Los tres hombres enmascarados esperaron a Phoolan Devi frente a su casa en Nueva Delhi. Era el 25 de julio de 2001, pleno mediodía, en una zona de alta seguridad de la capital de la India. Cuando la diputada bajó de su vehículo le dispararon a quemarropa. Murió a los 38 años.

El Parlamento suspendió sus sesiones en señal de duelo. Hasta sus adversarios políticos reconocieron públicamente que el Estado había fallado en proteger a una legisladora electa. Quienes conocían la historia de Phoolan Devi sabían que había vivido casi toda su vida anticipando ese final.

Phoolan Devi nació el 10 de agosto de 1963 en Uttar Pradesh, en el seno de una familia de la subcasta Mallah, una de las más bajas del sistema de castas de la India. Su padre era pescador. La familia era pobre, muy pobre.

A los once años la entregaron en matrimonio a un hombre tres veces mayor que ella, a cambio de una vaca. Él la maltrató. Al año, Phoolan volvió a la casa de sus padres, pero tampoco fue bienvenida. Según su obituario publicado hace 26 años en The New York Times, su propia madre le dijo: “Como no te quieren en la casa de tu marido ni en la de tus padres, ¿por qué no te suicidás tirándote a un pozo?”.

La expulsión del hogar la convirtió en una paria en su aldea. Poco después, su primo la hizo arrestar con cargos falsos. Durante esa detención, la policía la golpeó y la violó.

Tras salir de la cárcel, Phoolan fue secuestrada por una banda de dacoits, los bandidos que recorrían las llanuras del norte de la India. La banda la llevó a las gargantas del Chambal, en el centro del país. Al frente estaba un hombre llamado Babu Gujar, quien la violó y golpeó durante tres días.

El segundo al mando, Vikram Mallah, mató a Gujar y tomó el control de la banda. Mallah y Phoolan se convirtieron en pareja. Él le enseñó a manejar armas. Juntos lideraron durante un año una serie de asaltos a trenes y aldeas de castas altas en Uttar Pradesh y Madhya Pradesh. Las historias que circulaban sobre ella la bautizaron como “la reina bandida”.

En agosto de 1980, dos hermanos que habían regresado a la banda tras cumplir condena en prisión, Sri Ram y Lala Ram, asesinaron a Mallah para vengar la muerte de Gujar. Luego secuestraron a Phoolan y la llevaron a la aldea de Behmai, donde decenas de hombres Thakur de casta alta la violaron durante semanas. Veintitrés días después, sus aliados la rescataron en secreto.

Phoolan formó su propia banda. Y jamás olvidó lo padecido en Behmai. El 14 de febrero de 1981, Día de San Valentín, regresó a esa aldea con sus hombres. Mientras saqueaban el lugar, exigió que los aldeanos entregaran a Sri Ram y Lala Ram. Los hermanos no aparecieron. Entonces, según los relatos que reconstruyeron los hechos, dio la orden de reunir a todos los hombres Thakur del lugar. Los llevaron al margen del río, los hicieron arrodillar con la cabeza contra el suelo y abrieron fuego.

De los 30 hombres reunidos, fueron asesinados 22. Fue la mayor masacre de dacoits en la historia moderna de la India. El hecho sacudió al país no solo por su escala, sino porque había sido ordenada por una mujer de casta baja contra hombres de casta alta.

Phoolan Devi siempre negó haber dado esa orden. Las fuentes que reconstruyeron el episodio señalan que ella reconoció haber estado presente, pero rechazó la autoría intelectual de los disparos. La noticia desató una cacería masiva en toda la India. Durante dos años, Phoolan eludió la captura en las montañas de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh.

En 1983, Phoolan Devi negoció su entrega con las autoridades. Las condiciones que impuso fueron estas: no sería juzgada por la masacre de Behmai. La ceremonia de rendición, celebrada en Madhya Pradesh, fue presenciada por gran parte de la elite política de la región y por unos 8.000 seguidores que la aclamaron.

Fue encarcelada sin juicio. Aunque se la acusó de 49 delitos graves, nunca fue condenada por ninguno de ellos. El sistema judicial de la India, notorio por sus demoras, la mantuvo detenida once años sin que se celebrara un solo proceso en su contra.

En febrero de 1994 quedó en libertad. Las familias de las víctimas de Behmai exigieron que fuera juzgada, pero los tiempos políticos habían cambiado: las castas bajas habían adquirido un peso electoral que ningún partido podía ignorar.

Ese mismo año en que salió de prisión, la película Bandit Queen, del director indio Shekhar Kapur, se estrenó en el Festival de Cannes. El film amplificó su historia en todo el mundo. Phoolan declaró: “Trabajaré por la elevación de las mujeres y los oprimidos. Las mujeres de toda la India están reprimidas. Eso debe terminar”.

En 1996 ganó una banca en el Parlamento con el Partido Samajwadi (Socialista). Perdió el escaño cuando el Parlamento fue disuelto en 1998, pero lo recuperó en las elecciones de 1999. Se convirtió en una figura popular entre las castas bajas y los dalits, los ex intocables.

Su vida personal también cambió. Se casó con Umed Singh, un político. Empezó a frecuentar peluquerías y a usar ropa de diseño. En su autobiografía, I, Phoolan Devi, escribió: “Tantas personas habían hablado por mí sin que yo hubiera podido hablar por mí misma. Tantas personas habían tomado mi foto y la habían distorsionado para sus propósitos. Quería respeto. Quería que dijeran: ‘Phoolan Devi es un ser humano’, porque entonces lo dirían de los demás”.

Phoolan Devi era consciente de que podía ser asesinada. Su amigo británico Roy Moxham, autor del libro Outlaw: India’s Bandit Queen and Me, recordó que en los primeros años de su amistad temía constantemente por su vida. En una visita a su casa, un oficial de policía lo llevó a la azotea para mostrarle las posiciones elegidas para emplazar ametralladoras.

Con el tiempo, la seguridad que la rodeaba se fue reduciendo. En una visita a Chitrakoot, solo un guardaespaldas la acompañó. Moxham observó que, en sus últimos años, Phoolan ya no parecía temer a la muerte como antes. Le había dicho en más de una ocasión que podía ser asesinada. Y que, si estaba destinado a ocurrir, ocurriría.

Los líderes de su partido, el Samajwadi, acusaron públicamente al Partido Bharatiya Janata (BJP), entonces en el gobierno de Uttar Pradesh, de haber reducido deliberadamente su custodia. El gobierno negó los cargos. Uttar Pradesh tenía elecciones provinciales previstas para febrero del año siguiente, y el BJP enfrentaba un desafío directo del partido al que pertenecía Phoolan.

Pocos días después del asesinato, un hombre llamado Sher Singh Rana se presentó ante la policía y confesó haber matado a Phoolan Devi. Dijo haberlo hecho para vengar la masacre de Behmai. Era miembro de las castas altas.

Rana fue arrestado en 2001. En febrero de 2004 se escapó de una prisión de alta seguridad de Nueva Delhi. Lo recapturaron en 2006. Un tribunal de Nueva Delhi lo declaró culpable de homicidio y tentativa de homicidio. La fiscalía pidió la pena de muerte y sostuvo que el crimen había sido “planeado” y “ejecutado minuciosamente”. Rana pidió clemencia al tribunal, alegando que debía cuidar a su madre anciana y enferma.

En 2014, el tribunal lo condenó a cadena perpetua y le impuso una multa. Los otros diez acusados que fueron juzgados por el mismo crimen quedaron absueltos por falta de pruebas. Rana apeló la sentencia y, según las fuentes disponibles, fue puesto en libertad con la condición de presentarse ante la policía cada seis meses.

La muerte de Phoolan Devi, ocurrida hace un cuarto de siglo, paralizó la India. El Parlamento suspendió sus sesiones. En Uttar Pradesh estallaron manifestaciones, algunas de ellas violentas. El líder del Partido Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, ex jefe de gobierno de ese estado y ex ministro de Defensa nacional, juró que el asesinato sería vengado en las urnas.

El presidente de la república, K. R. Narayanan, describió a Phoolan Devi como el símbolo de la lucha de los más pobres entre los pobres y de la causa feminista en su expresión más pura.

Su marido, Umed Singh, declaró luego del asesinato, sin esconder su amargura: “A nadie le gusta que alguien, especialmente una mujer de las clases bajas, se levante y se haga un nombre”.

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, del partido Movimiento Ciudadano, rompió el silencio este 24 de julio mediante un video difundido en redes sociales, días después de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitara al Congreso local su desafuero por su presunta vinculación con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del Pulso Informativo del Sureste.

El funcionario confirmó que fue notificado del procedimiento el martes 21 de julio y anunció que ejercerá su derecho de defensa dentro de los plazos establecidos.

González Martínez afirmó que el ayuntamiento continúa operando con normalidad y pidió a la ciudadanía “evitar emitir juicios anticipados”. En ningún momento de su mensaje hizo referencia directa a las acusaciones de la Fiscalía, a la periodista asesinada ni a los elementos del expediente que apuntan en su contra.

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y vinculadas a proceso penal por el crimen ocurrido el pasado 2 de junio, entre ellas integrantes del Grupo Sombra y elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.

El alcalde invocó la presunción de inocencia y no mencionó a Roxana Guzmán

En el video, González Martínez confirmó que acudió al Congreso del Estado el martes 21 de julio, donde fue notificado formalmente del procedimiento. Anunció que presentará alegatos “por las vías legales” dentro de los plazos establecidos e invocó la presunción de inocencia y el debido proceso como principios que deben regir el caso.

El alcalde afirmó que el ayuntamiento opera con normalidad y que todos los servicios públicos continúan prestándose. Pidió a la ciudadanía “permitir que las autoridades correspondientes realicen su trabajo” y evitar emitir juicios anticipados.

En ningún momento hizo referencia directa a las acusaciones de la Fiscalía, a la periodista asesinada ni a los elementos del expediente que apuntan en su contra.

La presidenta de la Mesa Directiva del congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó previamente que el alcalde dispone hasta el 28 de julio para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Por otra parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Elena Córdova Molina advirtió que su partido no aceptará que “se fabriquen delitos” y pidió que el procedimiento se conduzca con respeto a la presunción de inocencia.

Esto se conoce sobre las acusaciones con contra el alcalde

De acuerdo con información reportada por el medio Reforma con base en documentos ministeriales a los que tuvo acceso, el alcalde González Martínez habría ordenado el crimen tras enterarse de que Guzmán Ramírez tenía en su poder una fotografía en la que él aparecía portando un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Según testimonios también reportados, el alcalde se comunicó con un presunto integrante del Grupo Sombra, conocido como “Shelby” o “Tommy”, para ordenar el plagio y asesinato de la comunicadora.

La periodista fue secuestrada el 2 de junio en su domicilio de Nanchital. Presuntamente los agresores la trasladaron al predio “El Limonar”, en el Ejido Emiliano Zapata de Ixhuatlán del Sureste, donde habría sido interrogada, golpeada, asesinada, desmembrada e incinerada.

Sus restos fueron localizados tras un despliegue coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno que duró un mes, y su identidad confirmada el 3 de julio.

El secuestro quedó grabado y el video dio la vuelta al país

La mañana del 2 de junio, al menos tres hombres armados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital.

Los agresores rompieron los vidrios de la entrada, apuntaron con armas largas hacia el interior y sometieron a golpes al padre de la periodista, quien intentó interponerse y tuvo que ser hospitalizado. El secuestro quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, lo que detonó la atención nacional.

