó la importancia de las labores de inteligencia realizadas para impedir que el ataque tuviera lugar. La agencia Europa Press reportó que la investigación continúa para determinar si los implicados contaban con apoyo externo o conexiones adicionales con redes consideradas extremistas.

De acuerdo con EFE, una facción local afiliada al Estado Islámico de Jorasán (EI-K) se adjudicó la autoría del atentado. Este grupo, en sus comunicados, aseguró que un atacante suicida ingresó al restaurante y activó los explosivos que portaba, provocando la muerte de siete personas y distintos niveles de lesiones en más de diez individuos, quienes fueron trasladados a centros de salud y cuyo estado fue calificado de estable por fuentes oficiales.

El portavoz Mufti Abdul Matin Qani manifestó públicamente, citado por EFE, que las fuerzas de inteligencia afganas iniciaron un operativo orientado a localizar y detener a los responsables del incidente. Qani aseguró que “al igual que criminales anteriores fueron arrestados y llevados ante la justicia, estos perpetradores también serán llevados ante la justicia y recibirán un castigo por sus acciones”. El representante ministerial insistió en que, durante el último año, Afganistán no había registrado ningún incidente grave en materia de seguridad, aludiendo a la percepción de mayor control tras la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021.

El atentado se produjo en una zona reconocida por su tráfico comercial y por ser un punto de encuentro habitual para empresarios y residentes chinos, reflejando la importancia de las relaciones económicas entre Kabul y Pekín. Según publicó EFE, el contexto del ataque ha suscitado inquietud en el gobierno talibán, que cuenta con la alianza con China como un pilar fundamental para la recuperación de una economía nacional afectada por el aislamiento internacional. La protección de ciudadanos y bienes de origen chino constituye, en este escenario, una prioridad evidente para las autoridades talibanas.

El medio EFE detalló que, aunque estos episodios de violencia en el corazón de Kabul resultan poco comunes desde que los talibanes retomaron el control del país, la reivindicación del atentado por parte del EI-K subraya la existencia de amenazas persistentes que desafían la estabilidad y el discurso gubernamental de seguridad. El propio restaurante atacado representa un símbolo de la presencia e intereses chinos en el país, así como de la interrelación económica creciente entre ambos países, lo que aumenta la sensibilidad de las autoridades frente a cualquier atentado dirigido contra esa comunidad.

Tal como consignó EFE, la rama del Estado Islámico implicada sostiene una actividad intermitente en la región y, en ocasiones anteriores, ha empleado tácticas similares de atentados suicidas para dirigir ataques en contextos civiles y comerciales. La reacción rápida por parte de los servicios de seguridad y la declaración firme sobre los avances en la investigación buscan salvaguardar la imagen de control que el gobierno talibán procura transmitir tanto interna como internacionalmente.

La explosión registrada en el restaurante ‘Chinese Noodle’ figura como uno de los sucesos más graves desde el retorno de los talibanes al mando del país. Las fuerzas de seguridad, según puntualizó EFE, se desplegaron en las inmediaciones del distrito de Shahr-e-Naw tras el evento para recolectar pruebas y evitar nuevos incidentes similares. Las autoridades locales reafirmaron que la prioridad actual es tanto la detención de los responsables directos como la garantía de que los ciudadanos chinos y sus intereses continúen protegidos en Afganistán.

EFE informó también que la presencia cada vez más visible de ciudadanos chinos en Kabul responde a proyectos e inversiones impulsados por acuerdos bilaterales, de modo que cada incidente de esta naturaleza podría incidir en el grado de cooperación económica y diplomática con el país asiático. El gobierno talibán enfatizó en varias oportunidades su compromiso con la seguridad de extranjeros, en especial aquellos vinculados a países considerados aliados estratégicos.

La investigación, supervisada por las fuerzas de inteligencia, continúa en desarrollo mientras el clima de tensión persiste en la capital afgana. No se anunciaron hasta el momento detenciones concretas ni se ofrecieron detalles sobre posibles sospechosos más allá de la reivindicación por parte del EI-K. Mientras tanto, las autoridades ratificaron que cualquier avance será comunicado oportunamente a medida que se esclarezcan las circunstancias del ataque y se determinen responsabilidades directas.

La explosión en este establecimiento frecuentado por la comunidad china recalca los desafíos que enfrenta el gobierno talibán ante la amenaza de grupos armados y la necesidad de sostener la percepción de estabilidad, clave tanto para la legitimidad interna como para la continuidad de los acuerdos económicos internacionales, según lo detalló en profundidad EFE.

El coronel (r) Renato Solano, subdirector de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, murió la mañana del 21 de enero de 2026 tras permanecer hospitalizado por las lesiones sufridas en un atentado armado ocurrido el 13 de enero, información que fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a Infobae Colombia.

En ese ataque, un menor de 11 años perdió la vida mientras el funcionario resultó gravemente herido. La agresión tuvo lugar en las inmediaciones del centro penitenciario.

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Desde la cuenta de la red social X del teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director general del Inpec, expresó sus condolencias por el desafortunado hecho.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del Subdirector del ERON Neiva, Coronel Renato Solano, tras los hechos de violencia ocurridos recientemente. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo en este difícil momento”.

Otro de los pronunciamientos lamentando lo ocurrido fue el de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios: “Desde la USPEC expresamos nuestro profundo sentimiento de condolencia por el fallecimiento del coronel (r) Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y al @INPEC_Colombia en este momento de dolor”.

Atentaron contra directivos del Inpec en Neiva

El atentado ocurrió en la mañana del martes 13 de enero, cuando el director de la cárcel de Neiva, Édgar Rodríguez, el subdirector Renato Solano Osorio y el hijo del director, un menor de 11 años, viajaban en un vehículo oficial. El ataque dejó herido al subdirector y provocó la muerte del menor, hijo de Rodríguez, lo que sacudió a la ciudad. El director resultó ileso.

El hecho ocurrió cerca de las 6:48 a. m., en la vía que une la capital del Huila con el municipio de Rivera, a la altura del cementerio Jardines del Paraíso. El vehículo fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon repetidamente, según confirmaron el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional.

“El subdirector del penal, Renato Solano Osorio, y el menor, hijo del director, fueron alcanzados por las balas durante el atentado”, detallaron ambos organismos a la prensa. El menor sufrió una herida en la cabeza y fue trasladado de urgencia a una clínica, donde los médicos no lograron salvarle la vida.

El Inpec confirmó mediante un comunicado oficial, difundido a las 10:11 a. m., el fallecimiento del niño. Mientras tanto, el subdirector permanecía bajo atención médica especializada.

El director del Instituto, coronel Daniel Gutiérrez, subrayó la gravedad del ataque y confirmó que las investigaciones están en marcha. “El Inpec trabaja con la Policía Nacional para esclarecer los móviles, sin descartar que el atentado esté relacionado con las funciones penitenciarias o un intento de hurto”, explicó el coronel Gutiérrez en declaraciones recogidas por los medios.

Las autoridades desplazaron personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que revisa las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El vicepresidente del Consejo de Juventudes del Huila, Darbinson Andrés, expresó su solidaridad en la red social X: “Rechazamos el atentado contra el director de la cárcel de Rivera. Toda nuestra solidaridad con nuestro amigo Edgar Rodríguez, quien se movilizaba junto a su hijo”.

El mando en la cárcel de Neiva había cambiado recientemente con la llegada de Édgar Rodríguez. En la región ya se habían registrado otros hechos violentos contra funcionarios penitenciarios, lo que ha encendido la alarma sobre la seguridad institucional en Huila.

La exposición de los funcionarios del sistema carcelario y sus familias quedó en evidencia, mientras continúa la atención médica a los heridos y avanza la investigación. Las inquietudes sobre la capacidad estatal para proteger a sus servidores públicos se reavivan, en medio de una creciente preocupación social.

El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de una explosión en un restaurante chino en la capital de Afganistán, que causó la muerte de al menos siete personas, entre ellas un ciudadano chino. La causa de la explosión aún se investiga, informaron las autoridades el martes.

El grupo militante informó en un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq el lunes por la noche que un atacante suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en la ciudad y detonó un chaleco explosivo durante una reunión. Añadió que 25 personas murieron o resultaron heridas en el ataque, incluidos guardias talibanes. Los detalles no pudieron ser verificados de forma independiente.

Las autoridades afganas no han confirmado oficialmente la causa de la explosión del lunes, y el portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, dijo el martes que todavía se estaba investigando.

La afirmación del EI coincidió en estilo con otras emitidas previamente por el grupo, y sus simpatizantes la difundieron ampliamente la madrugada del martes. La afirmación incluía una nueva amenaza contra ciudadanos chinos en Afganistán, vinculando el ataque con el trato que China da a los musulmanes uigures.

Si bien casi todos los países se retiraron de Afganistán tras la ofensiva talibán de 2021, que los condujo a la toma de Kabul, China ha mantenido una importante presencia económica en el país. Pekín aún no ha reconocido diplomáticamente al gobierno afgano, dirigido por los talibanes.

El martes, China aconsejó a sus ciudadanos que no viajen a Afganistán en el corto plazo después del bombardeo, y pidió a los ciudadanos y empresas chinas que ya están en el país que refuercen las medidas de seguridad y evacuen las zonas de alto riesgo.

“China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra todas las formas de actos violentos terroristas”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria en Pekín.

Indicó que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China insta a las autoridades afganas a “hacer todo lo posible para atender a los heridos, adoptar medidas eficaces para proteger la seguridad de los ciudadanos y proyectos chinos”, y a encontrar y castigar a los responsables.

El ataque ocurrió en un restaurante chino en el distrito de Shahr-e-Naw de la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran. Zadran declaró el lunes que el restaurante era propiedad conjunta de un afgano, un ciudadano chino y su esposa.

Zadran afirmó que un ciudadano chino y seis afganos murieron y varios más resultaron heridos. La explosión ocurrió cerca de la cocina del restaurante, añadió.

La organización benéfica italiana EMERGENCY, que gestiona un centro quirúrgico cerca del lugar, informó el lunes que recibió 20 víctimas de la explosión, incluidas siete personas que ya habían fallecido. El número de víctimas sigue siendo provisional, según la organización.

La televisora ​​estatal china CCTV informó que dos ciudadanos chinos resultaron gravemente heridos y un guardia de seguridad murió. Imágenes emitidas por la televisora ​​afgana Tolo News mostraron a gente corriendo por la calle mientras se elevaban columnas de humo y polvo.

El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, condenó la explosión, que atribuyó a una bomba, en un comunicado emitido por su oficina. Acusó al gobierno talibán de Afganistán de incumplir los acuerdos de alto el fuego, en particular los compromisos para impedir que grupos militantes utilicen territorio afgano para perpetrar ataques.

Sus comentarios se produjeron tras el anuncio de las autoridades tayikas de que guardias fronterizos abatieron a cuatro hombres armados que cruzaron al país desde Afganistán durante la noche. Las autoridades afganas afirmaron que los hombres eran narcotraficantes. Kabul ha reiterado que no permite que grupos militantes utilicen su territorio.

El grupo Estado Islámico ha estado detrás de algunos ataques en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021.

(con información de AP)

*Discurso completo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, pronunciado en la DAIA

Nos convoca hoy este homenaje por un nuevo aniversario del asesinato del Fiscal Federal, Natalio Alberto Nisman.

Pero este onceavo aniversario de su magnicidio no es un aniversario más.

Es un aniversario en el que la realidad mundial y nacional -me refiero concretamente a lo que se ha puesto al descubierto recientemente respecto del régimen totalitario de Chavez y Maduro en Venezuela y a lo que está pasando con el régimen teocrático de los ayatollah en Irán, con más las diferencias del alineamiento geopolítico de nuestro país al momento del asesinato de Nisman respecto del actual-, decía que esa realidad ha venido a reivindicar el trabajo de Alberto Nisman, han venido a poner en valor y en el lugar en el que debe estar su legado; ha venido a explicar también el propósito de aquello por lo que Alberto Nisman puso todo en riesgo hasta perder su propia vida.

Ese propósito del que hoy la mayoría de los argentinos en alerta somos atentos guardianes y férreos defensores en el escenario local e internacional, no es ni más ni menos que la lucha contra el terrorismo. La lucha contra quienes mediante el uso de la fuerza, el odio, la violencia y el temor pretenden imponer sus ideas, su pensamiento único y totalitario ya sea en materia política, ideológica o religiosa, desestabilizando las estructuras políticas y sociales básicas y fundamentales a través de acciones violentas que atentan directa e indiscriminadamente contra la vida, la libertad, la propiedad y la dignidad de las personas.

Ese propósito se trata entonces y en definitiva de la lucha contra el terrorismo en pos de la preservación de la humanidad.

Por eso, como lo dije en este mismo lugar, el año pasado al conmemorarse los 10 años de su fallecimiento, en mi opinión, el principal legado que el Fiscal Alberto Nisman y su muerte nos dejó es: que el odio ínsito en la matriz terrorista y el miedo que con sus acciones fomenta, no puede ni debe condicionarnos y mucho menos silenciarnos, como pretendieron hacerlo con su labor, su propósito y su razón hoy más presente y vigente que nunca. Aún cuando con su asesinato pensaron que lograrían silenciarlo y erradicar, con ello, para siempre los avances de su trabajo en pos del esclarecimiento del atentado terrorista que estaba investigando.

Todo lo contrario.

Su crimen provocó el inmediato repudio y reclamo de justicia de la comunidad toda, en el plano nacional e internacional. Fueron muchos los que salieron espontáneamente a expresarse en las calles, hasta llegar a aquella marcha de los paraguas bajo la lluvia torrencial en la ciudad, paradójicamente llamada desde la organización “marcha del silencio”. Digo paradójicamente, pues si bien es cierto que marchamos en silencio, por respeto al luto y a la memoria del fiscal fallecido, promoviendo así un espacio de reflexión por la tragedia sucedida, ese mismo silencio -muy distinto al que pretendieron imponernos con su asesinato- produjo un ruido ensordecedor, un ruido atronador.

A tal punto fue que, a los pocos días, la inmensidad del impacto social y político provocado por esa multitudinaria marcha derivó en un espasmódico discurso que muchos recordarán.

Discurso en el que, de un modo cuasi confesional se puso al descubierto el ánimo del gobierno de turno en ese momento de silenciar, por un lado, y condicionar en modo amenazante, por el otro, a todos los que nos animamos a marchar en reclamo por el esclarecimiento de la muerte del Fiscal. Sin acusar a nadie, sólo pedíamos una investigación seria e independiente.

No olvidemos las literales palabras pronunciadas en aquel febrero de 2015 en el Patio de Las Palmeras de la Casa de Gobierno con un dejo sentenciante, cuando en referencia a quienes marchamos se dijo: “A ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio … es o porque no tienen nada que decir, o porque realmente no pueden decir lo que piensan.”

Hoy a 11 años de aquellos hechos podemos afirmar que esa sentencia de pretenso silenciamiento -dada sin juicio previo- gracias a la sabiduría y valentía de la mayoría de los argentinos nunca llegó, nunca se concretó. Nunca nos quedamos con el silencio. Porque nos expresamos sin temor, sin miedos, sin condicionamientos de ninguna naturaleza.

Lo hicimos democráticamente, como corresponde, a través del voto en las urnas, eligiendo primero y reafirmando luego el apoyo, a un proyecto de gobierno que tiene bien en claro los valores que por sobre todas las cosas defendemos los argentinos y que, por ende, tiene bien en claro también de qué lado del mundo queremos estar.

Que indiscutidamente es del lado de los países que luchan por un mundo libre, que luchan por la preservación de la humanidad, reivindicando los valores de la vida y la libertad.

Es, sin duda, del lado de los países que coherentes con ello, no se asocian, no negocian, ni se alían con el terrorismo. Más aún, es del lado de todos aquellos países que accionan contra el terrorismo, contra todos aquellos regímenes de gobierno totalitarios que lo amparan y promueven.

