El sospechoso del asesinato de Katie Suarez, la corredora salvadoreña de 28 años apuñalada en Brooklyn, admitió ante los investigadores que fue al camino donde ocurrió el ataque llevando consigo un cuchillo, según documentos judiciales presentados luego de su arresto el sábado.

Sayed Mohassib, de 27 años, compareció ante la justicia la noche del sábado con una expresión indiferente y se declaró no culpable de los cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y posesión ilegal de arma en cuarto grado. El juez dispuso su detención sin posibilidad de fianza, informaron medios como CBS News.

Mohassib dijo que fue al camino porque temía por la vida de su familia

De acuerdo con la denuncia penal, Mohassib les explicó a los investigadores que llevó el cuchillo a la ciclovía de Shore Parkway porque creía que “gente iba a venir a matar a su familia”. Sin embargo, negó haber apuñalado a alguien.

Según los documentos, afirmó que se sentó en un banco y que en un momento “se encontró cubierto de sangre”.

La comparecencia recogió que el sospechoso reconoció haber regresado a su casa tras el ataque, haberse deshecho de la ropa ensangrentada y del cuchillo, y haber intentado limpiar una mancha rojiza que un detective encontró en una pared de su apartamento.

Mohassib habría arrojado la ropa por el ducto de basura del edificio, vestido únicamente con ropa interior, según consta en los registros de las cámaras de seguridad.

Las cámaras de vigilancia conectaron a Mohassib con la escena del crimen

La acusación se apoya en parte en imágenes de videovigilancia que captaron al sospechoso caminando hacia la ciclovía momentos antes del ataque y alejándose a paso veloz después. Otras grabaciones lo mostraron llegando a su apartamento y saliendo unos 15 minutos más tarde en ropa interior para arrojar bolsas por el ducto.

Suarez fue apuñalada dos veces en el cuello la noche del viernes 30 de octubre mientras trotaba por la Shore Parkway Greenway, en Nueva York, una zona lindante con la Belt Parkway.

Había salido a correr luego de su turno en el TD Bank y planeaba encontrarse con sus padres al terminar. Su padre la halló herida bajo un árbol cuando no llegó al punto acordado. La joven fue trasladada al Hospital NYU Langone en estado crítico y murió días después, según detalló públicamente su familia.

El cuchillo fue rastreado hasta un vertedero en Staten Island

Según fuentes policiales citadas por ABC7, el arma mortal fue localizada en un vertedero de Staten Island luego de que Mohassib les indicara a los investigadores dónde la había descartado.

Las autoridades creen que el ataque fue aleatorio: el único vínculo conocido entre el acusado y la víctima es que ambos estudiaron en el mismo momento en Brooklyn College.

Mohassib es empleado del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE, por sus siglas en inglés), donde se desempeñaba como asistente de maestro en la Escuela Pública 200, a tres cuadras de la ciclovía donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con las fuentes policiales, habría regresado a trabajar con niños días después del ataque, y colegas notaron que hablaba de forma incoherente y actuaba de manera errática.

El DOE lo suspendió y el Senado estatal pide revisar los procesos de contratación

El DOE confirmó la suspensión de Mohassib y anunció que iniciará los trámites para su despido “a la espera del resultado de la condena”.

El senador estatal Stephen Chan, que representa al Distrito 17 de Brooklyn, reclamó una revisión de los procesos de contratación del organismo e impulsa legislación para “establecer evaluaciones psicológicas obligatorias para paraprofesionales, auxiliares y suplentes en las escuelas”.

El acusado tiene un historial de vínculos breves con instituciones que lo consideraron psicológicamente no apto. En 2022 formó parte del NYPD durante aproximadamente un mes, en entrenamiento de campo en el Bronx.

Luego se alistó en los Marines, cuerpo del que fue dado de baja después de menos de un mes de servicio. La institución confirmó que “su desempeño fue incongruente con las expectativas y estándares del Cuerpo de Marines”.

Cuando intentó reincorporarse a la policía, fue rechazado y trasladado al Hospital Bellevue por presentarse de manera desorganizada y agitada.

La madre del acusado habló de su historial de salud mental

Fatma Mohassib, la madre del sospechoso, habló públicamente desde el hogar familiar en Bensonhurst y describió a su hijo como una persona con una trayectoria positiva: cinturón negro, participante en los Boy Scouts, jugador de básquet en Brooklyn College y practicante religioso.

Sin embargo, reconoció que lleva años con problemas de salud mental y que fue hospitalizado en instalaciones psiquiátricas en varias ocasiones, con una internación que se extendió por cerca de dos meses.

“Estoy en un profundo dolor, en una situación muy difícil. Espero que todo salga bien”, dijo Fatma en declaraciones a ABC7, y agregó que comparte el dolor de los padres de Suarez: “Como ellos, perdí un hijo”.

Un amigo de la familia señaló al mismo medio que Mohassib tomaba medicación y que en ocasiones le costaba controlarse, aunque aseguró que nunca lo habían visto ser violento.

Katie Suarez salvó cuatro vidas con órganos donados

En medio del dolor, la familia de la víctima encontró un espacio de consuelo: Suarez era donante de órganos registrada, y sus órganos —páncreas, hígado, riñones y corazón— permitieron salvar la vida de cuatro personas, según confirmó LiveOnNY, la organización sin fines de lucro que coordina la donación de órganos en el área metropolitana de Nueva York.

“Tomar esa oscuridad, esa tragedia, y poder ver algo positivo que emerge de ella es el sentido de todo lo que hacemos”, dijo Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de LiveOnNY, en declaraciones recogidas por CBS News.

Suarez se había graduado en 2020 de Brooklyn College con una licenciatura en televisión y radio, trabajaba como cajera en el TD Bank y se preparaba para correr la maratón de Nueva York ese fin de semana.

Mohassib permanece detenido en la Corte Suprema del Condado de Kings y tiene prevista una nueva comparecencia judicial el martes por la mañana.

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) atribuyó a una presunta relación extramarital el origen de un asesinato y un falso secuestro que derivaron en la captura de cinco supuestos integrantes de la estructura denominada “Los Infieles”.

El caso se remonta al 9 de agosto, cuando un hombre de 59 años desapareció en la ruta entre Escuintla y Taxisco, en el departamento de Santa Rosa.

Según la investigación policial, la víctima, identificada como Manuel de Jesús Morales López, descubrió que su pareja, Juana María Ba Pop, mantenía una relación con Gilberto de Jesús Carrera Aldana.

Las autoridades sostienen que, tras quedar expuestos, ambos habrían participado en el crimen y habrían simulado un plagio para ocultarlo.

Los presuntos responsables exigieron Q150 mil, cerca de USD 19.621, a cambio de la liberación del hombre. La Policía indicó que no hubo pago y que Morales López fue asesinado; luego, su cuerpo habría sido ocultado en una zona montañosa de la región.

La Policía vincula el falso secuestro con el asesinato de la víctima

La versión oficial señala que la estructura adoptó el nombre de “Los Infieles” por la supuesta relación entre Ba Pop y Carrera Aldana, quienes, de acuerdo con la PNC, comenzaron a convivir como pareja después de la muerte de Morales López.

La investigación quedó a cargo del Comando Antisecuestros de la División Especializada en Investigación Criminal, que coordinó las diligencias con la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. El domingo 8 de noviembre, los investigadores realizaron cinco allanamientos en inmuebles de Escuintla y Santa Rosa.

Como resultado de los operativos fueron detenidas seis personas. Cinco quedaron señaladas por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato, mientras que una sexta fue arrestada debido a una orden de captura pendiente por negación de asistencia económica.

Entre los capturados está Pedro de Jesús Chitic Sutuj, de 32 años, conocido como “El Choky”, a quien las autoridades identifican como supuesto líder de la organización. También fueron detenidos Carrera Aldana, de 51 años; Ba Pop, de 43; Yasmín Mayari Paredes Hernández, de 36, alias “La Colocha”, y Walter León Jaco Seija, de 23 años.

La PNC informó que Paredes Hernández enfrenta señalamientos por plagio o secuestro. Los otros cuatro sospechosos, según la información entregada por la institución, están vinculados además con robo agravado y asesinato.

Armas incautadas

Los operativos permitieron el decomiso de nueve teléfonos celulares, tres armas de fuego y municiones de distintos calibres.

El arsenal estaba compuesto por dos rifles calibre .22 y una escopeta calibre 12. Uno de los rifles tenía el número de registro borrado o esmerilado, armas que quedaron a cargo del Ministerio Público para el proceso de investigación, según el parte policial.

La Fiscalía contra Secuestros y la PNC deberán establecer ahora el grado de participación de cada detenido, así como reconstruir las circunstancias del crimen y del supuesto pedido de rescate. La investigación busca determinar si el grupo participó en otros secuestros, robos o asesinatos en Escuintla y Santa Rosa.

Familiares, amigos y miembros de la iglesia evangélica Casa del Cielo despidieron al diputado Julio César Portillo Paz, cuyos restos fueron velados en privado en la aldea Pata Galana, en Río Hondo, Zacapa.

El legislador murió el viernes 6 de noviembre tras recibir impactos de bala durante un atentado contra la caravana en la que viajaba junto a tres agentes de la Policía Nacional Civil.

La ceremonia se realizó en el templo donde Portillo predicaba y al que asistía junto con su familia. El acceso quedó reservado para personas cercanas al congresista, de acuerdo con vecinos del sector.

Dentro del auditorio, el féretro fue rodeado por arreglos de flores blancas y amarillas. También se instaló una pantalla con una fotografía del diputado, una imagen que acompañó a quienes llegaron a despedirlo durante la noche y la madrugada.

Portillo Paz será inhumado este domingo 8 de noviembre en el cementerio de Pata Galana, la comunidad de la que era originario. La familia decidió mantener el sepelio en un ámbito privado, con la presencia de sus allegados y de integrantes de la congregación religiosa.

La iglesia donde predicaba recibió a familiares y miembros de su congregación

La velación reunió a familiares, vecinos, amistades y personas vinculadas a la labor religiosa del legislador. Julio Portillo, de 36 años, integraba la X Legislatura del Congreso de Guatemala, en representación del departamento de Zacapa para el período 2024-2028.

El ataque y la posterior muerte del diputado generaron expresiones de repudio de distintas instituciones estatales. Portillo fue trasladado después de la emboscada al Hospital Regional de Zacapa, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Murió cerca de las 21:22 horas, a causa de la gravedad de las heridas de bala que sufrió en el rostro y el cráneo.

Mientras la familia preparaba la despedida, los restos de los tres agentes asignados a la custodia del congresista también fueron trasladados a sus lugares de origen para sus respectivos velorios.

Dulce de Portillo despidió a su esposo con un mensaje en redes sociales

Dulce María Cruz de Portillo, esposa del diputado, publicó una fotografía junto al legislador y compartió un mensaje de despedida tras confirmarse su fallecimiento.

“Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida. Mis ojitos hermosos te me fuiste…”, escribió en una historia de Instagram. En otra publicación, expresó su deseo de reunirse con él “en la eternidad”.

La esposa del congresista también modificó la biografía de su perfil para recordar a Portillo como su “ángel eterno”. La publicación estuvo acompañada por una canción de temática cristiana.

El ataque en la ruta al Atlántico dejó cuatro muertos y más de 50 casquillos en la escena

El atentado ocurrió el viernes 6 de noviembre, cerca de las 17 horas, en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, dentro del municipio de Río Hondo. Un grupo de hombres armados interceptó la comitiva del diputado y abrió fuego.

En el ataque murieron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Erick Armides Ramos Osorio, Jorge Paau Xicol y Fernando Reyes Aldana, quienes formaban parte de la División de Protección de Personas y Seguridad.

El Ministerio Público (MP) procesó la escena y recolectó más de 50 casquillos como parte de las primeras diligencias. La Fiscalía informó que busca establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar las formas de participación de cada involucrado.

Según la información disponible, Portillo contaba con escolta policial desde 2024, luego de que denunciara amenazas de muerte. La investigación continúa bajo reserva, sin capturas reportadas hasta el momento.

La Policía de Nueva York informó este sábado que detuvo a Sayed M., de 27 años, señalado como sospechoso de la muerte de Katie Suarez, una joven salvadoreña de 28 años que fue atacada con un cuchillo mientras corría en Brooklyn. El arrestado habría dicho que caminaba por con un arma blanca, perdió el conocimiento y despertó después “cubierto de sangre”, según fuentes de seguridad citadas por Telemundo 47.

Katie había salió a correr el 30 de octubre por la noche por la Shore Parkway Greenway, a la altura de Bath Beach, cuando fue atacada. La joven planeaba encontrarse con sus padres para continuar el recorrido, pero no llegó al punto acordado.

Su padre inició la búsqueda tras perder contacto con ella y la encontró herida bajo un árbol, a menos de 1.6 kilómetros de distancia. La mujer tenía lesiones de arma blanca en el cuello y fue trasladada a un hospital, donde murió días más tarde.

La madre de la víctima, Yasira Suarez, confirmó el fallecimiento de su hija. La familia había pedido colaboración a la comunidad para identificar al responsable del ataque.

Las cámaras llevaron a los investigadores hasta una barbería

La identificación de Sayed M. fue posible a partir de registros de cámaras de seguridad de la zona, de acuerdo con la información publicada por Telemundo 47. Los investigadores detectaron a un hombre que caminaba de un lado a otro cerca del recorrido de la joven.

El seguimiento de esas imágenes condujo a una barbería, donde los detectives habrían conseguido datos que permitieron establecer la identidad del sospechoso. Más tarde, también obtuvieron un video próximo a su domicilio en el que presuntamente se lo ve arrojando bolsas de basura la noche del crimen.

La Policía de Nueva York revisó una barcaza de saneamiento con el objetivo de localizar objetos que pudieran aportar pruebas para la causa. La basura vinculada con el caso había sido recogida días antes.

Las fuentes consultadas por el medio estadounidense indicaron que el ahora capturado enfrenta cargos de asesinato. El acusado había integrado las Fuerzas Armadas y trabajó de forma breve como agente de la Policía de Nueva York, aunque fue apartado de ambas instituciones tras ser considerado psicológicamente no apto, según esas versiones.

Actualmente, el hombre trabajaba como asistente en una escuela. Las autoridades creen que volvió a sus tareas después de cometer el crimen.

Katie era originaria de El Salvador y vivía en Brooklyn. Se había graduado de Sunset Park High School en 2016, obtuvo un título asociado en Kingsborough Community College y luego completó una licenciatura en televisión y radio en Brooklyn College, según información publicada por el New York Daily News.

La joven trabajaba como cajera bancaria y participaba en carreras de la ciudad. Su madre relató que correr formaba parte de su rutina y que aquella noche había salido después de su jornada laboral para reunirse con sus padres.

La muerte generó movilizaciones de vecinos, familiares y miembros de la comunidad religiosa local. Durante una vigilia, el obispo Erick Salgado sostuvo que la joven “no merecía algo así”, mientras residentes reclamaron más iluminación, cámaras y patrullajes en el parque.

La vida del uniformado de 27 años fue arrebatada durante un procedimiento policial en el centro de la ciudad durante la madrugada del miércoles, 4 de noviembre.

“Ya fueron capturados los asesinos de Hamilton Andrés Santa, nuestro policía que fue asesinado esta semana en el centro de la ciudad. Ya cayeron esos dos bandidos de alias Ratón y el Costeño”, confirmó el mandatario local.

Según Gutiérrez, las detenciones fueron resultado de labores conjuntas de la Policía nacional y la Fiscalía General de la Nación, que incluyeron un riguroso análisis de grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron identificar y ubicar a los sospechosos.

El homicidio del patrullero Santa Aguirre ocurrió en medio de una reacción policial a un ataque sicarial que dejó un saldo de, inicialmente, dos personas muertas en el centro de Medellín.

Una patrulla que estaba cerca del lugar inició la persecución de los presuntos responsables. Durante el procedimiento, los hombres armados dispararon contra los uniformados e hirieron al policía, que murió a causa de las lesiones.

De acuerdo con la información conocida, una de las víctimas del doble homicidio tenía antecedentes judiciales. Las primeras hipótesis de las autoridades sobre el epidosio de violencia apuntan a una confrontación entre organizaciones criminales por el control de actividades de microtráfico en el sector.

La Alcaldía busca identificar a toda la estructura criminal

Pese a las detenciones y eventuales judicializaciones, el alcalde antioqueño anunció que la investigación continuará para establecer quiénes integran y dirigen la organización que estaría detrás de los hechos.

“Mi instrucción va más allá de coger simplemente a los sicarios que le quitaron la vida a Hamilton Andrés. Es desarticular completica esa estructura criminal que opera en esa zona de la ciudad”, sostuvo.

El mandatario agregó que las autoridades no detendrán las operaciones con la captura de alias “Ratón” y “Costeño”.

Los dos hombres capturados deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación procesal dentro de la investigación por el crimen del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre.

“Aquí no íbamos a descansar hasta dar con los responsables (...) y que se den cuenta el error que cometen cuando se meten con uno de los integrantes de nuestra fuerza pública. Vamos con toda”, concluyó.

Envían a prisión a cuatro señalados por el asesinato de dos policías en Betulia, Antioquia

De manera paralela, las autoridades confirmaron que auatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron enviados a prisión por su presunta participación en el asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en Betulia, Antioquia.

El doble crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, en el Suroeste antioqueño, y las autoridades lo relacionan con el denominado plan pistola contra la fuerza pública.

Los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas realizaban tareas de vigilancia y patrullaje en Altamira cuando fueron atacados con armas de largo alcance, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yonathan Enrique Vega Arteaga, Valeria Higuita Ortiz, alias “La Mona”, Edison David Bravo Fierro, alias “Yerbal” o “Pachito”, y Lina Marcela Restrepo Vélez.

Las pesquisas señalan que Vega Arteaga habría integrado el grupo armado que participó de forma directa en el homicidio de los uniformados. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Alias “La Mona”, enfrenta los mismos cargos. Según los elementos recopilados por el ente acusador, la mujer habría usado un teléfono celular y un radio de comunicaciones para transmitir a otros integrantes de la organización la ubicación de los dos policías antes del ataque.

Vega Arteaga y Higuita Ortiz no aceptaron los delitos imputados durante las audiencias preliminares. Edison David Bravo Fierro y Lina Marcela Restrepo Vélez también fueron judicializados por concierto para delinquir agravado.

La víctima, identificada como Marlon Steven Bonilla Acosta, que sufrió heridas durante la agresión ocurrida en el sector de la comuna Compartir.

La Policía Metropolitana de Soacha informó que investiga el caso como un presunto hecho de intolerancia, aunque las primeras indagaciones también apuntan a circunstancias ajenas a la víctima. Aún así, las autoridades aún no establecen con precisión qué desencadenó la agresión.

Y es que, conforme a los videos de cámaras de seguridad, el joven llegó con su mascota, aparentemente, a ver la escena con sus propios ojos.

No obstante, en pocos segundos, un hombre con un machete abordó al joven y lo derribó de un golpe. Luego, lo agredió con el arma metálica sin compasión. El brillo sobre el filo del arma cortopunzante, de al menos 30 centímetros, quedó registrado en el clip, que fue editado con un filtro.

Tras la escena de violencia, el joven fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, murió el miércoles 5 de noviembre del año en curso a causa de la gravedad de las lesiones, según informaron las autoridades.

Las primeras labores de investigación indican que el ataque podría estar vinculado con “situaciones pasionales ajenas a la víctima”.

Las autoridades clasificaron inicialmente el episodio como un acto de intolerancia, mientras avanza la recolección de elementos para esclarecer los hechos.

Un capturado

La reacción de los uniformados adscritos a la Zona de Atención Compartir I permitió la captura de Michael David Gámez, señalado en forma preliminar como presunto participante en la agresión que inició los golpes contra el joven de 21 años. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación dentro del proceso penal.

La Policía rechazó el ataque y exhortó a la comunidad a resolver sus diferencias por vías pacíficas e institucionales. La institución informó que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del homicidio.

Joven fue asesinado con machete en Suba tras defender a su madre de insultos, según su familia

Otro caso similar se conoció en Bogotá esta semana. Es el caso de Elver Santiago Méndez Castro, un joven que fue asesinado con armas cortopunzantes y un machete dentro de un establecimiento comercial del barrio Alcaparros, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Sus familiares sostuvieron que el ataque ocurrió después de que el joven intervino ante varios hombres que, presuntamente, insultaron a su madre.

El homicidio ocurrió el 24 de octubre, cerca de las 11:35 p. m., según el relato de la familia al medio Noticiero Alerta 104.4 FM. Días después del crimen, los allegados de la víctima pidieron avances en la investigación y la captura de los responsables, quienes habrían abandonado el sector.

La hermana de la víctima, Laura Rodríguez Castro, dijo en la entrevista que la discusión comenzó en una tienda del barrio, donde su madre se encontraba para ver el partido entre América y Cúcuta. Según su versión, dos hombres y dos mujeres habrían dirigido comentarios ofensivos contra ella luego de que preguntó por la música que sonaba en el lugar.

La víctima intervino después de que su madre pidió ayuda a sus hijos

Rodríguez Castro afirmó que su madre llamó a sus hijos tras el cruce verbal. Méndez Castro llegó minutos después y pidió a las personas involucradas que dejaran de insultarla, de acuerdo con el testimonio familiar.

La situación no terminó allí. La madre de la víctima decidió regresar a su vivienda, tras una jornada de trabajo, y uno de sus hijos la acompañó. Elver Santiago Méndez Castro permaneció en el sector con su padrastro, en la parte externa de otro establecimiento comercial.

Los familiares señalaron que los presuntos agresores recorrieron varios negocios del barrio Alcaparros y preguntaron por el paradero del joven. Poco después, habrían llegado al lugar donde se encontraba.

La familia indicó que dos hombres entraron al establecimiento con un machete y armas cortopunzantes. Una cámara de seguridad del sector habría registrado la llegada de los señalados y la agresión contra Méndez Castro.

La mujer identificada como Sandra y/o Sandra Salomé fue detenida el 1 de noviembre de 2026 en Lerdo, Durango, por su probable participación en el homicidio de Juan Carlos Casales, quien murió tras una agresión ocurrida el 22 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua. La captura se realizó para cumplimentar una orden de aprehensión emitida por un juez de control de esa ciudad.

Sandra Salomé “N”, de 50 años, era requerida por el delito de homicidio calificado. La Policía Investigadora de Delitos participó en el operativo junto con las fiscalías de Durango y Chihuahua.

La orden judicial fue librada el 24 de octubre de 2026, dos días después de la agresión contra la víctima. La mujer fue localizada en la Comarca Lagunera por elementos adscritos al Grupo de Mandamientos Judiciales de la Vicefiscalía Región Laguna.

Las autoridades de Chihuahua señalaron que la investigación se centró en los hechos registrados en el exterior de un domicilio de la colonia Juanita Luna, en Ciudad Juárez. La agresión habría ocurrido entre las 20:00 y 22:00 horas.

La agresión ocurrió afuera de un domicilio en Ciudad Juárez

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Sandra Salomé “N” habría participado junto con otras tres personas en la agresión contra Juan Carlos Casales. Los señalados presuntamente utilizaron un palo, una piedra y golpes con los puños.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo como resultado de las lesiones. Ese padecimiento le provocó la muerte, según los datos integrados en la solicitud de captura.

Después del ataque, las cuatro personas presuntamente involucradas habrían escapado del lugar. Las investigaciones posteriores permitieron ubicar a la mujer en el municipio de Lerdo, Durango.

La detención se efectuó mediante un mecanismo de colaboración entre ambas fiscalías estatales. Los agentes duranguenses ejecutaron el mandamiento judicial solicitado por las autoridades de Chihuahua.

Sandra Salomé “N” fue entregada a las autoridades de Chihuahua

Tras su captura, la mujer fue entregada a las autoridades de Chihuahua para continuar el procedimiento judicial por el homicidio de Juan Carlos Casales. Será la autoridad competente la que determine su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.

El caso fue clasificado como homicidio calificado en la orden emitida por un juez de control de Ciudad Juárez. La imputación deriva de la probable participación de la detenida en la golpiza que ocasionó el traumatismo craneoencefálico de la víctima.

La Fiscalía de Durango informó que la intervención de la Policía Investigadora de Delitos formó parte de la coordinación entre instituciones de procuración de justicia de distintas entidades. Ese esquema permitió ejecutar la orden de aprehensión fuera de Chihuahua.

La investigación continúa respecto de las otras tres personas que habrían intervenido en la agresión del 22 de octubre de 2026. Las autoridades señalaron que los presuntos responsables huyeron después del ataque.

Jonathan Prieto, integrante de Dezzendente, murió por balazos la mañana de este jueves 5 de noviembre en Salamanca, Guanajuato, luego de que hombres armados irrumpieron en el puesto de tacos donde trabajaba como ayudante y le dispararon de forma directa.

El ataque ocurrió minutos antes de las 10:00 horas en un negocio ubicado sobre la calle Cazadora, cerca de la avenida Faja de Oro. La víctima realizaba sus labores en el establecimiento cuando los agresores llegaron al sitio.

Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida por proyectiles de arma de fuego dentro o en las inmediaciones del puesto.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron al trabajador con diversas lesiones. Paramédicos revisaron al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió en un puesto de tacos de la calle Cazadora

Policías municipales cerraron la vialidad y mantuvieron resguardada la zona junto con elementos de la Guardia Nacional. El perímetro permaneció acordonado mientras se realizaban las primeras diligencias tras el homicidio.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron después para recabar indicios que permitieran iniciar la investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General, donde se le practicaría la necropsia de ley.

Horas más tarde, se confirmó que el trabajador asesinado era Jonathan Prieto, músico de la agrupación local de regional mexicano Dezzendente. El grupo difundió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook para confirmar la identidad de su compañero.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente”, publicó la agrupación. El mensaje describió al músico como una persona que dejó “momentos, recuerdos y experiencias” entre quienes trabajaron con él.

Dezzendente confirmó la muerte de su integrante en redes sociales

La agrupación expresó sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Prieto. “Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”, señaló la publicación.

El grupo también deseó “mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”. En el mensaje, sus integrantes enviaron un abrazo y sus condolencias a los familiares del músico salmantino.

El caso se sumó a otros asesinatos de integrantes de agrupaciones musicales registrados en Guanajuato durante los últimos meses. Uno de los hechos más recientes ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en la comunidad de Chichimequillas, municipio de Silao.

En ese ataque armado murieron Diego Israel Rodríguez González, vocalista de Alto Exceso, de 20 años, y Juan Carlos Muñoz Gómez, conocido como “Charly”, bajista de la misma agrupación, de entre 23 y 24 años. Un tercer integrante, Jonathan Pérez, “Johnny”, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital del municipio.

Dos músicos de Alto Exceso murieron en Silao en septiembre de 2026

Hombres armados dispararon contra los jóvenes mientras estaban en una reunión o fiesta previa a las celebraciones del Grito de Independencia. La agresión fue descrita como un ataque directo contra los integrantes del grupo.

La Fiscalía de Guanajuato mantuvo abierta la investigación por ese doble homicidio. Hasta ese momento no se habían dado a conocer detenciones relacionadas con el ataque en Chichimequillas.

Otro antecedente fue el asesinato de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, quien murió a balazos en su domicilio de Irapuato después de una presentación. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de junio de 2025.

El cantante se encontraba con varias personas en una casa de la calle Azucena, en la colonia Santa María, después de que la banda amenizó una fiesta durante la tarde y noche del sábado 31 de mayo. Hombres armados irrumpieron en la vivienda y le dispararon; Luna murió por la gravedad de las lesiones.

Los resultados preliminares del Distrito 5, una demarcación con marcada paridad política, otorgaron la ventaja al aspirante conservador, quien en junio asumió una banca temporal en el Distrito 3 por designación y ahora disputó su primera elección popular para acceder a este nuevo escaño. Los cómputos iniciales mostraron una diferencia estrecha mientras las autoridades locales continuaban la revisión de las boletas por vía postal y los sufragios provisionales, en un contexto donde el dirigente evitó declaraciones públicas sobre el proceso judicial que su allegado afronta en Nueva York.

El resultado preliminar de la elección en el Consejo del Condado de Baltimore

De acuerdo con los datos electorales que difundió el semanario Newsweek, Nino Mangione captó el 48,7% de los sufragios. Este porcentaje inicial superó al demócrata Shawn McIntosh, quien cosechó el 45,2% de las adhesiones, y al postulante independiente Cory Shaffer, quien reunió el 6%, en tanto que otras opciones por escrito alcanzaron el 0,08%.

La diferencia favorable al candidato republicano alcanzó los 1.228 votos (16.835 frente a 15.607 de McIntosh) tras el cierre de las urnas el martes por la noche. Según informó el diario New York Post, los funcionarios electorales mantuvieron la verificación de las boletas por vía postal durante los días posteriores, sin que el adversario demócrata concediera la victoria de forma oficial. Este avance en las urnas marca el primer triunfo popular del postulante para el Distrito 5, tras su desempeño previo en el órgano de gobierno de Baltimore, donde cubrió una vacante en el Distrito 3 luego de la dimisión del concejal anterior.

Quién es Nino Mangione, el primo de Luigi Mangione que triunfó en las urnas

El funcionario, de 39 años, forjó una trayectoria visible en la vida pública de Maryland antes de los sucesos policiales que involucraron a su pariente. Mangione inició su labor en la Cámara de Delegados estatal en 2019, donde representó al Distrito 42B hasta enero de 2023, fecha en la que asumió la representación del Distrito 42A hasta su renuncia formal el 1 de junio de 2026.

En el plano de los medios, el dirigente modera el programa radial de corte conservador “The Right Side” a través de la emisora WCBM de Baltimore.

A lo largo de su carrera pública, consolidó un perfil alineado con el ideario del Partido Republicano y centró su mensaje en la oposición frontal a las políticas progresistas del ámbito local.

La campaña de Nino Mangione y su postura contra el crimen

El debate sobre la seguridad ciudadana dominó la estrategia proselitista del legislador en el Distrito 5, según consignó un reporte de la cadena CNN. Durante sus presentaciones públicas, el aspirante alertó sobre el aumento de homicidios, asaltos violentos y robos de automóviles en el condado, a la vez que cuestionó a los magistrados por aplicar criterios que consideró benévolos con los delincuentes.

A través de su sitio web oficial, Nino Mangione fundamentó su postura con un compromiso tajante: “Los infractores violentos deben cumplir las penas máximas para demostrar a los reincidentes que sus acciones ya no serán toleradas”. Esta promesa explícita de mano dura y sanciones más rigurosas, junto con la propuesta de destinar mayores recursos económicos a la policía, cimentó el apoyo de sus electores.

El vínculo familiar con Luigi Mangione y el caso Brian Thompson

Tanto Nino como Luigi Mangione pertenecen al círculo de 37 nietos de Nick Mangione Sr., un próspero magnate de los bienes raíces que levantó un emporio de clubes campestres, residencias geriátricas y emisoras de radio en Baltimore hasta su deceso en 2008. La familia aportó donaciones benéficas superiores al millón de dólares al Greater Baltimore Medical Center, institución médica donde nacieron ambos primos con una década de diferencia.

El arresto de Luigi en relación con la muerte de Brian Thompson, que ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York, sacudió al entorno familiar. Pocas horas después de la detención, Nino difundió un pronunciamiento público en el que declaró: “Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi”, al tiempo que pidió oraciones para los allegados del ejecutivo fallecido. Frente a la repercusión del suceso, el político canceló encuentros de recaudación de fondos y rehusó contestar preguntas de la prensa sobre la situación procesal de su primo a lo largo de toda la campaña electoral.

El expediente contra Luigi transita por dos vías judiciales paralelas en los tribunales estadounidenses. El acusado de 28 años aceptó en agosto su culpabilidad por delitos federales de acoso con saldo mortal, por los cuales escuchará su sentencia el 18 de diciembre y arriesga una condena a cadena perpetua.

En simultáneo, sus abogados defensores reclaman ante los estrados del estado de Nueva York el sobreseimiento de las imputaciones por asesinato en segundo grado y porte de armas, bajo el argumento de que la ley prohíbe el doble juzgamiento por un mismo hecho, recurso que la fiscalía de distrito de Manhattan rechaza con firmeza.

La Fiscalía General de la Nación avanza hacia la imputación en ausencia de varios integrantes de la Segunda Marquetalia por el atentado contra el senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El ataque, ejecutado por un menor de edad, le causó heridas que derivaron en su muerte semanas después.

La investigación atribuye a esa disidencia la orden para cometer el crimen. Sin embargo, más de un año después del hecho, los presuntos responsables intelectuales no han sido formalmente imputados debido a las dificultades para hacerles llegar una notificación judicial.

La Fiscalía publicará emplazamientos para avanzar con la audiencia

El ente acusador publicará los emplazamientos para convocar a audiencia a los señalados. Si no comparecen, buscará que se les declare personas ausentes y que la diligencia continúe bajo esa figura procesal, según informó Semana.

La lista de los mencionados en el expediente incluye a Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo.

La notificación es un requisito previo para la imputación. El paradero de varios de los dirigentes de la organización y su condición de prófugos han impedido, hasta ahora, que las autoridades completen ese procedimiento por las vías ordinarias.

El caso podría recibir la calificación de imprescriptible

La Fiscalía también evalúa la posibilidad de solicitar que el asesinato de Uribe Turbay sea considerado imprescriptible, de acuerdo con la información publicada por la revista. Esa definición evitaría que el paso del tiempo extinga la posibilidad de investigar y juzgar el caso.

La valoración tendría en cuenta el impacto del homicidio, pues era senador del Centro Democrático y aspiraba a la Presidencia cuando fue atacado. Los investigadores trabajan sobre nuevas pistas relacionadas con quienes habrían participado en la planeación del atentado, además de la estructura que, conforme a la investigación, ejecutó el ataque en Bogotá.

La eventual imputación en ausencia definiría el siguiente paso procesal frente a los dirigentes señalados y permitiría que la investigación judicial continúe sin que su comparecencia física sea un requisito inmediato.

Las nuevas pistas del magnicidio de Migeel Uribe Turbay

Géner García Molina, alias John 40, presuntamente financió y coordinó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con una bolsa total de $5.000.000.000, según información entregada a la Fiscalía General de la Nación y a la familia del político. La versión en poder del ente investigativo vincula al mando de la Segunda Marquetalia tanto con la planeación como con la obtención de los recursos para el hecho.

Los datos de un informe al que accedió Semana proceden de una persona relacionada con ese grupo armado que busca beneficios judiciales y cobrar las recompensas ofrecidas por García Molina, alias John 40 e “Iván Márquez”. La nueva denuncia desplaza el foco que hasta ahora recaía sobre José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, a quien se le atribuía un papel central pese a que no hay pruebas de su supuesta muerte en combate.

Según la denuncia, el dinero ingresaba a los campamentos por medio de alias el Viejo, capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, en Puerto Lleras, Meta, informó la revista.

La fuente también habló de una reunión en Venezuela, en un campamento de Luciano Marín Arango o alias Iván Márquez, a la que habrían asistido el “Zarco Aldinever” y “John 40”. Otras tres reuniones se habrían realizado en un campamento de García Molina en Carurú, zona por la que presuntamente se desplaza en cuatrimotos anfibias adquiridas en Bogotá y enviadas hacia Vaupés.

El Gabinete de Seguridad federal señaló a Edgar Aarón Vásquez Alvarado, alias “El General”, como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, un mando policial cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El crimen ocurrió el 21 de julio de 2024 en el Estado de México.

El señalamiento se conoció luego de que “El General”, identificado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, muriera el jueves en un enfrentamiento con fuerzas federales en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El señalamiento oficial contra “El General”

Omar García Harfuch confirmó el vínculo a través de su cuenta de X, tras el operativo en el que murió el presunto líder criminal. El funcionario precisó que las carpetas de investigación ministeriales ubicaban a Edgar Aarón como el responsable de ordenar el ataque contra Morales Figueroa.

Milton Morales Figueroa ocupaba el cargo de coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y era una pieza clave en el equipo de García Harfuch. Fue asesinado a balazos el 21 de julio de 2024 en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, mientras se encontraba fuera de servicio.

El funcionario sostuvo que las investigaciones continuarán abiertas para capturar a la totalidad de los involucrados en la organización criminal que encabezaba “El General”.

El ataque contra Morales Figueroa

El crimen ocurrió el 21 de julio de 2024 en la colonia Acuales, del municipio de Coacalco, Estado de México. Morales Figueroa se encontraba realizando actividades personales cerca de una pollería cuando fue atacado.

Un video que circuló en redes sociales mostró el momento exacto del ataque: una persona se aproximó caminando por la espalda del funcionario y abrió fuego contra él cerca del mediodía de ese domingo. El mando policial no contó con escoltas al momento de la agresión, según informó en su momento el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Además de Morales Figueroa, dos personas más resultaron heridas durante el ataque: su cuñado y otro individuo que se encontraba en el lugar. Las víctimas realizaban actividades personales en las inmediaciones al momento de los disparos.

Vázquez Camacho confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y descartó que el caso quedara impune. “En este, como en otros casos que atendemos en la SSC CDMX, no habrá impunidad; trabajaremos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para identificar, detener y presentar ante la justicia a los responsables”, declaró el funcionario.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó, además, que se mantenía en coordinación con su contraparte del Estado de México para apoyar en la indagatoria del caso.

El motivo señalado por las autoridades

Las investigaciones oficiales plantean que el homicidio fue una represalia por la labor de Morales Figueroa en la desarticulación de grupos criminales. El funcionario lideró operativos contra organizaciones como La Unión Tepito y participó en el decomiso de grandes cantidades de droga en la capital del país.

Entre los grupos afectados por esas acciones se encontraban el Cártel de Caborca y el propio Cártel Nuevo Imperio, la organización que fundó y encabezaba “El General” desde 2017, junto con Óscar Antonio “N”, alias “El 300”, quien actualmente permanece recluido.

Los detenidos previos en la causa

Antes de la muerte de “El General”, las autoridades ya habían detenido a nueve personas implicadas en la planeación y ejecución del homicidio de Morales Figueroa, entre ellas al autor material del crimen.

Uno de los detenidos, identificado como Armando “N”, habría utilizado bodegas para desmantelar automóviles de la marca Aveo. Esos vehículos fueron empleados en el ataque contra el mando policial, de acuerdo con las investigaciones.

Según las pesquisas, el mismo sitio habría sido utilizado para planear el asesinato. Armando “N” y su hijo ocupaban la bodega como taller mecánico, espacio que también servía para el ocultamiento y desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.

Erick Gerardo “N” y Lorena Janeth “N”, señalados como autores intelectuales del crimen, fueron arrestados el 28 de julio de 2024. Las investigaciones indican que ambos tramitaron las placas de los vehículos Aveo utilizados en los recorridos y maniobras que los agresores realizaron frente al domicilio de la víctima antes del ataque.

Reacciones al homicidio de Milton Morales Figueroa

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el crimen durante su conferencia matutina del 23 de julio de 2024, dos días después del ataque. “Lamentamos mucho, un abrazo y nuestro pésame a sus familiares y amigos”, declaró el mandatario.

López Obrador insistió en que los responsables debían ser buscados y castigados. El presidente evitó caer en especulaciones sobre el móvil del crimen, pero aseguró que, cualquiera que fuera el supuesto detrás del asesinato, en México ya no persistía la impunidad.

Horas antes, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, había advertido que no habría impunidad en el caso. La funcionaria, quien asumiría después la Secretaría de Gobernación, reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encabezaba la investigación, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la SSC.

“Todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Evidentemente se dará a conocer en su momento cuál es el avance”, declaró Rodríguez. La funcionaria agregó: “No queremos ninguna filtración porque queremos que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso”.

La funcionaria también reveló que conocía y había tratado a Morales Figueroa. “Era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad del país”, señaló.

Ante la pregunta directa de si existía algún indicio que vinculara el asesinato con una organización criminal, Rodríguez rechazó dar detalles en ese momento.

La muerte de “El General” en Naucalpan

El desenlace de esta investigación llegó el jueves, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia intentaron cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Edgar Aarón “N” en la zona de Lomas Verdes, Naucalpan.

Durante el despliegue, los ocupantes de un vehículo identificaron a los agentes federales y abrieron fuego en su contra. Al repeler la agresión, “El General” perdió la vida junto con otra persona en el lugar.

Las autoridades dieron parte al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Además de su presunta responsabilidad en el homicidio de Morales Figueroa, Edgar Aarón “N” era investigado por secuestro, extorsión, despojo, lavado de dinero, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá, delitos que el Gabinete de Seguridad le atribuía al frente del Cártel Nuevo Imperio.

A esta accion, Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, se pronunció a través de su cuenta de X tras conocerse el señalamiento contra “El General”. “Las investigaciones señalan a este sujeto como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024”, escribió la funcionaria. Figueroa agregó: “No te olvidamos nunca Milton. Tu entrega, profesionalismo y compromiso están siempre con nosotros”.

Se trata de Angelina Olivera da Silva y Kauá Kazahaya da Arruda, apresados en la esquina de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz de la capital tucumana, acusados de matar al desarrollador de videojuegos Tamir Nadav, ciudadano estadounidense. Ambos acusados convivían con la víctima.

El crimen fue particularmente grotesco. El cadáver de Nadav fue encontrado el 18 de septiembre pasado en avanzado estado de descomposición en una casa de Maringá, estado de Paraná, atado de pies y manos, en una habitación cerrada con candado. La autopsia determinó que Nadav, que vivía en Brasil desde 2021, fue asesinado, al menos, dos semanas antes del hallazgo de su cadáver.

La edad de Da Silva estremece: tiene apenas 18 años. La víctima, 46.

Según documentos oficiales, Nadav habría sido extorsionado y secuestrado. La ex esposa de la víctima confrontó a ambos acusados, que le afirmaron que la víctima, simplemente, estaba de viaje.

Oliveira y Kazahaya, según los mismos documentos, habrían empleado el dinero de la víctima para financiar una gira de shopping que incluyó relojes de lujo, con una factura de casi $10 millones de reales. Los gastos en las cuentas de Nadav continuaban, una supuesta pantomima para demostrar que el informático seguía vivo. Sin embargo, una serie de papeles personales de ambos acusados hallados en el domicilio de la víctima la delataron.

Cómo entraron al país

Ambos sospechosos entraron de forma legal al país el 19 de septiembre último desde Paraguay, cuando cruzaron el Puente Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz a bordo de un remise. Declararon como domicilio de referencia en el país el Hotel Julio Cesar, Posadas, Misiones.

Los sospechosos de matar al desarrollador gamer le ganaron a la Justicia por poco. Ambas circulares rojas emitidas en su contra el 16 y el 23 de octubre respectivamente, primero se pidió la captura de Kazahaya, luego Da Silva.

La DUOF Tucumán de la PFA también intervino en la captura, en la que colaboró Interpol Brasilia, con información de autoridades estadounidenses. La extradición de ambos acusados estará a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, con el magistrado Guillermo Díaz Martínez.

Siete hombres fueron asesinados en cinco municipios de Guerrero durante la mañana y la tarde de este miércoles 4 de noviembre. Los hechos incluyeron el hallazgo de dos cuerpos con impactos de bala y golpes en Chilpancingo, un cadáver abandonado dentro de un recipiente de plástico en Zihuatanejo, un homicidio con arma blanca en Acapulco y un enfrentamiento entre grupos armados que dejó dos muertos en Olinalá.

Los reportes comenzaron alrededor de las 08:00 horas en la colonia Tierra y Libertad, ubicada al oriente de Chilpancingo, donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres. Ambos presentaban lesiones por proyectiles de arma de fuego y golpes, según los primeros informes policiacos.

Casi a la misma hora, en Zihuatanejo, municipio de la región Costa Grande, fue localizado otro cadáver dentro de un bote de plástico. El recipiente estaba en el exterior de una vivienda en obra negra, a un costado de un camino de terracería.

Una hora después, alrededor de las 09:00, autoridades reportaron el hallazgo de un hombre asesinado en la colonia Nuevo Puerto Marqués, en las inmediaciones del Macrotúnel de Acapulco. La víctima presentaba heridas provocadas por un arma blanca.

Enfrentamiento armado deja dos muertos en la región Montaña

La violencia también alcanzó a la comunidad nahua de San Antonio Coyoacán, en el municipio de Olinalá, donde dos hombres murieron durante un intercambio de disparos entre grupos armados.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 11:00 horas en calles de la localidad. De acuerdo con los reportes policiacos, los dos fallecidos portaban chalecos tácticos y armas largas al momento de los hechos.

El último homicidio reportado ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el barrio El Fortín, en Tixtla, donde un hombre fue atacado a balazos.

Los cinco municipios registraron así siete víctimas mortales en un periodo inferior a ocho horas. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no habían establecido públicamente que los asesinatos estuvieran relacionados entre sí ni atribuido los ataques a una organización criminal específica.

Guerrero acumula más de 700 homicidios dolosos en 2026

Los asesinatos del miércoles ocurrieron en un estado donde las disputas entre organizaciones criminales, los ataques contra comunidades y los desplazamientos de habitantes mantienen abiertos distintos focos de violencia.

Entre enero y septiembre de 2026, Guerrero acumuló 731 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 13 de octubre. Con ese registro, la entidad ocupaba el sexto lugar nacional y concentraba el 5.7 por ciento de los asesinatos contabilizados en el país.

Septiembre cerró con 79 víctimas de homicidio doloso, seis más que en agosto, cuando se contabilizaron 73. Marzo había sido el mes con mayor incidencia en lo que iba del año, con 102 víctimas, según los datos del SESNSP.

Aunque el Gobierno federal informó sobre una reducción del 60 por ciento en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 —de 6.6 a 2.6 casos—, los episodios de violencia armada continuaron en distintas regiones de Guerrero.

Los Ardillos, Los Tlacos y otros grupos disputan territorios en Guerrero

Una parte de la violencia estatal está relacionada con las disputas por el control territorial, las rutas de trasiego de drogas y actividades como la extorsión. Entre las organizaciones con presencia documentada se encuentran Los Ardillos, Los Tlacos, La Familia Michoacana, Los Rusos, el Cártel Independiente de Acapulco y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El análisis del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) sobre las guerras criminales en México identifica enfrentamientos entre Los Tlacos, Los Ardillos y Cárteles Unidos en la región Centro, con episodios de violencia en Chilapa, Chilpancingo y Eduardo Neri.

También documenta disputas de Los Tlacos con La Bandera y La Familia Michoacana en municipios del norte, así como con Los Ardillos en zonas de la Montaña.

En Acapulco, la competencia entre organizaciones criminales también está vinculada con el control de actividades de extorsión y tráfico de drogas. ACLED identifica al menos seis grupos armados involucrados en estas disputas en el puerto.

La presencia de estos grupos no es ajena a los municipios donde se registraron los siete asesinatos, aunque hasta el momento no existe información oficial que permita relacionar los homicidios del 4 de noviembre con alguna de estas organizaciones.

Ataques recientes dejaron muertos y desplazados en Guerrero

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 19 de octubre en la comunidad de El Terrero, municipio de Juan R. Escudero, donde más de 40 hombres armados irrumpieron y atacaron al menos seis viviendas con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones. Los habitantes atribuyeron la agresión a Los Ardillos y denunciaron que ocurrió apenas dos semanas después del regreso de familias que habían abandonado la localidad por la violencia.

El ataque reavivó el temor entre los habitantes de la zona, de donde habían salido 261 personas desplazadas desde 2023. Según los testimonios recabados por Quadratín, 61 habían regresado recientemente a la comunidad antes de la nueva incursión armada.

En Acapulco también se registraron asesinatos durante el fin de semana previo. Un recuento periodístico citado por Infobae México contabilizó cinco personas muertas durante esos días y 20 fallecimientos presuntamente relacionados con el crimen organizado en lo que iba de octubre.

La condena derivó de la muerte de Alyssa Lynch, de ocho años, y de su hermano Caleb Lynch, de cinco. Ambos perdieron la vida en el incendio que Weisheit provocó de forma deliberada en la vivienda que compartía con su pareja en el área de Evansville en 2010, con los niños atrapados en su interior, según consignó KTVL.

Weisheit pasó 13 años en el corredor de la muerte desde su condena, en 2013, por dos cargos de asesinato y uno de incendio intencional, de acuerdo con Fox 59 Indiana News.

El gobernador Braun rechazó la clemencia y los tribunales desestimaron dos recursos distintos de la defensa

Semanas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Indiana rechazó por unanimidad el pedido de la defensa para posponer la ejecución 14 días y trasladar a Weisheit a un centro médico para realizarle estudios cerebrales, argumentando que el tribunal no tenía autoridad para intervenir en los procedimientos de clemencia del ejecutivo, según documentó Indiana Capital Chronicle.

El gobernador Mike Braun también desestimó esa petición médica y, días después, rechazó la solicitud de conmutar la pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Junta de Indultos del estado emitió una recomendación unánime para mantener la orden de ejecución, informó CNN/AP.

Ya en la víspera de la ejecución, la Corte Suprema de Indiana denegó en una votación dividida de 3 votos contra 2 el recurso de emergencia que solicitaba suspender el procedimiento durante diez días para examinar los fármacos y el protocolo de inyección letal.

Los magistrados disidentes, la presidenta del tribunal Loretta Rush y el magistrado Christopher Goff, manifestaron que habrían concedido esa suspensión para permitir presentaciones inmediatas sobre la formulación, caducidad, almacenamiento y análisis de las sustancias, según el texto de la resolución publicado por la Corte Suprema de Indiana.

Tras la ejecución, Braun señaló que el caso tuvo múltiples revisiones en instancias estatales y federales sin que ninguna revocara el fallo, mientras que el fiscal general Todd Rokita sostuvo que la condena representó una justicia largamente esperada para Alyssa Lynch y su hermano Caleb, según recogió ABC7 Chicago.

La defensa cuestionó el origen de las sustancias letales y el padre de las víctimas pidió clemencia

El abogado Joseph Perkovich formuló objeciones sobre la procedencia de los compuestos utilizados en la ejecución. Según alegaron los defensores y documentó Fox 59 Indiana News, el IDOC abonó USD 275.000 a la farmacia Pharmaneek, Inc. para adquirir las drogas letales —un precio que, según la defensa, superó en unas 17 veces el valor de mercado habitual—, un día después de que la junta reguladora del sector ordenara a esa empresa justificar por qué no debía ser clausurada de inmediato. Frente a esas alegaciones, el IDOC afirmó tener plena confianza en su capacidad para llevar adelante el procedimiento de manera humana y profesional, según CNN/AP.