ARTICLE 19, organización defensora de la libertad de expresión, y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) exigieron de inmediato acciones efectivas de búsqueda y pidieron que la labor periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación. CIMAC activó la Alerta Mujeres Periodistas y señaló que en el caso de una mujer periodista convergen un doble factor de vulnerabilidad: su trabajo informativo y la violencia de género.

Según reportes, Roxana había regresado a Veracruz en 2025 para fundar Pulso Informativo del Sureste, luego de que en 2017 el asesinato de su esposo, Carlos Fernández Escalante, la obligó a abandonar el estado.

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por el crimen:

• Javier Iván “N”, alias “Delta 1”
• José del Carmen “N”, alias “Delta 7″
• Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”
• Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”
• Julio César “N”
• Luis Enrique “N”
• Juan Carlos “N”
• Ismael “N”

Entre ellos, los cuatro últimos eran elementos activos de la corporación de Ixhuatlán del Sureste, el municipio que encabeza el alcalde señalado como presunto autor intelectual del crimen.

Un comerciante perdió la vida durante las primeras horas del pasado jueves al interior de un establecimiento de la Central de Abastos de Toluca, en el Estado de México, luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego que, de acuerdo con los primeros reportes, estaría relacionado con un presunto intento de asalto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:30 horas, cuando se registró una agresión en uno de los locales ubicados en la nave “I” del centro de distribución y comercio. Tras el ataque, el trabajador fue localizado con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego.

La situación generó una movilización de los servicios de emergencia y de elementos de seguridad, quienes acudieron al inmueble luego de recibir el reporte sobre una persona herida.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) llegaron hasta el sitio con la intención de brindar atención médica a la víctima. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el comerciante ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad de la víctima ni se ha precisado el monto de los objetos o dinero que presuntamente habrían sido sustraídos durante el asalto.

Autoridades acordonan la zona tras ataque armado

Luego de confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad pública arribaron a la Central de Abastos de Toluca y procedieron a acordonar el área donde ocurrió el homicidio, con el objetivo de preservar los posibles indicios relacionados con la agresión.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Agentes de investigación y peritos realizaron las diligencias correspondientes dentro del establecimiento, además del levantamiento y procesamiento de posibles pruebas que pudieran contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades buscan establecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar si el homicidio ocurrió efectivamente durante un intento de asalto o si existió alguna otra circunstancia detrás de la agresión.

El cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente a las instalaciones correspondientes para llevar a cabo los estudios periciales y los procedimientos establecidos por la ley, mientras continúan las investigaciones.

No hay detenidos por el homicidio del comerciante

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el crimen. Tampoco se han dado a conocer las características de los posibles responsables ni se ha confirmado si lograron escapar del lugar después de la agresión.

La Fiscalía mexiquense mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

El homicidio registrado durante las primeras horas del jueves generó preocupación entre comerciantes y trabajadores de la Central de Abastos, uno de los principales puntos de actividad comercial de la capital mexiquense, particularmente por el horario en el que ocurrió el hecho.

Las autoridades deberán analizar los indicios encontrados en el lugar, así como posibles registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir la ruta de los agresores y avanzar en su identificación.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si el comerciante fue asesinado durante un presunto intento de robo y fincar responsabilidades a quienes resulten involucrados.

Tras sorprenderlo, lo ataron con cinta para robarle seis mil dólares. El policía murió allí mismo, retorciéndose en el piso. Los ladrones no le dispararon ni lo apuñalaron; la autopsia determinó que el shock de ser asaltado fue suficiente para quitarle la vida. Arizaga, padre de varios hijos, tenía 60 años.

Gamarra, con domicilio en San Justo, fue detenido en una recorrida dentro de la Villa Palito. Lo encontraron dentro de un kiosco sobre la calle Bacchi. Así, fue reconocido de inmediato. Se negó a declarar ayer ante el fiscal Adrián Arribas.

Hoy, a “El Paragua”, su propio barrio lo escracha en redes sociales. En las últimas, sus vecinos difundieron el video que ilustra esta nota, donde amenaza a su propio barrio con una serie de tiros al aire. “Los pendejos cada vez más atrevidos. Igual éste cayó el miércoles en Palito”, aseguró un comentarista en Facebook.

Así, Insfrán Gamarra se convierte en el quinto sospechoso en ser detenido por el crimen del comisario inspector. Sus presuntos cómplices fueron arrestados en los últimos meses, dos de ellos en relación a otros hechos similares, entraderas en la zona oeste.

“El Paragua”, por su parte, tiene una lista de antecedentes. Cayó dos veces por robo. Por una de estas causas, a cargo de la UFI N°5 de Laferrere, terminó preso por seis meses.

En agosto de 2024, una patrulla motorizada de la Bonaerense lo detuvo en el barrio Almafuerte por llevar un arma de alto calibre.

Los otros detenidos en el caso son Franco Javier López, que cayó el 29 de diciembre del año pasado; Enrique Bulacio, de 38 años, porteño, registrado como taxista, alias “Kikin”; y Brian Thaiel Canales, también oriundo de San Justo, que había cumplido la mayoría de edad un mes antes de su arresto. Julián Antonio Escobar es hombre de San Justo involucrado en el caso, de 35 años de edad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este viernes la detención de Andrea Angelina Zamora Castilla, alias “La Patrona”, y Arturo Romero Aparicio, suegros del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero por su presunta responsabilidad en la dirección de grupos criminales en el oriente de Morelos, y vinculados con las facciones “Los Huazulcos” y “Los Aparicio”.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, García Harfuch confirmó que ambas detenciones se produjeron en el marco de las investigaciones iniciadas tras el asesinato del edil, ocurrido el 22 de julio de 2026 dentro del Palacio Municipal de Temoac. El funcionario detalló que “La Patrona” ya se encontraba recluida en el penal de Atlacholoaya desde su segunda detención en junio de 2025, mientras que su suegro fue capturado recientemente por las mismas causas.

La Patrona de Temoac: dos detenciones y un penal de Puebla

Zamora Castilla, quien fungió como tesorera municipal de Temoac durante el trienio 2022-2024, fue identificada por la Fiscalía General del Estado como probable operadora y líder de “Los Huazulcos”. Esta célula criminal está asociada con delitos como secuestro exprés agravado, extorsión, narcomenudeo y homicidio en municipios como Jantetelco, Jonacatepec, Zacualpan de Amilpas y Cuautla.

Su primera detención ocurrió el 12 de noviembre de 2024, en un operativo conjunto de autoridades locales y federales. En ese momento se le aseguraron tres armas largas calibre .223, cinco armas cortas, nueve teléfonos celulares, metanfetaminas, cocaína y marihuana. La fiscalía estatal no logró acreditar los cargos y quedó en libertad cuatro meses después.

Las autoridades estatales consideran que la detención de ambos suegros se enmarca en una estrategia para desarticular las redes de protección y operación del crimen organizado en la región. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los vínculos familiares y delictivos que rodearon al alcalde de Temoac y su entorno más cercano.

Lejos de retirarse, las investigaciones señalan que “La Patrona” incrementó su actividad criminal. En junio de 2025, un operativo interinstitucional con participación de la Secretaría de Seguridad federal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República la reaprehendió junto con otros cinco integrantes del grupo. Fue vinculada a proceso por delincuencia organizada y permanece recluida desde entonces.

Su esposo, Arturo Romero Aparicio, está preso en una cárcel de Puebla desde hace varios años bajo cargos de secuestro. Fuentes estatales lo identifican como el verdadero líder de “Los Huazulcos”, con capacidad de operar desde el interior del penal a través de uno de sus hijos, cuñado del alcalde asesinado.

Violencia previa y antecedentes del caso

La vida de Valentín Lavín Romero estuvo marcada por hechos violentos desde años antes de asumir nuevamente la alcaldía en 2025. En enero de este año, un primer atentado armado contra él lo dejó herido mientras conducía por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Tras ese ataque, Lavín Romero solicitó licencia temporal y reanudó sus actividades después de recibir atención médica. El contexto de violencia se mantuvo, con reportes de ataques contra bienes de su propiedad durante los meses siguientes.

El 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala solicitó una investigación formal contra Lavín Romero por su presunta implicación en el homicidio de dos personas. Esta acusación seguía vigente al momento de su asesinato.

De acuerdo con el secretario Harfuch, las autoridades también investigan la posible relación del alcalde y su familia con el homicidio de Félix Ovielo Campo. En este caso, se documentaron amenazas previas que presuntamente provenían del entorno familiar del edil.

Asesinato en la presidencia municipal y reacciones oficiales

El miércoles 22 de julio, dos sujetos armados ingresaron a la presidencia municipal de Temoac y dispararon contra Valentín Lavín Romero, provocando su muerte en el lugar. Los agresores huyeron en motocicleta hacia Popotlan, mientras la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad desplegaron un operativo en la zona sin lograr su captura inmediata.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento del alcalde y realizó el levantamiento del cuerpo en coordinación con otras instancias de seguridad. La investigación sigue activa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.

Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum instruyó la continuidad de la coordinación federal y estatal para combatir las estructuras criminales en Morelos y fortalecer las acciones de inteligencia e investigación. El caso de los suegros de Lavín Romero es considerado un ejemplo del combate frontal a la infiltración del crimen en gobiernos municipales.

Las autoridades reiteraron que la estrategia de seguridad en Morelos incluye la colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, así como la participación de instancias estatales y municipales.

En este contexto, la detención de la familia política del alcalde de Temoac se presenta como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes de protección y operación del crimen organizado en la entidad. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones vinculadas al caso.

La sociedad de Temoac y municipios vecinos permanece atenta al desarrollo del proceso judicial y a las acciones que las autoridades implementen para evitar la repetición de hechos similares.

La coordinación federal en Morelos desde octubre de 2024

García Harfuch presentó el balance de la estrategia de seguridad en Morelos desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026. En ese periodo, las autoridades detuvieron a más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga.

El Ejército y la Marina desmantelaron además seis laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas. La estrategia articuló a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y el gobierno estatal.

La gobernadora Margarita González Saravia recibió el reconocimiento de García Harfuch por la colaboración permanente del gobierno de Morelos con la Estrategia Nacional de Seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó mantener esa coordinación y priorizar el combate a la extorsión.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llevada a cabo en el estado de Morelos, que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac que fue asesinado hace unos días, era investigado por el asesinato de los activistas Samir Flores y Sandra Camacho.

“Lamentablemente son estos dos hechos que está relacionado el alcalde, que fue denunciado, los homicidios de Samir Flores Soberanes y de Sandra Rosa Camacho Flores”, dijo el secretario de seguridad.

“La línea de investigación, específicamente, de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local, nosotros con la Fiscalía del Estado y FGR en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, esta era una de las líneas y uno de los delitos por los que se estaba investigando al alcalde, específicamente por estos dos homicidios”, señaló Harfuch.

Investigaban a alcalde de Temoac por presuntos vínculos con el crimen organizado

Antes de esto, el secretario de seguridad nacional habló sobre el asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, y dijo que las autoridades lo investigaban por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con dos grupos locales: Los aparicio y Los Huazulco.

Harfuch expuso que “el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas, conocidas como Los aparicio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos”.

Además, señaló que dentro de estas líneas de investigación se analizaban la detención de su suegra, Andrea N, alias La Patrona, que se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras como diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona.

Dichos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. Su suegro, dijo, también fue detenido. Informó que él ya había recibido una agresión el pasado mes de enero, momento en el que ya se encontraba bajo investigación.

