Misael Hernández Mendoza, profesor y promotor de la lengua triqui, fue atacado a balazos junto con su hija de tres años durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca, cuando regresaban de los festejos por el Grito de Independencia. Ambos quedaron gravemente heridos y recibieron atención médica.

La agresión ocurrió alrededor de la 1:30 horas en la calle El Calvario, ubicada en el centro de San Andrés Chicahuaxtla, comunidad del municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca de Oaxaca.

Hernández Mendoza, de 41 años, viajaba con la menor en una camioneta blanca de doble cabina rumbo a su domicilio. Personas armadas interceptaron el vehículo y dispararon contra padre e hija.

Los agresores huyeron después del ataque. Hasta la tarde de ese miércoles no se había informado sobre detenciones ni existía información pública que permitiera identificar a los responsables.

Padre e hija permanecían graves tras la agresión armada

Los familiares de Misael Hernández y de la niña informaron que ambos permanecían en estado grave a causa de las heridas provocadas por los disparos. Las dos víctimas continuaban bajo atención médica.

Habitantes y autoridades comunitarias de San Andrés Chicahuaxtla condenaron el ataque. Vecinos de la comunidad exigieron que se esclarecieran las circunstancias de la agresión y se localizara a quienes la cometieron.

Hasta ese momento, no se había establecido el móvil del atentado. Tampoco se había confirmado que la agresión estuviera vinculada con el trabajo docente, comunitario o lingüístico que desarrollaba el profesor.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no había dado a conocer información sobre el ataque contra Hernández Mendoza y su hija hasta la tarde del miércoles. Las autoridades tampoco habían confirmado la captura de los agresores.

Misael Hernández promovía la lengua triqui desde herramientas digitales

Misael Hernández Mendoza era profesor de educación primaria y activista comunitario. Su trabajo se enfocaba en los derechos comunitarios y lingüísticos de San Andrés Chicahuaxtla, un pueblo triqui de la Zona Alta.

Durante más de 15 años, participó en proyectos para preservar, fortalecer y difundir la lengua triqui mediante materiales didácticos y herramientas digitales. También impulsó iniciativas para incorporar ese idioma originario a espacios tecnológicos.

Entre sus gestiones estuvo la incorporación de una versión en triqui del navegador Mozilla Firefox para computadoras con los sistemas operativos Linux, Windows y Mac OS. La herramienta buscaba ampliar el acceso de hablantes triquis a contenidos digitales en su propia lengua.

El profesor también formaba parte de la Red de Activistas Digitales de América Latina. Su trayectoria incluía la elaboración y promoción comunitaria de materiales educativos en lengua triqui.

La comunidad reclamaba una investigación por el atentado

El ataque ocurrió después de que Hernández Mendoza y su hija acudieron a las actividades por el Grito de Independencia. Al concluir las celebraciones, ambos se trasladaban en la camioneta blanca cuando fueron emboscados en la calle El Calvario.

La agresión contra una niña de tres años incrementó la preocupación entre los habitantes de San Andrés Chicahuaxtla. Autoridades comunitarias y vecinos reclamaron una investigación para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

No se había informado si los agresores conocían a las víctimas, si actuaron desde otro vehículo o si existían antecedentes de amenazas contra el profesor. La falta de datos oficiales impedía establecer una relación entre el atentado y su labor como activista.

San Andrés Chicahuaxtla pertenece al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la Mixteca de Oaxaca. La comunidad identificaba a Hernández Mendoza por su trabajo para mantener vigente la lengua triqui a través de materiales educativos y tecnologías digitales.

El juez federal Daniel Rafecas resolvió que el jerarca iraní Alí Asghar Hejazi sea juzgado en ausencia por la Justicia argentina a raíz de su presunta participación en el atentado a la AMIA, que causó 85 muertes el 18 de julio de 1994 en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

“Frente a la actitud obstructiva del imputado y la ausencia de cooperación efectiva” por parte de la República Islámica de Irán en relación al pedido de detención preventiva para una futura extradición, el magistrado consideró que están dadas las condiciones para “declarar que el proceso puede proseguir válidamente en ausencia del acusado”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Hejazi fue un estrecho colaborador del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel y según la investigación presidía el Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para atentar contra la AMIA en Argentina.

Sustraerse a la Justicia

El juez hizo lugar a un pedido del fiscal titular de la UFI AMIA Sebastián Basso, mientras se aguarda una definición de la Cámara Federal de Casación sobre la validez del juicio en ausencia que ya se dispuso contra diez prófugos iraníes y libaneses.

El nuevo acusado tiene pedido de captura internacional desde abril pasado y, al disponer que se lo someta también al juicio en ausencia, se excluyó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”. Para el juez Rafecas, el acusado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.

En la resolución se hizo un repaso de todo lo hecho desde que se lo imputó y se recordó que el 10 de abril último se lo citó a declaración indagatoria y se ordenó su captura nacional e internacional. También se pidió a Interpol “que procediese a la inscripción de la respectiva difusión roja respecto de Alí Asghar Hejazi”.

Además, se publicaron edictos y se requirió de manera formal a Irán la detención provisoria para una futura extradición en base a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal 24.767. También se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní de todas las medidas. En mayo se notificó su declaración de rebeldía, todo a través de exhortos.

Ante ello se dieron por cumplidos los requisitos para considerar que se lo puede someter al juicio en ausencia. Hejazi tuvo a su cargo, entre otras instituciones, al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. “Resulta prácticamente imposible que una figura de tamaña relevancia para el régimen iraní no haya sido informada de los requerimientos dispuestos por quien suscribe”, advirtió el juez.

“Puede afirmarse que Hejazi, pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar los requerimientos de esta autoridad judicial”, concluyó.

Además se destacó que la causa por el atentado a la AMIA es objeto de una “gran atención internacional” con exposición mediática, factor que combinado con “el rango jerárquico que revestía, y aún reviste, el imputado dentro del aparato estatal iraní, torna inverosímil cualquier alegación de desconocimiento”.

La acusación

Según la acusación fiscal, la “planificación, decisión y ejecución” del atentado estuvo a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas a las oficinas del fallecido Líder Supremo Alí Khamenei”. La decisión en concreto de atentar contra la AMIA se habría definido en Teherán, en el ámbito de un comité especial al que denominó “Vijeh” encabezado por el Líder Supremo y “cuya dirección se hallaba a cargo de la mano derecha y principal representante de aquél; es decir, a cargo de Alí Asghar Hejazi”, el ahora prófugo de la Justicia argentina.

El comité al momento del atentado estaba integrado por otros líderes iraníes que ya fueron enviados a juicio en ausencia en Argentina y también tienen pedidos de captura internacional. Entre ellos estaban Mohsen Rezai (comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (responsable de la sección especial de ese cuerpo encargada de las operaciones fuera de las fronteras de Irán, esto es, la Fuerza Al Quds), Alí Fallahian (a cargo del Ministerio de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (responsable del departamento encargado de los Asuntos para el Extranjero o Ministerio de Asuntos Exteriores).

El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784 y en la causa AMIA se habilitó para los acusados iraníes y libaneses Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

La ciudad de Morelia, Michoacán, vivió uno de los episodios más violentos cometidos por el crimen organizado la noche del 15 de septiembre de 2008, cuando dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a la plaza Melchor Ocampo del Centro Histórico en pleno festejo del Grito de Independencia.

Este hecho fue el primer atentado calificado como terrorista en el país, registrado durante la llamada guerra contra el narco durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Las detonaciones de las granadas dejaron un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 132 lesionadas. El ataque se cometió durante el Grito de Independencia, encabezado por el entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, pasadas las once de la noche.

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos lanzaron granadas a la población civil mientras se realizaba el grito y, después de tocar las campanas, se escucharon las denotaciones. En un primer momento el entonces gobernador creyó que se trataba de fuegos artificiales, pero la segunda detonación dispersó todas las dudas debido a su potencia y daños.

Testimonios de los sobrevivientes refirieron que un hombre de complexión robusta y playera color negro había sido el presunto responsable de lanzar los explosivos a la plaza, pero no se tenía más información acerca de la manera en que se había cometido el ataque.

De acuerdo con una investigación realizada por el periodista especializado en crimen organizado, Óscar Balderas, para MVS Noticias, siete días después del atentado una llamada anónima le dio información a las autoridades acerca del atentado, además de referirles la ubicación de tres presuntos responsables: Juan Carlos Castro, “El Grande”; Julio César Mondragón, “El Tierra Caliente”, y Alfredo Rosas, “El Socio”.

Según esa llamada, los tres estaban atados en una casa de portón blanco en la sierra de Antúnez, Apatzingán, retenidos por sus propios compañeros criminales, quienes supuestamente querían matarlos por arrepentimiento. El denunciante los identificó como integrantes de Los Zetas.

Agentes estatales y federales llegaron al domicilio y encontraron a los tres hombres atados y golpeados. En su declaración, contaron que un jefe de plaza apodado “El Bola” los había contratado dos días antes del atentado.

El encargo, según esa versión, venía de altos mandos del grupo criminal en Tamaulipas, liderados por Heriberto Lazcano Lazcano, “El Zeta 3”. Por 100 mil pesos a repartir entre los tres, debían arrojar el contenido de una caja con seis granadas hacia la multitud.

El motivo, de acuerdo con esa confesión, era desatar el caos para culpar a La Familia Michoacana y que ingresaran las fuerzas armadas.

La Familia Michoacana se deslindó del ataque en narcomantas

Días después del atentado, la Familia Michoacana se deslindó públicamente del ataque con mantas colocadas en Morelia, en las que señalaron a Los Zetas como los responsables.

El periodista refirió que las familias de los detenidos denunciaron que se encontraban hasta 400 kilómetros de distancia de Morelia la noche del ataque. Aseguraron además que eran mecánicos sin vínculos con el crimen organizado.

Según esas denuncias, los tres no fueron rescatados de una casa de seguridad del crimen organizado, sino detenidos en sus trabajos frente a testigos. Las heridas que presentaban, agregaron, fueron causadas por agentes de la entonces Procuraduría General de la República y de la policía de Michoacán, no por compañeros de cártel.

Siete años después de su detención, Juan Carlos Castro, Julio César Mondragón y Alfredo Rosas recuperaron la libertad luego de que las autoridades no pudieron comprobar que estuvieran físicamente en Morelia la noche del atentado.

Las víctimas del “granadazo” esperaron 15 años para obtener algún tipo de reparación. En octubre de 2023, seis sobrevivientes lograron que el Gobierno federal aprobara una indemnización de 8 millones de pesos.

El dinero estaba destinado a saldar deudas contraídas desde la noche del atentado debido a que muchas familias hipotecaron sus casas para pagar medicamentos, operaciones y prótesis. Sin embargo, el gobierno reconoció no contar con los fondos para pagarlo y hasta el 2024 se sabía que el dinero les había sido entregado.

A 18 años del “granadazo”, las autoridades no han identificado a los responsables del atentado en Morelia. Cada 15 de septiembre se realiza una ceremonia en memoria de las víctimas y se colocan ofrendas en la plaza Melchor Ocampo.

Miembros del equipo de trabajo de Rosi Wong, alcaldesa del municipio de Tecámac, resultaron heridos luego de que fueran atacados a balazos mientras viajaban en un automóvil.

De acuerdo con la información disponible, en el automóvil viajaban su jefe de gabinete Carlos Galindo y su chofer, quienes resultaron heridos.

En un primer momento se señaló que la alcaldesa viajaba en la camioneta atacada, sin embargo, la periodista Azucena Uresti, posteó en su cuenta de X que Wong no había sido víctima del ataque, y que ella misma y la Fiscalía Estatal habían confirmado que ella estaba participando en la Mesa de la Paz cuando ocurrió el atentado.

La periodista también señaló que el funcionario herido estaba fuera de peligro.

Por su parte el periodista Osvaldo Muller dio a conocer en sus redes sociales que se trató de un ataque directo en la zona de Ojo de Agua, en Tecámac, donde sujetos en una motocicleta dispararon contra los tripulantes de la camioneta atacada. Los funcionarios que viajaban en ella se trasladaron hasta la Cruz Roja de Tecámac para ser atendidos por las heridas que recibieron. Desde la Cruz Roja fueron trasladados a otros hopirtales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, confirmó los hechos, y confirmó que en el ataque dos personas habían resultado heridas. Uno de los servidores públicos, se señaló por medio de un comunicado, fue atendido en el lugar por lesiones en la mano derecha, ocasionadas por fragmentos de vidrio de las ventanillas. La otra persona herida fue llevada a un hospital de la zona para recibir atención médica, y se reporta fuera de peligro.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con personal de la Guardia Civil de Tecámac, permanecieron en el sitio para brindar seguridad y resguardar el lugar, en tanto se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el o los probables responsables”, se señaló.

Cabe destacar que hasta el momento la alcaldesa no se ha pronunciado al respecto de manera pública, y unos minutos antes de la publicación de esta nota, posteó en Facebook una felicitación a Sintique Moreno, presidenta municipal de Tequixquiac.

“Hoy quiero felicitar con mucho cariño a mi amiga Sintique Moreno, presidenta municipal de Tequixquiac. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos en este nuevo año de vida. Que vengan muchos momentos felices, salud y, sobre todo, mucho éxito en todos tus proyectos. ¡Disfruta mucho tu día, amiga!“, señaló Wong en redes sociales.

Poco antes de esa publicación, realizó una publicación referente al Grito de Independencia.

“Con mucho orgullo conmemoramos el Grito de Independencia, una noche para recordar nuestra historia, celebrar nuestras raíces y sentirnos profundamente orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Qué bonito es compartir estas #FiestasPatrias con las familias de nuestro querido #Tecámac. ¡#VivaMéxico! ¡Viva Tecámac! ¡Viva nuestra gente!“, señaló.

Infobae México consultó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la misma entidad sobre el tema, sin obtener respuesta.

Antes habían reportado ataque a directora del DIF de Tecámac

Cabe señalar que hace varios meses, en diciembre pasado, ya se había registrado un atentado similar contra otra funcionaria de ese municipio.

Tania Avendaño, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tecámac, fue atacada a balazos el pasado 31 de diciembre de 2025, cuando viajaba en un vehículo oficial cerca de su domicilio, por lo que resultó herida en un brazo.

En esa ocasión, Rosi Wong publicó en sus redes sociales que el presunto agresor “erró en su intención”, condenó el atentado en contra de la funcionaria municipal y aseguró que otros servidores públicos han recibido amenazas.

“Condeno enérgicamente este atentado, al igual que las amenazas que han recibido otros funcionarios y exfuncionarios públicos municipales por parte de quienes, se han empeñado en enrarecer el clima sociopolítico de Tecámac, lo que fue denunciado oportunamente”, señaló.

“Como será denunciado también este atentado para que la fiscalía identifique y detenga a quien resulte responsable. Nuestra compañera y amiga ya está siendo atendida, y la Guardia Civil realiza labores de contención e investigación en la zona sur del municipio”, concluyó.

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que se estaba realizando una investigación en campo sobre el atentado y que se encontraban ubicando cámaras de vigilancia cerca del domicilio de la funcionaria municipal para identificarf a los presuntos responsables.

También se informó que se encontraba en proceso de verificación de la información respecto a presuntas amenazas que habría recibido Tania Avendaño y otros funcionarios municipales, puesto que no cuentan con denuncias presentadas.

El DIF municipal también en sus redes sociales condenó el ataque en contra de la directora de la dependencia y exigió que este acto de violencia sea “investigado y sancionado con todo el peso de la ley”.

El opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, conocido como “comandante Omar”, resultó herido de bala la tarde de este lunes 14 de septiembre en Costa Rica, en el segundo atentado que sufre en menos de tres meses.

Información preliminar proporcionada por fuentes cercanas a Picado indica que el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando el dirigente campesino se encontraba junto con otros cinco nicaragüenses realizando trabajos de reparación y soldadura en una vivienda. Un hombre habría llegado al lugar y efectuado unos seis disparos.

Picado fue alcanzado por varios proyectiles y trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Otro exiliado nicaragüense, identificado por las fuentes únicamente como “comandante Crawford”, también resultó herido en un brazo.

Una fuente cercana señala que recibió tres impactos, de los cuales dos lo alcanzaron en el abdomen, y que fue llevado a cirugía de emergencia en condición grave. Se conoce que ya salió de la operación y le fueron extraídas las tres balas.

Hasta el cierre de esta información no se había divulgado un parte médico oficial ni se conocían públicamente la identidad del atacante, el móvil del ataque o las circunstancias de su huida. Tampoco existe hasta ahora una confirmación oficial de que la agresión tenga motivaciones políticas.

Picado, de 53 años, es un antiguo combatiente de la Resistencia Nicaragüense, conocida como la Contra, y utilizó “Omar” como nombre de guerra durante el conflicto armado de los años ochenta.

Después se incorporó a la vida política y llegó a ser concejal por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Kukra Hill. Participó además en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018 y posteriormente se refugió en Costa Rica.

El ataque de este lunes es el segundo que Picado denuncia en Costa Rica. El primero ocurrió el 27 de junio pasado en San Diego de La Unión, Cartago. Ese día caminaba cerca de la vivienda donde residía cuando, según su relato, un hombre lo siguió y le apuntó con una pistola a la cabeza.

Picado reaccionó sujetando la mano en la que el agresor llevaba el arma. Durante el forcejeo, el atacante intentó disparar, pero la pistola falló. El hombre logró soltarse y huyó en un vehículo que lo esperaba. El opositor salió ileso y denunció el hecho ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El OIJ confirmó posteriormente que había recibido la denuncia.

Después de aquel ataque, Picado sostuvo que sus agresores conocían sus movimientos y el sitio donde residía. “Ellos ya me tenían ubicado”, declaró entonces a Confidencial. También decidió cambiar de vivienda y rechazó un esquema de protección ofrecido por las autoridades costarricenses.

Su desconfianza hacia las autoridades de Costa Rica está relacionada con lo que ocurrió después de su captura en octubre de 2022.

Picado y Douglas Gamaliel Pérez Centeno fueron detenidos por agentes de Interpol el 18 de octubre de ese año en San José, después de que Nicaragua promoviera su captura.

Según la defensa de ambos, inicialmente se intentó utilizar un procedimiento migratorio para enviarlos rápidamente a Nicaragua, pero la entrega fue frenada mediante recursos judiciales.

Picado permaneció detenido mientras se tramitaba la solicitud de extradición presentada por Nicaragua. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 25 de noviembre de 2024 le otorgó medidas cautelares al considerar que enfrentaba una situación de gravedad y urgencia y que existía riesgo de daño irreparable para su vida e integridad.

La CIDH pidió a Costa Rica abstenerse de deportarlo, expulsarlo o extraditarlo mientras no se evaluara adecuadamente el peligro que enfrentaría en Nicaragua.

Finalmente, en mayo de 2025 el Tribunal Administrativo Migratorio le reconoció la condición de refugiado, lo que impidió su entrega a Nicaragua.

La acusación presentada por las autoridades nicaragüenses vincula a Picado con un ataque ocurrido el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista, municipio de El Castillo, Río San Juan. Según la acusación, un grupo armado emboscó una camioneta de la empresa Agro Industrial del Río que transportaba dinero para pagar una planilla.

En el ataque murieron la policía Aracely Marisol Díaz Salinas y el trabajador Pedro Pablo Chavarría Rivas, mientras otras personas resultaron heridas.

Las autoridades nicaragüenses atribuyeron a Picado y otros acusados delitos relacionados con asesinato, crimen organizado y robo. La documentación judicial costarricense recoge esa acusación, según la cual los atacantes realizaron decenas de disparos y se apoderaron de dinero y armas.

Picado ha negado las acusaciones y sostiene que el expediente forma parte de la persecución política contra antiguos miembros de la Resistencia y opositores al régimen de Ortega y Rosario Murillo.

Otros dos nicaragüenses quedaron involucrados en la misma causa y sus casos tuvieron desenlaces diferentes.

Douglas Gamaliel Pérez Centeno fue extraditado por Costa Rica a Nicaragua el 16 de febrero de 2024. Su defensa sostuvo posteriormente que había sufrido torturas y se encontraba desaparecido. La situación motivó medidas cautelares de la CIDH. Documentos judiciales costarricenses posteriores recogen precisamente esos señalamientos sobre lo ocurrido después de su extradición.

Pedro Javier Fernández Sandoval también fue requerido por Nicaragua por la misma causa. Sin embargo, el 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó su extradición y dispuso que el caso pudiera ser conocido por la justicia costarricense.

El atentado de este lunes contra Picado se produce en medio de una sucesión de ataques contra opositores y exiliados nicaragüenses ocurridos en territorio costarricense durante los últimos años.

Uno de los casos más notorios es el de Joao Maldonado, quien ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en San José, cuando fue interceptado por hombres en motocicleta mientras organizaba una manifestación contra el régimen nicaragüense. Maldonado resultó herido, pero sobrevivió.

El 11 de agosto de 2022, un activista nicaragüense identificado públicamente como Carlos A. recibió dos disparos en San José. El hombre había denunciado amenazas durante los meses anteriores.

El 7 de febrero de 2023 fue asesinado Erick Antonio Castillo en La Cruz, Guanacaste. Castillo era un excarcelado político nicaragüense que había denunciado torturas después de su encarcelamiento en Nicaragua y, según los antecedentes recopilados posteriormente, había recibido amenazas antes de ser asesinado.

El 10 de enero de 2024 ocurrió el segundo atentado contra Joao Maldonado. Dos hombres en motocicleta atacaron el vehículo en el que viajaba junto con su pareja, Nadia Robleto, en San Pedro de Montes de Oca. El OIJ informó que Maldonado recibió siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el tórax y la cabeza, mientras Robleto fue alcanzada por un proyectil. Los dos sobrevivieron.

La investigación costarricense determinó posteriormente que detrás del ataque habría operado una estructura de al menos ocho personas. Tres sospechosos fueron detenidos en octubre de 2024 y uno de los presuntos sicarios fue enviado a juicio en abril de 2026.

El 28 de octubre de 2024, Jaime Luis Ortega Chavarría, nicaragüense de 54 años y dirigente campesino refugiado en Costa Rica, fue asesinado en El Quebradón de Upala, Alajuela. Dos hombres que viajaban en un vehículo lo abordaron cerca de su vivienda y le dispararon al menos siete veces. Murió en el lugar.

El caso de mayor repercusión ocurrió el 19 de junio de 2025. El mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam, de 67 años y uno de los críticos más conocidos del régimen Ortega-Murillo en el exilio, fue asesinado dentro del residencial donde vivía en Moravia, San José.

Un hombre ingresó al lugar, llegó directamente hasta la vivienda de Samcam y le disparó múltiples veces. La investigación determinó posteriormente la participación de varias personas en la ejecución y logística del crimen. La Fiscalía costarricense mantiene abierta la investigación para identificar también a los autores intelectuales.

Picado sufrió su primer atentado ocho días después de cumplirse un año del asesinato de Samcam. El 27 de junio de 2026 un hombre intentó dispararle a la cabeza en La Unión de Cartago, pero el arma falló.

Menos de tres meses después, este lunes 14 de septiembre, Picado volvió a ser blanco de un ataque. Esta vez el arma sí disparó y el opositor nicaragüense terminó en un quirófano.

Hasta ahora, las autoridades costarricenses no han establecido públicamente quién ordenó el ataque ni si existe relación entre este hecho, el atentado de junio y los otros episodios de violencia sufridos por opositores nicaragüenses en Costa Rica.

La sucesión de casos, sin embargo, ha convertido la seguridad de los exiliados en uno de los principales puntos de preocupación de las organizaciones nicaragüenses refugiadas en ese país.

Estados Unidos recordó los 25 años de los atentados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania, con actos en memoria de las 2.977 personas asesinadas. Las ceremonias volvieron a situar en primer plano la dimensión humana de una tragedia que, además de transformar la política y la seguridad del país, dejó miles de pertenencias dispersas entre las ruinas de Nueva York.

Entre esos restos apareció una pequeña pelota de golf, cubierta de polvo y con marcas de golpes. Howie Rumberg, el primer periodista de Associated Press que llegó al World Trade Center después del derrumbe, la encontró mientras colaboraba con voluntarios y socorristas en la remoción inicial de escombros.

Alguien le pidió que no la tirara: entre el hormigón pulverizado y el acero retorcido que cubrían amplias zonas de Manhattan, ese objeto podía haber pertenecido a una de las personas que trabajaban en las torres.

Una pelota entre las ruinas del World Trade Center

El periodista dejó la pelota cerca de una acumulación de metal despedazado que entonces se creía podía contener partes de los aviones utilizados en los ataques. Durante las primeras horas, equipos de emergencia, bomberos, policías y civiles formaron cadenas para trasladar baldes con ceniza y restos. La búsqueda se detenía de forma periódica cuando alguien pedía silencio, ante la posibilidad de detectar señales de sobrevivientes.

Esa expectativa se desvaneció con rapidez. A medida que avanzaban las tareas en lo que pasó a conocerse como “la pila”, aparecían objetos que remitían a la vida laboral y familiar de quienes estaban en el complejo: fotografías rotas, pisapapeles, zapatos y papeles. Cada hallazgo ofrecía una referencia material de las víctimas, aunque no permitiera reconstruir a quién había pertenecido ni cuál había sido su historia.

Para Howie Rumberg, que jugaba al golf con frecuencia en aquel momento, la pelota tuvo un significado particular. Imaginó que podía haber estado en un escritorio, junto a otras con logotipos corporativos, o que podía haber sido el recuerdo de una jornada entre colegas. El objeto remitía a actividades ordinarias —un acuerdo cerrado, una salida recreativa o una ronda compartida— que quedaron interrumpidas por el ataque.

El aniversario incorporó un homenaje a las víctimas de enfermedades posteriores

El 11 de septiembre de 2026, Estados Unidos conmemoró el 25.º aniversario de los atentados que causaron la muerte de 2.977 personas en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania. En el memorial de la Zona Cero, familiares leyeron los nombres de las víctimas y se respetaron silencios en los horarios de los impactos de los aviones y de los colapsos de las torres.

La ceremonia de este año añadió un séptimo momento de silencio para recordar a quienes murieron después por cáncer y otras enfermedades asociadas con la exposición al polvo tóxico liberado tras el derrumbe. La incorporación reconoció que las consecuencias sanitarias del ataque alcanzaron a bomberos, agentes, trabajadores de recuperación, residentes y otras personas expuestas en los días y meses posteriores.

Según la cobertura de Reuters, la conmemoración en Nueva York comenzó a las 8.46, hora local, el instante en que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte. El acto contó con la asistencia del vicepresidente JD Vance y de cuatro expresidentes estadounidenses. En paralelo, se realizaron homenajes en otros puntos del país y en el Pentágono, donde se leyeron los nombres de las 184 personas asesinadas allí.

Los objetos recuperados mantienen la dimensión individual de la tragedia

La pelota de golf no permite identificar a su dueño, pero ilustra la función que adquirieron los objetos recuperados en las ruinas. Frente a la escala de la destrucción, esas pertenencias conservaron rastros de hábitos, vínculos y espacios de trabajo.

AP remarcó que la pelota representa una pérdida que el reportero considera difícil de procesar incluso un cuarto de siglo después. Asimismo, esta conserva ese vínculo: no explica por sí sola lo ocurrido, pero remite a una persona y a una rutina que formaron parte de las casi 3.000 vidas que esa mañana se perdieron para siempre.

El piloto cubanoamericano George Fariñas recibió el 11 de septiembre de 2001 la orden de abandonar su ruta hacia Nueva York y aterrizar de emergencia en Nueva Orleans, mientras Estados Unidos cerraba su espacio aéreo tras los atentados de Al Qaeda. Su testimonio, difundido por Periodico Cubano luego de una entrevista con Telemundo 51, muestra la incertidumbre que atravesaron tripulantes y pasajeros antes de conocer la dimensión de los ataques.

La aeronave se encontraba a unos 161 km (100 millas) al sur de Nueva Orleans cuando el centro de control se comunicó con el vuelo Delta 575. La instrucción fue inmediata. “Delta 575, hagan planes para aterrizar de inmediato y de emergencia en Nueva Orleans”, dijo.

Fariñas pidió una explicación por el cambio de itinerario, pero la respuesta no dejó margen para preguntas. “Esa orden viene del Departamento de Defensa y usted no tiene que saber por qué. Solo es una orden y tiene que aterrizar”, recordó el piloto.

Nadie a bordo comprendía aún lo que ocurría. La tripulación y los pasajeros descubrieron la noticia al llegar a la terminal, donde las pantallas de televisión mostraban que un avión había impactado contra una torre; el segundo choque contra las Torres Gemelas confirmó que se trataba de un ataque terrorista.

Diecinueve integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales con pasajeros a bordo durante la mañana del 11 de septiembre de 2001. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, y el impacto provocó el derrumbe de ambos edificios.

Otra aeronave chocó contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa. El cuarto avión cayó en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Los atentados causaron la muerte de casi 3,000 personas y llevaron a las autoridades estadounidenses a ordenar el aterrizaje de miles de vuelos comerciales. La medida dejó a viajeros retenidos en aeropuertos mientras la aviación enfrentaba una interrupción sin precedentes.

Entre las víctimas hubo cubanos y estadounidenses de origen cubano. Marco Motroni, músico cubano de ascendencia italiana, murió en las Torres Gemelas después de haber emigrado a Estados Unidos a los 11 años y de integrar durante más de dos décadas la orquesta Novel, dedicada a difundir música cubana.

También fallecieron Nancy E. Pérez, empleada de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey; George Merino, nacido en Matanzas y trabajador de Fiduciary Trust International; y Niurka Dávila, quien trabajaba en esa misma institución pública.

La nómina incluye a Juan La Fuente, oriundo de Cienfuegos y empleado de Citibank; Carlos Domínguez, uno de los cubanoamericanos más jóvenes que murió en los atentados y trabajador de Marsh & McLennan Companies; y Michael A. Díaz-Piedra III, residente en Nueva York.

Controles reforzados en aeropuertos y cabinas de mando

El 11 de septiembre modificó los protocolos de protección en la aviación comercial estadounidense. Antes de los ataques, los controles aeroportuarios eran menos estrictos y los pilotos podían atravesar los puntos de seguridad sin que les hicieran preguntas, relató Fariñas a Telemundo 51.

Estados Unidos creó la Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA por sus siglas en inglés, y reforzó las inspecciones de equipaje, los controles de identificación y las restricciones de acceso a zonas aeroportuarias. Las puertas de las cabinas de mando también fueron fortalecidas para impedir ingresos no autorizados.

Fariñas, hoy inspector de aeronáutica civil, supervisa de forma constante a pilotos y viaja con ellos en la cabina. “Veo las nuevas medidas que hay cuando una aeromoza quiere entrar en la cabina. Ella tiene que llamar al piloto y hay un código que tiene que dar”, agregó.

El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar este domingo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se cumplieron 25 años de los ataques en Estados Unidos.

Tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó sus oraciones por quienes murieron y por las personas que aún padecen las consecuencias de aquella jornada. El mensaje vinculó la memoria del 11S con los conflictos y la violencia que persisten en distintas partes del mundo.

El llamado del papa desde el Vaticano

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, habló desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles reunidos en el Vaticano.

“Hace dos días se cumplió el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de América. Renuevo mis oraciones por aquellos que perdieron la vida y por aquellos que continúan llevando las heridas de aquel día trágico”, afirmó el pontífice.

El papa señaló que “el recuerdo del trágico acontecimiento de hace 25 años” debía impulsar a los fieles a “renovar nuestro compromiso con la paz”.

“En un momento en el que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a rezar para que el Señor conceda su don de la paz sobre el mundo”, añadió.

Nueva York homenajeó a las víctimas en la Zona Cero

Nueva York recordó el viernes a las casi 3.000 víctimas de los atentados con la ceremonia anual en la Zona Cero, donde familiares leyeron los nombres de los fallecidos junto a las dos fuentes construidas en el lugar que ocupaban las Torres Gemelas.

Los minutos de silencio coincidieron con las horas de los impactos de los aviones contra las torres y el Pentágono, el derrumbe de los edificios y la caída del vuelo 93 en Pensilvania. Por primera vez, la ceremonia también incluyó a quienes murieron por enfermedades vinculadas con el 11S.

El acto reunió a los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como al vicepresidente JD Vance y al alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. También asistieron Hillary Clinton, Michelle Obama, la gobernadora Kathy Hochul, el embajador ante la ONU Mike Waltz y la fiscal general Letitia James.

El presidente Donald Trump no acudió al homenaje en Nueva York y participó en los actos del Pentágono, en Virginia, donde murieron 184 personas tras el impacto de un tercer avión. “No lo olvidaremos nunca. Por eso luchamos hoy”, afirmó antes de defender que Washington debe impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

La foto se publicó al día siguiente en diarios de todo el país. En 48 horas, desapareció. El rechazo del público fue tan inmediato y tan furioso que los propios colegas de Drew en la Associated Press (AP) la bautizaron con una paradoja: “la fotografía más famosa que nadie ha visto”.

Esta es la historia de cómo un veterano del fotoperiodismo llegó desde un desfile de modas al epicentro del peor ataque terrorista en suelo estadounidense y de por qué la imagen que tomó esa mañana todavía incomoda, todavía duele y todavía importa.

Richard Drew fotografió “El hombre que cae” del 11 de septiembre tras salir de un desfile de modas

Esa mañana, Drew —fotógrafo de 54 años con más de tres décadas en la AP y parte del equipo que ganó el Premio Pulitzer en 1993— no tenía previsto estar cerca de la tragedia. Su agenda marcaba un desfile de maternidad con modelos embarazadas reales en Bryant Park, en el centro de Manhattan, a unos 5,6 kilómetros del World Trade Center. Estaba junto a un camarógrafo de CNN cuando este escuchó por su auricular la primera noticia y la repitió en voz alta. Segundos después, el teléfono de Drew sonó: su editor fue directo. “Olvida el desfile. Tienes que ir”, le dijo, según recogió CBS News.

Drew tomó el metro en Times Square hasta Chambers Street. Cuando subió a la superficie, ambas torres ya ardían. “Vi las dos torres en llamas y me pregunté cómo un solo avión podía haber golpeado las dos”, recordó en declaraciones recogidas por WBUR. Un policía lo sacó del error: un segundo avión había impactado la torre sur mientras Drew aún estaba bajo tierra. Salió a la calle y comenzó a fotografiar de inmediato, en lo que él mismo describe como piloto automático. “La cámara es para mí un filtro entre la realidad y yo”, explicó.

Hasta 200 personas cayeron de las Torres Gemelas el 11 de septiembre: el contexto detrás de la foto

Mientras Drew trabajaba entre ambulancias y agentes del FBI, un socorrista señaló hacia arriba y gritó. La gente caía. A partir de fotografías, videos y testimonios, se estima que unas 200 personas murieron al precipitarse desde los pisos superiores en los 102 minutos transcurridos entre el primer impacto y el colapso de ambas torres. La mayoría cayó desde la torre norte.

Drew apuntó su teleobjetivo de 200 milímetros hacia arriba y disparó en ráfaga. “No sé si saltaron por elección o si el fuego o el humo los expulsó. Solo sé que tuve que registrarlo”, declaró a la BBC. Podía escuchar los cuerpos al llegar al suelo, aunque su lente de largo alcance le impedía ver el impacto. La secuencia completa constó de 12 fotogramas del mismo hombre en caída; la imagen icónica corresponde aproximadamente al noveno cuadro.

Cuando Drew llegó a la sala de redacción y revisó su laptop, supo al instante cuál era la imagen: el hombre perfectamente vertical, la cabeza abajo, las líneas de las dos torres a cada lado como una firma geométrica del horror.

“Si la cámara no hubiera ciclado en esa fracción de segundo exacta, igual hubiera tenido fotos del hombre, pero no habrían sido tan impactantes”, explicó Drew a WBUR. La posición fue azarosa: un instante antes o después, la historia visual del 11-S habría sido distinta.

El Servicio Forense de la Ciudad de Nueva York fue taxativo: quienes cayeron de las torres no podían ser clasificados como suicidas, porque el humo, el fuego o las explosiones los expulsaron. En todos los certificados de defunción, la causa de muerte quedó registrada como homicidio. La “elección imposible”, como la denominó la curadora del Museo Memorial del 11 de Septiembre, Jan Ramirez, era en realidad lo que ella llama una “choiceless choice”: una disyuntiva sin salida real.

La foto generó un rechazo inmediato y se convirtió en imagen prohibida

Al día siguiente de los atentados, decenas de diarios publicaron la fotografía. La reacción fue fulminante. Lectores de todo el país inundaron las redacciones con cartas de protesta. “Apelar al morbo más bajo de la naturaleza humana”, escribió un lector de Pensilvania en una carta que leyó en voz alta ante las cámaras del documental 9/11: The Falling Man (2006), según recogió USA Today. Otros la tacharon de “voyeurista” y “sensacionalista”.

El rechazo fue tan intenso que la imagen desapareció de la prensa en cuestión de días. El contraste con otras imágenes igualmente crudas —las de la muerte de Robert F. Kennedy en 1968, también captadas por Drew, o las escenas de guerra publicadas durante décadas— resultó revelador. “La gente se identifica con ella. Creo que tiene miedo de tener que enfrentarse algún día a la misma decisión que ese hombre”, reflexionó Drew en declaraciones recogidas por la BBC.

Una excepción notable al rechazo colectivo fue Sir Elton John, quien adquirió la fotografía para su colección personal. “Es la imagen más bella de algo tan trágico. Es probablemente una de las fotografías más perfectas jamás tomadas”, afirmó el músico británico en declaraciones citadas por CBS News y Metro UK.

Quién era el hombre que cae: la búsqueda de la identidad del Falling Man llevó a dos nombres sin certeza oficial

La pregunta sobre quién era el hombre que cae en la foto del 11-S —cuál era su nombre, dónde trabajaba, qué lo llevó a esa ventana— movilizó al periodista Tom Junod, que en 2003 publicó un reportaje de portada en Esquire —el texto que acuñó definitivamente el nombre “El hombre que cae”— con el propósito de identificarlo. Su investigación arrojó dos candidatos.

El primero fue Norberto Hernández, chef pastelero del restaurante Windows on the World, ubicado en el piso 106 de la torre norte. El diario Toronto Globe and Mail ya lo había señalado con base en entrevistas a familiares. La familia de Hernández quedó dividida ante la identificación: la esposa y la hija mayor la rechazaron de plano —en parte porque su fe consideraba el suicidio un pecado mortal—, mientras que dos de sus hermanos afirmaron que sí podía tratarse de él, según relató Esquire en 2003.

El segundo nombre fue el de Jonathan Briley, ingeniero de sonido de 43 años que también trabajaba en Windows on the World. Briley compartía la complexión del hombre en la foto, calzaba las mismas zapatillas de caña alta negras que llevaba ese día y padecía asma grave, lo que habría hecho el humo insoportable. Días después de los atentados, el padre de Briley, un pastor, reunió a su familia y le exigió una respuesta a Dios. No pidió: exigió. Sus palabras exactas, según recoge Esquire, fueron: “Señor, exijo saber dónde está mi hijo”. Durante tres horas rezó sin pausa. Al día siguiente, el FBI llamó: habían encontrado el cuerpo de Jonathan, milagrosamente intacto. Su hermano Timothy fue a identificarlo. Lo reconoció por sus botas negras de caña alta; se llevó una a casa como único recuerdo.

La hermana de Briley, Gwendolyn Briley-Strand, de 72 años, convivió durante un cuarto de siglo con esa posibilidad. “Sea Jonathan o no, este hombre tomó la decisión de poner su vida en sus manos y lanzarse a los brazos de Dios”, declaró a USA Today. “Creo que todas esas personas que saltaron fueron atrapadas. Sus espíritus fueron atrapados”, agregó.

Junod nunca pudo confirmar con certeza absoluta que Briley sea el hombre de la foto, pero su argumento final fue que la identidad era lo de menos: en un ataque donde el 40% de las víctimas jamás fue identificado, este hombre anónimo era todos ellos a la vez. En 2016, una retrospectiva deTimelo definió como “un soldado desconocido improvisado en una guerra incierta, suspendido para siempre en la historia”. Drew hizo propia esa lectura: prefería pensar en él como el representante de todos aquellos para quienes ese fue su destino ese día.

La fotografía encontró su lugar en el museo del 11-S y ayudó a cerrar heridas de otras familias

En el Museo Memorial del 11 de Septiembre de Nueva York, la imagen de Drew no cuelga de una pared como un cuadro. Se proyecta en forma de imagen fugaz sobre el muro de un pequeño nicho, junto a otras fotografías de personas que cayeron ese día. La impermanencia de la proyección es deliberada: refleja la sensibilidad que rodea la foto más de dos décadas después. “Tuvimos largas conversaciones sobre si incluir estas imágenes”, reconoció la curadora Ramirez a USA Today.

Pero el trabajo de Drew dejó algo más que debate. Años después de los atentados, un hombre llamó a las oficinas de AP con una petición fuera de lo común: quería sentarse con el fotógrafo a revisar sus fotos. Sabía exactamente qué ropa llevaba su prometida el día en que fue al trabajo en el World Trade Center y nunca regresó. Juntos, cuadro por cuadro, la encontraron. “Dijo: ‘Esa es ella’. Y eso fue todo”, recordó Drew en entrevista con CBS News. El hombre se fue con el dolor intacto, pero también con una certeza que durante años le había faltado.

Drew, hoy de 79 años, sigue trabajando activamente para la AP. Cada 11 de septiembre recibe una llamada de su hija. “Solo para decirme que me quiere”, contó a la agencia. “Porque ese día yo podría no haber sobrevivido”.

La Casa de Moneda de Estados Unidos abrió el jueves 10 de septiembre de 2026 la preventa de una moneda de 50 centavos por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania. La emisión estará disponible en rollos de 20 unidades por USD 40 y bolsas de 100 ejemplares por USD 100.

Los pedidos podrán realizarse hasta el 25 de septiembre a las 15.00, hora del este, según informó el Departamento del Tesoro. La preventa no contempla, por el momento, un límite de compra por hogar para esta edición.

Los envíos comenzarán el 3 de diciembre de 2026, casi tres meses después de la apertura del período de pedidos. La moneda podrá adquirirse directamente a través del sitio oficial de la Casa de Moneda de Estados Unidos mientras dure la preventa.

Una marca con la fecha del ataque y la frase “Nunca olvidar”

La denominación oficial de la pieza es “Semiquincentennial Enduring Liberty Half Dollar” (Medio dólar de la Libertad Duradera del Semiquincentenario). Se trata de una moneda de medio dólar integrada en la serie creada para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La Casa de Moneda de Filadelfia acuñó esta edición con una marca especial vinculada con los atentados. La fecha del ataque aparece rodeada por la frase “NEVER FORGET”, traducida como “Nunca olvidar”, según detalló el sitio especializado CoinWeek.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó el lanzamiento con el homenaje a las víctimas y a quienes participaron en las tareas de rescate. “Al acercarnos al 25 aniversario del 11 de septiembre, honramos la memoria de quienes perdimos y el valor de quienes arriesgaron su vida para salvar a sus compatriotas”. El funcionario hizo esa declaración en un comunicado difundido el 9 de septiembre de 2026.

La pieza pesa 11,34 gramos (0,40 onzas) y tiene un diámetro de 30,61 milímetros (1,21 pulgadas). Está compuesta por 8,33% de níquel y cobre en el porcentaje restante.

El borde presenta 150 muescas y la moneda tiene calidad de circulación estándar. Por ese motivo, no corresponde a una emisión con acabado espejo ni a una prueba numismática de alta gama.

La Casa de Moneda no anunció un límite de acuñación para esta edición. La cantidad final de ejemplares dependerá de la demanda registrada durante el período de preventa, ya que no se informó una cifra cerrada de unidades que vayan a ser emitidas.

La diferencia entre este producto y otras monedas dedicadas al aniversario está en su destino. La emisión comercial fue diseñada para su venta al público, mientras que una tirada anterior tuvo una distribución limitada entre familiares de las víctimas.

La diferencia con las monedas destinadas a las familias de las víctimas

La Casa de Moneda distribuyó en agosto otra edición entre las familias de las víctimas de los atentados. Esa tirada estuvo formada por 2.983 monedas, una por cada persona inscrita en el Memorial del 11-S, de acuerdo con GlobeNewswire.

Aquellas piezas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de West Point y llevan la leyenda “ALWAYS REMEMBER” (Siempre recordar). No fueron puestas a la venta para el público general.

La cantidad de monedas de esa edición se definió a partir de los nombres registrados en el Memorial. “El acuñado coincide con los 2.983 nombres inscritos en el Memorial, en honor a quienes murieron en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el bombardeo del World Trade Center del 26 de febrero de 1993”, precisó Numismatic Resources.

La moneda de medio dólar integra el programa de emisiones del semiquincentenario estadounidense previsto para 2026. La serie también contempla centavos, monedas de cinco centavos, un décimo de dólar, cinco piezas de 25 centavos y ejemplares especiales fabricados en plata y oro, según Wikipedia.

La preventa de la nueva moneda se mantendrá abierta hasta el 25 de septiembre. Quienes realicen una compra durante ese período deberán esperar hasta el 3 de diciembre para el inicio de los envíos programados por la Casa de Moneda de Estados Unidos.

A las 8:05 del 11 de septiembre de 2001, Genelle Guzmán-McMillan pasó su tarjeta de acceso en la Torre Norte del World Trade Center y subió al piso 64, como cada mañana.

La mujer originaria de Trinidad y Tobago, tenía 31 años y llevaba unos nueve meses trabajando en condición temporal para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Aquella mañana, luego de entrar, se sentó en su cubículo, acomodó sus cosas y empezó a charlar con Rosa González, su compañera de escritorio. Rosa tenía su misma edad. Las dos habían ingresado a la empresa en enero y las dos tenían una hija pequeña.

Unos cuarenta minutos después del inicio de su jornada, a las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la fachada norte del edificio, entre los pisos 93 y 99, treinta pisos por encima de donde ellas estaban trabajando.

Genelle no supo qué fue. El edificio se sacudió de lado a lado. “Me pareció un terremoto”, recordó en una entrevista reciente con el programa televisivo 100 Huntley Street. Se levantó y caminó hacia la ventana. Las Torres Gemelas eran estructuras de vidrio: desde el piso 64 se veía el cielo abierto de Manhattan.

Lo que vio fueron papeles flotando en el aire, cientos de hojas sueltas que caían desde los pisos superiores como un confeti que nadie había lanzado.

Un mensaje por los altoparlantes del edificio ordenó a los empleados que permanecieran en sus puestos, que no entraran en pánico, que la ayuda estaba en camino. Las luces de emergencia no se activaron. Las alarmas contra incendios no sonaron.

Genelle había participado en simulacros de evacuación desde su incorporación al organismo: conocía el protocolo, las señales, las rutas de salida. Nada de eso ocurrió. “No había luces de emergencia encendiéndose. No había luces estroboscópicas. No había nada que indicara que teníamos que salir”, relató ante el público de una charla en Camden County College —cubierta por Fox News—, en septiembre de 2025.

La mayoría de los empleados del piso 64 ignoró la instrucción y corrió hacia los ascensores. En cuestión de minutos, la planta quedó casi vacía. Quince personas decidieron quedarse.

Debate en el piso 64 y las llamadas que no alcanzaron

Los quince se reunieron en la sala de conferencias. Alguien encendió el televisor. En la pantalla, una columna de humo negro salía de la parte superior de su propio edificio. Los noticieros hablaban de un ataque terrorista. El sistema de altoparlantes repitió el mismo mensaje: “Quédense donde están, la ayuda viene”.

Genelle llamó a Roger McMillan, su novio. Él le dijo que saliera. Pero los ascensores ya no funcionaban.

A las 9:03, es decir, 17 minutos después del primer impacto, el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur. El edificio volvió a temblar. “Parecía que iba a caer”, contó Genelle en 100 Huntley Street. “Y supe entonces que esto era todo. Lo sentí”.

Entonces empezaron las llamadas. Cada uno de los quince intentó comunicarse con alguien. Genelle marcó el número de su prima Lauren. La línea conectó, pero del otro lado había gritos. Lauren estaba mirando la televisión.

Veía las torres en llamas y no comprendía que Genelle estuviera adentro. “Ella me estaba hablando y decía: ‘Dios mío. No puedo creer lo que está pasando. El World Trade Center está en llamas’”, recordó. Tuvo que gritar para que la escuchara. “Lauren, Lauren, estoy en el edificio”. Del otro lado, los gritos cambiaron de tono. Lauren le gritó que saliera.

Genelle intentó llamar a su hermana. No logró comunicarse. Llamó a Roger otra vez. No contestó. Le dejó un mensaje de voz: le dijo que lo amaba y que iba a encontrarse con él afuera. Volvió a llamar a su hermana. Esta vez la línea conectó. Le dijo que iba a bajar, que los quería.

“Hice todas mis... ”, Genelle se detuvo en ese punto de la entrevista con 100 Huntley Street. No completó la frase. La entrevistadora, Cheryl Weber, intervino: “Querías asegurarte de que, si algo pasaba, las personas a las que amas supieran cómo te sentías”. Genelle asintió.

Había pasado más de una hora desde el primer impacto. Nadie había subido a buscarlos. Uno de los compañeros, un hombre llamado Pasquale, tomó una linterna y fue a revisar la escalera. Volvió con una noticia: la escalera estaba iluminada, el camino parecía despejado. Se paró frente al grupo y dijo que llevaban demasiado tiempo esperando. Que la ayuda no iba a llegar. Que tenían que decidir.

Hubo una votación. Un hombre mayor se resistía a bajar. Los demás intentaron convencerlo. “Intentamos convencerlo y dijimos: ‘Sabes, ya ha pasado un tiempo y tenemos que irnos. Es malo. Esto es malo’”, relató Genelle en la misma nota televisiva. Finalmente, el hombre aceptó.

Los quince se pusieron en fila. Pasquale encabezó la columna. Genelle caminó detrás de él y tomó la mano de Rosa González.

Los zapatos con tacones y el descenso que no fue un escape

Genelle llevaba puestas unas botas altas de tacón, de 12 centímetros, las botas que se había puesto esa mañana porque le gustaba verse bien para ir a trabajar. Rosa le sugirió que se las quitara. Genelle dijo que no. “Voy a estar bien”, respondió. Quería llegar a la calle con los zapatos puestos. Quería verse presentable cuando saliera.

El grupo bajaba sin correr. Genelle y Rosa contaban los pisos en voz alta: “63, 62, 61...”. Cada rellano tenía un número pintado en la pared. Lo leían juntas y seguían.

En algún punto alrededor del piso 30, se cruzaron con los bomberos. Subían en dirección contraria, cargando equipos, moviéndose hacia el fuego. Les dijeron que estaban bien, que se mantuvieran a un costado y siguieran bajando. Genelle sintió alivio. “Si ellos están subiendo y nosotros bajando, debería estar bien”, repasó en 100 Huntley Street. Sentían que ya estaban cerca de salir.

Siguieron bajando. Rosa insistía con los zapatos. Genelle se negaba. “Mis pies están hechos para caminar con estos tacos”, le respondió, según relató en Camden County College, una conferencia que dio 24 años después de los atentados, frente a un auditorio repleto de estudiantes que no habían nacido cuando las torres cayeron.

Llegaron al piso 13.

Genelle se detuvo. Le dolían los pies. Puso la mano en el hombro de Rosa, se inclinó para quitarse las botas. “Ahora me están matando los pies. Necesito quitarme los zapatos”, le dijo. Se apoyó en ella, bajó los brazos hacia los pies.

No llegó a enderezarse.

El piso 13: el derrumbe desde adentro

A las 10:28, la Torre Norte se desplomó. Los 110 pisos cayeron en menos de 12 segundos. Desde afuera, las cámaras de televisión registraron una nube de polvo que cubrió el bajo Manhattan. En el piso 13 de la escalera, Genelle sintió que las paredes reventaban.

“Podía sentir las paredes estallando, el estruendo, todo derrumbándose, me tiró al suelo”, relató. Rosa le soltó la mano. Se separó de ella y corrió escaleras arriba. “Rosa se apartó de mí y corrió de vuelta escaleras arriba. Esa fue la última vez que la vi”.

Todo cayó al mismo tiempo. El polvo, la oscuridad, el peso. Genelle se cubrió la cara con las manos y se encogió en el suelo hasta que el movimiento se detuvo. “Simplemente me puse las manos sobre la cara y me abracé hasta que todo se detuvo por completo”, repasó.

Después, el silencio.

“Silencio de muerte”, lo describió en el Camden County College. Escuchó una sola voz, débil, en algún lugar cercano. Un hombre que decía: “Ayuda. Ayuda”. Después, nada. La voz no volvió.

Genelle pensó que estaba soñando. “De verdad pensé que estaba en un sueño. De verdad pensé que era una pesadilla”, le dijo a la presentadora Cheryl Weber —durante una charla publicada en agosto de 2026—. Cerró los ojos. Los abrió. Seguía ahí. “Está bien, esto no es un sueño. Esto está ocurriendo de verdad”.

Intentó moverse. No pudo. Sus piernas habían quedado cruzadas, una sobre otra. Uno de sus brazos estaba atrapado debajo de su torso. Su cabeza había quedado presionada entre dos pilares de concreto, apretada por ambos lados, a la altura de la oreja y el cuero cabelludo. Estaba de costado, en una posición que ella misma describió como extraña, sin posibilidad de girar para ver qué había encima. Solo su mano izquierda había quedado libre.

“Solo tenía libre mi mano izquierda para sentir qué había a mi alrededor”, dijo en 100 Huntley Street. Con esa mano tanteaba en la oscuridad. Tocaba concreto, acero, polvo. Nada más.

En su relato de 2002 para la revista Guideposts, Genelle describió el momento en que intentó liberar su cabeza. Sintió que los pilares la apretaban contra las sienes. Reunió fuerza, torció el cuello con violencia y escuchó el sonido de su pelo arrancándose del cuero cabelludo. La cabeza se soltó. Sintió la sangre corriéndole por donde la piel se había raspado contra el concreto.

Su pierna derecha estaba enterrada en escombros hasta el muslo. Los dedos del pie se habían adormecido. El resto de la pierna ardía. Algo metálico, concreto o acero, le presionaba el costado a la altura de la cintura, pero no podía moverse para aliviarlo. “Fue insoportable en un momento y luego ya no pude sentir nada”, contó en 100 Huntley Street.

27 horas

El tiempo se convirtió para Genelle en algo que solo podía medir con la luz. Un delgado rayo se filtraba entre los escombros y llegaba hasta el lugar donde estaba atrapada. Mientras ese rayo existió, supo que era de día. Cuando se apagó, supo que había llegado la noche.

No tenía agua. No tenía comida. Tenía polvo en la boca, en la nariz, en los ojos. No podía ver, pero sí podía escuchar. Las sirenas de los camiones de bomberos, el sonido de las máquinas, los walkie-talkies, el pitido de los vehículos en reversa. Todo llegaba desde algún lugar por encima de ella, atenuado por capas de concreto y acero.

“Seguía cerrando los ojos, aunque no podía ver. Seguía oyendo cosas y sabía que estaba completamente despierta”.

En algún momento de esas horas de agonía, deseó morir. Pero cada vez que cerraba los ojos para dejarse ir, algo la devolvía: un sonido, una sirena, la conciencia de que seguía respirando. Y entonces, pensó en su hija, Kimberly. En su familia.

Comenzó a pensar en su madre. La madre de Genelle había sido cristiana practicante. Había muerto de cáncer en 1999, dos años antes del atentado. Genelle había crecido viendo a su madre rezar, pero ella misma había rechazado la fe. “Sabía de eso. Sabía que hay un Dios. Sabía todo, pero rechacé eso. No quería esa vida”, le dijo a Cheryl Weber. Quería vivir a su manera. Pensaba que la religión era algo para cuando fuera mayor.

Bajo los escombros, intentó recordar las oraciones que su madre le había enseñado. El Padre Nuestro. El Señor es mi pastor. Nada le venía a la mente. “Nada de eso estaba realmente registrado en mi cabeza”, contó. Lo que sí le vino fue una instrucción más simple: hablar con Dios como si estuviera ahí, sin fórmulas. “Todo lo que mi mente me decía era que simplemente hablara con Dios, que hablara con normalidad”.

Así lo hizo. En silencio, le habló. Le pidió perdón. Le hizo una promesa: si la sacaba de ahí, iba a cambiar de vida. “Si me sacas de estos escombros hoy, prometo que haré tu voluntad”, reconstruyó en su monólogo. Le pidió una señal. Le pidió un milagro. “Había esta sensación de ardor en mi corazón”, reveló en 100 Huntley Street.

En su texto de 2002 para Guideposts, Genelle escribió la oración tal como la recordaba: “Señor, sé que estás ahí. No siempre confié en ti. Te culpé. Ahora te estoy pidiendo que me ayudes”. Y después, cuando la noche pasó y el rayo de luz volvió a la mañana siguiente: “Señor, puede que no salga de aquí. No sin un milagro. Pero te he encontrado, y ese es el único milagro que importa”.

La sensibilidad de su pierna derecha había desaparecido por completo. Sabía que sin agua ni comida no iba a resistir mucho más.

Estiró la mano izquierda, la única que tenía libre, hacia arriba. Tanteó por encima de su cabeza. Había un espacio pequeño, unos centímetros de aire entre ella y los escombros. Dejó la mano ahí.

“Genelle, te tengo”

Alguien le tomó la mano. Una mano que se cerró alrededor de la suya con un agarre que ella describió como firme y seguro. Y una voz que la llamó por su nombre.

“Genelle, te tengo. Mi nombre es Paul”.

Genelle contó este momento en cada una de sus apariciones públicas, como un testimonio de vida. Los detalles que comparte desde entonces no varían: alguien le tomó la mano, le dijo su nombre sin que ella lo hubiera dicho primero, se identificó como Paul y le prometió que no la iba a soltar.

“Mi cuerpo se sintió muy tranquilo”, subrayó en Camden County College. “Y dije: ‘Gracias, Jesús’”.

“Sigue hablando, Genelle. La ayuda está en camino. Vas a estar bien. No voy a soltarte”, reconstruyó Genelle, desde su recuerdo, sobre lo que le dijo Paul.

Ella apretaba su mano. Intentaba girar la cabeza para verle la cara, pero no podía: el polvo en los ojos, los escombros alrededor, la posición en la que estaba atrapada se lo impedían. Lo único que pudo hacer fue repetir su nombre mentalmente para no olvidarlo.

Paul le dijo que gritara. Genelle gritó: “Hola. Hola”.

Alguien respondió desde arriba. Un rescatista dijo: “Hola. ¿Hay alguien ahí abajo?”.

Empezaron a comunicarse a través de las capas de escombros. El rescatista le preguntó su nombre. Ella respondió. Le preguntó en qué piso estaba. Dijo que en el 13.

Le preguntaron si veía una luz. Estaban alumbrando con una linterna desde arriba. Genelle no veía nada. “No, no puedo ver la luz”, respondió. Estaba enterrada a unos 9 metros de profundidad. En su texto de 2011 —por el 10° aniversario— para Guideposts, Genelle identificó a quienes la encontraron: dos voluntarios de Massachusetts, Brian Buchanan y Rick Cushman, un policía canadiense llamado James Symington y su perro de búsqueda y rescate, Trakr.

Los rescatistas empezaron a cortar el acero. Genelle escuchaba el ruido de las herramientas acercándose. Paul seguía sosteniéndole la mano. “Lo está haciendo muy bien. No voy a soltarla”, le repetía, según su testimonio para 100 Huntley Street.

Uno de los rescatistas gritó: “La veo. La veo”. Le volvieron a preguntar si veía la luz. No la veía. “La encontré. Ella va a estar bien”, dijo el hombre.

Retiraron el concreto que le cubría la cabeza. La tomaron por los hombros.

Paul soltó su mano.

“Paul simplemente se fue”, recuerda desde entonces Genelle. Así, sin transición. Estaba ahí y dejó de estar. Los rescatistas la sujetaron, la colocaron en una camilla, le ajustaron las correas. La levantaron. La fueron pasando de mano en mano, hacia arriba, a través de los escombros, en una cadena humana que a ella le pareció interminable. “Sentí que me estaban levantando, ya sabes, pasándome de mano en mano. Como si fuera muy arriba”, describió.

Sintió la luz del sol en los párpados. Supo que estaba al aire libre porque la claridad le golpeó los ojos hinchados, aunque apenas podía abrirlos. Su cara estaba amoratada. Tenía la cabeza inflamada, varias veces por encima de su tamaño normal. Llevaba 27 horas bajo los restos de un edificio de 110 pisos.

Se dio vuelta hacia los hombres que la cargaban. Estaba sonriendo.

“¿Ya llegamos?”, les preguntó.

Lo cuenta con felicidad y tranquilidad en todas sus explicaciones. Fue la pregunta de alguien que acababa de ser extraída de entre los muertos y lo primero que quiso saber es si habían llegado.

Los rescatistas le dijeron que faltaba un trecho largo. La llevaron hasta la ambulancia. En el camino, Genelle escuchó aplausos. En su texto de 2011 para Guideposts, escribió: “Los escuché vitoreando”. Cientos de personas que habían participado en la búsqueda la vieron salir con vida.

Nadie lo sabía todavía, pero Genelle Guzmán-McMillan fue la última persona rescatada con vida de los escombros del World Trade Center.