En sentido contrario a la postura de las autoridades estatales, Steven Lynch, padre biológico de los menores fallecidos, solicitó formalmente que se perdonara la vida del recluso. A través de una declaración jurada recogida por Fox 59 Indiana News, el progenitor pidió extender un acto de misericordia y reemplazar la pena por reclusión perpetua. Lynch argumentó que causar dolor a la familia de Weisheit no era lo que sus hijos hubiesen querido, y expresó su deseo de evitar que otra familia sufriera la pérdida de un ser querido, al tiempo que otorgó su perdón personal al reo.

Florida y Alabama programaron dos ejecuciones adicionales para la misma jornada

La ejecución en Indiana abrió una jornada en la que Florida y Alabama también programaron aplicaciones de la pena capital, en lo que constituyó la segunda ocasión en el año en que tres personas fueron ejecutadas en un solo día en Estados Unidos, según CNN/AP. En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis fijó la ejecución de Jesse Guardado, de 64 años, quien confesó el homicidio de una mujer de 75 años en 2004 para sustraer sus pertenencias, en lo que constituyó la decimonovena ejecución del año en ese estado, cifra que igualó el récord establecido en 2025.

En Alabama, el convicto Michael Taylor, de 54 años, afrontó la orden de pena capital por el asesinato a golpes de Ivan Moore y Lucille Moore durante un robo perpetrado en su vivienda de Gadsden en 1991, cuando Taylor tenía 19 años y era desertor de la Marina, según documentó Alabama Reflector.

Organizaciones contrarias a la pena de muerte solicitaron clemencia a la gobernadora republicana Kay Ivey en atención a la edad y la inmadurez del recluso al momento de los hechos, pero la mandataria rechazó conmutar la sanción, informó CNN/AP.

Morena exigió esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, y fundador del movimiento, según un comunicado emitido este 4 de noviembre.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, expresó su consternación e indignación por la muerte del funcionario y envió condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de lucha.

El partido pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva, agotar todas las líneas de investigación por y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. También solicitó que actúen con prontitud y rigor para que el crimen no quede sin respuesta.

SSPC de Morelos confirma el asesinato de Gabriel Rivas Ríos

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 4 de noviembre durante un ataque directo en el poblado de Acapantzingo. El político, de aproximadamente 72 años, había denunciado amenazas previas, antecedente que encabeza las líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

Rivas Ríos circulaba en un auto compacto azul cuando hombres armados que viajaban en motocicleta dispararon contra él frente al establecimiento Miche Lui’s, en Acapantzingo. Los agresores atacaron directamente al conductor y escaparon del lugar.

Elementos de seguridad persiguieron a los responsables hasta la calle Humboldt, en el centro de Cuernavaca, aunque hasta el momento no se ha informado de detenciones. Las autoridades instalaron un cerco de seguridad e iniciaron un operativo de búsqueda.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos confirmó de manera preliminar el fallecimiento del regidor y señaló que mantendría presencia en la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Morelos realiza el levantamiento del cuerpo en Acapantzingo

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato del integrante del Cabildo de Cuernavaca y deslindar responsabilidades conforme al marco legal vigente.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió a la colonia Ejidos de Acapantzingo para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las indagatorias. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo del ataque.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó el asesinato mediante un mensaje en su cuenta de X. “El fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

González Saravia agregó que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener coordinación para esclarecer el caso. “En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia”, escribió.

Rivas Ríos acumulaba más de cinco décadas de actividad social

Originario de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos nació y creció en la colonia Flores Magón. Su trayectoria en la lucha social se extendió por más de cinco décadas e inició con su participación en movimientos sindicales.

Posteriormente militó en el Partido de la Revolución Democrática, organización con la que obtuvo una curul en el Congreso de Morelos en 1994, en una etapa que describió como de persecución política. Fue fundador del PRD en la entidad y uno de los primeros diputados locales de mayoría de ese partido.

Con el tiempo se integró a Morena y fue fundador de ese partido en Morelos. Su último cargo público fue como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca durante el periodo 2025-2027.

Rivas Ríos fundó la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, nombrada en memoria del activista asesinado en 2016. También se desempeñaba como dirigente de la Coordinadora Social Morelense.

Era conocido como “el regidor del pueblo” por su participación en demandas ciudadanas. Entre ellas estuvieron las protestas contra aumentos al predial y al transporte público, exigencias de cobros justos por el agua ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, así como el acompañamiento a víctimas de violencia y abuso de poder.

El regidor también se oponía a las actualizaciones de las tablas catastrales y, mediante su agrupación política Gustavo Salgado, encabezaba acciones contra la privatización del agua en Cuernavaca.

Presidía tres comisiones en el Cabildo de Cuernavaca

En el Ayuntamiento de Cuernavaca, Rivas Ríos presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad. Había propuesto reducir en 50% los sueldos de los regidores para destinar esos recursos a la ciudad.

Durante su gestión cuestionó de forma recurrente la opacidad y el abandono urbano en el municipio. También mantenía críticas contra el gobierno panista de Cuernavaca por asuntos financieros relacionados con el manejo del presupuesto municipal.

Entre sus exigencias figuraba la expropiación de una de las últimas reservas naturales de la capital morelense, donde se proyecta construir un complejo de lujo al que se oponía públicamente.

José Alfredo García Gutiérrez, coordinador municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana, Baja California, fue asesinado a balazos la noche del domingo 1 de noviembre, luego de intervenir en un presunto caso de extorsión contra un familiar.

De acuerdo con los primeros reportes, el activista, de 55 años, acudió al llamado de su sobrino, quien supuestamente era víctima de cobro de piso.

Al llegar al lugar, ubicado en las inmediaciones del parque Reforma, en la delegación Sánchez Taboada, intentó mediar con los presuntos responsables, pero fue atacado con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron entre las 19:00 y las 20:00 horas, en el cruce de las calles Acueducto y Simón Bolívar, en la colonia Reforma.

Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, en el sitio fue localizado el cuerpo de un hombre identificado como José Alfredo, así como tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Hasta el momento, la información proporcionada no reporta personas detenidas por el homicidio.

Participó en marcha por Carlos Manzo horas antes del ataque

El asesinato ocurrió el mismo día en que García Gutiérrez participó en una movilización realizada en Tijuana para recordar a Carlos Manzo Rodríguez, fundador del Movimiento del Sombrero, en el marco del primer aniversario de su asesinato.

Manzo, quien fue alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, murió el 1 de noviembre de 2025, luego de ser atacado a balazos durante el Festival de las Velas, en la Plaza Morelos de ese municipio.

Durante la manifestación del domingo, García Gutiérrez habló sobre la situación de seguridad y cuestionó el desempeño de las autoridades frente a la delincuencia organizada.

En declaraciones al semanario ZETA, señaló que, desde su perspectiva, el gobierno no había concentrado sus esfuerzos en combatir a los grupos delictivos y consideró que la violencia afectaba a la población.

Horas después de esa participación pública, el coordinador municipal perdió la vida en el ataque armado.

Movimiento del Sombrero exige esclarecer el homicidio

Tras confirmarse el asesinato, Leopoldo Sánchez, dirigente estatal del Movimiento del Sombrero en Baja California, informó sobre la muerte de García Gutiérrez y solicitó a la Fiscalía estatal que investigue los hechos.

El líder estatal indicó que, según la versión proporcionada por un familiar de la víctima, el coordinador municipal acudió a auxiliar a su sobrino ante una presunta extorsión y fue asesinado cuando intentaba intervenir.

También descartó que, de acuerdo con su interpretación de los acontecimientos, la actividad política de García Gutiérrez hubiera sido el motivo del ataque. Señaló que consideraba el homicidio relacionado con la inseguridad que se vive en Tijuana y en otras partes del país.

Entre los datos conocidos sobre el caso destacan:

• Víctima: José Alfredo García Gutiérrez, de 55 años.
• Cargo: enlace municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana.
• Fecha del ataque: domingo 1 de noviembre de 2026.
• Lugar: colonia Reforma, delegación Sánchez Taboada.
• Indicios: tres casquillos calibre 9 milímetros.
• Presunto motivo de su intervención: auxiliar a un sobrino que habría sido víctima de extorsión.

Organización condena violencia y pide justicia para José Alfredo

El Movimiento Independiente del Sombrero en Baja California difundió un pronunciamiento en el que lamentó el asesinato de su compañero y expresó su solidaridad con su esposa, hijos y demás familiares.

La agrupación recordó que días antes sus integrantes se habían reunido para exigir justicia por Carlos Manzo y señaló que ahora enfrentaban la pérdida de otro miembro de su organización.

Asimismo, exigió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Por su parte, la Mesa Estatal Ciudadana de Baja California también condenó el crimen y solicitó la intervención de los tres órdenes de gobierno para atender el caso.

En su posicionamiento, señaló la extorsión como uno de los problemas de inseguridad que afectan a las familias y pequeños comerciantes de la entidad.

¿Qué se sabe del Movimiento del Sombrero en Baja California?

El Movimiento Independiente del Sombrero tiene presencia en distintos municipios de Baja California, entre ellos Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada.

La organización surgió como una plataforma independiente enfocada en la participación ciudadana y la gestión de demandas sociales.

En la entidad, sus integrantes han promovido acciones relacionadas con la seguridad, la atención a comerciantes y las denuncias por presuntos abusos y extorsiones.

Luego del asesinato de García Gutiérrez, sus integrantes reiteraron que continuarán con sus actividades y exigieron que el caso no quede impune.

De acuerdo con la información difundida por el dirigente estatal, el cuerpo de José Alfredo García Gutiérrez sería velado este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en la Funeraria Nueva Jerusalén.

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles durante un ataque armado directo en el poblado de Acapantzingo, en la capital de Morelos.

Cómo fue el ataque armado contra el regidor

Gabriel Rivas Ríos murió después de que hombres armados a bordo de una motocicleta dispararan contra su vehículo compacto de color azul frente al establecimiento Miche Lui’s, en Acapantzingo. El ataque ocurrió luego de que se revelara que el regidor ya había denunciado amenazas previas en su contra, antecedente que ahora encabeza las líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon directamente contra el conductor del vehículo antes de darse a la fuga.

Tras la agresión, elementos de seguridad persiguieron a los responsables hasta la calle Humboldt, en el centro de Cuernavaca, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención.

Las autoridades desplegaron un cerco de seguridad y un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen.

Fiscalía de Morelos inicia diligencias para esclarecer el crimen

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos ocurridos que le arrebataron la vida al regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales desarrolla en la colonia Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, la diligencia de levantamiento del cuerpo y las indagatorias iniciales para el esclarecimiento de los hechos.

La dependencia señaló que el objetivo de estas acciones es deslindar responsabilidades conforme al marco legal vigente. La Fiscalía de Morelos reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables de los hechos delictivos.

Respuesta de las autoridades estatales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos fue la primer dependencia en confirmar de manera preliminar el fallecimiento del regidor. La dependencia señaló que mantendría un operativo de seguridad en la zona, en coordinación con las autoridades competentes, mientras se realizan las diligencias para esclarecer los hechos.

El caso vuelve a colocar a Cuernavaca y al estado de Morelos bajo la atención nacional por la violencia contra integrantes de gobiernos municipales.

Por su parte, Margarita González Saravia, gobernadora constitucional de Morelos, lamentó en su cuenta de X “el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

“He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos. En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia”, agregó

Quien era Rivas Palacios y cual era su trayectoria política

Gabriel Rivas Ríos, de aproximadamente 72 años, era originario de Cuernavaca. Nació y creció en la colonia Flores Magón, y llevaba más de cinco décadas de trayectoria en la lucha social.

Desde joven participó en movimientos sindicales. Más tarde militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido con el que ocupó una curul en el Congreso de Morelos en 1994, durante lo que describió como una época de persecución política. Posteriormente se integró a Morena.

Rivas Ríos fue fundador de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, nombrada así en memoria de un activista asesinado en 2016, y se desempeñaba como dirigente de la Coordinadora Social Morelense.

Se le conocía como “el regidor del pueblo” por su trayectoria en defensa de los derechos ciudadanos: luchas contra los incrementos al predial y al transporte público, demandas por cobros justos de agua ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), apoyo a víctimas de violencia y abuso de poder, y oposición a las actualizaciones de las tablas catastrales.

En el Cabildo de Cuernavaca, correspondiente al periodo 2025-2027, presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal, y Atención a Personas con Discapacidad. Había propuesto reducir a la mitad los sueldos de los regidores para destinar esos recursos a la ciudad, y criticaba de forma reiterada la opacidad y el abandono urbano en el municipio.

Rivas Ríos sostenía una constante diatriba con el gobierno panista de Cuernavaca, particularmente por temas financieros relacionados con el manejo del presupuesto municipal.

A través de su agrupación política Gustavo Salgado, el regidor encabezaba distintas luchas sociales, entre ellas la oposición a la privatización del agua en la ciudad.

También exigía la expropiación de una de las últimas reservas naturales de la capital morelense, donde se proyecta la construcción de un complejo de lujo al que se oponía de forma pública.

Gabriel Rivas Ríos fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos y uno de los primeros diputados locales de mayoría de ese partido en la entidad.

Con el tiempo, se convirtió también en fundador de Morena en el estado, partido con el que ocupó su última función pública como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, solicitó ante la justicia salir del aislamiento en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson y reintegrarse a la población general de reclusas, conforme a un acuerdo previo, tras sobrevivir a dos intentos fallidos de ejecución por inyección letal el pasado 30 de septiembre. En una moción de urgencia presentada por sus abogados, alegó que su estado físico actual le impide defenderse o escapar ante un eventual ataque y denunció condiciones de violencia e insalubridad en el pabellón al que el penal de Nashville pretende trasladarla, según informó la agencia EFE.

La solicitud llegó mientras Pike aún se recupera de las graves secuelas del procedimiento fallido: brazos con inflamación severa, hematomas, neumonía y varios días de inconsciencia en el hospital. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), es la primera persona de la que se tiene constancia que sobrevivió a una inyección letal tras recibir los fármacos.

El caso desencadenó además una crisis institucional: el gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones del estado hasta fin de 2026, ordenó una revisión externa del procedimiento y aceptó la renuncia del comisionado correccional Frank Strada.

Pike denuncia agresiones e insalubridad en el pabellón al que quieren trasladarla en Nashville

En la moción presentada ante el tribunal, Pike describió el pabellón donde vivió dos años como un espacio con reclusos con severos antecedentes de violencia y faltas disciplinarias. Relató que durante ese período presenció ataques de reos de máxima seguridad contra otros presos y guardias, y advirtió sobre la presencia de personas en crisis psicológicas sin contención profesional. “Este módulo alberga a reclusos con un historial significativo de agresiones y problemas disciplinarios”, señaló en el texto de la moción, recogido por EFE.

Pike también denunció las condiciones higiénicas del recinto, donde los internos se asean en duchas con presencia habitual de cucarachas, lo que a su juicio multiplica el riesgo de infecciones.

“Temo resultar gravemente herida si me trasladan a ese módulo estando tan débil”, expresó. Actualmente, permanece en la enfermería del mismo centro, aislada de la población carcelaria y sin acceso a vínculos humanos, una situación que, afirmó, le provoca “graves daños psicológicos y traumas”. Su moción busca precisamente terminar con ese aislamiento, no abandonar la prisión.

Christa Pike rompió el silencio: “Hay dolor en mi mente y en mi alma”

Un mes después del intento de ejecución, Pike dictó a su equipo legal su primer comunicado público, difundido el 30 de octubre. En él describió un padecimiento físico y emocional sin pausa: “Mi cuerpo duele. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Aún me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”.

Pike comparó su aislamiento actual con los 28 años que pasó en régimen de aislamiento desde su llegada al corredor de la muerte. “Desperté sola en un hospital, confundida y con dolor”, relató.

“No sé por qué sobreviví. No sé qué viene después. Algunos días, encontrar esperanza es más difícil que otros”, agregó. También expresó que piensa en la familia de Colleen Slemmer y en “el terrible dolor y la pérdida que han soportado”.

Qué ocurrió durante la ejecución fallida en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend

El intento tuvo lugar en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. El equipo encargado tardó cerca de una hora en colocar las vías intravenosas y administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital. Los testigos comprobaron que Pike continuaba con signos de vida cuando el personal los escoltó fuera de la cámara.

Antes de perder la conciencia, se quejó de que su brazo “iba a estallar” y aseguró que “ardía”. Sus brazos quedaron con inflamación severa y hematomas, lo que según su defensa indica una inserción incorrecta de las agujas o una filtración del fármaco hacia el tejido circundante. La trasladaron a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador y recobró la conciencia varios días después.

El crimen, la condena y el panorama judicial para Christa Pike en Tennessee

En 1995, Pike tenía 18 años cuando, junto con su entonces pareja Tadaryl Shipp y una tercera persona, torturó y mató a Slemmer, de 19 años, compañera de un programa de capacitación laboral en Knoxville. Los tribunales dictaron sentencia en 1996. Shipp no recibió la pena capital porque en el momento del crimen no era legalmente adulto; permanece encarcelado. El plan del estado pretendía convertir a Pike en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

La defensa sostiene, según NBC News, que el jurado que la condenó no conoció los años de abuso sexual, maltrato y abandono que marcaron su infancia, y anticipa una larga batalla judicial si el estado fija una nueva fecha de ejecución. Un juez ya ordenó conservar toda la evidencia del procedimiento fallido: jeringas, vías intravenosas, fármacos y registros del personal.

Lee, que deja el cargo en enero, descartó conmutar la pena por cadena perpetua y declaró que “la sentencia seguirá siendo la misma, a menos que los tribunales determinen otra cosa”.

El Poder Judicial dispuso siete días de detención preliminar contra Luis Dagoberto Rivera Arévalo, de 50 años, acusado de asesinar a su expareja mediante quemaduras provocadas con gasolina en el centro poblado Pueblo Nuevo de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura. La medida responde a un pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, que busca profundizar las investigaciones del caso.

La víctima, identificada como Mariela Céspedes Nizama, de 31 años, alcanzó a revelar a su hermana gemela la identidad de su agresor antes de morir. El ataque ocurrió la mañana del domingo 1 de noviembre en los exteriores de la vivienda de una hermana de la víctima, según consignó ATV.

Víctima sufrió quemaduras en el 60 % del cuerpo

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Rivera Arévalo roció a Céspedes con gasolina y le prendió fuego. En medio del ataque, la mujer se lanzó a una acequia que funciona como canal de regadío, conocida como La Esperanza, en un intento por mitigar el dolor y salvar su vida. Vecinos de la zona la rescataron con vida y la trasladaron a un centro de salud de Paita.

Las quemaduras cubrieron más del 60% de su cuerpo, según ATV. Por la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital de Especialidades de Sullana, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a la atención médica recibida, Céspedes falleció el lunes 2 de noviembre.

Presunto agresor fue detenido

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a Rivera Arévalo la tarde del domingo en una vivienda de la urbanización Los Titanes, en Piura, y lo trasladaron posteriormente a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Sullana, donde permanece bajo custodia. Un jefe policial del sector confirmó las acciones legales en curso en declaraciones a ATV: “Se ha detenido al presunto autor, se encuentra en estos momentos en la sede de la Divincri Sullana, con la finalidad de realizarle el interrogatorio correspondiente y continuar con las diligencias de ley”.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Paita solicitó la ampliación de la detención preliminar para recopilar evidencias clave. El fiscal provincial Salvador Savitzky Rodríguez sustentó el requerimiento ante la necesidad de ejecutar diligencias urgentes e indispensables que permitan esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del investigado, según Andina Noticias.

Fiscalía continuará con la investigación

Entre las actuaciones por realizar figuran la visualización de los teléfonos celulares de la víctima y del detenido, la toma de declaraciones a las personas que la auxiliaron y a posibles testigos de su entorno, además de la recepción del protocolo de necropsia. La Fiscalía también dispuso una inspección técnico-criminal en el lugar de los hechos y otras pericias orientadas a reconstruir las circunstancias de la agresión.

En paralelo, el Juzgado Especializado de Familia de Paita dictó medidas de protección a favor del hijo de la víctima, un niño de 7 años. Estas incluyen una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de comunicación por parte del investigado, de acuerdo con Andina Noticias.

Víctima denunció agresiones hace tres años

Las investigaciones preliminares revelaron que Céspedes ya había denunciado a Rivera Arévalo por agresiones físicas y psicológicas hace tres años. Según ATV, la mujer no contó con las garantías ni las medidas de protección oportunas que pudieran haber evitado el desenlace fatal.

El crimen deja en la orfandad al menor, hijo de la víctima y del presunto agresor, quien ahora queda bajo las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Paita.

El exalcalde del distrito de Cuchumbaya (Moquegua), Armando Romero Torres, fue hallado muerto el último sábado tras un ataque atribuido a tres de sus hermanos, quienes permanecen detenidos mientras la Fiscalía investiga el caso, relacionado inicialmente con una disputa por un terreno.

Según medios locales, la agresión ocurrió a un costado de la carretera que comunica las localidades de Carumas y Sacuaya, y quedó registrada en videos grabados por transeúntes, que posteriormente fueron difundidos en redes sociales y entregados a las autoridades. Los restos del exburgomaestre fueron trasladados este martes al cementerio Águeda Vizcarra, uno de los más antiguos de la ciudad de Moquegua.

El Poder Judicial dispuso cinco días adicionales de detención preliminar contra Juan Luis, Alberto Julio y Justo Germán, luego de que el Ministerio Público solicitara una ampliación de siete días para continuar con las diligencias.

Las pesquisas apuntan a un conflicto familiar por la posesión de terrenos agrícolas. Aunque la familia está conformada por ocho hermanos, la investigación se centra en tres de ellos, señalados como responsables del homicidio.

En una entrevista con Radio Americana, una hermana del exalcalde denunció que fue agredida junto a su cuñada cuando ambas acudieron a sus terrenos agrícolas para regarlos.

Atribuyó el enfrentamiento a una disputa por una parcela que su hermano adquirió a sus padres en vida, pero sobre la que otros familiares reclamaban derechos de herencia. “Específicamente de ese terreno se han encaprichado mis hermanos”, señaló, aunque dijo desconocer el motivo de sus reclamos.

Por su parte, la hija de la víctima anunció en la misma emisora que solicitarán garantías de seguridad, ante el temor de que se produzcan nuevas agresiones. “Si eso hicieron con mi padre, imagínense quién puede ser la próxima”, advirtió.

El informe de necropsia evidenció la gravedad de la agresión: Romero Torres presentaba cuatro costillas fracturadas, una de ellas astillada, cuyos fragmentos habrían perforado uno de sus pulmones. También se reportaron fracturas en ambas piernas, lesiones en la cabeza y heridas en distintas partes del cuerpo.

Además, se identificaron orificios en las extremidades inferiores que, según las primeras apreciaciones, podrían haber sido causados por un objeto punzocortante, posiblemente una estaca de hierro.

La defensa atribuyó el deceso a una hemorragia interna masiva provocada por las lesiones. En el mismo episodio resultaron heridas la esposa y una hermana del exalcalde, quienes habían acudido a la zona para realizar labores agrícolas.

Los familiares anunciaron que denunciarán a efectivos de la Policía Nacional (PNP) por presunta omisión de auxilio, al asegurar que solicitaron su intervención antes de los hechos sin recibir una respuesta oportuna, y cuestionaron que representantes del Ministerio Público tardaran unas diez horas en llegar para realizar el levantamiento del cadáver.

Romero Torres fue alcalde de Cuchumbaya y recientemente recibió una condena de once años de prisión por conducir un vehículo municipal bajo los efectos del alcohol.

Cuchumbaya es uno de los distritos de la provincia de Mariscal Nieto, en la región sureña. Se ubica en la zona altoandina de la región y se caracteriza por sus comunidades rurales, su actividad agropecuaria y sus paisajes de montaña.

Tres personas murieron en hechos de violencia registrados la misma noche en dos provincias distintas de Panamá.

En Pedasí, provincia de Los Santos, un hombre y una mujer fueron hallados sin vida dentro de una vivienda con heridas de bala.

En la provincia de Chiriquí, un hombre de 67 años fue atacado con arma blanca presuntamente por su propio sobrino.

El presunto responsable del doble crimen en Pedasí también murió horas después, tras ingerir una sustancia tóxica cuando se vio acorralado por las autoridades.

Las víctimas del ataque a tiros fueron identificadas como Zuleika Yovana Murillo Pérez, de 46 años, y Jorge Luis Vergara De Gracia, de 31 años.

Ambas personas murieron dentro de una vivienda de esa comunidad santeña.

Los uniformados llegaron al lugar y verificaron el interior del inmueble a través de una ventana. Encontraron a un hombre tendido en el piso de la sala y a una mujer boca abajo en una de las habitaciones, ambos con rastros de sangre y sin signos de vida.

Tras el hallazgo, la Policía inició la búsqueda de un hombre de 55 años señalado como presunto responsable de las dos muertes.

El sospechoso habría ingerido insecticida al sentirse acorralado por los agentes y también murió.

Hasta el mediodía de hoy medios locales reportan que las autoridades no habían ofrecido una versión oficial sobre cómo ocurrieron las muertes ni sobre el posible móvil del ataque. Las investigaciones sobre el triple deceso continúan abiertas en la zona.

El segundo hecho ocurrió en La Concepción, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, la noche del lunes 2 de noviembre.

Allí, un hombre de 67 años murió luego de ser atacado, presuntamente por su sobrino de 44 años, con un arma blanca dentro de una residencia.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Lara Caballero. El ataque se produjo alrededor de las 10:30 de la noche y le provocó dos heridas que terminaron por causarle la muerte, según la información preliminar.

El caso habría surgido en medio de una discusión entre familiares, aunque todavía no se han establecido oficialmente las circunstancias que desencadenaron la agresión. Las autoridades deberán confirmar esa versión como parte de la investigación en curso.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, el presunto agresor tendría antecedentes de problemas psiquiátricos y consumo de drogas. Estos señalamientos aún no han sido verificados de forma oficial.

Luego del ataque, las autoridades lograron la aprehensión del hombre de 44 años señalado como responsable. El detenido quedó a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para que avance el proceso en su contra.

Mientras tanto, en Pedasí la pesquisa sigue sin una explicación oficial sobre el motivo detrás del doble crimen y la posterior muerte del presunto atacante. Ninguno de los dos casos cuenta hasta el momento con una versión definitiva de parte de las autoridades panameñas sobre el móvil de los ataques.

Otro hecho delictiva da cuenta de cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, que fueron capturadas por unidades de la Policía Nacional después de que se encontrara un arma de fuego dentro de un vehículo tipo taxi en el corregimiento de San Felipe, en la ciudad capital.

El hallazgo, de acuerdo con las autoridades, se produjo durante una verificación preventiva realizada en el sector de Avenida B, una arteria de la ciudad capital, donde las unidades de la Policía Nacional inspeccionaron el automóvil y localizaron el arma.

Según el reporte policial, entre los aprehendidos se encuentran dos jóvenes de 21 años, una persona de 29 años y un menor de 17 años, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

De acuerdo con los registros de las cámaras, fue alrededor de las 15:00 horas del 28 de octubre cuando el activista llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico en la primera fracción de Yateklum, en el municipio de Chenalhó, e ingresó al establecimiento.

Poco después, un hombre a bordo de una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraba el defensor. Ese mismo sujeto se retiró hacia un punto cercano y regresó minutos después con un segundo hombre en la moto. Ese sujeto fue quien bajó del vehículo y atacó directamente a Pérez Pérez alrededor de las 15:20 horas.

Tras realizar la necropsia, las autoridades determinaron que el defensor recibió tres disparos y la causa de su muerte fue hemorragia cerebral secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Ambos atacantes huyeron en la misma motocicleta tras el ataque.

La Fiscalía no descarta más detenidos vinculados al homicidio

Llaven Abarca señaló que las indagatorias continúan abiertas para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen, al tiempo que evitó dar detalles sobre las líneas de investigación para no entorpecer el proceso.

“Seguimos todavía recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo para dar con quienes más hayan participado en este lamentable hecho”, dijo en una transmisión en vivo en redes sociales.

Desde 2023 contaba con protección tras amenazas y ataques: la ONU alertó por las agresiones

En febrero de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con otros relatores, envió al Gobierno de México una comunicación conjunta en la que alertó sobre amenazas y ataques contra Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos activistas tzotziles de Los Altos de Chiapas.

Dicho documento relató que ambos defensores sufrieron desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. Debido a esto, ambos habían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades, pero según los relatores no se actuó con la debida diligencia para investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En su respuesta, el Gobierno de México confirmó que ambos defensores fueron incorporados al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023; sin embargo, en una entrevista con Grupo Fórmula en octubre de 2024, Pérez Pérez reconoció que las medidas eran insuficientes: “A veces también la policía nos dicen que no tienen ni para gasolina para acompañarnos”, dijo.

José Vásquez Gutiérrez, compañero defensor de Pérez Pérez, señaló en entrevista con Aristegui Noticias que una semana antes del crimen ambos recibieron el aviso de que había espías vigilándolos y los iban a matar.

“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató al exterior de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió declaración el 29 de octubre.

Pérez Pérez es el tercer defensor indígena asesinado desde 2021. Antes fueron el catequista Simón Pedro Pérez López, en Simojovel, en julio de 2021; el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado el 11 de agosto de 2021; y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, en octubre de 2024, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En Chenalhó, desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó. Reynaldo Pérez y Vásquez acompañaban a esas familias desplazadas.

Además, Pérez Pérez colaboraba con la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz” y participaba como mediador en conflictos agrarios en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

Al menos 236 integrantes de instituciones de seguridad pública han sido asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026. Cinco entidades concentran más de la mitad de las víctimas: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado hasta el 29 de octubre.

El recuento de la organización civil contabiliza 37 agentes asesinados en Jalisco, 31 en Michoacán, 25 en Sinaloa, 20 en Guanajuato y 18 en el Estado de México. En conjunto, los cinco estados suman 131 víctimas, equivalentes al 55.5% de los casos documentados en el país.

La actualización incorporó cuatro asesinatos ocurridos entre el 23 y el 29 de octubre en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. Con estos casos, el acumulado nacional pasó de 232 a 236 agentes de seguridad asesinados.

La cifra incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y corporaciones federales. Por ello, el registro no se limita a los homicidios de policías preventivos, sino que reúne a personal de distintas instituciones que realizan labores de seguridad pública.

Jalisco encabeza la lista de agentes asesinados

Jalisco ocupa el primer lugar nacional con 37 integrantes de corporaciones de seguridad asesinados durante 2026. Michoacán aparece en segundo sitio, con 31 víctimas, mientras que Sinaloa acumula 25.

Guanajuato registra 20 homicidios y el Estado de México suma 18. La diferencia entre el primer y el quinto lugar es de 19 víctimas, mientras que Jalisco y Michoacán concentran juntos 68 asesinatos.

La distribución territorial muestra que los homicidios no se encuentran repartidos de manera uniforme entre las 32 entidades. Más de la mitad de los casos documentados por Causa en Común se concentra en cinco estados, aunque el registro también incluye víctimas en otras regiones del país.

Los datos deben leerse con una precisión: el número de agentes asesinados en cada entidad no permite establecer por sí mismo que todos los homicidios respondan a una misma causa o que estén relacionados con una organización criminal específica. Las circunstancias de cada agresión requieren investigaciones particulares.

Policías municipales y estatales concentran 171 víctimas

Las corporaciones municipales y estatales reúnen la mayor cantidad de víctimas dentro del registro de 2026.

De los 236 agentes asesinados, 93 pertenecían a policías municipales y 78 a corporaciones estatales. En conjunto, suman 171 homicidios, que representan aproximadamente el 72.5% del total nacional.

El resto de las víctimas se distribuye entre instituciones federales y las Fuerzas Armadas. Causa en Común documentó 45 integrantes de la Guardia Nacional asesinados, 12 elementos del Ejército, seis agentes de corporaciones federales vinculadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, así como dos integrantes de la Secretaría de Marina.

La diferencia entre los registros de corporaciones locales y federales permite dimensionar el alcance de la violencia contra quienes realizan tareas de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Los policías municipales y estatales representan casi tres cuartas partes de las víctimas, aunque los asesinatos también alcanzan a instituciones con presencia y despliegue en distintas regiones del país.

El registro no especifica que todos los agentes hayan sido asesinados durante el cumplimiento de sus funciones. Algunos homicidios ocurren durante operativos o patrullajes, mientras que otros se registran cuando los elementos se encuentran fuera de servicio, se trasladan a sus domicilios o abandonan sus turnos.

Cuatro agentes fueron asesinados durante la última semana de octubre

La actualización más reciente de Causa en Común identificó cuatro homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública entre el 23 y el 29 de octubre.

Los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla, con una víctima en cada entidad. Con esos asesinatos, el registro llegó a 236 casos durante 2026.

Uno de los antecedentes recientes documentados en Guanajuato ocurrió el 24 de octubre, cuando una policía municipal de Purísima del Rincón fue atacada a balazos al salir de su turno. La agente, identificada en reportes periodísticos como María Angélica, murió después de ser trasladada a un hospital.

La agresión ocurrió en las inmediaciones del bulevar Las Torres y el Libramiento Sur. En los primeros reportes no se había establecido públicamente el móvil ni confirmado que el homicidio estuviera directamente relacionado con sus funciones policiales.

Días antes, el 23 de septiembre, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en el municipio de Comonfort. En ese caso, las autoridades confirmaron que los agentes realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados.

Ambos hechos muestran circunstancias distintas de agresión contra integrantes de corporaciones de seguridad en Guanajuato: una agente fue asesinada al salir de su turno y tres elementos estatales murieron durante una emboscada. No obstante, las investigaciones no permiten atribuir un mismo móvil a los dos episodios.

En 2025, Sinaloa encabezó los asesinatos de policías

La distribución de los homicidios por entidad también ha cambiado respecto a los registros de años anteriores.

Durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en México, un promedio de casi una víctima al día y un incremento de 9% frente a los casos registrados durante el mismo periodo de 2024.

Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 policías asesinados. Le siguieron Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

En 2024, el registro de la organización contabilizó al menos 320 policías asesinados. Guanajuato ocupó el primer lugar con 61 víctimas, seguido por el Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17.

Un año antes, durante 2023, Causa en Común había documentado 412 homicidios de policías en el país. Guanajuato también encabezó ese recuento, con 60 casos, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

Los 236 asesinatos registrados en 2026 corresponden únicamente al periodo del 1 de enero al 29 de octubre, por lo que no deben compararse como si fueran un resultado anual cerrado frente a los acumulados de 2023, 2024 y 2025.

Suman 678 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro de Causa en Común también permite observar los homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 29 de octubre de 2026, la organización contabilizó al menos 678 agentes asesinados en México. De ese acumulado, 236 corresponden a los primeros diez meses de 2026.

El dato se conoce en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones laborales de las policías civiles. En un informe publicado en octubre de 2026, Causa en Común advirtió que 55% de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales y que solo 17 de las 32 corporaciones estatales cuentan con un servicio profesional de carrera formalmente constituido.

El mismo estudio señaló diferencias en el acceso a prestaciones: mientras 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, la proporción entre los municipales es de 53%. También documentó que, en 2024, solo 58% de los policías municipales contaba con seguro de vida y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de agentes muertos en servicio.

Estas condiciones laborales no explican por sí mismas los homicidios registrados ni permiten establecer una relación directa entre las carencias institucionales y cada agresión. Sin embargo, forman parte del contexto en el que trabajan las corporaciones locales, que concentran la mayor proporción de víctimas en el recuento de 2026.

Un exprofesor de la Universidad Estatal de Ohio fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 15 años por el asesinato de su esposa, ocurrido en la vivienda que ambos compartían en Upper Arlington, en el estado de Ohio.

James S. Hill, de 77 años, se declaró culpable de asesinato y de crueldad contra un animal el 28 de octubre, tal como consta en documentos judiciales obtenidos por la revista People. La pena por el homicidio establece que podrá solicitar la libertad condicional una vez cumplidos 15 años de prisión.

James Hill admitió el asesinato de su esposa Mary Hill

El caso se remonta al 9 de noviembre de 2025, cuando la Policía de Upper Arlington acudió a una casa de Fishinger Road después de recibir una llamada de emergencia. Los agentes encontraron a Mary Hill muerta con una herida de arma blanca en el pecho y a su esposo lesionado.

Las autoridades aseguraron que Hill hizo una llamada breve al número de emergencias, durante la cual dio su dirección y pidió ayuda. Al ingresar a la vivienda, los policías hallaron al exdocente sentado en un sofá con una herida autoinfligida.

El portal local WCMH informó que Hill fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La investigación posterior derivó en cargos de asesinato agravado, aunque esa acusación fue retirada como parte del acuerdo judicial que permitió su declaración de culpabilidad por un cargo menor de asesinato.

La sentencia también incluyó 12 meses de prisión por crueldad contra un animal, una pena que cumplirá de forma simultánea con la condena principal. De ese modo, el castigo efectivo permanece fijado en prisión perpetua, con una eventual revisión de libertad condicional a partir de 2041.

La investigación vinculó el hecho con una presunta extorsión sexual

Antes del crimen, Hill habría mantenido contacto con una mujer que conoció a través de un sitio de citas. De acuerdo con los documentos revisados por People, el hombre indicó a los investigadores que había compartido fotografías íntimas y que luego recibió una exigencia de USD 15.000.

La persona con la que se comunicaba habría amenazado con divulgar las imágenes si no recibía el dinero solicitado. El exprofesor sostuvo ante la Policía que se encontraba bajo presión por esa situación, aunque las autoridades no presentaron esa versión como una justificación del homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por WCMH, Hill declaró que “solo podía pensar en una salida”, una frase traducida de su testimonio ante los investigadores. La Policía indicó que el hombre habría considerado matar a su esposa, a su perro y a sí mismo.

Los registros del caso señalan que primero buscó un arma de fuego dentro de la vivienda, pero no logró encontrarla. Después tomó un cuchillo de la cocina, aseguró el medio estadounidense, que citó la denuncia penal.

La Policía sostuvo que el perro sobrevivió al ataque

Durante la investigación, Hill también reconoció haber herido al perro de la familia tras atacar a su esposa. El animal sobrevivió, pese a que el exprofesor fue acusado por ese hecho adicional.

Los agentes afirmaron que el acusado intentó borrar fotografías y documentos de su computadora antes de contactar a emergencias. Esa secuencia formó parte de los elementos considerados durante el proceso judicial en el condado de Franklin.

El diario The Columbus Dispatch, citado por otros medios locales, señaló que Hill describió ante los investigadores que atacó a Mary Hill mientras ella recibía un masaje. El hombre también habría dicho que se disculpó con su esposa durante el episodio.

La condena cierra el proceso penal iniciado en 2025

Hill había sido profesor de música en la Universidad Estatal de Ohio durante casi cuatro décadas. Un portavoz de la institución confirmó a WCMH que fue contratado por primera vez en 1972 y que su vínculo laboral se extendió, con interrupciones, hasta su retiro en 2015.

Con la aceptación del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía retiró la acusación de asesinato agravado. La decisión evitó que el caso avanzara a juicio, mientras que Hill recibió una pena de 15 años a cadena perpetua.

Por su edad, el exprofesor tendría alrededor de 92 años cuando quede habilitado para pedir la libertad condicional. La decisión final sobre una posible excarcelación corresponderá entonces a las autoridades penitenciarias de Ohio.

Un joven fue atacado con un arma blanca en la vía pública de Pichanal, provincia de Salta, y la Justicia investiga un homicidio ocurrido el domingo 1 de noviembre, pasadas las 14, en el sector conocido como El Cruce. Por el hecho, un hombre de 37 años fue detenido y será imputado en las próximas horas.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel Villada, de 24 años. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una lesión cardíaca causada con un arma blanca. La investigación está a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán.

El examen médico legal, realizado en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), también estableció que el cuerpo no presentaba signos de defensa. Ese dato forma parte de los elementos que los investigadores deberán evaluar para determinar cómo se produjo la agresión y reconstruir la secuencia previa a la muerte del joven.

El hecho ocurrió en una zona de actividad comercial próxima a la confluencia de las rutas nacionales 34, 50 y 5. En ese sector hay comercios y locales gastronómicos instalados sobre la banquina. Villada era conocido en El Cruce y, según comentarios de vecinos difundidos en redes sociales, solía limpiar los vidrios de los vehículos y colaborar en la atención de mesas de algunos negocios de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar publicada por El Tribuno, el joven recibió una herida en el tórax, presuntamente dentro de un local gastronómico cercano. Luego salió hacia la calle, donde se desplomó. Cuando efectivos policiales recibieron el alerta y llegaron al lugar, lo encontraron tendido en el suelo con lesiones compatibles con un ataque con arma blanca.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad UGAP, perteneciente al Departamento de Investigaciones y Criminología del organismo. Los equipos realizaron las primeras actuaciones en la escena y reunieron elementos que serán incorporados a la causa.

La pesquisa busca precisar qué ocurrió antes del ataque, si existió una discusión previa y cuál fue el vínculo entre Villada y el hombre detenido. Hasta el momento, no se difundió de manera oficial un posible móvil ni se informó si hay otras personas bajo investigación por el homicidio.

La detención se produjo como resultado de las primeras diligencias ordenadas por la fiscal Filtrín Cuezzo. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia y será llevado a una audiencia de imputación, en la que la Fiscalía deberá comunicarle formalmente el hecho que se le atribuye y los elementos que sostienen esa acusación inicial.

Incendiaron una casa vinculada al sospechoso

Horas después de la muerte de Villada, se registró un incendio en una vivienda vinculada al hombre detenido. Según informó El Tribuno, el inmueble sufrió daños tras el fuego y el ataque con proyectiles. Sin embargo, no hubo una confirmación oficial sobre la relación entre la propiedad y el sospechoso ni sobre quiénes participaron del episodio.

Tampoco se informó si hubo personas lesionadas como consecuencia del incendio o si se realizaron detenciones por ese hecho. Esa situación deberá ser esclarecida de manera independiente de la causa principal, que continúa bajo la órbita de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán.

Mientras se esperan definiciones sobre la imputación del detenido, la investigación judicial continúa centrada en las pruebas reunidas en El Cruce, los resultados de la autopsia y los testimonios que permitan establecer las circunstancias en las que Fernando Villada fue atacado.

El 2 de noviembre de 2001, Georgina Barbarossa vivió el peor día de su vida: su marido, Miguel “Vasco” Lecuna, fue apuñalado fatalmente durante un intento de robo dentro de un taxi en Buenos Aires. Este lunes se cumplieron 25 años de aquel crimen, y la conductora e icónica figura del espectáculo argentino eligió sus redes sociales para honrar su memoria con un mensaje que conmovió a sus seguidores y al mundo del entretenimiento.

“25 años. Parece ayer, parece un siglo”, escribió Barbarossa en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, junto a cinco fotografías inéditas que retratan la intimidad del matrimonio en sus mejores tiempos. “25 años Vasquito, te extrañamos todos los días pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos”, completó en una dedicatoria que llegó al corazón de quienes la siguen desde hace décadas y que en pocas horas sumó más de 11 mil “me gusta”.

La publicación, dirigida directamente a su difunto esposo, repasa los hitos más importantes que marcaron la vida familiar de los años que siguieron a su muerte. La actriz agradeció al Vasco por sus hijos: “Gracias por Tomás y Juan”, en referencia a los mellizos que tuvieron juntos, y también por Lucrecia, hija del primer matrimonio de Lecuna. Luego le contó sobre el crecimiento de esa familia que él ayudó a construir: “Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia”, una frase que condensa el paso del tiempo y la vida que siguió adelante pese a la ausencia.

El posteo también incluyó un emotivo pensamiento por quienes ya no están en este mundo. “Seguro están con Belcha cuidando también a Ana Inés y Nachito”, le escribió Barbarossa, invocando una imagen de reencuentro en otro plano con sus seres queridos. Y cerró con una promesa cargada de fe: “Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar”.

Las reacciones en los comentarios no tardaron en llegar. Entre las primeras en dejar su huella estuvo Carmen Barbieri, compañera de generación y de pantalla, quien le escribió: “Te adoroooo VASCO”. También apareció Moria Casán, con quien se reconcilió este año durante los Premios Martín Fierro en julio de este año, que le dejó un mensaje a través de la cuenta de una seguidora. “Love GEORGINA, recordando tu amor”, escribió, mientras la publicación se llenaba de corazones y mensajes de acompañamiento.

La presencia de los nombres de Barbarossa y Casán en el mismo espacio tiene un peso especial que va más allá de la anécdota. Las dos conductoras estuvieron distanciadas durante años, separadas por malentendidos y cruces públicos que parecían irresolubles. Ese conflicto volvió a cobrar visibilidad cuando Moria desembarcó en noviembre de 2025 con su programa La mañana de Moria en Eltrece, ocupando la misma franja horaria que A la Barbarossa en Telefe, el ciclo que Georgina conduce desde hace años. En ese momento, ambas descartaron cualquier posibilidad de reconciliación.

Sin embargo, el tiempo y la televisión escribieron otro final. En mayo de 2026, durante la entrega de los premios Martín Fierro en el Hilton, el conductor Santiago del Moro logró lo que parecía imposible: reunir a las tres mujeres sobre el escenario. Barbarossa, Casán y Carmen Barbieri subieron juntas ante el aplauso de pie de todo el salón. “Los quiero a las tres, con las tres laburé”, les dijo Del Moro. Las tres bajaron del escenario tomadas de la mano, mientras el conductor las definía como “íconos del espectáculo”.

Al día siguiente, Casán contó los detalles de ese reencuentro en su programa. “Sentí que se emocionó cuando la abrazaba. Me parece que en un momento nos dijimos las dos algo como ‘te quiero’ y yo le dije ‘sorry si te lastimé’”, relató. “Cuando nos abrazamos sentí que estaba conmovida. Me pareció muy frágil. Hacía tanto tiempo que no me abrazaba con ella. Para mí fue verdadero. No lo sentí forzado”, agregó. Por su parte, Barbarossa recordó las palabras que Moria le dijo al oído: “Me dijo ‘perdón si te lastimé. Te honro y te quiero mucho’”. “Me conmovió. Le dije ‘me vas a hacer llorar’ y fue cuando me dijo ‘si querés llorar, llorá’”, sumó la conductora, visiblemente emocionada.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que concluyó el recorrido del encendido de velas que su esposo, Carlos Manzo, no logró terminar hace un año, cuando fue asesinado. El acto se realizó en el marco del primer aniversario luctuoso del exalcalde, que coincidió con una marcha convocada por ella y con un mensaje de memoria y exigencia de justicia.

Quiroz lo informó en su cuenta de X (@GreciaMich2027). Publicó también una imagen de la estatua de Manzo con la frase “¡Ni un paso atrás!”, junto con los datos: Lic. Carlos Alberto Manzo Rodríguez, 1985-2025, presidente municipal de Uruapan 2024-2027.

“Tenía un compromiso moral”: el mensaje de Grecia Quiroz

En su mensaje, la alcaldesa explicó que el encendido de velas se realizó como se hace tradicionalmente en Uruapan. Dijo que decidió hacer el recorrido pese a que mucha gente le pidió que no lo hiciera y que se cuidara, porque tenía “un compromiso moral” con Manzo.

Quiroz recordó que fue en esa hora y en ese lugar donde le quitaron la vida a su esposo. Describió el momento como de dolor, pero también de esperanza, y afirmó que Manzo le enseñó a ser fuerte. Sostuvo que la plaza “quedó marcada en la historia” de los uruapenses y que el exalcalde “dejó una semilla sembrada en miles de familias”.

Agregó que todos los recorridos se lograron realizar, y agradeció las muestras de cariño y apoyo. Su mensaje fue acompañado de fotografías de la ofrenda dedicada a Manzo.

Una marcha nacional a un año del asesinato

Días antes, Quiroz había convocado a una marcha ciudadana el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que se cumplió un año del crimen. La movilización partiría a las 10:00 horas del monumento a Lázaro Cárdenas, en Uruapan. La alcaldesa la planteó como una movilización nacional, simultánea y pacífica.

La edil señaló que la protesta buscaba visibilizar violencia, desaparición, extorsión, desplazamiento, homicidio e impunidad, no solo el caso de su esposo. Convocó a madres buscadoras, familiares de desaparecidos, comerciantes y transportistas, y descartó que tuviera fines políticos o partidistas.

También se anunció, según medios locales, un homenaje a Manzo con la develación de una estatua en su memoria.

¿Qué pasó el 1 de noviembre de 2025?

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado en la Plaza Morelos durante un festival de Día de Muertos. Tras su muerte, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad que Quiroz asumiera como alcaldesa sustituta.

Una semana después del crimen, Quiroz encabezó una Marcha por la Paz a la que asistieron decenas de miles de personas. En esa ocasión, afirmó que el asesinato no era el fin del movimiento y adelantó un “voto de castigo” en las elecciones de 2027 contra quienes, dijo, mandaron matar a su esposo.

El caso, a un año: investigación y tensiones

El aniversario llega en medio de un debate sobre la investigación:

• Quiroz pidió a la FGR atraer el caso. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió que la Fiscalía decidirá si lo atrae.
• La Fiscalía de Michoacán detuvo a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar de Uruapan, por presunto encubrimiento en el homicidio.
• Quiroz acusó a la Fiscalía estatal de un posible uso político-electoral de la investigación. La Fiscalía respondió que continuará sin distinción de cargos públicos.

Un legado político en construcción

Manzo encabezaba el Movimiento Independiente del Sombrero, símbolo de su gestión. Quiroz registró ante el IMPI las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”.

El pasado 15 de septiembre, dedicó un “grito de justicia” a su esposo durante la ceremonia del Grito de Independencia en Uruapan. En su cuenta de X aparece ya con la leyenda “Michoacán 2027”, en referencia a la elección del próximo año.

Dos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones fueron atacados a balazos durante la tarde del domingo 1 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Las agresiones ocurrieron en menos de cuatro horas en distintos sectores del puerto y dejaron tres personas muertas y cinco heridas.

El primer ataque se registró alrededor de las 12:30 horas en un inmueble acondicionado como centro de tratamiento contra las adicciones, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, cerca del cruce de las calles Mayor J. Osuna y Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicletas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el acceso. Durante la agresión murieron dos internos identificados como Jesús, de 40 años, y Kevin, de 25.

Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte al número de emergencias 911, mientras que paramédicos auxiliaron a las víctimas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias del ataque.