“Tenía rivalidad con otros grupos delictivos, que es una de las líneas de investigación sobre el homicidio. Es importante mencionar también otra línea de investigación que había por el alcalde, el 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos personas, de esto también hay una investigación en curso donde se le señalaba al ex alcalde por su autoridad intelectual sobre su posible participación”, dijo Harfuch, refiriéndose a los activistas Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores.

Dijo que también se le relacionó con otro homicidio, el de un hombre llamado Félix Ovielo Campo, quien, expuso, recibió amenazas por parte de la familia de Lavín.

Asesinato de Sandra Camacho y Samir Flores

Sandra Rosa Camacho Flores fue asesinada el pasado 26 de marzo del año en curso por sujetos armados. La activista fue ultimada en su domicilio ubicado en la cabecera de Temoac, demarcación del oriente de Morelos.

En agosto de 2025 la defensora denunció ante la gobernadora Margarita González la inseguridad que padece la demarcación.

Camacho señaló a una familia relacionada con el alcalde de Temoac, de ser responsable del cobro de piso a comercios grandes y pequeños y de generar actos de violencia en el poblado.

“Es una familia la que está en todo esto. Mucha gente no presenta denuncias por temor a represalias o a que les disparen. Hace unos 15 días balearon una casa porque cobraron piso y no los atendieron; entonces, van y atacan la vivienda de la persona.

“Así es en todos lados; todo el tiempo se escuchan balaceras. Necesitamos que la Guardia Nacional venga. Tenemos un espacio para darles alojamiento; queremos que la paz regrese a Temoac”, expuso Sandra Rosa ante Margarita González, quien prometió investigar.

Por su parte, Samir Flores, un activista idígena náhuatl que tenía 36 años de edad al momento de su asesinato, murió tras ser atacado a balazos en 2019.

El hombre recibió cuatro disparos, uno de ellos en la cabeza. El hecho ocurrió afuera de su hogar, ubicado en Amilcingo, Morelos. Flores era una de las figuras más sonadas en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos que fue asesinado el pasado miércoles 22 de julio por la mañana al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal, era investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa matutina de este viernes, que se llevó a cabo desde el estado de Morelos.

Harfuch lamentó el asesinato de Lavín Morelos y expresó su solidaridad con los familiares del alcalde, sus seres queridos y los habitantes del municipio.

Dijo que las instituciones del Gabinete de Seguridad establecieron una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos, para contribuir al esclarecimiento de los hechos, y detener a los responsables.

Autoridades locales, señaló, aseguraron las oficinas del Gobierno Muncipal de Temoac para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación.

Las instituciones estatales y federales continuan desarrollando trabajos de inteligencia e investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y detener a cada uno de los responsables.

“Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas, conocidas como Los paricio y Los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos”, dijo el titular de la SSPC.

Expuso que dentro de estas líneas de investigación, se analizaban la detención de su suegra, Andrea N, alias La Patrona, que se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras como diversos señalamientos públicos que lo vinculaban con hechos violentos ocurridos en la zona.

Dichos antecedentes son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones. Su suegro, dijo, también fue detenido. Informó que él ya había recibido una agresión el pasado mes de enero, momento en el que ya se encontraba bajo investigación.

Principales líneas de investigación del asesinato del Presidente Municipal

Ante la pregunta de un periodista, Harfuch dijo que la investigación en trono al asesinato de Lavín, está relacionado con las células delictivas Los Aparicio y Los Huazulco. Dio el antecedente de su suegra, Andrea Angelina N, quien fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, y fue identificada por la Fiscalía como una de las líderes operativas de este grupo delictivo.

“Tenía rivalidad con otros grupos delictivos, que es una de las líneas de investigación sobre el homicidio. Es importante mencionar también otra línea de investigación que había por el alcalde, el 30 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, exigió investigar al entonces alcalde por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos personas, de esto también hay una investigación en curso donde se le señalaba al ex alcalde por su autoridad intelectual sobre su posible participación”.

Dijo que también se le relacionó con otro homicidio, el de un hombre llamado Félix Ovielo Campo, quien, expuso, recibió amenazas por parte de la familia de Lavín.

El alcalde asesinado recibió una agresión el pasado 31 de enero, que fue el primer ataque armado registrado en su contra.

También hay otra serie de eventos violentos contra él y su familia y la principal línea de investigación es una rivalidad delincuencial entre su célula delictiva y otra célula.

Asesinato de Valentín Lavín Romero

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, fue asesinado por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles 22 de julio.

Fue la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos la que informó la agresión cometida en contra del alcalde, así como el despliegue de un operativo de seguridad tanto en Temoac como en municipios aledaños.

De acuerdo con reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal, ubicado en el centro. Un grupo de sujetos armados lo interceptaron y le dispararon para luego huir del lugar.

Lavín Romero quedó herido derivado de la agresión, por lo que elementos de emergencias acudieron de inmediato para brindarle atención médica, sin embargo, falleció.

Con gorra, labios anchos y ojos grandes, construida a partir del testimonio de cuatro personas presentadas ante la autoridad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca difundió este jueves el retrato hablado de uno de los dos hombres que, según las investigaciones, asesinaron al periodista Alejandro Leyva el miércoles por la mañana en el fraccionamiento La Esmeralda de San Pablo Etla.

Cómo se construyó la imagen del agresor

El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, explicó que el análisis de los videos recopilados en las primeras 36 horas permitió identificar los lugares donde los agresores estuvieron antes del ataque y las personas con quienes tuvieron contacto.

A partir de esos testimonios, la fiscalía elaboró el retrato hablado de uno de los dos hombres que viajaban en la motocicleta con la que se cometió el crimen. Rodríguez Alamilla señaló que la imagen se difundiría públicamente para que la ciudadanía aporte información valiosa.

“Lo vamos a estar difundiendo para solicitar el apoyo de la ciudadanía para evidentemente llegar con los responsables”, afirmo el fiscal en conferencia de prensa.

La investigación ha acumulado más de 55 datos de prueba y más de 17 mil gigabytes de material en video, según informó la fiscal especializada para la atención a delitos de alto impacto, Edith Morales Zelaya.

La presión sobre la fiscalía y la respuesta del fiscal

Durante la conferencia de prensa, se cuestiono directamente al fiscal sobre la desconfianza que el crimen generó en la sociedad. La pregunta apuntó a un temor concreto: que las personas presentadas ante la autoridad fueran utilizadas como chivos expiatorios para calmar el ánimo de los oaxaqueños justo antes de la Guelaguetza, la celebración cultural más importante del estado, programada para el próximo lunes.

Rodríguez Alamilla respondió sin rodeos. “Jamás nos prestaríamos a tener chivos expiatorios”, afirmó, y sostuvo que la participación de la FGR en el proceso es la garantía de que la investigación se conducirá con objetividad.

“La mejor manera de regresarles esa confianza es con trabajo, con investigación técnica, científica, objetiva”, dijo el fiscal ante los medios.

El funcionario subrayó el peso del compromiso institucional. “Tenemos que mandar un mensaje muy potente de no impunidad”, señaló, y agregó que serán los resultados, no las declaraciones, los que determinen si la ciudadanía recupera la confianza en las instituciones.

Para Rodríguez Alamilla, la rendición de cuentas pública es parte de ese compromiso.

“El hecho de que estemos aquí el día de hoy las instituciones, mostrando los avances, es parte de este proceso de rendición de cuentas”, afirmó ante los medios reunidos en la conferencia.

El crimen y el perfil de la víctima

El miércoles por la mañana, Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue atacado a tiros mientras desayunaba en un puesto de comida dentro del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla. Uno de los dos agresores descendió de la motocicleta, se acercó al lugar aparentando hacer una llamada telefónica y abrió fuego. El otro permaneció en la motocicleta, listo para la huida.

Leyva Aguilar era exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), galardonado en 2024 con el premio nacional de periodismo Ricardo Flores Magón y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, en la que analizaba la actualidad oaxaqueña con una línea crítica hacia el gobierno del gobernador Salomón Jara. En meses recientes había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento por parte de autoridades estatales.

Su muerte lo convierte en el séptimo periodista asesinado en México en lo que va de 2026, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), y el cuarto en los últimos dos meses.

El escritor Juan José Soto Bacigalupo, de 63 años, fue asesinado la tarde del pasado miércoles 22 de julio en los exteriores de su vivienda, próxima a la plaza Butters, en el distrito de Barranco.

El ataque se produjo cerca de las 3 p.m., cuando la víctima fue interceptada por un individuo que utilizó un arma blanca y le causó heridas mortales. Los pedidos de auxilio del escritor alertaron a los vecinos, quienes al salir de sus hogares encontraron a Soto gravemente herido. El personal de emergencia solo pudo confirmar su fallecimiento tras arribar a la escena.

La noticia del asesinato impactó tanto a residentes de la zona como al mundo cultural, ya que Soto Bacigalupo tenía previsto participar en la presentación de una de sus obras literarias al día siguiente. Según testimonios recogidos por la prensa, el sector es frecuentado por patrullas de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP), situación que no impidió el desarrollo del crimen.

Sobrino detenido e investigación en marcha

Tras el ataque, agentes de la comisaría de Barranco detuvieron a Manuel Valera Soto, sobrino de la víctima, como principal sospechoso del homicidio. La intervención se basó en los primeros testimonios de vecinos y elementos hallados durante las diligencias preliminares. Las autoridades mantienen en reserva el posible móvil del crimen mientras la Fiscalía y la Policía recaban pruebas clave.

Los familiares del escritor, presentes en el lugar, evitaron brindar declaraciones públicas ante el impacto que generó el hecho. El caso permanece bajo custodia de la comisaría de Barranco y el Ministerio Público, que coordina las diligencias técnicas y forenses para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Cámaras de seguridad y análisis pericial

Para reconstruir la secuencia de los hechos, la Policía solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la plaza Butters. El material audiovisual será incorporado a la investigación para precisar la participación del detenido y establecer cómo ocurrió el ataque.

Efectivos policiales acordonaron el área y peritos de criminalística realizaron el levantamiento de indicios, mientras vecinos seguían consternados por el crimen ocurrido en una zona considerada tranquila. “Nunca habíamos presenciado un hecho así en el barrio“, señaló uno de los moradores.

El escritor, además de su labor literaria, se destacó como periodista y gestor cultural. Al momento de su muerte, preparaba la presentación de la reedición de “Palabra sobre los abismos”. Su trayectoria incluye la coordinación de espacios como “Madrid: una ciudad, muchas voces” y Ciclón de Poesía, así como la dirección de Agenda CIX y la obtención del Premio Prensa Cultur.

Números de emergencia

En el Perú, cuentas con distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites. Revisa el listado aquí:

• Central policial: 105
• Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
• Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
• Essalud a nivel nacional: 107
• Infosalud: 113
• Defensa Civil: 115
• Bomberos: 116

Línea 911

Cabe recordar que la línea 911 es el nuevo número único de emergencias que está implementando el MTC a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Este sistema unifica la atención de la Policía Nacional, los bomberos, el SAMU y la Línea 100.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec, un caso que se investigó desde el 17 de julio tras el testimonio de una adolescente que sobrevivió al ataque al permanecer escondida durante 36 horas dentro de la vivienda.

El detenido no había alcanzado la mayoría de edad legal y sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definiría su situación jurídica. La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Blumenkron Escobar atribuyó el avance del caso a los trabajos de colaboración de las instituciones que integraban la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos. También señaló la participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Morelos, la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina.

