La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un llamado dirigido a las entidades fiscalizadas para reforzar el uso exclusivo de canales institucionales en los procesos de fiscalización, ante la posible presencia de intermediarios o gestores externos que buscan influir o intervenir de manera indebida.

En un comunicado oficial, la ASF subrayó que toda comunicación, gestión o notificación vinculada con sus funciones debe realizarse únicamente a través de funcionarios designados formalmente como enlaces institucionales, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y trazabilidad de cada proceso.

ASF aclara que no tiene relación con intermediarios externos

La ASF fue enfática al señalar que no mantiene ningún tipo de vínculo con despachos particulares, consultores, asesores privados o terceros que se presenten como representantes de entes auditados, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

En este sentido, advirtió que cualquier intento de comunicación o gestión por parte de personas sin carácter oficial no será reconocido y podría derivar en sanciones conforme a la normativa aplicable.

Llamado a reportar y evitar gestores no acreditados

Como parte de las medidas preventivas, la ASF exhortó a titulares y enlaces institucionales a:

• Reportar de inmediato cualquier acercamiento de personas o despachos que se ostenten como gestores ante la ASF.
• Verificar que toda comunicación provenga exclusivamente de canales oficiales.
• Abstenerse de compartir información, documentación o recursos con intermediarios no acreditados.

Asimismo, el órgano fiscalizador destacó que cuenta con políticas de integridad y controles internos para prevenir, detectar y sancionar conductas irregulares dentro de los procesos de fiscalización.

Canales de denuncia ante posibles irregularidades

La Auditoría Superior de la Federación informó que cualquier acto de presión o presunta vinculación indebida puede ser denunciado a través de su sitio web oficial o mediante WhatsApp al número 55 9919 0553, habilitado para recibir reportes ciudadanos.

El organismo reiteró que la fiscalización superior es una tarea compartida, que requiere del compromiso de servidores públicos y del respeto a los procedimientos institucionales para fortalecer la rendición de cuentas en México.

Con este posicionamiento, la ASF busca cerrar el paso a prácticas irregulares y reforzar la confianza en los procesos de auditoría, bajo el principio de que “un México sin corrupción es posible”.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de hacer más efectivo el combate a la corrupción en México. Con estos cambios, el órgano fiscalizador contará con mayores herramientas para investigar, sancionar y actuar de manera más ágil ante irregularidades en el uso de recursos públicos.

La modificación legal —avalada por unanimidad— busca dejar atrás la percepción de que la ASF era un ente con limitadas capacidades y convertirla en una institución con mayor poder operativo para detectar y castigar actos de corrupción.

¿Qué cambia con la reforma a la ASF?

Uno de los puntos clave es que la ASF podrá investigar en cualquier momento posibles faltas administrativas graves, sin depender exclusivamente de los tiempos de revisión de la cuenta pública. Esto significa que podrá actuar de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, incluso si los hechos se detectan fuera de los periodos tradicionales de fiscalización.

Además, la reforma establece que:

• La ASF podrá presentar denuncias directamente ante tribunales administrativos cuando detecte irregularidades graves.
• Se fortalece la posibilidad de iniciar investigaciones por denuncias ciudadanas, facilitando la participación social en el combate a la corrupción.
• Se eliminan obstáculos que retrasaban procesos, permitiendo una actuación más inmediata frente a desvíos de recursos.

ASF podrá investigar y sancionar sin límites de tiempo

La nueva legislación permite que la ASF investigue de oficio cualquier falta administrativa grave, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto por denuncia ciudadana como por auditorías. Este cambio elimina el límite temporal para abrir investigaciones, de modo que un caso denunciado o revelado después del cierre del ejercicio fiscal también podrá ser indagado y sancionado.

Durante el debate en comisiones, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó: “El propósito es darle dientes a la ASF, porque es necesario darle mayor capacidad de actuación”.

Más coordinación y control de recursos públicos

Otro aspecto relevante es la creación de un Sistema Nacional de Registro de Información sobre Recursos Federales, el cual concentrará datos sobre el uso de dinero público y obligará a los entes gubernamentales a transparentar información.

Asimismo, la ASF podrá:

• Firmar convenios con entidades estatales para auditar recursos federales ejercidos por estados, municipios y alcaldías.
• Fiscalizar recursos incluso cuando sean administrados por particulares vinculados a fondos públicos.

Estas medidas buscan cerrar espacios a la opacidad en el manejo del presupuesto y mejorar la coordinación entre distintos niveles de gobierno.

Plazos y nuevas obligaciones

La reforma también impone plazos más estrictos para la resolución de observaciones derivadas de auditorías. Por ejemplo, la ASF deberá determinar el estatus de sus hallazgos en un periodo máximo de 90 días hábiles, lo que pretende evitar que los casos queden abiertos indefinidamente.

Además, se incorporan herramientas tecnológicas, como notificaciones electrónicas, para agilizar los procedimientos y reducir la burocracia.

Un paso para fortalecer el combate a la corrupción

La Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico encargado de fiscalizar el gasto público federal, es clave dentro del sistema de rendición de cuentas en México. Con esta reforma, se busca reforzar su papel dentro del combate a la corrupción y mejorar su capacidad para actuar de manera oportuna.

El dictamen fue turnado al Senado para su análisis, donde se definirá si estos cambios se convierten en ley. De aprobarse, la ASF podría convertirse en una institución más activa, con mayores “dientes” para investigar y sancionar el mal uso de recursos públicos en el país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consolida, a través de resoluciones y tesis jurisprudenciales recientes, una doctrina que cambia de fondo el control sobre el dinero federal ejercido por los municipios.

El criterio principal es claro: los congresos estatales y sus órganos de fiscalización ya no pueden auditar el destino de los recursos federales transferidos a los ayuntamientos, salvo que exista un convenio formal de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta posición, construida por el Pleno de la Corte a partir del análisis de los artículos 79 y 115 de la Constitución, busca proteger la autonomía hacendaria municipal y evitar que las auditorías se utilicen como herramientas de presión política o castigo partidista.

En la práctica, esto implica que el grueso de los recursos municipales —más del 80% del presupuesto local, principalmente proveniente de los ramos 28 y 33— queda fuera del alcance de la fiscalización estatal.

Los órganos locales solo pueden revisar el uso de ingresos propios, como el impuesto predial y derechos municipales. La fiscalización de participaciones y aportaciones federales, que representan la mayor parte del gasto municipal, queda reservada a la ASF, según el modelo centralizado que la Corte ha ido construyendo desde hace años.

Solo la ASF tiene la llave para auditar el dinero federal

El artículo 79 constitucional otorga a la ASF la función exclusiva de supervisar el uso de fondos federales en estados y municipios. Para que un congreso estatal o su órgano de fiscalización pueda revisar estos recursos, debe existir un convenio de coordinación con la ASF, en el que se definan reglas, metodología y lineamientos federales. Sin ese acuerdo, toda auditoría estatal sobre fondos federales es nula de pleno derecho.

La Corte ha aplicado este criterio en casos donde ayuntamientos impugnaron sanciones estatales por el manejo de recursos federales y obtuvieron protección constitucional.

El Pleno advierte que la fiscalización no puede ser empleada como castigo político ni como mecanismo de control sobre presidentes municipales de partidos adversarios. Por eso, la puerta para la fiscalización estatal solo se abre a través de convenios explícitos y bajo supervisión federal.

Municipios ganan autonomía; estados pierden un instrumento de presión

Para los municipios, el nuevo modelo significa mayor certeza jurídica y una barrera frente a la injerencia de congresos estatales adversarios. El esquema detiene la práctica del “castigo local”, donde auditorías y observaciones se usaban para condicionar cuentas públicas o desestabilizar gobiernos municipales.

Ahora, los presidentes municipales tienen la garantía de que sus gestiones sobre fondos federales solo serán revisadas por la ASF o por autoridades estatales que cuenten con convenio formal.

No obstante, la centralización presenta retos operativos. La ASF debe asumir la fiscalización de recursos federales ejercidos en más de 2 mil 400 municipios, lo que implica una carga de trabajo considerable.

El riesgo es que, sin convenios de colaboración con las entidades, muchos municipios pequeños puedan quedar fuera de una revisión exhaustiva y periódica.

Un nuevo equilibrio en el federalismo fiscal mexicano

La SCJN consolida una tendencia nacional que busca delimitar con claridad las competencias de cada nivel de gobierno en materia de rendición de cuentas y control del gasto público.

El federalismo fiscal mexicano avanza hacia un modelo donde la vigilancia sobre el dinero federal es tarea exclusiva del órgano auditor federal, mientras que los recursos locales siguen bajo supervisión estatal.

Cada sentencia y tesis emitida por la Corte fortalece la autonomía municipal y limita la posibilidad de que los estados intervengan más allá de lo permitido constitucionalmente.

El nuevo modelo de fiscalización obliga a replantear la coordinación entre Federación y entidades, y pone sobre la mesa la necesidad de acuerdos de colaboración para mantener la vigilancia sobre billones de pesos que fluyen cada año a los municipios. En este escenario, la pregunta sobre el “castigo local” parece tener respuesta: los congresos estatales pierden ese instrumento, y la revisión del dinero federal queda en manos de la ASF.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única autoridad facultada para fiscalizar los recursos federales ejercidos por los municipios, limitando así la intervención de órganos estatales y fiscalías locales en estas revisiones.

El fallo, aprobado por unanimidad del Pleno, establece que las auditorías sobre fondos federales no pueden ser realizadas por autoridades locales sin un convenio de coordinación con la ASF, conforme a lo que marca la Constitución.

SCJN invalida auditorías estatales sobre recursos federales

La resolución deriva de la controversia constitucional promovida por el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en Tlaxcala, luego de que el Congreso local y su órgano de fiscalización auditaran recursos federales sin contar con un acuerdo con la ASF.

En su decisión, la Corte invalidó parte de esa auditoría y concluyó que las autoridades estatales vulneraron la libre administración hacendaria municipal, al exceder sus facultades.

Además, el máximo tribunal dejó claro que los congresos estatales no pueden revisar el uso de fondos federales transferidos a municipios, salvo que exista un mecanismo formal de coordinación con la autoridad federal.

ASF, única instancia para fiscalizar recursos federales

Con este criterio, la SCJN reafirma que la ASF, órgano técnico de la Cámara de Diputados, es la instancia encargada de auditar el uso de recursos públicos federales en todos los niveles de gobierno, incluidos estados y municipios.

Esto implica que cualquier revisión sobre fondos federales deberá ser realizada directamente por la ASF o mediante convenios previamente establecidos, lo que limita la actuación de auditorías locales y fiscalías estatales.

Impacto del fallo en municipios y estados

La resolución sienta un precedente relevante en materia de fiscalización en México, ya que:

• Refuerza la competencia exclusiva federal en el manejo y revisión de recursos federales.
• Reduce la posibilidad de auditorías duplicadas por parte de autoridades estatales.
• Obliga a los estados a establecer convenios con la ASF si desean participar en procesos de revisión.

Asimismo, el fallo busca evitar conflictos de competencia y garantizar que la fiscalización se realice bajo criterios uniformes a nivel nacional.

Controversia constitucional

El caso que originó esta decisión corresponde a la controversia constitucional 245/2025, en la que el municipio de Contla impugnó la auditoría estatal que detectó presuntas irregularidades por más de 8.3 millones de pesos en recursos federales.

La SCJN concluyó que dicha revisión fue inválida al no cumplir con los requisitos constitucionales, lo que llevó a establecer el criterio de que solo la ASF puede auditar recursos federales en municipios, salvo coordinación formal.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) formalizó la creación de la Unidad de Atención Ciudadana con la publicación de su nuevo Reglamento Interior en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2026.

Esta medida fue anunciada tras la llegada de Aureliano Hernández Palacios Cardel para dirigir esta institución, las modificaciones introducen un cambio relevante en la estructura del principal órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados.

La iniciativa coloca a la interacción con la sociedad en el centro de la agenda institucional, al tiempo que plantea retos sobre la efectividad y la amplitud de los mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos federales.

Estas serían las atribuciones de la nueva Unidad

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Unidad de Atención Ciudadana tiene la misión de recibir, gestionar y responder las peticiones ciudadanas dirigidas a la ASF, con fundamento en el artículo 8 constitucional.

La unidad debe facilitar la presentación de denuncias mediante canales de comunicación abiertos, tanto físicos como electrónicos, y proponer lineamientos internos para dar seguimiento a las solicitudes recibidas. Además, tiene atribuciones para atender audiencias solicitadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, lo que amplía el espectro de involucramiento social en la fiscalización superior.

La creación de este espacio responde a una reorganización institucional más amplia, enmarcada en el nuevo Reglamento Interior expedido por Hernández Palacios Cardel.

De acuerdo con el documento oficial, la ASF estructura su funcionamiento en unidades especializadas que abarcan desde auditoría forense hasta inteligencia y análisis, pasando por temas de equidad de género e inclusión.

La integración de la Unidad de Atención Ciudadana formaliza un canal que, hasta ahora, funcionaba de manera más dispersa y sin atribuciones específicas en el reglamento anterior.

Buscan fortalecer transparencia en el sector público

La reorganización de la ASF busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, en un contexto donde la fiscalización de los recursos públicos se enfrenta a crecientes demandas sociales y a la presión por resultados efectivos.

El nuevo reglamento abroga el instrumento vigente desde 2017 y sus reformas, redistribuye competencias y crea áreas especializadas para responder a los desafíos actuales en materia de control del gasto público.

Entre los cambios más relevantes destaca la posibilidad de ejercer atribuciones a través de medios electrónicos, mediante el Buzón Digital y otras herramientas tecnológicas, lo que permite acercar los procesos de fiscalización a la ciudadanía.

La Unidad de Atención Ciudadana se posiciona como un intermediario entre la sociedad y el órgano fiscalizador. Entre sus competencias figura apoyar a las áreas internas en la gestión de peticiones, proponer reglas para el seguimiento y evaluar los procesos internos de atención ciudadana.

De acuerdo con el reglamento, la unidad informará directamente al auditor superior sobre el avance de los asuntos bajo su responsabilidad, lo que podría contribuir a una mayor trazabilidad de las denuncias y solicitudes ciudadanas.

Un reto para la fiscalización en México

El alcance de esta unidad, sin embargo, abre un debate sobre la suficiencia de los mecanismos para garantizar una participación ciudadana efectiva en la fiscalización. La historia ha mostrado que la efectividad de estos canales depende de la capacidad institucional para procesar, investigar y dar respuesta a las denuncias, así como de la transparencia en la comunicación de sus resultados.

El nuevo Reglamento Interior de la ASF contempla, además, la integración de unidades orientadas a la innovación tecnológica y la inteligencia institucional. Entre ellas destaca la Unidad de Inteligencia y Análisis, encargada de sistematizar y analizar información financiera y patrimonial, y la Unidad de Equidad de Género e Inclusión, que debe transversalizar la perspectiva de género y la inclusión en las auditorías.

