Un jurado en Texas escuchó que Tanner Horner, conductor de un camión de reparto de FedEx, realizó búsquedas en su teléfono móvil sobre el funcionamiento de las cámaras de su vehículo poco después de asesinar a Athena Strand, de siete años, en diciembre de 2022.

Según los registros digitales presentados en el juicio, Horner buscó en internet frases como “¿Graban constantemente las cámaras de los camiones de FedEx?” y “Niña desaparecida en Paradise” horas después del homicidio.

Estas consultas, según el especialista en análisis forense digital, permitieron reconstruir la secuencia de sus acciones y precisaron detalles sobre su estado mental, así como sus intentos de eludir la responsabilidad penal.

El proceso judicial definirá en los próximos días si Horner recibirá la pena de muerte por el secuestro y asesinato de la menor.

Las autoridades del condado de Wise, responsables de la investigación, informaron que el cuerpo de Athena Strand fue hallado en un arroyo, a pocos kilómetros de su domicilio, dos días después de la desaparición. Este hallazgo permitió intensificar la búsqueda y facilitó la detención de Horner.

La reconstrucción digital de los movimientos del acusado, junto con las pruebas biológicas, fue fundamental en la obtención de pruebas materiales para la acusación.

Durante el juicio, la fiscalía presentó como evidencia que el ADN de Horner fue hallado debajo de las uñas de la víctima y “en lugares donde no se debería encontrar ADN en una niña de siete años”, según los alegatos iniciales difundidos por el portal británico The Independent

Horner admitió haber estrangulado a Strand tras atropellarla accidentalmente con el camión de reparto, pero negó cualquier abuso sexual. La defensa argumentó que el acusado padece síndrome de Asperger y que los cambios repentinos en su ruta de entrega dentro de FedEx agravaron sus síntomas y su nivel de estrés.

La fase de juicio permitió avanzar en la reconstrucción del perfil psicológico del acusado. En su declaración, explicó que había intentado suicidarse poco antes del homicidio y atribuyó el crimen a un supuesto alter ego, “Zero”. Esta línea fue considerada por los peritos psiquiátricos, aunque la fiscalía sostuvo que se trató de un intento de eludir la responsabilidad penal.

El jurado escuchó llamadas telefónicas grabadas que Horner realizó desde la cárcel luego de ser detenido. En una de ellas, su madre le preguntó si había cometido algún acto sexual contra la niña; él respondió: “Bueno, la verdad es que, con mi medicación, apenas tengo libido”.

Antecedentes judiciales y testimonio de una examiga de Horner

El juicio también expuso antecedentes previos del acusado, no relacionados judicialmente con el caso de Athena Strand. Una mujer, examiga de Horner, declaró ante el tribunal que fue violada por Horner dos veces en 2013, cuando ella tenía dieciséis años y él veintidós.

Según su testimonio, Horner le pidió que mintiera sobre su edad ante la abuela y le suministró alcohol y marihuana antes de la presunta agresión sexual. La denunciante relató ante el jurado: “Esa noche, cuando decidí que era hora de irme a dormir, me acosté y Tanner Horner empezó a agarrarme, a besarme y procedió a tener relaciones sexuales conmigo”.

Narró una segunda ocasión en la que, según su versión, despertó en la habitación de Horner sintiendo que la tocaba y sostuvo otra relación sexual no consentida.

Explicó que ese episodio la dejó paralizada y con intensa repulsión, lo cual fue señalado en el peritaje psicológico presentado en el tribunal. Añadió que sintió culpa por no denunciar antes, creyendo —según el informe psicológico citado— que su silencio permitió que “a otras personas les ocurriera lo mismo”.

La reconstrucción digital y la investigación forense

Los registros digitales analizados de Horner resultaron determinantes para precisar la cronología de los hechos y aportar elementos materiales a la investigación.

El experto en forensía digital detalló que las búsquedas en Google realizadas por el acusado tras el crimen permitieron establecer la secuencia de sus movimientos y decisiones. Los fiscales puntualizaron que esa conducta reflejaba premeditación e intento deliberado de evadir la justicia.

Las autoridades del condado de Wise, responsables de la investigación, señalaron que Horner no tenía antecedentes penales por delitos sexuales, más allá de la denuncia expuesta en el juicio. El proceso judicial se sostiene en pruebas materiales, testimonios y el seguimiento digital realizado tras la desaparición y hallazgo del cuerpo de Athena Strand.

El contexto judicial y las consecuencias para Horner

En los próximos días, el tribunal del condado de Wise, en Texas, deberá decidir si Tanner Horner recibirá la pena de muerte por el secuestro y asesinato de Athena Strand. El caso trajo a debate la importancia de los registros digitales en la investigación criminal y el alcance de la vigilancia en el sector de logística en Estados Unidos.

Las autoridades del condado de Wise, responsables de la investigación, y la fiscalía afirmaron que la combinación de pruebas genéticas, testimonios y análisis forense digital permitió construir un caso sólido.

La familia de Athena Strand y organizaciones locales de protección infantil han seguido de cerca el desarrollo del proceso, exigiendo justicia y mayores controles para evitar que crímenes similares se repitan.

El desenlace judicial de Horner será anunciado esta semana, en una audiencia que definirá su destino y establecerá bases para futuros protocolos de seguridad en el sector de mensajería y reparto en Texas.

Un grupo de siete perros será sacrificado por la Dirección de Atención y Bienestar Animal tras haber provocado la muerte de un hombre la mañana del lunes 13 de abril en Ciudad Juárez. La decisión se tomó luego de mantener en observación a los animales para descartar enfermedades y analizar el motivo de su comportamiento, informó El Diario de Juárez. La titular de la dependencia, Alma Arredondo, explicó que la eutanasia es obligada en este caso por tratarse de perros que no pueden ser promovidos para adopción.

En lo que va de 2026, la dependencia realizó 151 visitas a 71 colonias de la ciudad para atender reportes de jaurías, algunas con reiteradas intervenciones. Arredondo señaló al medio mencionado que el protocolo de la Secretaría de Salud exige mantener a los perros bajo observación al menos diez días para descartar rabia antes de aplicar la eutanasia. Los hechos ocurrieron en un predio ubicado atrás del rastro municipal, en las calles Iztaccíhuatl y Privada de Loma Azul, colonia Eréndira.

La propietaria no recibirá sanción por su condición social

Los perros permanecerán en observación hasta cumplir el protocolo sanitario, después serán sacrificados. Arredondo afirmó: “Estamos obligados a hacer eso, tenerlos bajo observación para descartar que puedan tener alguna enfermedad que los haya hecho reaccionar de esa manera, y posteriormente de que se termine el tiempo de observación se les aplica la eutanasia”.

La dueña de los animales, identificada como persona indigente, no será sancionada económicamente, declaró la funcionaria. “Sí se puede aplicar una multa evidentemente, pero la verdad es que las posibilidades de que esta persona la pague son mínimas porque es como una persona indigente, todo eso se valora”, dijo Arredondo.

Jaurías bajo vigilancia en distintas colonias de Ciudad Juárez

Las colonias donde la autoridad registró mayor presencia de jaurías incluyen Santa Rosa, San Antonio, Anáhuac, Chaveña, Corregidora, Fronteriza, Independencia I y II, Jardines del Aeropuerto, San Ángel, Hermenegildo Galeana, Arroyo Colorado, Altavista, Pánfilo Natera, Del Safari I y II, Monumental y Rancho Anapra. También se reportaron operativos en Lomas de Poleo, Riberas del Bravo, El Papalote, El Sauzal, Parajes del Sol, Eco 2000, Toribio Ortega, Linda Vista, Águilas de Zaragoza, Azteca, Rincones de Salvárcar, Terrenos Nacionales, Pradera de los Oasis, Oasis Revolución y la Industrial.

Arredondo explicó que la dependencia pide a los vecinos acompañar a los operativos para identificar cuáles animales tienen dueño y cuáles viven en la calle, lo que facilita el trabajo de captura y control. Las denuncias se reciben por WhatsApp al 656-554-3391 o en las instalaciones de la DABA.

Un Juez de Control vinculó a proceso a Ricardo “N”, identificado como tercer responsable del homicidio de Enrique Esnal Dubernard, quien recibió la condecoración Orden al Mérito en Italia, y de su esposo Alejandro Ballina Ortiz, ocurrido el 20 de diciembre de 2024. La autoridad judicial impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, de acuerdo con la información difundida.

El agente del Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión tras reunir los datos de prueba en la investigación, luego de que los cuerpos fueron localizados el 23 de diciembre de 2024 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El hallazgo se realizó después de que la hermana de una de las víctimas solicitó apoyo, al no tener noticias de su familiar.

Ricardo “N” fue detenido en Estados Unidos tras búsqueda internacional

La investigación determinó que Ricardo “N”, junto con Moisés “N” y Atzin “N”, se hicieron pasar por empleados de una empresa de comercio electrónico y paquetería para ingresar a un domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, donde privaron de la vida a Esnal Dubernard y Ballina Ortiz. Posteriormente, trasladaron los cuerpos en una camioneta de las víctimas a otro inmueble ubicado en la colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El 10 de marzo de 2025, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Atzin “N” y Moisés “N”, quienes se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva por el delito de homicidio calificado. En el caso de Ricardo “N”, quien huyó del país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y gestionó la emisión de una ficha roja por conducto de Interpol, lo que permitió su búsqueda internacional.

El 10 de abril de 2026, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ), concretaron la aprehensión y entrega de Ricardo “N” en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México y presentado ante el juez de control.

La autoridad judicial dictó prisión preventiva y avanza la investigación

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N” por el delito de homicidio calificado. La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las tres personas identificadas como probables responsables del doble homicidio se encuentran vinculadas a proceso. La investigación avanza conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el principio de presunción de inocencia, hasta que la autoridad judicial determine la responsabilidad mediante sentencia.

La Ciudad de Córdoba siguió con atención el inicio del juicio por el asesinato de Olga Villarreal, una jubilada de 72 años que fue encontrada muerta en su casa del barrio Comercial en junio de 2024. El caso tiene como principal acusada a su sobrina y el proceso ya se encuentra en su etapa final.

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024 en la vivienda de la calle Villa María al 5900, en la zona sur de Córdoba. De acuerdo con el expediente, la acusada, identificada como María Alejandra Tabares, residía en una casa lindera a la de Villarreal. Los pesquisas sostienen que Tabares ingresó a la propiedad, sustrajo una suma de dinero y, para asegurar la impunidad, atacó brutalmente a la jubilada.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.tv, el hallazgo del cadáver fue realizado por la propia hija de la víctima, quien describió ante los investigadores las condiciones en que encontró la escena. En ese sentido, Karina —hija de la mujer relató: “Encontré a mi má toda golpeada, bañada en sangre”. Peritos forenses confirmaron que Villarreal presentaba múltiples lesiones en la cabeza compatibles con una agresión directa y reiterada.

Según la acusación, Tabares está imputada por elñ delito de homicidio criminis causae. La calificación legal agrava la situación procesal de la imputada: si es hallada culpable, la ley prevé la pena de prisión perpetua.

El juicio oral y público comenzó la semana pasada en la Cámara Octava del Crimen, bajo la modalidad de jurados populares. La acusada, de 58 años, se mantuvo en silencio durante la primera audiencia, limitándose a escuchar la lectura de las pruebas que sustentan la acusación en su contra.

Entre los elementos exhibidos figuran registros de cámaras de seguridad, rastros de sangre y análisis de comunicaciones telefónicas. La defensa, en tanto, cuestionó la interpretación de algunos indicios y pidió considerar la ausencia de testigos presenciales. La sentencia se conocería mañana.

Asesinaron a una jubilada en Florencio Varela

Una jubilada de 79 años fue asesinada a tiros durante la noche del pasado miércoles de la semana pasada por un grupo de delincuentes que irrumpió en su domicilio de la localidad de Zeballos, partido bonaerense de Florencio Varela, mientras descansaba y en medio de un corte de luz repentino que afectó a la zona.

Según confirmaron fuentes policiales, el brutal ataque ocurrió cerca de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana. Los asaltantes aprovecharon la falta de suministro eléctrico para forzar la entrada al domicilio.

La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, residía sola en la casa donde se produjo el hecho, pero ella, en realidad, no debería haber estado allí cuando ocurrió la entradera. Fuentes del caso precisaron a este medio que la mujer se tenía que ir de viaje, pero había regresado a su domicilio en busca de la documentación que le faltaba.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron realizar los agentes de la Sub DDI Florencio Varela de la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, Benítez descansaba en su casa cuando advirtió la presencia de varios hombres que intentaban ingresar por la fuerza.

En ese momento, se produjo un intercambio de disparos y uno de los proyectiles impactó en el tórax de la mujer, que murió casi de inmediato.

Familiares de la víctima alertaron al 911, luego de que una de sus nietas reportara que una de las ventanas que daba a la calle estaba violentada. Al arribar al lugar del hecho, el personal policial halló a Benítez tendida en el living de la vivienda, mientras que sobre una de las ventanas del frente se observaron múltiples impactos de bala.

Los autores del hecho escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos. Hasta el momento, la investigación no registró detenciones y la causa sigue abierta, bajo la intervención de la UFI N° 2 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca.

Las tareas investigativas presentan una complicación adicional, debido a que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban al momento del hecho, producto del importante corte de luz que se registró en la zona entre las 19 y las 2:30 de la madrugada de este jueves.

La comunidad médica peruana ha anunciado una vigilia nacional tras el asesinado de la doctora Minosska Pinto Lazo en Piura, un hecho que ha desatado alarma social y una movilización inédita entre profesionales de la salud y ciudadanos. La acción colectiva, organizada por el Colegio Médico del Perú (CMP), busca exigir justicia y reformas urgentes en materia de seguridad para el sector, luego de que el crimen evidenciara la vulnerabilidad de quienes ejercen la medicina en zonas expuestas a la violencia y el sicariato.

El acto de memoria y protesta tendrá lugar el 14 de abril de 2026, a las 18:00, en simultáneo en los 27 Consejos Regionales del CMP y de forma central en el Malecón de la Reserva 791, Miraflores, según anunció el decano nacional del CMP. El llamado público invita a médicos y ciudadanía a unirse en defensa de la vida y la dignidad profesional, en una jornada marcada por el reclamo de justicia y la condena a “la criminalidad, el sicariato y la extorsión” que padecen los médicos en el país.

El asesinato de la doctora Minosska Pinto Lazo ocurrió la tarde del 11 de abril en la urbanización San Felipe, en las inmediaciones del colegio San Luis Gonzaga. Según registros de cámaras de seguridad, un sicario disparó contra la médica cuando descendía de su vehículo para ingresar a su vivienda, provocando pánico entre padres y escolares presentes en el área, de acuerdo con información de Exitosa. Las primeras investigaciones indican que el ataque estuvo motivado por un encargo de sicariato y fue perpetrado en un entorno altamente transitado.

En el avance más reciente de la investigación, el general Daniel Harez Reimes informó en conferencia de prensa en la Divincri que la policía detuvo a William Seminario Girón, de 39 años, presunto autor intelectual del crimen y expareja de la víctima. Según la declaración de uno de los implicados, el encargo para asesinar a Pinto Lazo habría sido realizado a cambio de S/10 mil. Las autoridades también capturaron a Junior Miñán Seminario, alias Muermo, quien confesó haber manejado la motocicleta usada durante el atentado, y a Christian Sopalaya Bayona, alias Ipe, identificado como marcador, responsable de seguir a la médica durante trece minutos antes de la emboscada mortal.

Colegio Médico pide acciones urgentes para frenar criminalidad

El impacto del asesinato generó una reacción inmediata en la dirigencia del CMP, que condenó públicamente el ataque y lamentó que “los médicos del país venimos siendo víctimas de este gran problema de la criminalidad, el sicariato y la extorsión”. En palabras del decano nacional: “La doctora Minosska Pinto ha sido asesinada; por ello, haremos una vigilia este martes exigiendo justicia”.

La convocatoria subraya la urgencia de que las autoridades actúen con “celeridad y rigurosidad” en la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables conforme a la ley. “No podemos normalizar la violencia. Defender la vida también es proteger a quienes la cuidan”, enfatizó la institución en su comunicado, que además hace un llamado formal al Estado peruano para implementar mayores garantías en la seguridad del personal sanitario.

El CMP reafirmó, a través del mismo pronunciamiento, su “compromiso con la defensa de cada miembro de la comunidad médica” y llamó a la ciudadanía a sumarse al acto de homenaje y reclamo de justicia.

Policía atribuye crimen a expareja tras pago de S/10 mil

Las pesquisas policiales, detalladas por el general Harez Reimes, revelan que el asesinato de Pinto Lazo fue resultado de una presunta orden dada por su expareja, también médico, quien habría ofrecido S/10 mil a una banda criminal local por concretar el ataque. El proceso de investigación incluyó el análisis de testimonios, registros audiovisuales y la captura de presuntos integrantes de la organización.

La reconstrucción de los hechos establece que Christian Sopalaya Bayona, alias Ipe, siguió a la médica durante al menos trece minutos desde su salida laboral, comunicando al sicario cada movimiento. Junior Miñán Seminario, alias Muermo, reconoció durante su interrogatorio, ante funcionarios del Ministerio Público y su defensa, que condujo la motocicleta desde la que se ejecutó el crimen. Los operativos permitieron la detención de diez personas, incluidas otras identificadas como “Nena”, “J” e “Ite”, capturadas en la ciudad de Piura. Varios teléfonos incautados serán sometidos a peritaje para esclarecer la cadena de comunicaciones y definir con precisión la autoría intelectual y material del crimen.

Este bloque responde qué ocurrió, quién lo protagonizó y cuál es la consecuencia central: El asesinato de la médica Minosska Pinto Lazo en la urbanización San Felipe de Piura fue ejecutado a plena luz del día frente a un centro escolar, y según la policía, habría sido ordenado por su expareja a cambio de S/10 mil. El caso llevó a la detención de varios implicados y desató una movilización nacional, con el gremio médico exigiendo protección y justicia inmediata.

Cámaras de seguridad captaron el ataque a médica en Piura

La difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad fue clave para las pesquisas, según señaló el general Daniel Harez Reimes. El ataque, perpetrado alrededor de las 14:30, quedó grabado mientras Pinto Lazo llegaba a su domicilio cerca del colegio San Luis Gonzaga. El agresor realizó varios disparos y escapó corriendo, situación que generó caos entre los presentes y facilitó la obtención de pruebas para la identificación de los involucrados.

Las imágenes también permitieron reconstruir la secuencia: el sicario fue alertado por sus cómplices, que seguían los movimientos de la médica en tiempo real por vía telefónica. Esta modalidad, sumada a la ejecución en un entorno público, ha intensificado el reclamo social y evidenció la falta de garantías para trabajadores de la salud en el país.

En medio de la investigación y tras el sepelio de la víctima en el cementerio La Campana, la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos emitió un pronunciamiento lamentando el crimen y exigiendo una “investigación exhaustiva y rápida”. Familiares y colegas piden justicia, mientras la comunidad local y nacional exige que se sancione a los responsables y se refuercen las medidas de seguridad para evitar nuevos hechos violentos contra médicos.

La doctora Minosska Pinto Lazo deja un hijo de un año y medio, situación que ha elevado la conmoción y urgencia de respuestas efectivas del Estado ante crímenes que afectan tanto al entorno profesional como al familiar.

La noche del domingo 12 de abril, hombres armados asesinaron a Roberto Chávez, ambientalista y activista contra la tala ilegal de bosques en la sierra del municipio de Madero, en Michoacán. Chávez caminaba con su familia por el poblado de El Sangarro tras cenar en una fonda local, cuando fue atacado y recibió tres impactos de bala en la cabeza. El crimen ocurrió poco antes de que formalizara una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra presuntos talamontes.

En los últimos meses, organizaciones sociales y habitantes de la sierra de Madero han denunciado la creciente ocupación de la región por grupos armados dedicados a la tala y el control de los recursos forestales. La víctima formaba parte del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro, colectivo que agrupa a vecinos que han documentado la presencia de sicarios y la devastación de los bosques.

Pobladores acusan protección de autoridades locales a grupos armados

Pobladores y ambientalistas de la zona serrana, que abarca los municipios de Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje, han exigido que la fiscalía investigue al alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, surgido de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo. Acusan al edil de brindar protección, mediante la Policía Municipal, a los hombres armados que operan en la región.

La noche del asesinato, los responsables lograron huir del sitio. El cuerpo de Roberto Chávez quedó tendido en la vía pública, mientras su familia solicitó auxilio a los servicios de emergencia. Ambientalistas de la región recordaron que el pasado 6 de noviembre de 2025, el activista Javier Gómez sobrevivió a un ataque armado en su domicilio. Tras ese atentado, Gómez y su familia abandonaron su vivienda por temor a represalias.

Cártel de Los Sierra, señalado por amenazas y asesinatos

El 21 de marzo, la fiscalía estatal detuvo a cuatro presuntos integrantes del Cártel de Los Sierra, organización criminal que ha sido señalada de amenazar a defensores del bosque y de incidir en asesinatos recientes. Los detenidos —identificados como Gersaín “N”, María Norma “N”, Jorge Alberto “N” y Elvira “N”— portaban dos pistolas, una escopeta, más de dos kilogramos de marihuana, nueve bolsas con metanfetamina, dos motocicletas, dos teléfonos celulares y vestimentas tipo militar.

Este grupo también habría asesinado el 22 de mayo de 2025 al maestro mezcalero Sergio Rangel en el poblado de Piedras de Lumbre, municipio de Madero, según la misma fuente.

Ambientalistas en riesgo permanente

La violencia contra activistas ambientales en Michoacán ha elevado la alerta entre defensores de los recursos naturales. En lo que va del último año, al menos dos líderes de comités forestales han sido atacados a balazos. Los habitantes de la sierra mantienen su exigencia de una investigación a fondo y la intervención del Estado para frenar la impunidad y el avance de los grupos criminales en la región.

Javier “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer comandanta de la Policía Municipal de Juitepec, en Morelos.

Su arresto se llevó a cabo por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el municipio de Temixco, como parte del cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

La víctima, quien se desempeñaba como comandanta de la Policía de Jiutepec, fue atacada a balazos mientras conducía su vehículo por la colonia Centro de Jiutepec.

Las autoridades detallaron que el ataque ocurrió el 24 de junio de 2024. En esa fecha, la agente policial se desplazaba en un automóvil rojo cuando fue interceptada por individuos armados que circulaban en motocicleta. Los agresores dispararon contra ella y huyeron de la escena, de acuerdo con la información recabada durante la investigación ministerial.

La detención de Javier “N” se concretó después de varios meses de permanecer prófugo y su posterior ubicación por parte de los agentes, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Posteriormente, Javier “N” fue presentado ante el juez que solicitó su captura.

El caso movilizó a las autoridades locales, que iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen cometido contra la funcionaria. El Ministerio Público especializado presentó los indicios ante la autoridad judicial, lo que permitió que se librara la orden de aprehensión por feminicidio.

Asesinan a balazos a policía municipal de Huitzilac

Cabe señalar que el pasado 20 de marzo fue asesinado Omar Camacho, policía municipal de Huitzilac, al ser atacado con armas de fuego mientras custodiaba un predio asegurado por autoridades federales que era señalado como bodega clandestina de combustible presuntamente robado a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas de la mañana de ese viernes en las inmediaciones de la carretera federal México–Cuernavaca, cerca del poblado de Tres Marías, en el kilómetro 48+200.

En la patrulla, donde se encontraba solo el uniformado, se contabilizaron al menos 15 impactos de bala. El policía murió en el lugar antes de la llegada de los paramédicos y de refuerzos policiales alertados tras la agresión.

Violencia recurrente contra agentes en Morelos

El predio que custodiaba el agente había sido asegurado en julio de 2025 en un operativo que derivó en la incautación de aproximadamente 19 contenedores y cinco tanques tipo Frac Tank, cada uno con capacidad para almacenar hasta 80 mil litros de hidrocarburo. Desde entonces, el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante 2026, han sido asesinados nueve policías en el estado de Morelos, entre elementos de corporaciones preventivas y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta cifra refleja la gravedad de la situación de seguridad a la que se enfrentan los agentes en el ejercicio de sus funciones.

En el marco de la investigación por el asesinato de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, el principal sospechoso se negó a declarar ante la justicia. El supuesto responsable del crimen es el jardinero de la víctima, un hombre de 31 años identificado como Lionel Gonzalo Maciel, quien fue detenido durante un allanamiento fiscal realizado por efectivos del Gabinete de Homicidios en la ciudad de La Plata.

Luego de su decisión, el hombre continuará detenido por el homicidio del jubilado que encontraron el 6 de abril en un galpón de su vivienda de Villa Elisa. El cuerpo fue hallado entre herramientas y una bicicleta, sobre un charco de sangre.

En la causa, los peritajes forenses determinaron que la víctima falleció a raíz de traumatismo encéfalo craneano: esto sucedió debido a golpes con un objeto contundente, presentando múltiples fracturas en el cráneo y rostro. Además de una hemorragia meníngea y lesiones en una mano relacionadas con un aparente intento de defensa.

La identificación del sospechoso se consiguió gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que lo ubicaron cerca del lugar hacia la hora del crimen, según el reporte citado del medio local. Además, una persona aportó un testimonio clave y los investigadores detectaron que el acusado habría desechado prendas de vestir en otra vivienda, donde también se realizaron allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia y gestionados por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta.

Cómo fue la detención del jardinero

El jardinero Lionel Gonzalo Maciel, de 41 años, fue detenido el miércoles 8 de abril por la noche como principal sospechoso del homicidio de Néstor Daniel Copoletti. Los investigadores lo encontraron en la calle 48 a pocas cuadras de la vivienda de la víctima y fue aprehendido por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata tras un allanamiento de urgencia solicitado por el fiscal.

El material clave del caso es la autopsia, la cual confirmó que el jubilado falleció por hemorragia en la base del cráneo, provocada por una serie de golpes en la cabeza, según la investigación a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y la jueza Marcela Garmendia. Esto indicaría que la muerte fue debido a un acto violento.

Aunque las entradas de la vivienda de Copoletti no presentaban signos de violencia, para el fiscal Condomí Alcorta, el crimen fue en ocasión de robo y sospechan que hurtó dos armas del jubilado junto con pastillas y herramientas. “Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, expresaron las fuentes del expediente.

Las evidencias surgieron por el testimonio de un vecino, que ubicó a Maciel en el barrio tras el crimen. El testigo lo escuchó gritar desde la rama de un árbol: “Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía”. Luego relató que el jardinero le ofreció pastillas de clonazepam al mismo vecino. El hombre también fue visto portando una mochila cargada de herramientas.

Por otro lado, los investigadores también detectacto que el detenido había descartado prendas de ropa tras el crimen en otro domicilio. Esta vivienda también fue allanada en búsqueda de material para la investigación judicial del crimen de Néstor Daniel Copoletti.

La relación entre imputado y víctima era cercana: la suegra de Maciel trabajaba como mucama en la casa del jubilado. Además, la autopsia detectó heridas defensivas en los brazos de Copoletti, lo que indica que intentó resistirse durante el ataque. Maciel enfrentará declaración indagatoria ante el fiscal Condomí Alcorta en las próximas horas.

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Hombre agrede con arma blanca a menor de 4 años en Santa Fe: queda detenido

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de agredir con un arma punzocortante a un menor de edad en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, donde vecinos intervinieron para someter al agresor antes de la llegada de las autoridades.

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Hallaron cráneo humano y restos óseos en el cerro de las Siete Gotas en Culiacán

Un cráneo humano y restos óseos fueron localizados por personal del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, durante la mañana de este viernes 10 de abril de 2026, en una zona de montaña ubicada en el área conocida como el cerro de las Siete Gotas, entre los sectores Ampliación Siete Gotas y Ampliación 5 de Febrero.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hallazgo se registró en las inmediaciones de la avenida Gaviotas y las calles Golondrina y Paloma, a 700 metros al oriente de la escuela primaria Florentino Ochoa Sauceda y a 500 metros al oriente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús número 38.

Detienen a menor de edad con cartuchos en Culiacán

Un menor de edad fue detenido por fuerzas federales y estatales tras ser sorprendido en posesión de cartuchos en la comunidad de La Limita de Itaje, informaron las autoridades.

De acuerdo con información del Grupo Interinstitucional, el aseguramiento se realizó durante recorridos de reconocimiento terrestre por parte de elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Detienen a Óscar Raúl por asesinar a dos policías federales en Morelos

Óscar Raúl “N”, fue detenido en Culiacán, presuntamente involucrado en el asesinato de dos agentes federales ministeriales en 2020, en el estado de Morelos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un reporte, Óscar Raúl era buscado por el homicidio de dos policías federales ministeriales en Cuernavaca y fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en la colonia Industrial El Palmito.

Masacre en bar de Guerrero dejó cuatro muertos

Cuatro personas murieron la noche del viernes 10 de abril de 2026 dentro del restaurante Playa Ventura en la comunidad turística de Barra Vieja, en el municipio de Acapulco, durante una balacera registrada a las 19:30 horas en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

Las víctimas incluyeron a tres hermanos, identificados como Alejandra N, Radacunti N y José Inés N, quienes eran los propietarios del negocio, además de una persona más que no ha sido identificada oficialmente.

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Ataque armado en bar de Puebla dejó dos heridos

Un ataque armado en el bar Cachao’s, ubicado en la ciudad de Puebla, dejó dos lesionados luego de que sujetos en motocicleta dispararon y lanzaron una bomba molotov contra el establecimiento. El hecho ocurrió la noche del viernes y generó movilización de autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron al bar Cachao’s, ubicado en la colonia 10 de mayo, sobre la calle 28 Oriente, donde abrieron fuego contra el inmueble. Durante la agresión, también lanzaron una bomba molotov, lo que provocó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, dos hombres que estaban afuera del establecimiento resultaron lesionados. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica y posteriormente los trasladaron a un hospital. Hasta el momento, su estado de salud se reporta delicado.

Francisca Belis, de 55 años, fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Hidalgo, Zona Centro de Tijuana, la tarde del jueves 9 de abril. La mujer, originaria de California, presentaba golpes contusos en la cabeza y fue encontrada sobre la cama, con manchas de sangre, sin responder a los intentos por reanimarla. La alerta se generó después de que vecinos notaran que Belis no abría la puerta, aunque la televisión permanecía a alto volumen.

Según los datos recopilados, el suceso fue notificado a las 18:40 horas en la calle Benítez y el cañón Johnson Sur. Elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio tras recibir la llamada de emergencia al 911. El esposo de la víctima relató que descubrió a Belis tirada sobre la cama, luego de que vecinos le advirtieron sobre la situación. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El reporte oficial detalló que en la misma vivienda vivía un hermano del reportante, quien presuntamente consumía drogas y habría intentado quitarse la vida horas antes del hallazgo. La residencia quedó bajo resguardo de autoridades, en espera de agentes de la Fiscalía para el inicio de las investigaciones formales.

En un caso separado y sin relación aparente, durante la mañana del lunes 14 de abril de 2025, otra mujer de aproximadamente 50 años fue encontrada muerta en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Junta de Zitácuaro, colonia Mariano Matamoros, en Tijuana. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Policía Municipal, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:39, después de que familiares reportaran la situación a emergencias.

Al llegar al domicilio, las autoridades encontraron a la mujer inconsciente y solicitaron el apoyo de equipos médicos. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes verificaron que ya no tenía signos vitales. Según el informe preliminar, la víctima de este segundo caso presentaba un golpe contuso en la cabeza. No se ha revelado su identidad, ni se tiene información sobre responsables por este hecho.

El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, fuerzas federales y personal de la unidad de homicidios dolosos, quienes abrieron carpetas de investigación para buscar esclarecer ambas muertes violentas. Se mantiene la expectativa de que en las próximas horas las autoridades proporcionen datos adicionales sobre ambos casos.

—• Dos mujeres fueron halladas muertas en Tijuana, ambas con lesiones contusas en la cabeza y circunstancias aún sin aclarar.

• Francisca Belis, de 55 años, fue encontrada en su cama con señales de violencia, tras la alerta inicial de vecinos y la intervención de familiares.• Las autoridades municipales y estatales continúan las investigaciones para esclarecer ambos homicidios registrados en la colonia Hidalgo y colonia Mariano Matamoros.

El crimen contra Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, quien fue atacado a balazos el pasado jueves 9 de abril en inmediaciones del plantel, tomó una nueva dirección luego de que el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, calificara el hecho como un ataque directo y no como un robo, como se pensó inicialmente.

Según los primeros reportes, el joven, de la carrera de Administración, fue atacado alrededor de las dos de la tarde en la calle Narciso Mendoza, pueblo de San Sebastián Xhala. Su cuerpo quedó sobre la banqueta tras recibir al menos dos disparos.

Su identificación se confirmó el mismo día, generando una reacción inmediata de la comunidad académica y de la UNAM, que emitió un comunicado para exigir el esclarecimiento del crimen y la presentación de los responsables ante la justicia.

El alcalde contradijo la hipótesis inicial de robo

En un principio, reportes de medios basados en testimonios señalaron que que Cristóbal Castillo habría sido víctima de un asalto. Se especuló que el estudiante fue atacado en la vía pública y que, debido a la posición de una bolsa de su pantalón, le pudieron haber robado el celular y la cartera.

No obstante, el alcalde de Cuautitlán Izcalli desestimó esa versión.

“Se trata de un ataque directo. No hubo ningún robo ni ninguna señal de violencia previa al disparo”, dijo el alcalde durante la sesión de cabildo realizada este 10 de abril de 2026.

Además, explicó que el calibre del arma utilizada no es común en ataques de este tipo, situación que llamó la atención de la Fiscalía y reforzó la hipótesis de una agresión premeditada.

Narcomenudeo dentro de la FES, una preocupación creciente

Durante la sesión de cabildo, el alcalde reveló que tras el asesinato, estudiantes de la FES Cuautitlán se acercaron a las autoridades para denunciar la presencia de narcomenudeo al interior de la institución.

“Se han acercado muchos estudiantes de la propia FES a señalarnos algunas prácticas de narcomenudeo al interior de la institución, por lo que estaremos estableciendo contacto con el propio director para poder trabajar de manera conjunta”, afirmó.

Asimismo, el edil señaló que el gobierno municipal implementó desde antes diversos operativos para cerrar comercios en los alrededores de ambos campus de la FES, el ubicado en la colonia Santa María las Torres y el que se encuentra en San Sebastián Xhala -donde fue el ataque-.

Los cierres tendrían como objetivo disminuir el consumo de drogas, pero insistió en que las autoridades universitarias, bajo el principio de autonomía, deben también intervenir en el problema dentro del plantel:

Búsqueda de más pruebas

El alcalde de Cuautitlán Izcalli informó que, tras conocer el asesinato del estudiante, el gobierno municipal inició la búsqueda de cámaras en domicilios cercanos al lugar del ataque. Detalló que el día de los hechos no pudieron localizar a los residentes de un domicilio clave, pero que este 10 de abril se realizaría una nueva diligencia para intentar obtener grabaciones que aporten información a la investigación.

Agregó que el tema fue llevado a la mesa de paz de ese viernes, donde participaron autoridades municipales y representantes de la Fiscalía, con el objetivo de coordinar acciones y compartir la información disponible sobre el caso.

El homicidio de Cristóbal Castillo ocurrió en una zona transitada y en horario diurno, lo que agravó la percepción de inseguridad entre alumnos y docentes.

Este viernes 10 de abril un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N” presuntos autores materiales del crimen donde perdió la vida el estilista Miguel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

Según reportes de medios nacionales, durante la audiencia inicial la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que el grupo criminal encargado de asesinar al joven recibió ochenta mil pesos por ejecutar el crimen, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, en la audiencia se expusieron detalles de la planeación, ejecución y captura de los responsables, según reportes emitidos por el medio La Jornada.

Las autoridades señalaron en reportes previos que la investigación para detenerlos contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las indagatorias iniciales señalan que los asesinos habrían ejecutado su plan y huida trasladándose en una motocicleta. Hay un detenido más por el caso, quien presuntamente utilizó un vehículo muro para facilitar la fuga.

Los autores materiales recibieron ochenta mil pesos por el crimen

La Fiscalía capitalina presentó ante el juez investigaciones en las que se presume que los agresores habrían recibido ochenta mil pesos por asesinar a Micky Hair exterior de su negocio, ubicado sobre avenida Moliere de Polanco.

De acuerdo con la investigación, Ángel Jorel N, de 19 años, fue quien disparó contra el estilista. Fuentes ligadas al caso, expuestas en un reporte de La Jornada, señalaron que la planeación ocurrió en calles de la colonia Tlatelolco, donde el joven se reunió con otros participantes antes del ataque.

En la audiencia de este 10 de abril, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y será el 14 de abril cuando se determine si los vinculan formalmente a proceso. Además, juez de control impuso prisión preventiva justificada a Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y evitar impunidad en el homicidio de Micky Hair.

Así fueron detenidos los dos presuntos autores materiales

Según reportes de autoridades, el seguimiento de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas permitieron a las autoridades ubicar a los responsables en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

El 6 de marzo de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ángel Jorel “N” -presunto tirador- en la avenida Ricardo Flores Magón, donde portaba 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles. La orden de aprehensión por homicidio calificado fue cumplimentada el 8 de abril, ya en reclusión.

El segundo implicado, Kevin Anthony “N”, de 24 años, fue detenido en la avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un operativo conjunto de autoridades estatales y capitalinas.

Este fue el primer detenido por el asesinato del estilista

El primer detenido relacionado con el asesinato de Miguel de la Mora Larios fue José Eduardo “N”, capturado en diciembre de 2025 en la colonia San Álvaro, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los reportes oficiales, agentes de la SSC y la FGJCDMX lograron la detención mediante trabajos de investigación de gabinete y campo, así como con el cumplimiento de una orden de aprehensión.

José Eduardo “N” se habría ocultado en un domicilio de Azcapotzalco luego de haber facilitado la huida de los agresores materiales, utilizando un vehículo para bloquear el paso y permitir su escape tras el ataque armado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a Ángel “N” el pasado jueves 9 de abril de 2026 como probable autor material y segundo implicado en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, servidor público de 27 años que se desempeñaba como regidor en Reynosa, Tamaulipas. El asesinato ocurrió el 6 de diciembre de 2025 en un inmueble de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. La investigación, coordinada por el Ministerio Público, incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y labores de seguimiento técnico, lo que permitió identificar y ubicar a los probables responsables.

Dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado

La Policía de Investigación localizó a Ángel “N” en el municipio de Tecámac, Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.

Previo a esta detención, Yael “N” fue arrestado en flagrancia el 8 de diciembre de 2025 en posesión de narcóticos y vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho. Posteriormente, la investigación lo identificó como probable coautor del homicidio calificado de Brayan Nicolás Vicente Salinas, por lo que el pasado 9 de abril se ejecutó la orden de aprehensión correspondiente.

Investigación técnica y coordinación interinstitucional

El caso fue esclarecido a partir de la intervención técnica del Ministerio Público, la PDI y personal pericial. El análisis de videos, las declaraciones de testigos y el seguimiento permitieron acreditar la participación de los implicados, quienes habrían ingresado juntos al inmueble donde la víctima fue privada de la vida.

La Fiscalía CDMX reiteró que la investigación se realizó bajo los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales y el respeto a la presunción de inocencia. La institución señaló que ambas personas serán tratadas como inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial.

La Fiscalía garantiza proceso penal conforme a derecho

Ambos imputados ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial y enfrentan cargos por homicidio calificado. La fiscalía sostuvo que estas acciones son resultado de una investigación técnica y coordinada que permitió llevar ante la justicia a quienes habrían participado en el delito, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la ciudadanía.

La tranquilidad de una comunidad de Spring Hill, en el estado de Florida, se vio interrumpida tras un episodio violento que, según relataron las autoridades, dejó como saldo la muerte de un vecino. El conflicto, originado por una discusión sobre el volumen de la música, culminó con el uso letal de un arma de fuego. El hecho ocurrió el miércoles, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando recibió una llamada de emergencia que alertó sobre una persona gravemente herida.

La jornada transcurría con normalidad hasta que un familiar de Francis Biegaj, de 52 años, se encontró con una escena alarmante: Biegaj yacía sangrando del brazo, sin que en ese momento se conocieran las causas de la herida. El familiar, al ver la gravedad de la situación, realizó de inmediato una llamada al 911, lo que permitió la activación rápida de los servicios de emergencia.