La agresión había ocurrido en la colonia La Capilla, en el municipio de Jonacatepec, durante la noche del miércoles 17 de julio. En ese ataque con arma blanca murieron tres mujeres y un hombre dentro de una casa ubicada sobre la calle Morelos.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas: una adolescente de 17 años y una niña de seis. La única sobreviviente fue otra menor, quien logró ocultarse en una parte del domicilio mientras los agresores atacaban a los ocupantes.

La sobreviviente salió herida de la casa y condujo a las autoridades hasta los cuerpos

La adolescente permaneció escondida durante cerca de día y medio dentro de la vivienda. Tenía heridas en el abdomen y en un brazo, pero no salió sino hasta la mañana del viernes, cuando pidió auxilio a vecinos de la comunidad.

Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia después de verla lesionada y en estado grave. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policiaco a un hospital de la región, donde su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio luego de recibir el reporte de una persona herida por arma blanca. Al llegar encontraron a la menor, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

Después de ese señalamiento, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuatro cuerpos. Todos presentaban múltiples heridas de arma blanca y ya estaban en estado de descomposición cuando fueron localizados.

La adolescente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del ataque. Según su versión inicial, los agresores entraron al domicilio y atacaron con armas punzocortantes a todos los presentes.

La menor también fue apuñalada en el abdomen, pero sobrevivió porque los agresores la habrían creído muerta. Ese dato explicó por qué pudo seguir con vida dentro del inmueble hasta encontrar el momento para salir y pedir ayuda.

La Fiscalía abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó desde las primeras diligencias la muerte de tres mujeres y un hombre. La dependencia abrió la carpeta de investigación correspondiente y activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y el análisis de los cuerpos.

Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales. El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres.

La autoridad estatal indicó que el caso sería investigado como multihomicidio. También sostuvo que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, lo que implicaba revisar todas las circunstancias del ataque sin limitarse a una sola hipótesis inicial.

Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y la causa de los hechos permanecería sujeta al avance de las diligencias ministeriales.

Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del crimen: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes estaban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que consiguió esconderse.

La casa familiar se ubicaba en una comunidad de la zona oriente de Morelos y permaneció bajo resguardo durante las diligencias iniciales. El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por tratarse de un mismo núcleo familiar con víctimas adultas y menores de edad.

Blumenkron Escobar afirmó que las indagatorias se desarrollaron de manera oportuna gracias al trabajo interinstitucional. Añadió que la Fiscalía de Morelos reafirmó su compromiso de garantizar justicia a mujeres, adolescentes, niñas y niños que fueran víctimas de algún delito.

Hasta antes de la detención anunciada por el fiscal, las autoridades no habían informado capturas ni difundido la identidad de los agresores. Tampoco habían dado a conocer públicamente los nombres de las víctimas durante el cierre de las primeras diligencias.

• Fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec.
• Una adolescente sobrevivió al ataque, permaneció escondida durante 36 horas y su testimonio permitió localizar los cuerpos.
• La Fiscalía de Morelos investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas de investigación sobre el móvil.

La detención de Mayra Velásquez por el asesinato de Irasema Chávez reabrió en Texas un caso que había permanecido sin resolver por más de 14 años: la mujer mexicana de 42 años fue arrestada el 17 de julio de 2026 por un homicidio ocurrido el 20 de enero de 2012 en Arlington, después de que la investigación fue reactivada con genealogía genética y nuevo análisis de ADN.

La reapertura del expediente ocurrió en noviembre de 2024, cuando las autoridades incorporaron el programa de genealogía genética investigativa con apoyo de la oficina del FBI en Dallas. Ese trabajo permitió generar nuevas líneas de investigación a partir de evidencia biológica recuperada desde 2012 y derivó en una orden de aprehensión.

El caso se centró en la muerte de Irasema Chávez, una mujer originaria de Allende, Nuevo León, que vivía en Arlington cuando fue asesinada dentro de su departamento en un complejo habitacional sobre South Collins Street. Familiares la encontraron sin vida después de no poder comunicarse con ella.

La autopsia estableció que Chávez murió tras recibir más de 100 heridas de arma blanca. Desde el inicio de las diligencias, los investigadores concluyeron que no había señales de ingreso forzado al inmueble, por lo que consideraron que la víctima conocía a la persona que entró al departamento.

La evidencia biológica permaneció bajo resguardo desde 2012

Durante las primeras investigaciones, los agentes recuperaron material biológico que no correspondía a la víctima. También aseguraron grabaciones de videovigilancia en las que aparecía una persona entrando al edificio durante las horas previas al crimen.

Esa información no bastó entonces para identificar a una responsable. El expediente quedó abierto durante años mientras las autoridades conservaron las pruebas y revisaron el caso sin obtener un nombre que permitiera judicializarlo.

La respuesta central al retraso de 14 años estuvo en el cambio tecnológico: el ADN levantado en la escena fue analizado otra vez con herramientas de genealogía genética, una técnica que permite establecer posibles vínculos familiares a partir de perfiles genéticos. Con ese procedimiento surgieron nuevas pistas y, después, evidencia adicional para solicitar la captura de Velásquez.

Las autoridades no informaron públicamente cuál fue esa evidencia complementaria. Tampoco detallaron el posible móvil del crimen ni explicaron cuál habría sido la relación entre ambas mujeres antes del homicidio.

Ambas mujeres eran originarias de Allende, Nuevo León

Las autoridades identificaron a la víctima como Irasema Chávez y a la detenida como Mayra Velásquez. Los registros del caso coincidieron en que ambas eran originarias de Allende, Nuevo León, aunque residían en Arlington, Texas, cuando ocurrieron los hechos.

La policía tampoco informó desde cuándo se conocían. Esa ausencia de ingreso forzado fue uno de los elementos que sostuvo desde el principio la hipótesis de que Chávez habría permitido la entrada a alguien de su entorno o, al menos, a una persona conocida.

Velásquez enfrentó un cargo de asesinato y fue puesta a disposición de las autoridades del condado de Tarrant tras la ejecución de la orden judicial. Su situación jurídica quedó sujeta al procedimiento penal previsto por la legislación de Texas.

El proceso seguiría ante un juez de ese condado, que determinaría las siguientes etapas del caso conforme avanzara la causa. Hasta este momento, la información oficial no añadió datos sobre defensa, audiencia inicial o posibles medidas cautelares.

La genealogía genética volvió a mover un caso congelado

La genealogía genética investigativa se había convertido en Estados Unidos en una herramienta para revisar homicidios y otros delitos que permanecieron abiertos durante años, sobre todo cuando existían muestras biológicas preservadas. En este caso, la posibilidad de volver sobre el ADN recuperado en 2012 permitió retomar una indagatoria que había perdido impulso por falta de identificación.

La mecánica consistió en comparar el perfil genético obtenido en la escena con herramientas especializadas capaces de detectar posibles conexiones familiares. A partir de esos resultados, los investigadores desarrollaron nuevas líneas de trabajo hasta reunir elementos suficientes para pedir la orden de arresto.

El homicidio de Chávez ocurrió dentro de su departamento en Arlington el 20 de enero de 2012. La captura de Velásquez se concretó casi una década y media después, el 17 de julio de 2026, tras la reactivación formal del caso en noviembre de 2024.

Con esos datos, lo que se sabía del expediente era puntual: una víctima mexicana asesinada con violencia extrema, evidencia biológica preservada desde el inicio, una investigación sin resolver durante más de 14 años y una identificación obtenida cuando las nuevas técnicas forenses permitieron revisar de nuevo el material genético.

• Mayra Velásquez, mexicana de 42 años, fue detenida el 17 de julio de 2026 por el asesinato de Irasema Chávez ocurrido el 20 de enero de 2012 en Arlington, Texas.
• La autopsia documentó más de 100 heridas de arma blanca y los investigadores determinaron que no hubo ingreso forzado al departamento.
• El caso se reactivó en noviembre de 2024 con genealogía genética y apoyo del FBI, lo que permitió obtener nuevas pistas y una orden de aprehensión.

El 27 de septiembre pasado, un grupo de seis delincuentes mató al comisario inspector Marcelo Arizaga, miembro retirado de la PFA. Un referente histórico de la fuerza, donde fue jefe de prensa durante varios años.

Los sospechosos entraron a su casa de Ramos Mejía para robarle. Tras sorprenderlo, lo ataron con cinta. El policía murió allí mismo, retorciéndose en el piso. Los ladrones no le dispararon ni lo apuñalaron; la autopsia determinó que el shock de ser asaltado fue suficiente para quitarle la vida. Arizaga, padre de varios hijos, tenía 60 años.

Así, comenzó una intensa investigación a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, junto a una brigada de detectives de elite de la División Homicidios de la Federal. Cuatro sospechosos cayeron en el curso de los últimos meses. Este miércoles por la noche, un quinto detenido se sumó a la lista: se trata de Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias “Oreja” o “El Paragua”.

Gamarra, con domicilio en San Justo, fue detenido en una recorrida dentro de la Villa Palito. Lo encontraron dentro de un kiosco sobre la calle Bacchi. Así, fue reconocido de inmediato. Su indagatoria se espera en las póíximas horas.

Los otros detenidos en el caso son Franco Javier López, que cayó el 29 de diciembre del año pasado; Enrique Bulacio, de 38 años, porteño, registrado como taxista, alias “Kikin”; y Brian Thaiel Canales, también oriundo de San Justo, que había cumplido la mayoría de edad un mes antes de su arresto. Julián Antonio Escobar es hombre de San Justo involucrado en el caso, de 35 años de edad.

Varios de ellos, sin embargo, fueron detenidos por otros hechos. La banda no solo habría atacado a Arizaga: se habrían dedicado a cometer varios asaltos a lo largo de la zona oeste.

La administración de Valentín Lavín Romero frente a la alcaldía de Temoac, en Morelos, se vio enmarcada de la violencia que lo siguió desde que fue elegido como edil en su primera administración en 2019. Este miércoles, fue asesinado a balazos dentro de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con los reportes, el alcalde, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue ejecutado por un grupo de sujetos que arribaron a bordo de una motocicleta a las instalaciones del Ayuntamiento, descendieron e ingresaron para disparar contra Lavín Romero.

El ataque lo dejó herido, por lo que fue más tarde la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de confirmar el fallecimiento del edil, así como el inicio de un despliegue de elementos de seguridad para dar con los responsables; hasta el momento no hay detenidos.

Su asesinato no fue un hecho aislado, ya que los antecedentes muestran el entorno violento en el que gobernó, aunque las líneas de investigación aún se mantienen abiertas por parte de las autoridades.

Del asesinato de tres familiares a los dos atentados que culminaron con su muerte

Valentín Lavín Romero fue electo por primera vez como alcalde de Temoac a finales del 2018. En ese año, y luego de ser elegido, fueron asesinadas tres de sus familiares cuando un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio en el que se encontraban, ubicado en la calle 16 de Septiembre, en el poblado de Huazulco.

Los hechos ocurrieron a las 21:15 horas del 13 de septiembre, cuando los sujetos irrumpieron en la vivienda y atacaron a balazos a las personas que se encontraban en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Isabel “N”, de 89 años de edad; Eva “N”, de 58 años; y una menor de 7 años de edad de iniciales LYCR. Las indagatorias permitieron identificar que dentro de la familia existían vínculos con un hombre identificado como “El Hasan”, quien era procesado por el homicidio de cuatro personas.

