Durante la transmisión que hizo con el creador de contenido Westcol, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre lo que serían sus políticas para mejorar la seguridad del país en caso de que se convierta en el nuevo presidente de Colombia.

En primer lugar, indicó que para recuperar la confianza del Gobierno de Estados Unidos es primordial garantizar que se combatirá a la delincuencia y a los grupos armados.

“Si perseguimos al microtráfico, estoy seguro de que Estados Unidos cambia de posición de inmediato, y eso lo vamos a conseguir. Cuando el Estado se decide los bandidos salen corriendo. Hoy son llaves (amigos), pero conmigo se acaba ese cuentico. Vamos a tener una relación fluida, armónica y de mucho beneficio para el pueblo colombiano”.

El nacido en Bogotá habló de las empresas que tiene el streamer y afirmó que de los votantes depende que las compañías en Colombia sean prósperas o quiebren en corto plazo.

“Imagínate esto con seguridad, que no roben a la gente, con un sistema de salud que no deje morir a la gente, si en medio de este desastre se ha construido tanto emprendimiento, yo conozco ejemplos como el tuyo loco, tú vienes de la pobreza y mira lo que has logrado, yo conozco gente que ha hecho país con el Estado metiéndose, pero sí se puede”.

Debido a que Westcol afirmó que lo importante no es el presidente, sino el entusiasmo que tienen los emprendedores, el jurista arremetió contra la posibilidad de que Iván Cepeda sea el nuevo mandatario.

“Vamos a decirlo, Cepeda propone un modelo que ha fracasado en todo lado, con Cepeda las empresas tuyas cierran, conmigo van a valer cinco veces más. No te equivoques, eso de que no importa el que gane, lo que defiende Cepeda es la dictadura de Venezuela, si importa y el riesgo es muy grande”.

Para sorpresa de los espectadores, Abelardo de la Espriella defendió las políticas sociales del Gobierno Petro; sin embargo, aseguró que se trata de “pañitos de agua tibia” para la ciudadanía.

“Este Gobierno ha sido desastroso, hay dolor y hay gente que tiene frustración en su corazón porque le han quedado mal otros gobiernos. La gente no tiene nada que perder. Petro ha hecho cosas sociales interesantes, le ha ayudado a la gente y esas cosas sociales hay que mantenerlas, pero son pañitos de agua tibia, soluciones temporales y tiene que ser una mezcla de las dos cosas”.

En cuanto a la campaña de Paloma Valencia, recordó que representa a partidos políticos que ya tuvieron el poder, lo que en su concepto, sería volver a los errores del pasado.

“Los otros son los de siempre, imagínate combatiendo a la corrupción, se van a encontrar a los amigos, a los familiares. Yo no voy a salir de Colombia y voy a estar pendiente de lo que la gente quiere que se haga”.

Por último, Westcol preguntó: ¿Qué pasa si un bandido entra a mi casa y me quiere robar? Y el candidato presidencial afirmó que lo ideal es arremeter de manera violenta contra el individuo.

“Dale con lo que encuentres, es muy sencillo, la legítima defensa se presume cuando hay invasión del domicilio, punto. Cuando una persona entra a tu domicilio, se presume que está la legítima defensa, así vaya con un pan, pero cualquier vaina, si haces eso, me llamas y yo te defiendo. No se vayan a dejar matar”.

El creador de contenido cuestionó si es legítimo dispararle a una persona en ese contexto y el abogado penalista respondió de manera afirmativa.

“Dale con un palo, con un sartén, no hay porte ilegal de ollas. Tienes derecho a defenderte, si a mí se me meten yo salgo a defender a mi familia. No me lo estoy inventando yo, es la ley. Así venga con un peluche y le das un tiro, no tienes que ir preso”, puntualizó.

El crimen ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Garcilaso de la Vega, cerca del parque Juana Alarco de Dammert. Según el testimonio de sus allegados, Luis Alfredo intentó evitar que las jóvenes fueran hostigadas, pero la discusión escaló hasta convertirse en un violento ataque que acabó con su vida en plena vía pública.

Mientras la Policía continúa con las investigaciones, familiares de la víctima exigen que se revisen las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a todos los involucrados y esclarecer lo sucedido. Su hermana asegura que aún existen dudas y versiones contradictorias sobre los momentos previos al homicidio.

Joven fue atacado por defender a sus amigas de acoso callejero

De acuerdo con la denuncia familiar, Luis Alfredo estuvo horas antes en el parque Juana Larco de Dammert junto con un grupo de aproximadamente seis personas. La Policía, según informó RPP Noticias, indicó que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del ataque.

El punto de quiebre llegó cuando el joven se retiró del parque con dos amigas y caminó por la avenida Inca Garcilaso de la Vega. Fue en ese trayecto, según la versión de su hermana, cuando un vendedor ambulante de pulseras se acercó al grupo e insultó a las jóvenes.

Gabriela Urrutia contó a RPP Noticias que su hermano discutió con el sujeto al salir en defensa de sus amigas. “Dicen sus amigos que un chico, que vende pulseras, vino y les faltó el respeto a las chicas; y mi hermano saltó”, relató.

El testimonio familiar agrega un detalle clave: una tercera persona habría intervenido en medio del altercado. “Una chica le dio el cuchillo al chico que vende pulseras y lo acuchilló a mi hermano”, afirmó Gabriela Urrutia.

Herido de gravedad, Luis Alfredo cayó al pavimento. Su muerte causó conmoción entre sus familiares y amigos, que exigen que se establezcan responsabilidades y se determine el rol de cada implicado, incluido quien habría entregado el arma blanca.

Víctima cursaba la mitad de su carrera universitaria

Luis Alfredo Urrutia Ventura era estudiante del sexto ciclo de Ingeniería de Sistemas. RPP Noticias precisó que estaba a cuatro ciclos de culminar sus estudios.

Su hermana lo describió como su único hermano y sostuvo que el caso truncó “los sueños” del universitario. En el entorno familiar, el dolor se mezcla con la urgencia por reconstruir una línea de tiempo clara: desde la reunión en el parque hasta el momento exacto de la agresión en la avenida.

Según la información reunida por los familiares, esa salida no tenía un destino distinto al de cualquier noche entre jóvenes. Sin embargo, las dudas sobre con quiénes estuvo y cómo se conocían esas amistades se volvieron parte del problema para la familia.

Gabriela Urrutia dijo que las personas que acompañaban a su hermano ofrecieron versiones contradictorias sobre la relación que tenían con él: primero señalaron que se conocieron en un instituto de inglés y luego que el vínculo surgió por redes sociales.

Cámaras de seguridad serían clave para esclarecer el crimen

Tras el crimen, dos jóvenes que presenciaron el ataque fueron trasladadas para rendir manifestación en la comisaría de Alfonso Ugarte. RPP Noticias informó que permanecían allí en calidad de testigos, mientras avanzaban las diligencias para esclarecer lo sucedido.

En la escena, Exitosa reportó que la Policía identificó botellas de bebidas alcohólicas y un ramo de flores, además de remarcar que el trabajo pericial y las grabaciones de seguridad serán determinantes para identificar al agresor y precisar cómo se produjo el ataque.

La principal demanda de la familia es el acceso a las cámaras de videovigilancia de la zona. “No sabemos quién es, por eso les pido bastante que me ayuden con el tema de las cámaras, por favor”, declaró Gabriela Urrutia.

En Exitosa, la familiar insistió en el mismo pedido: “Necesito, por favor, que nos ayuden por ese lado para hacer justicia, porque esto no puede quedar así. Es mi único hermano”. Las imágenes, sostiene, son la pieza que falta para ordenar los testimonios, despejar contradicciones y ubicar a los responsables ante la justicia.

La violencia volvió a golpear al municipio de Salamanca, Guanajuato, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en una reunión social y atacara a balazos a los asistentes, dejando un saldo preliminar de cuatro personas muertas, tres heridas de gravedad y un hombre privado de la libertad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10 de la noche del pasado viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Abasolo, casi en su cruce con Río Bravo, donde varias personas convivían tanto dentro como fuera del inmueble cuando fueron sorprendidas por los agresores.

De acuerdo con los primeros reportes recabados por autoridades locales, varios sujetos armados arribaron al sitio a bordo de dos camionetas y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra quienes se encontraban en el lugar.

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes, quienes intentaron resguardarse mientras las detonaciones se escuchaban en varias calles de la zona.

Cuatro muertos y tres heridos de gravedad

Tras el ataque, cuerpos de emergencia y elementos policiacos acudieron al lugar para atender la situación. Las primeras evaluaciones confirmaron la muerte de cuatro personas, mientras que otras tres resultaron lesionadas.

Entre los heridos se encontraban dos mujeres que, junto con una tercera víctima, fueron trasladadas de emergencia a distintos hospitales de la región en vehículos particulares debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes locales señalaron que el estado de salud de los sobrevivientes era delicado, por lo que permanecían bajo observación médica.

Durante las diligencias realizadas en la escena del crimen, peritos y agentes investigadores localizaron múltiples indicios balísticos, además de rastros de sangre que se extendían por varios metros sobre la vía pública.

También se observaron envases de cerveza y otros objetos relacionados con la convivencia que se realizaba momentos antes de la agresión, lo que reforzó la hipótesis de que las víctimas se encontraban en una reunión cuando fueron atacadas.

Testigos reportan privación de la libertad

Además de la masacre, testigos informaron a las autoridades que los agresores se llevaron por la fuerza a un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Según las versiones recabadas por la policía, el individuo habría sido subido a uno de los vehículos utilizados por los atacantes antes de que estos escaparan del lugar.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el secuestro está relacionado con el ataque armado o con algún conflicto previo.

Otra ejecución horas antes

La jornada violenta en Salamanca había comenzado incluso antes de la masacre.

Aproximadamente una hora antes del ataque en la calle Mariano Abasolo, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Los Pinos.

De acuerdo con autoridades locales, la víctima viajaba a bordo de un triciclo sobre la calle 5 de Mayo cuando fue interceptada por un sujeto armado que se desplazaba en motocicleta.

El agresor abrió fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar sin que pudiera ser detenido.

La víctima murió en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Tras ambos hechos, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales desplegaron operativos en distintos puntos de Salamanca para intentar localizar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

La Fiscalía de Jalisco confirmó este viernes 29 de mayo la localización sin vida de Jaime Arias García, empresario joyero de 73 años reportado como desaparecido desde el 26 de mayo en San Gabriel, un caso que activó exigencias públicas de búsqueda y que ahora queda bajo investigación para establecer la causa de muerte y las circunstancias del hecho.

La dependencia informó que ya realiza peritajes para determinar cómo murió Arias García. El anuncio se dio a conocer minutos antes de una protesta ciudadana prevista en la Glorieta Minerva de Guadalajara para exigir su localización.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el cuerpo fue encontrado este viernes, aunque la institución no precisó el lugar exacto del hallazgo. La autoridad añadió que, por respeto al proceso de investigación, no podía compartir más información en ese momento y que los avances se difundirán públicamente después.

La desaparición del empresario había sido reportada por su familia desde el pasado 26 de mayo. Según la denuncia, fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel, al sur de Jalisco.

La camioneta fue hallada en Ciudad Guzmán con manchas de sangre

Durante las indagatorias, las autoridades localizaron la camioneta en la que viajaba Arias García en Ciudad Guzmán. El vehículo presentaba manchas de sangre, un elemento que quedó incorporado a las líneas de investigación, según la Fiscalía de Jalisco.

Otra versión incluida en la información del caso señala que familiares de Arias García lo vieron por última vez en el centro de San Gabriel. También se indicó que salió de ese municipio y que se perdió comunicación con él mientras se dirigía hacia la localidad de Alista.

En ese mismo periodo, cámaras de videovigilancia presuntamente captaron la camioneta circulando sin la presencia del empresario y conducida por una persona distinta a su chofer habitual. Ese registro forma parte de los datos que se revisan dentro de la investigación.

De manera extraoficial, trascendió que el cadáver habría sido localizado en un punto entre San Gabriel y Zapotlán El Grande. Otra versión extraoficial ubicó el hallazgo en Puerto el Floripondio, entre San Gabriel y Ciudad Guzmán. La Fiscalía de Jalisco no confirmó ninguna de esas ubicaciones.

Un dato que permanece abierto en el caso es la desaparición de Aldair Ponce Araiza, de 18 años, ahijado del empresario. La información disponible indica que era la persona que lo acompañaba la última vez que ambos fueron vistos, y hasta ahora no ha sido localizado.

La Cámara de Joyería de Jalisco pidió reforzar la búsqueda

Tras conocerse la desaparición, la Cámara de Joyería de Jalisco emitió un pronunciamiento para exigir a las autoridades que reforzaran las labores de búsqueda. El organismo también expresó preocupación por la inseguridad en distintas regiones del estado.

Después de confirmarse la muerte del empresario, la misma cámara lamentó el fallecimiento de Arias García y reiteró su preocupación por los altos índices de inseguridad que afectan varias zonas de Jalisco.

La confirmación oficial sobre el fallecimiento respondió de forma directa a la principal pregunta que rodeaba el caso desde el martes: Jaime Arias García, empresario joyero desaparecido en San Gabriel, fue encontrado muerto el viernes 29 de mayo y la autoridad estatal aún no ha informado públicamente la causa del deceso.

En su comunicado, la Fiscalía de Jalisco señaló: “Lamentamos confirmar el fallecimiento del empresario joyero Jaime Arias García. La Fiscalía del Estado investiga el caso con rigor; se han solicitado peritajes que permitirán establecer la causa del deceso y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”.

La institución sostuvo además que la investigación sigue en curso y que la información adicional se reservaría temporalmente. Esa postura deja pendientes dos puntos centrales del expediente: el sitio exacto donde fue encontrado el cuerpo y la causa de muerte que determinen los estudios periciales.

El caso quedó marcado por una secuencia de indicios levantados en pocos días: la denuncia de desaparición del 26 de mayo, la pérdida de contacto durante el trayecto, la camioneta localizada con manchas de sangre en Ciudad Guzmán, los registros de videovigilancia sobre un conductor distinto y, finalmente, la confirmación del hallazgo sin vida del empresario el 29 de mayo.

• La Fiscalía de Jalisco confirmó el 29 de mayo el hallazgo sin vida del empresario joyero Jaime Arias García, desaparecido desde el 26 de mayo en San Gabriel.
• La camioneta de la víctima fue localizada en Ciudad Guzmán con manchas de sangre y cámaras presuntamente la captaron manejada por una persona distinta a su chofer habitual.
• Añldair Ponce Araiza, de 18 años y ahijado del empresario, continúa sin ser localizado.

Un hombre identificado como Gustavo Fabián Espíndola de 59 años fue hallado sin vida en su casa de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Tras el hallazgo, la Policía provincial detuvo a Lautaro Nahuel Rubial como principal sospechoso por el crimen. El joven de 22 años es su inquilino y fue aprehendido bajo la hipótesis de que lo atacó para robarle, revender objetos y poder comprar estupefacientes.

La víctima era considerado un acumulador y atravesaba un cuadro depresivo tras la muerte de un hijo tres años atrás en un accidente laboral y el fallecimiento de su padre poco menos de un mes antes. En la noche del crimen faltaron una garrafa de 10 kilos, una motosierra Stihl, un celular, dinero en efectivo y un televisor. Con la revisión de cámaras de seguridad, la Policía estableció que el sospechoso salió caminando varias veces en pocas horas desde la vivienda con objetos en la mano y regresó sin ellos.

El hecho se descubrió en un domicilio de la calle Bolívar al 600, cuando amigos de la víctima pasaron por la casa, vieron a su perra en la vereda y notaron la puerta abierta. Ante la falta de respuesta, uno de ellos ingresó y encontró el cuerpo tendido en el piso, rodeado de sangre.

De acuerdo con Primer Plano Online, Gustavo Fabián Espíndola presentaba dos heridas corto punzantes en el tórax y otra detrás de la oreja. Los investigadores determinaron que murió desangrado tras un brutal ataque. Aunque no se sabe nada con certeza, desde un primer momento, orientaron la investigación hacia el inquilino del asesinado. La autopsia y los peritajes de la escena del crimen resultarán determinantes para reconstruir los hechos y sostener la acusación en el proceso judicial.

La pesquisa se inclinó hacia Rubial por testimonios reunidos en el lugar con la intervención del ayudante fiscal Pablo Córdoba y la auxiliar letrada Milagros Giménez, de la UFI N° 3 de Moreno. “La casa era muy precaria y el hombre tenía problemas de vieja data con el joven ahora imputado. Varias veces comentó que le había robado cosas”, sostuvo un investigador.

La fiscal Luisa Pontecorvo dispuso la detención del acusado, quien sufre de una “fuerte adicción a consumos problemáticos”. Para los investigadores, el imputado habría ido entregando o vendiendo lo sustraído en el barrio para obtener sustancias, y un vecino declaró haberlo escuchado decir una contudente frase: “Voy a matar a este viejo”.

Rubial quedó detenido por homicidio agravado criminis causa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca. La imputación implica que el acusado podría enfrentar la pena de prisión perpetua, ya que el Código Penal argentino prevé la máxima condena cuando el homicidio se comete para lograr la impunidad o facilitar otro delito, como el robo.

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de instrucción y se espera que la fiscalía solicite la prisión preventiva del imputado en los próximos días. Hasta el momento, la investigación se centra en Rubial por antecedentes y testimonios, aunque la Justicia mantiene abiertas otras líneas y no descarta la participación de terceros hasta contar con resultados concluyentes de las pericias.

Moreno, junto al partido de General Rodríguez, registró en 2025 una de las tasas más altas de homicidios del conurbano bonaerense, con 7,66 casos cada 100.000 habitantes. De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal, en ambos distritos se contabilizaron 55 asesinatos durante ese año, cifra que coloca a la región por encima del promedio provincial y nacional. Esta estadística confirma a Moreno como uno de los municipios más afectados por la violencia letal en la provincia de Buenos Aires.

La historia de Brian Blackwell asombró a la opinión pública británica a mediados de la década de 2000 por un estremecedor crimen. El joven, de 18 años oriundo de Liverpool, era considerado por su entorno como un estudiante brillante, educado y de buena familia, con un futuro prometedor en la medicina. Hijo único de Sydney y Jacqueline Blackwell, había accedido al prestigioso Liverpool College y había recibido una oferta para estudiar en la Universidad de Nottingham. Sus padres, un contable jubilado y una anticuaria, lo apoyaban en su educación y en su pasión por el tenis, ofreciéndole todas las oportunidades materiales para prosperar.

A pesar de esa imagen impecable, Brian mantenía una vida secreta construida sobre mentiras y fantasías. Según la crónica de The Guardian, presentaba una personalidad similar a la del personaje ficticio Walter Mitty, inventando historias en las que se describía como un tenista profesional y un joven millonario. Esta necesidad de aparentar éxito y recursos ilimitados se intensificó cuando comenzó una relación sentimental con Amal Saba, a quien convenció de que era dueño de varias propiedades y autos de lujo, además de tener contactos en el mundo del tenis. Para sostener ese relato, recurrió al uso de tarjetas de crédito y préstamos solicitados con información falsa, llegando a tramitar hasta 13 tarjetas y a utilizar los documentos de sus padres para obtener más crédito, detalló The Telegraph.

El entorno, tanto familiar como académico, desconocía la magnitud de las mentiras y el modo en que estas iban escalando. Mientras sus papás lo apodaban “El Cerebrito” por sus logros académicos, él alimentaba una imagen pública de éxito y ostentación que contrastaba radicalmente con su realidad económica y emocional. Los relatos falsos de su vida y su obsesión por impresionar a su entorno marcaron el inicio de una espiral que lo conduciría a uno de los crímenes más impactantes de la época, según reseñó Crime and Investigation.

Cómo fue el crimen de Brian Blackwell, el cerebrito

El 25 de julio de 2004, la vida de Brian Blackwell dio un giro irreversible. Tras una acalorada discusión con su papá en el living de la casa familiar, el joven agarró un martillo mientras colgaba cuadros en su habitación y, en un arrebato de furia, comenzó el ataque.

Golpeó a Sydney Blackwell varias veces y luego lo apuñaló con un cuchillo de cocina de 25 centímetros. Su madre, Jacqueline, intentó intervenir, pero también la agredió con el cuchillo, provocándole la muerte después de una serie de apuñalamientos. Según la reconstrucción de los hechos por la policía, el señor Blackwell recibió más de 30 puñaladas y su esposa 20, en un acto de violencia descrito como frenético y prolongado por las fuentes judiciales citadas en The Telegraph.

Tras los asesinatos, el chico se comportó con una frialdad desconcertante. Se lavó la sangre de la cara y las manos, terminó de armar valijas y salió de la casa, dejando los cuerpos de sus padres donde habían caído. Cerró la casa con llave antes de irse en taxi hasta la vivienda de su novia.

Esa misma noche, inició un viaje hacia Estados Unidos y el Caribe junto a Saba, quien desconocía totalmente lo ocurrido. En palabras del inspector Geoff Williams de la policía de Merseyside: “Desconocemos los hechos que tuvieron lugar aquella tarde de julio. Desconocemos la secuencia de acontecimientos que ocurrieron en esa casa que enfurecieron al joven Brian y lo llevaron a sentir que tenía que matar a sus padres”, recogió The Guardian.

Durante los 17 días posteriores al crimen, Blackwell utilizó las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de sus padres para financiar un estilo de vida ostentoso. Viajó con su novia en primera clase, se alojaron tres noches en la suite presidencial, y gastaron generosamente en comidas y bebidas de primer nivel. El monto total del derroche ascendió a cerca de USD 40.000, como señalaron las crónicas de The Guardian y The Telegraph. El joven solicitó 11 tarjetas de crédito adicionales a nombre de sus papás y acumuló deudas considerables, repitiendo ante el personal del banco el relato falso de su supuesta carrera de tenista profesional.

Durante ese tiempo, los cadáveres de Sydney y Jacqueline comenzaron a descomponerse. Los vecinos, convencidos por Brian de que la pareja estaba de vacaciones en España, no sospecharon nada hasta que un fuerte olor los alertó varias semanas después. Mientras tanto, él seguía manteniendo la rutina de su vida estudiantil: regresó al país, recibió las notas de sus exámenes de acceso universitario y convivió con la familia de su pareja, alegando que no tenía llaves de su casa porque sus padres seguían de viaje.

El inspector Geoff Williams enfatizó ante la prensa: “Se planteó la hipótesis de si este chico había sido llevado demasiado lejos, pero no había nada que indicara que así fuera”. Añadió además: “Sus padres eran muy ambiciosos para él, pero nada indicaba que lo hubieran presionado para que siguiera un camino determinado. De hecho, parece que los exámenes y los estudios le resultaban bastante fáciles”. Durante todo ese periodo, Brian vivió la vida que había imaginado, entre hoteles de cinco estrellas y lujos financiados con el dinero robado a sus padres.

El juicio y la sentencia de Brian Blackwell

El proceso judicial se celebró en el Tribunal de la Corona de Liverpool en 2005 y estuvo marcado por el debate en torno a su salud mental. La fiscalía presentó a Brian como un joven narcisista y manipulador, motivado por el deseo de independizarse del control parental y sostener su vida ficticia de lujos. La acusación subrayó el carácter calculador de sus actos tras el crimen, mientras que la defensa centró su estrategia en el diagnóstico de un trastorno narcisista de la personalidad, apoyándose en los informes de cinco expertos médicos.

Durante las audiencias, el tribunal escuchó cómo los síntomas del trastorno se habían intensificado desde que inició su relación sentimental con Amal Saba, y cómo esa condición lo llevaba a fantasear obsesivamente con el éxito y el poder. La defensa logró que el juez Royce aceptara la declaración de culpabilidad por homicidio involuntario por responsabilidad disminuida, lo que sentó un precedente legal en el tratamiento de casos similares en Gran Bretaña.

Antes de conocerse la sentencia, el abogado del asesino leyó una carta escrita por el acusado, en la que afirmaba: “Lamento profundamente mis acciones. Fue un crimen verdaderamente miserable y deplorable. La culpa me castigará y me atormentará las 24 horas del día por el resto de mi vida. Lo siento de verdad", según recogió The Telegraph.

El juez fijó una pena mínima de 12 años de prisión, dejando abierta la posibilidad de libertad condicional sólo después de ese periodo. No obstante, expresó sus reservas: “Las pruebas actuales sugieren que es improbable que se llegue alguna vez a esa conclusión”, señaló el magistrado, según The Guardian. El caso quedó registrado como un ejemplo relevante del impacto de los trastornos de personalidad en la responsabilidad penal.

Un hombre identificado como Luis Alberto Jáuregui Martínez muere tras ser hallado colgado en la cocina de su casa, en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, y sus tres hijos son acusados de golpearlo y asfixiarlo, además de presuntamente intentar acomodar la escena para simular un suicidio.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que la necropsia determina que la causa de muerte es asfixia, mientras mantiene abierta la carpeta para deslindar responsabilidades ante señalamientos de homicidio doloso calificado contra los tres hijos.

El conflicto inicia cuando Jáuregui Martínez se dispone a trasladar a su esposa, María del Rosario Morales, a un centro médico en Pabellón de Arteaga, según refiere un familiar. En ese momento, uno de los hijos llega a la vivienda, comienza una discusión y la confrontación escala a un forcejeo.

Testigos señalan que el hombre es sometido y golpeado por uno de sus hijos, y después se suman los otros dos para agredirlo. Durante la pelea, sus hijas intentan detener el ataque, pero también reciben agresiones por parte de los hermanos, de acuerdo con los testimonios.

En un video, uno de los hijos es captado mientras ahorca a su padre y lo empuja hacia la cocina, mientras otros familiares tratan de separarlos. Minutos más tarde, Luis Alberto es localizado colgado de una soga dentro del inmueble.

La familia directa rechaza la versión de un suicidio y cuestiona los dichos de los tres hijos, al señalar que se encontraban en la casa y no solicitaron apoyo médico para atender a su padre. La madre de la víctima declara haber presenciado la golpiza y presenta una denuncia contra sus nietos por el delito de homicidio.

Las primeras versiones del caso refieren que policías municipales acuden al domicilio tras un reporte de riña familiar. Al ingresar, localizan a Jáuregui Martínez malherido y con signos vitales, pero muere minutos después, según esa misma relatoría inicial.

La madre del hombre, quien pide mantener el anonimato, expresa su culpa por no haber podido defenderlo: “Yo no pude hacer nada, todavía en su sepelio, yo me arrimaba, yo le decía, hijo perdóname, perdóname, por qué, porque yo no pude defenderte, yo me sentía culpable”, dijo su familiar a Imagen Noticias.

También afirma que su hijo tenía antecedentes de violencia y adicciones, aunque asegura que llevaba dos años rehabilitado del consumo de drogas. La autoridad estatal mantiene la investigación en curso para determinar la responsabilidad de los señalados y esclarecer el contexto completo de lo ocurrido dentro de la vivienda.

• Luis Alberto Jáuregui Martínez muere por asfixia, según la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
• Sus tres hijos son acusados de golpearlo y presuntamente intentar simular un suicidio al hallarlo colgado en la cocina.
• Policías municipales lo encuentran con signos vitales tras un reporte de riña familiar, pero fallece minutos después.

La captura de Dylan Uriel Escalada, alias ‘Toro’, marca un nuevo capítulo en la larga disputa territorial que asola el corazón de La Matanza.

La detención se produjo a menos de un año del crimen de Nahuel Beltrán, un joven que murió tras recibir múltiples disparos en la villa Las Antenas, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador. El hecho, que sacudió a la comunidad local, fue el resultado de una feroz disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo y al control de la zona.

El caso había dado un giro inesperado cuando, tras la balacera que terminó con la vida de Beltrán, se desató una serie de operativos policiales para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque. Matías Ramón Junco, conocido como ‘Ojo’, fue el primero en ser arrestado a finales de julio de 2025. Poco antes, la policía ya había detenido a Jorge Luis Melgarejo, apodado ‘El Gordo Coca’. Ambos eran señalados por la investigación como piezas clave en la estructura criminal que controlaba el negocio de la droga y ejercía la violencia en el barrio.

Según informó el portal Primer Plano On Line, la captura de Escalada, quien había permanecido prófugo durante varios meses con orden de captura nacional e internacional, fue posible gracias a la colaboración de la familia de la víctima. Según se informó, el padre de Beltrán notificó a la Fiscalía de Homicidios sobre el regreso del sospechoso al barrio, lo que permitió montar un operativo encubierto que culminó con su aprehensión.

El episodio que derivó en la muerte de Beltrán ocurrió el 6 de julio de 2025, cuando una balacera conmocionó a la villa Las Antenas. El joven resultó gravemente herido y falleció once días después. Las cámaras de seguridad y testimonios recolectados por la policía permitieron identificar a los presuntos autores de los disparos, entre ellos Dylan Escalada. La investigación judicial determinó que el ataque fue producto de una “guerra por el control del territorio” entre bandas rivales, dedicadas principalmente a la venta de estupefacientes y al ejercicio de la violencia como método de intimidación.

Desde la detención de Junco y Melgarejo, la justicia provincial había intensificado la búsqueda de Escalada, considerado uno de los tiradores más activos. La orden de captura se extendió a nivel nacional e internacional, sin resultados concretos durante varios meses. La situación cambió cuando, tras casi un año de ausencia, Escalada fue visto nuevamente en la zona, hecho que desencadenó la intervención policial.

La información aportada por la familia de la víctima resultó determinante. El padre de Beltrán se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y alertó sobre la presencia del sospechoso en el barrio. El fiscal a cargo, Diego Rulli, dispuso que agentes policiales realizaran tareas de vigilancia encubierta para confirmar la veracidad de la denuncia. Durante los patrullajes, varios efectivos vestidos de civil lograron divisar a Escalada, quien intentó refugiarse en una vivienda abandonada de tres pisos, ubicada en la intersección de O’Gorman y Las Heras.

El operativo estuvo bajo la supervisión del comisario Patricio Miño, titular de la comisaría 4ª de Lomas del Mirador. Participaron efectivos del Gabinete Técnico Operativo, agentes del área de Delitos Complejos y del Comando de Patrullas Norte de La Matanza. Según detalló una fuente de la investigación, Escalada no logró escapar pese a su intento de ocultarse y fue aprehendido en el lugar. Durante la mañana del jueves, fue trasladado a la fiscalía para ser indagado, instancia en la que se negó a declarar.

La captura de Dylan Escalada responde a una orden judicial emitida tras la recopilación de pruebas que lo ubican como uno de los principales responsables de la balacera que terminó con la vida de Beltrán. Las autoridades consideran que la detención de los tres principales sospechosos —Junco, Melgarejo y Escalada— representa la desarticulación de una estructura delictiva que había impuesto el temor en el interior de la villa Las Antenas.

Los tres detenidos enfrentan cargos por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tenencia ilegal de armas de guerra y comercialización de estupefacientes. Según consta en el expediente judicial, la pena en expectativa para estos delitos es la prisión perpetua. La instrucción fiscal sostiene que los acusados integraban una banda organizada que operaba con roles claramente definidos y con un nivel de violencia que alarmó a los vecinos.

La organización, según el expediente, actuaba a través de la intimidación armada y la distribución de drogas en distintos sectores de la villa. La investigación policial y judicial da por desarticulada la banda tras la serie de arrestos, aunque se mantienen líneas abiertas respecto a posibles colaboradores o remanentes de la estructura.

La fiscalía espera avanzar en las próximas semanas hacia la elevación a juicio de la causa, con pruebas que incluyen grabaciones, testimonios y peritajes balísticos. El hecho de que tanto Junco como Melgarejo y Escalada hayan sido identificados y detenidos permite al Ministerio Público Fiscal sostener la acusación bajo la figura de homicidio agravado.

La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval sentenció a 54 años de prisión a Jesús Ángel A.G., elemento de la Guardia Nacional declarado culpable por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, ocurrido el 27 de abril de 2022 en el municipio de Irapuato.

Además, otro agente identificado como Iván I. fue condenado a 33 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que durante el mismo ataque una estudiante resultara herida de bala.

El fallo judicial marca un precedente en Guanajuato al tratarse de la primera sentencia condenatoria contra elementos de la Guardia Nacional por hechos de esta naturaleza en la entidad.

La resolución fue emitida luego de que la jueza considerara válidas y contundentes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), así como los argumentos presentados por los asesores jurídicos de las víctimas.

“En principio debemos decir que estamos satisfechos y contentos porque fueron cuatro años de batallar, desde el 27 de abril de 2022 hasta el día de hoy. Contentos por las víctimas que en este caso son las personas más importantes”, declaró el asesor jurídico Juan Arredondo Rodríguez tras conocerse la sentencia.

El ataque contra estudiantes de agronomía

De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2022 Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca, luego de asistir a una reunión con estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Copal, donde elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto e iniciaron una persecución.

La situación terminó de manera violenta cuando los agentes federales dispararon contra la unidad. Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte.

En el mismo ataque, Edith Alejandra resultó herida de bala en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo salió ileso.

El caso generó indignación entre la comunidad universitaria y organismos defensores de derechos humanos, debido a que las víctimas eran estudiantes y no existían indicios que justificaran el uso letal de la fuerza.

Juicio se prolongó durante casi cuatro años

Tras los hechos, los guardias nacionales Jesús Ángel A.G. e Iván I. fueron consignados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, el proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a la presentación de amparos y recursos legales promovidos por las defensas.

El juicio permaneció estancado durante casi cuatro años hasta que los procedimientos legales concluyeron a finales de 2025 y la audiencia pudo reanudarse en marzo de este año.

Finalmente, la jueza emitió las condenas correspondientes, decisión que fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas, quienes durante años exigieron justicia por el homicidio del estudiante universitario.

La sentencia también reabre el debate sobre el actuar de las corporaciones federales y el uso de la fuerza en operativos de seguridad pública en México.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna que permita localizar y detener a los presuntos responsables del asesinato de la periodista y fotoperiodista acayuqueña Avisack Douglas Coronado, ocurrido el pasado 20 de mayo de 2025 en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, los señalados son Erick Raymundo Ramos Gallardo y Rubén Ayala Fernández, quienes presuntamente participaron en el ataque armado perpetrado en la casa de campaña de Xóchitl Tress, entonces candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara.

La agresión ocurrió mientras la periodista se encontraba sentada en el corredor del inmueble acompañando las actividades de campaña de la abanderada emecista. Según las investigaciones, un grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego en contra de la candidata, quien logró sobrevivir al atentado.

Durante el ataque, Avisack Douglas resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego. Paramédicos la trasladaron de emergencia a un hospital de Acayucan, donde horas más tarde médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Órdenes de aprehensión y carpeta de investigación

La Fiscalía de Veracruz informó que ambos presuntos implicados cuentan con orden de aprehensión dentro del proceso penal 41/2025, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en Isla, Veracruz.

Asimismo, el organismo detalló que la carpeta de investigación ISL/DXIX/F3/167/2025 continúa abierta y es integrada por la Sub-Unidad Integral del XIX Distrito Judicial con residencia en San Andrés Tuxtla.

Los delitos imputados a los dos señalados son homicidio doloso calificado, lesiones dolosas calificadas y homicidio doloso en grado de tentativa, este último relacionado con el ataque directo contra la entonces candidata de Movimiento Ciudadano.

Violencia política golpea campañas en Veracruz

Tras el atentado, Xóchitl Tress lamentó públicamente la muerte de la fotoperiodista y exigió a las autoridades estatales reforzar la seguridad en Veracruz, al advertir que ella no había sido la única figura política víctima de ataques durante el proceso electoral.

Ese mismo día, Elvis Ventura, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Nanchital, anunció su renuncia a la contienda luego de recibir amenazas presuntamente vinculadas con integrantes de la delincuencia organizada.

El asesinato de Avisack Douglas generó condenas entre organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes exigieron esclarecer el crimen y garantizar justicia para la comunicadora veracruzana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda para localizar a los dos presuntos responsables y reiteraron que cualquier información proporcionada será manejada bajo estricta confidencialidad.

Un cateo de la Fiscalía capitalina en Gustavo A. Madero destapó una fosa clandestina dentro de una vivienda donde operaba una cocina económica, un hallazgo que abrió una investigación por homicidio porque el cuerpo de un hombre de 27 años estaba enterrado en el patio del mismo sitio donde presuntamente se servían alimentos a diario.

El hallazgo ocurrió la mañana de este martes en un domicilio de la calle Norte 1-B, esquina con Licenciado José Urbano Fonseca, en la colonia Maximino Ávila Camacho, a unos metros del Hospital Juárez de México y del hospital 1 de Octubre del ISSSTE. En ese punto, autoridades localizaron el cadáver después de excavar en el patio de la casa.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima llevaba aproximadamente un mes sepultada de forma clandestina. Otra línea preliminar indica que el cuerpo habría permanecido enterrado al menos tres semanas, sin que hasta ahora exista una definición oficial única sobre el tiempo exacto.

El cateo fue realizado por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, elementos de la Policía de Investigación e Inteligencia, agentes de la SSC, personal de Protección Civil de la alcaldía y efectivos de Marina, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias. La calle permaneció cerrada durante varias horas por el operativo.

El cuerpo estaba bajo el patio donde presuntamente comían los clientes

La indagatoria apunta a que en el inmueble funcionaba una cocina económica con razón social “Don Light”. Las primeras versiones señalan que la misma familia que habitaba el domicilio sería la que vendía comida corrida y colocaba las mesas para los comensales justo en la zona donde el hombre fue sepultado.

Ese dato concentra el eje del caso: el cadáver fue encontrado debajo del patio donde presuntamente operaba el negocio familiar. Mientras el cuerpo permanecía bajo tierra, el establecimiento habría seguido atendiendo a clientes, entre ellos personal médico de hospitales cercanos.

En la fachada del inmueble todavía podían verse anuncios de comida casera, como sopa, arroz y otros platillos. Al interior, peritos, ministerios públicos, fotógrafos forenses y especialistas trabajaban en la recuperación del cuerpo.

Las imágenes del operativo muestran a los peritos con trajes especiales mientras realizaban la excavación. Después de ubicar los restos humanos, el personal llevó a cabo las maniobras para extraer el cadáver y prepararlo para su traslado al servicio forense.

La víctima presentaba huellas de violencia y mutilaciones

Los reportes iniciales indican que el hombre presentaba visibles huellas de violencia. También se informó de manera preliminar que el cuerpo tenía mutilaciones y que le faltaban ambas piernas, partes que hasta el momento no habían sido localizadas por las autoridades.

La víctima fue descrita como un hombre de aproximadamente 27 años. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente su identidad.

Tras el rescate, entre tres peritos y un policía subieron el cuerpo a la camioneta forense para llevarlo al anfiteatro correspondiente, donde se realizarán los estudios periciales. Esas pruebas buscarán establecer con precisión la causa de muerte, el tiempo de inhumación y otros elementos de la investigación.

El operativo comenzó desde la noche previa al cateo y se prolongó durante varias horas de la mañana y la tarde. Durante ese periodo, el inmueble permaneció bajo resguardo mientras continuaban las labores ministeriales y periciales.

La investigación apunta a personas que habitaban el inmueble

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas estarían relacionadas con el crimen. Las primeras líneas de investigación, no obstante, apuntan a integrantes de la familia que habitaba el lugar.

Esa línea también coincide con los señalamientos preliminares sobre el funcionamiento de la cocina económica en el mismo predio. La investigación intenta determinar quién ordenó o ejecutó el enterramiento clandestino y desde cuándo operaba el negocio con el cuerpo oculto en el patio.

El caso quedó bajo seguimiento de la Fiscalía capitalina, que mantiene abiertas las diligencias para identificar formalmente a la víctima, reconstruir la mecánica del homicidio y definir la posible responsabilidad de quienes vivían o trabajaban en el domicilio de la colonia Maximino Ávila Camacho.

• Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de 27 años enterrado en el patio de una vivienda de la GAM durante un cateo.
• En el inmueble presuntamente operaba la cocina económica “Don Light”, donde se vendía comida sobre la zona en la que estaba sepultada la víctima.
• Los reportes preliminares indican que el cadáver tenía huellas de violencia, mutilaciones y llevaba entre tres semanas y un mes enterrado clandestinamente.

Dos hombres, entre ellos quien se desempeñaba como subcomandante municipal de Santo Domingo Petapa, fueron sentenciados por el asesinato de Gerardo Robles Lara, entonces director de la policía municipal de Santo Domingo Petapa en el estado de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los dos hombres, identificados con las iniciales E.M.M. y J.M.G.G., fueron sentenciados a 70 años de prisión tras ser halladas responsables del homicidio calificado con ventaja en agravio del director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa, en el Istmo de Tehuantepec.

El crimen, ocurrido la madrugada del 17 de marzo de 2024, fue resultado de un ataque ordenado por el entonces subcomandante de la corporación, quien actuó como autor intelectual, y llevado a cabo por el segundo sentenciado como autor material, informó la Fiscalía.

Las investigaciones de la Vicefiscalía Regional del Istmo permitieron esclarecer la mecánica y estructura detrás del homicidio. De acuerdo con el expediente, E. M. M. instruyó el ataque por inconformidades con la gestión del director policial. El plan se ejecutó en un camino de terracería que conduce a Guiaguda, donde la víctima fue emboscada y recibió múltiples disparos de arma de fuego que le causaron la muerte.

Dos días después del homicidio, la Fiscalía del Estado informó la detención de cuatro personas durante un operativo en el municipio de Santo Domingo Petapa.

De acuerdo con los reportes, durante la madrugada del 19 de marzo elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fue agredido cuando realizaba un cateo en un domicilio. Tras responder a los disparos, detuvieron a dos hombres de iniciales O.C.C. y J.M.G.G.

En el sitio fueron aseguradas varias motocicletas que habrían utilizado para perpetrar el asesinato de Gerardo Robles, así como armas de fuego de diferentes calibres también usadas en el crimen.

En una segunda acción, la Fiscalía detuvo a dos elementos activos de la Policía Municipal de Petapa, identificados como E.M.M. (el subcomandante hoy sentenciado) y la agente O.M.M.

Las autoridades detallaron que las cuatro detenciones estaban relacionadas con los homicidios del entonces director de la policía municipal, así como de la agente Fabiola “E”, ocurrido el mismo día pero en hechos distintos.

Detalles de la investigación y aseguramiento de pruebas

Tras la realización del cateo en dicho municipio, así como del aseguramiento de varias armas de fuego y la recuperación del arma de cargo del mando policial asesinado, las autoridades pudieron presentar datos de prueba suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la sentencia condenatoria e impusiera, además de la pena privativa de libertad, un pago superior a 542 mil pesos como concepto de reparación del daño.

El ataque al director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa fue orquestado por el subcomandante de la misma corporación, quien, según la FGEO, dio la orden debido a desacuerdos en la forma de trabajo del entonces director de la corporación.

La ejecución fue cometida por al menos dos personas, incluidas las que ahora han sido sentenciadas.

El eco de las turbinas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la capital, se mezcló con el silencio tenso de los pasajeros que descendían del avión. Entre ellos, Gladis “N”, una profesional de la administración de 40 años, no cruzó la pista en busca de un reencuentro familiar.

La esperaban agentes de la Policía Nacional Civil y delegados de INTERPOL. Terminaba así una fuga internacional que se extendió durante ocho años y que comenzó tras un crimen oculto bajo la apariencia de un accidente doméstico en el departamento de San Marcos.