En pocos minutos, personal del cuerpo de bomberos y rescate del condado llegó al domicilio del herido. Los paramédicos iniciaron las maniobras de salvamento para intentar estabilizar a Biegaj, quien presentaba una herida sangrante en el brazo. Mientras tanto, los agentes de la Oficina del Sheriff, al examinar el lugar, encontraron casquillos de bala en la entrada de la vivienda, lo que llevó de inmediato a descartar la hipótesis de un accidente doméstico y a considerar el hecho como un acto delictivo. La inspección visual permitió advertir también una aparente herida de bala en el hombro de la víctima, evidenciando la gravedad del ataque.

Los agentes, al confirmar la naturaleza violenta del evento, aseguraron el área para facilitar la labor de los servicios médicos y recolectar pruebas. A pesar de los esfuerzos intensivos del equipo de rescate, Francis Biegaj fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades notificaron a los familiares y comenzaron el proceso de investigación para reconstruir lo sucedido y dar con el responsable del crimen.

Mientras los investigadores recababan información en el lugar de los hechos, varios testigos que se encontraban en las inmediaciones prestaron declaración ante los agentes. Los testimonios coincidieron en un punto clave: poco antes de la llegada de la policía, se escucharon varios disparos en la zona. Tras los tiros, los testigos observaron a un hombre alejándose rápidamente de la escena, portando lo que parecía ser un arma de fuego en la mano. Estas declaraciones resultaron esenciales para orientar la búsqueda del sospechoso y delimitar el perímetro de acción.

La búsqueda llevó a los agentes hasta una vivienda ubicada en el número 89 de Gillian Circle, donde se presumía que se encontraba el autor de los disparos. La policía procedió a rodear la casa y a intentar comunicarse con sus ocupantes, solicitando que salieran voluntariamente. Ante la falta de respuesta, la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando solicitó el apoyo del equipo SWAT y del Equipo de Respuesta a Crisis, quienes se desplazaron al lugar para manejar la situación. Tras varios intentos de negociación, lograron que el ocupante principal de la vivienda saliera y se entregara pacíficamente.

La persona que abandonó la casa fue identificada como Tony Deuser, de 51 años, quien, según la información recabada por las autoridades, residía en las inmediaciones del lugar del incidente. Al ser detenido, Deuser fue interrogado por los investigadores sobre su participación en el suceso. Durante la conversación, el sospechoso admitió haber tenido una fuerte discusión con Francis Biegaj debido al volumen elevado de la música que provenía de la vivienda de la víctima. De acuerdo con el relato de Deuser, tras solicitar que la música se bajara, Biegaj se negó y le pidió que se marchara de su propiedad. Fue en ese momento, según la versión ofrecida por Deuser, cuando extrajo un arma y disparó dos veces contra su vecino antes de regresar a su propia casa.

Los agentes registraron la vivienda del sospechoso en busca de pruebas adicionales y procedieron a su arresto inmediato. La acusación formal que enfrenta Tony Deuser es la de asesinato en segundo grado, cargo por el cual permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Hernando. Las autoridades locales han confirmado que la investigación sigue abierta y que continúan recolectando pruebas y declaraciones para esclarecer todos los detalles del caso.

La muerte de Francis Biegaj ha generado conmoción entre los vecinos de Spring Hill, quienes no ocultaron su sorpresa por el desenlace trágico de un desacuerdo vecinal. Por el momento, la policía mantiene la vigilancia en la zona y solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante para la causa.

Las autoridades de Michoacán revelaron a un nuevo implicado en el asesinato de exalcalde Uruapan, Carlos Manzo. Se trata de un sujeto que lleva por apodo “El Mike”, el cual habría colaborado en los grupos de Whatsapp y Threema donde se planeó el atentado contra el servidor público el pasado 1 de noviembre de 2025.

Sin embargo, durante los operativos de búsqueda para capturarlo detuvieron a Rafael “N”, quien usaba el mismo sobrenombre de “El Mike” en la región de Uruapan y está identificado como huachicolero y traficante de drogas dentro de la organización liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen, quien también ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los datos de la investigación, fueron revelados este jueves 9 de abril por el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, durante el encuentro con medios de comunicación sobre los avances en materia de seguridad del estado de Michoacán.

La conferencia de este jueves coincidió con la fecha en que Carlos Manzo habría cumplido 41 años. Mientras las autoridades informaban sobre los avances en la investigación y las recientes detenciones, familiares y allegados recordaron el aniversario del líder social asesinado durante el festival de las velas en la plaza pública de Uruapan.

Esto se sabe sobre la captura de Rafael “N”, alias “El Mike” o “Aurora”

Torres Piña, informó que la captura de Rafael “N”, realizada el 17 de marzo de 2026, ocurrió tras tareas de inteligencia y coordinación entre la FGE, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco bolsas con sustancia granulada con características de metanfetamina, tres teléfonos celulares y un vehículo Ford Explorer XLT modelo 2010.

Las autoridades identificaron que Rafael “N”, conocido también como “Aurora” o “El Mike”, estaba vinculado a la venta y distribución de hidrocarburos de procedencia ilícita y a la comercialización de estupefacientes dentro de la célula criminal de “El Licenciado”, quien actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Cabe señalar que el fiscal Piña no mencionó que Rafael “N” esté inmerso en el asesinato de Manzo, únicamente lo vinculó con un operador ilícito en la estructura criminal que participó en los hechos.

CJNG y la violencia en Uruapan

Tras el asesinato de Manzo, autoridades mantienen bajo investigación la posible relación entre la organización liderada por “El Licenciado” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como uno de los grupos criminales que disputan el control de actividades ilícitas en Uruapan y otras regiones de Michoacán.

La presencia del CJNG ha sido vinculada con hechos violentos, extorsión y tráfico de drogas en la zona, lo que ha generado operativos constantes por parte de fuerzas estatales y federales.

Además, en los últimos meses ha sido relevante un personaje particular, René Belmonte Aguilar, alias “El Rhino”, exjefe de plaza del CJNG en Uruapan que fue detenido durante tareas de patrullaje en las que participó Carlos Manzo y divulgó mediante una transmisión en Facebook.

Actualmente hay tres personas cercanas a “El Rhino” -entre las que se encuentra su hermano y su madre- vinculadas con el asesinato del exalcalde Uruapan.

La noche del 8 de abril en el sector habitacional Urbi Villas del Cedro de Gómez Palacio, en el estado de Durango, un ataque armado dejó como saldo la muerte de un menor de siete años y una mujer gravemente herida, lo que provocó una movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El ataque ocurrió cerca de las 22:30 horas en el cruce de las calles Eucalipto y Del Poniente. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon de manera directa contra las víctimas mientras caminaban por la zona. Después de los disparos, los agresores huyeron con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron en el lugar el fallecimiento del menor, quien recibió un disparo en el cráneo. La mujer herida, identificada como Cintia “N”, de 37 años, presentó un impacto de bala en la pierna derecha y fue trasladada de urgencia a un hospital local. Su estado de salud se reportó como reservado.

Dos atacantes en motocicleta dispararon directamente contra sus víctimas

Según los datos recopilados, los agresores actuaron de forma directa y aprovecharon la falta de iluminación para escapar. Tras el reporte al 911, elementos de la Seguridad Pública Municipal, la Unidad de Reacción Inmediata, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano llegaron al sitio para resguardar la zona.

El coronel Omar León Arroyo, titular del Mando Especial de la Laguna, se presentó personalmente para coordinar las acciones de seguridad y supervisar el levantamiento de evidencias. Personal de la Vicefiscalía General del Estado de Durango y Servicios Periciales ordenaron el traslado del cuerpo del menor al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen bajo reserva el móvil del crimen

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el motivo del ataque ni la identidad de los responsables. Se espera el comunicado oficial que aclare las circunstancias del crimen.

El ataque en el sector Urbi Villas del Cedro se suma a una serie de hechos violentos en la región lagunera. Los primeros reportes señalan que los responsables aprovecharon la oscuridad y la falta de vigilancia en la zona para atacar y huir sin ser identificados.

Autoridades revelaron un nuevo video en el que se observa el momento en el que estudiantes de la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, detuvieron y desarmaron a Osmar “N” luego de cometer el ataque a balazos que dejó a dos maestras asesinadas el pasado 24 de marzo.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que luego de atacar de manera directa a las docentes y de provocarles la muerte, el adolescente se dirigió a los baños de la institución.

Al entrar, un grupo de jóvenes estudiantes se aproximaron a él para desarmarlo y lograr detenerlo, hecho que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la institución académica.

“Fueron los mismos jóvenes quienes lo desarman, ahora si que la forma y en la dinámica en la que se da, los mismos estudiantes de esta institución es quienes hacen la detención”, comentó.

Fue así que, al arribo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Osmar “N” ya se encontraba bajo resguardo con cables y otros objetos para evitar que se diera a la fuga.

“Cuando llega la fiscalía al lugar de los hechos, el joven ya estaba detenido, atado con cables, con algunos elementos que agarraron los jóvenes, y es así como se lo entregan a la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas”, explicó.

Adolescente ocultó el arma en una funda de guitarra

Derivado de los análisis de las cámaras de vigilancia, las autoridades pudieron identificar que las maestras asesinadas se encontraban en un mostrador en la entrada de la preparatoria.

Osmar “N” aparece en el video cuando ingresa con una funda de guitarra, en la que en realidad ocultaba el rifle AR-15 con el que cometería el crimen.

Ambas docentes fueron atacadas a balazos por el estudiante, quien disparó en al menos 16 ocasiones. Luego de su detención, las autoridades localizaron en el interior de la funda 64 cartuchos útiles, así como un cargador que también portaba.

Los videos también permitieron identificar que en la zona de movilidad del adolescente se encontraban otras personas, quienes lograron huir, por lo que se determinó que se trató de una agresión directa en contra de las maestras.

Carlos Torres Piña informó que también cuentan con los videos compartidos en redes sociales por el adolescente, quien siete horas antes subió un material en el que mostró el arma que utilizó en el ataque y la vestimenta que portó.

Además, han identificado algunos grupos en los que mantenía interacción, influencia y comunicación con contenido incel, tal y como el que compartió en redes sociales con mensajes amenazantes y de odio contra las mujeres.

Osmar “N” se encuentra vinculado a proceso desde el pasado 26 de marzo por el delito de feminicidio, por lo que fue ingresado a un Centro de Internamiento como medida preventiva.

Su próxima audiencia será el 24 de abril, en la que se determinará su responsabilidad en los hechos. El fiscal explicó que por tratarse de un menor de edad, los tiempos del proceso no deben superar los seis meses.

A cuatro días de la localización sin vida de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, en Michoacán, las autoridades revelaron nuevos datos acerca de su secuestro y posterior asesinato.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que la investigación del caso comenzó derivado de una denuncia presentada por la familia del funcionario luego de recibir llamadas en las que les solicitaban un pago de 500 mil pesos para liberar al funcionario.

Los familiares detallaron que el funcionario les informó que saldría al municipio de Maravatío desde el 1 de abril para realizar actividades de convivencia, pero fue un día después que comenzaron a recibir las llamadas.

Derivado de los hechos, las autoridades comenzaron a investigar los números de teléfono donde les pedían cubrir el rescate, lo que permitió ubicar su lugar de origen en los estados de Querétaro y en el propio municipio de Ocampo.

Tras obtener los datos, lograron ubicar a las personas que utilizaban los números desde los que se realizó la extorsión.

Crimen habría sido ordenado por su pareja: conversaciones permitieron la localización del cuerpo

El fiscal detalló que tras la identificación de los sujetos, se procedió con su detención en el estado de Querétaro, donde fueron arrestados el pasado 4 de abril José Alonso “N” y Axel Diego “N” cuando portaban ropa de una empresa de seguridad privada.

Al analizar los teléfonos que tenían entre sus pertenencias, las autoridades lograron ubicar a un tercer sujeto señalado como el responsable de cometer el secuestro y el asesinato de Pedro Valencia.

Torres Piña reveló que el seguimiento de las telefonías y las conversaciones que tuvieron los tres sujetos permitió la localización del cuerpo del funcionario debido a que señalaron en dónde y cómo se le había asesinado.

Tras el hallazgo del cuerpo el pasado 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo, la necropsia arrojó que su muerte ocurrió entre el 1 y 2 de abril, es decir, el mismo día que fue secuestrado.

El fiscal del estado también informó que las investigaciones permitieron identificar que la persona responsable del asesinato y homicidio del funcionario fue su pareja sentimental.

“El personaje que organiza y que ejecuta este hecho era la pareja sentimental del secretario del Ayuntamiento. Es más un tema de recabar o de hacerse llegar de recursos o de obtener algún recurso por la propia dinámica y de tener el conocimiento de la responsabilidad que él llevaba en el Ayuntamiento”, detalló.

Funcionario comenzó en el cargo en 2025

Pedro Valencia Cerecero asumió el cargo como secretario de Ayuntamiento de Ocampo el 18 de febrero de 2025 por instrucción de la alcaldesa, Leticia Arriaga Domínguez, y permaneció en el puesto hasta el día de su asesinato.

De acuerdo con los datos, el funcionario estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Con dolor y celebrando sus actividades como político, Grecia Quiroz celebró el cumpleaños número 41 de Carlos Manzo Rodríguez al cumplirse cinco meses desde su asesinato en Uruapan, Michoacán.

La alcaldesa compartió un mensaje en redes sociales en el que lamentó no poder festejar esta fecha junto a su esposo y sus hijos, quienes tampoco podrán volver a jugar ni crecer junto a su padre.

“Duele mi alma hasta lo más profundo se mi ser, duele saber que jamás volveré a festejar su cumpleaños a su lado. Duele saber lo feliz que él era en esta tierra. Duele saber que nuestros hijos jamás volverán a jugar con su papá, a tener un abrazo, un consejo, y aún duele mucho más que dejaste un profundo dolor en tu gente”, señaló.

Además, Quiroz anunció que festejará el cumpleaños del exalcalde con los habitantes, con quienes partirá un pastel en la Pérgola y se reunirán para recordarlo.

“Festejaremos tu cumpleaños como tú lo hubieras hecho con tu pueblo, porque era era tu felicidad, lejos de irte a hacer algo exclusivo para ti, lo que te daba vida era bailar en pleno centro, partir un pastel en la Pérgola, abrazar a las personas. Ese eras tú, y hoy no será diferente, nos reuniremos para recordarte”, anunció.

Continuará exigiendo justicia por el asesinato de Manzo, donde se vieron involucrados miembros del CJNG

Grecia Quiroz también afirmó que continuará exigiendo justicia por el asesinato de Carlos Manzo, lo cual ha buscado desde que tomó la alcaldía de Uruapan tras el homicidio.

“Seguiré levantando la voz por ti, y seguiré exigiendo justicia. Te juro que quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro ante la justicia, pero también ante dios”, escribió en redes sociales.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de febrero, Grecia Quiroz entregó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán un total de 11 videos como parte de una solicitud para que se investigue a tres políticos morenistas tras el asesinato de Manzo.

Con esto busca que las autoridades llamen a declarar al diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, informó que los materiales serán analizados para determinar que no se trata de Inteligencia Artificial (IA) y si son pruebas suficientes para llamar a declarar a los políticos morenistas.

Quiroz ha insistido en que los tres políticos sean investigados debido a que tras señalamientos realizados por Carlos Manzo en contra de Leonel Godoy, fueron intimidados en su hogar.

“(Sujetos desconocidos) Acudieron a nuestro domicilio por la noche a tocarnos a nuestra casa, con cascos puestos que nunca se quitaron, duraron rato afuera de nuestra casa y se retiraron. Fueron dos días seguidos“, refirió a medios de comunicación.

Hasta el momento las autoridades se mantienen en la búsqueda de seis personas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo, entre los que se encuentra José Manuel Jiménez Miranda, su exjefe de escoltas.

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025 en la zona de Polanco de Ciudad de México.

Su arresto se llevó a cabo derivado de investigaciones en las que participó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía Mexiquense, y diversas corporaciones de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ambos hombres fueron identificados como los presuntos autores materiales del homicidio del estilista de 28 años de edad.

Así fue su captura

El primero de los detenidos fue ubicado tras el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas que permitieron rastrear sus movimientos hasta la alcaldía Cuauhtémoc.

El joven de 19 años de edad, fue arrestado el pasado 6 de marzo de 2026 cuando se encontraba en la avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, donde los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo sorprendieron en posesión de 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles.

Derivado de los datos de prueba obtenidos por las autoridades por su posible autoría material en el asesinato de Micky Hair, al sujeto se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado el pasado 8 de abril.

Es así que Ángel “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Por su parte, la detención del segundo implicado ocurrió en la avenida Chimalhuacán del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde el sujeto de 24 años de edad ya contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado luego de ser identificado como presunto integrante del grupo encargado del asesinato del estilista.

Tras su captura, el sujeto fue trasladado a un centro penitenciario del oriente de la capital y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Suman tres detenidos por el homicidio del estilista

Estas dos detenciones se suman a la realizada en diciembre de 2025, cuando policías capitalinos arrestaron a José Eduardo “N” en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco derivado de trabajos de inteligencia.

De acuerdo con las indagatorias, el sujeto se escondió en un domicilio luego de facilitar que los agresores del estilista escaparan apoyándose de un vehículo para ocultarlos.

Es así que hasta el momento son tres hombres los detenidos por el homicidio del estilista, ocurrido en septiembre de 2025 cuando los agresores le dispararon con un arma de fuego en repetidas ocasiones cuando salía de su salón de belleza.

¿Cómo fue el asesinato de Micky Hair?

La noche del lunes 29 de septiembre se registró un ataque directo con arma de fuego que culminó con la vida de Micky Hair, quien fue agredido a tiros afuera de su salón de belleza, ubicado en el cruce de las calles Moliere y Presidente Masaryk.

Ese día, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al estilista y le dispararon de manera directa antes de darse a la fuga.

El cuerpo de Janinna Carpinteyro Luna, psicóloga de profesión, fue hallado sin vida en una habitación del hotel Layfer Express, al costado de la autopista 150D Orizaba–Córdoba, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El hallazgo se produjo luego de que empleados del hotel reportaron al 911 la ausencia de respuesta tras varios llamados insistentes a la puerta de la habitación.

Los paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la policía municipal ingresaron al cuarto y constataron el deceso de Carpinteyro Luna. De inmediato, el área fue asegurada en espera del arribo de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba y del personal de servicios periciales, quienes realizaron las primeras diligencias.

La víctima fue identificada y trasladada al Semefo

Las autoridades trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), en el ejido San Miguelito, para la necropsia de ley. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar la causa exacta de la muerte.

Janinna Carpinteyro vivía en la colonia Erasto Portilla y era conocida en la zona por su trabajo con jóvenes y personas en situación vulnerable.

El caso ocurre en un contexto de violencia contra mujeres en la región

La muerte de Carpinteyro Luna se reporta en medio de una ola de hechos violentos en la zona centro de Veracruz. En días recientes, la región de Córdoba ha registrado asesinatos y ataques armados. Las protestas por la inseguridad se intensificaron después de que integrantes del sector salud y organizaciones civiles exigieron mayor protección tras el homicidio de otros profesionales.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado desplegaron operativos en la región y afirmaron que trabajan en coordinación para esclarecer los hechos. La investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad del hotel y entrevistas al personal, en busca de identificar a posibles responsables.

Familiares y sociedad exigen justicia

Familiares de Janinna Carpinteyro acudieron al Semefo para identificar el cuerpo y solicitaron a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

La Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba informó que mantiene abierta la carpeta de investigación. El caso de Carpinteyro Luna se suma a una lista de mujeres asesinadas en el estado en lo que va del año.

La muerte de la psicóloga en el hotel Lyfer Express ocurre mientras las autoridades estatales reconocen un repunte en las denuncias por delitos contra mujeres en Veracruz. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Semefo para continuar con los estudios periciales y determinar las causas del fallecimiento.

Néstor Daniel Copoletti, de 79 años, fue hallado muerto a comienzos de esta semana en un pequeño galpón de herramientas en su casa de Villa Elisa, jurisdicción de La Plata. La autopsia determinó que una serie de golpes en la cabeza le costaron la vida. La investigación para esclarecer el hecho, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta bajo la firma de la jueza Marcela Garmendia, tuvo resultados clave en las últimas horas.

A comienzos de la noche del miércoles, la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense arrestó a un sospechoso por el crimen. Lionel Gonzalo Maciel, de 41 años, el jardinero de la víctima, fue detenido en un allanamiento fiscal de urgencia requerido por Condomí Alcorta. Los investigadores lo hallaron en la calle 48, a pocas cuadras de la casa de Copoletti. Los allanamientos en la zona continuaban al cierre de esta nota, precisamente, en un domicilio donde Maciel habría descartado ropa tras supuestamente cometer el crimen.

Un testimonio en la causa, al que accedió Infobae, incriminó severamente a Maciel. El presunto asesino habría intentado descartar algo más. Según este relato, el hombre de Villa Elisa fue visto en su barrio después del crimen, gritándole a un vecino desde las ramas de un árbol:

“Volá la bici, sacá el equipo de ahí, para que no sepan que paramos acá. Volá todo que va a venir la Policía. Volá la bici, vendela, no sé, que la Policía está en la estación y va a venir para acá”. Luego, le ofreció pastillas de clonazepam al mismo vecino. Maciel también llevaba una mochila, aseguró el testigo, cargada de herramientas.

El celular de Copoletti fue hallado en la casa; el auto del jubilado estaba en el garage. Las entradas del lugar no habían sido forzadas. Sin embargo, el hecho, para Condomí Alcorta, fue un crimen en ocasión de robo. El fiscal sospecha que Maciel le habría robado dos armas al jubilado, así como las pastillas que ofreció en el barrio y las herramientas que cargaba en la mochila.

“Probablemente, entró a robar, Copoletti lo sorprendió y no le quedó otra que matarlo. Por eso las entradas no estaban forzadas”, continúa una fuente clave en el expediente. La familiaridad entre Maciel y Copoletti era total: la suegra del imputado era la mucama de la víctima.

La autopsia reveló que los golpes le provocaron a Copoletti una fuerte hemorragia en la base del cráneo. También intentó resistir el ataque de su agresor: los forenses hallaron marcas en sus brazos compatibles con maniobras de defensa. Maciel, por su parte, será indagado mañana por el fiscal del caso.

Un engaño sencillo terminó en tragedia en el municipio de Baranoa, Atlántico, donde una mujer de 56 años fue asesinada en la puerta de su vivienda después de que desconocidos simularan comprar un hielo como pretexto para perpetrar el ataque en su contra.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 8 de abril de 2026, en medio de la creciente ola de violencia que tiene en alerta a la región y convierte a la víctima, identificada como Maribis Escobar, en la mujer número 26 asesinada en el Atlántico en lo que va del año.

De acuerdo con las versiones preliminares, el crimen fue ejecutado en el barrio Ciudadela La Paz, lo que desató alarma entre los vecinos por el aumento de homicidios, un fenómeno que ha dejado a Baranoa con 14 actos fatales registrados en 2026.

Del mismo modo, se explicó que un individuo se acercó hasta la vivienda de Escobar y le solicitó que le vendiera un hielo. Conforme al reporte entregado por la Policía, la víctima no sospechó nada al atender la petición. Tras tomar el producto de la nevera, fue atacada a balazos y quedó tendida en el piso de la vivienda.

Los residentes del sector escucharon las detonaciones y se apresuraron a verificar lo ocurrido encontrando a su vecina rodeada por la sangre, como lo evidencian algunas fotografías que circularon posteriormente en redes sociales. Así, Maribis Escobar se convierte en la tercera mujer asesinada en menos de 48 horas en el departamento del Atlántico, reflejando una problemática de seguridad que mantiene a la comunidad en alerta.

La investigación sobre el homicidio avanza, pues las autoridades están recolectando pruebas y testimonios con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Por esta razón, se instó a la ciudadanía a entregar cualquier tipo de información relevante mediante la línea telefónica 123, canal habilitado para recibir datos que permitan avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del caso.

Alerta por la circulación de un panfleto tras el asesinato

Horas después del ataque empezó a circular un panfleto en el municipio. De acuerdo con el medio local Noticias Coopercom, el documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, fue atribuido a un grupo armado ilegal que advierte sobre represalias y señala a posibles responsables del crimen.

Este contenido también menciona expresamente a Julio César Román Polanco, conocido por los alias de Julito o Daniel, el Travieso, al que se le vincula como presunto miembro del grupo delincuencial Los Pepes y que estaría detrás del ataque, aunque la veracidad de esa información también es investigada por las autoridades.

La referencia a estructuras criminales ha fortalecido la hipótesis entre las autoridades de que el asesinato podría estar relacionado con dinámicas de extorsión que involucran a organizaciones ilegales del Atlántico.

Mientras el pánico y la expectativa crecen entre los habitantes de Baranoa por el temor a nuevas acciones violentas, los investigadores locales se enfocan en contrastar la veracidad del mensaje difundido, conscientes del impacto que este tipo de amenazas tiene en la seguridad y la convivencia del municipio.

Cabe mencionar que Baranoa suma 14 casos de homicidios en el 2026, lo que refuerza el complejo panorama de violencia que enfrenta la zona, por lo que la Policía local hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier amenaza o situación de inseguridad, con el fin de evitar que los delincuentes sigan acabando con la vida de los ciudadanos.

Tanto los habitantes del sector como los ciudadanos que se enteraron de lo ocurrido a través de las redes sociales reclamaron una mayor presencia de las autoridades en los territorios en los que se continúan presentando estos graves hechos de inseguridad que desatan la alerta comunitaria ante la violencia y frialdad empleada por los criminales.

El asesinato de Sabrina, una mujer trans, ha generado indignación entre la comunidad LGBTIQ+ en el estado de Morelos, luego de que fuera acribillada durante la madrugada de este martes en el municipio de Tlayacapan.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura de la colonia Las Vivianas. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego cerca de un negocio de micheladas conocido como “El Jacalito”.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y localizaron a la víctima tendida sobre la vía pública, con heridas de bala. Testigos señalaron que los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. La zona fue acordonada por corporaciones policiacas mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense.

Exigen justicia por “Sabrina”

La noticia del crimen provocó una reacción inmediata entre activistas y colectivos de diversidad sexual en Morelos. Alida Cristina, coordinadora de la marcha histórica por la diversidad en la entidad, exigió justicia para su compañera.

La activista describió a “Sabrina” como una mujer trabajadora y solidaria, comprometida con las causas del movimiento LGBTIQ+. Durante un pronunciamiento en el memorial de víctimas instalado en las puertas del Palacio de Gobierno, lamentó la persistencia de la violencia contra mujeres trans.

“Esto es una exigencia porque soy una sobreviviente de muchas compañeras trans y vengo a exigir justicia por el asesinato”, expresó.

Violencia que no cesa en Morelos

En su mensaje, Alida Cristina subrayó que, pese al acompañamiento de la Fiscalía General del Estado y del propio gobierno, los asesinatos continúan ocurriendo. Señaló que este crimen se suma a una larga lista de casos registrados en la entidad.

De acuerdo con su recuento, con el asesinato de “Sabrina” suman al menos 25 víctimas en las últimas dos décadas, lo que evidencia un patrón de violencia sistemática contra mujeres trans.

“Que no quede impune este asesinato como muchos han quedado en el olvido de otras compañeras”, reclamó la activista.

Un llamado contra la impunidad

El caso ha reavivado el reclamo de organizaciones civiles para que estos crímenes sean investigados con perspectiva de género y bajo protocolos que reconozcan la identidad de las víctimas.

La comunidad LGBTIQ+ insiste en que la falta de justicia y la impunidad han permitido la repetición de estos actos de violencia, por lo que exigen acciones concretas de las autoridades para frenar los ataques y garantizar condiciones de seguridad.

El asesinato de “Sabrina” no solo representa la pérdida de una vida, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres trans en diversas regiones del país, incluso en comunidades donde la violencia suele ser menos visible.

El asesinato con más de 40 disparos de Kimberly Nohemy Licona e Iris Yohana Lanza Martínez en Choloma, al norte de Honduras, reaviva el temor y la indignación frente a la exponencial vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante el avance del crimen organizado.

La saña del ataque —armas de fuego de corto y largo alcance, rostro desfigurado de una de las víctimas— pone en primer plano la ausencia de protección estatal y la impunidad, en una zona donde el aumento de la violencia de género y la letalidad contra jóvenes y niñas genera una profunda alarma social.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha vinculado directamente los hechos con estructuras criminales: ambas víctimas, primas entre sí, tenían lazos familiares con Johny Aguilar, conocido como “El Búnker”, cabecilla de la Pandilla 18.

Este elemento, añade un matiz de posible “ajuste de cuentas”, según la investigación preliminar.

En el ataque también resultó herido un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, según las autoridades. Su traslado a un centro asistencial en San Pedro Sula amplía la escala del operativo criminal, que buscaba tanto infligir daño físico como enviar un mensaje de advertencia e intimidación en el territorio.

La imagen de este supuesto cabecilla ha circulado en redes sociales junto a las víctimas, lo que ha contribuido a reforzar la versión de las autoridades. Incluso, publicaciones previas de Kimberly en plataformas digitales mostraban fotografías con su hermano, acompañadas de mensajes afectivos como “Feliz cumpleaños, hermano” y “Te amo, hermanito”, elementos que ahora forman parte del análisis investigativo.

En medio de la investigación, también han salido a la luz detalles personales sobre Kimberly Licona que han generado conmoción. Familiares confirmaron que la joven era madre de dos niñas pequeñas, lo que ha intensificado el impacto emocional del caso en su entorno cercano. Un mensaje difundido por su cuñada refleja el dolor de la familia tras la tragedia.

“Mi niña se fue y dejó a las dos princesas de su corazón solitas. Mi Kim, siempre la recordaré. Nunca olvidaré cuando me dijo que la niña iba a llevar mi nombre. Se fue sin despedirse, mi Kim. No puedo creer que ya no esté”, expresó, evidenciando el profundo vacío que deja la pérdida.

Organizaciones sociales y familiares han solicitado celeridad y diligencia en la investigación, exigiendo que el Estado responda con políticas efectivas para proteger a las mujeres en contextos de riesgo.

El doble asesinato registrado en Choloma constituye una expresión extrema de la vulnerabilidad y exposición a la que se enfrentan las mujeres en territorios bajo influencia del crimen organizado. Más allá de la relación de las víctimas con líderes pandilleros, los hechos documentados subrayan el ciclo de desprotección y el impacto devastador sobre la infancia y las comunidades.

La Dipampco descartó, las versiones que afirmaban que las jóvenes colaboraban con la policía. En el sitio del crimen no se hallaron rótulos ni mensajes alusivos: la falta de pruebas respalda que se trató de un ataque planificado y dirigido a mujeres con lazos familiares con la organización criminal, no a informantes de las fuerzas del orden.

Criminologos advierten que Honduras atraviesa un momento de incremento en homicidios de mujeres: ataques armados, amenazas, desplazamiento forzado y violencia doméstica son frecuentes. La impunidad, multiplica el riesgo y perpetúa el ciclo de agresiones.

El Estado hondureño, a través de la Dipampco, mantiene la investigación abierta y continúa recabando pruebas. Sin embargo, la magnitud del fenómeno en municipios como Choloma y otros del Valle de Sula, donde confluyen disputas entre pandillas.

De acuerdo con las autoridades, el caso ha tomado un giro clave en las últimas horas. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han logrado identificar a varios implicados, detener a tres personas y avanzar en la reconstrucción del crimen, que quedó registrado por cámaras de seguridad. Mientras tanto, la hipótesis principal apunta a una disputa dentro de una organización criminal que operaría en el rubro del comercio sexual.

Avances en la investigación y detenciones clave en Cusco

Las diligencias realizadas tras el crimen han permitido intervenir a tres personas presuntamente vinculadas al caso. Según información fiscal, se trata de la propietaria del hospedaje, la administradora del establecimiento y una tercera mujer de nacionalidad colombiana, quien sería pareja del conductor que participó en la fuga del presunto sicario.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, José Manuel Mayorga Zárate, confirmó que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la convalidación de las detenciones, con el objetivo de continuar con las investigaciones. No obstante, precisó que estas personas no serían las autoras materiales del homicidio, sino parte de un entorno que habría facilitado actividades ilícitas dentro del local.

Por su parte, el jefe de la región policial de Cusco, Gral. Virgilio Velásquez, detalló que ya se tiene identificado al conductor que trasladó al atacante, así como avances en la identificación del autor de los disparos. Según información preliminar, el presunto sicario sería un ciudadano de nacionalidad venezolana.

“Ya lo tenemos identificado, inclusive al conductor que participó en el hecho y estamos en plena identificación del autor del disparo. Tenemos información preliminar de que es un ciudadano de nacionalidad venezolana el que ha gatillado”, declaró la autoridad policial.

Las imágenes de videovigilancia han sido determinantes. En ellas se observa al agresor ingresar al hospedaje, perpetrar el ataque a balazos y luego huir rápidamente del lugar. Incluso, se le ve intentando abordar un vehículo antes de continuar su escape a pie, lo que permitió reconstruir parte de su ruta de fuga.

Hipótesis de mafia de trata, prostitución y extorsión

Uno de los aspectos que ha generado mayor impacto es el posible vínculo del crimen con redes de explotación sexual. Aunque en un inicio se manejó la versión de que la víctima se encontraba en Cusco por turismo, las investigaciones han descartado esta hipótesis.

“No, eso está descartado porque hay evidencias suficientes de que el trabajo que realizaban era de connotación sexual. El móvil que tenemos frente a esta situación es extorsión a las trabajadoras sexuales que trabajan en la ciudad”, sostuvo el general Velásquez.

En la misma línea, el Ministerio Público confirmó que se investiga la existencia de una organización criminal dedicada a la trata de personas y otros delitos conexos. Según el fiscal Mayorga Zárate, ya se ha identificado a más personas que estarían involucradas y que actualmente se encuentran no habidas.

“Existe un autor material, pero se está manejando la hipótesis de que se trata de una organización vinculada a trata de personas, extorsión y otros delitos”, indicó el magistrado.

El caso se mantiene en reserva mientras continúan las diligencias. Sin embargo, las autoridades no descartan que la víctima haya estado vinculada a esta red, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas o represalia dentro de este circuito ilegal.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en un hospedaje ubicado en la avenida Costanera, a pocos metros del terminal terrestre de Cusco. Tras recibir varios impactos de bala, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En paralelo, la Policía ha intensificado los operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero del presunto autor material. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso que ha puesto en alerta a la región.

Bruno “N”, alias “El Nicho”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en un ataque armado que provocó la muerte de un elemento de la Policía Federal Ministerial y que dejó otro lesionado en San Luis Potosí.

De acuerdo con las indagatorias, Bruno “N” fue identificado como líder de una célula del grupo delictivo de Los Alemanes, una escisión emanada de Los Zetas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto es acusado de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de dos funcionarios públicos.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía General de la República en la entidad inició una carpeta de investigación en atención a una denuncia anónima, la cual informaba que gente armada vendía drogas en la colonia Progreso de la capital del estado.

Durante los trabajos de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) fueron atacados con armas de fuego, lo que provocó que uno falleciera y otro resultara lesionado.

Luego de su detención, y durante la realización de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de “El Nicho”, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

Los Alemanes, el grupo que mantiene el control de Matehuala

La aparición de Los Alemanes se remonta a la expansión del Cártel del Golfo hacia el estado de San Luis Potosí en el año 2007, aprovechando la cercanía geográfica con Tamaulipas, así como las fronteras con Nuevo León, Veracruz e Hidalgo.

En ese periodo, se le dio la tarea a Los Zetas de expandirse por la entidad, pero tras el quiebre entre ambos grupos en 2010, Los Zetas consolidaron su hegemonía en el territorio.

En los años siguientes surgieron nuevos focos de violencia: entre 2011 y 2012 tuvo lugar la ruptura interna entre Iván Velázquez Caballero —alias “El Talibán”— y Los Zetas, lo que derivó en una guerra de tres frentes.

Más adelante, la alianza de los llamados Talibanes con el Cártel del Golfo reconfiguró el mapa criminal, mientras que en 2015 la desaparición de la marca Zetas dio paso al Cártel del Noreste.

El arribo de nuevas organizaciones, como el Cártel de Sinaloa desde Zacatecas y, en 2021, la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han fragmentado el escenario delincuencial, elevando el nivel de disputa en la región.

La aparición de Los Alemanes y la consolidación delictiva en Matehuala

A raíz de la fragmentación interna en el Cártel del Noreste, en 2022 emergió el grupo de Los Alemanes, el cual ha incrementado su influencia principalmente en la zona de Matehuala.

Víctor Manuel Sánchez Valdés dijo en entrevista con Infobae México que esta organización recurre al trasiego de drogas, a la extorsión y al robo de autopartes, entre otras actividades delictivas relacionadas con el reclutamiento forzado.

El carácter estratégico de Matehuala, ubicado en el límite con Nuevo León y como paso hacia Coahuila, ha propiciado su relevancia para el control del narcotráfico, donde se le atribuyen a Los Alemanes diversos episodios de violencia en la carretera federal 57.

Ana Febe Rojas es descrita por su hermana, Axa Liliana, como una joven creativa interesada en el bienestar de las personas, lo que la llevó a estudiar la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, para después dedicarse a enseñar a niños con discapacidad.

Entre lagrimas, su hermana recuerda que ambas soñaban con salir del país y tener hijos, pero a sus 28 años y después de cinco meses de haberse casado con Christian Felipe “N”, de 37 años, Ana Febe fue localizada sin vida y con signos de violencia en el baño de su casa de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México.

En entrevista con Infobae México, Axa Liliana contó que su hermana pudo informar a su familia tan solo doce días antes de su muerte la violencia que su esposo ejercía en su contra desde el primer día que se casaron; sin embargo, diversos indicios de esta situación también fueron percibidos al notar un cambio de comportamiento en Ana Febe.

El caso de Ana Febe es denunciado por sus familiares debido a las irregularidades constantes que percibieron desde el momento en el que fueron notificados de su fallecimiento, las cuales continúan debido a que la carpeta de investigación está dirigiendo la causa de muerte a una posible intoxicación y no fue enviada a la fiscalía de feminicidios.

Tanto sus padres, Fidel Rojas y Ma. Isabel Vega, así como Axa Liliana, relataron a esta casa editorial la angustia y falta de atención que han recibido por parte de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) al solicitar las circunstancias del asesinato de Ana Febe, quien a pesar de presentar indicios de violencia, en la carpeta de investigación no se mencionan.

De la falta de resguardo del inmueble hasta la participación de los pastores de su congregación

El asesinato de Ana Febe no se puede entender sin la congregación cristiana “El Remanente”, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa. En este sitio la joven se casó con Christian Felipe “N” debido a que él pertenecía a ella y era cercano a los pastores, identificados como Jorge “N” y Verónica “N”.

El 24 de marzo, el día en que Ana Febe murió, sus padres recibieron una llamada por parte de los pastores decirles que su hija había tenido un percance en el baño alrededor de las 21:00 horas, y que se encontraba muy grave.

De acuerdo con sus declaraciones, Ana Febe se estaba pintando el cabello cuando sufrió una caída, la cual le provocó vomito y que le fuera realizada la técnica de RCP.

Cuerpo de Ana Febe presentaba huellas de violencia que no fueron integrados a la carpeta

La hermana de Ana Febe relató que mientras esperaban a los peritos, un policía se encontraba restringiendo la zona, pero sin un protocolo adecuado debido a que en ningún momento acordonó el lugar y él declaró que sí lo hizo.

La situación de irregularidades no solo ocurrió con la presencia tanto de familiares de Christian Felipe “N” y de los pastores de la congregación, sino que Axa Liliana pudo observar al arribo de los peritos el cuerpo con huellas de violencia de su hermana.

Axa comentó que al rendir su declaración pudo comentar la violencia que su hermana vivía por parte de Christian Felipe “N”, pero aún así el caso no se trasladó a la Fiscalía de Feminicidios y se inició la carpeta por el delito de homicidio doloso, la cual permanece igual hasta el momento de la publicación de esta nota.

Al tener que identificar el cuerpo de su hermana en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), Axa pudo observar aún más signos de violencia.

“Soy yo quien la reconoce, y vuelvo a ver estas lesiones, también como en el cráneo, sangre en ojos, en nariz, orejas, boca. Después de que se hizo la necropsia me dan los resultados preliminares, pero sacan un resultado de la causa de muerte en donde no se menciona violencia, donde no mencionan estas marcas, estos hallazgos que tanto mis padres como yo vimos al momento de ver el cuerpo”, comentó.