El hospital, la sonrisa y el riesgo de perder una pierna

La acostaron en una cama de acero. Recordó el frío del metal contra la piel. Los médicos le cortaron lo que quedaba de su ropa. Le preguntaron su nombre, su dirección. Ella respondió todo. Estaba sonriendo.

““El médico dijo: ‘Vaya, ella está sonriendo. Sabes, quizá sea un trauma’”, relató en Camden County College. Los médicos pensaron que el estado de shock le impedía comprender la gravedad de sus heridas. “Pero no fue el trauma”, afirma Genelle. “Estaba sonriendo porque sabía que encontré a Dios bajo esos escombros ese día”.

El diagnóstico era otro asunto. Su pierna derecha estaba destrozada. Los nervios, muertos. Después de 27 horas de compresión, el tejido se había deteriorado. Le hicieron cuatro cirugías. Antes de la tercera, los médicos hablaron con su novio Roger y con la familia sobre la posibilidad de amputar.

Genelle rezó una vez más. “Dios, si me trajiste hasta aquí, por favor, no mi pierna, no mi pierna”, recordó haber dicho. Y agregó, ante las risas del auditorio de Camden: “Me encanta bailar. Necesito mi pierna. De verdad quiero usar mis zapatos”.

En la cuarta cirugía, los médicos lograron salvar la pierna. La secuela fue permanente: un pie caído, los nervios de la pierna derecha muertos, una renguera leve que, según ella, la mayoría de la gente no nota. La rehabilitación duró más de un año. Tuvo que aprender a caminar otra vez sin muletas, sin aparato ortopédico, sin ayuda. “Me llevó más de un año volver a caminar normalmente”, explicó en televisión canadiense.

Después de ese año, volvió a ponerse tacos de más de 10 centímetros. Lo contó en Camden County College como quien cuenta una victoria.

La búsqueda de Paul y una pregunta sin respuesta

Lo primero que Genelle le dijo a Roger cuando él llegó al hospital fue que anotara un nombre. Paul. El hombre que le había sostenido la mano. Roger lo escribió.

Cuando un equipo de CNN fue a entrevistarla a la cama del hospital, el periodista Gary Tuchman le preguntó sobre su rescate. Genelle le pidió que la ayudara a encontrar a Paul. “¿Puedo conocer a Paul, el hombre que hablaba conmigo, que sostenía mi mano?”, le dijo.

Tuchman le dijo que iban a investigar. CNN organizó un reencuentro con varios de los rescatistas que la habían sacado de los escombros. Paul no estaba entre ellos.

Uno de los hombres del equipo de rescate le dijo algo que Genelle repitió en su texto de 2002 para Guideposts: “Definitivamente no hay nadie en nuestro equipo llamado Paul”.

Pasó un año, dos, cinco, diez. Genelle siguió buscando. Nadie llamado Paul se presentó hasta hoy. Nadie del equipo de rescate recordaba haber visto a otra persona junto a ella cuando la encontraron.

En algún momento alrededor del décimo aniversario, Genelle habló con su pastor en la Brooklyn Tabernacle. Le contó la historia. Le preguntó quién era Paul. En su texto de 2011 para Guideposts, compartió la respuesta del pastor: “Genelle, Paul no existió en carne y hueso. Pedías un milagro y quizá Dios te envió a su ángel”.

Es la convicción de Genelle. Los rescatistas no confirmaron la presencia de otra persona junto a ella. Genelle no pudo verlo: tenía los ojos cubiertos de polvo y escombros, estaba inmovilizada de costado, no logró girar la cabeza. Lo que ella afirma haber sentido fue una mano que apretaba la suya y una voz que la llamaba por su nombre.

Rosa, los trece y la pregunta que no se cierra

De las quince personas que bajaron juntas desde el piso 64, Pasquale fue encontrado el mismo día del derrumbe. Las otras trece murieron. Rosa González murió.

“Sostenía la mano de Rosa. Estábamos juntas. Podríamos haber estado aquí para contar esta historia de supervivencia”, dijo Genelle en Camden County College. “Pero ¿por qué yo? Le pregunté a Dios. ¿Por qué me elegiste?”.

Genelle y Rosa tenían la misma edad. Tenían hijas de edades parecidas. Trabajaban juntas, habían empezado juntas, salían juntas. La última imagen que tiene de Rosa es la de su amiga soltándole la mano y corriendo escaleras arriba mientras el edificio se desplomaba a su alrededor.

La culpa del sobreviviente no se resolvió con la fe. Convive con ella. Genelle lo formuló como una pregunta que sigue abierta, no como una respuesta que haya encontrado.

La promesa cumplida: el bautismo, el matrimonio y la vida después

El 7 de noviembre de 2001, menos de dos meses después del atentado, Genelle cumplió las dos promesas que había hecho bajo los escombros. Por la mañana, ella y Roger se casaron en el City Hall de Manhattan. Genelle todavía usaba muletas. Por la tarde, fue bautizada en la Brooklyn Tabernacle.

“Él estuvo a mi lado en el hospital todos los días”, contó Genelle sobre Roger en Guideposts. “Cuando salí, me propuso matrimonio. Aunque todavía usaba muletas, fuimos al City Hall”.

Antes de la boda, Genelle le había planteado a Roger una condición. Se lo contó a Cheryl Weber en 100 Huntley Street: “Le dije: ‘Esta es la promesa. Esto es lo que le pedí a Dios. Quiero empezar a vivir una vida que le agrade, así que no podemos vivir como novio y novia y hacer vida de casados’. Dije: ‘Si no estás preparado para esto, lo entiendo, pero entregué mi vida a Jesucristo’”. Roger aceptó.

Tuvieron dos hijas más: Kaydi y Kellie. Su hija mayor, Kimberly ya tiene 37 años al momento. Una de las menores está en la Fuerza Aérea. La otra, en la universidad.

Genelle tiene 55 años y sigue trabajando para la Autoridad Portuaria, la misma institución donde había empezado nueve meses antes de los atentados. En la última actualización de Guideposts, comentó que su cargo es de supervisora de oficina en el aeropuerto LaGuardia.

“Todos decían: ‘¿Todavía trabajas para la Autoridad Portuaria? Deberías estar jubilada. Deberías estar viviendo de la pensión por discapacidad’”, reveló.

También se hizo voluntaria de la Cruz Roja. “Sí, tengo una discapacidad, pero no, esto es lo que necesito hacer”, explicó en Guideposts. “Me dieron mucho apoyo durante mi recuperación. Vi lo atentos que eran. Quiero ayudar a otros de la forma en que ellos me ayudaron”.

El 11 de septiembre como una fecha privada

Cada 11 de septiembre, Genelle se queda en casa. Roger se queda con ella. “A veces veo la ceremonia conmemorativa por televisión y espero escuchar el nombre de mi amiga Rosa; otras veces es demasiado doloroso”, aseguró en Guideposts.

La familia tiene un ritual. A la hora en que cayeron las torres, forman un círculo, se toman de las manos y rezan.

En septiembre de 2025, por primera vez en 24 años, Genelle salió de su casa un 11 de septiembre. Aceptó la invitación de Camden County College para hablar ante el auditorio de estudiantes. Lo dijo al empezar: “Nunca había salido de mi casa el día del 11 de septiembre”.

Escribió una oración la noche anterior y la leyó en voz alta antes de contar su historia. Después habló durante casi una hora, de pie, ante jóvenes que no habían presenciado la caída de las torres.

En esa conferencia contó todo: el cubículo, el café, Rosa, las botas, la escalera, el piso 13, la oscuridad, la mano, Paul, la sonrisa, los tacos de 10 centímetros que volvió a ponerse después de un año de rehabilitación.

Mientras que, en su reciente entrevista con 100 Huntley Street, Genelle anunció que una película basada en su historia se estrenará el 12 de septiembre de 2026 en Lifetime y History Channel. El título es el mismo que el de su libro: “Angel in the Rubble” (“Ángel entre los escombros”).

Cuando la gente le dice que tuvo suerte, Genelle corrige. La frase es siempre la misma, repetida a lo largo de veinticinco años con las mismas palabras: “No me digan que tuve suerte. No tuve suerte. Estoy bendecida”.

Esos 110 pisos cayeron sobre el lugar donde estaba parada. Estuvo 27 horas enterrada a 9 metros de profundidad, sin agua, sin luz, sin capacidad de moverse. Le hicieron cuatro cirugías. Le salvaron la pierna. Tiene un pie caído y una renguera casi imperceptible. Por eso, mantiene la misma misión desde hace 25 años: compartir su historia y homenajear a quienes ya no están.

Woody Johnson, presidente de los New York Jets, equipo de fútbol americano, relató que se quebró emocionalmente durante una visita al Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, organizada junto a integrantes del equipo antes del 25.º aniversario de los atentados de 2001.

El directivo explicó a People que nunca había ingresado a uno de los espacios del museo dedicados a las víctimas. Allí, en una sala oscura con bancos, se exhiben los nombres de quienes murieron y se proyectan testimonios de sus familiares. “Realmente me afectó. No pensé que fuera a hacerlo, pero sí, me afectó mucho”, afirmó Johnson al medio estadounidense.

La actividad se realizó el 9 de septiembre, dos días antes de la conmemoración anual de los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines. El recorrido incluyó a jugadores de los New York Jets y a dirigentes de la organización, con el objetivo de vincular a la plantilla con la historia reciente de la ciudad donde compite el club.

Johnson dijo que la sala de las víctimas cambió su percepción

El propietario del equipo describió el momento más personal de la visita al recordar el lugar donde se suceden los nombres y los relatos audiovisuales de los familiares. “Entras a esa habitación, pero sales como una persona diferente”, aseguró Woody Johnson en declaraciones recogidas por People.

Para el dirigente, la experiencia permitió dimensionar las consecuencias humanas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “De verdad se ve la enormidad de lo que se derrumbó ese día”, sostuvo al referirse a la destrucción del World Trade Center en el Bajo Manhattan.

Johnson también consideró que el recorrido tuvo efectos entre los deportistas. “Creo que tuvo un impacto profundo en los jugadores”, expresó. La visita se produjo en la antesala de una fecha que sigue marcada por ceremonias, homenajes y reuniones de familiares en distintos puntos de Nueva York.

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre conserva los nombres de 2.983 personas asesinadas en los atentados de 2001 y en el ataque de 1993 contra el World Trade Center, informó Jets Insider. Los nombres están inscriptos en los parapetos de bronce que rodean las dos piscinas construidas en el lugar donde estaban las torres.

Los Jets llevaron a cinco jugadores antes del aniversario de los atentados

La delegación estuvo encabezada por Johnson y el vicepresidente Christopher Johnson. También participaron los jugadores Geno Smith, Demario Davis, Minkah Fitzpatrick, Harrison Phillips y Austin McNamara, además del exmariscal de campo Vinny Testaverde, precisó el sitio oficial de los Jets.

El grupo visitó las piscinas conmemorativas y accedió a una presentación anticipada de In Their Honor: 25 Years of 9/11-Inspired Service, una exposición centrada en las acciones de servicio que surgieron tras los atentados. La muestra abrió al público el 12 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por la franquicia.

La iniciativa buscó que los jugadores conocieran el peso que tiene el 11 de septiembre para los habitantes de la ciudad. Johnson indicó que esa conexión resultaba relevante para atletas que representan a una organización vinculada desde hace décadas con el área metropolitana de Nueva York.

Los Jets, los Giants y los Commanders aportarán de manera conjunta 1 millón de dólares al Memorial y Museo Nacional del 11 de Septiembre, señaló Jets Insider. La donación fue anunciada en el marco de las actividades por los 25 años de los ataques.

La relación de Johnson con el memorial y Tunnel to Towers lleva más de una década

Johnson forma parte del grupo fundador del directorio del museo y participó en sus primeras etapas institucionales, indicó People. La fundación de los Jets también ha respaldado a la Tunnel to Towers Foundation, una entidad que asiste a familias de primeros respondedores y miembros de las Fuerzas Armadas.

Entre los programas de la organización figura la construcción de viviendas adaptadas, conocidas como smart homes, para veteranos con heridas graves, además de iniciativas para cancelar hipotecas de familias de agentes y bomberos fallecidos en servicio.

Fox News informó que la colaboración de Johnson con Tunnel to Towers comenzó en 2014, cuando realizó una donación de 1 millón de dólares para el programa Building for America’s Bravest. La entidad prevé reconocerlo en su gala anual por esa relación de más de diez años.

La visita al museo se integró así a una serie de actos impulsados por la franquicia antes del aniversario. Para Johnson, el contenido de la sala dedicada a las víctimas concentró el sentido de la jornada y la dimensión individual de una tragedia que transformó a Estados Unidos.

Era el martes 11 de septiembre de 2001. En menos de dos horas, cuatro aviones comerciales se convirtieron en armas. Las Torres Gemelas de Nueva York se derrumbaron. El Pentágono ardió. Un cuarto avión se estrelló en un campo de Pensilvania tras la rebelión de sus pasajeros. Cerca de 3.000 personas murieron aquel día. 25 años después, los hombres acusados de planear esa masacre aún no han sido juzgados.

Un juez militar fijó el 5 de junio de 2028 como fecha de inicio del juicio oral en Guantánamo. Si el calendario se cumple, el proceso comenzará casi 27 años después de los atentados y 16 años después de que los acusados fueran formalmente imputados.

El teniente coronel de la Fuerza Aérea Michael Schrama —el quinto magistrado en presidir la causa desde 2012— rechazó la petición de la fiscalía de arrancar en enero de 2027 y concedió 18 meses adicionales para resolver un largo listado de mociones pendientes, según informó CBS News.

Los cuatro acusados que enfrentan la pena de muerte en el juicio del 11 de septiembre de 2028

Estos son los cuatro hombres que aguardan juicio:

Khalid Sheikh Mohammed (KSM)

La fiscalía lo acusa de idear los atentados, planeando secuestrar aviones comerciales para estrellarlos contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Fue capturado en Pakistán en 2003, estuvo años en centros clandestinos de la CIA, donde sufrió waterboarding —simulación de ahogamiento con el rostro cubierto— y otras técnicas coercitivas, antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.

Sus propias declaraciones, durante años consideradas la pieza central de la acusación, fueron excluidas del proceso en agosto pasado: el tribunal determinó que el gobierno no pudo acreditar que las confesiones entregadas al FBI en 2007 fueran voluntarias, dado el historial de coerción previo.

Walid bin Attash

Acusado de reclutar y entrenar a varios de los 19 secuestradores. Detenido en Pakistán en 2003 y trasladado a Guantánamo en 2006.

Ammar al-Baluchi

También identificado como Ali Abdul Aziz Ali, sobrino de Mohammed, señalado por la fiscalía como coordinador logístico y financiero de la operación. Transfirió fondos a los secuestradores en los meses previos a los ataques.

Mustafa al-Hawsawi

Acusado de ayudar a los secuestradores a obtener documentos, dinero y tarjetas de crédito desde Dubái.

Los cuatro enfrentan cargos de conspiración, asesinato en violación de las leyes de guerra, terrorismo y secuestro aéreo. La fiscalía solicita la pena de muerte para todos. Un quinto acusado, Ramzi bin al-Shibh, quedó fuera del juicio oral tras una determinación de incapacidad mental.

El acuerdo que duró días: Austin revocó en 2024 la salida negociada

Uno de los episodios más notorios del proceso ocurrió en julio de 2024, cuando Mohammed y dos coacusados alcanzaron un acuerdo con los fiscales militares: declararían culpabilidad por todos los cargos —incluido el asesinato de 2.976 personas— a cambio de que se retirara la posibilidad de la pena capital. Habrían purgado cadena perpetua en Guantánamo.

Días después, el entonces secretario de Defensa Lloyd Austin anuló el pacto. Según informó ABC7 News, Austin argumentó que una decisión de esa magnitud debía recaer en él como autoridad superior bajo la Ley de Comisiones Militares de 2009.

La administración Biden llevó el caso a los tribunales federales para sostener la revocación. En julio de 2025 un tribunal de apelaciones en Washington D.C. falló por dos votos contra uno que Austin había actuado dentro de sus atribuciones, lo que dejó el proceso sin acuerdo y de regreso al camino del juicio oral.

La confesión excluida y lo que queda de la acusación

La fiscalía decidió no apelar la exclusión de las confesiones de Mohammed para no poner en riesgo la fecha de junio de 2028. Gordon Felt, presidente de Families of Flight 93 y hermano de Edward Felt, apoyó esa decisión en CBS News: “Creo que fue una buena decisión, porque apelar habría retrasado las cosas de forma considerable. Creo que tienen pruebas suficientes para lograr una condena sin la confesión que estaba en cuestión”.

El exfiscal de Guantánamo Michael Lebowitz, quien estuvo casi diez años en el caso, dijo: “He revisado cada prueba, clasificada y no clasificada y confío en que hay suficiente para condenar a KSM y los otros conspiradores sin esas confesiones”. Admitió que la exclusión “complica un poco más conectar los puntos sin las confesiones”.

La acusación deberá basarse en pruebas documentales y de comunicaciones que vinculan a los acusados con la trama.

Las familias llevan 25 años sin veredicto y el dolor se renueva cada aniversario

Para quienes perdieron a sus seres queridos el 11 de septiembre, cada nuevo aplazamiento reabre una herida sin cierre. John Ryan, exjefe operativo del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria que pasó nueve meses en las labores de recuperación en Ground Zero, lo describió sin rodeos a Fox News Digital: “Es como una llaga abierta y esa llaga duele aún más cuando llegan los aniversarios”.

Sean Passananti, cuyo padre murió en el piso 100 de la Torre Norte, señaló al mismo medio: “Se siente como una zona crepuscular. Es inexplicable que tengamos que luchar por justicia por el peor ataque terrorista que jamás ocurrió en nuestro suelo”. Dennis McGinley, cuyo hermano trabajaba en el piso 89 de la Torre Sur, añadió: “Es como si la herida nunca hubiera sanado y cada año nos echan sal en ella”.

Felt, más cauteloso, advirtió que la fecha no está garantizada: “Han fijado fechas antes. Creo que hay 90 decisiones que el juez debe tomar antes de que podamos avanzar, así que lo creeré cuando lo vea”.

Lebowitz señaló en CBS News la dimensión más desgarradora de la demora: muchos familiares de víctimas “eran mayores y muchos simplemente esperaban poder vivir lo suficiente para ver a un tribunal determinar oficialmente que KSM y sus conspiradores son culpables”.

Si el calendario actual se sostiene, el 5 de junio de 2028 comenzará la selección del jurado en Guantánamo, con las 90 mociones pendientes como único obstáculo que separa a las familias de la sala de juicio.

Estados Unidos recuerda este viernes el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con ceremonias en Nueva York, Arlington y Shanksville, los tres lugares atacados aquel día. Los homenajes reúnen a familiares de las víctimas y a autoridades, con lecturas de nombres, minutos de silencio y actos de recuerdo para quienes murieron y para las personas afectadas por enfermedades vinculadas a la exposición posterior a sustancias tóxicas.

La conmemoración coincide con un cuarto de siglo de los ataques en los que cuatro aviones comerciales fueron secuestrados. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, un tercero contra el Pentágono y el cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo de Shanksville, Pensilvania.

Nueva York lee 2.983 nombres y guarda siete minutos de silencio

En la plaza del Memorial y Museo Nacional del 11 de Septiembre, en el bajo Manhattan, familiares leen los nombres de las 2.983 personas asesinadas en los atentados de 2001 y en el atentado de 1993 contra el World Trade Center.

La ceremonia contempla seis minutos de silencio: por los impactos en las dos torres, sus derrumbes, el ataque al Pentágono y la caída del vuelo 93.

Un séptimo silencio recuerda a quienes murieron a causa de enfermedades relacionadas con el 11-S.

Shanksville honra a los 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93

El Flight 93 National Memorial celebró su acto de recuerdo junto al Muro de los Nombres. Allí se leen los nombres de los 40 pasajeros y tripulantes del vuelo de United Airlines que se estrelló en Pensilvania después de que los ocupantes enfrentaran a los secuestradores.

La programación oficial incluyó el repique de las Campanas del Recuerdo, intervenciones públicas y una ofrenda floral. Desde la puesta del sol hasta la medianoche, una columna luminosa iluminó el cielo en el llamado Tower of Light.

El Pentágono rinde honores a las 184 víctimas del ataque

En Arlington, Virginia, el Pentágono desplegó una bandera estadounidense de gran tamaño sobre la fachada alcanzada el 11 de septiembre de 2001.

El acto recuerda a las 184 personas que murieron tras el impacto del vuelo 77 de American Airlines contra el complejo militar.

La ceremonia se realizó en torno al Memorial Nacional del Pentágono, dedicado a las víctimas del ataque. El Gobierno estadounidense identificó ese espacio como el primer memorial nacional destinado a honrar a las 184 personas fallecidas allí, según la página oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Fragmentos de aeronaves y estructuras destruidas, uniformes de rescatistas, fotografías y cartas personales forman parte de una exhibición por el aniversario de los atentados de septiembre de 2001 en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, en Washington.

Bajo el título 11 de septiembre: 25 años después, reúne cerca de 40 piezas procedentes de los tres escenarios de los ataques de Al Qaeda: Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania.

Los objetos se muestran sobre mesas abiertas, sin las vitrinas habituales, para permitir una observación más cercana. La directora del museo, Anthea Hartig, señaló, en declaraciones recogidas por Associated Press, que algunas piezas son tan frágiles que probablemente no vuelvan a exhibirse.

Según explicó Hartig, el propósito es que los visitantes no olviden los ataques y puedan reconectarse con ellos ante la llegada de generaciones que no vivieron aquel día. “Esto realmente se ha desvanecido en la historia en lugar de formar parte de nuestro paisaje de recuerdos”, reflexionó.

El Smithsonian conserva más de 600 artefactos del 11-S

El Congreso designó en diciembre de 2001 a la Institución Smithsonian y al Museo Nacional de Historia Estadounidense como repositorio nacional de las colecciones del 11 de septiembre.

Para documentar los hechos, los curadores organizaron su trabajo en torno a tres ejes: las consecuencias de los ataques, la labor de los equipos de emergencia y la recuperación posterior.

Jennifer Jones, conservadora de historia militar que colaboró en la recolección de materiales del Pentágono, recordó al Washington Post que el trabajo planteó una situación poco habitual para el museo.

“Los museos estaban acostumbrados a preservar cosas antiguas, sucesos antiguos”, dijo Jones. “Era algo totalmente nuevo para muchos de nosotros”.

La colección reúne hoy más de 600 artefactos vinculados a los ataques. Incluye restos de aeronaves y de los edificios atacados, uniformes y equipos de rescatistas, fotografías, cartas de agradecimiento y piezas de vehículos de bomberos afectados durante las operaciones de emergencia.

Cada pieza expuesta refleja la dimensión personal de esa jornada: un botón de llamada de un auxiliar de vuelo del vuelo 93; un bolso con llaves y una billetera hallados en el área del World Trade Center, y el teléfono del despacho de Ted Olson, entonces procurador general. Desde allí recibió la llamada de su esposa Barbara, pasajera de uno de los aviones secuestrados.

Con el paso de los años, se incorporaron objetos más allá de ese fatídico día como materiales sobre las consecuencias para los sobrevivientes y las guerras de Afganistán e Irak.

Los visitantes convierten la exhibición en un intercambio entre generaciones

La directora del museo sostuvo en una declaración recogida por The Washington Post que el paso del tiempo modifica la relación del público con los atentados: “Tenemos toda una nueva generación. Para ellos, es simplemente historia, en lugar de historia vivida”.

Kenneth Cohen, responsable de la división militar y social del complejo, describió conversaciones surgidas junto a las mesas entre personas que vivieron ese día y jóvenes que solo lo conocen por relatos y documentos.

Así, los objetos se convirtieron en catalizadores de diálogo. A veces, cuatro o cinco desconocidos se agrupan alrededor de un objeto y un curador interviene con preguntas para sostener la conversación, contó Cohen.

La exposición se presenta bajo el escrutinio de la Casa Blanca

La muestra coincide con la presión de la administración del presidente Donald Trump sobre cómo el Smithsonian presenta la historia de Estados Unidos. El 4 de julio, la Casa Blanca difundió un informe que calificó a los directivos del museo de “activistas radicales” y cuestionó el trabajo de Hartig.

Posteriormente, el mandatario ordenó colocar carteles frente al museo para advertir que algunas exhibiciones presentan “inexactitudes”. Hasta el momento, esas señales no fueron instaladas, precisó The Washington Post.

La directora indicó que el escrutinio no alteró la preparación de la muestra conmemorativa. Por el contrario, a su juicio, la hizo “más importante”.

“Este museo existe como un depósito, como un lugar de memoria. Por eso, el momento político actual es como muchos otros momentos políticos que documentamos. Hay diferentes opiniones y controversias sobre cómo realizamos nuestro trabajo”, aseguró Hartig citada por Associated Press.

El Smithsonian afronta además una transición institucional después de que Lonnie Bunch anunciara que dejará la dirección de la entidad. Su sucesor será elegido por una Junta de Regentes que incluye al vicepresidente JD Vance, al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, legisladores de ambos partidos y regentes ciudadanos.

El acto estuvo encabezado por la encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, quien recordó que los atentados tuvieron víctimas de distintas nacionalidades, entre ellas personas de nacionalidad salvadoreña.

El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de la red terrorista Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales que habían partido de aeropuertos de Estados Unidos con destino a California.

Dos aeronaves impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. El daño causado por los choques y los incendios posteriores provocó el colapso de ambos edificios. Un tercer avión fue estrellado contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, en Arlington, Virginia.

El cuarto vuelo, el United Airlines 93, cayó en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y miembros de la tripulación se enfrentaran a los secuestradores. La aeronave se dirigía hacia Washington, según la reconstrucción histórica del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre. Los atentados dejaron 1,977 muertos en Nueva York, Arlington y Pensilvania.

“El 11 de septiembre no fue solo una tragedia estadounidense; fue una tragedia humana”, afirmó Fellows. La representante diplomática sostuvo que las pérdidas alcanzaron a comunidades de varios países y que muchas familias vieron transformadas sus vidas desde aquel día.

Fellows recordó a las familias que aún cargan con las pérdidas

La diplomática dedicó parte de su discurso a las víctimas y a las familias que perdieron a sus seres queridos durante los ataques.

“Hoy honramos a cada persona que perdió la vida, a cada familia cuya existencia cambió para siempre y a cada comunidad que sigue cargando con ese pesar”, expresó Fellows. También incluyó a quienes dieron su vida durante las labores de auxilio: “Su sacrificio nunca será olvidado”.

Fellows recordó la actuación de bomberos, policías, personal de emergencias médicas y ciudadanos que auxiliaron a otras personas durante los atentados.

“Recordamos a los equipos de primera respuesta, a los bomberos, a los policías, al personal de emergencias médicas y a los ciudadanos comunes que corrieron hacia el peligro mientras otros buscaban ponerse a salvo”, dijo. La diplomática afirmó que muchos de ellos murieron cuando intentaban salvar a personas a las que no conocían.

En su mensaje, Fellows indicó que los atentados buscaban generar miedo, división y desesperanza. También destacó la respuesta de la población estadounidense y el respaldo internacional que recibió el país tras los ataques.

“Los vecinos ayudaron a sus vecinos. Las comunidades compartieron su duelo. Personas de todo el mundo se solidarizaron con Estados Unidos, incluso aquí en El Salvador”, expresó.

La representante diplomática sostuvo que aquella respuesta dejó una lección sobre el valor de la solidaridad ante las crisis. “Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente: su valentía, su integridad y su determinación”, señaló en su mensaje.

La CIA desclasificó el viernes 71 informes de inteligencia elaborados entre febrero de 1998 y septiembre de 2001 que detallan lo que la agencia sabía sobre Osama bin Laden y Al Qaeda en los años previos a los atentados del 11 de septiembre. La divulgación, calificada por su director como “la mayor de la historia” sobre el tema, coincidió con los actos conmemorativos por el 25 aniversario de los ataques.

El paquete de documentos incluye evaluaciones preparadas para el Informe Diario del Presidente (PDB, por sus siglas en inglés), el resumen de inteligencia más reservado que reciben el mandatario de Estados Unidos y sus principales asesores. De los 71 archivos, 69 nunca habían sido vistos por el público; dos ya se habían dado a conocer durante la investigación de la comisión que el Congreso creó para examinar los atentados.

Advertencias que datan de 1998

Uno de los documentos más citados, fechado el 10 de septiembre de 1998 (tres años antes de los atentados), advertía que un grupo asociado a Bin Laden “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos”. La comisión que investigó el 11-S señaló que el Centro Antiterrorista no llegó a analizar después cómo podría usarse una aeronave, secuestrada o cargada de explosivos, como arma.

Otro informe, del 4 de diciembre de 1998, recogía información según la cual “Bin Laden y sus aliados se preparan para atacar Estados Unidos mediante el secuestro de aviones”. El primer documento de la serie, del 13 de febrero de 1998, señalaba que Bin Laden y otros extremistas islámicos habían acordado “procurar sustancias químicas, biológicas y nucleares no especificadas en mercados abiertos”, y que el líder de Al Qaeda contaba con “un imperio financiero” que podía facilitar esa búsqueda.

Los documentos también describen el papel creciente de Bin Laden en el narcotráfico afgano bajo la protección talibán. Un reporte de octubre de 1999 aseguraba que había hecho “una inversión sustancial en 57 laboratorios de narcóticos” vinculados al mulá Omar, líder talibán, aunque la comisión del 11-S concluyó más tarde que no existía “evidencia confiable” de que Bin Laden se financiara mediante el tráfico de drogas.

El memo de agosto de 2001 y las horas previas al ataque

El documento más conocido de la tanda, titulado “Bin Ladin Determined To Strike in US” y fechado el 6 de agosto de 2001, ya había sido desclasificado en 2004 a pedido de la comisión investigadora. El memo indicaba que información del FBI “muestra patrones de actividad sospechosa en este país compatibles con preparativos para secuestros u otros tipos de ataques, incluida vigilancia reciente de edificios federales en Nueva York”. En ese momento había 70 investigaciones de campo completas relacionadas con Bin Laden en curso en Estados Unidos.

La comisión del 11-S determinó que ese memo fue “el trigesimosexto punto del PDB relacionado con Bin Laden o Al Qaeda ese año, y el primero dedicado a la posibilidad de un ataque dentro de Estados Unidos”. El material divulgado el viernes incluye 18 documentos de la Administración de George W. Bush previos a los atentados, lo que indica que parte del material del PDB de ese período sigue en secreto.

Un exfuncionario de inteligencia señaló que numerosos puntos del PDB con advertencias sobre la amenaza, algunos de hasta 1996, no fueron incluidos en la divulgación del viernes, al igual que otras piezas adicionales de 2001.

El último documento de la serie, un “informe de situación” enviado a las 4 de la madrugada del 12 de septiembre de 2001, describía la inteligencia más reciente sobre Bin Laden. “La evidencia creciente indica que los extremistas suníes en Afganistán y el Golfo Pérsico sabían recientemente que ataques dirigidos por Bin Laden eran inminentes”, señalaba el reporte, que además mencionaba un posible enfrentamiento entre Bin Laden y el mulá Omar por la decisión de lanzar los ataques. Un “árabe con base en Kandahar” declaró que los ataques habían sido resultado de dos años de planificación y eran “el comienzo de la ira”, y sugirió que el Capitolio y la Casa Blanca también podrían haber sido objetivos de la operación.

Reconstrucción de una amenaza fragmentada

Los documentos muestran cómo distintos hilos de inteligencia sobre Al Qaeda emergían y luego desaparecían de los reportes sin que la agencia lograra reconstruir el arco completo de una amenaza o complot, según analistas de la CIA citados por The New York Times. Un documento del 3 de agosto de 1999 discutía incluso la posibilidad de que la propia inteligencia recolectada fuera un engaño deliberado: “Los diversos objetivos mencionados en los reportes, combinados con una alta incidencia de contactos espontáneos vinculados a Bin Laden, sugieren un esfuerzo deliberado por engañarnos”, escribió entonces la agencia.

Un informe del 24 de julio de 2001 señalaba que, por segunda vez en dos semanas, “una operación terrorista inminente presuntamente patrocinada por Bin Laden ha sido pospuesta, pero los preparativos para otros ataques a corto plazo podrían seguir en marcha”. El último documento previo a los atentados, del 28 de agosto de 2001, insistía en que Al Qaeda seguía siendo una amenaza, aunque no mencionaba ataques con aviones dentro de territorio estadounidense sino “asesinatos, secuestros, uso de cohetes, morteros y otras armas de largo alcance, así como ataques químicos o biológicos rudimentarios”. Ese mismo texto anticipaba, sin saberlo, cómo terminaría siendo hallado Bin Laden años después, al señalar que “los mensajeros inexpertos o los suicidas también cometen errores que exponen detalles de los complots”.

Jamie Gorelick, integrante de la comisión que investigó los atentados y quien tuvo acceso a los PDB en su momento, declaró que los documentos ahora públicos “son consistentes con la evaluación de la comisión sobre la inteligencia previa al ataque”. Gorelick se desempeñó como fiscal general adjunta durante la Administración Clinton.

Declaraciones oficiales y contexto institucional

El director de la CIA, John Ratcliffe, calificó la divulgación como “un acto de transparencia excepcional” y afirmó en un comunicado: “Hace 25 años, los ataques del 11 de septiembre golpearon a nuestra nación, pero no nos quebraron. Generaciones de oficiales de la CIA se han dedicado desde entonces a asegurar justicia para nuestros compatriotas caídos y a garantizar que Al Qaeda nunca vuelva a dañar a nuestro país”.

La Casa Blanca, consultada sobre la divulgación, remitió a otro lote de documentos publicado el mismo viernes por los Archivos Nacionales, que incluye entrevistas con funcionarios de seguridad nacional de las Administraciones Clinton y Bush realizadas por la comisión que investigó los atentados entre 2002 y 2004.

Los informes desclasificados refuerzan las conclusiones centrales del informe de 2004 de la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos: las agencias de inteligencia advirtieron de forma reiterada sobre la amenaza de Al Qaeda, pero no lograron comprender la magnitud ni la naturaleza precisa del ataque que el grupo preparaba. El propio informe de la comisión atribuyó parte del fracaso a “fallos de imaginación, de política, de capacidades y de gestión”, y concluyó que “el fallo más importante fue uno de imaginación”.

Tras los atentados, que dejaron cerca de 3.000 muertos, Estados Unidos reorganizó su arquitectura de seguridad nacional: se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para integrar diversas agencias de aplicación de la ley, y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, orientada a mejorar la colaboración entre el FBI, la CIA y otros organismos de espionaje. Los atentados también desencadenaron la invasión estadounidense de Afganistán semanas después, cuando el entonces líder talibán, el mulá Omar, fue evacuado junto a su familia de Kandahar.

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11-S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

Alrededor de los estanques que sustituyen al lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se congregaron además otras figuras políticas como los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, este último a cargo de la ciudad cuando sucedieron los ataques.

Asistieron también la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump, nacido en Nueva York, no acudió a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

Un cuarto avión cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania debido a la revuelta de los pasajeros, que evitaron que volara hacia Washington, donde tenía como objetivo previsiblemente la Casa Blanca o el Capitolio.

25 años después, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.

A las 8:46, momento en el que impactó el primer avión contra la torre norte, y después de que un coro entonase el himno de Estados Unidos, comenzó el acto de manera oficial, en el que se mencionaron los nombres de los fallecidos y se guardaron varios minutos de silencio.

Aparte de esta ceremonia, el Oculus proyectará, como todos los años, dos columnas de luz natural en el suelo y, por la noche, se encenderán dos potentes haces de luz artificial hacia el cielo, visibles desde todos los rincones.

Aparte de las víctimas del propio atentado, que incluye a los tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias como bomberos y transeúntes, miles de personas más han fallecido a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación que provocaron los residuos.

También se conmemoró en este acto a los fallecidos en el ataque al World Trade Center de 1993.

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los estadounidenses considera que la ofensiva contra el terrorismo tuvo al menos un éxito parcial, pero percibe un país menos unido y mantiene dudas sobre su capacidad para enfrentar una nueva agresión.

El diagnóstico surge de una encuesta nacional elaborada por CBS News y YouGov, que entrevistó a 2.373 adultos en Estados Unidos entre el 1 y el 4 de septiembre de 2026. El estudio examinó cómo la población recuerda los ataques y evalúa las transformaciones del país desde entonces.

La medición indicó que los atentados continúan siendo un hecho decisivo para estadounidenses de distintas edades. Incluso una parte importante de quienes no habían nacido en 2001 o eran demasiado pequeños para conservar recuerdos personales identifica aquella jornada como un acontecimiento que cambió al país de forma permanente.

Los atentados conservan su peso entre quienes no los vivieron

El sondeo registró que las generaciones más jóvenes conocieron los ataques mediante la escuela, docentes, familiares y amistades. Aunque su vínculo con los hechos no procede de una experiencia directa, la mayoría de ese grupo reconoce la relevancia histórica de la fecha, tal como reflejó la encuesta divulgada por CBS News.

Los adultos mayores otorgan todavía más importancia a preservar la memoria del 11 de septiembre. Esa valoración también aparece en otro dato recogido por el estudio: cerca de una cuarta parte de los encuestados afirmó haber visitado un memorial o museo dedicado a las víctimas.

La investigación sostuvo que el país conserva una percepción extendida de que los atentados modificaron su vida pública. La reacción inmediata posterior a los hechos, recordó la cadena, estuvo marcada por un fuerte respaldo ciudadano a medidas para reforzar los controles en los aeropuertos y ampliar la participación del Gobierno federal en esa tarea.

También se registró un apoyo casi generalizado a la acción militar contra los responsables de los ataques. Ese contexto dio paso a la estrategia conocida en inglés como war on terror, expresión utilizada para describir las campañas emprendidas por Washington durante las décadas posteriores.

La seguridad tiene mayor respaldo que la privacidad

En la comparación con 2001, la población consultada manifestó que hoy existe más seguridad, aunque a costa de una menor privacidad. La reducción de la privacidad y la pérdida de unidad nacional figuran entre los cambios más señalados por los participantes.

La encuesta de CBS News indicó además que la mayoría califica como al menos algo exitosas las acciones de Estados Unidos destinadas a reducir la amenaza terrorista. Una proporción amplia asoció esos esfuerzos con un país más seguro que en los años posteriores a los atentados.

Esa evaluación no elimina la inquietud. Pocos encuestados dijeron sentirse personalmente “en peligro” por el terrorismo, pero muchos se definieron como “algo inquietos”, traducción de las categorías empleadas en el cuestionario. La sensación, aseguró el medio al comparar sus mediciones, guarda similitud con la que recogió cinco años antes, durante el vigésimo aniversario de los ataques.

En los primeros años posteriores a 2001, la percepción era más alarmante: la mayoría creía probable que ocurriera otro atentado dentro del país. La consulta actual muestra una preocupación menos intensa, aunque sin una certeza compartida sobre la preparación institucional.

La preparación ante una nueva amenaza divide a los encuestados

La sociedad estadounidense aparece dividida sobre si el país está adecuadamente preparado para responder a un ataque terrorista en su territorio. La diferencia se acentúa por afinidad política: la mayoría de los republicanos considera que existe preparación suficiente, mientras que demócratas e independientes tienden a rechazar esa idea.

El estudio también examinó la posibilidad de una reacción colectiva ante un ataque procedente del exterior. Aproximadamente la mitad cree que los estadounidenses se unirían tanto como tras el 11 de septiembre, o incluso más. Sin embargo, el 40 % opinó que el país no se cohesionaría de la misma manera, especialmente entre las personas que recuerdan con claridad los atentados.

Como referencia histórica, la cadena recordó que el entonces presidente George W. Bush alcanzó una aprobación del 90 % a comienzos de octubre de 2001. La cifra fue la más alta obtenida por un mandatario en funciones en las encuestas de CBS News y reflejó el nivel de respaldo que siguió a los ataques.

Alejandro de Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Quilmes, que tiene a su cargo el expediente en contra del menor, explicó cómo el organismo de investigaciones estadounidense descubrió el supuesto plan del adolescente en contra del resto de los alumnos de su colegio.

“ChatGPT es internacional, se genera a modo internacional, y al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP (del dispositivo del chico). A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”, dijo el funcionario judicial en diálogo con radio Mitre.

En el reportaje, De Mena indicó que las alertas detectadas por el FBI fueron las palabras clave que el alumno le mencionó a la Inteligencia Artificial. “Es como cuando se pasan fotos de menores y se actúa de oficio y se da intervención directamente a la jurisdicción del país que sea”, graficó el auxiliar de la Fiscalía.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, vestimenta y distintos elementos de características tácticas. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación se inició el 19 de agosto, a partir de una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El reporte estaba relacionado con un usuario de correo electrónico que habría mantenido una conversación con ChatGPT en la que expresó su intención de realizar un tiroteo en un colegio y asesinar a sus compañeros.

Según la información incorporada a la causa, el ataque habría sido inicialmente planeado para 2027, aunque el adolescente también habría planteado la posibilidad de adelantarlo. Además, manifestó interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Ante la gravedad de las expresiones, tomó intervención la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Los agentes desplegaron tareas digitales y de campo y utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT, para intentar identificar al usuario detrás de los mensajes.

“Automáticamente, cuando se comunica el FBI con la sección del antiterrorismo de Policía Federal, al hacer eso se hace de oficio. Después, nos llaman por teléfono, nos cuentan el caso, se imparten las primeras directivas como para seguir adelante la investigación. Se logra identificar porque necesitamos tenerlo identificado al menor, dónde vive”, señaló De Mena.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, y con la Secretaría Única a cargo de Mariana Digiani, ordenó allanar el domicilio.

“Se produjo de inmediato, a los pocos días, un allanamiento, logrando ser positivo porque estaba con máscaras. Se capturó una foto del menor, que estaba probándose máscaras también y se secuestraron dos dispositivos móviles, que era con los que operaba el menor, como para certificar que el hecho había ocurrido”, agregó.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección táctica negras.

De Mena confirmó que el delito que se le imputó al adolescente es “intimidación pública” y que este viernes se lo citó a la Fiscalía. Por lo pronto, ni el menor ni sus padres declararon respecto al episodio.

Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

Un cuarto de siglo ha pasado y la imagen de aquel atentado aún sigue marcando la vida de muchas familias que vieron caer, no solo dos edificios, sino la vida de sus seres queridos.

Las salvadoreñas Ana Gloria Pocasangre de Barrera y Elsy Carolina Osorio Oliva murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, una ofensiva de Al Qaeda que dejó 2,996 muertos y redefinió la política exterior de Estados Unidos durante las décadas siguientes.

En el World Trade Center fallecieron 2,753 personas. De esos casos, 1,653 restos habían sido identificados y 1,100 continuaban sin reconocer, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas tras los ataques.

Pocasangre tenía 49 años y viajaba en el vuelo 175 de United Airlines, uno de los cuatro aviones comerciales secuestrados aquella mañana. Había nacido en San Salvador en 1952, era empresaria y administraba negocios como la pupusería y restaurante “El Pipirín”, según Diario El Mundo.

Vivía con su esposo, Ernesto Barrera, tres de sus hijos y dos hijastros. Su familia la consideraba un sostén para sus cinco hermanos, a quienes también acompañaba con su trabajo.

Osorio tenía 27 años, era ingeniera en informática y trabajaba como ingeniera junior de traducción para General Telecom, en el piso 83 de la Torre Norte. Nacida en El Salvador en 1974, había emigrado a Nueva York junto a su madre y sus hermanos en busca de mejores oportunidades.

Descrita como una persona amable y generosa, ayudaba económicamente a su familia, preparaba su boda y proyectaba comprar una vivienda para vivir con sus seres queridos. Durante la mañana del ataque logró llamar a su familia para advertirle sobre la explosión, pero quedó atrapada en el edificio antes de su derrumbe.

Dos nombres en el memorial de la Zona Cero

Los nombres de Ana Gloria Pocasangre y Elsy Carolina Osorio están grabados en el Memorial del 11 de Septiembre, construido en la Zona Cero para honrar a las víctimas del mayor atentado de la historia de Estados Unidos.

Al menos ocho centroamericanos murieron ese día. El mayor número de víctimas de la región identificadas en el listado corresponde a Honduras, con cuatro mujeres que trabajaban en las Torres Gemelas: Griselda Garo James, Claudia Martínez de Foster, Helen García Cook y Digna Alexandra Rivera de Constanza.

El portal de noticias, Centroamérica 360 también documentó dos víctimas de Guatemala: Juan Pablo Cisneros, de 23 años, y Rubén Solares, de 51, ambos empleados de Cantor Fitzgerald en la torre norte.

La ofensiva fue ejecutada por 19 integrantes de Al Qaeda, que secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos impactaron contra las Torres Gemelas; otro fue dirigido contra el Pentágono, en Washington D. C., y el vuelo 93 de United Airlines cayó en Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros intentaran enfrentarse a los secuestradores.

La secuencia comenzó a las 8:46, cuando el primer avión chocó contra la Torre Norte. El segundo impactó contra la Torre Sur a las 9:03; el Pentágono fue atacado a las 9:39 y el vuelo 93 se estrelló a las 10:03.

La Torre Sur colapsó a las 9:59 y la Torre Norte se derrumbó a las 10:28. Más tarde también cayó el edificio 7 del World Trade Center.

No hubo sobrevivientes en ninguno de los cuatro aviones. Entre las víctimas hubo pasajeros, tripulantes, trabajadores de las torres, personal del Pentágono, bomberos y policías.

El impacto militar y político de los ataques

La Administración Federal de Aviación ordenó el aterrizaje de todos los vuelos civiles en Estados Unidos mientras el Gobierno evacuaba edificios oficiales y colocaba a las Fuerzas Armadas en alerta. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, calificó los hechos como un atentado terrorista y, al final del día, las autoridades ya señalaban a Osama bin Laden y Al Qaeda como responsables.

Los ataques impulsaron la estrategia estadounidense denominada “guerra contra el terror”. Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 y, dos años más tarde, inició la guerra de Irak.

Esas decisiones prolongaron los conflictos en Oriente Medio y Asia Central y tuvieron consecuencias internacionales durante décadas.

Faltaban minutos para el final del partido cuando Sergio Villanueva recibió la pelota, aceleró por el costado de la cancha y sacó un remate que pasó al arquero. Gol. 1-0.

El equipo de fútbol del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York le ganaba al de los policías. Era la tarde del domingo 9 de septiembre de 2001. Dos días después, Sergio entraría al World Trade Center con la dotación de Ladder 132 y no volvería a salir.

Tenía 33 años, había nacido en Bahía Blanca y llevaba casi toda su vida en Queens. Estaba comprometido y planeaba casarse. El 13 de septiembre debía firmar el contrato del salón donde se celebraría la boda.

Esa tarde del domingo, después del gol, Sergio volvió a casa eufórico. Tanya Villanueva Tepper, su prometida, lo conocía así: el fútbol lo transformaba.

“Era un loco total. Simplemente lo amaba. Amaba mirar. Amaba jugar”, recordó Tanya al 9/11 Memorial & Museum, que conserva una de sus camisetas de la Selección argentina.

Los días en que jugaba Argentina, Sergio se ponía la camiseta albiceleste y Tanya debía ponerse la de Boca y calzarse un gorro con cascabeles colgantes. Cuando el equipo anotaba, los dos corrían por el departamento de Queens gritando “gol”.

Rick Miller, un teniente que había sido su compañero en la policía, lo describió en el obituario publicado por The New York Times: “Amaba Nueva York, amaba su país, amaba Queens, y se quedaba ronco tres días después de un partido de la selección argentina”.

Sergio organizaba partidos en Flushing Meadows Park y jugaba en Chelsea Piers.

Aquel domingo, 9 de septiembre, del partido fueron a la fiesta de cumpleaños de la hija de un amigo de Sergio, de quien había sido padrino de boda. Estaban rodeados de la gente que querían.

Se quedaron un rato más tomando cervezas y volvieron a casa. Tanya tenía una cámara de rollo que Sergio le había regalado para sus 30 años.

Se dio cuenta de que quedaba una foto en el rollo y le sacó una a Sergio. “Su última foto”, contó Tanya al periodista Hugo Martin de Infobae en 2021.

A la mañana siguiente, el lunes 10, Sergio se levantó temprano y se fue al cuartel a cumplir un turno de 24 horas. Se despidió con un beso. Debía regresar el martes por la mañana.

Un chico de Bahía Blanca en un restaurante de Queens

Sergio Gabriel Villanueva nació el 4 de julio de 1968 en Bahía Blanca. A comienzos de los años 70, sus padres emigraron a Nueva York.

Su padre había llegado un año antes. Una de las primeras fotos de Sergio en la ciudad lo muestra de niño junto a Delia, su madre, con las Torres Gemelas todavía en construcción, detrás de ellos.

Steve Villanueva, su hermano menor, contó en una entrevista con Spectrum News que compartieron una habitación con cuchetas hasta que él cumplió 25 años. “Éramos muy cercanos, los tres, incluida mi hermana”, dijo Steve sobre Sergio y Marisel, su hermana.

El padre tenía un restaurante en Bayside, Queens, llamado Piccolo San Marino. Ahí Sergio aprendió a cocinar.

Pasta, pollo, platos italianos: las recetas que absorbió de chico lo siguieron hasta el cuartel de bomberos, donde sus compañeros esperaban sus turnos en la cocina.

En Ladder 132, según su obituario, cuando le tocaba el turno a Sergio, la compañía comía bien. También se sabía de memoria las canciones de Barry Manilow.

Steve lo describió ante Spectrum News con una frase que repitió más de una vez: “Tenía una personalidad enorme”.

Un compañero de Ladder 132 lo recordó en la página de la National Fallen Firefighters Foundation con una enumeración que dice más que cualquier semblanza formal: “Un tipo genial. Adelantado a su época en la moda. Trajo de vuelta las patillas largas antes de Beverly Hills 90210. Y le encantaba flotar en su pileta. Era un buen bombero, siempre quería meterse en lo más duro. Te extraño, Serge”.

Ocho años con placa de policía

En 1992, Sergio ingresó al Departamento de Policía de Nueva York. Lo destinaron al Precinto 46 del Bronx, una zona con alta actividad de narcotráfico.

Después lo pasaron a la División de Narcóticos, donde trabajó como agente encubierto: debía hacerse pasar por adicto para atrapar vendedores de droga. “Era muy riesgoso. Pero lo hizo bien y lo ascendieron a detective en el 98”, contó Tanya.

Un ex compañero del Precinto 46 escribió en la página de la National Fallen Firefighters Foundation: “Sergio era un miembro querido de esa unidad, conocido como una persona amigable, trabajadora y respetada por todos. Era valiente, dedicado y siempre de buen ánimo. El Departamento de Bomberos recibió a un bombero de primera y su pérdida todavía la sentimos quienes tuvimos el honor de conocerlo”.

Fernando Rodriguez fue su compañero de patrulla en el Precinto 46. La hermana de Rodriguez dejó un mensaje en la misma página años después: “Tuve el placer de conocerte en muchas ocasiones, ya que mi hermano fue tu compañero. Pienso en vos todo el tiempo, como lo hacía mi hermano”.

Fernando ya no estaba vivo cuando ella escribió esas líneas. “Me los imagino a los dos patrullando los cielos para cuidarnos acá en la tierra”, agregó.

Sergio había rendido también el examen de ingreso a bomberos, pero cuando lo aprobó no había vacantes. Cuando se abrió la posibilidad, en el año 2000, dejó la policía.

Empezó en Engine 4, una unidad cercana a las Torres Gemelas, en South Street Seaport. Al cabo de un año pidió el pase a Ladder 132, en el barrio de Prospect Heights, Brooklyn: los primeros combaten el fuego, los segundos se especializan en rescates. “Esa unidad tenía muchísimo trabajo”, contó Tanya.

Una vez que alguien entraba al Departamento de Bomberos, no se iba. Los horarios eran mejores: 24 horas de servicio seguidas y dos días de descanso.

Mientras tanto, Sergio y Tanya habían abierto un negocio de regalos en Jackson Heights, a tres cuadras de su casa, que llamaron Inner Peace. Les iba bien.

Delia los ayudaba para que tuvieran tiempo de pareja.

Y Sergio restauraba con sus propias manos una casa que habían comprado a seis cuadras de la que alquilaban, también en Jackson Heights. Planeaban abrir otro local. Planeaban tener hijos.

Una historia de amor que empezó con un terremoto y terminó en Queens

Sergio y Tanya vivían en extremos opuestos del barrio de Flushing, en Queens. Él iba a un colegio católico privado, el Holy Cross. Ella, a la escuela pública. No compartían el mismo grupo de amigos, pero tenían muchos en común.

“Al final nos conocimos cuando teníamos 19 o 20 años por intermedio de Lorenzo, amigo de los dos. Íbamos a bailar al mismo club. Nos gustaba el estilo que llamamos latin freestyle, que no es salsa y eso, es música más bolichera, y hip hop”, contó Tanya a Infobae en 2021.

En 1991, Tanya ingresó en el Hunter College de la Universidad de Nueva York y después se mudó a Los Ángeles para completar sus estudios. En 1994, un terremoto la espantó. “Hubo un gran terremoto en Los Ángeles y me asusté mucho. Tanto como para irme de allí, a pesar de amar el clima y la playa”, recordó.

Se fue a Miami con su novio de entonces, un francés llamado Philippe. Alquilaron un departamento con su mejor amiga. Philippe viajaría a Francia a visitar a su familia y se reuniría con ella en el verano. Eso no sucedió.

En junio, Lorenzo y Sergio llegaron a Miami de vacaciones con otros amigos. Sergio ya era policía. “Salimos todos juntos y bueno, nos emborrachamos. Una cosa llevó a la otra y con Sergio nos besamos y fue como ‘¡Dios mío!’. Fue un beso tan mágico que no quería que se detuviera”, aseguró Tanya a Infobae.

Pasaron cuatro o cinco días juntos. Sergio se quedó en su departamento. Hablaron toda la noche. Era 1994 y se jugaba el Mundial en Estados Unidos. “Sergio miraba los partidos del Mundial… ahora que lo pienso, quizás se quedaba por eso”, bromeó Tanya.

Cuando Sergio estaba por tomar el avión de vuelta a Nueva York, Tanya enfermó. Tuvo mucha fiebre. Él llamó y le dijo que se quedaba un par de días más para cuidarla. “Me ponía agua fría en la espalda, me tapaba porque yo tiritaba de fiebre. Me cuidó mucho. Y me enamoré”, dijo Tanya.

En una de esas conversaciones, Sergio le habló de un autor que solía leer, Brian Weiss, un psiquiatra que escribía sobre vidas pasadas y usaba hipnosis como método de sanación. “Así que me pareció que no sólo era un policía machito de Nueva York, sino un ser espiritual”, recordó ella.

Sergio volvió a Queens. A partir de entonces, el correo de Estados Unidos llevó y trajo cartas entre Miami y Nueva York. Una vez por semana, Tanya lo llamaba. “Todo era como para parecer su amiga, algo que yo no quería ser. Buscaba que no se olvidara de mí, pero tampoco quería quedar como Glenn Close en Atracción Fatal”, se rió.

Tanya decidió volver a Nueva York. “Si quería estar con él, debía volver”, razonó. En abril de 1995 manejó un camión de mudanzas U-Haul de cinco metros de largo desde Miami hasta Jackson Heights. Se instaló, la relación avanzó, Sergio tenía la llave de su departamento. “Pero todavía ninguno de los dos le había dicho ‘te amo’ al otro”, recordó Tanya.

El encendedor, la carta y las tres palabras

En 1995 apareció un tío materno de Tanya que la buscaba desde Alemania. Ella viajó a encontrarse con su familia biológica. Sergio se ofreció a acompañarla. En ese viaje, Tanya se enteró de la verdad sobre la muerte de su madre. Sergio grabó el encuentro porque ella se lo pidió.

Esa noche, en el hotel, Tanya sintió una paz que le daba la presencia de Sergio. “Y vi que era el momento justo para decirle lo que sentía, que lo amaba. Entonces lo abracé y le dije ‘¿sabés lo mucho que te amo?’. Y se dio vuelta y me besó. Pero no me dijo que también me amaba. Ni esa noche, ni en los días que siguieron paseando por Alemania”, contó a Infobae en la entrevista de 2021.

Fueron a un negocio a comprar encendedores. Sergio le regaló uno que decía “te amo”. Para Tanya no era suficiente. Cuando volvieron a Nueva York, ella le escribió una carta. “Decía que no hacía falta que me lo diga, porque sabía que lo sentía. Leyó la carta, me miró y me dijo ‘claro que yo también te amo’. Y nos pusimos a llorar los dos”.

Casi todos sus amigos se habían casado y tenían hijos. Tanya empezó a insistir. “Pero me di cuenta que no era lo más inteligente… Entonces me dije, bueno, va a suceder cuando esté listo. Para él era importante que estuviéramos sólidos, por ejemplo, con el tema de la casa, con su carrera. Me decía que ni bien nos casáramos quería tener hijos”, relató en la entrevista de 2021.

El 30 de junio de 2001 cumplieron siete años desde el primer beso en Miami. Fueron a cenar al restaurante Angelo Maxie’s, en Manhattan. “Hablamos de nuestro tiempo juntos, de lo felices que éramos. Y me dijo ‘tengo un regalo para vos’. Buscó en el bolsillo chiquito de su pantalón y me dio un anillo”, contó Tanya.

Al día siguiente fueron a la playa. En Long Beach los esperaban sus amigos, que empezaron a hacerle bromas: “¿Pero cómo? ¿No te arrodillaste y le pediste casamiento?”. Sergio tomó la mano de Tanya, se arrodilló sobre la arena y se lo pidió.

Encontraron un salón llamado The Fountainhead, en La Rochelle. Tenía una pequeña capilla y un área de recepción. Sacaron una cita para firmar el contrato el 13 de septiembre de 2001. La fecha de la boda estaba pactada para el 1 de agosto de 2002.

Delia, la madre de Sergio, había sido parte de todo. “Desde el primer momento que conocí a la madre de Sergio tuvimos una conexión especial”, contó Tanya. “¿Sabés qué hacíamos? Nos sentábamos en su cama a ver televisión. Sergio en el medio y nosotras, sus ‘chicas’, a cada lado. Eso lo hacía muy feliz”.

La inscripción en el portón del cuartel

El martes 11 de septiembre de 2001, a las 8.46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center.

Diecisiete minutos después, a las 9.03, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la Torre Sur. Sergio había cumplido un turno de 24 horas en Ladder 132 y se preparaba para volver a casa. Todavía estaba en el cuartel cuando sonó la alarma.

Se cambió de ropa y se sumó al equipo de rescate.

Tres minutos después del segundo impacto, la dotación de Ladder 132 atravesó el portón del cuartel de Prospect Heights, en Brooklyn. El portón llevaba una inscripción: “En el ojo de la tormenta”. Recorrieron los siete kilómetros que los separaban del World Trade Center a toda velocidad. Fueron la cuarta dotación en responder a las alarmas.

Tanya estaba en su casa de Jackson Heights. Era un martes de elecciones primarias. Tenía pensado ir a votar. Estaba viendo NY1 cuando apareció la noticia del primer impacto. “Pensé que era un accidente o algo así, pero vi el segundo avión”, contó ante las cámaras de Spectrum News.

Llamó al cuartel. Daba ocupado. Llamó al celular de Sergio. Atendía el buzón de voz. “No creía que él hubiera ido al lugar porque la distancia era demasiado grande”, recordó.

A las 9.59, la Torre Sur se desplomó. El Marriott World Trade Center, un edificio de 22 pisos ubicado entre las dos torres, quedó sepultado bajo los escombros.

Sergio estaba adentro, en tareas de rescate, junto a otros seis miembros de su compañía, incluido su jefe, Matthew Ryan.

Steve Villanueva contó ante Spectrum News lo que la familia pudo reconstruir después: “Al final pudimos determinar que entraron a la Torre Sur. No llegaron muy arriba. Estaban en algún lugar entre el piso 10 y el 20. Ahí fue donde estaban cuando la torre se desplomó. Todos entraron para tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible a salir del edificio”.

En total, 343 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York murieron ese día.

El alcalde Rudolph Giuliani dio una conferencia de prensa esa tarde. “No sabemos cuántos perdimos. Pero no hay duda de que perdimos algunos bomberos y policías”, dijo.

Tanya lo escuchó por televisión. “No quería creer que no iba a volver a casa. Quería creer que estaba allá abajo ayudando a rescatar gente todavía”, recordó ante Spectrum News.

La página que no se imprimió

Pasó la tarde del 11 de septiembre y toda la familia esperaba un llamado. Tanya marcó un número de teléfono que le dieron. La enviaron a Fort Totten, un edificio militar a 20 minutos de su casa. Fue con Delia, Marisel y Lewis, el marido de Marisel. En un salón esperaron a ser atendidos.

Tanya vio a un hombre hablarle cerca del oído a una mujer. La mujer cayó de rodillas. Otra gritaba sin parar. “Estábamos ahí y a una mujer le notificaron que su marido se había ido. Obviamente hubo mucha emoción detrás de eso. Se desplomó en el piso y empezó a gritar”, contó Tanya a ABC News.

Se dio vuelta, miró a Delia y le dijo: “No, nosotras no pertenecemos acá porque Sergio va a volver a casa”. Volvieron a Jackson Heights. La casa estaba llena de gente que había llegado a acompañarla.