Estado de las causas

Dicho esto y yendo concretamente a los aspectos que puntualmente el Licenciado Berenstein me transmitió que eran de interés abordar en este encuentro, esto es, conocer el estado de situación en el que actualmente se encuentran las investigaciones judiciales en pos del esclarecimiento del atentado terrorista sufrido contra esta sede de la AMIA-DAIA en 1994, de la denuncia de encubrimiento de ese atentado realizada por Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y del suceso que puso fin a la vida del Fiscal no puedo adentrarme en ello, sin antes señalar que:

En realidad, esos tres sucesos son la trilogía de una misma saga de matriz terrorista en tanto que, tal como lo dijo ya la justicia, el episodio culmine y estelar cuyo homenaje hoy nos ocupa: el asesinato del Fiscal Nisman sólo se explica comprendiendo los dos anteriores capítulos de esa trilogía, que son: 1) Su investigación del atentado terrorista del 18/7/1994; y2) Su denuncia por encubrimiento y traición a la patria a causa de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

“Una comprensión íntegra de los hechos exige su análisis conjunto, y no un examen aislado de los mismos”.

Causa AMIA

Sabemos que el 25/10/2006 Alberto Nisman, en cuanto fiscal exclusivamente a cargo de la responsabilidad del esclarecimiento de ese atentado terrorista designado a cargo de lo que se llamó la UFI AMIA en el año 2004, a 10 años de acaecido el atentado, presentó en la causa judicial, su acusación formal al gobierno de la República Islámica de Irán y señaló al grupo terrorista Hezbollah como la organización encargada de la ejecución material del atentado, solicitando así la captura internacional de ocho exfuncionarios iraníes.

Tres años después, estableció la identidad del jefe del grupo operativo que ejecutó el atentado, sobre quien también se dictó captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de Interpol.

El 29 de mayo de 2013, Nisman presentó otro dictamen en el que detalló la infiltración de células de origen iraní en la región y la instalación de estaciones de inteligencia y bases de espionaje destinada a cometer, propagar y fomentar atentados terroristas.

Podemos que hoy la causa AMIA se encuentra en condiciones de llevar a juicio oral y público de manera testimonial a aquellos acusados y esto es gracias a la flamante sanción y vigencia de la Ley 27.784, Ley de Juicio en Ausencia sancionada por el Congreso de la Nación en el mes de marzo de 2025 al aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Proyecto de Ley a cuyo impulso se había comprometido el Poder Ejecutivo en el comunicado emitido el año pasado al cumplirse los 10 años del asesinato del Fiscal Nisman.

Allí expresamente se dijo que “el Presidente Javier Milei reafirmaba su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, que asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes”.

Consecuente con ese compromiso asumido y demostrando que el esclarecimiento y condena a los responsables de aquel atentado es una verdadera política de Estado para este gobierno, se obtuvo en el mes de marzo del año pasado su aprobación en el ámbito legislativo.

Esta herramienta que era una deuda pendiente de la democracia con las víctimas y la sociedad, se trata de un instrumento, una herramienta procesal que permitirá juzgar a los iraníes y libaneses acusados por el Fiscal Alberto Nisman -allá por el año 2006-, sin que la reticencia de dichos acusados de presentarse ante la justicia de nuestros Tribunales pueda obstruir el pronunciamiento judicial al que tienen derecho las víctimas de conocer la verdad de lo sucedido y a sus responsables, ni garantizar su impunidad sine die, como así tampoco, frenar el avance de la investigación hacia el esclarecimiento de otros tramos de la organización, planificación y ejecución del hecho respecto de lo que fue la conexión local.

Efectivamente, el 26/6/2025, el juez federal, Daniel Rafecas declaró que el proceso judicial instruido por el ataque terrorista a la AMIA habrá de proseguir en ausencia de los acusados, con lo cual confirmó judicialmente la aplicación de la nueva legislación procesal que permite juzgar a personas rebeldes en causas de terrorismo o crímenes de lesa humanidad. En tal virtud, los imputados acusados por Nisman declarados rebeldes hace años, que se encuentran prófugos y que no han respondido a los pedidos judiciales ni a las órdenes de captura deberían ser prontamente llevados en forma testimonial a juicio oral y público por el Fiscal actualmente a cargo de la UFI AMIA, Sebastián Basso.

Denuncia de encubrimiento Memorandum

Con respecto a la causa judicial iniciada con motivo de la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman por los delitos de encubrimiento y traición a la patria con motivo de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán podemos decir que se encuentra también en la antesala del juicio oral y público con motivo de la decisión adoptada por la CSJN el 5/12/2024.

Luego de muchas idas y venidas, de más de 10 años de trámite en el que hubo todo tipo de pronunciamientos y posturas en las distintas instancias de la justicia, no olvidemos los primeros conflictos en los que se disputaban qué juez debía intervenir, luego la desestimación por inexistencia de delito inicialmente resuelta por el antes nombrado juez federal Daniel Rafecas, confirmada por la Cámara Federal, y que llevada a la instancia de Casación no pudo ser revisada dado que el fiscal de esa instancia, el Dr. Javier De Luca no mantuvo el recurso, no mantuvo la casación, intentando sellar con ello el archivo ese expediente. Luego el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 de CABA. La intervención de las Salas I y IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la situación.

Lo cierto y concreto es que de no haber sido por la acción e impulso de las querellas de la DAIA y de parte de los familiares de las víctimas del atentado Luis Cycewsky y Mario Averbuch esa denuncia no hubiera visto la luz y no hubiéramos llegado a esta instancia en la que desde el pasado 5/12/2024 en que la CSJN se pronunció –día del cumpleaños N.º 61 de AN– se encuentra esperando que se concrete el juicio oral y público capaz de definir la suerte de quienes orquestaron ese Pacto de Impunidad. Y del trabajo que, como dijo la justicia, le costó la vida al Fiscal.

Pacto de Impunidad con el que el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner intentó sustraer a los acusados del atentado terrorista más grave sufrido en Argentina de la soberanía de nuestros Tribunales de Justicia. Como se sostuvo en el comunicado de la oficina presidencial el año pasado “un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria”.

Recordemos que el art. 109 de la Constitución Nacional claramente establece que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes: la causa AMIA era una causa pendiente.

Así tenemos que hoy día la denuncia del Fiscal Nisman se encuentra esperando que en las áreas administrativas correspondientes del Poder Judicial se concrete la dotación de personal que los tres jueces de Tribunal Oral designados, Basso, Giménez Uriburu y Ríos han planteado que necesitan para poder llevar adelante el juicio.

Homicidio

Respecto de la muerte del Fiscal -como sabemos- la justicia argentina se pronunció hace ya algunos años afirmando lo que fue probado en el expediente judicial: y es que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio que estuvo íntimamente vinculado a su trabajo como fiscal a cargo de la UFI AMIA.

“Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI–AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán.” Sosteniendo a renglón seguido que se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron.

Su asesinato fue el final del silenciamiento que se intentó imponer a Nisman, ahora visto para atrás podríamos decir que fue la crónica de una muerte anunciada:En agosto y noviembre de 2012, recibió amenazas muy graves. En febrero de 2013, siguieron las amenazas.En julio de 2013. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó le negó a Nisman concurrir a la Subcomisión de Seguridad del Congreso de los EEUU a exponer sobre su investigación.

Buscaron silenciarlo de todas las formas posibles.

Hoy están imputados los responsables del encubrimiento de su asesinato la entonces fiscal Viviana Fein, el exministro de Seguridad Sergio Berni y su ex segundo Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler.

El fiscal Taiano a finales del año pasado pidió la indagatoria de Fein, nosotros la querella de la familia la habíamos recusado a los pocos meses del hecho sin éxito ante la Justicia.

Hoy día la investigación se centra fundamentalmente en determinar: los autores materiales e intelectuales de ese asesinato tomando como punto de partida la evidencia reconstruida a partir del tráfico de llamadas inexplicable durante todo ese fin de semana entre agentes de inteligencia, funcionarios del Poder Ejecutivo en particular del Ministerio de Justicia y de Seguridad y de altos funcionarios de la Procuración General de quien dependía funcionalmente Nisman y la Fiscal Viviana Fein quien tenía el deber de investigar aquella muerte de manera independiente, objetiva e imparcial.

Por todo lo hasta aquí dicho, podemos decir que hoy a 11 años del asesinato que conmovió al país y a la comunidad internacional podemos afirmar que estamos bastante más cerca de decir misión cumplida en el esclarecimiento de los tres sucesos y esto es muy importante.

Porque cuando un fiscal que investiga el terrorismo internacional y los entramados de corrupción estructural del poder político de turno que pretende encubrirlo, aparece muerto y 11 años después el Estado no ha dado aún respuestas definitivas, lo que está en crisis no es sólo una causa judicial: lo que queda bajo sospecha es la capacidad misma de la democracia para proteger a quienes cumplen con su deber funcional de investigar y llevar verdad y justicia a las víctimas de atroces atentados terroristas.

Por ello y con ello lo que está en juego, no es una historia personal, no es un tema individual de la familia de Alberto Nisman, ni de cada una de las familias de las víctimas de los atentados terroristas sufridos en nuestro país en los años ‘92 y ’94, sino que lo que está en juego es la fortaleza misma del Estado de Derecho.

Por ello debemos estar atentos y activos con nuestra participación para que ese historial de pretenso silenciamiento que caracterizó aquellos años de la historia reciente de nuestro país con esa tendencia a propagar mediante discursos de odio un pensamiento único y totalitario no vuelva. Sigamos alzando la voz en el reclamo de verdad y justicia en pos del esclarecimiento de estos tres hechos terroristas. Ellos definirán el futuro de nuestro país y su posicionamiento geopolítico a nivel mundial en materia de lucha contra el terrorismo.

De acuerdo con lo informado a través de sus redes sociales, Armonía 10 confirmó que fue víctima de un atentado mientras su unidad se encontraba estacionada en la zona. La detonación causó preocupación entre los vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades locales, según se desprende de los primeros reportes conocidos este lunes, 19 de enero.

La agrupación difundió un comunicado en el que detalló: “La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”. El mensaje buscó llevar tranquilidad respecto al estado de sus integrantes y recalcar la gravedad del episodio.

El texto publicado por Armonía 10 lamentó la repetición de estos actos violentos y llamó la atención sobre la situación de inseguridad que atraviesan distintos sectores en el país. “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas”, indicó la agrupación en su declaración oficial.

Este nuevo ataque se suma a otros hechos similares sufridos por la orquesta en el pasado y ha generado inquietud entre sus seguidores y el sector musical. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han reportado avances significativos en la investigación.

Marisol expresó su solidaridad con Armonía 10 de Walther Lozada

Una de las primeras artistas en pronunciarse fue Marisol. La líder de Marisol y La Magia del Norte, usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus colegas lamentando lo sucedido y llamando a las autoridades a hacer algo para mejorar la seguridad en nuestro país.

“A través de este medio quiero solidarizarme con mis hermanos y amigos de Armonía 10 de Walther Lozada, quienes fueron víctimas de un atentado en Trujillo mientras trabajaban”.

“Hasta cuándo vamos a vivir así, viendo como cada día la delincuencia se apodera de nuestro país y las autoridades sin hacer nada”, dijeron sobre el actuar de las autoridades.

En esa línea, confesó el miedo con el que vive su gremio cada vez que tienen que salir a una presentación, exigiendo medidas claras contra la delincuencia en el país. “Vivimos con el miedo de salir a trabajar y no saber si volvemos a casa. Estamos con ustedes”, finalizó.

Ya habían denunciado amenazas

En marzo de 2025, tras el asesinato de Paul Flores, conocido como ‘El Russo’ de Armonía 10, el mánager del grupo, Agustín Távara, confirmó que las amenazas y extorsiones contra la orquesta de Walther Lozada continuaron y se intensificaron.

Távara relató en entrevista que, desde el atentado a Flores, comenzaron a recibir mensajes violentos de extorsionadores.

El primer mensaje, fechado el 16 de marzo, advertía: “Te escribe el mostro, sabes que tu agrupación ya no va a ser la misma de antes, te vas a seguir lamentando porque voy a matar a otro cantante saliendo de su casa”. Según el representante, estas intimidaciones han mantenido a la agrupación en un clima de temor constante.

El 17 de marzo, otro mensaje llegó con tono desafiante, donde el extorsionador se atribuyó el asesinato de Flores y exigió “70 mil soles y una fecha por mes” para detener las amenazas. “Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate al cien conmigo”, advirtió el remitente, reafirmando el riesgo que enfrentan los integrantes del grupo.

En la madrugada del 18 de marzo, un supuesto miembro de “Los Injertos del cono norte” envió un nuevo mensaje, acompañado de un video del ataque sufrido por el bus de la orquesta. “Mira lo que acaba de pasar”, decía el mensaje, que también amenazaba con más muertes si no se retomaba el diálogo.

Estos hechos confirman que la orquesta ya había denunciado amenazas antes y después del asesinato de Flores, dejando claro el ambiente de inseguridad en el que trabajan los músicos de cumbia en Perú.

Lima, 15 ene (EFE).- Rafael Belaúnde, el candidato presidencial peruano que fue tiroteado en diciembre por delincuentes, aseguró este jueves que las investigaciones oficiales confirman que fue víctima de un atentado de la criminalidad común vinculado a su actividad empresarial, algo que dice que se ha vuelto "cotidiano" en el país, por lo que llamó a empoderar a la Policía y las Fuerzas Armadas.

El candidato del partido centroderecha Libertad Popular, nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), convocó una rueda de prensa en la capital para exponer el informe policial que confirma que sufrió un atentado el 2 de diciembre en el distrito de Lima de Cañete, después de que surgieran burlas y cuestionamientos sobre el ataque.

"Perú no puede vivir arrinconado por la extorsión y el sicariato. Perú no puede estar a merced de los delincuentes y para eso, la salida es empoderar a los profesionales de la materia, que son los miembros de la Policía Nacional del Perú, los miembros de las Fuerzas Armadas", afirmó el empresario, dedicado a los proyectos inmobiliarios.

Explicó que aún no hay detenidos por el ataque, en el que dos personas en una motocicleta le abordaron cuando viajaba solo a unos terrenos y le dispararon al parabrisas, a lo que el candidato respondió de la misma forma, ya que portaba un arma y posee una licencia desde hace 25 años.

Agregó que el móvil del atentado no está claro y las autoridades barajan dos hipótesis, una vinculada a su actividad empresarial en la construcción, donde se dan casos de extorsión y sicariato (asesinato por encargo), y la segunda, menos válida en su opinión, la relaciona a su actividad política y sus denuncias para combatir la minería ilegal.

"Lo lamentable es que estos incidentes en Perú se han normalizado. Esto que me ha ocurrido a mí, le ocurre al bodeguero, le ocurre al panadero, le ocurre al boletero (cobrador de transporte). Claro, no todos tienen un arma de fuego para repeler un asalto hacia su integridad, pero esto ocurre cotidianamente", dijo Belaúnde desde una de las sedes del partido, en el distrito de Lince.

Apuntó que tomar en broma o minimizar este incidente, como se ha visto en redes sociales y algunos medios de comunicación, es una falta de respeto hacia los peruanos que sufren este tipo de ataques.

Acompañado por miembros en activo y retirados de la Policía Nacional de Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas aseguró que lo que le ha ocurrido es un llamado a la reflexión.

"Este incidente, si bien no ha cambiado mi parecer de que la inseguridad es el principal flagelo (en Perú), sí ha cambiado la intensidad y determinación que vamos a poner para resolver este problema", dijo.

El candidato señaló que, parte de su propuesta electoral para combatir este problema, es la creación de un espacio común para la Policía, fiscales, jueces y representantes de empresas de telecomunicaciones y bancos para desarticular a las bandas de extorsión.

"Es absolutamente factible en 100 días tener resultados radicales y favorables en contra de la situación", afirmó al añadir que el presidente del país debe asumir de forma activa su rol como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El atentado que sufrió la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, a fines de septiembre de 2025 conmocionó al sistema político. Fue en la madrugada de un domingo que los delincuentes llegaron a su casa, vestidos de negro, con guantes y capuchas. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron hasta la vivienda de Ferrero. Dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio.

Desde el primer momento, las hipótesis de los investigadores apuntaban a una persona: la principal sospecha era que Sebastián Marset estaba detrás de este ataque.

La investigación ha avanzado y los policías recolectan pruebas para vincular a este narcotraficante prófugo de la Justicia –que se convirtió en uno de los más buscados de la región– con el atentado que sufrió Ferrero. Hasta el momento hay siete imputados por este episodio y se mantiene prófugo un hombre que está identificado y que los investigadores saben que ha viajado a Argentina varias veces, informó El Observador.

Además, según la información de este medio, los investigadores ya no tienen dudas de que el autor intelectual del atentado fue Marset.