Sobre los resultados faltantes de laboratorio, las autoridades le informaron que le serían entregadas dentro de un mes; sin embargo, Axa y sus padres ya cuentan con el acta de defunción de Ana Febe, la cual establece como causa de muerte una congestión visceral generalizada.

Ana Febe alertó a sus padres de la violencia que sufría doce días antes

El padre de Ana Febe comentó que su hija los llamó el 12 de marzo para que la recogieran de su casa porque Christian Felipe “N” la había “corrido a empujones”, por lo que la llevaron a su hogar.

Durante una semana, la joven pudo informar a sus padres la violencia que su esposo ejercía en su contra, donde utilizaba almohadas para evitar dejarle marcas en el cuerpo.

“Ella nos dijo ‘vengan por mí, porque me corrió a empujones (su esposo). Estuvo aquí hasta el 18 de marzo, platicamos con ella. Nos informó que le ponía una almohada para golpearla y que no se notaran los golpes (…) Yo le dije: ‘Ani, ¿qué quieres tú, hija? Ten cuidado con esto, con lo otro’. Y ella de cierta forma, con cierto enojo, realmente, tengo que decirlo, así contra mí, como que yo estaba exagerando, dijo: ‘No, no va a pasar nada, no me va a lastimar, no va a ser capaz de más’”, comentó su padre.

Al respecto, su madre también señaló que Ana Febe le dijo que derivado de un golpe le habría lastimado el tabique de la nariz: “Si le examinan su nariz y por alguna razón tuvieran que tener que volver a hacerlo, su nariz se le veía chueca, su tabique. Hasta me dijo: ‘Mamá, creo que me lastimó el tabique’”.

Los familiares detallaron que Ana Febe regresó con Christian Felipe “N” dos días antes de ser localizada sin vida en su propia casa. Durante esa semana que permaneció con ellos, también descubrieron -por personas de la congregación- que el sujeto había tenido un matrimonio previo, donde su exesposa también sufrió violencia.

Ante los hechos, la familia de Ana Febe exige a las autoridades que se realice un peritaje adecuado, que les den claridad en los resultados de la necropsia y que la carpeta de investigación sea trasferida a la Fiscalía de Feminicidios para que la muerte de la joven tenga justicia.

Luego del hallazgo del cuerpo de Pedro Valencia Cerecero, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Ocampo, en Michoacán, las autoridades informaron que ya investigan a tres personas relacionadas con los hechos.

El cuerpo del funcionario fue localizado sin vida la noche de este domingo 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

Su hallazgo se da luego de que se reportó el secuestro de Valencia Cerecero el pasado 1 de abril.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya investigan a tres personas que estarían relacionadas con el secuestro y homicidio del secretario de Ayuntamiento de Ocampo.

Además, las autoridades llevan a cabo diligencias de campo y gabinete para judicializar el hecho, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer su asesinato.

Ayuntamiento de Áporo lamentó el homicidio del funcionario

Luego de confirmarse la muerte de Pedro Valencia, el Ayuntamiento de Áporo lamentó el fallecimiento del funcionario y expresó sus condolencias tanto a familiares como a amigos.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Juan Agustín Torres Sandoval, también describió a Pedro Valencia como un servidor público comprometido que se enfocaba en procurar el bienestar de los habitantes.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Pedro Valencia Cerecero, Secretario General del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán. Quien fuera un servidor público comprometido, dedicado al bienestar de su municipio y ejemplo de responsabilidad y vocación de servicio”, escribió.

Funcionario comenzó en el cargo en 2025

Pedro Valencia Cerecero asumió el cargo como secretario de Ayuntamiento de Ocampo el 18 de febrero de 2025 por instrucción de la alcaldesa, Leticia Arriaga Domínguez, y permaneció en el puesto hasta el día de su asesinato.

De acuerdo con los datos, el funcionario estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Tras informarse su asesinato, Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), condenó el homicidio de Pedro Valencia y señaló que el crimen no debe quedar impune.

Al ser cuestionado ante medios de comunicación, el dirigente exigió a las autoridades que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente que garantice justicia para el funcionario.

Además, destacó que es indispensable que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de su asesinato y secuestro, tanto a nivel material como intelectual.

Cabe señalar que el asesinato de Pedro Valencia es el único que se ha registrado en los últimos meses en Michoacán, siendo el último el de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, quien fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio.

El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco, un joven de 20 años oriundo de la localidad neuquina de Cutral Co, partió de su hogar para cumplir con el servicio militar obligatorio, también conocido como “colimba”. De origen humilde, profesaba la fe evangelista y dedicaba parte de su rutina a la lectura de la Biblia. Había obtenido un número alto en el sorteo de su clase, lo que determinó su obligación de realizar la conscripción. A pesar de que los cálculos médicos reglamentarios sobre su estatura, peso y perímetro torácico debían haberlo exceptuado, un oficial determinó que se encontraba apto. Su destino asignado fue el Grupo 161 de Artillería de Montaña, emplazado en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén.

A los pocos días de su ingreso, sus padres, Francisco y Sebastiana, viajaron al cuartel para visitarlo durante su primer franco. Al presentarse en la guarnición, un soldado les informó que su hijo no se encontraba allí y que había sido declarado desertor. Les dijeron que se había escapado del cuartel para abandonar la “colimba”.

Según los registros castrenses, el conscripto había desaparecido el 6 de marzo, tan solo tres días después de haberse incorporado como soldado al Ejército Argentino. Resultaba inverosímil para su familia que el joven se hubiera dirigido a otro sitio. Por consiguiente, quince días después del ingreso oficial, el padre radicó la denuncia por la desaparición. La familia descartó de plano la hipótesis de la deserción impulsada por los mandos superiores y emprendió de inmediato una intensa búsqueda.

Un mes después de su desaparición, hace 32 años, el 6 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Carrasco fue hallado a 700 metros de las instalaciones del cuartel militar. El descubrimiento se produjo sorpresivamente durante un segundo rastrillaje efectuado en la zona y el cadáver se encontraba oculto en el interior de un baño abandonado.

En el primer operativo de búsqueda, que había transitado por ese mismo lugar exacto quince días antes, no se había reportado ningún hallazgo inusual. El cuerpo se hallaba con el torso desnudo y vestía únicamente un pantalón que superaba en varios talles sus medidas.

Según los peritos forenses, esa prenda evidenciaba la clara decisión de vestirlo precipitadamente para descartar el cadáver. Junto a los restos, hallaron unos borceguíes, una camisa y un reloj roto que no marcaba la hora ni el día.

Los jefes de la guarnición militar intentaron inicialmente endilgar la causal del deceso al viento helado y a las bajas temperaturas de Zapala. Incluso, uno de los oficiales superiores declaró públicamente ante la prensa que el cuerpo no evidenciaba ningún signo de violencia.

Sin embargo, los peritajes forenses echaron por tierra de manera contundente las afirmaciones castrenses. El cuerpo del joven exhibía múltiples e innegables signos de haber sido sometido a torturas y a una brutal paliza. Los exámenes revelaron que había sido asesinado a golpes, presentando diversas costillas fracturadas, un pulmón perforado y el ojo izquierdo destrozado.

Los forenses determinaron que había fallecido un mes antes, y el proceso de momificación indicaba fehacientemente que el cadáver de la víctima había permanecido oculto durante varios días en un lugar oscuro y seco, para luego ser trasladado al sitio donde finalmente fue descubierto.

La investigación judicial determinó que la muerte constituyó la derivación extrema de unas prácticas institucionalizadas y arraigadas en el servicio militar. Esas modalidades de adiestramiento se centraban en el abuso, los malos tratos y la humillación constante para disciplinar a los conscriptos.

Apenas ingresó al Ejército, Carrasco fue recibido con un fuerte y extenuante ejercicio de castigo físico colectivo, conocido popularmente en la jerga militar como el “baile”. En su segundo día en el regimiento, se vio imposibilitado de levantarse de la cama debido a los agudos dolores generados por el feroz castigo padecido la jornada previa. Como una medida de represalia ante su inasistencia, al día siguiente se le ordenó desempeñarse obligatoriamente como cuartelero, exigiéndole que procediera a ordenar minuciosamente y a limpiar a fondo toda la cuadra.

Durante aquella jornada, la autoridad a cargo era el subteniente Ignacio Canevaro, quien sometió a Carrasco a un intenso “baile” punitivo por al menos veinte minutos ininterrumpidos. Otros dos soldados antiguos (apenas mayores que Carrasco), Víctor Salazar y Cristian Suárez, colaboraban activamente con sus superiores y procedieron a esconderle de forma deliberada el lampazo que el joven debía utilizar para limpiar.

La agresión alcanzó niveles de suma crueldad cuando Canevaro ordenó a los soldados Suárez y Salazar que “corrigieran” la conducta del conscripto tras encontrarlo deambulando. Los golpes le provocaron un severo hemotórax derivado del hundimiento de sus costillas y además le destrozaron el ojo izquierdo con el palo del lampazo. Ellos fueron las últimas personas que lograron verlo con vida.

El entramado de ocultamiento sumó posteriormente numerosas capas de encubrimiento institucional, abarcando la falsificación de documentos médicos y la intervención sistemática de los aparatos de inteligencia. Todo se ventiló en dos juicios que se hicieron por el Caso Carrasco.

El trabajo elaborado por el médico legista Alberto Brailovsky en la causa Carrasco II arrojó contundente luz sobre los eventos ocurridos inmediatamente después de la paliza. Brailovsky demostró de forma concluyente que, tras la agresión perpetrada, el joven soldado no falleció en el acto, sino que logró sobrevivir agonizante durante un período estimado entre 48 y 60 horas.

Durante ese lapso, Carrasco permaneció cautivo y oculto, siendo rudimentariamente atendido en el hospital del cuartel bajo una identidad falsa. El deceso se produjo a causa de un paupérrimo diagnóstico inicial y a la aplicación de un tratamiento negligente.

A raíz de la paliza, el joven sufrió una masiva hemorragia interna conjugada con una contusión pulmonar traumática que derivó en insuficiencia respiratoria severa; el peritaje sostuvo que de haber recibido atención médica adecuada habría sobrevivido.

Las maniobras fraudulentas orquestadas en el interior del hospital castrense incluyeron diversas acciones ilícitas y totalmente irregulares. Se destacaron la minuciosa confección de múltiples recetas médicas completamente adulteradas que fueron emitidas exclusivamente entre las jornadas del 6 y el 9 de marzo de 1994, el registro oficial de profesionales médicos que acudieron para tratar supuestas patologías menores sin encontrarse de guardia, y finalmente la inverosímil creación de la historia clínica apócrifa de una paciente femenina inexistente que fue asentada bajo el ficticio nombre de María Gómez.

De manera alarmante, la adulterada ficha médica oficial del conscripto Carrasco registró fraudulentamente la aplicación de una dosis de vacuna antitetánica en la fecha exacta del 8 de marzo, es decir, dos días después de la fecha establecida por los mandos militares como el día de su muerte.

Dicha receta farmacéutica fue deliberadamente expedida a nombre del individuo Orlando Costa, quien en realidad recibió la inoculación profiláctica transcurridos varios días. Sumado a esas graves falsificaciones de documentos, los peritos detectaron un incremento injustificado en el consumo interno de pastillas de formalina, un potente elemento químico desinfectante empleado habitualmente en dependencias hospitalarias. Las estadísticas evidenciaron que, pasando de un promedio de diez pastillas entre enero y febrero, la cifra ascendió al insólito número de 400 pastillas empleadas únicamente durante el mes de marzo.

Es indispensable señalar que, por efecto de ese asesinato se terminó el servicio militar obligatorio en Argentina. En el mes de agosto del año 1994, impulsado por el clamor frente a la conmoción nacional que generó el asesinato, el entonces presidente Carlos Menem procedió a firmar el decreto número 1537, que disponía formalmente el fin de la conscripción.

Cuando el primer mandatario tomó aquella trascendental decisión, las estadísticas oficiales demostraban contundentemente que un 30 por ciento del total de los adolescentes obligados a presentarse a cumplir con el riguroso chequeo médico en los cuarteles decidía evadir sus responsabilidades legales.

Con esa medida llegaba a su fin un vetusto sistema de reclutamiento forzado de civiles instaurado originalmente en 1901 y reglamentado por el ministro Pablo Riccheri, cerrando casi un siglo de la comúnmente llamada “colimba”.

En lo atinente al entramado judicial, la causa penal principal avanzó hacia las posteriores condenas de los responsables directos. El 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén dictó su sentencia condenatoria y determinó jurídicamente que el subteniente Ignacio Canevaro era el autor material legalmente responsable del delito de homicidio simple, decidiendo en consecuencia condenarlo a quince años de prisión efectiva. Paralelamente, los ex soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez fueron sentenciados a cumplir una pena de diez años de encierro carcelario por haber incurrido en el mismo ilícito. Al sargento Carlos Sánchez se le impuso una pena de tres años de prisión como encubridor. Todas esas sentencias fueron luego revisadas y ratificadas por la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

A lo largo de los años subsiguientes, el intrincado desarrollo del expediente judicial atravesó múltiples dilaciones procesales y resoluciones polémicas que mantuvieron vivo el debate en la sociedad.

El 23 de noviembre del año 2000, los ex soldados condenados Salazar y Suárez obtuvieron el beneficio procesal de la libertad condicional. El 4 de febrero de 2004, el subteniente Canevaro logró recuperar su libertad de manera anticipada tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena carcelaria. En relación a las responsabilidades estrictamente vinculadas al ocultamiento, el 13 de junio de 2005 se anunció la prescripción de la causa judicial encargada de investigar el encubrimiento agravado por parte de las altas jerarquías militares.

Como consecuencia directa de esa prescripción legal, la decena de militares procesados resultaron sobreseídos definitivamente, sin que jamás se llevaran a cabo las correspondientes audiencias públicas. Finalmente, el 2 de marzo de 2006, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender al juez Rubén Caro, quien tuvo el caso en sus manos al principio, por mal desempeño de sus funciones, aunque cuatro meses más tarde decidió ratificarlo en su cargo jurisdiccional, clausurando así el caso.

El asesinato de Carrasco terminó con la “colimba”, que era una combinación de acciones a las que indefectiblemente eran sometidos los conscriptos: correr, limpiar, barrer. Algo que quedó en el pasado. Luego de un crimen que aún es recordado.

La institución educativa La Salle Cuernavaca confirmó el asesinato de un guardia de seguridad en el Centro Deportivo y Cultural Amanalco y anunció la suspensión de actividades mientras continúan las investigaciones.

A través de un comunicado oficial, el plantel expresó su posicionamiento ante los hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo 5 de abril.

“Con profunda tristeza y consternación, lamentamos confirmar los hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Amanalco”, informó la institución.

Asimismo, reiteró su respaldo a las autoridades y a la empresa de seguridad involucrada.

“Nos solidarizamos profundamente con los afectados en este lamentable evento y seguimos brindando el apoyo necesario a las autoridades y a la empresa de seguridad en todo momento”, señala el documento.

Suspensión de actividades y colaboración con Fiscalía de Morelos

La universidad detalló que desde que se tuvo conocimiento del caso se estableció contacto con autoridades de seguridad y la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir en las investigaciones.

Indicó que el Centro Deportivo Amanalco permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, ya que la zona continúa bajo resguardo pericial.

“Las actividades en estas instalaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso para permitir las labores de investigación que la autoridad solicite”, precisó.

Además, hizo un llamado a la comunidad a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Hallan a primer guardia sin vida en caseta de vigilancia

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo inicial ocurrió durante el cambio de turno la mañana de este domingo, cuando compañeros del vigilante ingresaron a la caseta tras no obtener respuesta.

El trabajador fue localizado inconsciente y posteriormente paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Presentaba huellas de violencia, estaba atado de manos y tenía múltiples golpes, lo que apunta a un ataque directo ocurrido durante la madrugada.

Investigación apunta a posible robo y genera cierre vial en Cuernavaca

Aunque las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, de manera preliminar se presume que el crimen podría estar relacionado con un intento de robo en las instalaciones.

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de ambos cuerpos.

El operativo provocó afectaciones en la vialidad:

• Cierre total de la avenida Paseo del Conquistador durante varias horas
• Presencia de fuerzas de seguridad en la zona norte de Cuernavaca
• Resguardo del inmueble por servicios periciales
• Extensión del operativo hasta la tarde por el difícil acceso a la barranca
• Suspensión indefinida de actividades en el Centro Amanalco

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de Morelos para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

Adrián “N” fue detenido por su presunta implicación en el ocultamiento del asesinato de un hombre en la Ciudad de México.

El sujeto es acusado por la Fiscalía General de Justicia capitalina de los delitos de homicidio y robo calificados, luego de que fue localizado y posteriormente detenido en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

De acuerdo con los datos, el caso se originó tras el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue contactado a través de una aplicación de mensajería instantánea, en circunstancias que inicialmente sugirieron un suicidio.

La investigación se encaminó gracias a la denuncia de la madre de la víctima, quien relató que el 3 de julio de 2023, al detectar un fuerte olor a gas, ingresó a la vivienda de su hijo y lo encontró sin vida, con signos de ahorcamiento.

Además, en el domicilio se percató que hacían falta diversos objetos de valor y 15 mil pesos en efectivo. El análisis de cámaras de vigilancia, testimonios y un dispositivo electrónico aportado por la familia resultaron determinantes para identificar al presunto responsable.

Las autoridades expusieron que la necropsia y los dictámenes periciales en fotografía, química y mecánica de hechos confirmaron que la muerte se debió a una agresión física, descartando la hipótesis inicial de suicidio. El agente del Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión.

Detención y traslado del imputado

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), localizaron y aseguraron a Adrián “N” en San Andrés Cholula. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición del juez de control.

Durante la audiencia realizada el 27 de marzo de 2026, el representante del Ministerio Público formalizó la imputación y obtuvo la vinculación a proceso del acusado. La autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.

En este caso, la Fiscalía CDMX destacó su política de actuar con rigor y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas, enfatizando la importancia de integrar pruebas sólidas para llevar ante los tribunales a los responsables de delitos graves.

Detienen a hombre que intentó sustraer mercancía de una tienda sin pagar en CDMX

Este domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevaron a cabo la detención de un hombre que intentó llevarse mercancía de un establecimiento comercial de la alcaldía Coyoacán sin pagarlo.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el centro comercial ubicado en Anillo Periférico Sur, colonia Jardines del Pedregal, cuando un empleado del área de prevención de pérdidas denunció que tenían retenido a un hombre que había intentado sacar de la tienda mercancía valuada en 20 mil 374 pesos.

Al arribar al sitio, los uniformados le realizaron una revisión al hombre de 25 años de edad, a quien le aseguraron 26 pantalones de diferentes marcas y modelos, de los cuales no pudo acreditar su compra con ticket de pago.

La víctima fue identificada como Deysi G.M. (30), quien se encontraba alojada en el hostal Rodrigo’s, situado en la avenida Costanera. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 8:30 p. m., cuando se escucharon al menos tres disparos que interrumpieron la tranquilidad del lugar.

Ataque armado y traslado de la víctima

Tras el ataque, la mujer fue auxiliada de emergencia y trasladada al Hospital Regional del Cusco. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.

El hecho se produjo dentro del establecimiento de hospedaje, lo que generó alarma entre los presentes. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Huida del presunto autor

Las cámaras de seguridad del hospedaje registraron el momento en que el presunto responsable abandonó el lugar tras perpetrar el ataque. En las imágenes se observa a un sujeto vestido de negro y con el rostro cubierto, quien, antes de escapar, realizó disparos contra la puerta de vidrio del local.

Posteriormente, el individuo salió a la vía pública e intentó abordar un vehículo que transitaba por la zona; no obstante, al no lograrlo, continuó su fuga a pie con rumbo desconocido. La secuencia registrada ha permitido reconstruir parte de la ruta de escape del sospechoso.

Evidencias y acciones policiales

Las grabaciones de videovigilancia se han convertido en un elemento clave para la investigación, ya que muestran tanto la llegada del sujeto como su salida del hospedaje tras el ataque. Estas imágenes son analizadas por las autoridades para identificar al presunto autor.

La Policía Nacional del Perú informó que se han desplegado operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar y capturar al responsable. Hasta el momento, no se ha precisado el móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones.

Conmoción y proceso de investigación

El asesinato ha generado consternación en la población cusqueña, especialmente por tratarse de una turista extranjera y por haberse producido en una fecha significativa como el Viernes Santo. El caso ha sido tipificado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades. Asimismo, se espera que el análisis de las pruebas recopiladas permita avanzar en la identificación y captura del presunto agresor.

El hallazgo de dos personas asesinadas dentro de un vehículo con un mensaje intimidatorio sacudió al corregimiento La Floresta, una zona rural de Ocaña (Norte de Santander), en la región del Catatumbo, ante la ola de violencia que atraviesa este sector, históricamente golpeado por los grupos ilegales.

Durante Semana Santa la comunidad encontró el automóvil detenido al costado de la carretera, con las puertas abiertas y los cuerpos en su interior, por lo que en medio de la confusión y el temor se comunicaron con las autoridades para reportar la situación, lo que desató un operativo por parte de las autoridades para verificar el suceso.

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El reporte oficial que fue difundido por diarios locales como La Opinión indicó que fueron identificadas las víctimas como Jean Carlos Rangel Vargas y Betsain Carrascal Estevez. Según los reportes preliminares, los dos presentaban múltiples impactos de bala.

Llama la atención que junto a los cuerpos, las autoridades hallaron una hoja de cuaderno en el parabrisas con el mensaje: “Por ladrones, anótelo ahí”. El hecho generó una oleada de temor entre los habitantes de la región y activó una investigación policial para determinar si se trató de un caso de justicia por mano propia, teniendo en cuenta la nota que habría sido dejada por los responsables del ataque.

La comunidad mostró su preocupación ante el doble homicidio en el Catatumbo

El mensaje intimidatorio intensificó la preocupación en La Floresta y sus alrededores, donde persiste un clima de inseguridad. De acuerdo con las versiones preliminares que circulan sobre el caso, el letrero pasó a ser parte de las pruebas recopiladas, mientras que la Policía Nacional adelantó la inspección técnica de los cuerpos y el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos.

Las autoridades señalaron que la investigación busca no solo identificar a los responsables, sino confirmar si la acusación escrita en la escena tiene un sustento real o si es solo una estrategia para evitar que se investiguen más detalles sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre los autores del crimen ni confirmaciones acerca del motivo explícito en el mensaje encontrado.

Ante la gravedad de la situación, la Policía pide a la ciudadanía entregar cualquier tipo de información que conduzca a dar con el paradero de los autores del crimen, además de aclarar que se garantiza absoluta reserva para las personas que colaboren con el proceso de investigación.

Violencia en la zona rural del Catatumbo

Hechos de violencia como este son frecuentes en el Catatumbo, especialmente en zonas rurales donde la criminalidad y los mensajes intimidatorios aumentan el miedo entre la población. Según testimonios citados por La Opinión, la reiteración de asesinatos y amenazas tiene a los habitantes con una sensación permanente de vulnerabilidad.

Debido a los hechos, la comunidad exige investigaciones claras por parte de las autoridades y una mayor presencia policial en la región. A pesar de que la Policía Nacional asumió el caso y mantiene la investigación en curso, los residentes continúan esperando respuestas que aclaren la autoría y la motivación del doble homicidio ocurrido en La Floresta.

La escena descubierta la madrugada del 1 de abril de 2026, en la fecha posterior al crimen dejó una imagen que resume el impacto social que tienen los hechos de violencia en esta zona del país.

De acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo de Colombia, los criminales que operan en la zona son parte de grupos armados organizados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, por lo que se está trabajando para confirmar o descartar la participación de los mencionados en el más reciente crimen.

En 2025, uno de los casos criminales que más llamó la atención de la opinión pública fue el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, registrado en la madrugada del 31 de octubre.

Tras la captura de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, que quedaron grabados por cámaras de seguridad en Bogotá cuando agredieron a Moreno en una vía pública, la Fiscalía ha avanzado en el proceso de investigación y recopilación del material probatorio con el que comenzará el juicio después de Semana Santa.

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Cabe recordar que en el proceso se sigue buscando a Kledimar Paola Fernández, mujer que estaba disfrazada con un vestido azul y ha sido mencionada en las audiencias como la determinadora del homicidio y está siendo buscada con circular roja de Interpol.

Además, tanto los familiares de la víctima como los fiscales que llevan el caso han resaltado que pedirán la condena máxima para los imputados, que es de 50 años de prisión.

Las claves del juicio

Cinco meses después de que se registró el crimen, y antes de que comience el juicio, LaFM publicó un informe en el que reveló detalles del documento de acusación que presentará la Fiscalía en la audiencia con la que se retome el caso.

Se trataría de un recopilatorio con evidencia técnica, documentos forenses y testimonios que serían cruciales para argumentar la condena solicitada por el delito de homicidio doloso agravado.

El material incluiría 54 fotografías de la necropsia de la víctima, videos desde todas las perspectivas del hecho y la reconstrucción final del ataque registrado en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Cabe recordar que los acusados, que no aceptaron los cargos en su contra, buscaron llegar a un acuerdo con la Fiscalía para tener una rebaja de pena, pero esto fue rechazado por los funcionarios del ente acusador.

En las audiencias registradas, la defensa de los imputados ha intentado justificar el ataque indicando que se trató de un homicidio preterintencional en el que no tenían la intención de causar la muerte de Jaime Esteban Moreno, pero esta teoría ha sido rechazada por la Fiscalía, que ha mencionado un presunto plan (verbal) acordado entre Suárez y González antes del ataque.

Como clave del caso, el ente acusador ha argumentado que la víctima no tuvo oportunidad para defenderse y que fue puesto en condición de inferioridad por sus asesinos.

“Aunque Juan Carlos Suárez fue el primer agresor, en uno de los videos se observa que Ricardo González corre a una velocidad terrible y va a parar contra la humanidad de Jaime Alberto Moreno y lo agrede en el suelo”, es parte del informe expuesto por el medio citado.

Debido a que los acusados, como parte de una estrategia legal, han indicado en las ocasiones que han podido hablar en las audiencias que aceptarían cargos si la acusación es por un homicidio preterintencional, la Fiscalía ha reafirmado que los imputados tenían claridad de que provocarían atacando de esa forma a Moreno.

“Usted sabía que golpear a una persona de manera contundente y a una zona vital como lo era en la cabeza llevaría a su muerte”, fueron las palabras de la fiscal delegada durante una de las audiencias.

Sobre la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ofrecen hasta 10 millones de pesos por información relevante que permita su captura y su rostro ha sido mostrado en los cárteles de criminales más buscados de la ciudad, las autoridades han indicado que se presume que la mujer habría abandonado el país luego de lo registrado en la celebración de Halloween en Chapinero.

Grupo Reacción exigió justicia por el asesinato a balazos de su vocalista, Arturo Rivera, luego de que finalizaron su presentación en una fiesta de cumpleaños privada en Tijuana, Baja California, el pasado domingo.

A pocos días de registrarse el ataque armado en el salón “El Roble” de la colonia Ciudad Jardín, en el que también resultó lesionado otro de los integrantes, el grupo norteño lanzó un comunicado en el que solicitó una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

“Hoy lamentamos la voz para exigir justicia y una respuesta inmediata por parte de las autoridades. No puede haber más retrasos: los responsables deben ser identificados y detenidos”, señalaron los miembros de la agrupación.

Y es que, de acuerdo con testigos, el día de los hechos fue el propio cumpleañero quien habría realizado detonaciones al aire y, de manera posterior, dirigió la agresión contra el vocalista y Raúl “N”, segunda voz de la agrupación.

Arturo Rivera murió en el sitio a causa de las lesiones provocadas por los proyectiles, mientras que el otro integrante fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

“No queremos que esto se repita. Ningún otro grupo, ninguna otra familia debe pasar por algo así. Exigimos justicia para nuestro vocalista Arturo Rivera”, pidió la agrupación.

Arma se utilizó en 6 crímenes previos: los datos revelados

Luego de las primeras investigaciones, Miguel Ángel Gaxiola, fiscal de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que en el sitio del ataque armado localizaron 16 casquillos percutidos calibre 9mm.

Las pesquisas permitieron identificar que el arma ya había sido utilizada en seis homicidios previos al asesinato del vocalista de Grupo Reacción, por lo que los responsables serían generadores de violencia en la región.

Respecto al día de los hechos, el fiscal detalló que los testigos refirieron que en la fiesta se encontraban personas alcoholizadas y que de manera previa al ataque se realizaron detonaciones al aire.

Además, refirió que la presentación de Grupo Reacción en la fiesta de cumpleaños se pactó dos semanas antes del evento, donde Arturo Rivera habría sido el responsable de establecer el acuerdo.

Las investigaciones también señalan que el ataque armado se registró luego de que los músicos finalizaron las cuatro horas de presentación, por lo que se buscaba que permanecieran más tiempo, pero de manera inesperada comenzó la agresión a balazos.

“Al termino de esas cuatro horas aparentemente querían continuar con la festividad, traían una plática sobre la continuidad. A eso lo que nos mencionan los testigos (es que) una de las personas que, se presume es el cumpleañero, empieza a hacer detonaciones hacia el aire y posteriormente va hacia el grupo norteño, donde hiere a dos personas y uno pierde la vida en el lugar”, detalló el fiscal en conferencia de prensa.

Hasta el momento no han personas detenidas por el caso, ya que las autoridades continúan realizando investigaciones para identificar al agresor.

La fiscal Paula Barros imputó este miércoles a Diego G., chofer de Uber de 44 años, y a R. A. Vázquez, ex convicto de la misma edad, por el homicidio de Oscar Ramón Sarria, ocurrido el 25 de marzo por la noche en la zona norte de Rosario.

El hecho tuvo lugar en Machaín al 1800, frente a la despensa que atendía la víctima. La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal ante el juez Federico Rébola.

La reconstrucción judicial reveló que Sarria, de 62 años, recibió al menos dos disparos con una pistola calibre .40 cuando se acercó a la ventana de su despensa tras escuchar un ruido inusual. En la vivienda también se encontraba un niño de 10 años, hijo de la pareja de Sarria.

Según la imputación, los agresores actuaron en grupo: Vázquez y un tercer involucrado aún no identificado descendieron del vehículo y se dirigieron hacia el comercio, mientras el conductor, Diego G., aguardaba en las inmediaciones.

Durante la noche de aquel 25 de marzo, el automóvil Chevrolet Astra utilizado en el ataque fue estacionado a menos de 300 metros del lugar del crimen. Las investigaciones determinaron que el vehículo resultó clave para avanzar en el caso, ya que fue localizado por el sistema Lince y posteriormente hallado por el Comando Radioeléctrico en un complejo Fonavi de Villa Gobernador Gálvez. En el interior del auto se levantó una huella dactilar que permitió la identificación de Vázquez.

De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Barros, Diego G. condujo el Chevrolet Astra hasta las inmediaciones de la vivienda de Sarria, donde Vázquez y el tercer implicado descendieron para ejecutar la emboscada. Se estableció que estacionaron el auto a las 23.20 y caminaron hasta la despensa. Aprovecharon una ventana oxidada —característica por su chirrido— para forzar la entrada y llamar la atención de Sarria, quien, al escuchar el ruido, se aproximó y alcanzó a pronunciar “ey” antes de ser baleado, según los testimonios incorporados a la investigación.

El asesinato conmocionó a la comunidad local por sus características y la frialdad del procedimiento. Tras los disparos, los agresores huyeron a pie hasta el Astra, que los aguardaba con el motor en marcha en la calle Ramos Mejía, entre Herrera y Superí, para luego escapar rápidamente del lugar, de acuerdo con lo informado por el portal Rosario3.

En la audiencia, la fiscalía también atribuyó a Vázquez el delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra agravada, dado que cuenta con antecedentes penales: en noviembre de 2022 había sido condenado a cinco años de prisión por robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de fuego.

La localización del vehículo fue un factor determinante para el avance de la causa. Según el expediente, el Chevrolet Astra pudo ser rastreado gracias al sistema de vigilancia policial y, una vez hallado, se recabaron pruebas clave, como la huella dactilar de Vázquez. Este dato permitió vincularlo directamente con el hecho y fundamentar la acusación de la fiscalía.

Testimonios recolectados por la investigación indicaron que Sarria solía atender a sus clientes a través de una ventana. La noche del crimen, el ruido al abrirse la ventana desde el exterior alertó a la víctima, quien se acercó y fue atacado de inmediato. El niño de 10 años que se encontraba en la vivienda no resultó herido, pero presenció el episodio.

En el entorno de la víctima no se confirmó la existencia de amenazas recientes. Fuentes de la investigación recordaron que Sarria había estado preso años atrás y había mantenido disputas con algunas personas. También trascendió que mantenía una deuda con un prestamista colombiano, aunque se aclaró que los pagos estaban al día. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y mantienen activa la búsqueda del tercer implicado.

El juez Federico Rébola resolvió medidas cautelares diferenciadas para los imputados. A Diego G., conductor del Astra, se le impuso una prisión preventiva por dos meses tras responder preguntas y presentar su descargo en la audiencia. La fiscalía lo consideró coautor de homicidio agravado y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Por su parte, Vázquez enfrenta un panorama judicial más severo. El magistrado dispuso su detención por el plazo de ley, lo que implica al menos dos años de prisión preventiva, considerando sus antecedentes y la gravedad de los cargos. Vázquez también realizó un descargo ante el juez, aunque el contenido no fue difundido.

El avance en la identificación del tercer involucrado es una de las prioridades de la investigación. El análisis de las comunicaciones de la víctima podría aportar elementos para esclarecer el móvil del ataque y determinar si existía un vínculo previo con los agresores.

Las autoridades mantienen abierta la hipótesis de que el crimen pueda estar vinculado a un conflicto anterior o a cuestiones económicas, aunque no descartan otras motivaciones. El caso ha generado una fuerte repercusión en la zona norte de Rosario, donde vecinos y allegados de Sarria aguardan avances en la causa judicial.

Un adulto mayor fue señalado como el asesino de Andrés Alejandro Amaris Arrieta, de 33 años, tras dispararle en el pecho dentro de una habitación de un hotel que se encuentra ubicado en la carrera 45 con número 47, en el centro de Medellín, en medio de una fuerte discusión.

De acuerdo con información proporcionada por el medio local Alerta Paisa, tras el ataque y al quedar acorralado por patrullas de la Policía Nacional, el presunto agresor, de 63 años, utilizó la misma arma para intentar suicidarse al dispararse en el mentón.

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Según autoridades citadas por el medio local, la víctima acudió a la habitación del presunto atacante para reclamarle por las constantes perturbaciones que generaba en el hotel, donde este residía desde julio de 2025. Durante la confrontación, el hombre de 63 años disparó contra el joven, causándole la muerte de manera instantánea.

La Policía Nacional informó a Alerta Paisa que, tras recibir reportes de disparos en el establecimiento a través de la línea de emergencia 123, los uniformados acudieron al lugar aunque se encontraron con que el agresor se encerró en su habitación para evitar ser capturado.

Momentos después, los agentes oyeron una nueva detonación. Al ingresar en el cuarto, se encontraron con el atacante aún con vida y con una herida de arma de fuego en el mentón que se habría propinado él mismo, con el fin de evitar ser capturado por las autoridades.

En el sitio del crimen, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 y una caja de munición, elementos que quedaron integrados como material probatorio de la brutal agresión cometida por el atacante, que fue trasladado a un centro médico de Medellín, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Este grave hecho eleva a 15 las víctimas de homicidio en la comuna 10 La Candelaria en lo que va de 2026, consolidando a ese sector como el de mayor número de muertes violentas en la ciudad. Aunque se registró una disminución de 5 casos en comparación al mismo periodo del año anterior.

Otro asesinato reciente en el barrio Buenos Aires demuestra que la ola de violencia no cesa en Medellín

Lamentablemente, este no es el único ataque fatal que ha afectado a la ciudad en 2026, pues a comienzos de la misma semana, el sector de Miraflores, en el barrio Buenos Aires de la comuna 9, fue escenario de un segundo episodio violento. De acuerdo con información oficial difundida por los medios locales, el suceso se presentó en la madrugada, en el momento en el que Gredis Mauricio Torres Celada, de 22 años, resultó mortalmente herido tras una disputa múltiple en una discoteca local.

El ataque que fue perpetrado con arma blanca dejó dos heridas en el tórax de la víctima que alcanzó a salir del establecimiento e intentó ponerse a salvo, pero falleció a media cuadra del local debido a la gravedad de las lesiones.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica del cadáver que quedó tendido en la carrera 29 con calle 48 y abrió inmediatamente una noticia criminal por homicidio, en coordinación con patrullas del cuadrante policial, para el avance de la investigación y el respectivo informe a los seres queridos del ciudadano que fue atacado a muerte.

Estos casos de homicidio, investigados por las autoridades judiciales y las unidades policiales de la ciudad, se convierten en un ejemplo de la problemática del delito de violencia interpersonal que persiste en las distintas zonas de Medellín , pese al descenso relativo que fue reportado en los índices oficiales, por lo que la Alcaldía y Policía continúan trabajando para disminuirlos a cero.

El hallazgo del cadáver de un menor de edad con signos de violencia en la vereda Cristales, municipio de Barbosa, Santander, causó una alerta entre los habitantes del sector.

De acuerdo con versiones preliminares, durante el martes 31 de marzo de 2026, el cuerpo fue encontrado en la quebrada Pozo Mirla, lo que activó de inmediato la intervención de las autoridades para iniciar una investigación en plena Semana Santa.

La víctima es un adolescente venezolano de 16 años fue hallado sin vida en aguas cercanas a la quebrada, que se encuentra ubicada en la zona rural de Barbosa, Santander. El cadáver presentaba heridas con arma blanca y un lazo alrededor del cuello, hechos que desataron una investigación criminal y generaron preocupación entre la comunidad sobre la seguridad de los niños y jóvenes.

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El lamentable descubrimiento se llevó a cabo sobre las 7:20 a. m., en el momento en el que los residentes de la vereda Cristales divisaron un cuerpo flotando en el cuerpo de agua y se percataron de que se trataba de un joven, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

El medio local Vanguardia reveló que el caso está siendo investigado como un homicidio por el personal del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y la Policía de Inteligencia que acudió hasta el sitio para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar pruebas, con el fin de esclarecer lo sucedido.

Se espera que el análisis forense de Medicina Legal determine la causa exacta de la muerte y aclare las circunstancias del crimen. Por ahora, los miembros de la Policía están trabajando para confirmar plenamente la identidad del menor.

Y es que la noticia de la muerte del joven venezolano tuvo fuerte impacto en la comunidad de Barbosa, que expresó su inquietud por la seguridad en una época tradicionalmente ligada a la reflexión y el respeto por la vida, como es el caso de la Semana Santa. Además, se ha puesto especial atención en el caso, teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad, por lo que se pide que sus agresores sean ubicados, capturados y judicializados para evitar nuevos casos.

Vecinos de la zona mostraron su rechazo ante este acto de violencia en la vereda Cristales. Y es que el suceso reavivó el debate entre la comunidad local sobre la protección de adolescentes migrantes y la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas rurales.

Del mismo modo, los pobladores de la zona expresaron que están a la espera de respuestas rápidas, pues consideran que este hecho altera la tranquilidad local y despierta temor en las familias de estos sectores apartados.

Acciones y llamado de las autoridades tras el crimen

Las autoridades policiales de Barbosa y los equipos de investigación criminal han insistido en la importancia de aclarar este caso, intensificando la presencia institucional para prevenir hechos similares.

Por ahora, se sabe que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudió al sitio para el levantamiento del cadáver y está impulsando las respectivas diligencias para avanzar en los procedimientos investigativos. A su vez, la Policía de Inteligencia mantiene activas las tareas de prevención e investigación, con el objetivo de restablecer la confianza y proteger especialmente a la población juvenil.

Entre tanto, las autoridades locales reiteraron su voluntad de recuperar la calma en Barbosa, Santander, y de que los responsables sean llevados ante la justicia, fortaleciendo el trabajo conjunto con la ciudadanía para identificar riesgos y reforzar la protección social, con el fin de que estos hechos no vuelvan a presentarse en la zona.