Segundo ataque dejó un muerto y cuatro heridos

Menos de cinco horas después, alrededor de las 16:50 horas, se reportó una segunda agresión armada contra otro centro de rehabilitación, esta vez en la colonia Flores Magón.

El establecimiento se encontraba sobre la calle Azucena, entre Madre Selva y Jazmín, cerca de unas canchas deportivas donde se desarrollaba un partido de futbol.

Los primeros informes señalaron que hombres armados dispararon desde un vehículo en movimiento contra un grupo de internos que se encontraba en la calle, frente al inmueble, mientras observaba el encuentro deportivo.

Una persona murió en el lugar y otras cuatro resultaron heridas. Durante la agresión, algunos internos corrieron para escapar de los disparos, pero dos de ellos cayeron lesionados a unas dos cuadras del establecimiento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a hospitales para recibir atención médica. Después de la balacera, el resto de los internos fue evacuado y algunos se retiraron del lugar por sus propios medios.

La zona quedó bajo resguardo de policías municipales y estatales, quienes esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta los primeros reportes sobre el caso no se había informado de personas detenidas por esta segunda agresión.

Investigan los ataques contra centros de rehabilitación

Los dos establecimientos fueron atacados durante la misma tarde en sectores distintos de Mazatlán. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que exista una relación entre ambas agresiones ni han presentado una hipótesis sobre los motivos de los ataques.

En el primer establecimiento, los agresores habrían llegado en motocicletas, mientras que en el segundo dispararon desde un vehículo en movimiento. Las diferencias en las circunstancias de ambos hechos deberán ser consideradas durante las investigaciones.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables después de las agresiones, mientras que personal ministerial inició las diligencias para integrar las carpetas de investigación.

El saldo conjunto fue de tres personas asesinadas y cinco lesionadas en los dos centros de rehabilitación, sin que hasta ahora se haya informado si alguno de los establecimientos había recibido amenazas previas o si sus responsables tenían antecedentes de denuncias.

La Fiscalía estatal deberá establecer si los internos fueron atacados por su permanencia en esos lugares o si las agresiones estaban dirigidas contra personas específicas que se encontraban dentro de los inmuebles.

Dos hombres más fueron asesinados dentro de un automóvil en Cima Horizonte

La jornada violenta del domingo dejó otras dos víctimas mortales en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán. Hombres armados que viajaban en motocicletas dispararon contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10 blanco, estacionado sobre la calle Cima de las Rocas.

Tras la agresión, uno de los hombres quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el conductor alcanzó a abrir la puerta y cayó sobre la vialidad. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían muerto por las heridas de bala. Hasta los reportes consultados, las víctimas no habían sido identificadas y tampoco se había informado sobre personas detenidas.

Con este doble homicidio, los ataques a los dos centros de rehabilitación y la agresión contra los ocupantes del automóvil, Mazatlán acumuló cinco personas asesinadas y cinco heridas durante el 1 de noviembre. No hay información que permita establecer una relación entre los tres episodios.

“El Departamento Correccional de Tennessee falló. Ella estaba dispuesta a aceptar esta sentencia y lo hizo. Christa Pike no debería ser sometida nuevamente a esta tortura”, declaró Cooper en una entrevista con Sky 501. Para la activista, la responsabilidad del procedimiento fallido recae sobre el estado, no sobre la condenada: “Ella ha rendido cuentas y creo que en este momento el gobernador Bill Lee debe conmutar su sentencia por cadena perpetua y no intentar hacer esto nunca más”, agregó.

Death Penalty Action y otros sectores piden a Bill Lee que conmute la sentencia de Christa Pike

Para la DPA, el camino es claro: convertir la pena de muerte en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cooper subrayó que el estado no puede repetir un procedimiento que ya fracasó y que la responsabilidad de lo ocurrido el 30 de septiembre recae sobre el Departamento Correccional de Tennessee.

La organización no es la única voz en ese sentido. Obispos episcopales, luteranos y católicos de Tennessee le escribieron al gobernador para pedirle que garantice que el estado “no intente ejecutar a Pike nuevamente”, según Episcopal News Service. Más de 100 organizaciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres también habían solicitado la conmutación antes del 30 de septiembre.

La propia Pike tomó la palabra un mes después del episodio. En un comunicado dictado a su equipo legal y difundido el 30 de octubre, describió una recuperación marcada por el dolor físico y el aislamiento. “Mi cuerpo duele. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Aún me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó.

Qué ocurrió durante la ejecución fallida del 30 de septiembre

El procedimiento se extendió por más de dos horas. El equipo encargado utilizó cerca de 10 agujas para intentar establecer las dos vías intravenosas que exige el protocolo estatal. La vía del brazo derecho quedó colocada en aproximadamente seis minutos, pero el acceso en el brazo izquierdo demandó casi una hora, con múltiples intentos fallidos y una aguja retirada con una doblez de 90 grados.

Varios integrantes del equipo advirtieron que al menos una vena de Pike podía haberse “reventado”. “Creo que la vena está reventada”, señaló uno de los técnicos, según el documento judicial presentado por el abogado Randy Spivey el 22 de octubre. Aun así, el equipo administró dos dosis completas de pentobarbital —el barbitúrico utilizado como único fármaco en el protocolo de Tennessee—. Antes de perder la conciencia, Pike se quejó de que su brazo “iba a estallar” y aseguró que “ardía”.

El doctor Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory y asesor de la defensa, explicó a la BBC que “la mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, terminó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”.

Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador; recobró la conciencia días después y volvió a prisión al décimo día. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, es la primera persona de la que se tiene constancia que sobrevivió una inyección letal tras recibir los fármacos completos.

La pausa en las ejecuciones, la renuncia de Strada y la investigación ordenada por Lee

Las consecuencias institucionales fueron inmediatas. Lee suspendió todas las ejecuciones programadas hasta fin de año y ordenó una revisión externa “para determinar exactamente qué ocurrió”. El comisionado correccional Frank Strada anunció su renuncia el 3 de octubre, con el argumento de que era “lo más conveniente para el estado”. El 30 de octubre Lee nombró al comisionado interino Christopher Hansen.

El Departamento de Correcciones declinó hacer comentarios y sostuvo haber “seguido cada paso del protocolo de ejecución legalmente establecido”. No fue la primera irregularidad del año: en mayo, las autoridades detuvieron el procedimiento contra Tony Carruthers al no lograr el acceso intravenoso.

La postura de Bill Lee y la incertidumbre sobre un segundo intento

Lee rechazó hasta ahora conmutar la pena de Pike. Ante preguntas de la prensa, respondió: “Supongo que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen otra cosa”, según The Guardian. La sentencia de muerte permanece vigente.

El equipo legal anticipó una “larga batalla judicial”. La defensa maneja dos argumentos constitucionales: la prohibición de la doble incriminación —el castigo ya comenzó cuando se administraron los fármacos— y la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Un juez ya ordenó al estado conservar toda la evidencia del procedimiento fallido. Los fiscales, por su parte, indicaron que “no existe ninguna orden de ejecución pendiente”.

Si Lee no actúa antes de enero, la decisión pasará a su sucesor: la candidata demócrata Jerri Green prometió una moratoria sobre las ejecuciones, mientras que la republicana Marsha Blackburn prometió reanudarlas.

El crimen de 1995 y el contexto del caso

Pike tenía 18 años en enero de 1995 cuando torturó y mató a Colleen Slemmer, de 19 años, en Knoxville, junto con su entonces pareja Tadaryl Shipp y una tercera persona. El jurado encontró que el homicidio fue especialmente atroz, involucró tortura y fue cometido para evitar una detención. Shipp, menor al momento del crimen, recibió cadena perpetua; permanece encarcelado.

Pike, condenada en 1996, no niega su participación. Su defensa sostiene que el jurado nunca conoció en profundidad su historial de abuso sexual, maltrato físico y abandono durante la infancia —factores que, argumentan, fueron decisivos para la determinación de la pena.

Momentos antes de la agresión, Manzo compartió en sus redes sociales el evento del encendido de las velas en la plaza principal del municipio. En las grabaciones se le veía cargando a uno de sus hijos y acompañado incluso de miembros de su gabinete.

Aunque el exedil contaba con siete escoltas de la Policía Municipal, así como de miembros de la Guardia Nacional (GN) que vigilaban el perímetro, un adolescente de 17 años de edad, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, logró aproximarse a él y dispararle en al menos seis ocasiones.

Personas que se encontraban en la plaza capturaron los momentos de conmoción que vivieron aquella noche de sábado, en la que el alcalde cayó herido en la plaza junto al secretario de Obras Públicas del municipio, mientras que su agresor fue abatido en el sitio con la misma arma que usó para cometer el crimen.

CJNG detrás de la planeación del homicidio del exedil: personas de su círculo cercano también estuvieron involucradas

El crimen fue confirmado alrededor de las 21:00 horas por el Gabinete de Seguridad de México, quien informó la muerte de Carlos Manzo derivado del ataque armado.

Su homicidio provocó una ola de indignación en Uruapan, pero también en Morelia, donde se llevaron a cabo marchas para exigir justicia, lo que provocó que al menos ocho personas fueran detenidas por destrozos en el Palacio de Gobierno.

Luego del homicidio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no solo identificó al agresor de Manzo, sino que también pudo dar seguimiento a sus pasos y localizó los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del ataque armado.

Más tarde, las autoridades detuvieron a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a quien identificaron como el autor intelectual del asesinato de Manzo y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Actualmente van 34 personas detenidas por el homicidio del exedil, entre los que se encuentran los siete policías municipales que lo escoltaban al ser acusados de omisión, así como Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas de Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar.

Las investigaciones de la Fiscalía de Michoacán determinaron que detrás de la célula que dirigía “El Licenciado” se encontraba, como principal autor intelectual del crimen, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG.

Según las indagatorias, el crimen de Carlos Manzo se planeó mediante un chat de mensajería cifrada en el que participaron los que ejecutaron la agresión, así como “El Licenciado” y personas cercanas al entonces edil, entre ellos Alexis “N”, alias “El Brilloso”, su ahijado.

La red también alcanzó al hermano de Alexis “N”, identificado como Christian “N”, alias “El Vikingo”, por presuntamente estar involucrado en la célula de “Los R’s”.

En la principal célula que ejecutó el crimen también se encontraba Salvador “N”, hermano de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG que arrestó Manzo junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

A un año del crimen, la Fiscalía de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad que impulsaba en Uruapan.

Y es que su administración, que comenzó en el año 2024, se caracterizaba por la realización de constantes operativos en los que se le veía sobrevolar helicópteros o patrullar en zonas serranas en compañía de su chaleco antibalas y sus escoltas.

Actualmente, la Fiscalía del Estado ha informado que el caso presenta un avance del 90% en las investigaciones, pero aún faltan acciones por realizar como la detención de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

Este 1 de noviembre de 2026 se cumple un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. La investigación de su caso destapó una red de complicidades en la que se involucraron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y personas del círculo cercano del entonces edil, quienes planearon su ejecución frente a cientos de personas.

Manzo fue atacado a tiros por un adolescente llamado Víctor Manuel “N”, quien fue abatido por los escoltas del exedil con la misma pistola que usó para cometer el crimen. Pero el joven no actuó solo, en la red involucrada se han identificado a más de 30 personas, de las cuales 34 ya fueron detenidas.

El homicidio de Manzo golpeó a los habitantes de Uruapan, pero también a otros pobladores de Michoacán, quienes realizaron una marcha en el centro de Morelia para exigir justicia luego de cometerse el crimen.

Y es que Carlos Manzo se hizo notar por su llegada al gobierno de Uruapan desde el Movimiento Independiente del Sombrero, cuya administración se caracterizó por el combate al crimen organizado. En sus redes sociales, el entonces edil compartía su participación en operativos y detenciones, entre los que se incluyó a presuntos miembros del CJNG.

Un crimen que se cometió en plena festividad de Día de Muertos: estos son los avances a un año del homicidio

La noche del 1 de noviembre de 2025, Manzo fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas. Tras el abatimiento del adolescente que lo atacó, las autoridades localizaron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del homicidio.

Sus dispositivos permitieron identificar el uso de un chat de mensajería cifrada, en la que participaron otros de los detenidos para darle seguimiento a Manzo y atacarlo a tiros.

A un año del asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por sus acciones de seguridad impulsadas en Uruapan, particularmente tras la captura de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG al que arrestó junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

Entre los 34 detenidos se encuentran Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, identificado como principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG. Las autoridades lo señalan como el autor intelectual del asesinato de Manzo.

Además, entre los arrestados también se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, investigado como uno de los autores intelectuales del homicidio, ya que, según las investigaciones, dirigió a la célula que cometió y planeó de manera directa el ataque armado.

Las indagatorias también permitieron identificar la presunta implicación de funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, así como de personas cercanas al exalcalde.

Entre los funcionaros detenidos se encuentran: Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar. Sin embargo, su círculo cercano también se vio involucrado.

Las detenciones alcanzaron a los siete escoltas de Manzo, acusados por omisión, así como a su ahijado, Alexis “N”, alias “El Brilloso”, señalado por presuntamente planear el ataque de la mano de su hermano, Christian “N”, alias “El Vikingo”, y que habrían actuado junto a “El Licenciado” del CJNG.

En la red también se ubicó a personas encargadas del reclutamiento de los adolescentes que ejecutaron el crimen, así como de personas relacionadas indirectamente con el asesinato pero que sí formaban parte de las actividades delictivas como la venta de drogas, entre los que destacan Salvador “N”, hermano de “El Rino”, detenido por Manzo en el mes de agosto de 2025.

¿Qué falta por esclarecer en el homicidio?

La Fiscalía de Michoacán informó en días pasados un avance del 90% en las investigaciones del homicidio de Manzo. Según las autoridades, lo que falta por hacer es lograr la captura de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

El vicefiscal y encargado de despacho, Israel Vega Rodríguez, dijo en conferencia de prensa del pasado 28 de octubre que otro punto pendiente es el análisis de los teléfonos celulares de Manzo que no han sido entregados por la actual edil, Grecia Quiroz, ya que ha afirmado tener desconfianza y temor de que sean borrados datos del aparato.

Grecia Quiroz, quien era la esposa del entonces edil, también ha exigido que la carpeta de investigación sea turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que las indagatorias se realizarían sin conflictos de interés.

Y es que, desde hace meses, la actual presidenta municipal de Uruapan ha acusado que detrás del homicidio de Manzo también podrían ocultarse rivalidades políticas, por lo que ha exigido que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua.

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, dijo en el mes de febrero pasado.

Tras sus solicitudes, la Fiscalía de Michoacán determinó que no existían elementos para indagar a los políticos luego de que declararon en sus instalaciones por el asesinato de Manzo.

A un año del crimen, el pueblo de Uruapan se prepara para realizar la 19 edición del Festival de las Velas en la plaza principal del municipio, en donde ya colocaron fotografías de Manzo para recordarlo. Además, este domingo se realizará una movilización en memoria del exedil.

Douglas Herlihy se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte a golpes de su padre, Paul, en 2003, un caso que permaneció sin resolver durante más de dos décadas en Milford, New Hampshire.

El 27 de agosto, la policía acudió a la vivienda por una solicitud de verificación de bienestar. Entraron por una ventana y encontraron cientos de moscas, un fuerte olor a descomposición y, en la cocina, una alfombra enrollada cubierta con una lona azul. Debajo estaba el cuerpo de Paul Herlihy, de 50 años.

La investigación reconstruyó una relación marcada por peleas y llamados a la policía. Pero no fue hasta 2025 que una conversación grabada entre Douglas y su hermano reveló contradicciones en su coartada.

El acuerdo judicial contempla una pena de entre 12 y 24 años de prisión. La sentencia se conocerá a comienzos de 2027, si el tribunal acepta el pacto.

Una convivencia marcada por peleas entre padre e hijo

Padre e hijo, en ese entonces de 17 años, eran los únicos habitantes de la casa desde que Paul la compró, en diciembre de 2002. Sin embargo, los conflictos familiares se remontaban a tiempo atrás: entre 2001 y 2003, la policía acudió en varias ocasiones a domicilios de la familia para intervenir en disputas.

La declaración de arresto recogida por ABC News indica que Douglas mantenía una “relación conflictiva” con varios miembros de su familia e incluso protagonizó una serie de peleas físicas con su padre.

Incluso, según PEOPLE, un amigo de Douglas declaró ante los investigadores que el joven le advirtió que, si su padre volvía a golpearlo, “sería la última vez”.

Paul buscó distintas formas de contener la situación. Lo inscribió en una escuela para alumnos con trastornos de conducta, aunque intentó no asistir. En los meses previos al crimen, el padre llamó al menos ocho veces a la policía por el comportamiento de su hijo; en algunas oportunidades, solicitó que lo retiraran de la vivienda.

El 12 de agosto, la policía localizó a Douglas dentro del automóvil de su padre, que había sido denunciado como robado. En el vehículo encontraron drogas y otros elementos ilegales.

Por consiguiente, Paul pagó la fianza de su hijo tras la acusación y, seis días después, lo acompañó a entregarse por el robo. El tribunal de distrito de Milford le impuso una pena de 90 días y una multa de USD 500, ambas suspendidas.

Cinco días más tarde, Paul dejó mensajes de voz en los contestadores de familiares. En uno de ellos, dirigido a su exesposa, manifestó que buscaría revocar la fianza de su hijo. Más tarde, dejó uno a su sobrino en tono angustiado: “Doug se fue otra vez”. Fue su último contacto conocido.

La policía encontró rastros de sangre dentro y fuera de la casa

Los investigadores situaron la muerte entre el 23 y el 27 de agosto de 2003. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron manchas de sangre por toda la cocina: había rastros en los gabinetes, el refrigerador, las paredes y el techo, precisó FOX 9.

La autopsia determinó que se trató de un homicidio por traumatismo contundente. Paul presentaba fracturas en la nariz, la mandíbula y la base del cráneo, además de lesiones en la laringe. El informe concluyó que recibió golpes repetidos en la cabeza.

La búsqueda se extendió fuera de la casa. En el patio trasero, justo debajo de la ventana abierta del dormitorio de Douglas, los policías hallaron fragmentos de alfombra y relleno con manchas de sangre. Los investigadores establecieron que habían sido arrojados desde esa habitación y que la sangre podía pertenecer a Paul.

Los hallazgos no terminaron allí. Dentro del cuarto, una toalla cubría la puerta de un armario. Al retirarla, los agentes vieron una frase escrita en letras grandes: “TE VERÉ EN EL INFIERNO”.

Pese a la escena en la casa, el caso permaneció sin un acusado durante años. Cuando los investigadores interrogaron a Douglas en 2010 sobre la muerte de su padre, él los remitió a su abogado.

Una década después, tras otra detención, Douglas le afirmó a un agente que sabía que el tribunal desestimaría los cargos en su contra. “Eso es lo que hago. Gano casos. ¡Golpeé mi primer cuerpo cuando tenía 17 años!”, expresó. El policía interpretó que se refería a haber matado a alguien.

Durante todos los años transcurridos desde la muerte de Paul, su hijo siempre negó ante su familia haber tenido cualquier participación en el crimen.

Una llamada grabada que puso en duda la versión de Douglas

En mayo de 2025, los investigadores organizaron una llamada grabada entre Douglas y su hermano, Andrew. En la conversación, le aseguró que se había reunido con agentes de la Policía Estatal de Nuevo Hampshire y que estos habían concluido que era imposible que hubiera participado en la muerte de Paul, reportó PEOPLE.

Asimismo, alegó que las cámaras de la Ruta 1 habían permitido determinar el momento de la muerte con una precisión de una o dos horas y que esas imágenes lo descartaban como sospechoso.

Los investigadores no tenían registros sobre la existencia de esas entrevistas ni videos de vigilancia que respaldaran esa versión. Ante las contradicciones, decidieron arrestarlo en junio de 2025 en Saugus, Massachusetts, y posteriormente fue extraditado a Nuevo Hampshire. Inicialmente, fue acusado de asesinato en segundo grado.

Durante la audiencia en la que se formalizó el acuerdo, Christopher Knowles, jefe de la Unidad de Casos Sin Resolver de la Fiscalía General de Nuevo Hampshire, explicó que Douglas describió una pelea física con su padre.

“Dijo que luego tomó un bate de béisbol que la familia guardaba detrás de la puerta de entrada y golpeó a su padre con él, lo que causó su muerte”, relató Knowles en una declaración recogida por ABC News.

Como parte del acuerdo, se desestimará el cargo inicial. Herlihy también se declaró culpable de intento de falsificación de pruebas físicas. La pena prevista para ese delito, de entre tres años y medio y siete años de prisión, quedará suspendida durante 20 años.

A un año del asesinato del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno —que fue asesinado a golpes luego de asistir a una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero—, su padre, Jaime Alberto Moreno, habló sobre las novedades judiciales en el esclarecimiento del caso.

En entrevista con La FM, se refirió a las palabras de arrepentimiento expresadas por el joven Juan Carlos Suárez Ortiz, condenado a 37 años y seis meses de prisión por el homicidio, que brindó una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva.

El padre de la víctima aseguró que esa manifestación era esperada desde el momento de la captura, de cara a la impertinencia del pronunciamiento luego de un complejo proceso judicial: “Es lo que esperábamos desde hace un año cuando fue detenido: palabras que nunca dijeron y una culpa que jamás reconocieron”.

La familia acudió a las 3:30 a. m. del 31 de octubre de 2026 al sitio donde ocurrió la agresión durante una celebración de Halloween. Allí encendieron velas y rezaron un rosario con familiares y allegados.

“Son días que pasaron de ser felices a estar cargados de una tristeza profunda, de un dolor inmenso y con el alma destruida que nos ha dejado ya un año de esta desgracia”, relató Jaime Alberto Moreno al medio en mención.

El padre de la víctima dijo que el arrepentimiento debe ser “sincero”

Moreno consideró que las palabras de Suárez Ortiz pueden tener valor si corresponden a un reconocimiento genuino de los hechos. Según explicó, la familia participó durante cuatro meses en un programa de justicia restaurativa de la Fiscalía General de la Nación, sin escuchar antes una expresión de arrepentimiento de los involucrados.

“Siempre que haya un sentimiento verdadero y de corazón, las sociedades serán mejores”, expresó.

Jaime Alberto Moreno se refirió a los señalamientos que Suárez hizo contra su hijo en el pódcast, sobre el hecho de que antes de la agresión contra el estudiante, supuestamente escuchó comentarios sobre un aparente comportamiento indebido del joven hacia una mujer en el establecimiento nocturno.

Según la información expuesta durante la entrevista, ese presunto episodio no fue comprobado por las autoridades.

El condenado también relató que inicialmente creyó suficiente un primer golpe contra el joven, pero que otras personas lo convencieron de buscarlo otra vez. En sus declaraciones, reconoció que ese hecho derivó en una agresión que terminó con la muerte del estudiante.

“Que se entregue”, el mensaje para Paola Fernández

De la misma manera, el padre de Jaime Esteban Moreno dirigió un mensaje a Paola Fernández, alias Kitana, que continúa prófuga y es señalada dentro del proceso judicial, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por el órgano judicial.

“El mensaje es que se entregue, porque tarde o temprano va a ser capturada”, expresó para la cadena radial.

Moreno agradeció a la Policía Nacional, la Fiscalía y la justicia por las actuaciones que han permitido avanzar en el caso. Para la familia, el proceso judicial y el reconocimiento de responsabilidades forman parte de la búsqueda de respuestas tras la muerte del joven.

Madre de Jaime Esteban Moreno también recordó a su hijo: “Aquí se sobrevive el día a día”

Por su lado, en una entrevista que concedió a El Tiempo, la mamá de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, Mónica Jaramillo Buitrago, habló sobre el impacto que dejó la muerte del estudiante de 20 años y pidió que las celebraciones de Halloween no terminen en hechos de violencia.

“La vida se derrumba completamente, se rompe en mil pedazos. Aquí se sobrevive el día a día”, expresó Jaramillo al recordar la madrugada del 31 de octubre de 2025, cuando su hijo murió tras ser atacado al salir de una fiesta de disfraces en Bogotá.

Según su relato, ese día, “lógicamente, yo me derrumbé, me angustié muchísimo, salí gritando. Pensaba que se iba a asociar con un hurto (...) Me dicen que mi hijo estaba muy mal, tenía su cerebro muy comprometido y que el pronóstico no se podía prever”.

La madre del joven afirmó que no había motivo para que una persona tomara posesión de la existencia de otro ser: “Ninguna diferencia puede valer más que la vida de un joven”.

Nereida recibió una condena de 45 años de prisión por el homicidio de su esposo, Félix Armando Hernández Ulloa, en el Valle de Mexicali, Baja California. La jueza María Enriqueta Carmona Cruz determinó su responsabilidad por homicidio calificado y desaparición cometida por particulares, después de que la investigación acreditó que denunció como desaparecida a la víctima tras su asesinato.

Félix Armando Hernández Ulloa tenía 47 años y fue visto por última vez el 3 de marzo de 2024. La sentencia también estableció que Nereida no tendría acceso a beneficios, además de imponerle una multa de 108 mil 570 pesos y el pago de 542 mil 850 pesos por reparación del daño.

El caso comenzó con el reporte de desaparición presentado por la propia esposa de la víctima. Nereida declaró que Félix Armando le había llamado por teléfono para avisarle que llegaría tarde a su domicilio, pero que no volvió.

Las indagatorias permitieron establecer que esa versión no correspondía con los hechos. Los testimonios, rastreos telefónicos, análisis genéticos, información de campo y otros indicios reconstruyeron los movimientos previos y posteriores al crimen.

La discusión derivó en el asesinato de Félix Armando

La noche del 3 de marzo de 2024, alrededor de las 19:40 horas, Félix Armando se encontraba en su domicilio cuando sostuvo una discusión con Nereida. Después, ella salió de la vivienda a bordo de un Volkswagen azul rey manejado por un amigo.

La víctima los siguió en un Hyundai Sonata gris hasta un camino de terracería ubicado junto al canal Reforma, en el Valle de Mexicali. En otro punto de la investigación se ubicó el crimen en las inmediaciones del canal Alimentador Central, en el Ejido Morelia.

Una vez que los vehículos se detuvieron, Nereida descendió del Volkswagen, caminó hacia el automóvil de su esposo y le disparó con un arma de fuego. Durante el juicio oral se acreditó su intervención directa en el homicidio.

Después del ataque, la sentenciada habría amenazado a su acompañante con la misma pistola para obligarlo a ayudarla a colocar el cuerpo de Félix Armando en la cajuela del vehículo de la víctima. La investigación logró localizar los restos, lo que fortaleció la acusación en su contra.

La Fiscalía acreditó la desaparición cometida por particulares

La denuncia de desaparición presentada por Nereida buscó desviar la atención sobre el asesinato de su esposo. Las entrevistas con testigos y el análisis de la información reunida permitieron a la Fiscalía establecer que la mujer conocía lo ocurrido y participó en las maniobras posteriores para ocultar el cuerpo.

Durante las pesquisas también se conoció que el posible móvil de Nereida habría estado relacionado con la venta de varios camiones que pertenecían a Félix Armando. Ese elemento se integró a la investigación junto con los datos obtenidos de los teléfonos y los peritajes genéticos.

La Fiscalía presentó las pruebas y testimonios durante el juicio oral, donde se acreditaron los delitos de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares. La resolución judicial estableció una pena de prisión de 45 años para Nereida.

Además de la condena y de la multa, la mujer deberá cubrir 542 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño a causa del asesinato de Félix Armando Hernández Ulloa.

Las víctimas presentaban múltiples heridas de bala: Nguyen-Duy, de 64 años, fue encontrado en el primer piso de la casa, mientras que su madrastra, Phong, de 56, estaba en el segundo, precisó NBC News.

Durante la audiencia inicial del jueves, Jones ingresó a la sala cargado por cuatro agentes, con esposas y grilletes en los tobillos. El acusado solicitó ser identificado como Asia Nguyen-Duy y pidió el uso de pronombres neutros.

El fiscal Zachary Simonoff solicitó una fianza de USD 1,5 millones, pero la jueza Farah Emeka la fijó en USD 3 millones debido a la gravedad de las acusaciones. El caso será presentado ante un gran jurado del condado de Lorain, reportó el medio local WKYC.

Un vehículo con humo llevó a la policía hasta la vivienda familiar

La investigación comenzó poco antes de las 9 de la mañana del miércoles, cuando agentes acudieron al estacionamiento del Conservatorio del Oberlin College por un automóvil que despedía humo y podía estar incendiándose.

El vehículo, un Toyota con matrícula de Oregón, tenía una ventana tapiada y un tubo que sobresalía del techo. En su interior había un paquete para un cargador Glock de 17 cartuchos y dos proyectiles de 9 milímetros. El informe policial señala que estaba registrado a nombre de Jones, quien no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con WKYC, los agentes lo localizaron a las 10:19, tras recibir un aviso sobre una persona desaliñada y empapada en la zona de Shipherd Circle. Al llegar, encontraron a Asia Nguyen-Duy con rasguños en el rostro y lesiones en una mano y un brazo. Allí confesó haber asesinado a su familia y les proporcionó la dirección de la vivienda.

A las 10:28, los policías se dirigieron a la casa de South Pleasant Street para verificar el estado de los familiares. Ingresaron por la fuerza y encontraron los cuerpos de Nguyen-Duy y Phong en distintos pisos de la vivienda.

El arma utilizada no fue hallada. Tampoco se recuperó una riñonera que, presuntamente, llevaba el acusado. El motivo del ataque no fue establecido hasta el momento.

Durante la comparecencia, se reveló que el acusado se había presentado en la vivienda de una residente de Oberlin y le había pedido que grabara un video para publicarlo en internet. En la grabación habría afirmado que escapaba de una secta y dijo: “Todo lo que hice fue por voluntad propia y asumo toda la responsabilidad”.

La madre de Asia Nguyen-Duy, residente en Oregón, declinó hacer declaraciones a NBC News debido a que estaba afectada por lo ocurrido. Según Simonoff, explicó a los investigadores que su hijo “actualmente sufre de psicosis y necesita medicación”.

El profesor enseñaba fotografía en Oberlin desde 1998

Nguyen-Duy impartía arte de estudio y fotografía en Oberlin College desde 1998. Había nacido en Hue, Vietnam, y llegó a Estados Unidos como refugiado político en 1975.

El profesor recibió becas y reconocimientos, entre ellos una Beca Guggenheim de Fotografía en 2011. Su obra formó parte de colecciones públicas en Estados Unidos, Europa y Asia.

La presidenta de la institución, Carmen Twillie Ambar, señaló en un mensaje a la comunidad universitaria que la muerte del docente generaba una profunda tristeza y anunció apoyo psicológico para quienes lo necesitaran. “Pipo era muy querido. Durante sus años en Oberlin, nos marcó a todos con su pasión por la fotografía”, expresó.

“Mi cuerpo duele. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Aún me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó Christa Pike.

El caso derivó en una cadena de consecuencias institucionales: el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió en la cámara de ejecución, dispuso la suspensión temporal de todas las ejecuciones en el estado hasta fin de año y aceptó la renuncia del comisionado correccional Frank Strada.

La posibilidad de que el estado intente ejecutar a Pike por segunda vez permanece abierta, lo que anticipa una prolongada disputa judicial.

Qué dijo Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución fallida en Tennessee

En su primera declaración pública desde el intento de ejecución, Pike, de 50 años, describió un proceso de recuperación marcado por el sufrimiento físico y el aislamiento. Según informó ABC News, Pike se encuentra en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, donde permanece “en gran medida aislada del resto de la población carcelaria, lejos de otras personas y de los vínculos humanos que tanto significan” para ella.

La propia Pike comparó esa situación con los 28 años que pasó en régimen de aislamiento desde su llegada al corredor de la muerte, y la describió como “una repetición de esa condición”. “Me estoy recuperando, y sé que me estoy fortaleciendo”, afirmó.

“Pero recuperarse no es lo mismo que estar bien”, acotó. También señaló que despertó “sola en un hospital, confundida y con dolor”, sin haber contemplado la posibilidad de seguir con vida tras esa noche. “No sé por qué sobreviví. No sé qué viene después. Algunos días, encontrar esperanza es más difícil que otros”, agregó.

Christa Pike también expresó que piensa en la familia de Slemmer y en “el terrible dolor y la pérdida que han soportado”, y agradeció a los socorristas, médicos y enfermeras que la atendieron: “Me trataron con compasión, dignidad y respeto. Nunca olvidaré su amabilidad”.

Extendió ese reconocimiento a sus abogados: “Lucharon por mí, estuvieron a mi lado y se negaron a rendirse”. Sobre el apoyo recibido desde distintas partes del mundo, señaló que tanto personas cercanas como completos extraños que nunca la han conocido le escribieron y que saber que su vida importa para otros es algo que no puede expresar con palabras.

Qué ocurrió durante la ejecución del 30 de septiembre en Tennessee

El intento de ejecución tuvo lugar en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. El equipo encargado tardó cerca de una hora en colocar las vías intravenosas y administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital. Los testigos presentes en la sala comprobaron que Pike continuaba con signos de vida cuando el personal los escoltó fuera de la cámara, aproximadamente una hora después del inicio del procedimiento.

Los abogados de Pike relataron que, antes de perder la conciencia, ella se quejó de que su brazo “iba a estallar” y aseguró que “ardía”. Los brazos de Pike quedaron con inflamación severa y hematomas, lo que según su defensa podría deberse a una inserción incorrecta de las agujas o a que el fármaco se filtró hacia el tejido circundante.

La trasladaron a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador; recobró la conciencia días después. Diez días tras el fallido procedimiento, volvió a la prisión. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la primera persona de la que se tiene constancia que sobrevivió una inyección letal después de recibir los fármacos.

La respuesta de Tennessee y la investigación ordenada por Bill Lee

Tras el episodio, Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones programadas hasta el final de 2026 y encargó una revisión externa para “determinar exactamente qué ocurrió”. Asimsimo, el comisionado correccional Strada presentó su renuncia con vigencia a fin de octubre, y sostuvo que era “lo más conveniente para el estado”.

El Departamento de Correcciones de Tennessee declinó hacer comentarios sobre el comunicado de Pike y afirmó que había “seguido cada paso del protocolo de ejecución legalmente establecido, aprobado por la Fiscalía General”.

Lee, que deja el cargo en enero, rechazó conmutar la pena de Pike por cadena perpetua. Esta semana, ante preguntas de la prensa, respondió sobre la posibilidad de un nuevo intento de ejecución: “Supongo que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen otra cosa”, según recogió The Guardian.

El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

En 1995, Pike tenía 18 años cuando, junto con su entonces pareja Tadaryl Shipp y una tercera persona, torturó y mató a Slemmer, de 19 años, compañera de ambos en un programa de capacitación laboral para jóvenes de bajos ingresos en Knoxville. Las investigaciones establecieron que Pike consideraba a Slemmer una rival sentimental. Shipp no recibió la pena de muerte porque en el momento del crimen no era legalmente adulto; permanece encarcelado.

Pike no niega su participación en el hecho, pero su defensa sostiene, según NBC News, que el jurado que la condenó no conoció en su totalidad los antecedentes de su infancia, marcada por años de abuso sexual, maltrato físico y abandono. Esos factores, argumentan sus abogados, resultaron decisivos para la determinación de la pena.

Qué puede pasar ahora con la condena de Christa Pike

La pena de muerte sigue vigente. El equipo legal de Pike anticipó una “larga batalla judicial” si Tennessee avanza hacia una nueva fecha de ejecución. Un juez ya falló a favor de la defensa al ordenar que el estado conserve toda la evidencia vinculada al intento fallido, entre ella jeringas, vías intravenosas, fármacos y registros del personal interviniente. Los fiscales, por su parte, señalaron que en este momento “no existe ninguna orden de ejecución pendiente”.

La madre de Slemmer, May Martinez, quien viajó desde Florida a Nashville para presenciar la ejecución en septiembre, declaró a la filial de ABC en Jacksonville que solo quería “justicia” y que el estado debe “hacer las cosas bien” sin apartar a Pike del corredor de la muerte.

La candidata republicana a gobernadora, la senadora Marsha Blackburn, prometió reanudar las ejecuciones si resulta elegida el próximo mes y manifestó su apoyo a ampliar los métodos disponibles. Su rival demócrata, Jerri Green, afirmó que bloqueará cualquier ejecución mientras esté en funciones.

Matthew Farwell, exdetective de la policía de Stoughton, Massachusetts, enfrenta cargos federales por la muerte de Sandra Birchmore, una joven de 23 años hallada muerta en su apartamento en febrero de 2021.

La acusación lo imputa por matar a una víctima para impedir su testimonio —bajo el estatuto federal 18 U.S.C. § 1512— y por causar la muerte de un niño no nacido. La fiscalía sostiene que Farwell estranguló a Birchmore y manipuló la escena para que pareciera un suicidio.

El caso tardó cinco años en llegar a juicio. Cuando hallaron el cuerpo de Birchmore en su apartamento, la policía estatal cerró la investigación en pocas horas con una conclusión única: suicidio por ahorcamiento.

Farwell, en el apartamento la noche del crimen

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Torey Cummings, expuso ante el jurado la secuencia de hechos que, según la acusación, llevó al crimen. Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Birchmore mostraron a Farwell entrando al inmueble a las 9:14 p.m. del 1 de febrero de 2021. Un perito en informática forense testificó que el teléfono de la víctima dejó de registrar actividad a las 9:40 p.m., tres minutos antes de que la cámara del vestíbulo captara la salida del detective.

William Smock, perito de la fiscalía, declaró ante el jurado que, según su análisis, Birchmore fue estrangulada con la correa de una bolsa de lona y que opuso resistencia antes de morir.

“Ya no se trataba de si sus crímenes saldrían a la luz, sino de cuándo”, declaró Cummings ante el jurado. “Había perdido el control sobre Sandra. Tenía un verdadero problema. Necesitaba una forma de silenciarla para siempre”, agregó.

El abuso en un programa de mentoría policial para menores

Birchmore tenía 12 años cuando se incorporó a un programa de orientación policial en Stoughton destinado a jóvenes interesados en las fuerzas del orden. Farwell, que por entonces tenía 24 años, la agregó como contacto en Facebook poco después. Con el tiempo, la relación derivó en algo que la fiscalía califica de abuso sexual sistemático.

En un mensaje de texto enviado en 2020, Birchmore le recordó a Farwell la fecha en que tuvieron relaciones sexuales por primera vez: el 10 de abril de 2013, cuando ella tenía 15 años. “El mejor día de mi vida”, escribió ella. “Yo también”, respondió él.

A lo largo de los años intercambiaron más de 40.000 mensajes de texto, algunos de los cuales fueron leídos durante el juicio. Entre ellos figuraban mensajes de contenido sexual con referencias a la violencia física. “Te agarraré del cuello y te diré que no le digas ni una palabra a nadie o te arrepentirás”, escribió Farwell en uno de esos intercambios.

El embarazo de Birchmore, origen de peleas y amenazas

En 2020, según la fiscalía, Birchmore presionó a Farwell para que la embarazara y lo amenazó con revelar la relación a su esposa si no accedía. Al confirmar el embarazo, le envió una imagen con el mensaje: “¡Felicidades, vamos a ser padres!”. Farwell respondió que no tenía “nada que decir”.

Cuando Birchmore sugirió que él estuviera presente en el parto, el detective respondió: “Eres verdaderamente la peor persona sobre la faz de la tierra”. Una amiga de la víctima, Leslie Davis, testificó que Birchmore le relató una pelea física en la que Farwell la empujó al suelo, y que él se negó a reconocer al bebé: “Ese no es mi bebé”, le dijo.

Una prueba de paternidad realizada durante la investigación federal determinó que Farwell no era el padre del bebé. El padre biológico resultó ser Jason Pickard, un reclutador del Ejército que conoció a Birchmore en 2019. Pickard testificó que ella le había dicho que Farwell era el padre y que la relación con él había comenzado cuando era menor de edad.

La denuncia anónima días antes de la muerte

En enero de 2021, días antes de la muerte de Birchmore, una mujer llamó a la policía de Stoughton para denunciar la relación entre el detective y la joven.

Farwell, según los registros, reaccionó con furia y le escribió a Birchmore: “No tienes ni idea de lo malo que es lo que hizo”.

La investigación original y la reapertura por el FBI

La investigación original, a cargo de agentes de la policía estatal que trabajaban para la fiscalía del condado de Norfolk, nunca cuestionó la hipótesis del suicidio. Farwell fue interrogado durante solo 15 minutos en un estacionamiento. Los investigadores no tomaron notas, no lo examinaron en busca de lesiones y no le extrajeron muestras de ADN. Cuando revisaron su teléfono, Farwell ya había borrado los mensajes intercambiados con Birchmore.

“No solo no investigaron, sino que rápidamente les dijeron a otros, incluido el médico forense, que definitivamente se trataba de un suicidio y que no había habido ningún acto delictivo”, afirmó Cummings, según la agencia AP.

El hermano gemelo del acusado, Billy Farwell, testificó que el investigador principal —un antiguo amigo de la familia— le había dicho que quería cerrar el caso cuanto antes. “Dijo que necesitaba la investigación como si necesitara una bala en la cabeza”, declaró.

El FBI se hizo cargo del caso en 2023, en parte a instancias del exsubdirector del Departamento de Policía de Stoughton, Brian Holmes, quien había iniciado una investigación interna. Farwell dimitió antes de que Holmes hiciera públicas sus conclusiones, que determinaban que el detective había mantenido una relación sexual con Birchmore. El médico forense del estado, que inicialmente certificó el suicidio, modificó después la causa oficial de la muerte a “indeterminada”.

La defensa: Birchmore tenía antecedentes de intentos de suicidio

La abogada de Farwell, Kimberly Stevens, reconoció ante el jurado que su cliente “tuvo una aventura extramatrimonial”, pero descartó que sea un asesino. “Cometió errores lamentables. Es humano. Matthew no mató a Sandra Birchmore”, declaró.

Stevens argumentó que Birchmore era una mujer con historial psiquiátrico desde los 6 años, que había intentado suicidarse durante la adolescencia y que atravesaba una situación económica crítica al momento de su muerte, con menos de USD 3 en el banco. Según la defensa, Farwell fue al apartamento aquella noche para terminar la relación.

El juicio, que se encuentra en la fase de presentación de pruebas y testigos, comenzó días atrás en el tribunal federal de Boston. La fiscalía concluyó su presentación el miércoles. La defensa estaba prevista para continuar con testigos el viernes, antes de que el caso pase a manos del jurado la semana próxima.

En un video difundido en sus redes sociales, el también senador exigió que las autoridades investiguen el doble homicidio y castiguen a los responsables. Además, señaló que el funcionario municipal habría recibido amenazas de grupos delictivos para obligarlo a pagar extorsiones y entregar a un familiar a la delincuencia organizada.

Moreno Cárdenas responsabilizó políticamente al gobierno de Morena por la situación de inseguridad y cuestionó los resultados de su estrategia en materia de seguridad.

“México no puede seguir viviendo de rodillas y aterrorizado ante el crimen organizado”, expresó al inicio de su mensaje, en el que manifestó sus condolencias por el fallecimiento de ambos integrantes de la comunidad priista.

Alito Moreno denuncia amenazas contra regidor asesinado en Michoacán

De acuerdo con el dirigente nacional del PRI, Adán Rodríguez Ávalos habría sido amenazado para obligarlo a entregar dinero por concepto de derecho de piso y permitir que un familiar fuera incorporado a las filas de un grupo criminal.

Moreno sostuvo que el regidor se negó a cumplir con esas exigencias, situación que, según su versión, habría precedido al ataque armado en el que también perdió la vida su esposa.

El priista calificó el doble homicidio como una muestra de la violencia que enfrentan distintas comunidades del país y reprochó la falta de garantías de seguridad para las familias.

Durante su pronunciamiento, también lanzó cuestionamientos contra la administración federal:

• Preguntó dónde está la seguridad que Morena prometió durante sus gobiernos.
• Acusó al partido gobernante de no garantizar la protección de los ciudadanos.
• Exigió que el asesinato de Adán Rodríguez y Martha Reyes sea investigado hasta sus últimas consecuencias.
• Demandó que los responsables sean detenidos y castigados.

“Morena tiene que responder por el fracaso de su estrategia. Gobernar es proteger vidas, no repartir excusas”, afirmó.

Así ocurrió el ataque contra Adán Rodríguez y su familia

El atentado ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, cuando el regidor, su esposa y su hijo viajaban en una camioneta particular por la comunidad de El Triunfo, perteneciente al municipio de Indaparapeo.

De acuerdo con los reportes sobre la agresión, sujetos armados dispararon contra el vehículo. Martha Reyes Salinas murió en el lugar, mientras que Adán Rodríguez y su hijo, Jesús Rodríguez Reyes, de 24 años, resultaron heridos.

El funcionario municipal, de 51 años, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a una lesión de arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Su hijo también fue hospitalizado por heridas de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el antebrazo izquierdo, el hombro, la cadera y la rodilla.

El Ayuntamiento de Indaparapeo confirmó la muerte de la pareja y expresó sus condolencias a sus familiares, además de desear la recuperación del joven lesionado.

PRI señala presiones del crimen organizado en Indaparapeo

Las denuncias sobre amenazas contra habitantes de la comunidad fueron expuestas también por Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI en Michoacán.

El líder partidista aseguró que grupos delictivos habrían advertido a los pobladores que debían abandonar sus viviendas, pagar cuotas de extorsión o permitir que alguno de sus familiares se incorporara a la organización criminal.

Según su versión, Adán Rodríguez se habría resistido a las exigencias de los delincuentes, que también habrían presionado para que abandonara su vivienda en El Triunfo.

Valencia Reyes señaló que la región enfrenta una disputa entre organizaciones criminales y denunció prácticas de extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento de jóvenes.

Alito Moreno exige justicia y advierte que el PRI buscará poner orden

En su mensaje, Alejandro Moreno insistió en que el Estado debe garantizar la seguridad de la población y evitar que los grupos criminales impongan sus condiciones en las comunidades.

El dirigente también sostuvo que no debe haber impunidad ante los asesinatos y llamó a las autoridades a esclarecer el doble homicidio.

Al final de su intervención, endureció el tono de sus declaraciones al referirse a quienes cometen asesinatos, extorsiones y otros delitos.

“A quien roba, a quien asesina, a quien mata a las y los mexicanos, a quien hace el cobro de piso, a quien le quita la tranquilidad a las familias mexicanas, que son los criminales, solo pueden estar en dos lugares: en la cárcel o en el cementerio”, declaró.

Moreno concluyó que el PRI está preparado para impulsar acciones que permitan recuperar el orden y la seguridad en el país, mientras reiteró su exigencia de justicia para Adán Rodríguez Ávalos y Martha Reyes Salinas.

Un grupo armado emboscó y mató al regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y a su esposa, Martha Reyes Salinas, en la comunidad de El Triunfo, municipio de Indaparapeo, Michoacán. El ataque ocurrió la noche del miércoles, cuando la pareja viajaba junto a su hijo en una camioneta particular.

El crimen se produjo días después de que un grupo delictivo amenazara al funcionario y a los habitantes de la zona con un ultimátum: abandonar la comunidad, pagar una cuota o entregar a un familiar a las filas del cártel. La denuncia fue hecha pública por el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

La emboscada en El Triunfo

La agresión ocurrió alrededor de las 21:45 horas sobre la calle Prolongación Bravo, en la comunidad Colonia del Triunfo. El regidor se dirigía a su domicilio a bordo de su camioneta, acompañado por su esposa y su hijo, Jesús Rodríguez Reyes.

Los agresores utilizaron al menos tres vehículos de modelo reciente, identificados de forma preliminar como una Honda CRV, una GMC y un Volvo. Tras disparar contra la unidad, los atacantes huyeron por caminos rurales y brechas de la zona.

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron del ataque a través del número de emergencias 911 y solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro. Al sitio acudieron patrullas y paramédicos de Protección Civil, que confirmaron el fallecimiento de Martha Reyes Salinas en el lugar de los hechos, donde quedó sin vida con varios impactos de arma de fuego.

Adán Rodríguez Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital General “Doctor Miguel Silva”, en el municipio colindante de Charo, donde falleció al momento de ingresar al área de urgencias.

Su hijo Jesús resultó con heridas de gravedad durante el ataque y permanece hospitalizado bajo vigilancia policial.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), se trasladó al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos a la morgue para la práctica de las necropsias de ley.

Amenazas previas denunciadas por el PRI

El ataque contra Rodríguez Ávalos no fue un hecho aislado, según la versión del PRI estatal. Días antes del asesinato, un grupo delictivo había amenazado directamente al regidor y a los habitantes de El Triunfo con un ultimátum.

De acuerdo con Valencia Reyes, los criminales dieron un plazo de tres días a los pobladores para abandonar la comunidad o, en caso contrario, someterse al pago de extorsiones o aceptar que un familiar se integrara a la organización criminal.

El dirigente partidista relató el contenido de la amenaza en un mensaje difundido en redes sociales: “Llegaron hasta la comunidad de El Triunfo y les dicen a todos los habitantes: tienen tres días para dejar la comunidad... o para pagar cuota o para que uno de sus hijos forme parte de nuestras filas o, si no, los vamos a asesinar”.

Valencia Reyes cuestionó el nivel de violencia ejercido contra las familias de la región y señaló: “¿Cuál fue su pecado? Que un grupo del crimen organizado llegaron a esa comunidad y les comentaron a todos los habitantes: tienen tres días para abandonar la comunidad o de lo contrario tienen que pagar cuota o uno de los integrantes de su familia integrarse a las filas de nuestro cartel delictivo”.

El dirigente, quien también se desempeña como diputado local, condenó el ataque y exigió a la Fiscalía que investigue los hechos. Además, expresó su pésame a la comunidad de Indaparapeo y rechazó la situación de violencia que, según dijo, enfrentan los pobladores de la zona.

En su mensaje, Valencia Reyes describió el caso como un ejemplo de represalia: “Que una comunidad entera en un municipio que está a 30 minutos de Morelia sea desplazada por el crimen organizado”.

Disputa territorial entre cárteles

Autoridades estatales han identificado que en Indaparapeo existe una pugna activa entre organizaciones criminales. Se trata del Cártel X y el Cártel de Los Correa, ambos con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputan el control territorial de la zona.

La confrontación entre estos grupos abarca la producción y el tráfico de drogas, además de la extorsión a comerciantes y otras actividades ilícitas en la región, según la información recabada por las autoridades locales.