Quien lideró el ataque fue un ex policía, de 55 años, que conoce a Marset y tiene trato con él. Otro de los vinculados con este episodio fue quien viajó a Bolivia y trajo la granada que fue lanzada en el patio de Ferrero y que, según el relato que hizo ella, por 15 centímetros no la mató. El hijo tiene 28 años y es Daniel Galarza.

A inicios de enero se realizó una audiencia en la que se extendió la prisión preventiva sobre ellos por 60 días más.

Ambos fueron imputados el 8 de octubre. El hijo por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago con prisión preventiva hasta el 7 de abril. Al padre, en tanto, se lo imputó por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada. El arma que se disparó en el patio de la fiscal era la que utilizaba como policía.

El relato de la fiscal en primera persona

Cuando la fiscal de Corte uruguaya fue al Parlamento a hablar del Presupuesto nacional, relató lo que le tocó vivir en la madrugada del 28 de setiembre en su casa. Lo definió no solo como un ataque a su persona sino también como un “mensaje terrorífico” para todo el Estado.

Ferrero pidió prestarle atención al flagelo del narcotráfico, e instó a los legisladores a que miren lo que sucede en Río de Janeiro y en Ecuador, donde se han matado una “gran cantidad de fiscales”. Y enseguida habló de lo que le pasó: “¡Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros!”. La fiscal general contó que existe un informe que muestra que por poco una esquirla no le quitó la vida.

El atentado a la casa de la máxima autoridad de Fiscalía fue un “mensaje” para ella, pero no solo: también hacia afuera. Fue la forma que encontró el crimen organizado de mostrar de lo que es capaz. Y fue un mensaje que llegó porque desde organismos internacionales se comunicaron con Ferrero para profundizar en su situación.

El ingreso por las azoteas de los vecinos a la casa de Ferrero fue planificado. “A mí me empezaron a seguir el 11 de septiembre y lo hicieron hasta el 28 de ese mes. Todos esos días estuvieron siguiéndome, con o sin custodia. Convengamos una cosa: por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual”, narró Ferrero.

Un atentado armado en la vía entre Neiva y Rivera dejó como saldo la muerte de un niño de 11 años, hijo de Édgar Rodríguez, director de la cárcel de Neiva, y heridas graves al subdirector del penal, el coronel retirado Renato Solano Osorio.

El ataque, perpetrado a las 6:53 a. m. del martes 13 de enero de 2026, ocurrió cuando un motociclista interceptó el vehículo en el que se desplazaban el director, su hijo y el subdirector, abriendo fuego en al menos seis ocasiones.

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El menor, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado al Hospital Universitario Hernando Moncaleano, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

El subdirector permanece bajo atención médica, tras recibir dos disparos, uno en el abdomen y otro en el tórax. Tanto Rodríguez como el conductor del automóvil resultaron ilesos.

Pronunciamiento de Juan Manuel Galán: “Son la consecuencia de fallas repetidas”

Tras lo anterior, el exsenador y líder del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán criticó duramente la respuesta estatal tras el atentado en Neiva, que dejó un niño muerto y puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema de protección oficial.

A través de un mensaje en la red social X, Galán afirmó: “La tragedia de Neiva expone la fragilidad del sistema de seguridad y protección del Estado”.

El pronunciamiento llegó luego de conocerse el ataque armado contra el director de la cárcel de Neiva y su familia, hecho que ha generado conmoción nacional. Galán advirtió que “funcionarios amenazados, familias sin garantías y un niño asesinado son la consecuencia de fallas repetidas” y sostuvo que la situación “no se resuelve con comunicados”.

El líder político reclamó acciones concretas: “Se necesita inteligencia real, protección efectiva a servidores en riesgo y control serio al crimen organizado”. Galán concluyó: “Un Estado fuerte no reacciona tarde: previene y protege”.

Esto dijo el Inpec sobre este atentado

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) condenó el hecho mediante un comunicado y solicitó a las autoridades dar con los responsables, reiterando el llamado al respeto por la vida.

El atentado ha generado consternación en la región y reavivó la preocupación por la creciente crisis de seguridad que atraviesa Colombia.

La Policía Nacional informó que dos hombres en motocicleta participaron en la emboscada y, tras perpetrar el ataque, huyeron del lugar.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información útil para identificar a los autores del crimen. De inmediato, se activó un plan candado con la colaboración del Ejército, Fiscalía, CTI y Sijín, quienes adelantan operativos, recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad de la zona.

El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, presidió un consejo de seguridad extraordinario, anunció la creación de un equipo especial de investigación y programó seguimientos periódicos sobre el caso.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, instó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial con la línea 123, resaltando el compromiso de las autoridades para esclarecer el ataque y restablecer la tranquilidad en el departamento.

Tras el atentado contra directivos de la cárcel de Rivera, las autoridades establecieron un plan de cierre en la zona para facilitar la búsqueda de los responsables.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, expresó solidaridad con las víctimas y afirmó que no existían reportes previos de amenazas contra el director del penal.

Miguel Uribe Londoño y Andrés Forero mostraron su indignación por atentado en Neiva, donde murió niño de 11 años

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, condenó el asesinato del niño de 11 años durante el ataque armado dirigido al director de la cárcel de Neiva.

Desde su cuenta en X, calificó el hecho como “una barbarie que indigna y duele a todo el país” y afirmó: “Matar a un niño es cruzar cualquier límite”.

Uribe Londoño exigió una respuesta contundente del Estado ante lo que calificó como terrorismo.

Por su parte, el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, expresó su rechazo en redes sociales con un mensaje breve: “Mataron a un niño. Desalmados”, reflejando el clima de indignación nacional.

Según relataron testigos a Latina Noticias, alrededor de las 10:00 de la noche, sujetos desconocidos dejaron un explosivo casero debajo de una de las unidades que esperaba pasajeros en el paradero Chaperito. El conductor del vehículo afectado se encontraba fuera de la unidad, aguardando que se complete el aforo para iniciar su recorrido, cuando escuchó una fuerte detonación.

En un primer momento, al ver el humo, el chofer creyó que había reventado una llanta. Sin embargo, minutos después advirtió que había sido víctima de un ataque con un artefacto explosivo. Producto de la detonación, resultó herido en las piernas por las esquirlas.

Dentro de la unidad había aproximadamente nueve pasajeros, entre ellos una mujer embarazada, quienes fueron evacuados de inmediato. El estallido generó una intensa humareda y fragmentos que alcanzaron tanto a los ocupantes del vehículo como a personas que se encontraban en los alrededores.

“Me cayeron unas esquirlas en la pierna. Viéndolo bien, eso fue un explosivo”, precisó el conductor, quien subrayó que una tragedia mayor se evitó porque el fuego no alcanzó el combustible de la unidad.

Miedo, extorsión y necesidad de seguir trabajando

Tras el atentado, los cinco heridos fueron trasladados al hospital de Collique para recibir atención médica. Según testimonios recogidos en la zona, los transportistas del paradero vienen siendo víctimas de constantes amenazas extorsivas por parte de distintas bandas criminales. Incluso, horas antes del ataque, uno de los conductores había recibido un manuscrito con amenazas.

El conductor afectado reconoció el temor constante con el que salen a trabajar. “Claro, como cualquier transportista”, expresó al ser consultado sobre el riesgo que enfrenta. Pese al miedo, sostuvo que la necesidad económica lo obliga a continuar laborando. “Uno vive del transporte. Por un tiempo puedo dejarlo, pero más es la necesidad que el miedo”, afirmó.

Paro de transportistas

Los gremios de transportistas anunciaron un paro total para el miércoles 14 de enero como medida de protesta frente a la persistente ola de criminalidad que afecta al sector en Lima y Callao. Según los organizadores, más de 320 empresas suspenderán completamente sus operaciones durante 24 horas, lo que implicará la paralización de más de 22.000 unidades, entre buses, cústers y combis.

La jornada de protesta incluirá movilizaciones en principales vías de la capital, como la Panamericana y zonas de San Juan de Lurigancho, bajo la modalidad denominada “hombre-máquina”, en la que conductores y vehículos participan de manera conjunta. Los transportistas sostienen que la medida responde a los constantes casos de extorsión, sicariato y cobro de cupos, así como a la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado para frenar estos delitos. De acuerdo con el sector, en lo que va del año se han registrado hasta 10 ataques contra unidades del servicio público.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, aseguró que el 100 % del transporte formal acatará el paro y señaló que existe un reclamo unificado del sector. Entre las principales demandas figuran mayor presencia policial en horarios críticos, la reglamentación de la Ley N.° 32.490, que contempla apoyo a familiares de choferes asesinados, y el cumplimiento efectivo de la prohibición de dos personas en motocicleta.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó este miércoles que el atentado antisemita que ocurrió el 14 de diciembre pasado en la playa de Bondi, en Sídney, representó una “dura prueba” para el país.

Un mes después del ataque, que dejó 15 muertos durante la celebración de la festividad judía de Janucá, el gobierno australiano estableció una comisión real para investigar posibles fallos de la Policía y analizar el fenómeno del antisemitismo en la sociedad.

“Hoy se cumple un mes desde el devastador ataque terrorista antisemita en Bondi Beach. El último mes ha sido una dura prueba para nuestro carácter nacional y, como siempre, los australianos han respondido con lo mejor de nuestra identidad: trabajando juntos y cuidándose unos a otros”, expresó Albanese a través de la red social X.

La comisión real, anunciada la semana pasada por el jefe de Gobierno, tendrá la tarea de “examinar las circunstancias que rodearon el ataque terrorista” y deberá presentar su informe antes del 14 de diciembre próximo. El primer ministro señaló que el organismo está llamado a “abordar el antisemitismo, investigando su naturaleza y prevalencia, y examinar los factores clave en Australia, incluyendo el extremismo religioso y motivado”.

La investigación creada por el gobierno australiano funcionará de forma independiente y no interferirá con la investigación judicial en curso. Según detalló Albanese, este organismo deberá presentar recomendaciones para fortalecer la cohesión social en Australia y proponer medidas a las agencias de seguridad para combatir el antisemitismo.

El anuncio de la comisión se produjo diez días después de que Albanese aprobara una revisión independiente, a cargo del ex jefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO), Dennis Richardson, orientada a determinar si la Policía pudo haber evitado el ataque.

A diferencia de la revisión independiente, la comisión real operará bajo un mecanismo más transparente, con audiencias públicas y la facultad de obligar a personas a declarar bajo juramento, bajo amenaza de sanciones o encarcelamiento, conforme a la legislación australiana.

Albanese también busca endurecer las leyes de armas tras el tiroteo masivo. “El gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias, incluida la necesidad de leyes de armas más estrictas”, declaró el primer ministro ante la prensa.

De acuerdo con la Policía, los tiradores, un padre y su hijo, abrieron fuego contra la multitud que participaba en la festividad. Las autoridades confirmaron que el padre, de 50 años, tenía licencia para poseer seis armas de fuego, que se habrían utilizado en el ataque, y reabrió el debate sobre la normativa local de portación.

El jefe del Ejecutivo indicó que presentará las reformas en la reunión del Gabinete Nacional, que agrupa a los primeros ministros estatales y que estaba prevista para la tarde del lunes. El objetivo del encuentro es evaluar posibles cambios en las regulaciones existentes y coordinar posiciones entre los diferentes niveles de gobierno.

Durante sus declaraciones, Albanese subrayó la necesidad de revisar el sistema de licencias. “La gente puede radicalizarse con el tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas”, afirmó. La revisión de la duración y las condiciones de los permisos para la tenencia de armas de fuego se posicionó así como uno de los ejes principales del debate oficial tras el ataque.

(Con información de EFE)

Un ataque armado dirigido contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Neiva, Huila, dejó como saldo la muerte de un niño de 11 años, hijo del director del penal, y graves heridas al subdirector del centro de reclusión.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Estado la adopción de “medidas inmediatas y efectivas de protección para los servidores del sistema penitenciario y sus familias”, según expresó en un comunicado oficial tras los hechos ocurridos la mañana del 13 de enero del 2025.

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El atentado se produjo aproximadamente a las 6:48 a. m. en la vía entre Neiva y Rivera, a la altura del cementerio Los Olivos. De acuerdo con la información brindada, el vehículo en el que se desplazaban Édgar Rodríguez, director del Establecimiento de Mediana Seguridad, su hijo de 11 años y el subdirector Renato Solano Osorio fue interceptado por dos sicarios en motocicleta.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil. El menor recibió una herida de bala en la cabeza, mientras que el subdirector resultó gravemente herido.

El director Rodríguez no sufrió heridas físicas. El menor fue trasladado de urgencia a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento más tarde. El subdirector permanece bajo atención médica especializada.

Una cadena de ataques contra el personal penitenciario

La Defensoría del Pueblo advirtió que el atentado en Neiva “no puede ser entendido como un caso aislado”, sino que se suma a “una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del INPEC en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena”.

El organismo estatal insistió en que “la persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección” implementadas hasta la fecha. Desde octubre de 2025, la Defensoría ha solicitado al Ministerio de Justicia y del Derecho una evaluación integral de las condiciones laborales y de seguridad del personal del sistema penitenciario, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la revisión de perfiles de riesgo.

En el documento oficial, la entidad reiteró: “Quienes cumplen esta labor esencial para el Estado y la sociedad lo hacen en contextos de alto riesgo, expuestos a amenazas y agresiones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida e integridad, así como la de sus familias”.

Exigencias de la Defensoría y despliegue institucional

Frente a la gravedad de lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo formuló un llamado puntual a las autoridades competentes:

• A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante investigaciones “prontas y eficaces que permitan esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”.
• A las autoridades nacionales y territoriales, para que “adopten de manera inmediata medidas efectivas de protección para las y los servidores del sistema penitenciario y sus familias”.
• Al Gobierno nacional, para que fortalezca de forma integral “las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión”.
• A priorizar el diseño e implementación de una política robusta de protección a la vida e integridad del personal penitenciario y administrativo del Inpec.

El comunicado también señala: “Este llamado, hoy, adquiere una dolorosa vigencia y urgencia”.

Acompañamiento y atención a las víctimas

La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Huila, informó que está brindando acompañamiento institucional a las familias afectadas y siguiendo la actuación de las autoridades en el marco de sus funciones constitucionales. El comunicado subraya que el objetivo es “garantizar una atención adecuada y protección de los derechos de los afectados”.

Además, el organismo hizo énfasis en que “la humanización del sistema penitenciario y carcelario no puede circunscribirse únicamente a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad”, sino que “el Estado colombiano tiene también el deber ineludible de proteger la vida, la integridad y la dignidad de quienes, desde el servicio público penitenciario, cumplen la misión de custodiar, resocializar y garantizar el orden en los centros de reclusión”.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad y acompañamiento a los padres y familiares del niño, cuya vida fue arrebatada de manera violenta, así como a la familia del subdirector herido. Compartimos su dolor y nos unimos al llamado por verdad, justicia y garantías de no repetición”, concluyó el comunicado oficial.

Comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo tras atentado en Neiva by yospina

Medidas de investigación y seguridad en la región

Las autoridades desplegaron personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para recolectar pruebas y revisar grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, con el fin de identificar a los responsables. El Inpec y la Policía Nacional trabajan de manera conjunta en el esclarecimiento de los móviles del ataque, sin descartar vínculos con las funciones penitenciarias de las víctimas.

El ataque ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios en Huila y otras regiones del país, donde se han registrado incidentes previos de violencia contra este sector. La situación mantiene bajo presión a las autoridades, que continúan con la investigación y el acompañamiento a los afectados.

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del fallecido Miguel Uribe Turbay, se pronunció en sus redes sociales sobre la muerte del pequeño de 11 años que fue asesinado cuando se movilizaba con su padre, el director de la cárcel de Neiva, en medio de un ataque armado.

En su cuenta de X escribió que “el atentado contra el director de la cárcel de Neiva y el asesinato de su hijo de apenas 11 años es una barbarie que indigna y duele a todo el país”.

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Aseguró que “matar a un niño es cruzar cualquier límite. Esto no es delincuencia común: es terrorismo puro. El gobierno debe responder con toda su fuerza y sin titubeos. Colombia no puede normalizar el horror. Hagamos que vuelva la seguridad”.

El ataque ocurrió en la madrugada del martes 13 de enero de 2026. Las víctimas del ataque fueron el director de la prisión, Enrique Rodríguez, y el subdirector, Renato Solano. El menor de 11 años, hijo de uno de los funcionarios, perdió la vida debido a las heridas sufridas.