Un hombre fue asesinado en el barrio Villas de Bolívar, en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar durante la tarde de este martes Santo, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. Según informó Citytv, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada y atacada cerca de las 5:00 p.m.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Fiscalía General de la Nación acudieron para realizar la inspección técnica al cadáver y acordonaron el área con el fin de preservar la evidencia. El medio detalló que los funcionarios permanecieron en el sitio durante varias horas mientras adelantaban los actos urgentes para recolectar pruebas y material probatorio.

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La identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Según residentes entrevistados por Citytv, el ataque fue directo y la víctima no tuvo posibilidad de recibir atención médica, ya que fue hallada sin vida al arribo de los equipos de emergencia. El hecho ha puesto en foco la seguridad en Villas de Bolívar y motivó la activación de protocolos de investigación y búsqueda de información.

Investigación en curso y búsqueda de responsables

El Tiempo indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá activó procedimientos para recolectar información clave en el caso. Se espera que las cámaras de seguridad del sector aporten elementos fundamentales para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se han divulgado hipótesis oficiales ni posibles móviles del crimen. Las autoridades mantienen reserva sobre las líneas de investigación y no han revelado si se trata de un hecho aislado o si guarda relación con otras dinámicas delictivas en la localidad.

Contexto de violencia reciente en la localidad

Este homicidio se suma al asesinato ocurrido el 28 de marzo en el barrio Madelena, también en Ciudad Bolívar, donde un hombre de 33 años fue atacado con arma de fuego en vía pública. Citytv reportó que la víctima se dirigía a un evento familiar cuando fue interceptada por un individuo que descendió de una motocicleta negra y disparó varias veces en su contra, impactándolo en la cabeza.

Tras el ataque en Madelena, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado por un taxi y retenido por habitantes del sector hasta la llegada de la Policía. Según el medio ya mencionado, se realizó la captura del presunto agresor, un hombre de 23 años, a quien se le incautó el arma de fuego utilizada. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Recolección de pruebas y procedimientos judiciales

En ambos casos, el CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones. Citytv y El Tiempo confirmaron que los agentes adelantan la recolección de testimonios y material probatorio, así como la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

El seguimiento de los procedimientos incluye la verificación de antecedentes y la toma de declaraciones a residentes y testigos del sector. Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y han reforzado los patrullajes en sectores considerados críticos de Ciudad Bolívar, en respuesta a los recientes hechos violentos.

Reacciones y solicitud de acciones por parte de la comunidad

De acuerdo con Citytv, familiares y allegados a las víctimas demandan acciones concretas para garantizar la seguridad en la localidad y solicitan celeridad en los procesos judiciales.

La seguidilla de homicidios en Ciudad Bolívar y otras localidades como Kennedy ha llevado a que la Policía Metropolitana de Bogotá mantenga operativos especiales y refuerce la presencia de uniformados en diferentes puntos de la ciudad.

El homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello, padres de familia vinculados al Colegio Oriente, tuvo como principal móvil conflictos de índole económica y una relación sentimental extramarital, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

En conferencia de prensa, Itzel Armenta Morales, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, detalló los avances en torno a este caso, ocurrido tras la desaparición de la pareja el pasado 19 de febrero.

Relación personal detonó el conflicto

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas viajaron a Tlaxcala para encontrarse con Alejandro N. y su esposa Miriam N., quienes hoy figuran entre los principales investigados.

Las investigaciones revelan que existía un conflicto económico entre Alexandro Tello —originario de Puebla— y Alejandro N., relacionado con el manejo contable de una empresa administrada por este último.

Sin embargo, el caso se agravó debido a un vínculo sentimental entre la víctima y Miriam N., esposa del presunto implicado, lo que habría generado tensiones personales que escalaron hasta el crimen.

“Se tiene justificado en la carpeta de investigación que existía una relación de índole amorosa… lo que generó una situación sentimental”, explicó la fiscal.

Cinco detenidos y vinculados a proceso

Derivado de los actos de investigación, que incluyeron testimonios, análisis de campo y técnicas ministeriales, se lograron obtener órdenes de aprehensión contra cinco personas, quienes actualmente se encuentran vinculadas a proceso por un juez de control.

Los detenidos por este caso son:

• Christian N.
• Alejandro N.
• Miriam N.
• Hugo N.
• Otro implicado identificado también como Alejandro N.

Las autoridades no han descartado la participación de más personas, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Ruta del crimen y hallazgo de los cuerpos

La carpeta de investigación establece que la desaparición del matrimonio —ambos de 50 años— ocurrió el 19 de febrero en Tlaxcala, donde fueron privados de la libertad.

A través de registros de videovigilancia del sistema C5i, se pudo reconstruir parte de la ruta: el último rastro de las víctimas se ubicó en San Sebastián Atlahapa, en el municipio de Tlaxcala.

Posteriormente, se documentó su traslado hacia el municipio de Tlaxco, y finalmente, sus cuerpos fueron localizados sin vida el 20 de febrero de 2026 en Chignahuapan, Puebla.

Descartan vínculo con el gobierno estatal

Durante la conferencia, Armenta Morales también fue cuestionada sobre una posible relación de uno de los implicados con la administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar.

Al respecto, aclaró que no existe evidencia en la carpeta de investigación que vincule formalmente a las víctimas o a los imputados con alguna actividad directa dentro del gobierno de Tlaxcala.

Investigación sigue abierta

La Fiscalía estatal subrayó que el caso se mantiene bajo investigación, particularmente en lo relacionado con el delito de desaparición cometida por particulares, así como el posterior homicidio.

Las autoridades reiteraron que los avances logrados hasta el momento apuntan a un crimen motivado por intereses económicos y conflictos personales, lo que configura una de las principales líneas de investigación.

El caso ha generado conmoción tanto en Tlaxcala como en Puebla, no solo por la violencia de los hechos, sino por la compleja red de relaciones personales y financieras que, de acuerdo con la Fiscalía, derivaron en el asesinato del matrimonio.

Luego del asesinato del vocalista de Grupo Reacción, Arturo Rivera, durante una presentación en una fiesta de cumpleaños privada en Tijuana, Baja California, las autoridades de este estado brindaron nuevos detalles del ataque armado ocurrido el pasado domingo.

Cabe recordar que la agresión armada se llevó a cabo en el salón “El Roble”, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, luego de que el cumpleañero contrató al grupo para amenizar la celebración.

De acuerdo con reportes, uno de los asistentes comenzó a disparar al aire y después dirigió el ataque contra los músicos, provocando la muerte de Arturo Rivera y lesionando a Raúl “N”, segunda voz de la agrupación.

En un primer momento se dijo que el presunto responsable de la agresión armada fue el cumpleañero, y de manera posterior las autoridades informaron que aún investigan la identidad de quien cometió el crimen.

16 casquillos y dos armas usadas en el crimen: los nuevos datos identificados

Miguel Ángel Gaxiola, fiscal de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE), detalló que durante los peritajes en el salón de eventos localizaron alrededor de 16 casquillos percutidos de calibre 9mm.

La celebración se pactó dos semanas antes de realizarse el evento, donde Arturo Rivera fue el responsable de llevar a cabo la contratación directa con el cumpleañero y el contacto, por lo que era el único que sabía su nombre.

El fiscal refirió que al término de las cuatro horas de presentación pactadas, se buscó que los músicos permanecieran más tiempo en el lugar para cantar, pero de manera inesperada comenzó el ataque armado.

“Al término de esas cuatro horas aparentemente querían continuar con la festividad, traían una plática sobre la continuidad. A eso lo que nos mencionan los testigos (es que) una de las personas que, se presume es el cumpleañero, empieza a hacer detonaciones hacia el aire y posteriormente va hacia el grupo norteño, donde hiere a dos personas y uno pierde la vida en el lugar", detalló en conferencia de prensa.

Arma fue utilizada en seis homicidios previos

Derivado de las primeras investigaciones, el fiscal informó que han podido determinar que los responsables de la agresión serían generadores de violencia en la región, esto debido a que el arma fue utilizada en seis homicidios previos al asesinato de Arturo Rivera.

Las autoridades continúan trabajando en las líneas de investigación debido a que no se tiene información de una discusión previa entre los músicos con el agresor que habría podido motivar el ataque armado.

Sin embargo, los testigos refirieron que en la fiesta se encontraban personas alcoholizadas que de manera previa al ataque realizaron detonaciones, por lo que continúan trabajando en el caso.

Grupo Reacción agradece el apoyo tras ataque armado

Tras los hechos, Grupo Reacción emitió un comunicado en el que agradeció a las personas que les han brindado mensajes de apoyo tras el asesinato de su vocalista, la cual también lamentaron.

También señalaron que más adelante estarán compartiendo información sobre el sitio en el que se realizará el funeral de Arturo Rivera.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Agradecemos su respeto, comprensión y el cariño que nos han brindado”, se lee en el documento.

Osmar “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el ataque, investigado como feminicidio, en contra de las maestras de la Preparatoria Anton Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al menor de edad se le acusa de homicidio y portación de arma de fuego, según los reportes oficiales el 30 de marzo. De igual manera al adolescente se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que seguirá en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes del estado.

“Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del #PoderJudicialdeMichoacán presidió audiencia inicial en el procedimiento seguido a un adolescente por el feminicidio de dos profesoras en la ciudad de Lázaro Cárdenas”, es parte del mensaje del Poder Judicial de Michoacán (PJM).

De igual manera, el juez estableció el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El día de los hechos elementos de seguridad detuvieron al joven y hallaron los cuerpos de dos mujeres sin signos vitales y con lesiones por arma de fuego, según la Secretaría de Seguridad (SSP) estatal.

Cabe recordar que durante la primera audiencia la defensa del menor solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que derivó en que la la decisión fuera tomada la noche del lunes 30 de marzo.

Fue el pasado 24 de marzo que Osmar “N” fue detenido luego de que atacó a dos maestras en la institución de nivel Preparatoria Anton Makárenko.

Las mujeres asesinadas son María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, quienes tenían 36 y 37 años de edad, respectivamente.

Gobierno de Michoacán prepara iniciativa tras el asesinato de las maestras

Por su parte, el mismo 30 de marzo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, habló sobre una iniciativa para que los menores de edad puedan ser juzgados como mayores de edad en casos de delitos de alto impacto.

"Es un tema muy serio, no es un tema a la ligera. Tiene que estar perfectamente sustentada, valorada y estamos trabajando en este documento. Yo creo que en los próximos quince días estaremos mandando esa iniciativa con todo lo que tenemos", comentó el mandatario en conferencia de prensa.

Posterior a la agresión la institución educativa negó que el menor de edad haya sido previamente expulsado. El plantel compartió que el adolescente detenido es un alumno de nuevo ingreso de la escuela, además de que no tenía problemas de colegiaturas.

Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán informó que fue abierta una carpeta de investigación por lo sucedido, un acto que vulnera los derechos en el ámbito educativo.

"La CEDH Michoacán, a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, inició una investigación y generó acciones de acompañamiento institucional".

La reciente estimación del recurso de Alfonso Basterra ante el Tribunal de Instancia de Salamanca mantiene en suspenso la posibilidad de que el recluso acceda a su primer permiso penitenciario, ya que el beneficio solo podrá ejecutarse una vez que la resolución judicial adquiera carácter firme. Según recogió Europa Press, la decisión del tribunal podría ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Salamanca, y solo cuando se agoten las vías de apelación, o ninguna de las partes presente recurso dentro del plazo legal, se permitiría la salida autorizada.

De acuerdo con Europa Press, la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca aceptó el recurso presentado por Basterra y revocó la anterior negativa de Instituciones Penitenciarias al primer permiso ordinario solicitado por el condenado. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia indicó que la firmeza de la autorización depende de que ninguna parte la recurra o, en el caso de que se interponga recurso, de que la Audiencia confirme la decisión. Por el momento, no ha vencido el plazo para presentar recurso, por lo que la salida aún no es efectiva.

El caso de Alfonso Basterra ha mantenido relevancia pública desde que, en septiembre de 2013, la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija Asunta, de 12 años, en Santiago de Compostela, acaparó la atención mediática. Basterra fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a 18 años de prisión por el asesinato, al igual que la madre de la menor, Rosario Porto, quien posteriormente falleció por suicidio en la prisión de Brieva en noviembre de 2020. El fallo fue ratificado primero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después por el Tribunal Supremo, según reportó Europa Press.

Basterra, tras su condena, ingresó en el centro penitenciario de Teixeiro, en A Coruña. Posteriormente, solicitó el traslado y, desde febrero de 2025, permanece en la prisión de Topas, en Salamanca. Fuentes consultadas por Europa Press detallaron que la petición de traslado partió del propio Basterra, fue autorizada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario y se formalizó con el visto bueno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El hecho de que la decisión sobre el permiso penitenciario no sea definitiva se fundamenta en el derecho que asiste a las partes implicadas para recurrir las resoluciones judiciales en materia penitenciaria. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia subrayó que Basterra solo podría disfrutar del permiso en los dos escenarios contemplados por la ley: la ausencia de recursos o, en caso de presentarse, la confirmación de la autorización por parte de la Audiencia Provincial.

La notoriedad del caso Asunta, que conmocionó a la opinión pública en el momento de los hechos y durante el proceso judicial, sigue generando interés en torno a la situación penitenciaria de Basterra. El seguimiento informativo incluye detalles acerca de los traslados, los recursos interpuestos y las resoluciones de las autoridades competentes.

Además de su situación procesal y penitenciaria, Basterra ha vuelto a aparecer en la actualidad informativa por motivos literarios. Hace unas semanas, Europa Press informó sobre la publicación de su primera novela, titulada 'Cito', que ha sido editada por Ediciones Vitruvio y dedicada a su hija Asunta. El libro fue escrito por Basterra mientras cumplía condena en la prisión de Teixeiro. Según comunicó la editorial, la obra desarrolla una trama centrada en un médico de un pueblo de Castilla y León durante la década de 1940, con “una visión mágica”, así como una exploración de las relaciones afectivas del protagonista. La editorial también ha comunicado que Basterra trabaja en una segunda parte, y que la creación literaria forma parte de su rutina diaria en prisión.

El seguimiento del caso continúa pendiente de la decisión final que adopte la justicia provincial sobre el recurso presentado, ya que solo entonces Basterra sabrá si podrá acceder a su primer permiso penitenciario tras más de una década en prisión, reportó Europa Press.

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, fueron asesinados a balazos luego de salir de su turno la noche del sábado.

Ambos uniformados circulaban a bordo de un vehículo Honda Civic color negro sobre la carretera Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

De acuerdo con reportes, los policías fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en un vehículo, quienes comenzaron a dispararles de manera indiscriminada.

El ataque a tiros provocó que los uniformados perdieran el control del vehículo y salieran del acotamiento de la carretera. Los responsables de la agresión huyeron del sitio tras los hechos.

La unidad quedó varada y con decenas de impactos de bala en cristales y puertas, mientras que los policías fallecieron en el sitio.

Policías tenían de 2 a 17 años de servicio

Luego de que el sitio fue acordonado y se llevaron a cabo los trabajos periciales por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, los uniformados fueron identificados.

De acuerdo con Noroeste, los dos agentes activos fueron identificados como Raúl Ernesto “N”, quien tenía 2 años en la corporación, y Carlos Manuel “N”, que contaba con 17 años de servicio.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentó los hechos y reconoció su trabajo para procurar la integridad de la ciudadanía.

Buscan a cuatro mineros atrapados en El Rosario

La búsqueda de los cuatro mineros atrapados en la mina de El Rosario, Sinaloa, sigue activa desde el 25 de marzo, cuando un derrumbe causado por la ruptura de una presa de jales bloqueó las salidas y complicó las tareas de rescate.

A pesar del avance lento debido a la presencia de material volcánico ‘jal’ que dificulta el acceso, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reportó que se mantienen turnos de cuatro a cinco horas en el interior de la mina para localizar posibles caminos hacia los trabajadores, respaldado por equipos especializados.

El mandatario aseguró mediante su cuenta de X que las operaciones continúan “con responsabilidad y coordinación” y que “no se detendrán hasta rescatarlos”.

Cabe señalar que tras el derrumbe, 21 mineros que se encontraban en el sitio lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados. En el sitio aún se detectan ruidos, lo que mantiene la esperanza de hallar a los trabajadores con vida.

La empresa minera, Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., notificó que los conductos de aire no estarían totalmente bloqueados, lo cual refuerza la posibilidad de supervivencia. En el sitio se mantienen 300 elementos de seguridad y de Protección Civil que trabajan para localizar a los mineros atrapados.

Durante toda la jornada, representantes del gobierno estatal han reafirmado ante los familiares su compromiso permanente con la búsqueda e informan que la proximidad de las autoridades con los afectados es constante, en un entorno de espera e incertidumbre.

La tarde del pasado viernes 27 de marzo, Bartolo Casarrubias de los Santos, regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Xalpatláhuac, fue víctima de un ataque armado que le quitó la vida en calles de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

De acuerdo con información divulgada por medios locales como El Sol de Acapulco, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas sobre la calle 20 de Noviembre, en el barrio de Santa Anita, donde el funcionario municipal fue interceptado por hombres armados.

No se sabe concretamente el número de impactos que recibió el funcionario municipal.

Investigación en curso

Según los reportes de medios locales, el cuerpo de Casarrubias de los Santos quedó sobre la vía pública, cubierto posteriormente por vecinos a la espera de personal forense.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron a la zona para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), quienes realizaron las primeras diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Según reportes obtenidos por El Sur y otros portales de la región, un día antes del asesinato, Casarrubias de los Santos habría acudido al municipio de Xalpatláhuac para entregar una notificación oficial vinculada a una audiencia pública programada para el domingo siguiente.

La FGE no ha emitido información oficial sobre el caso hasta el momento, mientras que autoridades municipales y diversas instituciones han publicado esquelas en memoria del regidor, expresando condolencias a sus familiares.

Recientes asesinatos de servidores públicos en Guerrero

El homicidio de Bartolo Casarrubias se suma a una serie de ataques contra funcionarios locales en Guerrero, donde la violencia política mantiene en alerta a la entidad.

Entre los casos más recientes destaca el asesinato de Tomás Augusto Lozano, director de Obras Públicas de Ayutla de los libres, y Francisco Bonilla Muñoz, tesorero del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, quienes fueron atacados en la carretera Tierra Colorada.

Por este doble homicidio, autoridades detuvieron a dos presuntos implicados identificados como “El Tigre” y Andrés “N”, en diferentes acciones.

Estos hechos han generado preocupación entre organizaciones civiles, partidos políticos y la sociedad, quienes demandan mayores medidas de protección y el esclarecimiento de los crímenes.

En este contexto de violencia política, también se registró el asesinato de Claudia Ivette Estrada, dirigente municipal del PRI en Ometepec. Estrada fue atacada a tiros el 11 de marzo, un caso que generó reacciones entre la clase política y llevó al senador Manuel Añorve Baños a exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. El crimen de la lideresa priista profundizó la preocupación por la seguridad de los servidores públicos y evidenció la persistencia del riesgo para quienes ejercen cargos políticos en Guerrero.

Este viernes 27 de marzo un juez de Control en el estado de Michoacán concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta relación en la masacre de Arantepacua.

Además de la orden judicial emitida contra el exgobernador, quien estuvo al frente del estado del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021, se reportó que también fue girado un mandamiento judicial contra Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad de Michoacán y contra 14 policías estatales señalados por su presunta participación en el caso.

La masacre, que dejó como víctimas a cuatro personas y diversos torturados, ocurrió el pasado 5 de abril de 2017 en Arantepacua, localidad ubicada en el municipio de Nahuatzen.

El caso volvió a la agenda pública después de casi 9 años de reclamos por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, quienes han exigido justicia por lo ocurrido en la comunidad purépecha y, en diversas ocasiones, han realizado manifestaciones para expresar el sentimiento de injusticia contra la población.

Las órdenes de aprehensión y los cargos imputados

La FGE de Michoacán solicitó las órdenes de aprehensión tras una investigación que documentó la actuación de la policía estatal durante el operativo del 5 de abril de 2017 en Arantepacua. De acuerdo con reportes de medios nacionales, estarían fundamentadas en la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

En total, el juez encargado del caso habría emitido 16 órdenes de aprehensión. Una de ellas está dirigida contra el exgobernador, otra contra su exsecretario de Seguridad y las restantes 14 corresponden a policías estatales, quienes habrían participado en los hechos investigados. Esta acción judicial abarca a los principales mandos de la administración estatal y a varios elementos operativos, lo que refleja la magnitud de la investigación y la presunta red de responsabilidades dentro de la estructura de seguridad pública del estado.

Además de los delitos antes mencionados, Aureoles enfrenta investigaciones en México por desvío de recursos, las cuales reportaron la FGE y la FGE desde hace 4 años. Según publicaciones previas de este medio, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció un desvió de 5 mil 186 millones de pesos en la administración de Aureoles Conejo.

Aureoles presuntamente huyó del país con ayuda del CJNG

A inicios de marzo del 2026 se viralizó el rumor de que el exgobernador había sido detenido, sin embargo, posteriormente fue desmentido por autoridades. Según declaraciones del fiscal Carlos Torres Piña, el Aureoles se habría fugado de México hace aproximadamente un año, tras intensificarse las investigaciones judiciales en su contra.

El fiscal señaló que, de manera extraoficial, se identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posible facilitador de la salida de, información que surgió de entrevistas con medios nacionales.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y han emitido alertas nacionales e internacionales, sin que hasta el momento se conozca el paradero del exgobernador.

Entre las hipótesis oficiales figura que pudo haberse dirigido primero al norte del país para luego establecerse en el extranjero, mencionándose destinos como Canadá o España.

Las acusaciones por los hechos ocurridos en la madrugada del 17 de julio de 2023 han llevado a que la Fiscalía solicite penas que suman hasta 65 años de prisión para J. P. M. A. y su hijo P. M. M., tras el tiroteo que dejó un muerto y cuatro personas ilesas en un barrio madrileño. Según informó la Audiencia Provincial de Madrid, ambos permanecen en prisión provisional mientras esperan el inicio del juicio, fijado para el 7 de abril.

De acuerdo con la información compilada por el medio, el Ministerio Fiscal detalló que el incidente se produjo después de una serie de disputas entre clanes, incluida una confrontación previa en un centro comercial de Leganés ese mismo día. Un grupo de cinco personas acudió a un descampado bajo la vivienda de los acusados para hablar con uno de ellos. Mientras se encontraban allí, los procesados, sin previo aviso, dispararon al menos diez veces desde las ventanas usando un revólver y una pistola, armas que no estaban registradas legalmente a su nombre.

La Audiencia Provincial de Madrid, en información difundida por los medios, señala que los disparos alcanzaron a un hombre de 38 años. Este individuo resultó gravemente herido en órganos vitales, como el páncreas y el hígado, durante el intento de huida. Fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después a causa de un shock hipovolémico generado por las lesiones internas. La víctima era esposo y padre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. Las demás personas que integraban el grupo contra el que se efectuaron los disparos resultaron ilesas, según consignó la Fiscalía.

La acusación pública sostiene que ambos acusados actuaron con el propósito de causar la muerte, por lo que imputa a J. P. M. A. el delito de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa. A su hijo, P. M. M., se le atribuyen cinco delitos de asesinato en tentativa. Además, la Fiscalía incluye entre los cargos el delito de tenencia ilícita de armas de fuego, ya que ni el revólver ni la pistola contaban con la correspondiente licencia, según reportó la fuente judicial.

Tal como relató el Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial, la reacción de los acusados se produjo sin mediar conversación ni advertencia hacia el grupo que se acercó al entorno de su domicilio. Las autoridades determinaron durante las investigaciones que la respuesta violenta se enmarcó en un contexto de rivalidad entre clanes, alimentado por episodios previos y tensiones no resueltas.

El proceso judicial, de acuerdo con la Audiencia Provincial, prevé examinar detenidamente las circunstancias de los hechos y la responsabilidad de los acusados en la muerte y puesta en peligro de la vida de los supervivientes. El Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas severas por los delitos anteriormente descritos, haciendo hincapié en la peligrosidad demostrada por la utilización de armas de fuego en un entorno residencial y por la existencia de conflictos previos señalados como antecedentes relevantes para el caso.

El tribunal comenzará a evaluar los testimonios y pruebas a partir del 7 de abril, fecha señalada para el inicio de vistas orales. La evolución del caso cuenta con la expectativa de determinar si los acusados incurren en los delitos tipificados que podrían conllevar condenas históricas, según publicó la Audiencia Provincial de Madrid.

El jueves 26 de marzo, la Justicia extendió la prisión domiciliaria del principal acusado, Yamil Cabrera, por el asesinato de Jazmín Ayesha González. El crimen ocurrió en octubre del 2025 cuando una joven de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada en el barrio Bajada Grande, ciudad de Paraná.

El asesinato se produjo durante una pelea entre un grupo de adolescentes y Yamil Cabrera, acompañante en una de las motos. De acuerdo con la información recopilada, cuando Cabrera fue agredido con una piedra, disparó con un revólver calibre 38. El joven efectuó dos disparos: el primero fue dirigido a los agresores mientras que en el segundo, la motocicleta en la que iba Jazmín se interpuso y la adolescente recibió el impacto mortal en la frente.

Por otro lado, el conductor de la moto, Julián Jonathan Manrique, quien acompañaba a Jazmín, extrajo una pistola 9 milímetros y disparó contra quienes habían protagonizado la pelea. Según el fiscal Leandro Dato Tras quien detalló el ataque que sucedió el año paso, Manrique, descendió de su moto y disparó varias veces a pesar de la “presencia de numerosas personas que salían de una fiesta”, lo que implicó un riesgo grave para terceros. Ambos participantes carecían de autorización legal para portar armas.

Todos los participantes se dieron a la fuga y, poco después, se encontraron para descartar sus armas. El abogado querellante de la familia de Jazmín, Boris Cohen señaló: “En ese momento huyen todos y se encuentran en un lugar cercano, en una gomería, que por fortuna tiene una cámara de seguridad y quedaron filmados y está la abundantísima prueba que el fiscal Dato ha recolectado. Ahí descartan las armas y elucubran un plan para deslindar su responsabilidad”.

Tras el crimen, Manrique llegó al hospital donde se encontraba la familia de la víctima. La Policía debió resguardarlo y terminó detenido. Por su parte, Cabrera ingresó al hospital San Martín con varias heridas de arma blanca recibidas en un ataque por parte de vecinos de Jazmín.

La resolución de la Justicia

En el día de la fecha, la jueza Marina Barbagelata resolvió extender hasta el 22 de julio de 2026 la prisión domiciliaria de Yamil Cabrera, acusado del homicidio de Jazmín González, de 16 años. La resolución, confirmada en una audiencia tras escuchar las posiciones de las partes, mantiene las medidas de coerción complementarias ya vigentes mientras avanza la causa judicial.

El hecho se investiga como homicidio agravado por el uso de armas de fuego, lo que prevé una pena de entre diez y veinticinco años para Yamil Cabrera, quien reconoció el delito. Si es imputado por el crimen, podría afrontar penas superiores a los 10 años,

Mientras que Manrique está imputado por homicidio en grado de tentativa, además de portación ilegal de arma de guerra y provisión ilegal de un arma de fuego. En su caso, las consecuencias penales podrían ser superiores a 7 años.

El proceso se acerca a una posible salida de juicio abreviado, respaldada por una profusa prueba de cargo y el reconocimiento de autoría por parte de Cabrera. De acuerdo a la acusación, el imputado disparó contra un grupo de adolescentes tras una agresión, e hirió mortalmente a González, quien viajaba en otra moto conducida por Julián Jonathan Manrique. En la audiencia estuvieron presentes el fiscal Laureano Dato, los querellantes Pablo Minetti y Boris Cohen, y el defensor José Barbagelata.

El caso derivó además en investigaciones paralelas: una causa involucra a Emiliano Héctor Strack y Facundo Martínez por lesiones sufridas por Cabrera horas después del crimen. Otra investiga a Manrique por usar un arma calibre 9 mm contra el grupo agresor, y un operativo más apunta a Jesús Gómez por la presunta ocultación del arma de Manrique.

Un joven de 25 años fue detenido este jueves en el barrio Los Acantilados, en Mar del Plata, acusado de haber participado en el ataque que derivó en la muerte de Sebastián Morúa, un adolescente de 15 años que falleció tras permanecer casi un mes internado por las graves heridas sufridas.

La detención fue realizada por personal de la DDI, que tras una investigación encabezada por la fiscal Romina Díaz logró localizar y reducir al sospechoso, quien quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán junto al otro imputado ya detenido por el mismo hecho.

La secuencia que culminó en el fallecimiento de Morúa se inició el 23 de diciembre, cuando una discusión durante una reunión familiar en una vivienda de la calle 461 y 46, en el barrio San Patricio, escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea generalizada.

Según relataron allegados a la víctima, el conflicto comenzó alrededor de las 19:30 cuando un familiar del cumpleañero inició una pelea con un visitante. La situación se desbordó y terminó involucrando a al menos 15 personas, entre familiares y vecinos.

Uno de los testigos directos, hermana de los jóvenes agredidos, describió que la gresca fue creciendo hasta que parecía haberse calmado. Sin embargo, los agresores regresaron minutos después, uno de ellos portando un arma de fuego. Según el relato, este individuo disparó varias veces al aire antes de herir gravemente al adolescente y a otras víctimas.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, la investigación estuvo a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI, bajo la supervisión de la fiscal Díaz. El seguimiento permitió identificar a los presuntos responsables y, ayer jueves, efectivos policiales aprehendieron al joven de 25 años en la zona de calle 455 entre 46 y 44. Durante el procedimiento, el sujeto fue reducido y se le secuestró un arma de fuego, que será peritada para determinar su posible vínculo con el ataque.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá junto al otro imputado que ya había sido arrestado en los días posteriores al hecho. Ambos enfrentan cargos por homicidio y lesiones graves, en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades de lo ocurrido.

En las semanas posteriores al ataque, los familiares de la víctima denunciaron haber recibido amenazas por parte de allegados a los imputados.

Según declaró la hermana de la víctima en sede judicial, uno de los menores involucrados en la agresión utilizó Instagram para enviar mensajes intimidatorios. “Hace poco tuvimos que ir a redactar una denuncia, porque uno de los menores agresores por Instagram amenazó a mi hermano de muerte diciendo que lo iba bajar igual que al hermano y que esta vez le iba a tirar el tiro en el pecho porque la semana pasada le dio un tiro en el pie nomás”, relató la joven.

Los investigadores evalúan si estos mensajes forman parte de un patrón de hostigamiento destinado a amedrentar a los testigos y familiares de la víctima, como parte del contexto de violencia que rodea al caso.

La causa avanza bajo la órbita de la fiscal Díaz, quien dispuso la detención formal de los dos imputados y ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, el análisis del arma secuestrada y la recolección de testimonios directos de quienes presenciaron la pelea y el ataque posterior. Se espera que en los próximos días ambos detenidos sean indagados por la fiscalía.

Morúa murió el 20 de enero pasado tras agonizar durante un mes. Su fallecimiento marcó el agravamiento de la causa, que inicialmente se había caratulado como lesiones graves y luego fue recaratulada como homicidio. Las autoridades judiciales buscan determinar con precisión el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y el contexto en que se produjo la agresión mortal.

Por el momento, la familia de la víctima permanece bajo resguardo, mientras la investigación judicial intenta establecer todos los elementos de prueba necesarios para esclarecer el homicidio y evitar que los responsables queden impunes.

El hecho marcó particularmente a Mari Noriega, madre de las menores, que no ha logrado sobreponerse a la pérdida de las menores. La mujer contó detalles de la personalidad de sus hijas y cómo terminaron relacionadas con los criminales en el pódcast Más allá del silencio de Rafael Poveda.

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La salida de sus hijas sin consentimiento

El 18 de febrero de 2026, martes en el que aún se celebraba el Carnaval de Barranquilla, ambas jóvenes fueron invitadas a una fiesta en Malambo, a 40 minutos de Barranquilla.

Según la madre, inicialmente no tenían intención de asistir, pero terminaron yendo tras la insistencia de algunos conocidos. Aquella noche, la familia perdió todo contacto con ellas. “Cuando nosotros llamamos ya el teléfono estaba apagado. Nunca llegaron los mensajes, nunca llegaron las llamadas”, recordó Noriega. La angustia se prolongó durante días sin respuestas, hasta que comenzaron a recibir mensajes extorsivos.

Extorsión y amenazas tras la desaparición

En su búsqueda desesperada, la mujer recurrió a la tecnología para intentar localizar a sus hijas. Fue su hija mayor la que le indicó que el WhatsApp de la menor estaba abierto en su teléfono. “Mi hija mayor me ha dicho: ‘Mami, la niña tiene el WhatsApp abierto en tu celular. Busca ahí a un tal Fabián y un Tata’”.

De inmediato, Noriega revisó las conversaciones y logró identificar los contactos de las personas que habían estado en comunicación con Sheerydan Sofía y Keyla Nicole en las horas previas a su desaparición.

Al intentar escribirles, notó que ambos usuarios parecían haber bloqueado a su hija. Sin embargo, trasladó los números de Fabián y el Tata a su propio teléfono e insistió en comunicarse.

“Comencé a escribirle a Fabián. Fabián nunca me contestó. Me paso para el WhatsApp del Tata y ahí comienzo a escribir y me contesta una chica: ‘No, doña, usted está equivocada’. Yo le dije: ‘No, mi amor, no estoy equivocada porque estas conversaciones las tengo aquí donde mi hija está hablando con un supuesto Tata que es el novio de ella’”.

Este intercambio fue clave para que la madre pudiera reconstruir los últimos movimientos de sus hijas y aportar información relevante a las autoridades.

Tras la insistencia de Noriega, finalmente “Tata” confirmó que tenía en su poder a las menores, por lo que comenzó a amenazarla y a exigirle una suma de dinero para liberarlas.

“Me mandan una especie como de un panfleto como para una sola vez donde dice: sus hijas están secuestradas. La suma es de $50 millones. Por favor, no avisar a la Policía ni a la Sijin porque tenemos infiltrados allí”.

En el transcurso de esas horas, los secuestradores enviaron pruebas de vida de la menor: “Me mandan una foto de mi hija pequeña para una sola vez donde tiene un arma en la cabeza”.

La madre denunció que los extorsionadores enviaron también un video mostrando a una de las jóvenes maniatada, mientras seguían exigiendo dinero y lanzando amenazas sobre el destino de las adolescentes.

El 2 de marzo, la familia recibió la noticia del hallazgo de los dos cuerpos. “Cuando me llaman los de Gaula, me dicen: Mari, tienes que ser fuerte, acércate a medicina legal. Al parecer son tus hijas”, relató la madre.

Los cuerpos fueron identificados por las prendas y mediante huellas dactilares y ADN. “Me entregan los cuerpos el 6 de marzo, de ahí de medicina legal fue directo para el cementerio porque ni siquiera pude velar a mis hijas”.

Los panfletos y el temor previo en el barrio

Meses antes de la tragedia, la familia había recibido panfletos amenazantes en el barrio Los Almendros, donde vivían. Las niñas lograron identificar a algunos de los nombres que figuraban en el documento. “Era un panfleto como para que los jóvenes dejaran de estar en la calle”, relató.

Ante la presión, la familia se mudó a otro sector buscando seguridad: “Nos mudamos el 26 de enero. Ellas no salían, se mudaron a otro barrio, donde permanecían en la casa”.

Sobre la captura de uno de los implicados, alias El Mono, que a sus escasos 17 años tiene un amplio historial delictivo por homicidio, Noriega expresó su temor a que se vuelva a fugar del centro de reclusión para menores.

“El Mono tiene 17 años y ya se fugó una vez del centro de reclusión para menores. ¿Quién me garantiza que no se va a escapar otra vez?”, dijo.

Mari Noriega pidió ayuda

La madre de las víctimas pidió ayuda a la sociedad tras perder a sus hijas y su trabajo. “Por el momento mandaron de la alcaldía que me tratara una psicóloga. Amigas de mi hija, amigas mías me están ayudando porque por el momento estoy sin trabajo (...) Desde que comencé a buscar a mis hijas, mi hija mayor también quedó desempleada, dejó su trabajo para dedicarse a buscar a las niñas. Me iba desde las 7:00 a. m. para el Gaula hasta las 11:00 p. m. que llegaba a la casa sin comer, sin desayunar, sin nada”, recordó Noriega.

La pérdida de las adolescentes dejó a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad. “Entre las dos pagamos el arriendo, entre las dos nos ayudamos”, explicó sobre la situación con su hija mayor, también desempleada.

Por ello, Mari Noriega solicitó apoyo para sobrellevar las consecuencias económicas y emocionales de la tragedia, mientras intenta mantener a su familia y cuidar a su padre enfermo.

La madre de la recién nacida no asistió a la lectura del veredicto y continúa en busca y captura, según detalló la Audiencia Provincial de Baleares. Esta información se conoció tras el pronunciamiento del Tribunal del Jurado, que la declaró, junto a su cuñado, culpable del asesinato de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023. De acuerdo con lo publicado por la Audiencia y consignado por varios medios, la justicia impuso a ambos la máxima sanción prevista: prisión permanente revisable.

Según informó la Audiencia Provincial, la decisión se fundamentó en que tanto la madre como el tío de la víctima actuaron con la intención deliberada de provocar la muerte de la recién nacida. El tribunal razonó que los acusados tuvieron a su alcance alternativas que no emplearon, como la posibilidad de solicitar la asistencia de una ambulancia o acudir a un centro hospitalario, según consta en la resolución judicial. La sentencia describe que, desde un inicio, la conducta de la madre estuvo guiada por la desvinculación y la determinación de finalizar la situación. La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado aseguró que ambos “pretendían provocar la muerte de la neonata” y destacó la existencia de un ánimo especialmente perjudicial en sus acciones.

La resolución judicial estableció que el abandono de la bebé, prematura y en un estado de indefensión, dentro de un contenedor de basura y bajo condiciones meteorológicas adversas, resultó en una “muerte segura”. Este hecho permitió al tribunal argumentar la concurrencia de alevosía por desvalimiento, al aprovecharse los condenados de la especial situación de desamparo de la víctima. Según detalló la Audiencia Provincial, la madre, a quien correspondía la obligación de cuidar y proteger a su hija, fue quien ejecutó la acción de dejarla en el contenedor, lo que se tomó como justificación del agravante de parentesco.

La sentencia también abordó la conducta de la hermana de la madre de la bebé, quien fue sancionada con una multa de 5.400 euros por omisión del deber de socorro. El tribunal consideró que esta conducta merecía reproche en el plano ético y en cuanto a las expectativas sociales de colaboración en situaciones de emergencia. La Audiencia Provincial constata que la actuación de la hermana no se ajustó a los mínimos esperados ante una situación crítica y que su omisión resultó especialmente relevante para la valoración de los hechos.

El fallo, que impone prisión permanente revisable para la madre y el tío, no es firme. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. De acuerdo con la información publicada por la Audiencia Provincial, el proceso judicial continuará abierto mientras las partes decidan recurrir o aceptar el veredicto dictado por el jurado.

El caso generó atención por la forma en la que se ejecutaron los hechos, tal como relatan distintas fuentes judiciales. Según la argumentación de la magistrada-presidenta, quedó demostrado durante el juicio que la intención de la madre y su cuñado consistió en deshacerse de la hija recién nacida y agotar todas las vías posibles para lograr este objetivo. La sentencia recoge los argumentos, apoyados en los hechos probados, y profundiza en la especial gravedad derivada tanto de la indefensión de la víctima como del vínculo parental de los autores.

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Baleares, según informaron fuentes judiciales, emitió su veredicto el pasado domingo, declarando culpables a los acusados principales del asesinato de la bebé. La madre continúa sin paradero conocido y se mantiene activa la orden de búsqueda y captura en su contra.

La resolución incluye consideraciones éticas vinculadas a las obligaciones familiares y sociales en situaciones de vulnerabilidad. “Abandonar a una neonata prematura en un contenedor de basura, dejándola a su suerte, con climatología adversa, supone abocarla a una muerte segura”, señala el texto de la sentencia, recogida por la Audiencia Provincial. El tribunal consideró además que la acción se ejecutó con alevosía, favoreciendo la indefensión de una víctima incapaz de valerse por sí misma, uno de los elementos que contribuyó a establecer la máxima pena.

La condena a la hermana de la madre se produjo por no haber auxiliado a la niña, aun existiendo un deber social y ético de hacerlo al conocer la situación. La cuantía económica de la sanción busca reflejar la gravedad de la omisión, que el tribunal calificó de especialmente censurable, según la sentencia difundida por la Audiencia Provincial.