La ASF, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, mantiene la función de fiscalizar la Cuenta Pública, investigar irregularidades en el manejo de recursos federales y verificar el cumplimiento de la normatividad financiera y presupuestal. El nuevo reglamento detalla la distribución de competencias entre las distintas unidades administrativas, fija procedimientos de auditoría y seguimiento, y otorga facultades para la investigación de faltas administrativas tanto en el ámbito federal como subnacional.

La reforma al reglamento busca también agilizar los procesos internos, reducir la duplicidad de funciones y responder a la presión pública por resultados tangibles en materia de combate a la corrupción. El documento establece la posibilidad de certificar documentos y solicitar información a entidades públicas y privadas, lo que amplía el margen de maniobra de la ASF en las investigaciones.

El reto para la Unidad de Atención Ciudadana reside en traducir las atribuciones formales en resultados concretos. La experiencia previa señala que la participación ciudadana en la fiscalización superior requiere canales accesibles, protección de datos personales, mecanismos de seguimiento y una respuesta institucional ágil y transparente.

Especialización de cada área en la ASF

Con el nuevo reglamento también se abre la posibilidad de que cada área elaboré dictámenes técnicos, buscando acortar la burocracia dentro del organismo. La institución contará con especialistas en cada una de las áreas, garantizando la fundamentación de quien lleve a cabo la auditoría.

Además, con la llegada de Hernández Palacios Cardel se eliminarán áreas calificadas como innecesarias con el objetivo de reorientar recursos presupuestales y eficientar las estructuras.

También, los nuevos lineamientos tienen el objetivo de agilizar el envío de expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableciendo plazos para el envío de dictámenes técnicos de no solventación a investigación.

“No vengo a ser Auditor Superior para cumplir con nadie. Mi compromiso es únicamente con la honestidad. Por ello, pondré todo de mí para cumplir con nuestra convicción y espero que la compartan, que un México sin corrupción es posible”, fueron las palabras con las que Aureliano Hernández Palacios asumió la dirección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante un mensaje dirigido a trabajadoras y trabajadores de la institución, el nuevo auditor delineó los ejes que marcarán su gestión para los próximos ocho años: cero tolerancia a la corrupción, defensa del dinero público y combate frontal a la impunidad.

Aureliano Hernández, hijo del exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando ocupó el cargo de Jefa de Gobierno de la CDMX, prometió tres puntos clave dentro de su gestión: fortalecerá la lucha contra la corrupción, va a erradicar la impunidad y va a garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

¿Cuáles son las propuestas del nuevo auditor?

En su mensaje, Aureliano Hernández planteó como objetivo consolidar el prestigio de la Auditoría Superior a partir de un trabajo riguroso y transparente.

Resaltó la importancia de fortalecer la relación con la ciudadanía y promover la participación social en la fiscalización del gasto público, señalando que la lucha contra la corrupción requiere involucrar a la sociedad y atender las inquietudes de la población.

Dentro de las propuestas que Aureliano Hernández presentó cuando contendió por la dirigencia de la ASF, se encuentran fortalecer el órgano fiscalizador, aplicar una reducción de salarios de altos funcionarios y una política de austeridad.

Durante su comparecencia del 6 de marzo, parte del proceso de selección, adelantó que uno de los ejes centrales de su gestión será impulsar la denuncia ciudadana.

Anticipó la habilitación de mecanismos para recibir denuncias a través de redes sociales, mensajes por WhatsApp e, incluso, la instalación de módulos en espacios públicos, con el propósito de facilitar el acceso de la ciudadanía a la fiscalización y la denuncia de actos de corrupción.

¿Quién es Aureliano Hernández, el nuevo auditor que promete luchar contra la corrupción?

Hernández Palacios cuenta con experiencia previa como Auditor Especial de Gasto Federalizado.

Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ese parentesco desató críticas y cuestionamientos en la opinión pública que llegaron hasta las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, la mandataria aseguró que no intervino en el proceso legislativo para la designación del nuevo auditor y enfatizó que el nombramiento recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Aureliano Hernández fue nombrado el 10 de marzo en una terna donde sus competidores eran Elizabeth Barba, contadora pública y funcionaria en la Fiscalía General de la República, y Luis Miguel Martínez Anzures, titular del Instituto Nacional de Administración Pública.

El economista veracruzano Aureliano Hernández Palacios Cardel fue designado como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, tras obtener 472 votos en el pleno de la Cámara de Diputados de México. El funcionario asumirá formalmente el cargo el 15 de marzo de 2026, en sustitución de David Colmenares Páramo.

Su nombramiento se da en medio de atención pública debido a su trayectoria dentro de la propia ASF y a su vínculo familiar con el entorno político de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la mandataria cuando encabezó el gobierno de la Ciudad de México.

A continuación, te explicamos quién es y cuáles han sido los cargos que ha ocupado el nuevo auditor superior de la Federación.

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel es originario de Xalapa, en el estado de Veracruz, y es licenciado en Economía. También cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas, formación que ha orientado su carrera hacia el análisis del gasto público y la fiscalización de recursos gubernamentales.

Desde 2018 ha trabajado dentro de la ASF, el organismo encargado de revisar cómo se ejercen los recursos federales y de detectar posibles irregularidades en el manejo del presupuesto público.

¿Qué cargos ha desempeñado Aureliano Hernández?

Antes de convertirse en titular de la ASF para el periodo 2026-2034, Aureliano Hernández ha ocupado diversos cargos relacionados con la fiscalización y la administración pública.

Entre los principales puestos que ha desempeñado destacan:

• Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF (desde octubre de 2025), área responsable de revisar el uso de recursos federales transferidos a estados y municipios.
• Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D” dentro de la ASF, cargo que ocupó desde 2018.
• Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, antes de integrarse al organismo fiscalizador federal.

Su experiencia se ha concentrado principalmente en la revisión del uso de recursos públicos, particularmente los fondos federales transferidos a entidades federativas y municipios.

Vínculo familiar con el equipo de Sheinbaum

El nuevo titular de la ASF es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando esta se desempeñó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, proviene de una familia con trayectoria en el ámbito público y académico: su abuelo, Aureliano Hernández Palacios, fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Con su designación, Hernández Palacios encabezará durante ocho años la institución responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, una tarea clave para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en México.

La exdiputada federal y decana de transparencia María Elena Pérez Jaén Zermeño no se guardó nada al comentar la designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aprobada este 10 de marzo con 472 votos en la Cámara de Diputados.

El dato más explosivo no tardó en llegar. La exdiputada federal y decana de transparencia María Elena Pérez Jaén Zermeño reveló este miércoles en el programa de Carmen Aristegui que Aureliano Hernández Palacios Cardel, el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, es hijo del exsecretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Eso no puede pasar desapercibido”, advirtió. “Tiene una cercanía que contamina y genera muchísimas sospechas.”

Un nombramiento anticipado

Y las imágenes de ayer en San Lázaro, según describió Pérez Jaén, lo dicen todo: Hernández Palacios ya estaba detrás de las puertas esperando entrar al pleno mientras aún se discutía formalmente la terna. Cuando fue anunciado, diputados de Morena y del PT lo recibieron abrazándolo —uno por la cintura, otro por los hombros— “como rockstar”.

Para Pérez Jaén, el proceso entero fue una farsa orquestada. Señaló que la terna fue diseñada a modo, que ninguno de los otros dos candidatos tenía posibilidades reales, y que Aureliano siempre fue la segunda opción en caso de que David Colmenares no lograra su reelección. “Todo lo demás fue para cumplir con el proceso legal”, afirmó sin rodeos.

“Todo estuvo planchado desde el principio”

Según Pérez Jaén, la terna presentada ante el pleno fue diseñada a modo. Señaló que Elizabeth Barba Villafán entró únicamente como cuota de género, que Luis Miguel Martínez Anzures —presidente del INAP— no tenía posibilidades reales al ser un incondicional de David Colmenares, y que Aureliano Hernández siempre fue la segunda opción en caso de que Colmenares no lograra su reelección. “Todo lo demás fue una farsa para cumplir con el proceso legal”, afirmó.

El historial que preocupa

La exlegisladora recordó que Hernández Palacios llegó a la ASF hace 8 años de la mano de Emilio Barriga, exauditor especial en gasto federalizado señalado por presuntas irregularidades. Pérez Jaén aseguró que bajo esa gestión se realizaron auditorías “a modo” a gobernadores y alcaldes de todos los partidos, y que era imposible que funcionarios salieran con cero observaciones en sus revisiones: “Hasta por un lápiz hay observaciones”, dijo.

472 diputados eligieron “un auditor cómodo”

La exdiputada también recordó que Hernández Palacios llegó a la ASF hace 8 años de la mano de Emilio Barriga, señalado por presuntas auditorías a modo a gobernadores y alcaldes de todos los partidos. Pérez Jaén fue contundente: “Ningún gobernador, ningún alcalde quiere que las auditorías los toquen ni con el pétalo de una rosa.” Y con pruebas en mano, señaló que bajo esa gestión la recuperación de activos se desplomó. “Es terrible, terrible, terrible. Ese hombre debería ser investigado.”

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con una mayoría calificada el Pleno de la Cámara de Diputados lo designó como el sustituto de David Colmenares.

Ante la designación que obtuvo 472 votos, en esta nota te presentamos su grado de estudios y a cuánto asciende el sueldo del puesto que ocupará Hernández Palacios a partir del 15 de marzo y hasta el 2034, un encargo que durará 8 años.

Este es el grado de estudios del nuevo titular de la ASF

El nuevo auditor posee el título de Licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, además, estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, República de Argentina. Desde 2018 ocupa cargos dentro de la Auditoría Superior de la Federación.

El pasado 17 de octubre Aureliano Hernández asumió el cargo de auditor especial del Gasto Federalizado por decisión de David Colmenares, titular de la Auditoría Superior, a raíz de la renuncia de Emilio Barriga Delgado, quien también participó en el proceso de selección.

Es importante destacar que, el recién nombrado es hijo de Fernando Hernández Palacios, quien se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También es nieto de Aureliano Hernández Palacios, quien ocupó los cargos de rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cuánto ganará Aureliano Hernández Palacios

David Colmenares dejará funciones el próximo 14 de marzo y un día después Hernández Palacios llegará a la ASF, siendo un perfil cercano al actual titular y a la administración de la presidenta de México.

Este puesto fiscalizador tiene una de las percepciones económicas más cercanas a las que gana Sheinbaum, ya que según el Tabulador de Percepciones Ordinarias del Personal de Mando 2025, el Auditor Superior de la Federación percibe lo siguiente:

• Sueldo base: 44 mil 306.90 pesos
• Compensación garantizada: 144 mil 819.37 pesos
• Despensa: mil 515 pesos

El total suma 190 mil 641.27 pesos y después de deducciones, el sueldo líquido mensual queda en 132 mil 112.29 pesos.

¿Qué es y qué hace la ASF?

La Auditoría Superior de la Federación es la instancia principal encargada de supervisar el uso de los recursos públicos federales en México:

• Es un órgano técnico autónomo dependiente de la Cámara de Diputados.
• Fiscaliza a los tres Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, estados, municipios y cualquier entidad o persona que administre recursos federales.
• Su labor culmina en los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
• Garantiza que los recursos y programas públicos sean aplicados conforme a la ley y lleguen a su destino programado.
• Sus observaciones y acciones son definitivas, obligando a las dependencias públicas a responderlas.
• Su función se rige por los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La ASF representa la máxima autoridad en auditoría y vigilancia del gasto público federal, asegurando la transparencia y el cumplimiento legal en la administración de recursos.

Tras un proceso de casi 20 días, Aureliano Hernández Palacios Cardel, sustituirá a David Colmenares, como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la tarde de este martes el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento con 472 votos a favor.

El nuevo titular ocupará este cargo hasta 2034 y fue seleccionado de una terna que estuvo conformada por:

1. Elizabeth Barba Villafán
2. Luis Miguel Martínez Anzures

Así fue el proceso de selección para la terna que llegó al pleno

El proceso arrancó el pasado 19 de febrero, donde se registró un total de 92 aspirantes, tras la revisión curricular 81 personas pasaron a la fase de entrevista. Por más de 38 horas de trabajo se llevaron a cabo 77 comparecencias ante la Comisión de Auditoria de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De tal forma que para llegar a la elección de los tres candidatos, “todos los diputados tuvieron a su alcance las entrevistas, todos calificaron, capturamos más de 2 mil 900 evaluaciones, y el acuerdo que hicimos en Pleno de la Comisión fue que los mejores evaluados por cada una de las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios fueran los que conformaran la terna”, comentó el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión.

Ante el Pleno, Herrera Borunda reconoció el trabajo de todos los diputados que trabajaron en la elección de la terna, debido a que lograron consensar los perfiles y enviar el dictamen bajo votación de unanimidad.

David Colmenares no fue opción

Cabe destacar que el pasado 26 de febrero David Colmenares fue captado en las inmediaciones de San Lázaro, quien presentó su solicitud para ser relegido, sin embargo, su perfil ni siquiera fue tomado en cuenta para los integrantes de la Comisión, al no estar entre los tres mejores promedios de calificación.

El Auditor Superior compareció en la segunda ronda de entrevistas de la Comisión de Vigilancia, ante quienes aseguró que buscaba dar continuidad a su gestión:

“El tema es que debemos de dar continuidad a nuestro trabajo también, y no se trata solamente de la sanción, sino mejorar el desempeño real. Quiero leer lo que ese día me faltó comentar, que la fiscalización superior no trata de individualismos, pragmatismos ni de aplausos o declaraciones que tal, se trata de evidencias y rigor técnico”.

Entre los perfiles descartados se encuentran los exauditores especiales Agustín Caso, Gerardo Lozano y Emilio Barriga, figuras de peso que salieron de la Auditoría tras mantener desacuerdos con Colmenares respecto al control de la institución.

Voces en contra de la actual administración en la ASF

Aunque ninguna de las iniciativas propuestas por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, han prosperado, el legislador es uno de los opositores de la administración de Colmenares, debido al tema de transparencia y rendición de cuentas. Entre los principales puntos, están:

• Los informes individuales de auditoría deberán presentarse en dos fechas clave:
• • El último día hábil de agosto.
  • El último día hábil de enero del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública.
• La Auditoría deberá entregar a la Comisión de Vigilancia un informe específico sobre las denuncias recibidas, también antes de que finalice enero del año posterior al periodo auditado.
• Se prohíbe la reelección de la persona que encabece la Auditoría.
• Se amplían los requisitos para ocupar el puesto de titular de la Auditoría.
• El Consejo de Dirección interviene en la planeación institucional; su opinión será indispensable para la elaboración y aprobación del presupuesto anual y los programas de trabajo.
• El programa anual de auditorías deberá enviarse a la Comisión de Vigilancia antes de finalizar diciembre de cada año, para mantener la información actualizada.
• El Consejo de Dirección se consolida como instancia clave para consulta y análisis de estrategias dentro de la institución.
• La iniciativa también prohíbe la reelección de la persona a cargo de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión.