Al día siguiente, el 12 de septiembre, había 15 o 20 personas en la casa. Golpearon la puerta. Era un hombre vestido de traje. Le dijo a Tanya que conocía a Sergio, que tenía contactos en la alcaldía y que no había nadie con ese nombre en la lista de desaparecidos.

Tanya llamó ella misma para verificar. Era cierto. “Empezamos a saltar todos y a llorar de alegría”, contó a Infobae en 2021. Una amiga le dijo: “Maquillate y cuando venga nos vamos directo a la Iglesia y se casan”. Celebraron. Y después se pusieron a esperar.

Cada dos horas Tanya llamaba por novedades. En una de esas llamadas le dijeron que Villanueva estaba en la lista de desaparecidos. No entendía.

Le explicaron que la primera vez no se había imprimido la última página del listado. Por su apellido, Sergio estaba ahí. “Fue devastador”, aseguró Tanya.

Steve lo supo por su madre. “Cuando mi mamá me lo dijo, fue como si mi cuerpo se convirtiera en gelatina. Me aferré a la pared y empecé a llorar y llorar y llorar”, contó a Spectrum News.

Steve había llamado a Delia más temprano ese día para tranquilizarla: “Llamé a mi mamá y le dije ‘está bien. No te preocupes. Él está en Brooklyn’”.

El llamado al salón de bodas

El 13 de septiembre, el día en que debían firmar el contrato del salón, Tanya levantó el teléfono y llamó a The Fountainhead. “Les dije: ‘Mi prometido es uno de los desaparecidos, pero por favor no nos saquen la fecha porque él va a volver a casa’”, relató ante Spectrum News.

Pasaron los días. La casa seguía llena de gente. Frente al negocio Inner Peace, en Jackson Heights, empezaron a aparecer velas, flores y carteles pidiendo por Sergio, como un memorial espontáneo.

Tanya le había pedido a su amiga Patty que se hiciera cargo del local y recibiera la mercadería. Una semana después, Tony, un amigo de la infancia de Sergio que tenía un negocio de biblias, le llevó a la casa una caja que Patty le había dejado. Tanya se enojó: le había pedido a Patty que se ocupara ella. “Pero una voz me dijo ‘abrí la caja’”, contó a Infobae.

Adentro había un libro infantil llamado Bunny Wishes. “Básicamente es la historia de un conejo que desaparece”, dijo. Sergio y Tanya se llamaban bunny en la intimidad. Conejito y conejita.

Tanya sostuvo durante 26 días la idea de que Sergio podía volver. “No me iba a rendir. Hay gente que sobrevive a colapsos y terremotos. No me iba a rendir con Sergio”, aseguró.

El día 26, un domingo, levantó el teléfono y llamó a una medium de Miami llamada Elaine. “No le dije que había perdido a nadie ni por qué llamaba. Sólo que me hiciera una lectura”, relató.

La medium empezó por la numerología, le dijo su fecha de cumpleaños, le tiró las cartas. “Y de repente me dijo ‘querida, vos perdiste a alguien… a tu pareja’. Y empecé a llorar. Fue muy duro”.

Elaine hizo sonar unas campanas tibetanas y le dijo que Sergio estaba ahí, que estaba orgulloso, que no había dolor. “Te aseguro que no le hablé del 11/9 ni nada”, dijo Tanya. Entonces, recién entonces, aceptó que Sergio no iba a volver.

La familia decidió no hacer ninguna ceremonia hasta que el gobierno declarara oficialmente que ya no había más restos que buscar en Ground Zero. Eso sucedió en abril de 2002. Nunca encontraron nada de Sergio.

El 7 de junio de 2002, unas dos mil personas se hicieron presentes en la ceremonia de despedida: bomberos, policías, amigos, gente que simplemente quiso darle las gracias. Un mes después de los atentados, Tanya había adoptado el apellido Villanueva.

El número 10 que nadie volvió a usar

El equipo de fútbol del FDNY retiró el dorsal 10 de Sergio. Nadie lo volvió a llevar.

Jonathan Kanovsky, un ex detective de la policía de Nueva York que había sido compañero de Sergio en el Precinto 46, y Joe Bossi, entrenador del FDNY Soccer Club, crearon junto a la familia la Firefighter Sergio Villanueva Soccer Foundation.

Kanovsky escribió en la página de la fundación lo que sintió el 12 de septiembre, parado al borde de Ground Zero junto a otros policías: “Me sentí impotente y sin esperanza mientras miraba la destrucción masiva que había ocurrido apenas el día anterior. Durante las semanas siguientes, mientras trabajaba en la brigada de baldes dentro de Ground Zero, pensé en los muchos hombres y mujeres valientes que habían arriesgado y finalmente dado sus vidas en un intento heroico de rescate”.

Pensó que no había mejor forma de honrar a Sergio que el fútbol. Desde su creación en 2001, la fundación otorgó más de USD 150.000 en becas a jóvenes jugadores y realizó clínicas de fútbol para más de 3.000 chicos en Jamaica (Queens), Hempstead, Manhattan, Exeter (Reino Unido), Baumholder (Alemania), Roma y otras ciudades.

Tanya donó la camiseta de la selección argentina de Sergio al 9/11 Memorial & Museum, donde está exhibida en la muestra permanente. “Porque la gente, mucho después de que todos nos hayamos ido, necesita conocer la historia de lo que pasó ese día”, dijo Tanya ante CBS News.

Alice Greenwald, directora del museo, explicó ante la misma cadena la lógica de la exhibición: “Los materiales más íntimos de este museo cargan con las historias más grandes”.

Un grupo de 25 jugadores del equipo de fútbol de bomberos de Nueva York viajó a Buenos Aires representando a la fundación. Visitaron la Fundación Boca Social, recorrieron el club, jugaron un partido contra los Bomberos Voluntarios de La Boca en Casa Amarilla y compartieron un asado en la estación del barrio.

En un partido de Boca contra Arsenal de Sarandí en la Bombonera, los dirigentes les entregaron una plaqueta en memoria de Sergio y una camiseta firmada por el plantel profesional con su nombre.

Las escaleras que suben desconocidos

Cada año, desde agosto hasta noviembre, personas suben escaleras en ciudades de Estados Unidos y otros países con la foto de un bombero caído el 11-S.

La National Fallen Firefighters Foundation organiza las escaladas en conmemoración de los 343 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York murieron en los atentados.

El nombre de Sergio aparece en Lambeau Field, en Green Bay; en Red Rocks, en Morrison, Colorado; en la SalesForce Tower de San Francisco; en el estadio de Fayetteville, Carolina del Norte; en Charleston, Carolina del Sur; en Charlotte; en Biloxi, Misisipi; en Melbourne, Australia.

Una voluntaria de Indiana escribió en la página de la fundación después de subir en su nombre: “El sacrificio que vos y tantos otros hicieron ese día siempre será recordado. Para mí, nunca vas a ser olvidado”.

Un hombre que subió en la SalesForce Tower dejó un mensaje que conectaba su propia historia con la de Sergio: “Como ellos, mi familia también migró a Nueva York desde Argentina. Como inmigrantes, tus amigos terminan siendo la familia extendida que todos dejamos atrás al venir a esta gran nación que llamamos América. La familia de Sergio es nuestra familia”.

Un mensaje en la misma página lleva la firma de alguien llamado Aidan: “Hola, mi nombre es Aidan. Encontré esta página cuando estaba buscando información sobre mi tío abuelo (Sergio Villanueva). Me sorprendí. Estoy en séptimo grado y estoy usando a mi tío para un proyecto llamado ‘latinos famosos’. Espero que esté orgulloso”.

Los que se quedaron

Steve Villanueva conserva una boquilla de manguera, una caja de cigarros y un sombrero policial de Sergio. Mira a sus hijos y ve a su hermano. “Mi hijo menor me recuerda a mi hermano. Siento que son la misma persona”, contó ante Spectrum News. “Es la forma en que se sienta cuando lee”.

Steve trató de imaginar a Sergio a los 53 años, la edad que tenía él cuando dio esa entrevista. Además, aseguró: “Lo que más duele es que los chicos no lo conocen. Mis hijos, los hijos de mi hermana”.

Tanya se casó con Ray, que en otra etapa de su vida había sido bombero. Tuvieron dos hijas, Emilia y Samantha. Ray honra a Sergio. Para él, la familia Villanueva es su familia.

Tanya, Delia, Steve, Marisel y sus familias se mudaron a Florida. Se ven seguido. Las hijas de Tanya llaman abuela a Delia. Ray le dice mamá.

Tanya coordina un grupo regional de apoyo para viudas en Miami, bajo la organización Soaring Spirits. Se reúnen dos veces por mes. “Poder devolver todo el apoyo que recibí fue lo que le dio sentido y propósito a la pérdida de Sergio”, dijo ante Spectrum News.

Cuando habló ante las cámaras en 2026 en Spectrum News, Tanya intentó medir lo que significan 25 años: “Y ahora, contemplar que pasaron 25 años, que crié a dos hijas, que voy a ser una madre con el nido vacío, y que él no estuvo acá en el sentido físico para nada de eso, es alucinante. Realmente lo es”.

Afirmó que todavía, si se queda en silencio, puede escuchar su voz, verlo bailar, oír su risa.

Mientras las torres del World Trade Center se derrumbaban el 11 de septiembre de 2001, había un ciudadano estadounidense que lo observaba desde el espacio. Era el astronauta de la NASA Frank Culbertson, comandante de la Expedición 3 a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por las siglas en inglés) —y el único compatriota que esa mañana no pisaba suelo terrestre.

La ISS sobrevolaba el noreste de Estados Unidos cuando la noticia llegó a la órbita. Culbertson tomó la cámara más próxima —que resultó ser una videocámara— y se dirigió a la ventana del camarote de su compañero Michael para apuntar hacia el sur.

Al otro lado del cristal, una columna de humo se alzaba sobre Manhattan visible a cientos de kilómetros de distancia,, abarcando el área metropolitana de Nueva York y sectores de Nueva Jersey. A 25 años de la tragedia, la NASA vuelve a difundir su testimonio y una imagen que estremece.

El astronauta creyó que era una ficción

La noticia llegó a Culbertson de manera gradual y desconcertante. Esa mañana había terminado varios procedimientos de rutina, entre ellos los exámenes físicos de toda la tripulación. En una comunicación privada, el médico de vuelo le dijo que “estaban teniendo un día muy complicado en tierra”. Culbertson no lo advirtió.

Fue alrededor de las 9:00, hora del Centro (CDT),, cuando el médico le describió lo que ocurría. “Me quedé estupefacto, y luego horrorizado”, escribió el astronauta en una carta. “Lo primero que pensé fue que aquello no era una conversación real, que seguía escuchando una de mis cintas de Tom Clancy. Simplemente no me parecía posible que algo así ocurriera en nuestro país”, afirmó.

Con la ISS avanzando en su trayectoria orbital, Culbertson recorrió la costa este con la cámara en busca de otras señales de humo, cerca de Washington D.C. o en cualquier otro punto. No encontró nada visible. En la siguiente órbita, los tres integrantes de la tripulación —cada uno con una o dos cámaras— intentaron registrar imágenes de Nueva York y Washington. Sobre la capital federal había neblina. “Todo se veía increíble desde 200 o 300 millas de distancia”, escribió. “No puedo imaginar las escenas trágicas en tierra”, sumó.

El astronauta observó algo que lo perturbó especialmente. “El humo parecía tener una extraña forma ondulada en la base de la columna que se extendía hacia el sur de la ciudad. Tras leer uno de los artículos de prensa que acabamos de recibir, creo que estábamos viendo Nueva York en la época del derrumbe de la segunda torre, o poco después. ¡Qué horrible…!”, escribió en su carta pública.

La sensación de aislamiento

Al día siguiente del ataque, el cansancio y la tensión emocional ganaron la partida. Culbertson no pudo mantenerse despierto para continuar escribiendo. Cuando retomó la pluma, reflexionó sobre lo que significaba estar completamente fuera del planeta en ese momento. “Es difícil describir lo que se siente al ser el único estadounidense completamente fuera del planeta en un momento como este. La sensación de que debería estar ahí con todos ustedes, afrontando esto, ayudando de alguna manera, es abrumadora”, lamentó.

También escribió: “Es horrible ver el humo saliendo de las heridas en tu propio país desde una perspectiva tan privilegiada. La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo la vida es destruida por actos tan deliberados y terribles es impactante para la psique, sin importar quién seas”.

La respuesta institucional de la NASA no se limitó al registro visual desde la órbita. Tras los atentados, los programas científicos se articularon con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

De ese modo, desplegó vuelos con sensores para detectar contaminantes en el aire sobre las zonas afectadas y utilizó satélites para monitorear las condiciones desde la atmósfera. En su sitio oficial, la NASA señaló que “cada año, hacemos una pausa para recordar”, y que además de honrar a los fallecidos, brindó apoyo operativo a la FEMA durante los días posteriores al ataque.

Cerca de 6.000 banderas viajaron al espacio

Uno de los gestos más simbólicos de la agencia tomó forma en diciembre de 2001, con la misión STS-108 del transbordador espacial Endeavour: aproximadamente 6.000 banderas estadounidenses de 10x15 centímetros viajaron al espacio. Las banderas fueron preparadas por estudiantes del Centro Espacial Johnson en Houston y formaron parte de paquetes conmemorativos entregados a las familias de las víctimas de los atentados en Nueva York, Washington D. C. y Pensilvania.

La distribución comenzó el 14 de junio de 2002, Día Nacional de la Bandera, durante una ceremonia en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York.

“La campaña ‘Banderas para Héroes y Familias’ es una forma de honrar y mostrar nuestro apoyo a los miles de valientes hombres y mujeres que contribuyeron desinteresadamente a las labores de socorro y recuperación. Las banderas estadounidenses son un símbolo patriótico de nuestra fuerza y solidaridad, y de la determinación de nuestra nación para prevalecer”, declaró Dan Goldin, administrador de la NASA entre 1992 y 2001.

Goldin añadió que el programa espacial tiene “una larga trayectoria llevando objetos al espacio para conmemorar eventos históricos, actos de valentía y logros trascendentales”, y que la campaña era “una extensión natural de este proyecto de divulgación en curso”.

Quizás el tributo más impactante tomó forma en un taller del bajo Manhattan. En septiembre de 2001, ingenieros de Honeybee Robotics trabajaban contra el reloj en un par de herramientas diseñadas para desgastar superficies erosionadas de rocas marcianas, con el fin de permitir a los rovers Spirit y Opportunity de la NASA estudiar su interior. Los plazos eran inamovibles: la alineación planetaria determinaba las fechas de lanzamiento, y cualquier atraso era inviable.

Con poco margen para participar en los esfuerzos de socorro, los ingenieros encontraron otra vía. Cada herramienta de abrasión de rocas incorporó un manguito de aluminio —que funcionaba como protector de cables— fabricado con aluminio recuperado de las torres del World Trade Center. El metal llevaba grabada una bandera estadounidense. Hoy, con ambos rovers en silencio sobre el frío y árido suelo marciano, esos monumentos a las víctimas del 11 de septiembre podrían perdurar durante millones de años.

El lazo entre el programa espacial y la tragedia del 11 de septiembre también dejó su marca en uno de los símbolos más reconocibles de la recuperación nacional. Banderas del Puerto Espacial de Florida y del Centro Espacial Kennedy fueron cosidas a una bandera estadounidense que había sido rescatada cerca de la Zona Cero, formando así la llamada Bandera Nacional del 11-S.

Ese objeto, que condensa el duelo y la resiliencia de un país, forma hoy parte de la colección permanente del Museo Nacional Conmemorativo del 11 de Septiembre, ubicado en el sitio donde alguna vez se alzaron las torres del World Trade Center.

Jim Maroon se pone el traje impermeable de goma, baja al fondo de una de las piscinas reflectantes del Memorial del 11 de Septiembre de Nueva York y comienza a empujar una aspiradora sobre el granito negro. Son las 11 de la noche. Los visitantes ya se fueron, las cascadas están apagadas y el único sonido que quiebra el silencio es el zumbido del equipo. Cinco noches a la semana, entre las 23 y las 6 de la mañana, Maroon, de 54 años, limpia las piscinas que cubren la huella exacta de las Torres Gemelas.

Maroon trabaja en este lugar desde 2012, poco después de que el memorial abriera al público. En ese tiempo, según The New York Times, mantuvo un sitio que es al mismo tiempo una atracción visitada por millones de personas y el escenario de una tragedia colectiva. Las dos piscinas, cada una de cerca de cuatro mil metros cuadrados, están ubicadas unos nueve metros por debajo del nivel de la calle y honran la memoria de las 2.983 personas que murieron en los atentados contra el World Trade Center en 1993 y en los del 11 de septiembre de 2001.

Lo que hace particular a esta historia es que Maroon no llegó al memorial como un empleado cualquiera. Su padre trabajó durante años en el complejo del World Trade Center y él mismo estuvo a metros de las torres cuando el primer avión impactó.

La relación de Maroon con ese lugar excede el trabajo. El 11 de septiembre de 2001, tenía un empleo en la Bolsa Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange) y cruzaba la autopista West Side cuando el primer avión impactó contra la Torre Norte. Recuerda el sonido del golpe y, más tarde, la imagen de personas que caían desde los pisos más altos.

En su turno nocturno intenta no detenerse en ese recuerdo. Pero cada año, a medida que se acerca el aniversario, el peso vuelve. “Estas personas perdieron familia aquí”, dijo Maroon al Times días atrás, con el 25° aniversario como telón de fondo. “Siempre quieres mostrar algo bueno para ellos y que no digan: ‘Mi marido murió acá y este lugar debería ser hermoso, pero este tipo no está haciendo su trabajo’”, agregó.

Las inscripciones en bronce también lo afectan. “Me pega”, admitió en declaraciones a TODAY. “Ves estos nombres. No los conocí. Nunca los conocí. Pero son la madre o el padre de alguien”.

Jim Maroon recorre cada piscina del Memorial del 11 de Septiembre en 88 pasadas de aspiradora

El trabajo es metódico. Maroon calculó que cada piscina requiere 44 pasadas en una dirección y 44 de regreso. Junto a él trabajan un colega que cepilla la superficie detrás de la aspiradora y otro que opera la bomba del equipo. La tarea puede extenderse hasta siete horas para cubrir cada centímetro del fondo.

Lo que cae al agua varía. Maroon mencionó al Times monedas, latas de gaseosa, juguetes de niños y cámaras fotográficas. Pero la mayor parte de lo que aspira son hojas caídas de los cerca de 400 árboles que rodean el memorial. El agua, además, recibe tratamiento químico: según el mismo medio, los químicos del lugar utilizan bromina, un alguicida, para controlar el crecimiento de algas. Maroon retira manualmente cualquier resto del fondo de piedra.

Hace unos cinco años encontró una tortuga del tamaño de una lonchera. El personal del memorial la adoptó, le puso el nombre “Lucky” y le dio un lugar en las oficinas del complejo. “Probablemente nos sobreviva a todos”, dijo Maroon al Times.

Las monedas que caen al agua van íntegramente al memorial, aclaró.

Las piscinas reflectantes marcan la huella de las Torres Gemelas y recuerdan los atentados de 1993 y 2001

Las dos piscinas del memorial, conocido formalmente como Reflecting Absence y diseñado por el arquitecto Michael Arad y el paisajista Peter Walker, se encuentran donde estuvieron las bases de la Torre Norte y la Torre Sur. Cada piscina cae unos nueve metros desde el nivel de la calle hacia un vacío central que desciende otros seis metros aproximadamente. Las cascadas que bajan por las paredes de granito negro constituyen, según el Memorial y Museo del 11 de Septiembre, las cataratas artificiales más grandes de América del Norte.

A lo largo del borde superior de cada piscina, los nombres de las 2.983 víctimas están grabados en paneles de bronce. El número incluye a las personas que murieron en el ataque con bomba del 26 de febrero de 1993, que dejó seis muertos y más de mil heridos en el estacionamiento subterráneo del complejo, y a las que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, cuando el ataque coordinado de Al Qaeda derrumbó las dos torres, dañó el Pentágono y mató a casi 3.000 personas en total.

Los nombres están organizados por ubicación y por “adyacencias significativas”: amigos que murieron juntos, grupos de bomberos y policías aparecen uno al lado del otro, según las preferencias indicadas por los familiares sobrevivientes.

El memorial abrió el 11 de septiembre de 2011, en el décimo aniversario de los atentados. Más de 12 millones de personas lo visitan cada año, de acuerdo con datos del propio museo.

El turno nocturno: cuando se apagan las cascadas y el equipo entra al agua

El trabajo nocturno comienza cuando el memorial cierra al público. En ese momento, Tony LoCasto, ingeniero jefe del Memorial y Museo del 11 de Septiembre, da la orden y las cascadas se detienen. Solo entonces el equipo puede ingresar a las piscinas.

El contraste con las horas de luz es total. Durante el día, miles de visitantes se acercan a los bordes, leen los nombres grabados en bronce y depositan flores u objetos sobre los paneles. De noche, el silencio del lugar solo se interrumpe con el zumbido de la aspiradora o con alguna voz de los guardias de seguridad que resuena desde arriba. Es en ese contexto que Maroon trabaja solo, o casi solo, durante horas.

“Creo que eso es una ventaja del trabajo”, dijo Maroon al Times. “No tenés que ver al jefe. Hacés lo tuyo. Lo hacés bien y te dejan solo. No diría que soy antisocial, pero también estoy bien solo”.

LoCasto, por su parte, recibe con frecuencia mensajes de agradecimiento de los visitantes. “Te estrechan la mano y están parados frente al nombre de alguien que vinieron a visitar”, dijo al programa TODAY de NBC. “Eso te da un propósito mayor”. El ingeniero agregó: “No creo que nadie pueda olvidar las imágenes. Eso me impulsa cada día a alcanzar otro nivel de perfección”.

Billy Finch, el custodio que nació después del 11 de septiembre

Uno de los integrantes del equipo de mantenimiento es Billy Finch, de 23 años, quien nació después de los atentados. Finch describió al programa TODAY la dimensión de su trabajo: “Esta es una posición en la que estás preservando un sitio muy sagrado. Un lugar donde, sin importar la raza, el género, lo que seas, todos fueron afectados de alguna manera. Es algo muy noble y me enorgullece mucho”.

El equipo también se ocupa de los paneles de bronce con los nombres. Según Business Insider, los ingenieros utilizan un soplete especial para restaurar las placas y eliminar los rayones o marcas que se acumulan con el paso del tiempo, de modo que los nombres permanezcan legibles y en condiciones.

Nadie reemplaza a Maroon cuando está enfermo o de vacaciones, informó The New York Times. En 14 años de trabajo, esa continuidad se convirtió en una marca personal. “No es la primera vez que limpias la piscina”, dijo. “Es cuando la limpias mil veces. Es como el Día de la Marmota. Supongo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Para mí, no tengo problema con eso”.

“No sé si soy leal, persistente o terco”, dijo Maroon al Times. “Por eso, 14 años después, sigo acá. Y no planeo irme a menos que el cuerpo me falle”.

Según el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, los ataques de aquel día dejaron una catastrófica cifra: 2.977 muertos.

De acuerdo con Business Insider, varios estudios y cadenas ajustaron materiales que estaban en postproducción o a punto de estrenarse para evitar asociaciones inmediatas con la tragedia. También el Museo y Memorial del 11-S ha destacado, en sus materiales históricos, cómo el atentado alteró la representación de Nueva York en cine y televisión.

Las series y películas que modificaron sus escenas tras los atentados del 11-S

Un cuarto de siglo después, la revisión de estas obras revela nuevamente los cambios inmediatos que el atentado provocó en la agenda informativa, la percepción del público y las resoluciones de estudios, canales y distribuidores.

Modificaron avances, créditos, diálogos e incluso finales completos. Uno de los ejemplos más recordados en el cine lo constituyó Spider-Man, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.

Spider-Man

La película estrenada en 2002 mantuvo su historia principal, pero el cambio en la campaña de promoción se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de la reacción de los estudios tras el 11-S.

En su tráiler promocional aparecía un helicóptero enredado en una telaraña ubicada entre las torres, pero esa pieza fue eliminada después de los atentados. También se retiraron afiches y materiales promocionales con la silueta del complejo.

Sony retiró el teaser original y reformuló parte de la imagen pública de la cinta antes de su lanzamiento.

Zoolander

La comedia protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson, estrenada apenas 17 días después de los atentados, eliminó digitalmente las torres de algunas tomas del horizonte de Manhattan.

El cambio fue realizado en postproducción y se convirtió en una señal de la rapidez con la que los estudios intentaron adaptar títulos que ya estaban listos para llegar a salas.

Lilo y Stitch

En el caso de la producción animada de Disney, el ajuste fue mayor. El tramo final fue reelaborado para sustituir un avión comercial por una nave espacial y para reemplazar un entorno urbano por un paisaje menos asociado a una catástrofe en gran escala.

El cambio buscó evitar imágenes que, poco después del ataque, podían resultar demasiado cercanas a lo ocurrido en Nueva York.

Hombres de negro II

La secuela con Will Smith y Tommy Lee Jones también fue modificada. Versiones periodísticas y reconstrucciones posteriores sostienen que el clímax original incluía al complejo del World Trade Center, pero fue rehecho para ubicar la confrontación final en torno de la Estatua de la Libertad.

Luego de los atentados, la película debió repensar varias tomas y darle un cierre distinto al que se había pensado inicialmente.

Friends

La televisión reaccionó con la misma lógica. Series ambientadas en Nueva York o con referencias directas a la vida urbana de la ciudad revisaron secuencias ya grabadas para eliminar planos del WTC o suprimir bromas que, tras los ataques, habían quedado fuera de contexto.

Un ejemplo fue una escena en la que Chandler, interpretado por Matthew Perry, hacía bromas sobre bombas en un aeropuerto.

Esta fue descartada y reemplazada por otra secuencia. La modificación afectó un episodio ya producido de la octava temporada.

Sex and the City

La serie retiró de su introducción un plano en el que aparecían las torres. En versiones posteriores, ese encuadre fue reemplazado por otros íconos de Manhattan, una decisión en línea con la revisión visual que varias producciones hicieron de sus cabeceras y fondos urbanos.

La ley y el orden

Dentro de la franquicia, hubo ajustes en sus secuencias de apertura y homenajes a las víctimas y a los equipos de emergencia.

En Law & Order: Special Victims Unit eliminó un plano del World Trade Center de sus créditos al comienzo de la nueva temporada. Además, añadieron una dedicatoria vinculada al atentado y a la respuesta de policías y bomberos.

Los Soprano

En los créditos iniciales de las primeras temporadas se veía a las torres en el espejo retrovisor del auto de Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini.

Esa imagen fue retirada a partir de la cuarta temporada y quedó como una de las más citadas entre las series de prestigio que reformularon su identidad visual después de los atentados.

Los Simpson

El episodio “Homero contra la ciudad de Nueva York”, emitido originalmente en 1997, quedó atravesado por una sensibilidad distinta después del 11-S por su uso reiterado de las Torres Gemelas como escenario y referencia visual.

Aunque no fue reeditado de inmediato como otros títulos de cine y televisión, durante un tiempo dejó de circular con normalidad en la programación de Estados Unidos y pasó a ser observado bajo otra luz por la cercanía de sus imágenes con el lugar del atentado.

Con los años, fue incluido nuevamente en las programaciones y, posteriormente, en las plataformas de streaming.

En el extremo sur de la ciudad, las Torres Gemelas, dos edificios de 110 pisos, dominaban el perfil de Nueva York. Allí, la mañana del 11 de septiembre de 2001, comenzó una cadena de ataques que en pocas horas cambiaría para siempre el paisaje urbano y, también, reconfiguraría el mundo. A las 8:46, un avión de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. Diecisiete minutos después, otra aeronave impactó contra la Torre Sur.

Antes de las 10:30, el complejo de edificios había colapsado sobre el bajo Manhattan. Cerca de 3.000 personas murieron. Mientras muchos huían hacia el norte de la isla, otros avanzaron en dirección contraria para ayudar a quienes habían quedado atrapados: un empleado de limpieza puertorriqueño, un bombero mexicano, una médica argentina, un paramédico de origen puertorriqueño y un policía colombiano.

Cinco historias de personas latinas e hispanas. En otro contexto, posiblemente no tendrían relación alguna, pero se unen en actuaciones destacables que respondieron a las primeras emergencias causadas por los atentados contras las Torres Gemelas

William Rodríguez, de Puerto Rico: la llave maestra que abría todas las puertas

Rodríguez llevaba 20 años limpiando las escaleras de la Torre Norte. Ese día no le correspondía trabajar, pero su supervisor le rogó que fuera porque nadie más podía cubrir el turno de los 110 pisos. Estaba en el sótano B1 con 15 trabajadores nuevos cuando la explosión los levantó del suelo. No tenían ventanas. No sabían qué ocurría.

“Oigo explosión, explosión, explosión por el pasillo y cuando miro era Felipe David, hondureño, con las manos extendidas, gritando. Lo que parecía ser tela colgándole de los dedos era su propia piel”, recordó hace algunos días en el pódcast Backstage con el creador de contenido Luis Valls.

El hombre tenía la piel colgando desde las axilas hasta la punta de los dedos. Nadie quería tocarlo. Rodríguez lo vendó con toallas de limpieza y sacó al grupo entero por el área de carga.

Afuera vio el agujero que había provocado el impacto del avión en la torre. Volvió a entrar. En el tercer ingreso encontró a dos personas atrapadas en un ascensor de carga que se inundaba: “Nos vamos a ahogar”, gritaban. Encontró una escalera de aluminio sin encadenar, la metió en el ducto y los sacó.

Después subió con los bomberos, nivel por nivel, abriendo con la llave maestra las puertas cuyos marcos se habían deformado y las habían dejado trabadas. Llegó hasta el piso 39. Cuando la Torre Sur colapsó, bajó con un hombre en silla de ruedas y alcanzó el lobby. Al salir, el edificio empezaba a caer sobre él.

Se refugió bajo un camión de bomberos y reguló la respiración con una técnica que había aprendido como mago escapista, según relató. Algunos medios televisivos captaron el momento en que se metió bajo el camión. Horas después lo rescataron con las rodillas abiertas y sin poder sentir las piernas.

Una semana más tarde, víctimas hispanas lo buscaron porque lo habían visto en televisión y porque hablaba inglés. Rodríguez creó el primer grupo de víctimas del 11S, identificó a 2.670 indocumentados afectados mediante anuncios en cadenas de televisión en idioma español y presionó hasta que el Departamento de Justicia frenó las deportaciones y aprobó una amnistía económica para los afectados sin papeles, según contó en el pódcast.

Rafael Hernández, de México: 28 pisos con una mujer embarazada

Hernández tenía planes con amigos llegados de México. Pero olió el humo. “El olor de un incendio me hizo correr hacia él”, contó años después en Fox News. Fue a una estación de bomberos frente a las torres y mostró su credencial de bombero mexicano, que llevaba siempre encima. Le dieron una chaqueta y una manguera. Entró a la Torre Norte, subía mientras todos bajaban.

En el piso 28 un capitán lo frenó: no tenía el equipo adecuado para seguir. Ahí encontró a Alison, embarazada de nueve meses, en trabajo de parto. “Ella me rogó que no la dejara ir. Le prometí que no saldría del edificio sin ella”, recordó en la misma nota de Fox News. La cargó durante 28 pisos hasta la calle y la acompañó hasta que una ambulancia se la llevó.

No volvió a su departamento en Queens durante meses. Se quedó en la Zona Cero cavando con las manos desnudas y poco equipamiento. “Los funcionarios vinieron al lugar, nos dijeron que no estábamos en peligro”, recordó en ese reportaje. Sin embargo, sus pulmones se deterioraron hasta necesitar un respirador para dormir. Años después, en una ceremonia en la Zona Cero, se reencontró con Alison: había tenido una niña sana.

Rafael Hernández murió el 25 de septiembre de 2011. Semanas antes había dicho a Fox News que quería volver a la Zona Cero por última vez para despedirse de ese capítulo: “Duele demasiado estar aquí. Yo no soy el 11 de septiembre. Quiero enterrarlo, seguir adelante”.

Alejandra Ciappa, de Argentina: asistencia en la Zona Cero

Ciappa investigaba la genética del Alzheimer en la Universidad de Columbia. Cuando su madre la llamó a los gritos desde Buenos Aires, cruzó a un bar y vio en el televisor cómo se derrumbaban las torres. “Voy a salvar vidas”, pensó, según recordó tiempo después en una entrevista con CNN.

Se anotó en la Cruz Roja. Al día siguiente la subieron a un colectivo y la enviaron a la Zona Cero.

No hubo sobrevivientes bajo los escombros. “De golpe llegás y no hay un sobreviviente. Tres mil personas y no sale un sobreviviente”, recordó en CNN.

Su tarea pasó a ser otra: limpiar los ojos de los rescatistas, porque el polvo gris contenía astillas de hierro que al contacto con el agua quemaban la piel, según describió en 2020 a Infobae. También atendió crisis emocionales de voluntarios latinos que llegaban con el idioma como única herramienta y se quebraban al mover escombros.

Después la enviaron a evacuar edificios aledaños. Los militares estadounidenses no habían logrado convencer a los residentes, en su mayoría latinos, de que se fueran. Ciappa era la única del equipo que hablaba español. Fue puerta por puerta.

En una entrevista con Fox News recordó a Francesca, una italiana de 90 años que no quería dejar sus tomates ni su balcón. La convenció de bajar 15 pisos a oscuras. Un año después volvió a buscarla. Francesca había muerto.

Orlando Martínez, de raíces puertorriqueñas: la ambulancia que se llenó en minutos

Martínez compraba el desayuno en un deli de las calles Church y Barclay, a una cuadra de las torres, cuando la explosión sacudió el local. Corrió hacia la ambulancia con su compañero Frank Puma. Los dos prestaban servicio en la división de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

“Tan pronto como abrimos las puertas nos vimos abrumados por pacientes que venían hacia nosotros en busca de ayuda”, dijo en su entrevista con el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Unos 9 metros más adelante vio a una mujer en el piso junto a una llanta enorme. Parte del tren de aterrizaje del avión le había abierto la espalda. Los huesos de las piernas estaban expuestos. “No había de dónde agarrarla. Estaba demasiado resbaladiza, así que la agarré del hueso de la cadera”, declaró en la misma entrevista. La trasladaron al Beekman Hospital. Cuando volvieron, la ambulancia estaba vacía: los médicos habían sacado a todos los pacientes.

Después del primer derrumbe, Martínez y Puma se separaron. Durante hora y media cada uno creyó que el otro había muerto. Puma apareció al volante de la ambulancia cubierta de hollín.

Hace algunos días, casi 25 años después, Martínez volvió a la Zona Cero con Telemundo y se reencontró con Debbie St. John, la mujer de la llanta. Resumió su regreso al lugar con una palabra: “Tristeza”.

William Jimeno, de Colombia: su colaboración y las 14 horas bajo los escombros

Jimeno llevaba nueve meses en la Policía de la Autoridad Portuaria. Esa mañana estaba en la esquina de las calles 42 y 8 cuando la radio emitió el código 840: todos los agentes debían volver a su puesto.

El sargento John McLoughlin pidió voluntarios que supieran usar equipos de respiración autónoma Scott Air-Pak. El agente colombiano se ofreció junto con Dominick Pezzulo y Antonio Rodriguez. Antes de avanzar hicieron un pacto: “No nos dejamos. Pase lo que pase, seguimos juntos”, según relató recientemente a People.

En el lobby de la Torre Sur vio cuerpos en el suelo y personas corriendo hacia la salida. Pensó: “Will, ¿dónde te metiste?”. Después vino la bola de fuego y el colapso.

“La única manera de describirlo es como un millón de trenes de carga viniéndose encima de uno”, dijo a People. Abrió los ojos a oscuras, aplastado, sin poder moverse, dentro de un “bolsillo de aire” formado por parte de un ascensor.

Tres de sus compañeros murieron cerca de él. Cuando le preguntó a McLoughlin qué podían hacer, el sargento respondió: “No hay entrenamiento para esto”. Durante 14 horas rezaron y se sostuvieron con vida. En un momento, Jimeno quiso rendirse y pidió que le avisaran a su esposa Allison que llamara Olivia a la bebé que estaba por nacer.

Lo sacaron de los escombros. Esa noche sufrió dos paros cardíacos y fue reanimado. Siguieron cirugías y meses de rehabilitación para volver a caminar. Su esperada hija Olivia nació el mismo día del cumpleaños de Jimeno.

El atentado en contra de las torres gemelas del World Trade Center (WTC) en Nueva York, Estados Unidos, ocurrido el 11 de septiembre (11 S) de 2001, es una de las tragedias que marcó al mundo hasta el día de hoy.

A 25 años, este día se recuerda a las 2 mil 977 víctimas mortales que dejó el ataque aéreo realizado por miembros del grupo terrorista Al Qaeda. Ese martes, de acuerdo con cifras oficiales del Consulado Mexicano 16 connacionales perdieron la vida, sin embargo, las autoridades estadounidenses solo lograron la identificación de cinco personas, mismos que fueron colocados en el memorial del 11S en el Bajo Manhattan:

• Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual, de Puebla;
• Juan Ortega Campos, de Morelos;
• Martín Morales Zempoaltécatl, de Tlaxcala.

Al paso de los años, han trascendido distintas historias de vida, desde la muerte hasta el heroísmo, así como particularidades que surgieron de aquel día, tal es el caso de una bandera mexicana que se encontró en la zona del impacto.

Bandera mexicana fue reinstalada en la sede consular en Nueva York

El pasado 13 de septiembre de 2016, fue reinstalada en el primer piso del Consulado General de México en Nueva York la bandera mexicana rescatada de entre los escombros de las Torres Gemelas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ceremonia se realizó en el marco del 15 aniversario de los ataques terroristas y contempló también el develamiento de una placa alusiva a las víctimas.

Diego Gómez Pickering, Cónsul General de México en Nueva York entre 2016 y 2018, encabezó el acto y se reunió con familiares de mexicanos que perdieron la vida en los atentados. El encuentro tuvo como propósito rendir homenaje a los connacionales fallecidos en la tragedia.

Gómez Pickering, acompañado de las familias de las víctimas y de funcionarios consulares, guardó un minuto de silencio en memoria de quienes murieron a consecuencia de los atentados en la ciudad de Nueva York, Pensilvania y el Pentágono; recordando a las casi 3 mil víctimas del atentado.

La bandera, encontrada en la zona de impacto de las Torres Gemelas, quedó ubicada junto con su placa alusiva en el primer piso del Consulado General de México en Nueva York, donde permanece desde esa fecha.

Así fue el atentado de Al Qaeda contra Estados Unidos

El atentado que conmocionó al mundo el 11 de septiembre de 2001 es catalogado como uno de los más graves en la historia de Estados Unidos, la cronología de esa mañana muestra cómo 19 yihadistas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y golpearon en menos de dos horas los símbolos económicos, militares y políticos del país:

• 7:59 – Despega del Aeropuerto Logan de Boston el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo. Entre los pasajeros viajan cinco secuestradores, entre ellos Mohammed Atta, cabecilla del operativo.
• 8:14 – Sale del mismo aeropuerto el vuelo 175 de United Airlines, también un Boeing 767, con 65 personas a bordo y otros cinco terroristas infiltrados.
• 8:21 – Despega del Aeropuerto Dulles de Washington el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 64 pasajeros, secuestrado por cinco yihadistas saudíes.
• 8:41 – Parte del Aeropuerto de Newark el vuelo 93 de United Airlines, con 44 personas a bordo, incluidos cuatro secuestradores.
• 8:46 – El vuelo 11 impacta a 790 km/h contra la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. El edificio queda en llamas y una columna de humo se eleva sobre Manhattan.

• 9:03 – El vuelo 175 se estrella a 870 km/h contra la torre sur, entre los pisos 77 y 85. El choque se transmite en vivo por televisión.
• 9:05 – El presidente George W. Bush, en una escuela primaria de Sarasota, Florida, recibe la noticia del segundo impacto de manos de su jefe de gabinete, quien le advierte que el país está bajo ataque.
• 9:25 – La FAA cierra el espacio aéreo y suspende todos los despegues en territorio estadounidense.
• 9:30 – Bush anuncia desde Florida que regresará de inmediato a Washington por lo que describe como un aparente ataque terrorista.
• 9:37 – El vuelo 77 se estrella contra la fachada oeste del Pentágono, en las afueras de Washington.
• 9:42 – La FAA ordena a todos los vuelos comerciales que sobrevuelan el país aterrizar de inmediato.
• 9:59 – La torre sur del World Trade Center colapsa en 10 segundos, en medio de una nube de fuego, acero y polvo. El derrumbe es tan violento que nunca se hallan rastros de ADN de cientos de víctimas.
• 10:03 – El vuelo 93 se estrella en un campo de Shanksville, Pensilvania. Pasajeros informados por celular sobre los ataques en Nueva York enfrentan a los secuestradores y evitan que el avión impacte contra el Capitolio, el Pentágono o la Casa Blanca.
• 10:28 – La torre norte se derrumba 102 minutos después del primer impacto. Una nube de polvo cubre el sur de Manhattan.
• 13:04 – Bush, evacuado a la base aérea de Barksdale, en Luisiana, ordena poner a las fuerzas armadas en estado de alerta máxima y promete perseguir a los responsables. Más tarde es trasladado a la base de Offutt, en Nebraska, antes de volver a la Casa Blanca a las 19:00.
• 20:30 – Bush se dirige a la nación desde el despacho oval, denuncia los ataques como actos terroristas despreciables y advierte que Estados Unidos no hará diferencias entre quienes cometieron los atentados y quienes los albergan.

Tras más de dos décadas del ataque, el alcalde Zohran Mamdani hizo públicos más de 170 mil páginas de documentos sobre lo que las autoridades de Nueva York sabían acerca de la toxicidad del aire tras el 11 de septiembre.

La divulgación llega a días del 25 aniversario de los atentados, que dejaron más de 2 mil muertos, mientras más de 9 mil 400 personas han fallecido por enfermedades vinculadas a la exposición en la zona. El grupo 9/11 Health Watch, impulsor del acuerdo legal para hacer públicos los archivos, señala que distintas administraciones municipales no compartieron toda la información pese a describir el aire como seguro.

El martes 1 de septiembre de 2026, a días del 25° aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuatro de los seis integrantes de Ladder Company 6 se reunieron en su cuartel de Canal Street, en Chinatown, con Thelma Johnson, hermana de Josephine Harris. Johnson llevaba consigo una chaqueta verde del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) con las palabras “Josephine Our Guardian Angel” (Josephine, nuestro ángel guardián) bordadas en el pecho. La prenda había permanecido en manos de la familia desde la muerte de Harris en 2011. Ese martes volvió al lugar donde todo comenzó, enmarcada, lista para exhibirse al público.

El 11 de septiembre de 2001, Josephine Harris tenía 59 años y trabajaba como contadora para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Port Authority). Esa mañana se encontraba en el piso 73 de la Torre Norte del World Trade Center cuando, a las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines impactó contra el edificio. Como miles de personas más, tomó la escalera y empezó a bajar.

Semanas antes, Harris había sufrido un accidente de auto que le dejó una lesión en una pierna. Aun así, bajó unos 50 pisos antes de que las fuerzas comenzaran a faltarle.

Mientras ella descendía, seis bomberos de Ladder Company 6 subían por la misma Escalera B hacia la zona del impacto: el capitán Jay Jonas, y los bomberos Sal D’Agostino, Matt Komorowski, Bill Butler, Mike Meldrum y Tommy Falco. Cada uno cargaba alrededor de 45 kilogramos (100 libras) de equipo. Llegaron al piso 27 cuando la Torre Sur se desplomó a las 9:59. Recibieron la orden de evacuar y dieron media vuelta.

Cerca del piso 20, encontraron a Harris. Estaba exhausta y apenas podía moverse. El bombero Falco le preguntó al capitán Jonas qué debían hacer. “No podemos dejarla atrás”, respondió Jonas, según reconstruyó The New York Times. Butler le pasó el brazo de Harris por encima del hombro. D’Agostino y Meldrum abrían camino. El grupo empezó a bajar despacio, escalón por escalón.

“Tommy y Billy tenían un brazo cada uno. Mike y yo íbamos adelante. Era lento y agotador”, recordó D’Agostino en declaraciones a CBS News.

El minuto en que la Torre Norte cayó sobre la Escalera B

Hacia el cuarto piso, Harris no pudo más. Se detuvo y les pidió a los bomberos que siguieran sin ella. Ellos se negaron.

“Seguía diciéndoles: ‘Váyanse, estoy bien’. Ellos decían: ‘No, no te vamos a dejar’”, reconstruyó Thelma Johnson a CBS News.

Instantes después, a las 10:28, la Torre Norte se desplomó. 110 pisos cayeron sobre ellos.

“Podíamos escucharla gritándonos, y entonces fue cuando el edificio colapsó encima nuestro”, dijo D’Agostino.

El tramo de la Escalera B en el que estaban resistió. El resto del edificio se desintegró a su alrededor. Jonas describió que la Torre Norte “se despegó como una banana” alrededor de esa escalera. “Y nosotros éramos la banana”, añadió. “Estábamos en la base”.

Otros bomberos y civiles que los habían adelantado en la escalera no sobrevivieron. La lentitud forzada por el agotamiento de Harris los mantuvo en el único sector de la estructura que quedó en pie. “Sin nosotros, Josephine no lo habría logrado. Y nosotros sentimos que sin Josephine habríamos muerto”, resumió D’Agostino al The Spokesman-Review. “Ella nos frenó lo suficiente.”

Cinco horas bajo los escombros

Tras el derrumbe, los siete quedaron atrapados bajo toneladas de acero, hormigón y polvo. Permanecieron en ese bolsillo de escalera durante más de cinco horas antes de que los equipos de rescate pudieran llegar hasta ellos.

“Cuando ella dijo que tenía miedo, le dijimos: ‘Todos tenemos miedo, vas a estar bien’”, recordó D’Agostino en declaraciones a CBS News.

Thelma Johnson esperó noticias durante horas sin poder comunicarse con su hermana. “Llamaba y no obtenía respuesta”, dijo Johnson. “Seguía llamando. Finalmente atendió y me dijo: ‘Estoy en el hospital. No estoy muy bien’.”

El alcance de lo ocurrido se dimensiona con un dato: solo 20 personas que estaban dentro de las Torres Gemelas cuando colapsaron lograron salir con vida. Según la Port Authority, 16 de ellas se encontraban en la Escalera B de la Torre Norte, entre los pisos 1 y 22, el único núcleo estructural del edificio que quedó parcialmente en pie.

Entre los sobrevivientes de ese tramo también se encontraba el oficial de policía de la Port Authority David Lim, cuyo perro detector de explosivos, Sirius, murió en una perrera del sótano de la Torre Sur durante el colapso.

Por qué los bomberos llamaban “ángel guardián” a Josephine Harris

Alrededor de dos semanas después del 11 de septiembre de 2001, Josephine Harris fue al cuartel de Ladder 6 en Canal Street. Era la primera vez que volvía a ver a los hombres que la habían sacado de la escalera. Los bomberos le regalaron una chaqueta verde del FDNY con las palabras “Josephine Our Guardian Angel” bordadas en el pecho.

“Queríamos que sintiera que era parte de nosotros”, explicó D’Agostino a CBS News.

La historia de Harris y los seis bomberos quedó registrada en el libro 102 Minutes: The Untold Story of the Fight to Survive Inside the Twin Towers, de Jim Dwyer y Kevin Flynn, periodistas de The New York Times. En 2006, en el quinto aniversario del ataque, History Channel emitió el documental The Miracle of Stairway B.

Uno de los bomberos del grupo nombró Josephine a su primera hija. La niña nació con un peso de nueve libras y 11 onzas, una cifra que, para él, remitía directamente al 11 de septiembre.

“Teníamos una experiencia compartida muy singular que poca gente en esta tierra puede decir que tuvo”, dijo Jonas al The New York Times. “Sobrevivimos ese día terrible juntos, y nos sentíamos cerca de ella”.

Thelma Johnson describió la chaqueta como “una parte significativa” de su mundo después de que su hermana falleciera. Para la familia, conservarla fue también una forma de mantener vivo ese vínculo. “Con la chaqueta, pensamos que el público podría verla, que los niños de las escuelas podrían verla”, dijo Johnson.

La muerte de Josephine Harris y el regreso de una chaqueta a Ladder 6

Josephine Harris murió el 11 de enero de 2011 a los 69 años, tras sufrir un infarto en su apartamento de Bushwick, Brooklyn. Los servicios de emergencia médica del FDNY respondieron al llamado a las 2:20 de la madrugada, pero no pudieron reanimarla. Había vivido sus últimos años en condiciones precarias: dejó de trabajar cuando la Port Authority trasladó su puesto a Newark y se sostuvo con asistencia por discapacidad. Al momento de su muerte, enfrentaba facturas impagas y un proceso de quiebra personal.

Los seis bomberos que la habían cargado por la Escalera B la cargaron una vez más: actuaron como portadores de su féretro.

Veinticinco años después, Thelma Johnson llevó la chaqueta de vuelta al cuartel de Canal Street. Cuatro de los seis integrantes originales de Ladder Company 6 la recibieron. La prenda fue enmarcada y quedará expuesta para que la vean los visitantes, los alumnos y los nuevos bomberos que ingresen al cuerpo.

“Antes era solo una chaqueta. Ahora es algo sobre lo que la gente va a señalar y hablar durante años”, dijo Jonas a CBS News. “Espero que ella sea un ángel guardián para los nuevos bomberos que sean contratados en los años venideros.”

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre exhibe de forma permanente una fotografía de tamaño real de Harris con la chaqueta, tomada por el fotógrafo Joe McNally. En la imagen, Harris sonríe a cámara con la campera cubriéndola.

Michael Hingson, un hombre ciego de nacimiento, se había levantado de su escritorio en el piso 78 de la Torre Norte del World Trade Center para buscar papel membretado de un armario donde guardaban los suministros de oficina.

Él y su compañero David Frank necesitaban imprimir la lista de asistentes a los seminarios que darían ese día y enviarla por fax. Hingson estaba por agarrar el papel cuando escuchó un estruendo. La torre se sacudió, emitió un golpe sordo y comenzó a inclinarse.

La odisea para huir del trágico atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001 apenas iniciaba.

Michael había llegado a las 7:40 desde su casa en Westfield, Nueva Jersey. Trabajaba como gerente regional de ventas de Quantum ATL, una empresa de almacenamiento informático. Había abierto esa oficina en 1999, en uno de los pisos conocidos como sky lobby, donde los ascensores conectaban directamente con la planta baja.

Esa mañana él y Frank iban a conducir cuatro seminarios para 50 distribuidores; ya habían instalado el proyector, ya habían recibido el desayuno del comedor de la Autoridad Portuaria —“los mejores croissants de jamón y queso de todo Nueva York”, recordó con nostalgia en el podcast Dead Talks—, y solo les faltaba enviar por fax la lista de asistentes.

A las 8:46 de aquella mañana, 18 pisos más arriba y en el lado opuesto de la edificación, un avión secuestrado por terroristas de Al-Qaeda se estrelló contra la torre. Nadie en el piso 78 lo supo en ese momento.

El edificio se inclinó antes de volver a su eje

Segundos después del estruendo, la torre comenzó a ladearse. “Nos movimos unos seis metros”, recordó Hingson en una entrevista con el podcast Dead Talks en 2025. Su colega se aferró al escritorio. Debajo, Roselle, la labrador de pelo rubio que guiaba a Hingson, seguía dormida.

Hingson y su compañero se despidieron el uno del otro: creyeron que estaban a punto de precipitarse 78 pisos hasta la calle. Pero la estructura se detuvo, recuperó su posición vertical para luego caer otros dos metros.

Roselle salió de debajo del escritorio moviendo la cola.

Cuando todo se estabilizó, Frank miró por la ventana y vio fuego y humo por encima de ellos. Millones de fragmentos de papel ardían en el aire.

Hingson llamó a su esposa, Karen, que estaba en casa, para decirle que iban a evacuar. Después, él y Frank recorrieron las oficinas para comprobar que no quedara nadie. Luego entraron en la escalera y comenzaron a bajar.

Fue durante el descenso cuando Hingson reconoció un olor intenso y particular: combustible de aviación en llamas.

La mujer del piso 68 y el grupo que la rodeó

A unas 10 plantas de la salida, una mujer que bajaba detrás de ellos se paró y dijo que no podía continuar. Hingson se volvió. Otros hicieron lo mismo. “Literalmente tuvimos un abrazo grupal ahí en las escaleras”, contó en sus declaraciones para People. Su perra guía Roselle le dio besos. La mujer siguió el descenso.

En esa escalera, Roselle caminaba a veces al lado de Hingson para guiarlo en torno a obstáculos, y otras veces detrás de él cuando el espacio no alcanzaba. Hingson le hablaba en voz alta: “Buena perra, Roselle. Lo estás haciendo muy bien”. Lo hacía, explicó, para que ella percibiera que él estaba calmado en medio del miedo ajeno.

El rol de su amigo David Frank

En el piso 50, Frank dijo que no iban a lograrlo. Hingson le respondió en su tono más firme: “Basta, David. Si Roselle y yo podemos bajar estas escaleras, tú también puedes”.

Frank se recompuso y propuso caminar un piso por delante para informar lo que encontraba. Desde el piso 47 hasta el 30, fue anunciando a los gritos: “Piso 46, todo bien, sigo bajando”. Hingson estimó que esa cadena de voces, escuchada por cientos de personas a lo largo de la escalera, contuvo el pánico de quienes descendían a su alrededor.

Cerca del piso 30, un grupo de bomberos comenzó a subir en sentido contrario. Hingson contabilizó unos 50 en total, cargados con equipos, cilindros de oxígeno y hachas. Uno se detuvo frente a él y ofreció asignarle un acompañante. Hingson declinó. Sabía, por las conversaciones que había mantenido con personal de seguridad del World Trade Center al abrir la oficina en 1999, que los bomberos operaban en equipo y que separar a uno podía comprometer al grupo. Le dijo que tenía a Frank y a Roselle. El bombero acarició a la perra, recibió algunos besos y siguió camino hacia arriba.

Luego le llegaría la información de que 343 bomberos de Nueva York murieron ese día cuando las torres colapsaron.

Un agente del FBI los condujo por el interior del complejo

Al llegar al primer piso, Frank avisó que por delante había aspersores en funcionamiento. Hingson le ordenó a Roselle avanzar y acelerar —“forward, hop up”— y atravesaron juntos la cortina de agua.

En el vestíbulo, voces con megáfono los desviaron hacia el interior del complejo, lejos de la salida directa que daba a la calle: más tarde supieron que por ese frente caían personas desde los pisos superiores.

Un agente del FBI los interceptó y los llevó corriendo a través del complejo, subieron por una escalera mecánica junto a la librería Borders y salieron a una plaza en el segundo nivel. La única instrucción fue alejarse. Antes de hacerlo, Frank miró y vio fuego en la Torre Sur. Los dos supusieron que era el mismo incendio que saltaba de un edificio al otro.

Roselle se detuvo en una escalera del metro mientras la Torre Sur caía

Cruzaron hacia Broadway y caminaron hacia el norte. Al llegar a la intersección con Vesey Street, Frank sacó una cámara para fotografiar las llamas en la Torre Sur. Hingson intentó llamar a Karen; las líneas estaban saturadas. Guardaba el teléfono cuando un policía gritó que el edificio estaba cayendo. El sonido que siguió, describió Hingson, fue “una combinación de tren de carga y catarata”, con metal chocando y vidrios quebrándose.

Frank salió corriendo. Hingson giró 180 grados a Roselle y arrancó hacia el sur por Broadway. Dobló en Fulton Street, alcanzó a Frank a unos 25 metros, y la nube de polvo y escombros los envolvió.

Hingson le fue indicando a Roselle que girara a la derecha, buscando la entrada de algún edificio. La perra dobló, dio un paso y se detuvo. Él extendió el pie: estaba en lo alto de una escalera. Roselle esperaba la orden correcta. Cuando Hingson dijo “forward” (adelante), ella bajó los peldaños y los llevó al vestíbulo de acceso a la estación de metro de Fulton Street.

Adentro, un empleado los condujo a un vestuario donde ya había otras personas. Permanecieron entre 10 y 15 minutos hasta que un policía avisó que el aire exterior había mejorado y ordenó desalojar. Al salir, Frank miró en dirección al World Trade Center. “Dios mío, Mike, ya no hay Torre Sur”, dijo. Solo veía columnas de humo de cientos de metros de altura.

Continuaron hacia el oeste, nuevamente por Fulton Street. Al cabo de algunos minutos, en una pequeña plaza, escucharon otra vez el sonido de tren de carga. Era la Torre Norte, donde habían trabajado, de donde habían escapado.

Se pusieron detrás de un muro de contención y esperaron. Cuando el ruido cedió, Frank volvió a mirar y la conmoción se repitió: “Dios mío, Mike, ya no está el World Trade Center”. Y enseguida describió lo que veía: “Todo lo que veo son lenguas de fuego y llamas de cientos de metros de altura. Se fue”.

Esa noche, Hingson llegó a su casa de Westfield. Le sacó el arnés a Roselle y ella salió corriendo. Agarró su juguete favorito y se puso a jugar con Linny, el perro guía retirado de la familia.

Los veterinarios de la escuela de perros guía con la que Hingson consultó al día siguiente le explicaron que los perros no especulan sobre lo que podría haber pasado: cuando la amenaza directa termina, termina.

En 2002, Roselle recibió el Premio a la Excelencia Canina en la categoría de perro de servicio. Murió en junio de 2011, a los 14 años. Su collar y su medalla conmemorativa —otorgada por la Fundación Real de Ciegos de Nueva Zelanda con el número de registro 911— forman parte de la exhibición permanente del Museo Memorial del 11 de Septiembre, en Nueva York.

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones comerciales secuestrados chocaban contra las Torres Gemelas. En menos de dos horas, los dos edificios de 110 pisos de altura se derrumbaban en las calles de Nueva York y afectaban a las infraestructuras del resto del World Trade Center. El mundo entero vio desde sus casas las imágenes de la catástrofe que marcaría un antes y un después en la historia de Occidente.

Alicia Esteve Head, a unos 6.000 kilómetros de distancia, también observaba el derrumbe de los emblemáticos edificios, que culminaría con 2.996 muertos y más de 25.000 heridos. Pero al mundo le contó otra cosa: durante los meses siguientes, se construyó una identidad diferente y fue difundiendo en foros de internet la historia de Tania Head, la superviviente del 11-S que había perdido a su prometido (o su marido, según las versiones) en el ataque terrorista de Al-Qaeda.

Su mentira llegó lejos. Tania Head llegó a presidir la Red de Supervivientes del World Center, fue una de las voces fuertes del activismo de las víctimas del atentado y consiguió reunirse con Rudy Giuliani, entonces alcalde de Nueva York. El documental ‘La Superviviente’, de Kike Maíllo y Markos Goikolea y que se estrena este viernes en Filmin, recupera su historia.

Escapar de las llamas en la Torre Sur

Durante años, la propia Esteve contó a cientos de reporteros la historia de Tania Head, la decimonovena superviviente de los atentados del 11-S. Hija de un diplomático, se encontraba en el piso 78 de la Torre Sur cuando el avión chocó contra el edificio. Ella escapó de milagro y gracias a la ayuda de un joven voluntario que le salvó la vida al apagar el fuego que quemaba su ropa. Entre el caos y las llamas, un hombre a punto de morir le entregó su anillo de casado, que después devolvería a su viuda.

En la Torre Norte estaba Dave, su prometido, con el que se iba a casar tras conocerse en el hall de uno de los dos edificios. Fue la imagen de la futura boda y de ella llevando su vestido blanco lo que le dio fuerzas a Head para escapar de la escena. Pero no tardó en descubrir que su novio (en otras versiones, su marido) había fallecido en el ataque. El recuerdo quedaría grabado para siempre en su piel, en la forma de una cicatriz en el brazo.

La historia de Tania Head fue ganando popularidad en internet, donde había creado un grupo de apoyo en línea para los 19 supervivientes del atentado. Fue así como Gerry Bogacz, uno de los fundadores de la Red de Supervivientes del World Center, dio con ella. La organización le abrió las puertas en 2004 y escuchó emocionada su historia, que después contaría en charlas a estudiantes universitarios o en visitas guiadas al Centro de Visitantes Homenaje al World Trade Center, en las que participaron gobernadores y alcaldes de la ciudad de Nueva York.

La mujer fue escalando puestos y terminó presidiendo la propia asociación de víctimas. Pero algo no encajaba. Por mucho que los periodistas indagasen, nadie conseguía confirmar su historia: los familiares de Dave, que de verdad falleció en los atentados, decían no conocerla y Merrill Lynch & Company, la empresa del World Trade Center para la que decía trabajar, no tenía registros de ninguna empleada llamada Tania Head. Desde el New York Times trataron de entrevistarla hasta en tres ocasiones, pero la superviviente siempre cancelaba la cita.

Una llamada anónima a ‘La Vanguardia’

El 25 de septiembre de 2007, la red de supervivientes votó echar a Tania Head de la asociación por las discrepancias en su relato. Dos días después, el periódico neoyorquino publica sus dudas sobre la veracidad de su historia. Pero fue una llamada anónima a Marta Forn, periodista del diario catalán La Vanguardia, la que terminó por desvelar la historia. El interlocutor aseguraba que aquella mujer que salía en todos los medios no era americana, sino de Barcelona: “No me puedo equivocar, es Alicia Esteve”.