El fallo judicial reconstruye los hechos que culminaron en la muerte de la bebé, considerando probado que los principales responsables actuaron de forma premeditada y con pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones. Las motivaciones quedaron explicitadas como una voluntad de desembarazarse de la neonata, sin solicitar ayuda médica ni alertar a los servicios de emergencia.

De acuerdo con lo reportado por la Audiencia Provincial, el caso sigue generando atención, no solo por la severidad de las penas impuestas, sino también por el modo en que la justicia ha valorado los distintos grados de responsabilidad entre los implicados. La instancia judicial matizó que la sentencia actual aún admite recurso ante un órgano superior, que deberá revisar los argumentos y consideraciones esgrimidos por la Audiencia Provincial en caso de presentarse apelaciones.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de Osmar “N”, el adolescente de 15 años de edad que asesinó a dos profesoras en la escuela preparatoria Antón Makárenko, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La audiencia será encabezada por un Juez especializado en el Sistema de Justicia Penal para adolescentes.

Osmar “N” era estudiante del plantel educativo y fue detenido por sus propios compañeros segundos después del ataque armado. El joven fue retenido desde el pasado martes en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, ubicada en la ciudad de Morelia, en Michoacán.

La audiencia está programada para las 10:30 de este jueves, en el complejo de juzgados, que está ubicado a un costado de esa Unidad Especializada para Adolescentes.

Cabe destacar que el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, en la actualidad, toma en cuenta las necesidades y las circunstancias particulares del adolescente acusado, para garantizarle un juicio justo.

Osmar “N” es señalado de haber disparado el pasado martes por la mañana un rifle de asalto calibre 5.56 contra las docentes Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, ésta última coordinadora académica de la preparatoria.

La Fiscalía reveló que el adolescente al parecer transportó el arma desde su hogar hasta su escuela oculta en un estuche para guitarra, como parte de un plan que habría ideado al asumirse en sus cuentas de redes sociales como simpatizante de los grupos radicales denominados como Incels, término en inglés que significa “involuntary celibate” o “célibe involuntario”.

En sus cuentas de redes sociales, el adolescente también publicó un video posando con el rifle de asalto y con la vestimenta que utilizó en el ataque.

Familiares de víctimas piden castigo ejemplar para el adolescente

El miércoles se llevaron a cabo los funerales de Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, docentes de la escuela preparatoria Antón Makárenko, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quienes el pasado martes fueron asesinadas por Osmar “N”, estudiante de 15 años que disparó contra ellas con un rifle de asalto calibre 5.56, en el interior del plantel educativo.

El esposo de María del Rosario Sagrero, Francisco Delgado Madrigal, exigió a las autoridades que el adolescente sea juzgado por la gravedad de sus actos y no como menor de edad.

“Pues la verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos. Sé que el que ocasionó el atentado es un menor de edad, pero ahora sí que tiene que haber autoridades que, aún cuando sea menor de edad, intervengan y determinen ellos qué es lo que tiene que haber. Pero justicia es lo que tiene que haber”, dijo.

Describió a su esposa como una trabajadora excepcional del plantel educativo, donde trabajó por ocho años y recientemente se desempeñaba como coordinadora educativa.

“Sí, este, mi esposa siempre fue una trabajadora excepcional, era muy querida, muy querida por todo el plantel, este, y ahorita, pues es lamentable su partida”, dijo.

Por su parte, el hermano de Tatiana Madrigal, la otra profesora víctima del ataque, exigió que el adolescente sea juzgado como adulto y se le sentencie con una pena ejemplar.

La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que el rifle de asalto que utilizó Osmar “N” sería propiedad de su padrastro, un oficial activo de la Secretaría de Marina asignado a la XVI Zona Naval, con sede en este puerto de Lázaro Cárdenas.

Según información recogida en el lugar, la víctima había trabajado durante cinco años en el INPE y recientemente se desempeñaba como repartidor y agente de seguridad, mientras buscaba mejores oportunidades. De acuerdo con testigos, llevaba apenas una semana trabajando en el establecimiento cuando ocurrió el ataque.

Los hechos se registraron cuando sujetos desconocidos, que se habrían hecho pasar como clientes, lo esperaban en las inmediaciones del local. En el momento en que lograron ubicarlo, corrieron hacia él y le dispararon en más de seis ocasiones. Los impactos de bala, principalmente en la espalda y la cabeza, le causaron la muerte de forma instantánea.

Tras el crimen, los atacantes también se llevaron sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular. Testigos indicaron que los agresores actuaron con rapidez y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Familiares de la víctima expresaron su indignación no solo por el asesinato, sino también por presuntas irregularidades durante las diligencias policiales. Denunciaron que algunos objetos personales habrían sido revisados y retirados sin la presencia de la familia, lo que generó cuestionamientos sobre el procedimiento.

“Han rebuscado en sus bolsillos y han sacado sus cosas sin que estemos presentes. Eso no es posible”, reclamó un familiar en medio de la consternación.

Este crimen se suma a una preocupante ola de violencia en la provincia de Huaura, que ya registra 24 homicidios en lo que va del año. La población exige mayor presencia policial, acciones concretas para frenar la criminalidad y la pronta captura de los responsables de este asesinato.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

De acuerdo con el fallo hecho público por la Audiencia de Madrid, cuya sentencia fue difundida por Europa Press, la investigación acreditó que los hechos ocurrieron en una nave industrial ocupada donde el acusado convivía con su pareja, Esther, desde hacía al menos dos años. El tribunal determinó que la relación de pareja estuvo marcada por un contexto de violencia física y psicológica continua, basado en testimonios, informes policiales y documentación recabada durante el procedimiento.

El deterioro de la convivencia se acentuó especialmente cuando el acusado supo que Esther mantenía una relación afectiva con otra persona, identificada como Youssef, lo que incrementó el comportamiento violento y las amenazas reiteradas durante las semanas previas a los hechos. La sentencia recoge que el acusado había manifestado en varias ocasiones su intención de quitarle la vida a su pareja, hechos que fueron calificados por el tribunal como indicativos de un patrón de maltrato habitual.

Según el relato acreditado por la Audiencia y reportado por Europa Press, la madrugada del crimen, entre la 1:23 y las 2:13 horas, tanto Esther como Youssef descansaban en la planta superior de la nave. En ese contexto, el acusado accedió en repetidas ocasiones al inmueble hasta que, utilizando productos acelerantes, encendió fuego en varios puntos clave. El tribunal descartó la posibilidad de un origen accidental del incendio en base al análisis de los focos y al uso de sustancias inflamables.

El fuego se propagó con rapidez por el edificio, que disponía de una sola salida habilitada, circunstancia que, según consigna Europa Press, convirtió el espacio en una trampa sin escapatoria para las víctimas. Ambas personas murieron por asfixia provocada por inhalación de gases tóxicos mientras dormían, sin oportunidad de reaccionar ni de defenderse.

La sentencia consideró probado que la acción se desarrolló en un contexto de indefensión absoluta para las víctimas, pues la ejecución se produjo de madrugada y con fuego, un método que aseguraba el desenlace fatal e impedía cualquier respuesta. La Audiencia calificó este escenario como alevosía por desvalimiento, que agrava la conducta del acusado. La muerte de Esther se analizó también desde la perspectiva de violencia de género, estimando el tribunal que existía un evidente contexto de dominación, control y discriminación hacia la mujer, por lo cual aplicó las agravantes correspondientes de parentesco y género.

El fallo recogido por Europa Press fija las responsabilidades penales del acusado en dos delitos de asesinato, un delito de incendio y un delito de maltrato habitual, este último en razón de la longitud y reiteración del comportamiento violento durante la convivencia. Además, las dimensiones del incendio y la necesidad de evacuar edificios cercanos fundamentaron la condena adicional por poner en grave peligro la vida de terceros y por los daños materiales causados.

La Audiencia Provincial dictaminó una pena total de 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de Esther, 20 años por el asesinato de Youssef, 15 años por el delito de incendio y seis meses por el delito de maltrato habitual. A esta condena se suma una medida de libertad vigilada que se extenderá por un máximo de diez años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

El tribunal impuso además el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas: 100.000 euros para cada progenitor afectado y 30.000 euros para cada uno de los hermanos, junto a las cantidades pertinentes derivadas de los daños materiales en la nave donde sucedieron los hechos.

Respecto a la investigación inicial, resultaron imputadas otras dos personas, pero la acusación fue retirada durante la última jornada del juicio dado que, en aplicación del principio acusatorio y ante la falta de pruebas suficientes sobre su participación, se negó su implicación en los hechos, reportó Europa Press.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recalca el uso de métodos que garantizaron la comisión del delito y describes la decisión como producto del análisis de pruebas físicas, documentales y testimoniales aportadas al proceso. El tribunal sostiene que los hechos demuestran una conducta prolongada de agresión, control y discriminación por parte del condenado, tanto en el trato habitual hacia su pareja como en la ejecución de los asesinatos.

La resolución también detalla que la gravedad del incendio y el peligro generado para la integridad de otras personas justifican la severidad de las penas impuestas tanto por los resultados fatales como por las consecuencias para la seguridad pública y los daños patrimoniales ocasionados. La sentencia, difundida por Europa Press, permanece sujeta a posible recurso ante instancias superiores.

En la madrugada del 24 de marzo, la comunidad de Brisas de San Miguel en Sincelejo quedó marcada por la muerte violenta de Ivonne Reyes Flórez, de 61 años.

La mujer fue hallada sin vida en su vivienda tras gritar pidiendo auxilio, mientras su nieto Jeferson Narváez Bejarano, de 23 años, se encontraba dentro del lugar.

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Testigos relataron que la víctima había estado conversando con vecinos la noche anterior y regresó a su casa después de las 11:00 p. m. Poco después comenzaron los gritos. Los habitantes del sector salieron a la calle y encontraron la puerta cerrada. Por las rendijas vieron a Jeferson con un celular y las manos ensangrentadas. Al no recibir respuesta, los vecinos forzaron la entrada.

En el cuarto, descubrieron a Ivonne Reyes Flórez sin vida y un arma blanca en el piso. El cuerpo presentaba 12 heridas en la espalda, según el informe forense. Jeferson Narváez huyó, pero la Policía Nacional actuó de inmediato y logró capturarlo en las horas siguientes, guiada por la descripción de su ropa dada por quienes presenciaron la escena.

Jeferson había llegado a Sincelejo desde el departamento del Huila, donde vivía con su madre y una hermana. La Policía reportó que en esa región tenía antecedentes por hurto y fuga de presos y que había protagonizado actos violentos, incluso contra miembros de su familia.

La madre decidió enviarlo a vivir con su abuela para evitar más conflictos ya que presuntamente también había agredido a su hermana y además Ivonne Reyes vivía sola, por lo que según sus vecinos, ella había pedido que su nieto fuera a hacerle compañía.

El sitio donde ocurrió el crimen, Brisas de San Miguel, es un asentamiento de origen indígena que surgió tras la ocupación de terrenos pertenecientes al gremio de docentes de Sucre. Los residentes levantaron casas con materiales precarios como bahareque, barro y láminas de zinc, pese a los intentos de desalojo.

La Policía Nacional entregó a Jeferson Narváez a la Fiscalía General de la Nación en Sucre. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Sincelejo legalizó la captura y le imputó el delito de feminicidio agravado. Las audiencias de imputación y medida de aseguramiento quedaron programadas para el jueves 26 de marzo de 2026.

En Sincelejo, durante 2026, las autoridades han capturado a 49 personas por violencia intrafamiliar. De esas detenciones, 41 fueron en flagrancia y ocho obedecieron a órdenes judiciales. En el mismo periodo, se han registrado tres casos de hijos que ejercieron violencia contra sus padres.

El crimen contra Ivonne Reyes Flórez no es un hecho aislado. En agosto de 2025, otro joven, Cristian José Bertel, fue detenido luego de asesinar a su abuela, Reina Isabel Olivera Mercado, en el barrio San Luis. La discusión habría comenzado porque la mujer se negó a que su nieto vendiera sus pertenencias para comprar drogas. Tras el homicidio, Bertel huyó y fue capturado en el centro de la ciudad.

Brisas de San Miguel es un sector formado por familias que invadieron terrenos y resistieron varios intentos de desalojo. Las casas son de construcción sencilla y el ambiente es de pobreza. La noche del crimen, varios vecinos actuaron en grupo, intentando evitar una tragedia, pero la reacción no fue suficiente para salvar la vida de Ivonne.

La investigación policial continúa. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta y las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la atención a los problemas de violencia familiar y consumo de sustancias. El caso de Ivonne Reyes Flórez refleja la combinación de conflictos personales y vulnerabilidad social que afecta a varios sectores de Sincelejo.

Bryan Gabriel S. A. y Vianey Esmeralda H. G., padres del niño Eithan Daniel, quien fue asesinado por su madre a sus apenas 18 meses de edad, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y agravado, y la madre, además, por delitos contra el respeto a los cadáveres.

Cabe recordar que el cadáver del menor fue encontrado en el kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En una audiencia llevada a cabo el pasado martes, que se atrasó un par de horas por saturación en las agendas judiciales, y que concluyó a las 18:30 hrs, el juez Raúl Palos Pacheco determinó que existían pruebas suficientes para comprobar que existió el asesinato y disposición ilegal del cadáver de Eithan, así como la probable participación de sus padres en su comisión.

El juez determinó que Bryan Gabriel no fue coautor del crimen, ni participó presuntamente con dolo, sino que reclasificó su grado de participación a comisión por omisión por no garantizar el bien jurídico tutelado, teniendola obligación de custodiar la vida del niño, además de que pudo evitar su muerte violenta.

El plazo de la investigación complementaria fue fijado en seis meses y el juez ordenó, a solicitud de su defensora pública, estudios psicológicos y psiquiátricos para Vianey Esmeralda para la evaluación de su salud mental.

Vianey declara que ella cometió el asesinato

Cabe destacar que la madre del niño confesó ante la autoridad judicial su responsabilidad en la muerte del menor.

Vianey Esmeralda H.G. se declaró culpable durante la audiencia de imputación realizada este lunes, asegurando que actuó sola en los hechos que derivaron en el asesinato de su hijo.

Durante la audiencia, Vianey Esmeralda reconoció su responsabilidad en la muerte de su hijo pequeño.

Ella relató que había ejercido violencia física contra el menor durante las semanas previas a su muerte. Dijo que el día de los hechos, a las seis de la mañana, aproximadamente, mientras bañaba a su hijo, el niño se cayó de un mueble en el que lo había dejado. Cuando regresó vio que se estaba convulsionando y luego dejó de reaccionar.

En ese momento no supo qué hacer, lo cubrió y lo metió en una bolsa de plástico, misma en la que lo abandonó en la zona conocida como Los Kilómetros, donde fue encontrado días después.

“Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba al niño. Ese día yo lo estaba bañando, eran las 6:00 de la mañana, y el niño se me cae. Yo no supe qué hacer en el momento. Lo que hice fue taparlo, lo agarré, lo puse en una bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá. El papá de los niños no sabía nada de eso”, dijo la mujer.

Negó la intervención de terceros y pidió que no se involucrara a otros familiares, incluidos el padre, la abuela y la bisabuela maternas. De acuerdo con su declaración, el padre desconocía la situación, pues ella le impedía convivir con el niño.

La versión de la madre coincide con los resultados forenses, que revelaron que el menor tenía fracturas en el cráneo y costillas, hematomas, lesiones en uñas de los pies, pérdida de dientes y huellas de sujeción. El menor sufría maltrato desde el embarazo, etapa en la que la madre manifestó rechazo al niño, llegando incluso a golpearse en el vientre.

El uso de una fotografía obtenida en uno de los locales de la noche del crimen resultó clave para reactivar la investigación sobre la muerte de Soufian Mahra. Según informó Europa Press, la familia de la víctima expresó su deseo de que el jurado imponga la condena más severa al acusado, quien durante el juicio celebrado en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra sostuvo su inocencia. El sospechoso, identificado como Florian R., fue detenido en el Reino Unido a comienzos de 2024 y extraditado a España, donde se enfrenta a una petición de hasta 25 años de prisión por asesinato.

El padre y la hermana de Soufian Mahra remarcaron ante la prensa la contundencia de su demanda de justicia. Ambos declararon no tener dudas sobre la culpabilidad del ciudadano albanés Florian R., a quien atribuyen numerosas contradicciones en sus testimonios y la negativa a colaborar con la justicia en fases previas. Según publicó Europa Press, los familiares lamentaron la actitud del acusado de asegurar que acudió voluntariamente para demostrar su inocencia mientras, afirman, en su momento evitó cooperar con las autoridades. Tras tres jornadas de juicio, manifestaron su total confianza en el sistema judicial y aguardaron una decisión clara del tribunal.

A lo largo de la vista, tanto la Fiscalía como la acusación particular insistieron en que el asesinato de Soufian Mahra fue resultado de un ataque intencionado y sorpresivo. De acuerdo con el relato expuesto por el fiscal, la madrugada del 8 de junio de 2019, el acusado habría recriminado a la víctima la caída de una copa dentro del bar en Salceda, Pontevedra. La discusión, según consignó Europa Press, continuó fuera del local donde Soufian trató de apaciguar la situación. No obstante, el enfrentamiento se intensificó y, en un forcejeo, ambos se desplazaron hacia la plaza del Ayuntamiento. Allí, Mahra cayó al suelo, instante en que, según la Fiscalía, Florian R. utilizó un arma blanca para apuñalarlo. Los informes forenses señalaron que no se detectaron signos de defensa en la víctima, lo que refuerza la hipótesis de alevosía y la consideración de que el ataque se dio por sorpresa.

Durante las alegaciones finales, el fiscal argumentó que la sangre de Florian R. apareció en calles cercanas al lugar de los hechos, aunque no exactamente en la escena del crimen. También se relevó la existencia de varias gotas de sangre, de las cuales solo una coincidía con el perfil del acusado y se hallaba a 420 metros del sitio del apuñalamiento. La Fiscalía consideró suficiente el cúmulo de indicios, el testimonio de los testigos presenciales, quienes identificaron al acusado en el entorno del pub la noche de los hechos, y los resultados de la inspección de la policía sobre las imágenes de videovigilancia, que, según el medio Europa Press, apuntaron razonablemente hacia Florian R. como el autor.

La defensa, por su parte, pidió la absolución del sospechoso argumentando falta de pruebas directas. Según informó Europa Press, el abogado defensor centró su intervención en resaltar la ausencia de rastros concluyentes de sangre de su cliente en la escena del crimen y criticó la interpretación de los indicios presentados por la acusación. Planteó dudas sobre la verdadera identidad del individuo captado de espaldas por dos testigos que lo observaron en calles adyacentes poco después de la confrontación, argumentando que no era posible identificarlo con certeza.

En relación con el desarrollo de la investigación tras el asesinato, Europa Press reportó que horas después del crimen la Guardia Civil arrestó a un primer sospechoso, quien tras una breve reclusión y posterior puesta en libertad resultó desligado del caso al comprobarse un error de identificación. La operación continuó bajo el nombre de Operación Parchita y se engrosó con la colaboración de nuevos testigos que aportaron imágenes y vídeos tomados el día de los hechos en distintos bares de la zona. A comienzos de 2022, la Guardia Civil cerró el cerco sobre Florian R., enviando la documentación y los informes recabados al juzgado de instrucción de O Porriño.

Según detalló el medio, tras detectar que el sospechoso había abandonado España, las autoridades activaron el procedimiento de extradición en colaboración con la policía británica y la Interpol, lo que culminó en la detención de Florian R. el 6 de enero de 2024 en el condado de Cheshire, Reino Unido. Posteriormente, el acusado fue trasladado a disposición judicial en O Porriño, acogiendo su derecho a no declarar ante el juez, quien decretó su ingreso en prisión provisional.

En el momento de su detención, además del procedimiento por el homicidio de Soufian Mahra, Florian R. tenía pendiente una causa judicial en Cambados vinculada al narcotráfico, según manifestó Europa Press. Estos antecedentes incrementaron el perfil del acusado a los ojos de la acusación, aunque la defensa insistió en centrar el debate en la falta de pruebas concluyentes sobre su implicación en el homicidio.

El juicio concluyó después de tres sesiones en audiencia pública, en las que la Fiscalía mantuvo su calificación de asesinato y la petición de hasta 25 años de prisión para Florian R. A partir del jueves siguiente, el tribunal de jurado comenzó sus deliberaciones sobre el veredicto, mientras el entorno de la víctima aguardó el resultado con la esperanza de que la justicia considerara las pruebas presentadas durante la vista oral.

Una recompensa de 10.000 dólares fue anunciada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para quienes aporten información que conduzca a la detención de los responsables del asesinato de un hombre durante una fiesta en el sur de Los Ángeles. La medida busca incentivar a la comunidad a colaborar con la investigación, facilitando así el trabajo de los detectives que intentan esclarecer el caso y dar con los autores del crimen. El objetivo principal de la recompensa es motivar a posibles testigos o personas con datos relevantes a romper el silencio, aportando detalles que puedan ser determinantes para identificar y localizar a los cuatro pistoleros implicados en el ataque.

El tiroteo ocurrió la noche del 5 de abril de 2025, en el número 11001 de South Manhattan Place, donde amigos y familiares se habían reunido para celebrar el cumpleaños de Marvin Randolph, un hombre de 48 años. Mientras la celebración transcurría, cuatro individuos descendieron de una camioneta Kia que había sido reportada como robada y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra los presentes. La rápida acción de los atacantes generó caos y temor entre los asistentes, quienes apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante la violenta irrupción.

Randolph se encontraba en las inmediaciones del garaje cuando fue alcanzado por los disparos. La agresión no solo le costó la vida, sino que también dejó a otras cuatro personas heridas: tres hombres y una mujer, quienes debieron ser trasladados de urgencia a un hospital cercano donde su estado fue reportado como estable. El crimen, por la manera en la que se perpetró y el contexto de una celebración privada, generó conmoción en la comunidad local y entre los familiares de la víctima. Según las investigaciones preliminares, todo sucedió en cuestión de segundos y los agresores huyeron inmediatamente después del ataque abordando el mismo vehículo en el que habían llegado.

El Departamento del Sheriff informó que Randolph falleció en el lugar de los hechos, mientras las otras víctimas lograron sobrevivir gracias a la pronta asistencia médica recibida. La noticia del fallecimiento de Randolph fue recibida con consternación entre sus allegados, quienes todavía intentan comprender lo sucedido en una fecha que debía ser motivo de alegría. El hecho de que el ataque se produjera durante una celebración de cumpleaños y que la víctima principal no tuviera relación con actividades delictivas, según los indicios recogidos hasta el momento, añade un elemento de tragedia a lo ocurrido.

El desarrollo de la investigación aportó detalles clave para tratar de identificar a los responsables. Uno de los primeros hallazgos fue la localización de la camioneta Kia utilizada en el crimen, la cual fue abandonada cerca del lugar del tiroteo poco después del ataque. Los agentes comprobaron que el vehículo había sido robado ese mismo día en el vecindario, lo que sugiere una planificación previa por parte de los atacantes. Además, los investigadores lograron obtener imágenes de cámaras de vigilancia que muestran a los sospechosos en plena huida, arrojando las armas utilizadas en el ataque.

Las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los movimientos posteriores al crimen. En ellas se observa cómo, tras abandonar la camioneta, los pistoleros se deshacen de las armas, las cuales son recogidas poco después por un hombre que conducía un vehículo oscuro. Este dato abre nuevas líneas de investigación respecto a la posible colaboración de otros individuos en el encubrimiento de los hechos y en la desaparición de pruebas clave.

Las autoridades han señalado que el tiroteo presenta características asociadas a actividades de pandillas, aunque recalcan que Marvin Randolph fue una víctima inocente. El teniente German Ochoa, de la Oficina de Homicidios del Sheriff, declaró que se trató de “un ataque descarado y violento que le arrebató la vida a un hombre inocente que simplemente estaba celebrando su cumpleaños con sus seres queridos”. Pese a la hipótesis de un trasfondo vinculado a pandillas, la policía sostiene que el objetivo del ataque no era Randolph, reforzando la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar futuros episodios similares.

La investigación sigue abierta y las autoridades han reiterado el llamado a la colaboración ciudadana. “Estamos comprometidos a buscar justicia para el señor Randolph y su familia”, afirmó Ochoa, quien subrayó la necesidad de que cualquier persona con información, por mínima que sea, se ponga en contacto con los detectives. El Departamento del Sheriff ha habilitado diversas vías de comunicación para quienes deseen aportar datos, incluyendo la posibilidad de hacerlo de manera anónima a través de LA County Crime Stoppers, tanto por teléfono como mediante su sitio web lacrimestoppers.org. La recompensa de 10.000 dólares permanece vigente hasta que se logre la identificación y captura de los responsables del homicidio.

Luego de que un estudiante activo de la Preparatoria Makárenko asesinó a las profesoras Tatiana y María del Rosario, en redes sociales circularon videos que revelan la actitud que el joven adoptó tras ser inmovilizado con un lazo color rosa y asegurado por policías justo afuera del sitio del crimen.

Las imágenes muestran al agresor de pie, sin señales de crisis ni arrepentimiento, mientras oficiales lo custodian al exterior de la institución ubicada en la calle Francisco Villa, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En las grabaciones se observa al adolescente, de cabello oscuro y rizado, con las manos atadas al frente por una cuerda rosa, vestido con un suéter negro con franjas blancas y tenis de la marca Adidas. A su lado, un agente de policía estatal, portando uniforme oscuro, chaleco táctico y gafas protectoras, sostiene el extremo de la cuerda.

En otro video, se aprecia cómo un elemento policial saca unas esposas y las coloca al joven, reforzando la inmovilización.

Todo esto ocurrió después de los disparos que acabaron con la vida de las docentes dentro del plantel privado, de acuerdo con lo recabado en reportes oficiales de autoridades.

Actitud del detenido y evidencia en redes sociales

Los videos compartidos revelaron la actitud del adolescente, la cual fue criticada por internautas. En los fragmentos se muestra que el joven no habría llorado ni evidenciado angustia tras el doble asesinato, más bien, mantuvo una expresión serena, como si no hubiera ocurrido nada.

Este comportamiento se sumó a otro elemento relevante: horas antes del ataque, el propio estudiante publicó en redes sociales fotografías en las que posaba con el rifle AR-15 utilizado en el crimen.

El plantel Makárenko difundió un comunicado en el que precisó que el alumno no tenía antecedentes de expulsión, adeudos ni reportes disciplinarios previos.

En el mensaje, la dirección lamentó la difusión de rumores y versiones no verificadas, exhortando a la comunidad a evitar la propagación de información falsa y a respetar el duelo de las familias afectadas.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, expresó públicamente sus condolencias y ordenó acompañar de forma integral a las familias de las víctimas, según reportó Infobae México.

La FGE abrió una carpeta de investigación para determinar cómo el adolescente accedió a un arma con calibre de uso militar y esclarecer las circunstancias previas al ataque. La SSP reforzó la seguridad en la zona y colaboró en el traslado del joven a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.

El arma: un AR-15 de uso restringido

Infobae México consultó con Jorge Rojas, analista en defensa, armamento y tecnología militar, cuál fue el modelo utilizado por el atacante. Según el exporto, el arma con el cual posó en redes sociales es un rifle AR-15 modelo M&P15 Patrol, fabricado por Smith & Wesson, un fusil semiautomático de calibre 5.56, de uso exclusivo para fuerzas armadas y cuerpos policiales.

Este rifle, con capacidad para cargadores de hasta 30 cartuchos y producido en Estados Unidos, está prohibido para civiles según la legislación mexicana.

El arma fue asegurada en la escena junto con un cargador y quedaron bajo resguardo ministerial como indicios para el curso de las investigaciones.

Luego de que se confirmó que las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron responsables de ordenar el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, decidió hablar sobre las consideraciones que tiene sobre el tema.

En diálogo con Semana, entre los temas que abordó el hoy candidato presidencial se destaca que desde su percepción, habría un poder por encima del grupo guerrillero en el asesinato de su hijo.

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“Y para la Segunda Marquetalia, ¿qué fin, qué objetivo tenían con matar a Miguel? Algo le incomodaba a esa organización que es débil, que seguramente tuvo apoyo”, afirmó inicialmente Miguel Uribe Londoño.

Padre de Miguel Uribe Turbay señaló que habría responsabilidad de la dictadura venezolana

Aunque anticipó que no tiene pruebas para confirmar que su hipótesis sea correcta, el precandidato presidencial aseguró que la dictadura de Venezuela y principalmente Nicolás Maduro ayudaron para que se ejecutara el plan de asesinar a su hijo.

“Seguramente tuvieron apoyo del narcodictador Maduro, porque la plata no salió de Colombia para Venezuela. Claro, ellos fueron los que dieron el apoyo a la Segunda Marquetalia y a “Iván Márquez”. La protección de “Iván Márquez” viene de Maduro. Sin la protección de Maduro no habrían podido actuar”.

Uribe Londoño indicó que Nicolás Maduro fue cómplice del crimen por haber protegido en Venezuela a los cabecillas de la Segunda Marquetalia; además, indicó que considera que hay un poder superior que tomó la decisión de ordenar que se ejecutara el crimen.

“Al final sí, porque protegió a estos criminales. La plata salió de la Segunda Marquetalia o con apoyo de Maduro. Hay que resolver quién le dijo a “Iván Márquez” que había que matar a Miguel Uribe. Eso no fueron ellos. A ellos no fue a los que se les ocurrió hacer eso”.

Sobre los posibles motivos que llevaron a que se realizara un plan para terminar con la vida de su hijo, Uribe Londoño indicó que los criminales en Colombia tenían claridad de que el entonces senador sería el próximo mandatario nacional.

“A ellos alguien les dijo. Para mí hay una organización criminal muy poderosa o un poder criminal muy grande en Colombia que está detrás de eso. Les quedaba claro, no había sino una razón, para que no fuera el próximo presidente de Colombia”.

Uribe Londoño tomó como referencia las últimas encuestas de intención de voto para indicar que, si estuviera con vida, hoy Miguel Uribe Turbay sería primero y le ganaría a Iván Cepeda en segunda vuelta.

“Según las encuestas, Iván Cepeda le gana a cualquier otro de los candidatos en segunda vuelta. Miguel Uribe Turbay estaría volando, sería el presidente sin duda alguna y a ellos no les convenía; era el que más claro les decía qué iba a pasar con Colombia si él era presidente. Se les iba a acabar la fiesta y resolvieron que había que matarlo y sacarlo del camino”.

Debido a que las autoridades han confirmado que se ofrecen millonarias recompensas por siete integrantes de la Segunda Marquetalia que estarían involucrados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, su padre pidió que el Gobierno Petro y el próximo presidente de Colombia descarte cualquier tipo de negociación de paz con las disidencias comandadas por “Iván Márquez”.

“Presidente Petro, termine cualquier proceso con la Segunda Marquetalia, póngase a perseguirla. Usted e Iván Cepeda tienen que acabar esa paz total, eso no sirve. Reconozca que eso se debe acabar ya”, puntualizó Miguel Uribe Londoño, que anunció que demandará al Estado colombiano por la muerte de su hijo.

El asesinato de un futbolista colombo-español en Medellín impactó tanto a la comunidad deportiva como a la ciudad colombiana.

El joven, identificado como Denilson David Mena Aguirre, de 22 años, murió en la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026, tras una riña que comenzó en una discoteca y continuó en la vía pública del barrio La América, según información recopilada por el medio local El Colombiano.

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Versiones preliminares apuntan a que Denilson Mena fue asesinado tras una discusión dentro de un establecimiento nocturno, en la que participaron al menos seis hombres.

La pelea se inició en las primeras horas del lunes festivo. El personal del establecimiento de ocio intentó separar a los participantes y les pidió retirarse, pero la confrontación siguió en la calle.

En el altercado, Mena fue derribado y recibió varios disparos. Una mujer también resultó herida por arma de fuego y ambos fueron trasladados a la Unidad Intermedia de San Javier. Los médicos confirmaron el fallecimiento inmediato de Mena.

Tras conocerse los hechos, las autoridades avanzan en la identificación de los responsables del homicidio. La Fiscalía abrió una noticia criminal por el delito y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó la inspección del lugar, donde hallaron pruebas como una vainilla calibre nueve milímetros y prendas asociadas a la víctima, según El Colombiano.

Entre las principales hipótesis figura un acto de intolerancia social. No se ha establecido relación de los agresores con estructuras criminales. Hasta ahora, no se han producido capturas y los investigadores revisan cámaras de seguridad y recolectan testimonios.

Entre tanto, la Policía notificó que las labores técnicas del caso buscan agilizar la identificación de quienes participaron en el ataque.

Quién era Denilson Mena

Denilson Mena era considerado una joven promesa del fútbol colombiano y tenía experiencia en España.

Según información revelada por Noticias Caracol, el futbolista se había destacado por jugar en las divisiones inferiores del CD Tenerife y en clubes como AC Torrellano, Rayo Ibense, Marino del Luanco, y figuró en el Sporting Gijón del país ibérico.

La víctima se encontraba sin contrato futbolístico y viajó a Colombia de visita, tras su más reciente etapa en la tercera división española. Familiares y amigos acudieron al hospital tras conocer su muerte.

Diversos representantes del fútbol expresaron sus condolencias. El club Medellín City FC lamentó la pérdida del joven y mostró solidaridad con sus allegados.

Incluso, el delantero Jhon Jáder Durán, actualmente en el Zenit y de la Selección Colombia, le dedicó un mensaje especial en redes sociales. “Te llevo donde siempre te lo dije”, escribió.

Las autoridades reiteraron ante Caracol Radio que priorizan la revisión de pruebas materiales, la recolección de testimonios y el análisis de las grabaciones disponibles. Como hipótesis inicial, la Policía señaló la intolerancia social como un posible factor desencadenante del altercado.

Hasta la fecha, las circunstancias precisas que rodearon la riña y la identidad tanto de los agresores como de los demás involucrados permanecen en investigación. Familiares del deportista acudieron al centro médico tras conocer la noticia del fallecimiento.

La muerte de Denilson David Mena Aguirre deja en evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia urbana en Medellín y ha suscitado expresiones de solidaridad desde múltiples sectores, mientras el fútbol colombiano afronta un nuevo episodio de luto y exige avances en el esclarecimiento del crimen.

Este caso se suma al crimen de los dos futbolistas Rubén Fernando Sinisterra Cáceres y José Luis Cortés Mina, ocurrido en febrero de 2026 en Buenaventura (Valle del Cauca).

El ataque ocurrió cuando un sujeto disparó desde un vehículo contra las víctimas, quienes se encontraban en actividades cotidianas junto a Jean Pierre Ramírez, de 24 años, este último herido y bajo observación médica.

Según las hipótesis de los investigadores, grupos delincuenciales como Los Chotas o Los Espartanos estarían involucrados en el hecho.

Ambos fallecidos eran figuras destacadas del fútbol sala local: Sinisterra Cáceres tenía 27 años, había representado a Buenaventura en competencias nacionales y era padre de una niña; Cortés Mina, de 22 años, era capitán y referente de su equipo.

El fallo emitido por el Tribunal del Jurado determinó que el acusado llevó a cabo el ataque de forma sorpresiva, descartando que el consumo de alcohol hubiera afectado sus facultades o disminuido su capacidad de actuar conforme a la ley. Según informó Europa Press, la resolución judicial considera que, durante la noche del 2 de octubre de 2023, Sergio D.E. apuñaló de manera inesperada y letal a Fernando U.S. en un establecimiento de la localidad de Boltaña, en la provincia de Huesca. La sentencia, presidida por el magistrado Santiago Gimeno Fernández y dada a conocer el martes por la mañana, impone al acusado una condena de 17 años y 6 meses de prisión como autor de un delito de asesinato.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la decisión de la sala incluye varias penas accesorias. Además de la privación de libertad, el condenado no puede residir ni acudir a Boltaña durante una década tras su salida de prisión, a lo que se añade una medida de libertad vigilada de igual duración, que comenzará una vez que termine de cumplir la pena principal. Asimismo, se le prohíbe aproximarse a menos de mil metros de los padres y hermanos de la víctima de forma indefinida.

En cuanto a la responsabilidad civil, el fallo judicial, según consignó Europa Press, obliga a Sergio D.E. a afrontar una serie de indemnizaciones para los familiares del fallecido. El padre de Fernando U.S., Francisco S. G., recibirá una compensación de 104.372,28 euros. La madre, María Dolores C.O., será indemnizada con 100.552,84 euros. Por parte de los hermanos, tanto María Dolores S.C. como Francisco S.C. cuentan con una cantidad estipulada de 21.995,93 euros cada uno.

El documento judicial, reportó Europa Press, detalla que concurre alevosía en los hechos, dado que se ha considerado probado que el ataque impidió a la víctima cualquier posibilidad de defensa, toda vez que Fernando U.S. presentaba un elevado grado de intoxicación alcohólica en el momento de su muerte. En los fundamentos jurídicos de la resolución, el magistrado señala que no se aprecia atenuante alguna derivada de una posible afectación en las capacidades del acusado. "El Jurado ha sido contundente al considerar probado, por unanimidad, que el acusado, pese a haber bebido alcohol, no tenía mermadas sus capacidades, ni tenía afectación alguna de sus facultades intelectivas o volitivas, ni siquiera de forma ligera", reza la sentencia, citada por Europa Press.

Europa Press añadió que la sentencia establece que no concurren circunstancias modificativas que pudieran alterar la responsabilidad penal del condenado, por lo que la tipificación del delito y la pena impuesta se mantienen en los términos más severos previstos por la ley. Todo el proceso se realizó bajo la presidencia del magistrado Santiago Gimeno Fernández.

El tribunal ha dejado constancia de que contra la sentencia cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con un plazo de diez días para presentarlo tras la notificación a las partes.

Minutos después de la muerte de Borja Villacís, la Policía localizó a María José E. J., madre de uno de los principales acusados, en un lavadero de coches de la zona de plaza Elíptica, donde había sido grabada cambiando las placas de matrícula de un vehículo implicado. Según informó El País, este hallazgo formó parte de una serie de actuaciones que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la presunta participación de varios implicados en una emboscada armada ocurrida el 4 de junio de 2024, en la carretera de El Pardo, Madrid. La Fiscalía de Madrid solicita penas que alcanzan hasta los 46 años de prisión para los responsables señalados del asesinato de Borja Villacís, así como de otros delitos asociados a este caso, de acuerdo con fuentes fiscales citadas por el citado medio.

El Ministerio Público sostiene que Kevin P., de 24 años, y otros dos acusados, planificaron una emboscada en la que utilizaron armas de fuego y vehículos manipulados para ejecutar el ataque que derivó en la muerte del hermano de Begoña Villacís. El procedimiento se encuentra en la fase intermedia, en la que las partes presentan los escritos de acusación y defensa antes de la celebración del juicio, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, según publicó El País.

El fiscal pide para Kevin P. una condena de 46 años, distribuidos entre los delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Para los otros dos procesados, incluida la madre de Kevin, María José E. J., se solicitan 38 años de prisión a cada uno, por los mismos delitos excepto uno de los intentos de homicidio. El medio El País detalló que el ataque se produjo durante una cita previamente pactada a la que Villacís acudió supuestamente para intervenir como intermediario en un conflicto entre terceros, originado por una denuncia contra Kevin P. por causar destrozos a un automóvil.

De acuerdo con la investigación, María José E. J. fue la primera persona detenida tras el crimen. Según consignó El País, la mujer conducía el coche en el que su hijo habría disparado contra las víctimas y, tras el ataque, manipuló el vehículo para dificultar su localización. El coche fue hallado con abolladuras y airbags activados, daños compatibles con el uso durante la ejecución de los hechos.

Imágenes registradas permitieron identificar a María José E. J. junto a dos varones jóvenes en un descampado cercano a la carretera de Fuencarral a El Pardo, poco tiempo después de producirse el tiroteo. Las autoridades creen que ella llevó a ambos individuos al lugar del ataque, donde uno de ellos, identificado como su hijo Kevin P., habría sido el autor material de los disparos. El acompañante de Borja Villacís resultó herido durante la agresión, precisó El País.

Kevin P. fue arrestado después en Yuncos, provincia de Toledo, en una operación coordinada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. En el operativo también fue detenido Ismael E. I. V., de 24 años, cuando, según las pesquisas policiales citadas por El País, ambos intentaban abandonar su escondite tras el crimen.