Luego del triple homicidio, Lavín Romero asumió la alcaldía de Temoac en enero de 2019 y culminó su primer periodo en el año 2021, pero regresó al cargo para encabezar la administración 2025-2027.

El primer atentado en su contra ocurrió a principios de 2026

El primer atentado en su contra se registró el 31 de enero de 2026, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al arribar elementos de la policía, localizaron al edil herido, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital.

Luego de la agresión, el acalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica, pero reanudó sus actividades cuando fue dado de alta alrededor de un mes después de los hechos.

Fue el 2 de mayo cuando apareció una narcomanta en la zona centro del municipio en la que amenazaron a Valentín Lavín en el que afirmaban que el político no se estaba “alineando” y protegía a presuntos criminales rivales señalados de extorsión en la zona.

“O te alineas o te alineas, vamos por todos (…) llegamos para quedarnos. La limpia ya comenzó”, reportó El Diario de Juárez acerca del mensaje colocado en la narcomanta.

Cabe señalar que medios locales reportaron que durante el mes de marzo un grupo de sujetos armado atacó en al menos dos ocasiones los negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada “El Gallo”, en la que solo hubo daños materiales.

En este contexto, desde finales de 2024 también fue detenida Andrea Angelina “N”, extesorera del ayuntamiento de Temoac e identificada como suegra del acalde, quien fue acusada de delitos como secuestro exprés agravado y señalada como presunta integrante del grupo delictivo Los Aparicio.

Su nombre también apareció en señalamientos de familiares de la activista comunitaria Sandra Rosa Camacho Flores -asesinada el 26 de marzo de 2026 en Temoac- quienes presentaron una denuncia en la que acusaban a Valentín Lavín como el presunto responsable.

Dos meses después de la aparición de la narcomanta, el edil fue asesinado dentro de la Presidencia Municipal

Alrededor de las 12:00 horas de este miércoles 22 de julio, Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, fue asesinado dentro de la Presidencia Municipal por un sujetos armados que ingresaron y le dispararon.

Luego de los hechos, la Mesa de Construcción Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, se declaró en sesión permanente. El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, informó que fue desplegado un operativo en Temoac y los municipios aledaños con participación de elementos federales, municipales y estatales.

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, fue asesinado por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles 22 de julio.

Fue la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos la que informó la agresión cometida en contra del alcalde, así como el despliegue de un operativo de seguridad tanto en Temoac como en municipios aledaños.

De acuerdo con reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal, ubicado en el centro. Un grupo de sujetos armados lo interceptaron y le dispararon para luego huir del lugar.

Lavín Romero quedó herido derivado de la agresión, por lo que elementos de emergencias acudieron de inmediato para brindarle atención médica.

Fiscalía de Morelos confirmó su fallecimiento tras la agresión

Luego de que se reportó el ataque en contra del alcalde, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó su fallecimiento derivado de “hechos delictivos”.

Como parte de las acciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales fueron desplegados en el sitio para la realización de las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo de Valentín Lavín Romero, el cual quedó al interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

Derivado de los hechos, detalló que fue desplegado un operativo de seguridad para localizar a los responsables del asesinato del acalde.

“Tras lo ocurrido, las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos”, detalló en un comunicado.

Se trata del segundo atentado en contra de Valentín Lavín en el año

Esta agresión es la segunda registrada en el año en contra del alcalde Valentín Lavín Romero. El primero ocurrió en enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas del día 31, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al arribar los policías, confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital.

De acuerdo con reportes, el ataque fue realizado por un grupo de sujetos que se desplazaban en motocicleta. Las versiones refirieron que Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no ponía en peligro su vida.

Luego de la agresión, el alcalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica, pero reanudó sus actividades cuando fue dado de alta del hospital (cerca de un mes después de los hechos).

Medios locales reportaron que en el mes de marzo un grupo de hombres armados atacó en al menos dos ocasiones negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada “El Gallo, en la que solo se registraron daños materiales.

Violencia comenzó desde que fue electo alcalde en su primera administración

Valentín Lavín asumió la alcaldía de Temoac desde enero de 2025, la cual ya había ocupado entre 2019 y 2021. La violencia en su contra comenzó desde que era alcalde electo en 2018 por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando tres de sus familiares fueron asesinados.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, cuando un grupo de sujetos asesinó a balazos a su suegra, una cuñada y sobrina del entonces edil electo cuando irrumpieron en su domicilio, ubicado en la calle 16 de septiembre del poblado de Huazulco.

Las mujeres fueron identificadas como Isabel “N”, de 89 años de edad (suegra), Eva “N”, de 58 años, y una menor de edad de siglas L.Y.C.R., de 7 años.

Juan Carlos N, alias “El Tío” o “El Armas”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, al contar con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en un homicidio cometido el 24 de mayo de 2024, de acuerdo con la autoridad.

La SSC informó que el hombre, de 43 años, fue capturado cerca de las 15:55 horas en la calle Florida, casi esquina con Manuel de la Peña y Peña, cuando personal de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaba vigilancia y patrullajes en la zona.

Según el informe policial, al notar la presencia de los agentes, el detenido habría intentado ocultarse entre los puestos del área y presuntamente escondió entre sus pertenencias lo que parecía ser un arma de fuego. Ante esa conducta, los uniformados le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes aseguraron una pistola calibre .45, un cargador abastecido con tres cartuchos útiles y narcóticos, de acuerdo con lo reportado por la autoridad.

La SSC indicó que la orden de aprehensión estaba relacionada con la carpeta judicial 012/2526/2025-0A, por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona identificada con las iniciales J.J.G.C. La autoridad también señaló que el caso se vinculaba con un hecho registrado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el mismo reporte, la corporación indicó que, conforme a las investigaciones en curso, el detenido era considerado presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la alcaldía Cuauhtémoc, al que se le atribuían actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y distribución de armas y narcóticos.

La autoridad precisó que esas imputaciones formaban parte de líneas de investigación y que debían ser acreditadas por la instancia ministerial y judicial correspondiente.

Tras la detención, el hombre fue informado de sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica y realizaría el trámite correspondiente para el cumplimiento de la orden de aprehensión.

• La SSC detuvo a Juan Carlos N de 43 años en la colonia Centro de Cuauhtémoc.
• Le aseguraron una pistola calibre .45 y tres cartuchos útiles, además de narcóticos.
• Contaba con una orden de aprehensión por un homicidio ocurrido el 24 de mayo de 2024, según la autoridad.

Caen dos más de la Unión con droga

Dos presuntos integrantes de “La Unión Tepito" fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser sorprendidos manipulando bolsitas de droga en la vía pública, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los arrestados, de 19 y 30 años, tenían en su poder 152 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas San Lázaro y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Centro, mientras efectivos de la SSC realizaban labores de seguridad y prevención en la zona. Fue el comportamiento de los dos sujetos lo que alertó a los uniformados: los hombres manipulaban bolsitas de plástico del tipo utilizado habitualmente para la venta de estupefacientes.

Revisión preventiva y decomiso

Los policías se aproximaron a los sujetos y aplicaron el protocolo de actuación policial con una revisión preventiva. El resultado fue el aseguramiento de tres tipos distintos de sustancias ilícitas.

Les decomisaron 85 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, 26 envoltorios con una sustancia parecida a la cocaína y 41 dosis de un material cristalino con características similares a la metanfetamina.

En total, el operativo arrojó 152 dosis de aparente droga, lo que refuerza la hipótesis de que ambos sujetos se dedicaban al narcomenudeo en esa zona de la capital.

Presunto vínculo con célula delictiva de la zona centro

Tras el arresto, las autoridades realizaron un cruce de información que ubicó a los detenidos como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, según informó la SSC. Fuentes de seguridad identificaron al grupo como La Unión Tepito.

Vance Boelter será sentenciado este jueves en un tribunal federal de Minneapolis después de declararse culpable por matar a Melissa Hortman y a su esposo, Mark Hortman, y por herir de gravedad al senador estatal John Hoffman y a su esposa, Yvette, en un ataque planificado que derivó en la mayor búsqueda policial de la historia de Minnesota y en una condena pactada de dos cadenas perpetuas consecutivas más 40 años de prisión.

La audiencia comenzará a las 10, según informó el medio local Minnesota Public Radio News, y las partes ya coincidieron en recomendar esa pena, descrita por fiscales y defensores como la máxima posible por debajo de la pena de muerte. El acuerdo de culpabilidad alcanzado en junio evitó que la fiscalía federal solicitara esa sanción.

Boelter, de 59 años, admitió ante la Justicia que pasó meses identificando y vigilando a sus objetivos antes de conducir de madrugada hasta sus casas disfrazado de policía con la intención de matarlos. Los fiscales sostuvieron en su escrito que el acusado cometió “un asalto a la democracia” y que atacó “los órganos del gobierno representativo de Minnesota”.

La acusación sostiene que buscó alterar el equilibrio político de Minnesota

Documentos judiciales citados por Fox 9 añadieron que, pocos días antes de los ataques del 14 de junio de 2025, Boelter buscó en internet información sobre la manifestación “No Kings” en el Capitolio estatal de Minnesota y consultó contenidos sobre el equilibrio de poder en la Legislatura.

Los fiscales afirmaron que sabía que, si lograba concretar todos los asesinatos que intentó esa noche, el reparto de fuerzas habría cambiado en ambas cámaras estatales.

De acuerdo con los expedientes, cerca de las 3:30 de la madrugada Boelter llegó a la casa de los Hortman en Brooklyn Park con uniforme táctico y máscara. Tocó el timbre y gritó que era un policía que realizaba un control de bienestar.

Mark Hortman abrió la puerta. El acusado le dio un nombre falso y un número de placa falso, pidió que llamara también a Melissa Hortman y luego le disparó varias veces antes de entrar a la vivienda y disparar contra la legisladora cuando huía escaleras arriba. Ambos murieron.

Esa misma noche ya había pasado por la casa de los Hoffman en Champlin, donde hirió de gravedad al senador y a su esposa, según documentos policiales y judiciales recogidos por Associated Press. La hija de la pareja, Hope Hoffman, también figura entre las víctimas del caso federal.

Los documentos judiciales indican además que Boelter fue a las casas de otros dos legisladores. En un caso nadie respondió a la puerta y, en el otro, se alejó cuando un agente que creyó que se trataba de otro policía se acercó a su vehículo.

La defensa pidió una prisión federal en Florida y autorización para trabajar

Tras los homicidios de los Hortman en su casa de Brooklyn Park, Boelter se detuvo en una gasolinera de Brooklyn Center para comprar un sombrero vaquero y cambiar su apariencia, según los nuevos documentos.

Después fue a un restaurante de comidas rápidas cerca del inmueble que alquilaba en el norte de Minneapolis, conectó su computadora portátil a la red wifi del local y buscó noticias de Minnesota en YouTube, InfoWars y Google.

La persecución se extendió durante 43 horas en todo el estado hasta su captura. El caso provocó temor, refuerzo de medidas de seguridad y más preocupación por el aumento de las amenazas contra cargos electos en un clima de polarización política.

Boelter también enfrenta cargos estatales: dos por asesinato, cuatro por intento de asesinato, suplantación de un agente policial y crueldad animal. El perro golden retriever de la familia Hortman resultó gravemente herido en el ataque y tuvo que ser sacrificado.

La oficina de la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, confirmó que el proceso estatal seguirá adelante y que la comparecencia inicial por esos cargos está prevista para el 3 de agosto.

En una carta presentada para la sentencia, el abogado defensor Manny Atwal pidió que Boelter cumpla la condena en la penitenciaría federal Coleman II, cerca de Orlando, en Florida, y que se le permita trabajar, pagar restitución y participar en terapia y otros programas presenciales.