La historia se remonta al 9 de septiembre de 2017, en una vivienda del cantón Victoria, en el municipio de Malacatán, donde un hombre de 37 años, originario de Jordania y de religión musulmana, perdió la vida de manera abrupta. El matrimonio recién celebrado entre la víctima y Gladis “N” parecía unir dos culturas distantes, aunque la convivencia resultó breve y trágica.

Según la versión que la mujer entregó a las autoridades locales, su esposo falleció mientras realizaba trabajos de jardinería, al caer y golpearse la cabeza contra unas piedras. Un médico particular, convocado por la propia Gladis, emitió un certificado que validaba la hipótesis del accidente sin ejercer mayores indagaciones.

La coartada permitió que el cuerpo fuera trasladado a la Ciudad de Guatemala para los actos fúnebres. El proceso, sin embargo, se vio interrumpido cuando los familiares del fallecido, durante el ritual islámico de purificación, advirtieron que las lesiones no correspondían a una caída.

Detectaron heridas compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego, incompatibles con la versión oficial. Según el relato de la familia recogido por las autoridades, “las señales en el cuerpo eran evidentes y no podían pasar desapercibidas”.

Por lo que, Gladis “N” impidió el acceso de los peritos a la vivienda en San Marcos, argumentando que los procedimientos criminalísticos transgredían las normas religiosas de su esposo. Esta negativa, sumada a la denuncia de los parientes, motivó la intervención del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Los análisis forenses posteriores confirmaron que el certificado médico inicial había sido expedido para encubrir un asesinato.

Cuando la investigación judicial comenzó a avanzar, la administradora huyó hacia Estados Unidos, extendiendo un periodo de clandestinidad que culminó con su captura y este día 23 de mayo.

La tipificación de los delitos en la ley guatemalteca

El proceso judicial abierto en Guatemala incluye dos acusaciones principales. La primera, por parricidio, se fundamenta en el Artículo 131 del Código Penal, que sanciona con prisión de 25 a 50 años a quien, conociendo el vínculo, da muerte a su cónyuge. El vínculo matrimonial entre Gladis y la víctima jordana constituye el elemento determinante para la tipificación de este delito.

La segunda figura penal es la obstaculización a la acción penal en forma continuada, según el Artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta establece penas de 6 a 8 años de prisión para quien obstaculiza la investigación judicial mediante engaño, amenaza o desvío de pruebas.

La conducta de Gladis quedó registrada en varias etapas: primero, al mentir a las autoridades; luego, al presentar documentación falsa, y finalmente, al utilizar argumentos religiosos para restringir la labor de los peritos.

De momento, el proceso judicial sigue su curso y mantiene en prisión a la acusada, mientras la investigación busca esclarecer si existieron cómplices en la expedición del certificado médico y en la manipulación de la escena.

La llegada de Gladis “N” en calidad de deportada marcó el final de una huida y el inicio de un juicio que podría derivar en una condena de hasta medio siglo. El caso, seguido de cerca por medios locales, pone a prueba los mecanismos de cooperación internacional y los protocolos de investigación en crímenes que cruzan fronteras.

Un estudiante menor de edad muere apuñalado en Querétaro tras una riña en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General “Ezequiel Montes”, en el municipio de Ezequiel Montes. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que el presunto agresor, también adolescente y compañero de plantel, ya está detenido por el delito de homicidio.

El pasado miércoles, familiares del estudiante Jovani reportan ante la Policía Municipal su desaparición. La mañana del jueves 21 de mayo, autoridades localizan el cuerpo en un terreno baldío cercano a la escuela, en la periferia de la comunidad de La Queretana, todavía con el uniforme puesto y con aparentes heridas provocadas por un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se origina por una pelea física entre alumnos del plantel. Durante el altercado, uno de los adolescentes presuntamente saca un arma blanca u “objeto metálico con filo” y hiere de gravedad a su compañero.

La Fiscalía estatal implementa un operativo tras la agresión y logra ubicar y detener al señalado como probable responsable. El caso, por tratarse de un menor de edad, se procesa bajo los criterios del sistema de justicia para adolescentes, con reserva de datos personales.

El fiscal general de Querétaro Víctor de Jesús Hernández sostiene que, por la edad del imputado, la autoridad debe proteger información clave del caso: “Saben que al tratarse de una persona menor de edad, la persona que está siendo señalada como probable responsable de la comisión del delito de homicidio, pues específicamente nosotros tenemos que salvaguardar, no solamente los datos de su identidad, sino algunos detalles correspondientes hasta en tanto se defina la situación jurídica por parte de la autoridad competente”.

Hernández también afirma que el adolescente detenido será presentado ante la autoridad judicial para que defina su situación jurídica. “Ya está la persona menor de edad detenida, será puesta a disposición en este momento de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica, el hecho que se le está imputando es propiamente el homicidio”, declara.

Testigos señalan que la pelea ocurre fuera del horario escolar, en las inmediaciones del plantel. En esa confrontación, uno de los involucrados habría usado un objeto punzocortante que causa las lesiones mortales.

El Poder Judicial de Querétaro definirá la situación legal del menor detenido, conforme a la legislación aplicable en materia de justicia para adolescentes, mientras continúan las investigaciones sobre cómo se dio la agresión y el contexto previo a la riña.

El hecho genera molestia y preocupación en el municipio de Ezequiel Montes, donde padres de familia y habitantes exigen medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los alrededores de las escuelas, además de acciones preventivas para atender la violencia entre estudiantes.

• Un estudiante menor de edad muere apuñalado cerca de la Secundaria General “Ezequiel Montes”, en Ezequiel Montes, Querétaro.
• La Fiscalía de Querétaro detiene a un adolescente, compañero de la víctima, por el delito de homicidio.
• El cuerpo de Jovani es localizado el jueves 21 de mayo en un terreno baldío, con el uniforme puesto y aparentes heridas de arma blanca.

La violencia volvió a sacudir distintas regiones de Guerrero este viernes con nuevos desplazamientos forzados en el municipio de Olinalá y una serie de ataques armados que dejaron al menos un mando policiaco asesinado, además de otros hechos violentos en Costa Chica, Huitzuco, Atoyac y Acapulco.

Habitantes de las comunidades de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza abandonaron sus hogares y se refugiaron en la cabecera municipal de Olinalá, luego de que hombres armados irrumpieran en la zona a bordo de decenas de camionetas, según denunciaron pobladores. Reportes periodísticos señalan que unas mil 500 personas habrían dejado sus viviendas ante el temor de nuevos ataques.

Los desplazados denunciaron además que grupos criminales mantienen control sobre las vías de comunicación y hasta sobre la antena telefónica instalada en Teticic, lo que les impide utilizar celulares o pedir ayuda. También aseguraron que varios de los cuerpos desmembrados hallados recientemente en la región pertenecen a vecinos de esas comunidades, aunque sus familiares no han podido reclamarlos por miedo.

Habitantes denuncian abandono y control criminal

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, los pobladores exigieron presencia permanente de fuerzas de seguridad y acompañamiento gubernamental para recuperar los cuerpos de las víctimas y regresar a sus comunidades. También reclamaron que los operativos de seguridad se concentran en la cabecera municipal de Olinalá, mientras las localidades serranas permanecen bajo amenaza de hombres armados.

En respuesta, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó mediante un comunicado que las autoridades no tenían confirmación oficial de incidentes violentos recientes en esas comunidades. Sin embargo, señaló que se instalaron bases de operaciones interinstitucionales en el corredor conformado por Teticic, Corrales y Rancho Esperanza para reforzar la seguridad y vigilancia.

La nueva ola de violencia ocurre en medio de una crisis de seguridad persistente en la región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, donde distintos grupos criminales mantienen disputas territoriales. Reportes recientes advierten que en varias zonas del estado se ha profundizado la mezcla entre intereses políticos, control territorial y estructuras criminales.

Emboscan y matan a mando policiaco en Igualapa

En otro hecho violento, el subdirector de Seguridad Pública de Igualapa, René Hernández López, fue asesinado a balazos durante una emboscada registrada la tarde del viernes en la calle Miguel Hidalgo de la cabecera municipal. De acuerdo con reportes de seguridad, hombres armados interceptaron al funcionario y le dispararon con armas largas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, Ejército y Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo en la zona. Hernández López había asumido el cargo luego de la masacre ocurrida en junio de 2025, cuando el anterior subdirector de Seguridad de Igualapa y tres agentes fueron asesinados en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional.

La jornada violenta también dejó el asesinato de un chofer de autobús en Ometepec, un hombre ejecutado en la comunidad de Quetzalapa, municipio de Huitzuco, y un trabajador herido de bala en la sierra de Atoyac, donde pobladores reportaron presencia de hombres armados en motocicletas. En Acapulco, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre asesinado en una huerta de la colonia Nueva Revolución.

Luego de que el medio El Universal difundiera una nota en la que se asegurara que la Fiscalía General de la República atribuía a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, la muerte de tres marinos y una ex empleada de la Fiscalía General de Colima, la propia FGR señaló, por medio de un comunicado, que el Ministerio Público Federal no contaba con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas.

La dependencia dijo que, como refiere la propia publicación, las aseveraciones se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones.

Se señaló que la institución no cuenta, hasta el momento, con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas.

Este viernes, el medio El Univesal publicó una nota en la que se aseguró lo mencionado anteriormente.

En la nota se lee que, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió la juez de control Mariana Vieyra Valdés, la FGR exponía que la célula delictiva recurría a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se negaban a colaborar o que intentaran denunciar el modus operandi de la empresa criminal, eran privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

Las investigaciones, según la publicación, referían que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra recluído en el penal del Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, ambos relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control.

En un informe citado por el medio, en el que se señala al principio que se basaban en diversas notas periodísticas y datos de inteligencia relacionados con ejecuciones de personas que denunciaban las irregularidades cometidas por dicha organización criminal en aduanas nacionales, se identifica como víctimas de ejecución al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B, adscrita a la delegación de la FGR en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

En el informe se lee que ellos habrían sido asesinados por denunciar el funcionamiento irregular de la empresa criminal, misma que se dedicaba a ingresar ilícitamente hidrocarburos al territorio nacional mediante redes de corrupción en aduanas.

“Quienes habrían sido privados de la vida por denunciar el funcionamiento irregular de esta empresa criminal, dedicada a ingresar ilícitamente hidrocarburos al territorio nacional mediante redes de corrupción en aduanas.

“De manera particularmente relevante, se involucra directamente a Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna con la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, elemento de la Secretaría de Marina, quien habría denunciado la existencia y operación de la red de huachicol fiscal que ambos lideraban”, se menciona en el expediente mostrado por El Universal.

Guerrero Alcántar habría redactado una carta dirigida al entonces secretario de Marina en la que señalaba que los Farías manejaban las designaciones de elementos navales, con el propósito de colocar a personas de su confianza en puestos clave dentro de las aduanas, a fin de operar su red de huachicol fiscal.

Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B adscrita a la delegación de FGR en Colima, fue privada de la vida en octubre de 2024, luego de denunciar a los hermanos Farías Laguna.

Guerrero Alcántar y Nava Ramos guardan una relación fáctica, toda vez que ambas ejecuciones se realizaron bajo el mismo modus operandi. Éste consistió en el uso de armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros Luger, así como la participación de dos sicarios a bordo de una motocicleta y la coadyuvancia de sujetos a bordo de un vehículo, lo que evidencia un patrón de ejecución profesional y coordinado, propio de una organización criminal con capacidad operativa y de inteligencia.

En septiembre de 2025, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue localizado sin vida en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien guardaba relación directa con la red de huachicol fiscal.

Sheinbaum celebra que se haya desmentido la información

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo durante la conferencia de prensa matutina de este viernes que “qué bueno” que ya había salido el comunicado en el que se desmentía la información mencionada por el medio citado.

“Ya ven por qué vamos a hacer el programa especial de las noticias falsas, además del detector de mentiras, ya se está preparando, en junio va a iniciar un programa semanal que va a coordinar Luisa (María Alcalde), pues porque el derecho a la información es un tema institucional (...) diario son muchísimas noticias falsas, como esta que es de ocho columnas”, declaró la mandataria nacional.

La fiscal Romina Díaz solicitó en las últimas horas de ayer jueves la prisión perpetua para Víctor Figueroa, acusado de asesinar a tiros a su esposa y a su cuñado en diciembre de 2023. El pedido se presentó en el marco del debate oral y la investigación penal preparatoria que encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°6, donde se analizaron los hechos ocurridos en una vivienda del barrio Belgrano de la ciudad de Mar del Plata y las circunstancias en las que se desencadenaron los homicidios.

El caso, que conmocionó a la comunidad local, expuso una dinámica marcada por el consumo de alcohol y episodios previos de violencia. Según lo relatado en la audiencia, tanto el imputado como su cuñado llegaron a la vivienda en estado de ebriedad, situación que desembocó en una discusión acalorada por el volumen de la música que Figueroa había puesto.

De acuerdo con la acusación, el incidente escaló rápidamente hasta que Figueroa extrajo un arma de fuego y disparó, provocando la muerte de su pareja —en un contexto de violencia de género— y de su cuñado. Tras los homicidios, la fiscal Díaz consideró que existieron agravantes suficientes para solicitar la pena máxima prevista por la legislación vigente.

Según informó el portal 0223, durante el debate oral, el defensor oficial Claudio De Miguel sostuvo que su defendido actuó bajo emoción violenta, producto del abuso de alcohol consumido previamente. De Miguel insistió en que el estado de ebriedad de Figueroa y su cuñado fue un factor determinante en la incapacidad del acusado para medir las consecuencias de sus actos.

El defensor planteó que, debido a estas circunstancias, el tribunal no debía imponer el máximo de la pena. La argumentación de la defensa giró en torno a la figura legal de la emoción violenta, que contempla una disminución en la capacidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir las acciones conforme a esa comprensión.

La fiscalía, en cambio, remarcó que los delitos cometidos por Figueroa configuraron homicidio agravado por el vínculo en el caso de su pareja, en el marco de violencia de género, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto a su cuñado. Además, se le imputaron amenazas agravadas con arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

En la audiencia quedó acreditado, según la acusación, que los crímenes ocurrieron tras una discusión iniciada por la música a alto volumen. La fiscal Díaz señaló que Figueroa tenía pleno conocimiento de sus actos, descartando que la emoción violenta y el consumo de alcohol pudieran eximirlo de responsabilidad penal.

El episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio Belgrano durante la noche de diciembre de 2023. Los testigos indicaron que tanto Figueroa como su cuñado habían consumido alcohol en exceso antes de arribar al domicilio familiar. Tras el altercado por el volumen de la música, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia.

De acuerdo con la investigación, Figueroa disparó contra su cuñado y luego contra su pareja, utilizando un arma de fuego cuya tenencia no estaba autorizada legalmente. Posteriormente, profirió amenazas bajo la misma modalidad armada, según el relato de la fiscalía.

La acusación formal incluyó los cargos de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra. La fiscal Díaz argumentó que estos elementos configuran una conducta criminal que debe ser sancionada con prisión perpetua.

El defensor oficial De Miguel, en contraste, insistió en la influencia del consumo de alcohol sobre la conducta de Figueroa, señalando que el acusado actuó bajo un estado emocional alterado. Solicitó al tribunal que se aplique una condena inferior a la prevista para el máximo de la escala penal.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Viñas, Jorge Luis Rodríguez y Roberto Falcone anunció que el veredicto y la sentencia serán dados a conocer el próximo 4 de junio. Las partes aguardan la resolución judicial, que determinará si se hace lugar al pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía o si se considera el argumento de la defensa relativo a la emoción violenta.

En la localidad correntina de Santa Lucía, un episodio de violencia alteró la rutina habitual durante la tarde-noche de ayer jueves.

Lucas Gastón Guzmán, un hombre de 39 años domiciliado en Yatay Ti Calle, fue asesinado de dos disparos frente al local comercial “La Granja”, sobre la avenida Héroes de Malvinas. El hecho ocurrió cerca de las 19:25 y generó conmoción entre los presentes, quienes observaron incrédulos el desarrollo de los acontecimientos.

El agresor, Geranio Elías Sánchez, de 30 años, descendió junto a otro hombre de una camioneta Ford Ranger roja. Sin mediar palabra, Sánchez habría efectuado dos disparos con un revólver calibre 32, que impactaron de lleno en Guzmán, provocándole heridas mortales. Tras la agresión, los atacantes abandonaron el lugar sin mostrar signos de apuro, mientras una mujer intentaba auxiliar a la víctima caída.

Las autoridades policiales informaron que el presunto homicida fue aprehendido poco después y quedó a disposición de la Justicia. La detención de Sánchez se realizó en el marco de las primeras actuaciones y testimonios recabados en la zona. El ataque, que se produjo en plena área urbana y en horario de alto movimiento, fue presenciado por varias personas, lo que facilitó la obtención de datos preliminares y la rápida intervención de la policía local.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el episodio tuvo lugar cerca del barrio 13 de Diciembre, un sector habitualmente tranquilo de Santa Lucía.

Según se informó, personal de la comisaría local acudió al lugar acompañado por el médico policial, quien constató el fallecimiento de Guzmán en el sitio del ataque. La investigación fue supervisada por el fiscal de turno, Dr. Caceré, y por peritos de la Unidad Regional II de Goya, quienes realizaron las primeras diligencias.

La Fiscalía tomó intervención inmediata en el caso y está abocada a determinar las circunstancias precisas que rodearon el crimen y según las primeras actuaciones policiales, aún no están completamente claros los motivos del ataque perpetrado por Sánchez ni la relación previa que podría haber existido entre la víctima y el agresor. El informe policial citado por Velásquez señala que los disparos fueron realizados a corta distancia, pero por el momento no se ha especificado en qué parte del cuerpo impactaron los proyectiles.

Los peritos trabajan en la reconstrucción de la secuencia de hechos para establecer si existió algún tipo de discusión previa o si el ataque fue premeditado y ejecutado de manera directa.

El arma utilizada, un revólver calibre 32, fue mencionada por fuentes policiales como la empleada en el ataque. La camioneta Ford Ranger roja en la que se desplazaba el presunto homicida y su acompañante también fue identificada rápidamente gracias a los datos aportados por testigos. Tras el crimen, el vehículo fue buscado en diversos operativos y su localización fue clave para la detención de Sánchez.

Tres detenidos por el asesinato de un joven de 23 años en La Matanza

Horas atrás, tres personas quedaron detenidas en el marco de una causa que busca esclarecer el crimen de un joven de 23 años ocurrido el lunes pasado en el partido bonaerense de La Matanza.

Los detenidos son K.V.R., de 46 años; D.A.R., de 19; y D.B.S., de 21, y están acusados de haber asesinado de un disparo en la nuca a un chico de 23 años. El arresto se concretó mediante un operativo encubierto en la intersección de Almafuerte y General Ocampo, en la localidad de San Justo, luego de que la Justicia emitiera las correspondientes órdenes de detención.

El hecho tuvo lugar el 18 de este mes. A raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría Centro arribó a la intersección de Pujol y Bermúdez, en el barrio Los Pinos, donde encontró a la víctima, identificada como F.N.C., de 23 años, con una herida de arma de fuego. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Paroissien donde ingresó sin vida. La autopsia determinó que el disparo impactó en la nuca.

Los investigadores obtuvieron los registros fílmicos del momento y la zona donde ocurrió el ataque, lo que les permitió reconstruir la secuencia del crimen. De acuerdo a la información, la víctima confrontó en la vía pública con tres masculinos, uno de los cuales extrajo un arma de fuego, efectuó el disparo y luego huyó junto a sus cómplices. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y orientaron la hipótesis hacia un posible ajuste de cuentas.

Según pudieron saber en el transcurso de la investigación, entre la víctima y los imputados existía un conflicto previo originado por la venta de un freezer a la madre de la víctima. Aparentemente, F.N.C. le habría dicho a la mujer que dejara de abonar la deuda, lo que desencadenó la discusión que terminó con el homicidio. Asimismo trascendió que el joven asesinado tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado, ocurridos en 2024 y 2025.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín y de la UFI y J Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, quienes ordenaron las actuaciones que derivaron en las detenciones.

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, declaró tres días de duelo institucional tras el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido la tarde del jueves 21 de mayo. La medida fue aprobada durante una sesión extraordinaria del concejo municipal, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones sobre el crimen.

La reunión fue encabezada por el teniente alcalde José Madrid Álamo y contó con la participación de los regidores del distrito, quienes acordaron declarar duelo distrital los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 como muestra de respeto y homenaje a la memoria del burgomaestre.

Banderas a media asta y suspensión de actividades

Como parte de las disposiciones adoptadas por el concejo municipal, se ordenó el izamiento de las banderas a media asta en todas las dependencias de la municipalidad durante el periodo de duelo institucional.

Asimismo, la comuna informó que todas las actividades programadas y la atención en las oficinas municipales quedarán suspendidas mientras duren las jornadas de duelo y recogimiento. La decisión busca permitir que trabajadores y autoridades rindan homenaje al alcalde fallecido.

Concejo destacó labor del burgomaestre

Durante la sesión extraordinaria, el gerente general de la municipalidad, Tomás Fiestas, expresó sus condolencias a los familiares del alcalde y resaltó la labor que desempeñó al frente de la gestión municipal en beneficio de la población del distrito.

En el encuentro también participaron los regidores Patricia Niño Febres, Óscar Deza Viera, Elmida Jiménez Mauricio, Iván Timoteo Criollo, Yanua Kujikat Taki, Porfirio Girón Ogoña, Segundo Arévalo Zegarra, Karina La Chira Julián, Percy Yanayaco Chinchay y Víctor Antón Antón, quienes respaldaron las medidas adoptadas tras el asesinato de la autoridad edil.

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones institucionales adoptadas tras el crimen que ha conmocionado a la población de este distrito piurano.

Fiscalía inicia diligencias urgentes

La Fiscalía inició diligencias urgentes tras el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, quien fue atacado a balazos la tarde del jueves en una zona de San Sebastián, en la región Piura. Según informó el Ministerio Público, las acciones están a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura.

La entidad precisó que un equipo conformado por fiscales y médicos forenses realizó el levantamiento del cadáver de la autoridad edil. Asimismo, señaló que las diligencias se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables del ataque.

De acuerdo con testigos citados por medios locales, desconocidos persiguieron el vehículo en el que se desplazaba el alcalde y dispararon en reiteradas ocasiones contra la unidad. El ataque también dejó herido al conductor del automóvil, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Tras conocerse el crimen, la Municipalidad Provincial de Piura expresó su rechazo al atentado y exigió a las autoridades actuar con firmeza para capturar a los responsables.

La muerte de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, ha provocado conmoción en la región Piura y reavivado la preocupación por el avance de la violencia criminal en el norte del país. El burgomaestre fue asesinado a balazos la tarde del jueves 21 de mayo, en un ataque atribuido a sicarios cuando se encontraba dentro de su camioneta en el asentamiento humano San Sebastián. Su chofer y su agente de seguridad resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud.

El crimen ocurrió mientras el distrito se encontraba bajo estado de emergencia y apenas un día después de que la autoridad encabezara actividades públicas vinculadas a obras municipales y operativos de fiscalización. Tras conocerse el asesinato, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre expresó sus condolencias y exigió que las autoridades esclarezcan el caso. La noticia también puso nuevamente en agenda la trayectoria política de Víctor Hugo Febre Calle, un abogado ayabaquino que pasó por distintos movimientos políticos hasta convertirse en alcalde del populoso distrito piurano.

De Ayabaca a la alcaldía de Veintiséis de Octubre: la carrera política de Víctor Hugo Febre

Víctor Hugo Febre Calle nació el 9 de junio de 1981 en la provincia de Ayabaca, en la sierra de Piura. Realizó sus estudios escolares en su ciudad natal y posteriormente se trasladó para estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su formación como abogado marcaría el inicio de una carrera vinculada a la gestión pública y la política regional.

Su primera experiencia partidaria registrada fue en Acción Popular, agrupación en la que militó entre los años 2006 y 2010. Posteriormente integró el movimiento Unión Democrática del Norte, con el que logró ser elegido regidor distrital de Veintiséis de Octubre en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014. Durante el periodo 2015-2018 ocupó dicho cargo en la comuna distrital.

En las elecciones municipales de 2018 intentó llegar a la alcaldía de Veintiséis de Octubre como candidato de Unión por el Perú, aunque no consiguió los votos necesarios para imponerse en los comicios. Pese a ello, continuó ligado a la actividad política y volvió a postular en 2022, esta vez representando al movimiento regional Contigo Región.

Aquella campaña terminó siendo decisiva para su carrera. Con una diferencia ajustada, Febre logró imponerse en las urnas y asumió oficialmente la alcaldía el 1 de enero de 2023, convirtiéndose en el tercer alcalde electo del distrito. Desde entonces, su gestión estuvo enfocada en proyectos de infraestructura urbana, transitabilidad y mejoramiento de espacios públicos en diversos sectores de Veintiséis de Octubre.

Entre sus últimas actividades públicas destacó la inauguración de obras de transitabilidad en el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer, valorizadas en más de 14 millones de soles. También participó recientemente en la inauguración de un parque en Los Ficus II Etapa y en operativos municipales que terminaron con la clausura de establecimientos informales.

Las investigaciones, controversias y el atentado que acabó con su vida

La gestión de Víctor Hugo Febre también estuvo marcada por investigaciones y controversias políticas. En febrero de 2023 acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder sobre el respaldo que brindó a grupos de ronderos que se movilizaron hacia la ciudad de Piura durante las protestas sociales de ese año.

Ese mismo año, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios inició investigaciones preliminares relacionadas con presuntos actos de corrupción en procesos vinculados al Programa del Vaso de Leche. Además, el Concejo Municipal aprobó suspenderlo temporalmente de sus funciones por presunto uso indebido de recursos municipales con fines políticos personales, acusación que él rechazó públicamente.

En mayo de 2025, otra investigación fiscal alcanzó a Febre y a varios regidores por presunta omisión de funciones, abuso de autoridad y colusión. El caso estaba relacionado con una denuncia sobre la supuesta entrega de terrenos a inmobiliarias mediante convenios cuestionados.

Sin embargo, el hecho que terminó conmocionando a Piura ocurrió la tarde del jueves 21 de mayo de 2026. Según versiones preliminares y testimonios recogidos en la zona, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que se desplazaba el alcalde y dispararon varias veces directamente contra el lado del copiloto, donde se encontraba la autoridad edil.

Tras el ataque, el burgomaestre fue llevado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. En paralelo, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició diligencias junto a peritos y efectivos especializados de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

El asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, de 44 años, ha generado reacciones de dirigentes vecinales, autoridades locales y ciudadanos del distrito de Veintiséis de Octubre, quienes exigen que el crimen sea esclarecido y que se identifique a los responsables del ataque armado que acabó con la vida del alcalde piurano.

La mujer fue identificada como Juliana Urrea Escobar, de 54 años, quien había viajado junto a su pareja, Carlos Pereyra Reátegui, de 55 años, al caserío San Pedro de Nanay para participar en actividades comunales. Según informaron sus familiares, ambos dejaron de comunicarse repentinamente, situación que motivó una intensa búsqueda en la zona.

Video enviado antes de morir

Horas antes del hallazgo, Juliana Urrea envió a su hijo un video grabado dentro de la vivienda donde posteriormente fue encontrada muerta. En las imágenes se observaba una serpiente de gran tamaño y una araña cubiertas de sangre, situación que incrementó las sospechas de los familiares sobre un presunto ritual de brujería.

“No creo en la brujería, pero ya en este punto hasta puedo suponer, porque no se sabe qué ha pasado con mi mamá”, declaró el hijo de la víctima ante medios locales. El familiar también expresó su indignación y dolor por no conocer aún las causas exactas de la muerte de su madre.

Cadáver en descomposición

De acuerdo a información difundida por ATV, vecinos del sector comenzaron a percibir un fuerte olor proveniente del inmueble, por lo que decidieron forzar el ingreso a la vivienda. Dentro encontraron el cuerpo de Juliana Urrea sobre una cama y, debajo de ella, a su esposo todavía con signos vitales.

Carlos Pereyra fue trasladado de emergencia a un hospital de Iquitos, donde permanece en estado de coma bajo observación médica. En tanto, el cadáver de la mujer fue llevado a la morgue para las diligencias correspondientes, aunque el avanzado estado de descomposición complicó las primeras investigaciones.

Esperan resultados toxicológicos

Las autoridades informaron que la necropsia no logró determinar de manera inmediata las causas de la muerte debido al estado en que fue encontrado el cuerpo. Por ello, se realizarán exámenes toxicológicos para establecer si la víctima habría ingerido alguna sustancia letal antes de fallecer.

Mientras continúan las investigaciones, el caso ha generado preocupación y múltiples especulaciones entre los pobladores de la zona, quienes siguen atentos a los resultados que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Juliana Urrea y el estado crítico de su esposo.

Carmen Becerra enfrenta una nueva disputa judicial después del feminicidio de su hija de 15 años Leyla Monserrat por parte de sus “amigas”, de 13 y 15 años: otra de las personas que, según su testimonio, participó en las agresiones previas contra su hija la denunció, en un caso que vuelve a exhibir la distancia entre las sanciones impuestas a las responsables y la exigencia de justicia de la familia.

La madre de la adolescente asesinada en Sonoyta, Sonora, sostiene que la denuncia en su contra avanzó con rapidez mientras ella esperó semanas para que las autoridades atendieran las alertas relacionadas con la desaparición y el crimen de su hija. Según su relato a Infobae México, policías acudieron a notificarle el recurso legal y le advirtieron sobre sus declaraciones públicas.

El expediente se da en medio de la inconformidad por las sentencias ya dictadas: la menor de 13 años recibió 11 meses de libertad asistida, sin ingreso a un centro de internamiento, mientras su cómplice de 15 años fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento. La reparación del daño quedó fijada en $5,657, una cifra que, de acuerdo con Carmen Becerra, no cubre ni los gastos funerarios, que superaron los $30 mil.

Leyla Monserrat Lares Becerra tenía 15 años y era originaria del municipio de General Plutarco Elías Calles, en Sonora. Carmen Becerra ha dicho que su hija desapareció el 25 de septiembre de 2025 y que su cuerpo fue hallado el 2 de octubre, enterrado en el patio de una vivienda vinculada con una de las adolescentes implicadas.

La denuncia contra la madre reabre el conflicto alrededor del caso

Carmen Becerra dijo a Infobae México que la mujer que la denunció comienza con la letra Y, a quien señaló como la persona que agredió a su hija un día antes del asesinato. La madre sostuvo que esa joven ya es mayor de edad y que el recurso legal en su contra se presentó bajo el señalamiento de presuntas amenazas.

“Ella fue la que me demandó, que porque según yo la ando amenazando de muerte, pero ni siquiera he estado aquí. Pues le digo: ‘¿En qué momento?’”, relató Carmen Becerra a este medio. También describió que la medida habría incluido restricciones de acercamiento: “Dice que yo no me puedo acercar. Le dije: ‘Si ni siquiera me he acercado a ella, ¿qué voy a acercarme a ella?’”.

Detalló que fue ella quien un dpía antes del asesinato de su hija la acompañó a su casa y convivió con ella, incluso que le sacó una fotografía que le mandó a las jóvenes que la asfixiaron para burlarse del tono de su piel.

De acuerdo con su testimonio, la denuncia le abrió un nuevo frente legal cuando todavía busca revertir la sentencia dictada contra las menores. Carmen Becerra explicó a Infobae México que su abogado esperaba conocer si habría careos, presentación de pruebas u otras diligencias derivadas del procedimiento.

“Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”.

La madre también afirmó que esta nueva controversia le afectó en su agenda y en sus actividades de protesta. Según el texto fuente, esa situación incluso le impidió viajar a la Ciudad de México para participar en una marcha el pasado 10 de mayo.

Carmen Becerra acusa que Y. hostigó a Leyla antes del crimen

En la entrevista con Infobae México, Carmen Becerra describió la implicación de esta joven mayor de edad en hechos previos al feminicidio. Según su versión, la joven acudió a su casa un día antes de que asesinaran a Leyla, llevó consigo a la menor de 15 años sentenciada y ambas entraron al patio.

“Fue a la casa, llevó a la de quince años y se metieron al patio de mi casa, quemaron llantas y todo”, dijo Carmen Becerra. Añadió que, pese a esos señalamientos, “a esa no le hicieron nada”.

La madre de Leyla afirmó además que Yamileth se burló del color de piel de su hija y que incluso la fotografió sin consentimiento para compartir la imagen. “Le tomó una foto a mi hija cuando iba a la tienda y se la mandó a la de quince años, burlándose del color de piel de mi hija”, declaró Carmen Becerra a Infobae México.

Ese señalamiento forma parte de la secuencia de agresiones que, según la madre, antecedieron al asesinato. Carmen Becerra sostuvo que expuso esos antecedentes ante el Ministerio Público, pero aseguró que la autoridad no procedió pese a la información que ella entregó sobre amenazas, hostigamiento y la cercanía de las personas implicadas.

La menor de 13 años sacó a Leyla con engaños

Uno de los puntos centrales del caso, según el testimonio de Carmen Becerra, es la participación de la menor de 13 años ya sentenciada. La madre afirmó que esa adolescente fue quien convenció a Leyla de salir de su casa con el argumento de que le tenían una sorpresa.

“Ella la sacó de la casa con mentiras”, dijo Carmen Becerra a Infobae México al referirse a la menor de 13 años. Luego detalló: “Fue y la metió a la casa de la de quince años. Allí entre las dos acabaron con la vida de mi hija”.

La descripción de la madre coincide con la versión incluida en el texto fuente: horas después de sacar a Leyla de su casa, la víctima fue inmovilizada, asfixiada y enterrada en el patio de una vivienda. Carmen Becerra insistió en que la conducta posterior de las adolescentes muestra frialdad frente al crimen.

“Yo duré seis días para poder encontrar a mi hija y ellas como si no hubieran hecho nada”, expresó Carmen Becerra a Infobae México. Sobre la adolescente de 15 años, agregó: “Hasta dormía en su casa sabiendo que mi hija estaba enterrada ahí”.

La madre también cuestionó el tratamiento judicial de la menor de 13 años. “La de trece años, según que víctima, pero esa joven va a salir muy pronto y ya sabe matar, qué se espera de una joven así”, dijo a Infobae México, en rechazo a cualquier intento de minimizar su responsabilidad en los hechos.

La madre de la menor de 13 años también habría tenido conocimiento, según el testimonio

Carmen Becerra sostuvo que la madre de la menor de 13 años también tuvo información sobre lo ocurrido antes y después del feminicidio. En la entrevista con Infobae México, la identificó como Karina y dijo que, a su juicio, debió ser investigada por lo que sabía desde un principio.

“Estoy segura que Karina sí. ¿Por qué? Porque ella fue y recogió a su hija ese día y ella sí supo desde un principio lo que su hija le hizo a la mía, pero prefirió callarse”, declaró Carmen Becerra a Infobae México. La madre de Leyla añadió que, para ella, guardar silencio frente a esos hechos equivale a encubrir.

“Al momento que tú sabes lo que hizo tu hijo y prefieres quedarte callado, te convierte prácticamente en cómplice”, afirmó Carmen Becerra a Infobae México. También sostuvo que las autoridades no han querido proceder contra esa mujer.

El caso volvió a provocar discusión sobre el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, porque la familia de la víctima impulsa amparos para revocar la sentencia abreviada firmada el 23 de febrero de 2026. Carmen Becerra explicó a Infobae México que aceptaron ese procedimiento bajo presión, porque les dijeron que, si no firmaban, las responsables prácticamente saldrían libres.

“Sacaron un abreviado y que si no firmábamos, las chamacas prácticamente salían libres. Fue la presión que ellos usaron”, relató Carmen Becerra a Infobae México. La madre dijo que ahora espera que esos recursos permitan revisar tanto las condenas como la actuación de las personas adultas que, según su versión, conocieron el contexto previo y posterior al feminicidio.

El hallazgo se produjo cuando moradores del sector advirtieron la presencia de dos cuerpos tendidos en el suelo, aparentemente inconscientes. De inmediato dieron aviso a la Policía, que llegó al lugar y confirmó que ambos jóvenes ya no presentaban signos vitales. Según las primeras diligencias, las víctimas habrían sido asesinadas el último domingo 17 de mayo, presuntamente a pedradas y golpes en la cabeza, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Las investigaciones iniciales señalan que el crimen presenta signos de extrema violencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables ni establecer con precisión el móvil del doble homicidio, lo que ha generado preocupación e indignación en la población de la zona altiplánica.

De acuerdo con el testimonio del hermano de la adolescente de 16 años, la joven habría sido víctima de abuso sexual antes de su muerte. El familiar también aseguró que su hermana, quien era deportista y jugadora de fútbol, intentó defenderse hasta el final. “Porque mi menor sabe defenderse; es futbolista y tiene entrenamiento. Por eso creo que se defendió mucho y por eso le destrozaron la cara”, señaló.

Asimismo, el mismo familiar sostuvo que la violencia del ataque fue tal que el rostro de la menor quedó irreconocible, por lo que la identificación se realizó principalmente a través de sus pertenencias personales y características físicas.

En cuanto al otro adolescente, un joven de 17 años, las versiones familiares indican que no residía en Azángaro, sino en una comunidad cercana, y que habría acudido al lugar el domingo como parte de una salida recreativa o paseo. Su cuerpo también presentaba múltiples golpes en la cabeza, según las primeras evaluaciones.

Otro familiar de las víctimas exigió justicia y pidió que las autoridades no detengan las investigaciones hasta dar con los responsables. “Simplemente, al pedido de la familia, con el fin de exigir la justicia que ambas familias piden”, manifestó.

Asimismo, los deudos hicieron un llamado público a la población para que cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido la proporcione, incluso de manera anónima, a fin de contribuir con el esclarecimiento del caso. “Fiscalía, al Poder Judicial, que siga con esta investigación hasta dar con el paradero de los responsables”, solicitaron.

En medio del profundo dolor, las familias despidieron a los adolescentes en la plaza principal de Azángaro, donde realizaron un último adiós marcado por pedidos de justicia y condena al brutal crimen que ha dejado en shock a toda la comunidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

“Fue solo un experimento. Es tan fácil para nosotros justificarlo como un entomólogo al empalar un escarabajo en un alfiler”, le diría después y sin que se le moviera un músculo de la cara Nathan Freudenthal Leopold a un periodista del Chicago Tribune. El “escarabajo” al que se refería no era un insecto sino un chico de 14 años llamado Robert “Bobby” Franks, al que Leopold y su amigo Richard Albert Loeb habían elegido al azar como víctima para concretar el sueño que venían acunando desde hacía tiempo: cometer “el crimen perfecto” y no pagar por él. Eran jóvenes de familias ricas y se creían superiores al común de los mortales, tan superiores que pensaron que tenían derecho a matar impunemente. Convencidos de que así era, la tarde del 21 de mayo de 1924 secuestraron a Bobby y después mandaron una carta pidiendo rescate. Para entonces el chico ya estaba muerto y la carta era solo para engañar a la policía.

El caso Leopold y Loeb, como se conoció, dejó una profunda huella en la sociedad y el sistema judicial estadounidenses. Fue calificado por la prensa como el “crimen del siglo” y suscitó debates sobre la delincuencia, el castigo y la rehabilitación. Si la corta edad de la víctima conmovió a la opinión pública, mucho más interés despertó la personalidad de los asesinos, apenas mayores que ella. Cuando cometieron el crimen, Leopold tenía 19 años y Loeb, 18. Los dos provenían de familias judías con mucho dinero que vivían en Kenwood, un barrio del sur de Chicago, reducto de empresarios y profesionales exitosos. El padre de Nathan Leopold, también llamado Nathan, era un industrial jubilado que se había hecho multimillonario con su fábrica de cajas de papel; el de Loeb, Albert, era un prestigioso abogado que había sido también vicepresidente de la gran cadena de tiendas Sears.

Los dos padres estaban orgullosos de sus hijos, para los que imaginaban grandes futuros. Es que los dos eran intelectualmente brillantes, tanto que Leopold había sido aceptado cuando tenía apenas 15 años en la Universidad de Michigan, donde conoció a Loeb, que había ingresado siendo tan chico como él. De allí, los dos fueron a la Universidad de Chicago, donde Loeb estudiaba Derecho mientras Leopold profundizaba en sus dos pasiones: la Lingüística —hablaba varios idiomas— y la Ornitología.

Los dos eran muy buenos estudiantes, pero cuando se juntaban parecían desatarse: más de una vez sus familiares debieron retirarlos de la comisaría por haber cometido robos menores e incluso iniciar un incendio que no había pasado a mayores. La riqueza y los contactos de sus poderosos padres los habían salvado de ir a parar a un correccional de menores. Quizás fue esa impunidad la que los llevó a pensar que estaban para cosas mayores, como cometer un asesinato perfecto.

Una maquinación siniestra

Los jóvenes Leopold y Loeb empezaron a planear el asunto a mediados de 1923 y demoraron casi un año en llevarlo a cabo. Querían aceitar hasta el más mínimo detalle. La idea era secuestrar a un niño rico y pedir rescate a la familia, pero ese pedido sería una maniobra de distracción para demorar la búsqueda del cadáver, porque el plan era matar a la víctima inmediatamente y esconder el cuerpo donde nadie pudiera encontrarlo, por lo menos por un tiempo.

Para mediados de mayo de 1924 ya estaban listos para entrar en acción. Alquilaron un auto y se dirigieron a las cercanías del campus de la Escuela de Harvard para Niños, la misma a la que los dos habían asistido en la infancia. Era un establecimiento para hijos de familias ricas, por lo que allí sería más fácil encontrar la víctima adecuada. Cuando se cruzaron con “Bobby” Franks, que volvía caminando desde la escuela hacia su casa, no dudaron, porque sabían que su familia tenía dinero y, además, Loeb lo conocía, lo que les facilitaría las cosas.

Detuvieron el auto y se ofrecieron a llevarlo, pero en un primer momento Bobby se negó, porque solo le quedaban por caminar dos cuadras. Entonces Loeb insistió, esta vez con otro engaño: le dijo que subiera porque quería mostrarle una raqueta de tenis que había comprado. Interesado, el chico subió y se sentó en el asiento del acompañante, mientras que Leopold conducía y Loeb estaba en el asiento trasero, donde tenía la raqueta de tenis. Se agachó supuestamente para tomarla, pero en lugar de hacerlo empuñó un cincel con el que le golpeó la cabeza para desmayarlo. Entonces lo pasaron al asiento trasero del auto, donde uno de los dos —nunca se supo quién— lo asfixió con un trapo.

Fue una improvisación sobre la marcha porque en el plan original, para que la responsabilidad fuera compartida por completo, debían ahorcarlo con una soga, tirando cada uno de ellos de un extremo, pero cambiaron de idea porque se dieron cuenta de que debían mantener el auto en movimiento. Mientras uno conducía, el otro lo mató. Después, con el cuerpo de Bobby en el piso del auto, fueron hasta un lago en Hammond, Indiana, unos 40 kilómetros al sur de Chicago. Allí esperaron que se hiciera de noche para desnudar el cadáver y dejarlo en una obra de drenaje cerca de las vías del tren. Para que el chico no pudiera ser reconocido rápidamente, se deshicieron de las ropas y le tiraron ácido clorhídrico en la cara y, ya que estaban, también en los genitales, algo que se les ocurrió en el momento.