La investigación policial también incluyó el arresto de un tercer individuo, Omar, quien fue puesto en libertad bajo cargos al determinarse que no había participado directamente en la ejecución del homicidio. Sin embargo, El País reportó que Omar habría ofrecido refugio a los supuestos autores materiales en una vivienda ocupada, lo que propició su implicación en el marco de la causa judicial.

Las primeras conclusiones de las pesquisas descartan que Borja Villacís fuera el objetivo principal del ataque. Según la información divulgada por El País, Villacís asistió a la cita en calidad de mediador debido a un conflicto previo entre otras partes, relacionado con denuncias por daños materiales a un vehículo atribuidas a Kevin P.

La acusación fiscal describe el ataque como una emboscada premeditada, en la que se coordinaron vehículos y armas para asegurar la ejecución del delito y dificultar la identificación de los responsables. Este planteamiento se basa en los desplazamientos previos que realizaron los implicados, los cambios de matrícula del coche utilizado y los indicios recogidos en la escena y en las inmediaciones, según detalló El País a partir de las fuentes relacionadas con el caso.

El proceso judicial continúa en curso, manteniéndose en la fase de presentación de escritos por parte de la Fiscalía y las defensas de los acusados. La familia de la víctima ha sido informada puntualmente de los desarrollos, mientras el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid concentra las actuaciones previas al juicio, que será el encargado de determinar la responsabilidad penal de los implicados conforme a la petición presentada por el Ministerio Público y la evidencia recabada por la policía, de acuerdo con la cobertura brindada por El País.

El hecho se desarrolló cerca del mediodía del domingo, cuando fue hallado el cuerpo de Miriam Díaz Reyes, joven de 22 años, sobre un solar baldío en las inmediaciones del cementerio municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, de acuerdo con medios digitales locales.

El cadáver presentaba signos de violencia, como impactos de arma de fuego, y fue encontrado semidesnudo y en posición boca abajo, según reportó la policía.

La información preliminar indica que familiares retiraron el cuerpo por la fuerza debido a la falta de recursos económicos para costear el traslado hasta Tegucigalpa, donde se ubica la Dirección de Medicina Forense, autoridad responsable de las autopsias tras muertes violentas en Honduras.

Esta acción impidió la continuidad de los trabajos científico-técnicos a cargo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del personal forense. Los agentes buscaban cumplir con los protocolos, que incluyen el resguardo de la escena, levantamiento del cuerpo, embalaje de pruebas y traslado a la capital para determinar las causas del deceso, tal como lo establece la ley hondureña en casos de muertes violentas.

La victima, era conocida en Juticalpa por su situación de calle y los episodios de abandono desde edad temprana. Su nombre figuró repetidas veces en medios locales, asociado a hurtos menores y a ingresos no autorizados en casas y comercios, hechos atribuibles, según versiones de vecinos, a trastornos mentales que padecía.

Publicaciones en redes sociales y testimonios recopilados por la prensa local narran que Díaz Reyes deambulaba desde hacía varios años, con problemas graves de salud mental y adicción a las drogas. Además, había sobrevivido previamente a un ataque con arma de fuego en la zona.

Su contexto de exclusión social fue evidente en Juticalpa, donde era habitual verla solicitar ayuda en distintos barrios. La carencia de redes de apoyo y una historia de experiencias traumáticas agravaron su situación de marginalidad en los meses previos a su muerte.

El retiro del cuerpo por parte de los familiares obstaculizó el desarrollo de la investigación, situación que generó alarma entre organismos de criminalística del país. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público manifestaron ante la prensa local que comprenden la necesidad de los dolientes de sepultar a sus familiares, aunque recalcaron que no seguir los protocolos legales complica la búsqueda de justicia y la identificación de responsables.

El procedimiento legal establece que, tras el hallazgo de una muerte violenta, el cadáver debe ser levantado por Medicina Forense y trasladado a la morgue de Tegucigalpa para la autopsia. Solo así pueden reunirse pruebas y determinar con rigor la causa de la muerte, elementos esenciales para cualquier proceso judicial.

Por su parte, los familiares señalaron que la decisión se basó en la desconfianza hacia el sistema judicial y la imposibilidad de enfrentar el elevado costo del traslado, lo que expone una problemática de fondo: la centralización de los servicios forenses y la falta de recursos en comunidades alejadas desalientan la participación de familias vulnerables en procedimientos legales

El caso de Miriam Díaz Reyes se inscribe en un contexto de creciente violencia contra mujeres en el país. El Centro de Derechos de Mujeres ha reportado más de 42 víctimas en los primeros meses de 2026, una cifra que evidencia la expansión del fenómeno y cuestiona la capacidad del Estado para brindar respuestas efectivas.

A raíz del hecho la Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que han iniciado diligencias para esclarecer el deceso, incluyendo el rastreo del cuerpo y la identificación de quienes impidieron el examen forense obligatorio según la normativa nacional. Ambas entidades instaron a los familiares a colaborar y a permitir que se cumplan los protocolos establecidos.

Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han determinado que tres circunstancias atenuantes influyeron en la imposición de la condena contra José Luis M.C., declarando que el autor del crimen de Coia cometió el delito mientras enfrentaba alteración psíquica, pánico y posteriormente presentó confesión. Según publicó el medio, el TSXG ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que considera a José Luis M.C. responsable del homicidio de Francisco Javier B.D. en Vigo, y lo condena a una pena total de 13 años y medio de prisión, dividida en 12 años y seis meses por asesinato y un año por tenencia ilícita de armas.

El diario detalló que la resolución del tribunal gallego, emitida el 18 de marzo de 2026, mantiene sin modificaciones la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Los jueces confirmaron que José Luis M.C. cometió el asesinato utilizando una escopeta sin licencia y con el número de serie eliminado, lo que suma el cargo de tenencia de arma prohibida. El fallo reconoce que la ejecución de la conducta tipificada como asesinato se vinculó a que el acusado era consumidor de cannabis y cocaína y tenía diagnóstico de trastorno mental, lo que motivó la aplicación de la atenuante de alteración psíquica. La sentencia incorpora también la atenuación por el miedo experimentado al enfrentar a la víctima, quien se presentó en el domicilio del acusado armado con un machete y una barra de metal.

El medio consignó que el veredicto voluntario del jurado estableció que, la noche del 6 de abril de 2024, Francisco Javier B.D., conocido del acusado desde hacía años, acudió al domicilio de José Luis M.C. armado. Ante la presencia del visitante con armas blancas y contundentes, el autor del hecho le abrió la puerta de la vivienda sosteniendo una escopeta. Realizó dos disparos contra la víctima, uno de ellos desde menos de un metro de distancia, causando daños en la mejilla y la región cervical izquierda de Francisco Javier B.D., lo que ocasionó su fallecimiento de manera inmediata.

La Audiencia de Pontevedra detalló que José Luis M.C. asumió el riesgo mortal de sus actos, disparando sin dar opción de defensa a la víctima. En el fallo se destaca que la escopeta utilizada carecía de licencia y presentaba el número borrado, lo que la convertía en un arma prohibida conforme a la legislación vigente. La pena atribuida a la tenencia ilícita de armas se fijó en un año de prisión, sin concurrencia de circunstancias atenuantes aplicables a este delito, de acuerdo al dictamen del alto tribunal gallego.

Según informó la fuente, el tribunal señaló que la respuesta penal al asesinato resultó ajustada por incorporar la concurrencia de alteración psíquica y miedo, ambos apreciados de manera leve, junto con la confesión del acusado durante la investigación policial. El fallo subraya que una vez detenido como sospechoso, José Luis M.C. reconoció su participación y aportó información útil que facilitó la labor de la policía. Esta confesión figura como atenuante en la configuración de la sentencia de la Audiencia Provincial y fue ratificada por el TSXG como elemento que redujo la cuantía de la pena impuesta.

El diario enfatizó que la resolución judicial rechaza cualquier variación en la calificación de los hechos, respalda la secuencia relacional previa entre agresor y víctima y confirma que las circunstancias mencionadas influyeron decisivamente en los hechos, pero no eximieron al acusado de su responsabilidad penal. Los jueces evaluaron la existencia de pánico, aunque estimaron que esa emoción solo limitó levemente la capacidad de la persona condenada para analizar alternativas a su conducta.

El fallo judicial explica que la aplicación de la pena por asesinato se realizó en el grado inferior en atención a la menor intensidad de las atenuantes, quedando cerca del rango mínimo establecido por el Código Penal. El argumento principal del tribunal para confirmar la decisión inicial radica en que las pruebas y valoraciones aportadas por el jurado y la magistrada presidenta se encuentran respaldadas por las actuaciones y los hechos probados.

De acuerdo con lo consignado por la prensa, la escopeta utilizada en el crimen permanecía en posesión ilegal de José Luis M.C., quien en ningún momento presentó autorización para tenencia ni porte de armas. El arma se encontraba en su domicilio y tenía el número de serie borrado, lo que dificultaba su trazabilidad y sumó gravedad al delito por el uso de un instrumento de letalidad prohibida.

La sentencia confirma también que la víctima, Francisco Javier B.D., acudió al domicilio del condenado en circunstancias que suscitaron temor, debido a que portaba un machete y una barra metálica. La reacción del acusado ante esta irrupción armada desencadenó el desenlace mortal tras disparar dos veces con la escopeta, según concluyeron los magistrados apoyados en los hechos recogidos por el jurado popular.

El TSXG detalló que la aportación de la confesión, ofrecida en el contexto de la detención policial, fue reconocida por los investigadores como eficaz al esclarecer la autoría de los hechos y agilizar la instrucción de la causa. Además, la sentencia aclara cómo el consumo de sustancias estimulantes y la existencia previa de un trastorno mental afectaron levemente las facultades del autor, sin llegar a excluir la imputabilidad.

En conclusión, los magistrados del TSXG respaldaron la valoración inicial del jurado y de la Audiencia de Pontevedra respecto al desarrollo de los hechos, la existencia de la relación previa entre los implicados y el impacto de la alteración psíquica, el miedo y la confesión en la determinación de la responsabilidad penal y la cuantía de la pena.

Según detalló el medio que cubre el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra, la hermana de la víctima, Iham Mahra, manifestó que la familia mantiene la esperanza de que el tribunal esclarezca los detalles de lo ocurrido la noche del crimen y determine responsabilidades. Las declaraciones de Mahra a las puertas del juzgado subrayaron la importancia de que se haga justicia y se evite la impunidad en torno al caso de su hermano. Expresó que la expectativa de la familia reside en la solicitud de la Fiscalía de una pena de 25 años de prisión para el acusado, a quien señala por un presunto delito de asesinato con alevosía.

El medio consignó que entre los elementos presentados por la acusación se incluyen registros de ADN, datos extraídos de telefonía que ubican a Rama en el lugar y la hora del incidente, así como diversos testimonios que, según la parte acusadora, corroboran la versión de los hechos. Iham Mahra insistió en que el proceso judicial permitirá exponer al tribunal la existencia de estas pruebas, fundamentales para sostener la acusación.

En las declaraciones reproducidas por la prensa, la hermana de Soufian Mahra recordó que su hermano solo tenía 25 años cuando lo mataron y que había elaborado múltiples proyectos personales y profesionales, truncados como consecuencia del episodio violento. Reconoció que la espera de este proceso judicial ha resultado cargada de ansiedad para la familia.

El escrito de acusación al que tuvo acceso el medio describe que los hechos se desencadenaron sobre las 4:50 de la madrugada, cuando Soufian Mahra se encontraba junto a algunos amigos en la terraza del bar La Parchita, en Salceda de Caselas. El acusado, Florian Rama, habría reaccionado de modo agresivo ante un supuesto derrame de bebida, exigiendo explicaciones a la víctima. La situación escaló cuando Rama empujó a Mahra, iniciando un forcejeo que continuó en dirección al edificio del ayuntamiento local.

Durante el trayecto, y según el relato sostenido por la acusación, la víctima cayó al suelo, momento en el que el atacante habría extraído un cuchillo de forma sorpresiva y apuñalado a Mahra en tres ocasiones, alcanzando zonas vitales del cuerpo. Rama habría huido del lugar inmediatamente después del ataque, mientras que Mahra intentó perseguirle durante unos metros, aunque terminó desplomado en un banco situado frente al consistorio y falleció por una hemorragia causada por las heridas.

Dentro del relato recabado por el medio, Iham Mahra insistió en que su hermano optó por una conducta conciliadora antes del ataque, incluso ofreciendo invitar a una consumición para aplacar el conflicto. “Siempre fue una persona pacífica y no se merecía lo que ocurrió”, afirmó ante los medios, al recordar cómo avanzó la disputa en el interior y exterior del local.

En la primera jornada del juicio, la acusación detalló que la huida del sospechoso supuso un desafío para las autoridades durante la fase de investigación, prolongando la detención durante casi cinco años hasta su localización en territorio británico, de donde fue extraditado para responder ante la justicia española. Varios aspectos del proceso se centran ahora en la evaluación de las pruebas técnicas y los testimonios previstos a lo largo de las próximas sesiones del juicio.

La familia de la víctima permanece pendiente del desarrollo del juicio, convencida de que la acumulación de pruebas resultará determinante para que el tribunal disponga una condena ajustada a la gravedad del caso. Según publicó el medio, los allegados de Soufian Mahra consideran imprescindible que el caso sirva para depurar todas las responsabilidades derivadas del asesinato y honrar la memoria del joven fallecido.

El juicio por el asesinato de un joven de 21 años frente a la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada en octubre de 2022 ha estado marcado por testimonios que señalan la planificación del ataque como parte de la actividad de una organización criminal. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la acusación fiscal considera que el crimen obedeció a una venganza tras un enfrentamiento previo entre bandas en una discoteca de Madrid, y mantiene la petición de prisión permanente revisable para el supuesto autor intelectual del homicidio, identificado como líder de los DDP en el barrio de Campamento.

En la Audiencia Provincial de Madrid, la vista oral se reanudó este lunes con la fase de conclusiones finales. Según informó Europa Press, el Ministerio Fiscal modificó la acusación respecto a uno de los procesados, dejando de solicitar la pena máxima tras cambiar la calificación de autoría a complicidad, al no contar con pruebas suficientes de su presencia en la furgoneta utilizada en el traslado de los menores que ejecutaron el crimen. El juicio concluirá mañana tras la exposición de las defensas, que solicitarán la libre absolución, y posteriormente corresponderá al jurado popular deliberar sobre los hechos.

De acuerdo con el expediente fiscal citado por Europa Press, la víctima había recibido amenazas explícitas desde el entorno de la banda DDP antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada. Mensajes previos a la agresión incluyeron advertencias como: “Te tenemos ubicado, mama huevo”. El informe detalla que el acusado identificado como J. D. presuntamente organizó y dio la orden de ejecutar el crimen, basándose en viajes a Fuenlabrada que realizó sin tener ninguna vinculación previa con el municipio y en los registros de posicionamiento telefónico que lo sitúan en la zona de los hechos.

En relación con los delitos imputados, según detalló Europa Press, el fiscal solicita para el considerado líder de los DDP la pena de prisión permanente revisable por el asesinato consumado, además de un total de hasta 78 años de prisión por tres tentativas de homicidio y distintos delitos vinculados con la tenencia de armas y pertenencia a organización criminal. Para otros procesados, reclama penas de distinto grado: 70 años para el supuesto cómplice, 20 años para el conductor de la furgoneta y cinco años de reclusión para un cuarto individuo acusado únicamente de pertenecer a la banda latina.

Durante las últimas declaraciones, el último de los acusados en testificar relató que recibió el encargo de trasladar a varias personas a Fuenlabrada a cambio de sustancia estupefaciente, creyendo que se trataba del cobro de una deuda. Negó haber escuchado disparos o haber visto que los pasajeros se cubrieran el rostro. Al ser cuestionado por el fiscal sobre las 43 llamadas al presunto autor intelectual en fechas cercanas al crimen, replicó que todas estaban relacionadas con compraventa de drogas. Otros registros incluyen diez llamadas con otro de los acusados, identificado como un mando intermedio de la banda, según consignó Europa Press.

El medio también recoge declaraciones de uno de los menores ya condenados por el asesinato, quien aseguro que actuó solo, disparando a la víctima por un impulso propio, y negó la implicación de más personas, así como de la banda DDP. Además, el supuesto líder de la organización negó en sala su responsabilidad en el crimen y su pertenencia al grupo, pero admitió dedicarse a la venta de sustancias ilegales, aunque se mostró arrepentido de esa actividad.

El proceso incluyó antecedentes relevantes aportados por la Policía Nacional, según reportó Europa Press. Los agentes confirmaron que el principal acusado ya fue arrestado en 2013 por delitos de robo con violencia utilizando la técnica conocida como 'mataleón', donde se atacaba a ancianas en el distrito de Villaverde para arrebatarles el bolso. Estas víctimas identificaron al acusado en dependencias policiales. En esa época, los agentes detectaron un aumento de estos robos en la zona y vincularon a quien ahora es juzgado como líder de los DDP en Campamento con diez asaltos cometidos mediante estrangulación.

Durante las audiencias, la Policía vinculó a los acusados con la banda DDP a través de numerosas identificaciones y antecedentes por hechos violentos en distintos barrios de Madrid. En la última semana, varios investigadores ratificaron esta relación organizativa basándose en registros policiales y en la documentación de actividades delictivas violentas en la capital, reforzando la acusación de pertenencia a banda criminal.

Según consignó Europa Press, dos menores ya han sido condenados por el asesinato. Uno de ellos reconoció su autoría material manifestando haber disparado por iniciativa propia, deslindando a otros implicados y a la organización, aunque la acusación mantiene que existió planificación y coordinación entre diferentes miembros del colectivo señalado.

Las últimas sesiones del juicio se caracterizaron por el cruce de acusaciones y defensas, así como por los intentos de desvincular parte de los implicados respecto a la autoría intelectual y la implicación organizativa. La jornada final será destinada a los alegatos de las defensas y a la última palabra de los procesados antes del inicio de las deliberaciones del jurado popular, responsables de determinar la autoría y el grado de implicación de cada acusado.

La reparación del daño jugó un papel determinante en la rebaja de la pena para el responsable del homicidio, pues la aportación de 35.000 euros en concepto de indemnización para la madre de la víctima permitió aplicar una atenuante muy cualificada. Según consignó el medio que recoge la información, la Audiencia Provincial de Baleares dictó sentencia condenatoria a 13 años de prisión contra el acusado por el asesinato de otro hombre con quien mantenía una relación sentimental en Palma. La decisión judicial se produjo después de que las partes llegaran a un pacto, cuyo eje central fue la aceptación de los hechos por parte del procesado y la reparación parcial de los daños.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo por el cual el acusado reconoció el crimen, evitándose así la celebración del juicio con jurado popular que estaba previsto para ese lunes. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba 15 años de cárcel al considerar que los hechos constituían un delito de homicidio, mientras que la acusación particular reclamaba una condena de 25 años de prisión calificando el caso como asesinato. Finalmente, la Fiscalía cambió su postura y tipificó el caso como asesinato al constatar que el acusado atacó a la víctima con una piedra en la cabeza, en un acto sorpresivo y sin posibilidad de defensa para el agredido.

El medio que reportó este caso explicó que la introducción de una circunstancia atenuante por reparación del daño resultó clave para ajustar la pena. Aunque la recalificación agravó la consideración penal de los hechos, al tratarse de asesinato, tanto la acusación particular como la defensa aceptaron la nueva petición de la fiscalía, que rebajó la pena final a 13 años de reclusión. En la sentencia, dictada oralmente por la magistrada, se estableció que deberá descontarse el tiempo que el acusado ha permanecido en prisión provisional.

Según detalló la fuente original, el crimen ocurrió en diciembre de 2024. Un viandante que paseaba por las inmediaciones del torrente de Coanegra, una zona próxima a Palma, encontró el cuerpo sin vida de la víctima, que tenía 34 años en el momento del fallecimiento. Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntaron a una muerte violenta, ya que el fallecido presentaba signos evidentes de golpes en la cabeza. Los análisis posteriores confirmaron que las heridas fueron provocadas por el impacto de una piedra.

Las investigaciones del caso derivaron en la detención de otro hombre, que mantenía algún tipo de vínculo sentimental con la víctima. Tras su detención, la autoridad judicial dictó su ingreso en prisión provisional, donde ha permanecido hasta la sentencia. La dinámica de los hechos quedó descrita por Fiscalía, quien aseguró que el ataque fue inesperado y la víctima no tuvo oportunidad de defenderse.

La audiencia a cargo del tribunal de Baleares sustituyó el juicio previsto por la aceptación de la condena pactada entre las partes, lo que permitió resolver el caso sin la intervención del jurado popular. La sentencia oral recoge la aceptación del delito de asesinato, la rebaja en la condena a 13 años y la consignación de la indemnización a favor de la madre del fallecido, elementos que delimitaron el desenlace judicial, según publicó la fuente.

El acuerdo fue suscrito poco antes del inicio del juicio. Tanto la representación de la familia de la víctima como la defensa del acusado acordaron adherirse al nuevo planteamiento del Ministerio Público, el cual introdujo la atenuante muy cualificada al considerar relevante la reparación económica. En consecuencia, la magistrada aceptó la propuesta conjunta y dictó sentencia en los términos ya definidos.

El proceso ha quedado marcado por la colaboración de las partes y la aceptación de los hechos por parte del responsable, quien reconoció su participación tanto en el acto que originó la muerte como en la posterior decisión de indemnizar a la madre del fallecido. El cumplimiento de los 13 años de prisión queda sujeto al descuento del tiempo de reclusión provisional, según estableció la Audiencia Provincial de Baleares en la resolución oral.

El acusado, recluido en prisión provisional desde diciembre de 2024, ha reconocido su responsabilidad en la muerte de un hombre de 34 años cuyo cadáver fue localizado en las cercanías del torrente de Coanegra, en Palma. Tras admitir su culpabilidad y consignar 35.000 euros como indemnización destinada a la madre de la víctima, el caso ha avanzado sin la intervención de un jurado popular, según reportó la Audiencia Provincial de Baleares y recogió el medio correspondiente.

De acuerdo con la información publicada por los medios, la sentencia resultante establece una condena de 13 años de prisión tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El proceso judicial evidenció que el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental y que la agresión se produjo de forma sorpresiva. Según consignó la Fiscalía, el procesado golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra, impidiendo cualquier tipo de defensa, lo que llevó a modificar la inicial calificación de los hechos a delito de asesinato.

En un principio, la Fiscalía solicitaba una pena de 15 años de prisión al considerar que se trataba de homicidio, mientras que la acusación particular reclamaba 25 años bajo la premisa de que los hechos constituían asesinato. Durante la resolución del caso, el fiscal optó por agravar la tipificación penal al reconocer la naturaleza sorpresiva y letal del ataque, encuadrando el delito como asesinato, a la vez que introdujo la atenuante muy cualificada de reparación del daño dado el abono de la indemnización. Esta circunstancia permitió reducir la petición de pena a 13 años, explicó el Ministerio Público, informó la Audiencia Provincial de Baleares.

El medio detalló que ambas partes, acusación y defensa, aceptaron la petición revisada y la magistrada dictó la sentencia de manera oral, acordando que se descuenten de la condena los meses ya cumplidos en prisión preventiva por el acusado. Además, ninguna de las partes planea recurrir la decisión, de modo que la sentencia, que será plasmada por escrito en los próximos días, devendrá firme.

Los hechos, según publicó la fuente, se remontan a diciembre de 2024, cuando el hallazgo de un cadáver con claras lesiones en la cabeza puso en marcha la investigación de la Guardia Civil. Los primeros indicios apuntaron a una muerte violenta provocada por el impacto de una piedra, lo que orientó la investigación hacia el entorno personal del fallecido. Poco tiempo después, los agentes detuvieron al sospechoso y fue ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Además, el proceso judicial se desarrolló sin la constitución del jurado popular previsto inicialmente, tras alcanzarse el acuerdo entre las partes y el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado. Según el relato de la Audiencia Provincial, el pacto judicial evitó la celebración del juicio completo y facilitó la resolución mediante el consenso entre Fiscalía, acusación particular y defensa, todo ello bajo la presencia de la magistrada encargada del caso.

Con este procedimiento, el responsable del crimen resultó condenado y la familia de la víctima percibirá la indemnización fijada. Según detalló la información recogida por la Audiencia Provincial, la cercanía entre la víctima y el acusado constituye un factor importante en la reconstrucción de los hechos, enmarcando la agresión en el contexto de una relación personal preexistente.

La sentencia contempla el abono de la compensación económica y la reducción de la condena por la reparación del daño, lo que según el fiscal determina la cualificación de la atenuante. El tiempo pasado en prisión provisional desde diciembre de 2024 será deducido del total de la pena carcelaria, conforme a lo dictado por la autoridad judicial.

Diversos elementos probatorios recabados en la investigación inicial, como las contusiones presentadas por el cuerpo y la ausencia de señales de defensa, sostienen la calificación jurídica de asesinato expuesta por el fiscal. La resolución judicial queda cerrada tras el acuerdo entre todas las partes, condición que contribuye a la firmeza inmediata de la sentencia, según se desprende de los datos aportados por la Audiencia Provincial de Baleares.

Un adolescente de 17 años murió este domingo tras ser apuñalado durante una pelea en la zona oeste de Rosario. El hecho, que conmocionó a los vecinos, ocurrió cerca de las seis de la mañana en la intersección de Pasaje 1737 y Límite del municipio, en las inmediaciones de Pérez. La víctima fue identificada como Joel Elías Ruiz.

La madrugada se vio alterada cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre disturbios en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un joven tendido en el suelo, rodeado de varias personas que, según se informó, se encontraban conmocionadas por el violento episodio.

Las primeras actuaciones policiales permitieron constatar que el adolescente presentaba una herida de arma blanca. Los uniformados solicitaron de inmediato la presencia de servicios médicos. La víctima fue trasladado al Samco El Gurí de Pérez, donde los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la Policía derivó las actuaciones a la Fiscalía de turno, que inició la toma de pruebas y testimonios en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del homicidio y determinar quién fue el autor material. Según se informó, los peritos trabajaron desde las primeras horas del día en la zona, recolectando indicios y entrevistando a testigos.

La intervención de los investigadores se centró en el relevamiento de cámaras de seguridad del sector y en la recuperación de posibles objetos utilizados en la pelea. El objetivo principal es establecer el contexto en que se produjo la agresión y los motivos que desencadenaron el ataque mortal. Hasta el momento, no se informaron detenciones.

Asesinaron a un adolescente en Bariloche

A principios de este mes, un joven de 18 años fue asesinado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El fallecimiento ocurrió como consecuencia directa de una lesión producida por un arma blanca. El agresor está detenido, y sería un conocido de la víctima.

El ataque sucedió a plena luz del día, durante una discusión originada en la vía pública. El adolescente y el presunto asesino habrían pasado la noche pero se investiga qué desató el conflicto horas después.

El episodio tuvo lugar sobre la esquina de las calles Otto Goedecke y Elflein, ubicadas en el centro de la localidad patagónica. A una cuadra está el Hospital de Bariloche, donde llevaron al chico a la guardia de inmediato.

Según informaron fuentes policiales, en la escena habría estado un tercer joven que fue testigo de todo lo ocurrido.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la puñalada mortal impactó específicamente sobre la zona intercostal derecha del cuerpo de la víctima. La herida provocó una fuerte hemorragia.

Pese a los esfuerzos de los profesionales para contener el sangrado, el personal de salud confirmó su deceso instantes más tarde debido a la gravedad de las lesiones padecidas.

A partir de la intervención judicial, comenzaron a trabajar de forma conjunta el área de investigación del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y los agentes policiales. En el caso interviene el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista.

Gracias a los datos aportados por los testigos en el lugar de los acontecimientos, los investigadores lograron identificar al sospechoso que propinó la puñalada mortal.

Tras lograr su captura, el acusado quedó aprehendido y mañana será citado para que se le formulen cargos judiciales, a la vez que podrá iniciar su defensa.

El caso del feminicidio de Madeline Dhamar “N” en León, Guanajuato, registró avances relevantes tras la detención del presunto responsable, un adolescente identificado extraoficialmente como su pareja sentimental, del cual no se reveló su nombre debido a que tiene 17 años.

Según autoridades, tras localizar el cuerpo sin vida de Madeline el pasado 15 de marzo de 2026, se activó de inmediato los protocolos especializados para feminicidio.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) confirmó que el joven fue puesto a disposición de un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, en el marco de uno de los crímenes de mayor impacto social en la entidad en marzo.

La audiencia inicial del presunto asesino ya fue realizada, sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que se reanudará el próximo 24 de marzo. Mientas tanto, colectivos y familiares convocaron a una marcha pacifica para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos que le arrebataron al vida a la joven de 21 años.

Hallazgos y proceso judicial tras el feminicidio

Según los reportes oficiales, desde las primeras horas tras el hallazgo -realizado en la vivienda de la víctima-, peritos y agentes de investigación de la FGEG acudieron al lugar para recabar indicios biológicos, lofoscópicos y tecnológicos.

Estas pruebas permitieron reconstruir la mecánica de los hechos e identificar al probable responsable. La Fiscalía informó que el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente por feminicidio y solicitó la vinculación a proceso del adolescente detenido.

Durante la audiencia inicial, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se programó para el 24 de marzo de 2026.

Mientras tanto, el adolescente permanece bajo internamiento preventivo como medida cautelar.

La Fiscalía subrayó que la investigación se desarrolla con sustento científico, apego a la ley y siguiendo los protocolos especializados en materia de feminicidio.

Además, la institución reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quien resulte responsable y de sustentar el caso con investigaciones sólidas y con perspectiva de género.

Movilizaciones: Justicia para Madeline

Como respuesta al caso, la sociedad civil y colectivos feministas han convocado a una marcha pacífica para exigir justicia en el caso de Madeline.

En redes sociales, la familia de la joven hizo un llamado a la comunidad a sumarse a la movilización, que tendrá lugar en el Arco de la Calzada, en León, el próximo lunes 23 de marzo. Según la información de los colectivos que integran la movilización, la cita es a las 8am para realizar los preparativos y partirán a las 9 de la mañana.

La convocatoria invita a quienes asistan a llevar pancartas, veladoras y flores como símbolo de la lucha y la memoria de Madeline.

Entre los grupos que difunden la información y exigen justicia por el caso se encuentra la Red Feminista León, quienes compartieron la invitación a la marcha.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el ataque ocurrido el 17 de marzo dejó tres víctimas fatales: el conductor de la unidad y dos pasajeras. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al presunto autor y registrar la secuencia del ataque, en el que se utilizó un arma de fuego que, según la Policía, habría sido empleada en al menos siete atentados previos en la capital.

Tras su captura, Huamaní Tapia declaró: “No he matado, jefe, es todo lo que le digo. No, pena perpetua va a ser de gratis, porque yo no he sido”. El sospechoso insistió en que cuenta con pruebas que lo excluyen de la escena del crimen y negó haber facilitado el arma utilizada.

Las armas y el entorno del sospechoso bajo investigación

Según información oficial, Huamaní Tapia tiene dos armas de fuego registradas a su nombre. Al ser interrogado, afirmó que ambas se encuentran fuera de su poder porque las habría empeñado, aunque no pudo precisar a quién. El general Óscar Arriola, jefe de la Dirincri, indicó: “Las armas que él tiene, que ha sacado de carácter legal porque dice que se dedica a la construcción, no las tiene en su poder porque dice que las ha empeñado y no recuerda a quién le ha empeñado”.

La Policía Nacional analiza los casquillos hallados en la escena y los compara con las armas registradas, ya que el arma usada habría sido identificada en otros hechos de violencia similares. Estos elementos serán determinantes para esclarecer la participación directa o indirecta de Huamaní Tapia en el crimen.

Vínculos familiares con organizaciones criminales

La investigación ha puesto especial atención en los vínculos de Huamaní Tapia con integrantes de Los Pulpos, organización criminal que opera en el norte y sur del país. Según el general Arriola, el detenido mantiene relación de primo hermano con José Manuel Castañeda Duith Tapia, alias Pitbull, quien fue capturado en 2023 y señalado como cabecilla de la facción Los Trujillanos, responsable de al menos 18 asesinatos en el norte y 10 en Lima.

Las autoridades informaron que Pitbull cumple condena en el penal de Cerro de Pasco y habría recibido la visita de Huamaní Tapia una semana antes del atentado. Además, otros familiares del detenido estarían involucrados en la organización Los Compadres, considerada una rama directa de Los Pulpos.

Pruebas técnicas y proceso judicial en marcha

La Fiscalía solicitó ampliar la detención preliminar de Huamaní Tapia por siete días adicionales, a fin de profundizar las pericias balísticas, antropomórficas y el análisis de las imágenes de videovigilancia. Los investigadores también revisan los teléfonos incautados a los involucrados, aunque el acceso a los mensajes extorsivos todavía está pendiente por falta de las claves de acceso.

El caso se desarrolla en medio de una ola de extorsión y violencia contra empresas de transporte, fenómeno que, según la Policía Nacional, responde a la expansión de organizaciones criminales como Los Pulpos en diferentes regiones del país. Las autoridades consideran este atentado como un caso emblemático para desarticular la articulación entre bandas criminales locales y redes delictivas nacionales.

Eithan Daniel S. H., un niño de 18 meses de edad, fue asesinado por su propia madre, y posteriormente, el cuerpo fue abandonado en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El cadáver del menor de apenas año y medio de edad, fue encontrado sin vida dentro de un costal de ixtle, abandonado en un terreno de una zona conocida como Los Kilómetros, en Ciudad Juárez, lo que detonó la investigación.

Por el hecho, en total fueron detenidas cinco personas: Bryan Adrián, padre del menor, de 39 años de edad, y quien es originario de El Paso, Texas; Vianey Esmeralda, madre del niño, de 23 años; una mujer identificada como Erika, abuela de Eithan Daniel; la bisabuela del niño, Valeria, de 70 años y Raúl Rosendo, tío del menor.

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato del niño ocurrió en un contexto de agresiones reiteradas, resultado de poca tolerancia con el comportamiento de un niño de esa edad, como llorar por hambre o buscar atención de sus padres, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

Además, las investigaciones señalan que la madre del menor no quería al niño, lo que se perfila como un posible móvil del crimen.

Un video muestra a una mujer saliendo de una vivienda con el costal en el que presuntamente ya se encontraba Eithan sin vida, lo que es una pieza clave en la investigación.

Además, las autoridades aseguraron la casa relacionada con los hechos, buscando más pruebas que consoliden el caso contra los responsables.

Eithan era maltratado desde el embarazo

Cabe destacar que el menor asesinado, ya era maltratado desde antes de su nacimiento. Su madre confeso ante el Ministerio Público, según diversos medios locales, tras su detención, que durante el embarazo y como resultado de una depresión posparto por su primer hijo, que no quedó resuelta o superada, se lesionaba con golpes en el vientre cuando se formaba el pequeño Eithan.

Además, el menor no se encontraba registrado de manera oficial ante el Estado, obligación que tenían sus padres al momento de su nacimiento, y omisión que precedió al abuso físico y psicológico que sufrió el niño previo a su muerte, que ocurrió el pasado 10 de marzo.

El pasado viernes, la familia paterna del menor recibió el cuerpo, tras días de trámites, para darle sepultura, aunque su egreso del Servicio Médico Forense se dificultó por la falta de documentación oficial, según reveló personal de la Dirección de Gobierno del Estado en Juárez.

Los padres de Eithan se encuentran detenidos y serán procesados, primero, por delitos contra la salud y desobediencia y resistencia a particulares. El homicidio no será imputado en audiencia de control de detención, y no se ha anunciado oficialmente la solicitud y liberación de una orden de aprehensión para procesarlos por el asesinato del niño.

El subprocurador auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Jesús Rodolfo Villa Rivera, dijo que ni Eithan Daniel ni su hermano, quien tiene 31 meses de edad, estaban oficialmente en los libros del Registro Civil,lo que representa una omisión legal, punible con multas por obligaciones civiles incumplidas por los padres.

El cuerpo de Eithan fue localizado en un severo estado de desnutrición y murió de un golpe en la cabeza que le provocó sangrado interno, además de que tenía huellas de haber sido privado de la libertad con un grillete improvisado que llevaba en el tobillo, y que le dejó huellas en la piel, y que el era colocado para evitar que transitara libremente por su hogar y era golpeado cuando lloraba de hambre o por requerir atención.

La preocupación de la madre de la menor surgió tras no conseguir contactar con su expareja durante varias horas y sospechar que la integridad de su hija estaba en peligro. Según informó el medio, la mujer, de 36 años, acudió de inmediato a la Guardia Civil, donde expuso su inquietud sobre la situación. Este aviso desencadenó una intervención urgente por parte de las fuerzas de seguridad, que localizaron los cuerpos sin vida tanto de la niña de tres años como del padre, de 40 años, en la vivienda del presunto autor en Torrevieja, Alicante.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la investigación está a cargo del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Las primeras hipótesis que maneja la policía apuntan a un asesinato por violencia vicaria, seguido de suicidio del presunto autor. Según consignó el medio, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha comenzado a recabar datos para esclarecer si el caso se encuadra dentro de este tipo de violencia, que busca causar daño a las mujeres atentando contra sus hijos e hijas.

En declaraciones públicas recogidas por el medio, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se refirió al crimen indicando: "La violencia vicaria es la más cruel y más extrema contra las mujeres. Una violencia que mata a los niños y a las niñas para hacer daño a las mujeres. Es un terrorismo atroz y terrible, que tiene que interpelar a toda la sociedad". Bernabé insistió en la necesidad de abordar la violencia de género como un asunto colectivo y rechazó las posturas que reducen estos delitos al ámbito privado o intrafamiliar. “No podemos permitir discursos que vuelven a llevar la violencia de género al ámbito privado, al ámbito intrafamiliar, porque ese es quizá uno de los motivos que impidan luchar de una manera más activa contra la violencia de género”, afirmó la delegada, según reportó el medio.

Tal como recogió el medio, Bernabé precisó que ni la madre ni el presunto autor figuraban en el Sistema VioGén, la base estatal que integra información sobre víctimas de violencia de género en España, ni existían denuncias previas de malos tratos entre ambos. A preguntas sobre posibles amenazas anteriores por parte del padre, la delegada del Gobierno indicó que la investigación aún se encuentra en curso, y señaló que será la Guardia Civil la responsable de determinar los hechos tras tomar declaraciones al entorno de la familia y especialmente a la madre de la niña.

El medio detalló que la expareja del presunto autor fue quien denunció la desaparición de la menor al no poder localizar ni a la niña ni al padre durante varias horas. Este acto de alerta posibilitó que los agentes se movilizaran rápidamente, dando como resultado el hallazgo de los cuerpos. Fuentes oficiales citadas por el mismo medio indican que no existen antecedentes violentos registrados en esta familia ni denuncias formales presentadas anteriormente ante organismos policiales o judiciales.

La delegada del Gobierno subrayó ante la prensa que casos como este son una llamada a condenar pública y absolutamente la violencia ejercida contra las mujeres y sus hijos. Recalcó la obligación compartida de afrontar el problema a través del rechazo social explícito y el apoyo a las políticas de prevención y protección de posibles víctimas, según consignó el medio.

La labor del Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante se centra actualmente en recoger todas las pruebas disponibles y entrevistar a personas del entorno familiar para conocer posibles antecedentes y determinar si existieron amenazas o situaciones de riesgo no reportadas con anterioridad. El medio precisó que la madre permanece colaborando con los agentes para esclarecer todos los detalles del caso.

En el contexto de este suceso, Bernabé insistió ante los medios de comunicación en el carácter público de la lucha contra la violencia de género, reiterando que no se trata de una cuestión meramente privada. Según sus palabras difundidas por el medio, la respuesta de la sociedad debe ser unánime y contundente cada vez que se produce un caso de este tipo, especialmente cuando las víctimas son menores.

El medio concluyó que la investigación policial continúa abierta y que tanto la Guardia Civil como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantienen la recogida de información clave para determinar con precisión las circunstancias que llevaron a la muerte de la niña y su padre. Las autoridades insisten en la necesidad de atender las señales que puedan alertar sobre posibles situaciones de violencia, incluso en ausencia de denuncias previas, para evitar futuros hechos similares.

Un cuidacoches fue detenido en Paraná tras asesinar de una puñalada a la pareja actual de su exnovia. Las autoridades policiales continúan la investigación para esclarecer las circunstancias exactas y determinar los cargos que enfrentará el detenido.