Para implementar estos ajustes, la propuesta implica la modificación de los artículos 6, 35, 59, 73, 86, 88, 89, 101 Bis, 105 y 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Este martes 10 de marzo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados dio a conocer la terna de candidatos que competirá por dirigir el principal órgano fiscalizador del país durante el período 2026-2034.

Los tres nombres son:

1. Aureliano Hernández Palacios Cardel
2. Elizabeth Barba Villafán
3. Luis Miguel Martínez Anzures

El acuerdo fue aprobado por unanimidad con 37 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Un proceso largo y con polémica incluida

Llegar a estos tres nombres no fue sencillo. El proceso arrancó con 92 aspirantes registrados, de los cuales 81 avanzaron a la fase de entrevistas. Finalmente, 77 candidatos y candidatas comparecieron ante la Comisión en sesiones que sumaron más de 38 horas continuas de trabajo. Se imprimieron y contabilizaron cerca de 2,900 cédulas de evaluación, y los resultados fueron vaciados en una matriz de Excel cuyos promedios finales determinaron el orden de la terna.

Días antes, había circulado una lista no oficial con hasta 10 nombres de supuestos mejor evaluados, entre ellos perfiles polémicos como el de Natalia Téllez —señalada como impedida por haber participado en el proceso de elección judicial—, Edwin Meraz, exauditor de la Ciudad de México, y el actual titular de la ASF, David Colmenares. Ninguno de los tres aparece en la terna definitiva.

La cuota de género y el criterio de acción afirmativa

Uno de los puntos más debatidos del proceso fue la participación femenina. Solo el 17% de quienes se registraron fueron mujeres, frente a un 78% de hombres. Ante ese desequilibrio, la Comisión acordó aplicar un criterio de acción afirmativa: si los tres primeros lugares de la evaluación resultaban ser hombres, se incorporaría a la mujer mejor evaluada en sustitución del tercero. El resultado final incluyó a Elizabeth Barba Villafán como la única mujer en la terna.

El diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión e integrante del Partido Verde, destacó que todos los acuerdos del proceso se lograron por unanimidad entre los partidos, lo que —según subrayó— le da objetividad y legitimidad al resultado. “Hemos hecho un trabajo excepcional, pulcro y objetivo, privilegiando en todo momento las cualidades técnicas, la trayectoria profesional y sobre todo la honorabilidad de la terna”, afirmó al cierre de la sesión.

¿Qué sigue?

La terna será enviada ahora a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el pleno, donde se elegirá por mayoría al próximo titular de la ASF. Si el pleno rechazara la terna completa, ninguno de los tres nombres podría volver a participar y la Comisión tendría que armar una propuesta completamente nueva desde cero.

Desde la tribuna del Senado de la República, la senadora morenista Nora Ruvalcaba lanzó un llamado directo a la Cámara de Diputados para impedir que María de la Luz Mijangos Borja sea designada como nueva titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su intervención, la legisladora acusó a la actual fiscal especializada en Combate a la Corrupción de omisiones graves en el caso de un proyecto fotovoltaico que —aseguró— nunca se construyó en Aguascalientes, pero sí generó una deuda superior a 28 mil millones de pesos a pagar en 30 años.

Ruvalcaba sostuvo que, pese a que no se ha producido “ni un solo watt”, el municipio ha erogado cerca de dos mil millones de pesos.

Señaló que desde 2022 se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mismas que fueron turnadas a la Fiscalía Anticorrupción sin que, según dijo, se realizaran investigaciones efectivas.

Proyecto fotovoltaico en Aguascalientes: acusaciones de impunidad

La senadora afirmó que, antes de que Ernestina Godoy asumiera como fiscal general, Mijangos se declaró incompetente y envió el expediente a la fiscalía estatal de Aguascalientes, lo que —acusó— favoreció a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel.

En su discurso, Ruvalcaba calificó el caso como un “magno atraco” y advirtió que los funcionarios involucrados continúan en libertad.

A su juicio, permitir que Mijangos encabece la ASF pondría en riesgo la fiscalización del uso de recursos públicos, al considerar que la institución no puede quedar en manos de quien “ya demostró que la presión política y el dinero pueden corromper el actuar de servidores públicos”.

María de la Luz Mijangos se registra como aspirante a la ASF

Pese a las críticas, María de la Luz Mijangos formalizó su registro ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados como aspirante a encabezar el órgano fiscalizador.

En entrevista, aseguró cumplir con todos los requisitos legales y rechazó que existan “favoritos” en el proceso.

Manifestó confianza plena en la convocatoria emitida por los legisladores y afirmó que todos los participantes compiten en igualdad de condiciones.

Lista de aspirantes y proceso de selección en la Cámara de Diputados

Hasta el momento, nueve personas se han inscrito para contender por la titularidad de la ASF. Entre los perfiles registrados destacan:

• Juan José Serrano, excontralor general de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum.
• Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Alejandro Reynoso Gil, auditor general de Nuevo León.
• Roberto Bonifacio Mazón
• Saúl Zamudio García
• Marco Antonio Ciriaco Arroyo
• José Alfredo Villareal Mancilla
• Miguel Manuel Ramírez Mandujano
• Ramón Santos Navarro

Los aspirantes han expresado confianza en el proceso y rechazado versiones sobre supuestos “dados cargados”. El registro permanecerá abierto hasta el 27 de febrero.

Antecedentes y denuncias contra la fiscal anticorrupción

En 2024, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén denunció a Mijangos ante la FGR por presuntos delitos contra la administración pública y obstrucción de la justicia.

La legisladora promovió además un amparo para exigir información sobre el estado de 205 denuncias presentadas desde 2022 por casos de presunta corrupción relacionados con programas federales y uso irregular de recursos públicos.

Entre los expedientes señalados se encuentran irregularidades en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, presuntos desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y anomalías en distintos proyectos federales.

Pérez-Jaén acusó que la Fiscalía Especializada no ha informado avances sustanciales, lo que —afirmó— coloca a denunciantes en estado de indefensión.

En este contexto, la postulación de María de la Luz Mijangos a la ASF se desarrolla en medio de cuestionamientos políticos y denuncias públicas, mientras la Cámara de Diputados avanza en la definición de quien encabezará el máximo órgano de fiscalización del país.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública por más de mil 88 millones de pesos en la alcaldía Cuajimalpa, correspondiente al último año de gestión de Adrián Rubalcava, de acuerdo con la tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.

El órgano fiscalizador determinó que la demarcación no acreditó el destino de la totalidad de los recursos federales auditados durante ese ejercicio fiscal, lo que derivó en diversas observaciones por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Según el informe, existe un probable daño a la Hacienda Pública por 222.1 millones de pesos relacionados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun). La ASF detectó falta de registros contables y presupuestales, así como ausencia de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Además, se identificó un probable perjuicio al erario por 815.1 millones de pesos correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios 2024. En este caso, la alcaldía no proporcionó la documentación necesaria para acreditar el destino de los recursos transferidos por la Federación.

En una tercera observación, la ASF señaló una afectación adicional por 51.2 millones de pesos vinculada al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), también por no presentar los registros contables y presupuestales correspondientes.

En conjunto, las observaciones equivalen a la totalidad de los recursos federales auditados en Cuajimalpa durante 2024, lo que coloca a la demarcación en una situación delicada en materia de rendición de cuentas.

Antecedentes de observaciones

No es la primera vez que la administración encabezada por Rubalcava enfrenta señalamientos por parte de la ASF. En la revisión de la Cuenta Pública 2023, el órgano fiscalizador también reportó un presunto daño a la Hacienda Pública por más de 200 millones de pesos, derivado de irregularidades en el manejo de recursos federales, incluyendo falta de documentación comprobatoria y posibles incumplimientos normativos.

Estos antecedentes refuerzan el patrón de observaciones relacionadas con la gestión financiera de la alcaldía durante los últimos años de la administración saliente.

Actualmente, Adrián Rubalcava se desempeña como director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, cargo que asumió tras concluir su periodo al frente de Cuajimalpa.

Proceso de aclaración y posibles sanciones

Para conocer estos datos, se puede consultar la web https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Matriz/MDB_Consolidado.pdf, página 155.

Conforme a la ley, las autoridades señaladas cuentan con plazos específicos para presentar la documentación y argumentos que permitan aclarar las inconsistencias detectadas.

En caso de no solventarse las observaciones, la ASF puede promover acciones resarcitorias, presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República o iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados.

La magnitud de los montos observados en Cuajimalpa, que superan los mil millones de pesos, podría tener implicaciones políticas y administrativas relevantes, especialmente considerando el nuevo encargo de Rubalcava al frente del Metro capitalino.

Por su parte, a través de una tarjeta informativa, el actual director del Metro CDMX, Adrián Ruvalcaba, señaló que durante el ejercicio 2024, únicamente estuvo al frente dos meses: enero y febrero. Presentó su renuncia el 25 de febrero; su último día laboral fue el 29 del mismo mes".

Durante ese tiempo, “se ejerció la parte proporcional del presupuesto correspondiente a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, la cifra de 170 millones 921 mil 413.57 pesos al cien por ciento, los cuales estén debidamente sustentados″.

Con respecto a mil 88 millones 596 mil pesos, correspondientes a recursos de gasto federalizado, entre ellos participaciones del FAISMUN y FORTAMUN, corresponden a los 12 meses del 2024.

“Cabe señalar que en febrero de 2024 continuaba la tramitología para el ejercicio de FAISMUN y FORTAMUN, por lo cual no había posibilidad de ejercer esos recursos, los cuales se encontraban en etapa de calendarización”, destaca en su texto.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2024 forma parte del proceso anual mediante el cual la ASF revisa el ejercicio de recursos federales transferidos a estados, municipios y alcaldías, con el objetivo de garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en el uso del dinero público.

La convocatoria pública para elegir a la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2026-2034 cumple con lo establecido en la Constitución Política, según lo aseguró el diputado Javier Herrera Borunda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Así será el proceso para elegir a quien sustituya a David Colmenares

Actualmente, David Colmenares ocupa la titularidad de la ASF, por lo que este miércoles, se dio a conocer que la publicación de la convocatoria para iniciar el proceso de sustitución iniciará el 19 de febrero, por lo que a continuación te detallamos cómo será el proceso:

• Recepción de documentos: Las personas interesadas deberán entregar su documentación personalmente en el recinto de San Lázaro, entre el 19 y el 28 de febrero.
• Revisión de aspirantes: La Comisión de Vigilancia de la ASF tiene hasta el 5 de marzo para revisar y analizar que todas las candidaturas cumplan con los requisitos y la documentación solicitada.
• Publicación de entrevistas: Al finalizar la revisión, la Comisión publicará el acuerdo aprobado en el que se dará a conocer el calendario de entrevistas para quienes cumplan con los requisitos. Este anuncio debe realizarse, a más tardar, el 5 de marzo.
• Selección de la terna: El 11 de marzo se definirá la terna de candidaturas que pasarán a la siguiente etapa y ese mismo día el pleno de la Cámara de Diputados elegirá a la persona que ocupará la titularidad de la ASF.
• Toma de protesta: La persona designada deberá rendir protesta a más tardar el 15 de marzo.

Cabe destacar que tras la aprobación del acuerdo CVASF/LXVI/001 /2026, las personas que busquen contender para ocupar la titularidad de la ASF deberán tener en cuenta que el periodo del encargo público será del 15 de marzo 2026 al 14 de marzo 2034.}

Proceso estará acompañado por personal académico

Durante un breve encuentro con medios, Herrera Borunda aseguró que durante el proceso para elegir a la persona titular de la ASF estarán acompañados por académicos: “Acordamos, en el pleno de la Comisión, invitar a la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que aglutina más de 250 instituciones, que tiene a su cargo una matrícula de cerca de 5 millones de estudiantes, y en los cuales estamos confiando la preparación de nuestros jóvenes, para que nos ayuden y nos acompañen como testigos sociales”.

A los aspirantes se les exigirá presentar una declaración que acredite la ausencia de intereses de negocios familiares o personales. Además, se estableció que este requisito resultará indispensable para quienes deseen participar en el proceso.

Sobre el principio de paridad, se remarcó que la convocatoria respetará la disposición constitucional, la cual establece que la paridad debe aplicarse de manera transversal en todo el sistema mexicano.

“Realmente estamos cumpliendo con cada uno de los procesos que demandan la Constitución y la Ley de Fiscalización”, reiteró el diputado del PVEM.

“La renovación de la ASF debe realizarse bajo un nuevo marco constitucional y legal que garantice independencia, transparencia y eficacia. Fortalecer la fiscalización es clave para una verdadera rendición de cuentas en México”.

¿Qué contempla la propuesta de Ramírez Cuéllar?

Un cambio significativo en la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación podría concretarse si prospera la iniciativa de Ramírez Cuéllar en el siguiente periodo ordinario que iniciará el domingo 1 de febrero, que introduce nuevas fechas, reglas y mecanismos en la fiscalización de los recursos públicos.

La propuesta contempla que los informes individuales de auditoría deberán presentarse en dos momentos clave:

• El último día hábil de agosto.
• El último día hábil de enero del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública.

Además, la Auditoría tendrá la obligación de entregar a la Comisión de Vigilancia un informe específico sobre las denuncias recibidas, también antes de que finalice enero del año posterior al periodo auditado.

Plantea puntos clave sobre la titularidad de la ASF

En lo referente al proceso de selección del próximo titular de la Auditoría, en el que se busca relevar a David Colmenares, los cambios buscan que la Comisión de Vigilancia realice consultas para identificar a los perfiles más adecuados, aunque las opiniones y recomendaciones recogidas no serán de cumplimiento obligatorio.

La iniciativa también establece que:

• No habrá reelección para quien encabece la Auditoría.
• Se amplían los requisitos exigidos para ocupar ese puesto.

Otro aspecto relevante es la intervención del Consejo de Dirección en la planeación institucional. Para la elaboración y aprobación del presupuesto anual y los diferentes programas de trabajo, la opinión de este órgano colegiado será indispensable.

El programa anual de auditorías deberá remitirse a la Comisión de Vigilancia antes de finalizar cada diciembre, asegurando que la información se mantenga actualizada.

La estructura institucional también se refuerza, ya que el Consejo de Dirección se consolida como instancia clave de consulta y análisis de estrategias.

Paralelamente, la iniciativa prohíbe la reelección para la persona a cargo de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión.

Busca mayor transparencia pública

La sociedad civil adquiere un rol más visible. La Comisión estará obligada a publicar un informe detallado sobre las peticiones, propuestas y denuncias recibidas, con énfasis en aquellas incorporadas al programa anual de auditorías:

• Peticiones y denuncias de la sociedad civil deberán ser transparentadas en un informe público.
• Las incluidas en el programa anual de auditorías recibirán especial atención.

Para implementar estos ajustes, la propuesta implica la modificación de los artículos 6, 35, 59, 73, 86, 88, 89, 101 Bis, 105 y 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El debate en torno a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, alcanzó un nuevo nivel tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de investigar a la funcionaria por presunto desvío de recursos.