Volvieron a Chicago bien entrada la noche, cuando en Kenwood todo el mundo estaba buscando a Bobby Franks, a quien sus compañeros habían visto salir de la escuela, pero no había llegado a su casa. Poco después Leopold llamó por teléfono a la madre de Franks, se identificó como “George Johnson”, le dijo que había secuestrado a su hijo y que pronto recibiría una nota con indicaciones para pagar el rescate. Así pusieron en marcha la segunda parte del plan.

El sindicato del secuestro

Los dos asesinos tenían escrita la carta desde días antes del secuestro. Como no sabían quién sería la víctima, simplemente la habían encabezado con un “Dear Sir” (Querido señor) sin poner ningún nombre. Ni se preocuparon en hacer una nueva versión con el nombre del padre de Bobby y la enviaron el día siguiente. Decía: “Como ya seguramente ya sabe, su hijo ha sido secuestrado. Permítanos asegurarle que se encuentra bien y a salvo. No debe temer ningún daño físico por él, siempre que cumpla estrictamente las siguientes instrucciones y las que reciba en futuras comunicaciones. Sin embargo, si desobedece, aunque sea mínimamente, cualquiera de nuestras instrucciones, su pena será la muerte. Por razones obvias, no intente en absoluto comunicarse con las autoridades policiales ni con ninguna agencia privada. Si ya se ha comunicado con la policía, permítales continuar con sus investigaciones, pero no mencione esta carta. Asegurar antes del mediodía de hoy diez mil dólares ($10,000.00). Este dinero debe estar compuesto íntegramente por billetes antiguos de las siguientes denominaciones: $2,000.00 en billetes de veinte dólares, $8,000.00 en billetes de cincuenta dólares. El dinero debe ser antiguo. Cualquier intento de incluir billetes nuevos o marcados hará que todo el proyecto sea inútil. Como advertencia final, esta es una propuesta estrictamente comercial y estamos dispuestos a hacer efectiva nuestra amenaza si tenemos motivos razonables para creer que ha infringido las instrucciones anteriores. Sin embargo, si sigue nuestras instrucciones al pie de la letra, le aseguramos que su hijo le será devuelto sano y salvo en un plazo de seis horas tras recibir el dinero. Atentamente, GEORGE JOHNSON”.

De acuerdo con el plan, tenían preparadas otras cartas que no llegaron a enviar. Más tarde se supo que todas habían sido copiadas de El sindicato del secuestro, una novela policial de Christopher Booth, publicada en la edición del 3 de mayo de 1924 de la revista Detective Story Magazine. Loeb y Leopold negaron siempre haberla copiado y durante el juicio sostuvieron que el texto lo habían pensado ellos. Aceptaban ser juzgados por el asesinato, pero no acusados de falta de originalidad.

Un cuerpo y unos anteojos

El engaño que habían planificado para encubrir, aunque fuera solo por un tiempo, el asesinato con un supuesto secuestro extorsivo quedó desbaratada al día siguiente, cuando un hombre avisó a la policía que había encontrado el cuerpo de un chico con la cara desfigurada pero que podía ser Bobby Franks. Cuando lo supieron, Leopold y Loeb destruyeron la máquina de escribir con que habían escrito la carta para evitar ser descubiertos. Sin embargo, en la realización de su “crimen perfecto” habían dejado otros rastros que no demorarían en identificarlos como los autores de la muerte de Bobby.

La policía de Chicago inició una exhaustiva investigación y ofreció una recompensa para quien pudiera dar información útil. Por esos días, Loeb siguió con sus rutinas habituales, pero Leopold no pudo evitar la tentación de hablar con la policía y la prensa. Incluso le dijo a un detective que conocía al chico y que, si él “fuera a asesinar a alguien, escogería a alguien como el niñito arrogante que era Bobby Franks”. Los dos asesinos se sentían muy seguros de que no serían descubiertos.

Esa seguridad comenzó a menguar cuando un agente de policía encontró un par de anteojos cerca del lugar donde había aparecido el cuerpo de Bobby. Aunque eran de una clase muy común, tenían un tipo de mecanismo de apertura y de cierre único, que solo tres personas habían encargado en Chicago y una de ellas era Nathan Leopold. Cuando lo interrogaron, dijo que probablemente los había perdido cuando estudiaba los pájaros del lago. La excusa no le sirvió porque poco después también encontraron la máquina de escribir destruida y la identificaron como de su propiedad.

El círculo se cerró cuando varios testigos dijeron que la tarde del 21 de mayo lo habían visto con Loeb viajando juntos en un auto. Loeb fue el primero en confesar. Dijo que todo había sido planeado por Leopold y que él simplemente se había limitado a conducir el automóvil. Leopold también admitió el crimen, pero aseguró que él sólo había manejado el auto y que el asesino era su amigo Loeb. Fue un sálvese quien pueda.

“El juicio del siglo”

El proceso judicial contra Nathan Leopold y Richard Loeb tuvo lugar en la Corte de Distrito de Chicago y enseguida se convirtió en un espectáculo. La prensa lo llamó “el juicio del siglo”, una categoría que ya había utilizado en otros dos procesos, como los del multimillonario asesino Harry Kendall Thaw y de Sacco y Vanzetti.

Para que se hiciera cargo de la defensa de los dos asesinos, la familia de Loeb contrató al abogado Clarence Darrow, un firme opositor a la pena de muerte, un castigo que todos preveían para los asesinos. En ese momento corrieron versiones de que le pagaron un millón de dólares para que se hiciera cargo de la defensa. La estrategia de Darrow no fue buscar que el tribunal declarara inocentes a sus clientes, algo que consideraba imposible, sino que Leopold y Loeb admitieran su culpabilidad para salvarse de la pena capital.

En su alegato final, un discurso que se prolongó por más de doce horas, sostuvo que el crimen había sido “un acto sin sentido de niños inmaduros y enfermos” y justificó ese supuesto desequilibrio mental en las lecturas que habían hecho en las aulas de la universidad: “Este terrible crimen era inherente a sus personalidades y ciertamente vino de algún antepasado. ¿Acaso hay alguna culpa en que alguien tome las filosofías de Nietzsche tan seriamente que quiera que su vida se refleje en dichos pensamientos? Creo realmente injusto colgar a un chico de 19 años por la filosofía que se le enseñó en la Universidad”, dijo antes de pedir clemencia al tribunal.

Por la acusación, el fiscal Robert E. Crow presentó a los dos jóvenes como insensibles y privilegiados buscadores de emociones fuertes y le pidió al juez que los condenara a muerte. “¡Tienen ante ustedes uno de los asesinatos más despiadados, crueles, y cobardes que se hayan juzgado en la historia de cualquier tribunal!”, alegó en una ponencia vibrante.

El juicio se prolongó 33 días y el 10 de septiembre de 1924 el juez John Caverly condenó a Leopold y Loeb a cadena perpetua por asesinato y a 99 años de prisión por secuestro. Convencido por la petición de clemencia de Darrow, dio razones para ese veredicto: “Al optar por la prisión en lugar de la pena de muerte, el tribunal se basa principalmente en la consideración de la edad de los acusados, jóvenes de dieciocho y diecinueve años. No le corresponde al tribunal afirmar que no aplicará la pena capital como alternativa, pero considera que le corresponde rechazar la pena de muerte a personas menores de edad”, explicó.

Dos finales diferentes

Los dos asesinos fueron enviados a cumplir sus penas en la Penitenciaría del Norte de Illinois. En mayo de 1925, Leopold fue trasladado al nuevo centro penitenciario de Stateville, y Loeb se unió a él en 1932. A principios de 1933, los dos reclusos crearon una escuela por correspondencia para los presos, lo que les permitió cierta responsabilidad y autonomía para moverse por la prisión.

Sin embargo, los días de Richard Loeb estaban contados. En enero de 1936, mientras se duchaba, recibió 56 puñaladas de su antiguo compañero de celda, James A. Day. El asesino dijo que había actuado en defensa propia después de que Loeb le hiciera insinuaciones homosexuales. No le creyeron, porque la autopsia dejó en claro que lo había apuñalado por la espalda. Loeb agonizó durante horas en la enfermería de la prisión y Leopold no se despegó ni un momento de su lado mientras los médicos intentaban inútilmente salvarle la vida.

Tras la muerte de su cómplice y amigo Leopold se dedicó a estudiar, tomó cursos de idiomas por correspondencia y cursó la carrera de técnico en Rayos X. En septiembre de 1949, un juez le redujo la sentencia de 99 a 85 años y fue puesto en libertad condicional el 13 de marzo de 1958, después de cumplir 33 años. Una vez libre, trabajó como técnico hospitalario en Santurce, Puerto Rico, donde se casó con una viuda en 1961. Dedicó sus últimos años a escribir y publicó una autobiografía, Life Plus 99 Years, y un libro sobre Ornitología, Checklist of Birds of Puerto Rico and the Virgin Islands. Enfermo de diabetes, murió de un paro cardíaco en 1971, convencido de haber pagado su culpa.

El crimen perpetrado por Leopold y Loeb dio lugar a varias novelas y obras de teatro. En 1948, Alfred Hitchcock se inspiró en el caso para filmar La soga, una de sus películas más famosas. Una década después se estrenó Impulso Criminal, dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Orson Welles en el papel del abogado defensor. Basada en un libro del novelista estadounidense Meyer Levin, sigue siendo considerada la versión cinematográfica más fiel a los hechos.

Dos pilotos fueron asesinados a balazos cuando aterrizaron en la aeropista “El Frisco”, ubicada a la altura del municipio de San Francisco del Oro del estado de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 19 de mayo, cuando los dos hombres arribaron al aeródromo, ubicado a un costado de la carretera Parral-Puerto Justo, a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206, una de color blanco con gris y otra de color blanco con negro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las primeras indagatorias refieren que, tras aterrizar los pilotos, al sitio arribaron sujetos desconocidos que los interceptaron y les dispararon. Los agresores lograron huir con rumbo desconocido tras asesinarlos.

Los pilotos fueron identificados como Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R., originarios de Culiacán, Sinaloa.

Tras los hechos, personal de la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y del Ministerio Público acudió al sitio para realizar el procesamiento de la escena, donde aseguraron diversos casquillos calibre 7.62x39.

Aeronaves no llevaban cargamento

Fuentes de seguridad detallaron a Infobae México que las aeronaves no llevan ningún tipo de cargamento, por lo que permanecen resguardadas en el sitio por parte de las autoridades.

En tanto, los cuerpos de los pilotos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley.

Por su parte, la Fiscalía de Distrito Zona Sur inició los trabajos de investigación para esclarecer el homicidio de los dos hombres.

Segundo hecho violento con aeronaves en poco más de un mes en la entidad

Cabe señalar que este no es el primer ataque armado que se registra en el año y que implica aeronaves, ya que el pasado 8 de abril una avioneta fue obligada a aterrizar en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua con Sinaloa, tras ser atacada a balazos.

De acuerdo con los reportes, en la avioneta se trasladaban cuatro extranjeros y un mexicano que fueron atacados a balazos desde tierra cuando presuntamente realizaba un sobrevuelo de inspección de proyectos mineros en la región.

Tras la agresión, el piloto logró aterrizar en la pista de Santa Rosalía de Carrizales, en una terracería ubicado a más de 600 kilómetros de la capital del estado.

Las personas agredidas no resultaron lesionadas pese a la emergencia, por lo que pudieron regresar a su lugar de trabajo en Sinaloa una vez que rindieron su declaración ante la Fiscalía del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que fueron desplegados 50 elementos que se sumaron a las tareas de seguridad en la región, además de que se descartaron alguna emergencia de sobrevolar la región en la que ocurrió el ataque.

El operativo también incluyó la participación de personal especializado en el manejo de drones, quienes realizaban labores de vigilancia para ampliar el perímetro.

En una entrevista con EFE previa a una audiencia de casación que debía instalarse este miércoles pero que se difirió al 1 de julio, en la que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revisará la condena de 34 años y 8 meses de cárcel impuesta a Cáceres, Otavalo afirma que aún hay vacíos y dudas que rodean al caso y, sobre todo, "responsabilidades que no han sido determinadas".

"Seguiré luchando en organismos internacionales porque hay una sola realidad: A mi hija la mataron en la escuela de Policía, en una institución pública, que si bien fue el esposo, y por eso es feminicidio, él era un servidor público en funciones", dice Otavalo en referencia a las responsabilidades estatales que ella considera que hay por el crimen y que espera sean analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 11 de septiembre de 2022, Cáceres asesinó a Bernal en la Escuela Superior de Policía de Quito y luego ocultó su cadáver, que fue encontrado diez días después en un cerro cercano al lugar.

El agente, que era instructor de policías, se fugó días después y fue capturado en diciembre de 2022 en Colombia. En mayo de 2023 fue declarado culpable de femicidio tras confesar el crimen y ha cumplido su pena en diversas cárceles, lo que para Otavalo evidencia los "privilegios" que, dice, recibe por parte del Estado.

La madre de Bernal espera que los jueces ratifiquen la condena, pero que también declaren culpable por omisión al policía Alfonso Camacho, quien estuvo en una habitación contigua a la de Cáceres la noche del asesinato.

Según la Fiscalía, el oficial escuchó los gritos de auxilio de la abogada y no impidió el feminicidio, pero la Justicia ratificó su inocencia.

"De pronto otra historia hubiera sido, de pronto María Belén estuviera viva", lamenta Otavalo.

Otra de las deudas que asegura que hay en este caso es la investigación a quienes estuvieron la noche del crimen en la escuela y a los "cómplices y encubridores" del ahora expolicía.

"¿Estamos diciendo que Cáceres hizo todo solo? ¿Que él tuvo tanta fuerza para cargar a mi hija y después hacer ese hoyo en el cerro?", reclama Otavalo, quien recuerda que le avisaron muchas horas después del hallazgo del cuerpo de Bernal, lo que siempre le generó dudas.

La Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal, pero Otavalo dice que se archivó, aunque intentará que se reactive antes de acudir al sistema interamericano.

La madre de Bernal afirma que las familias de víctimas de feminicidio viven un "calvario" para intentar encontrar justicia y también reparación, pues no reciben ni "la mitad de un centavo" y tampoco contención o protección del Estado, ni siquiera los huérfanos, como su nieto.

Además, señala que sufren revictimización y ataques de las familias de los agresores y de otros investigados, lo que hace más duro el camino.

Añade que Ecuador tiene políticas "muy fuertes" para combatir la violencia machista, pero que se han quedado en papel. "Necesitamos que se aterricen en territorio para que el caso de mi María Belén no se vuelva a repetir, que la muerte de mi hija en una escuela de Policía sea el precedente", concluye.

 Cristina Bazán

El reloj marcaba poco más de las seis de la tarde del sábado 16 de mayo cuando las sirenas rompieron la calma habitual de la Blackburn Lane en Burtonsville. Agentes del Departamento de Policía del Condado de Montgomery se presentaron en el complejo de apartamentos con una orden de verificación de bienestar.

No era una visita de rutina; la alerta la habían dado los propios compañeros de trabajo de Glenda Patricia. En un entorno migrante donde el empleo es el pilar fundamental de la supervivencia, la ausencia injustificada de una mujer conocida por su inquebrantable puntualidad y espíritu emprendedor encendió de inmediato las alarmas en su entorno cercano.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales se toparon con una escena dantesca. En el pasillo principal yacía el cuerpo inerte de la mujer salvadoreña, de 50 años, mostrando evidentes y severos signos de violencia física en su anatomía.

Mientras los primeros respondientes aseguraban el perímetro y procesaban la escena, un detalle crucial escapaba ante sus ojos: en el estacionamiento exterior, un Jeep Compass blanco, modelo 2019 y propiedad de la víctima, aceleraba saliendo del recinto de manera apresurada. Era el inicio de una persecución interestatal y el primer hilo de una investigación criminal que apuntaba directamente al núcleo más íntimo de la fallecida.

Pocas horas después del hallazgo, la Oficina del Médico Forense de Maryland disipó cualquier atisbo de duda técnica. El análisis forense dictaminó de forma oficial que la causa de la muerte de Glenda respondía a múltiples heridas infligidas con un arma blanca. El caso fue catalogado formalmente como homicidio criminal. Para los detectives asignados al caso, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse con dolorosa rapidez al identificar que el principal sospechoso compartía el mismo techo y la misma sangre que la víctima.

Las sospechas se volcaron con presteza sobre Ricardo Adelso Colato Salamanca, hijo biológico de Glenda y con quien ella convivía en el apartamento de la Blackburn Lane.

Captura en la ruta y el peso de la ley

La rápida actuación de la policía del condado de Montgomery, las placas del Jeep Compass blanco fueron ingresadas de inmediato en la base de datos nacional de delitos graves. Los sistemas de lectura de patentes permitieron a las autoridades de diversos estados rastrear el trayecto del vehículo en tiempo real mientras huía a gran velocidad con rumbo al sur.

La huida terminó el lunes 18 de mayo. En una acción coordinada por un contingente de grupos federales y agencias regionales de seguridad estadounidense, Ricardo fue localizado y neutralizado en una parada de camiones en la localidad de Salisbury, en el condado de Rowan, Carolina del Norte.

El joven, que había conducido cientos de kilómetros lejos de la escena del crimen, fue arrestado sin que pudiera oponer una resistencia significativa frente a los agentes federales. Actualmente, el acusado permanece bajo estricta custodia en territorio de Carolina del Norte a la espera de que se concrete el proceso formal de extradición hacia el condado de Montgomery, Maryland.

El peso de los cargos que le esperan en el tribunal es abrumador: asesinato en primer grado y robo de vehículo motorizado. El juez a cargo del caso ha fijado una fianza extraordinaria de 5 millones de dólares, una cifra que refleja la extrema gravedad del crimen y el riesgo de fuga latente del detenido.

Un legado de amor truncado por la tragedia

Mientras la maquinaria judicial avanza, en el seno de la comunidad salvadoreña radicada en Maryland el sentimiento es de profunda consternación y luto absoluto. Glenda Patricia no solo representaba el espíritu trabajador de la diáspora de Morazán que pasa años buscando el progreso, sino que era el eje central de su familia.

En la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, abierta por sus allegados para costear los inesperados gastos fúnebres y conmemorativos, el dolor se ha transformado en palabras de homenaje que describen la inmensa calidad humana de la víctima.

La devastación de la familia Salamanca es absoluta frente a una pérdida que califican como inesperada y desgarradora. Hoy, sus seres queridos solo claman por oraciones, apoyo económico solidario y, por encima de todo, que caiga todo el peso de la justicia sobre el responsable de haber apagado una vida tan valiosa.

Un hombre identificado como Alejandro Velázquez, alias El Pollo, fue asesinado por un policía del municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México (Edomex).

El hombre, de 32 años de edad, murió el pasado sábado 16 de mayo luego de haber sido herido por el policía, identificado como José Manuel “N”.

Los hechos ocurrieron en el citado municipio del Edomex, cuando, presuntamente, el elemento que disparó y su compañera, quienes viajaban en la patrulla SCM-412, recibieron un reporte de una mujer quien, presuntamente, acusó que Alejandro tenía en su poder un arma de fuego y la había amenazado con la misma.

De acuerdo con lo declarado por el policía, el hombre de 32 años les habría apuntado con la presunta arma de fuego, por lo que, en reacción, le disparó.

Alejandro recibió un disparo en el glúteo izquiero, y alcanzó a ingresar a su domicilio, lugar en el que murió por la herida.

A pesar de la acusación de que El Pollo llevaba consigo un arma de fuego, no hay rastro de la misma.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se ve a parientes de El Pollo dentro de un predio con el policía revisando al joven, quien se encuentra tirado en el suelo sin moverse, y con sangre en su cuerpo, producto de la herida.

En el video, se escucha a las personas reclamar al policía, quien en un momento del clip dice que el hombre le había apuntado con un arma, pero al cuestionarle por la misma, dice no saber en dónde se encuentra.

Detienen a los policías involucrados

Tanto el policía que disparó, como su compañera con la que viajaba en la patrulla, identificada como Eva, fueron detenidos por homicidio.

Sin embargo, Jazmín, hermana de Alejandro, dijo en entrevista a Imagen Noticias que temía que los policías fueran liberados, pues cuando acudió a continuar con su denuncia, un día después del homicidio, vio al policía acostado en una banca con un celular en la mano, como si no estuviera detenido por homicidio.

La misma mujer declaró al medio que si bien su hermano tenía problemas de adicciones, no se encontraba haciendo nada malo.

“No tenía por qué haber muerto así, sí, mi hermano se drogaba, sí, pero mi hermano no estaba haciendo nada malo, más que drogándose, ese fue su error de él, ese fue su error, ser drogadicto, nada más”, declaró la hermana delñ fallecido al medio.

Una persona que presuntamente estuvo involucrada con el homicidio de diez personas, de los cuáles siete pertenecían a una familia, mientras que otros tres eran trabajadores de la misma, fue detenida por autoridades ministeriales.

El asesinato ocurrió el pasado fin de semana en un rancho de Tehuitzingo, Puebla, en la mixteca poblana.

Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado, dijo que fue el pasado lunes cuando se logró la aprehensión del involucrado en el caso ocurrido en la comunidad de Texcalapa, en el municipio mencionado. La fiscal no reveló la identidad del detenido y negó que se tratara del hijo de los padres de familia asesinados.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, señaló que “es importante que les informe que el día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona, un masculino que derivó de los actos de investigación por los hechos ocurridos en este inmueble”.

Ratificó que una línea de investigación sería un problema familiar, y admitió que se trata de dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogadicción, así como conflictos familiares por tierras.

Pastor Betancourt rectificó los informes iniciales dados a conocer inicialmente: se trata de diez personas asesinadas, de las cuales, siete pertenecían a una familia y tres eran trabajadores de ellos. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad de 16 y 15 años, así como un bebé de un mes, quien murió por asfixia al ser protegido por su madre. El resto fueron asesinador por arma de fuego.

Detalló, en un informe, que elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron a las 12:40 horas del pasado domingo 17 de mayo, el aviso del hallazgo de nueve cuerpos dentro de un rancho, así como una mujer herida de gravedad, con impacto de bala en la cabeza. Dicha mujer perdió la vida cuando era trasladada a un hospital.

En la zona se comisionaron peritos en criminalística de campo, agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones.

La víctimas fueron identificadas como: Cecilio de 55 años y Marcela 48, los padres de familia; así como sus hijos Roberto y José María. Entre las víctimas se encontraban también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho, víctimas del asesinato, fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

El hijo del matrimonio aparece en un video que fue difundido en redes sociales sin que se sepa cuándo fue grabado, donde señala a sus padres de ser los causantes de sus adicciones.

El familiar de la víctima denuncia que, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones permanecen estancadas, mientras el dolor y la incertidumbre se profundizan entre sus allegados. Según reportó el noticiero 24 Horas, el caso ha causado un profundo impacto tanto en Perú como en la comunidad latinoamericana residente en el Reino Unido.

El 19 de enero de 2026, Luis Gabriel fue atacado mortalmente en un bosque urbano de Inglaterra, en una zona donde no existen cámaras de seguridad ni alumbrado público.

De acuerdo con los primeros datos de la policía local, dos menores, uno de 15 y otro de 16 años, habrían apuñalado al joven, quien falleció de inmediato. El reporte de 24 Horas subraya que ambos sospechosos se encuentran detenidos, aunque la investigación judicial no ha presentado avances sustanciales desde entonces.

Fortunata Gómez, abuela del menor, relató en declaraciones recogidas para el medio que la familia no percibe ningún progreso en las diligencias. “No vemos ningún avance. A pesar de que mi hija tuvo una audiencia el día 14 de este mes, unas horas antes de partir para el Reino Unido recibió una notificación de que la habían postergado para el mes de junio. Y hasta ahora no tenemos ningún avance de la investigación”, explicó.

Dolor y preguntas sin respuesta

La policía británica recomendó a la familia no divulgar detalles del caso durante los meses iniciales para no entorpecer las pesquisas, de acuerdo a la familia del menor.

“La policía, en el tiempo que hemos estado mi familia y yo, nos dijo que no podíamos hablar absolutamente nada, decir nada, porque entorpecíamos la investigación. Así que hicimos caso a eso, pero desgraciadamente ya han pasado cuatro meses y quiero alzar mi voz a la comunidad entera”, señaló Fortunata Gómez en 24 Horas.

La abuela de Luis Gabriel descartó que el móvil haya sido un robo. “No, porque estaba su billetera, estaba su teléfono. O sea, no ha sido. Dice el niño que habló con una persona que estaba por ahí. Dijo que habían saltado dos y lo habían apuñalado. Él llegó a hablar eso antes de morir”, contó Gómez, quien también aseguró que su nieto no tenía conflictos conocidos ni problemas con otros adolescentes.

Luis Gabriel era apasionado del fútbol y practicaba jiu-jitsu. Su madre había gestionado su ingreso a una academia deportiva en Inglaterra, donde ambos residían desde hacía algún tiempo. La familia describe al adolescente como alguien muy unido a sus seres queridos y ajeno a malas compañías.

Incertidumbre sobre el entorno

El entorno donde se produjo el crimen ha generado inquietud. Se trata de un bosque urbano, descrito como oscuro y sin vigilancia electrónica. Según 24 Horas, esta falta de infraestructura dificultó la obtención de pruebas y evidencias.

En la última visita a Perú, en agosto de 2025, Luis Gabriel le pidió a su abuela no regresar a Inglaterra. “Me suplicó, me rogó que no quería irse”, recordó Gómez. Aunque la familia no indagó los motivos de esa petición, la abuela sospecha que algo podría haber perturbado al joven en su entorno en el extranjero.

Reclamo de justicia

Tras el asesinato, la familia contactó a la Cancillería peruana. Fortunata Gómez envió una carta a la institución en febrero, después de regresar de Inglaterra, solicitando apoyo para agilizar la investigación.

La respuesta oficial fue que la información del caso debía remitirse solo a los padres y no a las abuelas. “Bueno, yo soy su abuelita, no le di la vida, pero era como si fuera su mamá. Él me amaba y yo lo amaba a él”, expresó Gómez, quien insiste en que hay muchos aspectos que necesitan ser aclarados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena a 22 años y 6 meses de prisión para Ayoub DA, declarado culpable de asesinar a Dris Amar, cabo del grupo de regulares de Ceuta, en octubre de 2022. La sentencia respalda la dictada previamente por la Audiencia Provincial de Cádiz, de manera que rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa, como adelantó El Faro de Ceuta y ha confirmado Infobae. Así, tanto él como el otro condenado, Hisam MA, afrontarán esta pena.

Según la documentación judicial, los hechos ocurrieron en el garaje de un edificio de la ciudad autónoma, donde la víctima fue atacada a tiros mientras se encontraba sola y desarmada. La investigación determinó que, además de los que apretaron los gatillos, hay otros dos implicados, con los que planificaron y ejecutaron el asesinato en el marco de una estructura delictiva organizada. La víctima, de 39 años, residía en Ceuta junto a su esposa y dos hijos menores.

Organización criminal tras el asesinato

La sentencia señala que el grupo actuó con una distribución clara de roles. Mientras dos de los acusados dispararon a Amar con pistolas, entre ellas una Glock modelo 17, el tercero facilitó el acceso al lugar y vigiló durante la acción. Otro implicado colaboró desde el exterior realizando tareas de vigilancia para asegurar la huida de los autores. El fallo judicial resalta que los condenados integraban una organización dedicada al tráfico de drogas, el traslado de personas sin autorización para residir en España y la intimidación mediante el uso de armas de fuego.

La sentencia también indica que los acusados actuaron siguiendo una jerarquía interna y que disponían de armas modificadas para dificultar su rastreo, como la pistola utilizada en el homicidio, la cual presentaba el número de serie alterado y el cañón cambiado para permitir el uso de silenciadores. Señala que, para cometer el crimen, aprovecharon la situación de indefensión de Dris Amar, atacado por varios individuos de forma coordinada.

Durante el proceso judicial, la defensa de Ayoub DA cuestionó la existencia de pruebas suficientes para aplicar la agravante de pertenencia a organización criminal. Alegó que el veredicto se basaba en informes policiales que calificó como suposiciones. El tribunal ha desestimado estos argumentos, señalando que el jurado valoró testimonios directos de agentes e información documental que evidenciaba la coordinación y permanencia del grupo.

Confirman la sentencia inicial

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluye que la conexión entre la pertenencia a la organización criminal y el homicidio queda demostrada por la estructura y los medios empleados en el crimen. La sentencia confirma la condena de 20 años de prisión por homicidio cualificado y 2 años y 6 meses adicionales por tenencia ilícita de armas modificadas. El fallo señala que no procede imponer costas al recurrente y deja abierta la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días desde la notificación.

La investigación permitió la incautación de armas, munición, elementos de disfraz y material relacionado con drones, aunque no se determinó su uso directo en el homicidio. La sentencia también recoge la existencia de fotografías de los acusados junto a otros miembros de la organización, lo que refuerza el carácter estructurado y permanente del grupo condenado.

Un hombre ha matado a sus padres y ha herido de gravedad a otras cuatro personas, entre ellas dos menores, uno su hijo de siete meses y otra de dos años, en un tiroteo registrado la noche del lunes en el municipio de El Ejido, en Almería, según adelantó EFE y ha podido confimar Infobae. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 23:15 en la zona conocida como El Canalillo, situada en las proximidades de la localidad de Balanegra.

El sospechoso del tiroteo sería un hombre de 25 años y ya ha sido detenido. La Guardia Civil lo ha encontrado con el arma del crimen, para la cuál no tenía licencia, de manera que se investiga su procedencia. La primera teoría a la que apunta la investigación es la violencia doméstica como móvil. EFE señala que tendría al menos 16 antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Tras recibir las primeras llamadas de alerta, se desplegaron rápidamente al lugar unidades de la Guardia Civil, incluyendo agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), junto a varios equipos sanitarios que atendieron a los heridos por arma de fuego. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica urgente. El dispositivo de búsqueda continúa activo, mientras la Guardia Civil trabaja en esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso.

Aviso, llegada de la policía y heridos hospitalizados

Hasta el lugar del tiroteo se desplazaron efectivos de la Guardia Civil —incluidos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR)—, así como agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y sanitarios del 061. Al llegar, los agentes localizaron un vehículo con impactos de bala en una calle. Dentro del turismo se encontraba un matrimonio, padres del presunto autor de los disparos, ambos ya fallecidos.

En el tiroteo resultaron heridas de gravedad cuatro personas, un bebé de siete meses, hijo del autor, que ha sido hospitalizado en estado crítico; una niña de dos años; una mujer con varios impactos de bala; y un hombre también en estado grave. Según fuentes sanitarias citadas por EFE, uno de los adultos heridos fue trasladado al Hospital Universitario de Poniente, en El Ejido, mientras que el otro adulto y los dos menores fueron derivados al Hospital Torrecárdenas de Almería. Desde este último centro se ha confirmado que permanecen ingresados en la UCI un adulto y el bebé afectados por la balacera.

El municipio de Tehuitzingo, Puebla, vivió una madrugada violenta al registrarse el asesinato de 10 personas, entre ellas integrantes de una familia, durante la madrugada de este domingo 17 de mayo.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:55 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de Texcalapa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que tras el reporte fueron localizadas diez personas sin vida, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes fueron atacadas por sujetos armados.

Sin embargo, esta información fue actualizada por la fiscal del estado, Idamis Pastor Bentacourt, quien refirió que se trató de una bebé, dos menores de edad y el resto adultos los que fallecieron en el sitio.

Ante la masacre cometida dentro de la vivienda, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron desplegados para establecer un operativo de seguridad, esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“La SSP expresa solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos. Además, reitera a la ciudadanía que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en la entidad”, detalló en un comunicado.

Fiscalía ya investiga el asesinato de 10 personas: apuntan a posible conflicto familiar

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ya inició una carpeta de investigación por el asesinato de 10 personas en Tehuitzingo.

Además, detalló que una mujer fue hallada con heridas de bala y trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, fue en el trayecto cuando falleció.

Peritos se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez personas asesinadas.

Respecto a las primeras versiones que referían se trataba de integrantes de una familia, Idamis Pastos Betancourt, fiscal del estado, informó que cuatro de las víctimas eran trabajadores y el resto sí eran familiares.

Además, detalló que la principal línea de investigación con la que cuentan es que se trató de un conflicto familiar la causa del ataque, por lo que continúan realizando las investigaciones correspondientes.

No hay señal telefónica en la zona donde se registró la masacre

Francisco Sánchez González, titular de la SSP, detalló que la zona donde se registró el ataque armado presenta afectaciones debido a que no existe señal telefónica, lo que pudo haber provocado que el reporte del ataque no se diera de manera oportuna.

El secretario también aseguró que reforzarán la seguridad en la comunidad luego del multihomicidio. Asimismo, explicó que mantienen la misma hipótesis sobre un posible conflicto familiar como causa del ataque armado, por lo que también se encuentran recabando información de manera conjunta con la Fiscalía del Estado.

El crimen ocurrió en un rancho familiar ubicado en la comunidad de Texcalapa. Entre las víctimas se encuentran seis integrantes de una misma familia y cuatro trabajadores del rancho, además de tres menores de edad, uno de ellos la bebé de un mes de nacida, dato que ha conmocionado a la región de la Mixteca poblana y a la opinión pública en general.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó la saña con la que se perpetró el multihomicidio. Los peritos procesaron el inmueble y embalaron una cantidad importante de casquillos percutidos de armas de grueso calibre, lo que revela que el ataque fue directo y planeado contra las víctimas. Las paredes y ventanas del inmueble presentaban numerosos impactos de arma larga, evidencia de la brutalidad de la agresión.

Conflicto familiar, hipótesis principal; no se descartan otras líneas

En entrevista, Pastor Betancourt señaló que los primeros indicios apuntan a conflictos relacionados con temas familiares como el origen del ataque. Sin embargo, precisó que el personal ministerial no descarta ninguna línea de investigación y continúa con la recolección de testimonios entre familiares y vecinos para robustecer la carpeta de investigación.

La funcionaria destacó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía se trasladó al lugar, realizó el levantamiento de los diez cuerpos y lleva a cabo un barrido completo dentro de la zona para el aseguramiento de indicios y evidencias balísticas.

Sin detenidos, pero con operativo coordinado

Pese al despliegue de seguridad activado desde las primeras horas del domingo, que involucra a la Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, reconoció la fiscal.

No obstante, Pastor Betancourt fue categórica al respecto: las corporaciones mantienen acciones conjuntas para localizar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen, y subrayó que no habrá impunidad.

La Fiscalía General del Estado continuará con diligencias científicas y de campo para identificar plenamente a los responsables y esclarecer el móvil de uno de los crímenes más violentos registrados recientemente en la Mixteca poblana.

PRI condena masacre en Tehuitzingo y culpa a Morena de crisis de seguridad en Puebla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó el asesinato de los diez integrantes de una familia en Tehuitzingo y señaló directamente a Morena como responsable de la crisis de seguridad que atraviesa Puebla y el país. A través de su cuenta oficial en X, el partido afirmó que el gobierno federal abandonó a los municipios, les recortó presupuesto, debilitó a las policías locales y centralizó la seguridad sin resultados. Exigió devolver recursos a los ayuntamientos, fortalecer las capacidades locales y construir una estrategia que frene la violencia. El PRI expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La noche del 11 de julio de 2025 la tragedia volvió a la provincia de Colón. En el sector de Cartagena, en el corregimiento de Puerto Pilón, Ibrahim González, de 61 años, se cubrió bajo la oscuridad de la noche y dirigió sus pasos hacia la residencia de su expareja, una joven de 24 años, con la malsana intención de asesinarla.

Una vez en la residencia, con lo que no contaba el agresor en potencia era que allí se encontraba el padre de la joven, Federico Ramírez Rodríguez de 63 años de edad, dispuesto a evitar una agresión en contra de su hija, aunque minutos después falleciera producto de las múltiples heridas que con un arma blanca le propinara quien hasta unos meses era su yerno.

Diez meses después de ocurrido el fatal desenlace, a la jueza de Garantías de la provincia de Colón, Bernalda Martínez Suazo, no le tembló la mano para sentenciar al agresor a la pena de 30 años de prisión, por los delitos de homicidio doloso agravado y femicidio en grado de tentativa.

La sentencia llegó luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre las partes intervinientes, informó el Órgano Judicial.

La jueza Martínez Suazo también estableció como pena accesoria la prohibición a González del porte y uso de armas de fuego por el mismo período de la condena principal, una vez cumplida la pena de prisión.

En otro caso judicial, el Tribunal de Juicio Oral de Descongestión de la provincia de Veraguas condenó de manera unánime a 37 años de prisión a un ciudadano por la comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de violación agravada, corrupción de menores y actos libidinosos, en perjuicio de dos menores de edad.

Esta causa penal guarda relación con hechos ocurridos en noviembre de 2024, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

En la audiencia de lectura de sentencia, efectuada la mañana del viernes 15 de mayo de 2026, los jueces Ana Carolina Vernaza, Marta Díaz Gutiérrez y Omar Cañizales emitieron la sentencia condenatoria.

Las representantes de la ley ordenaron como pena accesoria, de acuerdo con el Órgano Judicial, la inhabilitación por el término de 14 años, una vez cumplida la pena, ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen personas menores de edad.

La información indica que el tribunal tomó esta decisión luego de analizar los alegatos y las pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales, presentadas por las partes durante los tres días que duró el juicio.

Por otro lado, la jueza de Garantías de la provincia de Colón, también decretó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de tres personas.

La medida de privación de libertad se aplicó al considerar la autoridad la gravedad del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales como la posible desatención del proceso, la destrucción de medios de prueba y el peligro para las víctimas.

El hecho se registró en horas de la noche en el sector de Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, donde un menor de aproximadamente 17 años de edad resultó herido por impactos de bala.

El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este sábado auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado por su presunta implicación en el asesinato del líder ambientalista Juan López.

La resolución judicial también fue emitida contra Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, quienes junto al exfuncionario son acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Según informó el Poder Judicial, a los tres imputados se les considera presuntos autores intelectuales del crimen cometido contra Juan Antonio López, reconocido ambientalista, líder comunitario y exregidor de la alcaldía de Tocoa, en el departamento de Colón.

El tribunal detalló que la audiencia inicial comenzó el pasado viernes y concluyó este sábado con la determinación de mantener a los acusados bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades judiciales señalaron que el caso involucra delitos de alto impacto relacionados no solo con el asesinato del ambientalista, sino también con afectaciones a los derechos fundamentales de la sociedad hondureña.

Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, pocas horas después de exigir públicamente la renuncia de Adán Fúnez, a quien señalaba por supuestos actos de corrupción dentro de la municipalidad de Tocoa.

El ambientalista pertenecía al partido Libertad y Refundación (Libre), la misma fuerza política a la que pertenecía el exalcalde ahora procesado judicialmente.

Además de desempeñarse como concejal municipal, López era ampliamente reconocido por su oposición a proyectos extractivos y por su defensa de los recursos naturales en la zona atlántica del país.

El líder ambientalista mantenía una férrea oposición al proyecto de minería a cielo abierto operado por la empresa Inversiones Pinares, anteriormente conocida como Emco Mining Company.

López denunciaba que la concesión minera operaba presuntamente bajo irregularidades y advertía sobre el impacto ambiental que generaba en áreas protegidas y fuentes de agua de la región de Tocoa.

Debido a las amenazas constantes derivadas de su labor ambientalista y comunitaria, el dirigente contaba desde 2023 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Su asesinato generó fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos ambientalistas que exigieron justicia y castigo para los responsables.

La captura de Adán Fúnez se produjo esta semana en Tocoa, municipio ubicado en el departamento de Colón, una zona marcada históricamente por conflictos relacionados con tierras, recursos naturales y actividades extractivas.

El exalcalde también ha sido mencionado anteriormente en investigaciones y señalamientos vinculados a presuntos nexos con estructuras del narcotráfico.

Uno de los hechos más polémicos relacionados con Fúnez corresponde a una reunión ocurrida en 2013 en la que participó junto al exdiputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

Según investigaciones divulgadas en años recientes, en dicho encuentro presuntamente se discutía financiamiento político para campañas electorales del partido Libre.

La reunión habría quedado registrada en un video grabado con cámara oculta por Devis Leonel Rivera, uno de los principales líderes del cartel de Los Cachiros, material que posteriormente fue entregado a la Administración de Control de Drogas.

En el video, según reportes judiciales y mediáticos, el narcotraficante propone entregar dinero al partido político y se escucha a Carlos Zelaya afirmar que “la mitad debe ir para el comandante”, en aparente referencia a Manuel Zelaya.

Un hombre muere esta tarde tras recibir varios disparos en la calle Minería, en el barrio de la Marina de Barcelona, según ha informado la policía catalana y ha reproducido la Agencia EFE. El ataque ha sucedido hacia las 19:20 hroas, cerca del paseo de la Zona Franca, cuando otro hombre abrió fuego y huyó a continuación. El sospechoso continúa siendo buscado por los Mossos d’Esquadra, de acuerdo con información proporcionada por la agencia de comunicación.

Diversas fuentes han indicado a la Agencia EFE que la División de Investigación Criminal (DIC) se encarga del caso, que permanece bajo secreto judicial. Personal de la policía científica trabaja en el lugar para recuperar casquillos de bala, mientras más agentes recaban testimonios de testigos presenciales, según han detallado los Mossos. Ciudadanos presentes en la zona han intentado asistir a la víctima, pero los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han confirmado al llegar al lugar de los hechos que el hombre ya había fallecido.

Noticia en ampliación.

Los familiares del joven confirmaron que habían denunciado previamente su desaparición y lo buscaban desde hacía días. La alerta de los vecinos permitió que acudieran al lugar y reconocieran a la víctima. Según el reporte de América Noticias, el joven presentaba múltiples impactos de bala y fue abandonado en un área desolada y de difícil acceso. Esta situación dificultó la identificación inmediata de testigos y complicó las primeras diligencias policiales.

Además, residentes de la zona señalaron al citado medio que “no es la primera vez que se registran hechos de violencia en las inmediaciones de la Asociación de Vivienda Agropecuaria”.

El personal de Criminialística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para realizar las diligencias legales y periciales correspondientes. Hasta el momento, los responsables del crimen no han sido identificados y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, centradas en reconstruir las comunicaciones y movimientos recientes del joven.

Joven fue hallado sin vida en descampado

La familia de la víctima, según informó Latina Noticias, ya había reportado su desaparición ante las autoridades antes de que se localizara el cuerpo. Sus parientes, al llegar a La Chanchería tras recibir la alarma de los vecinos, reconocieron la identidad del fallecido, generando escenas de profundo dolor y conmoción.

Vecinos entrevistados por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión señalaron que el sitio suele ser utilizado por delincuentes para abandonar objetos robados debido a la falta de iluminación y la escasa vigilancia policial. Una residente explicó: “Nunca ha habido un asesinado, solo robos”, destacando que la inseguridad cotidiana ya era una preocupación antes del hallazgo.

El Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver en colaboración con agentes de la comisaría de Huaycán, quienes iniciaron las primeras pesquisas para esclarecer el móvil del asesinato.

Víctima presentaba impactos de bala

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Nacional, comunicada a América Noticias, el joven transportista presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, lo que sugiere un ataque directo. En la escena no se hallaron casquillos de bala, según informaron vecinos a Latina Noticias, un dato que complica la reconstrucción de los hechos y podría indicar que el cuerpo fue trasladado hasta el lugar del hallazgo.