Tras un enfrentamiento físico, el agresor atacó a la víctima y actual pareja de su ex, acabando con su vida. Según comentaron las fuentes policiales a ElOnce, la víctima fue identificada como Luis Alberto Padilla quien falleció por una puñalada en el corazón el viernes a las 11.30 en Paraná, Entre Ríos.

Por el crimen fue detenido Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, quien trabajaba como cuidacoches y era el ex pareja de la mujer que acompañaba a la víctima, según confirmó la subjefa de la División de Operaciones de la Departamental policial Paraná, Cecilia Galiano.

Cecilia Galiano confirmó: “A las 11.30 de este viernes se recibieron varios llamados al 911 que daban cuenta de una persona lesionada a la altura del pecho, y se encontraba en las inmediaciones a avenida Laurencena y calle Dorrego”.

La policía informó que el homicida, de 32 años, fue aprehendido luego de que personal de videovigilancia rastreara su recorrido por cámaras de seguridad, hasta localizarlo en calles Garay y Buenos Aires. Por otro lado, la víctima fue hallada en la vía pública, con una navaja incrustada en el pecho e inmediatamente fue trasladado al hospital San Martín, donde falleció pese a ser operado.

El origen del altercado, de acuerdo con lo relatado por la subjefa, fue una pelea entre la mujer y Lederhos. El comisario explicó el episodio y relató: “En principio, hubo una discusión entre la mujer y su ex pareja (Lederhos) cuando se hizo presente la actual pareja (Padilla), se tomaron a golpes de puño y posterior a eso la víctima sufrió una herida mortal”.

Lederhos quedó alojado en Alcaidía de Tribunales y está a disposición de la fiscalía de Delitos Complejos, con intervención de Valeria Vilchez. Las autoridades confirmaron que el detenido tiene antecedentes penales y reside en el barrio El Morro. “Tiene antecedentes por robo, hurto y riñas callejeras, pero también registra denuncias previas por violencia de género”, explicó Galiano.

Caso similar

Cristian Eleazar Gómez Núñez fue asesinado por el ex de su novia en Florencio Varela. El ataque, perpetrado por Néstor Sebastián Cabañas, tuvo lugar cuando el acusado citó a la víctima, supuestamente para aclarar asuntos relacionados con el hijo que este comparte con su ex. El hecho sucedió a fines del año pasado y los familiares siguen buscando visibilización.

Amigos, vecinos y familiares de la víctima afirman que se trató de una emboscada: según detalló la madre de Gómez Núñez a Prensa Obrera, el hijo del agresor presenció días antes a su padre afilar el machete con el que luego cometió el homicidio. Esto para la familia, refuerza el carácter premeditado del crimen.

El asesino, que ejerce como guía de caza (un dato que, según remarcaron allegados, lo convierte en una persona experta en el uso de armas), atacó a Gómez Núñez con un machete y le produjo heridas mortales en el corazón y el rostro, con desprendimiento de tejido, de acuerdo con el relato de los testimonios.

Actualmente, la causa está caratulada como homicidio simple. Sin embargo, la familia reclama que sea encuadrada como homicidio transversal o “femicidio vinculado”. Este pedido se debe a las repetidas denuncias por violencia de género que realizó la expareja de Cabañas. Esta figura considera la motivación de causar daño a una mujer mediante el asesinato de una persona cercana, y su reconocimiento habilitaría una pena mucho mayor.

La persistencia de casos de extrema violencia en contextos de género, aun mediando denuncias previas y pedidos de protección, pone en cuestión la eficacia del sistema estatal argentino para garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus entornos.

El 20 de marzo, la Fiscalía General de la Nación informó que una jueza condenó a 22 años y 5 meses de prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, por su participación en la coordinación del crimen del senador de la República.

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“En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones“, informó la Fiscalía.

En el comunicado, el ente acusador informó que con la investigación se confirmó que “El Viejo” fue el encargado de comunicarse con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, para definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados en el asesinato.

Además, realizó labores de seguimiento a la víctima, más específicamente durante marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

“Fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, una semana después del ataque, el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc”.

Después de conocer el tiempo que pasará en prisión, “El Viejo” tuvo un espacio en el que pidió perdón a Colombia por haber participado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, destacando la importancia que pudo haber tenido el político para el futuro del país.

“Me dirijo a Colombia porque de una u otra manera, pues fue un daño letal y que quizá este hombre (Miguel Uribe Turbay) hubiese podido aportar algo positivo a nuestro país, y pues ya no está. El daño fue para todos. También pido perdón; esto lo hago no solo ante los hombres, sino ante Dios. Esto lo hago realmente de corazón. También me quiero dirigir a mi familia, porque de una u otra manera ellos también son víctimas, por el solo hecho de verme acá en esta situación. Les pido perdón y muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirme expresarme, aunque quizá las palabras no sean suficientes, pero lo hago de corazón”.

A pesar de la condena contra Simeón Pérez Marroquín, las autoridades siguen sin identificar a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay. En las hipótesis se menciona a los cabecillas de las disidencias de la Segunda Marquetalia o estructuras criminales de origen ecuatoriano como posibles responbles del crimen que fue perpetrado por un menor de edad.

Cabe recordar que el candidato presidencial recibió varios disparos, dos de ellos en la cabeza, y fue hospitalizado en estado crítico. El responsable, un joven de 15 años, fue detenido en el lugar de los hechos, mientras Uribe Turbay falleció el 11 de agosto.

Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron que varias personas del entorno cercano de Emiliano B.R., conocido como “el panameño”, colaboraron activamente con la organización criminal responsable de su muerte, facilitando la localización exacta de la víctima mediante la instalación de un dispositivo de rastreo en su vehículo y brindando recursos que permitieron planificar el asesinato. Según informó la Fiscalía del Principado de Asturias, estos elementos permitieron a un sicario contratado ejecutar el crimen en Llanera, en enero de 2025, como resultado de una deuda relacionada con el tráfico de drogas.

La Fiscalía solicitó ante la Justicia el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para cuatro de los detenidos vinculados con estos hechos, argumentando la gravedad del caso y la elevada condena que podría recaer sobre ellos, de acuerdo con la información publicada. Tres de los arrestados fueron capturados en distintas localidades de Asturias y un cuarto en Llinás del Vallés, Barcelona. Según detalló el Ministerio Fiscal, la solicitud de prisión provisional también se fundamenta en el riesgo de fuga o de elusión de la acción de la Justicia, así como en la posibilidad de que puedan reincidir en conductas delictivas similares.

El Ministerio Fiscal, al presentar estos cargos, calificó inicialmente el episodio como un asesinato perpetrado dentro del contexto de una organización criminal. La prensa del Principado de Asturias consignó que la calificación del delito podría modificarse a medida que avance la fase de instrucción, pero advirtió que los detenidos podrían enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable si se confirma su implicación directa en los hechos.

De acuerdo con la cronología expuesta por la Fiscalía y resaltada en la nota de prensa oficial, los hechos sucedieron pasada la medianoche del 26 de enero de 2025, cuando la víctima, de 44 años de edad, se encontraba junto a dos acompañantes en su automóvil en las inmediaciones de la estación de tren del área de Lugo de Llanera. Tras verse forzado a detenerse en el arcén por un supuesto pinchazo de uno de sus neumáticos, Emiliano B.R. solicitó auxilio. Pocos minutos después, un coche se detuvo unos metros más adelante; de él descendió un individuo que disparó en cinco ocasiones contra la víctima, provocando su muerte en el acto. Sus acompañantes escaparon, mientras que otros usuarios de la vía, al presenciar el cuerpo tendido en el suelo, dieron aviso inmediato sobre la situación.

La investigación inicial, según reportó la Fiscalía, descartó la casualidad como móvil del incidente. La inspección ocular realizada por agentes de la Guardia Civil en el lugar confirmó que el vehículo de Emiliano B.R. llevaba un sistema de localización instalado y que uno de los neumáticos había sido manipulado intencionalmente. Ello llevó a los investigadores a la conclusión de que el asesinato respondió a una planificación minuciosa por parte de un grupo delictivo, con especial atención a las amenazas previas recibidas por la víctima y a los intentos de esta por abandonar Asturias debido a la presión ejercida para que pagase una deuda surgida de la compra de droga.

El medio judicial precisó que, a partir de estos hallazgos, la investigación se centró tanto en el entorno personal de la víctima como en la vía técnica, lo que gradualmente permitió identificar a los implicados en las amenazas, en la organización logística y en la ejecución del crimen. Las autoridades describieron en su relato policial que los allegados a Emiliano “desempeñaron un papel clave” al facilitar información elemental sobre sus movimientos, a la vez que integrantes del grupo dedicado al tráfico de drogas se encargaron de contratar al sicario, dotarlo del material necesario —incluyendo armas—, gestionar su desplazamiento hasta el lugar de los hechos y coordinar su salida hacia su país de origen tras la comisión del asesinato.

El sicario, cuyo origen extranjero complicó el seguimiento policial, se movió entre distintas provincias tras abandonar la escena del crimen para evitar rastros que pudieran vincularlo con los hechos. Después de la ejecución, según indicó la Fiscalía y reveló la nota oficial, logró abandonar el país, dificultando las labores de localización y captura por parte de las fuerzas de seguridad.

El análisis de las circunstancias y del entorno de la víctima permitió a los investigadores establecer que la motivación principal del asesinato era saldar la deuda de drogas pendiente, situación que derivó en amenazas de muerte directas y en la huida fallida de la víctima fuera del territorio asturiano. El medio judicial puntualizó que la complejidad de la trama criminal quedaría reflejada en la implicación de personas cercanas, de miembros de la red de tráfico de estupefacientes y de un asesino a sueldo, lo que eleva la gravedad de los hechos ante la Justicia.

La Fiscalía dejó abierta la posibilidad de modificar la calificación delictiva conforme avance el procedimiento, aunque mantuvo la solicitud de prisión permanente revisable para los detenidos, en tanto se esclarece su grado de participación y responsabilidad penal en el asesinato. Todo esto, indicó el Ministerio Público, seguirá dependiendo del desarrollo de la instrucción y de las pruebas que se continúen recabando.

La Justicia de Neuquén dictó una sentencia unánime que puso fin a meses de incertidumbre para la familia de Mariano Daniel Ibarra, el camionero oriundo de Coronel Dorrego que fue asesinado en Cutral Co durante un violento asalto.

La decisión estuvo a cargo de los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font.

El crimen ocurrió el 2 de junio de 2025, cuando mataron a Ibarra frente a un comercio del barrio Pampa. La víctima, de unos 40 años, se encontraba en plena jornada laboral. Había llegado a la localidad neuquina transportando harina para la empresa Zabalegui de Bahía Blanca. Mientras dos compañeros descargaban la mercadería sobre la calle General Paz, Ibarra permanecía en la cabina del camión sin imaginar que en cuestión de minutos el recorrido tomaría un giro fatal.

Según informó el portal LM Neuquén, los hechos ocurrieron en la mañana, cuando dos individuos armados abordaron al camionero. Portando armas de fuego, rompieron uno de los vidrios del vehículo y lo amenazaron exigiéndole sus pertenencias. La víctima intentó advertir a sus colegas tocando la bocina en un intento desesperado de pedir ayuda.

Según relató Brenda Ibarra, hermana de la víctima, “le aparecieron en la ventana, él les dijo que les daba todo, que no le hicieran nada y lo empezaron a golpear”. Pese a que entregó su teléfono celular, efectos personales y 200 mil pesos en efectivo, los agresores dispararon en tres ocasiones, hiriendo gravemente a Ibarra.

El ataque dejó secuelas irreversibles: una de las balas impactó en el tórax de Ibarra, quien logró sobrevivir casi un mes internado en una clínica de la capital de Neuquén. Durante ese tiempo, pudo relatar lo sucedido a su familia, que se trasladó desde Coronel Dorrego para acompañarlo y enfrentar los gastos imprevistos de la estadía, llegando incluso a organizar una rifa para costear la permanencia.

La fiscal Mayra Febrer lideró la investigación y, en base a las pruebas recolectadas, imputó a los hermanos Hernández como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo. La pesquisa se apoyó en elementos materiales y testimonios que permitieron identificar la participación de ambos en el hecho, así como la existencia de una planificación previa. El juez Lisandro Borgonovo subrayó que se trató de “una acción previamente concertada con división de tarea e inteligencia previa”.

En diciembre último, enfrentados a la contundencia de las pruebas, los hermanos reconocieron su responsabilidad en el marco de un acuerdo con la Fiscalía. De esta forma, aceptaron los hechos y evitaron la realización de un juicio oral extenso, lo que para la familia de la víctima suponía la posibilidad de evitar una revictimización adicional. La jueza Vanessa Macedo Font explicó que al momento de evaluar los agravantes y atenuantes se ponderó “la sujeción al procedimiento abreviado y evitar el juicio y la consecuente revictimización para la familia de quien resultó víctima en este caso”.

La resolución de esta semana fijó la pena en 13 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno de los condenados. Esta sanción coincidió con el pedido realizado por la fiscal Febrer y fue considerada “justa, razonable, proporcional, respetuosa de los principios constitucionales y finalidad de la pena, adecuada para el hecho por el cual fueron condenados”, según expresó la magistrada durante la audiencia.

Santos Roberto Hernández Valladares fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de su esposa, Lexi Marisol Dubón, cuyo cuerpo permaneció enterrado alrededor de cuatro años en el patio de la vivienda familiar en Jacaleapa, El Paraíso, Honduras.

El fallo establece que Hernández Valladares debe cumplir la totalidad de la condena en el centro penal de Danlí, conforme a la normativa vigente y sin acceso a beneficios extraordinarios que reduzcan el tiempo de cárcel. El tribunal optó por la pena mínima prevista en el artículo 194 del Código Penal hondureño para el delito de parricidio, cuya escala es de 20 a 25 años, según el Ministerio Público.

El avance en el caso fue posible cuando, el 15 de febrero de 2024, las autoridades hallaron la osamenta de una persona en el solar de la propiedad que compartía la pareja en Las Toreras. Las pruebas de ADN efectuadas en el Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa mostraron una coincidencia genética del 99% con familiares de Dubón, confirmando la identidad y permitiendo la presentación formal del requerimiento fiscal.

Cerca de cuatro años antes del descubrimiento de los restos, la familia de Dubón había reportado su desaparición, un lapso en el que el crimen permaneció invisible para la comunidad y las autoridades. Tras el hallazgo casual en la vivienda, el Ministerio Público y la Dirección General de Medicina Forense de Honduras coordinaron la exhumación y el análisis científico.

Los estudios genéticos, al ser analizados con muestras biológicas de familiares, resultaron concluyentes. El dictamen de Patología Forense estableció una correspondencia genética casi total con la víctima, lo cual permitió a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida formular la acusación contra Hernández Valladares como autor del delito.

El acusado optó por el juicio por estricta conformidad, acelerando la resolución del proceso judicial y agilizando la emisión de la sentencia. El Ministerio Público puntualizó que esta modalidad procesal no conlleva una reducción relevante de la pena en delitos graves como el parricidio.

Esto subraya la importancia del fortalecimiento de redes de prevención y sistemas de alerta temprana ante la violencia intrafamiliar. Vecinos de Las Toreras manifestaron que nunca sospecharon un crimen de esta magnitud en su localidad.

Autoridades hondureñas afirmaron en un comunicado oficial: “Incluso cuando se intenta ocultar la evidencia, la tecnología y la investigación científica permiten que la justicia prevalezca.” Esta experiencia reafirma, según los equipos judiciales, el valor de los recursos técnicos en la resolución de crímenes complejos y la urgencia de ampliar la formación y recursos para la investigación.

La Fiscalía anunció que seguirá impulsando el fortalecimiento de su capacidad investigativa y solicitó mayor colaboración ciudadana para denunciar hechos de violencia y desaparición como herramienta clave para prevenir y esclarecer delitos en el país.

El caso Dubón expone el problema de la violencia contra mujeres en Honduras y la urgencia de reforzar la atención y prevención institucional.

La desaparición de Dubón dejó a una familia en incertidumbre durante casi cuatro años y conmocionó a la comunidad. El uso de la ciencia forense permitió cerrar judicialmente el caso, aunque el impacto persiste en quienes la conocieron.

La resolución constituye un hito en la aplicación de técnicas forenses en crímenes domésticos y destaca el mensaje institucional: la denuncia oportuna y el respeto a la vida son fundamentales.

Un hombre fue asesinado a balazos a pocos metros de la Presidencia Municipal de Irapuato, Guanajuato, la mañana de este jueves 19 de marzo, mientras una patrulla de tránsito circulaba por el sitio.

El ataque armado se registró en el Barrio de San José, sobre la calle Ramón Corona, alrededor de las 9:15 horas, cuando la víctima se encontraba a bordo de una camioneta plateada.

De acuerdo con reportes, dos sujetos que se encontraban en el sitio interceptaron la unidad y dispararon contra el conductor en al menos cinco ocasiones.

Paramédicos de Protección Civil que arribaron al sitio confirmaron que el hombre -quien viajaba solo- ya no contaba con signos vitales a causa de las lesiones por proyectil de arma de fuego.

Ante los hechos, elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y que se realizaran los peritajes correspondientes. La camioneta presentó varios impactos de bala en cristales laterales y parabrisas.

El hombre fue identificado como Aarón Francisco, de 35 años, de acuerdo con el Periódico AM.

Cámara de vigilancia captó el momento del ataque: patrulla pasó a un lado

Una cámara de seguridad captó el momento en el que se registró el ataque armado en contra del hombre a un costado de la Presidencia Municipal de Irapuato.

En el material se observa a dos sujetos vestidos de negro que permanecen de pie en la banqueta, cuando la camioneta color gris arriba al sitio y comienza a estacionarse detrás de otro vehículo color rojo.

Al encontrarse detenida, los dos sujetos se aproximan a la unidad, uno por el costado del copiloto, y otro por la parte trasera. Ambos observan a su alrededor y comienzan a moverse alrededor del vehículo.

Pocos segundos después, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, específicamente del área de tránsito, circula por el sitio a velocidad lenta debido a que el semáforo se encontraba en color rojo.

Al detenerse a un costado del vehículo donde se encontraba la víctima, uno de los agresores sacó su arma de fuego y comenzó a disparar contra la camioneta color gris.

Sin embargo, pese a lo que sucedía a un lado de la patrulla oficial, el uniformado que se encontraba al interior no intervino.

Investigan actuar del policía que presenció la agresión armada

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó desde el primer momento, elementos de la corporación acudieron al sitio para atender el reporte.

Sin embargo, tras la difusión del video en el que se observa a la patrulla oficial durante el ataque armado y no realizar ninguna acción, emitió un comunicado en el que detalló que inició los procedimientos correspondientes y acciones legales para analizar los hechos.

“Y en caso de acreditarse alguna irregularidad, actuar conforme a derecho y sancionar la conducta del elemento de la corporación que aparece en las imágenes conduciendo una unidad de Tránsito”, aseguró.

Además, explicó que mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos.

Según informó el medio, el principal investigado, Juan Julián S.S., permanece sometido a prisión provisional por orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro, instancia competente en los delitos de Violencia sobre la Mujer. La medida se ratificó tras la comparecencia celebrada en la mañana de este jueves, donde asistieron representantes legales del acusado y de la acusación particular, así como el Ministerio Fiscal. El juez instructor afirmó que, al existir indicios sólidos de un presunto delito de asesinato y un posible riesgo de fuga, se mantienen los requisitos legales que justifican la prisión provisional para el investigado.

El mismo auto judicial ratificó las restricciones impuestas anteriormente por la jueza de la plaza número 2, quien asumió inicialmente el caso al presuponerse una muerte de carácter accidental o indeterminado. Dichas restricciones prohíben al investigado cualquier forma de comunicación y la cercanía a menos de 200 metros de José B.B., el tío de la víctima, quien ejerce un papel relevante en la causa judicial.

El medio detalló que la autoridad judicial ha ordenado además la continuación de las diligencias instruidas previamente, enfocadas en profundizar la investigación sobre las circunstancias del suceso. Entre las acciones previstas figura la entrada y registro en el domicilio del principal sospechoso, Juan Julián S.S., y la inspección de su vehículo, programada para días posteriores. Estas diligencias buscan recabar evidencia relacionada con los hechos investigados y así determinar con mayor precisión el contexto en el que ocurrió la muerte de la mujer hallada en el barranco de Colungo, localidad de la provincia de Huesca.

La víctima, vecina de Barbastro, fue hallada sin vida en una zona de barranco, lo que inicialmente motivó que la plaza número 2 del Tribunal de Instancia asumiera la competencia por la indeterminación de la causa del fallecimiento. Una vez que surgieron indicios que apuntan a la posible comisión de un delito de asesinato, la instrucción del caso pasó a la plaza número 1 por ser la unidad especializada en delitos de violencia de género, según consignó el mismo medio.

En la comparecencia judicial, además del acusado y su defensa, asistieron también el abogado de la acusación particular, representación de la hermana de la víctima, Ana Belén B.S., así como el fiscal asignado al caso. El procedimiento actual da continuidad a la investigación mientras se esperan los resultados de las nuevas diligencias judiciales ordenadas por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1.

El juez instructor explicó en su auto que “al entender que existen indicios fundados de un delito de asesinato, ante el riesgo de fuga del investigado y al concurrir los requisitos legalmente exigidos para la adopción de la medida de prisión, es por lo que ratifica la prisión provisional de Juan Julián S.S.”, tal como reportó el medio.

Entre las medidas cautelares confirmadas figura la prohibición de cualquier contacto entre el investigado y José B.B., tanto físico como por medios de comunicación, por motivos relacionados con la protección procesal de víctimas de avanzada edad. La resolución judicial justifica que esta medida se concibe como precisa para garantizar la indemnidad y la pureza del testimonio de la persona afectada.

El caso sigue bajo investigación activa y las autoridades judiciales han manifestado su intención de avanzar con todas las diligencias consideren conducentes para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, según consignó el medio.

La declaración de uno de los acusados en el juicio por el asesinato de un joven en Fuenlabrada situó el foco en una presunta manipulación por parte de la Policía y la Fiscalía, según la versión presentada frente al tribunal. El señalado, el único que se encuentra en libertad provisional, rechazó cualquier vínculo con la banda juvenil Dominicans Don’t Play (DDP), negó relaciones con otros implicados y sostuvo ante los jueces que la acusación busca “enredarle” utilizando, a su entender, pruebas fabricadas, según informó Europa Press.

El proceso penal examina los hechos ocurridos la madrugada del 3 de octubre de 2022 en una discoteca de Fuenlabrada, donde perdió la vida un joven en lo que la Policía considera un episodio de venganza entre pandillas rivales, con cuatro jóvenes sometidos a juicio —dos de ellos identificados como presuntos autores intelectuales del crimen—. Europa Press detalló que la Fiscalía centró su interrogatorio en las escuchas telefónicas y en la posible integración del acusado en los DDP, recibiendo de éste respuestas reiteradas en las que negó pertenecer a la banda y conocer a los otros miembros más allá de convivir en el mismo barrio.

La sesión, que duró más de dos horas, reveló la distancia que el acusado buscó marcar respecto a otros jóvenes del barrio y negó que existieran pruebas directas sobre su pertenencia a la organización criminal. Ante la insistencia de la Fiscalía, el acusado sostuvo que las identificaciones en compañía de supuestos miembros de la banda no resultaron en detenciones o incautaciones de objetos, según recogió Europa Press. Además, criticó al fiscal por insistir en interpretaciones sobre el significado de términos utilizados en las conversaciones grabadas, como el uso de la palabra “tigres”, aludiendo que en el entorno del barrio se refieren a jóvenes y no, como mantiene el fiscal, a integrantes rasos de la banda.

Entre las pruebas que la Fiscalía presentó figura un vídeo musical de un artista presuntamente vinculado a los DDP, grabado días después del homicidio. En este vídeo aparecen algunos de los acusados y, en la letra, se hace mención al asesinato ocurrido, según consignó Europa Press. Al ser preguntado por su participación, el acusado argumentó que recibió un pago por aparecer en ese vídeo, con el propósito de crear ambiente, sin que ello signifique vinculación alguna con la organización.

Durante la vista judicial, la Fiscalía presentó argumentos apoyados en investigaciones de la Policía Nacional llevadas a cabo a partir de la ‘operación Hispano’. Este operativo, lanzado en diciembre de 2022 por la Delegación de Gobierno en Madrid, tuvo el objetivo de intensificar las acciones contra las bandas juveniles. Según las actuaciones policiales referidas por Europa Press, se identificó repetidamente a los acusados en el entorno de la banda DDP entre 2020 y 2023, especialmente en los distritos de Latina y Aluche, áreas señaladas como habituales puntos de encuentro del grupo.

En muchos de estos controles, la Policía registró la presencia de elementos identificatorios asociados a la banda, como tatuajes con la leyenda Dominican Don’t Play, coronas de cinco puntas, rosarios, bandanas y pulseras con los colores de la bandera dominicana. Además, en varias ocasiones los agentes incautaron armas blancas —incluidos machetes, cuchillos de gran tamaño y navajas tipo mariposa— y otros objetos considerados peligrosos. De acuerdo con el relato policial reseñado por Europa Press, en uno de los dispositivos se produjo la intervención de un machete de unos 60 centímetros que uno de los identificados abandonó entre unos matorrales.

El historial de antecedentes presentado ante el tribunal refleja una vinculación de algunos acusados con hechos violentos previos. Europa Press reportó que varios de ellos habían sido detenidos o identificados por delitos como robos con violencia, riñas tumultuarias, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas en diferentes operativos policiales, muchos de ellos encuadrados en una estrategia contra grupos de bandas latinas en Madrid. Entre los antecedentes, destaca la detención en 2013 del principal acusado, señalada por la Policía Nacional, por diez asaltos a personas mayores empleando la técnica del ‘mataleón’ en el distrito de Villaverde. La dinámica consistía en atacar por sorpresa a las víctimas, generalmente mujeres de edad avanzada, para sustraerles el bolso.

La Policía vincula el asesinato investigado a un ajuste de cuentas entre bandas, precisando que el mortal enfrentamiento habría respondido a una acción previa de miembros de los Trinitarios en una discoteca de la capital. Los investigadores atribuyen la orden del crimen a uno de los procesados, considerado por los agentes como el líder —conocido como el 'Suprema'— del denominado Coro de Campamento, una sección de los DDP.

El juicio reúne a un amplio número de testigos, con hasta 160 miembros de cuerpos de seguridad citados a declarar durante la vista oral. Europa Press relató que la semana pasada varios policías situaron a los acusados en el entorno del grupo a través de actas de identificación y antecedentes registrados en los últimos años en Madrid. Señalaron, además, que algunos de los procesados ostentaron puestos intermedios dentro de la estructura del Coro de Campamento, lo que, según los investigadores, demostraría una participación activa en la organización juvenil.

Las declaraciones de los procesados continuarán ante el tribunal en las próximas jornadas, en un proceso que, según lo previsto, podría prolongarse varios días. Las diligencias girarán sobre la valoración de pruebas documentales, escuchas, vídeos, testimonios y antecedentes en un caso que la Fiscalía encuadra en la lucha judicial y policial contra las bandas juveniles organizadas en la Comunidad de Madrid.

El cartel difundido por las Fuerzas Militares de Colombia, en conjunto con la Fiscalía General y diferentes cuerpos de seguridad, presenta a los individuos más buscados del Ejército Gaitanista de Colombia, más conocidos como el Clan del Golfo por su responsabilidad en amenazas y asesinatos contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares.

Se ofrece una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) que corresponden a $1.200.000.000 por información que conduzca a la captura de:

• Rober Alexander Martínez Velásquez
• Osneider Ruiz Arroyo
• Alias Tocayo, Urainer Gilberto Córdoba Buenaventura
• Alias Angelo, Jhonatan Restrepo Salazar

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Además, se ofrece una recompensa de hasta 15 Smlmv correspondientes a los $30 millones por información que permita detener a:

• Alias Richard, Wilmar Albeiro Mejía Usuga
• Alias Chacal, Onael Enrique Ramos Anaya
• Alias Risitas, Kevin Esteban Chaverra Gutiérrez
• Alias Chalia, José Elías Cortes Velásquez
• Alias Silvestre, Didier Esteban Aricapa Cotera
• Alias Camilo, José Rosario Aparicio Vargas

El cartel invita a la ciudadanía a aportar información a través de líneas seguras, garantizando absoluta reserva. Los teléfonos de contacto son 3178965777 y 3143587212, así como la línea 107 y el correo electrónico dijin.elite-jef@policia.gov.co.

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río

El hallazgo del cuerpo de Wilmer Benítez en el río Cauca conmocionó a los habitantes del Bajo Cauca antioqueño. Benítez, quien era reconocido por su trabajo como líder deportivo y comunitario en Margento, fue reportado como desaparecido el 6 de marzo de 2026. Tras varios días de búsqueda intensa por parte de sus familiares, socorristas y vecinos, la confirmación de su muerte llegó el 11 de marzo, cuando los cuerpos de emergencia encontraron un cadáver atado a costales con piedras a la altura del corregimiento de Colorado, en Nechí.

La desaparición de Benítez ocurrió después de que saliera de su vivienda en la madrugada. Ante la falta de noticias, los familiares recurrieron a las autoridades y pidieron apoyo comunitario para dar con su paradero. El paso de los días incrementó la angustia, hasta que finalmente la búsqueda terminó en tragedia.

De acuerdo con denuncias de líderes sociales, la víctima fue sometida a torturas y ejecutada con arma de fuego antes de ser arrojada al río. El cuerpo, amarrado a costales para dificultar su localización, fue identificado tras las diligencias pertinentes. Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, las primeras informaciones apuntan a integrantes del autodenominado EGC, conocido como Clan del Golfo, como presuntos responsables.

Este hecho se suma a una serie de homicidios y amenazas que afectan a la región del Bajo Cauca, donde la Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrenta la población civil debido a la presencia y disputa de grupos armados ilegales. González Perafán remarcó: “Desde Indepaz rechazamos este crimen y reiteramos la urgencia de garantías reales de protección para el liderazgo social y presencia integral del Estado en estos territorios”.

La distancia aproximada que recorrió el cuerpo de Benítez por el afluente podría superar los 10 kilómetros, dada la cercanía de su residencia al cauce del río.

El asesinato de Wilmer Benítez elevó a 29 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En el departamento de Antioquia, este caso representó el sexto homicidio de un dirigente social en 2026.

La persistencia de estos crímenes mantiene en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes insisten en la necesidad de que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a quienes ejercen liderazgo comunitario. El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo uno de los territorios más golpeados por la violencia, el control armado y el desplazamiento forzado.

Akins, quien había integrado la Agrupación Comandos Anfibios y pertenecía a la promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina. El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2024, cuando Akins y Claudio Guzmán, de 49 años, realizaban una custodia particular en la vivienda de una mujer de 77 años en Lanús. Ambos descargaban objetos de una camioneta Volkswagen Amarok frente a una casa ubicada en la intersección de las calles Arturo Illia y Ferré. En ese momento, fueron sorprendidos por dos delincuentes armados que buscaban robar pertenencias de valor.

El tribunal, tras evaluar la prueba reunida durante la instrucción, sentenció a R. M. C. y H. Z. a 15 años de prisión. A su vez, J. O. A. recibió una pena de 12 años.

De acuerdo con la investigación, pudieron comprobar que R. M. C. fue el autor material del disparo que le costó la vida a Akins, mientras que H. Z. fue hallado culpable por su participación directa en el hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal El Diario Sur, los jueces establecieron que J. O. A. cumplía la función de conductor del vehículo utilizado para la huida y su rol fue clave para la consumación del asalto.

Días después del hecho, R. M. C. fue arrestado tras siete allanamientos coordinados por la DDI de Avellaneda-Lanús, bajo órdenes del Juzgado de Garantías N°3. En el domicilio del principal acusado, la Policía incautó una escopeta calibre 12/70, elemento que fue incorporado como prueba en el expediente judicial.

Por su parte, J. O. A. fue localizado y detenido en el barrio San Pedrito, provincia de Jujuy, tras ser identificado por el análisis de antenas de telefonía celular. H. Z. también fue arrestado en el marco de la misma investigación, que involucró el cruce de datos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos presenciales.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del ataque. En las imágenes, se observa un forcejeo entre uno de los asaltantes y Guzmán, quien resultó herido. En paralelo, el otro agresor efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Akins, provocando su muerte en el acto.

El material fílmico muestra que, tras perpetrar el ataque, uno de los asaltantes se acercó al cuerpo de la víctima y le sustrajo un objeto, que los investigadores presumen sería el arma reglamentaria que portaba el ex combatiente. Otra grabación evidencia la huida de los implicados: uno de ellos portaba una pistola, mientras que el otro manipulaba otra arma que podría corresponder a la sustraída.

La causa fue instruida por el fiscal Martín Darío Rodríguez, de la UFI N°6, quien llevó adelante la investigación que permitió identificar y detener a los responsables.

Akins era recordado en la comunidad militar por su paso por la Agrupación Comandos Anfibios y su participación en la promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina.

El hecho fue calificado en la instrucción como un homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de armas de fuego y la intervención de dos o más personas.

Las autoridades federales mexicanas anunciaron este miércoles 18 de marzo la detención de David “N”, alias “El Chuky”, señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó gracias a un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden judicial vigente desde hace más de una década.

La captura fue realizada a 12 años, 1 mes y 23 días de que el Gregorio, también conocido como Goyo, fuera privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida en una fosa.

Las autoridades no detallaron cuál sería el presunto papel del detenido en torno al secuestro y asesinato del periodista veracruzano

El operativo y la detención

De acuerdo con el comunicado divulgado el 18 de marzo por la FGR, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la SSPC localizaron al sospechoso en la colonia Francisco Villa, en Coatzacoalcos, estado de Veracruz.

Las autoridades reportaron que en el momento de la captura se garantizó que David “N” recibiera la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y se respetara el debido proceso legal.

Tras su aseguramiento, “El Chuky” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS-Guanajuato”, donde permanece bajo custodia a la espera de que una autoridad judicial determine su situación jurídica.

Esto se sabe sobre el asesinato de Goyo

El caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, conocido como “Goyo”, marcó un precedente en la violencia contra la prensa en México.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el periodista, quien trabajaba en Notisur y El Liberal del Sur, fue privado de la libertad el 5 de febrero de 2014 en su domicilio de Coatzacoalcos por sujetos armados.

Su cuerpo fue hallado una semana después en una fosa clandestina junto a otras dos personas.

La entonces Fiscalía estatal y el ex gobernador Javier Duarte manejaron inicialmente la versión de un móvil personal, relacionado con una supuesta venganza pagada por una mujer identificada como Teresa de Jesús.

Sin embargo, reportes de este medio realizados en el 2023 señalan que colegas y la propia FGR han sostenido la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a la labor periodística de Jiménez, especialmente por su cobertura de desapariciones.

En el 2025 la FGR señaló que los responsables del crimen actuaron como represalia por una nota publicada por Gregorio Jiménez. En ese texto, el periodista habría señalado presuntas actividades de la delincuencia organizada en el bar “El Palmar”, ubicado en Villa Allende, el cual pertenecía a Teresa de Jesús.

Otras personas vinculadas con el caso

De acuerdo con información publicada previamente por medios nacionales como La Jornada, además de “El Chuky”, otras personas han sido señaladas en el caso del asesinato de Gregorio Jiménez.

Entre ellas se encuentra Teresa de Jesús Hernández Cruz, antes mencionada, identificada como autora intelectual de la agresión contra el periodista.

También figuran los presuntos autores materiales y copartícipes José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández.

Además, hay otro sujeto vinculado con el caso, identificado como Josué “C”, alias “El Celaya”, acusado por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior homicidio del comunicador. El Celaya recibió auto de formal prisión en el año 2023. Asimismo, en noviembre de 2025 se dictó auto de formal prisión contra Santos González Santiago, identificado por las autoridades como Santos “N”.

La violencia volvió a golpear la ciudad de San Pedro Sula, luego de que un taxista fuera encontrado sin vida en una calle de tierra de la colonia Roca de Cristo, en un hecho que ha generado consternación entre vecinos, familiares y el gremio del transporte.

La víctima fue identificada como Leandro García, de 33 años, conductor de taxi VIP y residente de la colonia Islas del Progreso, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares el lunes 16 de marzo, tras ser secuestrado alrededor de las 19:30 en la colonia Montefresco. La familia inició la búsqueda esa misma noche, motivada por la falta de noticias y el temor a un desenlace fatal.

Su cadáver fue encontrado dos días después en una calle de tierra de la colonia Roca de Cristo, tras el aviso al Sistema Nacional de Emergencia 911, según confirmaron los agentes de la Policía Nacional al arribar al lugar.

Junto al cuerpo, las autoridades hallaron un rótulo de color verde con un mensaje intimidante, en el que citó: “Por no respetar las mujeres casadas”.

El automóvil de García, herramienta indispensable para su oficio, fue hallado abandonado la mañana del martes 17 de marzo, hecho que incrementó la angustia de la familia y el gremio de taxistas.

Especialistas en seguridad remarcan que la exposición constante en la vía pública y el contacto con desconocidos convierten a los conductores en objetivos particularmente desprotegidos.

El levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias forenses se llevaron a cabo siguiendo el protocolo, con la zona protegida por agentes policiales para conservar la escena. El cadáver fue trasladado a la morgue local, donde la autopsia buscará esclarecer el hecho.

La aparición del letrero amenazante junto al cuerpo constituye el eje de las indagaciones actuales. Analistas sostienen que este tipo de mensajes es habitual en bandas criminales que utilizan la intimidación para marcar territorio. No se descarta que el asesinato esté conectado a disputas personales.

La familia de García, lo describe como alguien dedicado a su pareja y a sus dos hijas menores. Su muerte generó un vacío profundo y consolidó el temor por la seguridad en San Pedro Sula. Vecinos de la colonia Roca de Cristo relatan que, aunque hechos violentos de tal calibre no habían ocurrido recientemente, la inseguridad se mantiene como una constante en la comunidad.

Según investigaciones de la policia nacionalse detalló que había sido denunciado en años anteriores, específicamente en 2018, por hechos relacionados con violencia doméstica.

Las autoridades policiales afirman que mantienen abiertas todas las líneas de investigación y analizan tanto el entorno personal de la víctima como posibles nexos con bandas criminales. Recogen pruebas materiales y testimonios para dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mediados de marzo de 2026 se han documentado al menos 473 homicidios a nivel nacional, una tendencia que mantiene a la región norte como una de las más afectadas, según reportes recogidos por el medio fuente.

Para los expertos, esta estadística refleja la magnitud de la problemática que enfrentan tanto taxistas como conductores privados, quienes deben operar en un contexto hostil y con escasa protección frente al crimen organizado y la delincuencia común.

Horas después del operativo internacional, Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como ‘Lobo Menor’, pasó de estar fugitivo a ser trasladado a Colombia tras su detención en el sector Polanco de Ciudad de México. Según informó el medio Europa Press, la cooperación entre las fuerzas policiales de Colombia, México y Ecuador permitió la captura de uno de los principales acusados por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles la aprehensión de Aguilar Morales, destacando que la operación, denominada ‘Jericó’, fue consecuencia de un esfuerzo conjunto de inteligencia. Petro detalló a través de sus redes sociales que el arresto del presunto líder del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos se logró gracias a la colaboración activa de la policía colombiana, que apoyó en todo momento el despliegue de agentes y la recolección de información en territorio mexicano. Según publicó Europa Press, el mandatario colombiano subrayó que la detención de Aguilar representa un golpe a las organizaciones delictivas multinacionales que han extendido sus redes entre América del Sur y México.

De acuerdo con Europa Press, Aguilar Morales enfrentaba una orden de extradición relacionada con el homicidio de Villavicencio, perpetrado cuando el político participaba activamente en la campaña hacia la presidencia de Ecuador. La investigación lo identifica como uno de los presuntos autores intelectuales del atentado, así como líder de la organización criminal Los Lobos, la cual mantiene vínculos con alias ‘Iván Mordisco’ y con carteles mexicanos reconocidos por su actividad ilícita en la región. El presidente Petro recalcó que Aguilar Morales, tras su arresto, fue trasladado rápidamente a Colombia, donde posteriormente quedaría a disposición de las autoridades ecuatorianas.