A su vez, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), bajo la dirección del coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que colabora con las autoridades locales para esclarecer los motivos y circunstancias del atentado.

Indicaron que el objetivo principal es determinar si la agresión tiene vínculo directo con las responsabilidades que ambos funcionarios ejercen en la dirección y subdirección del centro de reclusión.

Así fue el ataque sicarial contra el director de la cárcel de Neiva

El hecho violento ocurrió en la vía que conecta Neiva con el municipio de Rivera, departamento del Huila, cuando un motociclista interceptó el vehículo institucional —en el que se movilizaban los funcionarios con el menor— y disparó en al menos seis ocasiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el niño recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras el subdirector Solano resultó herido por dos disparos, uno en el abdomen y otro en el tórax. Rodríguez y el conductor del vehículo salieron ilesos.

“Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la capital huilense quienes reciben atención médica a esta hora”, informó el Inpec.

El organismo confirmó horas después que el menor falleció en el centro médico. “Desde el Inpec hacemos un llamado al respeto por la vida y pedimos a las autoridades dar con los responsables de este lamentable hecho”, manifestó la entidad en un comunicado.

El caso ha generado conmoción tanto en la ciudad como en el sector penitenciario.

Colombia atraviesa una aguda crisis de seguridad, un problema que la última encuesta de Invamer Poll ubicó como la principal preocupación para el 36% de los ciudadanos.

“La seguridad es el principal problema de Colombia”, señala el sondeo citado por La Silla Vacía. El atentado contra los funcionarios y el niño se suma a una serie de hechos violentos recientes que han elevado la percepción de inseguridad.

Las autoridades locales y nacionales se encuentran en la búsqueda de los responsables del ataque, mientras el Inpec reiteró la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad para sus funcionarios.

El caso continúa bajo investigación y ha reactivado el debate sobre la protección de quienes ejercen funciones en el sistema penitenciario colombiano.

El exgobernador del Huila Carlos Julio González Villa comentó en sus redes sociales: “Rechazo de manera contundente el vil y cobarde atentado perpetrado contra el director y el subdirector de la cárcel de #Neiva, un hecho de violencia que segó la vida de un niño inocente, Ismael, cuya muerte nos duele y nos indigna como sociedad. La violencia no puede seguir arrebatando sueños ni dejando un dolor tan profundo en las familias huilenses. Mi solidaridad sincera con el doctor Edgar Rodríguez, su esposa y sus seres queridos. Acompañamos su dolor y elevamos una voz de fortaleza y consuelo en este momento tan difícil. La vida de nuestros niños debe ser sagrada y protegida. Exigimos que este crimen no quede en la impunidad”.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien se encontraba presente en el momento del atentado, solicitó en un mensaje difundido en redes sociales que las Fuerzas Armadas custodien el material electoral en el Consejo Nacional. Zambrano advirtió sobre la posibilidad de que integrantes del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) intenten retirar y retener las urnas para un nuevo conteo voto por voto en el Congreso, procedimiento que calificó como totalmente ilegal, añadiendo que la ciudadanía ya decidió quién debe ocupar la Presidencia, refiriéndose a Nasry Asfura. Este incidente se enmarcó en una jornada de fuerte tensión política durante la convocatoria a una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional.

Según informó el medio Tiempo, la diputada Gladis Aurora, representante del Partido Nacional de Honduras, resultó herida la tarde del jueves a las afueras de la sede legislativa en Tegucigalpa, luego de que le alcanzara un presunto artefacto explosivo. El ataque provocó que la diputada sufriera lesiones en la cabeza y en el cuello, además de problemas auditivos. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación, aunque en condición estable, detalló tiempo.hn.

De acuerdo con la información reunida por Tiempo, el incidente ocurrió justo antes del inicio de la mencionada sesión extraordinaria, mientras Zambrano realizaba declaraciones a la prensa. En ese mismo espacio se aglomeraban simpatizantes de LIBRE que exigían un recuento voto por voto de las actas de las elecciones efectuadas el 30 de noviembre. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que el artefacto explosivo habría sido arrojado desde el edificio donde anteriormente funcionaban las oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cercano al Congreso.

El Partido Nacional de Honduras comunicó a través de un pronunciamiento público que considera el suceso como una “agresión directa contra una mujer investida de autoridad, contra la institucionalidad democrática y contra la convivencia pacífica del país”. Afirmaron en su comunicado que la violencia política es inadmisible y solicitaron el “cese inmediato de la violencia promovida y alentada” por el partido oficialista LIBRE. Además, exigieron una “investigación exhaustiva e inmediata para identificar y llevar ante la justicia al autor material e intelectual” del atentado.

La organización opositora también instó a las autoridades a asegurar “la seguridad plena en todos los recintos del Estado” y a garantizar la protección de los funcionarios y servidores públicos. Al mismo tiempo, subrayaron la importancia de que se respete el orden constitucional y se asegure una transición pacífica entre las distintas instituciones del país.

En respuesta al ataque, el Ejército reforzó la seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional, según consignó Tiempo, a fin de prevenir nuevos incidentes o altercados durante el desarrollo de las actividades legislativas en medio de un ambiente social tenso. Por su parte, la Policía Nacional difundió imágenes de los dos principales sospechosos involucrados en el ataque contra la diputada Gladis Aurora y ofreció una recompensa de hasta 30.000 lempiras a quienes aporten información clave para su localización y detención.

El presidente electo de Honduras también se pronunció frente al atentado y, consultado por Tiempo, declaró: “Hay una elección clara, un nuevo presidente y un nuevo Congreso, y todos debemos respetar la ley y trabajar en paz”. Además, condenó este tipo de conductas y enfatizó que resulta necesario evitar que hechos violentos como el ocurrido vuelvan a repetirse en Honduras.

La tarde del ataque coincidió con el aumento de la presencia de seguidores del partido LIBRE en la zona, quienes demandaban la revisión detallada de las actas electorales tras las recientes elecciones generales. La situación derivó en momentos de agitación que precedieron al estallido del artefacto y, tras los hechos, el ambiente en los alrededores del Congreso Nacional se mantuvo bajo vigilancia militar.

El caso ha activado la rápida actuación de distintas instituciones estatales. Según lo informado por Tiempo, tanto las fuerzas policiales como las militares mantienen dispositivos de seguridad en puntos estratégicos próximos al Congreso y otros edificios oficiales, a fin de evitar cualquier escalada de violencia y salvaguardar el proceso de transición institucional que continúa tras los comicios de noviembre.

Por estas razones, las autoridades hondureñas enfrentan el reto inmediato de esclarecer las circunstancias del atentado contra la diputada Gladis Aurora, localizar a los responsables y restaurar un clima de paz durante el periodo de transición política, como lo manifiestan las múltiples declaraciones y acciones difundidas por el medio Tiempo.

Los efectivos policiales y militares se apostaron en el exterior del Parlamento, donde un reducido grupo de personas, al parecer activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), coreaban la consigna "voto por voto".

La diputada López, quien resultó con lesiones visibles, sangrando en la espalda y en la cabeza, está fuera de peligro, según fuentes cercanas a ella que la trasladaron a un centro médico privado de la capital hondureña.

Los manifestantes acudieron a un llamado que hizo el presidente del Parlamento, Luis Redondo, al "pueblo hondureño", para "ser testigo directo en un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas" en las elecciones del 30 de noviembre, al pedir que se revisen casi 20.000 juntas receptoras de votos, después de definir los resultados de los comicios de "golpe de Estado electoral".

"No se trata de ideologías ni de partidos, se trata de respetar el voto del pueblo, de cumplir la Constitución y de garantizar que cada voto sea contado", indicó Redondo en un mensaje en la red social X.

Ante el llamamiento que hizo Redondo, los jefes de bancada de los principales partidos de la oposición, Nacional y Liberal, le pidieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que reforzaran la seguridad del Parlamento.

Las bancadas de oposición en el Parlamento acusaron del incidente violento de hoy a Redondo y el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien además es el esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Hasta antes del incidente, la Policía Nacional tenía 150 elementos brindando seguridad en el Parlamento, según indicó a periodistas uno de sus oficiales.

Añadió que se ha iniciado una investigación con tres equipos y que lo ocurrido "no se previó".

López y otros diputados estaban frente a un ascensor en la parte posterior del Parlamento, acompañando al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

"¿Por qué no entran (en el Parlamento)?", preguntaron periodistas a López y a una compañera. Y cuando la diputada pronunciaba aparentemente un "cerraron", el artefacto, proveniente del exterior del recinto, le explotó en la espalda, según las imágenes difundidas de lo sucedido.

Redondo, quien es militante de Libre y no fue reelegido como diputado ante el Parlamento en las elecciones generales del 30 de noviembre, no reconoce los resultados de las elecciones que, el 30 de diciembre, terminó de brindar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Antes, el 24 de diciembre, el CNE dio a conocer los resultados de la fórmula presidencial, declarando presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura, según el CNE, ganó con el 40,26 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,54 %; mientras que la candidata del Libre, Rixi Moncada, quedó en el tercer puesto con el 19,19 %.

Las declaraciones posteriores a los interrogatorios revelaron que el plan de ataque se diseñó desde el extranjero y que los implicados en la operación mantenían vínculos con un grupo relacionado con el Ejército de Liberación Baluche (BLA), responsable en los últimos años de múltiples atentados en Pakistán. De acuerdo con el diario 'Dawn', las autoridades paquistaníes frustraron esta tentativa de atentado en Karachi después de interceptar un camión que transportaba material explosivo, lo cual permitió evitar una acción considerada como un intento directo de desestabilizar la seguridad nacional.

Según informó el medio 'Dawn', el operativo fue realizado por el Departamento Antiterrorista de Sindh, con participación activa de distintos cuerpos de seguridad. El subinspector general de ese organismo, Ghulam Azfar Mahesar, explicó que el dispositivo tuvo como resultado la detención de tres sospechosos y la incautación de dos toneladas de explosivos, junto con artefactos y detonadores. Mahesar precisó además que tres o cuatro personas consiguieron huir del lugar, por lo que se desplegó un dispositivo especial para localizarlos y capturarlos.

El responsable policial remarcó que la organización del ataque fue planificada íntegramente fuera de las fronteras de Pakistán. Durante el operativo, los agentes secuestraron un camión cargado con aproximadamente 2.000 kilogramos de explosivos, además de diversos artefactos y material detonante. 'Dawn' reportó que la operación no solo evitó que el material fuese empleado en un atentado de grandes proporciones, sino que posibilitó la apertura de nuevos procesos de investigación sobre las redes logísticas y los facilitadores involucrados.

Mahesar indicó, según publicó 'Dawn', que los interrogatorios a los detenidos permitieron identificar plenamente la filiación del grupo al que pertenecen, enfatizando la conexión con el BLA, una organización separatista que suele operar en la zona occidental del país, especialmente en la provincia de Baluchistán. El BLA ha sido señalado por las autoridades como responsable de numerosas acciones armadas y atentados contra diferentes objetivos estatales y civiles en los últimos años, lo que ha situado a dicho grupo en el centro de la agenda de seguridad en Pakistán.

El jefe del Departamento Antiterrorista agregó que, como resultado de la información recolectada, se logró identificar a varios de los facilitadores e involucrados en la planificación de estos actos. Sin embargo, Mahesar no detalló el número exacto de personas implicadas, ni confirmó si se encuentran actualmente dentro del país o en el extranjero. Según consignó el medio 'Dawn', este caso ha llevado a las autoridades a reforzar la cooperación entre agencias para rastrear y evitar futuras actividades de células armadas que operan respaldadas por actores externos.

El grupo Ejército de Liberación Baluche, tal como recordaron fuentes citadas por 'Dawn', mantiene una postura separatista y se ha atribuido la autoría de decenas de ataques realizados en los últimos años contra fuerzas de seguridad e infraestructuras estatales, especialmente en Baluchistán. Organismos de inteligencia y autoridades pakistaníes asocian al BLA con operaciones financiadas y planificadas fuera de las fronteras nacionales, lo cual dificulta la labor de prevención y respuesta ante nuevas maniobras de este tipo.

Durante el despliegue policial en Karachi, la incautación del camión evitó el desplazamiento del material letal hacia otros puntos que podrían haber estado previstos como destino final de la operación. Las fuentes policiales, recogidas por 'Dawn', subrayaron que la cantidad de material explosivo incautado hubiera tenido el potencial de provocar daños significativos si se hubiese llegado a emplear en un ataque coordinado en una zona poblada. Esta incautación representa una de las mayores en la región en los últimos meses, resaltando el nivel de preparación y recursos al que acceden ciertos grupos armados en el país.

Desde Pakistán se mantiene un despliegue reforzado en Karachi y otras zonas estratégicas tras la operación, mientras prosiguen las labores de búsqueda para dar con los sospechosos que escaparon durante el operativo. Las investigaciones se centraron también en analizar las rutas de entrada del material explosivo y los puntos de contacto entre los miembros de la célula armada y sus vínculos con el exterior, detalló 'Dawn'.

Las autoridades esperan que la información obtenida durante los interrogatorios, así como el análisis de los dispositivos y materiales recuperados, permita avanzar en la desarticulación de otras células afines que puedan estar operando tanto en Karachi como en otras regiones. La operación ha sido destacada, según informaciones de 'Dawn', como un ejemplo del tipo de amenazas que enfrenta Pakistán por parte de grupos separatistas con respaldo y planificación internacional, así como de la coordinación entre los diferentes organismos de seguridad a la hora de responder a estos desafíos.

Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un posible ataque terrorista en la localidad de Mint Hill, en Carolina del Norte, durante la víspera de Año Nuevo, según informó el director del FBI, Kash Patel, a través de una publicación en la red social X. Patel detalló que el operativo permitió detener a un individuo de 18 años identificado como Christian Sturdivant, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría actuado inspirado por el Estado Islámico (EI) y había jurado lealtad a esta organización extremista.

El arresto de Sturdivant se llevó a cabo el miércoles, tras una investigación que incluyó el seguimiento a mensajes y publicaciones en redes sociales que promovían la violencia y hacían referencia al líder fallecido del EI, Abu Bakr al-Baghdadi, según consta en una declaración jurada presentada ante la justicia federal. El jefe de la oficina del FBI en Charlotte y el fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, informaron durante una rueda de prensa que el sospechoso había planeado atacar una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida en Mint Hill, utilizando cuchillos y martillos.

El fiscal Ferguson aseguró que Sturdivant llevaba cerca de un año preparando el atentado y que su objetivo era causar el mayor número de víctimas posible. Entre las pruebas incautadas en el domicilio del sospechoso el 29 de diciembre, los agentes hallaron manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos, así como una nota que expresaba la intención de “matar a cuantas personas fuera posible”, con una meta de al menos veinte víctimas. Un documento titulado “Operación Martirio” detallaba planes para enfrentarse a la policía y “morir como mártir”.

Las autoridades indicaron que el plan fue descubierto gracias a que Sturdivant empezó a comunicarse en diciembre con un funcionario encubierto del FBI y otro de la policía de Nueva York, quienes se hicieron pasar por colaboradores del EI. Durante estos intercambios, el joven compartió fotografías de armas y discutió sus preparativos para el ataque.

Sturdivant ya había estado bajo la observación del FBI en enero de 2022, cuando, siendo menor de edad, mantuvo contacto con un miembro del EI en Europa que le instó a vestirse de negro, golpear puertas en su vecindario y perpetrar ataques con un martillo. En esa ocasión, fue contenido por su abuelo antes de concretar la agresión y posteriormente recibió tratamiento psicológico, sin que se presentaran cargos en su contra, según declaraciones recogidas por funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El detenido enfrenta cargos por intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, un delito que conlleva penas de hasta 20 años de prisión. Tras su detención, Sturdivant permaneció bajo custodia luego de una comparecencia ante el tribunal federal; la próxima audiencia está programada para el 7 de enero.

Este anuncio de las autoridades estadounidenses se produce pocas semanas después del arresto de cinco personas acusadas de planear ataques similares en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo. Los antecedentes de ataques inspirados por el EI en Estados Unidos incluyen el tiroteo de 2015 en San Bernardino, donde murieron 14 personas, y el ataque de 2016 en un club nocturno de Orlando, que dejó 49 víctimas fatales.