El 29 de septiembre de 2007, La Vanguardia publicaba la verdadera historia de Alicia Esteve Head. La barcelonesa nació en 1973 en el seno de una conocida familia de empresarios catalanes, que en 1992 se vio envuelta en el caso Planasdemunt, un escándalo económico por el que su padre, Francisco Esteve Corbella, y su hermano, Francisco Javier Esteve Head, fueron condenados por un delito de falsedad documental.

Antes de los atentados del 2001, Esteve trabajaba en la empresa Hovisa como secretaria para uno de sus responsables, Takeshi Hironaka. Sus conocidos describieron al periódico catalán a una persona con grandes aspiraciones, “de carácter complicado” y con ganas de ser el centro de atención, que frecuentemente contaba “historias difícilmente creíbles”.

Sobre la cicatriz que lucía en el brazo como prueba de su presencia en los atentados, sus allegados reconocieron que era una herida causada en un accidente de tráfico. Según contaba a sus compañeros, se había estrellado cuando conducía un Ferrari con su novio, a 200 kilómetros por hora. El brazo le habría salido volando y tuvieron que reimplantárselo, pero nunca pudo volver a usarlo con normalidad.

“No he hecho nada ilegal”

Tras destapar sus mentiras, Alicia Esteve desapareció del foco mediático. La barcelonesa contrató un abogado para protegerse de cualquier consecuencia judicial. En el año 2021, Esteve reapareció en Barcelona, según pudo saber el diario El Mundo, donde abrió un negocio junto con su madre, Acacia Head.

De la farsa que creó no sacó ni un céntimo, que se sepa. De hecho, según confirmó al New York Times, ni siquiera presentó una reclamación ante el Fondo Federal de Compensación a las Víctimas. “No he hecho nada ilegal”, defendió en una conversación telefónica con el medio. La propia red de supervivientes, que terminó por expulsarla, siempre reconoció su buena labor como presidenta.

Nueva York reforzará la seguridad y restringirá el tránsito en el Bajo Manhattan este viernes 11 de Septiembre por la ceremonia del 25.º aniversario de los atentados.

También aumentará la vigilancia en sinagogas y otras instituciones judías por el comienzo de Rosh Hashaná, sin amenazas específicas ni creíbles identificadas.

El alcalde Zohran Mamdani presentó el operativo junto con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Según ABC7 New York, canal local de Nueva York, el acto conmemorativo no estará abierto al público general y solo podrán ingresar las personas invitadas que superen los controles previstos.

La ceremonia reunirá en el memorial del World Trade Center a familiares de las víctimas, dignatarios, expresidentes y otros asistentes. Zohran Mamdani confirmó que participará de la conmemoración.

El tránsito vehicular quedará restringido al sur de Canal Street

Las restricciones comenzarán a las 06.00 y abarcarán el área entre Canal Street y Battery Place, desde Broadway hasta West Street.

El canal local FOX 5 NY, canal local de Nueva York, informó que los vehículos no podrán ingresar a ese perímetro durante el operativo.

Broadway conservará la circulación en sentido sur, pero los camiones no podrán utilizar esa vía. El túnel Hugh L. Carey seguirá abierto y los automovilistas podrán salir hacia el sur para acceder a la FDR Drive, según el esquema difundido por las autoridades.

El alcalde pidió a los neoyorquinos que eviten conducir hacia esa zona por las interrupciones previstas. La ciudad anticipó cierres y cambios para vehículos y peatones.

Accesos peatonales y vallado del memorial

Los asistentes invitados deberán ingresar por Greenwich Street y Vesey Street o por Greenwich Street y Liberty Street. Los cruces peatonales habilitados estarán en Church Street y Barclay Street, Church Street y Liberty Street, West Street y Murray Street y West Street y Albany Street.

El operativo incluirá un vallado del Servicio Secreto de Estados Unidos alrededor del memorial. FOX 5 NY agregó que las barreras también se extenderán al este de la West Side Highway, entre Liberty Street y Fulton Street.

Las autoridades prohibieron el ingreso de armas de fuego al evento. La policía, el Servicio Secreto y organismos federales, estatales y locales participarán de la custodia de la zona.

La NYPD desplegará agentes antiterroristas y unidades contra drones

Tisch definió el esquema como un despliegue “masivo”, con medidas visibles para quienes circulen por el área y otras fuera de la vista del público.

La comisionada anticipó la presencia de agentes uniformados, equipos antiterroristas, personal con armamento pesado y unidades contra drones.

“Hasta hoy, no hay amenazas creíbles específicas dirigidas contra las celebraciones de las Altas Fiestas en la ciudad de Nueva York”, dijo Jessica Tisch a ABC7 New York. La funcionaria sostuvo que la vigilancia continuará pese a la ausencia de un riesgo concreto identificado.

La comisionada explicó que el Buró de Inteligencia y Contraterrorismo de la policía monitorea amenazas dentro y fuera de Estados Unidos.

El organismo trabaja con otras agencias de seguridad para detectar riesgos que puedan surgir antes o durante las actividades previstas.

Rebecca Weiner, subcomisionada de inteligencia y contraterrorismo, afirmó ante el canal que el mapa de amenazas cambió de forma marcada desde 2001.

Según su evaluación, los riesgos actuales son más descentralizados, abarcan posiciones ideológicas diversas y pueden involucrar a actores individuales.

Rebecca Weiner señaló que la NYPD adaptó su estrategia frente a organizaciones terroristas extranjeras, grupos extremistas, teorías conspirativas y hechos de violencia contra el Gobierno.

También afirmó que el refuerzo previsto para el memorial y los establecimientos religiosos será mayor que el de años anteriores.

El aumento de delitos de odio amplía la vigilancia en las comunidades judías

La ciudad reforzará la presencia policial en sinagogas, yeshivas y centros culturales judíos cuando comiencen las Altas Fiestas al atardecer.

La decisión surge en un contexto de preocupación por los ataques antisemitas y por los costos que las congregaciones asumen para proteger sus actividades.

ABC7 New York, canal local de Nueva York, informó que los delitos de odio confirmados en la ciudad crecieron 16% durante los primeros ocho meses del año.

Los incidentes antisemitas aumentaron 9%, mientras que más de la mitad de los casos confirmados tuvo como objetivo a personas judías.

Mamdani se dirigió a los residentes judíos antes del inicio de las celebraciones. “Su seguridad durante estos días sagrados es de máxima importancia para nuestra administración”, dijo el alcalde a CBS News New York, y prometió que el Gobierno municipal trabajará para que puedan celebrar con seguridad.

La policía incrementará los patrullajes a pie, destinará agentes a lugares de culto y coordinará tareas con responsables de seguridad de las sinagogas y líderes religiosos. El plan también prevé controles de tránsito en los alrededores de los centros de celebración.

Tisch mencionó una agresión durante los servicios de Shabat en Central Synagogue y el apuñalamiento de un hombre judío frente a una sinagoga del Upper West Side. Esos episodios formaron parte de la explicación oficial para ampliar la presencia policial en los cinco distritos.

El Estado destinará USD 70 millones a casi 300 organizaciones vulnerables

La gobernadora Kathy Hochul anunció el despliegue de más policías estatales en comunidades judías y en los alrededores de sinagogas.

El canal local CBS News New York, canal local de Nueva York, señaló que la medida incluye USD 70 millones en subvenciones para casi 300 organizaciones consideradas expuestas a crímenes de odio.

Los fondos podrán financiar cámaras, cerraduras, botones de pánico, barreras y medidas de ciberseguridad. La gobernadora cuestionó que los espacios religiosos y las escuelas deban adoptar estructuras de protección frente a la violencia motivada por el odio.

Un sondeo citado por CBS News New York indicó que las sinagogas destinan, en promedio, más de USD 400.000 anuales a seguridad. Ese gasto compite con los recursos destinados a aulas, programas y otras necesidades de las congregaciones.

En una sinagoga del Upper East Side, dirigida por el rabino Chaim Steinmetz, las personas deben mostrar identificación y pasar por controles antes de entrar.

“La seguridad se ha convertido esencialmente en un impuesto que se le ha impuesto a la comunidad judía”, dijo Steinmetz a CBS News New York.

El rabino valoró la ayuda pública, aunque consideró que no alcanza para cubrir las necesidades existentes. También afirmó que su congregación opera con “máxima seguridad” ante la preocupación de los fieles.

Cada luz representó a una víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en un homenaje previo a los actos previstos para el viernes 11 de septiembre, según informó ABC7 New York.

La propuesta buscó transformar una cifra colectiva en el recuerdo individual de cada una de las personas asesinadas.

El despliegue se elevó sobre el agua y trazó los contornos de las antiguas torres a escala arquitectónica. La imagen permaneció durante algunos minutos sobre el horizonte de la ciudad y luego se desarmó hasta que volvió a convertirse en miles de luces separadas.

La puesta aérea no mostró desde el inicio la forma de los rascacielos. Las luces comenzaron como una constelación en movimiento y formaron una hélice ascendente antes de ordenarse en la geometría de las Torres Gemelas.

La secuencia que formó la silueta del World Trade Center

Según Designboom, medio especializado en arquitectura y diseño, esa secuencia fue una referencia deliberada a un proyecto que nunca llegó a construirse en Ground Zero.

La espiral retomó elementos de la propuesta elaborada por el equipo THINK para el World Cultural Center, durante el concurso de reconstrucción posterior a los atentados.

Aquella iniciativa imaginaba dos grandes estructuras abiertas sobre el predio original. El plan reservaba espacios culturales y cívicos en altura, en lugar de levantar dos torres de oficinas convencionales.

La propuesta no avanzó, pero su idea reapareció en el cielo neoyorquino sin cimientos, fachadas ni pisos. La instalación utilizó la luz para evocar una alternativa arquitectónica que había quedado fuera de la reconstrucción definitiva del lugar.

La obra no reprodujo los edificios como una masa sólida. Los trazó con puntos separados, con una luz por cada vida perdida en los ataques.

Las comunidades afectadas participaron en el diseño de la obra

La instalación fue desarrollada con la participación de integrantes de la comunidad vinculada al 11 de septiembre. ABC7 New York informó que entre quienes aportaron al proyecto estuvieron familiares, sobrevivientes y rescatistas.

El grupo incluyó a Brenda Berkman, artista y primera respondedora del Departamento de Bomberos de Nueva York. También participaron Tim Brown, primer respondedor del mismo organismo en 1993 y 2001.

La iniciativa sumó además a Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United, organización de familiares del 11 de septiembre, y viuda de Tom Strada.

Jim Smith, esposo de la agente de la Policía de Nueva York Moira Smith, y Genevieve Siller, hija de Stephen Siller, también formaron parte del proceso.

Designboom señaló que la intervención fue concebida como un trabajo colectivo. Esa decisión buscó evitar que la memoria de los ataques quedara reducida a una única mirada sobre las familias afectadas.

La presentación fue gratuita y se realizó antes de los actos previstos para el viernes 11 de septiembre.

La obra usó drones y música para individualizar a las víctimas

La producción aérea estuvo a cargo de Sky Elements Drone Shows. El director creativo y productor ejecutivo del proyecto fue Addison Mehr, mientras que Yan Paul Dubbelman se ocupó del diseño.

La instalación contó con asesoramiento artístico de Studio Drift, estudio de arte neerlandés, Shigeru Ban y Dean Maltz. IDEKO, empresa a cargo de la coordinación operativa, coordinó los permisos federales y municipales, además de las operaciones de seguridad y protección requeridas para el despliegue.

El espectáculo se realizó sobre Governors Island, que funcionó como escenario y punto de observación. Desde allí, la composición aérea avanzó desde el movimiento inicial hasta la imagen final de los rascacielos.

La puesta incluyó grabaciones de Philip Glass, John Adams y Max Richter. Entre las piezas seleccionadas estuvo On the Transmigration of Souls, compuesta por Adams como respuesta a los atentados del 11 de septiembre.

También sonó On the Nature of Daylight, de Richter. La música acompañó las distintas etapas de la secuencia, desde el ascenso de las luces hasta la desaparición final de la figura sobre el puerto.

La financiación privada permitió concretar la intervención pública

La New York Foundation for the Arts patrocinó el proyecto, de acuerdo con Designboom. La obra fue financiada mediante filantropía privada y aportes en especie de distintas organizaciones.

Según Designboom, la propuesta redujo el ritmo de la secuencia para privilegiar la permanencia de cada punto luminoso y el significado de la cifra representada.

La reconstrucción aérea no buscó restituir físicamente el paisaje perdido de Manhattan. A 25 años de los atentados, mostró durante algunos minutos una parte de la silueta urbana que desapareció en 2001 y recordó a cada víctima de forma individual.

La Cámara Federal de Casación Penal quedó este jueves en condiciones de resolver si habilita el juicio en ausencia para ciudadanos iraníes y libaneses acusados del atentado a la AMIA, tras recibir los argumentos de las querellas, fiscalía y defensa oficial, que cambió su postura inicial y no cuestionó la constitucionalidad de la norma.

El defensor oficial Enrique Comellas aclaró al inicio de la audiencia que recondujo el recurso de apelación y no puso en duda la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia en general, sino que su reclamo pasa por “garantizar un nuevo juicio ante la posibilidad de que un condenado en ausencia se presente”.

“El juicio en ausencia en sí no es inconstitucional en la medida que se garantice un nuevo juicio. Reclamo que se respete ese estándar. No es inconstitucional si se anuncia que se va a garantizar un nuevo juicio en el caso de que sean condenados y habidos”, explicó el defensor ante el máximo tribunal penal federal del país.

Comellas fue el único expositor en la audiencia ante los camaristas Diego Barroetaveña, Angela Ledesma y Carlos Mahiques, mientras que las querellas de familiares de víctimas y la AMIA presentaron escritos.

Las querellas insistieron con el avance del juicio

Por su parte la querella de los familiares de las víctimas Luis Czyzewski y Mario Averbuch, representada por el abogado Tomás Farini Duggan, advirtió en su escrito que “las modificaciones introducidas al Código de forma mediante la ley de juicio en ausencia representan un significativo progreso para las víctimas, que demandan justicia, y para el Estado, que tiene el deber de proporcionarla.”

Los imputados saben de la “existencia del proceso y prefieren mantenerse prófugos”, es decir, “no tienen ninguna voluntad de ejercer su defensa material”, agregaron.

A su vez la querella de la AMIA también reclamó desestimar la apelación de la defensa y seguir adelante con el juicio en ausencia, en el escrito firmado por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina Osvaldo Armoza y el abogado Miguel Bronfman.

“Surge de las actuaciones que los acusados poseen conocimiento efectivo y pleno sobre la existencia de la causa en su contra. El estándar internacional no exige una notificación formal personada si se acredita fehacientemente que las personas conocían los cargos imputados”, se sostuvo en relación a que los acusados saben de la imputación que se les dirige.

Además, se remarcó que la sanción de la Ley 27.784 “no solo es válida constitucionalmente, sino que responde directamente al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte, el fiscal ante Casación Raúl Pleé remitió a los argumentos a favor de la confirmación de la constitucionalidad de la ley que estableció el juicio en ausencia presentados en febrero último, en la etapa conocida como “términos de oficina”. “La incomparecencia de los acusados no vulnera su defensa en juicio porque fue una decisión propia”, dijo la fiscalía en esa ocasión.

Los argumentos de la defensa oficial

El defensor Comellas explicó que recondujo el planteo inicial de apelación y evitó cuestionar la constitucionalidad de la Ley 27.784 de juicio en ausencia. Sí sostuvo que “el problema esencial es que el sistema judicial debe ofrecer un mecanismo claro y efectivo para obtener una revisión”.

Y agregó: “Esta defensa no se opone a la realización de un juicio en ausencia, más en un hecho tan grave, pero el sistema reclama que en todos los casos se garantice un nuevo juicio”, argumentó. Y ante ello marcó la necesidad de “dejar asentado de antemano que en caso de ser condenados, si en algún futuro son detenidos o habidos podrán solicitar realizar un nuevo juicio sin objeciones ni obstáculos y de esta manera se eliminarían los obstáculos constitucionales”.

Los acusados deben tener “derecho a un nuevo juicio que pueda dar lugar a la revocación de la decisión original” y no es suficiente con las instancias de apelación previstas luego del veredicto en un primer debate oral, detalló.

El planteo llegó a Casación a partir de la apelación de la defensa oficial contra la resolución que habilitó el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos están acusados por el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos y centenares de heridos en Pasteur 633.

El juicio en ausencia es un mecanismo excepcional que permite que un proceso penal avance y eventualmente llegue a sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal.

La herramienta fue incorporada al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

El atentado contra el vuelo 103 de Pan Am en 1988, los secuestros del 11 de septiembre de 2001 y los complots frustrados durante las dos décadas posteriores modificaron la forma de viajar en avión. Los pasajeros pasaron de controles concentrados en armas metálicas a un sistema que revisa identidad, equipaje de mano, valijas facturadas, líquidos, calzado y objetos ocultos bajo la ropa. Según el tribunal escocés que juzgó el caso Lockerbie y los informes oficiales estadounidenses posteriores al 11-S, cada cambio respondió a una vulnerabilidad detectada en ataques contra la aviación comercial.

En Estados Unidos, la transformación tomó forma legal el 19 de noviembre de 2001, cuando el Congreso aprobó la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte. De acuerdo con el texto publicado por GovInfo, la norma creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), federalizó los controles de pasajeros y equipajes, ordenó reforzar las cabinas de mando y estableció requisitos para revisar el equipaje facturado.

Antes de esa legislación, las aerolíneas contrataban empresas privadas para realizar los controles y los acompañantes podían llegar hasta las puertas de embarque. La Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas contra Estados Unidos documentó que, antes del 11-S, algunos cuchillos pequeños podían ingresar a la cabina y los sistemas de detección buscaban sobre todo armas de fuego. El resultado fue una sucesión de reglas que todavía define la experiencia de millones de viajeros.

Cómo cambió el acceso a las puertas de embarque después del 11-S

Hasta septiembre de 2001, familiares y amigos podían acompañar a una persona hasta la zona de embarque en muchos aeropuertos de Estados Unidos. Las despedidas ocurrían cerca de la puerta de salida y los acompañantes compartían parte del recorrido previo al vuelo con el pasajero.

Después de los atentados, la Administración Federal de Aviación (FAA) estableció que solo los pasajeros con boleto y el personal autorizado podían atravesar los puntos de control hacia las áreas estériles. Según un registro de una audiencia del Congreso publicado por GovInfo, la disposición excluyó a los acompañantes de esas zonas y redujo la cantidad de accesos a sectores restringidos de las terminales.

El cambio afectó una práctica cotidiana, pero también introdujo una regla que permanece vigente: el pase de abordar no solo habilita el ingreso al avión, sino que funciona como requisito para acceder a la mayor parte de las áreas situadas después del control de seguridad. La TSA mantiene ese modelo junto con la verificación de identidad y el cotejo previo de los datos del viajero.

Por qué el 11-S reforzó las cabinas de mando de los aviones

Los secuestros del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la respuesta ante una amenaza a bordo. Diecinueve integrantes de Al Qaeda tomaron cuatro aviones comerciales, estrellaron dos contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono y un cuarto en un campo de Pensilvania, según el informe final de la Comisión del 11-S.

Antes de los ataques, las autoridades partían de la premisa de que los secuestradores buscaban negociar, exigir dinero o reclamar la liberación de detenidos. La Comisión sostuvo que el sistema de seguridad previo no anticipó el uso de aeronaves civiles como armas para realizar atentados suicidas.

La ley aprobada en noviembre de 2001 ordenó a la FAA restringir el acceso a la cabina de mando, reforzar las puertas y cerraduras y exigir que permanecieran cerradas durante el vuelo, salvo para el ingreso o salida de personal autorizado. Según la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte, la medida buscó impedir que una persona pudiera forzar la puerta desde la cabina de pasajeros.

La FAA aprobó en 2023 una norma para incorporar una barrera física secundaria en aviones comerciales nuevos. De acuerdo con el organismo, esa estructura protege la cabina cuando la puerta principal se abre durante el servicio de vuelo. La regla no exige modificar de manera automática todos los aviones que ya están en operación.

Qué objetos dejaron de estar permitidos en el equipaje de mano

La revisión de objetos permitidos en cabina fue otra consecuencia directa del 11-S. La Comisión del 11-S informó que las normas de la FAA no prohibían entonces cuchillos con hojas de menos de cuatro pulgadas, unos 10 centímetros. Los detectores de metales estaban calibrados para identificar armas de mayor tamaño y los procedimientos no impedían el ingreso de todos los objetos cortantes.

Los atacantes utilizaron cuchillos y amenazas de bomba para controlar a pasajeros y tripulaciones. Tras los atentados, las autoridades prohibieron cuchillos, cúteres y otros artículos afilados en el equipaje de mano. La lista de objetos restringidos pasó a incluir instrumentos que, sin ser armas de fuego, podían servir para amenazar a la tripulación o intentar acceder a la cabina de mando.

Según la TSA, los pasajeros deben consultar antes de viajar qué objetos pueden llevar en el equipaje de mano o facturado. Las reglas distinguen entre herramientas, cuchillos, artículos deportivos, baterías, encendedores y sustancias inflamables. En varios casos, un elemento permitido en bodega sigue prohibido en cabina.

Cómo Lockerbie cambió la revisión del equipaje facturado

El 21 de diciembre de 1988, una bomba destruyó el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, durante el trayecto entre Londres-Heathrow y Nueva York. Murieron las 259 personas a bordo y 11 habitantes de la ciudad, según la sentencia del Alto Tribunal de Justicia de Escocia.

El proceso judicial estableció que el explosivo estaba dentro de un radiocasete oculto en una valija rígida. La investigación reconstruyó que el equipaje viajó desde Malta hasta Fráncfort, fue transferido a un vuelo alimentador de Pan Am hacia Londres-Heathrow y luego cargado en el avión que explotó sobre Escocia.

El caso colocó el foco sobre las valijas que viajan sin un pasajero asociado. De acuerdo con la documentación judicial escocesa, el equipaje vinculado al atentado no tenía un dueño identificado en los vuelos de conexión. Desde entonces, las aerolíneas y autoridades ampliaron los mecanismos para vincular al viajero con su valija y revisar el equipaje facturado antes de que ingrese a la bodega.

La legislación estadounidense aprobada después del 11-S consolidó ese criterio. Según el texto de la ley publicado por GovInfo, la TSA debe garantizar la inspección de pasajeros y bienes transportados, incluidos correo, carga, equipaje de mano y equipaje facturado. La norma fijó plazos para extender el uso de sistemas de detección de explosivos y permitió métodos alternativos mientras esos equipos se desplegaban.

Por qué los líquidos tienen un límite de 100 mililitros en los vuelos

En agosto de 2006, las autoridades del Reino Unido desbarataron un plan para atacar vuelos transatlánticos con explosivos líquidos. Un informe del revisor independiente de la legislación antiterrorista británica identificó el caso como Operación Overt y señaló que derivó en 12 condenas tras tres juicios, incluidas ocho penas de prisión perpetua.

La amenaza llevó a restringir las botellas y recipientes que los pasajeros pueden transportar en cabina. Según la TSA, los líquidos, aerosoles y geles deben viajar en envases de hasta 3,4 onzas, equivalentes a 100 mililitros, dentro de una bolsa transparente de un cuarto de galón por persona.

La regla alcanza agua, shampoo, perfumes, cremas, gel, desodorante líquido y pasta dental. La TSA contempla excepciones para medicamentos, leche materna, fórmula infantil y elementos necesarios para el cuidado de menores, aunque los viajeros deben declararlos ante el personal de seguridad para una inspección adicional.

Cómo un explosivo en un zapato y otro bajo la ropa cambiaron los controles

El 22 de diciembre de 2001, el ciudadano británico Richard Reid intentó activar un explosivo escondido en un zapato durante el vuelo 63 de American Airlines, entre París y Miami. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pasajeros y tripulantes lo redujeron antes de que lograra detonar el dispositivo; luego se declaró culpable y recibió una condena a prisión perpetua.

El episodio llevó a la revisión del calzado en los aeropuertos estadounidenses. La exigencia de quitarse los zapatos se mantuvo durante más de 20 años. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 8 de julio de 2025 que los viajeros de vuelos domésticos ya no tendrían que hacerlo de forma general en los controles de la TSA.

La decisión no eliminó otros filtros. Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, los pasajeros siguen sujetos a la verificación de identidad, al sistema Secure Flight y a otras capas de seguridad. La TSA puede ordenar controles adicionales de acuerdo con sus protocolos y evaluaciones de riesgo.

El 25 de diciembre de 2009, Umar Farouk Abdulmutallab intentó detonar un artefacto oculto debajo de su ropa en el vuelo 253 de Northwest Airlines, entre Ámsterdam y Detroit. El Departamento de Justicia informó que el dispositivo provocó un incendio, aunque no explotó por completo, y que el acusado recibió una condena a prisión perpetua en 2012.

Un informe del Departamento de Transporte británico indicó que las amenazas con poco o ningún componente metálico ocultas cerca del cuerpo eran difíciles de detectar con los equipos de esa época. Tras el caso, Estados Unidos aceleró la expansión de los escáneres corporales de imagen avanzada. Para el pasajero, la revisión dejó de limitarse a los bolsillos, el equipaje y el detector de metales.

Los procedimientos actuales mantienen las reglas creadas después de esos ataques, aunque algunas se adaptan a nuevos equipos y controles. Según la TSA, la seguridad aérea combina inspección de equipaje, revisión de identidad, cotejo de información de vuelo y tecnología de detección. Los pasajeros deben prever tiempo para esos controles y verificar con anticipación las restricciones aplicables a líquidos, objetos de mano y equipaje facturado.

Elvia Ludmila Heredia, fiscal de Nayarit, reveló que frustraron un atentado planeado por un grupo criminal para ejecutarla a ella y al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero. El ataque estaba previsto a realizarse en la conferencia de procuradores y fiscales en Nuevo Nayarit.

Durante entrevista con medios de comunicación, la funcionaria declaró que mediante labores de inteligencia pudieron detectar el plan de ataque y las rutas que utilizarían para cometer el doble homicidio.

Además, detalló que 10 personas se encuentra detenidas al estar presuntamente relacionadas con la colocación de narcomantas en el estado -firmadas tanto por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como por el Cártel de Sinaloa- y con un homicidio, también vinculados a este hecho.

En uno de los mensajes, atribuido al CJNG, fueron amenazados tanto el gobernador como la fiscal al acusarlos de que “nunca han querido a Nayarit”.

El atentado que frustraron en contra de la fiscal y el gobernador

Elvia Ludmila reveló el plan de ataque luego de ser cuestionada por un periodista sobre si había recibido amenazas en su contra, a lo que dijo: “Totalmente. Tenían, tenían listo un atentado contra mí y contra el gobernador (...) Estaban ya en las rutas por las que nos iban a ejecutar”, detalló.

De acuerdo con sus declaraciones, estos hechos fueron detectados luego de la colocación de narcomantas durante el mes de agosto en San Cayetano y en el Puente Los Lobos, así como del hallazgo de los cuerpos de dos personas colgadas en un puente a la salida norte de Tepic.

Al respecto, dijo que existen grupos criminales que se encuentran peleando entre ellos, simulando una “intromisión ajena” que detectaron en un patrón gráfico localizado en dos narcomantas.

Sin embargo, dijo que será después de las vinculaciones a proceso en contra de las diez personas que brindará mayor información para ser respetuosa de la acción penal.

La fiscal adelantó que parte del material probatorio será presentado directamente ante el juez y permanecerá reservado. “Algunos datos de prueba serán reservados”, explicó, sin precisar cuáles.

Narcomantas y cuerpos colgados: el antecedente en Tepic

El pasado 12 de agosto aparecieron dos narcomantas en Tepic que exhibieron un aparente desafío entre dos organizaciones criminales. La primera fue atribuida a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y se localizó en San Cayetano, sobre la carretera Federal 15.

El mensaje anunciaba la llegada del grupo sinaloense a la entidad: “A los que la deben, ya llegaron los MZ y los que quieran entrar al equipo serán bienvenidos y que aiga paz para los trabajadores y para todas las personas de Nayarit (sic)”.

Horas después, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió con una segunda manta colgada en el Puente Los Lobos en el que advertía: “Nayarit tiene dueño y se respeta. Aquí entran por la Verg*”.

Cabe señalar que la disputa entre Los Mayos y el CJNG no solo ocurriría en Nayarit, sino que también se extiende a Sinaloa y Zacatecas luego de la fractura del Cártel de Sinaloa provocada por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, su exlíder, la cual provocó la ruptura de sus dos facciones.

Al día siguiente, el gobernador cuestionó la autenticidad de las narcomantas y sugirió que el material difundido podría haber sido creado de forma artificial. Sin negar la actividad de grupos delictivos en distintas zonas del estado, el mandatario afirmó que no existía confirmación sobre la llegada de una nueva organización a Nayarit.

El fin de semana posterior a la aparición de las mantas, se encontraron los cuerpos de dos personas colgadas en un puente a la salida norte de Tepic, hecho que se sumó a la escalada de violencia en la capital.

Tras el hallazgo de los cuerpos, Miguel Ángel Navarro atribuyó los hechos a un enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado. “Son personas que en un momento dado pudieran tener una confronta entre ellos”, afirmó.

Además, advirtió que “Nayarit no puede ser una plaza en disputa, es un territorio garantizado constitucionalmente por la autoridad”.

En esos días también fueron detenidos ocho policías del municipio de Bahía de Banderas y un elemento estatal por presuntos nexos con la delincuencia organizada. La detención derivó en un paro policial de cerca de 10 horas en la zona.

Al respecto, la fiscal del estado afirmó que el problema de filtración de la delincuencia organizada dentro de las corporaciones policiales no es exclusivo de Bahía de Banderas, sino que también lo enfrentan otros municipios de la entidad.

Como parte de las acciones de seguridad, el gobernador Miguel Ángel Navarro, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia, se reunieron el pasado 24 de agosto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para analizar el plan de seguridad y contención del delito.

Jessica Bowie era una niña cuando ocurrieron los atentados que cambiaron para siempre la seguridad en el país y el mundo. En las semanas previas a su arresto, el mes pasado, escribió en redes sociales: “Alabado sea Alá por el 11 de septiembre”.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) la detuvo en Albany, Nueva York, acusada de planear un ataque con explosivos contra el Capitolio estatal.

Para las autoridades federales, el episodio resume una amenaza que ganó terreno en los últimos años: personas sin contacto directo con estructuras armadas del exterior, que adoptan ideas extremistas en soledad y pasan a la acción sin levantar alertas previas.

El 11-S conserva un lugar central en la propaganda de Al-Qaeda e ISIS

El subdirector adjunto del FBI, Chris Raia, explicó en declaraciones a ABC News que grupos como Al-Qaeda e ISIS dejaron en segundo plano los grandes operativos coordinados y ahora concentran sus esfuerzos en captar en Estados Unidos a lo que el funcionario definió como lone offenders —agresores solitarios—.

En los últimos 18 meses, la agencia arrestó al menos a 16 personas por supuestamente planear o apoyar atentados en nombre de esas organizaciones.

Raia afirmó a ABC News que el FBI detecta cada vez más casos de personas que se radicalizan en sus propias casas, impulsadas por redes sociales e internet. Admitió además que ese perfil es el que más preocupa a la agencia porque resulta mucho más difícil de identificar a tiempo.

Al describir el imaginario que alimenta a esos grupos, el funcionario sostuvo que aquella fecha mantiene un peso constante en su narrativa. “Ese es su Super Bowl”, dijo y agregó: “Cada vez que uno empieza a revisar sus materiales, siempre hay referencias al 11-S”.

La acusación en Albany refleja el perfil que más inquieta al FBI

Bowie tiene 35 años. Los documentos de la acusación formal describen a alguien que no viajó a ningún campo de entrenamiento ni tuvo contacto operativo con una célula organizada.

Craig Tremaroli, al frente de la oficina del FBI en Albany, remarcó en una conferencia de prensa el vuelco en la historia personal de la acusada: pasó de ser una niña que agitaba la bandera estadounidense después del 11-S a tener calcomanías de las Torres caídas. Bowie aún no presentó declaración formal ante la justicia.

Un informe de la comunidad de inteligencia estadounidense, publicado en marzo, aportó datos para dimensionar el problema: ISIS cuenta con hasta 18.000 miembros en todo el mundo, mientras que Al-Qaeda tendría hasta 28.000 integrantes y ambas dependen en gran medida de plataformas digitales para llegar a potenciales seguidores.

El FBI dice que un ataque de gran escala resulta más prevenible que hace 25 años

Raia aclaró que el FBI está mejor preparado para frenar una operación masiva y coordinada como la que golpeó a Nueva York y Washington aquel septiembre.

Atribuyó esa capacidad a cambios legislativos y a mejoras dentro del buró y de la comunidad de inteligencia estadounidense.

Uno de los desafíos más urgentes en el horizonte, añadió, es el uso de drones como herramienta de ataque. “Sería ingenuo pensar que eso no va a llegar a Estados Unidos en algún momento, y estamos tratando de anticiparnos”, señaló Raia.

El subdirector rechazó además las críticas que apuntan a una supuesta desviación de recursos hacia tareas de control migratorio. Aseguró que la participación de la agencia en esa área es mínima.

En materia de prevención, Raia sostuvo que todavía hay un factor básico que sigue vigente: la colaboración ciudadana. “Si ven algo, díganlo”, insistió.

A días del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este martes en Washington un acto con una viga recuperada de las Torres Gemelas y reivindicó la fortaleza del país al prometer que “nunca olvidaremos” a las víctimas y a quienes participaron en las tareas de rescate.

La ceremonia se realizó en la Elipse, el parque contiguo a la Casa Blanca, donde fue exhibida una pieza de acero procedente de la Torre Sur del World Trade Center.

El evento formó parte de una gira conmemorativa organizada por la fundación Tunnel to Towers, que trasladó el fragmento por distintos puntos del país antes de su llegada al sur de Manhattan el próximo 11 de septiembre, indicó Associated Press.

De acuerdo con EFE, Trump prevé participar el viernes en otra ceremonia en el Pentágono. Según The New York Times, habría optado por no ir al acto en la Zona Cero de Manhattan porque allí no se permiten discursos de dirigentes políticos.

Trump abrió en Washington la semana de homenajes por el 11-S

En su discurso, el mandatario sostuvo que la estructura exhibida resume la respuesta del país tras los ataques.

“Este maltrecho fragmento de acero que tenemos hoy aquí nos recuerda que Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ninguna época puede destruir”, manifestó en una declaración recogida por Europa Press.

Trump señaló que el 11 de septiembre de 2001 fue uno de esos episodios que dividen el tiempo entre un antes y un después. Incluso señaló que es “uno de esos momentos de la historia en los que todo el mundo sabe exactamente dónde estaba”.

Por consiguiente, recordó su propia experiencia la jornada de los ataques de Al Qaeda: “Yo sé exactamente dónde estaba. Estaba mirando y observando. Era una mañana hermosa y miré hacia afuera y, de repente, vi una alerta en la televisión. Miré por la ventana y vi cosas que nunca quiero volver a ver. Nunca volveremos a verlas”.

El presidente aseguró que Estados Unidos empleará “todo el poder” a su disposición para impedir que se repita un atentado como el de 2001, informó EFE.

El acto presidencial reunió a rescatistas, familiares de víctimas y miembros de las fuerzas armadas. En la entrada se expusieron imágenes de más de 400 rescatistas fallecidos.

A su vez, estuvieron presentes integrantes del gabinete y miembros del Congreso, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick, antiguo directivo de Cantor Fitzgerald, firma que perdió a 658 empleados, incluido su hermano, en los atentados, detalló CNN.

El acto incluyó homenajes a Welles Crowther y al bombero Jeffrey Palazzo

Durante la ceremonia, Trump rindió homenaje a personas que murieron en el 11-S. Entre ellas mencionó a Welles Crowther, el operador bursátil y voluntario de bomberos conocido como “el hombre del pañuelo rojo”, quien guio a varias personas hacia una vía de escape en la Torre Sur.

El mandatario otorgó a Crowther, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país. Su madre, Alison Crowther, y su hermana Paige recibieron la distinción.

Por otro lado, el presidente nombró a Jeffrey Palazzo, bombero de Nueva York y reservista de la Guardia Costera que prestaba servicio en el Equipo de Rescate 5 de Staten Island en los atentados.

En su honor, Trump anunció que la Guardia Costera pondrá en servicio este fin de semana, en Nueva York, una nueva embarcación patrullera de respuesta rápida, precisó Associated Press.

El presidente vinculó el recuerdo del 11-S con su ofensiva actual contra Irán

Aunque la ceremonia tuvo un tono conmemorativo, Trump introdujo referencias a su agenda política y de seguridad. En un tramo del discurso, explicó que su gobierno combate a un país que buscaba obtener armamento nuclear en referencia a Irán.

“Nunca olvidaremos. Lo decimos y lo decimos de verdad. Nunca olvidaremos a quienes perdimos, y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré algo: ahora mismo estamos luchando porque tenemos una determinada nación que quería conseguir un arma nuclear”, declaró.

A su vez, afirmó que el país estuvo “muy cerca de conseguirla y ahora no tienen ninguna posibilidad. Nunca tendrán un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear”.

Según CNN, el presidente también apuntó contra sus adversarios demócratas al advertir sobre sectores que quieren llevar a la nación hacia “un camino comunista”.

La viga recorrió 21 estados y cerrará su trayecto en Manhattan

La pieza de acero, de 6,4 metros de largo y casi 7.700 kilogramos de peso, fue recuperada de la Torre Sur del complejo neoyorquino.

La exhibición, impulsada bajo el nombre Steel Across America, busca transmitir a las generaciones más jóvenes lo ocurrido en 2001 y preservar la memoria de los ataques.

La gira se extendió durante los últimos cuatro meses por 21 estados y pasó por lugares emblemáticos, entre ellos el memorial del vuelo 93 en Shanksville, en Pensilvania, y la escuela de Sarasota, en Florida, donde se encontraba el entonces presidente George W. Bush cuando supo del impacto contra la segunda torre, reportó CNN.

Frank Siller, presidente ejecutivo de la organización y hermano del bombero Stephen Siller, expresó citado por Associated Press que la viga “representa lo mejor de nuestro país” y remarcó que es “importante reconocer que el heroísmo demostrado ese fatídico día fue sencillamente increíble”.

El recorrido concluirá en Manhattan, donde la pieza volverá a pasar por Nueva York en una procesión prevista para el viernes. El trayecto reproducirá el camino del bombero fallecido durante las tareas de emergencia.

A 25 años del 11-S, las escuelas de Estados Unidos aún difieren sobre cómo enseñar los atentados. Aunque una mayoría creciente de estados ya incluye el tema en sus programas o conmemoraciones, persisten diferencias sobre qué contenidos abordar, a qué edad hacerlo y con qué enfoque histórico, político y humano, tal y como relevó la agencia AP.

El debate gana peso por una razón generacional. Cerca de un tercio de los estadounidenses nació después del 11 de septiembre de 2001, de modo que para millones de alumnos los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93 forman parte de un pasado que no vivieron. En ese contexto, docentes, familiares de víctimas e instituciones educativas buscan evitar que el episodio quede reducido a una fecha conmemorativa o, directamente, fuera del aula.

Al menos 40 estados tienen alguna política para abordar el 11-S en las aulas

La investigación de AP señaló que al menos 40 estados cuentan con alguna norma, recomendación o estándar educativo vinculado con la enseñanza del 11-S. Dentro de ese grupo, 25 estados exigen o prevén instrucción específica sobre los atentados, mientras que otros 13 los mencionan de forma opcional. A ese mapa se suman jurisdicciones que, sin imponer clases concretas, sí requieren o aconsejan actos escolares y minutos de silencio.

Sin embargo, la existencia de una política común no implica uniformidad. En algunos estados, el tema aparece desarrollado con detalle dentro de los programas de historia o estudios sociales. En otros, la referencia es amplia y queda integrada a unidades sobre conflictos internacionales, seguridad nacional o cambios políticos de comienzos del siglo XXI.

El profesor de educación Jeremy Stoddard, de la Universidad de Wisconsin, aseguró a la agencia que durante la década posterior a los atentados una mayoría de estados ni siquiera mencionaba de forma explícita el 11-S en sus estándares. Con el paso del tiempo, añadió, el hecho empezó a verse como “un acontecimiento ya asentado”, lo que favoreció su incorporación más clara a los contenidos escolares.

Los enfoques van del terrorismo y la unidad nacional a las libertades civiles

Las diferencias entre estados no pasan solo por la presencia o ausencia del tema, sino también por la manera de presentarlo. En Alabama, por ejemplo, el 11-S se inserta en el estudio de la participación militar de Estados Unidos en conflictos internacionales desde 1980, incluso para alumnos de primaria. En Texas, el programa lo ubica dentro de la historia contemporánea y lo vincula con el “terrorismo islámico radical”, de acuerdo con el relevamiento publicado por AP.

Otros estados proponen miradas más amplias sobre las consecuencias internas y externas de los atentados. En Colorado, los lineamientos sugieren que los estudiantes analicen el impacto posterior del 11-S, incluida la discriminación contra comunidades de origen mediooriental. En Nuevo México, los contenidos posibles abarcan además las guerras posteriores, la legislación de seguridad, la prisión de Guantánamo y el escándalo por abusos en Abu Ghraib.

La nota de AP remarcó que estas diferencias no siempre coinciden de manera lineal con la orientación política de cada estado. De hecho, estados tan distintos entre sí como California, Florida, Nueva Jersey y Dakota del Norte contemplan discusiones sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles tras los atentados.

Familiares y docentes buscan que la historia no desaparezca de la memoria escolar

Uno de los testimonios más significativos recogidos por la agencia fue el de Gordon Felt, hermano de Edward Felt, una de las víctimas del vuelo 93. Durante una actividad con docentes en el memorial de Flight 93, en Pensilvania, afirmó que “peor que empezar mal o usar un lenguaje inadecuado es omitir por completo esta historia”. Luego advirtió: “Ese es nuestro mayor temor”.

La preocupación no es abstracta. Muchos maestros enfrentan hoy un aula en la que los estudiantes apenas reconocen el nombre “9/11” y necesitan una explicación básica de lo ocurrido. Megan Jones, responsable educativa del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre, indicó a AP que años atrás los docentes temían reabrir recuerdos traumáticos entre los alumnos. Ahora, explicó, el reto es distinto: enseñar los hechos a generaciones que los perciben como historia distante y ayudarles a comprender de qué manera moldearon el mundo en que viven.

Desde ese memorial, además, se impulsan visitas escolares, capacitaciones docentes y programas educativos que este año recaudaron más de 25 millones de dólares, informó la agencia.

La discusión también alcanza la edad adecuada para enseñar el tema

El consenso sobre la necesidad de enseñar el 11-S no elimina otra discusión central: cuándo empezar. En Luisiana, un nuevo marco curricular comenzó a mencionar el tema desde segundo grado. Su superintendente educativo, Cade Brumley, afirmó que el objetivo es que los alumnos entiendan que las amenazas a la libertad existen y que la respuesta colectiva forma parte de la historia del país.

En Arizona, en cambio, una ley de 2022 había impuesto una enseñanza “apropiada para cada edad” en todas las escuelas públicas, pero luego fue restringida a los cursos de séptimo a duodécimo grado. El senador estatal John Kavanagh defendió ese cambio y sostuvo, en declaraciones recogidas por AP, que hay que proteger a los niños más pequeños del “verdadero horror del 11-S” y, al mismo tiempo, garantizar que los mayores no lo olviden.

Mientras el país se acerca al 25° aniversario de los atentados, el debate ya no gira solo en torno a si el 11-S debe enseñarse, sino sobre cómo transmitirlo a estudiantes que nacieron después de la tragedia y qué lugar ocupará en la memoria pública de las próximas generaciones.

El 11 de septiembre de 2001, mientras los aviones impactaban contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el Servicio Secreto de Estados Unidos enfrentó el escenario para el que llevaba décadas preparándose: un ataque simultáneo y coordinado con el poder ejecutivo como posible blanco, según reconstruyó ABC News.

Lo que siguió fue una serie de decisiones tomadas en segundos, sin manual de instrucciones previo, para mantener vivo al Gobierno.

El director del organismo, Brian Stafford, fue el primero en activar el Plan Federal de Continuidad de Operaciones, establecido bajo la Directiva de Decisión Presidencial 67, una medida que ni siquiera la Segunda Guerra Mundial había requerido ejecutar en su totalidad.

Desde el Centro de Crisis en Washington D.C., con protegidos en distintos puntos del territorio, evaluó la posibilidad de un “ataque de decapitación”: un golpe deliberado para eliminar a la cúpula del Gobierno.

Un agente tomó al vicepresidente Cheney por el cinturón y lo arrastró al búnker

En la Casa Blanca, los segundos contaban. El agente especial Jimmy Scott, integrante del equipo de protección del vicepresidente Dick Cheney, recibió la alerta de un avión secuestrado con rumbo a Washington.

Irrumpió en la oficina del vicepresidente, lo tomó por el hombro y el cinturón, y lo condujo físicamente hasta el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, el búnker subterráneo del complejo. El propio Cheney lo describió así en su autobiografía de 2011.

En paralelo, el agente Nick Trotta redirigió a la primera dama, Laura Bush, que se dirigía al Capitolio, directamente hacia la sede del Servicio Secreto.

La segunda dama, Lynne Cheney, fue trasladada desde el American Enterprise Institute hasta el mismo edificio.

El traslado de Bush: de Florida a Nebraska, contra la voluntad del presidente

El presidente George W. Bush se encontraba en Florida cuando el jefe de Gabinete, Andy Card, le informó que Estados Unidos estaba bajo ataque.

El agente Edward “Eddie” Marinzel, responsable del detalle presidencial en esa visita, asumió el mando de la evacuación. Ante la insistencia de Bush de regresar de inmediato a Washington, Marinzel rechazó la opción, la capital era un objetivo vulnerable.

El equipo acordó trasladar al presidente primero a la Base Aérea Barksdale, en Luisiana, elegida por sus capacidades de comunicación. Después, Air Force One continuó hacia la Base Aérea Offutt, en Nebraska, sede del Comando Estratégico de Estados Unidos (STRATCOM).

Por coincidencia, esa instalación tenía programado un simulacro de guerra nuclear ese mismo día, lo que la convertía en el lugar más seguro del país. Marinzel lo afirmó en una entrevista con la emisora WPXI de Pittsburgh en 2011.

Solo cuando el espacio aéreo civil fue cerrado y se confirmaron patrullas de combate sobre la ciudad, el agente autorizó el regreso del presidente a Washington.

Dos agentes quedaron atrapados en el World Trade Center tras el colapso de la Torre Sur

La respuesta del Servicio Secreto no se limitó a los círculos del poder. En Nueva York, los agentes especiales Tom Armas y John Buckley estaban en las oficinas del Servicio Secreto en el 7 World Trade Center para una reunión de la Asamblea General de la ONU cuando se produjo el primer impacto. Los dos corrieron hacia la Torre Norte.

Llegaron al piso 40 cuando la onda expansiva del segundo avión, el que golpeó la Torre Sur, los derribó.

Lograron descender, pero quedaron atrapados en el vestíbulo cuando el edificio colapsó y las ventanas estallaron. Una vez que el estruendo cesó, Armas —en ropa deportiva, con el equipamiento táctico sujeto al cinturón— y Buckley guiaron a civiles y bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) hacia el exterior.

Brevemente separados entre el humo y los escombros, se reunieron minutos después para continuar la evacuación. Los dos agentes lo recordaron en declaraciones a ABC News en 2021.

Cuando cayó la noche del 11 de septiembre, los agentes del Servicio Secreto seguían en operativo a lo largo de todo el país. La mayoría actuó de forma autónoma, sin órdenes precisas.

“Lo único que importaba era que la cadena de mando se mantuviera intacta, que los líderes siguieran vivos, y que el país supiera que alguien todavía hacía guardia”, reflexionó un agente sin identificar en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

Nueva York liberará más de 170.000 páginas de documentos oficiales que demuestran que funcionarios municipales conocían la toxicidad del aire en la zona de Zona Cero semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, mientras aseguraban públicamente que la situación era segura.

El alcalde Zohran Mamdani anunció este martes 8 de septiembre la liberación de archivos desconocidos, durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de la ciudad.

Los registros, almacenados en 68 cajas en una dependencia municipal y descubiertos recién el año pasado, incluyen datos de contaminación ambiental, análisis de calidad del aire e intercambios internos entre funcionarios.

La administración de Mamdani señaló que la revisión preliminar de los documentos ya revela que las autoridades de entonces comprendían los riesgos que representaban los tóxicos en combustión en el sitio del World Trade Center, aun cuando continuaban tranquilizando a la población.

Los registros serán publicados en un portal digital de acceso público, financiado con USD 34 millones asignados en el presupuesto municipal.

Los documentos revelan preocupación interna por demandas judiciales desde las primeras semanas

Entre los materiales destaca un memorándum redactado pocas semanas después de los ataques que analizaba la posibilidad de que ciudadanos afectados por la exposición al aire tóxico iniciaran acciones legales contra la ciudad.

El hallazgo confirma que la preocupación institucional no se limitaba a la salud pública, sino que contemplaba también la responsabilidad civil del municipio. Según la administración, esa clase de documentación es precisamente la que estuvo fuera del alcance público durante casi un cuarto de siglo.

Los registros también incorporan múltiples informes que documentan presencia de asbesto en el área circundante al lugar del derrumbe. Algunos de los documentos muestran niveles por debajo de los límites establecidos por los organismos de protección ambiental y laboral, mientras que otros registran concentraciones superiores a esos umbrales.

En varios casos, los documentos carecen de un análisis escrito que interprete los resultados, lo que dificultó durante años la evaluación independiente de la situación sanitaria real.

La primera tanda de registros se publica a días del 25° aniversario de los atentados

La divulgación inicial de los materiales estaba prevista para antes del viernes, fecha en que se cumple el 25° aniversario de los atentados.

El cronograma de publicación contempla la incorporación de nuevos documentos de forma escalonada durante los próximos meses, a medida que la administración avance en la revisión y redacción de los registros pendientes.

El alcalde Mamdani compareció en la conferencia de prensa junto al activista y comediante Jon Stewart, defensor histórico de los bomberos y socorristas afectados.

La liberación de los archivos cierra, además, un litigio promovido por la organización 9/11 Health Watch (Vigilancia de Salud del 11-S), que demandó judicialmente a la ciudad para forzar la publicación de los registros.

La concejal Julie Menin había señalado a principios de año que a los residentes del bajo Manhattan y a los equipos de emergencia se les había garantizado que el aire era seguro, pese a que miles de personas desarrollaron posteriormente enfermedades vinculadas al 11-S, entre ellas distintos tipos de cáncer.

La batalla por la transparencia se extendió durante varias administraciones municipales

La demanda de acceso a esta información recorrió múltiples gestiones de gobierno sin resolución. En los años posteriores a los ataques, Nueva York aseguró en reiteradas ocasiones que no contaba con los registros en cuestión, afirmación que quedó desacreditada cuando las 68 cajas de documentos aparecieron en una oficina municipal.

El hallazgo reavivó las exigencias de los grupos de víctimas y sobrevivientes, que llevan décadas reclamando una rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas en aquellas semanas críticas.

Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre, pero miles más han fallecido desde entonces por enfermedades relacionadas con la exposición a los tóxicos liberados durante el colapso de las Torres Gemelas, incluyendo cánceres de pulmón, cánceres de sangre y enfermedades respiratorias crónicas.

La entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Christine Todd Whitman, se disculpó públicamente años después por haber declarado en su momento que el aire era seguro.

La administración de Mamdani indicó que los documentos restantes continuarán siendo revisados, redactados en los tramos que correspondan y publicados a lo largo del año, como parte del proceso de examen de los registros vinculados a la contaminación ambiental en el bajo Manhattan tras los ataques.

“Más personas murieron por enfermedades vinculadas al 11 de septiembre que en los ataques”

El alcalde Zohran Mamdani afirmó que, 25 años después de los atentados, “más personas murieron por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el día mismo”.

Señaló que el padecimiento de quienes vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero, así como de los rescatistas que removieron escombros, continuó mucho después de que se disiparan el humo y el polvo.

“Las personas se enfermaron porque los líderes en quienes confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico”, sostuvo Mamdani. También cuestionó que sucesivas administraciones hayan respondido a los reclamos de información con “argumentos legales y burocracia”.

El asesor jurídico municipal, Steve Banks, anunció que, con esta desclasificación y la habilitación del portal con los documentos, la ciudad resolvió dos demandas con 9/11 Health Watch.

En su exposición convocó a personas que en aquel momento eran estudiantes de escuelas cercanas a la zona del derrumbe, para averiguar cual es su estado de salud a 25 años de los atentados.

También mencionó el memorando Harding, que recoge discusiones de la administración de Rudy Giuliani sobre responsabilidades y riesgos sanitarios, además de archivos sobre protocolos de limpieza adoptados en mayo de 2002.

Entre los expositores, el actor y activista estadounidense Jon Stewart cargó contra las autoridades por haber tardado décadas en divulgar información sobre la contaminación. “Ocultaron esa información durante 25 años”, señaló.

Stewart también afirmó que la ciudad sabía que había “veneno en el aire, en el suelo, en los alféizares de las ventanas, en los aires acondicionados”, y acusó a las autoridades de encubrir el problema para regresar a la normalidad.

El congresista Jerry Nadler sostuvo que funcionarios locales y federales traicionaron la confianza pública al conocer los peligros ambientales y no advertirlos. Y afirmó que las consecuencias de la exposición al aire tóxico persisten 25 años después de los atentados y afectan a vecinos, trabajadores y socorristas de la Zona Cero.

Apuntó contra Giuliani y la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Christine Todd Whitman, quienes, según dijo, aseguraron que el aire era seguro, a pesar de estar informados sobre posibles daños como cánceres asociados.

“Nuestros vecinos y héroes todavía están enfermando gravemente a causa de estas toxinas”, remarcó en sus declaraciones.

Por último, la concejal Gail Brewer recordó que “conoce a más personas que mueren ahora que en aquel entonces” y aseguró que, en su caso, las muertes son “casi semanales”.

También denunció que tres administraciones municipales mantuvieron ocultos registros clave sobre los efectos de respirar el aire contaminado tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

El 11 de septiembre de 2001, los atentados contra las Torres Gemelas paralizaron la vida cotidiana de Estados Unidos. Los estadios se vaciaron, los calendarios deportivos se suspendieron y el debate sobre cuándo retomar la actividad dividió a dirigentes, jugadores y aficionados desde el primer día.

Las ligas operaban bajo una presión doble: el respeto al duelo de una ciudad con miles de víctimas y la demanda de un público que necesitaba retomar alguna forma de vida colectiva.

Según New York Daily News, esa tensión definió las semanas que siguieron a los ataques y moldeó el regreso de las competencias de una manera que ningún calendario podría haber planificado.

El propio Derek Jeter, por entonces figura de los Yankees, dejó en claro el estado de ánimo de esos días. “Todavía están tratando de encontrar personas. De verdad no creo que sea el momento adecuado para jugar béisbol”, afirmó el campocorto en declaraciones recordadas por el diario neoyorquino.

La reanudación de las ligas abrió un debate en plena conmoción

El comisionado de las Grandes Ligas, Bud Selig, aceptó postergar los partidos hasta el 17 de septiembre. En la NFL, Paul Tagliabue trasladó la segunda semana del calendario a enero. El dirigente buscó evitar una decisión apresurada como la que tomó la liga tras el asesinato de John F. Kennedy, de acuerdo con New York Daily News.

Durante la vuelta de la actividad, el clima en los estadios distó de la normalidad. Varios partidos de la NFL no agotaron entradas.

A eso se sumó la flexibilización de las reglas de bloqueo televisivo y una sensación extendida entre los aficionados. Celebrar un touchdown o un jonrón todavía parecía impropio en medio del luto.

Con el paso de los días, esa resistencia empezó a ceder y los eventos masivos volvieron a reunir a miles de personas fuera de sus casas.

El jonrón de Mike Piazza quedó como una escena decisiva de aquel regreso

El primer gran evento deportivo en la ciudad tras los ataques tuvo a los Mets como protagonistas. El 21 de septiembre de 2001, el equipo recibió a los Atlanta Braves en el Shea Stadium.

Aquella noche, Mike Piazza conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada y selló una victoria que quedó entre las imágenes más recordadas de ese período.

“Fue una liberación emocional increíble”, recordó Piazza años más tarde en declaraciones citadas por el artículo. “Creo que quedó claro que la gente quería alentar algo. La gente quería estar unida”, aseguró el exreceptor.

El lanzador Steve Karsay, que recibió ese batazo y había crecido en Queens, también describió el peso de ese partido.

“Como neoyorquino, haber jugado ese encuentro tuvo una carga emocional muy fuerte”, sostuvo. Luego aseguró que ese recuerdo permanecería grabado en su memoria para siempre.

El estadio reunió a 41.235 espectadores, una cifra que el diario destacó por su valor simbólico. Esa noche expresó la decisión de miles de personas de volver a ocupar el espacio público.

La campaña de los Yankees reforzó ese vínculo con la ciudad

Después de ese momento de los Mets, el protagonismo pasó a los Yankees, que avanzaron otra vez hasta la Serie Mundial.

New York Daily News repasó una sucesión de episodios asociados a ese otoño: la asistencia de Jeter ante Oakland, el cuadrangular de Alfonso Soriano frente a Seattle, el primer lanzamiento del entonces presidente George W. Bush en el Bronx y los cierres de los Juegos 4 y 5 de la final ante Arizona.

Para muchos aficionados, ese recorrido tuvo un significado que superó el resultado final. “Los Yankees perdieron, pero igual nos ayudaron a sanar. Era el momento correcto para que estuvieran ahí”, afirmó Teena Lewis, seguidora histórica del grupo conocido como los Bleacher Creatures, tal y como recogió el medio.

Otro referente de esa tribuna, Marc Chalpin, describió un cambio en el ambiente del estadio. “Volvimos a las gradas bastante pronto, pero todo era distinto. Todos estaban más unidos y más patriotas. Los Yankees se convirtieron en un salvavidas para la ciudad”, señaló.

Los Jets y los Giants tuvieron un rol más discreto. En el partido de los Jets ante los Patriots, la lesión de Drew Bledsoe derivó en el ingreso de Tom Brady, quien esa temporada llevaría a Nueva Inglaterra a su primer Super Bowl.

Pero el momento más llamativo de ese regreso no fue deportivo: en Kansas City, los aficionados de los Chiefs juntaron más de USD 400.000 para los damnificados de los atentados.

En un testimonio difundido por el canal People, el exagente Will Jimeno, de la Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, reconstruyó cómo sobrevivió bajo los escombros del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En ese relato, repasó, 25 años después, el operativo, el derrumbe, las horas que pasó atrapado y el rescate. También situó desde qué momento personal atravesó aquel día: contó que estaba casado con Allison, que ya tenían a Bianca, de tres años, y que esperaban a su segunda hija, cuyo nombre todavía no habían definido.

Según recordó, esa mañana había comenzado como cualquier otra, y salió hacia el trabajo después de despedirse de su esposa y besarle la panza.

La orden de volver al puesto convirtió una guardia rutinaria en un operativo hacia las torres

Según contó, su destino ese día era la esquina de las calles 42 y 8, donde cumplía funciones habituales hasta que notó que la intersección se oscurecía. Poco después, la radio emitió el código “840”, que ordenaba a todos los agentes regresar al puesto policial.

Para Jimeno y sus compañeros, esa convocatoria general ya indicaba que ocurría algo fuera de escala: “Algo malo de verdad debió haber pasado”.

En el lugar se reunió con otros oficiales, entre ellos Dominick Pezzulo, y vio la preocupación de sus superiores. También observó por televisión una de las torres con un gran agujero.

Después, un inspector les informó que habían tomado un autobús para enviarlos al complejo del World Trade Center y colaborar con la evacuación. Ese traslado marcó, dentro del relato, el paso entre una jornada ordinaria y una intervención de emergencia en el centro de Nueva York: “Vamos a bajar a ayudar a nuestros hermanos y hermanas en el World Trade Center con la evacuación”.

La llegada al World Trade Center

Ya en el sur de la ciudad, Jimeno dijo que se encontró con una imagen que no había imaginado: habló de polvo, concreto, partes del avión y restos humanos.

También explicó que, mientras ellos viajaban desde el centro de Manhattan, no sabían que un segundo avión ya había impactado contra la otra torre, de modo que llegaron sin una dimensión completa de lo que estaba ocurriendo en el lugar.

En ese contexto, el sargento John McLoughlin pidió agentes que supieran usar equipos de respiración autónoma Scott Air-Pak, los dispositivos que emplean los bomberos para desplazarse en ambientes con humo o aire contaminado.

Jimeno se ofreció junto con Pezzulo y Antonio Rodriguez. Antes de avanzar, recordó el pacto que hicieron entre ellos: “No nos dejamos. Pase lo que pase, seguimos juntos”.