El equipo de Criminialística de la Policía Nacional recogió muestras balísticas y otros indicios en la zona para esclarecer la modalidad y los posibles responsables del asesinato. El Depincri Ate asumió el control de las investigaciones con la finalidad de identificar a los autores del crimen y determinar los eventuales motivos. La ausencia de testigos y la reputación del lugar como zona de difícil acceso representan obstáculos adicionales para la pesquisa.

Vecinos de Huaycán exigen mayor seguridad

El temor persiste entre los vecinos de Huaycán, quienes reiteran su exigencia de mayores medidas de seguridad y patrullaje en las zonas altas del distrito tras el homicidio. Una residente relató a Latina Noticias que las personas evitan portar carteras al caminar por el área próxima al colegio Fe y Alegría, debido a la permanente amenaza de asaltos cometidos por delincuentes ante la falta de vigilancia.

En los últimos meses, según manifestaciones recogidas por los medios mencionados, la inseguridad ha ido en aumento, agravada por la ausencia de alumbrado público y el aislamiento de los cerros. Aunque habitantes señalaron que no existen antecedentes de asesinato en la zona, la sensación de vulnerabilidad se incrementa y ha originado demandas de intervención a las autoridades municipales y policiales.

En la actualidad, el Depincri Ate investiga el asesinato del joven, mientras la comunidad de Huaycán demanda una respuesta efectiva que permita restablecer la seguridad y la presencia estatal en las áreas consideradas más críticas del distrito.

El lugar se había incendiado. El cadáver de Pedro Federico fue hallado entre las llamas. Tenía una notable lesión en la cabeza. A su lado, se encontró una pistola. Lo habían matado. Posiblemente, incendiaron su casa para ocultar el crimen, para que el fuego se lleve la prueba clave.

El crimen parecía una historia sencilla. A fines del mes pasado, la Policía de la Ciudad arrestó a quien sería una mujer trans de 36 años llamada Angelina, en una investigación bajo la firma del juez Martín Peluso con el secretario Diego Villanueva. La mujer era una sospechosa de manual: convivía con Pedro Federico en la parte inferior del dúplex, al que le pagaba un alquiler, hasta que, días antes del crimen, se mudó. La mujer era, básicamente, su asistente.

En las últimas horas, Peluso procesó con prisión preventiva a Angelina A. por el homicidio criminis causa de Arhancet. Las zapatillas que llevó en el día del crimen la delataron. Las llevó en las imágenes tomadas por la cámara de seguridad del edificio al entrar poco antes del fuego -imágenes que ilustran esta nota-, así como en visitas previas al departamento. Luego, fueron encontradas en un allanamiento.

Sin embargo, las zapatillas son un detalle de tantos en una de las tramas más espeluznantes de la historia reciente. La Justicia cree que Angelina, si lo hizo, mató a Arhancet diez días antes del incendio. Luego, volvió varias veces al dúplex y finalmente prendió fuego el lugar. Todo, para robarle. Todo, por un conflicto de dinero.

El tiempo y la Morgue

Empleada del Gobierno porteño, oriunda de Jujuy, Angelina negó el hecho al ser indagada. Detalló una relación difícil, tóxica con Arhancet, un hombre desordenado, con modos de bohemio. Se sabría, tiempo después, que era un paciente psiquiátrico.

Aportó chats a la causa, que “Piter”, como llamaba a Arhancet, le había enviado a una amiga suya, que presentó como testigo. “Y vos pelotuda, para cuándo el alquiler... Quiero el alquiler para el viernes, si no, te vas a la mierda, idiota”, lanzó supuestamente Arhancet el 23 de abril, horas antes de las llamas.

La amiga declaró y explicó el vínculo entre Angelina y Arhancet: “Él la trataba como si fuera su sirvienta pero de muy mala manera porque ella vivía en el departamento de Moldes al 1100 pero no pagaba a cambio de asistirlo y realizar tareas de limpieza y trámites”. En charlas privadas, Angelina se refería a Arhancet como “El Abuelito”.

Luego, el caso se puso extraño, realmente extraño. Los vecinos declararon. Ninguno había escuchado un disparo. El análisis de cámaras de seguridad reveló una figura desconocida había llegado al edificio a cara tapada, horas. El cuerpo, determinaron los forenses de la Morgue Judicial, no había muerto por el fuego. Peor todavía: estaba atravesado por larvas.

Una médica de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad declaró en el expediente. “Esqueletización craneal con abundante fauna cadavérica (larvas estadios aparentes II-III) que se extienden a región cervical”, planteó en su informe. Dos fuertes golpes fueron hallados en la cabeza; la mandíbula estaba fracturada.

Sobre la data de muerte, afirmó que “se puede inferir que la muerte tendría una data probable aproximada que no resulta menor a las 96 (noventa y seis) horas previas a mi arribo”. Los chats de “Piter” a su amiga, para el juez, son falsos. La víctima tenía hermanos, que recibieron mensajes de “Piter” cerca del 13 de abril, cuando a Arhancet ya se lo suponía muerto. Esos mensajes serían falsos también.

Luego, estaban las transferencias. Arhancet le enviaba dinero a su asistente para diversos pagos, compras, trámites. Sin embargo, a partir del 13 de abril, “se produjeron cambios relevantes en los movimientos de la cuenta de la víctima que pueden relacionarse con la producción de su fallecimiento en esa época”, apuntó Peluso. La frecuencia de los giros aumentó, con valores inusuales, montos más grandes y en cifras redondas. También, montos en dólares: Arhancet jamás le había girado dólares a su presunta victimaria en más de seis años de vínculo.

“El 13/04/2026 a las 01.01 horas se comprobó una transferencia por la suma de cuatro mil dólares" a una cuenta a nombre de la acusada. Once horas más tarde, se giraron otros $400 mil en moneda argentina. Tres días más tarde, la cuenta de Arhancet ya muerto giraba a su supuesta asesina otros $400 mil más.

En su procesamiento, el juez Peluso sumó los delitos de defraudación informática y robo, así como el de incendio doloso, con un embargo de $150 millones.

Luego del incendio que se registró en el depósito vehicular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) la noche de este martes en Culiacán, las autoridades informaron que la camioneta implicada en el asesinato de Héctor Melesio Cuén no resultó afectada.

Esta aclaración surgió luego de que en redes sociales circuló la versión de que la unidad había quedado calcinada tras el siniestro, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) provocó daños en aproximadamente 40 vehículos.

Al respecto, la Fiscalía del Estado detalló que la unidad no se encuentra en el deposito donde se registró el incendio, sino que está a disposición ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y bajo su resguardo en un sitio distinto.

Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando la causa del incendio; sin embargo, este hecho se suma a dos incendios recientes y ataques armados ocurridos en la entidad.

Uno de los hechos violentos fue el incendio en un casino que dejó una persona muerta y dos heridas en Culiacán, el que ocurrido en una plaza comercial de Los Mochis que dejó cinco muertos y más de 30 lesionados, así como los ataques contra una vivienda y un comercio donde también quemaron dos vehículos en Culiacán (registrado la noche de este martes).

Asesinato de Melesio Cuén: de una gasolinera a la finca donde secuestraron a “El Mayo” Zambada

El caso de Héctor Melesio Cuén fue blanco de contradicciones por parte de autoridades estatales desde el momento en el que ocurrió, el 25 de julio de 2024, el mismo día en el que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía del Estado, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén Ojeda murió en un intento de asalto en una gasolinera en la comunidad de La Presita en Culiacán, cuando dos agresores en motocicleta le habrían disparado.

Para mostrar la “veracidad” del crimen, las autoridades presentaron un video en el que se observa una camioneta que supuestamente pertenecía al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como el momento en el que los dos sujetos se aproximaron y realizaron un disparo.

La investigación fue desestimada por múltiples inconsistencias. Al tomar el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que el cuerpo de Melesio Cuén tenía cuatro heridas por arma de fuego y un hematoma en la cabeza; en el video se aprecia un disparo.

Además, se detectó que no hubo peritajes por las manchas de sangre encontradas en la zona de carga de la camioneta ni se procesó criminalistamente el lugar de los hechos y el vehículo.

La FGR también dijo que no se tomaron las medidas para preservar el cuerpo del exrector y se procedió a una pronta incineración, entre otras inconsistencias detectadas.

Un día después de darse a conocer esto, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, presentó su renuncia al cargo. Al respecto, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya dijo que se dio luego de que “él la aconsejó”.

La carta de “El Mayo” que reveló el asesinato de Cuén en el mismo sitio donde fue secuestrado

En agosto de 2024, el abogado de “El Mayo” Zambada difundió una carta en la que el narcotraficante narró que Joaquín Guzmán López lo convocó a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, para mediar un conflicto entre Héctor Melesio Cuén y Rubén Rocha Moya.

Zambada dijo ver a Melesio Cuén de manera breve y saludarlo, y luego fue emboscado, encapuchado y trasladado a El Paso, Texas.

Respecto a lo sucedido con Héctor Melesio Cuén, el narcotraficante dijo que fue asesinado en el mismo sitio y lugar donde a él lo secuestraron. Más tarde, la FGR encontró manchas hemáticas en la finca que pertenecían a Melesio Cuén, lo que respaldó la versión de “El Mayo”.

Hasta el momento, el asesinato del exrector de la UAS no ha sido esclarecido. Reportes de diversos medios nacionales han afirmado que la investigación fue reabierta, aunque no se sabe con claridad en qué momento se cerró.

El 10 de mayo de 2022 se registró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, lo que provocó que comenzara una investigación en la que las autoridades de ambos países buscarían identificar a los responsables del crimen.

Cuatro años después, los criminales que ejecutaron el plan de asesinar a Pecci ya fueron capturados y algunos de ellos han recibido condenas por lo registrado; sin embargo, hasta la fecha sigue sin haber claridad sobre quién ordenó el magnicidio.

Al respecto, el medio especializado InSight Crime publicó un informe titulado: “De Paraguay a Colombia: El alcance mortífero de la delincuencia transnacional”, con el que expusieron todas las pruebas asociadas a la muerte de Pecci y el alcance transnacional que representó el crimen.

En primer lugar, recordaron que en Colombia se registró el asesinato de Luis Correa Galeano, principal testigo del magnicidio, en un caso en el que estarían involucrados al menos cinco funcionarios del Inpec y está siendo adelantada una investigación anunciada por el director de esta entidad.

Cabe recordar que Correa Galeano falleció luego de protagonizar una presunta riña el 3 de enero de 2026 en la cárcel La Picota, en Bogotá, lo que ha generado varias dudas debido a que estaba adelantando un proceso de negociación con la justicia bajo el compromiso de entregar nombres claves en el asesinato de Pecci a cambio de una reducción en su condena.

De acuerdo con la Fiscalía, Correa fue el encargado de la logística y entrega de las armas con las que fue asesinado el fiscal paraguayo; además, tras su muerte fue encontrada una libreta en la que tenía nombres de varios procesados por tráfico de drogas y lavado de activos en Paraguay, lo que sería clave para identificar a los posibles autores intelectuales de los dos crímenes, puesto que existe la hipótesis de que fue ultimado para evitar que hablara ante las autoridades.

Entre los nombres más destacados está el de Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset, líderes del narcotráfico que pasa por Paraguay y que encabezaban una investigación liderada por Pecci sobre blanqueamiento de activos en ese país.

Sobre la muerte del testigo clave del caso del fiscal paraguayo, el medio especializado menciona que se trata de un mensaje directo para los demás participantes del crimen que siguen con vida.

De la misma forma, recordaron que en el 2000 se registró una colaboración entre las autoridades de Paraguay y Colombia, en la que se investigó sobre el entrenamiento que recibieron los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) por parte de las extintas Farc-EP sobre tácticas de secuestro y uso de explosivos.

En ese sentido, consideran que lo registrado actualmente es una muestra de cómo ha cambiado la conexión criminal entre Colombia y Paraguay, tomando un mayor poder las redes criminales que buscan eliminar las amenazas que tienen en ambos países.

En esta conexión también habría participación de criminales de otros continentes, puesto que estarían siguiendo una táctica de la mafia italiana para callar a todos los que puedan tener conocimiento sobre la muerte de Pecci.

Para argumentar esto revelaron el testimonio del confeso asesino de Luis Correa Galeano, que afirmó no tener conocimiento de los crímenes que había cometido la víctima antes de la presunta riña; mientras que Francisco Bernate, abogado defensor del asesinado, aseguró que este ya había recibido amenazas en su contra.

“Habíamos advertido a las autoridades sobre el peligro que corría esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”.

El medio citado recordó que en los últimos años se ha identificado que al menos siete funcionarios del Inpec, junto con familiares de internos, tenían roles marcados en una red de corrupción que permitió el ingreso de bienes y materiales a La Picota, lo que explicaría cómo ingresaron las armas con las que fue asesinado el testigo y cómo la delincuencia paraguaya logró permear en Colombia para no dejar cabos sueltos en el asesinato de Pecci.

La senadora Andrea Padilla anunció que denunciarán al policía que disparó contra un perro en Rionegro, Antioquia, y pidió que el caso sea investigado bajo la Ley Ángel, norma que endureció las penas por maltrato animal en Colombia. El hecho, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, provocó una ola de rechazo en distintos sectores políticos y entre organizaciones defensoras de animales.

Según información revelada por Revista Semana, la congresista aseguró que el uniformado debe responder penalmente por la muerte del canino y sostuvo que no se trató de un accidente durante el procedimiento policial.

Padilla afirmó que el caso podría configurar el delito de muerte agravada contra un animal por tratarse de una actuación realizada por un servidor público y en espacio público.

“En cuanto a la ley penal, Alegato Juristas instaurará la denuncia correspondiente por el delito de muerte agravado, por ser en manos de servidor público y en el espacio público”, manifestó la senadora en sus redes sociales.

La congresista también insistió en que la actuación del uniformado debe ser revisada por las autoridades judiciales y disciplinarias bajo los alcances de la Ley Ángel, que incrementó las penas de cárcel por casos graves de maltrato animal.

La Ley Ángel contempla condenas de entre 32 y 72 meses de prisión para quienes sean encontrados responsables de agresiones graves o muerte contra animales.

Andrea Padilla aseguró además que el episodio ocurrido en Rionegro representa un aparente abuso de poder y pidió a la ciudadanía acompañar una manifestación convocada en ese municipio antioqueño para rechazar lo sucedido.

El caso tomó fuerza nacional luego de que circulara un video en el que se observa el momento en que el uniformado dispara contra el perro durante un procedimiento policial adelantado en el sector de La Convención, en Rionegro.

La Policía explicó que el operativo se originó tras denuncias sobre un hombre que presuntamente amenazaba a transeúntes con un machete y con un perro de raza potencialmente peligrosa.

La institución sostuvo que, al llegar al lugar, los uniformados fueron atacados y que el ciudadano señalado terminó capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público.

“Durante la atención del motivo del policía, el ciudadano fue capturado por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que agrediera a los uniformados con el arma cortopunzante tipo machete”, indicó la Policía en un comunicado.

La institución agregó que el perro también habría atacado a un ciudadano y a uno de los policías que participaban en el procedimiento, causándoles lesiones en las extremidades inferiores.

Según la versión oficial, el uniformado accionó su arma de dotación después de que el canino presuntamente atacara a los presentes en medio del operativo.

El caso abrió nuevamente el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y los protocolos frente a situaciones que involucren animales durante procedimientos policiales.

La Policía confirmó además que abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo o no irregularidades en la actuación del uniformado involucrado.

Andrea Padilla insistió en que el proceso debe avanzar tanto en el ámbito disciplinario como penal para determinar posibles responsabilidades.

La senadora, reconocida por impulsar iniciativas relacionadas con la protección animal en el Congreso, señaló que este tipo de hechos no pueden normalizarse y pidió que las autoridades actúen con contundencia.

Mientras avanzan las investigaciones, en Rionegro se mantienen las reacciones de rechazo por el caso y diferentes colectivos animalistas anunciaron movilizaciones para exigir justicia por la muerte del perro.

Un juez del Estado de México sentenció a 62 años de prisión a cada uno de los tres hombres responsables del homicidio de un adolescente de 15 años, ocurrido en el municipio de Zinacantepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó mediante un comunicado de prensa que logró la condena tras acreditar que los sentenciados persiguieron, golpearon y apuñalaron a la víctima hasta causarle la muerte.

El juez encargado del caso ordenó la cancelación de los derechos civiles y políticos de los tres culpables, identificados como José Guadalupe García Gamboa, Eduardo Mendiola Gamboa y Alejandro Camacho Gamboa.

Los tres hombres fueron sentenciados por el delito de homicidio en agravio de un menor de edad, del cual no se reveló la identidad.

Los tres sentenciados quedaron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Santiaguito”, ubicado en el kilómetro 4.5 del camino a Villa Almoloya de Juárez, en la localidad de Santiaguito Tlalcilalcalli, en el Estado de México. El penal, administrado por el gobierno estatal, alberga a más de 3 mil internos entre hombres y mujeres sentenciados por delitos del fuero común.

Los tres sentenciados comparten el apellido maternoGamboa, lo que sugiere un posible vínculo familiar entre ellos. La FGJEM no precisó la relación entre los tres hombres en su comunicado.

Así ocurrió el crimen en Zinacantepec

Los hechos ocurrieron en mayo de 2014, en calles del municipio de Zinacantepec, en el Estado de México.

La víctima, un adolescente de 15 años, se encontraba acompañado de otra persona al interior de una tienda cuando José Guadalupe García Gamboa comenzó a agredirlo.

Las investigaciones revelaron que ante la situación, el menor y su acompañante decidieron retirarse del lugar.

Sin embargo, la agresión no terminó ahí. García Gamboa y Eduardo Mendiola Gamboa persiguieron al adolescente.

En algún punto de las calles del municipio mexiquense, Alejandro Camacho Gamboa los interceptó, y entre los tres atacaron físicamente a la víctima.

Durante la agresión, fue García Gamboa quien hirió al menor con un objeto punzocortante. La herida le causó la muerte.

El acompañante del adolescente presenció los hechos, dato que resultó clave para que el Ministerio Público pudiera identificar posteriormente a los tres responsables.

La FGJEM identificó a los responsables e inició el proceso de aprehensión

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación.

A través de la información recabada, las autoridades lograron identificar a los tres culpables y solicitaron ante la autoridad competente las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio.

Elementos de la FGJEM ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de García Gamboa, Mendiola Gamboa y Camacho Gamboa.

Los tres fueron ingresados al penal de Almoloya de Juárez “Santiaguito”, donde quedaron a disposición del juez que finalmente los encontró penalmente responsables y dictó la sentencia condenatoria, 12 años después del crimen.

La muerte violenta de la hondureña Raquel Orellana ha provocado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad migrante en Belice y Honduras, luego de que la mujer fuera asesinada durante un ataque armado dentro del establecimiento donde laboraba como mesera.

El hecho ocurrió la noche del jueves 8 de mayo en una zona comercial de Belice, cuando hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones, según reportes preliminares retomados por medios locales.

Orellana, quien se encontraba trabajando al momento del ataque, recibió impactos de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Las autoridades policiales del vecino país confirmaron que se abrió una investigación para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron de la escena tras perpetrar el ataque.

Hasta ahora no se ha establecido si la hondureña era el objetivo directo de los agresores o si quedó atrapada en medio de otro acto violento.

Raquel Orellana era originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

Personas cercanas relataron que había emigrado hacia Belice hace algunos años con la esperanza de encontrar mejores oportunidades económicas y brindar apoyo a su familia.

En redes sociales, amigos y conocidos expresaron mensajes de dolor tras conocer la noticia. Muchos la recordaron como una mujer alegre, trabajadora y comprometida con sus seres queridos.

Varias publicaciones destacaron que mantenía comunicación constante con familiares en Honduras y que soñaba con regresar algún día para reunirse nuevamente con ellos.

“Era una muchacha humilde y luchadora, siempre buscaba salir adelante”, escribió una amiga de la víctima en una publicación compartida en plataformas digitales luego de confirmarse su fallecimiento.

La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad hondureña residente en Belice, donde decenas de compatriotas trabajan en restaurantes, bares, comercios y otros negocios relacionados con el turismo y los servicios.

Algunos migrantes manifestaron preocupación por la inseguridad y pidieron mayores garantías de protección para quienes laboran en horarios nocturnos.

De acuerdo con reportes preliminares divulgados por medios beliceños, el ataque armado ocurrió de manera repentina y provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores del establecimiento.

Testigos aseguraron haber escuchado varias detonaciones antes de que los atacantes escaparan del lugar.

Equipos de investigación y agentes policiales acordonaron la escena para recolectar evidencias balísticas y entrevistar a posibles testigos que puedan aportar información sobre el caso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre sospechosos ni posibles móviles del crimen.

El asesinato de Raquel Orellana vuelve a poner en evidencia la difícil situación que enfrentan muchos migrantes hondureños fuera del país.

Aunque miles de compatriotas emigran cada año en busca de empleo y estabilidad económica, muchos terminan desempeñando labores en entornos vulnerables o expuestos a contextos de violencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado en distintas ocasiones que los trabajadores migrantes en Centroamérica suelen enfrentar riesgos relacionados con la inseguridad, la explotación laboral y la falta de protección institucional, especialmente quienes trabajan en negocios nocturnos o actividades informales.

La muerte de la hondureña también ha generado reacciones de solidaridad entre residentes de Puerto Cortés, ciudad donde familiares y vecinos lamentaron profundamente lo ocurrido.

Algunas personas han comenzado cadenas de apoyo para colaborar con los gastos funerarios y los trámites necesarios para repatriar el cuerpo hacia Honduras.

Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han informado oficialmente si brindarán acompañamiento consular a los familiares de la víctima.

Mientras tanto, la investigación continúa en Belice bajo reserva policial. El caso ha despertado indignación entre hondureños dentro y fuera del país, especialmente por tratarse de una mujer migrante que había salido de Honduras en busca de mejores condiciones de vida.

La muerte de Raquel Orellana se suma a otros hechos violentos registrados contra ciudadanos hondureños en el extranjero, situaciones que frecuentemente generan preocupación entre organizaciones migrantes y familiares que permanecen en el país.

Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la División de Homicidios durante operativos realizados recientemente en distintos puntos de San Juan de Lurigancho. Según la investigación policial, ambos habrían planeado el asesinato para quedarse con los cinco discobares que pertenecían a la víctima, entre ellos los conocidos locales ‘Gato Negro’ y ‘Perú Chela’.

El triple crimen que conmocionó Zárate

La madrugada del 28 de agosto de 2025, Saúl Cayllahua, de 43 años, fue asesinado a balazos junto a dos de sus trabajadores de confianza: Braulio Ascencios Collao (29), administrador de uno de sus locales, y Humberto Rodríguez Huamán (29), sonidista.

Los tres habían terminado su jornada laboral y se encontraban bebiendo cerveza cerca del discobar ‘Gato Negro’, ubicado en la cuadra dos del jirón Wiracocha, en Zárate, cuando fueron atacados por sicarios que llegaron en una motocicleta lineal.

Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de los criminales y permitieron establecer que el atentado fue ejecutado por al menos dos sujetos armados, quienes huyeron inmediatamente después de disparar contra las víctimas.

En ese momento, las autoridades manejaban como principal hipótesis un posible caso de extorsión debido a que Cayllahua era propietario de varios negocios nocturnos en el distrito de Lima Este y era conocido por administrar un próspero circuito de discotecas.

De viuda desconsolada a principal sospechosa

Tras el asesinato, Cyntia Gutiérrez apareció ante cámaras llorando y asegurando que su pareja “no tenía problemas con nadie” y que era “una persona muy trabajadora”.

“Que lo hayan matado. No sé, señorita, yo también me sorprende (sic)”, declaró en ese entonces.

Sin embargo, el avance de las investigaciones dio un giro inesperado. Este fin de semana, la División de Homicidios sostiene que la mujer habría participado en la planificación del crimen junto con Pierre Sosa, un trabajador de los locales nocturnos 12 años menor que ella, con quien mantendría una relación sentimental clandestina.

Para los detectives, ambos habrían aprovechado el distanciamiento sentimental que existía entre Cayllahua y Gutiérrez para tomar el control de los negocios.

El papel de ‘Machín’ dentro de las discotecas

Según testimonios recogidos por la Policía, Pierre Sosa pasó de ser vigilante de uno de los establecimientos a asumir conductas de dueño dentro de los negocios del fallecido.

Trabajadores de los locales señalaron que ‘Machín’ empezó a dar órdenes al personal y a involucrarse directamente en la administración de las discotecas, situación que llamó la atención del entorno cercano del empresario asesinado.

Las investigaciones apuntan a que, tras el crimen, Cyntia Gutiérrez quedó al frente de dos de los cinco discobares ubicados en la zona de Mariscal Cáceres, establecimientos que eran administrados junto con Sosa.

“Casualmente del objetivo principal y que estaría aprovechando la separación de Saúl con su pareja a fin de quedarse con todas las discotecas”, indicó un jefe policial sobre el rol de ‘Machín’.

El sicario y la pista de la motocicleta

De acuerdo con la hipótesis policial, la pareja habría contratado a Ronaldo Yair Córdova Gómez, alias ‘Justin’, un exrecluso de 27 años e integrante de la banda ‘Los Malditos de Huáscar’, para ejecutar el asesinato.

Los investigadores señalan que ‘Justin’ y ‘Machín’ eran amigos desde hace varios años, vínculo que habría facilitado la coordinación del atentado.

La Policía sostiene que el exconvicto fue quien disparó contra Saúl Cayllahua y sus trabajadores la madrugada del crimen.

Durante los operativos, los agentes también lograron ubicar la motocicleta que habría sido utilizada por los sicarios para llegar y escapar de la escena del triple homicidio.

Además, en los allanamientos realizados en las viviendas de los detenidos se incautaron celulares, una laptop y tarjetas de crédito que serán sometidas a peritajes como parte de la investigación.

La hipótesis que ahora maneja la Policía

Con las nuevas evidencias recogidas por la División de Homicidios, la teoría inicial de una extorsión perdió fuerza. Actualmente, la principal línea de investigación apunta a un asesinato por encargo motivado por intereses económicos y la disputa por el control de los negocios nocturnos que Saúl Cayllahua había construido durante años en San Juan de Lurigancho.

Mientras continúan las diligencias, Cyntia Gutiérrez, Pierre Sosa y Ronaldo Córdova permanecen detenidos e investigados por el presunto delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las diligencias policiales y fiscales comenzaron alrededor de la 1:00 a.m. y culminaron cerca de las 4:00 a.m., luego de que agentes de la Policía Nacional (PNP) y representantes del Ministerio Público ingresaran al inmueble donde fue encontrado el cadáver.

Según versiones preliminares, personal del INPE habría detectado la noche del viernes la desaparición del interno Franklin Mancha, por lo que iniciaron una búsqueda dentro y fuera del penal. Horas después, cerca de la medianoche, descubrieron que el cuerpo del recluso se encontraba al interior de una vivienda situada frente al centro penitenciario.

Hasta ese momento, existía total hermetismo por parte del INPE en la región Puno, ya que no se había explicado cómo el interno salió del penal ni las circunstancias en las que terminó muerto fuera del establecimiento.

Otro interno bajo sospecha

Posteriormente, el INPE emitió un comunicado en el que brindó más detalles sobre el caso. Según indicaron, tras revisar las cámaras de seguridad del penal, se observó al interno Alexander Vilca Martín trasladando una carreta con cuatro sacos. En uno de ellos estaba oculto el cuerpo sin vida de Franklin Mancha Sucasaca.

El caso es investigado por el fiscal Hugo Vizcarra Mamani, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Ministerio Público, quien realiza las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la muerte del interno y determinar las responsabilidades correspondientes.

Sospechan asesinato con encubrimiento

El caso también ha generado sospechas sobre un posible encubrimiento dentro del penal de Yanamayo. Según la versión policial, el jefe de seguridad del establecimiento penitenciario reportó la desaparición de Franklin Mancha Sucasaca, lo que llevó a una búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo dentro de un saco en un garaje frente al penal.

Al abrir el costal, los agentes encontraron al interno en posición fetal y con manchas rojizas en la nariz y el brazo derecho. Tras ello, peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía de Turno realizaron el levantamiento del cadáver durante la madrugada del 8 de mayo.

Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que personal del INPE habría retirado previamente varios sacos del penal simulando que eran desechos y que luego regresó para buscarlos, situación que ha despertado cuestionamientos sobre un presunto intento de ocultamiento y posibles responsabilidades que también recae sobre los funcionarios penitenciarios.

Además, fuentes vinculadas al caso indicaron además que policías y fiscales habrían intentado ingresar al penal para continuar con las investigaciones; no obstante, no se les permitió el acceso de inmediato.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga si una discusión por dinero y restricciones para salir habría sido el detonante del presunto asesinato y desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, cuyo hijo, Fernando “N”, fue detenido como principal sospechoso del caso luego de denunciar él mismo la desaparición de la mujer.

De acuerdo con las investigaciones, Fernando “N” habría discutido con su madre debido a que ella presuntamente se negó a darle dinero y tampoco le permitió salir para reunirse con un amigo. Esa línea de investigación tomó fuerza luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) detectaran inconsistencias en la versión que el propio sujeto presentó ante las autoridades.

Información difundida por el periodista Carlos Jiménez señala que la Fiscalía capitalina sospecha que el crimen ocurrió dentro de la vivienda familiar, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, tras una confrontación relacionada con dinero y permisos personales.

Según las indagatorias, antes de desaparecer, Teresa Guadalupe habría sostenido una discusión con su hijo porque no quiso entregarle 2 mil pesos ni autorizarle salir de casa. Posteriormente, ya no se volvió a saber de ella.

El caso comenzó el pasado 25 de abril, cuando Fernando “N” acudió ante las autoridades para reportar la desaparición de su madre. En su denuncia aseguró que Teresa Guadalupe había salido rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México y que desde entonces desconocía su paradero.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), comenzaron a surgir elementos que contradecían su relato.

El análisis de cámaras de videovigilancia, registros telefónicos y entrevistas permitió a los investigadores detectar inconsistencias en los horarios, recorridos y movimientos narrados por Fernando “N”. A ello se sumó un cateo realizado el pasado 5 de mayo en el domicilio vinculado con los hechos.

Durante la inspección ministerial, peritos localizaron manchas hemáticas e indicios biológicos dentro de la vivienda, elementos que fortalecieron la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido atacada en ese lugar.

Las autoridades también investigan el comportamiento posterior del sospechoso. De acuerdo con reportes difundidos sobre el caso, Fernando “N” continuó utilizando pertenencias de su madre tras su desaparición, incluyendo tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un automóvil Ibiza propiedad de la mujer.

Finalmente, el 7 de mayo agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Fernando “N” en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras su captura, el hombre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de un juez de control.

La Fiscalía de la Ciudad de México lo investiga por el delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la muerte de Teresa Guadalupe Molina Hernández, ya que su paradero continúa desconocido.

Pese a ello, las líneas de investigación apuntan a que la mujer habría sido víctima de una agresión dentro de su propio domicilio tras la discusión con su hijo. La Fiscalía informó que las labores de búsqueda continúan activas y que se mantienen abiertas todas las diligencias para esclarecer completamente el caso.

El caso ha causado impacto en redes sociales y entre habitantes de la capital, especialmente porque fue el propio hijo quien inicialmente denunció la desaparición de su madre y participó en las primeras etapas de la búsqueda, antes de convertirse en el principal sospechoso.

De acuerdo con información preliminar y testimonios de vecinos, el hombre identificado como Henry Tirado Salazar llegó hasta el establecimiento para realizar reparaciones a su vehículo, un auto rojo que permanecía estacionado en el lugar tras el ataque. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron en la zona; uno de ellos descendió y abrió fuego contra el hombre.

Un vecino que presenció parte del atentado relató en Panamericana: “El señor estaba parado acá cuando bajó el acompañante de la moto y le disparó. Luego escaparon rumbo a Villa”. Según las versiones recogidas en el lugar, la víctima intentó escapar, pero fue perseguida por el atacante y terminó desplomándose dentro del taller mecánico.

La Policía finalmente confirmó que Tirado Salazar tenía antecedentes policiales. Era conocido por su alias “Sapo” y señalado como presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Mexicanos’.

Según las autoridades, esta organización delictiva estaría vinculada a casos de extorsión y sicariato en distritos del sur de la capital, principalmente en Chorrillos y San Juan de Miraflores. Además, Tirado había sido capturado en noviembre de 2024 por presuntamente liderar dicha red criminal, la cual también habría estado relacionada con atentados contra choferes de la empresa de transportes El Rápido.

Al sitio acudieron agentes de la comisaría Mateo Pumacahua y peritos policiales para iniciar las diligencias correspondientes. También llegaron familiares de la víctima tras conocer la noticia del asesinato.

Chorrillos: Lo matan en la puerta de su casa

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en el distrito. Además, relataron que el día anterior ocurrió otro crimen a pocas cuadras, en el que un mototaxista fue asesinado.

La víctima fue identificada como Juan Diego Soler León, quien estaba dentro de su mototaxi, estacionado en la puerta de su casa en la avenida Fraternidad, urbanización Buenos Aires de Villa. Según informaron las primeras investigaciones policiales, el joven escuchaba música y hablaba por celular cuando fue sorprendido por los atacantes.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que cuatro sujetos, distribuidos en dos motocicletas, llegaron a la zona. En cuestión de segundos se oyeron los primeros disparos, seguidos de una ráfaga continua que habría terminado con la vida del joven de manera instantánea.

Varios vecinos alertaron a la Policía al escuchar más de 20 detonaciones. Aunque los agentes hallaron 19 casquillos de bala en la escena, testigos afirmaron que el total de disparos podría haber llegado a 27, ya que algunos curiosos retiraron evidencia antes de la llegada de los peritos.

La Policía Nacional no descarta que se tratara de un presunto ajuste de cuentas, dada la violencia del ataque. Familiares de la víctima aseguraron que desconocían que Juan Diego Soler León estuviera siendo extorsionado o recibiera amenazas previas.

Números de emergencia

En medio del aumento de asesinatos y casos de sicariato en el Perú, estos son los principales números de emergencia que pueden ser utilizados para denunciar extorsiones, ataques armados o solicitar ayuda inmediata:

• Policía Nacional del Perú: 105
• Bomberos: 116
• SAMU (emergencias médicas): 106
• Policía de Carreteras: 110
• Defensa Civil: 115
• Línea 111 de la PNP: atención de extorsiones y delitos graves
• Línea 1818: denuncias de extorsión
• Celular para denuncias: 942 841 978

La casa de la familia Poggi, en Garlasco, un pueblo de la provincia de Pavía a poco más de media hora de Milán, lleva casi diecinueve años funcionando como una obsesión nacional. Allí, la mañana del 13 de agosto de 2007, una graduada en economía de 26 años llamada Chiara Poggi fue asesinada a golpes y abandonada en un charco de sangre sobre la escalera que baja al sótano. Desde entonces, Italia no ha dejado de discutir quién la mató, cómo y por qué. Lo discute en los tribunales, en los estudios de televisión, en los pódcast, en los canales de YouTube y, cada vez más, en una conversación pública que ha convertido el caso en un fenómeno cultural antes que judicial.

Esta semana, esa discusión volvió a sacudirse. Andrea Sempio, un empleado de comercio de 38 años que en la época del crimen era amigo del hermano menor de la víctima, se presentó ante la fiscalía de Pavía como único acusado del asesinato y se acogió a su derecho a no declarar, según informaron sus abogados a la prensa italiana. La fiscalía sostiene ahora que actuó solo y que mató a Poggi porque ella rechazó un acercamiento sexual.

El problema es que por este mismo crimen hay desde 2015 un hombre en la cárcel: Alberto Stasi, que entonces era el novio de la víctima y que fue condenado a dieciséis años de prisión después de haber sido absuelto dos veces. Si la nueva hipótesis se sostiene, Stasi habrá pasado una década encerrado por un asesinato que no cometió.

“Alberto fue condenado en última instancia no tanto por las pruebas, sino por la pregunta de fondo: si no fue él, ¿entonces quién?”, explicó al diario británico The Guardian Giada Bocellari, una de sus abogadas. La frase resume con precisión lo que muchos juristas italianos sostienen desde hace años: que la condena de Stasi se construyó sobre pruebas indiciarias y, sobre todo, sobre la ausencia de un sospechoso alternativo.

Una escena del crimen contaminada

Para entender cómo se llegó hasta aquí, conviene volver a las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Las investigaciones originales se convirtieron con el paso del tiempo en un manual de errores. Por la casa de los Poggi pasaron, en las primeras horas, veinticinco personas sin las fundas protectoras reglamentarias en los zapatos, lo que después obligó a la fiscalía a secuestrar las veinticinco pares de calzado para descartar pisadas. Buena parte de quienes trabajaron en la escena no llevaban guantes; alguien resbaló en la sangre, otro vomitó, el sofá del salón fue desplazado sobre algunas manchas y el gato de la familia quedó suelto durante todo el operativo, deambulando por las habitaciones.

A esos descuidos se sumaron otros más graves. El cuerpo no fue pesado en la morgue —no había balanza disponible— y eso volvió aproximada la estimación de la hora de la muerte, uno de los puntos más controvertidos de los juicios posteriores. Las huellas dactilares de la propia víctima nunca fueron tomadas, un olvido que obligó a exhumar el cadáver una semana después del crimen, dos días después del funeral. La computadora de Stasi, decisiva para verificar su coartada, fue manipulada por los carabineros antes de hacerse una copia forense: una pericia posterior estableció que se había alterado más del 73% de los archivos visibles.

Stasi, que entonces tenía 24 años y estudiaba en la universidad, fue el primero en encontrar el cuerpo y el primero en ser señalado. Rubio, de ojos celestes, contenido hasta la frialdad ante las cámaras, tenía el physique du rôle del asesino perfecto que la opinión pública italiana parecía estar esperando: la prensa de la época lo bautizó il biondino dagli occhi di ghiaccio, el rubio de ojos de hielo.

Por su parte, los investigadores consideraron desde el inicio que sus zapatos estaban demasiado limpios para alguien que decía haber pisado una casa anegada en sangre. Nunca apareció el arma homicida, ni hubo testigos ni confesión.

Pese a haber sido absuelto en dos instancias, terminó condenado en 2015 a partir de un cúmulo de indicios entre los que pesaron los rastros del ADN de Poggi en las ruedas de una bicicleta familiar.

La huella, el ADN y un padre acusado de pagar por el archivo

La fiscalía de Pavía reabrió el caso en marzo de 2025 tras una reevaluación de pruebas ya conocidas. Según reconstruyó el diario italiano Il Post, los nuevos análisis de los rastros genéticos hallados bajo las uñas de la víctima en 2007 arrojaron una probabilidad “moderada” a “fuerte” de compatibilidad con el material genético de Sempio y de sus parientes por línea paterna. Los investigadores también reexaminaron una huella palmar registrada en la pared de la escalera del sótano, a pocos metros del cuerpo, descartada en su momento por considerarse demasiado tenue para hacer cotejos. Las técnicas actuales permitieron encontrar quince puntos de coincidencia con la mano del acusado.

No es la primera vez que Sempio aparece en el expediente. Ya había sido investigado entre 2016 y 2017, en una causa que se archivó por considerarse insuficientes las pruebas. Aquel archivo es hoy, en sí mismo, objeto de una investigación paralela: la fiscalía de Brescia sospecha que el padre del acusado, Giuseppe Sempio, pagó entre 20.000 y 30.000 euros al entonces fiscal adjunto de Pavía, Mario Venditti, para conseguir el archivo de la causa. La hipótesis surgió de una nota manuscrita encontrada en la casa familiar en la que figuraban la cifra, el apellido del fiscal y la frase “gip archivia” —en referencia al juez que firma los archivos—. Ambos están imputados por corrupción en actos judiciales y niegan los cargos.

Una grabación en el coche y un país dividido

La novedad que precipitó la convocatoria a declarar fue revelada esta semana por el diario Corriere della Sera. En abril de 2025, un micrófono colocado por los investigadores en el coche de Sempio captó un soliloquio en el que el acusado habría hecho referencia a un video íntimo de la víctima guardado en una memoria USB, un detalle que —según la fiscalía— solo podía conocer alguien que efectivamente lo hubiera visto, dado que Poggi había copiado y luego borrado esos archivos. En la grabación, Sempio imita una voz femenina y reconstruye un supuesto diálogo en el que habría intentado un acercamiento a la víctima en los días previos al crimen y habría sido rechazado. La versión contradice lo que el acusado sostuvo durante años, que era haber llamado a casa de los Poggi por error, buscando a su amigo Marco, el hermano de Chiara. Sus abogados afirmaron que Sempio “está en condiciones de explicar” las grabaciones una vez que pueda escucharlas en contexto.

Mientras tanto, el caso domina la conversación pública italiana de un modo que excede largamente lo judicial. Pódcast y canales de YouTube dedicados a la crónica negra superan en muchos casos en repercusión a los medios tradicionales y, en ocasiones, recibieron directamente filtraciones de fuentes que antes hubieran ido a un periódico. La familia de la víctima, paradójicamente, se opone a la reapertura del juicio: sostiene que la justicia ya identificó al culpable. En octubre pasado, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, generó polémica al sostener que en causas tan antiguas “habría que tener el coraje de rendirse”, porque “es dificilísimo, después de diez, veinte, treinta años, reconstruir una verdad judicial”.

Stasi, mientras tanto, lleva una década en prisión. Desde abril de 2025 cumple su condena en régimen de semilibertad, lo que le permite salir a trabajar durante el día y volver a la celda por la noche. La pregunta que Italia se hace estos días no es ya cuándo saldrá de la cárcel, sino con qué nombre.

Corría marzo de 1995, en plena era dorada del talk show, un formato televisivo de bajo costo que nació como espacio de entretenimiento, donde se escuchaban voces diversas, personas comunes con historias extraordinarias. Con el tiempo derivó en una fuente de escándalos en su versión más sensacionalista. Los conductores alentaban las peleas entre invitados, el público abucheaba o aplaudía, y los temas tabú que no aparecían en ningún otro espacio de la televisión —infidelidades, identidades sexuales, conflictos familiares, confesiones en vivo— encontraban allí su tribuna. Fue en ese contexto donde The Jenny Jones Show, de Warner Bros., protagonizó uno de los episodios más oscuros de la historia de la televisión estadounidense.

Ese 6 de marzo, Scott Amedure, de 32 años, admitió ante las cámaras ser el admirador secreto de Jonathan Schmitz, entonces de 24 años, vecino de su amiga Donna, en el mismo condado de Míchigan. La joven los había presentado semanas atrás mientras Jonathan estaba arreglando su auto. El episodio titulado “Revealing Same Sex Secret Crush” (Revelando un amor secreto del mismo sexo), formaba parte de una tendencia creciente dentro del programa: los episodios sobre admiradores secretos con confesiones en vivo. Los seis invitados que participaron ese día no fueron informados de que sus admiradores eran del mismo sexo. Schmitz, por su parte, afirmó no haber sabido quién sería su admirador hasta el momento en que salió al escenario, y sostuvo que los productores le habían dado a entender que se trataría de una mujer. “Me mentiste”, le reprochó a Scott en vivo, después de haber evitado un abrazo en el saludo. Los productores negaron esa versión y aseguraron haberle advertido que el admirador podía ser hombre o mujer. El joven se había ilusionado con la idea de que su ex novia fuera la admiradora secreta. Se había comprado ropa nueva, de pies a cabeza, y ya estaba pensando en casarse con ella. Al menos eso le contó a todos sus amigos previo a la visita al programa. La relación había durado cuatro años y habían cortado dos meses antes de su aparición en la televisión. Creía que ese momento sería el inicio de un gran cambio en su vida.