No se ha determinado con precisión cuál de las dos organizaciones habría sido responsable directa del ataque contra Rodríguez Ávalos y su familia, debido a que la zona se mantiene como un territorio en disputa entre ambos grupos delictivos.

Condolencias del ayuntamiento de Indaparapeo

El Ayuntamiento de Indaparapeo emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” el fallecimiento del regidor y de su esposa. El mensaje describe la pérdida como “irreparable” y señala que deja “un profundo vacío” entre quienes compartieron con Rodríguez Ávalos la responsabilidad de servir al municipio.

La administración municipal reconoció el “compromiso, entrega y labor” del regidor en favor de los habitantes de Indaparapeo, de acuerdo con el texto difundido por el cabildo.

En el comunicado, el ayuntamiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la pareja, y deseó la pronta recuperación de Jesús Rodríguez Reyes, hijo de ambos y herido en el ataque.

El mensaje cierra con una frase dirigida al propio regidor: “Descanse en paz, compañero Adán”.

El ataque ocurrió cuando la víctima se dirigía a visitar a su pareja, quien se encontraba internada en un hospital debido al trabajo de parto de su segundo hijo. Según los familiares, el nacimiento estaba previsto para las primeras horas de la mañana.

Los presuntos atacantes escaparon a pie por una calle cercana. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, una motocicleta esperaba a los sujetos para facilitar su huida. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el homicidio y busca identificar a los responsables.

El caso también remite a un episodio ocurrido en 2018, cuando Cangre González fue implicado en el robo de S/ 50 mil a una agencia bancaria situada a dos cuadras del lugar del crimen. Según la información policial de aquel año, debía cumplir arresto domiciliario por robo agravado, pero fue intervenido en la vía pública por incumplir esa medida judicial.

Dos sujetos dispararon contra ‘El Cangri’ dentro de su vehículo

El homicidio ocurrió en la cuadra seis de la avenida Salvador Allende. Según los testimonios recogidos en el lugar, dos hombres llegaron caminando hasta el automóvil en el que se encontraba Christopher Cangre González y abrieron fuego en varias oportunidades.

Tras el ataque, los sujetos se dirigieron hacia la calle San Eugenio. Las versiones recogidas en la zona señalan que continuaron hasta la avenida San Antonio, donde presuntamente los esperaba una motocicleta con otros implicados en el crimen.

Los atacantes utilizaron ese vehículo para escapar con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre sus identidades ni sobre el motivo del asesinato.

La Policía acordonó el área para permitir las diligencias correspondientes. Los peritos de Criminalística inspeccionaron el automóvil y sus alrededores, mientras las autoridades iniciaron las actuaciones para reconstruir la secuencia del ataque.

La víctima se dirigía al hospital por el nacimiento de su segundo hijo

Los familiares de Christopher Cangre González llegaron al lugar del crimen y señalaron que el hombre trabajaba como taxista por aplicativo mediante el alquiler de un automóvil. Según su versión, se dirigía al hospital para visitar a su pareja, quien se encontraba internada por el nacimiento de su segundo hijo.

Uno de los familiares confirmó que la mujer permanecía en el centro médico y que el parto estaba previsto para las seis de la mañana. También precisó que Cangre González se trasladaba solo en el vehículo al momento del ataque.

La información proporcionada por sus allegados forma parte de las circunstancias previas al homicidio que las autoridades deberán contrastar durante las investigaciones.

Cangre González fue implicado en un robo bancario en 2018

Los antecedentes policiales de la víctima también forman parte de la información relacionada con el caso. En 2018, Christopher Cangre González fue implicado en el robo de S/ 50 mil a una agencia bancaria ubicada a dos cuadras de la avenida Salvador Allende, donde murió años después.

Según los registros policiales de aquel momento, el hombre debía cumplir arresto domiciliario por el presunto delito de robo agravado. Sin embargo, fue intervenido en la calle por incumplir la disposición judicial.

Este antecedente corresponde a una investigación anterior y no determina por sí mismo el motivo del homicidio. La Policía aún debe establecer si el crimen guarda relación con ese episodio u otras circunstancias vinculadas con la víctima.

Cámaras de seguridad podrían aportar información sobre los responsables

Las cámaras de videovigilancia de establecimientos comerciales cercanos podrían aportar información sobre la llegada de los atacantes y su posterior fuga. Las imágenes también podrían ayudar a establecer la ruta que siguieron después de disparar contra Cangre González.

Los testimonios recogidos en la zona describen la participación de dos sujetos que llegaron a pie y escaparon hacia calles próximas, donde presuntamente contaban con apoyo para abandonar el lugar.

Los peritos de Criminalística realizaron las diligencias en la escena y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, según la información del caso. La PNP mantiene las investigaciones para identificar a los autores materiales y determinar el móvil del asesinato.

Alberto Guzmán Aguiar, elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), fue asesinado durante un ataque armado en las instalaciones de la corporación durante la noche de este miércoles en Magdalena de Kino.

Las autoridades informaron que la agresión ocurrió alrededor de las 19:44 horas, cuando se realizaron disparos de arma de fuego desde el exterior del edificio de la AMIC, ubicado en la colonia Centro.

Alberto Guzmán Aguiar, quien se encontraba adscrito a la Base Operativa, resultó lesionado, pero más tarde falleció al interior de las instalaciones.

Tras el hecho, fueron desplegados elementos de la AMIC, así como de la 45/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Municipal y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes e identificar a los responsables.

La Fiscalía de Sonora condenó la agresión contra el agente y detalló que mantiene las investigaciones abiertas para dar con los responsables del ataque armado. Además, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia del agente, así como a sus compañeros y seres queridos.

Segundo ataque contra una corporación en Sonora en 48 horas

El ataque contra la AMIC se registró un día después de otro incidente violento en el norte del estado. La madrugada del martes, un hombre ingresó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sáric y provocó un incendio que dañó las dos patrullas con las que cuenta la corporación.

De acuerdo con reportes, el fuego comenzó alrededor de las 05:00 horas en el área donde se encontraban estacionadas las unidades oficiales, únicos vehículos operativos con los que contaba la dependencia.

Personal de Protección Civil y de Servicios Públicos municipales acudió al lugar y logró sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto del inmueble.

El episodio no dejó personas lesionadas y los daños se limitaron al material de las dos patrullas, de acuerdo con los reportes. Sáric es un municipio de aproximadamente 2 mil habitantes ubicado en la región fronteriza de Sonora con Estados Unidos, cuya corporación policial quedó sin unidades operativas tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el presunto responsable del incendio fue detenido ni han dado a conocer una estimación de los daños ocasionados a los vehículos.

El corredor de Magdalena, zona de disputa para el crimen organizado

El municipio de Magdalena de Kino se ubica dentro de un corredor que conecta a Santa Ana, Magdalena y Caborca, un tramo que, según el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, Marco Paz Pellat, ha sido históricamente una zona estratégica para el crimen organizado por su conexión con rutas hacia la frontera con Estados Unidos.

Paz Pellat señaló que en esa región se han recuperado ranchos y espacios que estaban bajo control criminal, como parte de operativos de fuerzas estatales y federales, aunque advirtió que los grupos delictivos siguen intentando recuperar el control territorial.

El vocero se pronunció en junio pasado tras el asesinato del comandante de la AMIC, Juan Manuel Quintana Valenzuela, ocurrido en una zona cercana a Ímuris, un ataque que calificó como una agresión “cobarde”, según reportó Expreso.

En esa ocasión, Paz Pellat afirmó: “son eventos que nos tienen que llevar a la reflexión como sociedad”, y remarcó que los elementos de seguridad enfrentan riesgos constantes frente al crimen organizado, que en algunos casos aprovecha los cambios de turno o los periodos de descanso de los policías para atacarlos.

El Comité Ciudadano reportó que de 2020 hasta junio de 2026 fueron asesinados 123 elementos de distintas corporaciones en Sonora, incluyendo integrantes de la Guardia Nacional (GN). La cifra anual muestra una tendencia descendente desde 2020, cuando se registraron 21 casos, hasta 2025, con 6 asesinatos, aunque el organismo advirtió que la tendencia sigue siendo motivo de preocupación.

A nivel estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos en Sonora, al pasar de 891 víctimas entre enero y septiembre de 2025 a 495 en el mismo periodo de 2026. No obstante, la entidad continúa como escenario de disputas internas entre grupos del crimen organizado.

El insólito hecho ocurrió durante la etapa de selección del jurado en el proceso sobre la muerte de Stephanie Crone-Overholts, una mujer de 47 años cuyos restos mutilados aparecieron en noviembre de 2021 en la bahía de McKay, en la localidad de Tampa.

La pretensión gastronómica recibió una negativa inmediata por parte del magistrado, lo cual obligó a continuar con el trámite procesal regular, según detalló una publicación de NDTV.

El menú que Robert Kessler exigió para confesar el crimen

Durante la audiencia preliminar, transmitida por la cadena Court TV, el juez Nick Nazaretian consultó al acusado si contemplaba aceptar prisión perpetua para concluir el litigio penal. En ese momento, Kessler, quien asumió su propia defensa legal, planteó su insólita condición: “Haré eso por un cheesesteak de Filadelfia, una orden de papas fritas y una Pepsi”.

Ante la sorpresa del magistrado, el procesado reiteró con precisión su pedido culinario: “Un cheesesteak de Filadelfia con cebollas, mayonesa, papas fritas y una Pepsi de 591 mililitros (20 onzas)”. Asimismo, defendió su propuesta ante el tribunal: “Le ahorrará tiempo al jurado y les ahorrará dinero a los contribuyentes”.

El juez Nazaretian descartó la solicitud de inmediato por razones éticas y normativas: “No puedo dar comida a las personas como parte de una declaración; eso estaría mal de 1.000 maneras. Puedo garantizar que almorzará hoy, pero no qué menú recibirá”.

Ante la negativa judicial, Robert Kessler dio por cancelada cualquier opción de acuerdo: “No quiero declararme culpable sin acuerdo. Simplemente elijan al jurado. Yo quiero este sándwich de queso; si consigo el sándwich, entonces podría hacerlo, pero no lo voy a conseguir, así que simplemente lo dejaré pasar”. El acusado decidió afrontar el juicio ante el rechazo a su singular petición.

El macabro hallazgo en la bahía de McKay que dio inicio a la causa

La causa contra Kessler incluye cargos por homicidio en primer grado y profanación de restos humanos. El proceso penal comenzó en noviembre de 2021, fecha en que pescadores locales descubrieron partes del cuerpo desmembrado de Stephanie Crone-Overholts en las aguas de la bahía de McKay, dentro del área metropolitana de Tampa.

Las averiguaciones policiales en Florida, difundidas por la emisora WFLA, revelaron que la víctima fatal residía de forma temporal en la casa de Kessler antes de su desaparición. El contacto entre ambos surgió en un local de comida rápida, sitio en el cual entablaron una conversación que derivó en la oferta de alojamiento por parte del sospechoso.

Las pruebas y testimonios que complican la situación judicial del imputado

El expediente judicial reúne diversos elementos que comprometen la posición del imputado. La hija de Kessler, quien tenía ocho años en la fecha del crimen, relató a los investigadores que escuchó una fuerte discusión entre su padre y Crone-Overholts antes de que la mujer desapareciera. De acuerdo con su testimonio, la víctima solicitó USD 200 con el fin de marcharse de la vivienda.

A estos testimonios se sumó la versión de al menos tres personas que colaboraron con la fiscalía. Estos testigos afirmaron que vieron a un hombre con rasgos idénticos a los de Robert Kessler en el momento en que arrojó bolsas de basura hacia las aguas en fechas próximas al crimen.

Tras el rechazo a su singular petición, el proceso penal avanza en los tribunales de Hillsborough, donde un jurado definirá el destino del acusado.

Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como parte de las investigaciones por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Su arresto fue ejecutado por elementos ministeriales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como parte del cumplimento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Horas antes de la captura, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que se habían realizado tres citatorios a la funcionara para que acudiera a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para declarar por el caso de Carlos Manzo, pero no había respondido a ninguno, hecho que también le provocó una multa.

Y es que Vargas era requerida por las autoridades debido a que mantiene vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio del exedil, y a quienes también se les relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que la funcionaria ha formado parte del círculo cercano tanto de Carlos Manzo como de la actual edil y su viuda, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo luego del asesinato de su esposo, crimen que ocurrió en la plaza pública del municipio durante el Festival de las Velas.

Tía de “El Brilloso” y “El Vikingo”, los hermanos que habrían planeado el ataque contra Manzo

Vega Rodríguez detalló que Rosa Alejandra Vargas es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, uno de los escoltas de confianza de Carlos Manzo, así como tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”; ambos señalados por presuntamente planear el ataque contra el exedil con miembros del CJNG.

El vicefiscal aseguró este miércoles que, pese a no haber cumplido los requerimientos, la funcionaria era localizable y no existía riesgo de fuga, como en el caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo.

“Es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”, explicó. Tan solo horas después, la funcionaria fue detenida por elementos de la Fiscalía del Estado.

Acusados de extorsión y de presuntamente planear el ataque: quiénes son los sobrinos de la secretaria del Bienestar

De acuerdo con los datos, Christian “N” se desempeñó como boxeador profesional durante varios años, logrando un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate, además de que entrenó en el entorno del Canelo Álvarez.

Su hermano Alexis “N”, según las autoridades estatales, se convirtió en operador regional del CJNG en Uruapan luego de la detención en noviembre de 2025 de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto líder de la célula que ejecutó el ataque contra el exedil.

“El Brilloso” también es señalado por haber participado en el grupo de mensajería donde se planeó y coordinó el ataque contra Carlos Manzo, el cual era comandado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, que emitía las ordenes para vigilarlo.

Respecto a su hermano, “El Vikingo”, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, detalló a principios de agosto que Christian “N” estaría involucrado en la extorsión de aguacateros como parte de las redes del CJNG.

“Principalmente es el que generaba las extorsiones. Citaba a los aguacateros, a los comerciantes de bares y a los comerciantes directamente de los cobros. En la entrevista que se le realiza, él mismo menciona que trabaja para este grupo delictivo y directamente hacia el ‘R2′“, explicó.

Luego de su arresto, Grecia Quiroz confirmó que “El Brilloso” formaba parte del círculo cercano del exedil, a quien dijo lo apoyó para que evitara caer en la delincuencia. Asimismo, explicó que el sujeto incluso convivió con sus hijos debido a la relación que mantenía con Manzo, ya que era su ahijado.

Detrás de esta célula del CJNG se encontraría el grupo de “Los R’s”, liderada por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, que fue detenido el pasado mes de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, al ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Manzo.

Según las autoridades, “El Vikingo” habría confesado que operaba bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2″, hermano de Ramón Ángel, quien asumió el liderazgo del grupo criminal tras su captura.

Con un avance del 90% en las investigaciones del caso de Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán reportó que hasta el momento van 34 personas detenidas, entre los que se encuentra el principal autor intelectual del asesinato.

Dos hombres viajaban en un automóvil cuando fueron atacados a balazos en la colonia Las Vegas Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México (Edomex). El conductor murió en el asiento del piloto y su acompañante resultó lesionado durante la agresión.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Nueva Orleans y Houston, donde personas armadas presuntamente esperaban el paso del vehículo para disparar contra sus ocupantes. Hasta ese momento, las autoridades no habían informado el móvil del homicidio.

La unidad era un Nissan March gris. El conductor falleció por las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, mientras el acompañante presentó lesiones corporales.

Paramédicos de Protección Civil de Ecatepec acudieron al sitio para brindar atención al sobreviviente y después lo trasladaron a un hospital. La información disponible no precisó su estado de salud.

Autoridades hallaron ocho casquillos junto al automóvil

Durante la inspección del área, las autoridades localizaron al menos ocho casquillos percutidos sobre el pavimento, distribuidos alrededor del automóvil afectado. Los indicios fueron integrados a las diligencias para establecer cómo ocurrió la agresión.

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec resguardaron el perímetro y acordonaron la zona. El cierre permitió preservar la escena mientras llegaba el personal encargado de realizar los estudios periciales.

Peritos de la fiscalía estatal llevaron a cabo las diligencias de campo y levantaron el cuerpo del conductor alrededor de las 3:00 horas. Posteriormente, el cadáver fue trasladado para continuar con los procedimientos correspondientes.

Las autoridades locales e investigadoras iniciaron las averiguaciones para ubicar a los responsables del ataque y determinar el motivo de la agresión. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

• Un hombre murió dentro de un Nissan March gris en la colonia Las Vegas Xalostoc.
• El acompañante fue trasladado a un hospital por paramédicos de Protección Civil de Ecatepec.
• En el lugar fueron encontrados al menos ocho casquillos percutidos.

En febrero también asesinaron a un hombre en la misma colonia

El pasado 15 de febrero erca de las 8 de la noche del domingo, en la calle Washington de la colonia LasVegas, Xalostoc, en Gobierno de Ecatepec de Morelos, un hombre de alrededor de 40 años con el rostro cubierto fue asesinado de al menos dos disparos. Hubo un lesionado.

Según testimonios, al menos tres sujetos llegaron a la zona a bordo de un BMW con vidrios polarizados y sin matrícula, tras una supuesta riña.

Posteriormente se escucharon los impactos de bala y uno de los lesionados huyó hacia la calle Disneylandia.

Personal de la Policía de Ecatepec y de la Secretaría de Marina arribaron a la zona, al igual que paramédicos de Protección Civil, sin embargo, la víctima ya había muerto.

La zona fue acordonada y resguardada por los uniformados en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por estos hechos no se reportaron detenidos.

Mataron a cantante en esa colonia en julio

El asesinato del músico Sergio “Checo” Padilla ha causado conmoción, ocurrió sobre la avenida R1 a la altura de la Colonia Laass Vegas, Xalosctoc en Ecatepec, en el Estado de México. El artista, de 72 años, perdió la vida cuando se dirigía a trabajar en Ecatepec, luego de que sujetos armados que viajaban en motocicleta le dispararan, de acuerdo con el testimonio de su familia.

Tras el crimen, su nieto, Jonathan Padilla, publicó un video en redes sociales para exigir justicia. En el mensaje pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a las autoridades estatales que aceleren las investigaciones y detengan a los responsables. “Exijo justicia para mi abuelo”, expresó.

Sergio “Checo” Padilla era un reconocido músico del regional mexicano y durante varios años colaboró en Grupo Radio Centro, además de participar en el programa Buenos Días, donde era recordado por su trayectoria y cercanía con el público.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables, mientras familiares, amigos y seguidores lamentan su pérdida y piden que el caso no quede impune.

Posteriormente el agresor fue identificado y detenido.

Detienen a hombre de 45 años que le pegó a su madre de 85 en Ecatepec

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec atendieron un reporte de violencia familiar en Jardines de Morelos.

Elementos del Sector 17 atendieron un reporte en el fraccionamiento Jardines de Morelos, donde una abuelita de 86 años señaló a su hijo por agredirla y causarle lesiones en el brazo y la cabeza.

Por estos hechos, fue detenido Pedro Enrique “N” de 45 años, y puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, autoridad que determinará su situación jurídica. La abuelita recibió valoración médica y fue trasladada por un familiar a un hospital para su atención.

Asesinatos en octubre en este municipío de Ecatepec

Durante octubre de 2026, se han registrado varios hechos violentos y homicidios en el municipio de Ecatepec, Estado de México, reportados por medios locales e instancias de seguridad:

• 9 de octubre de 2026: Fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos dentro de un automóvil en la colonia Fovissste Ecatepec. Las autoridades investigaron el doble homicidio bajo la línea de una posible vendetta.

• 15 de octubre de 2026: Se reportó el asesinato de un joven motociclista que fue atacado a disparos mientras circulaba sobre la avenida R-1.

• 20 de octubre de 2026: Un hombre identificado como Carlos “N” fue asesinado a balazos en la colonia Santa Clara Coatitla, tras dejar a su hija en la escuela. Ese mismo día se reportó de manera adicional el homicidio de otro hombre en un hecho distinto dentro del municipio.

• 22 de octubre de 2026: Se registró una masacre en la que cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de un domicilio señalado presuntamente como un punto de venta de drogas.

Edomex supera los 130 asesinatos

De acuerdo con los reportes preliminares del Gabinete de Seguridad Gobierno de México el Estado de México registra una de las cifras más altas de homicidios dolosos en el país durante octubre de 2026:

• Acumulado del 1 al 25 de octubre de 2026: El Estado de México encabeza la lista nacional con 132 homicidios.

• Corte de los últimos 30 días (al 25 de octubre): Se contabilizan 150 víctimas de homicidio doloso en la entidad.

• Cifras semanales destacadas:

• Del 12 al 18 de octubre, el estado concentró varios de los días más violentos del fin de semana (con reportes de entre 14 y 15 víctimas en fines de semana específicos).

• En la cuarta semana de octubre (del 19 al 25), el Edomex registró 40 homicidios semanales, y algunos reportes locales de fiscalías situaron la cifra semanal en hasta 47 homicidios.

• Promedio diario: En la primera quincena de octubre, la entidad promedió cerca de 4.83 homicidios por día, mostrando un repunte en comparación con el cierre del mes anterior.

Jesús Ángel y Juan José Ruiz Díaz fueron localizados sin vida la tarde del martes 27 de octubre en Santa María Atzompa, Oaxaca, cerca de 24 horas después de que sus familiares reportaron que no habían sido localizados. Los hermanos, de 22 y 17 años respectivamente, habían sido vistos por última vez el lunes 26 de octubre en San Pedro Ixtlahuaca.

Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 15:30 horas en el paraje Las Pozas, dentro de la zona conocida como Mi Ranchito, sobre un camino de terracería rumbo a Monte Albán y en las inmediaciones de la carretera hacia San José Atzompa. Una llamada al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de los cadáveres en una zona despoblada.

Los primeros informes indicaron que ambos jóvenes estaban envueltos en cobijas, atados de pies y manos y con huellas de violencia. Personal de servicios periciales trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar los estudios legales y determinar las causas de muerte.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Santa María Atzompa, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Agencia Estatal de Investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las diligencias por el presunto doble homicidio y acordonó el área donde fueron hallados los hermanos.

La Fiscalía había emitido fichas de búsqueda para los jóvenes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca había difundido fichas de búsqueda para localizar a Jesús Ángel Ruiz Díaz y Juan José Ruiz Díaz. Las cédulas incluyeron fotografías y señas particulares de ambos jóvenes, originarios de San Pedro Ixtlahuaca, para facilitar su identificación.

Corporaciones de seguridad identificaron a las víctimas como Jesús Ángel R. D., de 22 años, y Juan José R. D., de 17. Hasta el momento de los reportes, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por el hallazgo ni habían establecido el posible móvil del crimen.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que los hermanos serían hijos de Jesús Salvador R. L., conocido como “Chava Michoacano”, quien fue asesinado a balazos el 11 de febrero dentro de su negocio de venta y reparación de celulares. El establecimiento estaba ubicado frente al Palacio Municipal de San Pedro Ixtlahuaca.

La madre de los jóvenes fue detenida durante un cateo de la Fiscalía en el bar El Camel II, localizado en la zona del ex Pueblito, en la ciudad de Oaxaca. Durante el operativo también fue detenido el encargado del establecimiento; ambos quedaron a disposición de un juez.

Su padre fue asesinado en febrero

Jesús Salvador R.L. conocido como “Chava” fue asesinado por hombres armados este miércoles alrededor de las 13:00 horas, mientras atendía su negocio de venta y reparación de celulares en el centro de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca. El local se ubica frente al Palacio Municipal, casi frente a policías municipales.

La víctima, de 51 años, era conocida como “El Chava Michoacano”. Una semana antes, su exesposa, María I.D.N., fue detenida por la Fiscalía General del Estado durante un cateo en el bar El Camel II, donde presuntamente le encontraron drogas marcadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Los agresores entraron al establecimiento y le dispararon varias veces. Comerciantes cercanos cerraron sus negocios ante el ataque; después llegaron elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, quienes confirmaron la muerte y acordonaron la zona. Peritos y agentes investigadores levantaron indicios, mientras los familiares dijeron desconocer quiénes fueron los responsables.

De acuerdo con archivos policiacos, Jesús Salvador R.L. fue detenido en noviembre de 2018 por agentes estatales de investigaciones en Oaxaca, acusado de lesiones calificadas. En 2019 fue mencionado tras una balacera en un centro de rehabilitación de la agencia de Candiani.

Se levantaron los bloqueos carreteros, pero las exigencias de seguridad de los transportistas se mantienen. El acuerdo alcanzado con el Gobierno federal este martes incluye negociaciones sobre la vigilancia en carreteras, después de una serie de protestas realizadas en 19 estados.

Las cifras oficiales acumulan miles de denuncias por robo a transportistas. El sector constantemente reporta asaltos y operadores asesinados.

El problema volvió a quedar expuesto el mismo martes en Celaya, Guanajuato, donde agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a balazos cuando intervenían ante un presunto robo de mercancía de un camión de carga. El enfrentamiento dejó un presunto agresor muerto y otro herido que logró escapar.

El episodio ocurrió un día después de que transportistas de carga y otras organizaciones del sector realizaran movilizaciones para exigir mejores condiciones de seguridad, frenar las extorsiones y atender los problemas de infraestructura y operación que enfrentan en las carreteras del país.

La negociación con las autoridades permitió desactivar las protestas, pero no puso fin a las demandas. La seguridad carretera quedó entre los cinco asuntos que serán discutidos en las mesas de trabajo, junto con infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

Miles de denuncias por robo a transportistas en México

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundidas a partir de un análisis de la encuestadora TResearch.

De ese total, 2 mil 781 robos fueron cometidos con violencia y 865 sin violencia. Aunque el acumulado representa una disminución de aproximadamente 21 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 4 mil 596 denuncias, el delito aún afecta a quienes trasladan mercancías por carretera.

Septiembre cerró con 414 denuncias, frente a las 530 registradas en el mismo mes del año anterior. El dato equivale a casi 14 denuncias diarias durante ese mes y muestra que, pese al descenso anual, los robos siguen ocurriendo de manera cotidiana.

Las estadísticas corresponden a hechos denunciados ante las autoridades, por lo que no necesariamente reflejan todos los delitos cometidos. Tampoco deben confundirse con las cifras presentadas por las organizaciones transportistas, que emplean sus propios registros para dimensionar las afectaciones a sus integrantes.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) reportó mil 125 asaltos y 15 operadores fallecidos en lo que va de 2026, cifras que el sector presentó durante las protestas para exigir una respuesta de las autoridades.

Ambos registros describen dimensiones distintas del problema: el SESNSP contabiliza denuncias por robo a transportistas, mientras que la CANACAR reporta los asaltos y fallecimientos que ha identificado en su ámbito. Sin una metodología común, no es posible sumar los datos ni establecer una comparación directa entre ellos.

Estado de México y Puebla concentran la mayoría de las denuncias a nivel nacional

El robo a transportistas presenta una concentración territorial marcada. Entre enero y septiembre, el Estado de México encabezó las denuncias nacionales con mil 772 casos, seguido de Puebla, con 882, y Michoacán, con 324, según los datos del SESNSP difundidos para ese periodo.

En conjunto, las tres entidades acumularon 2 mil 978 denuncias, equivalentes a poco más de 81 por ciento del total nacional registrado durante los primeros nueve meses del año.

El Estado de México concentró por sí solo casi la mitad de las denuncias nacionales. De los mil 772 robos reportados en la entidad, mil 333 fueron cometidos con violencia y 439 sin violencia.

La distribución de los casos permite identificar zonas que requieren atención prioritaria, aunque las cifras estatales no bastan para establecer por sí mismas dónde operan las organizaciones responsables ni qué rutas presentan mayor riesgo en cada horario.

Para los transportistas, la seguridad no depende únicamente de recuperar mercancías o detener a quienes participan en los asaltos. También implica reducir la exposición de los operadores a agresiones, evitar que los robos se repitan en determinados tramos y garantizar que las denuncias se traduzcan en investigaciones capaces de identificar a quienes organizan y ejecutan estos delitos.

Qué acordaron los transportistas y el Gobierno federal

El acuerdo para retirar los bloqueos se alcanzó después de las reuniones entre representantes del sector transportista y funcionarios federales. Las movilizaciones del 26 de octubre habían afectado carreteras, casetas y accesos a zonas urbanas e industriales en distintos puntos del país.

La Secretaría de Gobernación informó que las organizaciones participantes aceptaron suspender las manifestaciones y continuar el diálogo mediante una agenda de trabajo con dependencias federales y autoridades estatales.

Las mesas abordarán cinco asuntos: seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales. En ellas participarán representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Guardia Nacional.

En materia de seguridad, el desafío será definir medidas concretas para prevenir los asaltos, mejorar la atención a los reportes de emergencia, fortalecer la vigilancia y dar seguimiento a las investigaciones por robo de mercancías y extorsión.

Los transportistas también han señalado problemas relacionados con las condiciones de circulación, los servicios disponibles en carretera y los riesgos que enfrentan durante sus trayectos. Estas demandas requieren respuestas diferenciadas: la vigilancia y la investigación corresponden a las autoridades de seguridad, mientras que el mantenimiento de las vías y la operación de las autopistas involucran a otras dependencias.

El reto: convertir las mesas de trabajo en medidas verificables

La conclusión de los bloqueos permitió restablecer la circulación en los puntos afectados, pero el resultado de la negociación dependerá de las acciones que se adopten después de las reuniones.

Para evaluar los avances será necesario conocer qué medidas se acuerdan, qué autoridades serán responsables de aplicarlas y en qué plazos deberán presentar resultados. También será importante comprobar si las acciones se concentran en las zonas con mayor número de denuncias y si permiten mejorar la respuesta ante los reportes de robo y las agresiones contra operadores.

La reducción de aproximadamente 21 por ciento en las denuncias por robo a transportistas durante enero-septiembre, respecto al mismo periodo de 2025, constituye un dato relevante, pero no significa que el problema haya desaparecido. Las 3 mil 646 denuncias acumuladas y los 2 mil 781 casos cometidos con violencia muestran que el delito continúa teniendo una presencia importante en las carreteras.

Un ataque a agentes federales en Celaya añadió otro elemento a la discusión: combatir estos delitos implica no sólo impedir que se concrete un robo, sino también investigar a los responsables y avanzar en el desmantelamiento de las redes que hacen posible su operación.

La seguridad carretera quedó en la agenda. El siguiente paso será determinar qué cambiará para quienes trasladan mercancías y recorren diariamente las vías del país.

Ataque a agentes federales durante un operativo en Celaya

La agresión registrada el 27 de octubre en Celaya, Guanajuato, ocurrió cuando elementos de la SSPC intervinieron ante un presunto robo a transporte de carga en la carretera Salvatierra-Celaya, cerca de la comunidad de Cerro Prieto.

De acuerdo con la información difundida por el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, los agentes fueron atacados con armas de fuego durante la intervención y respondieron a la agresión. Uno de los presuntos responsables murió durante el enfrentamiento, mientras que otro resultó herido y consiguió huir junto con otros involucrados.

Tras el intercambio de disparos, corporaciones de seguridad acordonaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudió para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscaban identificar y localizar a los implicados que escaparon.

El caso mostró los riesgos que pueden enfrentar los propios agentes durante las intervenciones contra el robo de mercancías, pero también la necesidad de que las investigaciones permitan avanzar más allá de la respuesta inmediata a un asalto.

García Harfuch señaló que las acciones federales continuarían en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, con labores de inteligencia e investigación dirigidas a identificar y desarticular las estructuras delictivas vinculadas con el robo al transporte.

Hasta el cierre de esta nota informativa, no se había establecido públicamente una conexión entre los implicados en Celaya y una organización criminal específica. Tampoco se ha informado sobre la captura del presunto agresor que escapó herido.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó que Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, no se ha presentado a comparecer pese a contar con tres citatorios y una multa ya aplicada por el asesinato del exalcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Su requerimiento se basa en que la mujer mantiene vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y en el que se les relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la que le habrían filtrado datos acerca de Manzo para cometer el crimen.

De acuerdo con el también vicefiscal, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Manzo y que fue detenido junto a otros seis guardaespaldas tras el crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La funcionaria también es tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, un exboxeador vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, así como de Alexis “N”, alias “El Brilloso”, hermano de Christian “N”. Ambos, según la Fiscalía, formaron parte de la red que se ganó la confianza del exedil antes del ataque.

La Fiscalía de Michoacán descarta riesgo de fuga pese a no presentarse a declarar

En conferencia de prensa realizada este miércoles, en la que se presentaron los avances en el caso de Carlos Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que a Vargas Rauda “se le han girado tres citatorios” y que ya “se le aplicó una multa por no presentarse al citatorio”, pero que las investigaciones continúan.

Ante un posible riesgo de fuga, como es el caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, el vicefiscal negó que sea una posibilidad pese a que no se ha presentado a ninguna de las solicitudes hechas.

También agregó que garantiza la ubicación de la funcionaria “es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”. El gobernador reforzó la respuesta y aseguró que “seguramente aportará mayores elementos” una vez que la secretaria se presente ante la autoridad.

Lo que falta por esclarecer del caso a casi un año del crimen

Vega Rodríguez detalló otros frentes del expediente que continúan sin resolverse. El primero es la orden de aprehensión contra quien el exjefe de escoltas de Manzo, José Manuel Jiménez Miranda. Por su captura, la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

“De primer momento continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la complementación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente contra lo que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil”, explicó el encargado de despacho.

El segundo pendiente son los teléfonos celulares de Carlos Manzo, que hasta el momento no han sido entregados por la esposa del exedil, Grecia Quiroz, ya que tiene temor de que puedan borrar datos o que se realicen actos distintos a los de la investigación con él.

“En cuanto a la parte de la aportación de los teléfonos del edil, se está agotando lo que marca precisamente la ley. Estamos agotando el procedimiento que corresponde”, dijo Vega Rodríguez.

El tercer punto implica la comparecencia de la secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas Rauda, quien aún no cumple con el requerimiento.

Hasta el momento, según la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo registran un avance del 90% y un total de 33 personas detenidas, entre los que se encuentra el principal autor intelectual del ataque.

La Fiscalía reportó además 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales y el análisis de mil 200 horas de videograbaciones durante el último año.

El gobernador insistió en que el caso continúa abierto y que cualquier comparecencia pendiente, como la de Vargas Rauda, puede aportar “mayores elementos” a las líneas de investigación activas.

Además, el gobernador vinculó el caso de Vargas Rauda con un patrón más amplio dentro del círculo cercano del exalcalde: “Todo indica que hay una infiltración muy aguda, profunda, del círculo cercano del expresidente municipal, que en paz descanse, Carlos Manzo, para cometer el delito ligado a grupos delincuenciales”, afirmó.

El mandatario estatal remarcó que los datos presentados por la Fiscalía son “muy concretos, transparentes” y que exhiben cómo el entorno inmediato del exedil quedó permeado por la delincuencia organizada.

El nombre de Ted Bundy volvió a las portadas esta semana después de que un análisis de ADN lo vinculara con el asesinato de Melissa Ann Smith, una adolescente de 17 años muerta en Utah en 1974. Pero la noticia va más allá de la resolución de un viejo expediente: uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos todavía tiene crímenes sin confirmar, más de tres décadas después de su ejecución.

Bundy violó y mató a al menos 30 mujeres y niñas entre 1974 y 1978 en cinco estados. Fue condenado a muerte en Florida y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Sin embargo, su lista de víctimas confirmadas sigue en aumento gracias a la tecnología genética.

Esto es lo que hay que saber sobre él y la ola de violencia que dejó a su paso.

Cómo Ted Bundy se convirtió en uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos

Criado en Tacoma, en el estado de Washington, Bundy comenzó su cadena de crímenes documentados a principios de 1974, en los alrededores de Seattle. En enero de ese año irrumpió en la vivienda de una estudiante de 18 años de la Universidad de Washington mientras dormía y le fracturó el cráneo. La joven sobrevivió, pero con lesiones permanentes, según informó Associated Press.

Un mes más tarde, Lynda Ann Healy, otra alumna de la misma universidad, desapareció de su domicilio. Sus restos fueron localizados un año después en Taylor Mountain, una zona remota donde la policía también halló cuerpos de otras víctimas. En los meses siguientes, más mujeres fueron secuestradas en Washington y Oregón. Varios testigos describieron a un hombre con el brazo en cabestrillo que se acercaba a las jóvenes antes de que desaparecieran.

Para noviembre de 1974 la violencia se había trasladado a Utah. En Murray, Carol DaRonch, de 18 años, logró escapar después de que Bundy la abordó haciéndose pasar por un oficial de policía e intentó esposarla dentro de su auto. Su testimonio fue decisivo en las condenas posteriores.

Entre 1974 y mediados de 1975, Bundy también perpetró asesinatos en Colorado e Idaho.

El modus operandi que definió los crímenes de Ted Bundy

Lo que distinguió a Bundy de otros asesinos en serie fue su capacidad para proyectar una imagen confiable. Solía abordar a mujeres jóvenes en lugares públicos, donde ganaba su confianza con una actitud carismática o simulaba una lesión para parecer inofensivo, como reportó BBC. Una vez a solas con ellas, las trasladaba a zonas aisladas para agredirlas sexualmente y asesinarlas a golpes.

En otros casos entraba de noche en los hogares de sus víctimas, las golpeaba con objetos contundentes y abandonaba los cuerpos en parajes remotos. Este patrón se repitió a lo largo de cuatro años y en al menos cinco estados. Las víctimas eran, en su mayoría, estudiantes universitarias o adolescentes.

Las dos fugas que le permitieron seguir con los asesinatos en Florida

Bundy fue detenido por primera vez en agosto de 1975, cuando la policía encontró en su vehículo cuerda, esposas y una máscara de esquí. Al año siguiente fue declarado culpable por el secuestro de DaRonch y sentenciado a 15 años de prisión.

Pero en 1977, mientras enfrentaba cargos por otro homicidio, escapó de un juzgado en Aspen, Colorado, al saltar por una ventana del segundo piso. Fue recapturado una semana después. Seis meses más tarde volvió a fugarse: rompió el techo de su celda y huyó hasta Tallahassee, Florida.

El 15 de enero de 1978, Bundy ingresó a la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y golpeó con una rama gruesa a cuatro estudiantes; dos murieron y dos quedaron con heridas graves. Después atacó a otra mujer en una casa cercana. El 9 de febrero de 1978, secuestró, agredió sexualmente y asesinó a Kimberly Leach, una niña de 12 años en Lake City, de acuerdo con AP. Fue su última víctima conocida: la policía lo arrestó en Pensacola cuando conducía un vehículo robado.

El juicio que fascinó a Estados Unidos y la condena a muerte

El proceso por los crímenes de Chi Omega, celebrado en 1979, generó una cobertura mediática sin precedentes. Bundy se desempeñó con una seguridad que desconcertó al público. “No sé qué tiene, pero es fascinante. Es impresionante. Tiene una especie de magnetismo”, dijo una joven espectadora a un reportero de la agencia AP durante el juicio.

Incluso el juez Edward Cowart reconoció que Bundy era un “joven brillante” que habría sido un buen abogado. Sin embargo, lo condenó a muerte por crímenes “extremadamente perversos, terriblemente malvados y viles”.

Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en Florida. En sus últimos días ofreció una serie de confesiones sobre homicidios que la policía desconocía hasta ese momento. No todos esos casos fueron confirmados. Otros asesinos en serie superaron su cifra de víctimas —Gary Ridgway fue condenado por 49 homicidios, aunque confesó haber matado a más de 71 personas, Samuel Little mató a más de 60 y Donald Harvey se declaró culpable de 37—, pero pocos generaron la misma fascinación pública que Bundy.

Por qué el ADN sigue sumando víctimas a la lista de Ted Bundy décadas después

El laboratorio estatal de criminalística de Utah incorporó en 2023 una tecnología capaz de extraer ADN de muestras extremadamente pequeñas, degradadas por el paso del tiempo o con material genético de varias personas. Esa herramienta fue la que permitió resolver dos casos de Bundy más de cinco décadas después de los crímenes.

En abril de 2026, investigadores del condado de Utah anunciaron que un fluido corporal extraído del cuerpo de Laura Ann Aime —una joven de 17 años desaparecida la noche de Halloween de 1974— coincidía con el perfil genético de Bundy. El mismo perfil fue enviado luego a la oficina del sheriff del condado de Summit, donde los detectives confirmaron la coincidencia con la muestra hallada en el cuerpo de Smith, según The Guardian.

“Con cada caso que se cierra, ojalá podamos aplastar el recuerdo de Ted Bundy”, declaró el sargento Mike Reynolds, del condado de Utah.

Los casos sin resolver que mantienen abierto el expediente del asesino en serie

Pese a estos avances, “el libro sobre Ted Bundy no está cerrado”, advirtió el detective Ben Pender, del departamento de policía del condado de Salt Lake, en declaraciones recogidas por AP. Pender lidera la investigación sobre Nancy Wilcox, una joven de 16 años asesinada en Utah en 1974 cuyo homicidio sigue sin resolución.

El estado de Utah acumula 444 investigaciones de muerte sin resolver, de las cuales 258 son homicidios, según datos de la Oficina de Servicios Forenses citados por BBC. La jefa de policía del condado de Salt Lake, Rosie Rivera, aseguró que el avance en los casos de Bundy debe transmitir un mensaje a las familias de otras víctimas: “Cada día la ciencia forense cambia y tenemos la capacidad de revisar estos casos una y otra vez”.

Un hombre de 24 años murió y otros tres resultaron heridos de bala durante un ataque armado ocurrido pasada la medianoche de este lunes en el sector de Playa Hermosa de Jacó, en Garabito, Puntarenas, sobre la ruta nacional 34, conocida como Costanera Sur.

El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Navarrete, de 24 años, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

En el mismo incidente resultaron heridos otros tres hombres, identificados con los apellidos Fallas, de 20 años; Cerdas, de 22 años; y Arce, de 29 años, quienes también recibieron impactos de bala y debieron ser trasladados a un centro médico de la zona.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por los agentes judiciales, las cuatro víctimas viajaban juntas en un automóvil cuando, aparentemente, se quedaron sin combustible.

Ante esta situación, los ocupantes habrían descendido del vehículo y comenzaron a empujarlo sobre la vía pública, sin imaginar que minutos después serían víctimas de un ataque armado.

Mientras se encontraban en carretera, varios sujetos que viajaban en otro automóvil se aproximaron al grupo. Por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, se produjo un incidente que terminó con las cuatro personas heridas por arma de fuego.

Navarrete falleció en el lugar de los hechos, mientras que los otros tres hombres sobrevivieron al ataque y fueron trasladados para recibir atención médica.

OIJ investiga qué provocó el ataque armado

Tras recibir el reporte de la emergencia, agentes del OIJ de Jacó se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias judiciales y recopilar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores efectuaron la inspección de la escena, donde localizaron indicios balísticos que fueron recolectados y remitidos a los laboratorios forenses para su correspondiente análisis.

Estos elementos forman parte de las pruebas que serán examinadas durante la investigación para tratar de reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Asimismo, los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo de Navarrete, que posteriormente fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El procedimiento permitirá establecer con mayor precisión las lesiones que provocaron el fallecimiento del joven y aportar información relevante para el expediente judicial.

Por su parte, los tres sobrevivientes fueron llevados a un centro médico local.

Buscan identificar a los responsables del homicidio

Una de las principales líneas de trabajo de los investigadores consiste en determinar qué motivó la agresión y quiénes fueron los sujetos que llegaron en el segundo automóvil.

Por ahora, las autoridades manejan una versión preliminar de los acontecimientos, por lo que todavía no es posible establecer si el ataque fue planificado o si se originó a partir de alguna situación ocurrida en ese momento.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio.

El OIJ deberá determinar la secuencia exacta de los hechos, identificar a los sospechosos y establecer el móvil del crimen, mediante las diligencias correspondientes.

Las autoridades judiciales reiteraron que el caso permanece bajo investigación, mientras los agentes de Jacó continúan recopilando elementos que permitan esclarecer las circunstancias en las que un joven perdió la vida y otros tres hombres resultaron heridos en plena vía pública.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció públicamente que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) implantaron pruebas a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, detenidos inicialmente como sospechosos del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, celebrada este martes 27 de octubre en el Palacio Nacional, el mandatario admitió que el procedimiento constituyó un montaje ejecutado por efectivos policiales para incriminar a los dos trabajadores de entregas a domicilio.

“Lamentamos profundamente el hecho de que hayan sido víctimas de lo que, pues a todas luces es, es una implantación de un arma”, declaró Arévalo.

El gobernante expresó satisfacción porque el juzgado dictó falta de mérito a favor de ambos en un lapso menor a 24 horas y remarcó: “nos alegra ver que fueron liberados en menos de veinticuatro horas y que las personas que se supone han estado involucradas están ahora colocadas frente a la ley para que respondan de sus actos”.

Sobre la posibilidad de un desagravio oficial, precisó que el Gobierno otorgará disculpas institucionales de acuerdo con los mecanismos que fija la ley guatemalteca.

El hecho aceleró cambios en la cúpula de seguridad. El mandatario confirmó la salida del director general de la PNC, David Custodio Boteo, y del subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, al tiempo que ratificó su respaldo al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

Arévalo enfatizó que la Inspectoría General asumirá la tarea de contener y derrotar cualquier intento de penetración del crimen organizado dentro de la corporación.

Siete mandos y agentes de la Comisaría 13 enfrentan a la justicia por cuatro delitos

Las pesquisas por las irregularidades en el procedimiento culminaron con el arresto de siete policías de la Comisaría 13: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, identificados en el expediente judicial como Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.

El Ministerio Público (MP) los acusa formalmente de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte ilegal de armas de fuego, en una causa que tramita el juez Julio César Vásquez Xol en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala.

La investigación determinó que los uniformados quebraron los protocolos de custodia al trasladar a los hermanos Choc Toz en la autopatrulla GUA 13190 hacia una subestación policial y efectuar transbordos no autorizados en lugar de conducirlos directamente a la sede judicial.

Jacinto reconoció ante diputados del Congreso que esos desvíos rompieron la línea de mando institucional. En el operativo, los policías afirmaron que los repartidores llevaban un fusil de asalto, municiones y un chaleco balístico, elementos que según las pericias judiciales fueron colocados en su mochila de repartos.

El ataque armado en el Campo Marte cobró la vida del exfiscal y de un deportista

El doble crimen ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre en las instalaciones deportivas del Campo Marte, en la zona 5 capitalina.

Individuos armados ingresaron a una cancha de fútbol y dispararon contra Solórzano Foppa, de 43 años, exfuncionario del Ministerio Público y exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), reconocido por encabezar investigaciones contra redes de defraudación aduanera y estructuras de corrupción política.

Las detonaciones alcanzaron de forma mortal a Aguilar Gamarro, de 52 años y miembro de la Federación de Judo, quien se encontraba en el complejo deportivo.

La policía arrestó a los hermanos Choc Toz minutos después sobre el bulevar San Isidro, en la zona 16, pero la ausencia de vínculos con el ataque obligó a ordenar su libertad inmediata. Las pesquisas para ubicar a los autores materiales e intelectuales del atentado continúan bajo reserva.

Dos hombres fueron condenados a 40 años de prisión cada uno por el asesinato de dos personas durante una reunión de trabajo en un domicilio de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Las víctimas, de 72 y 49 años, fueron golpeadas y estranguladas el 20 de diciembre de 2024.

Atzin “N” y Moisés “N” recibieron la sentencia por homicidio calificado, informó este martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Un tercer implicado, identificado como Ricardo “N”, permanece en prisión preventiva mientras continúa su proceso penal.

Los dos hombres asesinados fueron encontrados sin vida tres días después de la reunión, dentro de una camioneta estacionada en el inmueble. El hallazgo ocurrió luego de que un familiar solicitara ayuda porque había perdido comunicación con una de las víctimas.

Así reconstruyeron los asesinatos en Polanco

La investigación estableció que los tres implicados acudieron el 20 de diciembre de 2024 al domicilio de Polanco, donde habían acordado reunirse con las víctimas por motivos laborales. Durante el encuentro, los dos hombres fueron agredidos hasta morir.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía de Investigación analizaron grabaciones de cámaras del C5 y de sistemas particulares, además de cruzar información digital y técnica. Estas diligencias permitieron reconstruir los desplazamientos de los presuntos responsables e identificar los vehículos que utilizaron.

Con esos elementos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres señalados. Atzin “N” y Moisés “N” fueron detenidos el 10 de marzo de 2025 y vinculados a proceso cuatro días después.

El tercer implicado fue detenido en Estados Unidos

Ricardo “N” fue localizado en Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas tramitaron una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para facilitar su búsqueda y captura.

Después de ser detenido por autoridades migratorias estadounidenses, fue deportado a México y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR). Con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quedó a disposición de las autoridades capitalinas en Matamoros.

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra el 10 de abril de 2026. Posteriormente, fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva.

A diferencia de Atzin “N” y Moisés “N”, quienes ya recibieron una sentencia condenatoria, Ricardo “N” continúa sujeto al procedimiento penal. Se le presume inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

Las indemnizaciones para las familias de las víctimas

Además de los 40 años de prisión para cada sentenciado, el tribunal ordenó el pago de 542 mil 850 pesos por concepto de indemnización por la muerte de cada víctima, así como 6 mil 514.20 pesos por gastos funerarios.

Marcos Alejandro G., de 25 años y originario de Paso de Valencia, fue identificado por sus familiares como el joven localizado sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa, en Papantla, Veracruz. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que no informó las circunstancias del fallecimiento ni el posible móvil.

La víctima se dedicaba al corte de naranja y otros cítricos. Sus familiares acudieron ante las autoridades ministeriales para realizar el reconocimiento oficial y proporcionar la información requerida durante las diligencias.

El hallazgo del cuerpo fue reportado el sábado por habitantes de Francisco Villa, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional. Las corporaciones resguardaron el perímetro mientras iniciaban las actuaciones ministeriales y periciales.

Los restos fueron localizados cerca de un plantel educativo y de un centro de salud, sobre la carretera El Chote-Espinal, a la altura de esa comunidad. Versiones incluidas en los primeros informes señalaron que habrían sido abandonados dentro de costales en dos puntos separados por cerca de 400 metros, aunque las autoridades no confirmaron públicamente esos detalles.

La Fiscalía mantuvo abierta la investigación por el hallazgo

Personal de Servicios Periciales acudió al sitio para recabar indicios y realizar el levantamiento correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permaneció mientras se efectuaban los procedimientos legales para establecer formalmente su identidad.

La identificación se produjo luego de varias horas en las que el joven permaneció en calidad de desconocido. La hermana de Marcos Alejandro G. acudió ante las instancias ministeriales para reconocerlo, según la información disponible sobre las diligencias.