El ingreso a la Torre Sur terminó con el derrumbe sobre el grupo

Camino a la Torre Sur, el grupo se cruzó con Christopher Amoroso, otro agente de la fuerza. Ya dentro del edificio, Jimeno relató que por primera vez midió el alcance de la situación: vio personas muertas en el lobby y otras que corrían para salir. En ese momento, según recordó, pensó: “Will, ¿dónde te metiste?”.

Poco después escuchó una explosión y vio una bola de fuego en el interior. Entonces se produjo el colapso. Al describir ese instante, recurrió a una de las imágenes más fuertes de su testimonio: “La única manera de describirlo es como un millón de trenes de carga viniéndose encima de uno, como el rugido del diablo cayendo sobre uno”.

Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba a oscuras bajo los restos: “No puedo moverme. Estoy enterrado. Literalmente me están aplastando”.

El encierro se prolongó durante horas y quedó sostenido por la oración y la resistencia

Tras la muerte de Pezzulo, Jimeno recordó que cayó en la desesperación, mientras McLoughlin le pedía que conservara energía. Cuando le preguntó qué podían hacer en una situación extrema como esa, el sargento fue contundente: “No hay entrenamiento para esto”.

Según el relato, esa respuesta condensó la idea de que todo dependía de la voluntad de sobrevivir y ordenó el resto de las horas que pasaron atrapados.

Durante ese tiempo, contó que rezaron varias veces y repitieron plegarias mientras intentaban sostenerse con vida. En un momento dijo que quiso rendirse y pidió que le avisaran a su esposa que llamara Olivia a la bebé, que estaba por nacer.

La salida con vida abrió una recuperación larga y una memoria que siguió activa 25 años después

Jimeno contó que McLoughlin fue retirado de debajo de los restos y dijo que después le informaron que él mismo había sufrido dos paros cardíacos esa noche y que logró ser reanimado. A partir de ahí, siguieron cirugías, internación y un proceso de rehabilitación para volver a caminar y a vestirse por sus propios medios.

En el cierre de su testimonio, Jimeno recordó que pudo presenciar el nacimiento de Olivia el día de su cumpleaños. También contó que durante años convivió con la culpa del sobreviviente y que, incluso 25 años después, el 11 de septiembre seguía marcando su vida: “En toda esa oscuridad, hubo amor”.

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para resolver sobre la validez del juicio en ausencia en la causa por el atentado a la AMIA, en la que están acusados diez ciudadanos iraníes y libaneses que nunca comparecieron ante la Justicia argentina.

Todo indica que, en lugar de una exposición oral, las partes presentarán sus argumentos por escrito. De esa manera la querella entregará su memorial de manera previa a que la sala II del máximo tribunal penal federal del país defina si confirma o no el mecanismo. Según anticiparon fuentes del caso a Infobae, insistirán en el reclamo de juicio en ausencia. Por su parte, la defensa oficial se opondrá mientras que la fiscalía a cargo de Raúl Pleé ya manifestó en un dictamen presentado en febrero pasado que debe seguirse adelante con el juicio en ausencia.

La audiencia fue fijada por el juez Diego Barroetaveña, integrante de la sala II, para este jueves a las 10. El planteo llegó a Casación a partir de la apelación de la defensa oficial contra la resolución que habilitó el juicio en ausencia para Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.

Un mecanismo excepcional

El juicio en ausencia es un mecanismo excepcional que permite que un proceso penal avance y eventualmente llegue a sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal.

La herramienta fue incorporada al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

El artículo 431 ter del Código Procesal Penal de la Nación establece que este mecanismo solo puede aplicarse en causas vinculadas con determinados delitos contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión— o con determinados instrumentos internacionales contra el terrorismo. El atentado del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertes y centenares de heridos en la mutual judía de Pasteur 633 fue declarado delito imprescriptible y de lesa humanidad por la Justicia argentina.

El juez federal Daniel Rafecas, en la actualidad a cargo de la causa penal, habilitó el juicio en ausencia para los acusados iraníes y libaneses, todos ellos declarados rebeldes en el expediente por el ataque contra la AMIA. Esa decisión fue apelada por el defensor oficial Hernán Silva, confirmada en la instancia intermedia de apelación, la Cámara Federal porteña y el caso llegó así al máximo tribunal penal federal del país, que ahora deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez del procedimiento.

Para esta definición también fue sorteado el juez que intervendrá en lugar del camarista Alejandro Slokar, excusado en la causa AMIA desde 2011. El magistrado designado fue Carlos Mahiques, que deberá resolver junto con Ángela Ledesma y Barroetaveña.

Qué argumenta la defensa

La convocatoria a la audiencia se resolvió después de que la AMIA volviera a reclamar una definición judicial en julio pasado durante el acto por un nuevo aniversario del atentado. El presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara de Casación resuelva con urgencia la validez del juicio en ausencia para poder avanzar en el trámite de la causa.

En febrero pasado, el defensor oficial ante Casación Enrique María Comellas mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos.” Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.

El tema está en debate desde mediados de 2025: el 26 de junio del año pasado, el juez Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra los diez acusados. Pero la defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre la decisión del juez de primera instancia y entonces la defensa presentó el recurso que ahora está en Casación.

La Cámara Federal porteña ordenó avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación a juicio. Rafecas ya conformó un equipo especial para trabajar en el procesamiento de los acusados prófugos, en el juzgado federal 6 que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.

Entre los acusados, Akbar Velayati era Ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado, Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (“Pasdaran”), Vahidi tenía en aquella época a cargo la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Rabbani era el Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina y Soleimanpour ejercía como Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.

Hace cuatro décadas la historia de Chile pudo haber cambiado. El dictador Augusto Pinochet estuvo a punto de morir la tarde del 7 de septiembre de 1986, cuando la caravana en la que regresaba a Santiago fue atacada en la Cuesta Las Achupallas. El atentado, organizado por el grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), dejó cinco escoltas muertos y mostró que el dictador no era invulnerable.

Era un domingo como cualquier otro en la rutina de Augusto Pinochet. El dictador chileno regresaba desde El Melocotón, su residencia de descanso en las faldas de la Cordillera de los Andes, a unos 40 kilómetros al este de Santiago, la capital del país. Lo hacía cada fin de semana, siempre por el mismo camino, siempre a la misma hora. Esa previsibilidad, que cualquier jefe de seguridad hubiera considerado un error, fue la que los integrantes del FPMR aprovecharon para armar una emboscada contra él.

La caravana presidencial salió de El Melocotón alrededor de las 18:00. Estaba compuesta por dos motociclistas de Carabineros y cinco autos que trasladaban en total a 21 personas, según reconstruyó La Tercera, diario chileno. Dos vehículos adicionales de la Central Nacional de Informaciones (CNI) seguían la columna a distancia. En el Mercedes-Benz blindado viajaba Pinochet junto a su nieto Rodrigo García Pinochet, de diez años, hijo de su hija Lucía. El niño había insistido en subirse a uno de los autos de seguridad, pero su abuela Lucía Hiriart fue terminante: el niño debía viajar con el general. Esa decisión, aparentemente menor, le cambió el lugar a uno de los escoltas y posiblemente le salvó la vida al propio Pinochet.

El FPMR no era un grupo improvisado. Fundado como brazo armado del Partido Comunista chileno, entonces ilegal, sus integrantes habían sido entrenados militarmente en Cuba. El nombre elegido para el operativo fue “Operación siglo XX”, y su planificación había comenzado semanas antes con una ambición que rozaba lo cinematográfico.

César Bunster Ariztía, uno de los principales responsables logísticos del atentado, contó años después al diario La Tercera que el ataque estaba originalmente previsto para el fin de semana anterior, pero tuvo que postergarse porque murió el expresidente Jorge Alessandri y Pinochet viajó antes a Santiago.

Esa semana de prórroga les permitió afinar distancias y estrategias. Bunster alquiló la hostería donde se alojaron los fusileros y los autos que usaron para bloquear el camino. También participó de los entrenamientos en el Parque O’Higgins y de las prácticas con armas en subterráneos de otras casas alquiladas por el FPMR.

El plan original, según reveló el propio Bunster en una entrevista publicada por el diario comunista francés L’Humanité y recogida por el diario español El Mundo, había sido concebido siguiendo el modelo del atentado de ETA realizado en 1973 contra quien podría haber sido el sucesor del dictador español Francisco Franco: el almirante Luis Carrero Blanco. El plan era cavar un túnel y una fosa para colocar explosivos bajo el paso de la caravana. Pero unas semanas antes de la fecha programada, la policía decomisó dos toneladas de TNT que el régimen cubano les había entregado y que habían desembarcado por el puerto de Carrizal Bajo, al norte de Chile. El plan tuvo que modificarse. Se determinó hacer una emboscada.

La Cuesta Las Achupallas era un tramo angosto de la ruta entre un cerro y una quebrada profunda, sin posibilidad de maniobra para los vehículos. Lo que convertía al lugar en casi perfecto para una emboscada. Cuando los dos motociclistas de Carabineros que encabezaban la columna pasaron el punto, una camioneta con una casa rodante comenzó a moverse hacia la calzada y bloqueó el camino.

El cabo primero José Ramón Barrera, escolta de Pinochet que ese día viajaba en el tercer auto de la columna, supo de inmediato que era una emboscada. Sin esperar ninguna orden, sacó su ametralladora UZI por la ventana trasera del Ford LTD y comenzó a disparar, según su propio testimonio. Fue cuestión de segundos.

Una veintena de terroristas del FPMR abrió fuego con fusiles M-16 y lanzacohetes M72 LAW. Según informó la agencia de noticias estadounidense UPI, la comitiva fue atacada con ametralladoras, rifles, bazucas y granadas de mano. Tres de los autos de la caravana quedaron volcados por las explosiones. Uno de ellos cayó al lecho seco del río que corría bajo el puente y sus dos ocupantes, ambos agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), murieron en el acto. Un Mercedes-Benz similar al del dictador se incendió, pero Pinochet viajaba en el segundo, unos 150 metros detrás, según precisaron las crónicas de entonces.

Un detalle que el diario La Tercera señaló como decisivo: la compra de un nuevo blindado había dejado los dos Mercedes casi idénticos. Los atacantes no sabían con certeza en cuál viajaba el general. “Los frentistas quedaron pagando, porque no sabían en cuál de los dos iba Pinochet”, recordó el cabo Barrera.

El chofer del Mercedes-Benz de Pinochet logró lo que pocos habrían podido: sacar el vehículo de ese infierno y regresar a toda velocidad a El Melocotón. Un cohete había impactado directamente en el techo del blindado, pero no logró penetrarlo. Las balas acribillaron las ventanas sin romper el vidrio. Pinochet salió con apenas unos rasguños en la mano izquierda por esquirlas. Cinco de sus escoltas murieron y once resultaron heridos.

Horas después del ataque, Pinochet apareció ante las cámaras de televisión con la mano izquierda vendada. Señaló los daños en su automóvil y describió, con la parsimonia de quien acaba de sobrevivir a lo imposible, lo que había sentido en el momento del ataque.

“Mi primera reacción fue bajar del auto, pero viajaba con mi nieto de diez años y lo cubrí con mi cuerpo”, dijo el dictador a los periodistas. Y agregó, con una dureza que le era característica: “Intenten matarme: soy soldado, estoy listo”.

Pinochet mostró esa noche a las cámaras uno de los vidrios astillados de su automóvil, en el que, según él y sus asesores, se dibujaba una imagen difusa de la Virgen. “Ella me salvó la vida”, afirmó el dictador, quien ya en el pasado había declarado que Dios lo había puesto en el poder.

En Chile la noticia generó reacciones encontradas. Muchos no podían creerlo. “¿Cuesta Las Achupallas? ¿No será la Cuesta Creerlo?”, bromeaban algunos, recordando los montajes que la dictadura había fabricado en el pasado para desviar la atención. Pero la incredulidad duró poco. La realidad era incontestable.

Antes de que terminara esa misma noche, la dictadura ya había puesto en marcha su respuesta. Pinochet declaró el estado de sitio en todo el país por noventa días, medida que le otorgaba poderes amplísimos de detención, censura de prensa, restricción de la libertad de reunión y apertura de correspondencia. Era la segunda vez que recurría a esa herramienta: la primera había sido en noviembre de 1984, durante una ola de protestas. Gobernaba Chile con mano dura desde 1973.

Las fuerzas de seguridad allanaron viviendas, poblaciones y templos. El Ejército tomó dos barrios populares del sur de Santiago, incluido el combativo barrio de La Victoria, y los selló. “Escuchamos disparos intermitentes en La Victoria, pero nadie puede entrar ni salir”, declaró un trabajador de derechos humanos de la Iglesia Católica. El socialista Ricardo Lagos y el dirigente Germán Correa fueron arrestados en sus casas antes del amanecer.

Pero lo que registró la Vicaría de la Solidaridad fue aún más brutal. Esa misma noche, en un operativo de represalia ordenado por la CNI, fueron secuestrados y asesinados cuatro opositores que no tenían ninguna relación con el atentado: el periodista José Carrasco Tapia, el publicista Abraham Muskatblit, el artista plástico Gastón Vidaurrázaga y el electricista Felipe Rivera. El cuerpo del periodista Carrasco Tapia, conocido dirigente de la prensa y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), apareció al costado de un cementerio capitalino, acribillado con 14 balazos. Lo habían sacado a la fuerza, descalzo, del departamento donde vivía con su familia, según relató su esposa. Días después también intentaron asesinar a Luis Toro, abogado de la Vicaría. Esos crímenes quedaron en la historia como los “asesinatos de la venganza”.

La edición completa de la revista de oposición APSI fue confiscada. El régimen también incautó las emisoras de radio. La prensa internacional, que estaba en Santiago para cubrir el aniversario del golpe contra Salvador Allende del 11 de septiembre de 1973, fue testigo de todo.

El FPMR se retiró de la emboscada convencido de haber matado al dictador. Sus integrantes escaparon hacia Santiago sin ser capturados. Solo cuando encendieron la radio comprendieron que habían fallado.

Las causas del fracaso fueron varias. Una de ellas fue la impericia de los ejecutantes en el uso del armamento y otra la discutida calidad de los equipos que habrían sido determinantes. El blindaje del Mercedes-Benz resistió lo que no debería haber resistido. El cohete que impactó en el techo rebotó sin penetrar el vehículo. Y la confusión sobre cuál de los dos Mercedes idénticos transportaba al general hizo que parte del fuego se concentrara en el auto equivocado.

César Bunster Ariztía, uno de los principales responsables logísticos del atentado, que pasó 18 años en la clandestinidad antes de recuperar su identidad en 2004, fue categórico al hablar del impacto político del ataque: “El pueblo en su inmensa mayoría reaccionó con mucha alegría, incluso con incredulidad”, dijo a L’Humanité. Y ante quienes lo llamaron terrorista, respondió: “Hay circunstancias que exigen, como la resistencia en Francia, arriesgarse a morir por la vida”.

Después del atentado, varios de los participantes fueron detenidos, sometidos a juicio por la justicia militar y encarcelados. Algunos lograron escapar de prisión. Cecilia Magni, conocida como “comandante Tamara” y jefa directa de Bunster durante la operación, murió en octubre de 1988 en un enfrentamiento con las fuerzas del régimen. Bunster logró salir de Chile con ayuda del Partido Comunista y vivió en la clandestinidad absoluta hasta 2004, cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el sobreseimiento definitivo de su causa por prescripción. Años después se convirtió en concejal por Puente Alto.

En 2013, tres viudas de los uniformados muertos en el atentado y la hermana de uno de ellos presentaron una querella contra el presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Teillier, por “homicidio calificado reiterado terrorista”. La acción judicial sostenía que Teillier era “autor confeso” del atentado y que había reconocido en una entrevista haber autorizado la operación como una decisión partidaria.

Con el retorno a la democracia, los tribunales chilenos procesaron y condenaron a exagentes de la CNI, entre ellos Álvaro Corbalán, por su responsabilidad en los asesinatos de la venganza, según documentó la Vicaría de la Solidaridad.

Pinochet, en tanto, perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y entregó el poder en marzo de 1990, cuando asumió el demócrata-cristiano Patricio Aylwin. Permaneció como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, año en que fue arrestado en Londres a pedido del Gobierno español por cargos de violaciones a los derechos humanos. Regresó a Chile en el 2000 tras una decisión del Gobierno británico que lo declaró no apto para ser extraditado. Los tribunales chilenos intentaron procesarlo en varias oportunidades, pero las causas fueron suspendidas por razones de salud. Murió el 10 de diciembre de 2006, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenía 91 años.

El diario británico The Guardian, en su edición del 9 de septiembre de 1986, 48 horas después del atentado, había escrito algo que el tiempo confirmaría: el ataque había erosionado el elemento más intangible del poder de Pinochet, su percepción de invulnerabilidad. “Cada general, cada oficial superior, se estará preguntando hoy lo mismo: ¿qué pasará conmigo cuando Pinochet se vaya?”, escribió The Guardian. La respuesta llegó dos años después, en las urnas.

Durante los 17 años de dictadura, unas 38.000 personas fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas, según los informes oficiales elaborados tras la restauración de la democracia.

Pinochet, que fue el brazo ejecutor de esa política represiva, estuvo cerca de la muerte hace cuatro décadas. Nadie sabe qué podría haber ocurrido si el atentado del FPMR hubiera sido exitoso.

La mañana del 5 de septiembre de 1975, Gerald Ford caminaba por Sacramento, California, rumbo al Capitolio estatal. El presidente de Estados Unidos avanzaba entre personas que se habían acercado para verlo, estrecharle la mano y saludarlo. Era una escena habitual del mandatario que buscaba mostrarse cercano después de los años turbulentos de Richard Nixon.

Entonces apareció una joven. Tenía 26 años. Llevaba el cabello rojizo, vestía una llamativa túnica colorada y ocultaba una pistola semiautomática Colt calibre .45. Se llamaba Lynette Alice Fromme, aunque casi todo el mundo la conocía por su apodo: “Squeaky”.

Con sigilo consiguió acercarse a pocos pasos, sacó el arma, le apuntó y apretó el gatillo, pero el disparo no salió. Un agente del Servicio Secreto, Larry Buendorf, reaccionó inmediatamente, le sacó el revólver y redujo a Fromme. La explicación que apareció después fue tan increíble como el episodio: la pistola tenía munición, pero no había un cartucho en la recámara, por eso no se disparó.

Sin embargo, aquel detalle no convertía el episodio en una simple escena absurda. Porque ella había llegado a estar cara a cara con el presidente y pudo haberlo matado. Detrás de esa mujer había una historia que llevaba directamente al corazón de uno de los grupos criminales más célebres y perturbadores de la historia estadounidense: la familia Manson.

Antes de Charles

Lynette Alice Fromme había nacido el 22 de octubre de 1948 en Santa Monica, California, en una familia de clase media. Durante su infancia tuvo una faceta muy diferente de quien años después aparecería en las primeras páginas de los diarios. De niña participó en un grupo de baile que llegó incluso a actuar en televisión y hasta en la Casa Blanca.

Pero durante su adolescencia comenzó a atravesar problemas familiares y personales. Su vida se fue desordenando y terminó abandonando el hogar. A mediados de la década de 1960 conoció a Charles Manson. Ese encuentro cambiaría su vida.

Manson todavía no era el personaje que después ocuparía las portadas de todo el mundo, sino un hombre carismático, manipulador y capaz de atraer a jóvenes que buscaban escapar de sus familias, de las reglas sociales y de una realidad que consideraban opresiva. Fromme quedó fascinada con su personalidad y se convirtió en una de sus seguidoras más fieles.

Él creó alrededor suyo una comunidad que sería conocida como “La Familia”, un grupo que terminó instalado en el Spahn Ranch, en las afueras de Los Ángeles. Allí, Fromme ocupó un lugar cada vez más cercano al líder. El apodo “Squeaky” -por su voz aguda- quedó asociado para siempre a ella.

Los temidos Manson

Esa familia representó a los criminales más siniestros de la California de fines de los años sesenta. En agosto de 1969, seguidores de Manson mataron a la actriz Sharon Tate y a otras personas en una casa de Los Ángeles. Al día siguiente fueron asesinados Leno y Rosemary LaBianca. Los crímenes conmocionaron a Estados Unidos. Manson y varios de sus seguidores terminaron detenidos y juzgados.

Fromme no participó en los crímenes de Tate y LaBianca, pero permaneció profundamente vinculada a Manson. Mientras se desarrollaba el juicio, se convirtió en una presencia habitual frente al tribunal y defendió públicamente a su líder. Su fidelidad llegó a tal punto que, después de que él fuera condenado, continuó siguiéndolo simbólicamente mientras era trasladado de una prisión a otra. No había roto la relación, al contrario.

Su vida parecía organizada alrededor de la defensa de Manson y de las ideas que había aprendido dentro de la Familia. Fue justamente esa devoción la que empezó a mezclarse con otra causa: la preocupación por el medio ambiente. A comienzos de la década de 1970, Fromme comenzó a concentrarse en la situación de los bosques de California, particularmente en las gigantescas secuoyas. La cuestión ambiental pasó a ocupar un lugar central en sus discursos. Pero también continuaba pensando en Manson y en sus compañeros encarcelados.

Cuando Richard Nixon renunció a la presidencia en agosto de 1974 por el escándalo Watergate, Gerald Ford asumió el cargo. Había sido designado vicepresidente por el propio Nixon y, una vez en la Casa Blanca, tomó una decisión que Fromme interpretó como una traición: el indulto presidencial. En su propia lógica representaba al hombre que permitía que el ex mandatario escapara de las consecuencias judiciales.

Al mismo tiempo, ella había llegado a convencerse de que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger los bosques. Y esos elementos se mezclaron. La joven comenzó a pensar en una acción que tuviera un enorme impacto público. Y el objetivo sería el presidente.

La mañana del 5 de septiembre

Ford estaba en Sacramento para reunirse con el gobernador de California, Jerry Brown. Había salido de un hotel y caminaba hacia el Capitolio estatal. Como ocurría habitualmente, varias personas se reunieron a su alrededor mientras se detenía a saludar. En ese momento, Fromme apareció entre la multitud y logró acercarse a una distancia extremadamente corta. El presidente recordó años después que vio a una mujer vestida de manera llamativa entre la gente y no tuvo tiempo de comprender qué estaba sucediendo. Entonces, Fromme sacó la Colt, la dirigió hacia él y presionó el gatillo. El arma no disparó.

Ford fue llevado inmediatamente a un lugar seguro. La mujer terminó neutralizada antes de que pudiera volver a tirar. La imagen del episodio recorrió el país. La escena parecía pertenecer a una película. La primera impresión fue que Fromme había cometido un error fundamental. La pistola tenía munición, pero no había un cartucho en la recámara. Con el tiempo, ella misma sostuvo que lo había extraído deliberadamente antes de salir de su casa. Investigadores encontraron posteriormente un cartucho calibre .45 en su vivienda.

Este detalle alimentó una pregunta que acompañó al caso durante años: ¿realmente había querido matar a Ford? Su respuesta fue cambiante y, en algunos aspectos, contradictoria. En declaraciones posteriores insistió en que su objetivo fue “llamar la atención” sobre determinadas causas y conseguir que se revisara la situación de Manson y sus seguidores.

En una entrevista publicada poco después del episodio, llegó a decir que no pretendía tirar, sino provocar una reacción. Pero eso no eliminaba el hecho fundamental: se paró con un arma cargada ante el presidente, le apuntó y apretó el gatillo. Para la Justicia, eso era suficiente.

El juicio

Fromme fue acusada y el caso llegó a los tribunales. Desde el comienzo, su comportamiento fue poco convencional. Quiso participar activamente en su propia defensa y terminó enfrentándose con abogados y con el juez. El magistrado Thomas J. MacBride le permitió ejercer su derecho, aunque designó al abogado John Virga para asistirla. El proceso fue tan extraño como el personaje que estaba siendo juzgado, porque no se comportaba como una acusada interesada en obtener una absolución. Interrumpía todo el tiempo, se enfrentaba con el tribunal y se negaba a colaborar. En el tramo final llegó incluso a ausentarse de una parte de su propio juicio.

El tribunal terminó condenándola por el intento de asesinar al presidente. El veredicto llegó en noviembre de 1975. La sentencia fue cadena perpetua. Pero la historia todavía estaba lejos de terminar. El episodio más insólito ocurrió durante la audiencia condenatoria. Ella seguía enfrentada con los jueces y con el fiscal federal Duane Keyes, a quien en medio de la audiencia le arrojó una manzana. El proyectil improvisado le dio en el rostro y le hizo caer los anteojos.

La escena resumió de manera casi grotesca su comportamiento durante todo el proceso: incluso cuando ya sabía que enfrentaba una condena de por vida, continuaba desafiando a quienes tenían autoridad sobre ella. El magistrado finalmente confirmó la pena máxima y Fromme terminó presa, por entonces tenía 27 años.

El segundo intento contra Ford

El episodio adquirió una dimensión todavía más extraordinaria apenas 17 días después. El 22 de septiembre de 1975, Gerald Ford volvió a ser blanco de un intento de asesinato. Esta vez ocurrió en San Francisco. La atacante fue Sara Jane Moore, una mujer que llevaba un revólver calibre .38 y disparó contra el presidente cuando salía del St. Francis Hotel, pero el tiro no alcanzó al mandatario.

Un hombre que se encontraba entre la multitud, Oliver Sipple, reaccionó al advertir el arma y logró desviar el brazo de Moore. Así, Ford salió nuevamente ileso. En menos de tres semanas sobrevivió a dos intentos homicidas. La coincidencia hizo que la seguridad presidencial comenzara a ser revisada y que las apariciones públicas fueran controladas con mayor atención.

Fromme pasó los siguientes años tras las rejas. En 1979 la trasladaron después de atacar a otra presa con un martillo. Fue a parar a la prisión federal de mujeres de Alderson, en Virginia Occidental. Durante un tiempo rechazó la posibilidad de presentarse ante una junta de libertad condicional. Su fidelidad a Manson tampoco desapareció completamente.

En diciembre de 1987 ocurrió otro episodio extraordinario. Logró escapar cuando ya tenía 39 años. La fuga provocó una búsqueda que involucró a autoridades federales, estatales y locales. Permaneció aproximadamente 40 horas fuera de la prisión hasta que fue localizada el día de Navidad, a unos pocos kilómetros del lugar. La explicación que manejaron las autoridades estaba relacionada con un rumor: Fromme habría escuchado que Manson padecía cáncer y quería acercarse a él.

Fue capturada y posteriormente condenada por la fuga, lo que terminó ampliando la pena y agregando tiempo a su permanencia en prisión. Así las cosas, pareció que terminaría muriendo tras las rejas. Pero en 2008 obtuvo la libertad condicional, aunque se retrasó porque todavía debía cumplir la pena adicional derivada de su fuga. El 14 de agosto de 2009, a los 60 años, logró abandonar el Federal Medical Center Carswell, en Fort Worth, Texas, luego de casi 34 años desde aquella mañana en Sacramento.

Su salida no produjo el mismo impacto que su arresto. No hubo multitudes ni cámaras siguiendo sus movimientos durante días. El país había cambiado. La Familia Manson pertenecía a otra época. Charles, su siniestro líder, estaba preso y moriría en 2017. Con el paso del tiempo, Lynette “Squeaky” Fromme quedó asociada inevitablemente a aquella imagen de septiembre de 1975, cuando la historia pudo haber terminado de manera trágica, como tantas otras veces.

La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), este 4 de septiembre de 2026 en Ocaña, Norte de Santander. El hombre es señalado de participar en la planeación de un atentado contra el presidente Abelardo de la Espriella.

Según la información divulgada por el jefe de Estado, el detenido sería especialista en acciones de francotirador. La operación estuvo a cargo de unidades de Inteligencia y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Operación Esparta.

“¡Capturado el francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí“, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

De la misma manera, el primer dignatario sostuvo que el ahora procesado también es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, además de “participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra fuerza pública”.

La información oficial indicó que “Firu” tiene una orden de captura por homicidio agravado en persona protegida, así como por tráfico y porte de armas de fuego.

El presidente De la Espriella envió un mensaje al ELN para garantizar que continuarán operativos intensivos en su contra. “No les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, concluyó.

Estados Unidos alertó por posible aumento de ataques con drones del ELN en Cesar

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por el alto riesgo de nuevos ataques con drones cargados con explosivos en el departamento del Cesar, atribuidos principalmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Departamento de Estado indicó que durante el 2026 se han producido varios atentados contra subestaciones policiales, instalaciones militares y posiciones de la fuerza pública. La advertencia señala que las estructuras armadas podrían ejecutar nuevas acciones con poco o ningún aviso.

La alerta se conoció días después de que el Gobierno colombiano anunció un plan de choque para enfrentar los ataques y el despliegue de sistemas antidrones en varios municipios del departamento. El 28 de agosto, se realizó un consejo de seguridad extraordinario y anunció medidas para reforzar la respuesta frente a los ataques atribuidos a grupos armados ilegales.

El Ejecutivo informó que instalará sistemas de protección antidrones en El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pelaya y Valledupar. También ordenó fortalecer la protección del oleoducto y de otras infraestructuras estratégicas de la región.

Entre los hechos citados por la diplomacia estadounidense está el ataque de julio contra la subestación de Policía de El Burro, en el municipio de Pailitas, donde cinco uniformados resultaron heridos.

En agosto hubo otra incursión con drones en sectores de Curumaní y San Roque, que dejó un policía muerto. A finales de ese mismo mes, nuevos ataques en el sur del Cesar dejaron varios soldados lesionados.

Según la alerta, los blancos potenciales incluyen edificios gubernamentales, estaciones de Policía y unidades militares. El Departamento de Estado norteamericano recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones cerca de esas instalaciones, evitar aglomeraciones y seguir la información de las autoridades y los medios locales.

El aviso también prevé posibles restricciones de desplazamiento para personal del Gobierno de Estados Unidos en algunas zonas del Cesar, según el escenario de seguridad.

La recomendación a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el departamento incluye mantener un perfil bajo, evitar confrontaciones con personas armadas y conservar cargados los teléfonos móviles para facilitar la comunicación ante cualquier emergencia.

Nueva York destinará USD 1 millón a la enseñanza del 11-S mediante visitas escolares, recorridos virtuales y capacitación docente en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum. El programa apunta a acercar la historia de los atentados a alumnos que no vivieron los ataques de 2001, a días del 25.º aniversario.

Según CBS News, miembros del Concejo Municipal anunciaron la inversión frente al Oculus, en el Bajo Manhattan. Los fondos cubrirán excursiones al museo —con especial atención en estudiantes de octavo grado—, contenidos virtuales para quienes no puedan asistir y formación profesional para maestros.

La iniciativa responde a un cambio generacional: los alumnos que hoy cursan en las escuelas de la ciudad conocen el 11-S a través de relatos, imágenes, videos y libros de historia, sin una memoria personal de aquella jornada.

Para los impulsores del plan, el desafío es ofrecerles herramientas que conecten esos materiales con las consecuencias humanas de los ataques.

El museo, los recorridos virtuales y los docentes

La maestra Vaughan Danvers, que participó del anuncio, sostuvo que explicar los atentados dentro del aula no siempre alcanza para transmitir su dimensión humana. En declaraciones a CBS News, afirmó que una visita al museo puede transformar una lección académica en un recuerdo perdurable.

Danvers contó que antiguos alumnos aún le hablan de esos recorridos y de lo que sintieron al conocer las historias de bomberos, trabajadores de recuperación y otras personas vinculadas de forma directa con la Zona Cero.

También destacó el valor de los recursos digitales para llegar a estudiantes de distintos puntos de la ciudad y del país.

Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del 9/11 Memorial & Museum, puso el foco en la cantidad de estadounidenses sin recuerdos propios de los atentados. Según indicó, unos 100 millones de estadounidenses no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordar lo ocurrido.

Hillman sostuvo que el museo puede conservar testimonios y documentos para las nuevas generaciones, además de recuperar las historias de solidaridad, valentía y compasión que surgieron después de los ataques. El programa prevé trasladar esos recursos al trabajo de los docentes y a las actividades escolares.

El 11 de septiembre será Día de Conmemoración y Servicio

La inversión educativa coincide con una nueva decisión de la Alcaldía: el alcalde Zohran Kwame Mamdani firmó dos órdenes ejecutivas vinculadas con el 25.º aniversario de los ataques. Una de ellas establece el 11 de septiembre como Día de Conmemoración y Servicio en toda Nueva York.

La medida contempla un momento de silencio por las personas asesinadas en los atentados y por quienes enfermaron en los años posteriores. Además, invita a las agencias municipales a organizar ceremonias, programas educativos y actividades en memoria de las víctimas, sus familias y los socorristas.

La Oficina del Alcalde trabajará con NYC Service para abrir oportunidades de voluntariado e impulsar la participación de las dependencias municipales.

Según la Alcaldía, el Estado y el gobierno federal ya cuentan con jornadas similares, pero es la primera vez que un alcalde de Nueva York formaliza una fecha de este tipo para la ciudad.

La segunda orden actualiza los planes de continuidad de operaciones del gobierno municipal, que no se revisaban desde 2007. Su objetivo es asegurar la prestación de servicios esenciales ante una emergencia en cualquiera de los cinco condados.

Los homenajes previstos en Brooklyn, Chinatown y St. Paul’s Chapel

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, remarcó que los estudiantes deben conocer tanto la pérdida de casi 3.000 vidas como la labor de los primeros respondedores y la solidaridad entre desconocidos. Menin recordó que vivía en Lower Manhattan cuando cayeron las Torres Gemelas y que su restaurante sufrió daños graves.

En Brooklyn, el miércoles se sumaron 36 nombres al muro conmemorativo del FDNY dedicado a personas fallecidas por enfermedades vinculadas al World Trade Center. La ceremonia se realizó como parte de las actividades previas al aniversario.

En Chinatown, integrantes de Ladder 6 se reunieron con familiares de Josephine Harris, una sobreviviente que fue evacuada de la Torre Norte por la escalera B. El encuentro recordó el trabajo de los bomberos durante la evacuación y el vínculo posterior con sobrevivientes y familiares.

En St. Paul’s Chapel, la iglesia que permaneció intacta durante los ataques, se exhibirán 2.977 grullas de papel dobladas a mano: una por cada persona asesinada el 11 de septiembre.

El uniforme de bombero de Colin McShane une dos generaciones marcadas por el 11 de septiembre de 2001. Tenía cuatro años y medio cuando su padre murió en los atentados. Hoy integra el Departamento de Bomberos de Nueva York, la institución a la que su padre había ingresado apenas 18 meses antes de morir en el atentado.

La historia de McShane integra un especial publicado por TIME a 25 años del 11-S, que reúne testimonios sobre las consecuencias personales y colectivas de los ataques. Entre los entrevistados hay familiares de víctimas, rescatistas, docentes, abogados y vecinos de las zonas alcanzadas.

McShane conserva recuerdos fragmentarios de aquella mañana: su madre retirándolo de la guardería junto a su hermano gemelo, la televisión encendida y el desconcierto de los adultos.

Con el tiempo, reconoció que la pérdida adquirió otro peso: “No es lo mismo que estar triste por extrañar a alguien cercano. Es más bien estar triste porque no se llegó a tener una relación cercana con esa persona”.

Un bombero siguió el camino de su padre en Nueva York

El padre de McShane había sido policía durante 12 años antes de sumarse al cuerpo de bomberos. Trabajaba en la Escalera 101, en Brooklyn, cerca del túnel del World Trade Center. Su hijo rindió el examen de ingreso a los 18 años y dejó la universidad dos años después para continuar el proceso de selección.

El actual bombero eligió trabajar en el Bronx para construir su carrera sin depender del reconocimiento ligado a su apellido. Cada 11 de septiembre asiste a misa en su estación y luego visita la unidad en la que había trabajado su padre.

En uno de esos homenajes, uno de los bomberos que acudieron al World Trade Center le relató cómo su equipo vio impactar el segundo avión antes de entrar al complejo.

McShane expresó a TIME que siente orgullo por la forma en que actuó su padre aquel día. “Estoy muy orgulloso de lo que hizo, y creo que es una forma admirable y honorable de morir”, afirmó.

Las secuelas sanitarias sumaron miles de reclamaciones

La conmemoración también pone el foco en quienes enfermaron después de la exposición a sustancias tóxicas en el sur de Manhattan, el Pentágono y Shanksville, en Pensilvania.

Allison Turkel, administradora especial del Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de Septiembre, sostuvo que el programa continuará vigente hasta 2090 y recibe más de 700 solicitudes nuevas cada mes.

Desde su reapertura en 2011, el organismo recibió más de 110.000 reclamaciones y desembolsó USD 18.500 millones en compensaciones, según explicó Turkel. El 63% de los solicitantes padecía cáncer y 6.100 reclamantes habían muerto por enfermedades vinculadas con la exposición, de acuerdo con los datos citados en el especial.

“La gente regresó a la zona de Nueva York y, como consecuencia, estuvieron expuestos a estas toxinas que los enfermaron”, señaló Turkel a TIME. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estimaron que más de 400.000 personas pudieron haber estado expuestas solo en Nueva York.

Este año, el Museo y Memorial del 11-S en Nueva York añadirá un séptimo minuto de silencio a su ceremonia anual, dedicado a recordar a quienes enfermaron debido a la exposición tras los atentados. Hasta ahora, el acto contemplaba seis minutos de silencio, vinculados a los impactos de los aviones y al colapso de las Torres Gemelas.

Marc Rivera, pastor de la Iglesia Primitiva, situada cerca de las antiguas Torres Gemelas, abrió el templo para recibir a personas que escapaban cubiertas de ceniza. Años después, su hijo Tim recibió un diagnóstico de cáncer colorrectal en estadio IV y murió tras tres años de tratamiento. Rivera vinculó la enfermedad con el tiempo que su familia vivió en el área afectada.

El impacto alcanzó a quienes nacieron después de los atentados

Para varias personas entrevistadas por TIME, el 11-S definió vocaciones surgidas años más tarde. Kelsey Griffin, estudiante de aviación, obtuvo una beca de la Fundación LeRoy W. Homer Jr., creada en memoria del copiloto afroamericano de United Airlines que murió en el vuelo 93.

Griffin no había nacido cuando ocurrieron los ataques. Su vínculo con ese día surgió a través de documentales, relatos familiares y el legado de Homer.

Tras obtener su licencia de piloto privado y de piloto de drones, continuó su formación en la Universidad Estatal de Middle Georgia. “Saber que represento su legado me motiva a esforzarme más, a volar con integridad y a nunca dar por sentadas las oportunidades”, sostuvo.

La docente Sari Beth Rosenberg, que tenía 26 años durante los ataques, recordó que sus alumnos actuales conocen el hecho como un capítulo histórico.

En sus clases, busca relacionar el 11-S con las decisiones posteriores de Estados Unidos en Afganistán e Irak y con la creación del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Necesitamos encontrar maneras de abarcar la historia más reciente”, afirmó Rosenberg. La profesora explicó que los programas escolares suelen llegar con dificultad al período comprendido entre 1980 y la actualidad.

En abril pasado, la Sala II hizo lugar al recurso de queja de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, y resolvió analizar si el intento de asesinato de la exvicepresidenta debe encuadrarse dentro de una modalidad de violencia de género.

En su presentación, Labozzetta había cuestionado el razonamiento del tribunal del juicio, que sostuvo que no se probó una “animosidad individual” del imputado hacia el género femenino. La fiscal indicó que esa mirada desconoce el carácter estructural de la violencia de género y la modalidad de violencia política receptada en la Ley 26.485, de protección integral de las mujeres.

Así las cosas, si Casación se inclina por aplicar la perspectiva de género al ataque contra una figura pública femenina como Cristina Kirchner, el paso siguiente será evaluar una nueva pena por ese delito. En esa hipótesis, la nueva sentencia podría ser dictada directamente por la Cámara o las actuaciones podrían volver al TOF 6 para que evalúe un nuevo veredicto.

Los Copitos

El apodo de “Los Copitos” fue el que los investigadores aplicaron al grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar que quedó involucrado en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. De todos ellos, llegaron al juicio oral Fernando Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y quien fue identificado como su jefe en el emprendimiento, Gabriel Nicolás Carrizo.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio. Esta pena se unificó con una condena previa por material de explotación sexual infantil, lo que elevó a 14 años el tiempo que deberá permanecer privado de su libertad. Para Brenda Uliarte dispuso 8 años y 2 meses de prisión por ser partícipe necesaria del ataque. En tanto, Carrizo resultó absuelto.

A cuatro años de los hechos, Sabag Montiel está detenido desde el primer día en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras que su expareja, Brenda Uliarte, se encuentra en la Unidad 7 de Mujeres, en la misma localidad.

En el tiempo que llevan cumpliendo sus condenas, dictadas por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, ninguno de los dos planteó recurso alguno para morigerar su cumplimiento.

Por su parte, Gabriel Nicolás Carrizo actualmente se dedica a vender ropa, mientras prepara con sus abogados una demanda contra el Estado. Decidió reclamar por los dos años y 11 meses que estuvo preso hasta que recuperó la libertad, luego de que la fiscalía y la querella retiraran sus acusaciones.

Los hechos

El ataque contra Cristina Kirchner se produjo el 1 de septiembre de 2022, en la puerta de su domicilio en Recoleta, antes de que se mudara a San José 1111, donde ahora cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a 20 centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta mientras ella saludaba a los militantes. El agresor fue reducido por un grupo de civiles que advirtió la maniobra.

Durante el juicio, Sabag declaró que “el hecho no se consumó, por motivos ajenos a su voluntad, ya que, pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió y, cuando se disponía a cargar nuevamente, fue interceptado por la multitud”.

Por su parte, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmó que “el arma estaba apta para el disparo, le pertenecía y sabía cómo disparar con ella”.

En cuanto a los planteos de la exmandataria para que se averigüe quiénes podrían haber sido los supuestos autores intelectuales del atentado, sus abogados reclamaron que se avance sobre la denominada pista Milman, vinculada al diputado Gerardo Milman.

Esa línea de investigación fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien consideró que no existe evidencia que vincule al diputado nacional con el ataque.

Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal llevaron el planteo hasta la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente rechazó por inadmisible el recurso extraordinario. Como última instancia, acudieron a la Corte Suprema mediante una queja, que ya fue presentada y se encuentra a la espera de una respuesta del máximo tribunal.

La pista Milman se basa en una denuncia del exdiputado por la provincia de Santa Fe Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado en el bar Casablanca, dos días antes del ataque contra Cristina Kirchner, cómo el diputado Gerardo Milman les decía a sus colaboradoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

Los hechos se registraron el 24 de agosto de 2026 cuando dos hombres armados dispararon contra el automóvil de la dirigente social mientras descendía del puente Minuto de Dios. Según la denuncia, los impactos de bala perforaron la parte posterior del carro y se dirigieron al lugar donde instantes previos viajaba la excandidata antes de cambiar de asiento dentro del automotor.

Luego de la agresión, la dirigente política solicitó ayuda inmediata a la Policía Nacional para trasladarse a un punto seguro de la ciudad. Las autoridades atendieron el llamado en la estación de servicio Primero de Mayo, donde le prestaron las primeras labores de acompañamiento y protección.

Durante su intervención presencial en el Capitolio Nacional, Barros relacionó el ataque armado con la labor de veeduría y las constantes denuncias que realiza frente a la gestión presupuestal y administrativa en la capital del departamento del Magdalena.

Dos hombres armados dispararon contra el vehículo donde se movilizaba Naylea Barros

En su declaración ante los legisladores, la dirigente de izquierda rechazó la escalada de violencia en el debate público local: “Sobreviví a un atentado a bala en mi contra y en contra de una familiar con la que me trasladaba en mi carro particular. Esto es supremamente difícil para mí, porque ese discurso de destripar, de acabar al que piensa diferente, está escalando y no solamente ha llegado a mí. Puede llegar a cualquiera de ustedes”.

Barros sostuvo que no tiene conflictos de carácter personal, problemas económicos ni vínculos con estructuras delictivas que expliquen el origen de las agresiones en su contra.

Asimismo, responsabilizó a los sectores políticos tradicionales de Santa Marta de promover ataques dirigidos a silenciar a la oposición y a los líderes sociales de la región.

“Mi ciudad ha sido saqueada por la clase tradicional y política de la ciudad de Santa Marta, algunos vinculados con temas de parapolítica y con grupos armados. Hemos denunciado que las familias de Santa Marta sufren la falta de recolección de los residuos sólidos y vivimos entre basuras”, señaló la joven en el recinto legislativo.

De igual manera, Naylea Barros señaló: “También hemos denunciado que la Fiesta del Mar de este año costó casi 11.300 millones de pesos, entregada a una fundación que no fortalece a los gestores culturales”.

La excandidata criticó la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades locales tras el suceso. Señaló que la administración municipal evitó emitir pronunciamientos de respaldo a su situación de seguridad y se limitó a publicar comunicados institucionales sobre la convocatoria a consejos de seguridad generales.

“¿Qué garantías tengo de oposición en la ciudad de Santa Marta, cuando el alcalde ni siquiera se pronunció con un mensaje de solidaridad ante lo que me pasó?”, cuestionó la lideresa del Magdalena.

Y añadió a su cuestionamiento: “Que sacaron un comunicado escueto de la página de la Alcaldía justificándose y diciendo que iban a hacer un consejo de seguridad con otros temas sin ni siquiera enviar un mensaje hacia lo que me ocurrió. ¿Qué garantías tengo yo?”.

Naylea Barros anunció que continuará en la actividad política

Paralelo a este episodio, Barros indicó que previamente ha recibido amenazas consecutivas a través de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Las intimidaciones incluyen llamados explícitos para que suspenda sus actividades públicas, procesos comunitarios y debates sobre la gestión de las empresas de servicios públicos de la ciudad.

Tras conocerse el caso, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó la acción violenta y confirmó contactos con la comandancia de la Policía de Santa Marta con el objetivo de iniciar las investigaciones de rigor. El mandatario señaló que se asignarán los esquemas de protección requeridos para garantizar la integridad de Barros mientras avanzan las pesquisas judiciales.

Pese a los riesgos expresados en el recinto legislativo, la excandidata manifestó que mantendrá sus actividades políticas y su trabajo como gestora cultural en el departamento.

“No vamos a retroceder. La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar a quienes ejercemos la oposición y defendemos ideas distintas. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al alcalde de Santa Marta para que de una vez por todas tome las riendas de la ciudad”, concluyó la vocera política.

Una agresión con explosivos contra fuerzas de seguridad obligó al cierre de la carretera federal 54 la mañana de este jueves en la comunidad San Luis de Cusquite, ceca del municpuio de Tabasco en el estado de Zacatecas, mientras corporaciones estatales y federales mantenían un operativo en la región de Jalpa y los cañones de Juchipila y Tlaltenango. El ataque dejó a dos policías estatales con heridas leves y activó la intervención de personal especializado del Ejército Mexicano para localizar, desactivar y retirar artefactos que seguían en la vía.

El secretario de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza informó que detonaron dos artefactos explosivos y precisó que los agentes lesionados ya recibían atención médica. La agresión ocurrió cuando las corporaciones se dirigían a la cabecera municipal de Jalpa, donde desde la mañana se desarrollaba un despliegue de seguridad.

El cierre de la carretera se mantuvo como medida preventiva porque en la zona fueron detectados explosivos sin detonar. La decisión buscó evitar que automovilistas quedaran expuestos mientras continuaban las labores de revisión y aseguramiento del tramo.

El ataque ocurrió en medio de un operativo que había comenzado desde la madrugada

El gobernador David Monreal Ávila sostuvo que los hechos no correspondieron a un enfrentamiento, como se manejó de forma preliminar, sino a una reacción de grupos delincuenciales para frenar las acciones de seguridad iniciadas desde la madrugada. También confirmó que el operativo seguía activo en la región.

El mandatario señaló que el uso de explosivos formó parte de la respuesta de esas células ante labores de inteligencia, aseguramientos recientes y la presencia de fuerzas de seguridad en los dos cañones. En su explicación, ubicó estas acciones dentro de la estrategia de pacificación desplegada en esa zona del estado.

Monreal detalló que en la carretera todavía había dispositivos sin detonar y advirtió que el objetivo del cierre era impedir daños mayores y evitar personas lastimadas. Añadió que el personal militar especializado ya trabajaba directamente en el sitio para desactivar y retirar cada artefacto localizado.

Aunque en un primer momento se habló de ausencia de daños físicos, el reporte oficial posterior del secretario de Gobierno confirmó que sí hubo dos elementos lesionados, ambos con afectaciones leves. El saldo material, según lo informado por las autoridades, incluyó daños en el lugar del ataque.

El gobierno pidió a la población no acercarse a la zona

A través de sus canales oficiales, el gobierno municipal de Tabasco recomendó a los automovilistas evitar transitar por esa vía hasta nuevo aviso y seguir las indicaciones de las autoridades competentes. También pidió a la población mantener la calma, resguardarse y no acercarse al área intervenida.

La advertencia respondió a un riesgo concreto: la presencia de explosivos que no habían detonado. Mientras no se descartara por completo ese peligro, la circulación quedó suspendida y el acceso permaneció restringido.

El gobernador indicó que la vialidad podría ser liberada una vez que el personal especializado concluyera la revisión y confirmara que ya no existían artefactos activos en el tramo. Hasta ese momento, la prioridad se concentró en asegurar la zona y evitar afectaciones a civiles.

Monreal también remarcó la coordinación entre corporaciones estatales y federales durante las acciones desplegadas en la región. Mencionó de forma específica al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, instancias que participaban en el operativo.

Las autoridades vincularon estos hechos con los aseguramientos realizados en días recientes y con los trabajos de inteligencia que se habían reforzado en esa parte del estado. Bajo esa lectura, la colocación de explosivos sobre la carretera habría buscado frenar el avance de los cuerpos de seguridad hacia la cabecera municipal de Jalpa.

El propio gobernador adelantó que durante este jueves se ampliaría la información sobre los resultados obtenidos en las acciones desarrolladas desde la madrugada. Hasta el momento de su declaración, lo confirmado era la detonación de dos artefactos, la existencia de otros dispositivos sin explotar, el cierre de la carretera y la atención médica a dos policías estatales.

• El ataque con explosivos ocurrió en la carretera federal 54, en San Luis de Cusquite, cuando corporaciones de seguridad se dirigían a Jalpa.
• La agresión dejó dos policías estatales con heridas leves y obligó al cierre de la vía por la presencia de artefactos sin detonar.
• El gobernador David Monreal Ávila afirmó que no fue un enfrentamiento, sino una reacción de grupos delincuenciales ante operativos y aseguramientos recientes.

El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed por los atentados del 11 de septiembre ya tiene fecha definitiva: el 5 de junio de 2028. El magistrado militar, el teniente coronel Michael Schrama, dictó la orden el pasado miércoles en la base de Guantánamo, Cuba, tras rechazar la propuesta de la fiscalía de iniciarlo en enero de 2027, según reportó NBC News.

Este proceso judicial se encamina a juzgar al autoproclamado “cerebro” de la masacre, un hombre que ha permanecido bajo custodia estadounidense desde 2003 y en la base naval desde 2006, tal como consigna ABC News. La resolución busca cerrar un ciclo de impunidad tras un cuarto de siglo de disputas sobre las torturas infligidas por la CIA y las garantías procesales de los acusados.

Quién es Khalid Sheikh Mohammed y cuál es su rol en el 11-S

El acusado, un ingeniero educado en Estados Unidos, es el eje central de este proceso. Según los documentos judiciales citados por la BBC, el detenido confesó haber concebido la idea de entrenar pilotos para estrellar aviones comerciales contra edificios emblemáticos y haber presentado el plan a Osama Bin Laden.

La fiscalía lo acusa de orquestar la operación de principio a fin. El plan resultó en la muerte de 2.976 personas tras impactar las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania, conforme detalló ABC News.

Qué sucedió con el acuerdo de culpabilidad

El juicio llega tras una saga legal fallida que intentó evitar un proceso largo. En julio de 2024, Mohammed y dos cómplices firmaron un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte a cambio de cadena perpetua.

No obstante, el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, revocó el trato días después bajo el argumento de que una decisión de tal magnitud debía recaer en él como autoridad superior, según publicó ABC News. La medida fue respaldada por un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., que ratificó la autoridad de Austin para bloquear el pacto, de acuerdo con The Guardian.

Por qué demora el proceso judicial

Entre las principales causas de que el proceso se extienda por más de una década está la controversia sobre las pruebas obtenidas bajo coacción. Los abogados defensores sostienen que el proceso está viciado por las técnicas de interrogatorio aplicadas en prisiones secretas de la CIA.

Un informe del Senado estadounidense de 2014, citado por NBC News, confirmó que Mohammed fue sometido a ahogamientos simulados en 183 ocasiones. The Guardian agrega que el uso de estas prácticas, sumado al aislamiento y abuso, provocó que otro implicado, Ramzi bin al-Shibh, fuera declarado mentalmente incompetente debido a un trastorno de estrés postraumático, por lo que su caso fue separado del principal.

Quiénes son los otros acusados del 11 de septiembre

Junto a Mohammed, otros tres hombres enfrentarán el tribunal en 2028: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed al-Hawsawi. Según The Guardian, Attash es señalado por operar un campo de entrenamiento en Afganistán, mientras que Ali ayudó a financiar la operación y a inscribir a los secuestradores en escuelas de vuelo.

Por su parte, se lo acusa a Al-Hawsawi de proveer efectivo, tarjetas de crédito y vestimenta para los ejecutores del ataque. La fiscalía busca aplicar la pena capital a todos los acusados, en uno de los casos penales más complejos de la historia.

Contexto de Guantánamo y las comisiones militares

El juicio se desarrolla bajo el sistema de comisiones militares, un esquema instaurado tras los ataques que enfrenta constantes desafíos legales. El juez Schrama es el quinto magistrado asignado al caso desde la primera lectura de cargos en 2012, informó The Guardian.

El magistrado calificó la actual orden procesal como “el andamiaje general” necesario para resolver las mociones sobre la admisibilidad de pruebas y el cumplimiento de las normas. Este paso resulta indispensable para llegar al juicio sobre los méritos, según la BBC.

Impacto internacional y futuro del caso

La búsqueda de justicia mantiene dividida a la opinión pública y a las familias de las víctimas. Terry Strada, líder de 9/11 Families United, manifiesta que los familiares están dispuestos a esperar el tiempo necesario para que “el castigo se ajuste al crimen”, y exigen la pena de muerte, de acuerdo con The Guardian.

Este proceso es considerado por el gobierno estadounidense como “el juicio por el acto criminal más grave en suelo americano en la historia moderna”. La resolución final no solo cerrará un capítulo de 25 años para los afectados, sino que definirá el legado de la política antiterrorista y el estándar de justicia internacional ante crímenes de guerra.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el atentado denunciado por Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, compromete garantías básicas para el ejercicio de la oposición política en Colombia y pidió que el caso sea investigado por su posible vínculo con su actividad periodística, social y política.

El pronunciamiento, fechado en Bogotá este 26 de agosto de 2026, se origina en un hecho ocurrido en Santa Marta el lunes 24 de agosto, cuando hombres no identificados habrían disparado contra el vehículo en el que Barros se movilizaba junto a una familiar.

Según la denuncia pública de Barros, el ataque ocurrió después de más de tres meses de amenazas e intimidaciones contra ella y personas de su entorno. La Defensoría considera que esta secuencia obliga a establecer si la agresión se relaciona con su papel público o constituye un caso de violencia contra las mujeres en la política.

En su comunicado, la Defensoría afirmó que “proteger a quienes ejercen la oposición es una garantía esencial para la democracia” y señaló que hechos de esa naturaleza son incompatibles con las condiciones que deben rodear la participación y la oposición política en un sistema democrático.

El organismo solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes investigar “con celeridad” las circunstancias y motivaciones del atentado, con tres objetivos precisos: identificar a los responsables, establecer los móviles y definir si existe relación entre el hecho y la actividad política de Barros. Además, pidió determinar si los hechos “constituyen una manifestación de violencia contra las mujeres en la política”.

El comunicado expresó preocupación porque el atentado se haya producido contra una mujer con liderazgo político y representación opositora. La Defensoría sostuvo que la violencia contra las mujeres en la política restringe su participación y afecta los espacios democráticos para el ejercicio de sus derechos políticos, por lo que reclamó la aplicación de la presunción de riesgo extraordinario de género prevista en la Ley 2453 de 2025.

Dirigió este pedido de manera expresa al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, exhortando a evaluar de manera urgente el nivel de riesgo y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Barros. La protección, añadió, debe aplicarse con enfoque diferencial y de género.

La Defensoría puso el atentado en una dimensión institucional más amplia, al sostener que toda agresión o amenaza contra quienes participan en la vida política afecta principios esenciales de la democracia, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el pluralismo político. Recordó que la Constitución reconoce el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y que el Estatuto de la Oposición otorga a la oposición política un estatus de derecho fundamental bajo especial protección.

El comunicado instó a las autoridades nacionales y territoriales a garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro de la oposición, la participación ciudadana y el pluralismo político, subrayando que el debate de ideas, el disenso y la existencia de alternativas políticas son esenciales para una democracia pluralista.

La Defensoría también tomó nota del anuncio presidencial de solicitar el esclarecimiento de lo ocurrido y disponer medidas de protección mientras avanzan las investigaciones, aunque recordó que corresponde a las autoridades competentes determinar las circunstancias, móviles y responsables del atentado.

El organismo cerró su pronunciamiento con una definición sobre el deber estatal: “Ninguna persona debe ser amenazada o víctima de violencia por sus opiniones, convicciones o actividad política”, exigiendo garantías de libertad, seguridad y respeto de derechos para quienes ejercen la oposición.

El caso de Naylea Barros se suma a las preocupaciones sobre la protección de líderes sociales y figuras de la oposición en Colombia. El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo destaca la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales para salvaguardar la integridad de quienes participan en la vida política y garantizar que la violencia no limite el ejercicio de derechos fundamentales ni el desarrollo de una democracia pluralista.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Pablo Antonio Ceferino Dahua a seis años de prisión por haber detonado un artefacto explosivo frente a un local partidario de La Cámpora en esa ciudad, en la madrugada del 25 de mayo de 2021.

En el marco de un juicio abreviado, el hombre de 50 años aceptó su responsabilidad en los hechos y admitió haber liderado durante más de tres años una asociación ilícita “destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor”.

Además del cargo por integrar la asociación ilícita, Dahua fue hallado responsable del delito de explosión con peligro común para los bienes —con riesgo de muerte para alguna persona— y de dos hechos de fabricación o tenencia de materiales explosivos. El tribunal le fijó también una inhabilitación especial de diez años para obtener la licencia de legítimo usuario y cualquier tipo de habilitación vinculada a la ley nacional de armas.

Un segundo integrante de la agrupación, Francisco Rosales, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional como coautor del delito de tomar parte en una organización ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor y por haber llevado adelante actos discriminatorios.

Entre las reglas de conducta que el tribunal le impuso figura la donación de 500 mil pesos en favor de alguna institución de bien público o programa de esa índole de la comunidad judía, además de la obligación de abstenerse de utilizar armas de fuego.

El hecho que originó la causa ocurrió en las primeras horas del 25 de mayo de 2021, cuando un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en el exterior del local conocido como “Ateneo Néstor Kirchner” ubicado en la esquina de las calles Berutti y Donado, al sur de la provincia de Buenos Aires.

Según el informe de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad, al que Infobae tuvo acceso en ese momento, el artefacto fue activado por control remoto y contaba con “el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros”. Entre los escombros quedaron panfletos con descalificaciones dirigidas a políticos, sindicalistas, periodistas y jueces, y amenazas explícitas contra varios sectores.

El volante hallado junto a los escombros llevaba una advertencia directa: “Ahora a cuidarse traidores sabemos donde viven. HARTOS!!! DE TODOS USTEDES”. La detonación, que sacudió el vecindario pasadas las 2:55 de la madrugada, despertó a los residentes del barrio.

La explosión provocó que se rompiera una ventana del lugar, la reja que la resguardaba y la persiana metálica del espacio partidario. La mayor parte de los destrozos afectó los cristales y vidrios dentro de un área de aproximadamente 15 metros de radio, sobre todo en propiedades ubicadas en esa calle y en ciertos departamentos.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a este medio que en los resultados iniciales de las pericias se determinó que el artefacto detonado a la distancia estaba confeccionado con un tubo de aluminio. “No era ningunos improvisados”, fue el análisis que compartieron.

“Este ataque es un hecho de gravedad institucional que pone en evidencia hasta dónde pueden llegar los discursos de odio que incitan y avalan este tipo de conductas, contrarias a toda convivencia democrática”, señaló en aquel momento La Cámpora mediante un comunicado desde las redes sociales.

En pararlelo la Justicia federal investigaba otro sobre el cual encotró algunas coincidencias con el primero de los casos. El ataque a la Asociación Israelita de Bahía Blanca, que fue vandalizada con pintadas que decían “los vamos a matar, ratas judías”.

La competencia quedó finalmente en manos de la justicia federal. Dahua se encontraba detenido al momento de la condena en el marco de otra causa por homicidio que tramita en la justicia penal bonaerense. Su aceptación de responsabilidad en el juicio abreviado abarcó tanto el ataque explosivo del 25 de mayo como su rol de líder en la asociación ilícita durante más de tres años, período en el que la agrupación cometió diversos actos discriminatorios.