En respuesta, la alcaldesa defendió la transparencia de su administración e hizo énfasis en que las instancias legales ya han revisado las finanzas municipales, remarcando la importancia de la honestidad comprobable y sugeriendo que los señalamientos tienen una motivación política.

Durante su intervención más reciente, López Rodríguez mostró un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según la alcaldesa, este avala que los fondos ejercidos durante 2023 —por un total de mil 122 millones de pesos, incluidos los recursos de Fortamun, Ramo 33 y Ramo 28— ya fueron fiscalizados y no presentan irregularidades. Destacó: “Tengo solventada, no tengo problemas. El 23, por supuesto, una mujer requiere honestidad”, una afirmación en la que buscó tomar distancia de las acusaciones y demostrar que su gestión se encuentra libre de observaciones graves por parte de la autoridad federal.

Al confrontar los recientes cuestionamientos, López Rodríguez insistió en el respeto que mantiene por la investidura presidencial, pero fue contundente al pedir que cualquier denuncia se haga formalmente en los cauces judiciales correspondientes. En palabras de la alcaldesa: “Respeto el comentario de nuestra presidenta, como ella dice, si la presidenta municipal hizo un desvío de recursos lo ideal es que denuncien. Es momento de dejar claro, de atacar de una vez por todas el tema de rendir cuentas, yo jamás me he negado”.

Según explicó ante los medios, la titular de Acapulco considera que la Auditoría Estatal se extralimitó en sus funciones al pretender auditar recursos que, por ley, solo corresponden a la federación. Recalcó también que no existen pendientes con el ejercicio fiscal de 2023 y que la revisión integral por parte de la ASF desmiente los rumores de opacidad en su gobierno.

Para reforzar su postura, López Rodríguez enfatizó la necesidad de que la honestidad pública debe ser comprobable y no solo un recurso discursivo. Aseguró: “Guerrero no requiere de vestidos de honestidad”, ya que la entidad —afirmó— necesita resultados concretos avalados por los órganos fiscalizadores y no solo apariencia.

A lo largo de su pronunciamiento, la alcaldesa sugirió que este tipo de acusaciones suelen inscrbirse en una dinámica política de cara al futuro. Así lo expresó al afirmar: “No tengo problemas con las leyes, tengo problemas por el tema del 2027”.

Desde su perspectiva, las imputaciones no solo carecen de pruebas contundentes sino que responden también a intereses ajenos a la administración municipal. Sin embargo, la funcionaria reiteró que pone a disposición de los órganos pertinentes toda la documentación necesaria para clarificar el destino del presupuesto público, insistiendo en que su administración tiene las “manos limpias”.

Sheinbaum invitó a la ciudadanía a evaluar a Abelina López

La presidenta Claudia Sheinbaum habló este miércoles ante los señalamientos a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y dijo que son sus ciudadanos quienes debe calificar su trabajo por medio de una encuesta.

En la conferencia matutina de este miércoles, a Sheinbaum se le preguntó sobre el trabajo de López Rodríguez en Acapulco, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abriera una investigación contra la alcaldesa por el delito de cohecho, en relación a un collar de 227 mil pesos que afirmó se lo había regalado “el pueblo”.

“Si hay un señalamiento contra una presidenta municipal, evidentemente tiene que presentarse la denuncia y darle seguimiento e investigar y el pueblo mismo define si uno tiene una buena labor”, contestó la presidenta. Y, agregó: “Más allá de mi calificación, es la calificación de la gente y el cumplimiento de la ley y de toda norma, como es obligación de cualquier servidor público”.

Sin embargo, propuso que se evalúe el gobierno de Abelina López por medio de una encuesta y una muestra representativa en Acapulco, ya que consideró que el trabajo de la morenista debe definirlo el pueblo.

Respecto a la confirmación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que de manera unánime impide sancionar a López Rodríguez por las controversias constitucionales contra la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de un intento de revocación de mandato, la presidenta Sheinbaum dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueden hacer la investigación correspondiente de los 898 millones de pesos.

“Tiene que haber una denuncia y la Auditoría Superior de la Federación, si son recursos federales, puede hacer la Auditoría, tiene que haber una denuncia en ese caso, pues quien decida poner la denuncia pues tiene que hacer la investigación, como en todos los casos que se pone la denuncia”, concluyó la mandataria nacional.

Diversas auditorías realizadas a la gestión municipal anterior arrojó resultados que generan preocupación entre las autoridades actuales, pues se identificaron observaciones financieras que en conjunto superan los 6 mil 139 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, mientras gobernaba Marco Antonio Rodríguez.

Las revisiones incluyeron al gobierno Municipal, al Sistema DIF local y al Organismo Público Descentralizado de Agua, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), informó el actual alcalde, Raciel Pérez Cruz.

Pérez Cruz señaló que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) documentó 98 observaciones, las cuales representan un monto pendiente de aclaración por 3 mil 76 millones 110 mil 800 pesos.

Estas observaciones abarcan posibles irregularidades en contrataciones, manejo presupuestal y operación de programas públicos.

La ASF hizo observaciones

En cuanto a los recursos federales utilizados en la administración pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó 13 observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas, con un probable impacto económico de 160 millones 940 mil 303 pesos. Se trata de recursos provenientes de fondos nacionales que deben comprobarse estrictamente.

Asimismo, se informó que la revisión del auditor externo encontró inconsistencias financieras adicionales por 1 mil 231 millones 267 mil 078 pesos, mientras que el Órgano Interno de Control del municipio detectó presuntos actos de responsabilidad administrativa por 1 mil 670 millones 881 mil 572 pesos.

El consolidado de las cuatro instancias fiscalizadoras refleja un monto total observado de 6 mil 139 millones 199 mil 753 pesos, mismos que actualmente forman parte de procesos de aclaración, seguimiento y sanción.

Denuncias penales y falsificación de firma

Como parte de las medidas derivadas de la auditoría, se han interpuesto ya 14 denuncias penales contra exfuncionarios señalados por daño al patrimonio del municipio. Las querellas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades y recuperar recursos públicos en caso de confirmarse los hechos.

Por otra parte, se identificaron más de 40 expedientes de contrataciones públicas que fueron validados mediante la supuesta falsificación de la firma del exdirector de Administración, lo que representa un posible delito grave en el ámbito del servicio público.

El perjuicio económico derivado de esos documentos asciende a 300 millones 559 mil 044 pesos con 10 centavos.

El gobierno municipal afirmó que estos reportes marcan el inicio de un proceso de fiscalización continuo, en el que se dará puntual seguimiento a cada observación hasta agotar las vías legales.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el segundo paquete de resultados de las auditorías correspondientes al ejercicio del gasto de la Cuenta Pública 2024, el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se detectaron irregularidades por un monto total de 6 mil 199 millones de pesos.

El titular de la ASF, David Colmenares Páramo, encabezó la entrega formal del informe a la Comisión de Vigilancia, en el que se detalló que se recuperaron mil 38 millones de pesos, mientras que 5 mil 100 millones permanecen pendientes de aclaración. De los cuales, el 11 por ciento corresponde a entes del Gobierno Federal y el 89 por ciento fue determinado a las entidades federativas.

Este paquete incluye los informes de resultados de 546 auditorías, de un total de 2 mil 199 que serán realizadas sobre la Cuenta Pública.

Muchas de las observaciones es al gasto federalizado

De acuerdo con el documento presentado, el 89 por ciento del monto observado corresponde al gasto federalizado, es decir, a los recursos transferidos a estados y municipios.

En este rubro se reportaron 4 mil 600 millones de pesos con irregularidades, resultado de 356 auditorías aplicadas a gobiernos locales, donde se identificaron fallas en la comprobación del uso de fondos federales.

En tanto, el 11 por ciento restante, equivalente a 550 millones de pesos, corresponde a dependencias y organismos del Gobierno Federal. Dentro de este segmento, el Poder Judicial concentra el 49 por ciento de los recursos observados, lo que lo coloca como uno de los entes con mayor proporción de irregularidades dentro del ámbito federal.

En cuanto al sistema subnacional de gobierno, en específico las entidades federativas, se detectaron presuntas irregularidades por más de cuatro mil 600 millones de pesos, de los cuales, desafortunadamente, más del 35 por ciento de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud.

De esta manera, el 65 por ciento restante corresponde a los resultados de auditar el financiamiento de obras en zonas de alta marginación, el pago de nóminas educativas, deuda personal, personas y saneamiento financiero, entre otras.

Casi 6 mmdp siguen sin ser aclarados

Cabe recordar que en el primer paquete de auditorías de la misma cuenta pública, presentado a inicios de año, la ASF había detectado irregularidades por 770 millones de pesos, de los cuales se recuperaron 107.9 millones y permanecen pendientes de aclaración 662.2 millones.

Con ambos informes sumados, las observaciones al gasto público durante 2024 ascienden a 6 mil 969 millones de pesos, de los cuales 1 mil 145 millones ya fueron recuperados, mientras que 5 mil 823 millones siguen sin ser aclarados.

La ASF continuará con la revisión de los recursos ejercidos por las dependencias federales, estatales y municipales, con el propósito de entregar los informes restantes.

La Cámara de Diputados, como parte de sus facultades de fiscalización, analizará los resultados y determinará las acciones de seguimiento correspondientes para la Cuenta Pública 2024, que marca el cierre del sexenio de López Obrador.

Este viernes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenroestro, fue cuestionada sobre el tema de que, de vista al cambio que viene en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que será en 2026, cuando se renueve al auditor actual, David Colmenares, de quien habrá que revisar su trabajo, si la secretaría que representa presentará una candidatura a esta posición.

Sobre esto, Buenrostro respondió que el nombramiento del auditor superior corresponde al Poder Legislativo.

“No, el nombramiento del auditor superior es del Poder Legislativo”. Ante la insistencia del reportero, Buenrostro dijo que “es del Poder Legislativo”.

ASF detecta posibles irregularidades por 5 mil 100 mdp en Cuenta Pública 2024

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por 5 mil 100 millones de pesos, de los cuales, 89% corresponden a entidades federativas y municipios, y el resto al gobierno federal.

La dependencia presentó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados su más reciente informe de resultados, que comprende 546 auditorías a más de seis mil entes públicos. El auditor superior, David Colmenares Páramo, informó que las acciones de fiscalización permitieron recuperar más de mil millones de pesos, ya reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Durante su mensaje, de poco más de 15 minutos, Colmenares subrayó que “un auditor no debe buscar ni el reconocimiento ni el protagonismo individual”, y enfatizó que la integridad y la discreción deben guiar la labor de la institución. Al concluir su intervención, abandonó el recinto en silla de ruedas y sin atender preguntas de la prensa, particularmente sobre la iniciativa de Morena que busca eliminar la posibilidad de reelección en la ASF, cargo al que podría aspirar al finalizar su mandato en 2026.

El auditor destacó que el sistema subnacional sigue concentrando la mayoría de las observaciones, aunque reconoció que Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no registraron montos pendientes por aclarar. Además, recordó que durante su gestión la ASF ha recuperado más de 28 mil millones de pesos y que se tienen programadas 2 mil 266 auditorías para el ejercicio 2024.

Colmenares anunció que en noviembre se presentará la primera herramienta de inteligencia artificial aplicada a la fiscalización, desarrollada por personal de la ASF para automatizar el análisis de información y agilizar auditorías. También adelantó que en febrero de 2026 se entregará la tercera y última parte de los informes de la Cuenta Pública 2024.

En la sesión, diputados de diversos partidos reconocieron el trabajo del organismo, aunque coincidieron en la necesidad de acelerar la resolución de irregularidades de ejercicios anteriores. El presidente de la comisión, Javier Herrera Borunda (PVEM), pidió “celeridad en la conclusión del proceso de fiscalización”, mientras que Miguel Ángel Guevara (PAN) llamó a fortalecer presupuestalmente a la ASF.

Por su parte, Carmelo Cruz (Morena) destacó que la fiscalización “es una herramienta real para combatir la corrupción”, y Gerardo Olivares (PT) subrayó la necesidad de sancionar los actos irregulares. En tanto, Celia Fonseca (PVEM) aseguró que “cada informe bien hecho fortalece el tejido democrático”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado probables irregularidades por 6.969 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, de los cuales 1.146 millones ya han sido recuperados, mientras que 5.823 millones permanecen pendientes de aclaración.

Se trata de la segunda entrega de informes de fiscalización correspondiente al último año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, según expuso David Colmenares, auditor superior.

El informe consolidado de la ASF revela que la mayor parte de los recursos observados, más del 86 %, equivalente a 6.004 millones de pesos, corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, con énfasis en los sectores de salud, infraestructura física y educación. De este monto, los gobiernos estatales y municipales tienen aún 5.021 millones de pesos sin aclarar.

En cuanto a las entidades federales, se identificaron irregularidades superiores a 965 millones de pesos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación, de los cuales 802 millones requieren explicación sobre su destino.

El Poder Judicial de la Federación destaca con observaciones pendientes por 272 millones de pesos.

Entre los conceptos con mayor cuantificación de irregularidades por aclarar, sobresale el gasto de estados y municipios en salud, con 1.591 millones de pesos; seguido por infraestructura física y saneamiento financiero, con 1.391 millones; educación, con 1.330 millones; e infraestructura social, con 666 millones.

Al detallar los resultados de la segunda entrega, Colmenares señaló que los gobiernos de Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no recibieron observaciones en las auditorías correspondientes a este periodo.

Respecto a las dependencias federales, además del Poder Judicial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta observaciones por 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad, por 72 millones; la Secretaría de Marina, por 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 34 millones; y la Secretaría de Salud, por 19 millones.

Cuánto dinero ha recuperado la Auditoría Superior

El titular de la ASF informó que, únicamente en la fiscalización incluida en esta segunda entrega, se recuperaron 1.000 millones de pesos, mientras que el total acumulado durante su gestión asciende a 28.000 millones de pesos.

Además, Colmenares subrayó que aún se encuentran en curso auditorías relevantes, con la expectativa de sumar aproximadamente 2.000 millones de pesos adicionales y presentar la información final en febrero de 2026.

Con una trayectoria en el ámbito de la gestión pública, Emilio Barriga Delgado ha construido una carrera marcada por la transparencia y la eficiencia institucional. Tras separarse de su cargo como Auditor Especial del Gasto Federalizado, anunció su aspiración a dirigir la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en un proceso de sucesión que se definirá en 2026.

Trayectoria consolidada en el servicio público

Barriga, maestro en Administración Pública, cuenta con más de 25 años de experiencia en la administración gubernamental, donde ha ocupado puestos clave en materia de fiscalización y finanzas públicas.

Su salida de la ASF, aseguró, responde a un acto de congruencia y respeto institucional, con el objetivo de garantizar un proceso de sucesión transparente y libre de interpretaciones políticas.

“La Auditoría Superior de la Federación es una institución de Estado, no del momento político”, afirmó al anunciar su decisión.

Innovación tecnológica en la fiscalización del gasto público

Durante su gestión como Auditor Especial del Gasto Federalizado, Barriga encabezó una transformación tecnológica y metodológica sin precedentes dentro del órgano fiscalizador.