La estrategia del FBI para frustrar atentados ha consistido en operaciones encubiertas en las que agentes simulan ser simpatizantes de grupos terroristas, proporcionando asesoramiento y recursos. Diversos críticos han advertido que esta táctica puede dar pie a casos de inducción o manipulación de personas mentalmente vulnerables, quienes por sí solas no tendrían la capacidad de ejecutar tales acciones.

(Con información de EFE, AP y Reuters)

Una nueva escalada de violencia sacudió al municipio de Palmar de Bravo, Puebla, luego de que presuntos civiles armados atacaran e incendiaran de manera simultánea el domicilio y varios vehículos del exalcalde Adán Silva Valeriano.

De acuerdo con imágenes y videos que circulan en redes sociales, los hechos se registraron durante la madrugada de este 30 de diciembre en las localidades de La Purísima y Cuacnolapan.

Según los primeros reportes de las autoridades, al menos dos sujetos armados arribaron a distintos puntos para disparar contra las propiedades y posteriormente prenderles fuego, lo que generó alerta entre la población.

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas, aunque el ataque desplegó un operativo por parte de las autoridades municipales.

Un antecedente marcado por amenazas y ataques armados

Este nuevo atentado no es un hecho aislado. El exfuncionario denunció en diversas ocasiones haber sido objeto de amenazas por presuntos grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

El episodio más grave ocurrió la madrugada del 14 de julio de 2024, cuando un comando armado atacó a balazos al entonces alcalde Adán Silva Valeriano mientras se encontraba en el salón social Beli, en Cuacnopalan.

En ese ataque también resultaron heridos el subdirector de Seguridad Pública, Genaro Reyes Silva, y el director de Agricultura, Jesús Román Pérez, además de tres civiles más que sufrieron lesiones de gravedad, hechos que ya habían encendido focos rojos sobre la seguridad de funcionarios municipales.

Clima de hostilidad tras el cambio de administración

Desde la llegada al poder del actual presidente municipal, Juan Carlos Varillas Lima, el exalcalde manifestó temor por su vida y la de su familia, señalando un ambiente de hostilidad creciente en el municipio.

El ataque coordinado contra sus propiedades refuerza la percepción de un entorno de riesgo persistente, en una zona donde la violencia contra actores políticos va en aumento.

Silencio oficial y vacío informativo

Uno de los aspectos que más inquietud generó fue el hermetismo de la actual administración municipal.

Tras las amenazas que sufrió el exalcalde municipal, ni el gobierno local ni la Policía Municipal se pronunció al respecto, asimismo, el estado no emitió un comunicado de los hechos.

Temor e incertidumbre en Palmar de Bravo

Finalmente, habitantes de La Purísima y Cuacnopalan reportaron un ambiente de miedo, impunidad y abandono institucional, mientras crece la exigencia para que instancias estatales y federales intervengan, garanticen seguridad hacia la sociedad, se atienda a las víctimas de violencia y se esclarezcan los hechos.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades no se han pronunciado al respecto y la única información que se tiene son los videos, testimonios y fotografías que se muestran en redes sociales y medios locales. Asimismo, no se han reportado detenidos ni la apertura de una carpeta de investigación.

Al menos tres personas murieron este domingo y 60 resultaron heridas en la provincia costera de Latakia (Siria) por ataques atribuidos a “remanentes” del régimen depuesto de Bashar al Assad, durante las protestas por el atentado del viernes en una mezquita alauita en la ciudad de Homs, informaron fuentes oficiales.

“Tres personas murieron y otras 60 resultaron heridas cuando remanentes del antiguo régimen atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil durante las protestas en Latakia hoy”, indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, citando a autoridades sanitarias.

Los informantes afirmaron que parte de las heridas que atendieron en los hospitales fueron “causadas por armas blancas, piedras y disparos, infligidos por remanentes del antiguo régimen contra personal de seguridad y civiles”.

Anteriormente, el jefe de seguridad de Latakia, Abdulaziz al Ahmad, había señalado en un comunicado que durante las protestas convocadas por Ghazal Ghazal, el máximo líder religioso alauita -rama del chiísmo que profesa la familia Al Asad- “hombres armados dispararon al aire, mientras las fuerzas contenían la situación”.

Las autoridades sirias intensificaron este domingo las medidas de seguridad en la ciudades de la costa siria, de mayoría alauita, por la creciente tensión y llamamientos a protestar tras la muerte de ocho personas en el atentado con bomba del viernes pasado en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib, en Homs.

La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.

El atentado fue reivindicado en Telegram el mismo viernes por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.

El país ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde la caída del expresidente Bashar al-Assad en una ofensiva relámpago rebelde en diciembre de 2024 que puso fin a casi 14 años de guerra civil. Assad, alauita, huyó del país a Rusia.

En marzo, una emboscada perpetrada por partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de violencia que dejaron cientos de muertos, la mayoría alauitas. Desde entonces, aunque la situación se ha calmado, los alauitas han sido blanco esporádico de ataques sectarios. También se han quejado de discriminación en el empleo público desde la caída de Assad y de jóvenes alauitas detenidos sin cargos.

Durante el reinado de la dinastía Assad, los alauitas estaban sobrerrepresentados en los puestos gubernamentales y en el ejército y las fuerzas de seguridad.

Los funcionarios del gobierno condenaron el ataque del viernes y prometieron responsabilizar a los perpetradores, pero aún no han anunciado ningún arresto.

(con información de EFE y AP)

La incautación de más de 15 kilogramos de explosivos en el barrio Cartagenita evitó potenciales daños a la población de Facatativá, en Cundinamarca, donde soldados del Ejército, integrados en la Quinta División, localizaron un depósito clandestino utilizado para ocultar material destinado a un atentado terrorista.

Desde el Ejército Nacional, así lo confirmaron a Infobae Colombia: “Gracias a la pericia de nuestros Soldados de la @Ejercito_Div5 y a las permanentes labores de inteligencia, fue frustrado de manera oportuna un atentado en el casco urbano de Facatativá – #Cundinamarca. En el barrio Cartagenita fue ubicado un depósito ilegal en cuyo interior se ocultaban 15 kilogramos de explosivos tipo ANFO, una batería, 20 metros de cable dúplex y más de 100 envases elaborados en PVC, material que sería utilizado para la comisión de acciones criminales".

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Según el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, el hallazgo se logró a partir de operaciones coordinadas de inteligencia y patrullaje en el área, lo que permitió actuar antes de que los artefactos fueran empleados, minimizando así el riesgo de un desastre en plena zona urbana.

La proximidad de este material a viviendas y comercios incrementaba su peligrosidad, puesto que habría causado, en caso de detonación, un grave impacto tanto en vidas humanas como en infraestructura civil, según declaraciones del almirante Cubides a Blu Radio.

Una vez asegurados los explosivos y demás implementos, estos fueron entregados a las autoridades competentes para su análisis y custodia.

Las investigaciones actualmente buscan determinar la estructura criminal responsable del depósito y el objetivo puntual del plan terrorista. Para el municipio de Facatativá, este operativo representa un alivio temporal ante la amenaza de violencia que, de haberse concretado, habría tenido consecuencias irreversibles para la comunidad local.

Balance operacional 2025 del Ejército Nacional

La revisión del balance operacional 2025 del Ejército Nacional presenta una síntesis anual de acciones militares y cambios internos enfocados en aumentar la seguridad y el control territorial en Colombia, bajo el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El informe detalla seis operaciones principales orientadas a enfrentar grupos armados ilegales y recuperar zonas estratégicas, con énfasis en la reducción de la capacidad operativa y financiera de organizaciones como el Frente Carlos Patiño, el GAO-r Jaime Martínez, el ELN y el Clan del Golfo.

Entre las operaciones destacadas, Catatumbo sobresale por la combinación de acciones humanitarias y ofensivas, con evacuaciones, atención a desplazados, distribución de ayuda y neutralización de miembros de grupos armados, así como incautaciones importantes de armamento y drogas.

Perseo permitió recuperar El Plateado y debilitar al Frente Carlos Patiño, logrando la captura y sometimiento de líderes, junto con la incautación de armamento y destrucción de explosivos. Cordillera intervino el departamento de Nariño, restableciendo el control de áreas estratégicas y capturando integrantes de grupos ilegales, además de incautar drogas y armas.

Otras intervenciones, como Escudo del Norte y Ezequiel, reforzaron el control en regiones específicas y protegieron el centro del país del avance de disidencias, mientras que en el sur de Bolívar se activaron nuevas unidades y se realizaron numerosas capturas, incautaciones de drogas y acciones contra la minería ilegal.

La reorganización operacional incluyó la creación de Fuerzas de Despliegue Rápido y unidades especializadas, como un batallón de aeronaves no tripuladas y otro de ingenieros ferroviarios, ampliando capacidades de inteligencia y movilidad.

Aumentaron las medidas contra el secuestro y la extorsión con dos nuevos grupos Gaula Militar, sumando 28 en total, y se registró un incremento notable en capturas y rescates en estos delitos.

En el combate a las economías ilícitas, el Ejército reportó incautaciones récord de armamento y municiones, neutralización de minas y decomiso de explosivos, con el argumento de que esto evitó su empleo contra la población y la infraestructura.

Destaca también el papel de los ingenieros militares en la instalación y mantenimiento de puentes y vías, además de avances en desminado humanitario que permitieron declarar varios municipios libres de minas.

Las acciones de apoyo a la población incluyeron miles de actividades y entregas de ayuda, proyectos productivos, jornadas de desarrollo y capacitación, así como donaciones de tecnología para prevenir el reclutamiento infantil.

El Ejército modernizó sus sistemas de incorporación, facilitando el ingreso de nuevos soldados y ampliando la inclusión femenina, con cifras históricas de mujeres en distintas áreas y grados de mando.

El año concluyó con la incorporación de nuevos soldados profesionales y un reconocimiento institucional a los integrantes caídos en servicio, subrayando su papel en la seguridad nacional y la defensa de la vida en Colombia.

Ibrahim Burtakucin, identificado por las autoridades turcas como un presunto integrante del grupo yihadista Estado Islámico, fue arrestado en la provincia de Matalia, en el este del país, cuando intentaba salir de Turquía para integrarse a la organización extremista, según consignó la agencia estatal turca Anatolia. Este hecho ocurrió pocos días después de que más de cien individuos sospechosos de planear atentados durante las fiestas navideñas fueran detenidos en diversas operaciones de seguridad realizadas por la policía turca, de acuerdo con la misma fuente.

De acuerdo con los reportes publicados por Anatolia y retomados por distintos medios, las fuerzas de seguridad consideran que Burtakucin tenía vínculos con simpatizantes de Estado Islámico, tanto dentro del territorio turco como en el extranjero. Si bien las autoridades no han divulgado detalles concretos sobre la magnitud o el objetivo específico del posible atentado que planeaba el sospechoso para la celebración de Año Nuevo, los investigadores apuntan a que su intención era ejecutar acciones violentas durante las festividades, destacó la agencia de noticias.

Durante la detención de Ibrahim Burtakucin, agentes policiales incautaron materiales y publicaciones vinculados al grupo yihadista, así como dispositivos digitales que están siendo analizados por expertos forenses, informó Anatolia. Estos elementos ayudarían a esclarecer la extensión de la red de contactos del detenido y el grado de planificación de los posibles ataques, según trascendió en los comunicados oficiales reseñados por el medio.

La operación que llevó a la captura de este individuo se produjo en medio de una serie de redadas coordinadas por las fuerzas de seguridad turcas en las últimas jornadas. Tal como informó la agencia Anatolia, más de un centenar de personas fueron arrestadas en distintas regiones, acusadas de preparar ataques en fechas festivas. Los operativos tienen como objetivo prevenir acciones similares a las ocurridas en años pasados, algunas con saldo mortal.

Uno de los antecedentes más graves en la memoria reciente es el atentado cometido el 1 de enero de 2017 en la discoteca Reina, situada en Estambul, durante las celebraciones de Año Nuevo. En ese ataque, atribuible a operativos del Estado Islámico, alrededor de cuarenta personas fallecieron y unas ochenta resultaron heridas. Este hecho marcó un punto de inflexión en las estrategias de seguridad implementadas en Turquía durante eventos multitudinarios, según recordó Anatolia.

El caso detonado por la detención de Burtakucin reaviva el debate sobre las capacidades organizativas y la presencia de Estado Islámico en territorio turco. De acuerdo con Anatolia, las investigaciones se encuentran en curso y no se descartan más arrestos ni procedimientos en los próximos días, mientras los agentes analizan los dispositivos requisados y exploran los contactos mantenidos por el detenido tanto dentro como fuera de Turquía.

A raíz de los atentados previos y las amenazas recurrentes, las autoridades han aumentado la vigilancia en puntos estratégicos y multiplicado los controles en aeropuertos, terminales de transporte y lugares de reunión masiva durante las festividades. El objetivo es impedir que redes relacionadas con organizaciones extremistas como Estado Islámico puedan organizar y ejecutar ataques en fechas señaladas, refirió Anatolia citando fuentes policiales.

Los medios estatales recordaron que en los últimos años Turquía se convirtió en punto de paso y destino de individuos vinculados a grupos yihadistas, dada su posición geográfica entre Oriente Medio y Europa. Las operaciones recientes reflejan los esfuerzos de las autoridades para desarticular células activas o durmientes y limitar la capacidad operativa de estos grupos en el país.

Según la información difundida por Anatolia y reproducida en medios internacionales, aún no se han divulgado detalles sobre los cargos que enfrentarán los detenidos, incluyendo a Burtakucin, ya que las pesquisas se consideran en etapa preliminar. Las autoridades buscan establecer el alcance de las redes clandestinas y la certeza de los planes que se habrían intentado ejecutar en las fiestas navideñas y de Año Nuevo, mientas continúa el análisis del material tecnológico incautado para determinar si existe conexión entre los distintos arrestados y los planes descubiertos por la policía turca.

El diputado local independiente afín al llamado “Movimiento del Sombrero”, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, anunció que solicitará apoyo de autoridades de Estados Unidos para colaborar en las investigaciones del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el centro de dicho municipio michoacano.

Desde San Diego, California, Bautista Tafolla afirmó que insistirá ante instancias estadounidenses para que se sumen a los esfuerzos de esclarecimiento del crimen, aunque no detalló qué dependencias serían contactadas ni el tipo de colaboración que solicitará.

En un mensaje difundido en redes sociales, el diputado aseguró que agotará todas las vías posibles para que el caso no quede impune.

“Le estaré insistiendo a los Estados Unidos para que nos ayuden a esclarecer los hechos del asesinato de Carlos Manzo. No voy a descansar hasta dar con los responsables”, escribió el legislador, quien también es empresario en Uruapan.

Bautista Tafolla explicó que su estancia temporal en Estados Unidos respondió a razones de seguridad y logística, al permitir que los 23 escoltas asignados por autoridades federales y estatales pudieran pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Señaló que permanecer en México durante ese periodo habría implicado mantener activo el dispositivo de seguridad personal.

Dos meses sin el alcalde Carlos Manzo: el caso continúa en investigación

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió durante el Festival de Velas cuando fue atacado con arma de fuego en la plaza principal de Uruapan el pasado 1 de noviembre de 2025. El atentado se produjo ante la presencia de ciudadanos y autoridades locales, lo que generó una fuerte conmoción social y política en el municipio y en el estado de Michoacán.

Desde entonces, el caso ha sido objeto de seguimiento por parte de autoridades estatales y federales, así como de actores políticos que han exigido avances claros en la investigación y el castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

“El legado de Carlos Manzo sigue”: Grecia Quiroz inaugura nueva sucursal de farmacia gratuita en Uruapan

En medio del proceso judicial y del debate político por el homicidio del exalcalde, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó la inauguración de una nueva farmacia gratuita en la comunidad de San Andrés Coru.

El acto se realizó el 20 de diciembre y contó con la presencia de autoridades locales y de la diputada federal Lupita Arias. La apertura forma parte de un programa social impulsado originalmente por Manzo Rodríguez y que la administración municipal ha decidido mantener tras su asesinato.

Durante su mensaje, Quiroz afirmó que su gobierno dará continuidad a las iniciativas sociales promovidas por su esposo. “El legado de Carlos Manzo sigue”, expresó, a la vez que subrayó que la salud comunitaria es uno de los ejes centrales de su gestión.