Los familiares aportaron datos a los investigadores, quienes mantuvieron abierta la carpeta para determinar cómo ocurrió el crimen y quiénes habrían participado. Hasta ese momento, no se informó si el joven tenía un reporte previo de desaparición.

Una versión no confirmada por las autoridades indicó que personas desconocidas habrían viajado en una camioneta gris y abandonado los restos alrededor de las 4:00 de la mañana. La Fiscalía no precisó si esa línea formaba parte de las indagatorias ni reveló información sobre posibles responsables.

Cuatro cárteles de la droga que operan en Veracruz

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revelo que al menos cuatro carteles mexicanos realizan operaciones en el estado de Veracruz, según el informe Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, publicado el 12 de mayo.

El documento explica la presencia y alcance en Mexico de organizaciones delictivas dedicadas al narcotrafico, asi como su influencia en los Estados Unidos.

Los carteles identificados con operaciones en Veracruz son el Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), el Cartel de Sinaloa (CDS), el Cartel del Noreste (CDN) y el Cartel del Golfo (CDG).

El Cartel del Golfo (CDG) perdio su estructura unificada, pero conserva presencia significativa en Veracruz. Sus facciones pelean entre si y, al mismo tiempo, negocian proteccion y acceso a rutas con otras organizaciones, incluido el Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), como ocurre parcialmente en el norte de la entidad y Puerto con Los Metros, liderados por Cesar Morfin Morfin, ‘El Primito’ o Metro 300.

La separación transformó la manera de operar, pero no eliminó sus redes en Veracruz, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA (por sus siglas en inglés, Drug Enforcement Administration o Administracion de Control de Drogas), que coloco a Veracruz junto con Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila entre las entidades con presencia significativa del grupo criminal.

Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional, fue asesinado el lunes 26 de octubre de 2026 durante un ataque con arma de fuego en Norte de Santander.

La Alcaldía de San José de Cúcuta confirmó el homicidio. El hecho ocurrió durante la tarde en el Anillo Vial Occidental, corredor que conecta la capital departamental con Los Patios y Bucaramanga.

El ataque se registró cerca de una estación de combustible de El Pórtico, en una zona rural de la ciudad. Según Blu Radio, Castellanos recibió un disparo en la cabeza.

Las autoridades acordonaron el área, recolectaron información y activaron un plan candado. El caso se investiga como un posible sicariato, aunque no se divulgaron detalles sobre la mecánica del crimen, el número de involucrados ni el móvil.

Castellanos habría descendido de su vehículo para hablar con una persona que se encontraba junto a una motocicleta, cuando ocurrió el ataque. Los investigadores revisan esa hipótesis, que la Policía aún no ha precisado.

Un menor de edad que viajaba en el vehículo del exfuncionario salió ileso, informó George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander. Además, la Gobernación ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Miguel Castellanos dejó la Secretaría de Gobierno en enero de 2026

Castellanos renunció al cargo en enero para continuar su carrera política. En Cúcuta circularon versiones sobre una eventual aspiración a la Alcaldía, sin que se confirmara una candidatura.

Durante su paso por la Administración municipal estuvo vinculado a gestiones relacionadas con el Cementerio Central y con proyectos urbanísticos de la capital nortesantandereana. Al finalizar su gestión, la Alcaldía destacó la creación de cuatro comisarías de Familia con presupuesto propio y una reducción superior al 50% del hacinamiento en las estaciones de Policía.

Antes de llegar a la Secretaría de Gobierno, acumuló más de 21 años de trayectoria en la Policía Nacional, donde alcanzó el grado de mayor de la reserva activa. Según la hoja de vida publicada por la Alcaldía, ejerció funciones en Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba.

El exfuncionario era hermano de Jairo Castellanos, excongresista cuyo período terminó a mediados de 2026, y de Leandro Castellanos, concejal de Bogotá. Jairo Castellanos fue víctima de un atentado durante la etapa electoral.

Reacciones al fallecimiento de Miguel Castellanos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el crimen y pidió una investigación rápida. “Rechazo y lamento profundamente el asesinato de Miguel Castellanos, ex secretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad”, escribió. Además, afirmó: “Hacer política en este país no puede costar la vida” y solicitó que los responsables paguen “la máxima pena”.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, expresó sus condolencias a los familiares de Castellanos y pidió celeridad en la investigación. La Gobernación y las autoridades locales esperan establecer si hubo más personas involucradas en la ejecución del ataque.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida. Rechazamos de manera contundente este acto de violencia”.

Y añadió: “Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen. La defensa de la vida debe unirnos a todos los nortesantandereanos. Paz en su tumba”.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López envió un mensaje de solidaridad a los familiares de Castellanos: “A Leandro, a Jairo y a toda la familia de Miguel Castellanos mis condolencias y solidaridad en estos momentos de dolor”, señaló. También advirtió que “el asesinato de Miguel no puede quedar impune” y reclamó “justicia a los culpables y seguridad para todos”.

El representante a la Cámara “Papo” Amin lamentó el homicidio y expresó su respaldo a Leandro Castellanos, concejal de Bogotá. “Triste noticia el vil asesinato en Cúcuta de Miguel Castellanos, hermano de mi colega”, publicó.

En su mensaje pidió que los responsables sean detenidos: “Los responsables tienen que ser capturados y pagar por lo que han hecho”.

José Luis Duarte, conocido como Chelí, calificó la muerte de Castellanos como un nuevo golpe de la violencia contra Cúcuta.

“Nos quitaron a Miguel Castellanos, un toledano amante del servicio, un hombre que creía en Cúcuta y trabajaba por un mejor futuro para nuestra ciudad”, afirmó. Además, sostuvo que “hacer política o trabajar por la gente no puede ser una sentencia de muerte” y agregó: “Las ideas se debaten, no se callan con balas”.

“Hacer política o trabajar por la gente no puede ser una sentencia de muerte”, afirmó el representante a la Cámara José Luis Duarte, del Partido Conservador, al condenar el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno.

El Partido Alianza Social Independiente (ASI) expresó su “profundo rechazo” por el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano de su dirigente Jairo Alberto Castellanos. La colectividad extendió sus condolencias a los familiares y exigió “una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y evitar que este crimen quede en la impunidad”.

Por último, Independiente Santa Fe fue el otro equipo que se pronuncio al respecto. “Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (Hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino) Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento”, indicó el equipo de fútbol colombiano.

La Policía informó que el hecho ocurrió hacia las 2:15 p. m. Tras los disparos, varias personas auxiliaron a Jaimes Durán y lo trasladaron a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas, según la institución.

Dos adolescentes fueron aprehendidos tras un operativo policial

Después de conocer el homicidio, las patrullas activaron un plan candado en el sector. El operativo incluyó cierres en vías cercanas al centro comercial y la búsqueda de personas cuyas características habrían sido aportadas por testigos, de acuerdo con el coronel Héctor García, de la Policía.

Los uniformados aprehendieron a dos adolescentes de 17 años en la diagonal 15 con calle 61, en sentido sur-norte. Durante el procedimiento incautaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos percutidos.

“Una rápida reacción de nuestras patrullas de la Policía Nacional permitió la aprehensión de dos adolescentes de 17 años, señalados por su presunta participación en estos hechos”, afirmó García en una comunicación oficial.

El oficial no atribuyó de manera definitiva el crimen a los adolescentes. La investigación deberá establecer qué sucedió dentro del establecimiento, si los jóvenes participaron en el ataque y cuál habría sido el papel de las personas registradas por las cámaras de seguridad o identificadas en las diligencias.

El arma incautada será sometida a análisis balísticos

La Policía Nacional indicó que el revólver recuperado será sometido a peritajes técnicos y balísticos. Los investigadores buscarán determinar si existe correspondencia entre esa arma, los elementos hallados en la escena y las lesiones que causaron la muerte de Jaimes Durán.

También recolectarán testimonios de quienes estaban en San Andresito La Isla y revisarán cámaras de seguridad del centro comercial, los locales cercanos y los corredores viales por donde habrían transitado los responsables. Las autoridades no han confirmado que el arma incautada esté vinculada con el homicidio.

Tampoco se ha divulgado una hipótesis oficial sobre el móvil. Las conclusiones sobre esos aspectos dependerán de los informes periciales y de los demás elementos que sean incorporados al expediente.

Por tratarse de menores de edad, su situación será tramitada bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Versiones preliminares ubican el ataque en el pasillo 6

La información publicada por Vanguardia situó el hecho en el pasillo 6, donde funcionaba el local en el que trabajaba la víctima. El medio señaló que quienes estaban en el establecimiento lo auxiliaron antes de que fuera trasladado al centro asistencial.

Según versiones preliminares conocidas después del ataque, dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían llegado al sector y disparado contra el comerciante. Esa versión deberá contrastarse con testimonios, videos y otros hallazgos. Hasta ahora, la Policía no ha confirmado públicamente cuántos atacantes actuaron ni qué ruta siguieron al salir del lugar.

El examen de las grabaciones permitirá precisar la secuencia de los hechos, la hora de llegada de los responsables, el punto desde el que se efectuaron los disparos y sus movimientos posteriores. Los investigadores también verificarán si existieron comunicaciones, seguimientos o encuentros previos relacionados con el crimen.

Los antecedentes de la víctima no establecen un vínculo con el caso

Según la Policía, Héctor Andrés Jaimes Durán registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria.

La institución no ha señalado que esos registros tengan relación con el homicidio. Los antecedentes de una persona no permiten determinar por sí solos el motivo de un crimen ni la identidad de sus responsables. Los peritajes, las grabaciones y las declaraciones de los testigos serán parte de las pruebas que deberán evaluar las autoridades judiciales. La Fiscalía deberá definir las actuaciones posteriores con base en los resultados de esas verificaciones y en las garantías legales aplicables.

Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, pidió a Omar García Harfuch reforzar la seguridad en Uruapan tras el asesinato de Dania R.G., una mujer de 28 años que fue atacada a balazos en un negocio de tacos ubicado en la colonia Los Pinos.

Quiroz García difundió desde su cuenta oficial en ‘X’, que estableció comuinicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para reportar los hechos y solicitar mayor coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

“No podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia”, escribió Quiroz. La publicación ocurre después de la agresión armada registrada la noche del sábado en un establecimiento de la calle Venustiano Carranza, al poniente de Uruapan.

Dania muere después de recibir atención médica

Reportes preliminares difundidos en medios locales señalan que dos mujeres fueron atacadas dentro o en las inmediaciones del negocio. Una de las víctimas fue identificada como Dania R. G., de 28 años, quien habría recibido un disparo en la cabeza.

Dania fue trasladada a un hospital, pero murió a causa de la gravedad de las lesiones. Hasta ahora, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han reportado detenciones relacionadas con el caso. En el sitio también habría resultado lesionada otra mujer. Los primeros reportes apuntan a que ambas eran nuera y suegra, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por las familias.

Dos niñas que presuntamente estaban en el lugar sufrieron golpes durante el incidente. Tampoco se ha detallado su estado de salud ni las circunstancias en las que resultaron heridas.

Quiroz sostuvo que pidió a la Fiscalía estatal agilizar las investigaciones para esclarecer la agresión e identificar a los responsables. “La seguridad y la vida de nuestra gente deben estar por encima de cualquier diferencia”, señaló.

La hermana gemela de Dania exige justicia

Diana Rojas, hermana gemela de Dania, compartió un mensaje en redes sociales en el que reclamó justicia por el homicidio y cuestionó la normalización de la violencia en el municipio.

“Dania no murió, a Dania la mataron ruin y cobardemente”, escribió. En su publicación, recordó que ambas no habían llegado a la mitad de sus vidas y afirmó que el asesinato le arrebató “la mitad” de su vida.

También rechazó la idea de que las víctimas de ataques violentos necesariamente estén vinculadas con actividades delictivas. “Uno cree que solo le pasa a quien andaba mal, pero hoy me doy cuenta de que no es así”, señaló.

El caso generó reclamos públicos sobre la seguridad en Uruapan, uno de los municipios michoacanos que enfrenta episodios de violencia ligados a ataques armados y hechos delictivos. Además de haber vivido el magnicidio de Carlos Manzo Rodríguez y una serie de ataques armados.

Funcionaria cuestiona respuesta de Grecia Quiroz

Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria de Carlos Manzo Rodríguez —y quien ha señalado a Grecia Quiroz como implicada en el asesinato de su esposo—, cuestionó el posicionamiento de Quiroz y sostuvo que la violencia no representa un hecho aislado ni reciente en el municipio.

Méndez afirmó que habitantes de Uruapan viven con preocupación e incertidumbre ante la inseguridad. También acusó a Quiroz de realizar giras y asistir a eventos mientras la ciudadanía exige acciones frente a los homicidios y ataques armados.

“La seguridad no es un asunto secundario, ni un tema que pueda atenderse cuando haya tiempo”, publicó. La funcionaria pidió explicaciones, medidas concretas y resultados ante los casos de violencia reportados en la ciudad.

Quiroz afirmó que acompañará a la familia de Dania y dará seguimiento al expediente. Las autoridades no han difundido información oficial sobre los agresores, el número de personas involucradas ni una línea de investigación por el ataque ocurrido en la colonia Los Pinos..

La fiscalía del condado de San Diego acusó a Cedric von Ferdinand, de 34 años, de asesinar a su madre de acogida mediante una presunta intoxicación con fentanilo para apropiarse de sus bienes. La víctima, Nadine Jett, era una abogada jubilada de 64 años que recibía quimioterapia contra el cáncer cuando desapareció en enero de 2024.

Von Ferdinand fue detenido el 20 de octubre en el condado de Los Ángeles. La fiscal de distrito Summer Stephan anunció al día siguiente una acusación por homicidio con agravantes, en una investigación que también incluye presuntas maniobras fraudulentas sobre cuentas bancarias e inmuebles de la mujer, con pérdidas superiores a USD 500.000.

La desaparición y el hallazgo de los restos

Jett fue vista por última vez el 14 de enero de 2024, cuando acudió a una sesión de quimioterapia. Según los investigadores, su muerte habría ocurrido entre ese día y el 17 de enero. Von Ferdinand, quien había comenzado a acompañarla durante su enfermedad, habría informado a familiares y cuidadores que la mujer había fallecido en México y que deseaba ser cremada sin ceremonia.

Sus otros hijos de acogida desconfiaron de esa versión porque el acusado no presentó un certificado de defunción. En junio de 2024 denunciaron la desaparición y alertaron sobre movimientos sospechosos relacionados con el patrimonio familiar.

Tras una serie de allanamientos, los investigadores encontraron en julio de 2025 los restos de Jett enterrados en una fosa de aproximadamente 1,8 metros de profundidad, dentro de su propiedad de Valley Center. El examen forense atribuyó la muerte a una intoxicación aguda por fentanilo y la clasificó como homicidio.

La fiscalía precisó que los análisis toxicológicos detectaron acetilfentanilo, una sustancia presente en preparados ilícitos de este opioide. Sin embargo, las autoridades no explicaron públicamente cómo habría sido administrada la dosis. La responsabilidad del acusado deberá establecerse durante el proceso judicial.

Transferencias de propiedades y documentos cuestionados

La investigación financiera reveló presuntas operaciones para transferir a nombre de Von Ferdinand el terreno de Valley Center y otras dos propiedades de Jett en el condado de Los Ángeles. Los fiscales sostienen que el acusado utilizó documentación falsa y realizó movimientos bancarios sin autorización.

Entre las operaciones investigadas figura la venta de una vivienda en abril de 2024 por más de USD 200.000. También se le atribuye la compra de un departamento en Gardena con fondos que habría sustraído de la mujer. La fiscalía presentó cargos por robo, falsificación y suplantación de identidad, entre otros delitos patrimoniales.

El expediente incluye a Kimberley Pifer, acusada de hacerse pasar por Jett para contraer un matrimonio ficticio con Von Ferdinand utilizando el nombre de la víctima. Los investigadores encontraron en una propiedad del sospechoso un certificado matrimonial fechado en mayo de 2024, meses después de la desaparición.

Otro imputado es Raymond Joseph Alto, un notario acusado de certificar documentos con una firma supuestamente falsificada. Según testimonios judiciales, una huella atribuida inicialmente a Jett en un registro notarial correspondería al propio Von Ferdinand. Estas acusaciones permanecen pendientes de resolución judicial.

La defensa rechaza los cargos y la audiencia fue reprogramada

Stephan describió el caso como un supuesto crimen motivado por el beneficio económico. La fiscalía incorporó agravantes por asesinato mediante veneno y con fines de lucro, que podrían dar lugar a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte, si los fiscales solicitan esta última sanción y se cumplen los requisitos legales.

La abogada defensora Ashley Mangold afirmó, en declaraciones recogidas por People, que su cliente mantiene su inocencia y el amor por su madre. Von Ferdinand compareció ante un tribunal, pero todavía no formalizó una declaración de culpabilidad o inocencia respecto del nuevo cargo.

La audiencia de lectura de cargos, prevista inicialmente para el 22 de octubre, fue reprogramada para el 5 de noviembre. En esa instancia continuará el proceso por la muerte de Jett, mientras siguen bajo investigación las presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con su patrimonio.

Una policía municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, fue asesinada a balazos cuando salía de su turno y viajaba en motocicleta por el Libramiento Sur, en un nuevo caso de violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad.

La agresión ocurrió la mañana del sábado 24 de octubre, en las inmediaciones del bulevar Las Torres. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron a la agente y dispararon contra ella antes de escapar. Sin embargo, también existe la versión de que la policía estaría desayunando en un local de comida cuando fue sorprendida por el ataque directo.

La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, donde murió mientras recibía atención médica. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Reportes periodísticos identificaron preliminarmente a la víctima como María Angélica, de 31 años, conocida entre sus compañeros como la oficial “Llamas”. Las mismas publicaciones señalaron que ingresó a la corporación municipal en noviembre de 2019.

Hasta los primeros reportes del caso, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni establecido públicamente el móvil del homicidio. Tampoco se había confirmado que la agresión estuviera relacionada directamente con sus funciones policiales.

Policías asesinados durante sus traslados y fuera de servicio

El asesinato de la agente de Purísima del Rincón tiene antecedentes en otros casos documentados en Guanajuato, donde integrantes de corporaciones municipales han sido atacados mientras se trasladaban a sus centros de trabajo o se encontraban fuera de servicio.

Uno de ellos fue el homicidio de Jesús Vargas, comandante de la Policía Municipal de Abasolo, ocurrido el 10 de junio de 2026 en la comunidad de Capilla de Márquez, en el municipio de Pénjamo.

La muerte del mando operativo provocó un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado. Sobre las circunstancias del ataque circularon versiones distintas: una indicó que Vargas se dirigía a trabajar en motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados; otra señaló que habría sido atacado dentro de su domicilio, presuntamente después de concluir su jornada laboral.

El caso constituye un antecedente de violencia contra un mando policial, aunque las circunstancias exactas de su asesinato deben distinguirse de las reportadas en Purísima del Rincón.

Un policía fue perseguido cuando salió de su casa en Salamanca

Otro antecedente ocurrió el 1 de febrero de 2025, cuando Román Valentín Ramírez Cornejo, integrante de la Policía Municipal de Salamanca, fue asesinado al salir de su domicilio.

Reportes de medios locales señalaron a dos hombres armados que viajaban en motocicleta comenzaron a perseguir al agente cuando caminaba por la calle Venus, en la colonia Olimpo. Los agresores le dispararon y huyeron del lugar.

El gobierno municipal confirmó la identidad de la víctima y señaló que tenía 40 años, además de estar encargado de la unidad canina de la corporación.

En aquella publicación, el homicidio fue reportado como el cuarto asesinato de un policía en Guanajuato durante los primeros días de 2025. El caso mostró que los integrantes de las corporaciones también podían ser atacados al abandonar sus domicilios, fuera de las instalaciones policiales.

Tres elementos estatales murieron en una emboscada

La violencia contra los uniformados también ha alcanzado a agentes durante el cumplimiento de sus funciones.

El 23 de septiembre de 2026, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en Comonfort.

La Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que los elementos realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados. Después de la agresión se desplegó un operativo interinstitucional con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para localizar a los responsables.

La agresión ocurrió en circunstancias distintas a los homicidios de agentes fuera de servicio, pero se sumó a la lista de ataques mortales contra integrantes de las corporaciones de seguridad en Guanajuato durante 2026.

Guanajuato, entre las entidades con más agentes asesinados

De acuerdo con el registro de Causa en Común, al menos 19 agentes de seguridad pública fueron asesinados en Guanajuato entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026. En ese corte, la entidad ocupaba el cuarto lugar nacional, detrás de Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

A escala nacional, el organismo contabilizó 232 agentes asesinados durante el mismo periodo. El registro incluye a policías municipales y estatales, así como a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y otras corporaciones federales.

La cifra de Guanajuato corresponde a un corte anterior al asesinato de la agente de Purísima del Rincón, por lo que el caso deberá considerarse en las siguientes actualizaciones del conteo.

Las cifras de años anteriores también dimensionan la persistencia del problema. Causa en Común documentó 61 policías asesinados en Guanajuato durante 2024 y 36 durante 2025.

Los datos corresponden al seguimiento de casos documentados por la organización y no implican que todos los homicidios hayan ocurrido bajo las mismas circunstancias o respondan a un móvil común.

Ataques bajo circunstancias distintas

Los homicidios documentados en Purísima del Rincón, Pénjamo y Salamanca muestran que integrantes de las corporaciones de seguridad han sido víctimas de agresiones en distintos momentos de su vida laboral: al salir de turno, durante sus traslados o al abandonar sus domicilios.

A estos casos se suman ataques contra policías durante patrullajes y operativos, como la emboscada que dejó tres elementos estatales muertos en Comonfort.

En el caso de Purísima del Rincón, las investigaciones deberán esclarecer quiénes participaron en la agresión, cómo fue planeada y si el asesinato estuvo relacionado con la labor policial de la víctima.

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de José David Laguna Victorio, un joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado dentro de un pozo en la colonia Jazmines de Tapachula, Chiapas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló a Alexis “N”, de 22 años y pareja sentimental de la víctima, como presunto autor material de la agresión, mientras que otras tres personas habrían colaborado para ocultar el cadáver.

Los detenidos son Berenice “N”, de 45 años; Natividad “N”, de 61, y Luis Francisco “N”, de 43, además de Alexis. Según la reconstrucción presentada por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, el homicidio ocurrió el 21 de octubre durante una discusión en la que el joven habría sido golpeado hasta morir.

La hipótesis ministerial sostiene que, después de la agresión, Alexis pidió ayuda a sus familiares para trasladar y ocultar el cuerpo. La necropsia determinó que José David murió por un traumatismo craneoencefálico provocado por un golpe contundente.

El anuncio de las detenciones fue realizado el 24 de octubre, cuando la Fiscalía informó que solicitará una pena de hasta 60 años de prisión por el delito de homicidio calificado. La responsabilidad de cada uno de los señalados deberá acreditarse ante las autoridades judiciales.

José David salió de su casa y su familia perdió contacto con él

La investigación comenzó con la desaparición del joven. De acuerdo con información publicada por medios locales, José David salió de su domicilio en la colonia Jazmines el 18 de octubre, alrededor de las 13:30 horas. Sus familiares dejaron de tener noticias de él y denunciaron su desaparición ante las autoridades.

La Fiscalía General del Estado difundió una ficha de búsqueda para localizarlo. Tres días después, el 21 de octubre, su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo ubicado en la misma colonia.

En ese momento, las autoridades todavía investigaban las circunstancias de su muerte y la posible participación de las cuatro personas que habían sido detenidas ese miércoles. La información inicial no precisaba la causa del fallecimiento ni cómo había llegado el cadáver hasta el lugar del hallazgo.

La identificación de los detenidos y el aseguramiento de indicios durante el operativo permitieron avanzar en las indagatorias, aunque inicialmente las autoridades informaron que las capturas se habían realizado por presuntos delitos contra la salud.

Las cuatro detenciones ocurrieron inicialmente por presunta posesión de drogas

El 21 de octubre, elementos de seguridad detuvieron a cuatro personas durante una intervención en la colonia Jardines de Chiapas, en Tapachula. Entre ellas se encontraban Alexis “N”, también conocido como “El Mau”; Berenice “N”; Natividad “N” y Luis “N”.

Durante el operativo, las corporaciones reportaron el aseguramiento de 40 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal y otros cinco con hierba verde, al parecer marihuana. También quedó bajo resguardo una camioneta Jeep Cherokee Limited con placas de Chiapas.

En ese primer reporte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo señaló que los detenidos podrían estar relacionados con la desaparición de José David. Sin embargo, todavía no se había detallado públicamente la hipótesis sobre la agresión mortal ni el papel que presuntamente habría desempeñado cada uno.

Tres días después, el fiscal estatal presentó una reconstrucción más amplia del caso y señaló a Alexis como probable responsable material del homicidio. A los otros tres detenidos les atribuyó una posible participación en el traslado y ocultamiento del cuerpo.

La necropsia estableció que murió por un golpe contundente

Los resultados periciales citados por la Fiscalía apuntan a un traumatismo craneoencefálico secundario a un golpe contuso como causa de muerte de José David.

Según la versión ministerial, la lesión se produjo durante una discusión con su pareja sentimental. Sin embargo, la Fiscalía no detalló públicamente en el anuncio las circunstancias específicas que originaron la discusión, el lugar exacto donde se habría producido la agresión ni el momento en que cada uno de los otros tres detenidos habría intervenido.

La distinción es relevante para determinar la responsabilidad individual de los imputados: el señalamiento contra Alexis como presunto autor material no equivale a la acusación de los otros tres, a quienes la institución atribuye haber ayudado a ocultar el cuerpo.

Fiscalía solicitará hasta 60 años de prisión

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó que la institución buscará una pena de hasta 60 años de prisión por el homicidio calificado.

Los cuatro detenidos permanecen sujetos a las investigaciones correspondientes y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica y, en su caso, las sanciones aplicables. La pena anunciada por la Fiscalía representa la condena máxima que pretende solicitar la institución, no una sentencia impuesta.

Un hombre que pasó más de 25 años en prisión por un asesinato que no cometió fue exonerado, mientras que el responsable identificado por nuevas pruebas genéticas recibió una condena. Michael Nevarez fue sentenciado a 21 años de prisión por el homicidio de Damond Wittman, ocurrido en 1997 en Deep Ellum, un distrito de Dallas, Texas, informó CBS News Texas.

Nevarez, de 45 años, se declaró culpable esta semana del asesinato de Wittman, de 21 años. El crimen ocurrió el 14 de julio de 1997 frente a un club nocturno de Deep Ellum y derivó, un año más tarde, en la condena a prisión perpetua de Martin Santillan, quien sostuvo durante toda su encarcelación que era inocente.

El ataque ocurrió tras una discusión por un cigarrillo

Las autoridades relataron a CBS News Texas que Nevarez tenía 16 años cuando se acercó a Wittman y a sus amigos para pedirles un cigarrillo. Después de recibirlo, habría sacado un arma y exigido dinero al grupo.

Wittman se resistió durante el asalto y recibió varios disparos. El joven fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Baylor, donde murió a causa de las heridas, de acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio estadounidense.

El proceso judicial contra Nevarez tardó casi tres décadas en llegar a una condena. La investigación se reactivó a partir de pruebas de ADN obtenidas de una camiseta de los Dallas Stars encontrada cerca del escenario del crimen. Esos análisis permitieron vincular al ahora condenado con el homicidio y, al mismo tiempo, desmontaron el caso que había enviado a Santillan a prisión.

Tras la identificación genética, Nevarez fue localizado y detenido en Colorado, precisó el informe. La fiscalía logró su declaración de culpabilidad y un jurado estableció una pena de 21 años de cárcel.

El ADN descartó al hombre condenado en 1998

Santillan tenía 24 años cuando fue condenado por asesinato capital en 1998. La sentencia fue de prisión perpetua y permaneció recluido hasta diciembre de 2022, cuando recuperó la libertad tras la revisión del caso.

La organización Centurion Ministries, dedicada a revisar condenas de personas que sostienen haber sido encarceladas injustamente, había presentado el expediente ante la Unidad de Integridad de Condenas de la Fiscalía del Condado de Dallas en 2008. Sin embargo, las primeras pruebas genéticas no ofrecieron resultados concluyentes.

En 2021, los investigadores reabrieron el caso y dispusieron nuevos análisis sobre la camiseta recuperada en las inmediaciones. El resultado fue determinante: el ADN de Santillan no estaba en la prenda que, de acuerdo con la fiscalía, llevaba el autor del crimen.

En marzo de 2023, un juez del Condado de Dallas desestimó formalmente el cargo de asesinato contra Santillan. La medida cerró el proceso judicial que lo había mantenido privado de su libertad durante más de un cuarto de siglo.

La fiscalía reconoció el daño de la condena errónea

El fiscal penal del Condado de Dallas, John Creuzot, afirmó que la sentencia contra Nevarez constituye un avance para la familia de Wittman, que había esperado décadas por una resolución. “El resultado de hoy es un paso importante hacia la rendición de cuentas por el asesinato de Damond Wittman y para su familia”, declaró el funcionario, en palabras recogidas por CBS News Texas.

Creuzot también se refirió a las consecuencias del error judicial sobre Santillan. “Es también un recordatorio de las profundas consecuencias de una condena errónea. Martin Santillan perdió más de 25 años de su vida por un delito que no cometió”, aseguró.

Paul Casteleiro, abogado de Centurion Ministries, sostuvo ante el medio que la acusación original se apoyaba principalmente en un solo testigo presencial. La defensa había cuestionado durante años la investigación policial y la fiabilidad de aquella identificación.

Cuando quedó exonerado en 2023, Santillan celebró su libertad junto a familiares y amigos frente al tribunal. “Aunque llevo fuera unos días, ahora es real; ahora terminó”, expresó entonces. Durante ese encuentro, llevaba una camiseta con una frase que resumía su postura desde el inicio del caso: “Yo no lo hice”.

El hombre avanzaba por la calle Jauja cuando fue alcanzado por dos sujetos en el cruce con la avenida Los Pinos. Según las imágenes difundidas por América TV, uno de los agresores abrió fuego repetidamente hasta agotar las municiones de su arma. Luego, cambió la cacerina y continuó disparando contra la víctima, quien cayó de su vehículo y fue atacada nuevamente en plena vía pública.

Los disparos provocaron momentos de terror entre comerciantes, transeúntes y conductores que circulaban por los alrededores. Varios ambulantes abandonaron sus puestos para ponerse a salvo, mientras algunos vehículos quedaron detenidos ante el ruido de las detonaciones. Otros trabajadores de la zona se acercaron posteriormente para averiguar lo sucedido.

Testigos relatan los momentos de terror

Una persona que presenció el asesinato contó que inicialmente confundió las detonaciones con el ruido del tránsito. Sin embargo, al voltear, descubrió que un hombre estaba siendo atacado a balazos. Otro testigo indicó que seguía a la víctima cuando esta llegó a una curva cerrada, circunstancia que, según su versión, fue aprovechada por los responsables para alcanzarla.

El episodio dejó a varios vecinos en estado de conmoción. Una comerciante relató que quedó paralizada al escuchar los disparos y que otro vendedor tuvo que advertirle que se moviera para evitar quedar expuesta. La testigo describió lo ocurrido como una experiencia traumática debido a la violencia del ataque y la cercanía con la que se produjo.

El asesinato se registró en un sector con movimiento comercial, donde la presencia de vendedores y mototaxistas suele concentrar a numerosas personas durante las primeras horas del día. La secuencia de disparos interrumpió las actividades habituales y generó temor entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Familiares desconocen los motivos del crimen

Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza había cumplido 32 años el pasado 4 de octubre. Tras conocerse su muerte, sus familiares acudieron al lugar y manifestaron su sorpresa ante lo sucedido. Su hermana aseguró que él nunca les había comentado que estuviera recibiendo amenazas o atravesara una situación que pusiera en riesgo su vida.

La mujer explicó que su hermano se desempeñaba como socorrista civil y tenía un criadero de perros. Además, durante sus horas libres, trabajaba como mototaxista. Según su testimonio, la familia no tenía conocimiento de las circunstancias que habrían desencadenado el ataque.

En medio de las diligencias, los deudos protagonizaron un enfrentamiento con la pareja de la víctima. La mujer había denunciado a Chumpitaz Mendoza en agosto pasado por el presunto robo de su teléfono celular y dinero, antecedente que también forma parte de los datos conocidos tras el homicidio.

La hermana señaló que, de acuerdo con la información que les proporcionó la Policía, su familiar habría estado regresando de la vivienda de su pareja antes del atentado. Asimismo, indicó que sus parientes le habían aconsejado terminar esa relación, aunque aparentemente ambos continuaban viéndose sin que ellos lo supieran.

Policía investiga los antecedentes de la víctima

De acuerdo con la información difundida, Chumpitaz Mendoza también registraba denuncias policiales por presunta extorsión, tentativa de homicidio y violencia contra la mujer. Estos antecedentes deberán ser evaluados por los investigadores, sin que por sí solos permitan establecer las razones del asesinato ni identificar a los responsables.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chorrillos está a cargo de las diligencias para esclarecer el homicidio. Los agentes deberán reconstruir los desplazamientos de la víctima, recoger testimonios y examinar los elementos disponibles para determinar cómo se ejecutó el ataque y quiénes participaron.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece el móvil del crimen ni confirma la identidad de los autores. La investigación policial buscará determinar si el asesinato estuvo relacionado con algún conflicto previo o si existieron otras circunstancias que expliquen la persecución y los múltiples disparos.

Un jurado de Houston, Texas, Estados Unidos, declaró culpable a Yolanda Saldívar del asesinato en primer grado de Selena Quintanilla el 23 de octubre de 1995. La decisión llegó después de un juicio que se extendió por dos semanas y resolvió el crimen que, seis meses antes, había sacudido a los seguidores de la música Tex-Mex o tejana.

La jueza le impuso la sentencia máxima prevista por la ley de Texas para ese delito: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional recién después de 30 años de cárcel. El jurado, de hecho, tardó menos de tres horas en decidir el veredicto después de escuchar dos semanas de testimonios sobre un crimen que había ocurrido en un motel de Corpus Christi, Texas.

Selena había nacido el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Empezó a cantar en el restaurante de su padre, Abraham Quintanilla, quien formó la banda familiar Selena y Los Dinos inspirado en su antigua agrupación. Su hermano A. B. Quintanilla tocaba el bajo y su hermana Suzette, la batería.

La familia se mudó después a Corpus Christi, donde la banda empezó a tocar en bodas y eventos locales. A los 15 años, Selena fue reconocida como artista femenina del año en los Premios de la Música Tex-Mex, lo que le permitió firmar su primer contrato discográfico. Con el tiempo se casó con el guitarrista de su banda, Chris Pérez.

En 1994 se convirtió en la primera mujer de la música tejana en ganar un Grammy. Pocos meses antes de morir, el 26 de febrero de 1995, cantó ante más de 60.000 personas en el Astrodome de Houston y ese concierto se convirtió en la mayor convocatoria del rodeo ganadero de la ciudad ese año.

El 1 de marzo de ese año asistió a la entrega de los Grammy en Los Ángeles, donde compitió sin éxito por Amor Prohibido en la categoría de mejor interpretación mexicano-americana. Por entonces trabajaba en un disco en inglés con el que buscaba llegar al público general y había viajado a Tennessee para grabar junto al productor Keith Thomas el tema “I Could Fall in Love”.

Selena y Chris Pérez habían comprado además un terreno de cuatro hectáreas en Corpus Christi para construir una casa propia. Hasta ese momento vivían al lado de los padres de la cantante y a una casa de distancia de su hermano.

En 1994 Selena había abierto boutiques de ropa en San Antonio y en Corpus Christi, que hacia 1995 atravesaban dificultades financieras. Aun así, proyectaba abrir una fábrica de indumentaria en Monterrey, México.

Selena Quintanilla murió baleada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, tras una discusión en un motel de Corpus Christi por el manejo de las finanzas de sus boutiques. El ataque ocurrió el 31 de marzo de 1995 y derivó en el juicio que terminó con la condena a cadena perpetua de la acusada.

Saldívar había trabajado como enfermera antes de convertirse en fanática de la cantante. Asistió a uno de sus recitales y después contactó a Abraham Quintanilla para proponerle formar un club de admiradores.

Se conocieron en junio de 1991, cuando ella pasó a presidir esa organización en San Antonio y quedó a cargo de las membresías y de la recaudación de fondos. La confianza que generó le valió un ascenso: terminó a cargo de la administración de las boutiques de la cantante.

El 2 de marzo de 1995 Selena y su familia la acusaron de quedarse con dinero de los negocios durante una reunión, tras la cual Saldívar fue despedida y compró un revólver calibre .38. Otra versión sobre lo sucedido señala que miembros del club de fans se habían quejado ante Abraham Quintanilla por no recibir mercadería ya pagada y algunas empleadas de la boutique de San Antonio sospechaban que Saldívar tomaba dinero de la caja.

El 9 de marzo, Selena, su padre y su hermana confrontaron a Saldívar, que no pudo explicar las irregularidades halladas en las cuentas. La cantante ya no quería trabajar con ella, pero tampoco cortó el vínculo del todo: necesitaba que le devolviera registros financieros que faltaban.

Chris Pérez contó en su libro de 2012 To Selena, with Love que su esposa se reunió con Saldívar alrededor del 15 de marzo dentro de su auto para reclamarle esa documentación. Saldívar entregó algunos papeles, pero no todos, y en un momento le mostró que llevaba un arma en la cartera.

Selena le pidió que la devolviera. Saldívar, que había comprado el revólver calibre .38 el 11 de marzo y lo había retirado dos días después tras pasar un control de antecedentes, lo llevó de regreso a la armería. El 26 de marzo, sin embargo, volvió a comprar la misma arma.

El 30 de marzo, un jueves, Saldívar llamó a Selena para avisarle que tenía el resto de los documentos. Le pidió que fuera sola, pero Pérez la acompañó hasta el motel Days Inn de Corpus Christi donde la mujer se hospedaba. Selena no recibió todos los papeles esa noche y volvió a su casa sin incidentes.

A la mañana siguiente, el 31 de marzo, Selena se reunió otra vez con Saldívar, que aseguraba haber sido violada durante un viaje a Monterrey. La cantante la llevó a un hospital, pero el centro no le realizó el examen completo porque la mujer no residía en Corpus Christi ni el presunto ataque había ocurrido en esa jurisdicción. Ambas volvieron entonces al motel.

Dentro de la habitación, Saldívar le disparó por la espalda, cerca del omóplato derecho, mientras Selena intentaba retirarse tras una nueva discusión por los documentos faltantes. La bala, de punta hueca, dañó el hombro, las venas del pulmón y una arteria mayor de la clavícula.

El reporte de la autopsia precisó que el disparo atravesó las costillas y salió por la parte superior del pecho tras perforar la arteria subclavia, un vaso sanguíneo central para el brazo, el cuello y la cabeza. El forense Lloyd White escribió que la muerte fue resultado de “una hemorragia interna y externa exanguinante” por una herida de bala perforante en el tórax.

El cirujano cardíaco Louis Elkins, que estaba alistado para operarla, dijo que las lesiones provocaron “una pérdida de sangre masiva y continua”.

Pese a la herida, Selena logró correr hasta la recepción del motel con Saldívar detrás de ella, todavía con el arma en la mano. Llegó al mostrador poco antes del mediodía, pidió ayuda a los gritos y se desplomó en el piso mientras el personal llamaba a una ambulancia e intentaba contener la hemorragia. Saldívar, mientras tanto, volvió a su habitación.

Según testigos la cantante llegó a identificar a su atacante y el número de la habitación antes de perder el conocimiento. El llamado al 911 se hizo a las 11:50. En el hospital le hicieron transfusiones de sangre, algo contrario a su fe como testigo de Jehová, pero la arteria ya estaba seccionada y no pudieron salvarla: murió a las 13:05.

Saldívar protagonizó después un enfrentamiento de diez horas con la policía: se encerró en su auto, en el estacionamiento del motel, y amenazó con quitarse la vida antes de ser detenida.

Más de 50.000 personas se acercaron a despedir a Selena en su funeral. La convocatoria reflejó el impacto inmediato que tuvo su muerte entre el público que la seguía en Texas y en el resto del país.

Cuando empezaron a circular rumores de que la cantante seguía con vida, su familia decidió abrir el cajón para demostrar que había fallecido. El gesto buscó frenar las versiones que se multiplicaban mientras el caso todavía estaba fresco y la investigación policial avanzaba hacia el juicio.

El juicio comenzó en octubre hace 31 años en Houston. La fiscalía argumentó que Saldívar disparó de manera intencional después de ser confrontada por el manejo irregular de las boutiques.

La defensa, en cambio, sostuvo que el disparo había sido accidental y que la acusada solo pretendía quitarse la vida en ese momento. La prueba forense, sin embargo, mostró que el arma se había accionado con intención de causar daño.

Con esos elementos, el jurado llegó al veredicto de culpabilidad que selló la suerte de Saldívar y motivó la sentencia de cadena perpetua con la que la condenó la jueza, la pena más alta que contemplaba la legislación de Texas para ese delito.

Saldívar quedó alojada en la Patrick L. O’Daniel Unit, una cárcel de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas, donde continúa detenida. En diciembre de 2024 solicitó la libertad condicional y en marzo de 2025 se la negaron; su caso podrá revisarse recién en 2030.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó el beneficio el 27 de marzo de 2025 y explicó que la decisión se basó en las características del delito que cometió Saldívar.

“No hay arrepentimiento que pueda devolvernos a Selena”, dijo Abraham Quintanilla en aquel entonces. La familia de la cantante y sus seguidores habían manifestado con anterioridad su rechazo a cualquier posibilidad de que Saldívar recuperara la libertad, con campañas en redes sociales para que las autoridades rechazaran el pedido.

Una nueva ola de violencia y ataques con características de sicariato se registró esta semana en Panamá, dejando varias víctimas en distintos sectores de la capital.

El caso que más alarma ha generado por la forma en que fue ejecutado ocurrió en Perejil, en el corregimiento de Calidonia, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

El doble homicidio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un sedán blanco en Calle Primera. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que los presuntos homicidas descendieron del vehículo, que todavía estaba en movimiento, después de disparar contra sus ocupantes.

Las imágenes muestran cómo los dos atacantes escaparon corriendo del lugar y posteriormente fueron recogidos por otro automóvil. Las primeras investigaciones indican que las cuatro personas viajaban juntas en el sedán, por lo que los homicidas habrían compartido el vehículo con sus víctimas antes de abrir fuego.

Los dos fallecidos presentaban impactos de bala en la cabeza, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. El ataque provocó la movilización de unidades policiales y personal de Criminalística, que realizaron la inspección del automóvil y el levantamiento de los cuerpos.

Las grabaciones constituyen una pieza importante para reconstruir la participación de los atacantes y establecer la ruta utilizada durante la fuga. Los investigadores también buscan determinar las circunstancias que precedieron al doble asesinato, así como el posible móvil del ataque ocurrido en una zona céntrica de la capital.

La violencia también alcanzó la comunidad de Los Caobos, en Chilibre, donde Reynaldo Roberto Prendergast Torres, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía un sedán blanco. Según los reportes preliminares, los agresores dispararon desde otro automóvil en movimiento durante la mañana del miércoles.

Prendergast perdió el control del volante después de recibir los impactos y su vehículo terminó dentro de una cuneta, a un costado de la carretera. Residentes alertaron a las autoridades, que acordonaron el lugar para recuperar evidencias. Los registros policiales indican que el fallecido había sido aprehendido anteriormente, aunque no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

Otro hecho violento dejó un taxista de 20 años asesinado en Alcalde Díaz, también en Panamá Norte. La víctima fue identificada como Sudan Gabriel Eduardo Ceballos Falcón, quien recibió un disparo en la cabeza en el sector de La Esperanza, cerca de un puente peatonal.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche, cuando residentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El joven fue encontrado boca abajo, cerca de un taxi amarillo estacionado junto a la carretera. Una de las hipótesis preliminares indica que intentó escapar del atacante, pero cayó antes de conseguir ayuda.

La jornada violenta también dejó un homicidio a plena luz del día en Pueblo Nuevo, donde Luis García, de 51 años, fue asesinado a tiros cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles. El ataque ocurrió en calle Tercera, a pocos metros del Sistema Penal Acusatorio de la vía Transístmica, cuando la víctima caminaba cerca de su residencia.

Según los reportes preliminares, los agresores le dispararon desde un automóvil dorado y escaparon del lugar. Los vecinos describieron al fallecido como una persona trabajadora y tranquila, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Los hechos se produjeron en medio de una sucesión de homicidios que afecta principalmente a sectores de la capital.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá registraba 460 homicidios intencionales hasta el 11 de octubre de 2026, cuatro más que durante el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentraba 288 víctimas, equivalentes a casi el 63% del total nacional, mientras Colón contabilizaba otras 77.a

La distribución territorial muestra que el distrito de Panamá acumulaba 198 homicidios, seguido de San Miguelito, con 85. Dentro de Panamá Norte, Chilibre registraba 18 casos, Ernesto Córdoba Campos otros 17 y Caimitillo nueve. Estas cifras reflejan la concentración de la violencia en determinadas comunidades, aunque corresponden a un corte estadístico anterior a los últimos ataques.

Las investigaciones también identifican un aumento del 64% en los homicidios vinculados al pandillerismo, que pasaron de 42 a 69 frente al mismo período de 2025. Las rencillas delincuenciales representaban 156 casos y otros 67 permanecían bajo investigación, mientras las armas de fuego estuvieron presentes en 392 asesinatos, aproximadamente el 85% del total.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones. Mientras avanzan las diligencias, los crímenes registrados en Perejil, Chilibre y Alcalde Díaz vuelven a colocar la violencia armada en el centro de la preocupación por la seguridad pública.

La Policía de Nueva York detuvo a un adolescente de 17 años por el asesinato de Darrel Rodriguez en una estación del subte de Manhattan, cinco días después del tiroteo que causó la muerte del guardia de seguridad de 26 años. El acusado enfrenta un cargo de asesinato y dos cargos de posesión criminal de armas.

El arresto se conoció este jueves, tras una búsqueda en la que la Policía difundió imágenes de cámaras de seguridad y solicitó información al público.

La identidad del joven no fue revelada porque es menor de edad. Fox 5 NY informó que quedó bajo custodia por el crimen ocurrido el sábado 17 de octubre.

La detención responde al hecho central de la investigación, aunque las autoridades aún no comunicaron cómo localizaron al adolescente ni qué elementos vincularon al acusado con el homicidio. Tampoco precisaron públicamente el motivo que desencadenó la discusión previa al disparo.

Rodriguez murió tras recibir un disparo en el pecho en el andén de la línea E

Darrel Rodriguez, residente del Bronx, recibió un disparo en el pecho poco antes de las 12:30 del sábado en el andén de la línea E con dirección norte, en la estación Séptima Avenida–Calle 53. El punto está situado en Midtown, a pocas cuadras de Times Square, los teatros de Broadway y Carnegie Hall.

Paramédicos trasladaron a Rodriguez al hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue, donde se confirmó su muerte.

La víctima trabajaba como guardia de seguridad en Manhattan. CBS News New York señaló que el ataque ocurrió tras una disputa entre Rodriguez y el adolescente que ahora está acusado.

De acuerdo con la reconstrucción policial, ambos discutieron primero en la plataforma, subieron luego a una formación y regresaron al andén.

En ese momento, el adolescente habría extraído un arma y disparado contra Rodriguez. La Policía no informó si antes del tiro se produjeron agresiones físicas entre los dos hombres.

La secuencia previa y la fuga quedaron registradas por las cámaras de seguridad

Tras el disparo, el presunto agresor salió de la estación y huyó hacia el norte por la Séptima Avenida. Durante los días posteriores al homicidio, los investigadores divulgaron fotografías de un hombre con conjunto deportivo rojo, chaleco negro, mascarilla y mochila del mismo color.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) revisó las filmaciones de los andenes y de los vagones para colaborar con la pesquisa.

En ese marco, NY1 indicó que las cámaras podían aportar datos sobre el desplazamiento de los involucrados antes y después del ataque.

Antes de que se concretara el arresto, la Policía había pedido que quienes tuvieran información se comunicaran con la línea Crime Stoppers del organismo.

Las imágenes difundidas formaron parte de esa búsqueda, que permitió identificar a un sospechoso sin que las autoridades revelaran entonces su nombre.

La familia de Rodriguez recibió la noticia al día siguiente del homicidio

El asesinato impactó en la familia de Darrel Rodriguez, que creció en el Bronx junto a su hermano gemelo fraterno, Derick.

El joven, que vive en Waco, Texas, advirtió que algo podía haber ocurrido cuando intentó escribirle a Darrel el domingo por la mañana y no recibió respuesta.

Después de llamar a varias comisarías y consultar a sus padres, Derick habló con un detective que estaba junto a su madre.

El agente le comunicó que su hermano había muerto tras un altercado en el subte. Derick se había mudado de Nueva York en 2021 para incorporarse al Ejército de Estados Unidos, mientras Darrel permaneció en el Bronx.

La víctima era conocida por algunos vecinos como Anthony, su segundo nombre, para diferenciarlo de su gemelo.

Su familia no conocía hacia dónde se dirigía cuando fue atacado. La investigación no estableció que Rodriguez y el acusado se conocieran antes de la pelea.

El homicidio fue el séptimo registrado este año en el subte neoyorquino

La muerte de Rodriguez fue el séptimo homicidio en el sistema de subtes de Nueva York en 2026, frente a los cuatro contabilizados en el mismo período de 2025, según datos policiales citados por ABC7 New York.

Tras el ataque, la organización de usuarios Passengers United reclamó restricciones al uso de coberturas faciales completas en el transporte público.

Su presidente, Charlton D’Souza, sostuvo que ese tipo de prendas puede dificultar la identificación de sospechosos en una investigación.

El arresto cerró la búsqueda inicial, pero la causa continúa abierta. Los investigadores deberán determinar la secuencia completa de la discusión, el origen del conflicto y las circunstancias en las que se produjo el disparo mortal en una de las estaciones más transitadas de Manhattan.

El 6 de octubre, agentes del FBI detectaron conversaciones en redes sociales que apuntaban a una posible amenaza contra Corona High School, una secundaria del condado de Riverside, en California.

La alerta derivó en una investigación que destapó un plan de tiroteo masivo atribuido a dos alumnas de 15 años.