Entre sus principales logros destaca la digitalización integral de las auditorías y la creación del Buzón Digital, una herramienta que permite realizar procesos de revisión remotos, seguros y sin papel.

Gracias a este modelo, la ASF amplió su cobertura en estados, municipios e instituciones educativas, redujo la discrecionalidad en las auditorías y fortaleció la detección temprana de riesgos financieros, contribuyendo a una fiscalización más eficiente y confiable.

De la Tesorería Digital a la Auditoría Inteligente

Antes de incorporarse a la Auditoría, Emilio Barriga se desempeñó durante ocho años como Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México, donde lideró una auténtica revolución digital en la recaudación pública.

Bajo su dirección, la capital del país alcanzó más de 8 mil puntos de pago distribuidos entre bancos, tiendas de autoservicio y plataformas digitales, lo que consolidó el modelo de Tesorería Digital, incrementando la recaudación y mejorando la atención ciudadana.

Convencido de que la tecnología puede fortalecer la rendición de cuentas, Barriga ha impulsado el concepto de “Auditoría Inteligente”, una visión moderna que busca acercar las instituciones de fiscalización a la ciudadanía y promover un uso responsable de los recursos públicos.

“La innovación es el camino para fortalecer la rendición de cuentas y consolidar la confianza pública”, ha señalado en diversas ocasiones.

Visión hacia una ASF más independiente y moderna

Emilio Barriga Delgado esperará la convocatoria oficial que emitirá la Cámara de Diputados para la elección del nuevo titular de la ASF, cuyo periodo actual concluye en marzo de 2026. Su propuesta —dijo— se centrará en fortalecer la independencia técnica del órgano fiscalizador, consolidar su transformación digital y garantizar procesos más transparentes y eficientes en la revisión del gasto público.

Con resultados comprobables y una visión orientada a la modernización institucional, Barriga Delgado se perfila como uno de los aspirantes más sólidos y con mayor experiencia para encabezar la Auditoría Superior de la Federación en el próximo ciclo.

La exvelocista y exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, vuelve a estar en el centro de la polémica. De acuerdo con reportes de TV Azteca, la exatleta olímpica enfrenta una tercera demanda por presunto desfalco de aproximadamente 70 millones de pesos mexicanos, según una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta nueva acusación se suma a las investigaciones previas realizadas por la ASF respecto a presuntos desvíos de fondos durante la cuenta pública de 2020, las cuales habrían detectado irregularidades financieras por un total de 598 millones de pesos.

Durante su gestión al frente de la Conade, Guevara fue objeto de múltiples auditorías que pusieron en duda el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo deportivo en México. Sin embargo, ella misma negó haber cometido irregularidades y aseguró que las auditorías no derivaron en sanciones ni en resoluciones en su contra.

“Ha sido la administración mayormente auditada en la historia de la Conade y hasta el día de hoy no tenemos ninguna penalización o que haya trascendido más allá de observaciones”, declaró Guevara en su momento, poco antes de dejar el cargo.

Las críticas hacia su administración fueron constantes, especialmente tras la suspensión de becas a atletas de disciplinas acuáticas, luego de que World Aquatics desconociera a la Federación Mexicana de Natación por presuntos desvíos de recursos. Aunque Guevara argumentó que la decisión se debió a factores externos, numerosos deportistas y analistas la señalaron por su falta de empatía y por no buscar una solución inmediata para los afectados.

El manejo de los recursos y las controversias mediáticas marcaron su periodo al frente del organismo. Su salida de la Conade no estuvo exenta de polémica, pues durante los Juegos Olímpicos de París 2024 fue fotografiada en un restaurante de lujo, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Ante las acusaciones, la exfuncionaria respondió con una frase que se volvió viral: “Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, asegurando que sus gastos fueron con recursos personales y no con dinero público.

Ahora, con esta tercera denuncia por presunta corrupción, el nombre de Ana Gabriela Guevara vuelve a ocupar titulares. La ASF continuará con las investigaciones para determinar si existieron o no desvíos de recursos públicos durante su administración.

Mientras tanto, el futuro legal de la exdirectora de la Conade se mantiene incierto, y su figura —que alguna vez representó el orgullo del deporte mexicano— permanece bajo la sombra de las acusaciones y la desconfianza pública.

Tras el paso de la tormenta tropical Raymond por territorio nacional y la emergencia que esto generó, se retomó el debate público sobre los recursos económicos para solventar desastres naturales.

Las inundaciones, deslaves y desbordamiento de ríos en al menos 5 estados reavivaron la discusión sobre el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y su eliminación en 2021 bajo el argumento de corrupción y opacidad. Los afectados piden una respuesta ágil mientras la emergencia ya ha generado la muerte de más de 60 muertos y decenas de desaparecidos.

En este contexto, el nombre de José María “Chema” Tapia Franco también es mencionado debido a su vínculo directo con el manejo del FONDEN y a las controversias en las que estuvo involucrado.

José María Tapia dirigió el FONDEN entre 2013 y 2016, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Su gestión estuvo marcada por escándalos, denuncias de irregularidades millonarias y cuestionamientos de la oposición en torno al uso de los recursos públicos.

Uno de los episodios más recordados sucedió en septiembre de 2013, cuando dos huracanes devastaron varias entidades del país. Mientras México enfrentaba una crisis humanitaria, Tapia fue visto en Las Vegas apostando sumas considerables en un casino y hospedándose en un hotel de lujo, situación que provocó indignación nacional.

La propia Secretaría de Gobernación confirmó que Tapia estuvo fuera del país durante días clave para coordinar labores de auxilio, lo que derivó en amenazas de sanción y críticas sobre la falta de sensibilidad institucional.

Durante su periodo al frente del FONDEN, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la utilización de más de 200 millones de pesos, lo que abonó a la percepción de corrupción dentro del fondo.

Aunque la estructura del FONDEN permitía una respuesta inmediata ante desastres, su operación fue señalada por poca transparencia y presunto desvío de recursos, factores citados más tarde por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para justificar la eliminación del fideicomiso.

Tras dejar el FONDEN, Tapia se mantuvo activo políticamente. Formó parte del PRI en varios cargos, incluido el de senador suplente por Sonora (2015-2018), coordinador estatal de campañas y secretario de acción electoral. Tiempo después, dio un salto hacia Morena, partido con el que aspiró a la presidencia municipal de Querétaro en 2024, aunque sin éxito. Actualmente, busca la candidatura al gobierno estatal.

La trayectoria de Tapia ocupa nuevamente la agenda pública, ya que su figura se contrapone al discurso anticorrupción de Morena. El caso revive la discusión sobre el manejo de los fondos públicos para desastres y pone en entredicho la coherencia política en torno a la integridad de quienes aspiran a cargos de elección popular, mientras miles de familias afectadas siguen en espera de apoyo.

La Secretaría de Hacienda informó que el análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Reporte de Asignación e Impacto de los Bonos Soberanos Vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023 ha reforzado la posición de México en materia de transparencia y administración de recursos públicos.

Este ejercicio de revisión permite que la Auditoría actúe como revisor independiente de los reportes anuales de los Bonos ODS, con el objetivo de verificar la transparencia y la aplicación de las mejores prácticas en la elaboración de estos documentos.

El Reporte de los Bonos ODS, elaborado y publicado cada año por la SHCP, responde a estándares internacionales y tiene como propósito principal ofrecer información clara y transparente a los inversionistas.

Estos bonos permiten al gobierno apoyar iniciativas relacionadas con energías renovables, transporte limpio, acceso al agua potable, inclusión social, educación y salud.

Este informe detalla el monto emitido a través de los Bonos ODS y su asignación a programas presupuestarios que cumplen con la clasificación de Gastos Elegibles, conforme a los criterios definidos en el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos Vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La ASF concluyó que el reporte correspondiente a 2023 cumple en su totalidad con los procedimientos y criterios establecidos en el Marco de Referencia.

En su revisión, la Auditoría verificó que se identificaron correctamente los 44 Gastos Elegibles y que se asignó un monto equivalente al valor de las emisiones de Bonos ODS correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

“Se dio cumplimiento a la totalidad de los procedimientos y criterios establecidos en el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos Vinculados a los ODS, tanto en la selección de los Gastos Elegibles como en la asignación de un monto equivalente al valor de la emisión de Bonos ODS correspondiente al ejercicio fiscal 2022”, concluyó la ASF.

Este proceso de revisión externa, previsto en el propio Marco de Referencia, contribuye a fortalecer la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible del país y reafirma el compromiso de México con el avance hacia el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de desarrollo sostenible.

La ASF determinó que el Reporte de los Bonos ODS 2023, publicado por la SHCP, se apega a todos los procedimientos y criterios establecidos en el Marco de Referencia, lo que garantiza la transparencia y la adecuada administración de los recursos públicos destinados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tras las declaraciones en redes sociales que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde emitió en relación a los bienes inmuebles, propiedad del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, el funcionario se pronunció para desmentirla.

Las publicación que originó la respuesta era un mensaje dirigido a Kuri:

“Para el Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González, la opacidad y la falta de transparencia son la regla y no la excepción.

¿Por qué omitir en sus declaraciones patrimoniales al menos dos lujosas propiedades ubicadas en Texas, Estados Unidos, valuadas en más de 1.4 millones de dólares?

El Gobernador tiene que dar la cara al pueblo queretano. El que nada debe, nada teme"

En respuesta, el gobernador publicó un video en el que explica tanto sus propiedades, como sus declaraciones patrimoniales, reiteró que desde hace 10 años presentó su primera declaración en el 2001, “puse todas mis propiedades, donde era yo socio, donde había sido yo socio” y enfatizó que “incluso en ese momento hicimos también el de conflicto de intereses; todo lo que era necesario porque yo estoy convencido que hay que ser transparente”.

“En el 2024 lo volví a presentar, lo acabo de volver a presentar y está en Declaranet, ahí lo pueden ver”.

El político reiteró que vendió todos sus negocios en 2015 para dedicarse de lleno a la política, explicó “yo puedo demostrar que un empresario puede ser un muy buen servidor público”. Aprovechó para resaltar los resultados que ha habido en el estado, la inversión en el estado y la participación de empresas como Amazon, Google, Microsoft.

En el ámbito legal, aseguró que en certidumbre jurídica es el estado número uno, de acuerdo con World Justice Project; y el primer lugar en transparencia, con información de la Auditoría Superior de la Federación.

Pidió que no se digan cosas “que no son ciertas”, en relación a las declaraciones de sus oponentes políticos.

A través del mensaje, expresó que: “Los resultados que damos en Querétaro son muestra de nuestra transparencia, vocación de servicio y capacidad para gobernar.

Hoy algunos actores políticos buscan ensuciar con falsedades nuestro trabajo, pues carecen de argumentos reales para demeritarlo.

Por ello, tengo este mensaje para ustedes. Aquí sí hay honestidad, sí hay buen gobierno y sí hay respuesta a los engaños. ¡Seguimos trabajando juntos para las y los queretanos!”.

Cabe mencionar que la dirigente de Morena destacó la conformación de más de mil Comités Seccionales de Defensa de la Transformación (CSDT) y ofreció sus provisiones de que formarán 71 mil 541 en todo el país.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpusieron denuncias formales ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control del instituto por presunto desvío de recursos públicos y uso indebido de funciones con fines político-sindicales.

De acuerdo a documentos presentados ante los medios, se señalan presuntas irregularidades cometidas por altos funcionarios en el uso de recursos institucionales para promover campañas sindicales.

Las acusaciones están dirigidas a Lenin Miguel Ángel Vega Velasco, actual Jefe de Servicios de Desarrollo de Personal del IMSS, y a Fabiola Prado Razo, aspirante a una posición sindical.

Ambos son señalados por presuntamente desviar recursos públicos y presionar al personal para participar en actividades de carácter político disfrazadas como actos institucionales.

Señalamientos por coacción y uso indebido de recursos

Las denuncias indican que trabajadores fueron obligados a asistir a eventos durante su jornada laboral, bajo amenazas de represalias como cambios de turno o impactos negativos en sus evaluaciones.

De acuerdo a los denunciantes, estos actos tenían el objetivo de favorecer a determinados candidatos sindicales, y no estaban relacionados con las funciones propias del instituto.

Además, se señala que recursos económicos destinados a áreas prioritarias —como la compra de insumos médicos y el mantenimiento de instalaciones— habrían sido utilizados para financiar la logística, propaganda y realización de estos eventos proselitistas.

También se reportan irregularidades en la asignación de contratos laborales, favoreciendo presuntamente a personas cercanas a los funcionarios involucrados, en perjuicio de trabajadores con más experiencia o trayectoria dentro del instituto.

Exigen auditoría e investigación profunda

Los trabajadores del IMSS que presentaron las denuncias entregaron testimonios y material audiovisual que circula en redes sociales, donde se documentaría la participación forzada del personal en actividades políticas dentro del horario de trabajo.

Este caso se suma a un contexto crítico para el IMSS, caracterizado por múltiples denuncias sobre falta de insumos, escasez de personal médico y precariedad en instalaciones de distintas unidades médicas del país.

Ante esta situación, los denunciantes exigen que se realice una auditoría integral para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que los recursos públicos del IMSS sean utilizados exclusivamente en beneficio de los derechohabientes.

Luego de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades en la cuenta pública 2020-2024 durante la gestión de Cuitláhuac García Jiménez al frente del Gobierno de Veracruz, en cuyas observaciones de advierte de un posible daño patrimonial por más de 70 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso.

La respuesta

“Cuitláhuac es un hombre honesto, muchas veces las observaciones de la Auditoría tienen que ver con servidores públicos dentro de su gobierno, para alguna compra para alguna una obra pública, no necesariamente es un daño patrimonial, muchas veces son faltas administrativas que dentro de la ley una falta administrativa puede incluso llevar a un daño patrimonial”, explicó la mandataria al descartar que las acusaciones sean directamente contra el exgobernador.

Instó a los organismos a revisar a fondo su labor y no descartó la vía legal en caso de alguien inmiscuido en el mal manejo de recursos públicos, “Deben revisar exactamente cuáles son los casos, si hay algún servidor público, algún funcionario que haya un mal manejo de un recurso que se proceda administrativa y si es necesario penalmente”, dijo.

La titular del Ejecutivo reiteró que “es conocida su honestidad” de García Jiménez, “está haciendo un gran trabajo” ahora como encargado del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

Ruptura política

Cabe decir que la revisión de la cuenta pública también incluyó la revisión del proceso de entrega-recepción entre la administración saliente -la de Cuitláhuac-y la entrante, la de Rocío Nahle García.

Las implicaciones de estos hallazgos hechos por la ASF podrían tener repercusiones significativas en la percepción pública y la confianza en las instituciones estatales del nuevo gobierno, se dijo en su momento.

No obstante, al inicio de la administración de Nahle García, la Contraloría General de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial en la Secretaría de Salud del estado por más de mil 600 millones de pesos durante la administración de su antecesor en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2023.