El tribunal actuó de manera unipersonal bajo la conducción del juez federal Ernesto Sebastián. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Gabriel González Da Silva y el auxiliar fiscal Juan Pablo Ghidini. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó en la causa como querellante.

A través de un comunicado, la periodista informó que resultó ilesa y precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p. m., cuando se desplazaba en compañía de su prima, quien ocupaba el asiento del copiloto.

“El día de ayer, 24 de agosto, fui victima de un atentado a bala mientras me desplazaba en mi vehículo particular por la ciudad de Santa Marta. Afortunadamente, y por la gracia de Dios, resulté ilesa. El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche, cuando me dirigía hacia el barrio Bavaria en compañía de mi prima, quien iba en el asiento del copiloto, con el propósito de comprar comida. Minutos antes había dejado a mis padres en su casa y posteriormente continué el recorrido con mi prima”, indicó.

Naylea Barros señaló que dos sujetos dispararon contra el vehículo y precisó que los disparos impactaron el vidrio trasero del lado izquierdo, donde ella se encontraba antes de dejar a sus padres y cambiar de asiento.

“Cuando nos encontrábamos descendiendo del puente del Minuto de Dios, sujetos desconocidos realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra el vehículo. Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde yo había estado minutos antes, antes de dejar a mis padres y cambiar de posición dentro del vehículo”, indicó.+

Relató que, al escuchar los disparos y observar los impactos de bala en el vehículo, decidieron abandonar el lugar a toda velocidad y contactar a la Policía Nacional. Según la excandidata a la Cámara de Representantes, estos hechos ocurren en medio de un “hostigamiento” que enfrenta desde hace tres meses.

“Este hecho se suma a un contexto de hostigamiento que llevo enfrentando desde hace más de tres meses, a través de mensajes amenazantes e insultantes recibidos en mis redes sociales y WhatsApp, enviados desde cuentas que posteriormente desaparecen. Asimismo, he sido objeto de intimidaciones dirigidas a personas cercanas, incluyendo llamados para que me abstenga de continuar con procesos políticos y sociales en los que participo”, indicó.

Por ese motivo, expresó su rechazo a “este acto de violencia” y aseguró que atentar contra la vida de una mujer forma parte de un clima de “desprestigio mediático y político” que, según ella, se ha normalizado.

“Rechazo de manera categórica este acto de violencia. Atentar contra la vida de una mujer que ha decidido ejercer la política y el activismo no es un hecho aislado, forma parte de un clima en el que se ha normalizado el destripamiento mediático y político de quienes pensamos diferente, se ha promovido el discurso de que debemos desaparecer por consideramos una amenaza, y se han alimentado miedos y fantasías ideológicas que terminan justificando la exclusión y la agresión”, indicó.

Naylea Muñoz le solicitó a las autoridades competentes, especialmente a la Policía Nacional y la Fiscalía realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos.

“Como progresista, no permitiré que se violenten los derechos de quienes pensamos distinto y hacemos activismo, comenzando por el más fundamental de todos: el derecho a la vida. Exijo a las autoridades competentes, en particular a la Policía Nacional y a la Fiscalia, una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y la garantía inmediata de mi seguridad y la de mi familia”, aseveró.

Y agregó: “Hago un llamado a la sociedad y a quienes, de manera consciente o inconsciente, han contribuido a sembrar odio y estigmatización hacia mi: la palabra también tiene consecuencias. Cuando se normaliza el lenguaje de la eliminación del otro, se abre la puerta a hechos como el ocurrido ayer”.

La excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico indicó que seguirá con sus labores periodísticas, políticas y sociales.

“Continuaré con mi labor periodística, política y social. Mi compromiso con la gente del Magdalena y de Santa Marta, permanece intacto”, puntualizó.

Por este hecho, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X. En su mensaje, cuestionó el atentado y criticó al presidente Abelardo de la Espriella.

“Atentado contra Naylea, que fue candidata a la cámara por el Pacto Histórico en Santa Marta. ¿Quién dijo que había que destripar? No fue el actual presidente de la república de Colombia? (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Nueva York logró identificar por primera vez a una víctima de los atentados del 11 de septiembre mediante genealogía genética forense, un método que combina análisis de ADN con reconstrucción de árboles familiares. La confirmación marcó un nuevo avance, a casi 25 años del ataque contra las Torres Gemelas.

La víctima identificada era una mujer adulta. Su familia pidió que su nombre no se difundiera en público. La información fue publicada por ABC News, que citó a la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York y a la Policía local.

Con esta identificación, el número de víctimas formalmente reconocidas por las autoridades llegó a 1.654. En total, el atentado dejó cerca de 3.000 muertos.

Un método que no existía en 2001

“Estoy encantado de poder decir que aplicamos nuevos métodos a los esfuerzos de identificación del World Trade Center y que tenemos una nueva identificación por primera vez en 25 años con estas nuevas técnicas, la genealogía genética forense”, dijo el médico forense jefe de Nueva York, Jason Graham, en declaraciones recogidas por ABC News.

El detective Gregory Paduano explicó que, cuando ocurrieron los ataques, esta tecnología todavía no existía y señaló que su uso abre nuevas posibilidades para identificar a otras víctimas.

La antropóloga forense Jennifer Odien, integrante de la oficina del médico forense, detalló que, si bien la técnica muestra señales alentadoras, no puede aplicarse de manera automática a todos los casos. La especialista indicó que el trabajo actual se concentra en perfiles de ADN que no coinciden con las muestras de referencia entregadas por familiares.

La especialista indicó que hay 47 perfiles que podrían resultar aptos para nuevas identificaciones por esta vía. Ese número representa una porción menor dentro del total de víctimas que todavía no pudieron ser reconocidas de forma oficial.

Qué puede aportar la genealogía genética forense

La genealogía genética forense ya fue utilizada en otros casos de larga data en Estados Unidos, sobre todo en investigaciones criminales y en expedientes de personas no identificadas. Ahora, las autoridades comenzaron a aplicarla a restos vinculados al atentado contra el World Trade Center.

La antropóloga forense Jennifer Odien, integrante de la oficina del médico forense, explicó a ABC News que la técnica muestra señales alentadoras, aunque no puede aplicarse de manera automática a todos los casos. La especialista indicó que el trabajo actual se concentra en perfiles de ADN que no coinciden con las muestras de referencia entregadas por familiares.

La especialista detalló que hay 47 perfiles que podrían resultar aptos para nuevas identificaciones por esta vía. Ese número representa una porción menor dentro del total de víctimas que todavía no pudieron ser reconocidas de forma oficial.

Una tarea abierta casi 25 años después

Aún quedan casi 1.100 víctimas sin identificar, lo que equivale a cerca del 40% del total de personas que murieron en el ataque. Esa cifra mantiene vigente uno de los procesos de identificación forense más complejos de la historia de Estados Unidos.

Graham aseguró a ABC News que el atentado contra el World Trade Center constituyó “el mayor asesinato masivo en la historia de Estados Unidos”.

El médico forense agregó que sumar innovaciones científicas a esa tarea permite sostener el compromiso asumido con las familias de las víctimas.

El Ministerio Público avanza en la investigación del atentado armado contra Nadia Beller, ocurrido la noche del 17 de agosto, con nuevas declaraciones tomadas en dependencias policiales y diversas líneas de pesquisa en desarrollo. La abogada fue dada de alta el sábado y contará con “medidas de protección”, según detalló la fiscal Yolanda Aguilera.

La investigadora informó además que la víctima deberá prestar “una declaración ampliatoria” cuando su estado de salud lo permita, ya que “ya se le tomó una declaración inicialmente con presencia de psicólogo”. La salida de la Clínica Las Américas, tras cinco días de internación por las heridas sufridas en el atentado, estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad. La víctima abandonó el centro médico en silla de ruedas y bajo custodia policial.

“Mi vida sigue en riesgo”, advirtió Beller al dejar el centro médico el sábado, reafirmando su temor ante la posibilidad de nuevos ataques. La joven había sido alcanzada por tres proyectiles durante el ataque, lo que derivó en su hospitalización y la aplicación de un protocolo especial de protección.

En relación a las pesquisas del intento de asesinato, una persona se presentó por voluntad propia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, mientras que otra fue aprehendida por un presunto delito vinculado a la tenencia ilícita de armas. “Hay personas a quienes se ha conducido a dependencias policiales para tomarles declaración, para indagar sobre los presuntos autores materiales”, explicó Aguilera, y aclaró que aún “no tenemos aprehendidos directos por el caso de Nadia Beller”.

Hasta ahora, la investigación no logró establecer un vínculo directo entre los detenidos y el atentado, aunque persisten las indagaciones para esclarecer su posible participación. Entre los avances recientes, se supo que uno de los investigados, identificado como Víctor Hugo C. Z., de nacionalidad colombiana, decidió presentarse ante la autoridad tras conocer que era señalado como uno de los posibles autores materiales.

La fiscal fue enfática: “Sobre esa persona no podemos decir si es el autor material o no. Entonces primero vamos a indagar, vamos a tomar una entrevista y veremos qué información tiene”. El ciudadano negó reiteradamente haber participado en el ataque.

De forma paralela, otra persona fue detenida por presuntamente haber entregado un arma de fuego a los autores del atentado. Aguilera sostuvo: “Esa persona sí está aprehendida porque no se olviden que el delito de portación ilícita de armas es también delito, entonces hay flagrancia en eso”.

La prioridad de los investigadores ahora es definir si existe alguna relación entre esta última detención y el ataque a Beller. La Fiscalía también analiza conversaciones extraídas de teléfonos, en las que aparece el nombre de un supuesto jefe de Inteligencia de la FELCN, aunque Aguilera evitó confirmar si se trata de un funcionario policial. Sobre este punto, la fiscal detalló: “Las personas que están, en todo caso, que se van a identificar dentro de la pericia que se ha dispuesto y que se ha extraído sobre la información. Van a ser citadas”.

El abogado de Fernando Cerimedo rechazó los indicios de la Fiscalía

El abogado Ernesto Giraldes rechazó los indicios presentados por la Fiscalía de Bolivia contra Fernando Cerimedo, asesor político detenido en Santa Cruz de la Sierra bajo la acusación de tentativa de feminicidio contra Beller. Giraldes anticipó que la defensa busca desmontar cada uno de los elementos que fundamentan la prisión preventiva. La Fiscalía señaló a Cerimedo como autor intelectual del ataque y solicitó 180 días de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, argumentando riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación. El juez aceptó la solicitud y ordenó la detención.

Giraldes negó que Cerimedo intentara huir a Argentina y aseguró que el viaje respondía a un llamado de la propia Beller desde el hospital. “Existen los boletos y se va a documentar que él compró el boleto ese mismo momento, porque un día antes estaba con ella y volvió a La Paz, y volvió a Santa Cruz para asistirla”, afirmó el abogado en una entrevista con Radio Con Vos. La policía detuvo a Cerimedo en el aeropuerto.

Durante la entrevista, Giraldes abordó los chats difundidos en redes sociales, entre ellos un mensaje enviado durante el ataque: “Hermano, en este momento le dispararon, está herida. Un Yago, dos tipos en motocicleta. En esta moto llegaron los maleantes”. El abogado cuestionó la interpretación fiscal de ese intercambio: “¿Qué quiere decir eso? No le está diciendo: ‘Misión cumplida, ya hicimos el trabajo’. Es muy diferente”. Para la defensa, el mensaje constituye una notificación de un hecho en desarrollo, no la confirmación de una orden ejecutada, lo que considera jurídicamente relevante para la causa.

Giraldes también descartó la hipótesis de que la propia Beller hubiera organizado el ataque en su contra. El eje de la estrategia defensiva es demostrar que Cerimedo no tuvo vínculo previo, ni contrató ni financió a los atacantes. “No existe una vinculación con esas personas que victimaron a la señora Nadia Beller. No existe”, remarcó.

El caso por el atentado contra Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra sumó un nuevo capítulo este sábado cuando Víctor Hugo C. Z., ciudadano colombiano señalado como posible autor material, decidió presentarse voluntariamente ante la justicia boliviana. La entrega se produjo en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que el extranjero supiera que figuraba como sospechoso en la investigación por tentativa de feminicidio.

Según reportó la Policía de Bolivia, Víctor Hugo C. Z. acudió por voluntad propia tras enterarse de que las autoridades le atribuían un rol directo en el ataque armado que dejó gravemente herida a Beller el pasado 17 de agosto. Frente a los medios, el colombiano negó cualquier implicación y defendió su inocencia. “Yo no fui, yo no fui. Dicen que yo soy un sicario, por eso me estoy entregando, porque yo no sé nada de eso”, declaró.

El extranjero también rechazó tener vínculo alguno con Fernando Cerimedo, otro de los acusados en la causa y actualmente detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola. “No lo conozco, yo no sé quién es ese señor”, manifestó el colombiano, quien aseguró que puede probar su ubicación en el momento del ataque.

“Yo estaba en mi casa, yo no sé nada de eso. Tengo mi mujer, que ella también sabe”, relató ante los investigadores, mientras su madre reforzaba su versión: “Él no fue. Tienen que investigar bien, pero él no fue. Por eso él mismo se entregó por voluntad propia”, expresó entre lágrimas.

De acuerdo con la familia de Víctor Hugo C. Z., el ciudadano colombiano trabaja como comerciante en un restaurante de gestión familiar. Aunque aún no se presentó evidencia concreta sobre su paradero la noche del ataque, la defensa insiste en que podrá probar su ausencia en el lugar del hecho.

La entrega de Víctor Hugo C. Z. se produce en medio de una investigación que busca identificar toda la cadena de participantes en el atentado contra Beller. Dentro de la misma causa, la Policía boliviana detuvo a Roger A. C., sospechoso de haber facilitado el arma utilizada en el incidente, y a otras tres personas en operativos realizados en Warnes y Santa Cruz. Además, se incautó un vehículo Suzuki Vitara beige y un portafusil negro, ambos elementos bajo peritaje para determinar su relación con el ataque.

El atentado contra Nadia Beller ocurrió el pasado 17 de agosto frente a un hotel cercano al canal Isuto y el quinto anillo de la avenida Beni, en Santa Cruz de la Sierra. Dos individuos vestidos como repartidores abordaron a la abogada y le dispararon antes de huir, según la reconstrucción preliminar de la Policía.

Beller recibió tres impactos de arma de fuego y permaneció internada cinco días en la Clínica Las Américas, donde fue dada de alta este sábado en silla de ruedas y bajo resguardo policial. “Mi vida sigue en riesgo”, afirmó la víctima tras abandonar el centro médico.

La investigación judicial avanza sobre la base de los testimonios de los acusados y de las pruebas recabadas en los distintos operativos. En la audiencia cautelar celebrada en días recientes, la Justicia boliviana dispuso la detención preventiva de Fernando Cerimedo, ex asesor presidencial y expareja de la abogada, por el plazo de 180 días en la cárcel de Palmasola. Cerimedo niega cualquier vinculación con el ataque y calificó la decisión judicial como “una locura”.

Durante su internación, Beller ofreció declaraciones a medios locales en las que apuntó directamente contra Cerimedo, a quien señala como responsable intelectual del atentado. Tras su salida del hospital, la abogada reiteró su acusación en redes sociales y solicitó la intervención del presidente Rodrigo Paz para garantizar su seguridad.

Mientras tanto, la justicia boliviana suma nuevas piezas a la causa. La declaración de Víctor Hugo C. Z. será clave para establecer si existen más involucrados y cuáles fueron las circunstancias exactas del ataque. Los investigadores aguardan que el colombiano aporte información sobre su paradero el día del atentado, sus movimientos y posibles vínculos con otros sospechosos.

El caso mantiene en vilo a la opinión pública de Bolivia, ya que el perfil de las víctimas y acusados, sumado a la modalidad del ataque, ha despertado inquietud sobre la actuación de redes criminales en la región. La Policía continúa con la reconstrucción del hecho y el análisis de los elementos incautados para dilucidar la trama detrás del atentado que puso en riesgo la vida de Nadia Beller.

Domingo Faustino Sarmiento, con 57 años, había asumido la presidencia el 12 de octubre de 1868. Durante su vida política, supo granjearse muchos enemigos. Luego de la victoria de Caseros el 3 de febrero de 1852, le había advertido a Justo José de Urquiza, el gran ganador de la jornada, sobre los caudillos del interior que se seguían manejando de la misma manera que en los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Pero como el entrerriano tenía sus propios planes, Sarmiento dio un paso al costado, enemistándose con el caudillo. Cuando Bartolomé Mitre fue presidente, Sarmiento le escribió: “…no deje cicatrizar la herida de Pavón. Urquiza debe desaparecer de la escena, cueste lo que cueste. Southampton (em relación donde Rosas se había exiliado) o la horca”.

En la cuestión de la búsqueda de su sucesor en la presidencia, Mitre pretendía un candidato de consenso que mantuviese unido a su partido. La elección de Sarmiento no fue de su agrado.

El sanjuanino, al ver que debía fortalecer sus apoyos políticos, fue en busca de aliados por afuera del mitrismo. Fue así como el 3 de febrero de 1870 viajó a Entre Ríos en un gesto de reconciliación política, donde Urquiza lo recibió con toda pompa, y para impresionarlo le hizo instalar una canilla en su habitación, todo un adelanto para la época. Limaron asperezas y se comprometieron a trabajar juntos.

Pero Urquiza tenía también sus enemigos. Uno de ellos, Ricardo López Jordán -quien nunca le había perdonado su retiro de Pavón, el alentar el reclutamiento de fuerzas para la guerra del Paraguay, entre otras cuestiones- lo mandó asesinar, hecho que ocurrió el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José, delante de toda su familia.

Sarmiento tomó el crimen como algo personal y envió un ejército a Entre Ríos a combatir a López Jordán, a quien declaró reo de rebelión. Fue uno de los principales conflictos que tuvo durante su gestión en el interior del país. El artífice del asesinato de Urquiza terminaría exiliándose en Uruguay cuando ya el sanjuanino había dejado la presidencia. Y cuando años después buscaba una reinvindicación, fue asesinado en 1889 de un tiro en la cabeza en plena calle porteña por el hijo de un hombre que había mandado ajusticiar.

Es, en este contexto, que hay que interpretar las motivaciones del hecho del que fue blanco Sarmiento, quien pasaría a la historia como el primer presidente argentino en sufrir un atentado.

El plan tomó forma en un bar en el barrio de La Boca, donde tres hombres jóvenes escuchaban a alguien un poco mayor que ellos. El que explicaba los detalles era Aquiles Segabrugo, un italiano rubio de 38 años, quien era más conocido por su apodo de “El Austríaco”. Tenía enfrente a Francisco Güerri, a Pedro Güerri -si bien coincidían en el apellido no eran parientes- y un amigo de este último, Luis Casimir, alias “Eva”, un marinero, todos de 21 años. Segabrugo les ofreció 10.000 pesos, pagaderos en tres veces para matar al presidente. Una vez consumado el hecho, se los sacaría del país en barco. Acordaron hacer el trabajo el sábado 23 de agosto de 1873.

Cuando usaba su carruaje para misiones oficiales, Sarmiento llevaba una discreta escolta. Pero cuando se trataba de temas particulares, se movilizaba solo. En esa oportunidad, iría a visitar a Aurelia Vélez, la hija menor de Dalmacio Vélez Sarsfield, con quien mantenía una apasionada relación que había comenzado en 1855. Aurelia había vuelto a vivir a la casa de sus padres, luego de un turbulento y fugaz matrimonio con Pedro Ortiz Vélez, que terminó en fracaso y hasta con un muerte de por medio.

“Te amo con todas las timideces de una niña, y con toda la pasión de que es capaz una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar”, le escribía a Sarmiento, quien con Dalmacio eran viejos amigos, y el aprecio que se tenían era mutuo y sincero.

En cierto momento, una carta de semejante tenor cayó en las manos de su hijo Dominguito, y así la esposa de Sarmiento, Benita Martínez Pastoriza, se enteró del romance y los esposos terminaron con un matrimonio que hacía tiempo había dejado de ser tal. Para 1860 ya estaban virtualmente separados.

En la noche del sábado 23 de agosto, Sarmiento salió de su casa de la calle Maipú, entre Tucumán y Viamonte (en esos tiempos se llamaba Del Temple). Usó su carruaje, tirado por dos caballos y manejado por el cochero José Morillo.

Por Maipú fue en dirección a Corrientes. En la esquina noroeste, tres hombres esperaban. Estaban armados con trabucos y puñales. Los proyectiles habían sido embebidos en bicloruro de mercurio y los puñales, en sulfato de estricnina. A la menor herida que se le causase, la víctima moriría.

Cuando lo vieron venir, se abalanzaron sobre el carruaje. En un primer momento, habían pensado en matar primero a los caballos y asesinar a Sarmiento a puñaladas. Pero llegado el momento, Francisco Güerri disparó con su trabuco. Tal vez al estar sobrecargado de pólvora, le estalló en la mano y perdió un dedo pulgar. Uno de los proyectiles entró por la ventanilla del carruaje y salió por el otro lado. La policía rescataría proyectiles que se habían incrustado en las paredes.

La avanzada sordera de Sarmiento, sumado al ruido que hacían los cascos de los caballos sobre el empedrado, hicieron que no se diera cuenta de lo que había ocurrido. Sólo al llegar a la casa de los Vélez Sarsfield, en la calle Cangallo, le contaron lo sucedido. “Hirieron la más alta investidura que puede ostentar un ciudadano de la República; se resquebrajó el respeto a la autoridad”, dijo.

Pero los que se sorprendieron con la detonación fueron el oficial inspector Latorre y el vigilante Soto, quienes persiguieron a tres hombres que escapaban corriendo del lugar. Fueron detenidos en una casa de Corrientes, cercana al Bajo, donde se habían refugiado.

La primera reacción de los Güerri fue declarar que habían tenido un altercado con un tercero, y que uno de ellos había efectuado el disparo. Sin embargo, al día siguiente contaron la verdad y dieron el nombre de quien los había contratado: Aquiles Segabrugo.

Pero Segabrugo, rápido de reflejos, ya había escapado a Montevideo. Inútil fue el viaje que el policía Avelino Anzó realizó a esa ciudad. No pudo encontrarlo, pero en el interin en Buenos Aires había caído Luis Casimir, quien también dio el nombre de Segabrugo. A la policía les llegó el dato que se hospedaba en el Hotel del Vapor, de la capital uruguaya. Y hacia allí se dirigió el comisario Miguens, pero el sospechoso ya no estaba en el hotel. Dos días mas tarde, el cuerpo de Segabrugo apareció acribillado. Se creyó que su asesino había sido el jordanista Carlos Querencio.

Antes de regresar a Buenos Aires, Miguens se llevó de la habitación de Segabrugo documentación valiosísima que probaría que detrás del atentado a Sarmiento estaba López Jordán. Pero esa documentación nunca llegó a Buenos Aires ni se sabría su contenido. Miguens fue interceptado por desconocidos, quienes se quedaron con esos papeles y amenazaron con matarlo si llegaba a revelar su contenido.

En el juicio a los implicados, el fiscal Ventura Pondal pidió la pena de muerte para los Güerri y Casimir. El juez Octavio Bunge sentenció a Francisco Güerri a 20 años, y 15 a Pedro Güerri y Casimir. Posteriormente, la Cámara del Crimen bajaría la pena de Casimir a 10 años.

Siendo funcionario en el gobierno de Julio A. Roca, los presos le solicitaron a Sarmiento intercediera para lograr la conmutación de sus penas, ya que habían actuado “como unos pobres locos extraviados”. Sarmiento nunca les contestó.

Pedro Güerri murió en prisión el 30 de abril de 1883 y Francisco sería indultado por el presidente Miguel Juárez Celman.

¿Qué era lo que le preocupaba entonces a Sarmiento? Se lo confesó a Aurelia. Sabiendo que las balas y los puñales estaban envenenados, dijo que “si me hubiesen sólo rasguñado, mis enemigos habrían dicho que me morí de miedo”.

Un bus de la empresa Sotransoda fue incinerado en la noche del viernes, 21 de agosto de 2026, por sujetos armados en el sector Altamira, vereda San Miguel, en la vía que conecta los municipios de La Unión y Sonsón, en el departamento de Antioquia.

Según fuentes del Ministerio de Defensa a Infobae Colombia, los atacantes interceptaron el vehículo y se identificaron como integrantes del ELN, pese a que las autoridades indican que en este punto, específicamente, no hay presencia de grupos armados.

Los armados obligaron a los pasajeros a descender antes de prender fuego al bus, que quedó completamente consumido por las llamas. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales tras el ataque.

El hecho generó preocupación en la región, y las autoridades ya adelantan operativos para identificar a los responsables y garantizar la seguridad en la zona. Por ahora, se mantiene vigilancia sobre los corredores viales afectados y se evalúan posibles medidas adicionales de protección para el transporte público y la comunidad.

Por su parte, el gobernador del departamento de Antioquia, Julián Andrés Rendón, confirmó en sus redes sociales que fue informado de los hechos en los que “uniformados, que dijeron ser supuestamente de la guerrilla, obligaron a los pasajeros a bajarse de un bus y luego le prendieron fuego”.

Además, confirmó una ‘jugosa’ retribución para quienes contribuyan con información que permita a las autoridades dar con el paradero de los atacantes. Y dejó entrever la principal hipótesis de los hechos.

“La @GobAntioquia ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. Es muy extraño lo allí acontecido, porque en esa zona NO hay presencia de criminales de la guerrilla desde hace cerca de dos décadas. Hay diferentes hipótesis, entre ellas, extorsión”, dijo.

Nueva cúpula militar asume el mando en Colombia con el reto de enfrentar amenazas tecnológicas y criminalidad

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la conformación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia, que estará encabezada por el general Eric Rodríguez Aparicio como comandante general.

El nombramiento se da en un contexto de creciente presión de grupos armados ilegales y la expansión del uso de tecnología en actividades criminales.

Rodríguez, que regresa tras haber sido retirado durante el anterior gobierno por denunciar presuntas irregularidades en zonas bajo influencia guerrillera, liderará todas las ramas militares, acompañado por el general Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto, el general José Bertulfo Soto al frente del Ejército Nacional, el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante del Ejército, el mayor general Juan Martínez Sosa en la Fuerza Aeroespacial —que volverá a denominarse Fuerza Aérea— y el vicealmirante Jaime Pinilla como comandante de la Armada.

La nueva cúpula militar enfrenta desafíos críticos, entre ellos la proliferación de ataques con drones explosivos, secuestros, extorsiones y confinamientos masivos en regiones como Norte de Santander, Cauca, Chocó, Bolívar y Antioquia.

De acuerdo con la información presidencial, los grupos armados ilegales han adoptado tecnología avanzada para consolidar su control territorial, generando desplazamientos forzados y temor en comunidades rurales.

El combate al narcotráfico continúa como prioridad, con debates abiertos sobre la fumigación aérea y la sustitución de cultivos ilícitos. La modernización de la inteligencia militar, con la integración de técnicas y equipos de Estados Unidos e Israel, figura entre los ejes centrales de la estrategia de la nueva comandancia.

El relevo implica la salida de al menos 25 altos oficiales, con un cambio notable en la estructura de mando. Entre los objetivos del nuevo equipo están fortalecer el espíritu de combate, garantizar la protección de la población civil y reducir fenómenos como las masacres, el desplazamiento y el reclutamiento de menores.

La fiscalía que investiga el atentado contra la abogada y activista Nadia Beller en Bolivia pedirá que el consultor libertario argentino Fernando Cerimedo quede con detención preventiva en ese país “sin plazos”, en base al peligro de entorpecer la investigación, riesgo para la víctima y medidas de prueba pendientes. Si esta opción no prospera, se postuló que se le fije el máximo previsto de 180 días.

Entre los motivos que se remarcaron en un dictamen oficial acusatorio se explica que el exasesor de La Libertad Avanza no logró acreditar aún una “actividad lícita” en Bolivia. Cerimedo no cuenta hasta ahora con documentación que dé cuenta de un arraigo en ese país y “no ha manifestado ni acreditado tener una actividad lícita”, más allá de haberse presentado como “consultor político” sin dar detalles concretos de dónde desempeña ese trabajo, según la acusación de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón.

Cruces de llamados y reconstrucción del hecho

La prueba pendiente es uno de los motivos por los cuales la fiscalía departamental de Santa Cruz, Bolivia, reclama que siga detenido. Entre las medidas que se realizarán figura la triangulación de llamadas entre los teléfonos de la víctima y el acusado; la reconstrucción de los hechos, la toma de declaración a testigos -como empleados del hotel y paramédicos que llegaron al lugar-. También se buscará peritar el “flujo de llamados” de Cerimedo para “determinar con quienes se contactó el día del hecho” y se hará una pericia informática sobre el celular y la computadora secuestrados al acusado, se adelantó en la acusación fiscal, según supo Infobae en fuentes del caso.

Beller mantenía una relación sentimental con Cerimedo en Bolivia, y la noche del lunes último fue baleada en la entrada de un hotel en Santa Cruz de la Sierra por dos sicarios armados que se hicieron pasar por repartidores de una empresa de delivery y llegaron al lugar en motocicleta y con los rostros ocultos por los cascos.

Según declaró la víctima, llegó allí para encontrarse con un supuesto informante que la había contactado por WhatsApp para ofrecerle datos sobre un presunto caso de violación a una menor de 13 años vinculado a Evo Morales. Según la declaración de la abogada, ella había desistido de concurrir pero su “pareja” la convenció y fue.

“Absoluto desprecio por la vida”

La fiscalía advirtió además que hay “peligro efectivo” para la víctima. Cerimedo “lejos de proteger a su pareja” embarazada de cuatro semanas, “actuó con un absoluto desprecio por la vida”. Según la acusación fiscal la habría manipulado “sistemáticamente” y coordinó de manera remota y “bajo engaños” su traslado al Swissotel Santa Cruz de la Sierra, “para que terceros atentaran contra su vida”. Para los fiscales, lo ocurrido evidencia una “total peligrosidad criminal”, según lo dejaron asentado en la imputación formal que expondrán ante un juzgado.

Hay “peligro efectivo para la sociedad y para el entorno familiar de la víctima”, y las mujeres pertenecen a un grupo de atención “prioritaria y vulnerable”, agregaron. Los investigadores aseguran contar con información “precisa, confiable y circunstanciada aportada en la investigación” y remarcaron que Cerimedo habría intentado irse de manera “desesperada” de Santa Cruz de la Sierra y fue bajado de un avión por la policía. Esto indicaría su intención de no estar a derecho y por eso se haría “imperativa” su detención preventiva.

También sostienen que “existen elementos de convicción suficientes” para considerar que el consultor argentino “facilitó y dirigió remotamente la emboscada”. Remarcaron que aún no se ha encontrado la cartera ni el celular de Beller y que si el acusado conoce a los agresores aún prófugos, de recuperar la libertad podría “destruir, modificar” u ocultar esos objetos. Si queda libre podría presionar, amenazar u ofrecer “dádivas” a testigos, agregaron. La investigación en Bolivia está a cargo del Ministerio Público Fiscal especializado en Delitos contra la Vida en Santa Cruz de la Sierra.

Una tarde de verano en Las Ramblas de Barcelona. Miles de personas paseaban, tomaban fotos, compraban en los puestos de flores. Era el 17 de agosto de 2017, pasadas las cuatro y media de la tarde. De repente, una furgoneta blanca giró bruscamente desde la calle Pelai y aceleró sobre el paseo peatonal más transitado de la ciudad. Durante casi 600 metros, el conductor giró el volante con violencia deliberada para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. Trece murieron en el acto. Más de 100 quedaron heridas. Eran de 34 nacionalidades distintas: había de Argentina, Colombia, Cuba, Perú y Venezuela.

El atentado de Las Ramblas fue una reacción improvisada de la célula yihadista después de que una explosión en Alcanar destruyera la base donde preparaba explosivos para atacar otros objetivos de Barcelona, como la Sagrada Familia y el Camp Nou.

La noche anterior, el 16 de agosto a las 23.15, una enorme detonación había destruido un chalet en la urbanización Montecarlo de Alcanar, pueblo costero de la provincia de Tarragona. La onda expansiva se sintió a kilómetros de distancia. Las autoridades hablaron, en un primer momento, de una acumulación de gas. Nadie sospechó de terrorismo.

Pero debajo de los escombros no había una cañería rota. Había más de 120 bombonas de butano, acetileno y todos los elementos necesarios para fabricar triperóxido de triacetona, conocido como TATP o “la madre de Satán”. El mismo explosivo utilizado en los atentados de París en 2015 y de Bruselas en 2016. Según declaraciones de entonces de Manel Castellví, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra (la Policía de Cataluña), la magnitud del arsenal “podría haber derruido un edificio de grandes dimensiones”.

En esa explosión murieron dos hombres: el imán Abdelbaki Es Satty, de 44 años, y Youssef Aalla, de 22. Un tercero, Mohamed Houli Chemlal, sobrevivió con heridas leves y fue trasladado al hospital de Tortosa.

El plan original era mucho más ambicioso y letal. Los terroristas tenían previsto cargar dos furgonetas con grandes cantidades de TATP y bombonas de gas para convertirlas en vehículos bomba. Entre los objetivos que barajaban figuraban la Sagrada Familia y el estadio del Camp Nou, donde juega de local el Barcelona. Material hallado en cámaras y teléfonos móviles de los integrantes de la célula reveló que algunos de ellos habían viajado a París para fotografiar la Torre Eiffel y estudiar sus características de seguridad.

La explosión accidental de Alcanar no paralizó a los sobrevivientes. Los incentivó. Según el análisis del Real Instituto Elcano, basado en entrevistas con profesionales de los Mossos, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y la Audiencia Nacional, los miembros de la célula que no estaban en el chalet anticiparon que era cuestión de tiempo que la policía los identificara. Decidieron actuar de inmediato con lo que tenían: vehículos y cuchillos.

Alrededor de las 15 horas del 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub conducía una furgoneta alquilada por una vía de circunvalación, a una hora del centro de Barcelona. En ese momento recibió una llamada de los Mossos, que intentaban localizar a los usuarios de vehículos hallados frente al chalet destruido en Alcanar. Dio media vuelta y se dirigió hacia la ciudad.

Después del atropello masivo en Las Ramblas, escapó a pie. Entró al mercado de La Boqueria, caminó sin correr por el barrio del Raval para no llamar la atención y llegó hasta la Zona Universitaria una hora y media después. Allí encontró a Pau Pérez, un joven de Vilafranca que estacionaba su Ford Focus negro. Lo apuñaló, dejó su cuerpo en el asiento trasero y huyó por la autopista A2 en dirección a Tarragona.

El auto fue interceptado en Sant Just Desvern, pero Abouyaaqoub logró escapar a pie. Permaneció cuatro días prófugo. El 21 de agosto, una vecina de Subirats —a unos 40 kilómetros de Barcelona— lo vio acercarse a las casas, lo increpó y él salió corriendo hacia unos viñedos. La mujer llamó a los Mossos. Los agentes lo localizaron en campo abierto. Antes de que abrieran fuego, Abouyaaqoub gritó “Alá es grande” y corrió hacia ellos exhibiendo un cinturón explosivo falso. Cayó abatido.

Casi nueve horas después del ataque en Las Ramblas, a la 1.25 de la madrugada del 18 de agosto, un Audi A3 negro con cinco ocupantes embistió un vehículo policial en un control del paseo marítimo de Cambrils, localidad turística a 120 kilómetros de Barcelona.

Los cinco terroristas —Houssaine Abouyaaqoub, hermano del atacante de Las Ramblas; Moussa Oukabir, Said Aalla y los hermanos Mohamed y Omar Hychami— salieron del auto volcado con grandes cuchillos, un hacha y cinturones explosivos falsos. Se lanzaron contra los transeúntes. Una mujer de 42 años fue apuñalada y murió horas después en el hospital.

Cuatro de los atacantes cayeron abatidos en el acto por un solo agente de los Mossos. El quinto murió poco después a causa de las heridas. La actuación policial fue determinante: el paseo marítimo estaba lleno de gente y la cantidad de víctimas pudo haber sido mayor. El balance conjunto de los dos atentados cerró en 16 muertos y alrededor de 140 heridos.

Los autores de los ataques no eran extraños llegados de lejos. Eran, en su mayoría, jóvenes criados en Ripoll, un pueblo de unos 10.000 habitantes enclavado entre montañas cerca de los Pirineos catalanes. Habían jugado juntos al fútbol desde chicos, trabajado en fábricas y restaurantes locales, repartido pizzas. Cuatro de ellos eran parejas de hermanos.

“Eran muy respetuosos. No hacían cosas que llamaran la atención de la gente”, dijo un vecino que prefirió el anonimato. Raquel Rull, pedagoga y madre de un compañero de escalada de Houssaine Abouyaaqoub, lo describió con palabras que sacudieron a España entera: “Estos chicos eran niños como todos. Como mis hijos, eran niños de Ripoll”.

Todo cambió en la primavera de 2015, cuando Abdelbaki Es Satty llegó al pueblo y comenzó a trabajar en la única mezquita local. No era una persona particularmente carismática, según quienes lo trataron. Pero su influencia sobre los jóvenes fue profunda. Ibrahim Aalla, padre de dos de los atacantes, señaló por aquel entonces: “Sus creencias eran demasiado estrictas. Tuvo una mala influencia sobre ellos. Yo no quería que fueran a la mezquita. Yo no hablaba con él”.

Es Satty no era un desconocido para las autoridades españolas. Había cumplido condena por narcotráfico entre 2012 y 2014 en la prisión de Castellón. Durante ese período, agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo visitaron en varias ocasiones, al igual que guardias civiles.

En diciembre de 2024, el gobierno español desclasificó los documentos relacionados con esas visitas, tras un acuerdo político en el Congreso de los Diputados. El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, declaró ante la comisión parlamentaria de investigación que los agentes trataron con Es Satty asuntos vinculados a la radicalización en mezquitas y prisiones. Negó de forma rotunda que el imán hubiera sido confidente del organismo. “Si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos, es una infamia”, afirmó. Pero Sanz Roldán no respondió una pregunta que quedó flotando en la sala: si, una vez que Es Satty salió de la cárcel, el CNI continuó reuniéndose con él.

Ninguno de los autores materiales de los atentados llegó a ser juzgado. Todos murieron abatidos por las fuerzas de seguridad. El proceso judicial recayó sobre los tres miembros de la célula que sobrevivieron y tuvieron participación en la planificación.

En mayo de 2021, la Audiencia Nacional dictó una sentencia de 1.018 páginas. Mohamed Houli Chemlal —el joven que estaba en la terraza del chalet de Alcanar la noche de la explosión— recibió una condena de 53 años y 6 meses de prisión. Driss Oukabir, que se había presentado espontáneamente en una comisaría al ver su foto en los medios, fue condenado a 46 años. El tribunal estableció que el cumplimiento efectivo de ambas penas no excedería los 20 años.

Además de las penas de prisión, Houli y Oukabir debieron abonar de forma conjunta y solidaria el equivalente a 446.293 dólares en concepto de indemnizaciones a las víctimas, los cuerpos de emergencias y las fuerzas de seguridad que sufrieron lesiones y secuelas. Un tercer imputado, Said Ben Iazza, recibió una condena de ocho años de prisión por colaboración con organización terrorista.

En 2023, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de los dos principales acusados pero redujo la pena de Ben Iazza a 18 meses de prisión. Los magistrados consideraron que existían dudas razonables sobre si el acusado había comprendido en detalle el alcance de su participación en la trama terrorista.

La investigación no se cerró con esas condenas. Al cumplirse el primer aniversario de los atentados, investigaciones periodísticas revelaron que las pesquisas abarcaban en ese momento a 12 países en Europa y fuera del continente, lo que indicaba que la red era más extensa de lo que se creyó en un principio.

Un miembro sobreviviente de la célula declaró que Es Satty afirmaba tener contacto con otro imán que lideraba un grupo de entre ocho y nueve personas en Francia. Según fuentes cercanas a los investigadores franceses consultados, las autoridades de ese país intentaban establecer las identidades de los integrantes de esa posible célula.

Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el atentado contra la regidora de Morena en Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada Maldonado, ataque en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz. La continuación de la audiencia quedó programada para este viernes 14 de agosto, fecha en la que se resolvería si los imputados serían vinculados a proceso por homicidio calificado.

Los acusados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, identificado como líder de la célula; Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”; y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”. Los tres ya estaban detenidos desde la semana previa por delitos contra la salud y posesión de armas.

La Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión por homicidio calificado y las cumplimentó mientras los tres permanecían bajo custodia. Después los presentó ante una jueza por el ataque cometido el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda, en Tecate.

La tarde del miércoles 12 de agosto, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por el homicidio calificado de Jesús Pereida Ruiz. La audiencia estuvo a cargo de la jueza de control Gabriela García Hernández.

Los imputados, por conducto de su defensora, se acogieron al plazo constitucional de 72 horas para que se resolviera su situación jurídica. Por esa razón, la audiencia continuaría el viernes 14 de agosto, cuando la jueza decidiría si los vinculaba a proceso.

El ataque ocurrió cuando la familia salía a una graduación

La agresión ocurrió cuando Pereida Ruiz, Quijada Maldonado y la hija adolescente de ambos salieron de su domicilio para acudir a la ceremonia de graduación de la menor. En ese momento fueron atacados a balazos.

De acuerdo con la investigación, el atentado ocurrió el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda. Versiones preliminares ubicaron la emboscada en la calle Coyuca, donde hombres armados interceptaron el automóvil KIA negro en el que viajaba la pareja.

El vehículo llevaba placas 9TWY116. En ese ataque, Pereida Ruiz murió frente a su familia y la regidora resultó herida.

Datos extraoficiales señalaron que el esposo de la regidora falleció en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego. María de Jesús Quijada también recibió varios disparos, entre ellos uno en la cabeza.

La información difundida en esas horas indicó que la regidora fue trasladada a un hospital de Estados Unidos para recibir atención médica. Antes circularon versiones diversas por la falta de información oficial sobre su estado de salud.

En redes sociales, la cuenta oficial de Facebook de Pereida informó primero: “Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de Jesús Pereida y de su esposa, María Quijada”. Horas después, la misma cuenta fijó un comentario para precisar que ella seguía con vida, aunque se encontraba muy grave.

Ya había otro vinculado a proceso por el mismo caso

Por este mismo expediente ya había sido vinculado a proceso Raymundo “N”, señalado en la investigación por haber proporcionado el automóvil utilizado por los agresores. La indagatoria sostuvo que entregó el vehículo el 10 de julio, cuatro días antes del atentado, y que sabía para qué sería usado.

Ese dato colocó a Raymundo “N” como una pieza previa en la preparación del ataque. La causa penal, por tanto, ya incluía a un cuarto presunto implicado antes de que fueran presentados los tres presuntos integrantes de la célula criminal.

Jesús Pereida Ruiz era abogado y ocupó diversos cargos durante la administración estatal de Jaime Bonilla. Fue titular de la Mesa de Seguridad y Paz en Tecate, encargado de despacho de Bienestar Social y delegado del Registro Público de la Propiedad.

María de Jesús Quijada se desempeñaba como regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate. Tenía 40 años y llevaba menos de dos años en el cargo; además cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

La decisión inmediata de la jueza consistió en imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los tres acusados mientras avanzaba el proceso. La siguiente definición judicial quedaría en manos del juzgado el viernes 14 de agosto, con la resolución sobre su posible vinculación a proceso.

• Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del CJNG por el atentado contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado, en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz.

• Los imputados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”, y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”; ya estaban detenidos por delitos contra la salud y posesión de armas.

• El ataque ocurrió cuando la familia salió de su casa para ir a la graduación de su hija, y el caso ya incluía a Raymundo “N”, vinculado a proceso por presuntamente facilitar el automóvil usado por los agresores.

Previo al inicio del proceso electoral de 2027, la alianza oficialista se vuelve a poner en duda, ahora en Zacatecas, luego de que el gobernador morenista, David Monreal, pusiera en duda el presunto atentado que vivió la senadora petista con licencia, Geovanna Bañuelos, la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, se lanzó contra el mandatario estatal a quien tachó de “caradura” y “sinvergüenza”.

Lilia Aguilar condena dichos de Monreal por atentado de aspirante a la gubernatura

La senadora comentó que el atentado denunciado por la aspirante a suceder al gobernador de Zacatecas, no fue casualidad ni se trata de un accidente cualquiera sino que el hecho estaría directamente vinculado a violencia política, debido a sus aspiraciones:

“La camioneta en la que regularmente se mueve la senadora Giovanna Bañuelos, que es aspirante a coordinar los trabajos del acuerdo de transformación en Zacatecas, fue sacada a la carretera. No, no se accidentó, no se les pinchó, no. Fue sacada de la carretera. ¿Por qué? Porque va encabezando las encuestas en Zacatecas”.

La diputada del PT condenó que David Monreal minimizara la agresión y aseguró que le “falta credibilidad” ante la opinión pública; recordó que ambos forman parte de “un mismo movimiento” y recordó que es uno de los mandatarios estatales pero calificados en el país:

“A nosotros sus dichos no nos afectan, nos benefician. Es usted el penúltimo, peor gobernador de la República”.

Los dichos del gobernador de Zacatecas que causan molestia

El pasado 9 de agosto, puso en duda el atentado denunciado por la legisladora con licencia, Geovanna Bañuelos, comentó que “pudo ser un autoatentado”, recomendó a la senadora interponer una denuncia por los hechos que hizo públicos, tanto en la fiscalía del estado como en la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin mayor limitación, David Monreal cuestionó la vida de la senadora y dejó de lado que forma parte de la contienda interna por representar la candidatura de la coalición Morena-PT-PVEM en 2027:

“¿Por qué atentaron contra ella, en qué andan metidos o qué pasó, como para que estén sucediendo esas cosas?”.

Geovanna Bañuelos denunció atentado

El pasado 8 de agosto, la senadora con licencia del PT denunció que habría sido objeto de un presunto atentado en la carretera federal 23, en el kilómetro 154 entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas. La camioneta Chevrolet Suburban que su equipo usa de forma habitual en los recorridos por el estado fue sacada de la vía esa mañana. Los tripulantes resultaron ilesos, pero la unidad quedó como pérdida total.

Bañuelos no viajaba en ese vehículo al momento del percance. Se trasladaba en otra unidad sobre la misma ruta, acompañada por el dirigente estatal del PT y diputado local Alfredo Femat Bañuelos y por el diputado federal Fernando Vilchis. La denuncia pública se conoció hasta la noche del viernes, cuando la aspirante a la gubernatura difundió un video en sus redes sociales con imágenes de la camioneta siniestrada. “Este accidente fue provocado. Se presume, por quien conducía y quien acompañaba en este vehículo, que lo sacaron de la carretera”, sostuvo.

Tras el incidente, el PT exigió la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Femat respaldó la versión de la senadora y afirmó que nunca antes habían enfrentado un episodio similar en sus recorridos por el estado. Pese al presunto atentado, Bañuelos no suspendió su gira y confirmó que mantendría su plan de visitar nueve municipios del sur de Zacatecas durante el fin de semana.

La sala del Tribunal Primero del Crimen Organizado de San Salvador se prepara para escuchar, a partir de este día hasta el 14 de agosto, los argumentos en el proceso judicial que enfrenta Atilio Montalvo, excomandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992.

La audiencia adquiere un cariz especial luego de que la familia de Montalvo solicitara públicamente que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y las garantías constitucionales e internacionales.

El caso involucra a otros nueve acusados, todos exintegrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señalados de planificar atentados durante la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele en 2024.

La familia de Montalvo ha dirigido su mensaje tanto al tribunal como a la opinión pública. En un comunicado citado por EFE, subrayaron: “Hacemos un respetuoso pero firme llamado a que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales y de derecho internacional que le asisten”. El texto familiar insiste en que la resolución judicial debe basarse exclusivamente en la valoración objetiva e imparcial de las pruebas, y solicita que se tomen en cuenta las condiciones de salud y edad del acusado.

El estado físico de Atilio Montalvo se ha deteriorado de manera evidente desde su detención. Según la familia y organizaciones de derechos humanos, el excomandante sufre enfermedad renal crónica terminal, depende de diálisis periódicas y ha experimentado secuelas severas tras un accidente cerebrovascular y un infarto agudo de miocardio.

Además, enfrenta diabetes mellitus y episodios de hemorragias gástricas. Durante su estancia en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), sufrió dos síncopes y requirió reanimación cardiopulmonar.

De acuerdo con EFE, este delicado cuadro de salud fue determinante para que, en julio de 2025, un tribunal le concediera la libertad condicional con medidas sustitutivas a la detención. Pese a ello, Montalvo deberá comparecer ante el tribunal en condiciones físicas frágiles.

¿Por qué está siendo juzgado Atilio Montalvo?

El 30 de mayo de 2024, Atilio Montalvo fue detenido por la Policía Nacional Civil junto a otros miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la acusación formal sostiene que el grupo habría preparado acciones con explosivos para sabotear la ceremonia de investidura de Bukele.

Por lo que, la Fiscalía imputa a los procesados los delitos de pertenencia a organizaciones terroristas y actos terroristas, en un contexto que reaviva tensiones latentes desde el conflicto armado de los años ochenta.

El expediente judicial incluye a:

1. José Santos Melara
2. Wilfredo Parada
3. Eliseo Alvarado
4. Orlando Cartagena
5. Douglas Recinos
6. Pedro Alfonso Mira
7. José Ismael Santos
8. Roberto Antonio Esquivel
9. Luis Menjívar.

Todos comparten pasado en la exguerrilla del FMLN y un presente marcado por procesos judiciales de alto perfil en El Salvador.

La historia de Atilio Montalvo está íntimamente ligada al devenir político de El Salvador. Su rol como firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 lo convirtió en un actor relevante en la transición democrática del país, según enfatiza su familia. Tras la desmovilización, el FMLN se transformó en partido político y alternó el poder con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) durante tres décadas, hasta la llegada de Bukele al Ejecutivo.

El desenlace del juicio será seguido de cerca tanto por organizaciones de derechos humanos como por sectores políticos y sociales en El Salvador y en el exterior. La causa de Montalvo se inscribe en la memoria reciente de la nación y en la disputa por el significado de la justicia en una sociedad marcada por el recuerdo de la guerra y la búsqueda de estabilidad democrática.

La explosión también causó daños en distintas áreas de la estación de servicios, ubicada en la zona de San Joaquín Viejo, región Ica. La onda expansiva rompió vidrios, destruyó maceteros y luminarias y afectó parte de la infraestructura del establecimiento. De acuerdo con información difundida durante las primeras diligencias, unos S/109 mil quedaron esparcidos en la vía pública tras la detonación y agentes de la Policía recogieron los billetes.

Explosión de cajeros en Ica deja cuantiosos daños y Policía busca a los responsables

Las primeras imágenes registradas después del ataque muestran los severos daños ocasionados por la explosión. Los restos de los cajeros automáticos quedaron dispersos en el establecimiento, mientras que varios objetos ubicados a metros del punto donde fueron colocados los explosivos también resultaron afectados por la potencia de la detonación.

Según la información proporcionada desde la zona, una camioneta blanca ingresó a la estación de servicios durante la madrugada. Dos sujetos habrían descendido del vehículo y se dirigieron hacia los cajeros, donde colocaron los explosivos antes de retirarse. La detonación se produjo pocos minutos después y generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

La Policía Nacional llegó posteriormente al lugar para asegurar la escena y recoger evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque. Entre los elementos que serán analizados se encuentran los restos de los cajeros, los daños provocados por la onda expansiva y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicios y de establecimientos cercanos.

Una de las principales diligencias apunta a establecer la ruta que utilizaron los delincuentes después de la explosión. Testigos señalaron que los sujetos habrían escapado inicialmente en la camioneta por la zona posterior de un cementerio y que, posteriormente, podrían haber realizado un transbordo hacia otro vehículo para continuar su fuga.

El ataque registrado en la Panamericana Sur de Ica ocurre en un contexto en el que este tipo de robos contra cajeros automáticos ya ha sido reportado anteriormente en la región. Por ello, las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre este caso y otros ataques con explosivos registrados contra máquinas expendedoras de dinero.

Otro ataque a un grifo ocurrió en Lurín: delincuentes hicieron explotar cajeros y robaron más de S/22 mil

Un caso similar ocurrió el 30 de marzo en Lurín, cuando un grupo de delincuentes hizo explotar cajeros automáticos ubicados a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta. Los sujetos utilizaron un explosivo para acceder al dinero de las máquinas y lograron sustraer más de S/22 mil en cuestión de minutos.

La detonación provocó severos daños en la infraestructura y dejó billetes esparcidos en los alrededores, que posteriormente fueron recogidos por peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las diligencias. El ataque ocurrió además a pocos metros de un surtidor de gas natural vehicular (GNV), aunque la onda expansiva no llegó hasta esa zona y no se reportaron personas heridas por el atentado.

Tras el robo, el Depincri de Lurín asumió las investigaciones y revisó las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La PNP también desplegó un operativo en la zona para ubicar a los autores del ataque, mientras los agentes recogían testimonios y otras evidencias que permitieran reconstruir cómo ocurrió el asalto.

El percance ocurrió en el kilómetro 154, entre Colotlán, Jalisco, y Tlaltenango, Zacatecas. Los tripulantes resultaron ilesos, pero la unidad, una Chevrolet Suburban con placas ZHD-162-C, fue reportada como pérdida total.

Bañuelos de la Torre no viajaba en esa camioneta al momento del accidente. La legisladora se trasladaba en otro vehículo sobre la misma ruta, acompañada por el dirigente estatal del PT y diputado local Alfredo Femat Bañuelos, así como por el diputado federal Fernando Vilchis.

La denuncia pública se conoció hasta la noche del viernes, cuando la aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y Soberanía en Zacatecas difundió un video en sus redes sociales. Ahí mostró imágenes de la camioneta siniestrada y sostuvo que el hecho no habría sido un accidente fortuito.

La camioneta fue sacada de la carretera, según la versión de la senadora

“Estamos haciendo una denuncia pública ahorita, que haremos, por supuesto, ante las instancias correspondientes, porque este accidente fue provocado. Se presume, por quien conducía y quien acompañaba en este vehículo, que lo sacaron de la carretera”, dijo la senadora.

La legisladora pidió que las autoridades realizaran una indagatoria para identificar a quienes resultaran responsables del altercado. También confirmó que las personas que viajaban en la unidad no sufrieron lesiones.

En un mensaje posterior, Bañuelos agregó: “Ellos son como parte de mi familia, jóvenes trabajadores cuyo bienestar es mi absoluta prioridad”. Esa fue su referencia directa al estado de salud de los ocupantes del vehículo.

El dirigente petista Alfredo Femat respaldó la versión de la senadora y afirmó que se trató de un hecho inusual en los recorridos del grupo. “Nos sucedió algo que nunca nos había sucedido, que el vehículo en el que siempre viaja nuestra senadora Geovanna Bañuelos lo sacaron de la carretera”, declaró.

Femat recordó que el año anterior habían dado tres vueltas completas por todo el estado sin enfrentar un episodio semejante. A partir de esa comparación, sostuvo que desde su punto de vista el percance fue provocado.

El PT pidió intervención de la SSPC y de Segob

Tras el accidente, el dirigente estatal del partido solicitó la intervención urgente del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez. Su petición buscó que ambas dependencias impulsaran una investigación seria sobre lo ocurrido.

Femat también anunció que el PT pediría la participación de autoridades federales por la preocupación sobre la integridad de la senadora, de su equipo y de sus diputados locales. La exigencia se formuló después de que la unidad siniestrada quedó inutilizada, pese a que sus ocupantes no tuvieron heridas de gravedad.

El hecho se conoció en medio del proceso interno para definir a quien encabezaría la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas por la coalición integrada por PT, Morena y Partido Verde. Bañuelos de la Torre figuraba como una de las siete personas aspirantes a esa posición.

Entre los otros nombres mencionados en la contienda estaban la senadora morenista Verónica Díaz Robles, José Narro Céspedes, Carlos Puente Salas, Verónica Ulises Mejía Haro, Julia Olguín Serna y Zaira Villagrana Escareño. La propia Bañuelos era además coordinadora del PT en la Cámara de Senadores.

Un día antes, el jueves 6 de agosto, la senadora había sostenido una reunión con Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR. El texto no precisó si ese encuentro guardó relación con el hecho denunciado en la carretera.

Pese al presunto atentado, la legisladora no suspendió su gira por el sur de Zacatecas. Informó que mantenía su plan de recorrer nueve municipios durante el fin de semana.

Hasta la medianoche del viernes, el gobierno de David Monreal Ávila no había emitido una postura pública sobre el percance carretero reportado por la mañana.

• La senadora Geovanna Bañuelos denunció que la camioneta de su equipo fue sacada de la carretera federal 23 en el sur de Zacatecas.
• El accidente ocurrió en el kilómetro 154 entre Colotlán y Tlaltenango; no hubo lesionados graves, pero la Suburban fue pérdida total.
• El PT pidió la intervención de Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez para investigar un hecho que consideró provocado.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole confirmó el 5 de agosto que mantuvo comunicación constante con Omar García Harfuch y colocó entre sus objetivos a quien habría ordenado el atentado de 2020 contra el hoy titular de la Secretaría de Seguridad Pública SSPC, en un mensaje que vinculó la cooperación bilateral con la ofensiva contra mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El señalamiento ocurrió durante una conferencia en la que se anunciaron cargos contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y recompensas por más de USD 100 millones para capturar a ocho de sus integrantes. En ese mismo espacio, Cole respondió a una pregunta sobre si la cooperación de México en seguridad podía mejorar.

El funcionario estadounidense optó por destacar la relación con el secretario mexicano en vez de entrar a la insinuación. “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”, dijo.

Ese intercambio mostró de forma directa que la comunicación entre la DEA y García Harfuch seguía activa al más alto nivel. También dejó ver que, para Cole, la coordinación con México formaba parte de la estrategia para perseguir a operadores del narco con peso regional y nexos violentos.

Cole ligó la cooperación con la búsqueda del responsable del atentado de 2020

En la misma comparecencia, Cole lanzó una advertencia dirigida a traficantes, funcionarios coludidos y operadores del CJNG. “Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico”.

Dentro de ese mensaje incluyó nombres específicos. Mencionó a El Jardinero, de quien dijo que había sido capturado recientemente; al Sapo, identificado como Hugo Méndez Gaitán; y al Tarjetas, identificado como Julio Montejo Pinzón.

Sobre este último, Cole sostuvo que se trataba del “mismo sujeto que intentó matar al director actual de Seguridad, Omar García Harfuch, en el 2020”. Con esa frase, el director de la DEA conectó la acusación contra integrantes del CJNG con uno de los ataques más notorios contra un funcionario de seguridad en México.

La referencia al atentado de 2020 colocó a García Harfuch no solo como interlocutor del gobierno de México ante Estados Unidos, sino como víctima de una agresión atribuida a un operador mencionado por el propio jefe de la agencia antidrogas. El énfasis de Cole apuntó a que la persecución no se agotaba en el tráfico de drogas, sino que alcanzaba hechos de violencia directa contra autoridades.

La relación entre Cole y García Harfuch venía de meses atrás

La declaración ocurrió cinco meses después de una reunión presencial entre ambos funcionarios en Washington. El 16 de marzo de 2026, la agencia difundió una fotografía en la que Cole apareció sonriente junto a García Harfuch.

En ese momento se informó que el encuentro había servido para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y sobre la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera. La imagen y el mensaje público mostraron que la interlocución ya se había formalizado desde semanas antes.

Después de esa reunión, García Harfuch retomó la publicación y precisó que había asistido en representación del Gabinete de Seguridad de México. Añadió que la conversación abordó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes.

También señaló que el encuentro había respondido a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese dato colocó la reunión en el marco de la política de seguridad del gobierno federal y no como un contacto aislado entre funcionarios.

Cole incluso afirmó que la relación tenía un componente operativo previo. “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”, declaró.

El titular de la DEA dijo que su experiencia en México marcó esa coordinación

La mención a su trabajo en campo en México remitió a su etapa como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica. Esa experiencia formó parte de la trayectoria que el funcionario había expuesto semanas antes en una pieza difundida el 24 de junio, en el contexto de la operación “América libre de fentanilo”.

En ese video, Cole dijo que había servido en Colombia, Afganistán y México. Afirmó que ese recorrido le permitió entender la dimensión global del combate al narcotráfico.

Durante la conferencia del 5 de agosto también advirtió que la cooperación bilateral no se limitaba a los expedientes ya conocidos. “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”, sostuvo.

La frase sugirió que la coordinación entre autoridades de ambos países seguía abierta a nuevas acciones. También dejó asentado que, desde la visión del director de la DEA, la relación con García Harfuch se mantenía activa mientras avanzaban casos ya públicos y otros que todavía no habían sido revelados.

Quién es Julio Montejo Pinzón ”El Tarjetas"

Las investigaciones de seguridad en México señalaron a Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría ordenado el atentado del 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch.

El ataque: Ocurrió en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, donde el convoy de García Harfuch recibió cientos de impactos de bala.

El señalado: Informes de inteligencia y de instancias de seguridad ubicaron a El Tarjetas (también conocido como Julio Montejo Pinzón) como un mando regional del CJNG en Jalisco vinculado con la planeación de esta agresión.

Estatus legal y de búsqueda: Su nombre figura en investigaciones de autoridades mexicanas y en acusaciones formales de agencias de Estados Unidos, las cuales han emitido fichas de búsqueda y ofertas de recompensa por su localización debido a sus nexos con la estructura criminal.