El defensor escribió que su cliente “entiende que su sentencia inminente significa que pasará el resto de su vida en prisión”, pero sostuvo que su historial laboral en servicios de alimentos y otros rubros lo convierte en un candidato apto para empleo y programas dentro de la Oficina Federal de Prisiones.

Las víctimas y sus familiares podrán hablar ante el tribunal. Yvette Hoffman anticipó en una publicación en Facebook que leería una declaración de impacto “por quienes ya no pueden hacerlo y por quienes viviremos para siempre con las consecuencias de sus decisiones”.

Hoffman también rechazó el pedido del acusado sobre el lugar de reclusión. “El acusado está preocupado por su comodidad. Sus víctimas perdieron su futuro, y numerosas familias cargarán con el trauma que causó durante el resto de sus vidas”, escribió.

Un hombre de 47 años fue asesinado de múltiples disparos en la madrugada de este jueves en inmediaciones de Fontezuela y Brandazza, en el barrio Latinoamérica, en la zona suroeste de Rosario. Carlos Matías Morales fue atacado por un sicario a pie, alcanzó a ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero murió como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego en el cuerpo.

De acuerdo a los datos recolectados por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Morales fue emboscado mientras caminaba en una de las calles laterales del complejo Fonavi. A metros de un contenedor de residuos, un sospechoso realizó al menos cuatro tiros que lo dejaron tendido en el suelo.

Los vecinos asistieron a Morales, a quien conocen porque vivía en Fontezuela al 2600, donde tuvo lugar la balacera. Llamaron al 911 y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, cuyo personal médico hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima y la trasladó hasta el hospital.

El cuerpo tenía dos impactos de bala en el muslo de la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y uno en el costado izquierdo del tórax. Por decisión de la fiscal, el cadáver fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para hacer la autopsia correspondiente.

En la escena del homicidio no se encontraron vainas servidas. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones fue convocado al lugar para llevar a cabo la toma de testimonios y para relevar las cámaras de videovigilancia de toda la zona.

Según datos obtenidos por Infobae, el nombre de Carlos Matías Morales figuraba en denuncias radicadas a través de llamados al sistema del 911 por venta de estupefacientes en el barrio Latinoamérica. En una de esas comunicaciones, que ocurrieron entre mayo y julio de este año, incluso se indicó que había sido visto con un arma de fuego.

De acuerdo a la mecánica investigada, la víctima habría sido baleada en la vía pública, alcanzó a correr malherida y se desplomó a metros del contenedor de residuos, donde fue auxiliado por los vecinos.

Por los indicios trabajados, el agresor se echó a correr en dirección al norte tras efectuar los disparos. De momento, no se logró detectar si un vehículo lo sacó de la escena.

No fue el único episodio de violencia de las últimas horas. Un hombre de 49 años fue atacado a tiros en la madrugada de este jueves en Cisnero y Pamalo, en la zona oeste de Rosario. La propia víctima, al ser llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, relató que dos gatilleros en bicicleta lo balearon mientras él caminaba por la calle. Se encuentra fuera de peligro, con lesiones en la mano izquierda y en la pierna izquierda.

El partido político Somos México condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTV), ocurrido este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, y exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Mediante un comunicado, Somos México Oaxaca expresó su indignación por el homicidio del comunicador y manifestó su solidaridad con la familia, amigos, colaboradores y el gremio periodístico oaxaqueño.

El partido afirmó que un ataque contra un periodista también representa una agresión al derecho de la sociedad a estar informada y a la libertad de expresión.

Exigen investigación y protección para periodistas

En su posicionamiento, el partido solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) agotar todas las líneas de investigación, dando prioridad a la relacionada con la actividad periodística de Alejandro Leyva, con el objetivo de identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

Asimismo, pidió al Gobierno de Oaxaca y a las autoridades competentes reforzar la aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de activar los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo en la entidad.

Somos México advirtió que este caso no debe convertirse en una cifra más de impunidad y reiteró su compromiso con la defensa de la verdad, la justicia y las libertades fundamentales.

Alejandro Leyva mantenía una postura crítica sobre la política de Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue periodista, analista político y exdirector de CorTV.

En los últimos años desarrolló su labor a través de la columna “El Zumbido del Moscardón”, en la que analizaba la vida política de Oaxaca y abordaba presuntos casos de corrupción, además de emitir opiniones críticas sobre la administración estatal.

Su más reciente colaboración fue publicada apenas unas horas antes del ataque.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, el periodista fue asesinado mientras desayunaba en un establecimiento de comida ubicado frente a su domicilio, en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla.

Las autoridades informaron que al menos dos personas participaron en la agresión, desplazándose en una motocicleta.

Autoridades coordinan investigaciones del crimen

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que Alejandro Leyva recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello. Añadió que una de las principales líneas de investigación contempla su actividad periodística y confirmó que existe una persona detenida cuya posible participación en los hechos continúa bajo investigación.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato y señaló que ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia. Además, informó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para fortalecer las investigaciones.

En tanto, el Gabinete de Seguridad federal aseguró que brindará el apoyo necesario a las autoridades estatales para avanzar en el esclarecimiento del caso y en la detención de los responsables.

Violencia contra periodistas mantiene encendidas las alertas

El asesinato de Alejandro Leyva volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el gremio periodístico en distintas regiones del país.

Organizaciones como Artículo 19 habían documentado desde 2025 un procedimiento administrativo que consideraron un posible caso de acoso judicial contra el comunicador, al señalar que podría representar un intento de censura a una voz crítica.

Periodistas asesinados en México durante 2026

• Carlos Castro (Veracruz), asesinado el 9 de enero en Poza Rica.
• Roxana Rivera (Veracruz), privada de la libertad el 2 de junio; su fallecimiento fue confirmado el 3 de julio.
• Luis Ángel López (Veracruz), reportero de nota roja asesinado el 11 de junio en Poza Rica.
• Alex Serna (Guerrero), comunicador y ambientalista localizado sin vida el 4 de julio tras permanecer desaparecido.
• Josué Martínez Contreras (Puebla), director del portal Noticias San Martín Texmelucan, asesinado el 16 de julio.
• Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca), periodista, columnista y exdirector de CorTV, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla.

Frente a este panorama, Somos México insistió en que el esclarecimiento del homicidio es indispensable para combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, al tiempo que reiteró su llamado para que las autoridades realicen una investigación profesional, transparente y sin descartar ninguna línea relacionada con la labor informativa de Alejandro Leyva.

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado la mañana de este 22 de julio en un puesto de comida ubicado en el Fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Tres disparos calibre 9mm -de uso exclusivo de las fuerzas armadas- lo alcanzaron entre la zona del cuello y la cabeza mientras desayunaba; su cuerpo quedó con la cabeza recargada sobre la mesa del comercio.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana, según información oficial. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el homicidio y emitió un comunicado en el que condenó el ataque y anunció una investigación exhaustiva. La institución solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, encabezó el recorrido por la escena del crimen y ofreció declaraciones a medios en el lugar, en las cuales informó sobre el avance de las indagatorias a escasas horas de los hechos. Destaca la detención de una persona, de la cual no se afirma si tiene relación con el homicidio.

Leyva Aguilar encabezó la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa y se mantuvo activo en el periodismo a través de su columna El Zumbido del Moscardón. Su última entrega la publicó a las 5:00 de la mañana del mismo día en que fue asesinado, de acuerdo con su perfil de Facebook.

Cámaras detectaron a dos personas en motocicleta como probables responsables

Sobre la mecánica del ataque, Rodríguez Alamilla informó que cámaras de videovigilancia de la zona registraron la participación de dos personas a bordo de una motocicleta.

Las imágenes permitieron identificar a uno de ellos como el probable responsable de los disparos. “Tenemos justamente el tema de una persona que fue la que hasta el momento tenemos señalada de alguna manera como la que disparó en contra de Alejandro”, dijo el fiscal.

La autoridad no descartó que el segundo ocupante también hubiera intervenido, aunque al momento de las declaraciones esa participación no estaba confirmada.

Cuando los medios preguntaron si la motocicleta había sido localizada como se reportó en medios locales, Rodríguez Alamilla no confirmó ni desmintió el reporte. “Estamos en ese proceso. No quiero adelantarme a nada”, respondió.

En fiscal confirmó que en el lugar se localizaron tres casquillos percutidos calibre 9 mm y que el cuerpo de Leyva Aguilar fue trasladado al Instituto de Periciales del estado para la práctica de necropsia.

La FGEO rastreó la ruta de escape con el sistema C5 y cámaras de viviendas

Además, fue revelado que la fiscalía activó el rastreo de los agresores con inteligencia videográfica del sistema C5 y con cámaras instaladas en viviendas del fraccionamiento. Rodríguez Alamilla señaló que las autoridades seguían el corredor de entrada y salida de la motocicleta. “No habrá impunidad. Hay todo un aparato del Estado que justamente está buscando a los responsables”, afirmó.

Los reporteros también preguntaron sobre una persona presuntamente detenida por el crimen. El fiscal confirmó que existía una detención, pero precisó que aún se determinaba si esa persona tuvo alguna participación en el crimen.

Respecto a otras posibles víctimas, informó que había una persona que atendía el puesto que no resultó lesionada, y una más cuyo paradero se buscaba y de quien tampoco se tenía reporte de lesiones.

Periodista sin denuncias previas por amenazas

Los comunicadores cuestionaron al fiscal sobre si Leyva Aguilar había presentado alguna denuncia ante la institución por amenazas. Rodríguez Alamilla respondió que el único antecedente localizado en los registros era un reporte por robo de vehículo del año 2008, sin relación con su actividad periodística.

Sobre si la familia había reportado las amenazas previas, el fiscal pidió respetar el duelo. “Uno entiende a la familia, están dolidos. Hay que darles un poco de proceso para procesar este tipo de situaciones”, dijo.

Rodríguez Alamilla precisó que, en casos de homicidio de periodistas, la calidad de comunicador se convierte en un elemento que no puede ignorarse. “Siempre que hay un periodista, evidentemente esa es una situación que no se puede descartar”, señaló.

Además, se confirmó que la FGEO tiene abiertas cinco carpetas por agresiones o amenazas contra periodistas en Oaxaca durante este 2026, con medidas de protección dictadas en cada una.

La organización internacional Artículo 19 condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar y exigió a las autoridades de Oaxaca realizar una investigación pronta, independiente e imparcial que considere como una de las principales líneas de investigación su trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión.

A través de diversos mensajes difundidos en redes sociales, la organización recordó que Leyva Aguilar fue exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, espacio desde el que mantenía una postura crítica sobre asuntos de interés público.

Asimismo, señaló que el comunicador había enfrentado previamente agresiones y presunto acoso judicial relacionado con su labor informativa, por lo que pidió que estos antecedentes sean tomados en cuenta durante las investigaciones.

Además de solicitar una indagatoria exhaustiva a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Artículo 19 hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para otorgar medidas de seguridad a la familia y a los colegas del comunicador.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Alejandro Leyva en Oaxaca?

El asesinato ocurrió la mañana de este miércoles 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandro Leyva desayunaba en un establecimiento cuando hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, el periodista murió debido a la gravedad de las heridas. Versiones oficiales indican que recibió impactos de bala en la zona del cuello y la cabeza.

Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal pericial y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias.