La gobernadora confirmó que la denuncia por el presunto mal manejo financiero en la administración del exgobernador, también morenista, eran por temas relacionados, principalmente, con contratos otorgados a empresas de reciente creación, sin los debidos procesos administrativos y con proveedores vinculados a casos de corrupción, por lo que llamó a los involucrados a rendir cuentas, situación que fue tomada como una ruptura política pese a ser de la misma corriente partidista.

Legisladores federales de Morena en Guanajuato exigieron que el exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo “dé la cara” tras revelarse que reside en una lujosa casa en The Woodlands, Houston (Texas), mejor conocida como la ‘Casa Azul’ propiedad de un presunto socio de Seguritech, empresa encargada de la seguridad estatal durante su administración.

Los legisladores califican el arrendamiento como un presunto acto de corrupción y tráfico de influencias. El diputado Ernesto Prieto Gallardo señaló que una renta entre 4 000 y 4 500 dólares mensuales “rebasan con mucho” los ingresos declarados por el exmandatario tras concluir su mandato, por lo que instó a revisar su última declaración patrimonial. Asimismo, acusó que existe enriquecimiento oculto y cohecho, lo cual, asegura, amerita acciones legales concretas .

El coordinador Ricardo Gómez Escalante anunció la presentación de una denuncia penal por cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, dirigida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Además, promueven auditorías forenses en el Congreso local, exhortos para revocar contratos con Seguritech y transparencia en los acuerdos suscritos durante la gestión de Sinhue.

Piden ayuda de la actual gobernadora

Los diputados exhortaron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a que libere los contratos con Seguritech, calificados como “sospechosamente multimillonarios”, y no delegue la responsabilidad a la Secretaría de la Honestidad.. Prieto insistió en que dichos documentos no pueden seguir bajo reserva, y comentó que existen mecanismos legales para desclasificarlos.

En ese sentido, la senadora Martha Lucía Mícher y el senador Emmanuel Reyes Carmona solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intervenir de forma inmediata. Señalan que autoridades locales como la Auditoría de Guanajuato estarían “cooptadas” por el PAN, dificultando una investigación imparcial

Por su parte, desde la conferencia matutina nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que si Seguritech rentó la propiedad a Sinhue tras haber recibido contratos en su sexenio, se trata de un acto de corrupción con todas sus letras. Afirmó que la primera persona que debería aclarar esta situación es el propio exmandatario, y mencionó que la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato ya inició una investigación el 27 de junio.

“La Casa Azul” como símbolo de opacidad

La mansión, conocida como “Casa Azul”, ha desatado rechazo de integrantes del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, quienes señalaron que Sinhue “lucró con la violencia” en la entidad al otorgar concesiones como la autopista Silao-Guanajuato a personas afines. Adriana Guzmán Cerna, dirigente estatal, enfatizó que el problema principal radica en la opacidad y el blindaje de los contratos otorgados durante el sexenio panista. Asimismo, Ramírez Garibay, secretario general de Morena, sostuvo que incluso en caso de que Sinhue hubiera ahorrado todos sus ingresos –29.4 millones de pesos acumulados durante 18 años de cargos públicos–, no alcanzarían para costear la propiedad y estilo de vida en EE. UU.

El caso se ha politizado a nivel estatal y federal. Morena impulsará denuncias ante la Fiscalía estatal y federal, solicitará auditorías forenses y prepara exhortos para que se cancelen los contratos con Seguritech. La dirigencia también instará a que la ASF evalúe el concesionamiento y contrataciones estatales realizadas durante el gobierno de Sinhue.

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García ordenó a la Secretaría de la Honestidad ampliar la investigación y deslindar responsabilidades. El exgobernador Sinhue ha respondido que no es propietario de la casa, aunque no ha aclarado su relación con Seguritech, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles encubrimientos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer mediante una publicación en su cuenta oficial de X los resultados obtenidos de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual corresponde al ejercicio 2024 y resultó en “no hubo irregularidades pendientes”.

Cabe señalar que durante los últimos años de mandato del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Corte y los ministros fueron duramente señalados y criticados, casi siempre de actos de corrupción y nepotismo, la diferencia principal la tuvo con quien preside la Corte, la ministra Norma Piña.

Las acusaciones del expresidente crearon un ambiente tenso y, por momentos, confuso para la ciudadanía. Bajo sus argumentos, Obrador propuso la reforma al Poder Judicial aprobada en fast track en 2024, la cual tuvo como resultado la elección judicial el pasado 1 de junio, renovando así la Corte y quitando a algunos ministros que no son afines a los intereses de morena.

Es así que los señalamientos del morenista se vienen abajo, toda vez que la auditoría no tuvo registro de observaciones por el gasto del presupuesto en 2024. La información proporcionada por la ASF señala que seleccionó una muestra de 5 mil 665 millones 753 pesos, el cual corresponde al registrado como Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública 2024, de este se revisó un 92.8%.

La Auditoría compartió que 5 mil 067 millones 310 de pesos se pagaron al 31 de diciembre de 2024 y los restantes, 190 mil 868.2 pesos, en el ejercicio 2025 con recursos presupuestales del ejercicio 2024.

La muestra revisada incluye los siguientes conceptos:

• Servicios personales: 4 mil 635 millones 636.5 pesos
• Materiales y suministros: 37 mil 682.2 pesos
• Servicios generales, transferencias: 516 mil 542.7 pesos
• Asignaciones, subsidios y otras ayudas: 12 mil 609.6 pesos
• Bienes muebles, inmuebles e intangibles: 54 mil 562 pesos
• Inversión pública: mil 145.6 pesos

Los resultados de la fiscalización determinaron 44 resultados, de los cuales en 41 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados en su totalidad por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.

La ASF concluyó que “el presupuesto asignado a la SCJN se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó múltiples irregularidades por más de 21 millones de pesos en al menos dos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecutados en el estado de Nuevo León, según el informe correspondiente a la Cuenta pública 2024.

El primero de los casos involucra al proyecto denominado Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey, el cual fue adjudicado a la empresa Aselec Electricidad, Luxe Tower. La inversión total estimada en este plan asciende a los mil 285 millones de pesos.

Sin embargo, tras una revisión de los 554.9 millones de pesos ya erogados, la ASF detectó una diferencia de 19.4 millones de pesos entre el presupuesto ejercido y la documentación que respalda el pago, lo cual representa una posible afectación a los recursos públicos.

Además, la obra presenta un atraso del 48.3% en su ejecución y mantiene un saldo pendiente de pago de 252.1 millones de pesos, lo que derivó en deficiencias en las retenciones presupuestales correspondientes al ejercicio 2024.

En un segundo proyecto, relacionado con la ampliación de la red eléctrica del corredor Tecnológico-Lajas, la auditoría detectó pagos en exceso por 2.12 millones de pesos, al no acreditarse la ejecución de dos conceptos de servicios incluidos en el contrato de obra GRTNE-CPTT-RRCNE-0005-2022.

Asimismo, se constató que la CFE no aplicó las penas por incumplimiento de plazos ni obtuvo la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) necesaria para el desarrollo del proyecto, contraviniendo la normatividad vigente.

Irregularidades en la adquisición de grúas

La ASF también identificó anomalías en la compra de vehículos tipo grúa (chasis con equipo hidráulico) por parte de la extinta CFE Distribución. Entre las observaciones destacan fallas en la recepción, registro contable y documentación de garantía.

Según el informe, no se reconocieron contablemente como derecho de cobro los anticipos por 499.8 millones de pesos, lo que representa el 50% del monto contratado, ya que se registraron en cuentas de acreedores en lugar de activos. Además, las garantías del fabricante carecían de fecha de entrega y de endoso, lo cual pondría en duda la validez de dichas garantías.

También se documentaron deficiencias en la inspección de los equipos: 26 grúas fueron enviadas al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) antes del plazo mínimo requerido, mientras que las pruebas de 23 de ellas excedieron los 10 días hábiles que marca la normativa.

En la División Bajío, seis grúas permanecieron en el almacén por periodos de entre 19 y 38 días hábiles, excediendo el límite establecido de 10 días para equipos de uso inmediato. Además, en el caso de dos grúas con valor de más de 6.4 millones de pesos, no se aplicaron las amortizaciones estipuladas.

¿Buscarán sanciones para los funcionarios?

Debido a la acumulación de irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación recomendó que se apliquen sanciones administrativas a los servidores públicos responsables de estas omisiones y deficiencias operativas.

Cabe señalar también que la extinta CFE Distribución, había considerado la adquisición de hasta 573 vehículos para reforzar su equipamiento en las 16 gerencias divisionales. En 2024, se entregaron apenas 75 unidades.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó pagos en exceso por 33.4 millones de pesos en contratos relacionados con la construcción del Tren Suburbano Lechería-AIFA y el Tren Interurbano México-Toluca, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Las observaciones están incluidas en los 152 informes entregados por el órgano fiscalizador a la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025.

En el caso de la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano, que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la ASF reportó pagos indebidos por 27.2 millones de pesos. De esa cifra, 19.6 millones corresponden a dos contratos en los que no se acreditó la participación de todo el personal considerado en las matrices de precios unitarios, de acuerdo con la auditoría 337.

Otros siete convenios asociados a esta obra también fueron observados por duplicidad de pagos, errores de cálculo y falta de documentación justificativa. Entre ellos, se identificó un pago duplicado de 1.6 millones de pesos por una obra ya incluida en otro contrato, sin que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acreditara el reintegro.

En el contrato para la construcción del puente vehicular Nextlalpan, se autorizó un pago adicional de 1.1 millones de pesos por trabajos no ejecutados, a pesar de que el convenio fue terminado anticipadamente. En otro contrato vinculado al nuevo patio de operaciones ferroviarias, se reportó un sobrepago de un millón de pesos financiado con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), debido a un error en el cálculo del área de construcción.

Algunos contratos irregulares

Cinco contratos más presentaron irregularidades por un total de 3.7 millones de pesos, relacionados con la relocalización no comprobada de postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con torres de iluminación no identificadas y otras inconsistencias técnicas.

La auditoría también encontró discrepancias entre el gasto aprobado, reportado, modificado y ejercido, frente al monto comprobado mediante facturas y documentos, lo cual reflejó diferencias presupuestales dentro del mismo proyecto.

Respecto al Tren Interurbano México-Toluca, la ASF detectó pagos indebidos por 6.2 millones de pesos. En uno de los contratos para la estación Vasco de Quiroga, se pagaron 4.5 millones de pesos adicionales al considerar rendimientos de maquinaria menores a los reportados por la supervisión externa.

Además, se observó un sobrepago de 1.5 millones de pesos en el mismo sitio, ya que se registraron 71.8 jornadas de mano de obra y 94 horas de uso de grúa, pero solo se comprobaron 17 jornadas y 40 horas reales de actividad. La auditoría también documentó un pago en exceso de 126 mil pesos por conceptos no previstos, que incluyeron tableros, supresores y elevadores sin pruebas de calidad o sin respetar el esquema de pago por unidad de obra terminada.

En todos los casos, la ASF determinó que las observaciones subsisten, al no haber recibido la documentación que acredite los reintegros correspondientes. Los hallazgos se integran en la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas número 2024-0-09100-22-0337-2025, donde también se señala el incumplimiento de leyes y reglamentos aplicables a la ejecución de obra pública.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelve a ser señalada por supuestas irregularidades en sus procesos de licitación, esta vez por la contratación de servicios de administración de monederos electrónicos.

En el pasado, bajo la dirección de Manuel Bartlett, se destinaron más de mil millones de pesos en monederos electrónicos a Liverpool, empresa vinculada a la familia de Marcelo Ebrard. En aquella ocasión, se detectó que estos vales se utilizaban para adquirir artículos no relacionados con el propósito original, incluyendo pago de deudas, electrónicos, vinos, tabaco y electrodomésticos.

Ahora, bajo la dirección de Emilia Esther Calleja Alor, la historia parece repetirse. La empresa favorecida en esta ocasión es Industrias Haber’s, S.A. de C.V., propietaria de tiendas como Mens Factory, Robert’s y High Life, las cuales se especializan exclusivamente en ropa para caballero.

Según trabajadores afectados y documentos revisados, esta empresa no cumple con varios de los requisitos técnicos establecidos en el proceso de licitación, como contar con ropa formal para dama o calzado de calidad. Además, se le acusa de inflar precios, entregar productos defectuosos o incorrectos, y no ofrecer opciones de selección para los beneficiarios.

Falta de regulación en la licitación

En 2023, se le habrían adjudicado más de 200 millones de pesos, generando molestias generalizadas, especialmente entre las trabajadoras de la CFE, quienes denunciaron que muchas veces salían sin poder adquirir ningún producto.

A esto se suma la preocupación por la falta de regulación de los monederos electrónicos emitidos por Industrias Haber’s. No cuentan con chip de seguridad, ni están respaldados por sistemas reconocidos como VISA, MasterCard o CARNET. Tampoco ofrecen plataformas digitales para consultar saldos o movimientos, lo que compromete la transparencia del uso de estos recursos.

Distintas instancias como la SHCP, SAT, CNBV, CONDUSEF y la UIF ya habrían iniciado investigaciones para determinar si esta empresa está autorizada para emitir monederos electrónicos o si se trata de una simulación de operaciones.

33 mil monederos bajo revisión

Durante el año auditado, la CFE destinó más de 510 millones de pesos para esta prestación. La ASF revisó el 90.5 por ciento de ese monto, equivalente a 33 mil 834 monederos electrónicos, utilizados para adquirir uniformes en tiendas departamentales. Cada tarjeta tenía un valor individual de entre 13 mil y 17 mil pesos, dependiendo del área laboral del trabajador.

Contratos con Liverpool suman más de mil millones en el sexenio

Las inconsistencias detectadas por la ASF se suman a un historial de contrataciones cuestionadas por parte de la CFE. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la empresa bajo la dirección de Manuel Bartlett firmó 93 contratos con Liverpool —una cadena departamental vinculada a la familia del excanciller Marcelo Ebrard— por un total de 1,070 millones de pesos.

Estos contratos, asignados entre 2019 y 2024, han generado señalamientos por la falta de transparencia en su adjudicación. Aunque la mayoría fueron por licitación pública, varios se realizaron bajo el rubro de “convocatoria cerrada” o mediante adjudicación directa, lo que ha despertado suspicacias sobre favoritismos.

Antecedentes

Cabe mencionar que desde octubre de 2024, la institución, en ese entonces bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz, ya había sido señalada por haber otorgado 93 contratos, de 2019 a 2024, por mil 70 millones de pesos a la misma tienda departamental en cuestión, "para la compra de monederos electrónicos que se entregan al personal de la paraestatal para la compra de ropa y uniformes", mismo concepto por el cual volvió a ser señalada.

Por si fuera poco, se detectó que los monederos electrónicos carecen de medidas de seguridad, no cuentan con chip electrónico, carecen de una plataforma tecnológica que permita un reportes de alta de tarjetas, reposiciones, dispersiones, consumos, bloqueo y desbloqueo, y mucho menos una App o portal para consultar saldos y movimientos de transacciones de estas.