Retos de gobernabilidad y seguridad en Uruapan

En días recientes, Quiroz también ha denunciado públicamente presuntas extorsiones atribuidas a cuerpos de seguridad federales desplegados en la región como parte del Plan Michoacán, lo que ha generado debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mayor transparencia.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, difundió un mensaje con motivo de la Navidad en el que combinó reflexiones personales con señalamientos sobre la inseguridad que enfrenta el país y críticas al partido en el poder.

En su pronunciamiento, la legisladora afirmó que México no debe acostumbrarse a la violencia y reiteró su postura de que el Estado ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad de las familias.

Un mensaje navideño con énfasis en la seguridad

En el mensaje dirigido a la ciudadanía, Téllez señaló que hablaba “como madre, como ciudadana y como alguien que ha visto y vivido lo que la violencia le hace a un país”.

Al referirse al significado de la Navidad, sostuvo que estas fechas representan unión familiar y esperanza, pero también recordó que para muchas personas están marcadas por el miedo y la ausencia provocada por la violencia.

“México no puede resignarse al miedo”, afirmó la senadora, al insistir en que la paz no se alcanza con discursos, sino con decisiones firmes y con la aplicación de la ley.

En ese contexto, reiteró una de sus principales exigencias al gobierno federal: “He pedido una y otra vez que se nombre a los cárteles como lo que son: terroristas”.

Téllez concluyó su mensaje deseando a los mexicanos una Navidad con seguridad, amor y esperanza, y subrayó la necesidad de corregir lo que, a su juicio, no ha dado resultados en el país.

El atentado que marcó la vida de Lilly Téllez

Tras su pronunciamiento, la senadora recordó el atentado que sufrió hace 25 años en el sur de la Ciudad de México, un hecho que, asegura, marcó su vida personal y profesional.

En julio de 2000, Lilly Téllez fue atacada a balazos en el cruce del Boulevard de la Luz y Periférico Sur tras salir de su trabajo en TV Azteca.

Tres agresores dispararon 22 balas contra su Jetta y el vehículo de sus escoltas, dirigidas en parte al pecho de la entonces periodista.

Dos de las balas quedaron incrustadas en el auto; Téllez sobrevivió milagrosamente.

Su chofer perdió parte de la mano derecha y los dos escoltas resultaron gravemente heridos, aunque todos lograron recuperarse.

Inconformidades con Morena

Las diferencias entre Lilly Téllez y Morena se acentuaron después de su salida del partido.

La senadora ha sostenido que el movimiento al que se integró no cumplió con la promesa de pluralidad ni con los compromisos asumidos en materia de seguridad.

En el Senado, sus posturas han derivado en constantes confrontaciones con legisladores del partido oficialista, particularmente por sus declaraciones sobre el combate al crimen organizado y la cooperación internacional.

Téllez ha rechazado las acusaciones de traición a la patria que se le han formulado desde Morena y ha insistido en que sus señalamientos buscan visibilizar la gravedad del problema de violencia que enfrenta el país.

Su relación con López Obrador y la ruptura

La senadora ha relatado que su ingreso a la política ocurrió tras una invitación directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le propuso integrarse a un movimiento que, según su versión, se planteaba como plural.

Téllez afirmó que inicialmente rechazó la propuesta y que aceptó solo después de establecer condiciones de independencia frente al Ejecutivo.

Con el tiempo, dijo, advirtió contradicciones entre el discurso y las acciones del gobierno.

Señaló que comenzó a votar en contra de iniciativas que consideró contrarias a lo ofrecido y que uno de los momentos decisivos para romper con Morena fue el saludo de López Obrador a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hecho que calificó como incompatible con su visión de justicia y seguridad.

La inseguridad como telón de fondo

El mensaje de la senadora se da en un contexto nacional marcado por cifras mixtas en materia de seguridad.

Aunque el gobierno federal ha reportado reducciones en homicidios dolosos a nivel nacional, especialistas y organizaciones civiles advierten que la violencia persiste de forma desigual en distintas regiones del país.

Entre los factores que mantienen la preocupación pública se encuentran:

• Aumentos de homicidios en algunas entidades federativas
• Disputas territoriales entre grupos criminales
• Diferencias entre cifras oficiales y registros estadísticos
• Persistencia de delitos de alto impacto

En este escenario, el pronunciamiento de Lilly Téllez se suma a las voces que cuestionan la estrategia de seguridad del gobierno federal y ponen el acento en la violencia como uno de los principales retos del país.

Las recientes acciones adoptadas por las autoridades militares rusas, como el aumento de la inspección de vehículos oficiales y la intensificación de la vigilancia en instalaciones estratégicas, reflejan el efecto directo que ha tenido el asesinato de Fanil Sarvarov en la vida cotidiana de los altos mandos del Estado Mayor ruso. Según informó la agencia TASS, la detonación de un artefacto explosivo bajo el automóvil que trasladaba a Sarvarov en la calle Yasenevaya de Moscú ha dejado a la cúpula castrense bajo un clima de alerta y preocupación por la seguridad personal de sus miembros.

El crimen de Sarvarov, quien dirigía la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ocurrió el lunes y ha sido definido por la propia agencia TASS como un atentado meticulosamente preparado. La explosión, que estaba específicamente dirigida contra el general, provocó lesiones fatales, y los esfuerzos médicos no consiguieron salvarle la vida, detalló la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko. TASS consignó que la investigación inicial se concentra en la forma en que se colocó el explosivo, así como en la búsqueda de los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni ha habido reivindicación pública del ataque.

En los últimos meses, Moscú ha registrado episodios similares. En abril, otro alto militar, el general Yaroslav Moskalik, fue víctima de un ataque con coche bomba en la capital rusa, de acuerdo con lo publicado por TASS. Al igual que en el caso de Sarvarov, no existen hasta la fecha indicios claros de los autores ni se ha atribuido el atentado ningún grupo conocido. El patrón de atentados dirigidos contra funcionarios de alto rango ha obligado a las autoridades a implantar revisiones exhaustivas de los protocolos de seguridad y a modificar determinadas prácticas dentro de la estructura militar, con el fin de minimizar la vulnerabilidad de sus altos mandos.

La investigación sobre la muerte de Sarvarov permanece abierta, mientras el Comité de Investigación de Rusia explora diferentes posibles motivaciones y líneas de autoría. Según explicó TASS, las hipótesis iniciales consideran tanto la conexión de estos atentados con el contexto generado por la guerra en Ucrania, como la posible participación de actores internos con acceso a los círculos militares. El Comité ha señalado la importancia de reconstruir detalladamente la secuencia de hechos para evaluar si existe algún vínculo operativo entre los recientes ataques perpetrados contra funcionarios de alto rango desde el inicio de la ofensiva militar en territorio ucraniano.

Los analistas citados por TASS apuntan que estos crímenes repercuten en el ambiente entre los altos mandos al introducir una atmósfera de inseguridad e incertidumbre. Esta situación repercute directamente en las dinámicas internas del ejército, ya que se requiere adaptar procedimientos y reforzar las precauciones ante eventuales amenazas. Las fuerzas de seguridad rusas, mientras tanto, han comenzado a coordinarse para determinar si los atentados pueden estar relacionados con presuntas represalias asociadas al conflicto internacional o si responden a disputas originadas dentro del propio aparato estatal, publicó TASS.

Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación, insistió en que la prioridad continúa siendo identificar los hechos que antecedieron a cada atentado, reconocer cualquier posible conexión entre los episodios y esclarecer si se enfrentan a una campaña coordinada o a acciones esporádicas e independientes. Según lo reportado por TASS, hasta ahora ninguna línea de investigación ha resultado conclusiva, y no hay indicios específicos sobre la procedencia o los responsables intelectuales y materiales de los ataques.

El impacto en la percepción de seguridad y la sensación de amenaza han calado entre quienes desempeñan posiciones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas. El incremento de actos violentos contra altos funcionarios ha derivado en el refuerzo de controles adicionales durante desplazamientos, la adopción de procedimientos más estrictos en las entradas a instalaciones militares y la intensificación de la vigilancia en los entornos residenciales y laborales de los oficiales, reportó TASS.

Las autoridades consideran que el aumento y la frecuencia de estos episodios contiene un potencial riesgo persistente para quienes integran la estructura de poder castrense rusa. El medio TASS destacó que este ambiente obliga a replantear los esquemas preventivos y reactivos de seguridad, así como a adecuar las rutinas y hábitos de los altos funcionarios en su vida cotidiana.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Comité de Investigación ha centralizado los datos recabados en cada caso con el propósito de identificar patrones en los métodos empleados y las posibles conexiones entre los hechos. Este análisis pretende determinar si los atentados forman parte de una serie planificada o constituyen incidentes independientes, información que todavía no se ha logrado esclarecer, informó TASS. Mientras continúan las pesquisas, Moscú se mantiene bajo medidas excepcionales de seguridad, con los servicios de inteligencia y los cuerpos forenses examinando vehículos y vigilando accesos a puntos considerados estratégicos.

Según afirmaron fuentes consultadas por TASS, los resultados de estas investigaciones podrían ofrecer pistas fundamentales sobre las motivaciones y los actores detrás de los atentados, aunque las autoridades no han precisado plazos para revelar avances concretos ni para la identificación de sospechosos. En cuanto a la serie de asesinatos y tentativas, TASS subrayó que han modificado sustancialmente los estándares de seguridad y la percepción de amenaza permanente para quienes ostentan cargos relevantes en la cadena de mando militar rusa.

Mientras los organismos de seguridad rusos procuran mantener abiertas todas las opciones investigativas y monitorean cualquier actividad fuera de lo habitual, la capital rusa prosigue bajo intensa vigilancia y un ambiente marcado por la tensión que ha causado el asesinato de Fanil Sarvarov y la reiteración de atentados en la última etapa, consignó TASS.

Tres hombres fueron declarados culpables este martes en el Reino Unido por planear un ataque armado masivo contra la comunidad judía en el área de Mánchester (noroeste de Inglaterra), en un complot de inspiración yihadista frustrado por la Policía antiterrorista.

Walid Saadaoui, de 38 años, y Amar Hussein, de 52, fueron condenados por preparar actos de terrorismo entre el 13 de diciembre de 2023 y el 9 de mayo de 2024, mientras que Bilel Saadaoui, de 36 años y hermano del principal acusado, fue hallado culpable de no comunicar información relevante sobre el plan.

Los tres acusados, detenidos en mayo de 2024, serán sentenciados el próximo 13 de febrero, según informó el tribunal.

Durante el juicio en el tribunal de Preston (noroeste inglés), la Fiscalía sostuvo que Saadaoui y Hussein, ambos con un “odio visceral” hacia los judíos, tramaban un ataque con armas de fuego contra una concentración multitudinaria en Mánchester, con la intención de causar “un daño incalculable”, si bien aún no habían decidido ni la fecha ni el objetivo concreto.

El plan, frustrado por las autoridades, incluía la introducción en el país de fusiles de asalto, pistolas y munición, así como la disposición de un lugar seguro para almacenar el armamento.

Los acusados habían realizado tareas de vigilancia y estaban dispuestos a matar a agentes policiales que se interpusieran en el ataque, según la acusación.

El complot fue desmantelado gracias a un agente encubierto, identificado en el juicio como ‘Farouk’, a quien los imputados creían un extremista afín y que se infiltró en el grupo como posible intermediario para la adquisición de armas.

Saadaoui fue detenido el 8 de mayo de 2024 en el aparcamiento de un hotel de la localidad de Bolton cuando acudió a recoger un cargamento de armas. Hussein y Bilel Saadaoui fueron arrestados minutos después en otros lugares.

Tras conocerse los veredictos, el subdirector de la Policía de Greater Manchester, Robert Potts, afirmó que el ataque que planeaban “podría haber sido el más mortífero de la historia del Reino Unido” y subrayó que la actuación del agente encubierto “salvó vidas”.

El grado de amenaza contra la comunidad judía británica, radicada sobre todo en Londres y Mánchester, ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas.

El pasado 2 de octubre, tres personas murieron -incluido el agresor- en un atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester durante la festividad de Yom Kipur.

Después de arrollar con un coche a los feligreses congregados a las puertas del templo, el terrorista mató a puñaladas a un hombre, antes de ser abatido él mismo por disparos de la Policía, que también disparó accidentalmente a la tercera víctima mortal.

(con información de EFE)

Hombres armados incendiaron con bombas molotov una recicladora ubicada en la colonia 12 de Diciembre, en Uruapan, Michoacán.

Alrededor de las 02:00 horas del 22 de diciembre de 2025, se emitió una alerta a los cuerpos de emergencia y de acuerdo con información recogida por el periodista César Aguirre, al sitio acudieron agentes del cuerpo voluntario de bomberos, así como efectivos de la Policía Municipal.

En el sitio los bomberos trabajaron durante aproximadamente tres horas para lograr sofocar el fuego; mientras tanto, los policías se encargaron de resguardar el perímetro para brindar seguridad a los combatientes.

Según el mismo periodista en la zona, trascendió que el negocio fue incendiado por presuntos temas ligados al incumplimiento de pago bajo el delito de extorsión y cobro de piso. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Por otro lado, la mañana del lunes también fueron hallados dentro de un vehículo dos cuerpos abandonado sobre la autopista México-Guadalajara, en Tlalpujahua.

Las autoridades informaron que a través de una denuncia ciudadana se reportó a las autoridades sobre un vehículo compacto de color oscuro, el cual presentaba impactos de bala, mismo que estaba sobre la citada autopista, a la altura de la localidad Agua Caliente, municipio de Tlalpujahua, sitio al que se movilizaron las fuerzas del orden.

En el sitio localizaron sin vida a los dos ocupantes del automotor, por lo que la zona fue acordonada y resguardada por los elementos de seguridad, quienes se encontraban en espera de el personal de la Fiscalía, la cual se encargó del levantamiento de los cuerpos sin vida para trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Estos hechos ocurren en un contexto de inseguridad elevado en la región, pues a menos de dos meses de que miembros de un grupo delictivo atacaran al alcalde de la región, Carlos Manzo, quien perdió la vida durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre de 2025, también detonó una bomba que afectó a la comunidad de Coahuayana.

El ataque dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y cinco heridas, incluidos menores de edad. Las autoridades locales identificaron el uso de un dispositivo de control remoto para activar el explosivo.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, afirmó que las investigaciones apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como probable responsable de ambos hechos delictivos.

“Ya tenemos ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia”, señaló el fiscal durante una conferencia de prensa.

Torres indicó además que la dependencia trabaja en la identificación de los involucrados.

La explosión en Coahuayana

La explosión impactó el mediodía del 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, en el centro del municipio de Coahuayana. El estallido, destruyó la camioneta implicada y causó daños en un centro médico, viviendas, comercios y vehículos cercanos.

La unidad había cambiado de dueño meses antes y habría sido trasladada desde Colima, entidad limítrofe, el mismo día del ataque.

Entre los fallecidos figura el conductor del vehículo y dos personas hospitalizadas.

La presencia del CJNG en Coahuayana no es reciente. Tras dominar antiguamente los Caballeros Templarios, la región se mantiene como bastión de organizaciones delictivas debido a su extensa industria bananera —más de 7 mil hectáreas de producción— y su proximidad a la mina de Aquila, situada en el vecino estado de Colima.

Estos factores han convertido la costa michoacana en un escenario de disputas armadas por el control económico y territorial.

La violencia en Michoacán recrudeció tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, registrado en noviembre. El incidente amplificó el reclamo de la población local frente a la inseguridad y derivó en la presentación de un renovado plan nacional de pacificación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reiteró el objetivo prioritario del gobierno: contener la escalada de violencia y restaurar el control institucional en el estado.

Las autoridades continúan vigilando la zona afectada, mientras la Fiscalía General de la República colabora en las pesquisas para determinar las rutas y conexiones criminales utilizadas en el atentado.

El estallido se produjo en un aparcamiento a unos 150 metros de la vivienda de Sarvárov, según reveló más tarde el Comité de Investigación de Rusia (CIR). Las primeras imágenes, compartidas en Telegram por los propios investigadores, mostraban el coche parcialmente destruido y rastros de sangre en el interior. El general, que había salido de su domicilio minutos antes, no sobrevivió a las heridas provocadas por el estallido del dispositivo, el cual, según el diario Kommersant, era una mina magnética adherida intencionalmente al vehículo. De acuerdo con versiones de varios canales de Telegram, Sarvárov aún logró recorrer varios cientos de metros antes de que se activara la carga.