Contexto del caso

• Alejandro Leyva Aguilar fue exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).
• Publicaba la columna política El Zumbido del Moscardón.
• Era reconocido por sus críticas a temas de interés público y a políticas del gobierno estatal.
• Un día antes del ataque asistió a una conferencia de prensa organizada por la dirigencia estatal del PRI.
• * ARTICLE 19 afirmó que anteriormente había denunciado agresiones y presunto acoso judicial derivados de su actividad periodística.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación y solicitará apoyo de la FGR

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y aseguró que desplegó personal ministerial, pericial y de investigación para esclarecer el crimen.

La dependencia detalló que se recopilan indicios físicos, balísticos y material videográfico obtenido mediante cámaras del sistema C5, el cual será integrado a la investigación para facilitar la identificación de los responsables.

Además, anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas posibles, incluida la relacionada con su trabajo como periodista.

Por su parte, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que, aunque aún no existe un móvil confirmado, la actividad periodística de Alejandro Leyva forma parte de las líneas de investigación. También informó que una persona se encontraba bajo investigación por su probable participación en los hechos.

Gobierno de Oaxaca condena el homicidio del periodista

El gobernador Salomón Jara condenó públicamente el asesinato del comunicador y expresó sus condolencias a familiares y al gremio periodístico.

En su posicionamiento, sostuvo que Alejandro Leyva fue un periodista crítico de su administración y afirmó que ninguna diferencia derivada del ejercicio del periodismo puede justificar un acto de violencia.

Asimismo, informó que instruyó mantener coordinación con la FGR y la FEADLE para fortalecer las investigaciones y garantizar que el crimen sea esclarecido, evitando que permanezca en la impunidad.

Violencia contra periodistas en México mantiene en alerta a organizaciones

El asesinato de Alejandro Leyva vuelve a colocar el foco sobre la violencia que enfrenta la prensa en México. Antes de este caso, organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras habían documentado al menos seis asesinatos de periodistas durante 2026.

Con el homicidio del comunicador oaxaqueño, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, investigar con perspectiva de libertad de expresión y combatir la impunidad en los delitos contra periodistas.

Artículo 19, organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, ha documentado que entre el año 2000 y julio de 2026 se han registrado al menos 180 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor en México.

Por ello, insistió en que el caso de Alejandro Leyva debe investigarse considerando su actividad periodística como eje central, al tiempo que demandó protección para su entorno cercano y el esclarecimiento total de los hechos.

El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó a Infobae México el homicidio del comunicador, quien en meses recientes había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, donde hombres armados dispararon contra el periodista. Leyva Aguilar murió en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por arma de fuego.

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y personal ministerial se trasladaron a la zona para procesar la escena del crimen, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Además de su trayectoria como columnista y analista político, Francisco Alejandro Leyva Aguilar dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y colaboró en diversos medios de comunicación del estado, donde abordó temas de política, seguridad y administración pública.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la fiscalía de Oaxaca no ha dado a conocer personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

Había denunciado presunto hostigamiento del gobierno de Oaxaca

Horas antes de ser asesinado, Francisco Alejandro Leyva Aguilar publicó en su cuenta de Facebook una nueva entrega de su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio desde el que durante años difundió análisis y críticas sobre la política oaxaqueña.

El 21 de noviembre de 2025, el periodista hizo pública una denuncia por un presunto hostigamiento judicial en su contra. En esa publicación aseguró que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión como director de la CORTV, cargo que dejó en marzo de 2020.

Leyva Aguilar sostuvo que la investigación correspondía a la cuenta pública de 2019 y cuestionó que el procedimiento se iniciara cinco años después. Afirmó que interpretaba esa acción como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura” derivada de su labor periodística y de las críticas que publicaba en su columna.

En ese mismo mensaje responsabilizó públicamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por cualquier afectación a su integridad o la de su familia.

“Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, escribió el comunicador.

En la publicación también rechazó las acusaciones relacionadas con un presunto perjuicio a la administración pública y negó haber cometido desvío de recursos durante su paso por CORTV. Además, sostuvo que no modificaría su línea editorial para favorecer al gobierno estatal y concluyó con una defensa de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado si esas denuncias públicas forman parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato del periodista, ni ha establecido un posible móvil del crimen.

Salomón Jara pidió apoyo de la FGR para investigar el asesinato

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el crimen, expresó sus condolencias a la familia del comunicador y afirmó que su administración mantendrá una postura de respeto hacia la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

A través de un comunicado, el mandatario reconoció que Leyva Aguilar era un periodista crítico de su gobierno y sostuvo que las diferencias con el trabajo de los medios “nunca pueden justificar un acto de violencia”.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia“, expresa el comunicado.

En ese contexto, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca establecer coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan esclarecer el asesinato.

Jara Cruz señaló que su gobierno no adelantará hipótesis sobre el móvil del crimen y aseguró que corresponde a las autoridades ministeriales realizar una investigación “seria, profesional y transparente” para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La noticia sobre el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar ha provocado una reacción unánime de rechazo y consternación entre autoridades y representantes de los medios de comunicación. El homicidio del comunicador ha puesto nuevamente en el centro del debate la situación de seguridad de quienes ejercen esta labor en el país y la urgente necesidad de garantizar condiciones para el libre ejercicio de la prensa.

Ante este hecho, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz condenó la agresión que le quitó la vida al columnista, expresando su solidaridad a la familia de la victima y al gremio periodístico.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, escribió en una publicación a través de su cuenta oficial de X.

Abren carpeta de investigación por asesinato de periodista

Ante la gravedad de los hechos, el funcionario estatal solicitó la intervención conjunta de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, involucrando a la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y asegurar que ninguna línea de análisis quede sin explorar para esclarecer completamente el crimen.

Las autoridades pidieron que el proceso debe sea riguroso, profesional y transparente, señalando que es fundamental agotar todos los recursos posibles para llegar a la verdad, sin adelantarse a identificar un posible móvil mientras la indagación está en curso.

“Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”, finalizó su comunicado Jara Cruz.

Caso de Francisco Alejandro Leyva

La mañana de este miércoles, el municipio de San Pablo Etla fue escenario del asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista y columnista conocido por su labor crítica en medios oaxaqueños.

El comunicador, quien dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y firmaba la columna “El Zumbido del Moscardón”, fue atacado a tiros en el fraccionamiento Esmeralda. De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía de Oaxaca, perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

En los meses previos, la victima había denunciado públicamente situaciones de hostigamiento y presunto acoso por parte de autoridades estatales. El 21 de noviembre de 2025, utilizó su cuenta de Facebook para informar que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su periodo al frente de la CORTV, que concluyó en marzo de 2020. La investigación correspondía a la cuenta pública de 2019, lo que le llevó a cuestionar el inicio del proceso cinco años después de su gestión.

En su mensaje, Leyva Aguilar interpretó esa acción como una represalia por sus críticas al gobierno, considerándola una forma de persecución destinada a censurar o intimidar su labor periodística. Además, responsabilizó públicamente al gobernador Salomón Jara Cruz de cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”, expresó en esa publicación.

Asimismo, negó completamente las acusaciones relacionadas con desvío de recursos y defendió su trayectoria en los medios como un ejercicio honesto y comprometido con la libertad de prensa.

Hasta el momento, las autoridades de la entidad no han revelado si esas denuncias públicas forman parte de las líneas de investigación abiertas tras el asesinato.

Galván, de 46 años, ni siquiera el blanco del robo. Había salido a asistir a un vecino al que asaltaban para quitarle el auto, un Volkswagen Gol. Pero recibió un tiro en la pierna izquierda en medio de un forcejeo. Los motochorros huyeron, con su víctima sangrando sobre el pavimento.

Tras sufrir el disparo, Galván fue trasladado por otro vecino al Hospital Paroissien. Todavía estaba consciente. Allí, la Policía Bonaerense fue alertada. La Comisaría 5° de San Alberto en pleno, con su gabinete táctico operativo y su jefe de calle, se presentó en el centro médico. Galván relató, como pudo, lo que había sufrido. El disparo resultó ser crítico. La bala comprometió una arteria. La víctima no sobrevivió a la noche.

Este miércoles, menos de dos semanas después, hay un sospechoso detenido por el robo. Se trata de Nahuel Leonel Bazán, alias “Zapallito”. Tiene 18 años; los cumplió diez días después del crimen. Mató cuando era menor, si es que es culpable.

“Zapallito”, oriundo de Isidro Casanova, fue descubierto gracias a una investigación liderada por el anterior jefe de la Comisaría 5°, que rastreó 27 cuadras en busca de cámaras de seguridad hasta llegar al sospechoso, con un expediente inicialmente a cargo de la UFI de Homicidios matancera con el fiscal Claudio Fornaro. Al descubrirse la edad de “Zapallito”, el expediente pasó a la UFI de Menores N°1.

Las cámaras, precisamente, fueron la clave para encontrarlo. Mostraron todo el recorrido del hampón y su banda, aseguran detectives del caso, desde la esquina donde Galván fue baleado hasta un asentamiento en San Alberto, donde el acusado finalmente se refugió. La moto empleada por su banda fue descartada en la zona de Villegas.

Las cuatro órdenes de allanamiento para encontrarlo fueron ejecutadas por la Comisaría 5°, la Subestación Centro y la Departamental La Matanza de la Policía provincial.

Por lo pronto, quedan dos prófugos por encontrar en torno al crimen de Galván.

Irma García González fue hallada sin vida el 21 de julio dentro de su propia casa en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de cuatro meses después de su desaparición; el cateo que permitió localizarla formó parte de una investigación por desaparición cometida por particulares y abrió nuevas dudas sobre el tiempo que pasó antes de que las autoridades entraran al domicilio donde ella vivía.

La diligencia se realizó a las 11:00 en el número 5208 de la calle Norte 88, casi esquina con Ángel Albino Corzo, en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y policías acudieron con una orden judicial y entraron después de romper las chapas de acceso.

El hallazgo ocurrió más de 100 días después de la última vez que la mujer fue vista. La ficha de búsqueda indicó que Irma García González desapareció el 9 de marzo de 2026 en esa misma zona de la alcaldía, aunque el caso fue reportado hasta el 29 de junio, es decir, más de tres meses después.

El cuerpo fue encontrado en la entrada del domicilio cateado

Dentro de la vivienda, las autoridades localizaron el cuerpo de la adulta mayor en la entrada del inmueble. También observaron habitaciones con muebles abiertos, cajones vaciados, ropa y pertenencias esparcidas, además de la ausencia de objetos de valor.

Los primeros indicios apuntaron a un posible saqueo de la casa. Autoridades periciales identificaron huellas de violencia y restos de un intento por incendiar el cuerpo, de acuerdo con la información disponible hasta el cierre del caso reportado este martes 21 de julio.

La casa quedó asegurada con sellos de la Fiscalía capitalina. El documento colocado en el inmueble señaló que la indagatoria se seguía por el delito de desaparición cometida por particulares dentro de la carpeta judicial 012/2772/2026-OC.

Un vecino declaró que vio a un hermano de ela mujer tocar con fuerza hace días para buscarla y que hacía meses que no la veía, que los últimos días habría padecido de la movilidad al usar aparatos de apoypo al caminar, refirió en Nmás.

Ese cateo tenía como objetivo buscar y localizar a la víctima. El resultado fue el hallazgo de Irma muerta dentro de la misma vivienda en la que residía, en una escena marcada por desorden, señales de violencia y la falta de pertenencias de valor.