Los focos rojos se han encendido, por lo que organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) han solicitado a instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se investigue el asunto hasta las últimas consecuencias.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de evitar que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revise el uso de 898 millones de pesos entregados por la Federación para la reconstrucción del municipio, tras el paso del huracán Otis.

La acción legal fue presentada en días recientes luego de que la morenista fuera cuestionada por el destino de los fondos otorgados por el gobierno federal.

La administración municipal argumenta que la ASE no tiene competencia legal para auditar dichos recursos, y que esta tarea corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La controversia fue admitida por la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, quien ordenó registrar el expediente bajo el número 174/2025 y turnarlo al ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá realizar el análisis de fondo y presentar un proyecto de resolución ante el Pleno.

Controversia constitucional de alcaldesa es clasificado como tramitación urgente

En su acuerdo, la ministra Piña calificó el asunto como de tramitación urgente, lo que implica que deberá resolverse antes del cambio de ministros que se efectuará el próximo 1 de septiembre.

“Se advierte que el actor solicita la medida cautelar de referencia, con lo cual, el presente asunto debe considerarse de atención urgente o preferente”, mencionó la ministra.

El caso ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y sociales, al considerarse un intento por evadir la rendición de cuentas. Cabe recordar que el pasado 3 de junio, el gobierno estatal denunció formalmente a la alcaldesa por presunto ejercicio ilícito de recursos públicos, luego de que se negara a facilitar las auditorías correspondientes.

Los casi 900 millones de pesos fueron otorgados por la Federación en 2023 como parte del paquete de apoyo para la rehabilitación de Acapulco, uno de los municipios más afectados por el paso devastador del huracán Otis.

Hasta ahora, no se ha hecho pública una rendición detallada del uso de estos recursos, lo que ha provocado sospechas y creciente presión para que el gobierno municipal transparente su ejercicio.

Los recursos que se exigen se transparenten son del ejercicio fiscal 2023. Los fondos son provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fortamun), así como de los Ramos 33 y 38.

La resolución de la SCJN podría sentar un precedente importante sobre los límites de fiscalización entre auditorías estatales y federales, así como sobre las obligaciones de los gobiernos municipales en la rendición de cuentas.

A raíz de las recientes victorias de diversos atletas mexicanos alrededor del mundo, la duda sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades mexicanas brindarán apoyo desde sus instituciones especializadas surgió de nueva cuenta. Lo anterior en consecuencia de la presunta investigación que tiene la extitular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, luego de su gestión y que, de acuerdo con varios señalamientos, habría comprometido el presupuesto.

En conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las presuntas indagaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la gestión de la exmedallista olímpica quien fue encargada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el sexenio anterior y que, en diversas ocasiones, fue acusada de no entregar apoyos a los atletas, incluso si éstos eran sobresalientes.

Ante ello, Sheinbaum Pardo externó: “Que yo sepa, (Ana Guevara) no está bajo investigación. Lo que hay, como siempre, es que cuando hay nuevo año se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de la que hoy se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.

“Se hacen las auditorías, si se encuentran anomalías tienen tiempo la o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones y, después de eso, todavía hay una segunda fase de este proceso. Pero no está bajo investigación, sino que es el trabajo que hace la ASF con todas las entidades del Gobierno de México, estados de la República o municipios que utilizan recursos federales”, explicó la mandataria.

¿Rommel Pacheco contradice a la presidenta?

El pasado 28 de marzo de 2025, Rommel Pacheco, director actual de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), confirmó la existencia de investigaciones en curso contra Ana Gabriela Guevara, quien lideró la institución durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estas investigaciones, relacionadas con presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades, están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade.

Pacheco, en declaraciones desde Palacio Nacional, afirmó que desde su llegada al cargo encontró carpetas de investigación abiertas que están siguiendo su curso. Aunque no proporcionó detalles sobre los montos involucrados ni los posibles responsables, enfatizó que cualquier anomalía será señalada y enviada a las autoridades competentes. “Todo lo que esté mal será señalado, será enviado a las autoridades pertinentes. La función de la Conade no es ser fiscalía, pero no se va a tolerar ninguna falta a las reglas de operación ni a la Ley General de Cultura Física y Deporte”, declaró.

Durante la gestión de Guevara, la Conade enfrentó múltiples críticas por presuntos desvíos de recursos y falta de apoyo a los atletas. La ASF reportó en varias ocasiones inconsistencias en el manejo financiero de la institución. Sin embargo, hasta el momento, Guevara no ha emitido declaraciones sobre las investigaciones mencionadas por Pacheco, ni se ha informado si ha sido citada por alguna autoridad para esclarecer las denuncias en su contra.

Bajo la dirección de Pacheco, la institución busca implementar una postura más estricta en materia de transparencia y rendición de cuentas. El ex clavadista olímpico ha expresado su compromiso de no tolerar irregularidades y de asegurar que cualquier anomalía sea debidamente investigada y sancionada. “No se va a permitir que haya irregularidades, todo será señalado y enviado a donde corresponda”, reiteró.

El futuro de la Conade bajo la dirección de Pacheco se vislumbra con un enfoque en fortalecer la transparencia y la equidad en el deporte mexicano. Mientras las investigaciones siguen su curso, se espera que las autoridades determinen si existieron o no irregularidades en la administración de Guevara y, en su caso, si procederán acciones legales en su contra.

La morenista Rocío Nahle, gobernadora del estado de Veracruz, negó que haya algún pleito o rompimiento con su antecesor, el también perteneciente a Morena Cuitláhuac García.

Luego de que se diera a conocer que había una denuncia penal por irregularidades detectadas en el Sector Salud, en el ejercicio fiscal del 2023, explicó que se trata de un protocolo que se debe seguir en contra de exfuncionarios de esa dependencia.

“No hay ningún pleito ni rompimiento con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Miren aquí hay estabilidad política, hay estado de derecho es muy importante”, señaló.

En entrevista en un noticiero radiofónico, la gobernadora de Veracruz dijo que por el presunto daño patrimonial de 200 millones de pesos, la Contraloría General del Estado presentó denuncia en contra de Jorge Sisniega, exdirector administrativo de Salud.

Precisó que la denuncia es contra el administrador de salud.

Además, Nahle se mostró sorprendida por el “vuelo” que le dieron medios nacionales a su anuncio de la presentación de una denuncia penal, ya que, recordó, se trata de protocolos establecidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Cabe destacar que, a principios de esta semana, Rocío Nahle García dio a conocer que se presentó una denuncia por irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud y Asistencia en el ejercicio fiscal del 2023, año del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista, y a pregunta expresa, Nahle recordó que fue la Auditoría Superior de la Federación la que detectó un presunto daño patrimonial de cerca de 200 millones en dicha dependencia del año 2023.

“Así lo marca la propia auditoria, de la observación que nos ha hecho la Auditoria Superior de la Federación es donde se le da seguimiento y el contralor está en eso”, expuso.

La gobernadora de Veracruz dijo que la ASF realizó una realizó una auditoría muy profunda, derivado de la cual y en una primera instancia emitieron observaciones, las cuales debieron atender los exfuncinarios.

“Después de solventar viene nueva mente el reporte, aquí ya supuestamente ya habían solventado”, dijo.

Ante la pregunuta sobre si no habrá impunidad, Nahle dijo que no, pues ella tiene que cuidar el patrimonio de Veracruz.

Sheinbaum defiende a Cuitláhuac García

El pasado miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en respaldo del exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, luego de quye la actual mandataria estatal, Rocío Nahle, presentara una denuncia por presuntas irregularidades financieras durante su administración.

Durante la conferencia de prensa matutina del miércoles, Sheinbaum dijo que no tenía conocimiento detallado de la denuncia, y afirmó tener una opinión favorable sobre Cuitláhuac García.

“Tengo la mejor opinión de él, además de que no conocía exactamente el tema. Está trabajando con nosotros en el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), está haciendo un gran trabajo y tengo la mejor opinión de él”, señaló la presidenta.

Un contrato de casi 40 millones de pesos y un robo millonario han puesto bajo la lupa al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Lo que a simple vista podría tratarse de una licitación más, ha desencadenado una ola de interrogantes sobre legalidad, favoritismo y posible corrupción dentro de una de las dependencias clave en el control sanitario del país.

El documento oficial S-087/2025 contempla la contratación de servicios integrales de limpieza especializada en todos los laboratorios operados por SENASICA a nivel nacional, desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2025.

El fallo favoreció a un consorcio conformado por tres empresas: Lemart S.A. de C.V., Limpieza Jored S.A. de C.V. y Comercializadora Dora Infinito MC S.A. de C.V., con un monto mínimo de 33,725,950.27 pesos y un máximo de 39,382,827.57 pesos, sin considerar el IVA.

El problema no radica únicamente en el monto del contrato, sino en los antecedentes de Limpieza Jored, una de las firmas beneficiadas. Ésta ha sido señalada en años recientes por falsear documentación para ganar licitaciones, así como por su presunta participación en procesos amañados para obtener contratos millonarios, principalmente en la Secretaría del Bienestar.

En 2021, informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reportajes independientes señalaron que Limpieza Jored habría acreditado experiencia con papeles apócrifos, incurriendo en simulaciones para calificar como proveedor confiable. Pese a estos antecedentes, el comité de adjudicación de SENASICA —encabezado por Oliver Chavarría Íñiguez, Director General de Administración e Informática— avaló la participación de dicha firma, sin objeción aparente.

Cuestionamientos al proceso de adjudicación

Los documentos oficiales indican que la evaluación técnica del proceso fue validada en un plazo inusualmente corto, sin observaciones formales a los antecedentes de las empresas. La participación conjunta, además, impidió que se valorara de forma individual el cumplimiento histórico de cada firma.

En ese sentido, se destacó que habría de por medio un contrato que podría ascender hasta los 39 millones 382 mil 827.57 pesos. Dichos procesos generaron descontento entre expertos en el tema y trabajadores del sector de higiene pues, afirman, el favoritismo a empresas ganadoras por parte de Chavarría era muy evidente.

Asaltan casa de importante funcionario

La figura del funcionario Oliver Chavarría Íñiguez se ha convertido en un foco de atención. Su firma y autorización están plasmadas en todos los documentos del fallo del contrato S-087/2025. A la par de los cuestionamientos por la licitación, Chavarría fue noticia por un evento que ha generado aún más controversia.

El periodista Antonio Nieto, especializado en temas de seguridad, reportó que ladrones ingresaron al domicilio del funcionario ubicado en la alcaldía Tlalpan y se llevaron 2 millones de pesos en efectivo, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes preliminares, los delincuentes lograron ingresar al domicilio bajo engaños dirigidos a la empleada doméstica del funcionario, identificada como Alondra N., quien fue convencida de entregar el dinero. El propio Chavarría solicitó su detención bajo sospecha de complicidad, aunque no se han presentado pruebas concluyentes en su contra.

La Fiscalía capitalina confirmó que la investigación sigue abierta, pero no ha dado detalles sobre cuántas personas participaron, ni cómo sabían que había una suma tan alta de dinero en la vivienda.

SENASICA: Un organismo clave con múltiples señalamientos

SENASICA juega un papel estratégico en la protección de la sanidad vegetal y animal, así como en la inocuidad de los alimentos en México. Sin embargo, no es la primera vez que se le relaciona con escándalos administrativos.

Durante 2023 y 2024, trabajadores denunciaron deficiencias en infraestructura, adjudicaciones cuestionables y falta de supervisión en laboratorios clave, particularmente en estados del norte del país. Este nuevo episodio vuelve a poner en duda la integridad de sus procesos administrativos.

La coincidencia entre la adjudicación millonaria y el hallazgo de una fuerte cantidad de efectivo no declarada en el domicilio del funcionario ha provocado una ola de especulaciones en redes sociales, entre analistas y en el propio sector agroalimentario. Algunos usuarios incluso han planteado la posibilidad de que el robo haya sido un intento de silenciar a testigos o de recuperar dinero ilegal.

Por ahora, no existe evidencia que relacione directamente los fondos sustraídos con el contrato adjudicado, pero la temporalidad y los antecedentes de las empresas involucradas han desatado especulaciones por parte de varios miembros.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en los registros financieros por 2 mil 639 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales durante el penúltimo año de la administración de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos. Estas irregularidades fueron identificadas a través de una serie de auditorías realizadas a los fondos destinados a diversas áreas clave de la administración estatal.

En el informe derivado de la Cuenta Pública 2023, la ASF expone presuntos daños a la Hacienda Pública en sectores como salud, infraestructura, seguridad, IMSS-Bienestar y la obra pública, principalmente, que corresponden al ejercicio de recursos federales en distintas dependencias.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la falta de documentación justificatoria en el manejo de mil 685 millones de pesos transferidos a la administración morelense por concepto de Participaciones Federales. La ASF indicó que, pese a que se transfirieron dichos fondos, no se presentó evidencia de su correcta ejecución, lo que implica un posible daño a las finanzas públicas. En este sentido, el informe subraya que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco incumplió con la normativa vigente, particularmente con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Código Fiscal de la Federación.

Contratos sin justificación y empresas vinculadas

Otro de los puntos destacados fue la detección de 172 millones de pesos sin respaldo adecuado, correspondientes a contratos en diferentes dependencias. La ASF no encontró documentación que acreditara la entrega de los insumos solicitados ni pruebas de los gastos realizados en estos contratos, lo que ha derivado en una promoción de las acciones pertinentes para esclarecer el uso de estos recursos.

Asimismo, la Comisión Estatal de Seguridad Pública fue señalada por contratar empresas vinculadas entre sí, a través de socios o administradores comunes. Esta práctica podría implicar un incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dado que las empresas favorecidas podrían haber obtenido ventajas indebidas en los procesos de contratación pública.

Irregularidades en el sector salud

En el área de salud, la ASF también detectó irregularidades por un total de 1.4 millones de pesos en el programa de Atención a la Salud para Personas sin Seguridad Social. La auditoría reveló que, durante una inspección física en un hospital estatal, no se encontraron equipos que formaban parte del inventario, como dos lavadoras, dos secadoras y una licuadora semiindustrial, cuyo valor total debía estar registrado. Además, se detectó que algunos relojes checadores fueron adquiridos a precios superiores al mercado.

Acciones legales en curso

Ante estas irregularidades, la ASF inició las acciones legales correspondientes y continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer la posible malversación de recursos públicos. Las observaciones realizadas por la ASF señalan un manejo deficiente de los recursos públicos, y se espera que las indagatorias contribuyan a determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en estas prácticas.

La gestión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos finalizó en septiembre de 2024, en un contexto de creciente crítica por la opacidad en la administración de recursos públicos y la falta de transparencia en la ejecución de proyectos clave para el desarrollo del estado.

Durante los últimos años, los escándalos que relacionan a la exvelocista Ana Guevara durante su función dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) continúan siendo un tema controversial para su sucesor, el medallista olímpico Rommel Pacheco. El ahora presidente de la dependencia ha mostrado su postura desde el momento en el que asumió el cargo y reveló que hay carpetas de investigación contra la atleta que se siguen trabajando.