Una bomba colocada dentro de un minibús mató al menos a dos personas e hirió a otras 13 este jueves en Jaramana, localidad a las afueras de Damasco con una numerosa población de la minoría religiosa drusa, según confirmó el Ministerio de Sanidad sirio a la agencia estatal SANA.

La televisión estatal siria, citando a una fuente oficial no identificada, precisó que el artefacto fue “colocado” en el interior del vehículo. Un periodista de The Associated Press presente en el lugar vio cómo se extraía uno de los cuerpos entre los escombros. Imágenes de AFP mostraron el techo del minibús volado y el chasis destruido desde adentro, con restos esparcidos sobre la calzada.

Ningún grupo reivindicó de inmediato la autoría del atentado.

Jaramana, situada a unos tres kilómetros al sureste de la capital, alberga comunidades drusas y cristianas. En abril de 2025, la localidad ya había sido escenario de enfrentamientos sectarios entre milicianos drusos y combatientes progubernamentales que dejaron al menos 10 muertos.

Tras la explosión, equipos médicos, unidades de Defensa Civil, la Media Luna Roja Siria y personal de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior se movilizaron al lugar, según SANA. Los hospitales y servicios de urgencias de la zona fueron puestos en “estado de máxima alerta”. El Ministerio de Sanidad informó que “restos humanos estaban siendo identificados y procesados por equipos forenses”.

El episodio es el tercero en algo más de un mes en la capital y sus alrededores. A principios de julio, dos explosiones —una en un contenedor de basura y otra en un automóvil estacionado— hirieron al menos a 18 personas durante la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron a Siria, la primera de un jefe de Estado de la Unión Europea desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024. Las autoridades sirias capturaron posteriormente una célula vinculada al Estado Islámico (EI) señalada como responsable de esos ataques.

Días antes de la visita de Macron, un atentado con bomba en un café del centro de Damasco mató a 10 personas y dejó cerca de 20 heridas. El ataque más letal del período reciente ocurrió en junio de 2025, cuando un suicida mató a 25 personas en una iglesia de la capital; las autoridades lo atribuyeron al EI, aunque un grupo islamista suní también lo reivindicó.

Desde que el presidente interino Ahmad al-Sharaa llegó al poder tras liderar la insurgencia que derrocó a la dinastía Asad —cuyo gobierno se extendió por medio siglo—, su administración ha prometido reformas políticas y económicas, además de garantizar la protección de las minorías en un país multiétnico y multiconfesional.

El año anterior registró masacres de alauitas en su bastión costero y violencia sectaria contra la minoría drusa en el sur del país. En un discurso de diciembre de 2025, al-Sharaa subrayó la necesidad de que todos los sirios unan esfuerzos “para construir una Siria fuerte”.

Siria se incorporó el año pasado a la coalición liderada por Estados Unidos contra el EI, organización que fue en gran medida desmantelada en Irak y Siria hacia 2019, pero que mantiene células durmientes y ha llamado a perpetrar ataques contra las autoridades sirias.

(Con información de AFP, Europa Press y AP)

El hecho se conoció como una intervención en la que los agentes respondieron a una emergencia y encontraron al sujeto mientras sometía a la mujer y la amagaba directamente con el arma. De acuerdo con el reporte oficial, la víctima no sufrió heridas y tampoco se registraron lesiones entre las personas que se encontraban en el lugar.

Los policías aplicaron protocolos de verbalización para controlar la situación. La corporación indicó que el objetivo fue persuadir al individuo para que desistiera, antes de que los uniformados aprovecharan un descuido para desarmarlo y asegurarlo.

La mujer quedó bajo resguardo y el detenido fue turnado a la Fiscalía

Tras la intervención, la mujer quedó bajo resguardo para recibir la atención correspondiente. El presunto agresor fue detenido y turnado a las autoridades competentes, que determinarían su situación conforme a la ley.

En otra descripción del mismo caso, se señaló que la mujer estuvo retenida mientras el hombre la sujetaba del cuello y la amenazaba con el machete a centímetros de su cuerpo. Esa maniobra elevó el riesgo del episodio y colocó a la víctima en una condición de posible agresión grave.

La actuación de los elementos municipales evitó que el ataque se consumara. La autoridad local sostuvo que la respuesta de los uniformados mostró capacidad operativa para salvaguardar a la población ante una emergencia de alto riesgo.

Un video mostró que la mujer pidió que no golpearan al detenido

Después del rescate, la reacción de la mujer llamó la atención porque, mientras los policías aseguraban al hombre, ella les pidió que no lo golpearan. Esa escena quedó grabada en video y después provocó debate entre usuarios de redes sociales.

La frase que se escuchó fue: “¡Por favor, no lo lastimen!”. La petición ocurrió pese a que momentos antes el hombre presuntamente la había puesto en peligro al amenazarla con el machete.

Mientras que él en un momento dijo: “Hay que averiguar esto, hay cosas que hago que no debo”.

En el video se pudo apreciar que la mujer lo defendió en varias ocasiones durante la detención. A partir de esa conducta, se consideró que podría tratarse de su pareja o de un familiar, aunque esa relación no quedó confirmada de manera oficial.

También circularon interpretaciones sobre el motivo de su reacción. Mientras unas personas plantearon que pudo actuar por miedo o por una relación de dependencia emocional, otras consideraron que se trató de una decisión personal tomada en medio de la tensión posterior al sometimiento.

El caso también fue descrito como un posible feminicidio frustrado por la intervención policial. Esa valoración partió de la combinación de factores narrados en los reportes: la retención de la mujer, la amenaza directa con el machete y la necesidad de desarmar al agresor en una maniobra de oportunidad.

Otro de los puntos mencionados alrededor del caso fue que no se sabía si el hombre tenía algún problema mental o alguna discapacidad. Tampoco se estableció por qué, pese al peligro inmediato que representaba tener el arma tan cerca del cuello, la mujer insistió en pedir que no ejercieran violencia contra él.

La corporación municipal destacó que el operativo se resolvió sin disparos y sin daños físicos para la víctima. El hombre quedó bajo custodia en espera de que la autoridad ministerial definiera los cargos o medidas procedentes.

• La Policía Municipal de Santa Lucía del Camino desarmó y detuvo a un hombre que presuntamente amenazó a una mujer con un machete en la vía pública.
• La víctima fue resguardada y no presentó lesiones; tampoco hubo personas heridas durante la intervención.
• Un video mostró que, tras el rescate, la mujer pidió a los agentes que no golpearan al detenido, lo que abrió debate en redes sociales.

La agresión a un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Girón ha puesto nuevamente en alerta a las autoridades penitenciarias de Santander. Efraín Quesada Urrego, funcionario del Instituto que llevaba más de 10 años de servicio en el penal, fue asesinado por arma de fuego a escasos metros de la cárcel de Palogordo mientras se dirigía a cumplir su turno matutino.

De acuerdo con información suministrada por medios locales, el ataque ocurrió en una vía destapada, aproximadamente a 600 metros de la entrada principal del penal, alrededor de las 6:10 a. m. del 6 de agosto de 2026. Según reportes iniciales, dos hombres en motocicleta se acercaron y le dispararon en tres ocasiones antes de huir en dirección a Piedecuesta, dejando al empleado gravemente herido sobre la calzada. Uno de los impactos le dio en el tórax.

Actualmente, Quesada permanecía en un centro asistencial de Bucaramanga tras recibir los primeros auxilios en el lugar. Sobre el medio día, Noticias Caracol informó que el hombre de 54 años falleció en la institución médica.

La rápida reacción de los equipos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y de la Policía Nacional permitió acordonar la zona y dar inicio a la recolección de pruebas para determinar la identidad de los autores y los motivos del atentado.

Las primeras hipótesis, según el medio de comunicación, es que los responsables harían parte de la organización criminal Los Costeños, que estarían recluidos en este centro de máxima seguridad, más específicamente en el patio 10.

En Colombia, los ataques y amenazas contra guardianes del Inpec han sido motivo de reiteradas denuncias por parte de sindicatos del sector. Las organizaciones advierten que las agresiones suelen registrarse en las inmediaciones de centros penitenciarios, como el de Palogordo, aumentando la preocupación entre el personal de custodia.

Asesinan a tiros al funcionario del Inpec, Alexander Mejía Cuéllar, en Cali

El asesinato de Alexander Mejía Cuéllar, funcionario del Inpec, estremeció a la ciudad de Cali el 24 de julio de 2026. Mejía Cuéllar, que ostentaba el rango de dragoneante y contaba con más de dos décadas de trayectoria en la entidad, fue atacado a tiros en plena vía pública del barrio Nueva Floresta.

El hecho se produjo alrededor de las 7:00 p. m., cuando sujetos no identificados que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el funcionario. Según un reporte interno de la institución, la víctima falleció en el lugar de los hechos. En el ataque también resultó herida su compañera sentimental, que fue trasladada a un centro asistencial y permanece bajo observación médica.

La información oficial confirma que Mejía Cuéllar se vinculó al Inpec el 19 de enero de 2001 y acumulaba 25 años y seis meses de servicio al momento de su muerte.

Judicializan a 17 personas, incluidos 5 dragoneantes del Inpec, por presuntamente facilitar extorsiones carcelarias

La Fiscalía General de la Nación procesó judicialmente a 17 personas por su presunta vinculación con una red de extorsión carcelaria que habría operado desde la cárcel El Barne, en Cómbita, Boyacá. Entre los procesados se encuentran cinco dragoneantes del Inpec, acusados de permitir el ingreso de celulares y otros objetos a reclusos para la realización de llamadas extorsivas. Según la Fiscalía, la red contactaba a ciudadanos de distintas ciudades del país y los amenazaba para exigirles dinero.

La investigación reveló que los implicados cumplían distintos roles en el esquema: algunos recolectaban información de potenciales víctimas y otros trasladaban esos datos a los internos. Desde varios pabellones de El Barne, entre enero y diciembre de 2025, se habrían efectuado numerosas llamadas extorsivas en nombre de estructuras armadas.

Las capturas se llevaron a cabo en operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la Fiscalía en varias regiones, incluida Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá. El dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez recibió medida de aseguramiento intramural, mientras que los otros procesados permanecen vinculados a la investigación.

La Fiscalía señaló: “Detrás de los muros del establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), se habría conformado una red delincuencial dedicada a contactar vía telefónica y extorsionar a ciudadanos de diferencias ciudades del país, en medio de amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio”. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.

Tkachuk, de 35 años, permanece ingresado en cuidados intensivos en estado crítico. Médicos de la ciudad luchan por mantenerlo con vida tras las graves lesiones ocasionadas por la explosión, según indicaron fuentes de los servicios de emergencia citadas por TASS. El canal de Telegram Mash reportó que el artefacto explosivo había sido colocado en los bajos del vehículo.

La explosión que afectó a Tkachuk ocurrió días después de otro atentado con bomba en Moscú, donde cinco personas murieron en un restaurante céntrico. En ese caso, el objetivo habría sido un alto mando del Ejército ruso, según informaciones recogidas por medios locales. Además, la semana pasada, el director y fundador de otra empresa rusa de drones resultó herido en un tiroteo, episodio que la fiscalía calificó como “intento de asesinato”.

Las imágenes difundidas en redes sociales rusas muestran el chasis calcinado del Mercedes Benz, rodeado de escombros. Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas y los responsables del ataque, mientras no se han registrado comentarios oficiales desde Ucrania respecto a este último incidente.

Uraldronzavod se especializa en la fabricación de drones kamikaze de tipo FPV, conocidos como Upir. Estos cuadricópteros pueden ser operados con gafas de realidad virtual, tienen un alcance de hasta 12 kilómetros y alcanzan velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, lo que los convierte en herramientas utilizadas para ataques dirigidos o lanzamiento de explosivos en la línea del frente en Ucrania.

Tkachuk fundó la firma en 2023 y ha sido fotografiado presentando sus drones al presidente Vladímir Putin. Además, administraba un canal de Telegram titulado Poviórnutie na voiné (‘Obsesionados con la guerra’), donde publicaba información sobre la campaña militar rusa en Ucrania.

En los últimos meses, figuras asociadas al sector militar y de defensa en Rusia han sido blanco de distintos atentados. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Kiev ha señalado como objetivos a diversas personalidades vinculadas con el desarrollo tecnológico y la industria armamentística rusa, según se informó en Kommersant y medios internacionales.

Este martes, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la responsabilidad del Estado Nacional por la detención de Claudio Walter Araya, un ex policía bonaerense que permaneció privado de su libertad durante aproximadamente seis años en la causa conocida como “Brigadas”, una derivación de la investigación del atentado terrorista contra la AMIA que luego fue anulada.

El tribunal también elevó de $1 millón a $1,5 millones la indemnización por daño moral reconocida a Araya, quien falleció en 2013 y cuya demanda fue continuada por sus herederas. La suma devengará intereses desde su detención, ocurrida el 12 de julio de 1996, hasta el pago efectivo.

La decisión fue firmada por los camaristas Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, quien intervino como subrogante ante las vacantes existentes en la Sala III. El expediente indemnizatorio comenzó el 13 de febrero de 2006 y llegó a la Cámara de Apelaciones después de la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2024.

Araya, en rigor, integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando fue detenido e indagado por su presunta vinculación con la obtención de la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba en el ataque contra la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994 a las 9.53, que causó 85 muertes y centenares de heridos.

Días después de su detención, el entonces juez federal Juan José Galeano lo procesó con prisión preventiva por privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con extorsión, y asociación ilícita. Araya permaneció encarcelado entre julio de 1996 y marzo de 1999, y nuevamente desde mayo de ese año hasta mayo de 2002.

Aunque en diciembre de 1998 recibió una falta de mérito respecto de su presunta participación en el atentado, su sobreseimiento definitivo por esa imputación recién fue dictado el 10 de julio de 2014. Durante ese período permaneció formalmente vinculado con una de las investigaciones judiciales más sensibles de la historia argentina.

Qué fue la causa “Brigadas”

La causa “Brigadas” se abrió el 31 de octubre de 1995 como un sumario conexo al expediente principal por el atentado contra la AMIA. Su objeto era investigar si integrantes de brigadas de la Policía bonaerense habían privado ilegítimamente de la libertad y extorsionado a Carlos Alberto Telleldín, entonces considerado el último poseedor conocido de la camioneta utilizada en el ataque, y si ese vehículo había sido obtenido en el marco de aquellas maniobras.

En julio de 1996, una declaración de Telleldín involucró a integrantes de la fuerza provincial y derivó en la detención de Araya y de otros policías. La causa fue elevada a juicio oral en 2001.

En octubre de 2004, el Tribunal Oral Federal N.º 3 anuló el decreto que había dado origen a “Brigadas” y las actuaciones posteriores respecto de quienes habían sido llevados a juicio. El tribunal también absolvió a Araya por los delitos de secuestro extorsivo y asociación ilícita, sobre los cuales no se había sostenido acusación durante el debate oral, y ordenó investigar las irregularidades cometidas durante la instrucción penal. Los fundamentos se conocieron el 29 de octubre de 2004.

El TOF 3 cuestionó la atribución indiscriminada de una participación en el atentado a los policías bonaerenses sin respaldo probatorio suficiente. También señaló que Galeano demoró de manera injustificada la definición de sus situaciones procesales y mantuvo a los imputados bajo un estado de incertidumbre que fue considerado una forma de presión.

La nulidad fue confirmada en 2006 por la entonces Cámara Nacional de Casación Penal. En 2009, la Corte Suprema limitó parcialmente su alcance y mantuvo la validez de una línea probatoria independiente relativa a delitos comunes cometidos contra Telleldín. Esa distinción se convirtió más tarde en uno de los ejes de la discusión civil sobre la responsabilidad del Estado.

El reclamo iniciado en 2006

Araya promovió la demanda contra el Estado el 13 de febrero de 2006 y reclamó $14,9 millones por los daños que atribuyó a su procesamiento y a la privación de su libertad.

El Estado solicitó el rechazo. Alegó que las irregularidades denunciadas constituían faltas personales de los funcionarios intervinientes, ajenas a su responsabilidad, y sostuvo que el funcionamiento del servicio de justicia había sido corregido por las instancias revisoras.

También pidió citar como terceros al exjuez Juan José Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación del atentado y de la causa “Brigadas”; a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que intervinieron en la pesquisa; al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; y a Carlos Alberto Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta utilizada como coche bomba.

Los citados rechazaron o discutieron la responsabilidad que se les atribuía. Galeano sostuvo que la prisión preventiva había sido dictada a partir de un requerimiento fiscal y de un estado de sospecha sobre el imputado. Mullen y Barbaccia plantearon, entre otras defensas, que la acción estaba prescripta y que la absolución posterior no volvía ilegítimo por sí mismo el procesamiento. Anzorreguy y Telleldín negaron que sus conductas hubieran tenido una relación causal con la detención de Araya.

Araya murió el 1 de mayo de 2013. Sus hijas y su esposa fueron reconocidas como herederas y continuaron el proceso.

La condena de primera instancia

El 2 de diciembre de 2024, el juez federal Santiago Carrillo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3, hizo lugar parcialmente a la demanda. Condenó al Estado, a Galeano, Mullen y Barbaccia a pagar $1 millón por daño moral, más intereses.

Carrillo consideró que la prisión preventiva había devenido ilegítima y que se había configurado una prestación irregular del servicio de justicia. Aunque reconoció que una parte de la investigación relativa a los delitos comunes podía resultar formalmente válida, entendió que no era posible separarla de la decisión de mantener forzadamente a Araya vinculado con el atentado y bajo la competencia federal.

Según el fallo, la actuación atribuida a Galeano ocasionó tanto la privación irregular de la libertad como una demora perjudicial en la definición de la situación procesal del expolicía. El magistrado calificó esa prolongación como una “artera morosidad judicial”, incompatible con las garantías constitucionales que rigen el proceso penal.

La sentencia distribuyó la responsabilidad en un 80% para Galeano y un 10% para cada uno de los exfiscales. Carrillo entendió que Mullen y Barbaccia habían actuado con conocimiento de las maniobras ilícitas que rodearon la investigación.

En cambio, excluyó de la condena a Anzorreguy y Telleldín. Aunque ambos habían sido alcanzados por decisiones penales vinculadas con el uso de fondos públicos para obtener una declaración con información falsa, el magistrado concluyó que no se había probado un nexo causal suficiente entre esas conductas y la prisión preventiva sufrida por Araya.

También rechazó los reclamos por lucro cesante, pérdida de la carrera policial y ascensos. La exoneración de Araya de la Policía bonaerense había quedado firme porque no fue impugnada ni anulada judicialmente.

La responsabilidad del Estado

Al revisar la sentencia, la Sala III confirmó que el caso configuró un supuesto de error judicial y una falta de servicio atribuible al Estado.

Los camaristas recordaron que la responsabilidad estatal por la actividad jurisdiccional es excepcional y requiere que el acto que originó el daño haya sido previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto. Consideraron que ese presupuesto se encontraba cumplido por la nulidad decretada en el juicio oral.

El voto del camarista Fernández, al que adhirió López Castiñeira, destacó que la nulidad de las actuaciones y la absolución de los acusados permitían concluir que existió “en cabeza del Estado y de los funcionarios un caso de error judicial”.

La Cámara también ponderó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formalizado mediante el Decreto 812/2005. Allí se admitió que en la investigación del atentado “existió encubrimiento”, que medió un “grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación” y que se produjo una “denegatoria de justicia”.

Para los jueces, esa admisión, sumada a la nulidad y a los daños acreditados en el expediente, brindaba sustento suficiente para que prosperara el reclamo.

El tribunal de alzada rechazó además la postura del Estado Nacional según la cual las conductas atribuidas a Galeano debían considerarse actos personales ajenos a la responsabilidad pública. Aplicó, para el caso, la denominada teoría del órgano, que atribuye directamente al Estado los actos realizados por sus funcionarios en ejercicio de sus cargos.

Las decisiones cuestionadas, subrayaron los camaristas, fueron adoptadas por Galeano “en su condición de juez” a cargo del juzgado donde tramitaba la investigación. Como consecuencia, Araya fue sometido a una prisión preventiva de más de seis años basada en actuaciones que después fueron declaradas nulas.

“La posterior desincriminación no justifica el actuar del Estado, sino que, por el contrario, ratifica la existencia de una clara falta de servicio debido a que la justicia se administró de manera deficiente e irregular”, explicó la Sala III.

La situación de Galeano, Mullen y Barbaccia

La Cámara modificó, sin embargo, el alcance de la condena impuesta en primera instancia a Galeano, Mullen y Barbaccia.

Los jueces diferenciaron la responsabilidad objetiva del Estado, que podía resolverse sin esperar el final del proceso penal, de la eventual obligación personal de los exfuncionarios. Las causas penales vinculadas con sus conductas no contaban aún con una resolución firme que permitiera definir su responsabilidad civil definitiva.

“Únicamente respecto de los terceros existe prejudicialidad. Sin embargo, ello no es óbice para el dictado del presente pronunciamiento con relación al Estado Nacional”, consignó el tribunal.

La Sala III también tuvo en cuenta que Araya había dirigido originalmente su demanda solo contra el Estado y que los exfuncionarios fueron incorporados como terceros por pedido de la propia demandada.

Por esos motivos, dejó sin efecto en esta etapa la distribución del 80%, 10% y 10% fijada por Carrillo. Según la resolución, los porcentajes de una eventual acción de contribución “no pueden ser fijados en esta instancia” mientras se encuentre pendiente la definición penal.

El Estado podrá promover en el futuro una acción de regreso contra quienes considere responsables. En ese proceso se determinará, en caso de corresponder, qué proporción de la condena deberá afrontar cada exfuncionario.

La indemnización

Las herederas de Araya apelaron el monto fijado por daño moral. Plantearon que no reflejaba la extensión del encarcelamiento, la afectación de su vida familiar, los padecimientos económicos ni el perjuicio sufrido por haber quedado asociado públicamente al atentado.

La Cámara hizo lugar parcialmente al planteo y elevó la reparación de $1 millón a $1,5 millones.

El tribunal sostuvo que el padecimiento surgía de las propias circunstancias del hecho y sus consecuencias, por lo que no requería una acreditación específica. Para cuantificarlo, tuvo en cuenta la duración de la privación de libertad y la gravedad de la imputación.

La Sala III mantuvo el rechazo de los rubros relacionados con la carrera policial. Explicó que la exoneración de Araya había quedado firme y que un reclamo indemnizatorio fundado en la ilegitimidad de un acto administrativo exige que ese acto haya sido previamente impugnado y anulado.

La suma deberá abonarse en efectivo y devengará intereses, calculados según la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central, desde el 12 de julio de 1996 hasta su pago. Las costas de la segunda instancia quedaron a cargo del Estado Nacional.

Según información de medios regionales como Noticias Suroeste, el médico Édgar Hoyos Díaz, egresado de la Universidad de Caldas y excandidato a la Asamblea de ese departamento, habría sido asesinado tras ser atacado a disparos dentro de su consultorio en el municipio de Supía durante la mañana del sábado 1 de agosto.

De acuerdo con Noticias Suroeste, el ataque ocurrió hacia las 7:45 a.m. en un consultorio ubicado en la carrera 6 con calle 35. El agresor habría llegado vestido con prendas que aparentaban pertenecer a una empresa y llevaba puesto un casco de motociclista para ocultar su identidad.

Según los primeros reportes, el hombre ingresó al establecimiento y presuntamente utilizó una pistola con silenciador para dispararle en tres ocasiones a la víctima en la cabeza. Tras cometer el ataque, salió del consultorio, abordó una motocicleta y huyó con rumbo desconocido. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron inicialmente a Hoyos Díaz al Hospital San Lorenzo de Supía y debido a la gravedad de su estado de salud fue remitido a un centro asistencial en la ciudad de Manizales.

Tras conocerse el atentado, el director del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Gobernación de Caldas adelantar las acciones necesarias para identificar y capturar al responsable del homicidio.

Rechazo contundentemente el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el @NvLiberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario que ingresó a su consultorio en Supía, Caldas, y le disparó con arma de fuego. Exijo a la @FiscaliaCol, a la @PoliciaColombia y a la @GoberCaldas actuar con toda la contundencia para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar que este hecho no quede en la impunidad. Desde el Nuevo Liberalismo expresamos toda nuestra solidaridad con Édgar, su familia y sus seres queridos. Oramos por su pronta recuperación y reiteramos que la violencia jamás podrá imponerse sobre la democracia."

La Policía Nacional y los organismos de investigación judicial asumieron las indagaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, determinar las circunstancias de la agresión y dar con la identificación de los responsables. Las autoridades activaron los protocolos correspondientes tan pronto tuvieron conocimiento del caso.

Así mismo, la Administración Municipal expresó su preocupación por la seguidilla de episodios violentos registrados recientemente en Supía. Además, indicó que trabaja de manera articulada con las entidades competentes en la evaluación de nuevas estrategias para fortalecer la seguridad, aumentar la vigilancia y reforzar los controles, con el propósito de garantizar la convivencia y devolver la tranquilidad a la población.

El médico Édgar Hoyos es cirujano con especialización en Administración de Salud y contaba con una amplia trayectoria en el sector público y hospitalario de Caldas. A lo largo de su carrera ocupó cargos de dirección y liderazgo, entre ellos el de decano de la Universidad de Caldas. También fue gerente y subdirector científico del Hospital San Lorenzo de Supía, además de desempeñarse como subdirector de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, desde donde participó en la gestión de políticas y servicios para el departamento.

Su experiencia no se limitó al ámbito sanitario. Incursionó en la vida política como concejal del municipio de Victoria y posteriormente aspiró a distintos cargos de elección popular, entre ellos la Alcaldía de Supía, un escaño en el Concejo de Manizales y una curul en la Asamblea de Caldas. Tras conocerse el ataque del que fue víctima, las manifestaciones de solidaridad no tardaron en aparecer. A través de redes sociales, pacientes, colegas y habitantes de la región expresaron su pesar por lo ocurrido y destacaron tanto su trayectoria profesional como sus cualidades humanas, recordándolo como un médico cercano a la comunidad y comprometido con el servicio público.

La tarde del 21 de diciembre de 1988 transcurría con normalidad en Lockerbie, un pequeño pueblo del suroeste de Escocia. Familias reunidas en sus casas, preparativos anticipados para la Navidad y el ritmo habitual de una localidad tranquila se vieron abruptamente interrumpidos cuando, poco después de las siete de la tarde, el cielo se iluminó de manera inesperada. Un estruendo atravesó la comunidad, seguido de una caída de escombros y fuego que arrasó viviendas y calles en cuestión de segundos: un avión había caído de los aires.

La causa de ese cambio repentino fue la caída del vuelo 103 de Pan Am, un Boeing 747 que cubría la ruta transatlántica entre el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave, que transportaba a 259 personas entre pasajeros y tripulación, desapareció de los radares mientras sobrevolaba Escocia, precipitándose sobre el pequeño pueblo sin previo aviso.

El impacto devastó áreas enteras. Casas, jardines y calles quedaron destruidos bajo toneladas de restos provenientes de la aeronave. Además de las vidas perdidas a bordo, once personas que se encontraban en tierra también murieron a causa de la destrucción. En total, la tragedia dejó 270 víctimas, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes aéreas y humanas en la historia del Reino Unido. La jornada quedó marcada para siempre por el desastre que cayó del cielo.

Cómo fue la tragedia de Lockerbie: un explosivo sospechoso

La tragedia se desencadenó cuando un explosivo oculto en el equipaje destruyó en pleno vuelo al Boeing 747 de Pan Am, poco después de haber despegado de Londres rumbo a Nueva York. Según reportes del FBI, la bomba fue colocada dentro de una radio y escondida en una valija registrada en el vuelo 103 de la aerolínea. La detonación ocurrió a una altitud de más de 9.000 metros, desintegrando la aeronave en el aire y dispersando sus restos sobre un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados en los alrededores de Lockerbie, Escocia.

Las investigaciones posteriores identificaron que el artefacto explosivo había sido activado por un temporizador sofisticado. Los fragmentos recuperados entre los escombros permitieron a los expertos reconstruir la secuencia del atentado. Entre las piezas halladas, un trozo de temporizador incrustado en una camisa ayudó a vincular el ataque con operativos de inteligencia libios.

El gobierno libio reconoció formalmente su responsabilidad en el ataque y aceptó indemnizar a las familias de las víctimas. En 2001, un tribunal especialmente conformado condenó a Abdel Baset Ali al-Megrahi por su participación en el atentado, mientras que otro sospechoso, Lamen Khalifa Fhimah, fue absuelto. Décadas después, las investigaciones continuaron y en 2020 las autoridades estadounidenses presentaron cargos contra un tercer implicado, Abu Agela Mas’ud Kheir al-Marimi, por su presunto papel en la fabricación del explosivo.

El crudo testimonio de los ciudadanos

El impacto de la tragedia de Lockerbie quedó grabado en la memoria colectiva de sus habitantes. Los testimonios de los locales reflejan el desconcierto y el horror de aquella noche. Marjory McQueen, vecina del pueblo, describió a BBC el momento en que su vida cambió abruptamente: “Después hubo un zumbido, y de repente todo el cielo se volvió naranja, y había llamas a cientos de metros de altitud en el aire. No tenía ni idea de lo que había sucedido”.

El canónigo Patrick Keegans también relató el estruendo que sacudió su casa en Sherwood Crescent: “Inmediatamente después de eso, hubo una enorme explosión”. Al bajar, encontró a su madre ilesa, protegida por un refrigerador, mientras afuera presenciaba la destrucción total de su calle y la ausencia de sus vecinos.

Peter Giesecke, residente de la zona de Rosebank, recordó la escena que encontró en su propio jardín: “Había cuerpos en el jardín, yacían al lado de las ventanas delanteras de la casa. Estaban por todo el jardín. Siempre recordaré a esa chica. Iba vestida de azul, llevaba un suéter azul”. De ese rincón del pueblo retiraron los restos de más de 60 personas.

El inspector de policía George Stobbs, quien llegó poco después del desastre, describió el panorama: “Fui a Rosebank y había una parte del fuselaje enterrada en el jardín. Había arrancado casi la mitad de una casa. Y había mucha gente dentro todavía. En ese momento no habían retirado ningún cuerpo. Al final, sacaron a 60 personas de esa parte del avión”.

El más reciente atentado ocurrió el 28 de julio, durante las celebraciones por Fiestas Patrias, cuando una unidad de la compañía fue atacada a balazos mientras abastecía combustible en un grifo ubicado en el distrito de Carabayllo, según información de Latina Televisión. Este hecho se convirtió en el cuarto ataque registrado contra la empresa durante el presente año y aumentó la preocupación entre los choferes.

Los trabajadores tenían previsto realizar una marcha hacia el Congreso de la República para exigir mayores medidas de seguridad; sin embargo, la movilización fue suspendida debido a problemas de coordinación entre las diferentes líneas que forman parte de Translima. Los transportistas señalaron que no cuentan con garantías para participar en esta protesta.

La compañía opera tres rutas principales: línea 18, línea 21 y línea 29. Estas unidades parten desde zonas como Plaza Norte, Carabayllo y el Callao, con destino final en Jesús María. Según los conductores, la falta de protección ante las amenazas ha generado temor y reducido progresivamente la cantidad de vehículos disponibles para brindar el servicio.

De acuerdo con los testimonios recogidos, inicialmente eran cuatro organizaciones delictivas las que exigían pagos a los trabajadores. Posteriormente, se habría incorporado una quinta agrupación y actualmente los afectados aseguran que son seis bandas las involucradas en estos cobros ilícitos. Los delincuentes exigirían aproximadamente 24 soles por concepto de cupo.

Los choferes explicaron al citado medio que esta situación también impacta en su economía, debido a que deben asumir otros gastos, como el pago de cochera en el patio de maniobras ubicado en Carabayllo. A ello se suma el riesgo de salir a las calles y ser víctimas de nuevos ataques mientras realizan sus recorridos habituales.

El panorama ha generado una disminución considerable de unidades en el espacio donde normalmente se concentran los vehículos de Translima. Los trabajadores indicaron que la cantidad de buses se redujo prácticamente a la mitad, debido a que varios conductores decidieron dejar de acudir al lugar o buscar otras alternativas laborales ante la inseguridad.

Según Latina, la empresa ya había sido víctima de otro atentado el pasado viernes 17 de julio. En aquella oportunidad, un conductor resultó herido por impactos de bala y logró avanzar algunas cuadras antes de ser trasladado a un hospital. Tras el último ataque, los extorsionadores habrían enviado mensajes intimidatorios a los trabajadores identificándose con el nombre de “los albaneses”.

Los transportistas advirtieron que estas amenazas no solo ponen en peligro la integridad de los conductores, sino también la seguridad de los pasajeros, debido a que algunos atentados ocurren mientras las unidades se encuentran en circulación. Ante esta situación, esperan acciones concretas de la Policía Nacional y de las autoridades del nuevo gobierno para enfrentar el avance de la extorsión en el sector transporte.

Un jurado federal de Estados Unidos declaró el miércoles al agresor del novelista Salman Rushdie culpable de “cometer un acto de terrorismo” debido al sangriento ataque de agosto de 2022 en un centro cultural de Nueva York.

Hadi Matar, un estadounidense de origen libanés de 28 años, también fue hallado culpable de apoyar al grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, después de que los investigadores encontraran materiales de la organización en su casa.

Matar “decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán”, sostuvo el fiscal federal Michael DiGiacomo, en un comunicado del Departamento de Justicia.

Añadió que pasó meses planeando el apuñalamiento en el que Rushdie casi muere y que lo dejó ciego de un ojo.

Matar ya había sido declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a 25 años de prisión por la Justicia del estado de Nueva York, y era juzgado ahora por cargos de terrorismo ante un tribunal federal en Búfalo, al noroeste de Nueva York.

Según la acusación, el agresor actuó siguiendo la fatua lanzada en 1989 por el ayatollah Ruholá Jomeini -entonces líder de Irán- que pedía el asesinato de Rushdie por blasfemia en su obra Los versos satánicos.

“El señor Matar pasó más de un año sumergiéndose en la ideología violenta de Hezbollah y preparándose para actuar en favor de esta fatua”, dijo el asistente del fiscal general de Estados Unidos, John A. Eisenberg, citado en el comunicado.

Matar se enfrenta a una pena federal máxima de cadena perpetua. La sentencia se dictará el 3 de noviembre.

Fuente: AFP.

Fotos: Europa Press y Reuters/ Robert Frank.

Una petición digital, impulsada por familiares de víctimas del 11-S, abrió un debate sobre la presencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en los actos del 25º aniversario de los atentados de 2001.

El documento, que superó 23.000 firmas según cifras recogidas por medios estadounidenses, pide a los organizadores del evento que reconsideren la asistencia del mandatario por “preocupaciones” sobre sus posiciones públicas y asociaciones consideradas hostiles a valores compartidos en Estados Unidos.

La iniciativa surgió por impulso de Giovanni Galante, un agente inmobiliario de Florida que perdió a su esposa, Grace Catherine Galante, en el ataque.

Grace tenía 29 años y trabajaba en el piso 105 de la torre norte. Galante afirmó que la sola posibilidad de ver a Mamdani en la ceremonia es “una bofetada en la cara” para quienes perdieron familiares, y calificó de insultante el respaldo del alcalde a figuras y discursos que, según los firmantes, relativizan o justifican la tragedia del 11-S.

El reclamo se dirige especialmente a los organizadores de la ceremonia. Los peticionarios consideran que el evento debe ser un espacio de memoria y recogimiento, “libre de política”, sin la presencia de funcionarios cuya trayectoria —sostienen— entra en conflicto con el “reconocimiento de la gravedad de los ataques” y el “rechazo” de ideologías violentas o antiestadounidenses.

Motivos y argumentos de la petición contra el alcalde Mamdani

Entre los argumentos, el texto cuestiona la negativa de Mamdani a condenar de manera clara eslóganes como “globalizar la intifada” y le atribuye declaraciones en las que habría responsabilizado a Estados Unidos de la radicalización de figuras vinculadas a Al Qaeda.

Además, menciona elogios del alcalde al imán Siraj Wahhaj y su relación pública con el comentarista Hasan Piker, a quien se le atribuyen expresiones polémicas sobre los ataques de 2001.

La petición también cita antecedentes familiares, como escritos de Mahmood Mamdani, padre del alcalde, que interpretaba los atentados suicidas como una expresión más de la violencia política moderna. Zohran reconoció en el pasado la influencia de su padre en su formación de ideas.

En la lista de objeciones aparece la designación de Ramzi Kassem como principal asesor jurídico de la ciudad, cuya trayectoria incluye la defensa de personas condenadas por delitos de terrorismo.

Los firmantes también reprochan el respaldo del alcalde a candidatos que responsabilizaron a Estados Unidos por los atentados, y destacaron entre ellos a Aber Kawas, quien enmarcó el 11-S en un contexto de racismo y capitalismo.

Diversidad de voces entre familiares y sobrevivientes

El pedido encontró eco en familiares que sufrieron pérdidas directas. Monica Iken Murphy, viuda de Michael Murphy, quien trabajaba en el piso 84 de la torre sur y tenía 37 años, expresó que la ceremonia debería ser un espacio íntimo y que la presencia de figuras políticas ajenas al momento resulta fuera de lugar.

El activista John Feal insistió en que Mamdani debería mantenerse alejado “hasta que haga algo proactivo” por la comunidad afectada.

No todos comparten la misma visión. Dennis McKeon, representante de un grupo de sobrevivientes, recordó que en los últimos 25 años participaron en los actos alcaldes y gobernadores que “realmente no hicieron nada para ayudar” y nunca se les prohibió asistir.

Ademas, consideró que no ve “la sensatez” de impedir la presencia del actual alcalde.

Respuestas oficiales y postura de los organizadores

Consultado por medios estadounidenses, el alcalde Mamdani aseguró que “honrará con orgullo” a los familiares, sobrevivientes y equipos de emergencia “de por vida” afectados por el ataque, y que estará presente para “reafirmar que nunca olvidaremos” el 11 de septiembre de 2001.

La alcaldía, a través de Jeremy Edwards, reiteró que Mamdani acompañará a las víctimas y recordará la fecha como un día solemne para toda la ciudad.

Por su parte, el 9/11 Memorial & Museum aclaró que las conmemoraciones se organizan para mantenerlas “libres de política”, que los funcionarios presentes no pronuncian discursos y que se les pide permanecer en un área designada.

En ese marco, los impulsores de la petición anticiparon que solicitarán la intervención del Concejo Municipal para reforzar su reclamo.

El debate sobre la participación del alcalde en la ceremonia por el cuarto de siglo de los ataques expuso la persistente sensibilidad y las distintas miradas sobre cómo, quién y bajo qué condiciones debe honrarse la memoria de los casi 3.000 fallecidos aquel 11 de septiembre.

Una red clandestina del grupo terrorista Hamas habría dedicado años a preparar una serie de atentados coordinados contra objetivos israelíes, judíos y occidentales en distintos países de Europa, en un plan que buscaba replicar la magnitud de la masacre perpetrada en Israel el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con una investigación publicada por el diario suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) y citada por medios israelíes especializados.

Según el informe, la organización construyó una infraestructura encubierta que incluía depósitos de armas, rutas de contrabando, redes logísticas y células durmientes listas para ser activadas cuando recibieran la orden de la cúpula del movimiento islamista. La investigación sostiene que las autoridades alemanas creen que el objetivo era ejecutar los ataques en torno al segundo aniversario del 7 de octubre, aunque el complot fue frustrado gracias a operaciones de inteligencia y una serie de arrestos en varios países europeos.

La publicación señala que las pesquisas permitieron detectar actividades vinculadas con Hamas en Alemania, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Grecia y Chipre, lo que llevó a los investigadores a concluir que el brazo militar de la organización había establecido una estructura operativa permanente en Europa, pese a sostener públicamente que sus operaciones se limitan a Israel, Gaza y Judea y Samaria.

Entre los hallazgos figura un arsenal descubierto en Austria en 2025 compuesto por cinco pistolas cargadas, diez cargadores, más de un centenar de municiones y varios artefactos explosivos. De acuerdo con el informe, Viena funcionaba como un centro logístico clave para la red.

Las investigaciones también determinaron que al menos 13 pistolas, un fusil de asalto AK-47 y más de 900 cartuchos de munición fueron trasladados a través de Dinamarca, Alemania y Austria. Un ciudadano británico de 39 años fue detenido en Londres en relación con ese arsenal, mientras que cuatro integrantes de Hamas ya fueron condenados por tribunales alemanes.

La investigación del Neue Zürcher Zeitung sostiene además que los preparativos comenzaron varios años antes de la guerra desencadenada tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Según la Fiscalía Federal alemana, la organización había iniciado con antelación la instalación de infraestructura terrorista en Europa como parte de una estrategia de largo plazo para expandir sus operaciones más allá de Oriente Medio.

Uno de los episodios más recientes ocurrió a comienzos de junio, cuando una unidad especial griega arrestó en la isla de Creta a un ciudadano egipcio de origen palestino de 37 años que trabajaba como electricista en un hotel. Durante el allanamiento de su vivienda en Atenas, la policía encontró productos químicos, una balanza de precisión y otros elementos que, según la investigación, podían utilizarse para fabricar explosivos.

Las autoridades griegas habían sido alertadas previamente por la policía de Chipre, que semanas antes había detenido a dos palestinos cerca de Lárnaca presuntamente vinculados con el sospechoso. De acuerdo con la investigación, los servicios de seguridad pusieron al hombre bajo vigilancia permanente en una operación denominada “Odin”.

Los investigadores creen que esa célula evaluaba atacar un crucero israelí que realiza escalas periódicas en puertos griegos y que ya había sido escenario de protestas antiisraelíes. Según el informe, el sospechoso y otros cuatro palestinos habían sido interrogados durante una visita anterior del barco, aunque entonces no fueron arrestados.

La investigación también sostiene que algunos integrantes de la red recibieron entrenamiento especializado fuera de Europa. Según los investigadores, dos sospechosos viajaron en 2025 desde Zúrich hacia Qatar, Indonesia y posteriormente Malasia, donde habrían recibido capacitación para fabricar bombas.

De acuerdo con medios israelíes especializados que reprodujeron los hallazgos del diario suizo, las pesquisas de la Fiscalía Federal alemana describen una red capaz de mover armamento durante meses sin ser detectada. En el verano de 2025, cinco pistolas Glock habrían sido trasladadas desde Dinamarca hasta Viena pasando por Berlín mediante una cadena de intermediarios.

El informe también reconstruye investigaciones anteriores que apuntan a la creación de depósitos clandestinos de armas desde 2019. En diciembre de 2023, la policía búlgara desenterró una maleta con armas y municiones cerca de Plovdiv, cuya ubicación había sido identificada tras el análisis del teléfono de un sospechoso libanés posteriormente condenado en Alemania.

Según las autoridades alemanas, esa célula recibió instrucciones desde Líbano para establecer escondites de armas en distintos países europeos y preparar ataques contra objetivos judíos, israelíes y estadounidenses. Los investigadores sostienen que los sospechosos realizaron tareas de vigilancia sobre la Embajada de Israel en Berlín, la base aérea estadounidense de Ramstein y otros lugares considerados potenciales objetivos.

La investigación indica que los planes eran dirigidos desde Líbano por dirigentes del brazo militar de Hamas. Sin embargo, la organización negó cualquier vínculo con los detenidos en Europa y afirmó que las acusaciones buscan "dañar la reputación del movimiento“, al tiempo que aseguró que su confrontación con Israel se limita al territorio palestino.

No obstante, según el Neue Zürcher Zeitung las evidencias reunidas por las autoridades europeas sugieren que Europa dejó de ser únicamente una plataforma logística y de financiamiento para Hamas y pasó a formar parte de los escenarios contemplados para futuras operaciones terroristas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático expresaron su respaldo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, después de que se denunció un presunto plan de atentado en su contra.

La alerta surgió luego de que el equipo de seguridad de De la Espriella recibiera informes de inteligencia sobre una recompensa de hasta $3.000 millones ofrecida por estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para atentar contra el mandatario electo. La información fue reportada por el propio equipo de seguridad presidencial.

En su cuenta oficial en la red social X, Uribe escribió: “Toda la solidaridad con el Presidente Electo Dr Abelardo de la Espriella (sic)”. Por su parte, el Centro Democrático publicó: “El Centro Democrático expresa su solidaridad con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y condena enérgicamente cualquier amenaza o plan criminal que pretenda atentar contra su vida”.

Estas declaraciones públicas se suman a una serie de pronunciamientos de respaldo institucional frente al riesgo reportado.

Rechazo institucional y llamado a la protección

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también manifestó su rechazo ante cualquier amenaza que ponga en peligro la integridad del presidente electo. La Procuraduría publicó en X un comunicado en el que enfatizó: “El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza de manera contundente cualquier amenaza o acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad o la seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella (sic)”.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades para que adelanten investigaciones con celeridad y adopten medidas para asegurar la protección de De la Espriella y el normal desarrollo de la transición institucional.

Según el equipo de prensa del presidente electo, los informes entregados a las agencias estatales advierten que las organizaciones armadas buscan afectar el desarrollo de las mesas de trabajo en diferentes regiones del país y podrían intentar infiltrarse en actividades públicas, incluidas aquellas con presencia de niños y adultos mayores.

El comunicado oficial alerta sobre la posibilidad de que estos escenarios sean aprovechados para ejecutar acciones violentas.

Refuerzo en los protocolos de seguridad

Ante la gravedad de la amenaza, la fuerza pública inició revisiones y ajustes en los protocolos de ingreso a recintos cerrados y plazas públicas donde tienen lugar los encuentros del equipo de transición, según detalló el grupo de trabajo de De la Espriella a medios nacionales.

El mensaje de la oficina del mandatario electo incluyó una ratificación sobre la independencia de los poderes del Estado frente a presiones de actores ilegales, subrayando el compromiso con el mandato popular obtenido en los comicios.

El equipo del presidente electo indicó: “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”.

Transición sin alteraciones y exigencia de investigación

Pese a las advertencias sobre el riesgo para su seguridad, los delegados de De la Espriella confirmaron que las reuniones programadas con alcaldes, gobernadores y movimientos sociales continuarán según lo planeado. El mandatario entrante decidió mantener sin cambios el cronograma de actividades institucionales previo a su posesión el 7 de agosto, descartando cualquier suspensión por presiones de grupos armados.

En palabras del equipo de gobierno: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.

Para mitigar los riesgos, la jefatura de protección anunció controles extraordinarios en cada municipio programado para las visitas, con el propósito de resguardar tanto a los ciudadanos asistentes como a los funcionarios públicos.

Este 32° aniversario del Atentado a la AMIA se escuchó uno de los discursos más contundentes en relación al avance de la causa judicial y a la necesidad de realizar mayores esfuerzos gubernamentales. Lo realizó el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, quien sentenció que “el Estado argentino, colmado de desidias, complicidad y errores sistemáticos, ha sido incapaz de ofrecer luz ante una de las páginas más oscuras de nuestra historia”.

En primera fila estaba el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes no hablaron durante el acto y se limitaron a escuchar las palabras de Armoza, quien hacia el final del discurso reconoció la voluntad de la actual administración de condenar a organizaciones terroristas.

“En medio de esta ola de cinismo global, celebramos y valoramos la postura de la República Argentina, liderada por el Gobierno Nacional, de ubicarse con firmeza en el lado correcto de la historia, manifestando su apoyo expreso al Estado de Israel en este momento tan delicado, y habiendo declarado también a Hamás como organización terrorista”, afirmó.

Aunque fue elogioso, Armoza hizo énfasis en varios pedidos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, donde el oficialismo de La Libertad Avanza tiene margen para accionar.

Por la parte ejecutiva, pidió “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. Asimismo, solicitó que se “aceleren las designaciones al respecto para cubrir todos los cargos que se encuentran vacantes”. Para el lado del Congreso, pidió el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo, aunque sin explicar qué tipo de políticas públicas.

“Nos pareció bien que haga las demandas que haya considerado pertinentes. Creo que desde AMIA y desde toda la comunidad judía saben que en esta gestión encuentran un apoyo sustancial”, afirmó un importante funcionario de la Casa Rosada.

Infobae se contactó con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, para pedir sus opiniones acerca del pedido por refuerzos en la Triple Frontera, pero no recibió respuestas hasta la publicación del artículo.

Al respecto de la aceleración de pliegos judiciales, el Ministerio de Justicia prevé seguir con el envío de pliegos luego del receso invernal que va a tener el Congreso por estas dos semanas. Se espera que la propuesta de acuerdos por las diferentes vacantes que hay sea algo menor que en los últimos meses. Esto es por la importancia y la magnitud de los cargos que se van a proponer. La Casa Rosada comenzó mandando pliegos de juzgados menos atravesados por la política y prevé seguir avanzando con los más complejos en los próximos meses, aunque de manera más dosificada. “Las vacantes se van a cubrir”, afirman.

En cuanto a los aspectos legislativos, en el oficialismo se sinceran y afirman que no hay proyectos en materia de lucha contra el terrorismo por el momento, aunque eso no significa que se puedan comenzar a elaborar nuevas propuestas. “Sacamos la Ley de Juicio en Ausencia. Más no podemos hacer por el momento. Entendemos si creen que no tuvo los resultados esperados, pero hay buena predisposición de nuestro lado”, afirmó una importantísima voz del oficialismo.

Una de las figuras del Gobierno que estuvo presente en el acto dio ante Infobae su opinión sobre el discurso de Armoza: “Juicio en ausencia no puede nacer mal. Es una nueva institución y se deben tomar recaudos. Pero es un avance importantísimo”.

En todo el arco del oficialismo evitaron pronunciarse sobre las consideraciones que el titular de la institución realizó sobre los jueces y fiscales aludidos, aunque algunos de ellos reconocieron la lentitud y “la falta de justicia” que rodea a la Causa AMIA.

En uno de los fragmentos exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Quien estaba en el acto mientras era aludido era Barroetaveña, quien hace días logró una medida cautelar para poder participar de las elecciones y renovar su mandato en el Consejo de la Magistratura.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. Quien fue mencionado por haber realizado un aporte “nulo” a la investigación fue el fiscal Julio Miranda, cotitular de Basso en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA). También fue citado el responsable del Área de Análisis de la Unidad, el fiscal general Pablo Ouviña.

Durante la ceremonia realizada en Pasteur 633, Armoza aseguró que “luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos”, aunque advirtió que “nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar”. También dedicó sus primeras palabras a los familiares y sobrevivientes del ataque. “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo”.

Milei y Karina Milei siguieron la ceremonia desde las primeras filas, junto a funcionarios nacionales, dirigentes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado. El Presidente encabezó la comitiva oficial que asistió al homenaje realizado en Pasteur 633, donde a las 9:53 sonó la sirena que recordó el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994.

Uno de los pasajes más duros del mensaje estuvo dirigido al estado de la investigación. “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, afirmó. Luego agregó que la institución mantiene “encendida” la búsqueda de respuestas frente a “una injusticia que nos quema por dentro”.

En ese contexto, reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo. “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan”, sostuvo.

Armoza también exigió que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó, antes de exhortar a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Además, cuestionó el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa. “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, manifestó. También recordó que el Juzgado Federal N° 6 permanece desde hace seis años sin un magistrado titular y reclamó cubrir las vacantes judiciales.

El presidente de la AMIA también dirigió críticas al Ministerio Público Fiscal. Si bien valoró el impulso del fiscal Sebastián Basso para avanzar con el juicio en ausencia, pidió profundizar la investigación sobre otros aspectos del atentado. “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”, preguntó. Además, sostuvo que el aporte del fiscal Miranda “ha sido absolutamente nulo” y solicitó al procurador general interino, Eduardo Casal, que designe funcionarios “idóneos”.

En otro tramo del discurso, Armoza afirmó que “la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida” y aseguró que la Justicia argentina determinó que el atentado “se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán”. Agregó que “detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”, y reclamó a Interpol mantener vigentes las notificaciones rojas contra los acusados.

En materia de seguridad, pidió al Gobierno nacional “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”. “La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, sostuvo. También convocó a Brasil a declarar a Hezbollah como organización terrorista y afirmó que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.

Finalmente, reclamó acelerar el análisis de la documentación vinculada a la antigua SIDE, sostuvo que todavía existen “toneladas de papeles” pendientes de revisión y pidió a la Corte Suprema revocar la absolución de Carlos Telleldín al considerar que existe “prueba contundente y acumulada” que lo vincula con la conexión local del atentado.

El presidente Javier Milei encabeza la comitiva oficial que asiste al acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Como resultado del acto terrorista que fue perpetrado el 18 de julio de 1994, se registró una cifra de 85 personas muertas.

El acto se realiza desde las 09:30 horas en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía.

La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.

El mandatario llegó compañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

El evento formal comenzará a las 09:53 horas con el sonido de la sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión ocurrida hace más de tres décadas. A partir de ahí, se daría inicio a los discursos, que tendrán como foco el reclamo por justicia y la falta de condenas hacia los responsables.

A 32 años del atentado que destruyó con coche bomba el edificio de Pasteur y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, la causa judicial sigue sin condenados. Sin embargo, a finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”.

La medida había sido anunciada por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, en donde dispusieron la inclusión de la CGRI en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Asimismo, le atribuyeron la autoría de los dos ataques contra la comunidad judia registrados en la década de los 90.

En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, en 1994, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocó 85 muertos y más de 300 heridos.

Luego de una extensa investigación judicial, se determinó que “ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria”.

Junto con la inclusión de la CGRI en el RePET, también se habían formalizado las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes. “El Presidente Javier Milei espera que esta decisión salde una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas, y reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, sostuvieron en el comunicado.

La decisión del Gobierno tuvo lugar en un contexto internacional que estuvo marcado por la escalada militar en Medio Oriente, debido a que se habían reportado varios enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Paralelamente, respondió a revalidar las causas judiciales abiertas en Argentina y al reclamo histórico de justicia por los atentados.

Desde que la Guardia Revolucionaria fue incluida en el listado oficial, se aplicó un congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y la posibilidad de profundizar investigaciones sobre eventuales vínculos locales. Además, fortaleció los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia.

Por último, en el comunicado oficial, las autoridades ratificaron que la decisión apuntaba a que “la República Argentina vuelva a alinearse con la civilización occidental, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

Las autoridades están investigando un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Betoyes, en zona rural del municipio de Tame, Arauca.

Según los informes preliminares, el hecho fue atribuido a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene una marcada presencia en la zona y que han atentado en reiteradas oportunidades contra la estación policial del corregimiento.

Los primeros informes, que están sujetos a verificación, indican que dos agentes murieron y más de cinco uniformados están heridos. Las víctimas reciben atención médica en centros asistenciales cercanos.

El hecho habría ocurrido en las horas de la tarde del martes 14 de julio de 2026, cuando desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra la infraestructura.

Las autoridades adelantan operaciones para confirmar la versión sobre los responsables, ante el riesgo permanente para la fuerza pública y la población civil que habita en la zona.

Hallaron rampas de lanzamiento de explosivos en Arauca que serían utilizadas por el ELN contra policías

Solo unas horas antes, el equipo de Inteligencia Militar localizó 16 rampas de lanzamiento artesanal y 120 kilos de explosivos en un área boscosa de Puerto Rondón, Arauca, presuntamente destinadas a ataques contra la fuerza pública.

El hallazgo lo realizó personal de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 (Fudra), que seguía la pista de un arsenal del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los detalles del hallazgo fueron confirmados por voceros de la Octava División del Ejército Nacional, que aseguraron que los medios de lanzamiento ya estaban “acondicionados y listos” para su uso criminal.

Según la Octava División del Ejército, las rampas, similares a las utilizadas en atentados previos, suelen instalarse en vehículos o zonas elevadas para propulsar cilindros-bomba y morteros contra bases militares y estaciones de policía. En septiembre de 2024, un ataque con este método impactó el Batallón de Artillería de Campaña N°18 en Puerto Jordán, hecho que afectó el proceso de paz con el ELN.

Las autoridades investigan si los explosivos incautados estaban destinados a nuevas acciones contra unidades de la Fuerza Pública en la región.

ELN divulgó pruebas de supervivencia de funcionarios de la Fiscalía secuestrados en Arauca

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó un video como prueba de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación secuestrados en Arauca desde mayo de 2025.

La grabación, de 16 minutos y fechada el 12 de julio de 2026, mostró a ambos funcionarios en condiciones de desgaste físico y emocional, tras 14 meses de cautiverio en la selva colombiana.

En el video, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada solicitaron al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo que gestionen un “intercambio humanitario” que permita su liberación antes del cambio de administración presidencial.

Los secuestrados pidieron empatía y acción urgente, enfatizando el efecto del cautiverio en sus familias. Pacheco, con 27 años de servicio, leyó una carta de su hijo menor y pidió al mandatario que no cierre su periodo con el caso sin resolver.

López expresó la incertidumbre diaria y el deseo de regresar con sus seres queridos, solicitando apoyo institucional para no dejar el proceso inconcluso.

Desde el ELN reiteraron en su comunicado que los funcionarios cumplen “penas” impuestas bajo su “justicia revolucionaria” y afirmaron estar dispuestos a negociar un intercambio humanitario de prisioneros de guerra.

No obstante, el grupo insurgente advirtió a la administración saliente de Gustavo Petro y al gobierno electo de Abelardo de la Espriella sobre posibles consecuencias fatales en caso de una operación militar de rescate.

La divulgación de la prueba de vida sorprendió a los familiares de los agentes. Nicolás Pacheco, hijo de uno de los cautivos, relató a Caracol Radio el impacto emocional del mensaje y criticó la gestión institucional.

“Lo veo bastante canoso. Aunque parece tranquilo, esa forma calmada que explota la utiliza cuando ya está molesto. Él está harto de la inoperancia estatal, harto de que la gente no sienta para nada lo que él siente”, señaló.

El grupo musical Las Estrellas de la Cumbia emitió un extenso comunicado luego del ataque armado que sufrió su bus en la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Los Olivos. El hecho ocurrió la mañana del domingo, cuando la agrupación se detuvo a desayunar tras una presentación y antes de continuar viaje hacia Trujillo.

Según relataron integrantes del grupo, una motocicleta se acercó al vehículo estacionado y los ocupantes abrieron fuego, efectuando al menos doce disparos contra la unidad. Los impactos se concentraron en la parte frontal y en las ventanas del lado del conductor. Agentes de la policía contabilizaron ocho orificios en la parte delantera y dos perforaciones adicionales en el costado del conductor.

El atentado dejó tres personas heridas, entre ellas el conductor y un auxiliar, quienes recibieron atención médica inmediata. Uno de ellos, identificado por el apodo de “Cucho”, fue trasladado al Hospital Municipal de Los Olivos. El resto del equipo fue asistido en el lugar por personal de emergencia, mientras la policía y peritos de criminalística realizaban las primeras diligencias en la zona.

El comunicado oficial y el contexto de amenazas previas

Pocas horas después del ataque, Las Estrellas de la Cumbia publicaron un comunicado dirigido a su familia, seguidores y público en general, en el que lamentaron profundamente lo sucedido y condenaron sin matices la violencia.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”, expresaron.

El texto señala que el equipo se encuentra recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios. La agrupación agradeció “las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas”. Además, pidieron a sus seguidores mantener la calma y evitar difundir información no confirmada, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

La agrupación manifestó su confianza en que las autoridades esclarecerán lo ocurrido. “Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos a nuestros seguidores mantener la calma y evitar compartir información no confirmada”, añadieron.

En el comunicado, el grupo reafirmó su compromiso de mantener sus actividades, más allá de la adversidad. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir llevando música y alegría a nuestro público. Este lamentable hecho no disminuirá nuestra determinación de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación”.

El ataque se suma a un historial de amenazas y extorsión. En noviembre de 2025, el director de la orquesta, Juan Pablo Acosta, denunció ante las autoridades actos intimidatorios luego de rechazar el pago de 20.000 soles exigidos por delincuentes. Las intimidaciones incluyeron videos y notas con municiones y cartuchos de dinamita. Dos presuntos miembros de la organización criminal La Nueva Generación fueron detenidos en relación con estas amenazas.

Mientras las investigaciones avanzan, la policía permanece en la zona y mantiene contacto con el grupo, que ha recibido el respaldo de familiares, colegas y seguidores. “Gracias por acompañarnos siempre. Su respaldo nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante, unidos y con esperanza”, concluyó el comunicado.

Las Estrellas de la Cumbia aseguraron que seguirán colaborando con las autoridades y mantendrán su actividad artística, reafirmando su rechazo a la violencia y su compromiso con el público.

Julio César Mayoral Carrillo, promotor del fallido Verano Fest en Mexicali, recibió al menos 15 disparos de arma de fuego la tarde de ayer en la colonia Popular 6 de Enero. Los responsables huyeron inmediatamente en una camioneta Honda Pilot de color oscuro, sin que, hasta el momento, se haya reportado su captura.

Según los primeros informes, el empresario de 46 años y originario de Caborca, Sonora, fue interceptado alrededor de las 18:26 horas en la intersección de las calles Lago de Chalco y Lago de Camécuaro. El ataque ocurrió en una zona residencial ubicada en el poniente de Mexicali.

En ese instante, Mayoral conducía un BMW 430i con placas de California y trataba de ingresar a un domicilio particular en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Lago. Su intento de acceder a la vivienda coincidió con la llegada de los agresores, quienes abrieron fuego sin mediar palabra.