Ante la confesión de Amedure, Schmitz se rió y declaró que era “definitivamente heterosexual”. La conductora Jenny Jones alentó a Amedure a compartir sus fantasías sobre Schmitz, quien estaba visiblemente incómodo, con una risa nerviosa. Sin embargo, Jones fogoneó al público para obtener mayor reacción. Las horas siguientes a la grabación transcurrieron dentro de la normalidad: Amedure, Schmitz y Donna, regresaron juntos, e incluso, después compartieron una salida con amigos, para tomar algo.

Tres días después

El 9 de marzo, todo cambió. Según el testimonio presentado en el juicio, el admirador ya no secreto dejó una nota de contenido sugestivo en la casa de Schmitz. Al encontrarla, el joven retiró dinero de un cajero, compró una escopeta calibre 12 y fue directo a la casa rodante de Amedure en las afueras de Detroit. Le preguntó si él había dejado la nota. Amedure respondió con una sonrisa. Schmitz fue a su auto, tomó el arma, volvió al lugar y le disparó dos veces en el pecho. Luego manejó su auto hasta una estación de servicio cercana, llamó al 911 y confesó el crimen.

Según las transcripciones dijo: “Acabo de dispararle a alguien. El arma está en el auto. Él es gay y yo no… No me dejaba en paz. Fui al programa de Jenny Jones y él llamó diciendo que tenía un crush. No sabía que era un hombre; por eso lo maté.” Al ser interrogado sobre sus motivos, dijo que se había sentido humillado en la televisión nacional.

Schmitz fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Su defensa argumentó que sufría de depresión maníaca —trastorno bipolar— y enfermedad de Graves, y recurrió como estrategia a la “defensa de pánico gay”: la tesis de que Schmitz había actuado impulsado por la humillación pública de que un hombre expresara atracción hacia él. El uso de esa estrategia defensiva recibió un aluvión de duras críticas de organizaciones de derechos LGBT, y el caso puso sobre la mesa un debate nacional sobre la violencia contra personas homosexuales.

El 15 de marzo de 1995, seis días después del crimen, la presentadora grabó un mensaje para su programa en el que expresó condolencias a la familia Amedure y subrayó que la tragedia se debía “a las acciones de Schmitz”. La declaración no apaciguó las críticas. Allyn Schmitz, padre del acusado, responsabilizó al programa: “Los programas de entrevistas son absolutamente pésimos. Si Jones no hubiera hecho esto, nunca habría pasado.” El abuelo de Schmitz, Walter, fue aún más directo y le atribuyó a Jones el papel de “gatillera” en el asesinato. Frank Amedure Jr., hermano de la víctima, declaró: “Creo que esto no habría ocurrido si Jenny Jones no hubiera expuesto la homosexualidad, un tema sensible en nuestra sociedad.”

Los juicios

El 13 de noviembre de 1996, Schmitz fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a entre 25 y 50 años de prisión. La Corte de Apelaciones de Míchigan anuló esa condena, pero en un segundo juicio celebrado en 1999 fue condenado nuevamente por el mismo cargo y se restableció la sentencia original.

Durante el proceso, Jenny Jones afirmó ante el tribunal que prácticamente no tuvo participación en la redacción ni en la producción del episodio. El episodio grabado el 6 de marzo fue archivado, aunque finalmente salió al aire el 17 de octubre de 1996, como parte de la cobertura que Court TV realizó del juicio civil.

En agosto de 1995, la familia Amedure presentó una demanda civil contra el programa y sus socios, incluyendo Warner Bros. Cuatro años más tarde, un tribunal les concedió una indemnización de 25 millones de dólares, pero ese fallo fue anulado por la Corte de Apelaciones de Míchigan. La familia recurrió la revocación, y tanto la Corte Suprema de Míchigan como la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazaron revisar el caso.

Un hombre antes del programa

Scott Bernard Amedure nació el 26 de enero de 1963 en Pittsburgh, Pensilvania, el menor de seis hijos de Frank Amedure y Patricia Graves. La familia se mudó a Míchigan poco después de su nacimiento, y sus padres se divorciaron al poco tiempo. A los 17 años, Amedure abandonó la escuela secundaria para unirse al ejército, donde permaneció durante cuatro años. De regreso en Míchigan, trabajó varios años en la industria de las telecomunicaciones antes de emplearse como bartender en el Club Flamingo, un bar gay en Pontiac. Quienes lo conocieron lo describían como una persona apreciada en su oficio. Su vecina Gayle Clinton lo recordó como alguien que “era adicto a los programas de talk shows”.

Las preguntas que quedaron

The Jenny Jones Show se defendió argumentando que el tema de los enamoramientos del mismo sexo era ligero y que las acciones de Schmitz tras la grabación eran imprevisibles. El programa ya había emitido episodios similares, incluyendo uno de octubre de 1994 titulado “Enamoramientos homosexuales secretos”. Jones declaró en el diario Los Angeles Times que “los programas de enamoramientos secretos siempre son divertidos” y que le encantaba “el ángulo del mismo sexo”.

Schmitz obtuvo la libertad condicional y fue liberado el 22 de agosto de 2017, tras cumplir 22 años de su condena. Geoffrey Fieger, abogado que representó a la familia Amedure, declaró a la revista People: “No estoy absolviendo a Schmitz de su crimen. Solo digo que The Jenny Jones Show y las personas detrás del programa fueron igualmente responsables.” Frank Amedure Jr. expresó sus reservas ante la liberación: “Quería la seguridad de que la decisión no se basó solo en buena conducta en prisión. Me gustaría saber que aprendió algo, que es una persona cambiada, que ya no es homofóbico y que ha recibido atención psicológica”, declaró a The Detroit Free Press.

Desde su salida de prisión, Schmitz se mantiene alejado del foco público. Jones, cuyo programa se mantuvo en el aire de 1991 a 2003, rara vez se refirió al caso.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

Maximiliano Bianchi fue asesinado el 11 de julio de 2015 en la Plaza Alsina de Villa Sarmiento, jurisdicción de Morón. Hijo de un comisario retirado de la Federal, técnico electromecánico, había cobrado su primer sueldo días antes. Entonces, decidió festejarlo. Salió con un grupo de amigos al viejo Showcenter de Haedo. Luego, abordó su auto, un Volkswagen Gol Trend, y se dirigió a la Plaza Alsina, para seguir la noche.

Llegó allí con sus amigos poco después de la medianoche. Un grupo de delincuentes que descendió de un Chevrolet Onix los sorprendieron para robarles. Les exigieron dinero a Bianchi y a sus amigos, lo que tuvieran. Finalmente, el técnico electromecánico fue ejecutado de un tiro en la nuca. Tenía 20 años.

Los delincuentes escaparon a Fuerte Apache tras matar a Maximiliano; la Policía Bonaerense los cruzó, se enfrentaron a tiros. Roberto, el padre de Maximiliano, encabezó marchas junto a su hija Vanina, reclamó por justicia y seguridad.

Varios sospechosos fueron detenidos en los meses posteriores, tres mayores de edad y un menor. Con el tiempo, fueron condenados. El Tribunal Oral Criminal N.º 2 de Morón les dictó penas de 15 años a los mayores en abril de 2018, en un juicio abreviado. Un año antes, el menor, de edad punible, el supuesto autor del disparo, había recibido otros diez años de cárcel.

El caso parecía cerrado. Sin embargo, quedaba un prófugo más. Ayer martes, casi once años después, ese prófugo cayó. Su indagatoria se espera en las próximas horas.

El último acusado en la historia es Matías Norberto Chazarreta, un hombre de 35 años, con domicilio registrado en la zona de Caseros. Chazarreta fue capturado tras una minuciosa investigación de la División Homicidios de la Policía Federal, dirigida por el fiscal Patricio Ventricelli.

Chazarreta, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, fue capturado mientras trabajaba en una gomería de Ituzaingó. Un testigo del tiroteo en Fuerte Apache permitió a la Justicia marcarlo para pedir su captura. Sin embargo, Chazarreta evadió a las autoridades todos estos años. “Su nombre estuvo en la investigación desde el comienzo, pero no se lo encontraba”, asegura una fuente clave en el expediente.

Prófugo con trabajo en blanco: así encontraron a Chazarreta

El nuevo acusado -que se suma a los imputados ya condenados, como Leonel Hernán González, Luis Norberto Miño y Elías Pedro Álvarez- tuvo cuatro empleos en blanco en la última década según sus registros previsionales, el último en una metalúrgica porteña.

Irónicamente, el Ministerio de Seguridad bonaerense había emitido el 24 de noviembre de 2015 una recompensa de 50 mil pesos para quien lo entregara, poco más de cinco mil dólares al cambio ofical de aquel día. La recompensa es fácilmente hallable con una búsqueda online: la ficha incluye la foto de most wanted del presunto asesino de Maximiliano Bianchi. Así y todo, los investigadores a cargo del caso en aquel entonces no daban con su paradero, mientras Chazarreta conseguía un trabajo tras otro.

Entonces, ante la posibilidad de que la causa prescriba por el paso del tiempo, Ventricelli decidió convocar a la División Homicidios de la Federal, que ubicó al prófugo en la gomería donde trabajaba, ubicada sobre el Acceso Oeste. Rastrear a su entorno fue una de las claves que llevó a su arresto. Los detectives llegaron a su actual pareja: la comparación de fotos y perfiles de redes sociales llevó a identificar su domicilio.

Allí, se montó una vigilancia. Chazarreta salió en bicicleta. Vestía una campera: en su espalda estaba el nombre de la gomería donde trabajaba, y donde finalmente cayó.

En abril de 2006, la ciudad de Medicine Hat, en Canadá, quedó totalmente conmocionada luego de que hallen una familia completa asesinada. Marc, Debra y Tyler Jacob Richardson aparecieron muertos con heridas de arma blanca en su casa. La única sobreviviente fue Jasmine, hermana mayor de 12 años, que lejos de ser una víctima, cumplió un papel esencial en el crimen.

Allí entra el nombre de Jeremy Steinke, su novio adulto y con quien fueron actores materiales del crimen. El descubrimiento de los cuerpos ocurrió cuando un nene del barrio pasó por la casa y vio lo que creyó que era un cadáver a través de la ventana. Su madre alertó a la policía, que al llegar halló la escena: los padres en el sótano y el pequeño Tyler en la planta superior, todos con múltiples heridas de arma blanca. En un primer momento, la desaparición de la mujer llevó a pensar en un posible secuestro.

El caso generó una ola de horror y debate en la opinión pública canadiense. La combinación de la extrema juventud de la autora, la brutalidad de los hechos y la implicación de un adulto en la trama criminal puso en cuestión la eficacia de la protección familiar, la influencia de internet y los límites del sistema penal juvenil. La historia de la familia Richardson sigue siendo uno de los episodios criminales más perturbadores en la historia contemporánea del país.

Quiénes eran Jasmine Richardson y Jeremy Steinke

Antes del crimen, Jasmine Richardson era reconocida como una estudiante aplicada y sociable, apreciada por sus compañeros y profesores. Hija de Debra y Marc, la familia había superado dificultades económicas y problemas de adicción en el pasado, logrando finalmente comprar una casa y estabilizarse. Jasmine destacó en la escuela y participó en actividades como un programa de bellas artes. Sin embargo, su vida dio un giro cuando comenzó a frecuentar internet y las redes sociales, donde mintió sobre su edad y se sumergió en la subcultura gótica. Allí, manifestó intereses por temáticas oscuras, incluyendo asesinos en serie.

Fue en este entorno donde conoció a Jeremy Steinke, un hombre 11 años mayor. Nacido en 1983, tuvo una infancia marcada por el abuso y la inestabilidad. Su mamá sufría alcoholismo y las parejas de ella lo maltrataban, llegando incluso a episodios de violencia extrema. Diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, experimentó acoso escolar, abandono educativo y un temprano consumo de sustancias. Adoptó una identidad gótica extrema, afirmando ser un “hombre lobo de 300 años” y llevando un frasco de sangre como colgante.

La relación se consolidó a través de internet y encuentros en persona, a pesar de la oposición férrea de la familia de ella. Él era conocido en foros y redes como “Soul Eater” (Devorador de almas) y publicaba mensajes inquietantes sobre violencia y desprecio social. Ambos compartían afinidad por la cultura gótica y la fascinación por lo macabro, lo que terminó tensando peligrosamente la convivencia familiar. La historia de Jasmine y Jeremy terminó por convertirse en un caso paradigmático de cómo las influencias externas y las relaciones virtuales pueden desembocar en consecuencias impredecibles y trágicas.

Cómo se desarrolló el crimen de la familia Richardson

El crimen fue precedido por un proceso de planificación que involucró tanto a Jasmine Richardson como a Jeremy Steinke. Tras la prohibición impuesta por los papás a la relación, la pareja consideró la eliminación de los “obstáculos” como única solución para poder estar juntos. Utilizaron mensajes electrónicos y textos para coordinar sus intenciones, llegando a discutir abiertamente el asesinato de Marc y Debra.

La noche del 23 de abril de 2006, la secuencia de hechos tuvo una violencia extrema. Jasmine dejó abierta una ventana del sótano para facilitar la entrada de Steinke, quien portaba un cuchillo y una máscara de neopreno. La mamá fue la primera en despertar y enfrentarse al atacante, recibiendo al menos una docena de puñaladas. El papá intentó defender a su esposa con un destornillador, pero fue superado y apuñalado más de 20 veces. Ambos cuerpos quedaron en la planta subterránea de la casa.

Mientras tanto, en la planta superior, ella se dirigió al cuarto de su hermano menor, Tyler Jacob, de ocho años. Los relatos difieren en cuanto a la autoría directa, pero las pruebas señalan que Jasmine participó activamente en el asesinato del niño, quien fue apuñalado y degollado en su cama. Jasmine más tarde alegó que no quería dejarlo huérfano, lo que la impulsó a actuar.

La pareja abandonó la escena del crimen y escapó en una camioneta conducida por una amiga de Steinke. Antes de huir, según testigos, acudieron a una fiesta, donde se mostraron ajenos a la gravedad de lo sucedido y llegaron a presumir de los hechos. No existía un plan de fuga elaborado; simplemente buscaron refugio en la ciudad de Leader, Saskatchewan, donde fueron localizados y detenidos al día siguiente.

Cuál fue la condena de Jasmine y Jeremy

La investigación policial avanzó con rapidez gracias a las pruebas digitales halladas: mensajes en internet y en redes sociales que detallaban el plan homicida. Ambos fueron detenidos apenas un día después del triple asesinato. Los testimonios y las pruebas físicas permitieron reconstruir los hechos y determinar la participación activa de ambos en cada uno de los homicidios.

Durante el proceso judicial, ella fue juzgada bajo la Ley de Justicia Penal para Adolescentes de Canadá. En 2007, fue encontrada culpable de tres cargos de asesinato en primer grado. La sentencia máxima permitida para su edad fue de 10 años de internamiento intensivo con supervisión y rehabilitación, divididos entre estancia en una institución psiquiátrica y un periodo bajo supervisión condicional. En las evaluaciones psiquiátricas posteriores, se le diagnosticaron trastorno de conducta y trastorno negativista desafiante, lo que motivó su ingreso en un extenso programa de rehabilitación.

Jeremy Steinke, juzgado como adulto en 2008, fue declarado culpable de los mismos tres cargos y condenado a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional tras 25 años de prisión. Durante su proceso, se conocieron detalles de su pasado violento y su falta de remordimiento en las primeras etapas tras el crimen. Tras la condena, adoptó el nombre de Jackson May y actualmente permanece en prisión.

Jasmine Richardson recuperó su libertad en 2016, cuando tenía 22 años, y su historial penal fue borrado formalmente en 2020. Vive bajo una identidad protegida y su paradero actual es desconocido. Los informes de rehabilitación presentados ante el Tribunal Superior de Justicia indicaron que mostró arrepentimiento y deseos de expiar sus crímenes, aunque persisten dudas en algunos sectores de la policía sobre su verdadera reintegración. Desde su liberación, no existen registros de reincidencia.

El crimen de Mario Albornoz, hallado sin vida dentro de un freezer en una vivienda de barrio Alto Alberdi, Córdoba, llega esta semana a una instancia clave: comienza el juicio oral contra el único imputado.

La atención pública se concentra en la Cámara Duodécima del Crimen, donde mañana jueves 7 de mayo comenzará el proceso judicial con la participación de jurados populares. Mientras la ciudad observa de cerca, los detalles del caso vuelven a cobrar fuerza a dos años de los hechos.

La víctima, de 53 años, fue encontrada el 10 de abril de 2024 por su propio hermano tres días después del crimen. El hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre la calle Santa Rosa al 3300, donde la escena develó un panorama desconcertante: el cuerpo, congelado, permanecía dentro de un freezer, cubierto por una manta y una almohada. La noticia conmocionó a la comunidad y motivó una investigación que derivó en la detención de un sospechoso.

Según lo informó el portal El Doce.tv, el proceso penal apunta contra Fabián Ricardo Páez, de 39 años, único acusado, quien enfrenta cargos por homicidio criminis causa, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

La fiscalía, encabezada por Guillermo González, reconstruyó los eventos que condujeron al crimen. Según la investigación, Albornoz habría sido asesinado a golpes con un martillo luego de sufrir un robo dentro de su propia casa. La acusación sostiene que el autor del crimen buscó asegurar su impunidad, por lo que la fiscalía atribuye el hecho a un homicidio cometido para ocultar otro delito. El cuerpo permaneció oculto dentro del congelador, lo que dificultó inicialmente la determinación del momento exacto de la muerte.

El caso adquirió notoriedad por la naturaleza del escenario: la vivienda funcionaba como una “pensión trucha”, ya que la víctima subalquilaba habitaciones y también alquilaba un espacio al propio acusado. Páez era considerado un inquilino reciente y mantenía una relación cercana con Albornoz, lo que complicó aún más el análisis de los hechos.

Según datos de la investigación, Páez fue detenido dos meses después del hallazgo, tras ser señalado como el último inquilino y una de las personas más allegadas a la víctima. En el juicio, la defensa y la fiscalía deberán debatir sobre las pruebas acumuladas, mientras los jurados populares serán los encargados de decidir si existe responsabilidad penal en el acusado.

Durante el proceso, se presentarán los elementos recolectados por la fiscalía, testimonios de testigos y pericias técnicas. El escenario del crimen, la relación entre la víctima y el imputado, y la motivación económica detrás del hecho serán aspectos clave en la evaluación de los jurados.

El proceso judicial buscará esclarecer las responsabilidades y determinar si Fabián Ricardo Páez actuó con la intención de asegurar la impunidad tras un robo, como sostiene la fiscalía encabezada por Guillermo González.

La resolución de este caso tendrá un fuerte impacto en la percepción pública sobre la seguridad en Córdoba y el funcionamiento del sistema judicial ante delitos de gravedad. La comunidad aguarda el desenlace del juicio, que marcará un precedente en la provincia por la naturaleza y repercusión del crimen.

Una mujer de 61 años de edad no resistió a las quemaduras y a las graves heridas propinadas con un arma punzocortante por su propio hijo, quien también intentó quemarla.

El violento ataque ocurrió en enero de este año en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, y desde entonces la fémina se mantenía recluida en el Hospital Rafael Hernández, donde esta semana falleció.

La víctima había declarado que su hijo, de 25 años, la habría agredido con una tijera y posteriormente intentó prender fuego dentro de la residencia que ocupaban, con la aparente intención de causarle mayores daños, aunque hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el ataque, reportó el diario El Siglo.

Aquella noche el agresor presuntamente atacó a su madre dentro de la vivienda, causándole varias heridas, y no conforme con eso habría rociado un líquido inflamable en el lugar, lo que provocó un incendio parcial que agravó aún más la condición de la mujer.

Tras el hecho, los informes policiales indican que el sospechoso se dio a la fuga, por lo que se dio una intensa búsqueda y días después fue aprehendido a orillas del río David en condiciones delicadas de salud, con signos de deshidratación, luego de varios días evadiendo a las autoridades.

El Ministerio Público informó que ahora con el deceso de la mujer se prevé una audiencia de control de garantías, donde incluso podría darse una reclasificación del delito.

Uno de los últimos casos de matricidio que se dio en Panamá ocurrió el 19 de mayo de 2020, en el apartamento N°4C, Residencial Parque del Este, corregimiento de Juan Díaz, cuando una mujer de 36 años le quitó la vida a su madre y luego la desmembró.

Posterior al hecho se conoció que la victimaria había estado recluida en varios centros de rehabilitación para personas que consumen drogas, e incluso hasta la propia madre la acompañaba a los cultos de rehabilitación.

Personas del entorno de la principal sospechosa afirmaron en su momento que unas semanas antes de la tragedia se habría dado un altercado entre la mujer y su madre, donde aseguraron que hubo agresión física.

Mediante un jurado de conciencia el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá emitió una sentencia condenatoria de 30 años de prisión para la imputada.

Durante el acto de audiencia, el diario Critica informó que la mujer se mantuvo muy fría, seria, no demostró mucha emoción, habló poco, solo se limitó a su presentación y datos que para su registro le solicitaba el juez.

Otro caso de delito en contra de los progenitores en Panamá se dio esta semana cuando un adulto mayor de 71 años terminó sin un dedo de una mano y con graves heridas en la cabeza y un brazo, luego de ser agredido por su hijo.

El ataque tuvo lugar en El Copé, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, donde después de haber cometido el hecho el agresor se dio a la fuga trasladándose en un transporte público hacia la ciudad capital.

Pero, no contaba con que ya estaba siendo buscado por las autoridades de Policía, quienes mediante un operativo establecieron un punto de control donde el presunto agresor fue ubicado dentro del colectivo.

Tras informarle de sus derechos y del motivo de su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, informó la Policía Nacional.

El viernes pasado durante la madrugada, ocurrió una fatal pelea en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata, donde falleció un hombre tras ser apuñalado. La víctima fue identificado como Luis Alberto Cardozo Cubilla, de 29 años y luego de días de conmoción, la mamá relató un crudo testimonio. Zoraida, madre de Cubilla, habló sobre el dolor que sufrió su familia tras el asesinato del joven durante el 1° de mayo. “Ya tenía algo en la mente”, dijo la mujer al hablar sobre el asesino.

La investigación, que incorporó pruebas centrales en las últimas horas, permitió que el único detenido, Pablo Alexis A. de 22 años, quedara imputado formalmente. La intensidad emocional del caso crece a medida que los detalles del ataque salen a la luz y marcan un antes y un después en el entorno cercano de la víctima. En este marco, la mamá del jóven expresó: “La verdad que nos cambió la vida a nosotros, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”.

“Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, afirmó Zoraida. Aclaró los rumores del vínculo entre la víctima y el imputado: “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”.

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, resultado de una herida de arma blanca. Este hallazgo forense, difundido por 0221, proporciona el marco clínico y decisivo para entender la gravedad del episodio. El desenlace del caso fue inmediato tras la agresión ocurrida durante una reunión en la zona de 72 bis entre 142 y 143.

En el transcurso de la causa, la Fiscalía incorporó declaraciones de testigos presenciales y registros fílmicos, elementos que resultaron determinantes para reconstruir el momento exacto en el que Pablo Alexis A. atacó a Cubilla. El acusado manifestó una conducta que, de acuerdo al relato de Zoraida, era “cargosa y maleducada” hacia varias asistentes a la fiesta. Por este motivo es que la víctima intervino y le habría reprochado: “No le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien”.

Este intercambio verbal derivó en una confrontación física. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Cubilla le dio una cachetada y otra persona logró separar a ambos, tras lo cual el hombre se retiró momentáneamente solo para regresar segundos después. Apoyado en los registros, el informe señala que el acusado regresó armado y atacó a Cubilla con una cuchilla, hiriéndolo a la altura de la axila izquierda.

Los presentes identificaron al agresor y lo señalaron ante la policía, que logró detenerlo a pocas cuadras del lugar. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, pero los médicos no lograron salvar su vida.

Al habla de su hijo, Zoraida lo recordó con mucho cariño: “Le decíamos ‘Boscacha‘. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor. Era el que te subía el autoestima en todo”. Cerró con un mensaje final: “Que la Justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre. No siento odio. Que Dios lo ayude”.

El acusado fue indagado por el fiscal Martín Almirón, sin embargo, el joven se negó a declarar. En esta línea, la causa podría avanzar hacía el dictado de la prisión preventiva y luego a un juicio oral. Mientras tanto, la investigación busca esclarecer el motivo exacto que desencadenó el brutal enfrentamiento. Los elementos probatorios recogidos, en particular el video incorporado al expediente, refuerzan la hipótesis de una pelea espontánea sin antecedentes de conflicto previo.

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata. El fatal episodio ocurrió luego de una pelea registrada alrededor de las 4:00 de este viernes, sobre la calle 72 bis, entre 142 bis y 143. El caso ha generado conmoción en el barrio, al surgir en el contexto de una pelea asociada al consumo de alcohol y durante la celebración del Día del Trabajador.

La victima fue identificada como Luis Alberto Cardozo Cubilla, un hombre de 29 años. Según informaron las fuentes policiales, Cubilla se encontraba en la vereda junto a un grupo de hombres donde varias personas consumían alcohol. Aunque aún no se esclarecieron las razones, en el lugar se desató una pelea que escaló con rapidez cuando uno de los presentes apuntó con un arma blanca.

Luego, lo apuñaló a Cubilla en la zona abdominal, dejandole una herida que le costaría la vida. El presunto agresor, un joven de 22 años, intentó huir tras herir a Cardozo Cubilla, pero fue capturado por la Policía poco después, de acuerdo a la reconstrucción inicial del caso. La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, donde falleció debido a la gravedad de la herida, confirmó el medio 0221.

El sospechoso, identificado con las iniciales P.A.A., fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata, bajo la órbita del fiscal Martín Almirón. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recabar pruebas. El detenido prevé tomar declaración indagatoria en las próximas horas en la causa que se caratuló como homicidio. Los investigadores también precisaron que no existía vínculo familiar entre la víctima y el victimario.

Las primeras hipótesis del crimen

Tras el crímen, trascendió un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchan gritos, rotura de vidrios y pedidos de socorro: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. En medio de las investigaciones policiales, las imágenes también donde también se registran corridas e insultos podrían ser clave. Personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para relevar pruebas, en tanto la causa se encuentra en manos de la Fiscalía N° 8 de La Plata, dirigida por Martín Almirón.

De acuerdo a un jefe policial citado por Diario Hoy: “Se trató de una pelea de borrachos, se desconocieron y uno atacó al otro”. En las próximas horas, será indagado bajo el cargo de “homicidio”.

Este es el segundo asesinato en tres días en La Plata. El miércoles, una mujer fue asesinada tras una violenta discusión dentro de un comercio. El episodio, que ocurrió durante la tarde, involucró un altercado que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión fatal. Testigos relataron que la víctima y otra persona discutieron acaloradamente, lo que derivó en una agresión física que terminó con la vida de la mujer en el mismo lugar.

La investigación, a cargo de la fiscalía local, evalúa varias hipótesis, entre ellas un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o un femicidio. Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue difundida y los responsables del ataque continúan prófugos, aunque la policía cuenta con descripciones físicas de los sospechosos y analiza las cámaras de seguridad del comercio y la zona para reconstruir lo sucedido.

Los hechos intensificaron el clima de preocupación en la ciudad, donde los reclamos por mayor seguridad y respuestas de las autoridades se multiplicaron en los últimos días. Los vecinos señalaron que hechos como estos se han vuelto recurrentes, generando un estado de alerta y desconfianza en torno a la respuesta estatal ante la inseguridad.

“¿Dónde se encuentra, señor?”, preguntó un agente policial durante la intervención. “En partes”, respondió el investigado, mientras otro efectivo insistía en obtener mayores detalles sobre la ubicación de los restos humanos. Las imágenes difundidas por Panamerica TV muestran el momento en que los agentes realizan preguntas al detenido dentro de la vivienda intervenida.

Prisión preventiva a los investigados

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, quienes son investigados por el presunto homicidio de Rudy Benavides. Según la investigación preliminar, los restos de la víctima fueron hallados descuartizados y cocinados dentro de un inmueble.

El caso salió a la luz el 24 de abril, luego de que víctima fuera reportado como desaparecido tras varios días sin conocerse su paradero. La PNP ingresó a la vivienda debido a reiteradas denuncias de vecinos por fuertes olores fétidos provenientes del lugar. Durante la inspección, los agentes encontraron restos humanos y diversos elementos vinculados al crimen.

Detalles de la investigación

Durante la audiencia judicial, representantes del Ministerio Público señalaron que los investigados habrían intentado deshacerse de las evidencias tras el asesinato. “Comenzó a buscar transporte para deshacerse de las evidencias y, al no lograrlo, seccionó la cabeza y el abdomen y los puso en dos ollas”, indicó la Fiscalía durante la exposición del caso.

Asimismo, la Policía dejó constancia del hallazgo de partes humanas dentro de la vivienda. “Se encontró el torso de un cuerpo humano junto a la cama, así como dos ollas conteniendo una cabeza”, se informó durante las diligencias presentadas ante el Poder Judicial.

Más involucrados

En la audiencia también se mencionó la existencia de presuntos videos relacionados con el crimen. Según lo expuesto por la defensa y el Ministerio Público, las grabaciones mostrarían escenas posteriores al homicidio y podrían aportar nuevos elementos a las investigaciones.

La Fiscalía no descarta la participación de otras personas en el caso. De acuerdo con lo señalado durante la audiencia, existirían indicios que apuntan a que más individuos habrían estado presentes en el inmueble al momento en que la víctima se encontraba herida. Mientras tanto, las investigaciones continuarán durante el periodo de prisión preventiva.

Números de emergencia PNP

En Perú existen diversas líneas de emergencia que funcionan de manera gratuita las 24 horas del día para atender situaciones de riesgo y brindar asistencia inmediata a la población. Entre las principales se encuentran el 105 de la Policía Nacional, el 116 de los Bomberos y el 106 del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), destinados a reportar delitos, incendios, accidentes y emergencias médicas.

A estos servicios se suman otras líneas especializadas. El 110 corresponde a la Policía de Carreteras para incidentes en vías nacionales, el 115 de Defensa Civil atiende emergencias relacionadas con desastres naturales y el 113 de Infosalud ofrece orientación médica. Asimismo, la Línea 100 está habilitada para denuncias y atención de casos de violencia familiar y sexual, mientras que el 117 pertenece al servicio de ambulancias de EsSalud.

Las autoridades recomiendan mantener estos números registrados en los teléfonos móviles para facilitar una rápida comunicación ante cualquier incidente. También recuerdan que el uso indebido de las líneas de emergencia, como llamadas falsas o bromas, puede afectar la capacidad de respuesta y retrasar la atención de casos reales que requieren intervención urgente.

El 15 de mayo de 2020, el Centro de Comando, Control, Comuiniaciones y Cómputo (C4) de Sinaloa recibió llamadas de emergencia en las que se denunciaba una balacera en un domicilio en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán. Sin embargo, ninguna autoridad atendió el reporte ni acudió al lugar.

Se trataba de un domicilio en el que se escondía José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, con su hermana y su cuñado, quienes, poco después, aparecieron dentro de una camioneta de lujo, ya sin vida. El cuerpo de El Chino Antrax presentaba huellas de tortura.

Quién fue El Chino Antrax

Aréchiga Gamboa fue escolta de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” y cabeza del sicariato Los Ántrax, quienes ajustaban las cuentas criminales del cártel para Ismael El Mayo Zambada.

Acostumbraba mostrar una vida llena de lujos en redes sociales, donde compartía fotos de viajes por el mundo e incluso, en una ocasión mostró una fotografía en la que se le ve al lado de la artista estadounidense Paris Hilton.

Su asesinato tiene dos hipótesis. En ambas, los homicidas pertenecen al Cártel de Sinaloa y su ejecución se considera parte de una pugna interna.

Primera hipótesis

La primera versión señala a Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, especialmente a Iván Archivaldo Guzmán y a su cabecilla operativo y jefe de sicarios radicado en Culiacán, Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini.

Y es que Los Chapitos tenían un viejo conflicto con El Chino Antrax, luego de que, a finales de 2013, éste se enfrentara a Iván Archivaldo Guzmán Salazar en un antro de Culiacán. El Chapito, en esa ocasión, pidió a El Mayo Zambada que entregara a su jefe de matones, algo a lo que no accedió, sin embargo, si sacó al Chino Antrax temporalmente de Sinaloa para evitar problemas mayores.

Así fue como el líder de Los Antrax terminó inmiscuido en el asesinato de Francisco Arellano Félix el 18 de octubre de ese año en Los Cabos, Baja California Sur. EL 30 de diciembre del mismo 2013, El Chino Antrax fue detenido en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en Países Bajos, procedente de Ciudad de México.

Además, está la versión filtrada en septiembre de 2018, que señala que Aréchiga habría servido como testigo protegido en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua en 17 de julio de 2019, el poder que adquirieron Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán al enfrentarse a partir el 8 de enero 2016, cuando su padre fue detenido por tercera ocasión, y prevalecer sobre Dámaso López Núñez “El Licenciado”, detenido en mayo de 2017 y extraditado en julio de 2018; y su hijo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, quien se entregó a la DEA estadounidense en julio de 2017.

A esto se sumó el enfrentamiento público con El Mayo a partir de noviembre de 2018, cuando el abogado de El Chapo Jeffrey Lichtman, empezó a declarar que el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa era Ismael Mario Zambada García, de entonces 72 años de edad, y el dominio criminal que ampliaron con el triunfo de Iván Archivaldo Guzmán sobre el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 19 de octubre de 2019, cuando fue capturado Ovidio Guzmán, El Ratón, su hermano, y que con balaceras, amenazas y después de asesinar a ocho personas, herir a 16 elementos de seguridad, provocar la fuga de 51 reos, robar 42 autos, incendiar nueve autops y establecer 19 bloqueos carreteros, lograron que fuera liberado.

También decenas de muertes en Culiacán provocadas por el enfrentamiento de El Nini, matón de Los Chapitos capturado en 2023, contra Miguel Ángel Gaxiola y/o Jesús Alejandro Sánchez “El Ruso”, sicario y jefe de seguridad de Los Mayos, ocurrido entre octubre de 2019 y abril de 2020 en Culiacán.

En esas condiciones, para pocos era conveniente que El Chino Antrax ingresara a esa pugna.

La otra hipótesis

La segunda hipótesis se dirige a Los Mayos, hijos y operadores criminales de Ismael El Mayo Zambada. El asesinato estaría relacionado con la información que El Chino Antrax había proporcionado al gobierno estadounidense respecto al modus operandi del grupo, el sistema de lavado de dinero, así como la identidad de los operadores, contactos y rutas con Colombia, Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá, Hondura, Asia y Europa.

Además de su relación y contactos con las pandillas de Chula Vista y National City en San Diego California, que llevaban la droga de ese cártel hacia San Francisco, Chicago, Los Ángeles y el norte de California.

El Chino Antrax, dentro del Cártel de Sinaloa, tenía la encomienda de asesinar a competidores y traidores, y sabía cuáles eran los riesgos y qué significaba llegar a Culiacán en medio de la pugna que llevaba cinco meses.

En julio de 2014, El Chino Antrax fue trasladado a Estados Unidos y en octubre de ese año Kamala Harrys, en ese entonces procuradora general de California, anunció el desmantelamiento de las dos principales pandillas que distribuían la droga de Los Mayos y tenían negociaciones directas con Aréchiga Gamboa: Los Nitros y Los Urtiz al Sur de California.

Frente a una probable sanción de diez años a cadena perpetua, la sentencia dictada por el juez Dana Makoto Sabraw tras cinco años de negociaciones contra José Rodrigo Aréchiga Gamboa, fueron 87 meses de prisión (siete años y tres meses), de los cuales, a ese momento, ya había cumplido prácticamente seis años. Posteriormente debía permanecer en San Diego, California por otros cinco años en libertad condicional.

Incluso esta generosa sentencia fue mejorada porque Aréchiga debía salir el 30 de marzo de 2021, pero con posteriores acuerdos, regresó a la calle un año 27 días antes de lo originalmente estipulado: el 3 de marzo de 2020.

Versiones extraoficiales apuntan que, en calidad de testigo protegido, la llegada de “El Chino Ántrax” a Culiacán era para facilitar a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) la captura de “El Mayo” Zambada.

El poniente de la capital michoacana volvió a ser escenario de un cruento episodio de violencia presuntamente vinculada al crimen organizado. La tarde de este viernes, un ataque armado directo perpetrado a las afueras de una vivienda dejó un saldo trágico de dos hombres muertos —identificados como padre e hijo— y un joven más gravemente herido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en el fraccionamiento Villas del Pedregal, un gigantesco complejo habitacional reconocido como el más grande de Latinoamérica. De acuerdo con los primeros reportes de las corporaciones de seguridad, un grupo de civiles fuertemente armados que se desplazaba a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, arribó a la calle Oriente 6, en su intersección con la calle Hafnio.

Sin detener por completo la marcha del automotor, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada contra tres hombres que se encontraban conviviendo en el exterior del inmueble.

Padre e hijo, las víctimas mortales

Las ráfagas de fuego sorprendieron a las víctimas, dejándolas sin oportunidad de resguardarse. Paramédicos y elementos de seguridad pública que atendieron el reporte de emergencia confirmaron en el lugar el fallecimiento de dos de los hombres. Las autoridades ministeriales los identificaron posteriormente como José Trinidad “N”, de 43 años de edad, y su hijo Oswaldo Yandel “N”, de apenas 18 años.

En la misma agresión resultó gravemente lesionado un tercer individuo, identificado como Edison “N”, de 20 años de edad. Los equipos de rescate lograron estabilizarlo en la escena del crimen para luego trasladarlo de urgencia a un hospital de la capital michoacana, donde los reportes médicos preliminares catalogan su estado de salud como delicado y de pronóstico reservado.

Impunidad a la sombra de las autoridades

Uno de los aspectos que más ha causado indignación y asombro en torno a este doble homicidio es la facilidad con la que operaron los agresores. Tras vaciar sus armas contra los tres hombres, los atacantes emprendieron la huida a toda velocidad en el mismo vehículo Nissan Sentra, perdiéndose en el intrincado laberinto de calles que conforman Villas del Pedregal.

Esta fuga exitosa se concretó a pesar de que en este mismo mega fraccionamiento se encuentra estratégicamente ubicado un cuartel de la Guardia Nacional (GN), así como las instalaciones del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), el cerebro tecnológico de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán. El imponente cerco de cámaras y presencia de fuerzas federales no fue impedimento para que el comando armado consumara el crimen y escapara sin dejar rastro.

Narcomenudeo y guerra de cárteles

Una vez que la zona fue acordonada, los agentes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron con el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos. Al inspeccionar el interior de la vivienda atacada, los peritos encontraron diversas dosis de narcóticos listos para su comercialización.

Este hallazgo ha llevado a la Fiscalía a establecer como principal línea de investigación una confrontación directa entre células de narcomenudistas que operan en la capital michoacana.

Informes de inteligencia de las autoridades de seguridad estatales y federales han identificado desde hace tiempo que Villas del Pedregal no solo es un reto en materia de desarrollo urbano por su densidad poblacional, sino que se ha convertido en un lucrativo y disputado mercado negro. En este sector operan activamente brazos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes del cártel de Los Caballeros Templarios, organizaciones criminales que mantienen una sanguinaria guerra sin cuartel por el control absoluto de la venta y distribución de droga al menudeo en la zona poniente de Morelia.

La ola de violencia criminal que azota la región central del estado de Veracruz cobró una nueva víctima el pasado viernes por la tarde. Efraín Blanco Villagómez, exaspirante a la alcaldía del municipio de Omealca por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y actual comisariado ejidal de la comunidad de Mata Tenatito, fue asesinado a balazos al interior de su propio hogar.

De acuerdo con las primeras fuentes policiales y reportes de vecinos, un grupo de hombres portando armas de fuego de grueso calibre llegó hasta el domicilio del político y líder agrícola. Los agresores irrumpieron violentamente en la vivienda y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera directa contra Blanco Villagómez, quien perdió la vida de forma casi instantánea a causa de los múltiples impactos de bala, antes de que pudiera recibir cualquier tipo de asistencia médica.

Un líder agrícola y figura política local

Efraín Blanco Villagómez era un personaje ampliamente conocido y respetado en su comunidad. Más allá de sus aspiraciones políticas dentro de las filas de Morena durante los pasados procesos electorales locales, destacaba por su papel como líder de los ejidatarios en Mata Tenatito, una función de vital importancia para la gestión de recursos y la mediación de conflictos en el sector rural.

Además de su faceta pública, Blanco Villagómez era un reconocido agricultor de esta región de las Altas Montañas y la zona centro de Veracruz. Su actividad económica y su liderazgo lo mantenían en contacto constante con las poblaciones que colindan con municipios estratégicos y de alta complejidad geográfica como Cuichapa, Tezonapa, Tierra Blanca y la sierra de Zongolica, una vasta franja territorial dedicada al cultivo de la caña de azúcar y otros productos agrícolas.

Silencio institucional pese al fuerte operativo

Tras escucharse las detonaciones que alertaron a la comunidad de Mata Tenatito, llamadas a los números de emergencia provocaron una fuerte movilización de las fuerzas del orden. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, acompañados por agentes de la Guardia Nacional y efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen y preservar los indicios balísticos.

De inmediato, las fuerzas de los tres niveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo de búsqueda y localización en el municipio de Omealca y las carreteras aledañas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna detención relacionada con este homicidio.

El mutismo ha sido la única respuesta oficial. De manera inusual frente a crímenes de alto impacto que involucran a figuras políticas locales, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantienen un silencio total, sin emitir comunicados ni brindar avances sobre las posibles líneas de investigación o el móvil detrás de este ataque directo.

Foco rojo en la región central de Veracruz

El asesinato de Efraín Blanco no es un hecho aislado. En la región central del estado de Veracruz, la violencia, las ejecuciones y los hechos delictivos han crecido de manera alarmante en los últimos 12 meses. Esta zona, que sirve como un corredor natural hacia el estado de Oaxaca, se ha convertido en un territorio disputado por diversas células del crimen organizado.

La colindancia de Omealca con Tezonapa y Tierra Blanca conforma un triángulo geográfico que históricamente ha enfrentado problemas de inseguridad, desde el robo de combustible (huachicol) y asaltos en carreteras, hasta extorsiones a productores agrícolas, cañeros y comerciantes. La muerte de este exaspirante morenista vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad que enfrentan los liderazgos sociales y políticos en las zonas rurales del estado, mientras la comunidad de Mata Tenatito exige justicia ante un crimen que ha ensombrecido a la región.

El asesinato de un líder comunal en zona rural de Segovia generó el desplazamiento de al menos 19 familias, en un nuevo episodio de violencia que afecta al nordeste antioqueño.

La víctima fue identificada como Teodoro Manuel Gamboa Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Chicamoqué, quien fue sacado de su vivienda por hombres armados.

Horas después, el líder fue hallado sin vida con heridas de bala, lo que provocó temor generalizado y la salida de varias familias de la zona, según reportes conocidos por El Colombiano tras el hecho.

El crimen ocurrió el 28 de abril en la vereda Bocas del Chicamoqué, ubicada a varias horas del casco urbano de Segovia, en límites con el municipio de El Bagre. La ubicación geográfica y las condiciones de acceso han sido señaladas como factores que dificultan la presencia institucional en este tipo de territorios.