Ambas permanecen bajo custodia por conspiración para cometer asesinato. La Fiscalía del condado revisa el expediente, aunque su portavoz Molly Smith declaró a KTLA que aún no confirmó si se presentaron cargos formales.

Las restricciones legales que protegen la privacidad de menores limitan la información que puede hacerse pública sobre el caso y sobre las identidades de las detenidas.

Cómo avanzó la investigación tras la alerta del FBI

La advertencia del FBI derivó en el arresto inmediato de una alumna de 15 años del establecimiento, indicó la Policía de Corona en un comunicado.

Los detectives obtuvieron órdenes judiciales para revisar dispositivos electrónicos y registraron varias viviendas de la zona.

Esas diligencias permitieron identificar a una segunda implicada, de la misma edad, que asistía a Norco High School. Ambas instituciones pertenecen al Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco.

La policía informó que entrevistó a decenas de estudiantes, trabajadores del sistema educativo y otras personas conectadas con la investigación.

Lo que revelaron los mensajes entre las dos adolescentes

Las pesquisas determinaron que las dos jóvenes dedicaron varios meses a analizar tiroteos en escuelas y a conversar sobre un posible ataque contra Corona High School en una fecha no determinada. La información fue difundida por el Departamento de Policía de Corona y recogida por Los Angeles Times.

Los intercambios también abordaron formas de obtener armas de fuego pese a que las involucradas eran menores de edad. El teniente Steve Montanez precisó en declaraciones a la cadena KTLA que los investigadores hallaron conversaciones sobre la manera de entrar al campus para ejecutar la agresión.

Sin embargo, las autoridades no encontraron armamento durante los registros. Montanez afirmó que las adolescentes seguían en una etapa de planificación, sin haber fijado una fecha ni haber conseguido armas. El funcionario subrayó que, por ese motivo, no existían indicios de que el ataque fuera inminente.

El Distrito Escolar confirmó que ninguna de las dos volvió a los campus desde que comenzó la investigación. La entidad coopera con el FBI, la Oficina del Sheriff del condado y la policía local en las diligencias, que siguen abiertas.

El posible móvil detrás del plan y lo que falta esclarecer

Montanez describió el caso como un posible plan vinculado con una venganza. Sin embargo, el mismo funcionario reconoció que no conoce un motivo específico que permita establecer qué impulsó las conversaciones atribuidas a las adolescentes.

La policía tampoco identificó posibles víctimas ni objetivos concretos dentro de la escuela. La falta de esos datos impide determinar si el presunto plan se dirigía contra personas determinadas o contra la comunidad educativa en general.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo en un comunicado que “un posible acto de violencia dirigida contra una escuela secundaria del sur de California fue frustrado antes de que alguien sufriera daños”.

El funcionario agregó que “no hay una prioridad mayor que proteger a nuestros niños” y que las amenazas contra las escuelas recibirán la respuesta conjunta de las autoridades federales y sus organismos asociados, tal como recogió Los Angeles Times.

Un detective retirado de la Policía de Nueva York enfrenta un cargo de asesinato por el tiroteo que mató a Koran Irvine en el puente George Washington, ocurrido la noche del martes 20 de octubre. Las autoridades investigan el caso como un posible episodio de violencia vial, informó CBS New York.

Victor Romero, de 62 años, fue identificado por la Policía como el acusado. Romero dejó la Policía de Nueva York hace 25 años, tras haber trabajado durante siete años en la institución y alcanzar el rango de detective en el área de narcóticos, detalló el medio estadounidense.

La víctima, Koran Irvine, tenía 46 años y residía en Valley Cottage, en el condado de Rockland. Fue encontrado con una herida de bala luego de que agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria acudieran al puente por el aviso de un choque en el carril central.

La Policía halló a Irvine herido tras atender un choque en el puente

El tiroteo ocurrió poco después de las 19:00 del martes, en el puente George Washington, que conecta los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Irvine fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente murió, de acuerdo con la información publicada por CBS New York.

Los investigadores analizan las circunstancias previas a los disparos y revisan imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. La tecnología del puente y los sistemas de lectura de matrículas permitieron avanzar en la identificación del vehículo que, presuntamente, estaría relacionado con el hecho.

La Policía recuperó un arma que será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada en el ataque. Asimismo, el vehículo de Romero quedó bajo custodia de las autoridades, mientras agentes de la Policía de Nueva York se dirigieron a su vivienda en Haverstraw, en el estado de Nueva York, con el objetivo de ejecutar una orden de registro, aseguró el canal.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron una reconstrucción completa de la secuencia que derivó en la muerte de Irvine. La hipótesis inicial apunta a una discusión entre conductores, aunque la pesquisa continúa para determinar responsabilidades y confirmar el vínculo del arma recuperada con el homicidio.

Romero se retiró de la Policía de Nueva York después de recibir un disparo

Romero ingresó a la Policía de Nueva York en 1994 y trabajó durante siete años antes de retirarse por incapacidad. El exdetective había resultado herido de bala durante un robo en la lavandería de monedas de su familia, ubicada en Brooklyn, indicó CBS New York.

El medio también señaló que, en 2000, la Junta de Revisión de Quejas Civiles recibió una denuncia contra Romero por haber disparado un arma. Sin embargo, el entonces agente dejó la fuerza antes de que el organismo concluyera su investigación.

Ese antecedente forma parte de los datos divulgados tras su arresto, pero no fue presentado por las autoridades como una prueba vinculada al tiroteo del puente. La investigación actual se centra en las pruebas físicas, el vehículo bajo custodia y las grabaciones que podrían mostrar lo ocurrido antes de que Irvine fuera baleado.

La acusación por asesinato supone que los fiscales atribuyen a Romero la muerte de Irvine. El proceso judicial deberá establecer los cargos definitivos y evaluar la evidencia reunida por los investigadores.

Irvine trabajó 20 años en Con Edison y deja a su esposa y dos hijos

Irvine llevaba dos décadas como empleado de Con Edison, la empresa de servicios públicos de Nueva York. La compañía expresó sus condolencias a la familia y describió la muerte de su trabajador como un “acto de violencia sin sentido”, en una declaración recogida por CBS New York.

Familiares y vecinos se reunieron en la vivienda de Irvine en Valley Cottage tras conocerse el crimen. Anthony Hodges, amigo de la víctima, afirmó al canal que su muerte era “algo sin sentido” y lo recordó como una persona alegre, cercana y siempre dispuesta a conversar.

Una vecina, Hope Dorcelly, contó que Irvine les había llevado huevos de las gallinas que criaba para darles la bienvenida al barrio. “Estamos completamente devastados por la familia”, manifestó en declaraciones difundidas por el medio.

Irvine estaba casado desde hacía 15 años con Patricia y era padre de una adolescente y un niño menor. En un mensaje publicado en una campaña de recaudación, su familia señaló que “su familia era su mundo”, que amaba profundamente y procuraba darles la mejor vida posible.

El proceso judicial por el fallecimiento de la ciudadana hondureña Floridalma Roque retornará a los tribunales de Guatemala tras más de 15 meses sin avances en el litigio penal.

El Juzgado Quinto Penal fijó para el próximo viernes 23 de octubre la audiencia en la que se definirá si el cirujano plástico Kevin Malouf y dos de sus colaboradoras enfrentarán juicio por el delito de homicidio o por homicidio culposo.

La reactivación del expediente responde a una resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, instancia que dejó sin efecto el fallo previo que favorecía a los procesados con una imputación menor.

Además de Malouf, la medida judicial alcanza a la anestesióloga Lydia Viviana Silva Moreira y a la enfermera Susana Emilia Rojas Cruz, quienes formaban parte del equipo médico.

Los magistrados de la Sala determinaron que existen elementos técnicos y testimoniales que deben evaluarse nuevamente antes de dictar una nueva orden de apertura a juicio.

Entre los argumentos centrales, el tribunal superior enfatizó los informes de los peritos médicos forenses, los cuales evidenciaron la conducta y decisiones tomadas por el cirujano mientras la paciente se agravaba en su clínica.

Con este mandato, el Ministerio Público (MP) insistirá en su acusación original de homicidio simple, una figura que contempla penas significativamente más severas que la negligencia médica.

Un nuevo juez asume el expediente penal

La diligencia judicial estará a cargo del juez Arnulfo Carrera, quien asumió la titularidad de la judicatura luego de que el juzgador anterior, Pedro Laynez, presentó una excusa formal para apartarse del caso.

Laynez había dictado la resolución que benefició a Kevin Malouf con el cambio de delito a homicidio culposo, una decisión que generó el rechazo de los querellantes y de la fiscalía.

Debido al relevo en el juzgado, existe la posibilidad procesal de que el nuevo magistrado deba repetir la audiencia de etapa intermedia.

Esta repetición permitiría a las partes exponer la totalidad de los indicios recabados para que la judicatura resuelva conforme a lo instruido por la judicatura superior.

Antecedentes de la desaparición y muerte de la paciente

La víctima, una hondureña de 59 años y residente en Estados Unidos, viajó a la capital guatemalteca para someterse a una intervención estética en el rostro y los párpados el 13 de junio de 2023.

La operación se efectuó en la clínica privada del médico, ubicada en la zona 14. Aquel día fue la última vez que sus allegados la vieron con vida, lo que derivó en una intensa búsqueda y en denuncias públicas ante su falta de respuesta.

Para encubrir el deceso, el personal médico montó una simulación en la que una enfermera salió del edificio en silla de ruedas vestida con las prendas de Roque y abordó un taxi.

Las pesquisas fiscales y la posterior confesión de implicados revelaron que el cadáver fue retirado en un contenedor de basura, trasladado y desmembrado.

Los restos humanos fueron localizados el 5 de junio de 2024 en el interior de una fosa en Escuintla, casi un año después de su desaparición.

Se siguen conociendo detalles del crimen contra Mateo Pérez Rueda, periodista de 24 años cuyo cuerpo fue hallado el 8 de mayo en una fosa de Briceño, municipio del norte del departamento de Antioquia, hecho que fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según la necropsia divulgada por Canal 1 Noticias, las autoridades calificaron el caso como homicidio porque el comunicador habría fallecido a causa de heridas de arma de fuego. Además, el informe ubicó la posible fecha de muerte alrededor del 5 de mayo de 2026, aunque señaló que se requieren más elementos para determinarla con precisión.

El examen forense registró cinco heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. Dos impactaron el cráneo y produjeron lesiones cerebrales; una afectó el pulmón derecho, otra lesionó el hígado y la quinta provocó una fractura en la rodilla izquierda y daños en vasos sanguíneos importantes.

La causa de muerte quedó consignada así en el informe: “Los hallazgos de necropsia permiten concluir como causa de muerte: proyectil de arma de fuego de carga única con extensa lesión del cráneo que le ocasionan una laceración encefálica que lo lleva a la muerte”.

El documento indicó que la ubicación de los impactos en la cabeza permite plantear esa hipótesis forense. “Por las características de ubicación anatómica de las lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo que sugieren patrón tipo ejecución”, señaló el reporte citado por Canal 1 Noticias.

Además de las lesiones por arma de fuego, el examen identificó heridas con elemento cortante en el abdomen y detrás de la rodilla derecha. Según el informe, estas lesiones fueron causadas después de la muerte. El médico forense planteó que podrían responder a un intento de modificar las condiciones del cuerpo o de dificultar su ubicación, sin establecer de forma definitiva el propósito ni la autoría de esas heridas.

La necropsia definió la muerte como violenta, médico-legal y como homicidio. También resaltó las condiciones del hallazgo del cuerpo en una fosa ilegal de Briceño. “El hallazgo del cuerpo al interior de una fosa ilegal sugiere que se trata de un desaparecido al cual se quería ocultar”,.

Mateo Pérez Rueda era director de El Confidente de Yarumal, un medio digital que fundó cuando estudiaba en el colegio. También cursaba Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su trabajo periodístico incluía la cobertura de corrupción, grupos delincuenciales, enfrentamientos entre actores armados y desplazamiento forzado en el norte de Antioquia, según la Sociedad Interamericana de Prensa.

Las autoridades atribuyeron su asesinato a integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. La información preliminar indicó que desapareció el 5 de mayo mientras realizaba reportajes sobre los combates en la vereda Palmichal, en Briceño. El presidente Gustavo Petro señaló entonces a Jhon Edison Chalá Torrejano como responsable y situó el crimen en la vereda El Hoyo. La responsabilidad individual y las circunstancias definitivas de los hechos permanecen bajo investigación judicial.

Víctor Chalá no aceptó los cargos por el crimen del periodista

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó a John Edison Chalá Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá y señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El ente acusador le atribuyó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de cargos relacionados con armas de fuego. La investigación sostiene que Pérez Rueda fue interceptado cuando se dirigía en motocicleta a la vereda Palmichal por asuntos de trabajo.

Según la Fiscalía, hombres armados llevaron al periodista a una escuela de un caserío de la zona, donde Chalá habría llegado para interrogarlo sobre su presencia y sus actividades en el territorio. La hipótesis de la acusación se relaciona con un chat que el grupo habría encontrado en el teléfono de la víctima con un integrante del Ejército Nacional; a partir de ello, presuntamente lo acusaron de colaborar con la Fuerza Pública.

La Fiscalía sostuvo que el señalado cabecilla le disparó para presionarlo a entregar información y que, ante su negativa, habría ordenado cavar un hueco para asesinarlo y enterrarlo. Estos hechos hacen parte de la investigación judicial y deberán ser definidos en el proceso. No obstante, el procesado no aceptó los cargos, por lo que fue enviado a un centro penitenciario mientras avanza la investigación.

Carlos Pérez, padre del periodista, pidió que el expediente avance sin dilaciones. “No poniéndole tantas trabas a todo, que diario dicen que no hay jueces, que no hay una, la otra es un ir sacando disculpas o no sé si serán disculpas, pero en dilatando diario los procesos”, manifestó.

También reclamó que la investigación alcance a todos los involucrados: “Ojalá que siga adelante y podamos darle punto final y para que condenen los que haya que condenar”. Sobre el relato que conoció del ataque, agregó: “La forma cruel como lo hizo, pues iba pasando el arma a varios, a cada uno de los que había ahí para que le fueran disparando”.

Julián Pérez, hermano de la víctima, valoró la imputación y solicitó que las autoridades localicen a quienes habrían participado en el crimen. “Sí esperamos mucho apoyo por parte del gobierno para que se les pueda también traer ante la justicia de los coautores que todavía falta por capturar”, dijo a Blu Radio.

Chalá fue capturado el 12 de junio junto con Wilfredo Hernández Botina, alias el Indio; Diego Alejandro Bernal Hernández; Luis Felipe Morales Cataño; César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez, quienes serían integrantes de la subestructura armada.

Joseph “Troubles” Matos tiene 44 años, es considerado un miembro de alto rango de la pandilla callejera Milwaukee Kings y lleva casi un año y medio prófugo de la justicia federal.

Este martes, el FBI decidió incluirlo en su lista de los 10 fugitivos más buscados de Estados Unidos y elevó la recompensa por su captura de USD 50.000 a hasta USD 1 millón, en un intento por cerrar un caso que lleva más de cuatro años abierto. El caso fue informado por ABC News a partir de datos y declaraciones de la agencia federal.

Chrys Carvajal acababa de completar su entrenamiento básico en la Guardia Nacional y había vuelto a Chicago a pasar el feriado del 4 de julio de 2021 con su familia. La noche del 3 de julio, tras una fiesta en el barrio de Belmont Cragin, caminaba hacia su auto cuando recibió los disparos que le costaron la vida.

Tenía 19 años, no contaba con antecedentes penales ni vínculos con ninguna pandilla, tal como estableció la investigación federal.

El móvil detrás del crimen y la situación judicial del caso

De acuerdo con el FBI, Matos y un cómplice identificado como Gary Roberson dispararon contra Carvajal en lo que las autoridades describen como un ataque “sin sentido”.

Los investigadores determinaron que el móvil del crimen fue fortalecer la posición de los tiradores dentro de la organización criminal.

En mayo de 2024, un tribunal federal emitió órdenes de arresto contra ambos sospechosos por cargos de asesinato en apoyo a actividades de crimen organizado y homicidio mediante el uso de arma de fuego.

Roberson fue detenido pocos días después, pero Matos logró escapar de las autoridades y continúa en libertad.

Los tatuajes del prófugo y la advertencia del FBI

Uno de los detalles más llamativos del caso es la apariencia física de Matos. Ryan Whalen, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Chicago, detalló que el fugitivo tiene la frase “MOST WANTED” —“más buscado”, en español— tatuada en el estómago, una coincidencia que no pasó inadvertida ahora que integra, literalmente, esa lista.

Entre sus otros tatuajes distintivos figuran “M-Town Kings” en el lado derecho del cuello, “1300” en el izquierdo, “Heavensent, Hellbound” en los antebrazos, “Move in Silence” en la mano derecha y “Trust no one” en la izquierda.

Las autoridades federales creen que Matos se esconde en el área metropolitana de Chicago, aunque mantiene vínculos con Texas y California.

Whalen se dirigió de forma directa al fugitivo durante la rueda de prensa: “No te puedes esconder del FBI. Ya sea que estés cerca de casa o en el rincón más lejano del mundo, el alcance del FBI no tiene límites. La justicia te encontrará”.

Whalen también advirtió a quienes puedan estar encubriendo al prófugo. “Cualquiera que colabore para que no sea atrapado está cometiendo un delito federal grave y será responsabilizado”, aseguró, con un llamado específico al círculo cercano de Matos para que aporte información sobre su paradero.

El reclamo de la familia Carvajal

Jennifer Ramirez, hermana de Carvajal, lo recordó como un joven valiente, un hermano leal y un hijo amoroso con un propósito en la vida.

“Queremos que la gente recuerde a Chrys no solo por cómo lo perdimos, sino por cómo vivió”, afirmó Ramirez. “Queremos que su legado inspire a los jóvenes a servir a sus comunidades, fortalecer su fe, convertirse en líderes y aspirar siempre al éxito”.

Ramirez instó a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse con las autoridades y pidió que ninguna otra familia tenga que atravesar ese tipo de dolor.

“Nada traerá de vuelta a mi hermano, pero la justicia significaría que su vida importa, que su historia es escuchada y que la lucha de nuestra familia por la verdad y la rendición de cuentas no ha sido en vano”, agregó.

Raúl Castro enfrenta dos procesos judiciales en Estados Unidos vinculados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. Una causa corresponde a la jurisdicción federal y otra fue impulsada por autoridades de Florida.

Los expedientes atribuyen al exmandatario cubano una presunta participación en la decisión y la preparación del ataque. Las acusaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad, que solo podría establecerse en un eventual juicio.

La causa federal incluye cargos por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro asesinatos y dos delitos de destrucción de aeronaves. El proceso estatal, a su vez, se centra en una acusación de conspiración para cometer un delito capital, según Periódico Cubano.

La causa federal plantea una presunta responsabilidad en la cadena de mando

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación federal durante un acto en la Torre de la Libertad, en Miami. Todd Blanche, entonces fiscal general interino, indicó que la investigación estaba a cargo del FBI y que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida llevaría adelante el procesamiento.

Según la hipótesis de los fiscales, Castro integraba la estructura de mando que habría autorizado la operación. En ese momento, era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

La acusación también incluye a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. La fiscalía federal les atribuye una presunta participación en la operación de la Fuerza Aérea Cubana.

El expediente sostiene que agentes cubanos se habrían infiltrado en Hermanos al Rescate para obtener información sobre las actividades de la organización. De acuerdo con los investigadores, esos datos pudieron contribuir a la preparación del derribo.

Las aeronaves realizaban vuelos de asistencia y búsqueda de balseros en el estrecho de Florida. El ataque causó la muerte de Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales.

Tres víctimas eran ciudadanos estadounidenses y una contaba con residencia permanente legal en el país. Una tercera avioneta, pilotada por José Basulto, fundador de la organización, logró regresar a territorio estadounidense.

Las penas federales dependen de los cargos que prosperen

El Departamento de Justicia informó que los delitos federales de asesinato y conspiración pueden contemplar, según el caso, pena de muerte o cadena perpetua. Cualquier sanción requeriría una condena dictada por un tribunal.

Para Castro y Pérez-Pérez, cada cargo por destrucción de aeronaves puede implicar una pena máxima de cinco años de prisión. La eventual exposición penal depende de los delitos que se acrediten en el proceso.

La presentación de la acusación no supone que los imputados hayan sido juzgados o condenados. El expediente expone el planteo de la fiscalía, que debería ser demostrado bajo las normas del proceso penal.

La causa federal fue anunciada en mayo. Su investigación se concentra en la presunta cadena de mando, las tareas de inteligencia previas y la responsabilidad atribuida a los acusados.

Florida abrió un expediente estatal separado por el mismo ataque

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó el inicio de la causa estatal durante un acto en la Universidad Internacional de Florida. Su oficina atribuyó a Castro una presunta orden final para destruir las avionetas.

La investigación estatal es independiente del expediente federal, aunque ambas causas se refieren al mismo ataque. Los dos procesos incluyen elementos vinculados con las supuestas tareas de inteligencia sobre Hermanos al Rescate.

La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmó una orden de arresto sin derecho a fianza. La decisión se sustentó en la existencia de causa probable para disponer una detención.

Las pesquisas del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida indican que agentes vinculados con la operación habrían actuado desde los Cayos hasta Miami. Según la fiscalía, habrían reunido información sobre la organización y luego la habrían transmitido a autoridades cubanas.

El planteo estatal utiliza esas actividades para establecer una conexión territorial con Florida. Los disparos contra las aeronaves, según el expediente citado por Periódico Cubano, ocurrieron fuera de ese estado.

La ley de Florida prevé una pena máxima ordinaria de 30 años

La causa estatal invoca el artículo 777.04, que clasifica la conspiración para cometer un delito capital como delito grave de primer grado. Bajo el régimen ordinario, esa figura contempla hasta 30 años de prisión.

La normativa permite además una multa general de hasta USD 10,000. Algunas disposiciones pueden establecer variaciones cuando existen ganancias o pérdidas económicas vinculadas con el delito investigado.

La pena concreta dependería del contenido definitivo de la acusación, de las normas aplicables a hechos de 1996 y de una eventual resolución judicial.

Uthmeier agradeció la colaboración del FBI. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones expresó su respaldo al avance paralelo de las investigaciones.

La ejecución de las órdenes de arresto enfrenta dificultades mientras Castro permanezca en Cuba. Una eventual detención en otro país dependería de la cooperación internacional y de los procedimientos legales que correspondan en esa jurisdicción.

Digna Ochoa y Plácido fue una abogada y defensora de derechos humanos que acompañó casos relacionados con abusos de autoridad, labor por la que recibió múltiples amenazas.

El 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. La investigación oficial concluyó que su muerte había sido un suicidio, una versión cuestionada durante años por su familia y organizaciones civiles debido a las irregularidades del expediente.

Veinte años después, el 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado mexicano por las graves irregularidades cometidas durante la investigación y por las violaciones a los derechos de sus familiares.

La sentencia ordenó medidas para reparar el daño, continuar las indagatorias y prevenir que se repitieran fallas similares en casos de agresiones contra personas defensoras. El tribunal no determinó quién causó la muerte de Ochoa ni declaró culpable a una persona en particular.

A casi cinco años de esa resolución y en el 25 aniversario de la muerte de la abogada, familiares y organizaciones civiles denunciaron que 13 de las 15 medidas ordenadas siguen sin cumplirse integralmente. El 19 de octubre de 2026, frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), exigieron avances para esclarecer el homicidio y reclamaron acciones pendientes, entre ellas fortalecer el mecanismo de protección a personas defensoras y garantizar la aplicación efectiva de un protocolo para investigar ataques contra ellas.

La sentencia internacional que México todavía debe cumplir

La Corte IDH emitió su sentencia el 25 de noviembre de 2021 en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México. Determinó que el Estado era responsable internacionalmente por las violaciones relacionadas con la investigación de la muerte de la defensora y por las afectaciones que sufrieron sus familiares durante la búsqueda de verdad y justicia.

El tribunal concluyó que la investigación no cumplió con los estándares necesarios para esclarecer las circunstancias de la muerte. También señaló que se descartaron líneas de investigación sin una justificación adecuada y que las diligencias no incorporaron de manera suficiente la perspectiva de género ni el contexto de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.

La resolución no se limitó a ordenar compensaciones económicas. La Corte estableció 15 medidas de reparación que incluyen continuar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte y, en su caso, juzgar y sancionar a las personas responsables; brindar atención médica y psicológica a las víctimas; realizar actos de reconocimiento de responsabilidad; y desarrollar acciones para prevenir nuevas violaciones.

Entre las garantías de no repetición figuran fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, crear un mecanismo de protección de testigos, impulsar reformas relacionadas con la autonomía de los servicios periciales y establecer un protocolo federal especializado para investigar ataques contra personas defensoras.

El Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública el 19 de octubre de 2022. Sin embargo, la realización de ese acto no significó que todas las medidas de la sentencia estuvieran cumplidas. En su resolución de supervisión del 26 de junio de 2023, la Corte IDH evaluó avances parciales en algunas reparaciones y solicitó información adicional sobre otras.

En septiembre de 2025, organizaciones que representan y acompañan a la familia ya FGJCDMX En el aniversario de 2026 volvieron a señalar que el cumplimiento continúa incompleto y reclamaron acciones concretas de las autoridades.

La investigación sigue sin esclarecer la muerte de Digna Ochoa

Digna Ochoa fue encontrada sin vida el 19 de octubre de 2001 en un despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Antes de su muerte había recibido amenazas e intimidaciones, por lo que organismos interamericanos habían solicitado medidas para protegerla.

La investigación ministerial abrió distintas líneas, entre ellas una relacionada con una posible autoría militar y otras centradas en su entorno familiar, social y laboral. En 2003, el Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal y descartó la hipótesis de homicidio para inclinarse por la de un “suicidio disimulado”. Después de nuevas diligencias y recursos, en 2010 se aprobó otro acuerdo de no ejercicio de la acción penal.

La Corte IDH examinó las deficiencias de la investigación, entre ellas problemas en la cadena de custodia, procedimientos periciales y dictámenes que no cumplían con requisitos metodológicos suficientes. También consideró el efecto de los estereotipos de género y el tratamiento que recibió la defensora durante las diligencias.

La sentencia ordenó al Estado promover y continuar las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte y, si corresponde, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables. Por ello, el reclamo de la familia no se limita a conocer el estado administrativo del expediente: exige que las autoridades informen qué se ha investigado, qué líneas permanecen abiertas y qué falta por hacer para alcanzar resultados.

En el acto del 25 aniversario, las organizaciones insistieron en que la Fiscalía capitalina debe ofrecer información sustantiva sobre los avances y desarrollar las diligencias con perspectiva de género, sin estereotipos que desacrediten a la víctima o a su trabajo.

El Mecanismo de Protección, entre las medidas pendientes

La sentencia de la Corte IDH ordenó elaborar un plan calendarizado para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de mejorar la respuesta institucional ante las amenazas y agresiones que enfrentan quienes realizan esa labor.

La medida busca que la protección no dependa únicamente de incorporar a una persona al sistema, sino que existan capacidades suficientes para evaluar riesgos, coordinar a las autoridades y aplicar acciones oportunas. En el aniversario, las organizaciones reclamaron que se avance en el fortalecimiento del mecanismo y se atiendan las deficiencias que dificultan la protección efectiva.

Las cifras presentadas por ARTICLE 19 y las organizaciones que acompañan el caso dimensionan los obstáculos de acceso. Entre 2024 y junio de 2026, el mecanismo recibió 409 solicitudes de protección, de las cuales 289 fueron inadmitidas, equivalentes a 70.66 por ciento. Las organizaciones también advirtieron que personas defensoras han sido asesinadas mientras contaban con medidas de protección o esperaban su incorporación.

El porcentaje de solicitudes inadmitidas no significa que todas correspondieran a personas en riesgo inminente. Sin embargo, las organizaciones consideran que los datos muestran barreras administrativas que deben revisarse y que el cumplimiento de la sentencia requiere compromisos con recursos, capacidades técnicas, responsabilidades definidas y participación de la sociedad civil.

El protocolo especializado fue aprobado, pero falta garantizar su aplicación

Otra medida busca establecer un protocolo específico y especializado para investigar ataques contra personas defensoras de derechos humanos. La finalidad es que las autoridades consideren desde el inicio si una agresión está relacionada con la labor de la víctima, identifiquen patrones de violencia y eviten descartar esa línea sin una revisión adecuada.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido en el 25 aniversario, la Fiscalía General de la República aprobó el protocolo el 14 de agosto de 2026. Sin embargo, las organizaciones reclamaron un plan de implementación con presupuesto, capacitación, responsables y plazos definidos.

La aprobación del documento no garantiza por sí sola que las fiscalías lo apliquen en las investigaciones. Para que la medida tenga efectos verificables, las autoridades deben precisar cómo capacitarán al personal, cómo supervisarán el cumplimiento de los criterios y qué indicadores utilizarán para medir la eficacia de las diligencias.

La sentencia también ordenó desarrollar un plan de capacitación para el personal de investigación y crear indicadores que permitan evaluar la efectividad del protocolo. El objetivo es que las investigaciones de ataques contra personas defensoras incorporen herramientas adecuadas para identificar posibles motivos vinculados con su actividad y evitar que se repitan deficiencias como las documentadas en el caso de Ochoa.

Protección de testigos y autonomía pericial, otros compromisos

Entre las medidas ordenadas por la Corte IDH también está crear e implementar un mecanismo de protección para testigos que intervengan en procedimientos penales. La resolución busca que quienes aportan información puedan hacerlo con garantías suficientes frente a posibles amenazas o represalias.

El tribunal ordenó, además, impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales, así como promover cambios a la legislación federal de protección a personas que intervienen en procedimientos penales. Estas medidas pretenden atender problemas institucionales que pueden afectar la calidad de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.

El cumplimiento de estos compromisos exige más que presentar propuestas o documentos. Las organizaciones piden que se definan mecanismos de ejecución, responsables y plazos, de modo que pueda verificarse qué acciones se concretaron y cuáles continúan pendientes.

La campaña nacional y las reparaciones a la familia

La sentencia ordenó diseñar e implementar una campaña nacional para reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos. La medida busca combatir la estigmatización y contribuir a que esa actividad sea reconocida como una parte fundamental de la defensa de derechos y de la rendición de cuentas.

En su pronunciamiento del 25 aniversario, las organizaciones también reclamaron el cumplimiento de medidas relacionadas con la atención médica y psicológica de las víctimas y la denominación de calles con el nombre de Digna Ochoa y Plácido en Misantla, Veracruz, y en la Ciudad de México.

La Corte IDH evaluó parte de estas reparaciones en su resolución de supervisión del 26 de junio de 2023. En materia de atención médica, reconoció avances, pero determinó que el cumplimiento era parcial y pidió información adicional sobre aspectos como la atención psicológica, los gastos de traslado y las deficiencias señaladas por los representantes de las víctimas.

En esa misma resolución, el tribunal revisó la publicación y difusión de la sentencia, el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas, la denominación de calles y el pago de indemnizaciones. Solicitó información complementaria para valorar el cumplimiento total de las medidas que todavía no podían darse por concluidas.

Una sentencia que busca cambiar la respuesta institucional

El contexto de riesgo continúa siendo una preocupación. Las organizaciones informaron que durante 2025 documentaron 43 asesinatos de personas defensoras en México y alertaron sobre amenazas, criminalización, vigilancia, desapariciones y otras agresiones contra quienes defienden derechos humanos, sus familias y sus comunidades. La cifra corresponde a la documentación de las organizaciones y no a un registro oficial único.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acudió al velatorio del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. A su llegada, algunos asistentes lo increparon con gritos de “¡Justicia para Foppa!”, en medio de reclamos por el avance de la investigación y por las detenciones que luego derivaron en la liberación de dos hermanos señalados inicialmente por el crimen.

El ataque ocurrido el sábado 17 de octubre en la Ciudad de Guatemala también causó la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 53 años e integrante de la Federación de Judo.

La Fiscalía mantiene el expediente bajo reserva mientras analiza los indicios para identificar a los autores materiales e intelectuales.

Al ser increpado por algunos asistentes, el mandatario aseguró: “También exigimos justicia y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que este crimen horrible se esclarezca y las personas que sean responsables tengan el castigo que les corresponde”.

Según dijo, el Gobierno está colaborando con el Ministerio Público para facilitar la investigación y lograr que se esclarezcan los autores materiales e intelectuales del crimen contra el abogado.

Arévalo descartó un estado de excepción y cuestionó las fallas en la seguridad de Foppa

Consultado sobre la posibilidad de decretar un estado de excepción en el departamento de Guatemala, Arévalo afirmó que esa medida no resulta necesaria.

Argumentó que no existen protestas sociales ni un escenario de conflictividad que impida el desarrollo de las diligencias judiciales.

“El estado de excepción no es necesario en la medida de que no existen condiciones que estén obstaculizando la investigación”, declaró.

Añadió que el Ejecutivo busca facilitar el trabajo de las instituciones responsables para que identifiquen “lo más rápido posible” a los responsables del doble homicidio.

El futuro de David Custodio Boteo quedó sujeto a las investigaciones

Arévalo evitó anticipar cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), incluido su director general, David Custodio Boteo.

“De momento estamos esperando el resultado de la investigación de la Inspectoría General y del Ministerio Público y, a partir de ahí, se tomarán las decisiones correspondientes”, respondió.

El presidente indicó que pidió a la Inspectoría General de la PNC investigar la actuación de los agentes que intervinieron en la captura de los primeros sospechosos.

Aseguró que las autoridades actuarán según las conclusiones de esa pesquisa y de las diligencias del Ministerio Público (MP).

El presidente también fue interrogado por medios de comunicación por la protección asignada a Solórzano Foppa y la efectividad de ese esquema.

“Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa o si es que hubieron irregularidades en el arresto de los hermanos Choc, sufrirán las consecuencias”, afirmó.

De acuerdo con las primeras versiones, los escoltas del exfiscal custodiaban a su hijo menor, a una distancia de entre 30 y 40 metros, por una instrucción atribuida al propio abogado. Ese aspecto forma parte de las dudas planteadas después del ataque.

Los hermanos Choc Toz podrían recibir apoyo económico y sicológico

El mandatario guatemalteco también se refirió sobre la detención de los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz señalados en un principio del ataque contra Solórzano Foppa, quienes señalaron a la Policía Nacional Civil de implantarles un arma de fuego.

Aunque estuvieron detenidos, un juzgado ordenó su liberación tras determinar que no existían elementos suficientes para mantenerlos vinculados al proceso. La decisión se produjo menos de 24 horas después de su captura.

Ante esta situación Arévalo afirmó que la liberación inmediata fue la respuesta institucional ante una detención que no se justificó ante el juez.

“Quienes estén intentando usar el sistema para criminalizar a las personas por cualquier razón, están viendo que esa posibilidad ya no existe”, dijo el presidente.

También señaló que la información sobre la posible responsabilidad de los policías permanece reservada por decisión del MP, para evitar interferencias en la investigación.

El mandatario añadió que el Gobierno evaluará si existen mecanismos de apoyo psicológico o económico para los hermanos Choc Toz, según las circunstancias en las que se encuentren y el desarrollo de las investigaciones.

Arévalo señala de utilizar el crimen de Solórzano Foppa de manera política

Al finalizar su intervención, el mandatario guatemalteco pidió que el asesinato del exfiscal no sea utilizado con fines partidarios en el contexto electoral y reclamó una respuesta institucional contra el crimen y la desestabilización.

“Dejen de intentar utilizar (el homicidio de Solórzano Foppa) para beneficio de partidos políticos en el contexto electoral”, dijo.

Agregó: “Tenemos que entender que este hecho nos convoca a reunirnos para reafirmar los principios de lucha contra el crimen, por la democracia, por la libertad y en contra de todos aquellos que ahora están intentando utilizar esto para crear desestabilización y miedo. Tenemos que unificarnos para rechazarlo”.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que activó investigaciones internas y externas por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar, así como por el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz, quienes quedaron libres al dictarse falta de mérito.

La institución también solicitó recursos urgentes para adquirir cámaras corporales y sistemas de videovigilancia destinados a patrullas, para evitar supuestos malos procedimientos por parte de los agentes de la policía en Guatemala.

En el comunicado publicado este lunes 19 de octubre, la Dirección General de la PNC informó que equipos de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) trabajan de forma coordinada con el Ministerio Público (MP) para esclarecer el doble crimen ocurrido el 17 de octubre en unas canchas deportivas de la ciudad guatemalteca.

La PNC sostuvo que sus unidades especializadas investigan el caso tanto desde el plano externo como dentro de la institución.

El objetivo, según el texto oficial, es determinar las circunstancias en las que murieron Solórzano Foppa y Aguilar, además de establecer si hubo responsabilidades entre los agentes vinculados al procedimiento contra los hermanos Choc Toz.

La comunicación institucional no identifica a los policías bajo revisión ni detalla las circunstancias de la captura. Sí afirma que las áreas de investigación y supervisión evalúan “minuciosamente” la actuación de los agentes para verificar que se haya ajustado a la ley y a las garantías fundamentales.

No obstante, fuentes cercanas a la institución indicaron que por lo menos cuatro agentes de la policía están siendo investigados luego de la detención de los hermanos Choc Toz.

“Cuatro equipos de DEIC” siguen el doble asesinato, según David Custodio Boteo

En una entrevista con TN23, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que la investigación penal se encuentra bajo reserva por decisión del Ministerio Público. Añadió que la Policía Nacional Civil asignó recursos específicos para acompañar las directrices de los fiscales.

“Tenemos cuatro equipos de DEIC, de los mejores equipos de delitos contra la vida, que están dándole seguimiento al caso”, afirmó el jefe policial al referirse al doble asesinato. Según explicó, esos grupos buscan avanzar en las pesquisas por las muertes de Solórzano Foppa y Aguilar.

El funcionario también indicó que la Inspectoría General revisa, en paralelo, el procedimiento realizado por los policías que tuvieron a su cargo la detención de los hermanos Choc Toz. “Son dos equipos especiales que se tienen asignados para apoyar las directrices” emitidas por el Ministerio Público, dijo Boteo durante la entrevista.

Infobae ha tratado de comunicarse con el director de la Policía Nacional Civil para conocer más detalles sobre las pesquisas, el alcance de la revisión a los agentes y las medidas adoptadas tras los hechos. Hasta el cierre de esta nota, el funcionario no había respondido las llamadas.

La PNC pidió fondos para cámaras corporales y videovigilancia en patrullas

La institución anunció que buscará acelerar, por las vías normativas disponibles, la compra e implementación de body cams para los uniformes policiales y de sistemas de grabación para las patrullas. La PNC plantea que el equipamiento aporte registros objetivos de cada intervención y permita verificar la actuación de los agentes.

Boteo aseguró a TN23 que la institución ya prueba cinco cámaras corporales dentro del Plan de Policía Metropolitana. El plan inicial apunta al distrito central y al departamento de Guatemala, donde la PNC prevé comenzar la implementación si logra la asignación presupuestaria.

El director estimó que el proyecto requiere un promedio de Q25 millones, alrededor de USD 3.2 millones, para contratar los equipos y los servicios tecnológicos asociados. La PNC no precisó cuántos dispositivos prevé incorporar durante la primera etapa.

En su comunicado, la institución argumentó que la tecnología busca evitar abusos contra la población, proteger a los agentes ante acusaciones falsas y respaldar las investigaciones sobre procedimientos cuestionados.

Los diputados de Raíces pidieron al presidente Bernardo Arévalo que decrete un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala.

La petición se realizó luego del asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 capitalina.

En su pronunciamiento, la agrupación sostuvo que el Ejecutivo debe asumir de forma directa la respuesta ante la criminalidad y utilizar los mecanismos legales disponibles para recuperar el control de la seguridad.

La propuesta plantea una medida limitada en territorio y tiempo, cuya eventual ratificación dependería del Congreso. Raíces afirmó que los legisladores de ese grupo serán los primeros en respaldar la disposición si llega al pleno.

El texto también solicita apoyo nacional e internacional especializado para esclarecer el crimen de Solórzano Foppa y determinar a los responsables materiales e intelectuales.

El ataque contra Solórzano Foppa dejó también muerto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva el expediente y ha señalado que analiza las hipótesis relacionadas con el caso.

El Gobierno de Guatemala informó que las pesquisas incluyen peritajes balísticos, cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

El asalto a una joyería y otros ataques reavivaron las alertas en la capital

El pedido de estado de excepción ocurre después de varios hechos violentos registrados durante octubre en la Ciudad de Guatemala, aunque las autoridades no han establecido vínculos entre esos casos.

El 13 de octubre, tres hombres armados asaltaron una joyería ubicada en la 9.ª calle, entre la 6.ª y la 7.ª avenidas de la zona 1. Los agresores rompieron vitrinas, tomaron alhajas y escaparon con mochilas.

El hecho quedó grabado desde un autobús que circulaba por el sector. El MP abrió una investigación para identificar a los responsables.

Un día después, Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, gerente de Medios de Pago del estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN), murió tras recibir dos disparos en la zona 4.

La hipótesis preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) señaló que el funcionario era ajeno a una discusión de tránsito entre un automovilista y un motorista. La investigación debe determinar la secuencia y las responsabilidades por el ataque.

El 2 de octubre, otro ataque armado dejó dos hombres muertos frente a una tienda de la colonia Santa Fe, en la zona 13. Los agresores huyeron en motocicleta y los investigadores analizan el móvil del doble homicidio.

Solórzano Foppa murió durante un partido de fútbol en Campo Marte

Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, fue atacado a tiros mientras participaba en una actividad deportiva en Campo Marte.

La agresión causó la muerte de Aguilar Gamarro y dejó cinco heridos, según información difundida por las autoridades.

El exfiscal tenía protección policial por antecedentes de amenazas vinculadas con su trayectoria profesional.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que los agentes asignados a su seguridad se encontraban a unos 30 o 40 metros, junto al hijo menor de edad de Solórzano Foppa, cuando ocurrió el ataque.

Arévalo condenó el crimen y pidió que respondan ante la justicia tanto los ejecutores como quienes hubieran ordenado el asesinato.

La familia del exfiscal y abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, exigió una investigación pronta, exhaustiva, objetiva y transparente para identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.

En un comunicado, los familiares afirmaron que el crimen representa una “pérdida irreparable” y pidieron que las instituciones actúen “con la diligencia, independencia y responsabilidad que este caso exige”. También reclamaron justicia por Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, quien murió durante el ataque armado.

Julio Solórzano Foppa, tío del exfiscal y hermano de Silvia Foppa, madre de la víctima, describió el asesinato como “un acto terrible de violencia” y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el país.

“No solo es un atentado contra su vida; estas cosas tienen otros propósitos y ciertamente otros impactos: generar miedo, generar desconfianza, desestabilizar el país”, afirmó.

El familiar sostuvo que Solórzano Foppa dedicó su trayectoria a la justicia y a la denuncia pública. “Juan Francisco fue una persona dedicada toda su vida a la justicia, a la denuncia. Un hombre extraordinariamente valiente y trabajador”, expresó.

La familia vinculó el crimen con una historia de violencia política

Julio Solórzano Foppa recordó que su familia sufrió asesinatos y desapariciones durante el conflicto armado interno de Guatemala. Mencionó el secuestro y desaparición de Alaide Foppa, madre de Silvia y Julio Solórzano Foppa, el 19 de diciembre de 1980 en la Ciudad de Guatemala.

También señaló que Juan Pablo Solórzano Foppa murió en junio de 1980, Mario Solórzano Foppa fue asesinado en junio de 1981 y el padre del exfiscal, Juan Pablo Solórzano Foppa identificado como el “comandante Camilo” dentro del movimiento revolucionario, murió en 1983.

“Yo personalmente siempre creí que la violencia política había terminado con lo que conmemoramos ahora los treinta años de la firma de los acuerdos de paz”, dijo el tío de Solórzano Foppa.

El familiar pidió evitar conclusiones anticipadas sobre la autoría del crimen, aunque afirmó que el impacto político del asesinato ya está presente.

“En este momento no se puede determinar exactamente, pero esperamos que pronto se sepa quiénes fueron los autores”, indicó.

Julio Solórzano Foppa pidió no utilizar el asesinato con fines políticos

El tío del exfiscal cuestionó a quienes, según dijo, intentan sacar provecho político del asesinato. “Resulta terrible y triste y condenable que haya quienes quieran usar el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa para llevar agua a sus molinos, para beneficiarse políticamente, para acusar a otros”, manifestó.

También destacó el legado profesional de su sobrino, a quien calificó como una persona capaz dentro del Ministerio Público.

Señaló que, cuando fue fiscal contra delitos contra la vida, se modificó una norma interna para que pudiera asumir una jefatura fiscal antes de cumplir 30 años. “Era la persona más capaz en el Ministerio Público en la persecución del crimen organizado, en particular de las maras”, afirmó.

Agregó que Solórzano Foppa fue llevado a Estados Unidos para asesorar sobre pandillas latinoamericanas y recordó su participación en la defensa del periodista José Rubén Zamora.

Sobre la investigación, dijo confiar en las autoridades. Afirmó que el presidente Bernardo Arévalo le comunicó su compromiso con la búsqueda de la verdad y aseguró que el Ministerio Público también trabaja en el caso.

“La investigación apenas comienza”, sostuvo. “Yo tengo mucha confianza en que se tiene que llegar al fondo y que las instituciones a las que les corresponde encontrarán a los responsables intelectuales y materiales y los llevarán a la justicia”.

El comunicado pidió proteger la privacidad de los hijos del exfiscal

La familia informó que el cuerpo de Solórzano Foppa fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) alrededor de las 18:00 del sábado y entregado a sus allegados durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

Los restos son velados desde este lunes 19 de octubre en Funerales Señoriales, zona 9. El martes 20 de octubre, el cortejo partirá a las 7:30 hacia el Parque Central, donde habrá un homenaje público a las 8:00. La sepultura está prevista para las 10:30 en el Cementerio Los Parques.

Los familiares solicitaron respeto por la intimidad de los hijos de Solórzano Foppa. “Honrar la memoria de Juan Francisco también significa respetar aquello que él más amaba y protegía”, señalaron.

Antecedentes del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

Solórzano Foppa, de 43 años, fue atacado a balazos el sábado 17 de octubre mientras se encontraba en una cancha de fútbol del Campo Marte. Durante el hecho también murió Aguilar Gamarro y otras personas resultaron heridas.

El Ministerio de Gobernación informó que las primeras pesquisas apuntan a la posible participación de cuatro personas.

Dos hombres fueron detenidos y su presunta vinculación con el ataque continúa bajo investigación, pero fueron dejados en libertad por falta de mérito. Las autoridades analizan grabaciones, pruebas balísticas y testimonios para reconstruir lo sucedido.

El exfiscal contaba con un esquema de seguridad desde 2010, el cual fue reforzado en noviembre de 2025, según información oficial.

Una jueza de Miami autorizó una orden de arresto contra Raúl Castro al encontrar causa probable para acusarlo de conspirar para cometer asesinatos en primer grado por el derribo de dos aviones civiles de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro muertos.

La orden fue firmada el viernes por la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, Ariana Fajardo Orshan, según informó Miami Herald. La causa sostiene que Castro coordinó acciones con espías que operaban en Miami y Cayo Hueso.

La orden estatal acusa a Raúl Castro de haber participado en una conspiración para asesinar a las cuatro personas que viajaban en dos aeronaves de Hermanos al Rescate, abatidas por la Fuerza Aérea y de Defensa Antiaérea Revolucionaria de Cuba el 24 de febrero de 1996. El expediente vincula el caso con tareas de espionaje realizadas desde Florida.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó en un comunicado: “Raul Castro ordered the murder of four Floridians in cold blood, and Florida will never stop pursuing accountability for that communist conspiracy”.

La investigación sobre los espías en Florida

La declaración jurada presentada ante el tribunal señala que dos espías cubanos se infiltraron en Hermanos al Rescate y reunieron información sobre los vuelos del grupo, formado en Miami para auxiliar a refugiados que escapaban de Cuba.

Según el documento, los agentes también reportaron información sobre la base aérea naval de Cayo Hueso y recibieron instrucciones de transmitir los datos de vuelo de Hermanos al Rescate a las autoridades cubanas.

La red de espionaje habría advertido a sus integrantes que no volaran con la organización entre el 24 y el 27 de febrero. Uno de ellos salió de Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, un día antes del derribo de las aeronaves.

“El acusado, Raul Modesto Castro Ruz, acordó con otros cometer asesinatos en primer grado” contra las personas a bordo de los aviones, indica la declaración jurada. El documento considera que el envío de datos de vuelo y la vigilancia de la instalación naval constituyen causa probable de una conspiración en Florida.

El derribo de los aviones en 1996

La acusación está centrada en el ataque contra dos vuelos de Hermanos al Rescate, ocurrido cuando Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. En el hecho murieron tres estadounidenses y un residente permanente legal.

El gobierno cubano sostuvo que las aeronaves se encontraban sobre aguas cubanas. Estados Unidos y una investigación de las Naciones Unidas concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.

La fiscalía de Florida abrió en marzo una pesquisa penal estatal sobre el papel de Castro en las muertes. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por asesinato y conspiración para matar contra Castro, de 95 años.

La orden emitida por el tribunal de Miami atribuye a Castro un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado.

A tres años del homicidio de Ariel Edgardo Turnaturi, el Gobierno de Santa Fe elevó a $25 millones la recompensa por información que permita esclarecer lo sucedido. La víctima, dueño de una fiambrería, fue asesinado durante un robo en su negocio de Villa Gobernador Gálvez en diciembre de 2023. La medida apunta a obtener datos que permitan identificar a los responsables del ataque.

Turnaturi tenía 45 años y era padre de dos hijos. Era dueño de la fiambrería Prosciutto, ubicada en la esquina de Libertad e Independencia, donde ocurrió el ataque. El incremento del monto busca reactivar la búsqueda de información sobre una investigación que, hasta el momento, no logró establecer quiénes ejecutaron el ataque.

La recompensa forma parte del sistema provincial que busca sumar aportes de la ciudadanía a las pesquisas policiales y judiciales. La Fiscalía evaluará cada dato y el dinero solo se entregará la información resulta relevante para la causa y contribuye a identificar a los responsables.

Las personas que cuenten con información relevante para la investigación pueden comunicarse al 911, enviar un correo electrónico comunicarse a través de los canales oficiales habilitados (recompensas@mpa.santafe.gov.ar) o acercarse a cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación. El Gobierno provincial aseguró que se garantiza la reserva de identidad de quienes colaboren.