El ataque y las primeras diligencias

Dos sicarios encapuchados descendieron de la Honda Pilot y abrieron fuego directamente contra el empresario. Las autoridades hallaron 25 casquillos percutidos en la banqueta y en la cochera del inmueble, mientras que el BMW presentó orificios de bala en las puertas, el vidrio trasero y los costados.

La víctima quedó tendida en el suelo con al menos tres impactos de proyectil en la espalda. Fueron sus hijastros quienes reportaron el ataque a la línea de emergencias, y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las indagatorias.

Un testigo en el lugar indicó a las autoridades que tres personas armadas abrieron fuego contra Mayoral. Un reporte adicional a la línea de emergencia señaló que otra persona fue vista alejarse del sitio a pie.

Mayoral fue trasladado a un hospital aún con signos vitales para recibir atención médica. Elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para dar con los responsables.

La deuda millonaria con el Ayuntamiento y el empresario

El ataque ocurre semanas después de que la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informara públicamente que Mayoral adeuda al Ayuntamiento 1 millón 400 mil pesos por el contrato de arrendamiento de las instalaciones del Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones (FEX). El contrato original ascendía a 2 millones 450 mil pesos.

Bajo ese acuerdo, el promotor se comprometió a presentar 12 artistas en el escenario Isla de las Estrellas y dos en el Palenque del FEX, para un total de 14 eventos en 12 fechas. Solo se realizaron tres de esas presentaciones antes de que el proyecto se cancelara de forma definitiva.

El Verano Fest arrancó el jueves 21 de mayo con escasa afluencia desde su primera jornada. La presidenta municipal atribuyó el fracaso a una mala organización y descartó que la cancelación tuviera origen en extorsión o cobro de piso: el público se desalentó desde el primer día, cuando las puertas abrieron cinco horas después de lo previsto.

Amenazas previas y líneas de investigación

Antes del ataque, Mayoral ya había recibido amenazas de muerte vinculadas a deudas económicas derivadas del fracaso del Verano Fest. De manera extraoficial, se señala que el empresario enfrentaba compromisos financieros considerables con distintos acreedores a raíz de la cancelación de los eventos.

Las autoridades investigan si esas deudas constituyen el móvil del ataque. Los motivos oficiales aún no se han confirmado.

El perfil del promotor

Mayoral había cobrado notoriedad en Mexicali por su cercanía con el Ayuntamiento de la ciudad, precisamente a partir de la organización del Verano Fest. El evento, que se presentó como una apuesta de entretenimiento para el verano, terminó convertido en un foco de controversia pública tras las bajas ventas en taquilla y la cancelación de artistas desde la primera semana.

La contratación de los artistas y la renta del local al gobierno municipal figuran entre las pérdidas económicas que dejó el proyecto. El saldo final del festival fue de solo tres funciones realizadas de las 14 programadas.

La investigación permanece abierta. Las autoridades no han anunciado detenciones hasta el momento.

Ocho personas fueron acusadas de planear un ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250, que se realizó en los jardines de la Casa Blanca por el cumpleaños del presidente Donald Trump el pasado 14 de junio.

De acuerdo con el escrito de acusación difundido por el Departamento de Justicia y presentado en Columbus (Ohio), la tarde de este jueves 9 de enero, los imputados habrían considerado usar drones con explosivos dentro y alrededor del recinto para forzar una evacuación masiva. Después, presuntamente buscaban desplegar francotiradores para disparar contra “objetivos de alto valor” entre quienes intentaran huir.

Un gran jurado federal presentó este jueves cargos contra los sospechosos —de entre 19 y 32 años— por dos conspiraciones separadas: una por presunto apoyo material a terroristas y otra por planear un asesinato en territorio del Gobierno federal, además del homicidio de un funcionario federal.

Según el mismo documento, los acusados habrían planeado asesinar a Trump, al vicepresidente J.D. Vance, a funcionarios estadounidenses, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu —quien finalmente no asistió—, al magnate Elon Musk y a otros objetivos de alto valor.

La acusación identificó como presunto líder del plan a Abraham Hermosillo Álvarez, de nacionalidad mexicana. Si son hallados culpables del delito de conspiración para cometer asesinato, cinco de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua y multas de hasta USD 250,000, además de una pena adicional de hasta cinco años de prisión por planificar un acto de violencia en terrenos de la Casa Blanca. Sin embargo, los cargos más severos incluirían cadena perpetua.

Quién es el mexicano acusado de liderar atentado

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano de 32 años radicado en Nebraska, enfrenta cargos federales por su presunta participación en un plan para asesinar a Donald Trump, un caso que expuso el contraste entre la imagen de activista que proyectaba en línea y los mensajes privados en los que ya hablaba de actuar con violencia.

La acusación lo señaló como el supuesto “cerebro” de un plan para atacar el evento de la UFC programado para el 14 de junio en la Casa Blanca. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el objetivo también habría incluido al vicepresidente JD Vance, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu b (quien no asistió) y a Elon Musk.

Según la agente especial del FBI Seena Ali Soheilian, el presunto complot se gestó durante “aproximadamente una semana”. La misma funcionaria sostuvo que Hermosillo Álvarez identificó posiciones cercanas a la Casa Blanca para francotiradores y lanzamientos de drones con explosivos mediante mensajes enviados en Signal.

En su defensa, el abogado Stu Dornan argumentó que el acusado intentó cancelar el ataque dos días antes de la fecha prevista y que nunca compró boletos de avión, tren o autobús para trasladarse. Soheilian respondió que esa supuesta cancelación ocurrió después del arresto de un coacusado en Ohio y de los problemas mecánicos del auto de otros dos presuntos conspiradores.

La detención ocurrió el mismo día del ataque que habría sido planeado

Hermosillo Álvarez fue detenido el 14 de junio en el departamento que compartía con su esposa en Omaha, después de regresar de la alberca con ella. La fiscalía indicó que el FBI rastreó su ubicación a partir de su nombre de usuario en TikTok.

Durante el cateo, los agentes hallaron un dron, una escopeta, 50 cartuchos y un lanzallamas. Con esos elementos, los fiscales sostuvieron ante la jueza federal Jacqueline DeLuca que el imputado representaba un “riesgo extremo de fuga” y un peligro para la comunidad.

DeLuca aceptó la petición del gobierno y ordenó que permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso. Don Kleine, de la fiscalía federal, afirmó en la audiencia: “La razón por la que no ocurrió el desastre es porque el FBI pudo evitarlo”.

Antes de su arresto, Hermosillo Álvarez mantenía actividad pública en TikTok con mensajes centrados en exigir responsabilidades a gobiernos locales por operativos del ICE, presentar solicitudes de acceso a documentos públicos como el archivo Epstein y promover la idea de “construir una cadena de suministro propiedad de la gente” para reducir la dependencia de grandes corporaciones, investigó el medio informativo News Channel Nebraska.

Pero en mensajes privados enviados desde el año pasado ya aparecían señales más inquietantes. El 24 de enero escribió a una mujer con la que llevaba casi un año en contacto: “Somos sobrevivientes. Y soldados en segundo lugar, si así lo desea. Por eso no hablamos. Actuamos. Pero debemos tener previsión y astucia. Debemos ser resilientes. Cuando llegue la lucha, sabremos qué hacer”.

Cuatro días después envió otro mensaje: “Y por último, si antes no he sido claro, ha sido intencional. Hay muchos proyectos importantes en marcha. Algunos aún no están listos para ser revelados”.

Su historia en Nebraska pasó de una vida escolar discreta a propiedades y negocios

Quienes lo conocieron en Nebraska dijeron que su caso resultó sorpresivo. Ron Bubak, quien fue su entrenador de basquetbol en la preparatoria de Cozad, resumió esa reacción: “Me sorprendió mucho. Ese no es el chico que yo conocía”.

Hermosillo Álvarez llegó por primera vez a Estados Unidos en 2001, cuando tenía seis años, con una visa de turista. Después permaneció en el país sin autorización migratoria hasta obtener estatus legal bajo DACA, el programa para personas que llegaron siendo menores de edad.

Creció en Cozad, en el condado de Dawson, una zona que atrajo a familias inmigrantes desde la apertura de una planta empacadora de carne Tyson en la cercana Lexington en 1990. En la preparatoria se graduó en 2014 y formó parte de los equipos de campo traviesa y atletismo.

Bubak dijo que no sobresalía ni por su perfil social ni por un desempeño fuera de lo común. Lo describió como “siempre un chico tranquilo” y añadió que, en sus interacciones con él, “demostró ser un buen chico”.

En la Universidad de Nebraska en Kearney pareció consolidar una etapa distinta. Fue uno de los 110 estudiantes admitidos en una sociedad nacional de honor para alumnos de primer ingreso, participó en una fraternidad, fue representante del gobierno estudiantil y trabajó como embajador del área de admisiones, donde daba recorridos a futuros estudiantes.

Su formación se concentró primero en distribución industrial, una carrera ligada a logística, cadenas de suministro y ventas industriales, con materias como electricidad, electrónica, finanzas y contabilidad, además de prácticas empresariales. Aunque debía terminar en 2018, obtuvo su título hasta julio de 2020 y el grado fue en tecnología industrial, un campo más amplio.

En 2016 habló públicamente sobre su infancia con epilepsia y dijo: “Mucha gente pensaba que nunca iría a la universidad ni lograría nada, pero después de tanto esfuerzo y dedicación, valió la pena. Mi consejo para los jóvenes es que vivan la vida al máximo, persigan sus sueños y nunca se rindan”.

Tras graduarse, su perfil profesional indicó que trabajó por un periodo breve como especialista en cadena de suministro en un hospital de Kearney y dejó ese empleo en marzo de 2022. Después cofundó en 2020 una productora en Grand Island dedicada a fotografía y video para eventos.

Para 2024 vivía en Omaha, cerca de la calle 120 y West Dodge, y ese mismo año contrajo matrimonio, según registros del condado de Douglas. También tuvo un local comercial en el centro de Grand Island donde operó una tienda de ropa, además de una casa para remodelar en el este de Omaha.

Tres años antes hizo una compra inmobiliaria poco común. En julio de 2023 adquirió por USD 5,000 un antiguo templo metodista unido en Western, un poblado de 200 habitantes del condado de Saline; el anterior propietario dijo que el edificio de ladrillo, con alrededor de un siglo de antigüedad, había funcionado durante décadas como almacén y que la intención del comprador era convertirlo en vivienda.

Dos cargas explosivas ocultas en el casco bastaron para hundir el buque insignia de Greenpeace. El crimen escaló a un escándalo internacional cuando la investigación reveló que el ataque no había sido obra de delincuentes comunes, sino del propio Estado francés, que planificó el sabotaje en territorio aliado para impedir la resistencia civil contra sus pruebas nucleares.

Semanas antes, a comienzos de julio de 1985, el Rainbow Warrior acababa de completar una misión humanitaria: la evacuación de los habitantes de la isla de Rongelap, afectada durante décadas por la radiación de los ensayos nucleares estadounidenses. Tras esa operación, el barco atracó en el puerto de Auckland para reabastecerse y realizar tareas de mantenimiento. Su siguiente destino era el atolón de Mururoa, donde intentaría interponerse a los nuevos ensayos atómicos franceses.

Pero los servicios secretos se adelantaron. La noche del 10 de julio de 1985, el puerto de Waitematā se convirtió en escenario del primer atentado terrorista de la historia de Nueva Zelanda. El antiguo pesquero reacondicionado —cuyo nombre evocaba una profecía indígena sobre los protectores de la Tierra— quedó condenado cuando dos explosiones rompieron la calma de la bahía.

La tragedia alcanzó su punto más dramático cuando el fotógrafo portugués Fernando Pereira regresó al interior de la embarcación tras la primera detonación para recuperar sus cámaras. La segunda carga explotó segundos después y lo dejó atrapado mientras el barco se hundía. El atentado desmintió las versiones oficiales del Palacio del Elíseo y convirtió una operación secreta de sabotaje en uno de los episodios más emblemáticos de la historia del activismo ambiental.

Infiltración y sabotaje en las sombras de Auckland

La operación que la inteligencia francesa bautizó como Operación Satánica comenzó meses antes de las explosiones. La primera integrante del plan fue Christine Huguette Cabon, agente de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), quien se infiltró en las oficinas de Greenpeace en Auckland bajo la identidad falsa de “Frédérique Bonlieu”. Su misión era obtener información sobre los movimientos del Rainbow Warrior: rutas de navegación, horarios y detalles de la tripulación que preparaba una campaña contra los ensayos nucleares franceses en Mururoa.

Con esos datos, un equipo de buzos tácticos y agentes de apoyo ingresó clandestinamente en Nueva Zelanda utilizando pasaportes falsos. Algunos se presentaron como turistas; otros, como tripulantes del yate Ouvea, la embarcación utilizada como apoyo logístico de la operación. Los explosivos magnéticos fueron trasladados en balsas inflables hasta el muelle Marsden, donde estaba atracado el barco de Greenpeace.

El objetivo era claro: inutilizar la embarcación antes de que pudiera llegar al área de pruebas nucleares francesas. En esas aguas, el gobierno desarrollaba un controvertido programa de ensayos que consistía en detonar artefactos nucleares en galerías subterráneas excavadas bajo los atolones de Mururoa y Fangataufa. Las explosiones liberaban energía equivalente a decenas de veces la bomba de Hiroshima, fracturaban la roca volcánica y alimentaban el temor a filtraciones radiactivas en el océano Pacífico. Para los movimientos ecologistas, aquel territorio se había convertido en el principal símbolo de la oposición internacional a las pruebas nucleares francesas.

Por eso, la noche del ataque, la tripulación aprovechó la escala en Auckland para reabastecer el barco y realizar tareas de mantenimiento. Horas antes, varios integrantes de Greenpeace habían celebrado el cumpleaños del activista Steve Sawyer. Cerca de la medianoche, mientras la mayoría dormía, los agentes franceses entraron en acción.

Los buzos colocaron dos cargas en el casco. La primera explosión, ocurrida a las 23:38, abrió una brecha en la estructura y obligó a la tripulación a evacuar. Cuando algunos miembros regresaron para evaluar los daños, entre ellos Fernando Pereira, una segunda detonación sacudió la embarcación. Faltaban quince minutos para la medianoche.

El fotógrafo portugués había vuelto para recuperar sus cámaras y su equipo profesional. La nueva explosión (ocurrida a las 23:45) abrió una vía de agua imposible de contener: el Rainbow Warrior comenzó a hundirse y desapareció bajo la superficie en apenas cuatro minutos. Pereira quedó atrapado en el interior y murió ahogado.

Las mentiras de Francia y el derrumbe de la coartada

Después del hundimiento y la muerte de Fernando Pereira, la policía neozelandesa inició una investigación que pronto pondría en jaque al gobierno francés. Desde París, la respuesta inicial fue negar cualquier participación en el atentado. El gobierno de François Mitterrand calificó las acusaciones como absurdas y sostuvo que Francia jamás atacaría civiles en el puerto de un país aliado.

La versión oficial comenzó a desmoronarse por una combinación de errores operativos y testimonios inesperados. Durante la noche del ataque, el grupo civil de vigilancia costera Auckland Boat Watch había informado movimientos sospechosos: personas desembarcando de una balsa neumática y trasladándose hacia una camioneta Toyota HiAce.

Esa pista coincidió con las sospechas que despertó una pareja que se presentó como turistas suizos bajo los nombres de Sophie y Alain Turenge. Cuando devolvieron el vehículo alquilado, la policía descubrió irregularidades en su documentación y comprobó que sus pasaportes eran falsos.

Los supuestos turistas eran en realidad los agentes franceses Dominique Prieur y Alain Mafart. Su detención, junto con el rastreo del yate Ouvea, permitió reconstruir la operación encubierta y establecer el vínculo con la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE).

La presión internacional logró que ya no pudieran sostener que nada tuvieron que ver: el primer ministro francés Laurent Fabius terminó admitiendo en una conferencia de prensa y ante las cámaras de televisión de todo el país que agentes del servicio secreto francés habían ejecutado el sabotaje bajo órdenes del Estado.

Presión diplomática y una condena incumplida

La revelación de la operación provocó una crisis política en Francia. El ministro de Defensa Charles Hernu presentó su renuncia y el director de la DGSE, el almirante Pierre Lacoste, fue destituido. Aunque París terminó reconociendo que el ataque había sido ejecutado por agentes estatales, el gobierno de François Mitterrand concentró sus esfuerzos en proteger a los responsables.

Christine Cabon, la agente que había infiltrado Greenpeace en Auckland, logró escapar de Nueva Zelanda antes de ser detenida. Mientras tanto, la atención se centró en los dos únicos miembros del comando capturados: el mayor Alain Mafart y la capitana Dominique Prieur, oficiales de la DGSE que habían ingresado al país bajo identidades falsas para participar en la operación.

En noviembre de 1985, los dos se declararon culpables de homicidio involuntario y daños intencionales ante la justicia neozelandesa. Fueron condenados a diez años de prisión por su participación en el hundimiento del Rainbow Warrior y la muerte de Fernando Pereira. Esa condena abrió un nuevo conflicto entre Wellington y París. Francia inició una ofensiva diplomática y económica para recuperar a sus agentes, utilizando su influencia dentro de la Comunidad Económica Europea y amenazando con afectar las exportaciones de Nueva Zelanda.

La crisis llegó hasta Naciones Unidas. La mediación del secretario general Javier Pérez de Cuéllar permitió llegar a un acuerdo: Francia indemnizaría a Nueva Zelanda; y Mafart y Prieur serían trasladados a la base militar francesa de Hao, en la Polinesia Francesa, donde permanecerían bajo vigilancia durante tres años sin poder abandonar la isla.

En paralelo, un tribunal arbitral internacional determinó que Francia debía compensar a Greenpeace por el hundimiento deliberado del barco. Esa indemnización permitiría financiar la construcción de un nuevo Rainbow Warrior.

El acuerdo diplomático, sin embargo, no resistió el paso del tiempo. En 1987, Francia retiró a Mafart de Hao alegando problemas de salud y, al año siguiente, Prieur fue trasladada por quedar embarazada. Nueva Zelanda consideró que esas salidas violaban los compromisos asumidos, porque ninguno de los agentes regresó a la base para completar el período acordado.

Lejos de recibir sanciones, los dos oficiales fueron reincorporados a Francia y recibieron reconocimientos oficiales. Años después, un arbitraje internacional concluyó que el gobierno francés había incumplido parte de sus obligaciones con Nueva Zelanda, aunque para entonces el plazo original de permanencia en Hao ya había terminado.

El renacimiento del Guerrero del Arco Iris

El hundimiento del Rainbow Warrior no debilitó a Greenpeace. Por el contrario, multiplicó el respaldo internacional hacia la organización. Las donaciones aumentaron, miles de personas se sumaron a sus campañas y una frase quedó asociada para siempre al episodio: “No se puede hundir un arco iris”.

Tras ser reflotado para la investigación, los técnicos determinaron que los daños eran irreparables. En 1987, el barco fue trasladado y hundido nuevamente cerca de las islas Cavalli, al norte de Nueva Zelanda, donde permanece como arrecife artificial y sitio de buceo. Con las indemnizaciones obtenidas tras los arbitrajes internacionales, Greenpeace reconstruyó su flota: en 1989 presentó el Rainbow Warrior II, que continuó las campañas contra la caza de ballenas y los ensayos nucleares; y en 2011 incorporó el Rainbow Warrior III, diseñado para nuevas operaciones ambientales.

El atentado tampoco logró detener las protestas contra las pruebas nucleares francesas. Por el contrario, convirtió al barco emblema de la ONG en un símbolo internacional de la defensa ambiental. Francia puso fin a sus ensayos nucleares en el Pacífico en 1996, mientras el nombre del viejo pesquero continuó navegando en sus sucesores. Lo que había comenzado como una operación secreta para silenciar una protesta terminó siendo uno de los mayores fracasos políticos de la inteligencia francesa y una victoria simbólica para el movimiento ecologista.

La historia del Rainbow Warrior también trascendió los puertos y las campañas ambientales para convertirse en un símbolo dentro de la cultura popular. En 1989, cuatro años después del atentado, artistas y bandas como U2, R.E.M., Bryan Ferry, The Pretenders y Peter Gabriel participaron en el álbum benéfico Greenpeace Rainbow Warriors, cuyos fondos fueron destinados a apoyar las campañas de la organización. El libreto del disco recuperaba el sentido original de la causa: “Una profecía nativa americana dice que los pueblos del mundo se unirán como Guerreros del Arcoíris para salvar al planeta de la destrucción. Ha llegado su momento”.

En el rock en español, uno de los homenajes más recordados llegó desde Argentina. En 1991, la banda más importante de heavy metal, Rata Blanca, lanzó su tercer álbum de estudio, titulado Guerrero del arco iris. La canción homónima, compuesta por el guitarrista y líder de la banda, Walter Giardino, e interpretada por Adrián Barilari, convirtió el ataque al barco en una denuncia contra el abuso del poder y la destrucción ambiental. Sus versos quedaron asociados a la historia del buque: “Peleemos contra los tontos que harán nuestro final. La vida la da esta tierra, no hay otro lugar”. El video oficial muestra imágenes elocuentes de las campañas protagonizadas por la organización ambientalista, el buque hundido y los irreparables daños al planeta.

Otras expresiones de la escena musical independiente también adoptaron el nombre del buque como bandera. La agrupación británica Bleak House compuso el tema Rainbow Warrior dentro de la corriente del heavy metal europeo, mientras que el dúo de indie-folk estadounidense CocoRosie reinterpretó el concepto místico de la profecía en su canción Rainbowarriors. A través del pop masivo y el metal latinoamericano, la historia del navío trascendió el atentado que buscó silenciarlo.

Décadas después, el casco del Rainbow Warrior sigue hundido en Auckland, pero su nombre continúa navegando en campañas ambientales, libros, canciones y nuevas generaciones de activistas. La operación destinada a quebrar un barco y la causa que lo llevaba a los oceanos terminó demostrando que una agresión militar pudo destruir su metal y madera, pero no el símbolo construido alrededor de aquella causa.

La Justicia de Costa Rica postergó el juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, un proceso que debía examinar la responsabilidad penal de un acusado costarricense por dos ataques cometidos entre 2021 y 2024 y que, para las víctimas, también puede abrir la discusión sobre una red más amplia de persecución contra opositores nicaragüenses en el exilio.

El aplazamiento se produjo por ausencia de notificación al acusado, de acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias EFE, y con una declaración del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a la pareja. La organización advirtió que el retraso puede afectar el derecho de las víctimas a una justicia pronta.

El caso se centra en dos atentados ocurridos en Costa Rica, en los que Maldonado recibió en total 13 disparos. La ONG sostiene que ha documentado al menos 200 casos de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio mediante intimidación, hostigamiento, agresiones y otras formas de violencia.

El proceso no iniciado estaba previsto en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José. El acusado es el costarricense Jeremmy Jacobo Rivas, señalado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de los dos opositores y refugiados nicaragüenses. Antes de la postergación, el juicio iba a comenzar este lunes y se preveía que durara 5 días.

Maldonado, de 38 años, iba a declarar de forma virtual desde Estados Unidos, país donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Robleto también debía testificar por esa vía mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

Las víctimas responsabilizan al régimen del matrimonio copresidencial nicaragüense, formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua, y forma parte del marco político que la pareja atribuye a los ataques.

La pareja pide investigar autores materiales e intelectuales

El Colectivo sostuvo que el caso no debe limitarse al acusado que llegó a juicio. Según la organización, los hechos deben analizarse en un contexto de amenazas, vigilancia, persecución y desnacionalización contra Maldonado por su condición de opositor político, exiliado y refugiado nicaragüense.

En una declaración escrita citada por Infobae, Maldonado planteó el alcance que espera del proceso: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

El Colectivo también formuló un pedido directo a las autoridades costarricenses: “Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de Costa Rica para que establezcan una nueva fecha para el juicio, garanticen el avance efectivo del proceso, protejan a las víctimas y testigos, y desarrollen una investigación integral que permita identificar, acusar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”.

La organización exhortó además al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

Cómo fueron los ataques en San José

El primer ataque contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

El segundo atentado fue el 10 de enero de 2024, cuando viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Dos hombres también a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

Quiénes son Joao Maldonado y Nadia Robleto

La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos. Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero, se naturalizó español y es hijo del fallecido mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Tomás Maldonado, que estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 por participar en protestas antigubernamentales.

Robleto es abogada, activista, tiene 40 años y es madre de tres hijos. También es disidente sandinista.

La Justicia de Costa Rica abrirá este lunes un juicio por el atentado contra el disidente nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto. El proceso comenzará en San José, durará cinco días y buscará establecer la responsabilidad penal de un acusado costarricense por un ataque que dejó a Maldonado con 13 disparos en dos atentados.

El proceso comenzará en el Segundo Circuito Judicial de San José y podría extenderse, según informó el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acompaña a las víctimas. Maldonado, de 38 años, sobrevivió a dos atentados en Costa Rica entre 2021 y 2024.

Según la información difundida por la agencia EFE, las víctimas señalan como responsables al Gobierno de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a la “inteligencia política” del Ejército de Nicaragua. La causa, sin embargo, se abrirá contra Jeremy Jacob Rivas Núñez, de nacionalidad costarricense.

El juicio y el reclamo de las víctimas

Maldonado declarará de manera virtual el martes desde Estados Unidos, donde reside bajo un programa de reasentamiento de refugiados coordinado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su esposa lo hará al día siguiente mientras continúa su recuperación en una silla de ruedas.

El punto central del juicio será determinar la responsabilidad penal del acusado, pero las víctimas también exigen que la investigación avance sobre toda la estructura que habría participado en el atentado. Según el Colectivo, reclaman una condena para Rivas Núñez y que la Justicia establezca quiénes intervinieron en la planificación, coordinación y ejecución del ataque.

Maldonado sostiene que hubo otras personas vinculadas con el hecho que quedaron fuera de este proceso judicial. En una declaración escrita, afirmó: “Queremos que Costa Rica vaya a fondo, que las investigaciones no se queden únicamente en la parte material, sino que alcancen a quienes estuvieron detrás del atentado. La impunidad expone mucho más a la población nicaragüense exiliada”.

La organización que acompaña a la pareja exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público de Costa Rica a garantizar un juicio independiente, continuar las investigaciones hasta identificar y procesar a todos los posibles autores materiales e intelectuales, y reforzar las medidas de protección para Maldonado, Robleto y otros nicaragüenses perseguidos fuera de su país.

También pidió a organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil que mantengan vigilancia pública sobre el caso y acompañen el proceso para exigir justicia integral para las víctimas.

Los dos atentados contra Maldonado

El primer atentado contra Maldonado ocurrió el 11 de septiembre de 2021 en Escazú, en el sector oeste de San José. Ese día, dos hombres le dispararon desde una motocicleta y lo hirieron con cinco balazos.

El segundo ataque fue el 10 de enero de 2024, cuando el opositor viajaba con Robleto en un automóvil por un sector de San José. Ambos fueron interceptados por dos hombres a bordo de una motocicleta, que abrieron fuego en múltiples ocasiones. La pareja se define como los “retratos vivos de la persecución transnacional” que, a su juicio, ejecuta el Gobierno sandinista contra opositores y críticos.

¿Quiénes son Maldonado y Robleto?

Maldonado perteneció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, es ingeniero y se naturalizó español. Es hijo del mayor fallecido en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado, quien estuvo preso entre agosto de 2018 y junio de 2019 tras participar en protestas antigubernamentales.

Robleto, abogada y activista de 40 años, sigue afectada por las secuelas del disparo que recibió. Es madre de tres hijos y también es disidente sandinista.

Un atentado con un artefacto explosivo se registró durante la madrugada de este sábado contra la vivienda de Deyner Quinde Rivera, candidato a la alcaldía de la provincia de Ayabaca, en la región Piura. El hecho ocurrió pocas horas después de que participara en una actividad política y, según informó el propio aspirante al cargo, solo dejó daños materiales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Quinde Rivera señaló que la explosión se produjo en el frontis de su domicilio. Asimismo, precisó que tanto él como su familia y las personas que lo acompañaban resultaron ilesas tras el ataque.

El candidato indicó que, pese a la gravedad de lo ocurrido, no se registraron víctimas. “Afortunadamente, el hecho solo ha ocasionado daños materiales. Mi persona, mi familia y mi equipo nos encontramos bien y a salvo”, expresó en el pronunciamiento publicado horas después del atentado.

Candidato continuará en campaña

Tras informar sobre el atentado, Deyner Quinde Rivera rechazó lo sucedido y calificó el hecho como un acto delincuencial. En su comunicado sostuvo que el ataque no modificará su decisión de continuar desarrollando sus actividades políticas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

El aspirante a la alcaldía de Ayabaca afirmó que este episodio fortalece su compromiso con la seguridad y el desarrollo de la provincia. En ese sentido, manifestó que hechos de esta naturaleza no lo amedrentarán ni alterarán el trabajo que viene realizando junto con su equipo.

Además, expresó su preocupación porque este tipo de ataques se registren en Ayabaca. Según señaló, la ocurrencia de un atentado con explosivos evidencia la necesidad de reforzar las acciones destinadas a preservar la seguridad y la tranquilidad de la población.

Exige identificar a los responsables

Como parte de su pronunciamiento, Quinde Rivera solicitó la intervención inmediata de las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El pedido fue dirigido a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y a las instituciones competentes, con el objetivo de que se inicie una investigación exhaustiva sobre el atentado.

El candidato pidió que las diligencias permitan identificar y sancionar a los responsables de la detonación del explosivo. Asimismo, exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de la provincia de Ayabaca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas o posibles responsables del atentado. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre las investigaciones relacionadas con el caso, mientras el candidato agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras el ataque y reiteró que continuará con sus actividades políticas.

Ese día era el 18 de julio de 1994. Su mamá tenía dolor de cabeza. Jenny no fue. Y un fuerte sonido no solo interrumpió el sueño de su madre, sino que interrumpió toda su vida.

Treinta y dos años después, Jennifer Dubin apareció frente a una cámara con la camiseta de la selección argentina y dijo, con voz pausada, que en la final con los brasileños en el Maracaná por la Copa América 2021 “tampoco estaba mi papá”. Fue el único momento del video producido por la AMIA para recordar a las víctimas del atentado en que habló alguien que no era actriz.

El video que AMIA lanzó a 32 años del atentado

AMIA publicó esta semana en sus redes sociales Hoy no podemos perder, la memoria, una producción audiovisual que toma como punto de partida “Muchachos”, la canción que se volvió símbolo del la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022, para construir un relato atravesado por la ausencia y el paso del tiempo.

La elección no fue casual. “Muchachos” habla de generaciones, de padres e hijos, de una identidad que se transmite. AMIA tomó esa misma estructura emocional y la invirtió: ¿qué pasa con los que no llegaron a ver nada de lo que vino después?

Mirando a cámara, los actores que participan del video recitan una letra que reescribe la canción original desde la ausencia: “En Argentina nacieron. Y alguno en otro lugar. Tierra de Diego y Lionel, al que no llegaron a conocer. De los pibes de Malvinas que, como a ellos, jamás olvidaré. No te lo puedo explicar. Es difícil de entender. Las finales que perdimos… no las llegaron a ver”.

La producción fue desarrollada en colaboración con la agencia From, dirigida por Lucas Fossati, y el audio y la música estuvieron a cargo de Bigotes Music.

Quién era Norberto Ariel Dubin

Norberto Dubin tenía 31 años. Era el subjefe del área de Sepelios de AMIA, el menor de cuatro hermanos, estaba casado y tenía dos hijos: Juan Manuel y Jennifer. Todos lo llamaban “el Gordo”, con cariño. Medía 1,85 metros y pesaba 140 kilos.

Había sido despachante de aduana durante años. En 1987 ingresó a trabajar en AMIA. Le gustaba contar chistes. Soñaba con vivir en una casa frente al mar.

Norberto era el tipo de padre que defiende. Jenny lo sabía. Cuando alguien se burlaba de su problema de labio leporino, sabía que ese grandote estaba ahí. Más que padre e hija, eran cómplices. Con miradas ya se entendían.

El 18 de julio de 1994, antes de ir al trabajo, le dijo que pasara a verlo. Quería darle el beso de cada día y desearle suerte: ese día le darían la fecha de su última operación. Jenny no llegó a ir.

La mañana que interrumpió todo

Era una mañana fría de invierno. Jenny empezaba las vacaciones escolares. Su mamá tenía dolor de cabeza y cuando intentó recostarse, un sonido enorme sacudió todo.

Pasaron seis días. Jenny no entendía por qué su papá no volvía, por qué no venía a jugar con ella. Hasta que su mamá le tomó las manos con fuerza y le dijo que su papá iba a vivir en su corazón, porque se había ido con Dios.

Jenny la miró fijo. Y vio que en los ojos de su mamá se derrumbaba todo su castillo de princesa. Dejó de ser una nena de ocho años.

Treinta y dos años sin que suene el despertador a las 9:53

Jenny creció. Formó su familia. Tiene su trabajo. Pero todavía no tolera las sirenas, ni las de los bomberos, ni las de la policía, ni las de las ambulancias. Y tampoco tolera que su despertador suene a las 9:53, la hora exacta en que la bomba destruyó el edificio de Pasteur 633.

Desde aquel 18 de julio de 1994, sigue esperando, cada día, que sean las siete de la tarde para que su papá venga a jugar con ella. Para que la abrace. Para que le diga que fue un mal sueño.

El video la muestra con la camiseta de la selección y dice, con la sencillez de quien ha repetido esa ausencia miles de veces, que en la final contra Brasil en el Maracaná, en 2021, tampoco estaba su papá. Que Diego Maradona murió y él no pudo estar. Que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo y él tampoco estuvo.

Cada hito de la historia argentina reciente es, para Jennifer, una nueva cuenta de lo que su padre no vio.

Las 85 vidas que no vieron nada de lo que vino después

El video de AMIA no se queda en una sola historia. Amplía la mirada hacia las 85 personas asesinadas en el atentado y todo lo que no pudieron vivir. La letra continúa: “Y al Diego en la tierra lo podían ver. Con don Diego y con la Tota. Sin imaginar lo que años después haría Lionel”.

La producción cierra con la voz del actor Federico D’Elía: “El 18 de julio de 1994, 85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. Se perdieron todo lo que vino después. Y también de acompañarnos esta vez. Por ellos, por ellas, no podemos perder… la memoria”.

Desde AMIA explicaron el sentido de la campaña al momento de presentarla. “Cuando decimos que hoy no podemos perder la memoria, hablamos de no olvidar que detrás de cada una de las 85 víctimas había una vida, una historia, proyectos, afectos y sueños que fueron brutalmente interrumpidos. Ellos no pudieron vivir nada de lo que vino después. Nosotros sí. Por eso tenemos la responsabilidad de recordarlos, de transmitir sus historias y de seguir reclamando justicia. La memoria es el puente que los mantiene presentes entre nosotros”.

El acto central del 32° aniversario

El lanzamiento del video coincidió con el Día del Padre, una fecha que resignificó el testimonio de Jennifer.

El Acto Central por el 32° aniversario del atentado se realizará el viernes 17 de julio frente a Pasteur 633, la misma dirección que en 1994 fue blanco del terrorismo internacional. Este año, el aniversario cae en día sábado —Shabat—, por lo que la conmemoración se adelanta un día, en respeto a esa observancia religiosa.

A las 9:53 sonará la sirena. La misma hora. El mismo sonido que Jennifer no puede escuchar sin que todo vuelva.

La causa judicial por el mayor ataque terrorista de la historia argentina sigue abierta, con condenas que no alcanzaron a los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Norberto Ariel Dubin tenía 31 años, soñaba con una casa frente al mar y tenía una hija que lo esperaba con el beso de cada día. El 18 de julio de 1994 fue a trabajar y no volvió.

El estallido de un paquete bomba en la entrada de un edificio residencial de Mónaco dejó tres personas heridas de gravedad, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Irmolaiev, según informaron medios franceses y ucranianos, mientras las autoridades del principado y de Francia buscan al presunto autor, que cruzó la frontera francesa tras el ataque. El hecho ocurrió el lunes por la noche cerca del límite entre ambos países y las autoridades investigan el móvil del atentado.

La explosión se produjo alrededor de las 21:00 hora local (19:00 GMT) en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia. El gobierno monegasco informó inicialmente que dos adultos, una pareja de entre 50 y 60 años, sufrieron heridas graves y que un adolescente de 13 años también resultó lesionado, aunque en un primer momento no reveló la identidad de las víctimas.

Más tarde, una fuente cercana a la investigación confirmó a AFP una información difundida por la cadena BFMTV según la cual uno de los heridos es Vadim Irmolaiev, un magnate ucraniano de la construcción que reside en Mónaco. La identidad de las víctimas, sin embargo, todavía no recibió confirmación oficial por parte de las autoridades del principado.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, informó que el sospechoso escapó a pie hacia Francia después de la explosión. Según explicó, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar su recorrido tanto en Mónaco como en la localidad francesa de Beausoleil, situada junto al principado.

Las fuerzas de seguridad de ambos países participan en el operativo para localizar al presunto responsable. Un funcionario de la Policía Nacional francesa confirmó que las autoridades francesas colaboran con la investigación y mantienen la búsqueda del sospechoso, aunque evitó ofrecer detalles adicionales sobre el caso.

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, explicó a la AFP que el artefacto explosivo se encontraba dentro de una bolsa o paquete que una persona dejó en el vestíbulo del edificio antes de retirarse del lugar.

En un mensaje publicado en la red social X, el gobierno monegasco señaló: “Esta noche, poco antes de las 21H00, se escuchó en el Principado una violenta explosión relacionada con un paquete bomba, no muy lejos de la Place des Moulins”.

Mirmand calificó el episodio como un hecho sin precedentes para el país. “Es la primera vez en la historia, que yo sepa, que se produce un acto de este tipo en el Principado”, afirmó durante una comparecencia ante la prensa.

Tras el atentado, las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad en el microestado, que ya cuenta con una importante presencia policial. Mirmand indicó que todos los servicios del Estado permanecen movilizados mientras continúa la investigación para determinar el motivo del ataque.

Los tres heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad francesa de Niza, ubicada a unos 20 kilómetros de Mónaco, donde recibieron atención médica.

El príncipe Alberto II de Mónaco condenó el atentado mediante un comunicado oficial y expresó el respaldo de las instituciones del principado a la investigación. El jefe de Estado calificó el episodio como “un crimen atroz” y sostuvo que representa “un golpe para toda la comunidad monegasca”.

Además, el soberano reafirmó la prioridad que el país asigna a la seguridad y aseguró que “la seguridad” del microestado europeo “siempre ha sido una prioridad” y “lo seguirá siendo más que nunca, sean cuales sean las amenazas”.

El ministro Mirmand también confirmó que el fiscal general Stéphane Thibault ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre el avance de las investigaciones y las actuaciones judiciales.

Medios franceses y el sitio ucraniano Ukrainska Pravda identificaron al empresario herido como Vadim Irmolaiev, quien desde diciembre de 2023 figura bajo sanciones impuestas por el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania mediante una decisión promulgada por el presidente Volodimir Zelensky.

Según diversos medios que citan a los servicios de seguridad ucranianos, esas sanciones responden a la decisión del multimillonario de mantener actividades vinculadas al comercio de alcohol en la península de Crimea, territorio bajo ocupación rusa.

Las autoridades de Mónaco señalaron que la investigación continúa abierta para establecer el motivo del ataque y determinar la responsabilidad del autor, mientras los equipos de seguridad de Mónaco y Francia mantienen el operativo de búsqueda del sospechoso.

(Con información de AP y EFE)

Según información de Latina, el hecho ocurrió cuando la unidad cubría la ruta que une San Juan de Lurigancho con Ventanilla. De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los delincuentes llegó hasta el lugar a bordo de una motocicleta junto a un cómplice. El sujeto descendió del vehículo, se hizo pasar por usuario y abordó el ómnibus sin despertar sospechas.

Instantes después, cuando ya se encontraba dentro del transporte, el atacante sacó un arma de fuego y disparó al menos tres veces contra el chofer. Los proyectiles impactaron en distintas partes de la cabina, rompiendo una de las ventanas laterales. Sin embargo, la víctima consiguió esquivar cada uno de los tiros, evitando una tragedia mayor.

La escena desató momentos de desesperación entre quienes viajaban en la unidad. Testigos relataron que, tras las detonaciones, el pánico se apoderó del interior del vehículo. Algunos ocupantes buscaron refugio agachándose entre los asientos, mientras otros permanecieron inmóviles por temor a ser alcanzados por las balas.

Imágenes registradas después del ataque muestran el estado de conmoción que vivieron los usuarios. En uno de los videos se observa a una mujer sentada en el piso del bus, intentando protegerse ante la posibilidad de un nuevo disparo. El silencio que siguió a los estruendos reflejaba el miedo de decenas de personas que estuvieron a pocos segundos de convertirse en víctimas fatales.

Afortunadamente, ninguna persona sufrió heridas. Luego del atentado, los pasajeros fueron trasladados hacia sus destinos en otra unidad de la empresa, mientras que el conductor acudió a la comisaría Márquez para rendir su manifestación y colaborar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, como consecuencia de este último atentado, los trabajadores de la empresa decidieron no salir a laborar por temor a nuevos ataques.

Este nuevo episodio se suma a una larga cadena de amenazas y ataques que enfrenta el Consorcio Roma. La empresa, que opera una de las rutas más extensas entre Lima y el Callao, ha sido blanco recurrente de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

En abril de este año, la empresa denunció haber recibido mensajes amenazantes acompañados de municiones. Los responsables se identificaron como integrantes de la organización criminal denominada “La Nueva Alianza del Cono Norte”. Pese a las denuncias, la violencia volvió a golpear al sector transporte, evidenciando una problemática que continúa afectando a trabajadores y usuarios en distintos puntos del país.

Canales contra la extorsión

El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta vía, la población puede alertar sobre hechos de extorsión y solicitar protección policial inmediata. El sistema articula respuestas con la Central de Emergencias 105 y permite remitir elementos de prueba, como audios o videos.

• Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
• Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.
• Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de las investigaciones.

La investigación que se estaba adelantando en la Fiscalía General Penal Militar y Policial en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay, precluyó luego de determinar que el atentado contra el entonces senador y precandidato presidencial fue resultado de una planeación “criminal y estructurada” que no estaba asociada con el equipo de seguridad.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar informó que la actuación del subcomisario Gómez durante el atentado ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, “se ajustó a los protocolos de protección y respuesta inmediata”.

De acuerdo con la Fiscalía, el subcomisario Gómez fue informado del evento político en ese punto pocas horas antes de su realización. Ante la notificación extemporánea, el oficial activó coordinaciones operativas con personal policial de la jurisdicción y articuló acciones con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

El material probatorio para sustentar las acciones que adelantó Gómez Velasco el día del atentado fueron sometidas a una verificación por parte del ente investigador que permitió concluir que el ataque contra el senador se programó con meses de anticipación, ejecutado por “una red delictiva con responsabilidades específicas, logística previa y determinadores concretos”.

En ese sentido, el hecho de que Uribe Turbay fuera atacado con arma de fuego —pese a toda la reacción operativa por parte del esquema de seguridad— obedeció a una operación de alta complejidad y “no a una conducta omisiva deliberada atribuible al jefe del esquema de seguridad”.

“La fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco”, dijo, citado por El Tiempo, el juez que lideró la audiencia de preclusión.

Agregó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”.

Al contrario, se estableció que el subcomisario Gómez “aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial”, se leyó en la comunicación oficial.

En contraposición a hipótesis y denuncias en contra del sistema de protección del senador Uribe Turbay, ante una presunta abstención o inoperancia de sus responsabilidades, las autoridades vieron que “las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata orientada a la protección de la vida e integridad del protegido”.

La conversación y las risas entre dos implicados por magnicidio de Miguel Uribe en audiencia: “¿Cómo se siente?"

Durante una audiencia judicial relacionada con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, dos de los implicados, Elder José Arteaga, alias El Costeño, y “El Hermano”, protagonizaron un episodio que generó indignación al intercambiar saludos y risas mientras sus micrófonos y cámaras permanecían abiertos.

El incidente ocurrió durante un receso de la diligencia, cuando ambos, señalados por la Fiscalía como coordinadores del ataque, conversaron de manera distendida pese a la gravedad del caso y la presencia virtual de las demás partes.

En medio del diálogo, alias El Costeño preguntó a su compañero por su estado, a lo que este respondió: “Encanado”. El intercambio incluyó referencias a las condiciones de reclusión, bromas sobre “buscar el sueño americano” y comentarios sobre la precariedad del sitio de detención.

La intervención de uno de los abogados presentes solicitó prudencia ante la actitud de los capturados, recordando que la audiencia era pública y que familiares de la víctima se encontraban conectados.

El episodio tuvo lugar en la audiencia donde se evaluaba un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder José Arteaga, que establece una condena de 26 años de prisión. La familia del senador solicitó al juez rechazar el preacuerdo, argumentando que la pena resulta insuficiente frente a la gravedad del asesinato del precandidato presidencial.

El gobierno de Estados Unidos acusó a un ciudadano mexicano de encabezar un presunto plan para perpetrar un ataque durante un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El señalado es Abraham Hermosillo Álvarez, identificado por las autoridades estadounidenses con el alias de “Shepherd”, quien fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, y ahora enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Hermosillo habría sido el encargado de planear, organizar y dirigir el supuesto ataque, que finalmente fue frustrado gracias a una operación coordinada entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y diversas agencias de seguridad.

El presunto plan: drones explosivos y francotiradores

Según la acusación federal, el grupo planeaba utilizar drones cargados con explosivos para sobrevolar la Casa Blanca durante el evento denominado “UFC Freedom 250”. El objetivo era generar pánico y provocar la evacuación de los asistentes.

Una vez que la multitud abandonara el recinto, presuntos francotiradores atacarían a “objetivos de alto valor” entre el público.

Las investigaciones revelaron que los sospechosos mantenían conversaciones en chats cifrados en los que intercambiaban mapas detallados y fotografías aéreas de la Casa Blanca y sus alrededores. También discutían posibles rutas de escape y la necesidad de establecer una “casa de seguridad” después del ataque.

Las autoridades aseguraron varias armas de alto poder y determinaron que los involucrados habrían compartido ideas extremistas y teorías conspirativas de carácter marginal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en total fueron imputados cinco hombres de entre 19 y 32 años de edad. Además de Hermosillo, los otros presuntos cómplices fueron detenidos en los estados de Ohio, Missouri y California.

Del ingreso con visa de turista al programa DACA

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Abraham Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos con una visa de turista tipo B2, la cual expiró en 2001.

Posteriormente, durante la administración del expresidente Barack Obama, obtuvo la protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado para otorgar protección temporal contra la deportación a personas que llegaron al país siendo menores de edad acompañando a sus padres.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado “nunca debió haber sido autorizado a permanecer en el país” y sostuvo que deberá responder ante la justicia antes de enfrentar un proceso de expulsión de Estados Unidos.

Las autoridades migratorias también confirmaron que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria en su contra.

La denuncia de una madre y la operación que frustró el presunto atentado

El FBI aseguró que tuvo conocimiento de la posible amenaza el pasado 10 de junio, cuatro días antes del evento de la UFC en la Casa Blanca.

La investigación se inició luego de que la madre de uno de los sospechosos alertó a las autoridades sobre la conducta de su hijo, quien presuntamente había gastado alrededor de 3 mil dólares en la compra de armas y mantenía comportamientos que consideró preocupantes.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la rápida intervención de las agencias de seguridad permitió detener a los implicados antes de que el plan pudiera materializarse.

La acusación federal sostiene que el grupo estaba motivado por sentimientos ultrarreligiosos y antigubernamentales. Entre las supuestas inconformidades mencionadas en los mensajes intervenidos figuraban denuncias sobre corrupción gubernamental, el manejo de los archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, así como críticas hacia proyectos tecnológicos y políticas públicas.

Asimismo, la investigación señala que Hermosillo, bajo el alias de “Shepherd”, identificó una iglesia metodista abandonada en la localidad de Western, Nebraska, como un posible punto de repliegue tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado qué tan cerca estuvieron los sospechosos de concretar el presunto atentado; sin embargo, sostienen que la operación coordinada entre agencias evitó un posible episodio de violencia durante uno de los eventos más vigilados y simbólicos de la agenda presidencial estadounidense.

El FBI anunció el martes que frustró un presunto complot para atacar el evento UFC America 250 realizado el domingo en la Casa Blanca. Según documentos judiciales, el esquema combinaba coordinación en redes, compra de drones y un plan de disparos durante una evacuación. Cinco personas quedaron acusadas y detenidas, de acuerdo con la investigación federal.

La agencia federal sostuvo en actuaciones judiciales que el objetivo era provocar pánico con explosiones y abrir fuego contra asistentes y contra una lista de “objetivos de alto valor”.

En las declaraciones juradas, los investigadores indicaron que la amenaza fue detectada antes del evento y que la pesquisa sigue abierta, con sospechosos aún no identificados.

Los acusados son Tycen Proper, de Ohio; Daniel Eskridge, de Missouri; Abraham Hermosillo Alvarez, de Nebraska; y Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, de California.

Según las actuaciones citadas por el FBI, cada uno enfrenta al menos un cargo por conspiración para cometer asesinato, y Proper, de 19 años, suma tres cargos adicionales. Los agentes también informaron el hallazgo de armas de fuego y municiones en registros realizados en propiedades vinculadas a Eskridge, Proper, Roa y Thomas.

“Shepherd” y el rastro que llevó a Abraham Hermosillo Alvarez

En el centro de la investigación aparece un usuario identificado como “Shepherd”. Según la declaración jurada en el caso de Abraham Hermosillo Alvarez, Proper señaló a ese usuario como el líder del grupo y lo describió como agresivo en la planificación táctica. También dijo creer que había sido miembro del ejército, de acuerdo con el expediente.

Los investigadores incorporaron mensajes atribuidos a “Shepherd” que incluían mapas de Washington e instrucciones para ejecutar el ataque, según las actuaciones.

La documentación judicial sostiene que el FBI rastreó una cuenta de TikTok vinculada a Hermosillo Alvarez y lo identificó como el usuario detrás del alias. Los agentes añadieron que él ideó un sistema interno de “niveles” para ordenar tareas y roles dentro de la presunta organización.

Esa estructura, dividida del “nivel 1” al “nivel 4”, describía perfiles con distintas funciones: personas dispuestas a exponerse al peligro, posibles conductores de vehículos de escape u operadores de drones, responsables de suministros y logística, y financiadores e influyentes, siempre según la investigación federal.

En la reconstrucción del caso, ese esquema buscaba separar a quienes ejecutarían acciones de mayor riesgo de quienes aportarían dinero, equipos o coordinación.

Cómo se habría ejecutado el ataque: drones, una “manifestación” y disparos durante la huida

Las declaraciones juradas en 4 causas penales exponen una secuencia táctica común. El primer paso era organizar una “manifestación” en el lado norte de la Casa Blanca.

Luego, de acuerdo con el documento del caso Proper, el grupo planeaba hacer volar drones “cargados con artefactos explosivos no especificados” que detonarían sobre el lado norte del estadio del evento.

Para el FBI, la explosión no era el final del plan, sino el disparador de la fase de disparos durante la evacuación. Los documentos judiciales sostienen que la intención era obligar a los asistentes a evacuar hacia el sur.

En ese corredor de salida, integrantes del grupo se ubicarían “como francotiradores y tiradores adicionales” para disparar durante la retirada, según la declaración jurada.

El expediente también precisa a quiénes se referían cuando hablaban de “objetivos de alto valor”. En el texto de las actuaciones se describe que incluían “personas adineradas” y dirigentes políticos.

En esa lista aparecen el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Elon Musk, la senadora Marsha Blackburn, el senador Tom Cotton y miembros de la delegación del Congreso de Virginia Occidental, según los documentos judiciales.

En el mismo tramo del expediente, la acusación sostiene que Proper dijo a los investigadores que el ataque buscaba “impulsar” una revolución en Estados Unidos.

TikTok, Signal y la logística: chat de 19 personas y pedido de USD 1.300

La investigación sostiene que el entramado digital empezó en TikTok y después pasó a Signal. En la declaración jurada del caso Proper, el FBI indicó que el joven comenzó en marzo a comunicarse con otras personas en un grupo de TikTok llamado “Vanguard of the Old”.

Los integrantes, según los investigadores, afirmaban querer “proteger” a Estados Unidos y consideraban que el país avanzaba en la dirección equivocada.

Más tarde, según la documentación judicial, la coordinación se trasladó a Signal, donde se organizaron chats con diferentes alcances. El FBI afirmó que existía un chat principal con 19 personas dedicado a la coordinación, además de grupos más pequeños de cuatro o 5 usuarios.

Las conversaciones se enfocaron en el evento de la UFC en la Casa Blanca a comienzos de junio y, según el FBI, Eskridge sostuvo que necesitaban USD 1.300 para comprar drones y baterías. Ese punto refuerza la hipótesis de que el plan incluía una etapa concreta de adquisición de insumos, además de la discusión ideológica, de acuerdo con los documentos presentados.

La alerta familiar y el avance de la investigación sobre Proper

El caso se activó, según una declaración jurada de un agente federal, por un aviso de la madre de Proper a autoridades locales ante el cambio de conducta de su hijo. La investigación formal comenzó el miércoles pasado, cuando la familia expresó preocupación por compras de armas y por contactos en internet, según el FBI.

Los documentos judiciales sostienen que Proper fue entrevistado en un hospital al que ingresó de urgencia por “ideas homicidas”.

En la declaración jurada, su padre y su abuela dijeron que pasaba la mayor parte del tiempo conectado y que planeaba reunirse ese fin de semana con contactos conocidos por internet.

El padre declaró a la policía que Proper adquirió equipo de campamento, comida, placas balísticas, una escopeta nueva, un rifle, munición, cargadores y chalecos portaplacas, de acuerdo con el expediente. El FBI indicó que gastó aproximadamente USD 3.000 de ahorros destinados a su graduación para comprar ese equipo.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que el el 10 de junio la agencia y sus socios tuvieron conocimiento de la amenaza vinculada al evento y que, tras una operación multiestatal junto con el Departamento de Justicia, “varias personas” quedaron bajo custodia y el plan fue frustrado.

El subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, Matt Quinn, dijo en una rueda de prensa el martes por la mañana que “fue una amenaza seria” y que “todavía hay sospechosos prófugos”. Pat Milton, periodista de la cadena CBS News, informó que las fuerzas del orden conocieron la amenaza tras el contacto de un familiar preocupado por comentarios sobre “algo siniestro” en Washington.

El exsenador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en la tarde del 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. El entonces precandidato presidencial murió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, a los 38 años, en la Fundación Santa Fe después de días de batallar por su vida.

Su esposa, María Claudia Tarazona, contó recientemente en entrevista con el programa Expediente Final de Caracol Televisión cómo fueron esos últimos instantes.

Según reveló, el día de su muerte lo vio “muy inflamado” y que recibió la advertencia médica: “Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo”. Horas antes del desenlace, dijo que le habló al oído: “Mi amor, si es tu momento, vete tranquilo”.

Tarazona sostuvo que la señal definitiva la percibió desde el jueves anterior a la muerte, cuando alertó al doctor Hakim por el aspecto que presentaba su esposo. “Doctor, veo a Miguel muy mal”, recordó que le dijo, antes de recibir la respuesta que cambió el cuadro clínico: “Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo”.

La nueva hemorragia y la operación antes de la muerte

Uribe Turbay permanecía internado desde que recibió varios disparos durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Su salud se había agravado otra vez en los últimos días por una hemorragia en el sistema nervioso central, después de una fase en la que incluso había iniciado neurorehabilitación.

“El domingo estuve en la clínica, lo vi muy mal, ya lo habían operado”, dijo Tarazona. En ese mismo relato describió un cambio que interpretó como irreversible: “Lo vi y dije: ‘Uf, pucha, Miguel no está acá’”.

Tarazona situó ese día como el momento en que dejó de pedir un resultado concreto y optó por una entrega total.

Contó que fue sola a misa en Torcoroma, cerca de la clínica donde estaba internado el excongresista, e hizo una oración en la que dijo: “No te voy a pedir que Miguel viva, no te voy a pedir que te lo lleves, no te voy a pedir que me des mi segunda oportunidad con él. Te voy a pedir que te ocupes tú de todo”.

La secuencia final también incluyó una escena íntima que la familia ubicó antes del desenlace. “Yo me acosté encima de Miguel, lo abracé acá en el cuello, en la espalda, en el cuello aquí, lo abracé, metí las manos por debajo de la espalda y le dije: ‘Mi amor, entre tú y yo no hay nada pendiente. Vete en paz’”, relató Tarazona.

Miguel Uribe Londoño, familiar del dirigente, añadió un dato sobre esas horas: “Cuando salimos el domingo 10 de agosto de la clínica a las... casi once de la noche, como salíamos todos los días... y lo que menos esperábamos cuando nos acostamos es que a las dos de la mañana nos llamaran a decirnos que a Miguel se le había parado el corazón”.

El atentado durante el acto de campaña en Modelia

El ataque que derivó en la hospitalización de Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio en medio de un evento proselitista. El senador saludaba a simpatizantes y se dirigía a la multitud cuando un adolescente mezclado entre los asistentes le disparó a muy corta distancia.

El congresista recibió tres impactos de bala: uno en la pierna y dos en la cabeza. El atentado se produjo mientras hablaba sobre la importancia de la salud mental, y desde ese momento permaneció en estado crítico durante más de dos meses.

Tarazona relató que volvió a su casa para estar con sus hijos después de la oración del domingo y que “a las tres de la mañana me avisaron que Miguel se había muerto”.

“Lo que nunca me imaginé en la vida, verlo antes de cumplir cuarenta años”, dijo Tarazona.

El excontralor de Cali, Pedro Antonio Ordóñez, resultó herido tras ser víctima de un atentado ocurrido en las últimas horas, en el occidente de la capital del Valle del Cauca.

Información preliminar indica que Ordóñez recibió un impacto de bala en el hombro y fue trasladado de inmediato a una clínica local, donde permanece bajo intervención quirúrgica. Las autoridades locales confirmaron que el exfuncionario se encuentra fuera de peligro y su recuperación avanza de manera favorable.

De acuerdo con el primer informe médico, conocido por el periodista Aldemar Domiguez, Ordóñez se encuentra fuera de peligro. Unidades de la Policía iniciaron operativos en la zona para identificar y capturar al responsable del ataque.

Pedro Ordóñez fue contralor de Cali durante el período 2022-2025, y el ataque sicarial llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para esclarecer el caso, según informó la Administración distrital de Cali.

Hasta el momento, no se han registrado capturas ni se han informado hipótesis sobre el hecho, que ocurrió en medio de un contexto de preocupación por la seguridad de líderes políticos y servidores públicos en el Valle del Cauca.

En las últimas semanas, el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada, y las amenazas a concejales de Cali han encendido las alertas sobre los riesgos que enfrentan los dirigentes regionales, de acuerdo con la información comunicada por el medio El País de Cali.

Cabildantes de la ciudad han solicitado mayores medidas de protección tras denunciar amenazas y un presunto plan para atentar contra la sede del Concejo.

Más de 100 estructuras criminales y 83 pandillas alimentan la violencia homicida en Cali, reveló comandante de la Policía

La ola de homicidios en Cali tiene como telón de fondo la presencia de al menos 109 grupos de delincuencia común organizada y cerca de 83 pandillas que involucran a más de mil jóvenes, según reveló el comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez.

La ciudad ya supera los 479 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con el análisis difundido por el medio.

“El 72% de los homicidios en Cali están relacionados con acciones sicariales. Además, cerca del 50% de las personas asesinadas tenían antecedentes o anotaciones judiciales. Esto demuestra que gran parte de los casos corresponden a confrontaciones entre estructuras criminales por el control de rentas ilícitas”, explicó Benavidez en una entrevista concedida a Semana.

El comandante detalló que “tenemos identificados cerca de 120 grupos de delincuencia común organizada en el área metropolitana y de esos, 109 están en Cali. Son estructuras que se organizan y se concertan para realizar acciones criminales buscando una hegemonía sobre las rentas ilegales”. Entre las actividades ilícitas señaladas por Benavidez figuran el narcotráfico, la extorsión y el préstamo ilegal conocido como “gota a gota”.

La proliferación de pandillas juveniles representa otro desafío para la ciudad. “Hemos caracterizado alrededor de 83 grupos de pandillismo, conformados por más de mil jóvenes. Como Estado tenemos un gran reto porque muchos de ellos terminan siendo instrumentalizados por las estructuras delincuenciales e inician una carrera criminal que termina fortaleciendo estas organizaciones”, advirtió.

La cercanía geográfica con regiones de presencia de grupos armados ilegales, como Cauca y Nariño, incide en el panorama de seguridad local. “Hemos identificado que muchos grupos armados organizados instrumentalizan bandas locales mediante una especie de outsourcing criminal”, indicó Benavidez en la entrevista.

El funcionario también alertó sobre la facilidad con la que los capturados recuperan su libertad: “Tenemos un incremento del 14% en capturas este año y también hemos fortalecido los procedimientos por porte ilegal de armas. Sin embargo, el 60% de las personas capturadas por este delito recuperan la libertad a las 36 horas”, afirmó.