De acuerdo con versiones de familiares, el líder comunal fue sacado de su vivienda alrededor de las 6:00 de la tarde por hombres armados. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado sin vida y trasladado por la comunidad a la morgue municipal el 29 de abril.

Tras conocerse el asesinato, el miedo se extendió rápidamente entre los habitantes del sector. Al menos 19 familias decidieron abandonar sus viviendas, algunas desplazándose hacia el casco urbano de Segovia y otras buscando refugio en municipios cercanos como El Bagre.

Óscar Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, explicó que la situación no se limita a amenazas individuales, sino que involucra a toda la comunidad. “Hay intimidaciones no solo contra líderes, sino contra toda la comunidad, lo que ha dejado cerca de 20 familias desplazadas”, afirmó, citado por El Colombiano.

El desplazamiento forzado en esta zona no es un hecho aislado. El pasado 26 de febrero se registró otro episodio de violencia que también provocó la salida masiva de habitantes. En esa ocasión, un ataque con dron contra una vivienda campesina dejó tres personas muertas y un adulto mayor herido, lo que derivó en el desplazamiento de 125 familias.

Estos hechos reflejan una situación de orden público compleja en el nordeste antioqueño, donde las comunidades han denunciado un aumento de la presión por parte de grupos armados ilegales. La violencia se ha concentrado especialmente en zonas rurales con economías basadas en la minería artesanal.

En municipios como Segovia y El Bagre, la disputa por el control territorial ha sido señalada como uno de los factores que agravan la inseguridad. La presencia de estructuras armadas ilegales ha incrementado los riesgos para líderes comunitarios y población civil.

Organizaciones sociales han advertido que los líderes comunales son uno de los principales objetivos de estas dinámicas de violencia, debido a su papel en la organización comunitaria y la defensa de los territorios.

La salida de las familias no solo representa una afectación inmediata en términos de vivienda, sino también una ruptura de las dinámicas sociales y económicas de la región, donde muchas personas dependen de actividades rurales para su sustento.

Hasta el momento, la situación mantiene en alerta a las comunidades y a organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en la zona, mientras se espera una respuesta institucional frente a los hechos recientes.

El caso de Segovia vuelve a evidenciar los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad rural, particularmente en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando desplazamientos y afectaciones a la población civil.

Una menor de 3 años de edad perdió la vida al ser alcanzada por las balas durante un ataque armado que se registró la noche del pasado jueves en el municipio de Irapuato, en Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Huertas, Cuarta Sección, y en el hecho el padre de la menor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Hiedra y Girasol, lugar en el que vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Los policías y paramédicos, al llegar al lugar de los hechos, confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad estatal dio a conocer que las autoridades atendieron el reporte por disparos de arma de fuego en la zona de la colonia Las Huertas, Cuarta Sección, y corroboraron la muerte de la menor.

Testimonios recabados en el lugar por policías señalaron que el presunto responsable disparó desde una motocicleta cuando la niña y su padre se encontraban en la calle. Una vez que realizó el ataque, escapó en el mismo vehículo.

El agresor fue identificado, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad, sin embargo, aún no hay detenidos.

Agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias para integrar la carpeta de investigación abierta que permitirá esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.

En otro hecho, un joven de 19 años de edad fue asesinado luego de recibir varios impactos de bala tras una persecución en la colonia Jardines de Celaya.

En una riña, en la colonia San Martín, en el municipio de San Miguel de Allende, un sujeto que era conocido como El Pingüi, murió sin que se reportaran personas detenidas.

Pedro Federico Arhancet, un jubilado de 76 años, fue hallado muerto el viernes 24 de abril en su duplex del octavo piso de la calle Moldes al 1100, en el barrio de Colegiales. El lugar se había incendiado. El cadáver de Pedro Federico fue hallado entre las llamas. Tenía una notable lesión en la cabeza. A su lado, se encontró una pistola. Lo habían matado. Posiblemente, incendiaron su casa para ocultar el crimen, para que el fuego se lleve la prueba clave. El jubilado, según un reporte inicial, ya llevaba “90 horas de muerto”, o más. Tenía un gato gris y blanco como mascota. El gato, tiempo después del crimen, desapareció.

Esta semana, la Policía de la Ciudad arrestó a quien sería su pareja, o su última pareja, una mujer trans de 36 años llamada Angelina. La mujer convivía con Pedro Federico; se había mudado del dúplex días antes del incendio a un monoambiente sobre la avenida Scalabrini Ortiz, donde finalmente la arrestaron. Así, el caso parecía cerrado. Hasta aquí, todo normal, al menos, dentro de los parámetros del caos de un homicidio.

Sin embargo, para el juez Martín Peluso y el secretario Diego Villanueva, a cargo de esclarecer el hecho, no es todo tan simple. El relato no cierra. Para empezar, está la autopsia al cuerpo.

Trascendió que Arhancet murió de un tiro, que lo balearon en la cabeza. Pero los forenses de la Morgue Judicial no encontraron bala alguna. El impacto en su cabeza era un golpe, causado por un objeto romo, determinó el estudio del Cuerpo Médico Forense. También tenía una lesión compatible con un arma blanca en la panza, que no era de ninguna manera letal.

Pero estudiar al cuerpo y la naturaleza fue sumamente difícil. Para empezar, estaba atravesado por fauna cadavérica, gusanos. Luego, estaba casi desangrado. La explicación: Arhancet había muerto mucho antes de la data inicialmente estimada.

Que fue asesinado, fue asesinado. Peluso y Villanueva no tienen dudas al respecto. No lo mató el incendio, por otra parte. La autopsia no halló restos de humo en sus vías respiratorias. El incendio fue intencional. La pericia de Bomberos de Policía de la Ciudad determinó que un agente acelerante fue empleado en el fuego, un combustible, alcohol tal vez.

Y luego, está la detenida. Angelina declaró en los tribunales de la calle Talcahuano esta semana, poco antes de ser enviada al penal de Ezeiza.

El arreglo de conveniencia

Angelina negó ser la autora del crimen. Aseguró que tampoco era la novia de Pedro Federico. Al menos, ya no. Habían comenzado su vínculo hace al menos siete años, se separaron durante la pandemia, y luego regresaron. Vivían juntos, sí, pero ya no eran pareja. Angelina habitaba la parte de abajo del dúplex; Pedro Federico, la de arriba, donde fue hallado muerto y se inició el incendio.

¿Por qué convivían? Simple. Era una suerte de arreglo de conveniencia, explicó Angelina, oriunda de Jujuy. La mujer se dedicaba a cuestiones de la casa. El domicilio de la calle Moldes, precisamente, es su domicilio fiscal.

Angelina aseguró, también, que tenían una relación volátil, conflictiva. Había denunciado a Pedro Federico, incluso, años atrás, en una denuncia que el juzgado de la causa aún no certificó. Sin embargo, la mujer no se definió como una víctima de violencia de género.

El ninja y la cámara de seguridad

Falta, desde ya, establecer el móvil, por qué lo mataron. Angelina, si es que lo mató, ¿lo mató por codicia? ¿Por plata? No parece. La mujer tiene un perfil de deudas en blanco, por lo visto, manejable, lejos del rojo o el bordó incobrable. También, tiene un empleo en el Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a sus registros.

No tiene, por ejemplo, antecedentes penales. La causa por el homicidio simple de Pedro Federico es la única vinculada a su número de DNI en la Cámara Criminal y Correccional porteña. Le secuestraron varios teléfonos, que podrán ser peritados. Allí, probablemente, se encuentra alguna respuesta.

El jubilado ciertamente tenía dinero, un buen pasar. No tenía hijos. Casi no tenía famila; apenas una hermana se presentó en la Justicia tras el crimen. Estaba registrado en los rubros de cría de ganado de la ex AFIP, según su perfil.

Los testimonios lo definen como un hombre “bohemio”, proclive a acumular cosas innecesarias en su casa, un tanto irascible. En 2020, el consorcio de su complejo en la calle Moldes lo demandó ante la Justicia civil por expensas impagas, un monto de más de 600 mil pesos. Arhancet, representado por dos abogados, finalmente arregló.

Hay una prueba final, más clave que cualquier otra prueba clave: las cámaras de seguridad. Un video muestra a una sospechosa, o un sospechoso, en el ingreso del edificio en los minutos previos al incendio. ¿Es Angelina? La figura misteriosa “está vestida de negro de pies a cabeza, toda cubierta”, asegura una fuente del caso: “Parece un ninja”. Una serie de pericias forenses podrá determinar mediante comparaciones si, efectivamente, esa figura es la mujer detenida.

La Justicia decidió entregar el dúplex a la hermana de Arhancet este último miércoles, mientras se disponía el traslado de Angelina al penal de mujeres de Ezeiza. El gato gris y blanco de la víctima, que había desaparecido, regresó.

Eduardo Enrique Pérez Barros, ciudadano de nacionalidad chilena, recibe sentencia de 50 años de prisión por el delito de feminicidio cometido contra su pareja sentimental, una mujer de nacionalidad alemana cuya identidad permanece reservada.

La resolución deriva de un juicio oral realizado en Isla Mujeres, Quintana Roo, y contempla, además, el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de cubrir 717 mil pesos por reparación del daño material.

Según la investigación judicial, durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, Isla Mujeres, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían. Las autoridades identifican que en algún momento de esa noche la agredió físicamente en el abdomen, cuello y otras partes del cuerpo, ocasionándole asfixia por trauma laríngeo severo, lo que provocó su muerte.

El dictamen del tribunal establece como elementos de contexto que la violencia letal surgió a partir de un desgaste progresivo en la relación de pareja. Las pesquisas detallan conflictos previos, dependencia económica y una dinámica de control instauradas por Pérez Barros, lo cual habría generado un entorno de tensión en el que la víctima manifestó su propósito de terminar la relación y recuperar su autonomía. Este escenario, concluye la investigación, desencadenó la agresión mortal.

Una vez perpetrado el feminicidio, Eduardo Enrique Pérez Barros trasladó el cuerpo de la mujer hasta una embarcación y lo arrojó al mar, donde fue localizado al poco tiempo. Las autoridades dieron inicio al proceso que culminó con la actual condena, resultado de la coordinación entre diversas instancias de justicia de Quintana Roo.

En la audiencia de sentencia, además de la pena corporal de 50 años de prisión, el sentenciado recibió como condena accesoria el pago de una multa de 288 mil 860 pesos y la obligación de proporcionar 717 mil pesos por concepto de reparación del daño material.

La resolución judicial detalla la dinámica de los hechos y considera el contexto de violencia y control que caracterizó la relación. El fallo se establece de conformidad con la normatividad de Quintana Roo en materia de delitos de feminicidio y justicia para las víctimas.

El tribunal subraya que la decisión responde al principio de protección a los derechos de la víctima, así como a la sanción ejemplar ante actos de violencia letal contra mujeres en el estado. La identidad de la mujer fallecida se mantiene resguardada en atención a las disposiciones legales de privacidad y protección de datos personales.

• Sentencia de 50 años de prisión para Eduardo Enrique Pérez Barros por feminicidio en Isla Mujeres, Quintana Roo.
• El tribunal impone multas y reparación del daño: 288 mil 860 pesos de multa y 717 mil pesos por daño material.
• El fallo judicial reconoce el contexto de violencia de pareja, control y dependencia económica como elementos centrales en los hechos.

Marco Antonio Franco Palomera, regidor por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC) en Talpa de Allende, Jalisco, fue asesinado en un ataque armado.

Roberto Alarcón, coordinador estratégico de seguridad, confirmó el fallecimiento al termino de una conferencia este jueves 30 de abril, y detalló que fueron elementos de la Policía Municipal quienes atendieron el reporte.

Los uniformados se encontraban en la colonia San Rafael de dicho municipio, quienes localizaron al funcionario sin vida luego de escuchar la detonación de un arma de fuego mientras realizaban labores de vigilancia.

Luego de confirmarse su muerte, el Ayuntamiento de Talpa de Allende envió sus condolencias a familiares y amigos de Marco Antonio Franco, quien fue elegido como regidor para el periodo de 2024-2027.

Movimiento Ciudadano de Tlapa de Allende también se pronunció sobre el asesinato del regidor, al que describieron como un hombre comprometido con su labor.

“Hoy despedimos a un gran ser humano, a un servidor público con un compromiso inquebrantable con su gente y con su municipio. ‘Kito’ fue más que un compañero: fue el mejor ejemplo que pudimos tener como equipo.

Un ejemplo de perseverancia, de trabajo incomparable y de amor por Talpa de Allende. Su entrega dejó una marca imborrable en cada acción, en cada proyecto y en cada familia que tocó con su labor", escribieron en redes sociales.

Además, destacaron que continuarán trabajando para los habitantes del municipio con la misma pasión y dedicación con la que él lo hacía.

Asesinato se suma al de Blanca Esthela Álvarez, regidora por MC en Manzanilla de la Paz

Este homicidio se suma al de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco, quien fue localizada sin vida al interior de su camioneta el pasado 13 de febrero en una brecha del mismo municipio.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que dentro del vehículo fueron ubicadas sus pertenencias y, pese a que la unidad no contaba con daños, las primeras investigaciones permitieron identificar que tenía lesiones en los brazos causados posiblemente por agujas.

Los dictámenes periciales refirieron que la causa de muerte de la regidora fue asfixia por estrangulamiento, por lo que se inició la carpeta de investigación bajo los protocolos de feminicidio.

Días después de los hechos, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, detalló que la regidora pudo haber sido asfixiada con un almohada en un sitio distinto a la camioneta donde fue hallada.

“No se le veían huellas en el cuello, no fue un estrangulamiento, fue una asfixia, por eso no se le veían huellas de violencia. Lo que quiero decir es que muy probablemente la asfixiaron con un almohada y por ello no se le veían huellas de violencia”, comentó a medios de comunicación.

Además, detalló que su agresor la llevó sin vida a su camioneta y creó una escena para aparentar que la regidora por MC estaba manejando.

Por este hecho una mujer identificada como Blanca Lorena “N” fue detenida en marzo pasado, luego de que las autoridades determinaron que se habría reunido con Blanca Esthela Álvarez antes de ya no se tuviera contacto con ella.

Homar Salas Gastélum, el dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC) fue asesinado a balazos cuando se encontraba al exterior de su vivienda en Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el ataque se registró poco antes de las 09:00 horas de este jueves 30 de abril, cuando el dirigente se encontraba en la cochera de su domicilio, ubicado en la colonia Brisas del Humaya del sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

Homar Salas se encontraba en compañía de un hombre, quien era uno de sus escoltas y que también falleció luego de ser atacados por un grupo de sujetos armados desde un vehículo.

El reporte de una agresión a tiros movilizó a elementos de seguridad hasta el inmueble, donde localizaron a los dos hombres muertos, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado para la realización de las investigaciones.

Homar Salas fue electo como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán para el periodo 2026-2029, y sería el próximo 19 de mayo cuando tomaría el cargo.

Hace dos meses su domicilio fue atacado a balazos

Homar Salas ya había sufrido un atentado en su contra, el cual se registró el pasado 18 de febrero en su domicilio por un grupo de sujetos armados que arribaron y abrieron fuego contra la fachada de la vivienda.

En ese entonces, José Ernesto Peñuelas Castellanos, secretario del Ayuntamiento, informó que el atentado ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana, cuando se reportó al 911 detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Las Brisas.

La vivienda de Salas Gastélum quedó perforaciones por arma de fuego en gran parte de la fachada. El secretario del Ayuntamiento detalló que tanto el dirigente como su familia se encontraban al interior del inmueble cuando se registró el ataque, pero ninguno sufrió lesiones.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó tras los hechos que Homar Salas no había presentado una denuncia pero que ya se contaba con una carpeta de investigación de oficio por el ataque armado.

De acuerdo con los datos proporcionados, fue un grupo de sujetos armados que arribaron al domicilio a bordo de dos vehículos, uno de color negro y otro blanco, quienes abrieron fuego en contra de la vivienda.

La fiscal también descartó que Salas Gastélum haya denunciado amenazas previas al hecho.

Alcalde de Culiacán lamentó su fallecimiento

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, lamentó el asesinato de Homar Salas Gastélum durante un ataque armado y solicitó una investigación “exhaustiva”.

“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento”, escribió en sus redes sociales.

Estos hechos se dan luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó tanto al alcalde de Culiacán como al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (así como a ocho funcionarios estatales más) por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La investigación en curso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez registró novedades dos semanas después de los hechos violentos ocurridos en Polanco, Ciudad de México.

Erika “N”, suegra de la modelo y principal sospechosa de su homicidio, fue arrestada el 29 de abril en un departamento en La Cigarra, una zona del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

La detención la realizaron elementos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) tras la solicitud de cooperación internacional que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Dan a conocer presunta carta escrita por Erika “N”

El caso atrajo la atención de la prensa local e internacional. Federico Alvez, analista político venezolano que radica en EEUU, compartió información en torno a reportes de una supuesta carta escrita por Erika “N” un día después del asesinato de Carolina Flores.

Alvez hizo referencia a un video de la creadora de contenido La Parcerita Postin. La colombiana, un referente en información viral en ese país, dio a conocer detalles de una nota supuestamente escrita por Erika “N” en una aplicación móvil, a la cual tuvo acceso el CPNB.

En un video difundido en TikTok, Jostin Montilla —nombre real de la creadora digital—, subraya que reescribió el texto para no mostrar imágenes del documento original para evitar posibles problemas con las autoridades.

“Quiero aclarar que esta carta que ella dejó se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado y que me puedo meter en problemas”.

De acuerdo con sus fuentes, la carta fue escrita el 16 de abril, un día después del asesinato de su nuera, y denotaba un estado emocional alterado.

Lo que dice la carta:

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar.

Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito.

Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos.

Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien.

Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó.

Espero no haberle lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa tres días y luego volverme con Luca.

Y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos. Así que así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después iré por algunas cosas a casa para ya no verlos más. Al fin y al cabo, ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos, ni llamadas, solo si ella lo autoriza.

Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos.

Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos".

En una transmisión que mantiene en sus cuentas oficiales, Jostin Montilla indica que había otras notas presuntamente escritas por Erika “N”.

Fiscalía de CDMX inicia extradición

Al margen de los reportes en Venezuela, hasta el momento autoridades venezolanas y la Fiscalía General de la República no han confirmado ni negado la existencia de registros escritos por Erika “N” donde aborde los acontecimientos ocurridos el 15 de abril.

Este jueves, la Fiscalía General de Justicia de la capital confirmó que ya trabaja en el proceso de extradición de Erika “N”. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que el procedimiento ya inició luego de la captura de la mujer en Caracas, lograda con apoyo de autoridades venezolanas y una ficha roja de Interpol.

De acuerdo con reportes oficiales, Erika María “N” salió de México el 16 de abril, un día después del crimen ocurrido en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Su localización fue posible tras una búsqueda internacional coordinada.

La Fiscalía detalló que la detenida “se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México”.

El caso ha generado alto impacto público por la violencia del ataque. La agresión ocurrió dentro del domicilio familiar y fue registrada por una cámara de seguridad.

Tras el asesinato, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, exigió justicia y aclaró su postura frente al entorno familiar. “Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”, declaró.

La investigación fue reclasificada como feminicidio y cuenta con orden de aprehensión vigente. Autoridades mexicanas ahora buscan concretar el traslado de la imputada para que enfrente el proceso penal en territorio nacional.

La violencia en el norte de Veracruz golpeó nuevamente al gremio de taxistas luego de que fue asesinado a balazos Josué Bandala, conocido como “El Borrego”, líder de transportistas en la comunidad de Casitas, en el municipio de Tecolutla. El ataque ocurrió frente a su esposa e hijos, en un hecho que evidenció el nivel de inseguridad que enfrenta la región.

De acuerdo con los reportes, el dirigente fue interceptado por hombres armados en la zona de Monte Gordo, cuando se encontraba en el hotel Marbella, lugar donde presuntamente también se desempeñaba como gerente. Los agresores irrumpieron en el sitio y dispararon de manera directa contra él, provocando su muerte inmediata.

El crimen ocurrió cuando Bandala se disponía a trasladar a su familia a la escuela, lo que agravó el impacto del hecho por haberse cometido en presencia de sus seres cercanos. Tras el ataque, elementos de seguridad estatal y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

“El Borrego” era propietario del taxi número 117 y había adquirido notoriedad en el gremio luego de encabezar recientemente manifestaciones de transportistas que exigían un alto a la ola de violencia en la zona. Su asesinato ocurrió en un contexto particularmente tenso, marcado por ataques previos contra trabajadores del volante.

Las autoridades también lo vincularon indirectamente con una investigación en curso, ya que su unidad había sido relacionada con el caso de otro taxista asesinado, lo que mantenía abiertas diversas líneas de indagatoria por parte de la Fiscalía General del Estado.

El homicidio no fue un hecho aislado. Apenas el 16 de abril, en la misma región de Tecolutla, fueron hallados sin vida dos taxistas que habían sido reportados como desaparecidos. Por este caso, incluso fueron detenidos un comandante de la policía municipal y su escolta, señalados por su presunta participación en los crímenes.

La cadena de asesinatos reflejó una crisis de seguridad que se extendió por distintas localidades del norte veracruzano, donde el gremio transportista se convirtió en uno de los más vulnerables frente a la delincuencia. En días recientes, conductores habían denunciado amenazas, desapariciones y homicidios, lo que derivó en protestas y bloqueos carreteros para exigir protección.

El asesinato de Josué Bandala se sumó así a una serie de hechos violentos que, en cuestión de semanas, dejaron varias víctimas entre los taxistas, profundizando la percepción de inseguridad y la exigencia de justicia en la zona.

En un episodio que conmocionó a la zona norte de la ciudad de Córdoba, una cabo de policía fue detenida e imputada tras la muerte de su pareja, Juan Pablo Abazo, de 39 años. El hombre agonizó durante días, debido a las graves lesiones sufridas. Según la reconstrucción, la víctima estuvo en medio de un incendio, pero luego las pericias confirmaron que todo habría sido intencional: el objetivo era ocultar una puñalada.

Todo comenzó la tarde del viernes 10 de abril, cerca de las 18, cuando patrullas policiales y una dotación de bomberos acudieron a una vivienda ubicada en las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui tras el llamado de los vecinos por un incendio.

Al ingresar al domicilio, los equipos de emergencia lograron controlar las llamas, que se habían iniciado en el dormitorio y se extendieron rápidamente al resto de la vivienda. Durante el operativo, los efectivos encontraron a un hombre con graves quemaduras externas e internas, aún con vida, y a una mujer en el lugar, identificada como la policía I. C. P., de 42 años.

La víctima fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de barrio Pueyrredón, donde ingresó en estado crítico a terapia intensiva. El cuerpo médico que lo atendió detectó, además de las quemaduras, al menos una herida compatible con arma blanca en la zona torácica. La mujer, que se encontraba en uso de licencia psiquiátrica en la Departamental Sierras Chicas, fue llevada también a un centro de salud, donde se constató que resultó ilesa.

Sin embargo, la situación procesal de la mujer se agravó en los últimos días tras la muerte de Abazo. Frente a esto, el fiscal de instrucción Alejandro Smith ordenó la detención de la policía y la imputó por homicidio calificado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior, la acusada fue internada en un centro de salud mental provincial bajo custodia policial, mientras se le practican estudios psicológicos para determinar si al momento de los hechos comprendía la criminalidad de sus actos.

La investigación avanza con la toma de testimonios a vecinos y allegados, el análisis de comunicaciones y mensajes de los teléfonos celulares de los involucrados, y la realización de peritajes en la escena. De acuerdo a fuentes con acceso a la causa, los informes periciales preliminares indicarían que el incendio fue provocado de manera intencional en el dormitorio de la pareja.

Según trascendió en la investigación, el vínculo era conflictivo, agravado por el presunto consumo de sustancias dentro del hogar. La hipótesis principal sostiene que la tarde del 10 de abril se produjo una discusión que escaló a una pelea física, durante la cual Abazo fue apuñalado en el tórax. Luego, se habría originado el fuego de manera deliberada, para encubrir el crimen.

El hombre presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo y daños severos en las vías respiratorias internas, producto de la inhalación de humo y gases.

Tras la muerte de Abazo, la fiscalía profundizó la pesquisa y dispuso nuevas medidas probatorias, entre ellas el análisis de los informes forenses y de los peritajes realizados por los bomberos.

El hecho de que la policía I. C. P. estuviera en uso de licencia psiquiátrica al momento del episodio es uno de los puntos centrales de la pesquisa, dado que los resultados de los estudios médicos podrían incidir en el desarrollo judicial del caso y en la responsabilidad penal de la acusada.

El asesinato de cuatro integrantes de una familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, registró actualizaciones este miércoles, 24 horas después de que el crimen fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Pablo Vásquez Camacho, titular de la dependencia, confirmó la detención de tres hombres y una mujer en Atizapán, Estado de México, por su probable participación en el multihomicidio.

“Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 Edomex, se ubicaron dos camionetas robadas del predio y, tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesus “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, detalló el funcionario en la red social X.

Los imputados son investigados por la muerte de una pareja de 47 años y sus hijas de 16 y 12 años. De acuerdo con versiones periodísticas, las autoridades establecieron como línea principal de investigación una represalia por el incumplimiento de cuotas a una organización criminal.

Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad y violencia, informó en X que en el lugar de los hechos se halló un mensaje en el que se atribuía el crimen al grupo delictivo La Unión Tepito: “Por no pagarle a La Unión”, afirmó.

Robo, conexión con Los Julios y una investigación en curso

Tras la detención, Jiménez reportó información preliminar sobre las primeras declaraciones de los imputados. De acuerdo con el periodista, Emiliano “N”, presunto autor material, indicó que recibirían un pago de parte de la organización criminal Los Julios"

“DICEN q LES PROMETIERON $40 MIL por el CRIMEN; CREEN q MIENTEN Emiliano Villaseñor dijo q Los Julios de Atizapán les prometieron $ por matar a la familia Cejudo. Emiliano era novio de Valentina Cejudo en el @TecdeMonterrey, pero el papá de ella no permitía la relación. @PoliciaAtizapan y @SSC_CDMX los detuvieron”, escribió en X.

Sus reportes involucran a dos organizaciones criminales catalogadas por autoridades capitalinas y federales como cárteles generadores de violencia en la capital y el Estado de México.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha informado sobre avances y las líneas de investigación que siguen. Al dar a conocer el arresto, Pablo Vásquez Camacho destacó que al momento de su detención, las cuatro personas indagadas tenían posesión de camionetas sustraídas del lugar del crimen, dos armas de fuego aseguradas y otros objetos posiblemente robados del domicilio.

¿Quiénes son Los Julios?

Los Julios es una organización criminal activa principalmente en el Estado de México, reconocida por operar bajo la fachada de un sindicato para llevar a cabo actividades delictivas como extorsión, despojo de inmuebles y narcotráfico.

Operaciones y modus operandi

• Despojo de viviendas: Esta banda se especializa en invadir casas habitación, incluso en zonas residenciales de alto nivel como el condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza.
• Extorsión: Amedrentan a constructores, comerciantes y particulares, exigiendo grandes sumas de dinero (se han reportado casos de exigencias millonarias para devolver propiedades).
• Fachada sindical: Utilizan conexiones sindicales (vinculados con la CATEM) y políticas para operar con impunidad.
• Infiltración: Se ha señalado que cuentan con personas infiltradas en altos mandos policiacos para facilitar sus operaciones. 

Zona de influencia

Actúan principalmente en los municipios mexiquenses de:

• Atizapán de Zaragoza.
• Naucalpan.
• Tlalnepantla.

Liderazgo y detenciones

• Alejandro Maya, alias “El Bebé”: Identificado como presunto líder de esta organización, fue capturado en septiembre de 2023 en Atizapán de Zaragoza por la Fiscalía de Asuntos Especiales de la FGJEM.
• Se ha reportado que “El Bebé” tiene antecedentes como expolicía.

Investigaciones relacionadas

• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha investigado a este grupo no solo por despojos, sino también por amenazas y narcotráfico.
• Su rastro delictivo ha sido vinculado con el asedio a constructores, incluyendo obras como el Tren Interurbano México-Toluca.

Por su parte, La Unión de Tepito se consolidó como organización criminal entre 2009 y 2010 en la Ciudad de México, bajo la influencia de Edgar Valdez Villarreal (“La Barbie”).

Opera principalmente como un cártel en la alcaldía Cuauhtémoc, dedicándose al narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de inmuebles.

Caso centra la atención en la violencia en CDMX y Edomex

A pesar de la detención de María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, la brutalidad del homicidio múltiple derivó en presión social sobre autoridades capitalinas.

Luego de que el pasado martes se registró el asesinato de cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vásquez Camacho, dio a conocer que se detuvo a tres hombres y una mujer relacionados con el hecho.

De acuerdo con la información proporcionada por Vázquez Camacho, las cuatro personas fueron detenidas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Fue gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 del Estado de México, que se ubicaron dos camionetas que fueron robadas del domicilio en el que fueron asesinadas las cuatro personas, y tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesús Villaseñor Barrera de 24 años, José Maria Villaseñor Barrera de 21 años, y Francisco Javier Azuara Santos de 36 años, quienes viajaban a bordo de una camioneta con placas de Morelos, y en la que se hallaron diferentes objetos de valor, como prendas de vestir, zapatos, tenis y otros robados de la vivienda; también se les aseguraron dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Además, resultado de un intercambio de disparos, se detuvo a Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, quien fue identificado como autor material del homicidio y quien se ocutó dentro de un hotel en el mismo municipio, a bordo de la segunda camioneta robada, con placas de San Luis Potosí.

Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios, y narcomenudeo, que opera en el Estado de México, en las zonas limítrofes de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, no se descartaría una relación sentimental previa entre el detenido de 20 años de edad y una de las mujeres hallada sin vida en el domicilio en Azcapotzalco, relación que podría haber sido aprovechada para robar la casa o forzar el despojo de alguna propiedad familiar.

Así fue el homicidio de una familia en Azcapotzalco

Cuatro miembros de una familia, dos adultos y dos menores de edad, fueron asesinados a puñaladas dentro de su hogar, en la alcaldía Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía antes mencionada.

De acuerdo con la información disponible, las víctimas son una pareja de 47 años de edad, y sus hijas, dos menores de 16 y 12 años de edad.

Las cuatro víctimas fueron atacadas con arma blanca.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), elementos de esa corporación recibieron el reporte sobre tres mujeres y un hombre que fueron hallados sin vida con heridas de arma punzocortante al interior de un domicilio.

De los hechos, se informó, se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto los oficiales realizaban entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La familia fue encontrada sin vida por un familiar que acudió al domicilio para visitarlos. Los vecinos de la zona detallaron a diversos medios que el ataque ocurrió a las 3 de la mañana. Uno de los vecinos contó al medio El Universal que se habían escuchado gritos y una fuerte discusión.

De acuerdo con el medio El País, no se encontraron chapas forzadas ni se registraron llamadas de emergencia al 911 reportando alguna emergencia.

De acuerdo con el periodista de nota roja Carlos Jiménez, en el lugar de los hechos se encontró un mensaje en el que se atribuía el crimen al grupo delictivo La Unión Tepito. “Por no pagarle a La Unión”, se lee en el mensaje, según lo difundido por Jiménez.

Sin embargo, del lugar se robaron dos camionetas, por lo que, de acuerdo con el comunicador, podría tratarse de un distractor.

El padre de familia encontrado sin vida, según el periodista Antonio Nieto, era dueño de una farmacéutica.

Un hombre iba en un auto rojo por el barrio Colón de Montevideo en la tardecita del lunes junto a su hijo cuando su vehículo fue atacado con al menos siete disparos. Él sobrevivió a los tiros, pero su bebé –de un año– resultó herido. En ese mismo vehículo fue hasta un centro médico cercano, adonde ingresó el pequeño. A los pocos minutos, le comunicaron que había fallecido.

El caso generó conmoción en Uruguay y tuvo repercusiones políticas, al punto que el presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró el episodio como “terrible”.

El bebé fue una víctima colateral de una guerra entre grupos criminales.

La investigación avanza. Este martes, el noticiero Telemundo de Canal 12 dio los nuevos detalles que se conocen del episodio. No hay dudas de que el ataque iba al padre del bebé fallecido, que iba con él en brazos. Desde un auto comenzaron a dispararle a su vehículo rojo.

El crimen ocurrió en el barrio Colón, en el noroeste de Montevideo.

El auto del que salieron los disparos fue localizado en las primeras horas de este martes, horas después del crimen. Los investigadores lo encontraron en Verdisol, un barrio vecino de Colón. Las huellas que quedaron allí son claves para aclarar el crimen, algo que se volvió prioridad. Este auto estaba abandonado.

El objetivo, entonces, era el padre del pequeño. Se trata de un hombre de 24 años, que tiene antecedentes por porte de arma, de acuerdo a los datos de la investigación citados por Teledoce. Estaba llegando a su casa cuando le dispararon. Él quedó herido en un brazo, el hombro y el oído, el bebé recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida.

Esa zona de Montevideo está caracterizada por un conflicto criminal. La familia del pequeño está ligada al tráfico de armas y drogas.

Hace unos días, en la misma esquina en la que fue asesinado el niño, también mataron a un joven de 23 años, que era amigo del padre del fallecido. La semana pasada, en tanto, habían disparado contra su propia casa.

Esto, según Telemundo, es una muestra de que habrá una nueva disputa territorial.

El caso generó preocupación a las altas autoridades del gobierno. De hecho, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue hasta la zona en la que ocurrió el asesinato. A la 1.16 de la madrugada, posteó en la red social X: “Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional. Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.

El presidente Orsi habló sobre este homicidio el martes de tarde, en una rueda de prensa. Lo consideró “terrible”.

“No hay adjetivo. Hay una que está clara: no le vamos a aflojar. No hay que aflojar. Lejos de amedrentarse lo que hay que hacer es apretar el acelerador. De poco vale saber cuál fue el motivo. El tema es que es un inocente, un niño…”, dijo.

Consultado por cuál considera que es la falla, Orsi dijo que hay una “violencia que crece”. “El otro día por una discusión en el tránsito mataron a uno”, comentó, en referencia al asesinato del delivery venezolano Juan Carlos Mendoza, que fue apuñalado en una calle del Centro de Montevideo.

La Policía ahora reforzó el patrullaje en Colón, ante el riesgo de que la disputa entre bandas criminales se recrudezca.

A las 19.36 del lunes, dos delincuentes a bordo de una motocicleta abordaron a un hombre en el cruce de Ericson y Dinamarca, exactamente en el sitio donde, el viernes anterior fue asesinado Rivero, el estudiante de Administración de Empresas de 21 años.

Los vecinos, reunidos en ese punto clave del barrio, reaccionaron ante la nueva tentativa de robo. Ante la ausencia total de agentes policiales en la zona, lograron interceptar y retener a uno de los asaltantes, quien más tarde fue entregado a la policía tras ser abordado con insultos y violencia física por parte del grupo.

“¡Dale un par de bifes a este gato, que nosotros no vamos a decir nada. Vas a ver cómo no le van a quedar ganas de robar. Se merece una patada ese rastrero!”, se escucha de parte de uno de los indignados vecinos mientras la Policía subía a un móvil al ladrón.

La detención ocurrió una hora antes de la manifestación convocada para exigir justicia por la muerte de Rivero ya que, a pesar de los reiterados pedidos de vigilancia reforzada, ninguna autoridad de la Estación de Policía de Lomas de Zamora asignó móviles adicionales a la zona, ni siquiera cuando la concentración vecinal estaba prevista para esa noche.

No se resistió a que le roben y lo mataron igual

Agustín Rivero fue asaltado y ejecutado el viernes por la noche por un grupo de cuatro delincuentes que buscaban robarle el celular cuando regresaba de la facultad.

Durante el ataque, registrado por cámaras de seguridad, se ve que la reacción inmediata de Agustín ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano.

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio. La causa fue caratulada como homicidio criminis causa y permanece bajo investigación.

Durante el seguimiento de los sospechosos posterior al crimen, la policía logró localizar antes de la medianoche tanto el Volkswagen Voyage negro usado en el asalto como una Renault Kangoo gris que habría servido de apoyo a la banda.

El Volkswagen Voyage fue hallado en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas (Avellaneda), mientras que la Renault Kangoo fue encontrada sobre Blas Pladeras y Camino General Belgrano (Monte Chingolo). Ambos vehículos habían sido robados ese mismo día: el Voyage, a las 16:00 en Lanús, y la Kangoo, minutos antes del homicidio en el barrio San José.

Una vecina de la víctima, Nadia Núñez, quien asistió a Rivero tras el ataque, relató que el joven no ofreció resistencia: “No se resistió en ningún momento, porque están diciendo que se resistió, que peleó. Agustín no se resiste, no es un nene que va a pelear”.

Los detenidos por el crimen

En el marco de la investigación, integrantes de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios llevaron adelante tareas de campo, levantamiento de rastros papilares y genéticos, y vigilancia de la zona donde se hallaban los vehículos.

Tras observar movimientos sospechosos en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús, los efectivos concretaron un allanamiento de urgencia. Allí, fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes de robo en Temperley y San José, según consignaron fuentes policiales a Infobae.

La policía incautó en el procedimiento dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Klein y zapatillas presuntamente usadas durante el asalto.

La pesquisa se concentra ahora en la localización de dos individuos identificados por la fiscalía como Alejandro Alexander (apodado “Lecoque”) y Matías Ezequiel Daller, quienes lograron huir. El caso quedó en manos de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la detención de los acusados por los delitos de homicidio criminis causa y robo agravado, ambos con el agravante de uso de arma de fuego y comisión en poblado y en banda.

Según información policial difundida por Panamericana, parte de los restos de la víctima estaban siendo cocinados en dos ollas al momento de la intervención. En una de ellas se halló la cabeza y, en otra, grasa y otras partes desmembradas del cuerpo.

Las autoridades informaron además que dos hombres, identificados como Gabriel Condori, de 21 años, y Óscar Franco, fueron detenidos como presuntos implicados en el crimen. De acuerdo con la Policía, uno de ellos habría reconocido su participación en los hechos durante las primeras diligencias.

Hallan cuchillos y objetos contundentes en la vivienda

Durante la intervención en el inmueble, los agentes encontraron cuchillos, martillos y otros objetos contundentes que serían sometidos a pericias como parte de la investigación.

Asimismo, la Policía investiga si parte de los restos humanos habrían sido entregados a perros que permanecían dentro de la vivienda. Según se informó, en el lugar fueron encontrados seis canes, incluidos algunos de raza pitbull.

El jefe encargado de la Región Policial Cusco, Carlos Guizado, confirmó que las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el crimen y cuál habría sido el móvil del asesinato.

Víctima fue reportada desaparecida

Rudy Benavides había sido reportado como desaparecido luego de salir de su centro de trabajo el pasado 18 del mes. Según información preliminar, laboraba en un establecimiento del centro histórico del Cusco y no volvió a comunicarse con su familia.

Los familiares presentaron la denuncia por desaparición varios días después y la Policía inició las investigaciones correspondientes. Posteriormente, los agentes recibieron información de que la víctima había sido vista ingresando a una vivienda en la APV Manantiales.

Cuando los efectivos llegaron al inmueble, encontraron a Gabriel Condori, quien mostró una actitud nerviosa y terminó revelando información que permitió el hallazgo de los restos humanos dentro de la vivienda.

Investigación en curso

El Ministerio Público confirmó que se dictó detención preliminar por siete días contra los dos intervenidos mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, Manuel Mayorga, señaló que durante ese periodo se recopilarán pruebas y pericias para sustentar un eventual pedido de prisión preventiva contra los sospechosos.

Durante las diligencias de reconstrucción realizadas por las autoridades, vecinos y familiares de la víctima reaccionaron con indignación y agredieron físicamente a uno de los detenidos, por lo que la Policía tuvo que intervenir para controlar la situación.

Policía detiene a dos sospechosos

La Policía Nacional del Perú detuvo de forma preliminar a dos jóvenes acusados de participar en el asesinato y desmembramiento de Rudhy Benavides, un ciudadano reportado como desaparecido desde el 18 de abril en Cusco. Los detenidos, identificados como Oscar Franco Tinco y Gabriel Condori Olmedo, ambos de 21 años, permanecerán bajo custodia durante siete días mientras avanzan las investigaciones por homicidio agravado. La intervención policial se realizó luego de que los familiares de la víctima aportaran información clave que permitió localizar el inmueble donde se hallaron los restos de Benavides dentro de ollas de cocina.

El operativo en el distrito de San Jerónimo incluyó el levantamiento de evidencias de alto valor criminalístico, como dos armas blancas, un martillo, una tijera y objetos con manchas biológicas. Estas pruebas, junto con teléfonos móviles y documentos personales incautados durante las diligencias, serán analizadas por el equipo forense. El coronel Carlos Guizado, vocero de la región policial de Cusco, destacó que estos elementos vinculan directamente a los sospechosos con el caso y constituyen piezas clave para el esclarecimiento del crimen.

Las autoridades han señalado que, antes del asesinato, la víctima habría compartido una reunión con los acusados donde se consumieron bebidas alcohólicas. La Policía Nacional ubicó y capturó a ambos sospechosos tras cruzar datos y ubicar a sus familiares mediante registros oficiales. Hasta el momento no se ha determinado el motivo del crimen, y los familiares de Benavides exigen justicia frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal en Cusco, reclamando la máxima sanción para los responsables.

El acusado, oriundo de la zona de Villa Jardín, tiene 18 años: era menor de edad al momento del crimen. Llegó a la mayoría de edad con un pedido de captura sobre su cabeza. Al verse sitiado por detectives de la División Homicidios de la PFA en su barrio, decidió presentarse ante la Justicia y quedó detenido.

En el medio, aceptó ser indagado por la fiscal a cargo de la UFI de Menores N°2 de Avellaneda-Lanús. Otros tres motochorros participaron en el hecho: todos ellos continúan prófugos.

El hecho ocurrió el jueves 26 de marzo pasado, a plena luz sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Gerli y Lanús Oeste. Ceballos, de 34 años, que se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA, se encontraba con su novia al momento del hecho.

Cuatro delincuentes, que se movían en dos motos, lo abordaron para luego dispararle. Así, recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en una pierna. Los delincuentes tomaron su moto y escaparon.

Ceballos fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después. El caso fue inicialmente investigado por el fiscal Martín Rodríguez, con tareas delegadas a la División Homicidios de la DFI de la Federal. Al detectar la presencia de menores en la banda, Rodríguez envió el expediente a la fiscalía en turno.

Oriundo de Alejandro Korn, Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Al conocer la noticia, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al hecho a través de sus redes sociales: “Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo. Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento", escribió.

Y concluyó: "Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.

Cuatro mujeres fueron asesinadas tras ser atacadas con disparos de arma de fuego la noche del pasado lunes 27 de abril, en las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna, en Culiacán, Sinaloa.

Tras el ataque, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron para dar con los responsables, sin que hasta el momento se reporte su detención.

Las autoridades estatales dieron a conocer que las cuatro personas atacadas son mujeres. Los hechos fueron reportados minutos después de las 20:00 hrs.

Identifican a víctimas

Las cuatro víctimas del ataque armado registrado el pasado lunes en el Mercadito Rafael Buelna, fueron identificadas por las autoridades.

Se trata de Karely N de 41 años de edad, así como su hija, Itzel N de 22 años de edad.