Mientras el perímetro era acordonado y los equipos de emergencia llegaban al lugar, la noticia del atentado comenzaba a expandirse tanto en los medios oficiales como en foros digitales rusos. En Moscú, la sensación de alerta se mezclaba con el desconcierto: la capital rusa, blindada desde el inicio de la guerra en Ucrania, se veía una vez más atravesada por la violencia dirigida contra sus figuras de alto rango.

La reacción oficial no se hizo esperar. Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, tomó la palabra en un video distribuido por el organismo para aclarar las primeras líneas de la respuesta estatal. Según Petrenko, el CIR abrió de inmediato una causa penal por asesinato y por tráfico ilegal de sustancias explosivas en relación con el hecho. «Los equipos de investigación y criminalistas de la oficina central ya están inspeccionando el lugar de los hechos. Se están realizando las pericias médico-forenses y técnico-explosivas, interrogando a testigos y analizando grabaciones de las cámaras de videovigilancia», declaró Petrenko.

La funcionaria subrayó que “la investigación está considerando diversas versiones del asesinato”, sin descartar la posible “organización del crimen por parte de los servicios especiales ucranianos”. Estas palabras sentaron la posición preliminar de las autoridades rusas, que apuntaron, sin ofrecer aún pruebas públicas, a la inteligencia ucraniana como posible responsable del ataque. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha sufrido varios atentados dirigidos contra altos mandos militares y funcionarios clave, en los que la sombra de la guerra híbrida y las operaciones encubiertas se entrelazan con el conflicto abierto en el este de Europa.

Sarvárov, nacido en 1969, era egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Su nombre apareció en 2022 en el portal ucraniano Mirotvorets, una base de datos que identifica a quienes considera “enemigos de Ucrania”. El atentado se suma a una lista creciente de muertes de altos oficiales rusos, entre quienes figuran también el teniente general Yaroslav Moskalik y el teniente general Ígor Kirílov, ambos fallecidos en circunstancias similares y en el contexto del actual enfrentamiento ruso-ucraniano.

La muerte de Sarvárov motivó el desplazamiento acelerado de especialistas en explosivos, investigadores y forenses. La escena fue preservada durante varias horas mientras los agentes inspeccionaban el vehículo, recolectaban muestras y entrevistaban a los primeros testigos. Entre las hipótesis en análisis, además de la implicación extranjera, se indagan posibles conflictos internos o ajustes de cuentas relacionados con el ámbito militar.

Vladímir Putin fue informado de inmediato sobre el atentado, según los canales oficiales. El presidente ruso ya había criticado en ocasiones previas la actuación de los servicios de protección, lamentando los vacíos de seguridad que han permitido ataques de este tipo contra figuras esenciales de la jerarquía militar.

La investigación continúa mientras el gobierno refuerza el mensaje de que no quedará impune ningún ataque contra la estructura de mando rusa. Pero la magnitud del atentado confirma que, en el corazón de Moscú, la guerra también se libra entre sombras.

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo parcial de la investigación en el tramo que pretendía vincular al exdiputado Gerardo Milman con el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron las apelaciones de la querella y la fiscalía y avalaron la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de supuesta autoría intelectual del hecho, ni para seguir produciendo medidas de prueba.

Los argumentos

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la línea investigativa se originó en el testimonio de un testigo, el ex asesor kirchnerista Jorge Abello, quien dijo haber escuchado a Milman pronunciar una frase anticipatoria del atentado: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Esto habría ocurrido el 30 de agosto de 2022 en el bar Casablanca, cuando el entonces diputado nacional estaba junto a dos empleadas.

La Cámara remarcó que ese testimonio está cuestionado y Abello fue ya indagado por presunto falso testimonio. También mencionó que ningún otro testigo corroboró haber oído esa frase.

El fallido atentado a la entonces Vicepresidenta ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando el ya condenado Fernando Sabag Montiel le gatilló un arma a centímetros de la cabeza pero la bala no salió. Ocurrió a metros del departamento del barrio porteño de Recoleta donde ella vivía y cuando regresaba al lugar en medio de una manifestación de apoyo a raíz del juicio oral en la causa Vialidad, donde finalmente recibió una pena de seis años de prisión.

Por el hecho ya fueron condenados en juicio oral Sabag Montiel y su ex novia Brenda Uliarte pero permanece abierta una parte de la investigación, con medidas para comprobar si hubo otros partícipes y/o autores intelectuales, y una de las líneas investigativas involucraba a Milman.

Al confirmar el archivo parcial de esta parte de la causa, el Tribunal tuvo en cuenta que las pericias a teléfonos no arrojaron contenido relevante; tampoco los entrecruzamientos de llamadas ni las geolocalizaciones.

“Los aparatos de telefonía secuestrados no presentaron contenido que hubiera terminado siendo de relevancia para la investigación; así como tampoco se observó la existencia de menciones en relación a la presunta frase proferida”, sostuvo la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Además los camaristas mencionaron que en el juicio oral donde se condenó a Fernando Sabag Montiel y a su ex novia Brenda Uliarte se probó su responsabilidad en “la organización premeditada de los hechos, sin hacerse expresa mención a posibles instigadores, ni a otras personas o grupos que hubieran financiado o contribuido para llevarlo adelante”.

Las apelaciones

La querella de la ex presidenta apeló el archivo y el abogado Marcos Aldazábal calificó la resolución de primera instancia como “sorpresiva y arbitraria”, al sostener que todavía había medidas de prueba en curso cuyo resultado debía aguardarse y puso como ejemplo otros teléfonos que podrían estar en poder de Milman y una de sus entonces colaboradoras.

La querella afirmó que la jueza realizó un “análisis sesgado de la prueba”, en especial respecto de los mensajes telefónicos, y que el archivo se dictó sin haber agotado las medidas posibles.

La defensa de Milman también había apelado porque reclamó el sobreseimiento. Pero los camaristas no lo concedieron y confirmaron el archivo, aunque el juez Llorens estimó en su voto que “se encontrarían dadas las condiciones para la desvinculación definitiva” del ex diputado.

La fiscalía por su parte había reclamado más medidas de prueba antes de decidir, como el análisis del celular de una ex secretaria de Milman, convocar nuevos testigos y certificar otras causas penales.

Los condenados

Por el intento de magnicidio, Sabag Montiel recibió una pena de diez años de prisión, al ser considerado autor penalmente responsable de la tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. Al término del juicio, el Tribunal Oral Federal 6 unificó la sentencia con una condena previa por tenencia de material de abuso sexual infantil, dictada por la justicia porteña, y otra por tenencia ilegítima de DNI ajeno. De esta manera, deberá purgar un total de 14 años de cárcel.

Por su parte, Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años de prisión como partícipe necesaria del asesinato fallido.

El teniente general Fanil Sarvárov, jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció este lunes como resultado de un atentado con coche bomba perpetrado en un barrio al sur de Moscú, informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). De acuerdo con la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, la explosión se produjo en la calle Yásenevo, en un aparcamiento ubicado a unos 150 metros de la residencia del general. Petrenko comunicó a través de Telegram que “en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov”.

El ataque, según las primeras indagaciones de los investigadores rusos, habría sido ejecutado mediante la colocación de una mina magnética fijada a la parte inferior del vehículo del general. Así lo informó el periódico Kommersant, que citó fuentes relacionadas con la investigación. Además, varios canales de Telegram apuntaron que Sarvárov condujo su coche varios cientos de metros antes de que el artefacto detonara. La portavoz Petrenko sostuvo que entre las principales hipótesis analizadas se encuentra la posible implicación de la inteligencia ucraniana en el atentado, aunque añadió que los investigadores mantienen abiertas otras líneas de investigación.

El CIR confirmó que la dirección principal de investigaciones ha abierto un proceso penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas. Investigadores y especialistas en criminalística de la oficina central ya se desplazaron al lugar de los hechos para realizar las experticias pertinentes, entre ellas medicina forense y peritajes sobre explosivos. “Continúa la revisión del lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad”, explicó Petrenko. El CIR también hizo público en Telegram un vídeo en el que se aprecia el vehículo seriamente dañado por la explosión, con restos de sangre pertenecientes a la víctima.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el CIR, Sarvárov nació en 1969 y realizó su formación en la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Participó en operaciones militares en Chechenia y Siria, entre otros escenarios bélicos. En 2022 fue incluido en el sitio web ucraniano Mirotvorets, que señala a supuestos “enemigos de Ucrania”.

Desde el inicio del conflicto, Ucrania reivindicó una serie de atentados dirigidos contra altos oficiales militares rusos. Entre las víctimas figuran el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, y el teniente general Ígor Kirílov, responsable de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

El presidente ruso Vladímir Putin fue notificado de inmediato sobre el atentado. En ocasiones anteriores, Putin criticó públicamente la actuación de los servicios secretos rusos por los fallos evidenciados en la protección de altos mandos del ejército.

Los autores del atentado antisemita en Sídney arrojaron cuatro artefactos explosivos improvisados contra la multitud, aunque no detonaron, durante el ataque en la playa de Bondi que dejó 16 muertos, según una declaración policial preliminar difundida este lunes por un tribunal local.

De acuerdo con el documento al que accedió la cadena pública ABC tras el levantamiento de una orden de secreto judicial, los terroristas, identificados como Naveed Akram, de 24 años, y su padre Sajid Akram, de 50, lanzaron los explosivos contra personas que celebraban la festividad judía de Janucá en una de las playas más concurridas y turísticas de Australia.

La acusación sostiene que los artefactos no detonaron, aunque la policía los consideró “viables”. Los agentes también informaron el hallazgo de un quinto explosivo en el maletero del vehículo utilizado por los atacantes, según la declaración preliminar incorporada al expediente judicial.

El texto policial señala que los dos hombres estacionaron su automóvil en Campbell Parade, en Bondi, alrededor de las 18:50 hora local del día del atentado. En ese lugar, colocaron banderas del Estado Islámico (EI) en los parabrisas delantero y trasero del vehículo, una acción que, según las autoridades, refuerza la motivación ideológica del ataque.

Siempre según la declaración, los sospechosos retiraron del vehículo tres armas de fuego, junto con tres bombas caseras y una bomba “con forma de pelota de tenis”, y luego avanzaron hacia la multitud congregada en un parque cercano a la playa. Minutos después, abrieron fuego contra los asistentes al evento religioso.

El ataque ocurrió cuando cerca de un millar de personas participaban de los festejos de Janucá. En el lugar murieron 14 personas, entre ellas uno de los atacantes, que fue abatido por la policía. Otras dos víctimas fallecieron posteriormente en el hospital, incluida una niña de 10 años, lo que elevó el número total de muertos a 16.

Los documentos judiciales también revelan la existencia de videos hallados en el teléfono de uno de los acusados. En ese material, los dos hombres aparecen sentados frente a una bandera del EI, recitan un pasaje del Corán y realizan declaraciones “sobre su motivación para el ‘ataque de Bondi’”. En las grabaciones, según la policía, los acusados repudian a los “sionistas”.

La investigación policial indica además que padre e hijo realizaron entrenamiento con armas de fuego en una zona rural, presuntamente en Nueva Gales del Sur, y efectuaron un viaje de reconocimiento a la playa de Bondi días antes del atentado. “A lo largo del video, se ve al acusado y a su padre disparando escopetas y moviéndose de forma táctica”, señala la declaración citada por ABC.

Australia guardó el domingo un minuto de silencio al cumplirse una semana del ataque, en medio de un clima de duelo nacional. En ese contexto, el primer ministro Anthony Albanese reiteró que el Gobierno impulsará leyes más estrictas contra el discurso de odio y el extremismo.

“No vamos a permitir que ganen los terroristas inspirados por el EI. No dejaremos que dividan nuestra sociedad y superaremos esto juntos”, aseguró este lunes ante periodistas.

“Lo que necesitamos es urgencia y unidad”, afirmó Albanese, al pedir respaldo bipartidista para “crear un delito agravado por predicar el odio” y avanzar con nuevas iniciativas legislativas.

A nivel estatal, Nueva Gales del Sur anunció este lunes un paquete de normas que calificó como las “más duras reformas sobre armas de fuego en el país”, además de medidas orientadas a la prohibición de símbolos terroristas.

El jefe del Ejecutivo estatal, Chris Minns, declaró: “No podemos pretender que el mundo es el mismo que era antes de ese incidente terrorista”. Y agregó: “Debemos tomar pasos para que nunca vuelva a ocurrir”.

Las reformas propuestas limitan a cuatro el número de armas por persona, o a 10 para individuos con exenciones específicas, como agricultores. La legislación prohíbe el despliegue de símbolos terroristas, incluida la bandera del EI, y habilita la prohibición de protestas durante tres meses tras un ataque terrorista.

En el plano judicial, Sajid Akram murió durante el ataque por disparos de la policía. El hombre, de nacionalidad india, ingresó a Australia con una visa en 1998. Su hijo Naveed, de nacionalidad australiana, sobrevivió con heridas de bala y fue trasladado a una cárcel este lunes. La policía presentó 59 cargos en su contra, incluidos 15 por asesinato y uno por terrorismo.

(Con información de AFP y EFE)

La intervención oportuna de la Policía Nacional y el Ejército permitió neutralizar un artefacto explosivo abandonado en una camioneta cerca de la estación de Policía en Belén de los Andaquíes, departamento de Caquetá.

Con la acción, las autoridades evitaron un atentado y lograron limitar los daños a pérdidas materiales en el automotor.

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El operativo se desplegó cuando los equipos antiexplosivos inspeccionaron el vehículo abandonado en inmediaciones de la estación policial y la empresa de servicios públicos, en el sur del Caquetá.

El alcalde del municipio, Wilmar Ballén, informó, citado por La FM., que la evaluación del riesgo y el manejo de la situación duraron varias horas, con apoyo de perros especializados y tecnología robótica para manipular el artefacto.

La usuaria y divulgadora de información en redes sociales @dona_pily2 afirmó que el dispositivo detonado era un “‘Vbied’ (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device), término que hace referencia a un artefacto explosivo improvisado acondicionado y transportado dentro de un vehículo”, dijo.

Al confirmar la presencia del explosivo, las autoridades ordenaron su detonación controlada, lo que dejó la camioneta semidestruida y evitó una explosión de mayor magnitud en el área urbana.

La Policía Nacional destacó que la operación logró frustrar un ataque que podría haber puesto en riesgo a la población civil y a los funcionarios de la estación policial.

Según informó el Ejército Nacional, las investigaciones actuales se centran en identificar y capturar a los responsables, y las acciones están orientadas hacia el desmantelamiento de estructuras criminales en la región.

Entre los principales focos de atención figuran las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, organizaciones señaladas de promover acciones terroristas y mantener economías ilegales en el sur de Colombia.

El alcalde Ballén resaltó: “La reacción coordinada de nuestras instituciones evitó una tragedia mayor y demuestra el compromiso con la seguridad de los habitantes”.

Ejército y Policía incautan explosivos de disidencias de las Farc que serían usados para atentados en Tolima

Tropas del Ejército y personal de la Policía Nacional hallaron un depósito ilegal con 30 kilogramos de explosivos perteneciente al frente Joaquín González, estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, durante un operativo en el corregimiento de Playarrica, municipio de San Antonio, Tolima, informó Caracol Radio.

La operación, desarrollada en la vereda Tolda Blanca, permitió ubicar el material que, según inteligencia militar, iba a ser empleado en un atentado en la zona.

El coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, señaló que, de acuerdo con las valoraciones técnicas, “la capacidad de afectación del explosivo habría generado un radio de destrucción aproximado de 40 metros, poniendo en grave riesgo a la población civil y a la infraestructura de la región”.

Según lo que informó el medio, en el depósito también se encontraron uniformes similares a los de la Policía Nacional, panfletos del frente Joaquín González y una batería de motocicleta, elementos que, de acuerdo con las autoridades, podían usarse tanto para proselitismo armado como para hostigamientos.

Este hallazgo refuerza las alertas sobre la presencia activa de grupos armados ilegales en el sur del Tolima y sus intenciones de afectar el orden público.

El explosivo fue destruido de manera controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional. Los demás materiales incautados, incluidos los uniformes y los panfletos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la apertura de procesos de investigación.

Las autoridades puntualizaron la importancia de la coordinación entre Ejército y Policía para detectar y neutralizar amenazas en zonas donde la población civil enfrenta riesgos persistentes por actividades de grupos criminales.