El crimen de Ariel Turnaturi en Rosario

El crimen ocurrió el 18 de diciembre de 2023, poco después de las 19 y cerca del horario de cierre de Prosciutto, la fiambrería y despensa de la que Ariel Edgardo Turnaturi era dueño. Según la reconstrucción difundida entonces, tres personas armadas ingresaron al local con fines de robo.

Mientras uno de los sospechosos permaneció en la puerta, los otros dos se dirigieron hacia el mostrador y redujeron a las dos empleadas que estaban en el comercio. Turnaturi se encontraba en el depósito cuando advirtió lo que sucedía y salió a intervenir.

Según los datos publicados por Infobae, el comerciante tomó un tubo de cartón que encontró dentro del lugar y lo utilizó para defender a las trabajadoras. Los asaltantes escaparon del local, pero Turnaturi salió detrás de ellos y los siguió hasta la vereda. En ese lugar, recibió disparos efectuados con un arma de fuego.

Uno de los tiros impactó en el pecho de la víctima, por lo que cayó en el exterior del negocio. De esta manera, fue trasladado de urgencia al Hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Gálvez, y luego derivado al Hospital Provincial de Rosario. Finalmente, pero murió a causa de las heridas.

Los autores del hecho escaparon sin sustraer dinero ni mercadería, en un auto que se encontraba estacionado a pocos metros de la fiambrería. Durante la huida, uno de ellos perdió una zapatilla que fue secuestrada para la investigación, junto con otros elementos relevados en el comercio.

La fuga fue hacia el este, según la información reunida en las primeras horas de la pesquisa. En la escena, los peritos secuestraron dos vainas servidas y el dispositivo de registro de las cámaras del comercio.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios Dolosos Valeria Haurigot. En ese momento, el asesinato de Turnaturi fue contabilizado como el homicidio número 250 de 2023 en el departamento Rosario, de acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Pública.

Tras el asesinato, la familia reclamó avances en la investigación. Su hermano, Maximiliano, afirmó entonces que el comerciante recibió “un solo tiro certero” y cuestionó la violencia del ataque. La familia también recordó que el dueño de la fiambrería había atravesado un episodio de inseguridad meses antes del asesinato.

Arturo Marín, aspirante por Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, en Guerrero, fue asesinado a balazos la noche del sábado, en el primer crimen político registrado en el estado durante el proceso electoral 2026-2027.

Murió en el lugar luego de que hombres armados dispararan contra la camioneta en la que viajaba junto a su esposa y un acompañante, quienes resultaron heridos de gravedad.

El ataque armado en el centro de Cuajinicuilapa

El crimen ocurrió alrededor de las 19 horas del sábado 17 de octubre, en la calle Nicolás, esquina con la calle Dos de Abril, en pleno centro de la cabecera municipal.

Arturo Marín circulaba a bordo de una camioneta color gris junto a su esposa y un acompañante cuando hombres armados a bordo de otro vehículo le dieron alcance. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones a quemarropa.

Marín murió de manera inmediata en el sitio del ataque. Su esposa y el otro acompañante sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a un hospital. Se trata del primer homicidio político del proceso electoral 2026-2027 en el estado. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en su vehículo.

Quién era Arturo Marín

Era sobrino de Alejandro Marín Mendoza, quien en dos ocasiones ocupó la presidencia municipal de Cuajinicuilapa.

El 9 de octubre, Marín había formalizado públicamente, a través de su cuenta de Facebook, su registro en el proceso interno de Morena. Buscaba encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el municipio.

En la publicación con la que anunció su registro, el político compartió el documento oficial del partido y apareció acompañado de su esposa y de sus dos hijos menores de edad. En el texto escribió: “¡La familia es mi inspiración y nuestra gente mi compromiso! Por la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación de la Soberanía Nacional en Cuaji”.

Actuación de las autoridades tras el crimen

Después del ataque, al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes retiraron el cuerpo para trasladarlo a su domicilio antes de que arribaran las autoridades correspondientes.

Más tarde se presentaron elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que llevaron a cabo las diligencias correspondientes para atender el caso.

De manera extraoficial trascendió que los familiares del aspirante no permitieron que se practicara la necropsia de ley sobre el cuerpo.

Las autoridades estatales no han dado a conocer información adicional sobre el avance de las investigaciones ni sobre posibles medidas de seguridad para los candidatos en el municipio.

Disputa por la candidatura y la paridad de género

El registro de Arturo Marín se dio en un contexto de controversia sobre quién puede encabezar la alcaldía de Cuajinicuilapa. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero) había aprobado lineamientos que obligan a partidos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes a postular mujeres en la presidencia municipal en 18 municipios de la entidad, entre ellos Cuajinicuilapa, por criterio de paridad de género.

Esa determinación implicaba que la postulación a la alcaldía de este municipio afromexicano correspondía al género femenino. El actual alcalde, Hildeberto Salinas Mariche, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que busca la reelección, impugnó esta determinación del IEPC.

Violencia política en el proceso electoral 2026-2027

El proceso electoral federal y local 2026-2027 inició oficialmente el 10 de septiembre pasado. El homicidio de Arturo Marín es el primero reportado en Guerrero dentro de este proceso.

El caso recuerda al ocurrido el 26 de agosto de 2025 en el municipio de Zitlala, donde fueron encontrados los cuerpos desbarrancados de Lidia Tehuitzin Guillermo, exaspirante a la alcaldía, y de su esposo Gabriel Vicente Tlatempa, quienes realizaban trabajos de organización para Morena en la región.

De acuerdo con un monitoreo de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el proceso electoral anterior fueron asesinados 38 aspirantes, precandidatos y candidatos en todo el país. Esa cifra superó a la del proceso electoral previo, en el que se documentaron 28 homicidios de políticos que aspiraban a un cargo de elección.

Guerrero, Chiapas y Michoacán se posicionaron como los estados más violentos y mortales para hacer campañas políticas durante ese proceso. Guerrero sumó 8 casos, Chiapas 6 y Michoacán 4.

La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró el cadáver de un hombre no identificado en los exteriores del Centro de Rehabilitación Maranguita, en el distrito limeño de San Miguel. El hallazgo se produjo en la cuadra 19 de la avenida La Paz, donde agentes de la comisaría del sector acordonaron el área a la espera de las diligencias fiscales.

De acuerdo con información difundida por Prensa Chalaca, el cuerpo presentaba golpes y fue localizado cubierto con cajas. Hasta el cierre del informe preliminar, los efectivos no habían podido establecer la identidad de la víctima, ya que no portaba documento nacional de identidad ni otro elemento que permitiera reconocerlo.

La PNP registró al fallecido como NN, una denominación utilizada cuando una persona no puede ser identificada de inmediato. Según la información inicial, se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años, de piel trigueña, cabello corto negro y vestido con una casaca de color negro.

La Fiscalía inició las diligencias para identificar a la víctima

Un fiscal llegó al lugar para dirigir el levantamiento del cadáver y disponer las pericias que permitan establecer la causa de la muerte. Los investigadores deberán determinar el tiempo que el cuerpo permaneció en la zona, así como reconstruir las circunstancias en las que fue abandonado en esa parte de la avenida La Paz.

Vecinos del sector se acercaron al perímetro de seguridad tras conocer la presencia de la Policía. Algunos residentes indicaron que no reconocieron al hombre cuando los agentes les mostraron fotografías para intentar identificarlo. Una mujer también conversó con el personal policial y aportó información sobre los hechos que habría conocido de primera mano.

Las primeras versiones descartan que el hombre haya muerto por una balacera. La investigación se centra en las lesiones que presentaba el cuerpo y en imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, que habrían registrado movimientos relevantes para el caso. La revisión de ese material será una de las principales diligencias para establecer si la víctima fue atacada en el lugar o trasladada desde otro punto.

Las cámaras de seguridad serán claves para reconstruir lo ocurrido

Los agentes de la comisaría de San Miguel quedaron a cargo de las pesquisas iniciales, bajo coordinación del Ministerio Público. Entre las medidas previstas figuran la identificación de posibles testigos, la recopilación de registros de videovigilancia y las pericias médico-legales que se efectuarán luego del traslado del cadáver.

La necropsia permitirá precisar el origen de los golpes, la causa exacta del fallecimiento y si existieron otros signos de violencia. También podría aportar elementos para determinar si el hombre fue abandonado en la cuadra 19 de la avenida La Paz poco antes del hallazgo o si permanecía allí desde horas anteriores.

La identidad de la víctima continúa como una de las principales incógnitas del caso. La PNP espera que las diligencias periciales y el análisis de las imágenes obtenidas en la zona permitan identificar al fallecido y establecer responsabilidades por su muerte.

Asesinan a balazos a hombre en plena avenida La Marina, en el Callao

Un hombre de 38 años fue asesinado de al menos cuatro disparos a plena luz del día en la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. El ataque ocurrió cerca de las 12:30 p. m. de este jueves 15 de octubre, en una zona comercial rodeada de restaurantes y negocios, frente a una obra de construcción y a pocos metros de una estación de bomberos.

La víctima fue identificada como Frank Alexis Ardiles Rodríguez. Según los primeros testimonios, conversaba con otras personas cerca de una construcción cuando un sujeto llegó caminando y le disparó varias veces antes de escapar. Los vecinos aseguraron que no escucharon las detonaciones, por lo que la Policía evalúa si el atacante utilizó un arma con silenciador.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o a un presunto conflicto relacionado con el cobro de cupos en obras de construcción civil. Los investigadores buscan acceder a las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos para reconstruir el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Casi tres décadas después de uno de los casos criminales que más conmocionaron a Honduras, la Policía Nacional reportó la captura de un presunto integrante de la banda Los Bustillo, organización vinculada al secuestro y muerte de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro.

El detenido, de 72 años, es señalado por las autoridades de haber desempeñado funciones estratégicas dentro de la estructura delictiva, entre ellas conseguir vehículos y viviendas utilizadas para movilizar y mantener bajo custodia a las víctimas mientras se negociaban los rescates.

El comisario de la Policía Nacional, Edgar Sandoval, explicó que las investigaciones de inteligencia permitieron identificar al sospechoso y reunir indicios sobre su presunta participación en las actividades de la organización. El hombre enfrenta cargos por el delito de secuestro, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Según Sandoval, aunque el sospechoso realizaba trabajos de albañilería, las pesquisas policiales apuntan a que habría mantenido un papel relevante dentro de la banda criminal.

“Era un eslabón bastante fuerte en la organización, ya que era el encargado de la movilización y del cuidado. Él se encargaba de conseguir los vehículos y las casas donde iban a estar las personas para luego pedir el rescate”, detalló el funcionario.

La captura se produjo durante un despliegue operativo ejecutado en el marco de la operación Escudo Seguro, como parte de las acciones policiales dirigidas a ubicar a personas señaladas por su presunta participación en delitos de alto impacto.

El caso que vuelve a colocar a la banda Los Bustillo en la atención pública se remonta a abril de 1997, cuando Ricardo Ernesto Maduro Andreu, de 25 años, fue secuestrado en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima era hijo de Ricardo Maduro, quien años después ocuparía la Presidencia de Honduras entre 2002 y 2006.

El secuestro y posterior fallecimiento del joven empresario provocaron una profunda conmoción en la sociedad hondureña y se convirtieron en uno de los episodios criminales más recordados de aquella época.

El caso evidenció el impacto de las estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión, que utilizaban la privación de libertad como mecanismo para exigir grandes cantidades de dinero a familiares de las víctimas.

De acuerdo con las autoridades policiales, las investigaciones posteriores vincularon a la banda Los Bustillo con este crimen y con otros secuestros cometidos en diferentes regiones del país.

Según los registros citados por los cuerpos de seguridad, la banda Los Bustillo operó entre 1990 y 2010 y estuvo implicada en múltiples secuestros a nivel nacional.

Su actividad criminal se extendió durante dos décadas, un período en el que las autoridades desarrollaron investigaciones y operativos para identificar a sus integrantes y llevarlos ante la justicia.

La organización habría contado con personas encargadas de distintas funciones, desde la movilización de las víctimas hasta la búsqueda de inmuebles para mantenerlas retenidas y facilitar las negociaciones de rescate.

El papel atribuido al detenido de 72 años coincide con esa distribución de tareas descrita por el comisario Sandoval, quien señaló que el sospechoso presuntamente conseguía vehículos y viviendas para el funcionamiento de la estructura.

Las autoridades indicaron que actualmente tres integrantes de la banda cumplen condenas en centros penitenciarios, mientras que otros miembros murieron durante operativos policiales.

Sin embargo, la captura del adulto mayor vuelve a poner sobre la mesa la persistencia de investigaciones relacionadas con crímenes cometidos hace décadas y los esfuerzos por localizar a personas que todavía podrían enfrentar procesos judiciales.

La Policía Nacional ejecutó la detención después de desarrollar labores de inteligencia y reunir elementos que, según sus investigadores, relacionan al sospechoso con el secuestro de Ricardo Ernesto Maduro Andreu.

Un hombre murió tras recibir un disparo en el pecho durante una discusión en un andén del metro de Manhattan, Nueva York, un hecho que obligó a interrumpir el servicio ferroviario el sábado en una estación próxima a teatros de Broadway y al Carnegie Hall.

El ataque ocurrió cerca de las 12:20 en la estación de la Séptima Avenida y la Calle 53, en el centro del concurrido barrio. La policía localizó a la víctima, un hombre adulto, con una herida de bala en el pecho.

Un portavoz policial señaló que el episodio ocurrió en el andén de la línea E del metro de Nueva York y que en la disputa intervinieron entre dos y tres hombres. Los equipos de emergencia trasladaron al herido al Hospital Bellevue, donde los médicos confirmaron su muerte.

Los trenes que suelen detenerse en esa estación evitaron el área durante las tareas de la policía.

El NYPD difundió más tarde imágenes del sospechoso y señaló: “Un individuo no identificado se acercó a un hombre no identificado en el andén de la línea E en dirección norte en la estación de metro de la calle 53 y la 7ª Avenida, dentro de la jurisdicción del Distrito 1 del Distrito de Tránsito de Midtown North, le mostró un arma de fuego y disparó, hiriendo a la víctima una vez en el pecho. El individuo huyó del lugar a pie, dirigiéndose hacia el norte por la 7ª Avenida”.

Las fotografías divulgadas por la policía muestran a un hombre con sudadera roja con capucha y pantalones del mismo color, chaleco acolchado negro y mascarilla negra. Hasta el momento, no se registraron detenciones.

Hassen Pinchback, residente de Orlando, Florida, relató a Fox News Digital que escuchó los disparos cuando se abrieron las puertas de un tren y que las personas presentes salieron corriendo. “Fue como una estampida”, narró.

“Cuando se abrieron las puertas del tren, fue cuando se escuchó ‘pop pop pop’”, afirmó Pinchback. El testigo indicó que una mujer practicó compresiones torácicas a la víctima antes de la llegada de los agentes y le decía: “Aguanta”.

Otra testigo, identificada solo con el apellido Miller y procedente del estado de Washington, afirmó que estaba dentro de un vagón junto a su hija cuando ambas escucharon cerca de cinco disparos. Según su relato, su hija salió del tren y el tirador la miró antes de efectuar más tiros. “Empecé a rezar. Soy una cristiana muy devota”, relató Miller al medio y sumó: “Jesús nos salvó. Sin duda alguna”.

La mujer sostuvo que su hija alertó a un conductor de otro tren sobre la presencia de un tirador, tras lo cual el trabajador llamó al 911.

La policía de Nueva York no informó arrestos y mantiene abierta la investigación. El departamento pidió a quienes cuenten con información que llamen a la línea Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También habilitó el envío de datos a través de su sitio web y de la cuenta @NYPDTips en la red social X.

La violencia letal dentro del sistema de metro se mantiene en niveles poco frecuentes, pese a que millones de pasajeros utilizan la red cada día. Los delitos violentos en Nueva York disminuyeron de forma sostenida desde el aumento registrado durante el punto más crítico de la pandemia de COVID-19.

Hasta mediados de octubre, la ciudad se encaminaba a registrar la menor cantidad de homicidios en varias décadas, con una caída del 20% frente al mismo período del año anterior.

(Con información de Associated Press)

Víctor Manuel Castillo Durán, agente de la Policía Estatal de Puebla, fue asesinado a balazos la mañana del 16 de octubre de 2026 en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital poblana, cuando se encontraba en su día de descanso. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que el uniformado murió a causa de las lesiones provocadas por arma de fuego.

La víctima tenía 30 años y estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla. Los primeros informes señalaron que recibió varios impactos de arma de fuego, aunque testigos indicaron haber escuchado alrededo de seis detonaciones durante la agresión.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Carmelitas, en inmediaciones de la colonia Tres Cerritos. Una de las ubicaciones referidas fue cerca de la esquina con la calle Francisco I. Madero y a unos metros de una tienda Oxxo; otros reportes situaron los hechos en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez.

Versiones recabadas en el sitio señalaron que Castillo Durán regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo al kínder. También se vio que caminaba acompañado de su esposa tomado de la mano cuando fue interceptado por el agresor.

Los atacantes habrían escapado en motocicleta

De manera preliminar, las autoridades investigaron el homicidio como un posible ataque directo. Los presuntos responsables habrían llegado a bordo de una motocicleta, dispararon contra el policía estatal y escaparon del lugar.

Algunas versiones indicaron que uno de los agresores se adelantó y se ocultó entre vehículos antes de volver hacia la víctima para accionarle un arma de fuego en repetidas ocasiones. El presunto atacante portaba un chaleco de colores fosforescentes y una mochila, según imágenes de vigilancia difundidas tras el crimen.

En las imégenes se caercó a Víctor, se adelantó, lo esperó y regresó para toparse de frente con él y atacarlo cuando caminaba tranquilo junto a su esposa.

El cuerpo de Víctor Manuel Castillo Durán quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, con una playera verde y pantalón de mezclilla. Paramédicos acudieron tras las llamadas de vecinos y transeúntes al 9-1-1, pero únicamente confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La movilización ocurrió minutos después del ingreso de alumnos a un jardín de niños cercano. Padres de familia y habitantes de la zona presenciaron el despliegue de patrullas y personal de emergencia en el área donde ocurrió la agresión.

Elementos de seguridad municipal acordonaron la escena mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo. El Servicio Médico Forense también intervino en el sitio.

La FGE abrió una investigación para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento de los reportes iniciales, no se había informado sobre personas detenidas por el homicidio.

La SSP desplegó un operativo junto con autoridades federales y municipales en la colonia Tres Cerritos y zonas cercanas para localizar a los agresores. La dependencia informó que trabajaría con la Fiscalía para fortalecer las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a quienes participaron en el ataque.

El crimen ocurrió en una zona donde, menos de una semana antes, se registró otra agresión contra servidores públicos. Ese ataque iba dirigido contra un agente del Ministerio Público, pero su auxiliar resultó herido al encontrarse dentro del vehículo baleado en la calle 11 Sur, cerca de la Casa de Justicia y del bulevar Carmelitas.

Con el asesinato de Castillo Durán, sumaron seis policías asesinados en Puebla durante 2026, de acuerdo con la organización Causa en Común.

665 policías y agentes de seguridad fueron asesinados en este sexenio

665 agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026 documentó el reciente informe de Causa en Común, en un periodo marcado por bajos salarios, falta de equipamiento, ausencia de carrera policial y la asignación de mandos militares en corporaciones estatales.

Durante 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 elementos de la Guardia Nacional, 12 integrantes del Ejército, cinco policías federales y dos miembros de la Marina. Del 2 al 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.

Jalisco acumuló 37 agentes asesinados y encabezó el registro de entidades con mayor número de víctimas. Le siguieron Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 17, y Estado de México, con 16.

El documento “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico” expuso que la violencia contra los integrantes de las corporaciones ocurrió mientras una parte de los casos permaneció impune. La organización sostuvo que las deficiencias institucionales limitaron la capacidad de las policías para prevenir delitos, investigar conductas indebidas y garantizar condiciones laborales para su personal.

Reportaje que recopila testimonios de viudas y familiares de policías y agentes de seguridad asesinados. A través de entrevistas realizadas por la organización Causa Común, las participantes relatan las dificultades que enfrentan al asumir el cuidado de sus familias tras la pérdida de sus parejas. Las imágenes muestran tomas aéreas urbanas, adornos en viviendas y primeros planos de las personas entrevistadas durante sus declaraciones.

Los recursos crecieron de forma marginal frente a las carencias policiales

Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los agentes enfrentaron riesgos crecientes. El informe atribuyó el debilitamiento de las corporaciones a omisiones políticas reflejadas en recortes presupuestales y en la militarización de las tareas de seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa, de acuerdo con el estudio. El organismo emitió acuerdos sin plazos ni mecanismos claros para verificar su cumplimiento, mientras persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país.

La falta de información impidió conocer con exactitud cuántos elementos integraban las corporaciones nacionales. La mayoría de las instituciones tampoco contó con un servicio profesional de carrera que estableciera reglas transparentes para el ingreso, la permanencia y los ascensos.

El informe describió las condiciones laborales de una proporción de los agentes como insuficientes: recibieron ingresos por debajo de los parámetros sugeridos por estudios oficiales, carecieron de seguridad social y enfrentaron jornadas extremas. A esas condiciones se sumaron deficiencias de infraestructura y equipamiento.

La exagente de la Policía de Dallas Amber Guyger recuperó la libertad condicional tras cumplir siete de los diez años de prisión a los que fue condenada por el asesinato de su vecino Botham Jean en 2018. La mujer, de 38 años, cumplirá el resto de la pena bajo supervisión hasta 2029.

Guyger solicitó por primera vez la libertad condicional en 2024, pero su pedido fue rechazado. Este viernes salió de la unidad Christina Melton Crain, en Gatesville, Texas, poco más de dos semanas después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas autorizara su excarcelación.

La exoficial deberá someterse a controles periódicos, restricciones de viaje, visitas domiciliarias y requisitos laborales. Además, no podrá residir en el condado de Dallas ni contactar a la familia de Jean o a agentes de la Policía de Dallas y necesitará autorización para salir de Texas.

La junta aprobó la libertad condicional al considerar que Guyger tuvo una “adaptación institucional satisfactoria” durante su reclusión y participó en programas orientados a facilitar su acceso a un empleo estable. El organismo también señaló que no registraba un patrón documentado de arrestos o condenas por hechos violentos o agresiones.

A principios de octubre, su abogado, Robert L. Rogers, declaró a CBS News Texas: “Sigue muy arrepentida, pero ha dedicado ese tiempo a trabajar en programas de rehabilitación y a asegurarse de poder ser un miembro productivo de la sociedad”. A su vez, explicó que tiene una vivienda y un trabajo previstos.

Guyger mató a Botham Jean en su propio departamento

El 6 de septiembre de 2018, Guyger, entonces agente con cuatro años de servicio, ingresó al departamento de Jean, ubicado un piso por encima del suyo, y le disparó. La víctima, de 26 años, veía televisión y comía helado cuando fue asesinado, precisó NBC News.

Durante el juicio, la exoficial alegó que había estacionado por error en el cuarto piso del garaje y que creyó que había entrado a su propia vivienda. Según su relato, intentó abrir la puerta con su llave, esta abrió sola y confundió a Jean con un intruso, por lo que disparó al temer por su vida.

La mujer, que estaba fuera de servicio aunque vestía uniforme, fue detenida tres días después del incidente y despedida de la fuerza policial antes del juicio, informó The Guardian.

El proceso acaparó la atención nacional. Durante las audiencias, Guyger se mostró arrepentida y pidió disculpas a la familia. Brandt Jean, el hermano adolescente de la víctima, dijo que la perdonaba y la abrazó.

Finalmente, un jurado la declaró culpable de asesinato el 1 de octubre de 2019. Los fiscales habían solicitado una pena mínima de 28 años, en alusión a la edad que Jean habría cumplido en ese momento, aunque la condena final fue de 10 años de prisión.

La familia de Jean cuestionó que la condena no se cumpliera completa

La liberación reavivó el dolor de los familiares y allegados de Jean, originario de Santa Lucía y contador en Dallas. Lee Merritt, abogado que representó a la familia, afirmó que la oposición a la salida anticipada se basaba en el pedido de que la exagente cumpliera la totalidad de la pena.

“Una condena de 10 años ya era una fracción de lo que se perdió. Liberar a la Sra. Guyger después de siete años hace que esa pérdida parezca aún menor a los ojos del sistema. Pero no lo es”, aseveró Merritt en un comunicado recogido por CBS News Texas.

En otra declaración citada por NBC News, el letrado expresó: “Creo que representa un peligro para la comunidad en el sentido de que testificó ante el tribunal que era inocente basándose en su formación como agente del orden”.

Por su parte, la familia pidió privacidad “mientras procesan lo sucedido y continúan lidiando con su dolor” en un mensaje enviado a CBS News Texas. Asimismo, agradecieron a quienes “siguen mencionando el nombre de Botham, honrando su vida y manteniendo viva su memoria”.

El Departamento de Policía de Dallas manifestó comprender que la medida puede “reavivar la atención y la conmoción” en torno a la muerte de Jean. Sin embargo, aclaró que no tuvo “ninguna participación en esta decisión”, ya que corresponde a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

Un hombre fue condenado a 33 años de prisión por homicidio doloso agravado y robo agravado, luego de que se comprobara su responsabilidad en un ataque ocurrido en San Miguelito, Panamá, en julio de 2024.

La víctima mortal fue el esposo de una mujer a quien el agresor había despojado de su teléfono celular, según informó la Procuraduría General de la Nación.

El crimen ocurrió el 28 de julio de 2024, cuando el acusado utilizó violencia e intimidación para apoderarse del dispositivo de la mujer. Durante el hecho, disparó contra el esposo de esta, quien sufrió una herida que posteriormente le provocó la muerte, de acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público.

Durante el juicio oral, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. El Jurado de Conciencia emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio doloso agravado, mientras el Tribunal de Juicio lo declaró culpable por robo agravado.

La sentencia de 33 años de cárcel corresponde a ambos delitos, aunque el comunicado oficial no precisó cómo se distribuyó la pena entre las dos conductas.

En otro expediente, un hombre quedó detenido provisionalmente por homicidio doloso agravado y asociación ilícita, tras una audiencia celebrada a solicitud de la Fiscalía Regional de San Miguelito. El caso corresponde a un asesinato cometido el 4 de abril de 2026 en una vereda del sector de Cerro Cocobolo.

Según la investigación, el imputado habría actuado acompañado de otro sujeto y ambos realizaron múltiples disparos contra la víctima, ocasionándole la muerte. Durante la audiencia, la Fiscalía consiguió la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos, además de solicitar que permaneciera privado de libertad mientras avanza el proceso.

La medida fue sustentada en los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público, entre ellos el peligro que el investigado podría representar para los familiares de la víctima y la comunidad. La detención provisional no constituye una declaración de culpabilidad, pues el expediente todavía debe continuar las etapas correspondientes del proceso penal.

En Panamá Oeste, otros tres hombres fueron enviados a detención provisional por tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir. Los hechos investigados ocurrieron la noche del 17 de septiembre de 2026, cuando dos jóvenes de 19 años fueron atacados a tiros en el sector de Koskuna, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste presentó elementos de convicción ante un Tribunal de Garantías, que evaluó los riesgos procesales asociados con el caso. Entre los argumentos figuraron la posibilidad de destrucción de pruebas y el peligro para las víctimas y sus familiares, además de las circunstancias del ataque armado.

El Ministerio Público no precisó la gravedad de las lesiones sufridas por los dos jóvenes, ni informó sobre su estado de salud actual. Tampoco detalló cuántos disparos se efectuaron o qué habría motivado la agresión, por lo que esas circunstancias permanecen sin aclararse en la información oficial difundida sobre el proceso.

Un cuarto expediente involucra a un adolescente de 15 años, detenido provisionalmente por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Villa Grecia, corregimiento de Las Cumbres. El ataque se registró la tarde del 13 de octubre de 2026, apenas tres días antes de que se anunciara la medida judicial.nor

De acuerdo con la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes, el menor presuntamente efectuó varios disparos contra un hombre, causándole la muerte. Durante la audiencia, las autoridades judiciales legalizaron su aprehensión y admitieron la formulación de cargos por homicidio doloso agravado, además de imponerle la detención provisional mientras continúa la investigación.

El procedimiento contra el adolescente se desarrolla bajo el régimen penal especial aplicable a menores de edad, distinto del utilizado para procesar a personas adultas. La información divulgada no establece la identidad de la víctima, el posible móvil del crimen ni la relación entre ambos, aspectos que deberán esclarecerse durante las investigaciones.

Los bajos salarios, la falta de prestaciones y las escasas oportunidades de ascenso limitan el desarrollo de los policías en México. En las corporaciones municipales, 55% de los agentes percibe menos de 15 mil pesos mensuales, mientras que sólo 17 policías estatales cuentan con un servicio profesional de carrera formalmente constituido, de acuerdo con el estudio Las Policías en México: consecuencias de un abandono histórico, publicado este 15 de octubre por Causa en Común.

El informe documenta condiciones laborales desiguales entre las corporaciones del país, desde los ingresos y la seguridad social hasta los mecanismos de promoción, capacitación y retiro. Para la organización, estas carencias forman parte de un abandono institucional que debilita a las policías civiles y dificulta la permanencia y profesionalización de sus integrantes.

Salarios por debajo de las necesidades familiares

Causa en Común retoma una estimación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública según la cual un policía necesita un ingreso neto mensual de 16 mil 668 pesos para cubrir las necesidades de su familia.

Sin embargo, 6.9% de los policías estatales gana menos de 10 mil pesos al mes, mientras que 55% de los agentes municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales.

Las diferencias también se reflejan en el acceso a servicios de salud. De acuerdo con el estudio, 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, frente a 53% de los municipales.

Las prestaciones para los agentes municipales presentan otras carencias. En 2024, solo 58% contaba con seguro de vida; apenas 6% tenía seguro de retiro, 30% disponía de atención psicológica y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de policías muertos en servicio.

Estas condiciones contrastan con los riesgos y las exigencias del trabajo policial, pero también con la falta de garantías para construir una trayectoria laboral estable dentro de las instituciones.

Sin reglas claras para ascender y desarrollar una carrera policial

Las oportunidades de crecimiento profesional son limitadas en buena parte de las corporaciones estatales. El estudio encontró que solo 17 de las 32 policías estatales han constituido formalmente su servicio profesional de carrera, mecanismo que debe regular el ingreso, la permanencia, los ascensos, la evaluación y los estímulos del personal.

Además, 21 corporaciones estatales carecen de catálogos de puestos actualizados que establezcan los requisitos para ocupar los distintos cargos de la jerarquía policial y los procedimientos para obtener una promoción.

La ausencia de estas herramientas deja sin reglas formales aspectos centrales de la trayectoria de los agentes. El informe también identifica deficiencias en los programas de formación: la mayoría de las policías estatales no cuenta con mecanismos adecuados para actualizar sus planes de estudio, métodos de enseñanza y criterios de evaluación de los reclutas.

A ello se suma la falta de información suficiente sobre los recursos destinados a la formación inicial, lo que dificulta evaluar si la preparación corresponde a las tareas de prevención, proximidad, investigación y uso de la fuerza que deben desempeñar los policías.

Jornadas prolongadas y prestaciones insuficientes

La precariedad laboral también se manifiesta en los horarios. Causa en Común documentó turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, de 12 por 24 y de 12 por 12, además de periodos de acuartelamiento de dos, tres y hasta seis días.

Según la organización, estas jornadas pueden afectar la salud física y mental de los agentes, alterar su vida familiar y aumentar el riesgo de deserción.

Las condiciones de las instalaciones tampoco son uniformes. De las 31 corporaciones estatales que compartieron información para el estudio, 29 reportaron contar con dormitorios, mientras que Colima y Nayarit carecían de ellos. Treinta tenían comedor y Nayarit no disponía de ese espacio.

137 movilizaciones policiales en dos años en exigencia de condiciones laborales dignas

El informe relaciona las condiciones laborales con los conflictos al interior de las corporaciones. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se registraron 137 movilizaciones policiales: 63 paros, 64 manifestaciones y 10 emplazamientos a paro.

El 62% de estas acciones fue encabezado por policías municipales y 20% por estatales. Los abusos laborales y los conflictos con mandos representaron 27% de los motivos registrados; los salarios bajos o sin homologar, 20%; la falta de prestaciones, 19%; la carencia de equipamiento, 9%, y los pagos pendientes, otro 9%.

El abandono institucional también se refleja en la seguridad de los agentes

El estudio de Causa en Común también contabilizó al menos 665 policías asesinados entre octubre de 2024 y el 9 de octubre de 2026: 360 municipales, 220 estatales y 85 federales.

La organización señala que la protección de los agentes requiere mecanismos para prevenir riesgos, atender amenazas y acompañar a las familias de quienes mueren en servicio, además de equipamiento y condiciones institucionales adecuadas.

El informe también advierte sobre la falta de un modelo policial nacional que establezca capacidades mínimas, financiamiento suficiente y responsabilidades claras entre la Federación, los estados y los municipios.

Entre sus propuestas, Causa en Común plantea establecer una política nacional de salarios y seguridad social, fortalecer la atención psicológica, mejorar la protección para las familias de los policías asesinados, actualizar los registros de personal y crear un modelo nacional de academias policiales.

El reto señalado por la organización no se limita a incorporar más elementos a las corporaciones, sino a ofrecer condiciones laborales, formación y reglas de ascenso que permitan a los policías permanecer en sus instituciones y desarrollar una carrera profesional.

Fue un ataque inesperado: un convoy de cinco patrullas de la Policía Estatal de Michoacán se dirigía a la cabecera municipal de Aguililla, desde Apatzingán, cuando fue emboscado por al menos 30 presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una comunidad conocida como El Aguaje.

Han pasado siete años desde aquel 14 de octubre de 2019, cuando 13 policías fueron asesinados —y nueve resultaron heridos— en uno de los ataques más letales contra una corporación de seguridad estatal en Michoacán.

La emboscada dejó a familias incompletas, pero también abrió una causa penal que, años después, todavía no tiene un desenlace público confirmado para todos los acusados. Los registros del Poder Judicial de Michoacán documentan procedimientos contra dos hombres señalados por su presunta participación en los hechos, aunque ambos expedientes tienen trayectorias distintas.

El séptimo aniversario, conmemorado ayer, familiares de los policías marcharon en Morelia para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad y equipamiento para quienes integran las corporaciones policiales. Durante la movilización, un sobreviviente pasó lista a sus compañeros asesinados y rompió en llanto durante la cobertura del acto.

Héctor Javier “N”: un juicio oral que llegó a los alegatos de clausura

Héctor Javier “N” fue detenido el 2 de marzo de 2022 y vinculado a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La causa penal 181/2019-APA avanzó hasta la etapa de juicio oral, en la que se han celebrado jornadas para desahogar pruebas y testimonios.

En marzo de 2023, el Poder Judicial registró el auto de apertura a juicio oral. Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó penas de hasta 520 años de prisión por los 13 homicidios calificados y 155 años por los homicidios calificados en grado de tentativa. También pidió una reparación del daño material y moral por 24 millones 80 mil 84 pesos.

Los registros judiciales muestran que el juicio continuó durante 2026. El 14 de septiembre, un acuerdo del tribunal autorizó diferir la jornada en la que estaban previstos los alegatos de clausura, después de que la defensa solicitara cambiar la fecha por un compromiso judicial previo. La audiencia fue reprogramada para el 16 de octubre de 2026.

Por tanto, al 15 de octubre, la información pública consultada no permite afirmar que Javier “N” haya sido sentenciado. El expediente sí documenta que el procedimiento llegó a una etapa avanzada, con los alegatos de clausura programados para el día siguiente.

Jorge “N”: una audiencia intermedia diferida

Un segundo expediente corresponde a Jorge “N”, detenido en septiembre de 2023 y señalado por su presunta participación en la emboscada. La causa penal también está identificada con el número APA/0181/2019.

El registro del Poder Judicial de Michoacán documenta que el 24 de junio de 2025 se celebró una audiencia intermedia que fue diferida. En esa sesión, el Ministerio Público solicitó reprogramar la diligencia al señalar que no estaban dadas las condiciones para desahogarla en su totalidad, entre otras razones por la cantidad de pruebas y los asuntos pendientes de revisión.

En la información pública localizada no aparece una actualización posterior que permita confirmar si la audiencia intermedia se concluyó, si el caso pasó a juicio oral o si existe una sentencia. Tampoco es posible establecer, con esos registros, su situación jurídica actual.

La diferencia entre ambos expedientes es relevante: mientras la causa contra Héctor Javier “N” llegó a los alegatos de clausura, el último registro localizado sobre el procedimiento contra Jorge “N”corresponde a una audiencia intermedia de junio de 2025.

Las exigencias de las familias, siete años después

La marcha realizada en Morelia por el aniversario de la emboscada revivió el reclamo de los familiares de los 13 policías. Además de pedir justicia por los asesinatos, exigieron mejores condiciones de seguridad y equipamiento para los agentes que continúan en servicio.

La movilización también mostró la dimensión personal de la tragedia. Durante el acto, un sobreviviente pasó lista a sus compañeros muertos y rompió en llanto. Paulina, hija del “comandante Reiner”, también participó en las expresiones de memoria y exigencia de justicia reportadas durante el aniversario.

En torno al caso permanecen preguntas que los registros judiciales consultados no permiten responder por completo: cuál será el resultado de los procesos contra los acusados, si habrá una resolución definitiva y qué reparación del daño se ha cubierto efectivamente a las familias. La solicitud económica de la Fiscalía, por sí sola, no acredita que se haya pagado una indemnización.

Siete años después de la emboscada en El Aguaje, la documentación judicial permite reconstruir avances concretos, pero no cerrar la historia. Un juicio oral se aproxima a sus alegatos de clausura y otro expediente conserva una última actuación pública localizada en 2025. Mientras tanto, las familias siguen reclamando justicia y condiciones que protejan a quienes realizan labores policiales en Michoacán.

Dulce García, Blanca Adriana y Esmeralda “N” murieron durante procedimientos estéticos para retirar o transferir grasa en establecimientos de la Ciudad de México, Puebla y Reynosa, Tamaulipas, respectivamente. Los fallecimientos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2026 y forman parte de los casos documentados este año en México.

El hecho más reciente es el de Dulce María García, de 35 años, quien murió el 11 de septiembre durante una liposucción en un inmueble de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El establecimiento, ubicado en la calle Manuel López Cotilla, número 1550, en la colonia Del Valle, se promocionaba como Pink Glow Clinic, aunque el inmueble no tenía una fachada que lo identificara como clínica. También se ha reconocido a este lugar como Médica LV.

De acuerdo con los testimonios de su familia difundidos por algunos medios de comunicación, después de que se presentaron complicaciones durante la intervención, las personas que estaban a cargo del procedimiento abandonaron el lugar. El cuerpo permaneció en el inmueble durante varias horas, hasta que fue localizado y retirado por personal del Servicio Médico Forense.

El acta de defunción difundida por medios de alcance nacional señaló edema cerebral y edema pulmonar como causas del fallecimiento. Sin embargo, esos datos no establecen por sí solos qué provocó las complicaciones durante la cirugía, pues a los familiares se les había informado que la paciente presentó gran pérdida de sangre.

El 14 de octubre se reportó la detención de dos mujeres, entre ellas Sonia “N”, por su presunta relación con los hechos. Según informaron varios medios especializados en seguridad, ambas quedaron a disposición de un juez de control. Hasta el cierre de esta nota informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso.

Blanca Adriana murió tras una intervención en Puebla

El segundo caso ocurrió el 18 de mayo, cuando Blanca Adriana Vázquez, de 37 años, acudió con su esposo a la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta de Puebla, para solicitar información sobre un procedimiento estético. Según el relato de su familia, la convencieron de someterse a la intervención ese mismo día.

La mujer desapareció después de ingresar al establecimiento. Su cuerpo fue localizado el 21 de mayo en una zanja del municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, tres días después de que se le vio por última vez.

La necropsia reportada en medios de comunicación estableció un paro cardiorrespiratorio asociado con una sobredosis de anestésicos. La investigación también puso bajo cuestionamiento las condiciones en que operaba Detox: las autoridades sanitarias suspendieron el establecimiento y señalaron irregularidades en sus permisos, mientras que la persona identificada como responsable de los procedimientos no contaba con cédula profesional médica registrada.

En julio, la Fiscalía de Puebla había emitido órdenes de aprehensión y se habían gestionado fichas rojas de Interpol contra Diana Alejandra “N” y su hijo, Carlos “N”, señalados como presuntos responsables. También se investigaba a una tercera persona que trabajaba en el consultorio. Hasta este jueves 15 de octubre, el Registro Nacional de Detenciones no establece que los señalados hayan sido aprehendidos.

Esmeralda “N” murió durante una lipotransferencia en Reynosa

El 25 de marzo, Esmeralda “N”, de 27 años, murió mientras se sometía a una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos —procedimiento conocido como lipotransferencia— en el establecimiento MedQuin, en Reynosa, Tamaulipas.

Los primeros reportes indicaron que la paciente sufrió una caída repentina en la saturación de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio, por lo que una posible embolia grasa fue mencionada entre las líneas iniciales de investigación.

El caso derivó en una revisión sanitaria del establecimiento. Mario Rebolledo Urcadiz, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, informó el 27 de marzo que el lugar carecía de licencia sanitaria y registro oficial, además de no contar con un anuncio exterior que lo identificara como centro médico.

Hasta la publicación de esta nota informativa, no se habían identificado públicamente detenciones relacionadas con el fallecimiento de Esmeralda.

El medio Debate identifica a Esmeralda como una joven ciudadana residente de Estados Unidos y alertó sobre los riesgos del llamado turismo médico no regulado, pues se han registrado otras muertes de mujeres en clínicas que ofrecen estos procedimientos a bajo costo en la frontera norte de México.

Mujer murió en el Reclusorio Oriente un día después de una liposucción: se investigan las causas de su muerte

Otro caso ocurrió el 29 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde Areli Guadalupe Flores murió durante una visita a una persona privada de la libertad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer comenzó a tener dificultades para respirar y fue trasladada al servicio médico, donde se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Su madre y su hija informaron a las autoridades que padecía hipertensión y que un día antes se había sometido a una liposucción estética. La dependencia notificó a la Fiscalía General de Justicia capitalina para que investigara el fallecimiento, sin precisar una causa médica de muerte.

Sin embargo, el medio Periodistas Sin Censura publicó el 30 de septiembre una versión distinta sobre las circunstancias de la intervención. Según ese medio, la liposucción habría sido practicada dentro de una celda del Dormitorio 2-2-4 por un cirujano plástico y reconstructivo que se encuentra privado de la libertad en el mismo penal. Esa versión no aparece en el comunicado de la SSC, por lo que no se ha corroborado oficialmente.

De acuerdo con Periodistas Sin Censura, el médico, identificado como Antonio Román, cumple una sentencia por negligencia médica y está inhabilitado de por vida para ejercer su carrera. El Registro Nacional de Detenciones no arroja resultados sobre la aprehensión del médico citado por ese medio.

Infobae México consultó el Registro Nacional de Profesionistas y Román ostenta dos cédulas, una como médico general (Universidad Autónoma de Coahuila, 2005) y otra como especialista en cirugía plástica y reconstructiva (UNAM, 2013).

Los casos, investigaciones con avances distintos

Los expedientes de 2026 no tienen el mismo avance judicial. En el caso de la Ciudad de México se reportaron dos detenciones en octubre; en Puebla se emitieron órdenes de aprehensión y fichas rojas contra sospechosos, sin confirmación de capturas en las fuentes consultadas; y en Reynosa las autoridades sanitarias documentaron la falta de permisos del establecimiento, sin que se localizaran reportes que confirmaran detenciones.

En Puebla y Reynosa se documentaron irregularidades sanitarias; en la capital, la investigación debe establecer las responsabilidades penales y las circunstancias precisas de la intervención. En el caso de la mujer que falleció en el reclusorio oriente, la SSC informó que “dará seguimiento puntual al caso y brindará acompañamiento a los familiares, así como a la persona privada de la libertad en cuestión”.

El antecedente de Toluca: una muerte ocurrida en 2021

Las investigaciones por muertes durante cirugías estéticas pueden prolongarse durante años. En marzo de 2026, tres médicos fueron vinculados a proceso por la muerte de una paciente identificada como S.R.V., quien falleció el 15 de octubre de 2021 después de someterse a una liposucción y un aumento de busto en la Clínica Santa Teresa, en Toluca, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, la paciente presentaba factores de riesgo y no recibió una valoración preoperatoria integral. Las autoridades señalaron que durante la intervención se realizaron varios procedimientos estéticos complejos. La causa de muerte reportada fue una tromboembolia pulmonar.

Los tres médicos quedaron sujetos a prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal. Este caso no corresponde a una muerte ocurrida en 2026, sino a un antecedente cuyo desarrollo judicial se conoció este año.

En un panorama más amplio, una investigación de Animal Político y CONNECTAS documentó 121 muertes relacionadas con procedimientos estéticos en México entre 2014 y 2025.

Los casos identificados este año permiten reconstruir fallecimientos en la Ciudad de México, Puebla y Reynosa, pero no representan un registro nacional completo. Sin una base pública que concentre las muertes durante procedimientos estéticos, no es posible determinar cuántas víctimas adicionales ha podido haber en lo que va de 2026.

Una madre y su hija viajaban por Naucalpan, Estado de México (Edomex) cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra su automóvil alrededor de las 6:00 horas. La joven sobrevivió al ataque, pero la conductora recibió un impacto en el tórax y perdió el control del Volkswagen Jetta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Molinos del Viento, en la colonia La Mancha, Estado de México. La hija pidió ayuda a paramédicos y policías, mientras una decena de vecinos se acercó al vehículo para auxiliar a las mujeres.

La conductora aún presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia, pero murió antes de recibir atención médica. Los paramédicos confirmaron que el fallecimiento fue causado por las heridas de bala.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, aunque no detuvieron a los agresores. La zona quedó bajo resguardo y la sobreviviente fue trasladada a la agencia ministerial para declarar sobre el ataque.

El cuerpo de la víctima y el automóvil fueron llevados a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Las autoridades continuarían con las investigaciones para identificar y localizar a los responsables, quienes huyeron por calles del municipio.

Suman casi 400 feminicidios en México durante 2026: cinco estados encabezan 41% de los casos

La cifra de feminicidios en México ascendió a 380 durante julio del 2026, luego de que en ese mes se registraron 60 casos más a nivel nacional, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP).

El documento indicó que el 41.3% de los casos, equivalentes a 157 víctimas, se concentran en cinco estados: Sinaloa, Morelos, Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

No obstante, desde enero de este año Sinaloa se ha mantenido como el estado con más casos de feminicidio, al registrar un total de 54 casos, la mayoría de estos en el municipio de Culiacán.

Le sigue Estado de México, con 27 casos en total, de los cuales tres ocurrieron durante julio, mientras que Chiapas ocupó nuevamente el tercer lugar con 26 feminicidios a lo largo del año.

La Ciudad de México volvió a aparecer en cuarto lugar, al sumar 25 casos en los primeros siete meses del año, principalmente en dos alcaldías.

Tamaulipas también ha registrado 25 feminicidios en el mismo periodo, siete de estos en julio. De igual forma, según el informe, Morelos continuó en sexto lugar con 21 casos, cinco más respecto al mes anterior.

Sinaloa, Estado de México, Chiapas, CDMX y Tamaulipas encabezan la cifra de casos de feminicidio. | Jovany Pérez

Entre lso estados con menos casos están: Aguascalientes, con tres casos; Colima, Hidalgo y Tlaxcala, con dos feminicidios cada uno, y Nayarit, con uno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las principales víctimas son mujeres de 30 a 60 años de edad, seguidas del sector entre 18 y 29 años.

Los 20 municipios con más casos de feminicidio

• Culiacan, Sinaloa: 34
• Reynosa, Tamaulipas: 12
• Chihuahua, Chihuahua: siete
• Benito Juárez, Quintana Roo: seis.
• Mazatlán, Sinaloa: seis.
• Centro, Tabasco: cinco.
• Escuinapa, Sinaloa: cinco.
• Mexicali, Baja California: cinco.
• Tapachula, Chiapas: cinco.
• Venustiano Carranza, Ciudad de México: cinco.
• Hermosillo, Sonora: cuatro
• Juárez, Chihuahua: cuatro
• Mérida, Yucatán: cuatro
• Acapulco de Juárez, Guerrero: tres
• Cajeme, Sonora: tres
• Cuauhtémoc, Chihuahua: tres
• Cuautla, Morelos: tres
• Fresnillo, Zacatecas: tres
• Gustavo A. Madero, Ciudad de México: tres.

Municipios con más casos de feminicidio en julio del 2026. | Jovany Pérez

Homicidio doloso de mujeres

En este apartado, el informe señala 870 víctimas de homicidio doloso, entre enero y julio de este año, la mayoria de los casos en Guanajuato, con 108 casos, Baja California, con 71, y Chihuahua, con 59.

Senado discute reformas para prevenir feminicidios y proteger a la niñez huérfana

El Senado analiza modificaciones a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, impulsadas por Claudia Sheinbaum.

La propuesta, en revisión tras mesas de diálogo con especialistas y familiares de víctimas, busca que el Estado priorice la prevención, la atención a la niñez y la homologación nacional de criterios para combatir la violencia feminicida.

En diálogo con Kayleigh McEnany —presentadora de Fox & Friends First y exsecretaria de prensa de la Casa Blanca—, el entrevistado reveló las disputas a puertas cerradas y desestimó las críticas de sus compañeros. Esta aparición pública cobra mayor relevancia ante el tenso escenario judicial que lo rodea.

Actualmente, la defensa impulsa peticiones formales para indagar su conducta y peritar sus comunicaciones personales, mociones que el juez William Sullivan evaluará en una audiencia clave el próximo 2 de noviembre, cita donde también se debatirá el futuro legal de la acusada.

La entrevista en Fox News: el jurado de Lindsay Clancy no tuvo dudas

Ante la incisiva consulta de la co-presentadora de Outnumbered, el invitado fue categórico sobre su nivel de certeza respecto a la culpabilidad de la acusada. “¿Tuviste duda razonable?”, preguntó la periodista. Él respondió de forma directa: “No”.