Las otreas dos víctimas fueron identificadas como Sara Elizabeth, de 30 años de edad, y Teresa N, de 35 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la calle Miguel Hidalgo, entre Hermenegildo Galeana y Jorge García Granados, de la colonia Centro, justo donde se encuentran las instalaciones del mercadito Rafael Buelna. Dos de las víctimas quedaron al interior de una camioneta y otras dos sobre la banqueta.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer, por medio de un comunicado, que se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y los procesos de identificación correspondientes.

Video muestra el momento del ataque

De acuerdo con el medio Debate, de Sinaloa, un video en poder de las autoridades sobre este ataque armado, reveló que fue un solo sujeto el que disparó contra las cuatro mujeres, y que tras el asesinato, habría huído del lugar a pies sin ser detenido.

Las imágenes, según la información difundida, mostrarían a un hombre vestido con pantalón de mezclilla azul, camiseta negra y cachucha oscura.

Su comportamiento, de acuerdo con lo descrito, no levanta sospecha entre los presentes. Se puso frente a las víctimas con calma, sosteniendo un teléfono celular en la mano izquierda, y simulando una llamada.

En cuestión de segundos, saca el arma corta con la que llevaría a cabo el ataque, y dispara contra dos de las mujeres que estaban sentadas afuera de un establecimiento. La agresión fue directa, sin advertencia alguna. En seguida, se obaseva al mismo sujeto girar y accionar de nuevo el arma, ahora contra otras dos mujeres que estaban dentro de una camioneta estacionada frente al lugar.

Tras el atentado, autoridades cerraron parcielmente esa zona del centro de Culiacán.

Un doble crimen cometido en el condado de Miami-Dade ha sacudido a la comunidad local tras la detención de un anciano acusado de asesinar a su esposa y a su hijastro en el apartamento que compartían. El caso, cargado de detalles inquietantes y contradicciones, expone la complejidad de los conflictos familiares y la importancia de la labor policial para desentrañar versiones y pruebas en crímenes domésticos. La investigación se ha centrado en la figura de José Vidal, un hombre de 79 años, cuya detención y procesamiento judicial se han convertido en el eje de un proceso penal que aún genera interrogantes.

El arresto de José Vidal se produjo después de que agentes de las autoridades locales reunieran suficientes elementos para imputarle dos cargos de asesinato en segundo grado con arma. El hombre, identificado en los registros carcelarios como José Vidal, permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial. De acuerdo con los documentos oficiales, la acusación se fundamenta en la presunta autoría del doble homicidio ocurrido en el domicilio familiar, localizado en la cuadra 17500 y la 67th Place al noroeste del condado. El procedimiento judicial avanza con Vidal privado de libertad, sin opción a fianza, tras su presentación ante un juez durante el fin de semana.

Hallazgo de las víctimas y condiciones de la escena

El caso comenzó a esclarecerse cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron a la vivienda señalada. En el interior del apartamento, los oficiales hallaron los cuerpos sin vida de la esposa e hijastro de Vidal, cada uno en distintas áreas del inmueble. Según el reporte policial, ambas víctimas presentaban heridas de arma blanca y señales evidentes de violencia, lo que llevó a los investigadores a descartar rápidamente la hipótesis de un accidente o muerte natural.

El análisis inicial de la escena permitió identificar huellas de calzado con sangre en varias zonas del interior de la vivienda. Estos rastros, lejos de ser detalles menores, se convirtieron en piezas fundamentales para reconstruir los movimientos y posibles acciones del responsable dentro del apartamento. Los detectives localizaron unas sandalias en la cocina que, aunque habían sido limpiadas, aún conservaban rastros biológicos compatibles con la sangre hallada en la escena, lo que reforzó las sospechas sobre la implicación directa del residente principal.

Versión inicial del sospechoso y contradicciones detectadas

Tras la comisión del crimen, José Vidal se presentó por sus propios medios en el Memorial Hospital West, en Pembroke Pines, luego de recorrer varios kilómetros en bicicleta desde su residencia. En ese centro médico, el anciano ofreció una versión de los hechos que, según la investigación, resultó inconsistente y plagada de contradicciones. Vidal afirmó haber encontrado la puerta de su vivienda abierta y relató que fue atacado por dos hombres desconocidos que supuestamente lo dejaron inconsciente.

Según su narración, permaneció sin conocimiento hasta el día siguiente, momento en el que, al despertar, habría descubierto los cuerpos de su esposa y su hijastro. Aseguró además que llamó al 911 antes de dirigirse al hospital. Sin embargo, los elementos recabados por los investigadores pusieron en duda su relato desde el principio. Al ser examinado por personal médico en un hospital de Hollywood, solo se le detectó una herida leve en el abdomen y ninguna lesión en la cabeza, contradiciendo su declaración de haber estado inconsciente durante horas como resultado de una supuesta agresión.

En un párrafo autónomo y directo: José Vidal aseguró haber sido víctima de un ataque por parte de dos desconocidos, pero los informes médicos y las pruebas encontradas en la escena no respaldaron esa versión. Los investigadores determinaron que sus declaraciones no coincidían con las evidencias físicas ni con la cronología de los hechos, debilitando su coartada desde los primeros momentos de la pesquisa.

Conflicto familiar previo y posible móvil económico

El trasfondo del doble crimen reveló un conflicto económico de larga data entre el acusado y su hijastro. Las pesquisas policiales indicaron que existía una disputa previa por la desaparición de una suma considerable de dinero. Según el informe oficial, la víctima había expresado a familiares su intención de expulsar a Vidal del hogar apenas un día antes de los hechos. Este dato aportó un posible móvil para el crimen y explicó la tensión creciente dentro del núcleo familiar.

Durante el interrogatorio, el propio Vidal reconoció que había protagonizado un enfrentamiento físico reciente con su hijastro, motivado por la discusión sobre el dinero desaparecido y la inminente expulsión del apartamento. La existencia de este conflicto fue considerada por los agentes como un elemento clave para comprender la dinámica y el desenlace fatal de la disputa familiar.

Evidencias materiales y registros de cámaras de seguridad

La labor de los investigadores se apoyó en pruebas materiales y registros de cámaras de seguridad. Imágenes de vigilancia mostraron al sospechoso utilizando las sandalias manchadas de sangre en el interior del apartamento. Además, los detectives revisaron grabaciones en las que se observa a Vidal realizando varios recorridos hacia un contenedor de basura cercano, transportando bolsas durante la jornada anterior al hallazgo de los cuerpos. Ningún video mostró la presencia de personas que coincidieran con la descripción de los supuestos agresores mencionados por Vidal en su versión inicial.

Otro registro de cámara captó al acusado deteniéndose en una estación de servicio para comprar boletos de lotería mientras se dirigía al hospital. Este detalle, lejos de ser anecdótico, reforzó las inconsistencias en su relato sobre el supuesto estado de conmoción y urgencia tras los crímenes.

Situación judicial actual de José Vidal

Tras la acumulación de pruebas y testimonios, José Vidal fue ingresado en la cárcel del condado y presentado ante un juez, quien determinó su detención sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial. Los cargos de asesinato en segundo grado con arma se mantienen vigentes en los registros del sistema penitenciario, mientras la investigación sigue su curso a la espera de nuevas audiencias y posibles revelaciones.

La dirigente política, que hace parte del Congreso a la par de que avanza en su campaña política, sostuvo que, lejos de victimizarse, lo que busca con la divulgación de esta información es que se le preste atención a las amenazas que afronta en el ejercicio político. Insistió en que el país no puede doblegarse ante la violencia que afronta en su día a día, con el fortalecimiento de organizaciones de corte narcoterrorista.

La alerta fue informada oficialmente por el Gobierno nacional, que autorizó la difusión de la amenaza por parte de la candidata de centroderecha. En sus declaraciones, la aspirante indicó que detrás del plan para acabar con su vida estaría el frente 42, bajo la coordinación de un individuo conocido como “Buche” o “Buchetula”, al que le habrían pagado la suma mencionada para ejecutar el posible crimen.

Pese a ello, existen dudas sobre cuál sería el referido grupo, pues en la actual estructura armada dicho frente no existiría y, en el organigrama de las viejas Farc, correspondía al conocido frente Manuel Cepeda Vargas: que fue una fuerza que operó en departamentos como Valle del Cauca, en especial Cali y Buenaventura, responsable de extorsiones, narcotráfico y atentados, aunque tras el Acuerdo de Paz fue desmantelada.

“La estamos denunciando porque esta, a diferencia de muchas otras, sí nos fue informada por el Gobierno nacional y, a diferencia del anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública. Creo que hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las condiciones que están viviendo los que estamos de candidatos con esquemas de seguridad, con policía”, afirmó Valencia.

Con ello, la información sobre el atentado se hizo pública para que los ciudadanos comprendan la situación que atraviesan los candidatos bajo custodia policial y para ilustrar la gravedad en materia de seguridad, sobre todo para los habitantes del suroccidente del país. De esta manera, dejó en claro que espera que se refuercen los esquemas de seguridad de los participantes en la contienda, sin hacer nuevas peticiones.

En consecuencia, Valencia confirmó que, pese a la gravedad de la situación, continuará con actividades en la plaza pública y mantendrá su agenda de campaña en regiones críticas. “Nos mantenemos en la plaza pública”, advirtió la parlamentaria del Centro Democrático, que estuvo acompañada en esta revelación por miembros de su campaña, que en el fin de semana estuvo en regiones como Antioquia y Valle del Cauca.

Paloma Valencia no sería la única que sería blanco de los criminales

El temor por el avance de estructuras armadas en medio de la campaña electoral no afecta únicamente a la senadora. Fue el propio partido Centro Democrático el que denunció que también existían amenazas contra su más fuerte contradictor, Iván Cepeda, que, en respuesta, pidió que se revelen las pruebas sobre estas informaciones, que causaron alerta en las toldas oficialistas, al provenir justamente desde la oposición.

Valencia, al ser consultada por este asunto, lanzó pullas a su contradictor. “Pues este es el clima que le ha dado el Pacto Histórico a Colombia. Esta es la Paz Total de Cepeda, que le ha salido divinamente a los violentos y muy costosa a los colombianos. Yo sobre la información del presunto atentado de Iván Cepeda no puedo opinar porque no tengo información al respecto”, remarcó la congresista frente a este suceso.

A su vez, frente a si estas amenazas se deben a su posición frente a los grupos armados, la candidata respondió que el vínculo es directo, al punto que precisó cuál sería su primer acto de gobierno en materia de orden público. “El 7 de agosto, el primer decreto que firmo reactiva las órdenes de captura contra todo el cartel de la Paz Total. Los bandidos no van a estar en las tarimas ni en el Congreso, van a estar en la cárcel”.

Mientras aguarda los refuerzos prometidos en su esquema de protección, Valencia reiteró su decisión de proseguir la campaña en el suroccidente y en todo el territorio, al afirmar que serán los criminales los que deban temer. “Colombia no puede seguir con un gobierno que se ha hecho cómplice del narcoterrorismo y que le ha hecho esa paz total que le ha salido divinamente a los criminales y muy costosa a los colombianos”, dijo.

En lo que respecta a las investigaciones en curso y los detalles del atentado frustrado, la congresista sostuvo que no puede entregar información adicional para no entorpecer las acciones judiciales. Asimismo, aseveró que el país debe conocer la realidad de las amenazas a líderes políticos y puso en duda la legitimidad de las estrategias oficiales de pacificación, que buscarían proteger, según ella, a los grupos armados.

De acuerdo con información policial y fiscal, el Ministerio Público consiguió que se dicte detención preliminar por siete días contra Oscar Franco Tinco (21) y Gabriel Condori Olmedo (21), quienes habrían participado directamente en el homicidio y posterior desmembramiento de la víctima. Asimismo, los restos de Benavides habrían sido hallados dentro de ollas de cocina, en estado de cocción.

La intervención se produjo tras una serie de diligencias iniciadas luego de que los familiares recibieran información clave sobre el último paradero de Benavides, lo que permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) ubicar el inmueble donde ocurrió el crimen.

Detención de sospechosos y evidencias clave en el caso

El operativo que permitió la captura de los implicados se realizó tras el levantamiento de información y el cruce de datos que llevaron a los agentes hasta el distrito de San Jerónimo. Según detalló el coronel PNP Carlos Guizado, vocero de la región policial Cusco, durante la intervención se hallaron evidencias de alto valor criminalístico que vincularían directamente a los detenidos con el asesinato.

“Se encontró gran cantidad de evidencias de interés criminalístico, dos armas blancas, cuchillo, un martillo, elemento contundente, una tijera y todos ellos con manchas biológicas”, indicó la autoridad policial, precisando que estos objetos serán fundamentales para el desarrollo de las pericias forenses.

Las investigaciones preliminares también revelan que ambos sospechosos habrían estado con la víctima en una reunión donde se consumieron bebidas alcohólicas antes de que ocurriera el crimen. A partir de esta información, la Policía logró identificar al segundo implicado y proceder con su captura en las inmediaciones del mercado Vinocanchon, luego de ubicar a sus familiares mediante registros oficiales.

Asimismo, durante las diligencias se incautaron celulares, documentos y otros objetos personales, los cuales serán analizados como parte del proceso para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades han evitado brindar mayores detalles sobre este material debido a que forma parte de la investigación en curso.

Familia exige justicia mientras se investiga el móvil del crimen

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de la víctima realizaron un plantón frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Cusco, donde exigieron justicia y la máxima sanción contra los responsables. Entre gritos y pancartas, pidieron que el caso no quede impune y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de Rudhy Benavides.

Uno de los aspectos que aún genera incertidumbre es el móvil del crimen, ya que, según versiones de los allegados, no existiría una relación de amistad previa entre la víctima y los detenidos. Esta situación ha sido confirmada por la Policía, que indicó que, por el momento, no se ha logrado establecer el motivo que llevó a los presuntos implicados a cometer un acto de tal violencia.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, el día de su desaparición, Benavides salió con rumbo a su centro de trabajo en el centro histórico de Cusco, pero nunca llegó. Las pesquisas apuntan a que ese mismo día habría tenido contacto con los detenidos, primero en otro lugar y posteriormente en la vivienda donde finalmente se produjo el crimen.

El caso, que inicialmente fue investigado como una desaparición, dio un giro tras el hallazgo del cuerpo en condiciones estremecedoras, convirtiéndose en una investigación por homicidio agravado. Las autoridades no descartan que en los próximos días se revelen nuevos elementos que permitan entender la secuencia de los hechos y las razones detrás de este crimen que ha impactado a toda la región.

Brandon “N”, conocido como “El Pañal”, fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en un doble homicidio registrado en la alcaldía Iztapalapa y un robo a casa habitación con violencia cometido en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se logró consolidar dos procesos penales paralelos al obtener la vinculación a proceso de Brandon “N”, quien fue detenido el pasado 14 de abril en la alcaldía Tláhuac.

El Ministerio Público presentó pruebas derivadas de entrevistas, análisis de cámaras del C5 y dictámenes periciales que resultaron determinantes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así fueron los delitos que se le imputan

De acuerdo con la investigación, fue el 23 de enero de 2024 cuando una pareja fue asesinada mientras se encontraba en su automóvil en la colonia El Molino Tezonco, en Iztapalapa. Un individuo disparó desde una motocicleta y provocó la muerte en el lugar de ambas víctimas, hecho por el que se le atribuye participación a Brandon “N”.

El caso de Brandon “N” ha avanzado por dos vías: la primera por el homicidio en Iztapalapa y la segunda por un robo a casa habitación ocurrido el 9 de septiembre de 2025, en la colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac.

En este último, el sujeto habría ingresado armado a un inmueble, intimidado a los residentes y sustraído aproximadamente 700 mil pesos junto con otros objetos de valor. Estos bienes fueron transportados a una camioneta donde estaba presente Lorna “N”, considerada su probable cómplice.

La detención de Brandon “N” fue ejecutada el 14 de abril de 2026 por agentes de la Policía de Investigación, quienes lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, el 17 de abril, se cumplimentó una segunda orden de aprehensión en su contra, ya en reclusión, relacionada con el robo violento.

En paralelo, la detención de Lorna “N” fue realizada el 14 de abril en Iztapalapa. Ambas personas enfrentan imputaciones por robo a casa habitación con violencia y se les impuso prisión preventiva, según resolvió la autoridad judicial en audiencias por separado.

La investigación consiguió articular los dos hechos delictivos y fortalecer los procesos penales gracias a la labor ministerial y de la Policía de Investigación.

Estas detenciones se suman a la de Yael “N”, señalado por su presunta participación en una red de pornografía infantil, quien fue localizado en la alcaldía Azcapotzalco luego de que las autoridades recibieron una alerta internacional emitida por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos.

De acuerdo con las indagatorias, el sujeto habría almacenado y compartido material con contenido sexual de personas menores de edad a través de su correo electrónico entre el 29 y 30 de marzo de 2025.

Debido a lo anterior, Yael “N” es acusado por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. Actualmente se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras se realiza el cierre de la investigación complementaria, la cual finaliza en un plazo de tres meses.

Testigos afirmaron que el sujeto arremetió primero contra una mujer de la tercera edad a la que le propinó heridas en el cuello y minutos más tarde fue declarada muerta. Después atacó a otra mujer que recibió heridas de gravedad, pero fue llevada a un centro médico a tiempo.

Antes de que pudiera atacar a otras personas en la zona que conecta a los barrios El Salitre y Ducales con la autopista Sur, ciudadanos se unieron para neutralizar al individuo.

En un video que fue difundido a través de redes sociales, se observa cómo la adulta mayor estaba en el piso, mientras que a pocos metros, el presunto habitante en condición de calle estaba siendo resguardado por policías para que no recibiera ataques por parte de los presentes.

Esto no evitó que algunas personas intentaran tomar justicia por mano propia y le propinaran algunos golpes al individuo. “No le pegue, que por eso después lo sueltan”, gritó en repetidas ocasiones un hombre.

Hasta el momento, la Policía de Soacha no ha emitido ninguna declaración sobre el hecho que ha generado temor entre los habitantes de la zona.

Horas más tarde, a través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, hizo una publicación en la que confirmó el deceso de la adulta mayor tras el ataque.

“Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1, Barrio El Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”.

El mandatario municipal confirmó que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea judicializado y se comprometió a trabajar por la seguridad de los soachunos.

“Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida. La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la @PoliciaSoacha y en proceso de judicialización por homicidio. Desde la @Alcaldia_Soacha reiteramos el compromiso de trabajar con todas las instituciones para que hechos como este no se repitan en la ciudad”.

Residentes de la zona no solo lamentaron el hecho registrado frente a la institución educativa, sino que pidieron mayor presencia de uniformados en la zona, puesto que a pocos metros hay una obra por la que ha aumentado la presencia de habitantes en condición de calle.

Sobre la intervención, vecinos afirman que los avances han sido nulos, mientras que ellos deben padecer las consecuencias de tener la vía principal de acceso al barrio en un estado deplorable.

Otro aspecto que está siendo denunciado por los residentes en la zona es la carencia de alumbrado público, lo que hace que estos espacios se hayan convertido en un foco de inseguridad en el municipio.

Precisamente, por problemas de esta índole durante abril se han registrado varias manifestaciones de la ciudadanía en las que han sido bloqueadas las vías principales del municipio, buscando con ello algún tipo de respuesta por parte de la alcaldía.

Un ataque con 34 disparos sacudió la mañana de este viernes el barrio Espíritu Santo, en Esparza, provincia de Puntarenas, donde un niño de 12 años y su padre, de 41, conocidos por el apellido Rosales, fueron asesinados mientras se dirigían a comprar pan.

La cantidad de casquillos recuperados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) marca un nivel de violencia pocas veces registrado en incidentes similares. La investigación inicial encontró los casquillos de bala distribuidos junto al vehículo blanco en el que las víctimas fueron emboscadas y que quedó estacionado frente a su vivienda.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que sus equipos llegaron al lugar a las 5:49 a. m., luego de recibir un aviso sobre dos personas heridas de bala en Espíritu Santo, Esparza. Al arribar, los paramédicos hallaron ya sin vida al menor y al adulto dentro del automóvil, ambos con lesiones de arma de fuego en la cabeza. La escena quedó asegurada por Fuerza Pública, que estableció un doble cordón de seguridad para permitir a los forenses y judiciales el levantamiento de pruebas y cuerpos.

La Escuela Arturo Torres Martínez, donde estudiaba el menor, se convirtió en un foco de tristeza colectiva. Un lazo negro fue colocado en la entrada principal y tanto el personal docente como administrativo portó señales de luto, informó la institución a través de sus redes sociales.

Vecinos del barrio recordaron que padre e hijo tenían la rutina de salir juntos entre las 5:30 y 6:00 horas a comprar pan. Uno de los residentes, cuya identidad prefirió reservar, afirmó a CR HOY que “era un vecino muy querido, un muchacho que no molestaba a nadie y, más bien, nos cuidaba”. El apego entre el menor y su padre era reconocido, ya que siempre se desplazaban juntos, incluso en trayectos a la escuela.

La hipótesis del narcotráfico y antecedentes judiciales

Fuentes policiales consultadas por CR HOY advirtieron que la principal línea de investigación apunta a una represalia relacionada con el narcotráfico en la zona. El adulto de apellido Rosales era investigado por el OIJ como presunto administrador de varios búnkeres de venta de droga, y además contaba con antecedentes penales por delitos de esta naturaleza, habiendo cumplido ya una condena.

El crimen tuvo lugar a escasos metros de la residencia de las víctimas, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad en el vecindario.

Reacción social y operación policial en el lugar

Las secuelas inmediatas del doble asesinato abarcaron tanto a la comunidad educativa como a los organismos de seguridad. El trabajo de campo incluyó la revisión de viviendas aledañas por parte de tres agentes judiciales, en busca de grabaciones de cámaras de vigilancia que pudieran aportar detalles sobre la emboscada.

De acuerdo con el testimonio de una vecina recabado por CR HOY, los disparos se escucharon pasadas las 5:35 a.m. y la reacción de los presentes fue de pánico. El relato señaló la ausencia de ruidos previos de automóviles o motocicletas, lo que podría sugerir la intervención de personas conocedoras del movimiento habitual en el barrio. “Duele mucho; los vecinos estamos consternados”, subrayó la mujer ante el medio.

La coordinación entre la Fuerza Pública y el OIJ permaneció durante varias horas en Espíritu Santo, con el objetivo de conservar la escena y reunir indicios que permitan dilucidar la responsabilidad y el móvil definitivo del hecho. La investigación continúa abierta, con especial atención sobre el posible entorno narco vinculado al hombre fallecido.

La mañana de este viernes 24 de abril siete hombres fueron capturados por autoridades que rápidamente se dirigieron al sitio, donde en un principio se había reportado un choque de un auto Aveo blanco con placas YWF en la avenida San Juan de Aragón casi esquina con Puerto Ensenada, sin embargo, al llegar los policías encontraron al conductor sin vida y con disparos.

Al tratar de evitar las ráfagas balísticas, el auto se impactó en un negocio de productos de sublimación, en el lugar se encontraron varios casquillos percutidos a 50 metros, justo afuera de un depósito de cervezas y bebidas alcohólicas, en la colonia Casas Alemán.

Gracias la rápida acción coordinada de las autoridades y la comunicación con elementos de vigilancia de cámaras del C4, se logró identificar a los hombres que participaron en la agresión y los domicilios a donde se escondieron.

Ante la llegada de más unidades con elementos de seguridad, lograron la captura de tres hombres en una casa y cuatro en otra, en total siete personas fueron detenidas por el hecho.

Mataron a otro hombre a pocas calles, investigan si fueron los mismos agresores

En otro hecho, se encontró a pocas calles de la agresión anterior, el cuerpo sin vida de otro hombre en la avenida Gran Canal, rumbo a Río de los Remedios, a pocas cuadras del asesinato del conductor ya mencionado.

Peritos en el sitio investigan si este caso está relacionado con los atacantes del hombre que chocó en el auto Aveo.

Delitos por alcaldías en la Ciudad de México

Los delitos en Ciudad de México presentan una marcada desigualdad territorial, según los datos de 2025 proporcionados por la Fiscalía General de Justicia capitalina. En ese periodo, la alcaldía Cuauhtémoc concentró la mayor parte de los robos denunciados, mientras que otras demarcaciones lideraron en homicidios y diferentes tipos de crimen. El informe revela que, en total, se registraron 71 mil 160 denuncias de robos en la ciudad, lo que equivale a aproximadamente 195 robos al día.

Aproximadamente, dos de cada diez robos ocurrieron en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, que incluye zonas como el Centro, Roma, Condesa y Juárez. Esta concentración destaca la vulnerabilidad de áreas de alta actividad comercial y residencial frente a los delitos patrimoniales. La distribución de los delitos varía considerablemente por alcaldía, mostrando patrones diferenciados entre las demarcaciones.

Variación de los delitos según la alcaldía

El análisis de la incidencia delictiva por colonia permite apreciar cómo ciertas demarcaciones presentan particularidades en la frecuencia y el tipo de delitos. En el caso de Iztapalapa, se reportó el mayor número de homicidios en la ciudad, concentrando un porcentaje significativo de las investigaciones abiertas por este delito. Al mismo tiempo, colonias de Benito Juárez y Miguel Hidalgo exhibieron índices elevados de delitos por habitante, lo que sugiere dinámicas de inseguridad específicas en estos territorios.

Durante 2025, se detectó que los secuestros y las extorsiones se concentraron en zonas de alto flujo urbano, principalmente en Cuauhtémoc y sus alrededores. Sectores como Lomas de Chapultepec, Condesa y Roma formaron parte de este grupo, reforzando el peso de Cuauhtémoc en la estadística general de delitos en la ciudad.

Aumento de delitos sexuales y presencia en zonas periféricas

Un aspecto destacado del reporte es el crecimiento de los delitos sexuales en varias alcaldías de la capital. Aunque estos no figuran entre los más frecuentes en términos absolutos, su incremento relativo y su aparición en alcaldías periféricas como Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco generaron preocupación entre especialistas y autoridades. El aumento de estos crímenes fue identificado como una tendencia que requiere atención específica para su prevención y persecución.

La radiografía de la criminalidad capitalina muestra una ciudad con marcados contrastes en materia de seguridad: zonas caracterizadas por una alta densidad de robos y otros delitos patrimoniales conviven con áreas donde predominan crímenes de mayor gravedad, como los homicidios o los delitos sexuales.

Subregistro y cifra negra de delitos en la ciudad

El análisis también advierte sobre la cifra negra de delitos en México, estimada en cerca de nueve de cada diez casos que no llegan a ser denunciados. Esta proporción sugiere que los datos oficiales podrían subestimar la magnitud real de la inseguridad en las colonias de Ciudad de México. La falta de denuncia representa un desafío adicional para las autoridades, que deben basar sus estrategias en registros que no reflejan por completo la realidad cotidiana de los habitantes.

Un violento episodio doméstico ocurrido en Salisbury, Carolina del Norte, ha conmocionado a la comunidad local. En la madrugada del 9 de abril, se registró un incidente que terminó con la muerte de Richard Shoff, un hombre de 93 años, y la detención de su esposa, Yorleni Shoff, de 58 años, acusada de haberlo agredido con un jarrón durante una supuesta disputa doméstica. El suceso tuvo lugar en la residencia que ambos compartían y ha dado pie a una investigación por homicidio que sigue abierta.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Rowan, los hechos se desarrollaron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los agentes acudieron a la vivienda tras recibir una llamada al 911 realizada por la propia Yorleni Shoff. En la comunicación, la mujer informó que su esposo se encontraba tendido en el suelo y sangrando, lo que motivó la rápida intervención policial en el domicilio ubicado en Salisbury. Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de una considerable cantidad de sangre, lo que sugería la ocurrencia de una agresión violenta en el interior de la vivienda.

El hallazgo inicial de los agentes fue determinante: Richard Shoff fue encontrado inconsciente y con heridas graves en la cabeza, por lo que se dispuso su traslado de urgencia a un hospital local. Las autoridades precisaron que las lesiones sufridas por el hombre tenían carácter crítico y eran compatibles con un ataque violento. La gravedad de su estado quedó reflejada en el parte médico, que indicaba que Richard Shoff luchaba por su vida tras haber sido víctima de un acto de violencia doméstica.

En las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades informaron que las heridas en la cabeza de Richard Shoff estaban directamente relacionadas con el uso de un objeto contundente. La investigación preliminar apuntó a un jarrón roto encontrado en la escena, que presuntamente habría sido utilizado como arma durante la agresión. Los agentes recuperaron este elemento como prueba clave en el caso, pues presentaba claros indicios de haber sido empleado en el ataque.

Durante el procedimiento en la vivienda, los investigadores obtuvieron una orden de registro debido a los indicios de violencia. La cantidad de sangre hallada en el lugar y el estado del jarrón reforzaron la hipótesis de un enfrentamiento físico. Los análisis forenses se centraron en determinar la dinámica del incidente, así como la participación directa de Yorleni Shoff en los hechos. La recopilación de pruebas materiales y testimonios fue esencial para fundamentar los cargos iniciales presentados contra la esposa de la víctima.

Tras la primera fase de la investigación, Yorleni Shoff fue detenida en el lugar y enfrentó cargos por agresión con arma mortal con resultado de lesiones graves y violencia doméstica. Según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Rowan, la mujer fue puesta en libertad el 17 de abril luego de pagar una fianza de 500.000 USD. Sin embargo, la situación legal de Yorleni Shoff cambió drásticamente cuando, un día después, se notificó a los detectives que Richard Shoff había fallecido a causa de las heridas sufridas durante la agresión. Este giro en los acontecimientos llevó a que los cargos fueran elevados a asesinato en primer grado.

La segunda detención de Yorleni Shoff se produjo tras su localización en el hotel Sleep Inn de Bendix Drive en Salisbury, donde fue arrestada sin incidentes. Desde entonces, permanece recluida en el Centro de Detención del Condado de Rowan sin derecho a fianza, mientras avanza la investigación por homicidio. La gravedad de los cargos y la naturaleza del delito han motivado que la mujer continúe bajo custodia, a la espera de los próximos pasos judiciales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Rowan ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para esclarecer completamente lo ocurrido. Las autoridades han instado a cualquier persona que disponga de información relevante sobre la muerte de Richard Shoff a que se ponga en contacto con los responsables de la investigación. En el comunicado emitido, se proporcionaron los contactos directos del teniente Ryan Barkley (704-216-8711) y del sargento Kevin Holshouser (704-216-8683), quienes están a cargo de recibir datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, la Oficina del Sheriff no ha emitido declaraciones adicionales sobre el avance de la investigación y ha declinado responder nuevas preguntas de los medios, según se informó el viernes 24 de abril. El caso sigue abierto y las autoridades continúan recabando elementos que permitan reconstruir la secuencia exacta de los hechos que derivaron en la muerte de Richard Shoff.

Veintitrés años después de que Michelle Rust desapareciera sin dejar rastro en el condado de Baltimore, su esposo fue arrestado y acusado formalmente de su asesinato. Dwight “DJ” Rust Jr. enfrenta cargos de homicidio en primer grado tras una investigación que, aunque se inició en 2002, no produjo resultados concretos hasta esta semana.

Un gran jurado acusó formalmente a Dwight Rust luego de décadas de silencio judicial. Fue arrestado el martes y, al día siguiente, un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras aguarda el inicio del proceso.

La desaparición de una madre de 24 años

Michelle Rust tenía 24 años cuando fue vista por última vez el 20 de julio de 2002. Según declaró su esposo a la policía en aquel entonces, ella salió de su casa, en la cuadra 1800 de Clarke Boulevard, alrededor de las 9:30 de la mañana con destino a una tienda, donde supuestamente compraría artículos para la fiesta del tercer cumpleaños de su hijo. Nunca regresó.

La versión de Dwight Rust chocó desde el principio con los testimonios de otros. Durante la investigación inicial, agentes entrevistaron a testigos que aseguraron no haber visto a Michelle salir de la vivienda ni conducir su vehículo ese día. La última imagen registrada de ella era al volante de una furgoneta Dodge verde.

El suegro de Michelle fue quien encontró el vehículo abandonado en la cuadra 2400 de Zion Road. Estaba vacío y la llave de la cerradura de la puerta del conductor aparecía rota, un detalle que intensificó las sospechas desde el inicio.

El caso se reabre dos décadas después

Durante más de 20 años, el caso permaneció sin resolverse. En 2023, la policía lo retomó tras concluir que la desaparición fue consecuencia de un crimen. La cabo Dona Carter, de la Oficina de Investigaciones Criminales, explicó los motivos: “No había actividad en sus cuentas bancarias ni se habían emitido cheques. Era una madre y una hija ejemplar. No habría desaparecido sin más, así que era evidente que había sido víctima de un crimen”.

En el marco de la reanudación de las pesquisas, los investigadores regresaron a la cuadra 1800 de Clarke Boulevard y utilizaron un radar para buscar nuevas pistas. Las diligencias también permitieron descartar a los padres biológicos de Michelle como posibles sospechosos.

Fiscalía apunta a una aventura extramatrimonial como móvil

Durante la audiencia de revisión de fianza celebrada el miércoles, el fiscal adjunto Jacey Sheckells presentó ante el tribunal lo que considera el móvil del crimen: una relación extramatrimonial que Dwight Rust mantenía en 2002. Según la fiscalía, el acusado tomaba “medidas concretas” para iniciar una nueva vida con esa mujer y planeaba abandonar a Michelle justo después de la fiesta de cumpleaños de su hijo, el mismo día en que ella desapareció. Sheckells también argumentó que Dwight Rust había ocultado ese vínculo a las autoridades durante años, y alertó sobre el riesgo de que el acusado pudiera intimidar a testigos del vecindario si quedaba en libertad.

La defensa, encabezada por el abogado Jeremy Eldridge, rechazó los argumentos de la fiscalía. “Si el motivo es que Dwight Rust Jr. tuvo una aventura, se necesita algo más que eso”, sostuvo. Eldridge subrayó que su cliente no tiene antecedentes de violencia doméstica ni acusaciones de haber amenazado o maltratado a su esposa, y descartó que represente un peligro para los testigos. Afirmó, además, que tanto Dwight Rust como su entorno han colaborado con las autoridades de forma ininterrumpida desde 2002.

Familiares en el tribunal y próximos pasos judiciales

La jueza del Tribunal de Distrito Krystin Richardson falló a favor de la fiscalía y ordenó mantener a Dwight Rust en prisión, citando preocupaciones de seguridad pública, pese a reconocer que una evaluación previa al juicio determinó que reúne los requisitos para el arresto domiciliario y que no registra antecedentes penales. Familiares y amigos del acusado, incluida su actual esposa, se presentaron en la sala para expresarle su apoyo.

El padre de Michelle, en una entrevista de 2023 con el canal WJZ, había resumido el peso de esos años de incertidumbre: “Uno se levanta cada día y se siente inútil porque no hay nada que pueda hacer por su hija”.

Dwight Rust comparecerá próximamente ante el Tribunal de Circuito del Condado de Baltimore, instancia en la que se fijará la fecha del juicio.

El único imputado en la causa es, L. R. B., alias “Chucky”, con quien la víctima mantenía una relación casual. Actualmente, se encuentra detenido, con prisión preventiva. El cuerpo de la víctima fue encontrado calcinado y desmembrado a mediados de febrero, detrás de un cementerio.

Según manifestó Edit Medina, hija de la víctima, ahora, se difundieron filmaciones que evidenciarían el recorrido que realizó L. R. B. para descartar las partes del cadáver. De acuerdo con las cámaras de seguridad, el hombre se trasladó en su moto el domigno 16 de febrero, cerca de las 17 horas. Llevaba grandes bolsas.

“No lleva un cuerpo entero. En ese paquete la lleva desmembrada”, dijo Edith en un diálogo con Canal 7 de Santiago del Estero.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Panorama, el avance de la investigación se ve obstaculizado por la falta de hallazgos completos de los restos de la víctima.

“Cerca del cementerio solo se encontró cintura, piernas y el cráneo de mi madre. Me tuve que enterar por redes sociales que mi mamá había sido encontrada parte por parte y es lo único que nos entregaron para darle sepultura”, lamentó. Esta situación complica el trabajo de establecer cuál fue la mecánica del crimen.

La familia Medina reclama que se intensifiquen los rastrillajes en la zona para dar con los restos faltantes, ya que la fragmentación del hallazgo complica el trabajo de los especialistas y deja abiertas varias incógnitas. “Mientras no aparezcan todas las partes, no vamos a saber qué pasó con mi mamá”, lamentó Edit y sumó: “Quiero pedirle a la Justicia que no se olvide del resto del cuerpo de mi madre”.

El hallazgo del cuerpo Ramona Medina ocurrió tras el fin de semana largo de Caranval en un campo junto al cementerio de la zona. El cadáver estaba envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según el entorno familiar, Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero cuando se dirigía animada hacia los festejos de carnaval en el corsódromo. Edith, relató que la mujer se encontraba “feliz” y vestía un short de jeans y una remera blanca. Entre sus planes figuraba encontrarse con el detenido.

El caso tomó un giro inesperado por la declaración de un remisero, quien relató haber visto a una mujer sentada en una galería y a un hombre que intentaba incorporarla en una vivienda del barrio Herrera El Alto. El conductor decidió no tomar el viaje, ya que pensó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

A raíz de esa denuncia, el fiscal Gustavo Montenegro ordenó un allanamiento de urgencia. Los efectivos detuvieron a “Chucky”, de 38 años, e incautaron dos teléfonos, uno de ellos perteneciente a la víctima. En la comisaría, el sospechoso habría confesado el crimen y señaló el sitio donde se encontraba el cuerpo.

Las autoridades buscan determinar si el fuego o animales carroñeros provocaron esa destrucción. El avance de las pericias será clave para esclarecer los detalles finales del hecho.

En el marco de la causa, “Chucky” fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde el Centro Único de Detenidos de la ciudad Capital hasta el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo para ser sometido a las primeras pericias psicológicas. Participaron peritos designados por la Fiscalía y la defensa.

Un vendedor de drogas y su acompañante fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Darío Cucit, un hombre de 36 años de Correa, provincia de Santa Fe, durante un intento de robo de su automóvil. La decisión judicial representa el cierre de un proceso penal que involucró pruebas periciales, análisis de comunicaciones y registros audiovisuales para reconstruir los hechos y determinar la autoría del crimen.

Cucit tenía problema de adicciones a las drogas y acumulaba una importante deuda económica, por eso decidió vender su Ford Fiesta para intentar saldar parte de esas deudas. El fallo, dictado este jueves por el tribunal integrado por las juezas Marisol Usandizaga, Brenda Coassolo y Griselda Strologo en los Tribunales de San Lorenzo, marcó el fin de una investigación que reveló que la presunta compraventa del vehículo fue en realidad una emboscada de los imputados: Ramón Alberto Rojas de 59 años e Iván Castillo de 36 años.

La victima fue vista por última vez cuando salió de su hogar en Correa a las 19.20 del martes 30 de julio de 2024. Se dirigió por la Ruta 9 hasta encontrarse con Ramón Alberto Rojas, domiciliado en las cabañas del Parque Sarmiento de Carcarañá y señalado como vendedor de drogas, quien estaba acompañado por Iván Castillo, oriundo de Buenos Aires. El camino que tomaron quedó documentado gracias a filmaciones de las cámaras de seguridad, que registraron los vehículos circulando por Ruta 9.

A las 20 horas, tras una breve conversación, ambos vehículos se dirigieron hacia Luis Palacios y media hora después, se oyeron los disparos. Cerca de la entrada de la estancia Santa Eulogia, los homicidas despojaron a Cucit de su auto y su teléfono y lo asesinaron disparando cinco tiros. A las 22 horas, la Policía notificó el hallazgo del cuerpo.

El fallo judicial, impuso la pena de prisión perpetua a los responsables. La justicia determinó que el asesinato de Gonzalo Cucit respondió a un robo planificado y ejecutado con extrema violencia, en el marco de una transacción que involucraba a personas vinculadas al narcotráfico regional.

La investigación

La investigación del fiscal Aquiles Balbis reunió testimonios, peritajes y análisis de los teléfonos móviles implicados. El seguimiento de las líneas telefónicas coincidió con los desplazamientos de la víctima y los acusados desde Correa hasta el sitio del asesinato. A esto se sumó la prueba registrada en cámaras, que mostró tanto el encuentro entre los vehículos como los trayectos clave.

En el juicio no se logró establecer cuál de los acusados efectuó los disparos, por lo que ambos fueron sentenciados como partícipes necesarios del delito de homicidio criminis causa, figura que implica asesinar para garantizar la impunidad de otro delito, en este caso el robo del vehículo.

Iván Castillo fue vinculado de forma directa al hallar en su poder la tarjeta de memoria que pertenecía al celular de Cucit. La prueba estaba oculta en la cabaña de Rojas y, pese a que el dispositivo había sido formateado, un análisis forense permitió recuperar imágenes tomadas por la víctima, donde se lo veía tocando la batería o junto a sus mascotas.

Por otro lado, también analizaron a quien conectó a Cucit y Rojas para simular la compra del vehículo, Claudio “Mono” Martin. Fue imputado como partícipe del crimen tras hallarse en su domicilio un cuaderno con anotaciones que confirmaban la deuda de la víctima con él. Las cámaras constataron que Rojas visitó su casa antes y después del asesinato. Martin terminó quitándose la vida en prisión durante el proceso, declarando su inocencia en una de las audiencias.

Durante el cierre del juicio, una hermana de Gonzalo Cucit expresó: “Siento un gran alivio: se hizo justicia por mi hermano. Ahora va a estar tranquilo. Los tipos van a estar presos por mucho tiempo. Se lo merecían, porque la verdad es que mi hermano no se merecía que le hicieran lo que le hicieron”.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que el asesinato de la doctora Bertha Burciaga Mora será investigado por la Fiscalía estatal y pidió que sea esta instancia la que determine responsabilidades, al tiempo que calificó los hechos como un posible “fuego cruzado”.

Sin embargo, familiares, colegas y ciudadanos han rechazado esta versión y acusan negligencia por parte de las autoridades.

Nahle: “Que se encargue la Fiscalía” y promete justicia

Como primer posicionamiento oficial, Nahle subrayó que la investigación ya está en curso y que existen elementos clave para esclarecer lo ocurrido.

Indicó que se cuenta con grabaciones de las cámaras de la caseta donde sucedieron los hechos y confirmó que hay personas puestas a disposición.

La mandataria insistió en que será la Fiscalía General del Estado la encargada de informar avances y deslindar responsabilidades.

“Se va a proceder, se va a hacer justicia… es lamentable”, expresó, al tiempo que envió condolencias a la familia de la víctima.

Aunque mencionó que los hechos podrían enmarcarse en un “fuego cruzado”, evitó profundizar y reiteró que no le corresponde emitir conclusiones.

También sostuvo que las autoridades han mantenido comunicación con los familiares.

Investigación en curso: policías bajo indagatoria

Como parte de las primeras acciones, al menos dos elementos de la Policía Estatal fueron puestos a disposición mientras avanzan las indagatorias.

De manera preliminar, se ha mencionado que podría haber más involucrados, aunque el número exacto será confirmado por la Fiscalía.

Las autoridades revisan los videos de la caseta y realizan diligencias para reconstruir lo sucedido durante el operativo de seguridad que derivó en la muerte de la médica.