De acuerdo con la información oficial, la incautación de este arsenal representò un golpe a la estructura del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc y un avance en las acciones de seguridad dirigidas a prevenir ataques en el departamento.

Entre los hechos más impactantes ocurridos durante el último cuarto del siglo XX, la explosión del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie se mantiene como uno de los atentados aéreos más devastadores.

El 21 de diciembre de 1988, la tragedia no solo cobró la vida de 259 personas que iban a bordo, sino que también sumó la de 11 habitantes de la ciudad escocesa, cuando partes del aparato y sus restos cayeron violentamente sobre viviendas y jardines, convertido el lugar en un siniestro escenario teñido de horror.

Las cifras resultantes del atentado ofrecen una visión clara de su magnitud: 259 víctimas en vuelo y 11 en tierra, lo que llevó a que la pequeña ciudad de Lockerbie se transformara durante esa noche en un escenario de caos y muerte. La aeronave, un Boeing 747 procedente de Frankfurt, Alemania y con destino final en Detroit, Estados Unidos, había hecho su escala correspondiente en Londres, partiendo del aeropuerto de Heathrow a las 18.25 bajo el mando del capitán James B. McQuarrie, mientras a bordo se encontraban 243 pasajeros y 16 tripulantes.

En pleno vuelo sobre los cielos de Escocia y mientras alcanzaba su altura de crucero, exactamente a las 19:03, la bomba, discretamente ocultada dentro de un grabador en el compartimiento de carga, detonó. Lo que siguió fue una cadena de eventos instantáneos: el avión se fragmentó, la cabina se desprendió y, en solo 46 segundos, los restos del avión y sus ocupantes se precipitaron desde aproximadamente 9.400 metros de altura. A 5.000 metros, la estructura cedió aún más, las alas se separaron del fuselaje y cayeron sobre el barrio de Sherwood Crescent, donde los tanques de combustible ocasionaron un devastador impacto, generando un cráter de 50 metros y llamas visibles desde varias cuadras.

En paralelo al desastre, la vida cotidiana de Lockerbie se vio brutalmente alterada. Algunos vecinos, entonces frente al televisor o descansando, reportaron primero un estruendo similar al de una tormenta y luego observaron el cielo teñirse de un resplandor anaranjado, acompañado de una serie de explosiones.

El suelo y las viviendas se vieron afectados de inmediato: materiales y partes de la aeronave equivalentes a 1.500 toneladas cayeron desparramadas, dejando el pueblo inmerso en la destrucción. El barrio de Sherwood Crescent resultó irreconocible; allí, varias familias murieron debido a la caída de restos del avión y posteriores incendios. Algunos cuerpos nunca pudieron localizarse.

El caso de Steve Flannigan resume en parte la catástrofe ocurrida esa noche. El joven, entonces de 14 años, se encontraba fuera de su casa, cuando la caída del avión eliminó todo rastro de su vivienda y su familia. La pérdida y el aislamiento posteriores definieron su vida, desde entonces se lo conoció como “el huérfano de Lockerbie”.

Los impactos personales de la tragedia se multiplicaron: una vecina, al regresar a su domicilio y revisar el jardín, halló un bolso en cuyo interior encontró tarjetas de cumpleaños pertenecientes a Nicole Boulanger, una joven víctima de 21 años. Profundamente conmovida, la mujer decidió plantar flores en su memoria. A la mañana siguiente, el pueblo entero colaboró para identificar pertenencias, organizar el cuidado de la ropa rescatada y brindar algún consuelo a las familias de las víctimas.

La reacción inmediata de las autoridades se vio reflejada también en la actividad de los controladores aéreos, quienes, al percibir la desaparición abrupta del vuelo 103 de los radares, establecieron comunicación urgente con el vuelo de KLM, cercano a la zona de la tragedia, pero sin obtener respuesta. En la pantalla del controlador Alan Topp, el punto correspondiente al avión de Pan Am se multiplicó hasta transformarse en una dispersión de luces, evidencia de su explosión y caída.

En los primeros momentos tras el suceso, la pregunta predominante se centró en esclarecer si la causa del accidente respondía a una falla mecánica o a un atentado. La investigación, llevada a cabo conjuntamente por expertos británicos y estadounidenses, comenzó con el hallazgo de 60 cuerpos entre los restos diseminados en Lockerbie y el análisis de fragmentos hallados en el área, que incluían partes de un grabador, circuitos electrónicos y restos metálicos. El resultado de los peritajes fue claro: una bomba, introducida en la bodega dentro de una valija con un grabador de cassette, había detonado, abriendo un boquete de medio metro bajo una puerta en el lado izquierdo del fuselaje. La destrucción ocasionada dispersó los restos bajo fuertes vientos.

Las investigaciones avanzaron durante casi tres años y finalmente, el 13 de noviembre de 1991, Scotland Yard, el FBI y la CIA presentaron cargos de asesinato contra dos miembros de la inteligencia libia: Abdelbaset al-Megrahi, jefe de seguridad de las Aerolíneas Árabes Libias, y Al Amin Khalifa Fhimah, director en el aeropuerto de Malta. La negativa de Libia a extraditarlos generó sanciones por parte de las Naciones Unidas en 1992, y recién el 5 de abril de 1999 ambos sospechosos fueron entregados en Países Bajos, tras una combinación de presiones diplomáticas y acuerdos con el régimen libio de Muamar el Gadafi.

La mayor cantidad de víctimas provenía de Estados Unidos: murieron 190 ciudadanos de ese país entre los que había 35 estudiantes de diversas universidades. Fallecieron 43 británicos y, entre los pasajeros muertos había tres argentinos: Fabiana Benvenuto y su esposo Hernán Caffarone y Tomás van Tienhoven.

Hubo también ejemplos llamativos de personas que, por decisiones de última hora, evitaron la muerte. Entre ellos figuran Johnny Rotten (de los Sex Pistols), el tenista Mats Wilander y la actriz Kim Cattrall, quienes cambiaron su vuelo o perdieron el avión. Otro caso es el del estadounidense Jaswant Basuta, que, tras perder la salida del vuelo por una discusión y permanecer en el aeropuerto, fue arrestado como sospechoso antes de comprobarse su inocencia.

Durante las pesquisas emergieron además diversas teorías conspirativas, alimentadas por la “Advertencia Helsinki”: un aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos días antes del atentado, que afirmaba haber recibido información sobre un potencial ataque en un vuelo procedente de Frankfurt hacia Estados Unidos. A raíz de esa advertencia, algunas personas importantes cambiaron sus reservas de vuelo, lo que para algunos analistas levantó sospechas de acceso a información sensible. El Departamento de Estado, sin embargo, concluyó oficialmente que la alerta había sido una broma, aunque las dudas persistieron.

Otra hipótesis giró en torno a la presencia, en ese vuelo, de cuatro agentes de inteligencia estadounidense: Chuck McKee, Matthew Gannon, Ronald Lariviere y Daniel O’Connor. Todos murieron en el atentado, y la especulación señalaba que este hecho podría haber motivado o al menos definido el objetivo terrorista.

Rumores conspirativos apuntaron incluso al retiro de la escena de destrucción luego de la explosión de un maletín por parte de otros agentes de la CIA. También se habló de que entre los restos del avión se hallaron grandes sumas de dinero en efectivo y prendas ligadas a grupos radicales, así como el esparcimiento de drogas en un campo de golf cercano.

Las consecuencias directas para la línea aérea fueron severas. Pan Am, profundamente cuestionada por la debilidad de sus controles de seguridad, debió enfrentar demandas millonarias y afrontar la pérdida irreversible de reputación, lo que culminó en su declaración de quiebra el 8 de enero de 1991.

El daño emocional y social para las familias de Lockerbie fue inmenso. A pesar de recibir indemnizaciones, como los 3,6 millones de dólares obtenidos por los hermanos Flannigan en 1993, muchos no lograron reconstruir sus vidas: David Flannigan se suicidó en Tailandia ese mismo año y Steve lo haría en el 2000 en Wiltshire, dejando huérfano a su propio hijo.

Tras un largo proceso judicial, el 31 de enero de 2001, un tribunal compuesto por jueces escoceses condenó a Al-Megrahi a 27 años de prisión, mientras Fhimah obtenía la absolución. Al-Megrahi continuó proclamando su inocencia incluso tras el rechazo de su apelación, llegando a acudir infructuosamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En octubre de 2002 Libia se comprometió a pagar alrededor de diez millones de dólares por cada víctima, y el 15 de agosto de 2003 reconoció formalmente su responsabilidad por el atentado, después de años de presión internacional, lo que llevó al levantamiento de sanciones por parte de la ONU.

El 20 de agosto de 2009, Al-Megrahi fue liberado por motivos humanitarios debido a una enfermedad terminal y recibió honores en su país. Sobrevivió 36 meses tras la excarcelación, pese a habérsele diagnosticado entonces solo 3 meses de vida. La noticia causó fuerte indignación entre los familiares de las víctimas. Uno de ellos, Luis Caffarone, padre del argentino Hernán Caffarone, expresó: “Es algo inconcebible (…) Una vergüenza después de haber hecho un atentado de esa naturaleza. Me parece una falta de respeto”.

Durante los levantamientos en Libia de 2011, el exministro de Justicia Mustafa Abdel Jalil declaró públicamente que el dictador libio Muamar el Gadafi fue quien ordenó el atentado contra Pan Am 103. Ese mismo año, Gadafi murió asesinado a manos de sus enemigos internos.

En el desarrollo posterior de las investigaciones, emergió el nombre de un tercer cómplice, Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, experto en explosivos. Reportes de una entrevista en 2012 y documentos judiciales señalan que reconoció haber participado en el ataque; fue el que armó el explosivo. Sobre Masud pesaban ya cargos por otros atentados, como el perpetrado en una discoteca en Berlín en 1986, y había sido detenido en Libia tras la caída del régimen de Gadafi. El fiscal general de Estados Unidos de entonces, William Barr, reabrió formalmente las acusaciones en 2020, calificando la obtención de pruebas contra Masud como un avance relevante.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el 11 de diciembre de 2022, pocos días antes del trigésimo cuarto aniversario, que Masud se encontraba bajo custodia, a la espera de enfrentar cargos en un tribunal estadounidense. Su familia denunció que su captura no fue resultado de un proceso de extradición legal, sino de un secuestro coordinado entre las autoridades libias y Estados Unidos. El Congreso de Libia exigió una investigación del caso.

Christopher Wray, director del FBI entre 2017 y 2025 dijo por entonces: “Han pasado casi 34 años desde la tragedia del vuelo de Pan Am, el FBI y nuestros colaboradores no hemos olvidado a los norteamericanos asesinados y no descansaremos nunca hasta que todos los responsables estén a disposición de la justicia. (...) Nuestro alcance y nuestra memoria son largas, como lo demuestra esta investigación. (...) Mis pensamientos están enfocados en las personas perdidas y en sus seres queridos mientras el trabajo por conseguir justicia prosigue”.

La ciudad de Lockerbie sigue resguardando la memoria de ese día de hace , representada en cenotafios y actos que recuerdan a las 259 que viajaban y las 11 que perdieron la vida en tierra, víctimas de una tragedia cuyas consecuencias judiciales y humanas continúan marcando a familias y sobrevivientes, sin que todavía se hayan cerrado todos los capítulos del caso.

La Municipalidad Distrital de Carabayllo informó sobre este nuevo atentado a través de un comunicado en el que detalló que el alcalde participaba en el acto de colocación de la primera piedra cuando sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron el artefacto explosivo, provocando pánico entre los vecinos presentes. La comuna sostuvo que el atentado buscó sembrar zozobra durante un acto que representa progreso para la comunidad.

El comunicado enfatizó la gravedad de que ya sean cuatro atentados en lo que va del año, calificando el hecho como una amenaza a la seguridad y a la institucionalidad del distrito. Las autoridades municipales reafirmaron su total disposición de colaborar con la justicia para que los responsables sean identificados y sancionados, al tiempo que aseguraron que las obras públicas no se detendrán frente a la violencia.

Nuevo atentado con explosivo marca el cuarto ataque a Pablo Mendoza

De acuerdo con las imágenes difundidas, el alcalde Pablo Mendoza se encontraba pronunciando su discurso por el inicio de obra cuando una explosión interrumpió el evento y desató el pánico entre los asistentes. Parte del equipo de seguridad del burgomaestre, que carecía de chalecos antibalas, reaccionó cubriéndolo de inmediato y ejecutó el protocolo para prevenir un segundo ataque en la zona. A pesar del susto y la alarma generalizada, el evento logró continuar después de restablecerse la calma.

“Tras el atentado, los responsables se dieron a la fuga, activándose de inmediato el Plan Cerco por parte del cuerpo de Serenazgo, resguardando el área y manteniendo el orden hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú, que ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes”, sostuvo la comuna.

La autoridad municipal reiteró en el acto y en el pronunciamiento oficial su rechazo absoluto a estos actos, reafirmando la decisión de no detener el avance de las obras pese a los intentos de amedrentamiento. “La Municipalidad Distrital de Carabayllo condena enérgicamente estos actos criminales y reafirma su pleno compromiso de colaborar con las autoridades competentes para que los responsables sean identificados y sancionados con todo el peso de la ley”, precisa el pronunciamiento.

Alcalde señala intereses detrás del ataque

Tras el ataque, Mendoza invocó a la calma entre los vecinos e insistió en que estos actos violentos responden a intereses que buscan obstaculizar el desarrollo del distrito. El alcalde aseguró que “siempre hay personas que van a obstruir el trabajo” y que detrás de los atentados existen grupos interesados en frenar la ejecución de obras para la comunidad.

En su discurso, el burgomaestre remarcó: “Hay muchos intereses para que nosotros no sigamos avanzando, para que las obras no lleguen. Porque a más necesidad, más mentiras. A más necesidad, nos van a seguir engañando toda la vida. Por eso, vecinos, creo que hoy día es un día muy especial para nuestros vecinos de Sol Naciente, porque disfrutarán de estas pistas y veredas”, expresó al dirigirse a los presentes.

Mendoza relacionó el ataque con el crecimiento de la obra pública en Carabayllo y con la posición de su gestión frente a intereses que busca desbaratar. Según la comuna, esta seguidilla de agresiones representa una presión delictiva orientada a inmovilizar la gestión municipal, una interpretación respaldada por la continuidad de los atentados en el distrito.

El alcalde señaló que, sin importar los embates, su administración mantendrá el ritmo de ejecución de proyectos y el compromiso con los vecinos. Recalcó que los intentos por infundir temor no impedirán que Carabayllo siga adelante con nuevas obras y servicios públicos.

Ataques anteriores al alcalde de Carabayllo

A inicios de diciembre, un artefacto explosivo fue hallado frente a la residencia del alcalde. La rápida acción del grupo UDEX de la Policía Nacional permitió controlar la amenaza sin heridos. Esta situación agravó la tensión y se produjo en un contexto marcado por graves denuncias sobre presuntos vínculos entre la administración local y organizaciones delictivas vinculadas al sector construcción.

Un mes antes, durante una protesta de madres de familia en la avenida Merino Reina, desconocidos arrojaron explosivos en un acto que encabezaba el alcalde. El incidente dejó heridos a dos agentes de serenazgo que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de Collique. La municipalidad confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por los miembros del equipo de seguridad.

Cabe precisar que recientemente el alcalde viene siendo investigado por presuntamente tener un nexo con la organización criminal conocida como‘Los sanguinarios de la construcción’, sindicada como responsable de extorsión, cobro de cupos y adjudicaciones irregulares en la zona. El nombre de Pablo Mendoza Cueva aparece en pesquisas fiscales bajo el alias de ‘El Médico’, supuesto enlace político de la banda. Los recientes operativos han incluido el allanamiento de su residencia y de instalaciones municipales, donde se incautó documentación y vehículos vinculados a la organización.

La Policía Nacional sospecha que la red consolidó su control dentro de la municipalidad mediante la manipulación de adjudicaciones, alquiler de vehículos y la autorización de eventos en espacios públicos, así como por pagos recurrentes a empresas fantasmas y la administración de bienes registrados a nombre de los cabecillas. Ochenta y ocho vehículos fueron inmovilizados en operativos recientes, varios de ellos en manos de funcionarios ediles. Testimonios policiales confirman que el soporte político local permitió a la organización afianzar el control del sector y operar con connivencia en el distrito.