Para sustentar su posición, argumentó poseer fundamentos sólidos. “Bueno, definitivamente tenía muchas pruebas para respaldar mi postura. Pero por respeto a los demás jurados y al sistema judicial, dejaré eso de lado por ahora hasta que pasen por el proceso del sistema judicial”, explicó.

La presentadora indagó también sobre el clima interno. “¿Hubo momentos tensos?”, inquirió tras recordar la inclinación de 11 personas dispuestas a eximir a la mujer de responsabilidad penal por padecer psicosis posparto. El disidente confirmó las fricciones. “Sí, hubo momentos que fueron tensos”, admitió y luego agregó que dichas tensiones ocurrieron durante la deliberación.

Las pruebas contra Lindsay Clancy: la reacción de Michael Desronvil al 911

El proceso judicial expuso el horror ocurrido en enero de 2023 en Duxbury, cuando la madre mató a sus pequeños Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Sobre la mecánica del crimen, el entrevistado no dudó en calificar el accionar de la acusada bajo una óptica de fría planificación.

“Qué metódica me pareció que fue Lindsay en la ejecución de los niños. Así que eso fue algo muy impactante para mí. Al ver el video y también al escuchar en la sala del tribunal el proceso de pensamiento que hay detrás y para cumplir con el compromiso de hacer eso. Me pareció que fue lógico”, relató.

La conductora televisiva abordó además el impacto emocional de la prueba material, en especial la llamada de emergencia de Patrick Clancy, padre de los menores, tras descubrir la escena. Desronvil describió su reacción al oír ese audio reservado. “Fue surrealista. Tú sabes, escuchar el dolor en su voz. Escuchar la desesperación de ese fragmento”, confesó.

El recuerdo de los niños

El diálogo televisivo también incluyó un recorrido emotivo por un parque dedicado a la memoria de las víctimas. Frente al letrero central, Kayleigh McEnany consultó por qué era crucial devolver el foco a los menores.

El hombre detalló su conexión personal: “Bueno, yo mismo tengo una hija, sabes, de cinco años. Así que ver a estos tres niños es emotivo. Puedes ver la inocencia, la alegría pura en ellos. Es difícil simplemente arrebatar eso”.

Al caminar por el sector para niños pequeños dedicado a Callan, el bebé de la familia, Desronvil compartió cómo el debate oral le permitió conocer a fondo a las víctimas. “Aprendí mucho con los tres ángeles. Con Cora, sabes, Dawson y Callan. Este, sabes, lo que les gustaba, lo que disfrutaban, lo que querían ser al principio”, reflexionó.

El conflicto por el teléfono celular de Michael Desronvil tras el juicio nulo

El caso derivó en la declaración de un juicio nulo el pasado 4 de septiembre, tras el estancamiento del grupo frente a la tesis de inimputabilidad por enfermedad psiquiátrica grave. Posterior a esa decisión, los demás miembros acusaron al único opositor de actitudes “arrogantes” y de prestar atención exclusiva a su teléfono en la sala.

El abogado defensor, Kevin Reddington, lo tildó de “obstruccionista” e impulsó un recurso legal para retener el dispositivo del hombre por 48 horas bajo la custodia de un perito neutral, con el objetivo de extraer sus registros de comunicaciones.

Frente a esta moción, la reacción del entrevistado fue de total sorpresa. Ante la pregunta de si alguna vez imaginó un intento de secuestro judicial de su aparato, fue tajante. “Para nada. Pensé que iría a cumplir como jurado, cumpliría con mi tiempo, mi deber ciudadano y luego volvería a mi vida laboral normal”, contestó, además de aclarar que el equipo solo tuvo uso en los descansos y “no durante la deliberación”.

Qué pasará con el proceso a Lindsay Clancy: el futuro legal

La situación procesal de la enfermera, quien permanece internada en un centro psiquiátrico bajo custodia, atraviesa semanas decisivas. La semana previa a esta emisión, el juez William Sullivan rechazó el pedido de la defensa para desestimar los cargos por insuficiencia de pruebas.

Existe una solicitud pendiente para convocar a una audiencia probatoria a fin de analizar el comportamiento de Desronvil y debatir posibles violaciones a la garantía constitucional contra la doble incriminación (que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito) frente a un nuevo proceso penal.

El magistrado fijó una cita clave en el Tribunal Superior de Plymouth para el próximo 2 de noviembre de 2026, fecha estipulada para tratar el destino del celular del hombre. Mientras tanto, el fiscal de distrito Timothy Cruz evalúa sus opciones legales y todavía no define si buscará reabrir la causa.

Un hombre fue condenado a más de 200 años de prisión por los delitos cometidos durante una persecución policial y una toma de rehenes que culminaron con la muerte de una subgerente de Trader Joe’s en Silver Lake, Los Ángeles, en 2018.

La víctima fue Melyda “Mely” Maricela Corado, de 27 años, quien murió tras recibir un disparo efectuado por un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante el intercambio de disparos frente al supermercado, precisó NBC Los Angeles.

La fiscalía alegó que Gene Evin Atkins, de 36 años, desencadenó la secuencia de hechos que derivó en el desenlace fatal. Fue declarado culpable de 41 cargos, entre ellos asesinato en segundo grado, reportó un despacho de City News Service (CNS), publicado por ABC7.

La persecución terminó en un tiroteo y una toma de rehenes dentro del supermercado

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2018. De acuerdo con la acusación, Atkins primero hirió de bala a su abuela, entonces de 76 años, en el sur de Los Ángeles. Luego atacó a su novia de 17 años, que se encontraba en su habitación, indicaron NBC Los Angeles y CNS.

Posteriormente, escapó en el vehículo de su abuela junto a la joven herida y protagonizó una persecución policial, que terminó cuando el vehículo se estrelló contra un poste frente al Trader Joe’s.

Los investigadores señalaron que el acusado salió del automóvil y abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron a los disparos. Atkins recibió un balazo en el brazo mientras corría para ingresar al local, donde mantuvo retenidas a decenas de personas durante unas tres horas antes de entregarse.

La fiscalía sostuvo que ordenó a los rehenes formar un “escudo humano”. Al momento de su rendición, alrededor de las 18:30, cuatro personas permanecían dentro de la tienda.

Corado quedó atrapada en el fuego cruzado y recibió el impacto mortal de una bala. El entonces jefe del LAPD, Michel Moore, confirmó que Atkins no disparó el proyectil que causó la muerte de la joven, informó CNS.

El jurado consideró que Atkins provocó la cadena de hechos que terminó con la muerte de Corado

El primer juicio concluyó en junio con una declaración de culpabilidad por 40 cargos. Entre ellos, figuraban 24 por privación ilegítima de la libertad de rehenes, que involucraron a empleados y clientes del supermercado; tres por intento de asesinato y cuatro por agresión con arma de fuego contra agentes, detalló CBS News Los Angeles.

Ese jurado absolvió a Atkins del cargo de asesinato en primer grado y no alcanzó un veredicto sobre el asesinato en segundo grado relacionado con la muerte de Corado. La votación fue de 10 a 2 a favor de la culpabilidad, por lo que se ordenó un nuevo proceso limitado a ese cargo.

Durante el juicio, la fiscalía presentó el caso bajo la teoría del “acto provocador”, que permite responsabilizar por homicidio a quien genera las condiciones que llevan a otra persona a causar una muerte, según CNS.

Un segundo jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado en agosto y determinó, además, que el hombre utilizó y disparó personalmente un arma de fuego durante el delito.

El fiscal adjunto del distrito, Ben Schwartz, afirmó ante los jurados: “De no ser por sus acciones, ella estaría viva. No hay nada más peligroso que eso”.

La defensa, en cambio, reconoció los delitos cometidos por su cliente, pero solicitó la absolución por asesinato y argumentó que el tiroteo con la policía “no era una consecuencia natural ni probable” de los actos de Atkins.

La jueza ordenó que las penas se cumplan de manera consecutiva

La jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Lisa B. Lench, ordenó que las condenas se cumplan de forma consecutiva, al considerar que los delitos afectaron a víctimas distintas y que, en varios momentos, involucraron conductas completamente separadas, consignó NBC Los Angeles.

A la salida del tribunal, el padre de la víctima, Albert Corado, expresó que el resultado judicial no cambia la ausencia de su hija: “El resultado no importa. Mi hija sigue sin estar aquí. Se llevó a un ángel. A toda mi familia, nos cambió para siempre”.

Durante el segundo juicio, Atkins no estuvo presente en el tribunal. Al respecto, Corado cuestionó en declaraciones recogidas por CNS: “Es un cobarde. Debería haber estado aquí. Creo que el juez debería haberlo obligado a estar aquí y afrontar la realidad, afrontar lo que hizo”.

En 2024, la familia de Corado alcanzó un acuerdo de casi USD 10 millones con la ciudad de Los Ángeles en una demanda por muerte injusta. La Comisión de Policía de Los Ángeles concluyó que el agente que efectuó el disparo no infringió la política del departamento.

Un hombre que había sido condenado a 16 años de prisión por el asesinato de un periodista en Mendoza volvió a quedar detenido, esta vez acusado de robar un perfume de una mercería. Se trata de Diego Arduino, de 48 años, quien fue arrestado junto a una mujer durante la noche del martes y este miércoles quedó formalmente imputado por hurto simple.

El episodio ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 20.45, en un comercio ubicado en San Luis 73, en la capital mendocina. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la intervención comenzó a partir de la activación de una alarma que alertaba sobre la presencia de un sospechoso dentro del establecimiento.

Cuando los efectivos de la Comisaría 16ª llegaron al lugar, encontraron a una mujer que estaba siendo retenida por la propietaria del negocio. La comerciante explicó que, minutos antes, la sospechosa había ingresado acompañada por un hombre y que ambos comenzaron a consultarle por distintos productos.

En un momento, el hombre salió rápidamente del local. Fue entonces cuando la dueña advirtió que faltaba un perfume rojo de la marca Natura, de la línea Humor. Ante esa situación, decidió cerrar las rejas del comercio y le advirtió a la mujer que no podría retirarse hasta que llegara la Policía.

Sin embargo, antes de que finalizara el procedimiento, el sospechoso regresó a la mercería. Le entregó el perfume a la propietaria y le pidió que dejara salir a su acompañante. Como la comerciante se negó, volvió a retirarse del lugar.

Con las características físicas aportadas por la víctima, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje iniciaron una búsqueda por la zona y lograron localizar al sospechoso en la intersección de las calles San Luis y 25 de Mayo, donde fue aprehendido.

El procedimiento terminó con el secuestro del perfume y la detención de ambos sospechosos, que fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte. Según el informe policial, no se registraron daños en el establecimiento y la comerciante no sufrió lesiones.

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el fiscal Tomás Guevara imputó a Arduino y a Natalia Magalí Castro Bravo, de 30 años, por el delito de hurto simple.

La Fiscalía confirmó, además, que ambos continuarán detenidos. En el caso de Arduino, por sus antecedentes penales, mientras que Castro Bravo permanecerá privada de la libertad por reiterancia delictiva.

El asesinato del periodista Alejo Hunau

La identidad del detenido volvió a poner en primer plano un crimen que conmocionó a Mendoza hace más de dos décadas.

El 23 de noviembre de 2004, Alejo Hunau, de 33 años, fue encontrado asesinado en su departamento de la calle Pedro Vargas, en la capital provincial. La víctima era periodista y había trabajado como asesor durante la gestión del exgobernador Roberto Iglesias.

La autopsia determinó que había muerto como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza provocado con una botella.

La investigación se concentró en Arduino, identificado como una de las últimas personas que había estado con Hunau. Los peritajes encontraron sus huellas dactilares en un vaso y rastros de su ADN en colillas de cigarrillos halladas en el departamento.

Durante su declaración, según informó el diario Los Andes, el sospechoso sostuvo que había concurrido a la vivienda para venderle un perfume al periodista, pero que se había retirado antes de que ocurriera el homicidio.

En 2005, la Segunda Cámara del Crimen lo absolvió. Sin embargo, la madre de la víctima, Silvia Ontivero, impulsó la revisión de aquella decisión.

Finalmente, en septiembre de 2007, la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza condenó a Arduino a 16 años de prisión por homicidio simple y robo. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia provincial en 2008.

En abril de 2020, cuando llevaba aproximadamente 14 años de pena computados, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Según reconstruyó el diario mendocino Diario UNO, el 25 de junio de 2022 terminó de cumplir la pena que se encontraba ejecutando, que también incluía una condena por estafa.

Sus antecedentes penales

El homicidio de Hunau no fue el único delito por el que Arduino recibió una condena.

En 2021 fue investigado por una estafa cometida mediante una falsa oferta de materiales para la construcción publicada en Facebook. Una de las víctimas transfirió 60.000 pesos por mercadería que nunca recibió. Por ese episodio, recibió una condena de cinco meses de prisión.

A fines de 2022 volvió a ser detenido, esta vez por un episodio de violencia de género contra una expareja. Según reconstruyó Diario UNO, el hombre se presentó en la vivienda de la mujer pese a tener una prohibición de acercamiento, pateó la puerta y la amenazó con un arma blanca. En mayo de 2023 fue condenado a un año y un mes de prisión efectiva por ese hecho.

Su antecedente más reciente ocurrió el 23 de marzo de este año, cuando fue sorprendido mientras intentaba sustraer dos bandejas de carne de un supermercado COTO de la ciudad de Mendoza.

Personal de seguridad privada detectó la maniobra y evitó que abandonara el establecimiento con los productos ocultos entre sus prendas. Por ese episodio recibió una condena de dos meses de prisión efectiva por tentativa de hurto simple. Recuperó la libertad el 23 de mayo pasado, según informó Diario UNO.

Menos de cinco meses después, Arduino volvió a quedar detenido, esta vez por el episodio del perfume. La nueva causa quedó bajo la órbita del fiscal Guevara, quien dispuso su imputación junto con la mujer que lo acompañaba. Ambos permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Una adulta mayor fue asesinada el sábado 10 de octubre en la barriada La Siesta, en el corregimiento de Tocumen, después de que presuntamente le llamara la atención a un joven por fumar marihuana cerca de su residencia. El reclamo habría provocado una discusión que terminó en un ataque armado contra la mujer, cuyo crimen es investigado como femicidio.

La víctima fue identificada en reportes periodísticos como Leslie Elibeth Mendoza De Gracia, de 56 años. La mujer recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en el portal de su vivienda, en calle Colón. Sus familiares la trasladaron al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció a consecuencia de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación informó que un adolescente de 17 años fue imputado por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. Durante la audiencia, la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes presentó los elementos de convicción recopilados y solicitó la detención provisional, medida que fue ordenada por el Juzgado de Garantías.

El Ministerio Público anunció la decisión el 13 de octubre, tres días después del asesinato. El adolescente permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. La imputación comprende delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra la seguridad colectiva por la posesión ilícita de un arma de fuego.

La detención se producen mientras las fiscalías de adolescentes acumulan 3,514 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, según estadísticas preliminares del Ministerio Público. Panamá concentró 899 registros y Panamá Oeste otros 591, las dos áreas con mayor cantidad de denuncias durante ese periodo.

Por tipo de delito, 740 denuncias correspondieron a hechos contra la vida y la integridad personal, mientras 1,209 estuvieron relacionadas con la libertad e integridad sexual. También se contabilizaron 608 denuncias contra el patrimonio económico y 543 vinculadas con delitos contra la seguridad colectiva, entre otras categorías investigadas por las fiscalías especializadas.

El informe registra además 198 detenciones provisionales aplicadas a adolescentes durante los primeros ocho meses del año, junto con otras 170 medidas cautelares distintas al encarcelamiento. En ese periodo se realizaron 5,761 audiencias, incluidas 631 formulaciones de imputación, lo que refleja el volumen de actuaciones procesales de esta jurisdicción.

El crimen de Tocumen coincide con otras actuaciones judiciales relacionadas con homicidios y ataques armados en la provincia de Panamá. La Fiscalía Metropolitana consiguió la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado y robo agravado, en un expediente relacionado con el asesinato de un taxista ocurrido en octubre de 2024.

El hecho se registró la noche del 27 de octubre de 2024, en Altos del Lirio, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Tres personas interceptaron a un taxista y a su pasajera para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, quien murió como consecuencia de la agresión.

El Juzgado de Garantías legalizó la aprehensión del nuevo imputado y ordenó su detención provisional por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas. La Fiscalía también sustentó su solicitud en la gravedad del hecho y el peligro para los familiares de la víctima. Otra persona permanece imputada y detenida por este mismo crimen.

En San Miguelito, otro proceso concluyó con una condena de 20 años de prisión contra un hombre por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió el 5 de junio de 2024, en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando la víctima conversaba con un vecino en una vereda.

De acuerdo con la investigación, el agresor disparó desde un vehículo e hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo, poniendo en riesgo su vida. La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral. Un jurado de conciencia emitió el veredicto de culpabilidad, que permitió imponer la pena máxima de 20 años.

Las investigaciones por el asesinato de la adulta mayor y del taxista continúan en distintas etapas del proceso penal, mientras el caso de San Miguelito ya cuenta con una sentencia condenatoria. En Tocumen, la Fiscalía deberá completar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del adolescente acusado de femicidio.

El ex fideicomisario de Nick Reiner reveló que ya autorizó casi $ 349.000 del fondo fiduciario del acusado para pagar honorarios legales, en medio de la disputa judicial que enfrenta el hijo del director de cine Rob Reiner por acceder a más fondos para su defensa.

Paul Kanin, quien hasta hace poco administraba el fideicomiso, efectuó un pago de $ 348.821,14 al abogado Alan Jackson, quien representó al acusado durante apenas dos semanas tras su detención en diciembre de 2025.

Kanin rechazó las acusaciones de que habría descuidado su rol o administrado de forma deficiente el fondo.

El ex administrador sostuvo que los argumentos de Nick respecto a la falta de fondos pasan por alto el pago sustancial que ya fue realizado en su beneficio, según consta en documentos judiciales.

Kanin explicó además por qué dejó de aprobar pagos adicionales: la abogada de Nick habría advertido que “podría utilizar fondos del fideicomiso para litigar contra los otros fideicomisos de la familia Reiner”, lo que lo llevó a renunciar a su cargo.

Tras la salida de Jackson del caso, Nick quedó sin representación privada y actualmente está defendido por la defensora pública Kimberly Greene.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado

En su petición original, Nick Reiner reclamó no haber recibido la distribución obligatoria de la mitad del fideicomiso —a la que afirma tener derecho desde que cumplió 30 años— y solicitó esos fondos para costear sus gastos legales y su cuenta en la cárcel.

El fondo, según sus propias estimaciones, supera los $ 1,5 millones. Una audiencia sobre el fideicomiso está programada para el 23 de octubre.

Nick fue procesado por un gran jurado con dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales: emboscada y uso de arma blanca.

Sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos con heridas de arma blanca en su domicilio de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina no solicitará la pena de muerte, decisión que tomó después de hablar con los otros hijos de la pareja, Jake y Romy Reiner.

“He hablado con la familia Reiner y he evaluado los factores atenuantes y agravantes que forman parte de los casos de asesinato con circunstancias especiales”, afirmó Hochman.

Nick Reiner realizó una breve aparición en una audiencia el 7 de octubre, en la que se observó que su cabello había crecido notablemente desde su detención.

La fiscalía descartó la pena capital

Si Nick Reiner es declarado culpable, la pena máxima que podría recibir será cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El fiscal Hochman precisó que la decisión se adoptó tras una revisión de los factores agravantes y atenuantes, y después de consultar a familiares de las víctimas, fiscales y fuerzas de seguridad.

Jake y Romy Reiner, hermanos del acusado, dejaron “muy claras” sus opiniones sobre la pena de muerte, y la fiscalía tuvo en cuenta esas posturas al tomar la decisión final, según informó ABC News.

La audiencia en la que se anunció la decisión también abordó si deben divulgarse las transcripciones del gran jurado que llevaron a la acusación formal. Jake y Romy pidieron que esos documentos permanezcan sellados, ya que su difusión pública les causaría, según sostienen, más trauma y daño.

Nathan Hochman dijo, en declaraciones recogidas por CNN, que la fiscalía no cree que la publicación de esos documentos perjudique la investigación ni el derecho del acusado a un juicio justo, aunque dejó la decisión en manos del juez.

Nick Reiner, que cumplió 33 años en la fecha de esa audiencia, se declaró inocente y permanece detenido sin derecho a fianza. Según las previsiones de la fiscalía, el juicio no se llevará a cabo antes de 2027.

Rogelio Guerra Vásquez, conocido como “Jaime”, fue detenido en México al ser buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos desde finales de los años noventa.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 10 mil dólares por información que permitiera su captura y posterior condena, esto debido a que enfrenta acusaciones relacionadas con el asesinato de su esposa y por fugarse de la justicia.

El FBI informó este martes que el ciudadano mexicano, nacido el 27 de octubre de 1957, fue arrestado en México como parte de la asistencia de su agencia en Houston, la Oficina del Agregado Legal del FBI en México y el Departamento de Policía de Beaumont.

En su ficha de búsqueda, la agencia aseguraba que Rogelio Guerra tiene vínculos o podía estar residiendo cerca de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

Los delitos por los que EEUU lo buscaba desde hace 29 años

Guerra Vásquez era buscado en Estados Unidos por el asesinato de su esposa, Sugie Vásquez, de 21 años de edad. El crimen lo cometió el 16 de mayo de 1997, en Orange, Texas.

Tras los hechos, fue acusado de asesinato, y el 10 de julio de 1997 el Tribunal de Distrito 163 del Condado de Orange emitió una orden de arresto estatal, mientras que el 12 de junio de 2006 se emitió una orden de arresto federal en el Tribunal de Distrito de EEUU, en el Distrito Este de Texas, Beaumont, después de que fuera acusado de fuga ilegal para evitar su juicio.

Las autoridades alertaban a la ciudadanía asegurando que debía considerarse armado, peligroso y en riesgo de escape. El hombre, de 69 años, tiene conocimientos tanto de español como inglés, lo que facilitaba su movilidad.

Con su captura, el FBI informó que Guerra Vásquez permanece en México y a la espera de su extradición a Texas para enfrentar el proceso en su contra por el asesinato de la mujer hace 29 años.

Otros objetivos del FBI han sido capturados en México, entre ellos Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), fue detenido el pasado 17 de enero en el municipio de Pachuca, Hidalgo, tras una operación conjunta entre agentes federales y las Fuerzas Armadas. El hombre, señalado por el asesinato de una mujer en Carolina del Norte ocurrido en 2016, permanecía prófugo desde hacía casi una década.

Su arresto se concretó luego de un intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses que permitió ubicar su domicilio, donde agentes federales desplegaron tareas de vigilancia en distintos puntos de la zona para dar con él.

Rosales contaba con una Ficha Roja emitida por Interpol y era requerido por las autoridades de Carolina del Norte debido a su presunta implicación con el homicidio de una mujer. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su captura.

Quién era el hombre incluido en la lista de los más buscados del FBI

Rosales Castillo nació en 1998 y fue incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en 2017, un año después del crimen que se le atribuyó. Desde 2023 la agencia ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares a quien aportara información que condujera a su localización.

El hombre se mantuvo prófugo en México durante casi diez años tras cruzar la frontera luego del homicidio. El sujeto mantenía acusaciones por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro.

El caso que llevó a Rosales Castillo a la lista de los más buscados ocurrió en agosto de 2016, cuando fue hallado sin vida el cuerpo de Truc Quan “Sandy” Ly Le, su excompañera de trabajo en Charlotte. El hallazgo se produjo el 17 de agosto de ese año en una zona boscosa del condado de Cabarrus. El cuerpo presentaba lesiones por disparo de arma de fuego.

Dos días antes del hallazgo, el vehículo de la víctima había sido localizado en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona. Las investigaciones posteriores establecieron que Rosales le debía a la mujer una suma cercana a los mil dólares.

Mensajes de texto intercambiados entre ambos antes del crimen revelaron que habían acordado encontrarse en Charlotte el 9 de agosto de 2016 para saldar la deuda. Según la reconstrucción de los hechos, Rosales la habría obligado a retirar una cantidad de dinero superior a la pactada en un cajero automático antes de cometer el asesinato.

Tras el crimen, el prófugo huyó junto a su entonces novia y ambos cruzaron la frontera hacia México por Nogales, Sonora. Ella se entregó a las autoridades dos meses después, mientras que él permaneció oculto en territorio mexicano.

Una nueva audiencia contra Rafael Caro Quintero, alias “Narco de Narcos”, se llevó a cabo la mañana de este miércoles 14 de octubre en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, en la que se esperaban detalles sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

En tan solo 15 minutos se llevó a cabo la audiencia, en la que el juez confirmó que existen pláticas entre la defensa de Caro Quintero y la Fiscalía de EEUU, sin que aún se concrete un acuerdo con el que estaría buscando mejores condiciones en reclusión.

Con esto se tiene programada su próxima audiencia para el 20 de noviembre de 2026, en la que se darán más detalles sobre los avances en su caso, ya que la Fiscalía de EEUU amplió el periodo de uno de los delitos de los que lo acusan.

Sin embargo, un acuerdo va contra todo pronostico en el caso del narcotraficante y uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, esto debido a que desde su llegada a Estados Unidos en febrero de 2025, las autoridades de ese país afirmaron que buscarían la pena máxima en su contra para dar justicia al exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985.

Caro Quintero enfrenta cargos por el secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA, así como por narcotráfico, uso de armas de fuego y tráfico de drogas. A su arribo a EEUU, en un paquete de 29 narcos, le fueron colocadas las esposas de “Kiki” Camarena y se anunció que al fin tendría justicia.

El “Narco de Narcos” continuará a la espera del inicio de su juicio, previsto para el 8 de marzo de 2027, en medio de las negociaciones para mejorar sus condiciones en prisión.

Pena máxima implica la pena de muerte, pero EEUU descartó buscarla para Caro Quintero

Aunque la pena máxima que establecen las autoridades estadounidenses para los cargos en contra de Caro Quintero es la sentencia a muerte, en agosto del año pasado anunció el fiscal Joseph Nocella Jr. que desistieron de solicitar la pena de muerte contra el “Narco de Narcos”.

Y es que esta decisión formó parte de un acuerdo con las autoridades mexicanas para el envío de tres paquetes de narcos en distintos meses, ya que se comprometieron a no someterlos a la pena de muerte.

Aunque desde el primer momento Caro Quintero se declaró no culpable de los delitos que lo acusan, las autoridades estadounidenses se han enfocado en reunir pruebas en su contra para el juicio.

Entre las acciones realizadas por las autoridades de ese país se encuentra la reciente solicitud del Departamento de Justicia al juez Frederick Block para que el proceso se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, esto para evitar posibles represalias en su contra.

Con esto buscan proteger a los jueces y asegurar su imparcialidad frente a posibles actos de intimidación, ya que consideran que podría interferir el propio Caro Quintero. Además, argumentaron que la exposición mediática del caso podría tener impacto en el juicio.

Además, se busca que las pruebas en su caso sean protegidas o clasificadas por considerarse temas de seguridad nacional, esto con la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés).

Al tomar esta decisión, se pretende que las partes sensibles de documentos sean eliminadas y se sustituyan por resúmenes o declaraciones de hechos.

El posible acuerdo de culpabilidad que estaría en la puerta

Aunque el juez confirmó este miércoles que existen pláticas entre la defensa y la Fiscalía de EEUU para un posible acuerdo, desde marzo de este año la abogada del líder criminal, Elizabeth Macedonio, dijo que ya se encontraban en la búsqueda de una resolución que evitara el juicio, pero las autoridades lo negaron.

Johan Guzmán Parada, de 26 años, señalado en 2023 por las autoridades bolivianas como presunto piloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue asesinado a tiros la tarde de este martes en un taller mecánico de Santa Cruz de la Sierra, en medio de una sucesión de crímenes violentos que ha provocado crecientes reclamos para implementar medidas contra la inseguridad en el país.

El ataque ocurrió pasadas las tres de la tarde en un taller situado cerca del tercer anillo interno, en inmediaciones del Zoológico Municipal. Según se observa en las grabaciones de cámaras de seguridad, dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta y uno de ellos descendió para disparar contra Guzmán, que se encontraba sentado dentro del taller junto a otras dos personas.

Los medios locales recogieron declaraciones de testigos que señalan que se escucharon entre tres y cuatro disparos antes de que los atacantes huyeran del lugar. La Policía posteriormente acordonó el taller y comenzó a las investigaciones para identificar a los responsables y el móvil del asesinato.

La madre de la víctima, Juanita Parada, afirmó que su hijo había recibido amenazas de muerte dos días antes del ataque. “Hace dos días lo amenazaron de muerte (...). Me dijo: mamá me amenazaron y yo nada tenía que ver con esto”, declaró al canal Unitel. La mujer señaló a dos personas como posibles responsables, aunque no presentó públicamente pruebas que permitieran establecer su participación en el crimen.

Guzmán había sido presentado en 2023 por el entonces ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, como presunto piloto de Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región. Las autoridades también lo vincularon con Erlan Ivar García López, alias “El Colla”, señalado como integrante de la organización delictiva.

En noviembre de ese año, Guzmán fue enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el asesinato de Aldo Calderón Mejía, un instructor de gimnasio de 33 años, ocurrido el 8 de julio de 2021.

El acribillamiento contra Guzman se produce dos meses después de que su hermano, Christian Guzán Parada, fuera abatido durante un enfrentamiento con la Policía brasileña junto a otros acusados de haber cometido asesinatos en la localidad de San Matías, fronteriza con Brasil. Ambos hermanos fueron vinculados con la organización de Marset.

Ola de violencia en Bolivia

El asesinato de este martes se produce en un contexto de preocupación por la violencia criminal en Santa Cruz, donde el domingo se produjo atraco armado a una joyería en un centro comercial. Ambos hechos, ocurridos en menos de tres días, han intensificado los cuestionamientos a las autoridades por la respuesta frente a la inseguridad.

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, sostuvo que es necesario establecer una sala de crisis permanente que funcione las 24 horas y permita ejecutar operaciones con rapidez. También advirtió que las organizaciones criminales no han sido desarticuladas.

En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió acelerar reformas normativas para descentralizar el mando policial y poder contar con una guardia de seguridad propia en su región, en la que solo en septiembre se registraron al menos 14 asesinatos armados.

El 4 de diciembre de 2024, a las 6:45 de la mañana, Brian Thompson caminaba hacia el hotel de Manhattan donde UnitedHealthcare (UHC) celebraba su conferencia anual de inversionistas cuando un hombre enmascarado se acercó por detrás y le disparó. Lo que los investigadores encontraron días después entre las pertenencias del sospechoso —una carta manuscrita dirigida a “los federales”, un cuaderno con anotaciones fechadas y partes de un arma fabricadas con impresora 3D— trazó el perfil de una planificación de meses.

El 14 de agosto de 2026, Luigi Mangione confirmó en un tribunal federal todo lo que esos documentos sugerían: se declaró culpable de dos cargos federales de acoso con resultado de muerte y pronunció las palabras que su defensa había evitado durante casi dos años: “El 4 de diciembre de 2024, le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”.

La carta —dirigida a “los federales” y citada por los fiscales de Nueva York como parte de su “manifiesto”— se convirtió en uno de los elementos centrales del proceso judicial. En ella, Mangione no solo describió los métodos del ataque sino que expuso los argumentos con los que intentó justificarlo: la crisis del sistema de salud en Estados Unidos, el crecimiento corporativo de UHC y lo que llamó un abuso de poder sostenido por la inacción de la población.

La carta “A los federales” describe métodos y motivaciones del ataque

En el escrito, Mangione declara que actuó solo y define el crimen como el resultado de “algo de ingeniería social elemental, diseño asistido por computadora básico y mucha paciencia”. Menciona un cuaderno espiral con notas y listas que, según indicó, “aclaran lo esencial”.

La queja federal firmada por el agente especial del FBI (Buró Federal de Investigación) Gary W. Cobb cita ese documento como la Feds Letter y lo incorpora como prueba de cargo. En una posdata, Mangione instruyó a las autoridades: “Pueden verificar los números de serie para confirmar que todo fue autofinanciado. Mis propios retiros del cajero automático”.

Pide disculpas por “cualquier conflicto o trauma”, pero afirma que el ataque “tenía que hacerse”. Sobre los directivos del sector escribe: “Sinceramente, estos parásitos simplemente se lo buscaban”.

Luego plantea su argumento central: “Estados Unidos tiene el sistema de salud más costoso del mundo y ocupa el puesto 42 en esperanza de vida”, mientras afirma que UHC era “la quinta empresa del país por capitalización de mercado, detrás de Apple, Google y Walmart”.

“Ha crecido y crecido, ¿pero acaso nuestra esperanza de vida lo ha hecho? No”, continúa el texto.

Reconoce que no se considera “la persona más calificada para exponer todo el argumento”, pero señala que periodistas y documentalistas —menciona a Rosenthal y Moore— ya habían denunciado “la corrupción y la codicia” del sector “hace décadas”. Su conclusión: “A estas alturas no es una cuestión de concientización, sino claramente de juegos de poder en marcha”.

Los escritos del cuaderno revelan meses de planificación y referencias al Unabomber

La queja federal del FBI cita dos entradas del cuaderno con fecha. En la del 15 de agosto de 2024, Mangione escribió que “el objetivo es el seguro” porque “marca todas las casillas”. En la del 22 de octubre de 2024 —seis semanas antes del crimen— anotó: “Esta conferencia de inversionistas es una verdadera oportunidad... el mensaje se vuelve evidente por sí solo”, y describe la intención de atacar al CEO de una aseguradora en su conferencia anual.

En escritos presentados por los fiscales en junio de 2025, también consignó: “Finalmente me siento seguro sobre lo que haré. No siento ninguna duda sobre si es correcto o está justificado”, según reprodujo CBS News.

Otra nota hace referencia a Ted Kaczynski, el Unabomber. “Los normies lo categorizan como un asesino en serie demente... y desestiman sus ideas”, escribió Mangione. El análisis de inteligencia del NYPD advirtió que Mangione habría visto el crimen como “un desafío simbólico directo” a la influencia corporativa de la industria sanitaria y alertó sobre el riesgo de que se convirtiera en un “mártir” capaz de inspirar actos similares.

La reconstrucción del FBI documenta el crimen minuto a minuto

La queja federal reconstruye los movimientos de Mangione con respaldo de cámaras de seguridad. El 24 de noviembre de 2024, llegó a Manhattan en bus desde Atlanta, Georgia, se alojó en un albergue del Upper West Side bajo el nombre falso de “Mark Rosario” con una licencia apócrifa de Nueva Jersey y reconoció el área del hotel donde se celebraría la conferencia.

El 4 de diciembre, a las 5:35, salió en bicicleta eléctrica por Central Park West y esperó cerca de una hora frente al hotel. A las 6:45, se aproximó a Thompson por detrás y le disparó en la pierna y la espalda.

Huyó, se internó en Central Park —donde descartó la mochila gris hallada dos días después— y llegó en taxi hasta la Terminal de Autobuses del Puente George Washington y, según fuentes policiales citadas por ABC News, desde allí se dirigió al sur hasta Penn Station y abandonó la ciudad en tren hacia Filadelfia. En la escena quedaron casquillos de 9mm con las palabras “deny”, “defend” y “depose” grabadas en su superficie.

Ante el tribunal, Mangione admitió que fabricó partes del arma con una impresora 3D y que se hizo pasar por inversor para obtener información sobre la conferencia. “Mi viaje a Nueva York y el correo electrónico a UnitedHealthcare tuvieron como objetivo dispararle a Brian Thompson”, declaró, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El fiscal Jamie McDonald aclaró que no hubo acuerdo con la defensa: Mangione se declaró culpable de forma abierta, sin concesiones. La fiscalía pidió la pena máxima.

La sentencia federal está fijada para el 18 de diciembre y el caso estatal espera resolución en diciembre

La jueza Garnett fijó la sentencia para el 18 de diciembre de 2026. Cada cargo federal prevé una pena máxima de cadena perpetua. La fiscalía pidió esa pena máxima; la defensa señaló que las pautas federales ubicarían la condena entre 24 y 30 años, aunque la jueza tiene plena discreción, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Tras la declaración de culpabilidad, la abogada Karen Friedman Agnifilo presentó una moción para desestimar los cargos estatales —entre ellos el asesinato en segundo grado— por doble enjuiciamiento. El juicio estatal, que estaba previsto para el 8 de septiembre, quedó postergado de inmediato.

El juez Gregory Carro ordenó a la Fiscalía del Distrito de Manhattan responder a esa moción antes del 9 de octubre, plazo que ya venció.

El 9 de octubre, la fiscalía de Alvin Bragg presentó su oposición —con el argumento de que el acoso y el asesinato son delitos con elementos distintos y que el proceso estatal persigue un tipo diferente de daño—, según consignó ABC News.

El juez deberá pronunciarse sobre la moción en una audiencia fijada para el 10 de diciembre de 2026, ocho días antes de la sentencia federal.

Tras el asesinato de Leví Peralta Regalado, profesor y dirigente sindical baleado dentro de su propia escuela, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó una marcha regional para el miércoles 14 de octubre desde las 9:00 horas en San Blas Atempa, Oaxaca.

El sindicato exige que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarezca el crimen y que las autoridades garanticen la seguridad en los planteles de la región.

La concentración partirá hacia la escuela donde ocurrió el crimen

La convocatoria, formalizada mediante el oficio número 39 fechado el 13 de octubre, fijó el punto de encuentro en las inmediaciones de la Preparatoria Número 4. Desde ahí, el contingente avanzará hacia la Escuela Secundaria Técnica Número 69, el plantel donde Peralta Regalado fue asesinado.

El llamado se dirigió al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, a los organismos auxiliares y a los espacios ganados en resistencia.

También convocó al Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, a la estructura sindical completa de la región del Istmo y al 20% de la membresía del resto de las regiones del estado.

Leví Peralta Regalado era líder sindical

Peralta Regalado murió baleado dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 69 de San Blas Atempa, donde se desempeñaba como docente y dirigente sindical. Policías municipales lo trasladaron herido a un hospital del ISSSTE en Santo Domingo Tehuantepec, donde falleció a consecuencia de las lesiones.

Tras el ataque, las autoridades suspendieron las actividades escolares en el plantel para permitir las diligencias correspondientes.

El profesor se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333, perteneciente al Sector Juchitán, en la región del Istmo. Había integrado además el Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 22 durante el periodo 2012-2016.

El sindicato exige que la Fiscalía esclarezca el móvil

La Sección 22 emitió un pronunciamiento en el que manifestó su indignación por el homicidio y demandó la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales. El sindicato pidió, además, que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarezca lo ocurrido y que los responsables enfrenten la justicia.

El magisterio oaxaqueño sostuvo que el caso no debe quedar impune y reclamó que las investigaciones permitan conocer las circunstancias exactas del ataque armado. Hasta el momento no se ha confirmado públicamente el móvil del crimen ni se ha establecido si existe relación directa entre el homicidio y la actividad sindical del profesor.

La Fiscalía de Oaxaca inició las diligencias con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de la Comandancia de Tehuantepec y agentes del área de Alto Impacto.

Las escuelas del Istmo quedan expuestas a la violencia regional

La Sección 22 advirtió que el ataque dentro de un plantel educativo expuso a la comunidad escolar a la violencia que afecta a la región del Istmo. La agresión generó preocupación por la integridad de estudiantes, docentes y demás trabajadores de la Escuela Secundaria Técnica Número 69.

Entre sus principales exigencias, la organización sindical planteó esclarecer el crimen, identificar y sancionar a los responsables, implementar medidas de seguridad en los centros educativos de la región y coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno para proteger a estudiantes y trabajadores de la educación.

La demanda principal busca garantizar que docentes, estudiantes y trabajadores puedan desarrollar sus actividades sin nuevos episodios de violencia mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Peralta Regalado.

Damon Foy se declaró culpable de asesinato en segundo grado por el homicidio de su expareja, Alberta Dale, ocurrida en 2024 en el condado de Ulster, Nueva York.

La declaración se formalizó el 7 de octubre de 2026 como parte de un acuerdo judicial que le permitió evitar un juicio por ese cargo, según informó la fiscalía local.

Foy, de 50 años, admitió ante el juez Bryan E. Rounds que mató a Dale, de 44, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2024. Según la fiscalía, también desmembró el cuerpo e intentaba deshacerse de los restos cuando intervino la policía. La sentencia se conocerá el 16 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía del condado de Ulster y CBS News Pittsburgh.

La investigación comenzó durante la primera semana de abril de 2024, cuando los familiares de Dale, en Pensilvania, alertaron a las autoridades porque habían perdido contacto con ella.

Qué pena prevé el acuerdo judicial

La Fiscalía del condado de Ulster informó que Foy se declaró culpable de asesinato en segundo grado ante el tribunal local. En Nueva York, ese delito puede recibir una pena de hasta 25 años a cadena perpetua.

Como parte del acuerdo judicial, la fiscalía prevé una condena de 23 años a cadena perpetua, según Fox News. El juez Rounds deberá formalizar la pena en la audiencia prevista para diciembre.

Alberta Dale había terminado recientemente su relación con Foy, según la fiscalía. Tras varios días sin noticias de ella, sus familiares alertaron a las autoridades, informó CBS News Pittsburgh.

La Oficina del Sheriff acudió a la vivienda de Foy para comprobar si Dale estaba allí. Al no encontrarla, los agentes iniciaron una investigación por desaparición y solicitaron la colaboración de otras fuerzas policiales.

El 2 de abril de 2024, una persona entregó a las autoridades varios objetos que había encontrado al costado de una carretera. Los investigadores los vincularon con Dale y avanzaron con nuevas medidas para esclarecer su desaparición, de acuerdo con CBS News Pittsburgh.

Qué hallaron las autoridades de la investigación contra Damon Foy

La fiscalía informó que la Oficina del Sherif obtuvo órdenes de registro para la residencia de Foy y otros lugares asociados con el caso. Esos procedimientos aportaron elementos que indicaban que Dale había sido víctima de un homicidio y llevaron al arresto del acusado, según la fiscalía local.

De acuerdo con CBS News Pittsburgh, las autoridades determinaron que Foy había matado y desmembrado a Dale antes de intentar eliminar los restos. Fox News publicó detalles adicionales, indicando que los investigadores localizaron en un armario una valija que contenía restos parciales de Dale, incluida la cabeza de la víctima. El mismo medio señaló que Foy dijo a los investigadores que Dale lo había tratado “como a un tonto” durante la relación.

Antes de declararse culpable, Foy enfrentaba una acusación que incluía asesinato en segundo grado y otros delitos vinculados con la muerte de Dale. La fiscalía indicó que la admisión de culpabilidad resolvió el proceso penal abierto por el homicidio.

Fox News informó que la acusación inicial incluía cargos por ocultamiento de un cadáver, desacato agravado, daños criminales, agresión, obstrucción criminal de la respiración o circulación sanguínea y posesión de armas.

La declaración de culpabilidad modifica el curso del expediente porque elimina la necesidad de que un jurado determine la responsabilidad penal de Foy en un juicio. Sin embargo, no reemplaza la audiencia de sentencia, en la cual el juez deberá imponer formalmente la pena prevista en el acuerdo.

La fiscalía vinculó el asesinato con la violencia doméstica

La jefa adjunta de la fiscalía, Elizabeth Culmone-Mills, señaló que la investigación requirió la participación de varias agencias durante más de dos años. “Nuestra oficina comprometió recursos significativos para este caso y trabajó estrechamente con la Oficina del Sheriff del condado de Ulster, la Policía Estatal de Nueva York y nuestros socios de las fuerzas del orden”, afirmó, según CBS News Pittsburgh.

El fiscal de distrito Emmanuel C. Nneji vinculó el caso con la violencia doméstica en un comunicado difundido tras la declaración de culpabilidad. “El total desprecio egoísta por la vida y la dignidad de otra persona está en el centro de la violencia doméstica”, sostuvo el funcionario, de acuerdo con la fiscalía local.

Fox News informó que Dale había advertido a autoridades sobre antecedentes de violencia doméstica relacionados con Foy. Ese aspecto, junto con referencias a una orden de protección y a incidentes previos, fue atribuido por el canal a documentos judiciales.

Qué ocurrirá con Damon Foy después de declararse culpable

La próxima actuación judicial será la audiencia de sentencia del 16 de diciembre de 2026 en el Tribunal del Condado de Ulster. Allí, el juez Rounds deberá resolver la pena para Foy, quien enfrenta una condena esperada de 23 años a cadena perpetua.

Para los familiares de Alberta Dale, el acuerdo cierra la discusión sobre la responsabilidad penal del acusado y traslada el proceso a la imposición de la condena. Para las autoridades, la causa continuará abierta hasta que el tribunal formalice la sentencia.

El profesor Leví Peralta Regalado, coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica 69, fue asesinado a balazos dentro del plantel ubicado en San Blas Atempa, Oaxaca, mientras recibía a estudiantes durante el ingreso a clases. El ataque provocó la suspensión de actividades escolares y abrió una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Peralta Regalado tenía 44 años, era originario de Juchitán y trabajaba en la secundaria localizada a unos 40 minutos de su ciudad natal. También se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 del sector Tehuantepec, en la región del Istmo.

De acuerdo con los reportes recabados tras el ataque, personas armadas ingresaron a las instalaciones educativas y dispararon contra el docente. Los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras alumnos corrieron para resguardarse en las aulas.

La Fiscalía de Oaxaca informó que el profesor sufrió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Inicialmente fue trasladado en ambulancia a una unidad médica cercana; otros reportes indicaron que policías municipales lo llevaron a un hospital de Santo Domingo Tehuantepec, donde murió a causa de las lesiones.

La Fiscalía desplegó agentes de Tehuantepec y del área de Alto Impacto

La institución procuradora de justicia abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio. Hasta ese momento no se informó de personas detenidas por el crimen cometido dentro de la escuela pública.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía desplegó un equipo multidisciplinario conformado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto. Las autoridades investigaban la identidad de los atacantes y las circunstancias del asesinato.

Padres y madres de familia solicitaron mayores medidas de seguridad para sus hijas e hijos después de que las clases fueron suspendidas. El homicidio ocurrió en un momento de ingreso de estudiantes, por lo que docentes pidieron apoyo policial y atención de paramédicos tras la agresión.

El gobierno de Oaxaca mantenía un operativo permanente de 700 elementos en la zona: 600 uniformados federales y 100 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Binnizá. La presencia de ese despliegue no evitó el ataque contra el coordinador académico en San Blas Atempa.

La Sección 22 exigió seguridad para las comunidades escolares del Istmo

La Sección 22 de la CNTE condenó el asesinato de Leví Peralta Regalado y recordó que el docente había sido integrante del Comité Ejecutivo Seccional durante el periodo 2012-2016. El sindicato cuestionó que la violencia alcanzara instalaciones destinadas a la enseñanza.

“Condenamos enérgicamente que los centros educativos, que deben ser espacios seguros para la enseñanza y el aprendizaje, se vean alcanzados por la violencia”, expresó la organización magisterial.

La representación sindical demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno acciones inmediatas, eficaces y coordinadas para proteger las escuelas y las comunidades de la región. “La vida y la integridad de las comunidades escolares no pueden quedar a merced de la violencia ni de la omisión gubernamental”, recalcó.

Un día antes del homicidio, se registraron disparos de arma de fuego en el plantel Mixtequilla del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, conocido como IEBO. Ese hecho también ocasionó la suspensión de clases, sin que se conocieran los motivos de la agresión.

En sus historias de Instagram, Alfano recorrió la cuadra donde se encontraba la propiedad —identificada por un portón verde y enredaderas— y eligió musicalizarla con “Angels”, el clásico de Robbie Williams que con el tiempo trascendió el pop para asociarse al consuelo ante la pérdida de seres queridos. La elección no pareció casual: el tema, habitual en funerales y homenajes póstumos, subrayó el tono íntimo y cargado de dolor del mensaje que la conductora estaba a punto de compartir.

“En esta casa, nuestra casa, asesinaron a mi padre. Yo tenía 12 años. No tuvo justicia, solo una mentira absurda y miedo, mucho miedo. Hoy voy a contar La Verdad. Será justicia, que descanses en paz”, escribió junto a las imágenes. Con esas palabras no solo rompió un silencio de décadas, sino que también anticipó que hará pública su versión de los hechos, marcada —según ella misma señaló— por la falta de justicia y por el peso de una mentira que la acompañó desde la niñez.

No era la primera vez que Alfano se acercaba al tema. En 2019, durante una visita a La Noche de Mirtha (El Trece), la figura del espectáculo habló largo y tendido sobre el asunto por primera vez, en un diálogo con Marcela Tinayre en el que fue desgranando los detalles del caso entre reflexiones sobre los karmas familiares y la espiritualidad. “Mi padre biológico era cazador de caza mayor. Él ponía la bala en la cabeza, en el cráneo de muchos animales”, relató entonces, para agregar enseguida: “Y el final de mi padre fue con un tiro en la cabeza”.

Ante la pregunta de Tinayre sobre si se había tratado de un suicidio, Alfano fue contundente: “Se marcó como suicidio en Resistencia, en el Chaco, pero cuando fuimos con mi madre a recoger el cadáver —yo tenía doce años— el calibre de la bala que tenía en la cabeza mi papá no coincidía con el calibre de la pistola que tenía en la mano”. La conductora recordó que, en ese momento, alguien del juzgado advirtió a su madre: “Señora, usted tiene una hija. Por favor, olvídese de esto, llévese a su marido muerto y quiero que el apellido Alfano nunca más se escuche”.

En aquel programa, Alfano precisó que su padre, ingeniero civil, había viajado a Resistencia para trabajar en el catastro de la ciudad y que la familia tenía su residencia habitual en Buenos Aires. “Había comprado unos terrenos ahí y por alguna razón lo asesinaron, nunca sabré”, reconoció. El hecho ocurrió el 14 de marzo de 1965.

La conductora también mencionó en ese diálogo la intervención del periodista Luis Ventura, quien en su momento investigó el caso. “Fue, averiguó, y me trajo unas cartas, las últimas cartas de suicidio de mi padre, que no eran la letra de él siquiera, escribía con errores de ortografía”, relató. Para Alfano, esas cartas apócrifas representaban, junto con la incompatibilidad del arma, la prueba más clara de que la muerte de su padre fue un crimen encubierto.

Con el video difundido en sus redes sociales, Alfano retoma ahora ese hilo y anuncia que esta vez irá más lejos. La publicación generó una inmediata reacción entre sus seguidores, que respondieron con mensajes de apoyo y sorpresa ante una revelación que abre nuevas preguntas sobre los años más oscuros de la vida de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.