En reiteradas ocasiones, Guevara fue señalada por los conflictos que tuvo con varios atletas, principalmente con los que estaban integrados a la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) por lo que las autoridades iniciaron investigaciones al ser el blanco de acusaciones.

Como consecuencia, dentro del cambio de gestión en el Gobierno Federal, Ana Gabriela fue cesada y sustituida por el también exatleta Rommel Pacheco quien ha tenido que lidiar con la estela de problemáticas que dejó la administración anterior, dejando claro que cooperará en la medida de lo legal para esclarecer los hechos.

Se confirman los procesos contra Guevara

Fue dentro del podcast que presenta el periodista deportivo Antonio de Valdés en donde Pacheco indicó que las carpetas de investigación son reales y son llevadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que se trata de una indagación formal.

“Hay carpetas de investigación, cuando yo llegué, había (y siguen en proceso) 10 carpetas de investigación que las tiene la ASF, siguen su curso, cuando me requieren alguna información, yo la paso”, explicó.

Pese a afirmó que habría colaboración de su parte, también dejó claro que el trabajo es enteramente de las autoridades y él solo facilita la información que le solicitan: “la Conade no es policía, ni fiscalía. En la entrega y recepción yo hice unas observaciones que se las pasé al órgano interno de control, a su vez a otra instancia y ahí dan resolución entre ellos y la administración pasada”.

No se trata de un tema personal

Aunque para muchos existen ciertas rencillas entre ambos exatletas, el actual presidente de la Conade destacó que su labor es con los deportistas y no atender las problemáticas que haya tenido su antecesora en el cago.

“Yo tengo que enfocarme en los atletas, en las becas, en los viajes, en los campamentos y que las instancias adecuadas se dediquen a esa investigación. La instrucción que yo tengo de la presidenta es apoyar al deporte, a los deportistas, siempre que sea transparente y honesto”, insistió el yucateco.

¿De qué es acusada Ana Guevara?

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en febrero de 2024 debido a presuntas irregularidades en la administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante 2020. El monto observado alcanza aproximadamente 283 millones de pesos, según las auditorías 141-DS y 143-DS.

Las auditorías, citadas por Animal Político, señalan que la Conade, bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara, no acreditó bienes y servicios contratados, incluyendo limpieza, pago de nómina a entrenadores y la compra de 2,000 relojes inteligentes.

El periodista Arturo Ángel explicó en radio que las carpetas de investigación no provienen de denuncias anónimas ni de opositores políticos, sino de la ASF. En respuesta, la Conade aseguró que no hay investigación cuenta pública 2022, no a la de 2020.

Por su parte, Rommel Pacheco confirmó en enero que la FGR sí está involucrada en la investigación y que el proceso sigue en curso, priorizando la transparencia y el apoyo a los atletas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que los consejeros del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados, igual que el resto de los servidores públicos, antes de que desaparezca el órgano autónomo.

“A los consejeros del INAI que ya se van, no quiere decir que su gestión no vaya a ser revisada. Claro que va a ser revisada”, explicó la mandataria mexicana.

Esto luego de que algunos consejeros como Blanca Lilia, Adrián Alcala, último presidente del Instituto, fueron señalados por presuntamente realizar viajes internacionales a lugares como Bruselas, Inglaterra, entre otros, con dinero del erario.

“No están exentos de la revisión de la Secretaría Anticorrupción ni de la Auditoría Superior de la Federación”, insistió la mandataria mexicana.

Desde el podio de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum declaró que si se encuentran irregularidades, la ley establece sanciones administrativas y si son penales, pues también deberán llevarse ante el Ministerio Público.

Esto luego de la aprobación de la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos como: Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Ante ello, la Presidenta insistió que el hecho de que se cierre al INAI, es decir, que ya no exista y que la Transparencia se vaya a la Secretaría Anticorrupción, no evitará que se haga una revisión exhaustiva de actos de toda su administración, y en caso de encontrar culpables, se tendrá que aplicar la sanción correspondiente.

“Por eso, ah y por cierto los jueces, como saben que ya se van en agosto. Están resolviendo una serie de casos de diversos tipos, rápido y violando o particularmente jueces de amparo que dan suspensiones por cualquier cosa y no sabemos qué hay detrás de esa suspensión o resolución”, explicó también sobre los jueces en relación a que no debería haber corrupción en el país.

A finales de enero, Sheinbaum Pardo informó que enviará este viernes al Congreso de la Unión reformas con las cuales se ampliarán la transparencia y se fortalecerá la protección de datos personas solo con el 35 por ciento del presupuesto que estaba destinado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones formarán parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

En el año 2023, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, otorgó el beneficio a 486 alumnos que ya habían fallecido, por un monto de más de un millón de pesos.

Así lo dio descubrió la Auditoría Superiorior de la Federación (ASF), quien en un reporte indicó que “se comparó el registro de las personas que fallecieron en el ejercicio fiscal 2023, proporcionado por el Registro Nacional de Población (Renapo), con el padrón de Grupo Funcional Desarrollo Social 23 beneficiarios de la beca proporcionada por la CNBBBJ (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez). Se comprobó que durante 2023 se realizaron 513 pagos a 486 alumnos por un importe de 1 millón 61 mil pesos, después de la fecha de su fallecimiento”.

Además, se señaló que se comparó el padrón de beneficiarios de la beca proporcionada por la “CNBBBJ, así como los registros de las matrículas de los alumnos inscritos durante el ciclo escolar 2023 en los diferentes planteles de la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de lo cual se identificó que se realizaron pagos a 19 mil 984 alumnos por un importe de 101 mil 314 pesos, los cuales no se identificaron en las matrículas de las direcciones generales mencionadas”, se informó.

Se destacó que del millón 600 mil 17 pesos pagados después de la fecha de su fallecimiento a 486 alumnos, la CNBBBJ acreditó con las solicitudes de las confrontas realizadas con la Renapo en el primer y segundo semestre del 2023, en las que se identificó que la coordinación descartó a los beneficiarios fallecidos.

Sin embargo, se identificaron 110 pagos a 106 alumnos por un importe de 374.5 miles de pesos.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 374,500.00 pesos (trescientos setenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por haber realizado pagos a 106 alumnos después de la fecha de su fallecimiento, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, expuso la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ‘pasó con 10′ a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al uso de los recursos utilizados, según la segunda entrega del Informe de resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2023, por ello se confirma que tuvo una correcta gestión financiera el año pasado.

En 2023, tuvo un presupuesto de 5 millones 487 mil 794 pesos, de los cuales fueron auditados 5 millones 28 mil 68 pesos, lo que equivale al 91.6 por ciento del presupuesto total ejercido por el Máximo Tribunal durante el año. De los cuales se determinaron 55 resultados, en las que únicamente tres del total ameritaron una aclaración, que posteriormente fue solucionada y no se detectó alguna irregularidad.

Los recursos auditados fueron utilizados por el concepto de:

• Servicios personales.
• Materiales y suministros.
• Servicios Generales.
• Transparencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
• Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
• Inversión pública.

La conclusión de la ASF resulta reveladora en el marco de los señalamientos en que hay corrupción en el Poder Judicial, incluido el Máximo Tribunal, pero con relación al uso del erario que le fue asignado no se registró alguna anomalía o uso arbitrario de los recursos.

Asimismo, en el más reciente reporte de la ASF se hace la observación que se cuenta con medios que facilitan el acceso para denunciar a servidores públicos de la SCJN por presuntas faltas administrativas y específicamente las denuncias anónimas por formatos electrónicos o por comparecencia, correo electrónico o por medio escrito.

“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el aparato relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, se lee en el informe.

Recientemente la SCJN presentó su proyecto de ejercicio fiscal de 2025, ello en el marco del nuevo decreto al Poder Judicial, en el cual se aprobó la reducción de salarios a 330 trabajadores, que abarca a los ministros y altos mandos.

El salario de los ministros para el próximo año se reducirá en un 48 por ciento, al pasar de una remuneración anual bruta de 5 millones 529 mil 451 pesos a recibir 2 millones 867 mil 200 pesos.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó este viernes ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, la Primera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2023.

Durante su informe, el cual dio a conocer de manera virtual, Colmenares precisó que el número total de informes de auditoría de la crece 4.8% al pasar de 2 mil 153 a 2 mil 258 auditorías. Por lo que en esta primera entrega se presentaron 68 informes individuales: 49 de cumplimiento financiero, 17 de inversiones federales y 2 de Tecnología de Información y Comunicaciones; 32 auditorias, del referido total, fueron practicadas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero y 36 por Gasto Federalizado.

Los resultados de esos 68 informes arrojaron observaciones por un monto de 563 millones 636 mil pesos, los cuales no han sido aclarados. El organismo adelantó que las dependencias con mayores observaciones en su gasto son:

• La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
• La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
• La Secretaría de Energía

Al tiempo, la Auditoría informó que se lograron recuperar 46 millones 996 mil pesos. En materia de deuda pública, explicó que la revisión a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México consideró un universo de ingresos de 5.9 billones de pesos y una muestra de 1.8 billones de pesos, el 30 por ciento, así como una muestra de egresos de 5.5 billones de pesos y una muestra de 1.9 billones de pesos, el 34.3 por ciento.

“El enfoque que nosotros proponemos concibe a la fiscalización superior como un proceso integral que no solo busca corregir desviaciones pasadas, sino que aspira a prevenir prácticas irregulares y fomentar el buen gobierno en las entidades fiscalizadas para evitar la repetición de irregularidades en el futuro.” señaló Colmenares.

Durante la entrega de los informes, las diputadas Inés Parra, de Morena y María Elena Pérez-Jaén, del Partido Acción Nacional, criticaron al titular de la ASF por no haber asistido personalmente a hacer la entrega y, además, lo acusaron de no hacer bien su trabajo y de solapar la corrupción.

A unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral del 2 de junio, se dieron a conocer los resultados de la encuestadora Rubrum de los contendientes a gobernar la capital de San Luis Potosí.

La encuesta

En la medición semanal correspondiente al 20 de mayo, el candidato Enrique Galindo Ceballos, de la alianza Fuerza y Corazón por San Luis integrada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), aventaja a sus contrincantes con un 42.6% de las preferencias.

Le sigue Sonia Mendoza, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se ubica en segundo lugar con 28.8%; seguida de Sebastián Pérez, de Movimiento Ciudadano, con 6.6%; José Luis Chalita, de Partido Conciencia Popular (PCP) con 4.6%; Luis Egure, de Partido Encuentro Social (PES), con 3.3%; Ángeles Hermosillo, de Nueva Alianza, con 3.1%; y 11% de indecisos.

La polémica

Pese a liderar los sondeos y tener el apoyo de diversos gremios, cámaras y líderes empresariales quienes se han pronunciado a favor de reelegir al excomisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), al frente de la presidencia municipal de San Luis Potosí, hay quienes afirman que aún esta bajo investigación en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por señalamientos en torno a “supuestos” contratos millonarios otorgados a diversas empresas sin seguir los procesos de licitación correspondientes.

Sugieren irregularidades detectadas sobre un “posible” beneficio personal en la asignación directa de varios contratos por más de 200 millones de pesos, con los cuales “suponen”, ha financiado la millonaria campaña con la que pretende reelegirse.

De igual modo han puesto en tela de juicio su proceder al momento de otorgar contratos para cumplir con la entrega de programas sociales, específicamente con la vivienda, útiles escolares, despensas, paneles solares; así como para la adquisición de materiales y suministros, la adquisición de vehículos, el pago a proveedores, entre otros.

En su momento, Alejandro García Morena, vocero del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en San Luis Potosí, consideró necesario investigar a todos los exfuncionarios federales, incluido Galindo Ceballos, cercanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de la detención y posterior juicio del extitular de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, acusado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su pasado

Durante el sexenio de Calderón Hinojosa, el contendiente a alcalde, fue nombrado Coordinador General de Asesores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y formó parte de la otrora PFP creada por García Luna, institución de la cual llegó a ser Comisionado General de la corporación a nivel nacional.

Reacción

En días pasados, en entrevista para un medio nacional, el contendiente aseguró haber denunciado ante las autoridades correspondientes “guerra sucia” en su contra mediante el uso de Inteligencia Artificial (AI), así como espionaje y sabotaje en su campaña.

El juez federal Francisco Javier Rebolledo ordenó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantener a Agustín Caso Raphael en su cargo como auditor especial de desempeño, luego de que fuera despedido por David Colmenares Páramo, titular de la dependencia, el pasado mes de abril.

El pasado jueves 2 de mayo el exfuncionario promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa con el fin de impugnar el oficio donde se anunciaba que su despido se basaba en una “pérdida de confianza” a días de conocerse la auditoría que se realizó a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, Estado de México.

Ante esto, el juez Rebolledo admitió a trámite la demanda y concedió una suspensión provisional al considerar que el documento del despido no se encuentra motivado sobre el motivo que dio pie a su separación del cargo.

“Procede conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de cesar los efectos del nombramiento del quejoso y continúe con sus funciones que desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, lo anterior, en virtud del peligro en la demora y la posible afectación que pueda ocasionarse a la parte quejosa, el negar la medida cautelar”, se pudo leer en el documento que se dio a conocer el lunes 6 de mayo.

El próximo lunes 13 de mayo se llevará a cabo una nueva audiencia incidental donde se determinará si se concede suspensión definitiva.

¿Qué pasará con Arely Gómez?

Conviene recordar que el pasado 10 de abril, tras darse a conocer el despido de Caso Raphael, el titular de la Auditoria Superior de la Federación designó a la extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, como la nueva auditoria especial de desempeño de la dependencia.

Debido a que el cargo ya se encuentra ocupado, la dependencia deberá atender a la orden judicial y, en caso de que se otorgue suspensión definitiva en la próxima audiencia, reintegrar completamente al exfuncionario, por lo que la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría quedar fuera de la institución o tener algún otro cargo.

Es importante mencionar que estas son meras suposiciones, debido a que la resolución judicial no establece qué es lo que debe de pasar con la exsenadora, por lo que su futuro se encuentra en el aíre.

Además, la Auditoría Superior de la Federación aún podría alegar que se trata de un acto consumado, por lo que la resolución podría no ser atendida.

La salida de Caso Raphael del organismo se vio envuelta en controversia cuando anunció que emprendería acciones legales contra lo que considera una remoción injusta y fuera de los mecanismos legales establecidos. A través de una misiva dirigida a sus compañeros en la ASF, expuso su preocupación por lo que percibe como un deterioro de la independencia de la entidad, crucial para el escrutinio del uso de fondos públicos y la transparencia gubernamental.

Durante su gestión, Caso Raphael denunció prácticas que inhibían la incorporación de auditorías sobre temas cruciales para el país y el abandono de evaluaciones que pudieran resultar inconvenientes para ciertos funcionarios públicos.

Conviene recordar que el conflicto entre Colmenares y Agustín Caso inició en 2021, luego de que se reveló que el costo total de la cancelación del aeropuerto del aeropuerto fue superior a lo que dio a conocer la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).