Cómo ocurrió el asesinato en la carretera Tihuatlán–Tuxpan

Los hechos se registraron la tarde-noche del lunes 20 de abril, cuando fuerzas de seguridad perseguían a un grupo armado tras el reporte del robo de un vehículo.

La persecución se extendió hasta la caseta ubicada entre Tihuatlán y Tuxpan, donde se produjo un intercambio de disparos.

En ese contexto, la doctora Bertha Burciaga Mora, quien viajaba en su camioneta, resultó herida junto con otra médica que la acompañaba.

Burciaga Mora falleció posteriormente, mientras que su acompañante permanece hospitalizada y reportada como estable.

Familiares rechazan versión oficial: “No fue accidente, fue negligencia”

La versión de “fuego cruzado” ha sido cuestionada por familiares y colegas de la víctima, quienes aseguran que la doctora fue atacada directamente por policías tras una presunta confusión de vehículo.

Los inconformes sostienen que no se trató de un hecho fortuito, sino de un error grave en la actuación de los elementos de seguridad.

A través de mensajes públicos y protestas, han reiterado: “No fue un accidente, fue negligencia”.

El caso ha generado indignación entre trabajadores del sector salud, colectivos feministas y habitantes de la región, quienes exigen justicia y castigo a los responsables.

Convocan a marcha en Poza Rica para exigir justicia

Ante la inconformidad, familiares, amigos y organizaciones sociales convocaron a una movilización este viernes en Poza Rica.

La marcha partirá a las 9:00 de la mañana desde el reloj de la “20” y se ha pedido a los asistentes acudir con ropa blanca como símbolo de paz.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), sección III, se sumó al llamado, enfatizando la necesidad de esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.

Cómo van las investigaciones del caso

• Grabaciones de cámaras de la caseta donde ocurrió el ataque, ya bajo análisis de la Fiscalía.
• Puesta a disposición de al menos dos policías estatales presuntamente involucrados.
• Declaraciones oficiales que apuntan a un “fuego cruzado” durante la persecución.
• Testimonios de familiares que acusan una confusión de vehículo por parte de los agentes.
• Reporte del operativo derivado del robo de una camioneta que detonó la persecución.
• Evidencia balística y diligencias en curso para determinar el origen de los disparos.

El caso de Bertha Burciaga Mora ha generado una fuerte conmoción en Veracruz y reavivado el debate sobre los protocolos de actuación en operativos de seguridad, mientras la exigencia social se centra en que no haya impunidad y se esclarezcan plenamente los hechos.

El asesinato de Diana Lizeth Ramírez Estrada, una niña de once años originaria de Monclova, Coahuila, expone hace diez años la falta de justicia y la escalada de violencia que involucra cada vez más a menores de edad en México. Su caso, recordado hoy en su aniversario luctuoso, marca el inicio del movimiento Voces de la Ausencia, que agrupa a más de doscientas familias en demanda de justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio.

Diana cursaba el quinto año de primaria cuando conoció a Javier, un adolescente de trece años que la pretendía. El 21 de abril de 2016, tras rechazarlo, Javier la asesinó. Por ser menor de catorce años, la ley lo declaró inimputable y no enfrentó consecuencias legales. Esta situación desencadenó una movilización por parte de su madre, Blanca Estrada, que se convirtió en la primera en confiar la historia de su hija para abrir un espacio de duelo, denuncia y memoria colectiva.

El caso de Diana desencadenó un movimiento nacional de familias

La muerte de Diana no solo representa una pérdida irreparable para su familia. También simboliza la lucha constante de madres que, como Blanca Estrada, viven la ausencia todos los días. En el décimo aniversario luctuoso de Diana, su madre subraya que “no hay manera de que la muerte de un hijo deje de doler. No hay psicólogo ni medicamento que quite ese dolor. Se aprende a sobrellevarlo, pero nunca se olvida”.

El movimiento Voces de la Ausencia surge de ese dolor compartido. Hoy reúne a más de 200 familias en México, quienes encuentran en este colectivo un espacio para acompañarse, exigir justicia y visibilizar la problemática de violencia contra la infancia. La madre de Diana reconoce que “el amor no deja de ser; el amor se transforma, el amor permanece hasta el último día de tu vida”. Esta red de madres sostiene la memoria de sus hijas e hijos, y ofrece un mensaje a quienes atraviesan duelos similares: “Llora, grita, escríbele cartas, haz todo aquello que te permita sacar el dolor; el llanto limpia”.

La impunidad y la violencia de menores en aumento

El caso de Diana evidenció la falta de un marco legal eficaz para castigar a menores responsables de asesinatos. Blanca Estrada alertó a las autoridades sobre la urgencia de endurecer las penas para adolescentes infractores. Señala que entonces existían “niñas acabando con la vida de otras niñas, niños portando armas para acabar con la existencia de sus compañeros, niños terminando con sus vidas ya sea por el maltrato o la violencia recibida en casa o en las escuelas. Pequeños cuerpos abandonados en las calles o en basureros con muestras de violencia”.

A raíz de estos crímenes, las madres agrupadas en Voces de la Ausencia denuncian que la violencia letal contra menores ya no es un caso aislado. Han documentado un patrón de sustracciones ilegales y homicidios infantiles que las autoridades ignoran. Estas acciones, según la agrupación, ocurren con mayor frecuencia y resultan en “nuestras voces desaparecidas”, como lo define Estrada.

Llamado a visibilizar y enfrentar el dolor

Decenas de testimonios recopilados por el movimiento coinciden en la necesidad de hacer público el sufrimiento. Blanca Estrada dirige un mensaje a quienes han perdido a un hijo: “Es falso que si lloras no lo dejas descansar; están en un lugar donde vibra la paz y el amor. Ellos están bien, nosotros somos quienes lloramos porque extrañamos”.

La brutalidad del caso de Diana y la falta de sanción para su agresor dieron origen a una red de familiares decididas a exigir que el Estado reconozca el problema. Con su testimonio, la madre de Diana insiste en que nunca habrá consuelo, solo la esperanza de un reencuentro más allá de la vida.

Para quienes viven el duelo cotidiano, Estrada reitera: “Siempre seremos las madres de una hija o hijo que se mudó al cielo. Siempre nos unirán lazos de amor”.

El agresor de Diana Lizeth Ramírez Estrada fue identificado como su exnovio, Javier “N”, de 13 años de edad en ese momento.

Detención y Vinculación: Javier fue detenido el mismo día del hallazgo del cuerpo (21 de abril de 2016) por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila. Fue vinculado a proceso por un Juez especializado en justicia para adolescentes por el delito de homicidio calificado.

Medida Cautelar: Debido a que era menor de edad, el Juez de Control, Homero Salinas, dictó el internamiento preventivo del adolescente en un centro de tratamiento especializado para menores, mientras continuaba el proceso legal.

Detalles del Crimen: La menor fue encontrada con múltiples heridas, incluyendo lesiones punzocortantes en el cuello, en su domicilio de la colonia Guerrero en Monclova.

Dado que el agresor era menor de edad al momento de los hechos, su proceso legal y sentencia se manejaron bajo la Ley de Justicia para Adolescentes, la cual establece medidas de internamiento de duración limitada en comparación con los adultos.

• Diana Lizeth Ramírez Estrada fue asesinada a los once años por un adolescente inimputable en Monclova.
• El movimiento Voces de la Ausencia agrupa a más de doscientas familias afectadas por homicidios infantiles y exige justicia en México.
• La violencia de menores contra menores y la impunidad han crecido en la última década, advierten madres y familiares.

Ayer miércoles por la mañana, la atención se concentró en la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado con la reanudación del juicio contra Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien enfrenta graves acusaciones por el asesinato de Bruno Méndez y el abuso sexual de la novia de la víctima.

La causa, que remite a hechos ocurridos en Puerto Iguazú en abril de 2022, despertó expectativas entre los presentes por la crudeza de los testimonios y la presencia de pruebas audiovisuales.

Desde temprano, familiares de las víctimas y allegados se acercaron al tribunal, manifestando tanto nerviosismo como esperanza ante el avance del proceso judicial. El ambiente en la sala se tornó tenso al exhibirse videos relacionados con el rescate de la joven abusada, imágenes que resultaron impactantes para los presentes y sirvieron como prueba central en la segunda jornada del debate oral.

Los primeros minutos de la audiencia estuvieron marcados por el repaso de los momentos en que la joven fue auxiliada por dos vecinos. En las grabaciones se observa la extracción de la víctima desde la vivienda de Ferreira, y la posterior asistencia que recibió por parte de quienes acudieron a su llamado. Para los familiares, ver las imágenes representó un momento de conmoción y, a la vez, de reivindicación de la búsqueda de justicia. Para preservar a la víctima, las grabaciones no trascendieron.

Durante la jornada de este miércoles y según informó el portal El Territorio, cuatro testigos brindaron su relato ante el tribunal. Entre ellos, el propietario de un taller lindero al domicilio donde ocurrieron los hechos, relató en detalle el momento en que escuchó los pedidos de auxilio y decidió intervenir. El testigo ratificó su declaración previa, relatando cómo, al oír los gritos, fue hasta el lugar y encontró a la joven en estado de shock. Antes de abandonar la sala, dirigió la mirada a Ferreira y expresó: “Vecino, ahora que la ley se encargue de vos”.

A continuación, declaró Paulo, empleado del mismo taller, quien aportó su propia versión de los hechos. Su testimonio presentó ciertas variaciones respecto a su declaración anterior, lo cual fue notado tanto por la fiscalía como por los asistentes al debate. Este cambio en la reconstrucción de los hechos llamó la atención, especialmente porque durante toda la audiencia el abogado defensor de Ferreira optó por no formular preguntas a ninguno de los testigos.

El tribunal anunció que el debate oral continuará hoy jueves con la convocatoria de al menos tres nuevos testigos. Se prevé la comparecencia de dos vecinos más del imputado, así como de la cuñada de Bruno Méndez. Además, fuentes judiciales adelantaron que se proyecta para el martes próximo la declaración del padre de Ferreira, considerado un testigo relevante para la causa.

La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en la vivienda del acusado, en circunstancias que aún se intentan esclarecer completamente a partir de la reconstrucción testimonial y las pruebas materiales presentadas.

La jornada inaugural del debate oral estuvo marcada por la declaración de los dos primeros testigos. La primera en declarar fue la víctima de abuso sexual. Solicitó hacerlo en ausencia del imputado, pedido que fue inicialmente cuestionado por Ferreira. Finalmente, el acusado fue retirado de la sala y siguió la audiencia desde una sala contigua, a instancias de su defensor. El testimonio de la mujer fue extenso y detalló las horas de terror vividas tras el ataque fatal a su pareja.

El segundo testigo de la jornada fue el vecino que asistió a la joven y a su hijo en el momento del escape. El hombre relató ante el tribunal cómo desarmó parte de un muro de chapas para facilitar la huida, tras escuchar el desesperado pedido de auxilio. Este testimonio resultó clave para reforzar la hipótesis de la Fiscalía sobre la secuencia de hechos y la reacción inmediata de algunos vecinos ante el suceso.

El crimen de Diego Xavier Guastini, financista, cuevero, buchón y el encargado de lavar el dinero de alguno de los mayores narcos de la Argentina, se convirtió, con el correr de los años, en uno de los mayores enigmas del mundo del delito y la Justicia penal en la Argentina.

Ocurrió el 28 de octubre de 2019, cuando un comando de sicarios perfectamente cronometrado lo mató en Quilmes mientras viajaba en plena noche con su Audi A4, a pocas cuadras del edificio de la Municipalidad local. El financista llevaba su pistola Glock, que nunca disparó.

Poco después, se supo que Guastini se había convertido en un informante de la PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a investigar delitos narco, lo que alimentó el misterio de su muerte. Así, ayudó con sus declaraciones a encarcelar a sus propios clientes, como el clan Loza y Carlos Atachahua. Guastini, irónicamente, se negaba a moverse con custodia oficial, por miedo a espantar a sus clientes.

Su muerte sigue impune hasta hoy. La investigación al respecto quedó estancada, sin avances significativos. Sin embargo, la semana pasada, la historia de Guastni dio un giro inesperado. El financista colaboró con la Justicia una vez más, en cierta forma. De acuerdo a una decisión del Tribunal en lo Penal Economíco N°1, el dinero del remate de sus bienes ayudará a la Procuración a adquirir nuevas tecnologías para investigar delitos financieros. En particular, desfalcos cripto, con la adquisición del software forense Chainalysis.

Un mes antes de ser asesinado, Guastini había firmado un juicio abreviado junto a otros nueve imputados en el Tribunal Nº 1. La pena fue llamativa para muchos: tres años en suspenso. El delito del que lo acusaron: ser el jefe de una asociación ilícita para el contrabando de divisas agravado; el juicio abreviado sintetizó más de diez causas que había tramitado desde 2014. Según la acusación, el financista encabezó un esquema dedicado a exportar mulas con dinero hacia Europa, con más de tres millones de dólares.

Así, se ordenaron los decomisos y posteriores remates de cuatro departamentos en el edificio de la calle Florida al 520, cuyo titular era la firma Maxsil SRL, cuya quiebra fue decretada dos meses antes del asesinato de Guastini. Entre estos departamentos rematados se encontraba, por ejemplo, la propia cueva de Guastini, la oficina 108.

Tres días antes del crimen, el Tribunal N°1 había decidido incautar una pequeña fortuna: 569 mil euros y 890 mil dólares, que terminaron en cuentas de la Corte Suprema. En abril de 2023, “se resolvió decomisar 13 bienes inmuebles, por resultar producto o provecho de los delitos” de Guastini y otro de los imputados, entre ellos varias oficinas en otro edificio de la calle Florida y un lote en un country de Pinamar, que quedaron en manos de la AAABE.

En el fallo, la jueza Sabrina Namer decidió destinar “U$S 350.000 al Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Recupero de Activos, para la adquisición de recursos concretos como la obtención de licencia/s de herramienta Chainalysis de análisis de trazabilidad de operaciones con criptoactivos”, asevera el documento. El dinero, en este caso, provendrá de las subastas de los bienes incautados. Otros 150 mil dólares serán destinados a una asociación dedicada a la lucha contra la adicción a las drogas.

La idea de emplear el dinero en el software de rastreo de blockchain, producido por la empresa del mismo nombre, provino de María Fernanda Bergalli, representante de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, o SIFRAI, que depende del MPF.

Bergalli, que presentó un presupuesto del representante local de Chainalysis, aseveró que “tenían muchos casos de rastreos de criptoactivos que se utilizan en la actualidad en todos los casos de criminalidad compleja y no tenían ninguna herramienta con la cual poder hacer trazabilidad”. “Mencionó que tuvieron una persona en la División de Recupero, un mes haciendo un trabajo que se hace en una hora con una licencia de Chainalysis que cuesta 25 mil dólares y el Ministerio Público no puede cubrir", continuó Namer.

El pasado domingo 19 de abril, el municipio de Constanza se detuvo para dar el último adiós a Deivy Carlos. En un escenario marcado por el llanto inconsolable de su madre, Sofía Quezada, y la impotencia de sus vecinos, los restos del joven chofer fueron sepultados en el cementerio municipal. “Mi hijo no se merecía esa muerte tan mala. No era malo, era bueno”, exclamaba su madre entre lágrimas, resumiendo el sentir de una familia que hoy busca respuestas en medio de la fe y el agotamiento emocional.

El eco de este dolor llegó hasta el despacho del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien recibió a Kiara Michel (hija) y Sarah Seline Abreu (hermana) para asegurarles que la Alcaldía no será un espectador pasivo. La institución se ha comprometido a acompañar el proceso legal hasta las últimas consecuencias, entendiendo que el ataque no solo fue contra un individuo, sino contra un servidor público en pleno ejercicio de sus funciones.

La anatomía del crimen: persecución y acechanza

La pieza clave que diferencia este caso de un simple altercado vial es la naturaleza de la agresión. Según los informes técnicos y la declaración de la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, los imputados no solo reaccionaron con violencia momentánea, sino que se asociaron como malhechores para perseguir e interceptar el camión recolector.

En términos jurídicos, el Ministerio Público sostiene la tesis del asesinato. Según el Código Penal Dominicano, el asesinato se distingue del homicidio voluntario por la presencia de la premeditación (la intención de matar formada antes de la acción) y la acechanza (el hecho de esperar o perseguir a la víctima para sorprenderla).

La conducta típica de los motoristas, quienes acecharon al camión hasta lograr que se detuviera para luego propinarle heridas de arma blanca, evidencia un plan criminal que anula cualquier argumento de “arrebato o furia momentánea”.

El marco legal y las consecuencias penales

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha sido enfática en instruir a los fiscales para que se mantengan los cargos de asesinato. Bajo esta tipificación, los responsables podrían enfrentar la condena máxima de 30 años de prisión.

Por lo que, la fiscalía ha solicitado la medida de coerción más gravosa, la prisión preventiva, argumentando que el desenlace mortal y la saña empleada demuestran una peligrosidad social que no permite que los imputados enfrenten el proceso en libertad.

Por otro lado, la empresa CORLUMSA, para la cual laboraba Abreu, ha tomado parte activa en el proceso. A través de la designación del abogado Melvin Velásquez Then, la sociedad comercial busca garantizar que los responsables penales sean identificados individualmente.

El caso de Deivy Carlos no es solo un expediente judicial; es un espejo de la intolerancia que permea en las calles. La muerte de un hombre que simplemente “hacía su trabajo” a manos de un grupo que decidió tomar la justicia por sus propias manos tras un roce vehicular, pone en evidencia la necesidad de un sistema judicial firme.

La familia Abreu Quezada ha manifestado que su fe en Dios los sostiene, pero su fe en la justicia terrenal depende ahora del tribunal de Santiago. El país observa de cerca, esperando que la sentencia final envíe un mensaje claro: la violencia vial y la persecución organizada no quedarán impunes bajo el amparo de la “ira del momento”.

D4vd fue formalmente acusado por la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en el maletero de su automóvil Tesla en Los Ángeles, informó el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Hochman anunció que el artista, cuyo nombre real es David Burke, de 21 años, enfrentará un cargo de asesinato en primer grado que podría hacerlo elegible para la pena de muerte.

Además, se le imputan cargos por actos lascivos con una menor y por el desmembramiento del cuerpo de la víctima. El acusado se encuentra detenido sin derecho a fianza desde la semana pasada.

La acusación se produjo luego de que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) presentara el caso ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el lunes para su consideración.

Según declaró Hochman a los medios, la muerte de la joven fue catalogada como “brutal y horrible”.

Los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando agentes del LAPD acudieron a un depósito de vehículos en Hollywood tras reportes de un olor nauseabundo proveniente de un automóvil.

Dentro del maletero delantero del Tesla encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, colocado dentro de una bolsa.

El vehículo, registrado a nombre de D4vd en Hempstead, Texas, había sido remolcado días antes desde una calle de Hollywood Hills, donde vecinos del sector habían alertado sobre un olor a putrefacción.

El cuerpo fue identificado posteriormente como el de Celeste Rivas Hernández, oriunda de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, quien había sido reportada como desaparecida en 2024, cuando tenía 13 años.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por Nathan Hochman ante un gran jurado del condado de Los Ángeles, los restos de la joven fueron hallados distribuidos en dos bolsas: una contenía la cabeza y el torso, y otra, los brazos y las piernas.

Los investigadores indicaron que la menor podría haber estado muerta durante varias semanas antes de que su cuerpo fuera descubierto, un día después de que hubiera cumplido 15 años, según su certificado de defunción.

En noviembre de 2025, el LAPD confirmó que investigaba un viaje que D4vd había realizado al área de Santa Bárbara en algún momento de la primavera de ese año, tras la desaparición de Hernández.

En ese período, la oficina del médico forense señaló que el LAPD había impedido al departamento del forense del condado divulgar detalles sobre la causa de la muerte de la joven.

Tras ser vinculado públicamente al hallazgo del cuerpo, el cantante canceló las fechas restantes de su gira por Estados Unidos. Informes iniciales habían indicado que se encontraba cooperando con la investigación.

Los abogados del artista, conocido por su sencillo “Romantic Homicide”, negaron categóricamente su responsabilidad en los hechos.

“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y no fue la causa de su muerte”, declararon en un comunicado recogido por ABC News. “Defenderemos vigorosamente la inocencia de David“, agregaron.

Por su parte, la familia de Rivas Hernández confirmó que asistirá a la audiencia judicial. Su abogado, Patrick Steinfeld, afirmó en un comunicado recogido por ABC News que “la familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y que su memoria sea honrada a lo largo de este proceso”.

El padre de Celeste, Jesús Rivas, reaccionó con alivio ante la detención del cantante. “Gracias a Dios... justicia para Celeste”, declaró según informó Steinfeld a TMZ.

La familia de la víctima tiene previsto ejercer sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de California, conocida como la Ley Marsy, para asistir a la audiencia de presentación de cargos contra Burke.

Según indicó Steinfeld al mismo medio, los familiares también planean asistir a cualquier conferencia de prensa que convoque el fiscal tras la audiencia y hablar posteriormente con los medios de comunicación.

De acuerdo a lo declarado por Hochman en conferencia de prensa, D4vd enfrenta una condena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Un ataque a una vivienda de Guadalajara, Jalisco, dejó como saldo tres personas muertas y dos heridas la mañana de este lunes 20 de abril.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que elementos de seguridad y emergencia se movilizaron esta mañana a la calle 18 de marzo de la colonia La Nogalera, derivado de un reporte por el incendio de un domicilio, pero al controlar el siniestro localizaron los tres cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

De acuerdo con los datos preliminares, las víctimas presuntamente se encontraban al interior del domicilio consumiendo estupefacientes, lo que habría derivado en la agresión con un cuchillo y el posterior incendio a la vivienda.

Los tres fallecidos, localizados al interior de la vivienda, presentaban heridas por arma blanca, por lo que se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las diligencias correspondientes y se investigue el deceso de las víctimas.

Las autoridades informaron a esta casa editorial que dos personas con heridas de arma blanca arribaron por sus propios medios a hospitales de la capital jalisciense, por lo que se presume podrían tener alguna relación con el ataque cometido en la vivienda, aunque continúan indagando hasta el momento.

Reportes indican que una de las personas heridas logró huir de la vivienda luego de que se ejecutó el ataque con arma blanca, por lo que fue atendido por elementos de emergencias a un par de calles de la escena.

Las diligencias en el sitio continúan por parte de elementos de la Fiscalía del Estado, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se brinde mayor información.

Atacan con drones con explosivos a elementos de seguridad en Jalisco

Otro hecho violento se registró este sábado en el municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional fueron atacados con drones armados con explosivos.

Los hechos ocurrieron cerca de la frontera con Zacatecas la noche del sábado, en un operativo en el que ningún uniformado resultó lesionado pese a la agresión.

De acuerdo con reportes, los agentes llevaban a cabo un recorrido de vigilancia en la zona cuando fue reportado al 911 la presencia de sujetos armados que presuntamente realizaban detonaciones en la comunidad de La Hiedrita, ubicada en la región Norte de Jalisco.

Al sitio se desplazó una columna de seguridad en la que participaban elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Policía Municipal tanto de Santa María de Los Ángeles como de Huejúcar y Colotlán.

Durante la búsqueda de los civiles armados, los uniformados fueron atacados con drones con explosivos, lo que continuó con una agresión con arma de fuego.

Los agentes repelieron la agresión armada y, de acuerdo con reportes, lograron derribar uno de los drones utilizados por los sicarios.

Una agresión similar se registró el pasado 9 de marzo en el mismo poblado, donde policías estatales fueron atacados con drones y explosivos que dejó una agente herida por esquirla de bala.

Una reunión entre dos jóvenes terminó en un crimen que ahora se investiga en Huancayo. Lo que comenzó como un encuentro para consumir alcohol derivó en un episodio de violencia extrema que dejó como saldo la muerte de un adolescente de 17 años. El hecho ocurrió en el distrito de Huayucachi, a orillas del río Chanchas, y ha generado conmoción entre vecinos y familiares.

El caso involucra a Yemerson Elvis Capcha Brucil, de 20 años, quien confesó ante la PolicíaNacional del Perú (PNP) su participación en la muerte de su amigo, identificado con las iniciales P.P.C. Según la información policial, ambos se conocían previamente y compartieron varias horas antes de que la situación se tornara violenta.

De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, el menor había regresado recientemente desde Ica y decidió reunirse con Capcha sin prever el desenlace. La familia sostiene que el adolescente trabajaba como mototaxista para contribuir con los gastos del hogar.

Discusión y agresión en la ribera del río

Los hechos se desarrollaron durante la tarde del viernes, cerca del puente del río Chanchas. Según las investigaciones preliminares, ambos jóvenes se encontraban dentro de una mototaxi azul consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la mañana.

Alrededor de las tres de la tarde, una discusión escaló hacia una confrontación física. Testigos indicaron que durante el enfrentamiento se intercambiaron insultos, lo que intensificó la violencia entre ambos.

La víctima intentó escapar cruzando el río, pero no logró alejarse. De acuerdo con los informes policiales, Capcha Brucil lo alcanzó en la otra orilla, lo derribó y lo inmovilizó en el suelo.

Intervención de testigos y alerta a las autoridades

Personas que se encontraban en las inmediaciones, entre ellas vecinos y ciudadanos que realizaban actividades cerca del puente, observaron la escena. En un primer momento, algunos creyeron que se trataba de un juego o una pelea sin mayores consecuencias.

La situación cambió cuando notaron que el adolescente no reaccionaba. Fue entonces cuando decidieron alertar a las autoridades. Según testigos, el agresor intentó justificar su accionar ante los presentes y expresó que “hacía justicia por sus propias manos”.

La rápida comunicación permitió la llegada de efectivos de la comisaría de Huayucachi, quienes encontraron al sospechoso junto al cuerpo de la víctima.

Al momento de la intervención policial, Yemerson Capcha no intentó escapar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven extendió las manos para ser reducido y reconoció su responsabilidad en el hecho.

Durante las primeras diligencias, el detenido declaró que reaccionó de forma violenta tras recibir insultos. La Policía Nacional trasladó al sospechoso a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, donde permanece bajo custodia.

Según fuentes policiales, el detenido se mantendría en dicha unidad hasta el lunes, fecha en la que se evaluará la solicitud de una medida de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio.

Investigación en curso y pedido de justicia

El levantamiento del cuerpo se realizó durante la noche en medio de escenas de dolor por parte de los familiares del menor. La víctima fue identificada como un joven que trabajaba para apoyar a su familia, lo que intensificó el impacto del caso en su entorno cercano.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del hecho. Las diligencias incluyen la recopilación de testimonios y el análisis de las circunstancias que rodearon la discusión.

El padre del adolescente expresó su demanda de justicia y pidió celeridad en el proceso, tras la muerte de su hijo en un contexto que, según su testimonio, no presentaba señales previas de conflicto grave entre ambos jóvenes.

Dos adolescentes permanecen detenidos en City Bell tras ser acusados de asesinar a Claudio Gastón González, un hombre de 48 años de una puñalada. El crimen ocurrió en la calle 479 entre 8 y 10 en el barrio Savoia, donde, de acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían participado en una discusión que derivó en el trágico hecho. Luego de investigaciones policiales, los jóvenes de 15 y 17 años fueron aprehendidos.

El próximo lunes, la Justicia definirá la prisión preventiva para el más grande mientras que el adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia de menores y enfrentará una medida de seguridad en el marco del régimen penal juvenil. La defensa del adolescente con edad punible, representada por Ricardo Berenguer, optó por guardar silencio ante el tribunal, estrategia que persistirá hasta que la Fiscalía finalice la recolección de pruebas.

Según la investigación, los adolescentes fueron hallados luego de que la misma víctima dijera los nombres antes de fallecer. El testimonio de un vecino fue clave ya que fue quien relató lo sucedido: el hombre escuchó el pedido de ayuda de Gónzalez y cuando alertó al hombre herido en el piso, la victima le alcanzó a decir quién lo había apuñalado y quien lo estaba acompañando.

La policía realizó un rastrillaje inmediato por la zona y localizó a los adolescentes a pocas cuadras del lugar del fatal episodio y los encontraron en Florencio Varela. Uno de los interceptados presentaba manchas de sangre en las zapatillas, dato clave detallado en el reporte policial. La intervención de la fiscal Carmen Ibarra al frente de la UFI del Joven N°1 avaló el arresto: el adolescente de 17 años quedó privado de su libertad por ser punible mientras el de 15 fue puesto bajo medida de seguridad.

La causa fue formalizada como “homicidio”. La hipótesis principal sostiene que existía un conflicto previo entre González y los familiares de los sospechosos, hecho que habría derivado en el enfrentamiento violento. La relación precedente entre la víctima y los jóvenes constituye una de las líneas investigativas principales que guían el expediente, bajo jurisdicción del Ministerio Público Fiscal.

A partir de esta información, ambos culpables fueron detenidos y se mantienen bajo resguardo oficial a la espera de nuevas resoluciones judiciales. La causa judicial avanza con el análisis de peritajes ambientales, psicológicos y psiquiátricos, en busca de clarificar el contexto, el estado de los menores y los posibles condicionantes al momento del incidente.

Otro crimen en La Plata

Hace pocas semanas, hallararon el cuerpo sin vida de Néstor Daniel Copoletti, un jubilado de 79 años, en Villa Elisa, ciudad de La Plata. El cadáver presentaba signos de violencia y manchas de sangre. Actualmente, el único detenido por el crimen es Lionel Gonzalo Maciel, el jardinero de 31 años, quien se negó a declarar tras ser aprehendido la noche del 8 de abril en la calle 48, cerca de la vivienda donde se encontró el cuerpo de Copoletti.

La investigación, encabezada por la jueza Marcela Garmendia del Juzgado de Garantías N°5 y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, demostró la participación del jardinero a través de cámaras de seguridad y allanamientos. El informe de la autopsia resaltó que Copoletti falleció por traumatismo encéfalo craneano, con múltiples fracturas y una hemorragia en la base del cráneo, además de lesiones en una mano compatibles con señales de defensa.

Las pruebas incorporadas también establecieron que, tras cometer el crimen, Maciel habría descartado prendas de vestir en otra vivienda, circunstancia que motivó un segundo procedimiento judicial. La sucesión de estos episodios violentos, ocurridos en diferentes barrios del partido de La Plata, exponen una escalada en hechos delictivos que involucran tanto adolescentes como adultos, generando preocupación en la comunidad y renovando el debate sobre la inseguridad y la respuesta de las autoridades judiciales y policiales.

El asesinato del opositor nicaragüense y mayor en retiro, Roberto Samcam Ruiz, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia, San José, habría sido organizado desde el interior del sistema penitenciario costarricense, según un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

Según la investigación judicial, el plan fue coordinado desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Alajuela, por un ciudadano nicaragüense que cumple condena por delitos comunes.

El dato aparece en una ampliación del expediente judicial fechada el 6 de marzo de 2026, que fue conocida públicamente porque la plataforma Confidencial tuvo acceso a ese documento. En ese informe se establece que los ejecutores “actuaron a cambio de dinero, coordinando la acción por posible encargo del privado de libertad Keny Hosman Navarrete Vallecillo”.

La reconstrucción policial describe un homicidio planificado, con vigilancia previa, logística definida, selección de ejecutores y coordinación constante entre actores dentro y fuera de prisión. La investigación, que aún no es conclusiva, se sostiene en análisis de comunicaciones, evidencia material, testimonios y seguimiento de movimientos.

El asesinato ocurrió en horas de la mañana del 19 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes del sistema de emergencias 9-11, se recibieron llamadas que alertaban sobre disparos en un condominio en Moravia. Las autoridades lograron establecer que el ataque fue ejecutado poco antes de las 07:45 de la mañana.

Testigos indicaron que un hombre ingresó al inmueble y, poco después, se escucharon entre siete y diez detonaciones. El informe recoge que el atacante llegó hasta la segunda planta de la vivienda y disparó a quemarropa.

La descripción del sospechoso señala a un hombre de aproximadamente 1.70 metros de altura, lo que coincide con el perfil del presunto autor material identificado posteriormente como Luis Fernando Carvajal Fernández.

El día anterior, 18 de junio de 2025, Samcam sostuvo una reunión en Casa España, en San José. Las cámaras de seguridad registraron su llegada a las 11:30 de la mañana, así como el ingreso posterior de personas cercanas a él, entre ellas Oscar René Vargas y Rafael Solís. Minutos después también ingresaron dos sujetos que llamaron la atención de los investigadores por no coincidir con el perfil de los asistentes habituales.

Ese mismo día, según información confidencial incorporada al expediente, los presuntos ejecutores se reunieron en una gasolinera en León XIII, Tibás, en San José, donde “coordinaron el asesinato del ofendido y llevaron a la reunión los vehículos y el arma que utilizaron, para revisar que todo funcionara y afinar detalles de la planificación”.

El día del crimen, los sospechosos se movilizaron en al menos dos vehículos y una motocicleta. Un informante indicó que uno de los autos, un Renault Duster blanco con placas BKK-190, estuvo rondando la zona antes del ataque. Ese dato fue incorporado a la investigación a través de una llamada anónima a la línea confidencial del OIJ.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parcialmente la ruta de ingreso y huida. Aunque no captaron el momento exacto del ataque, sí documentaron desplazamientos en sectores de Tibás, Moravia y Coronado. El análisis de video fue clave para identificar patrones y posibles coincidencias entre los sospechosos.

El OIJ determinó que el crimen fue ejecutado por un grupo de al menos cuatro personas: Danilo José Chaves Medina, Bryan Steven Robles Salas, Luis Ricardo Orozco González y Luis Fernando Carvajal Fernández, este último señalado como el gatillero. Todos ellos fueron vinculados a actividades criminales previas, principalmente robos y asaltos por encargo.

Según el informe, estos individuos “participan continuamente en actividades criminales, formando parte de una agrupación dedicada al robo de establecimientos comerciales, vehículos, asalto a viviendas y hechos violentos… en la gran mayoría de los casos por encargo”.

El análisis de dispositivos incautados reveló contactos frecuentes entre los sospechosos y números asociados al centro penal La Reforma. Uno de los teléfonos registró al menos 102 comunicaciones con la cárcel entre abril y julio de 2025.

Roberto Samcam Ruiz fue mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y se exilió en Costa Rica en julio de 2018, tras la represión desatada en su país. Desde entonces, se convirtió en un analista activo, crítico del régimen y colaborador en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos.

Su trabajo incluyó denuncias públicas, elaboración de informes y vínculos con organismos internacionales. Según el expediente judicial, participó en investigaciones que señalaban a estructuras militares y de inteligencia nicaragüenses, así como en propuestas relacionadas con un eventual gobierno transitorio en el exilio.

El documento también recoge que Samcam aportó información clave a un informe de expertos de Naciones Unidas, en el que se documentaron graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Testigos citados en el expediente afirman que ese trabajo decidió la suerte del opositor.

Uno de ellos declaró que la difusión de ese material fue “la gota que rebasó el vaso”, al sumarse a otros documentos críticos elaborados por el exmilitar. Otro testigo sostuvo que la información proporcionada por Samcam permitió identificar a personas vinculadas con cientos de asesinatos en el contexto de la represión iniciada en 2018.

El nombre de Keny Navarrete no apareció de forma casual. Fue el propio Samcam quien lo mencionó en conversaciones con un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica, identificado como “Wilber”. En enero de 2024, el exmilitar escribió: “El muchacho amigo me dio el nombre del tipo que maneja los hilos desde la cárcel de Alajuela, es de Diriamba de nombre Keny Navarrete”.

El OIJ corroboró la existencia de esa comunicación tras analizar el celular y la computadora de la víctima. También confirmó que el número del agente estaba registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia.

Esta semana se conoció que la Fiscalía costarricense abrió una investigación por presunta omisión de información relevante por parte de DIS en el caso Roberto Samcam.

Según el expediente, Samcam describió un esquema operativo. Señaló que los objetivos eran definidos por estructuras locales en Nicaragua, luego autorizados por instancias de inteligencia y posteriormente ejecutados mediante redes de sicarios. En ese engranaje, Navarrete aparecía como un intermediario logístico.

El documento indica que desde prisión “controla una red de sicarios en diferentes provincias quienes se encargan de atentar contra opositores”.

Keny Hosman Navarrete Vallecillo tiene 38 años y es originario de Diriamba, Carazo, la misma región de donde procede Samcam. Está preso desde 2016 por robo agravado, privación de libertad y receptación. Cumple condena en el pabellón C-4 de La Reforma.

Durante un allanamiento en su celda, los investigadores encontraron un cuaderno con anotaciones de cuentas bancarias que incluían montos como “16 700 dólares y 4100 millones” en colones. Para el OIJ, ese hallazgo sugiere “distribución de dineros de algún hecho irregular”.

El perfil económico detectado en prisión no coincide con el que declaró. Según las autoridades, eso refuerza la hipótesis de que manejaba recursos provenientes de actividades ilícitas.

Además, el expediente señala que Navarrete coincidió en 2024 en el sistema penitenciario con uno de los sospechosos del crimen, lo que abre la posibilidad de que establecieran contacto directo.

Navarrete declaró residir en Guadalupe de Goicoechea, una zona cercana a Moravia, donde vivía Samcam, y también próxima a León XIII, de donde provienen varios de los ejecutores.

La investigación también documenta posibles vínculos con una estructura conocida como “Los Colochos”, un grupo originario de Diriamba, asociado en el expediente con acciones violentas durante 2018. Según fuentes citadas, esta agrupación formaría parte de una red paraestatal vinculada al Frente Sandinista.

El documento indica que integrantes de ese grupo aparecen en registros de visitas a Navarrete en prisión.

El expediente también incorpora líneas de investigación sobre posibles motivaciones políticas. Incluye testimonios de testigos protegidos que apuntan a una estructura más amplia, con conexiones fuera de Costa Rica.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que el OIJ investiga “múltiples pistas de orden político”, aunque el informe no es concluyente. La responsabilidad de establecer el alcance de esos móviles recaerá en la Fiscalía.

El caso también incluye la existencia de una lista de al menos diez personas que habrían sido seleccionadas como objetivos. Samcam figuraba entre ellas.

Las autoridades han detenido a cuatro sospechosos y mantienen la búsqueda de un quinto implicado. Todos permanecen en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El expediente califica el crimen como “profesional y por encargo”. Esa definición se sostiene en la planificación previa, la coordinación logística, el uso de recursos y la existencia de pagos a los ejecutores.

La violencia volvió a golpear a las instituciones de justicia en el Estado de México. Un agente del Ministerio Público fue asesinado mientras realizaba actividades relacionadas con su trabajo, en un hecho que ha generado condena por parte de las autoridades estatales.

La víctima fue identificada como Armando García Jiménez, funcionario adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien perdió la vida tras ser atacado a balazos en el municipio de Tenancingo, al sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente acudía a cumplir con una diligencia cuando fue interceptado y agredido de manera directa en un rancho ubicado en la comunidad de Tepetzingo.

El ataque ocurrió mientras el funcionario se encontraba en servicio, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una agresión directa vinculada con sus labores.

Hallazgo del cuerpo y primeras indagatorias

Tras la agresión, el cuerpo del agente fue localizado al interior de una camioneta en la zona. Elementos de la Fiscalía Regional acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por homicidio.

Versiones preliminares señalan que al menos una persona habría sido detenida en relación con los hechos, aunque las autoridades no han detallado el avance de la investigación ni el posible móvil del crimen.

Condena oficial y promesa de justicia

A través de un comunicado, la FGJEM condenó el asesinato y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del funcionario.

La institución aseguró que no habrá impunidad y que se desplegarán todos los recursos necesarios para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

“Condenamos los cobardes hechos en los que fue privado de la vida”, señaló la dependencia, al reiterar su compromiso con la justicia.

Violencia contra funcionarios: un problema persistente

El asesinato de García Jiménez se suma a una preocupante tendencia de ataques contra personal de procuración de justicia en distintas regiones del país. En días recientes, otro hecho violento —una emboscada contra personal ministerial en Michoacán— dejó un saldo de un muerto y dos heridos.

Estos episodios reflejan los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de investigar delitos, especialmente en zonas donde operan grupos del crimen organizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano encargado de investigar y perseguir delitos del fuero común, enfrenta el desafío de operar en contextos de alta violencia, donde el ejercicio de la justicia puede convertirse en una actividad de alto riesgo.

El financista suizo Miguel González, asesinado en un aparente acto de sicariato en el sector de Llano Bonito, en las afueras de la ciudad capital, había sido vicepresidente y directivo de entidades financieras suizas con operaciones en Bahamas, y desde hace 11 años residía en Panamá, donde desarrollaba actividades en el mercado de valores.

La víctima conducía un vehículo Kia Sportage gris cuando fue interceptada por un sedán blanco del que descendieron cuatro sujetos armados portando chalecos similares a los utilizados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), reportan medios de prensa.

Vestidos con jeans azules, chalecos tipo policial y portando armas de fuego, los sicarios realizaron múltiples detonaciones contra el vehículo que conducía González, quien recibió tres impactos de bala en la espalda, dos en el muslo izquierdo y uno en la cadera.

Fue auxiliado en el sitio y trasladado en una ambulancia del SEMM al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su fallecimiento, detalla el diario Critica.

Graduado en Economía y Derecho por la Universidad de Ginebra, Suiza, González no mantenía antecedentes penales y se conoció que era CEO de la casa de valores Firmus Financial Inc. También era agente principal y corredor de bolsa con licencia de la Superintendencia del Mercado de Valores desde el 2015, destaca el diario El Siglo.

Más de 15 casquillos de arma de fuego fueron recopilados en la escena del crimen por peritos de Criminalística del Ministerio Público, lo que refuerza la hipótesis de un ataque armado directo contra el ejecutivo.

El asesinato hizo recordar la desaparición el 13 de agosto de 1998 del banquero suizo, Hans Jörg Bosch, de 53 años, en ese entonces gerente del banco suizo UBS. El 8 de septiembre de 2008 la jueza Ana Zita Rowe declaró la muerte presuntiva de Bosch y el expediente fue archivado en 2011 por el Segundo Tribunal de Justicia.

Entre las hipótesis que ahora se analizan sobre el asesinato de Miguel González las autoridades no descartan un posible intento de secuestro o robo.

Sobre la ola de violencia que desde hace semanas azota la ciudad capital, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, dijo que “tenemos un enfrentamiento y fraccionamiento entre pandillas que se están disputando el poder y la distribución de narcóticos”.

Esto, en su opinión, es lo que ha llevado a implementar un plan de seguridad para reforzar principalmente Colón, San Miguelito y el área del Este de la capital, donde a través de las estadísticas y los hechos es donde la violencia ha aumentado.

Para Ábrego, en el resto del país todos los estamentos de seguridad continúan con su pie de fuerza combatiendo el crimen en cualquiera de sus dimensiones.

Al referirse al crimen del banquero suizo que fue abatido en Llano Bonito, el ministro de Seguridad Pública manifestó que ya las autoridades están detrás de la investigación del hecho.

Efectivamente que este “no es un hecho que podamos alejar”, pues “hubo persecución, una cantidad de disparos que se hicieron, pero son elementos de los que ya no podemos hablar porque están bajo un expediente en el Ministerio Público, y cualquier información adicional la tendrían que dar ellos, para las posteriores capturadas que se tengan que hacer al respecto”.

Las declaraciones de Ábrego se dieron durante el funeral del sargento segundo post mortem, Albis Espinoza, quien esta semana recibió un impacto de bala en el pecho mientras realizaba operativos en el corregimiento de El Chorrillo.