El operativo también fue validado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Harfuch, en declaraciones en redes sociales recogidas por Europa Press, explicó que la aprehensión de ‘Lobo Menor’ se produjo como resultado de trabajos de inteligencia y del uso de mecanismos de cooperación internacional. Al ofrecer detalles de la detención, el funcionario mexicano identificó inicialmente a Aguilar Morales bajo el nombre de Juan Carlos N y lo señaló como dirigente del grupo delictivo Los Lobos, que opera principalmente en Ecuador pero mantiene presencia en el país norteamericano.

El mensaje de García Harfuch incluyó un reconocimiento a la policía colombiana por su apoyo en la localización y detención de un objetivo principal de la justicia latinoamericana, vinculado –según autoridades sudamericanas citadas por Europa Press– con el homicidio de un excandidato presidencial ecuatoriano. Para García Harfuch, estas acciones evidencian el compromiso de México, Colombia y Ecuador en el combate conjunto al crimen organizado que actúa transnacionalmente.

Europa Press reportó que el caso de Fernando Villavicencio conmocionó a Ecuador debido a las circunstancias bajo las que se produjo el crimen. El aspirante presidencial fue atacado durante un acto de campaña eleccionaria, en un contexto donde se investigaban alianzas y enfrentamientos entre distintas organizaciones criminales. La detención de Aguilar Morales, según las autoridades intervinientes, responde a la necesidad de frenar la expansión de redes criminales que conectan países de América Latina con estructuras narcodelictivas de México.

El presidente Petro resaltó ante medios y en redes sociales que el resultado de la operación conjunta ratifica la eficiencia de los canales de cooperación trilateral en la lucha contra el crimen transnacional. El operativo ‘Jericó’, detalló, se diseñó a partir de labores de inteligencia integradas y el intercambio activo de información entre organismos de seguridad de los tres países involucrados.

El medio Europa Press consignó que las autoridades ecuatorianas consideran a Los Lobos como una de las agrupaciones responsables de incidentes de violencia en Ecuador, señalando además los vínculos de sus líderes con estructuras del crimen internacional. Aguilar Morales figuraba en las listas de personas más buscadas del país, y tanto Ecuador como Colombia mantenían desde hace meses un intercambio de alertas sobre sus movimientos, lo que finalmente derivó en el rastreo y localización en la capital mexicana.

A juicio de las fuentes consultadas por Europa Press, la captura de ‘Lobo Menor’ representa no solo un avance en la investigación por el asesinato de Villavicencio, sino también un mensaje a las redes multicrimen sobre los alcances de la cooperación policial y judicial. Las autoridades reiteraron la importancia de consolidar acuerdos para enfrentar delitos que trascienden fronteras y de coordinar recursos y estrategias para actuar de inmediato, como ocurrió en este caso.

El seguimiento al caso Villavicencio, según remarcó Europa Press, ha adquirido dimensión internacional debido a las sospechas sobre la implicación de carteles mexicanos en actividades ilícitas en Ecuador. El arresto de Aguilar Morales ocurre luego de meses de investigaciones y requirió la movilización de efectivos y recursos policiales entre los tres países.

Las autoridades colombianas y mexicanas se comprometieron a mantener la colaboración para continuar la persecución de otros miembros de la organización Los Lobos y de cualquier grupo similar con operaciones en la región. Tanto México como Colombia y Ecuador consideran que la extradición de Aguilar Morales permitirá avanzar en las pesquisas judiciales, además de fortalecer las investigaciones para desmantelar otros eslabones de las redes que, según las fuentes citadas por Europa Press, siguen activas en varios países de América Latina.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, y el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, murieron el 16 de marzo como resultado directo de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos. Estos decesos se suman al fallecimiento del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, ocurrido el 28 de febrero, y al reciente asesinato del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, confirmado por el presidente iraní Masud Pezeshkian. Según consignó la agencia Europa Press, todos estos altos funcionarios, junto a algunos de sus familiares y miembros de sus equipos, perdieron la vida durante los ataques perpetrados contra la capital iraní, Teherán.

El presidente Pezeshkian transmitió públicamente sus condolencias por la muerte de los miembros del gabinete, así como de comandantes militares y otros funcionarios, catalogando estos sucesos como un duro golpe para el pueblo de Irán. El mandatario afirmó en redes sociales: “Ofrezco mis condolencias al gran pueblo de Irán por el martirio de dos miembros del gabinete, el secretario de la Asamblea Popular y los comandantes militares y de los Basij. Estoy seguro de que su camino continuará con más fuerza que nunca”.

De acuerdo con Europa Press, la confirmación oficial del asesinato de Esmail Jatib se produjo tras los ataques conjuntos que tuvieron como objetivo a Irán desde el 28 de febrero. El ejército israelí, bajo el mando de Israel Katz, anunció horas antes la muerte de Jatib, señalando que ocupaba un puesto clave en el sistema de inteligencia, represión interna y promoción de amenazas externas de la República Islámica. El ministro de Defensa de Israel advirtió en un comunicado: “La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre”.

La ofensiva militar, que involucró también a fuerzas estadounidenses, provocó un elevado número de víctimas. Según la información difundida por Europa Press, el último balance facilitado por las autoridades persas estimó un total de más de 1.200 muertos derivados de estas operaciones militares. No obstante, la ONG Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, emitió el domingo un reporte en el que eleva la cifra de fallecidos a más de 3.000, una mayoría de ellos civiles.

Entre los muertos en esta escalada se cuenta al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, cuya defunción fue confirmada por las autoridades iraníes tras la reivindicación de Israel. Europa Press reportó que la muerte de Jamenei y de otros altos cargos del Ejército y la seguridad nacional, como Soleimani y Lariyani, representa una pérdida notable para la estructura de mando iraní.

Las acciones de las fuerzas israelíes y estadounidenses en territorio iraní forman parte de una serie de operaciones que han generado tensiones prolongadas en la región. La respuesta de Pezeshkian y su gabinete apunta a una continuidad en la línea de acción oficial, en medio de una pérdida significativa de liderazgo en los sectores estratégico, militar y de inteligencia del país, según lo reportado por Europa Press.

La organización Human Rights Activists in Iran señaló en sus informes que la mayoría de las víctimas corresponden a población civil, reflejando el impacto del conflicto más allá de los altos funcionarios y el aparato estatal. La discrepancia entre las cifras oficiales iraníes y las de la ONG resalta la dificultad para establecer con precisión el alcance de las bajas producidas por esta ofensiva conjunta, tal como detalló Europa Press en sus coberturas.

La serie de atentados atribuidos a Israel y Estados Unidos, focalizados en instalaciones y figuras clave del poder en Teherán, no solo afectó la estructura de mando sino que produjo efectos entre familiares y equipos cercanos a los altos cargos. El medio Europa Press situó estos hechos en el marco de una escalada de violencia que ha marcado el inicio de año en el país asiático.

El discurso del presidente Pezeshkian insistió en que, pese a las pérdidas sufridas, las autoridades iraníes consideran que la continuidad y el fortalecimiento de sus políticas y estrategias no se verán interrumpidos, perspectiva reiterada públicamente tras la eliminación de Jatib y otros miembros clave del gabinete.

De acuerdo con los registros, la secuencia de eventos desde finales de febrero refleja una intensificación de acciones directas contra el gobierno iraní, principalmente en la capital. Europa Press explicó que la presión militar y política sobre las estructuras de seguridad persas apunta a debilitar las capacidades de respuesta y control interno, en un contexto definido por la elevada mortalidad en filas tanto de funcionarios como de civiles, señalada por organizaciones de derechos humanos y fuentes oficiales.

La confirmación de la muerte de Esmail Jatib y la atribución del ataque a Israel fue acompañada por declaraciones de alto nivel desde el gobierno iraní y reacciones internacionales, en un episodio que ha situado a la crisis en Irán como uno de los focos de atención geopolítica durante este periodo.

El hermano de Dana Leonte, Florín Leonte, informó que la autorización judicial para la entrega de los restos de la joven se resolvió la pasada semana. Desde el viernes a partir de las 14:00 horas se realizará el velatorio y el sábado a las 16:00 horas se procederá al entierro en el cementerio de Vélez-Málaga, donde allegados y familiares podrán despedirse de Dana. Florín indicó que este acto permitirá tanto a él como a su familia avanzar tras años de espera, expresando confianza en el proceso judicial pendiente contra el principal acusado, quien era pareja sentimental de la víctima. El juicio, según palabras recogidas por Europa Press, será un paso decisivo hacia la obtención de justicia tras siete años de sufrimiento.

De acuerdo con Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga autorizó la entrega de los restos mortales a la familia, dando respuesta a la petición realizada formalmente por la abogada Antonia Barba. La autorización se otorgó respecto a los restos encontrados en junio de 2019, permitiendo así la sepultura que la familia venía solicitando desde hace años.

El caso se remonta a junio de 2019, cuando Dana Leonte desapareció en su domicilio situado en Arenas, Málaga. Las autoridades y un amplio dispositivo ciudadano realizaron múltiples búsquedas en la comarca de la Axarquía tras la desaparición de la joven el 12 de junio. Meses después, en septiembre, la policía detuvo al novio y padre de la hija de Dana tras el hallazgo de restos óseos, aunque el cuerpo no fue recuperado en su totalidad, según detalló Europa Press.

El proceso penal involucra a la expareja de Dana Leonte, quien será juzgado por un jurado popular. Tanto la Fiscalía como la acusación particular del hermano de la víctima han presentado sus correspondientes escritos: el Ministerio Público solicita 17 años de prisión por homicidio y un delito contra la integridad moral, mientras que la representación legal de Florín Leonte pide una condena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Por su parte, la defensa del acusado solicitó en principio la absolución, consignó Europa Press.

Según documentos judiciales citados por Europa Press, la investigación sostiene que el procesado supuestamente agredió a Dana Leonte con un palo de madera en la cabeza para acabar con su vida. Posteriormente, el acusado habría trasladado el cuerpo con el objetivo de ocultarlo o, si no hubiera fallecido en el acto, cumplir su objetivo final. Las acusaciones sostienen que la mujer fue introducida en el maletero del vehículo, y el acusado habría procedido a desmembrarla y dispersar sus restos en el entorno. Tras ello, limpió el domicilio con la intención de eliminar cualquier rastro de sangre y, según la Fiscalía, emprendió acciones para desviar la investigación, generando coartadas y enviando mensajes telefónicos suplantando la identidad de la víctima.

Europa Press reveló que la Fiscalía describe la conducta del acusado como un grave atentado contra la libertad e integridad de la víctima, considerando su acción como una imposición de poder y dominio, restringiendo la capacidad de Dana para retomar su vida. Los restos hallados corresponden a apenas una parte del cuerpo, que las acusaciones vinculan directamente con los actos del procesado para dificultar la localización y aumentar el dolor de la familia.

En el análisis presentado por Europa Press, se detalla que la ocultación de los restos y las versiones contradictorias proporcionadas por el principal sospechoso contribuyeron a confundir a investigadores y familiares, incrementando el sufrimiento de la hija de Dana y de los restantes allegados. Las búsquedas infructuosas previas al hallazgo definitivo formaron parte de la estrategia atribuidas al investigado por parte de las acusaciones, con el fin de perpetuar la incertidumbre y el daño moral.

El esperado juicio se celebrará con tribunal de jurado conforme a la petición de las partes. La familia de Dana aguarda este momento en el que esperan que la justicia determine las responsabilidades derivadas de la desaparición y muerte de la joven originaria de Rumanía, residente en Málaga en el momento de su desaparición. La decisión judicial de permitir ahora el enterramiento de Dana Leonte intenta poner fin a una larga espera, aportando a sus allegados la posibilidad de despedirse en un acto público, mientras continúa el procedimiento judicial que abordará las responsabilidades penales del caso, según publicó Europa Press.

Un ataque armado registrado en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas dos hombres —que eran hermanos— y dos mujeres cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

De acuerdo con información oficial, el multihomicidio ocurrió cuando sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas, quienes se encontraban al interior de un inmueble. El hecho ocurrió el martes alrededor de las 10 de la noche, en el cruce de las calles Insurgentes y Morelia, en la colonia Revolución.

Tras el ataque, cuerpos de seguridad se trasladaron al lugar, donde confirmaron la muerte de las cuatro personas. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras diligencias.

Víctimas y primeras investigaciones

Las autoridades informaron que dos de las víctimas eran hombres que mantenían un vínculo familiar, mientras que las otras dos corresponden a mujeres que hasta el momento no han sido identificadas.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el móvil del ataque ni sobre los responsables, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Este tipo de agresiones, en las que comandos armados irrumpen en viviendas o espacios cerrados, forma parte de los patrones de violencia que se han registrado en distintas zonas de Michoacán en los últimos años.

Zamora, foco de violencia en Michoacán

El municipio de Zamora se ha mantenido como uno de los puntos con mayores índices de violencia en la entidad, con constantes reportes de ataques armados, homicidios y enfrentamientos vinculados a grupos del crimen organizado.

En semanas recientes, se han registrado otros hechos violentos en la región, lo que refleja la persistencia de la inseguridad pese a los operativos desplegados por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Especialistas en seguridad han advertido que la disputa territorial entre organizaciones criminales ha intensificado la violencia en distintas zonas del estado, incluyendo Zamora, donde estos grupos buscan controlar actividades ilícitas y rutas estratégicas.

Sin detenidos tras el ataque

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este multihomicidio, lo que refuerza la preocupación por la capacidad de los grupos armados para actuar con impunidad en la región.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán con las investigaciones para dar con los responsables, mientras que elementos de seguridad mantienen presencia en la zona como parte de los operativos de vigilancia.

El ataque se suma a la ola de violencia que afecta a Michoacán, donde hechos de alto impacto continúan registrándose de manera recurrente, generando preocupación entre la población y evidenciando los retos en materia de seguridad pública.

Zamora es un territorio en pugna entre organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes.

Según su familia, el joven había comenzado a trabajar en el transporte público hacía apenas tres meses, con el objetivo de cubrir los pagos del vehículo adquirido a crédito junto a su padre. Vargas, quien cursaba el último año de Ingeniería Industrial, era el menor de dos hermanos y alternaba sus estudios con largas jornadas laborales para ayudar en la economía familiar.

La madre de Jorge, Marlene, expresó entre lágrimas su reclamo de justicia, exigiendo que el crimen no quede impune. “Me quitaron toda mi vida, es lo único que quiero: justicia. Quiero que investiguen, quiero que ese desgraciado pague, pero con toda la ley. Que le den pena de muerte a ese maldit*. Así como me quitó a mi hijo, ¡que le quiten su vida!”, declaró en las afueras de su vivienda.

La familia insistió en que no cuentan con recursos económicos para acelerar el proceso judicial y teme que la falta de dinero influya en el esclarecimiento del caso.

El abuelo de Jorge, Daniel Vargas, recordó que su nieto trabajaba junto a su padre en la tarde para costear sus estudios de Ingeniería Industrial, los cuales cursaba en su último año. “Él decía: ‘Abuelito, todo el mundo está viendo matar, matar nomás, pero ¿qué podemos hacer? Nos obliga a trabajar’. Era un joven trabajador, tranquilo y dedicado a sus estudios y a la iglesia”, relató.

Jorge Luis Félix Vargas había adquirido la unidad de transporte a crédito y llevaba apenas tres meses trabajando en Los Rojitos. La tarde del último martes, un desconocido interceptó la unidad de transporte, abrió fuego con una pistola, y huyó. Las balas impactaron en el cuerpo de Jorge y otros dos pasajeros. Las tres víctimas fallecieron.

Estos asesinatos se suma al clima de inseguridad que afecta al transporte público en Lima, donde choferes enfrentan amenazas y extorsiones de bandas criminales.

La familia lamentó la falta de protección en su zona: “Vivimos aislados, prácticamente sin policía. La justicia debe actuar con mano dura”, pidió el abuelo.

La empresa Los Rojitos ha suspendido temporalmente sus servicios, mientras las autoridades continúan las investigaciones. La comunidad exige que este crimen no quede impune y que se implementen medidas efectivas para proteger a los trabajadores del transporte público.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

• 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
• 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
• 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
• 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
• 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

El individuo investigado por el fallecimiento de su pareja en Pedreña, Cantabria, contaba con condenas previas por violencia de género en Madrid, registradas en 2011 y 2019 aunque ya no activas en el Sistema Viogen al momento de los hechos, según reportó el medio. Esta información surge mientras el presunto autor, de 52 años, comparece ante la jueza de guardia de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo tras el vencimiento del plazo de detención de 72 horas.

De acuerdo con lo informado, el hombre fue arrestado la mañana del domingo 15 de junio, apenas un día después de que la víctima, identificada como M.L.R., de 64 años y originaria de Madrid, fuera hallada sin vida en la localidad cántabra de Pedreña. El Ministerio de Igualdad ha clasificado el caso como un acto de violencia de género, mientras la investigación oficial continúa bajo la dirección de la Guardia Civil de Cantabria.

El informe provisional de la autopsia determinó que la causa del fallecimiento de la mujer se atribuyó a asfixia, compatible con un estrangulamiento. Este resultado orientó desde el inicio la investigación como un posible caso de homicidio por violencia de género, tal como confirmó el Ministerio de Igualdad tras conocerse el arresto del sospechoso y los resultados del examen médico forense.

La relación entre la víctima y el detenido no presentaba antecedentes registrados de denuncias previas por violencia de género, según consta en el Sistema Viogen, mecanismo oficial de seguimiento y protección a las víctimas de este tipo de delitos. No obstante, el hombre había sido sentenciado en dos ocasiones anteriores por hechos similares en Madrid, aunque estas causas ya no seguían activas en el registro.

En cuanto al entorno personal de la víctima, se estableció que no tenía hijos menores de edad y que desde hacía algunos años residía en la localidad donde ocurrieron los hechos. Según publicó el medio, la Guardia Civil de Cantabria prosigue la recopilación de pruebas y análisis de los hechos en el marco de la investigación judicial iniciada con la detención y posterior comparecencia ante la jueza competente.

El caso ha recibido la confirmación oficial por parte del Ministerio de Igualdad como un homicidio por violencia de género, lo que activa los protocolos de actuación y seguimiento establecidos en este tipo de delitos. La instrucción judicial avanza con la toma de declaraciones y el examen técnico de la evidencia recabada, mientras el sospechoso permanece bajo custodia tras agotarse el plazo legal de detención preventiva establecido por la ley.

De acuerdo con los detalles aportados, la comparecencia ante la jueza tiene lugar tras cumplirse el periodo máximo de 72 horas desde la detención, tal como estipula la legislación vigente para la puesta a disposición judicial de las personas arrestadas, asegurando la continuidad del proceso en la instancia correspondiente.

El medio consignó que los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil mantienen abiertas varias líneas de investigación orientadas a esclarecer las circunstancias precisas del fallecimiento y los posibles antecedentes de la relación entre la víctima y el supuesto agresor. Entre las diligencias figuran la revisión de antecedentes judiciales, la toma de testimonios y el análisis de los hechos ocurridos en el domicilio de la víctima.

El caso de Pedreña se integra en las estadísticas oficiales de violencia de género en España tras la confirmación ministerial, subrayando la vigilancia de las autoridades y la aplicación de las normativas específicas para la protección de las mujeres en situaciones de riesgo, según lo detallado por la fuente original del informe.

Un hombre fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras ser identificado como el probable responsable de dar muerte a un cuentahabiente y robarlo afuera de la sucursal BBVA ubicada en la Plaza Sendero del municipio de Lerma el pasado 2 de marzo.

El ataque se produjo mientras la víctima, identificada extraoficialmente como David de 36 años, esperaba su turno para ingresar al banco, en un hecho que generó conmoción entre quienes presenciaron la agresión.

Según los reportes oficiales, compartidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la detención fue realizada tras cumplimentar una orden de aprehensión en contra del sujeto, identificado como Mario “N”.

Ataque a plena luz del día frente a testigos en Lerma

De acuerdo con reportes, el pasado 2 de marzo de 2026 dos sujetos arribaron a la Plaza Sendero, ubicada en la colonia Parque Industrial El Cerrillo, a bordo de una motocicleta.

En el sitio, la víctima permanecía formada para entrar a la sucursal BBVA cuando fue interceptada por los agresores.

A pesar de la presencia de varias personas en la fila, uno de los sujetos lo encañonó con un arma de fuego y exigió el dinero que llevaba para depositar.

La víctima presuntamente opuso resistencia y forcejeó con los atacantes, hasta que uno de ellos disparó a corta distancia.

Tras la agresión, los asaltantes tomaron el efectivo y huyeron en la misma motocicleta que arrivaron. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció por las lesiones recibidas.

Investigación y detención del presunto responsable

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que, tras el homicidio y robo, se realizaron diversos actos de investigación que permitieron identificar a Mario “N” como probable responsable de la agresión.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada por agentes de la FGJEM.

Mario “N” fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

La FGJEM subrayó mediante un comunicado que el detenido debe considerarse inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

El nombre oficial de la víctima no ha sido revelado por las autoridades, pero medios como La Prensa reportaron que se trataba de un hombre de 36 años de edad, identificado como David.

La agresión y posterior robo ocurrieron en una zona comercial concurrida y en horario bancario habitual, lo que generó alarma entre los presentes y la comunidad de Lerma.

La institución informó que las investigaciones continúan para localizar al segundo implicado, quien habría conducido la motocicleta, y esclarecer todos los elementos relacionados con el caso.

Tras la consulta, se confirmó que el sujeto contaba con una requisitoria vigente emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria, en Lima. De acuerdo con información difundida por el citado medio, el intervenido fue trasladado a la comisaría del distrito Veintiséis de Octubre, donde se iniciaron las diligencias conforme a ley.

Investigación y presunto vínculo

Las autoridades indicaron que More Calderón es investigado por la presunta clonación de más de 200 placas vehiculares, las cuales habrían sido utilizadas en distintos delitos. Este elemento forma parte de una línea de investigación que busca determinar su posible participación en redes delictivas vinculadas a actividades ilícitas.

Asimismo, el detenido estaría presuntamente implicado en el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso de la República. Según informó TV Perú, el caso es investigado en Lima, por lo que se ha dispuesto su traslado a la capital en las próximas horas para continuar con las diligencias correspondientes.

Intento de soborno y proceso de traslado

Durante la intervención, el sujeto mostró signos de nerviosismo e incluso habría intentado sobornar a los agentes policiales para evitar su detención. Los efectivos rechazaron esta acción y procedieron conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la unidad de flagrancia del Poder Judicial, mientras se coordina su traslado a Lima. En la capital deberá responder ante las autoridades judiciales que llevan el caso, en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer su presunta participación en este hecho.

Vínculo con el caso Andrea Vidal

Las investigaciones policiales sobre la presunta red de clonación de placas vehiculares revelan que algunas de estas unidades habrían sido utilizadas en delitos cometidos en Lima. De acuerdo con un informe difundido por el programa Cuarto Poder, una de las placas identificadas es la BFX-651, la cual fue detectada en un vehículo involucrado en el asalto a un empresario en la capital.

Según explicó el jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional, coronel PNP Juan Carlos Montúfar, los implicados habrían trasladado esta modalidad delictiva desde Lima hacia la ciudad de Piura. “Esos dos sujetos han trasladado esa modalidad a la ciudad de Piura y han tramitado 210 placas clonadas con documentos falsos, para poder ser repartidas acá (Lima) en el mundo criminal”, declaró el oficial, al detallar el alcance de la presunta operación.

Las indagaciones iniciales también señalan que los trámites para la obtención de estas placas se habrían realizado utilizando documentación falsa. En ese contexto, se identificó que los investigados, entre ellos David More Calderón y Santiago More Ríos, registran antecedentes por presuntos delitos contra el patrimonio y la fe pública, además de incidentes de tránsito. Ambos residirían en Piura, desde donde habrían gestionado la emisión irregular de placas vehiculares.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y permitió reconstruir, paso a paso, la secuencia del crimen que se resolvió en menos de 24 horas, gracias a una rápida investigación de la DDI Lomas de Zamora y de la UFI N°3 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Zárate

La noche transcurría normalmente en el almacén de Roberto y nada presagiaba lo que estaba por pasar. Sin embargo, unos 15 minutos antes de ingresar al comercio para concretar el plan, la cámara de seguridad ubicada en frente del almacén captó a los dos sospechosos mientras merodeaban el lugar.

Se los observa en la esquina de las calles Santa Cruz y Bolívar, a metros del lugar del crimen. En el medio, el comercio funcionaba como lo hacía regularmente.

De hecho, las cámaras de seguridad privadas permitieron establecer que, al menos 30 minutos antes del crimen, los agresores merodeaban la zona a bordo de la Renault Kangoo roja, conducida por un tercer sujeto. Los tres, de entre 40 y 50 años.

Un segundo video mostró a la pareja de agresores a las 21:11 mientras caminaban por la calle donde está ubicado el almacén, para luego acercarse y llevar adelante lo que tenían planificado.

Otra las filmaciones, registrada por la misma cámara que los había captado unos 15 minutos antes en la esquina del lugar, muestra el momento de la llegadas de lo sospechosos al local de Peralta.

En las imágenes que ilustran esta nota se ve cómo los asesinos se acercaron al comercio, esperaron a que salieran un par de clientes y luego ingresaron. No pasó más de un minuto cuando uno de los sospechosos extrajo el arma y le disparó a quemarropa casi en la puerta de entrada del almacén. Eran las 21:13 cuando Roberto, herido, cayó al piso heridos.

En paralelo, los criminales huyeron y se subieron a la camioneta de color roja. Pocos segundos después llegó un grupo de vecinos para asistir a la víctima, alertado por el sonido de los disparos. De hecho, en las imágenes se ve la desesperación de uno de los testigos que atinó a ir detrás de los agresores, pero desistió de su idea. Apenas se tomó la cabeza en señal de desesperación.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Oñativia, con heridas de arma de fuego en pelvis y abdomen. La gravedad de las lesiones provocó finalmente su muerte, poco después de haber ingresado.

El seguimiento de las cámaras municipales y privadas mostró que la camioneta realizó un recorrido que abarcó los partidos de Quilmes y Florencio Varela. La última imagen del vehículo fue captada a las 00:15 del día siguiente sobre la calle 25 y Camino General Belgrano, en Berazategui.

Según las fuentes consultadas por este medio, el vehículo fue hallado horas después por personal del Comando de Patrulla Florencio Varela, donde fue abandonada por los sospechosos tras una persecución. En el lugar, la policía preservó la escena y convocó a la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense para peritar la camioneta. Allí descubrieron huellas dactilares y el celular de uno de los sospechosos.

Fue gracias a estos elementos que finalmente, a menos de 24 horas del hecho, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró la detención de los presuntos asesinos.

Se trata de Mario Alberto Cajal, un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737, robo agravado y robo con armas, y que había recuperado la libertad en octubre de 2021. También fue detenido Adrián Eduardo Rodríguez (51), señalado como autor material del disparo, en un domicilio de la localidad de El Peligro. Ambos quedaron imputados por homicidio y a disposición de la justicia.

Un médico forense mencionó durante el juicio que la madre del bebé encontrado sin vida en un contenedor de Porto Cristo, en Mallorca, había acudido días antes a una consulta ginecológica debido a dolores. La profesional que la atendió le otorgó el alta, considerando que la gestación se encontraba en condiciones normales, aunque posteriormente el especialista señaló que había factores de riesgo para un parto prematuro. Este detalle se abordó en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Baleares, donde se examinan las circunstancias que llevaron a la muerte del neonato y la actuación de las personas implicadas.

Según informó el medio que cubrió la sesión, un grupo de médicos forenses que intervino en la autopsia, así como otros especialistas que elaboraron informes sobre el caso, coincidió en que el bebé nació con vida aunque tenía expectativas de supervivencia sumamente limitadas. Uno de los forenses expuso ante el tribunal que el recién nacido solo habría tenido alguna posibilidad de vivir si el alumbramiento hubiese ocurrido en un hospital, como el centro sanitario Son Espases. El experto sostuvo que el bebé logró respirar apenas durante pocos minutos tras un parto que se produjo de manera prematura fuera de un entorno hospitalario. La placenta, según el testimonio pericial, no oxigenaba de manera adecuada, lo que generó sufrimiento en el neonato incluso en el momento del nacimiento.

El medio especificó que la vista, que se lleva a cabo con jurado, vuelve a juzgar estos hechos después de anular un primer proceso el año anterior debido a dudas respecto a la titulación de un perito. En la actualidad, la madre, su cuñado y su hermana enfrentan distintos cargos: la Fiscalía solicita prisión permanente revisable para la madre y el cuñado, señalando su presunta responsabilidad en un delito de asesinato, y reclama para la hermana una multa de 5.400 euros por omisión del deber de socorro.

El tribunal examinó las lesiones que presentó el cuerpo de la bebé, analizadas tanto en la autopsia inicial como en posteriores informes. Los doctores establecieron que las heridas eran compatibles con una caída en el interior del coche durante el parto o con el acto de lanzar el cuerpo al contenedor, según publicaron diversos medios presentes en la audiencia. Los expertos aclararon que estas lesiones no se habrían producido si el bebé hubiera estado ya fallecido en ese momento. Se detalló que los traumatismos también podrían estar relacionados con maniobras de reanimación que se intentaron realizar.

El relato sobre los hechos recogido por la fiscalía indica que el 3 de noviembre de 2023, la madre, tras un embarazo de entre 26 y 27 semanas, entró en trabajo de parto estando en un vehículo junto a los otros dos imputados. Tras dar a luz fuera de un hospital y pese a encontrarse próximos a uno, ella entregó el cuerpo del bebé al hombre, quien lo habría depositado en un contenedor cercano antes de abandonar la zona junto a las demás personas involucradas, según reportó la prensa local.

El caso, bajo examen en la Audiencia Provincial de Baleares, reviste particular atención debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que nació el bebé y a las circunstancias concurrentes de desprotección tras el parto. Los testimonios ofrecidos por los especialistas han permitido establecer que únicamente una intervención médica inmediata podría haber alterado el desenlace, dado el estado de prematuridad y los signos de sufrimiento fetal detectados. La existencia de factores de riesgo para un parto prematuro había quedado patente en la consulta ginecológica previa, aunque en ese momento no se estimó necesidad de intervención adicional, informó la prensa local.

Mientras continúa el juicio, los forenses y expertos médicos expusieron en reiteradas ocasiones que el nacimiento tuvo lugar con vida, si bien la viabilidad era muy restringida por la falta de oxigenación adecuada y las graves condiciones en que se produjo el parto, según precisó el análisis forense consignado por los medios. La secuencia de los hechos, tal como se describe en el sumario y los testimonios, incluyó el abandono del neonato en el contenedor inmediato, lo que motivó la apertura del proceso judicial contra los familiares presentes, con la intervención del Ministerio Fiscal solicitando las penas mencionadas.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió en un local ubicado en un comercio de rubro almacén situado en la esquina de las calles Santa Cruz y Bolívar.

Allí, de acuerdo con la investigación y los videos de la secuencia, a los que accedió Infobae, dos hombres armados ingresaron al local y le dispararon a Peralta. De acuerdo con la declaración de su esposa, los agresores se dieron a la fuga en una Renault Kangoo roja, sin sustraer ningún objeto de valor.

En las imágenes que ilustran esta nota se ve cómo los asesinos se acercaron al comercio hacia las 21:11, esperaron a que salieran un par clientes y luego ingresaron. No pasó más de un minuto cuando uno de los sospechosos extrajo el arma y le disparó a quemarropa casi en la puerta de entrada del almacén.

Luego, ambos huyeron y se subieron a la camioneta de color roja. Pocos segundos después llegó un grupo de vecinos para asistir a la víctima, alertado por el sonido de los disparos.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Oñativia, con heridas de arma de fuego en pelvis y abdomen. La gravedad de las lesiones provocó finalmente su muerte, poco después de haber ingresado. El caso quedó a cargo de la UFI N° 3 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Zárate, con intervención del GTO y la DDI Lomas de Zamora.

Las cámaras de seguridad privadas permitieron establecer que, al menos 30 minutos antes del crimen, los agresores merodeaban la zona a bordo de la Renault Kangoo roja, conducida por un tercer sujeto. Los tres, de entre 40 y 50 años.

La rápida investigación y el detalle que permitió la caída de los asesinos

Luego, de acuerdo con la investigación, se estableció que el vehículo se detuvo en las inmediaciones de la intersección de Santa Cruz y Bolívar. Después, los sospechosos recorrieron a pie el trayecto hasta el almacén y esperaron a que se retiraran los clientes. Una vez que el local quedó vacío, ingresaron, dispararon contra Peralta y escaparon a pie hasta la esquina de la calle Frías, donde abordaron nuevamente la Kangoo.

El seguimiento de las cámaras municipales y privadas mostró que la camioneta realizó un recorrido que abarcó los partidos de Quilmes y Florencio Varela. La última imagen del vehículo fue captada a las 00:15 del día siguiente sobre la calle 25 y Camino General Belgrano, en Berazategui.

Según las fuentes consultadas por este medio, el vehículo fue hallado horas después por personal del Comando de Patrulla Florencio Varela, donde fue abandonada por los sospechosos tras una persecución. En el lugar, la policía preservó la escena y convocó a la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense para peritar la camioneta.

Los agentes descubrieron que el vehículo presentaba el número de motor y chasis adulterados y se constató que la patente era triplicada. Pero no fue lo único: los peritos levantaron ocho huellas dactilares y secuestraron un teléfono celular Motorola apagado. La pista sería la clave para dos con los asesinos.

El análisis de las huellas permitió identificar a uno de los sospechosos. Se trata de Mario Alberto Cajal, un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737, robo agravado y robo con armas, y que había recuperado la libertad en octubre de 2021.

Las autoridades, además, detectaron por las cámaras de seguridad que uno de los agresores, luego de dejar la Kangoo, se dirigió a la Estación Ferroviaria de Florencio Varela. El cerco sobre los asesinos se cerraba aún más.

Fue entonces que la Fiscalía, con los datos que había obtenido en la camioneta, ordenó tres allanamientos. En el primero, arrestó a Cajal, quien además era el dueño del celular que había quedado el vehículo.

Casi en paralelo, en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 53.2, localidad de El Peligro, arrestado Adrián Eduardo Rodriguez, identificado como autor material del disparo. Se trata de un hombre de 51 años. que cuenta con antecedentes por estafa y una causa de 2010 por infracción a la Ley 23.737.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía N° 3, imputados por homicidio, menos de 24 horas de haberlo concretado. La investigación determinó que los autores planificaron el ataque y que no existió robo, lo que refuerza la hipótesis de que detrás del crimen, se esconde otro motivo.

Al declarar ante la Audiencia Provincial, personal médico y de enfermería expuso que las pulsaciones registradas en el bebé hallado en un contenedor de Porto Cristo podrían vincularse directamente con las maniobras de reanimación realizadas tras su ingreso al Hospital de Llevant. Pese a que el pequeño ingresó con signos vitales, los profesionales advirtieron que esto no necesariamente representaba posibilidades auténticas de supervivencia. Según detalló el medio que cubre la audiencia, la intervención de los sanitarios se interrumpió cuando, en acuerdo unánime, reconocieron la imposibilidad de revertir la situación del neonato.

Durante la sesión del juicio con jurado celebrada el martes, según informó la fuente original, un enfermero que participó en la atención declaró que el corazón del bebé mostró actividad, aunque reiteró que ello podría responder a los procedimientos de reanimación instaurados en ese momento. Según manifestó el sanitario, el equipo se detuvo tras consensuar que el paciente no mostraba viabilidad clínica. Tal como publicó la misma fuente, la prestación de soporte vital se decidió suspender tras constatarse la inviable condición del bebé.

Antes de la declaración de los sanitarios, la presidenta del Tribunal comunicó que la madre del bebé permanece ingresada en un hospital y ha renunciado a estar presente en la sala. La madre y el tío del neonato comparecen en el banquillo, enfrentándose a la acusación de la Fiscalía que solicita prisión permanente revisable como supuestos responsables de delitos de asesinato. El medio informó también que la cuñada de la madre se encuentra acusada de omisión del deber de socorro, acción por la que se le enfrenta a una sanción de 5.400 euros.

Según consignó la misma fuente, los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, con un embarazo de entre 26 y 27 semanas, inició el parto dentro de un vehículo en compañía de los otros dos procesados. El escrito de acusación presentado por la fiscalía relata que, después del alumbramiento y pese a la proximidad de un centro hospitalario, la madre entregó el neonato al hombre acusado con la instrucción de abandonar el cuerpo en un contenedor de basura y alejarse del área.

El testimonio recabado durante el proceso judicial remarca que, según la versión de una médico que fue la primera en declarar, el bebé presentaba circulación de oxígeno en sangre tras su llegada al hospital, aunque ya se encontraba separado de la placenta. Esto puede interpretarse como signo de vitalidad, tal como explicó la profesional, pero la especialista añadió que, aunque era posible que existiera algún grado de vida, la viabilidad era muy limitada y menos aún considerando los recursos con los que contaba el Hospital de Llevant.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la sesión se centró en determinar hasta qué punto el neonato, arrojado a un contenedor y posteriormente trasladado a un centro sanitario, mantenía posibilidades reales de vida. Las dudas sobre la supervivencia efectiva del bebé han sido el argumento principal de las declaraciones de los profesionales médicos, quienes insistieron en que la actividad cardíaca detectada podía ser producto de las medidas de reanimación.

El proceso judicial continúa avanzando con la comparecencia de las partes implicadas y la revisión detallada de los hechos, mientras el debate sobre la capacidad de supervivencia del recién nacido y la actuación del personal a cargo sigue ocupando un lugar central en las audiencias. El medio reiteró la gravedad de los cargos asentados contra los acusados y la relevancia de determinar las circunstancias exactas que rodearon el abandono y posterior hallazgo del neonato en Porto Cristo.

Un joven de 27 años se presentó ante las autoridades en la comisaría 19ª y quedó detenido como presunto responsable del homicidio de Pedro Miguel Pérez, de 58 años.

El crimen ocurrió en una vivienda de barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, donde la víctima residía con su pareja y el hijo de esta, identificado como Brian Fabián M.. La violencia del hecho y la posterior entrega del sospechoso causaron conmoción en la comunidad local.

Según los datos recabados, el episodio se registró el pasado 6 de marzo, cuando Pérez fue atacado mientras dormía en su domicilio de Larralde al 3200. El hombre sufrió múltiples puñaladas y golpes severos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Luego de una semana de agonía, falleció en el centro de salud, según se informó oficialmente.

La investigación policial apunta a una disputa familiar como principal móvil del hecho. De acuerdo con testimonios recogidos, el agresor habría solicitado dinero a la víctima para la compra de estupefacientes, lo que derivó en un ataque que terminó con la vida de Pérez.

La hija del hombre relató, a través de su cuenta de Facebook, que el acusado le pidió a su padre 15 mil pesos para comprar droga. Ante la negativa de Pérez, el joven lo habría agredido mientras dormía. De acuerdo con ese testimonio, Pérez recibió 15 puñaladas, un golpe con una maza y una perforación en el cráneo. La mujer definió a su padre como un “hombre decente” y recordó que tenía un puesto de venta de torta y pollo asado sobre la avenida Rivarola.

En línea con lo publicado por el portal Rosario3, la secuencia del ataque quedó registrada en la causa como uno de los hechos de violencia familiar más graves reportados en la zona oeste en los últimos meses. Según fuentes policiales, la víctima fue hallada en estado crítico y presentaba lesiones compatibles con un arma blanca y traumatismos provocados por un objeto contundente.

Tras el fallecimiento de Pedro Miguel Pérez en el Heca, la Policía de Investigaciones avanzó con la identificación del presunto autor material.

El sábado, Brian Fabián M. se presentó voluntariamente en la comisaría 19ª, ubicada en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. De inmediato, quedó detenido y puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

La principal línea de investigación apunta a que el ataque fue premeditado y ejecutado mientras la víctima se encontraba indefensa. El informe preliminar de la autopsia indica que Pérez presentaba heridas punzocortantes y fracturas en el cráneo, compatibles con los mecanismos de agresión descritos por la familia.

En cuanto al agresor, se sabe que no contaba con antecedentes penales previos, pero sí existían reportes informales de conflictos domésticos previos en la vivienda compartida.

La Fiscalía a cargo del caso dispuso la imputación formal de Brian Fabián M. por el delito de homicidio agravado y en las próximas horas, se espera la toma de declaración indagatoria y la incorporación de nuevos elementos de prueba. Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la comisaría 19ª, a disposición de la Justicia.