Vecinos habían escuchado gritos y percibido olor fétido

Antes de que se realizara el ingreso al domicilio, vecinos refirieron que habían escuchado gritos y ruidos extraños. También reportaron que en días previos percibieron un olor fétido que salía de la casa.

Esos testimonios se sumaron al contexto del caso, que ya acumulaba cuatro meses sin que se conociera el paradero de la mujer. Aun así, no se precisó por qué la revisión formal del inmueble ocurrió hasta esa fecha, pese a que se trataba del lugar donde ella vivía.

La ficha de búsqueda difundida por las autoridades describió a Irma García González como una mujer de 1.48 metros de estatura, con cicatrices en la mano derecha, la cadera y la pierna derecha. El documento señaló que fue vista por última vez en la alcaldía Gustavo A. Madero y que desde ese momento se desconocía su paradero.

El caso respondió de forma directa a la pregunta central que había permanecido abierta durante meses: Irma fue localizada dentro de su propia casa, en la colonia Gertrudis Sánchez, durante un cateo ministerial. El hallazgo descartó que la mujer hubiera salido de la zona y colocó el foco de la investigación en lo ocurrido al interior del inmueble.

Hasta el cierre de la información, la Fiscalía de la Ciudad de México no había aclarado si los hechos serían investigados también como feminicidio y robo a casa habitación. Tampoco había emitido una postura pública más amplia sobre las circunstancias exactas de la muerte.

La alcaldía donde ocurrió el caso fue Gustavo A. Madero, una de las demarcaciones más pobladas de la CDMX. La desaparición y posterior localización de la adulta mayor se registraron en la misma colonia, sin que hasta ese momento se informara sobre personas detenidas.

• Irma García González, de 83 años, fue hallada muerta dentro de su casa en la calle Norte 88, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

• La mujer desapareció el 9 de marzo de 2026 y su cuerpo fue localizado más de cuatro meses después, durante un cateo realizado el 21 de julio.

• En la vivienda había indicios de violencia, desorden, ausencia de objetos de valor y restos de un presunto intento por incendiar el cuerpo.

Martina Amates González, encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, fue asesinada a balazos y localizada junto a su hija de 26 años y su chofer en el poblado Crucero de Grutas del municipio de Pilcaya, en Guerrero.

El hallazgo de los tres cuerpos se registró la madrugada del martes, a la orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, horas después de que se reportó su desaparición tras salir del parque natural protegido.

De acuerdo con reportes, fueron habitantes de la comunidad quienes reportaron la presencia de los cuerpos a la orilla de la carretera, por lo que alertaron a las autoridades. Ambas mujeres y el hombre presentaban impactos de bala en distintas zonas del cuerpo, así como diversas huellas de tortura.

Su desaparición fue reportada aproximadamente seis horas antes de su localización sin vida por la hermana de Amates González, quien refirió a las autoridades que la última vez que supo de ellas fue cuando salieron del parque alrededor de las 17:00 horas, detalló El Sur de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó a esta casa editorial que una de las víctimas fue identificada como Martina Amates González, de 49 años, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. Junto a la mujer también fue localizada su hija Ivanna Esperanza, de 26 años, y Eliseo “N”, quien sería su chofer.

Autoridades ya investigan el triple homicidio

Luego del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía de Oaxaca informó a través de un comunicado el inicio de una carpeta de investigación por la localización de las dos mujeres y el hombre en el municipio de Pilcaya.

Las autoridades refirieron que al sitio se movilizaron peritos especializados y agentes de la Policía Investigadora Ministerial, quienes realizaron el procesamiento del lugar, el levantamiento de los indicios y las diligencias ministeriales para esclarecer el triple homicidio.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, aseguró en un comunicado.

Respecto al posible móvil del triple asesinato, la Fiscalía de Oaxaca refirió que aún no cuentan con una debido a que se encuentran investigando.

Percepción de inseguridad en Guerrero disminuyó a principios de 2026

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente a marzo de 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Guerrero registró una reducción de 63.8% en diciembre de 2025 a 61.5% en marzo de este año, lo que refleja una tendencia a la baja en varios municipios.

Pese a la reducción, durante el mes de mayo las comunidades indígenas de la Montaña Baja del estado denunciaron diversos ataques armados y con drones por presuntos miembros del grupo criminal de Los Ardillos.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció el asedio en las comunidades de Tula, Xicotán, Acahuetlán y Alcozacán contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Derivado de los ataques en su contra, aseguraron que más de 800 familias fueron desplazadas a causa de la violencia. Los reportes y exigencias de atención provocaron un despliegue militar en la región con el objetivo de ingresar a sus comunidades de manera ordenada para evitar más agresiones armadas.

En días previos, durante el mes de abril, fueron localizados siete cuerpos desmembrados en la carretera Tlapa-Olinalá, en la región de la Montaña del estado de Guerrero. Esto se replicó el mes siguiente, cuando las comunidades indígenas reportaron agresiones armadas en su contra, con el hallazgo de 10 cuerpos en Chilapa y Olinalá; todos los hechos concordaban en los sitios de conflicto.

El pasado viernes fue detenido Jesús Plácido Galindo, uno de los dirigentes del CIPOG-EZ, por una orden de aprehensión por homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua asesinado el 30 octubre de 2021.

Las autoridades señalaron que Plácido Galindo estaría presuntamente vinculado con los grupos delictivos de Los Rojos y Los Tlacos, además de estar relacionado con hechos de violencia en el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera.

Por su parte, las comunidades indígena y organizaciones civiles han realizado peticiones para exigir la liberación inmediata de Plácido Galindo luego de denunciar que su arresto presentó irregularidades, además de que aseguran las acusaciones en su contra son falsas.

Este martes, una serie de tareas conjuntas de la Policía Bonaerense y la División Homicidios de la PFA habían terminado con el arresto de dos menores. Sin embargo, con el correr de las horas, uno de esos sospechosos fue liberado. Silvia Sorrentino, fiscal del caso, determinó que no tenía vínculo con el hecho: solo tenía una campera idéntica a la del autor material del disparo que mató al cabo Gerez. Videos de cámaras de seguridad lo ubicaron en la zona de Puerta 8 a la misma hora del hecho.

Así, fue liberado. Poco después, la DDI de San Martín, la Departamental Local y la División Homicidios de la Policía Federal capturaron a un nuevo sospechoso, el posible asesino. Tiene 14 años. El detenido restante, de 15 años, está acusado de ser el conductor de la moto empleada en el asalto.

Ninguno de los dos es punible. La suba de la edad votada en el Congreso este año aún no entró en vigencia.

El nuevo acusado fue capturado en la zona de Barrio Libertador, en donde los detectives del caso montaron una consigna. Al cierre de esta nota, la fiscal Sorrento redactaba la orden de medidas de seguridad para ambos sospechosos. Mañana podrán declarar ante la Justicia, aseguran fuentes del caso a Infobae.

La DDI de San Martín, aseguran las mismas fuentes, aportó la prueba clave que vinculó a ambos acusados al hecho. Cayeron por sus posteos en redes sociales, principalmente videos publicados en TikTok que los mostraron con la ropa y la moto usadas en el asalto que le costó la vida a Gerez, así como varias pistolas.

También, la Departamental local recuperó videos de cámaras de seguridad que mostraron su fuga hacia la villa Curita en José León Suárez.

Se allanaron cuatro domicilios para encontrar a J., el sospechoso de 14, sin resultados. Finalmente, alguien en el barrio Libertador marcó la casa donde se escondía el chico.

Las primeras imágenes indican que Gerez -de 36 años, que se desempeñaba en la Superintendencia de Comunicaciones- no intentó resistirse al robo tras ser amedrentado con un tiro al aire. Sin embargo, poco despúés, intentó tomar su pistola reglamentaria. El asesino le disparó en la cabeza.

El abogado penalista identificado como Alfredo Duarte Martínez fue asesinado a balazos la mañana de este martes cuando descendía de su vehículo para ingresar a una tienda de conveniencia, ubicada en el cruce del Cuarto Cinturón Vial y la avenida Malecón del Río, al norte de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego a corta distancia antes de escapar, en un ataque directo que quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas, a espaldas de la colonia Las Eras Segunda Sección, muy cerca de Plaza Cibeles. Testigos señalaron que la víctima llegó al lugar a bordo de un automóvil Ford Figo rojo con placas de Guanajuato y apenas había descendido de la unidad cuando fue sorprendida por los agresores.

Sin intercambiar palabras, uno de los motociclistas sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el litigante. Alfredo Duarte recibió al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y cayó junto a su vehículo, a escasos metros de la entrada de la tienda de conveniencia.

Tras el ataque, los responsables escaparon a toda velocidad sobre el Cuarto Cinturón Vial y posteriormente se internaron por caminos de terracería, lo que complicó su localización.

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a elementos de la Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y paramédicos, quienes únicamente confirmaron que el abogado ya no presentaba signos vitales.

Se acordonó la escena del crimen

El cuerpo permaneció cubierto con una sábana blanca mientras peritos de Servicios Periciales y agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de Irapuato realizaban el procesamiento del lugar, donde aseguraron diversos casquillos percutidos y otras evidencias balísticas.

Al concluir las diligencias ministeriales, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para practicar la necropsia correspondiente, mientras la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no se sabe si el asesinato tendrá que ver con su actividad como abogado.

Tras conocerse el crimen, colegas, amigos y usuarios de redes sociales expresaron condolencias por la muerte del litigante y exigieron que el caso no quede impune. Una vez que el cuerpo fue retirado del lugar, algunas personas colocaron veladoras en el cajón del estacionamiento donde ocurrió el ataque, como muestra de duelo.

Al menos 15 abogados, litigantes y funcionarios del ámbito jurídico han sido asesinados en Guanajuato desde agosto de 2024

El homicidio de Alfredo Duarte Martínez se sumó a una serie de ataques contra integrantes del gremio jurídico registrados en Guanajuato durante los últimos dos años.

Entre agosto de 2024 y julio de 2026, al menos 15 abogados, litigantes y funcionarios con formación en Derecho han sido asesinados en distintos municipios del estado, en hechos que, en su mayoría, permanecen sin una resolución pública.

El 9 de agosto de 2024, el abogado Franco Rangel fue asesinado a balazos en la colonia La Cubana, en Abasolo, por hombres armados que huyeron tras cometer el ataque.

El 23 de agosto de 2024, Jacob Alejandro Rodríguez Amate fue ejecutado dentro de su despacho jurídico, en la colonia Alameda de Celaya. Después del homicidio, los agresores incendiaron el inmueble en un aparente intento por eliminar evidencias.

El 11 de febrero de 2025, el abogado y docente Osnar Baruc Casillas Saavedra fue asesinado cuando llegaba a su domicilio en la colonia Valle de Señora, en León, en un ataque atribuido a sujetos que viajaban en motocicleta.

El 8 de mayo de 2025, Francisco Arellano Mancera, abogado penalista y catedrático, fue localizado sin vida dentro de su despacho en Celaya, luego de que hombres que se hicieron pasar por clientes ingresaran al inmueble y lo atacaran.

El 14 de marzo de 2025, el abogado, periodista y dirigente de Movimiento Ciudadano Irán Villarreal Belmont fue privado de la libertad en San Luis de la Paz. Horas después fue localizado sin vida, un crimen que provocó condenas de organizaciones civiles y actores políticos.

El 20 de agosto de 2025, los abogados Carlos Rojas Domínguez y Óscar Guillermo Pérez Murillo fueron asesinados a balazos frente a una vivienda de la colonia Hidalgo del Valle, en León. Ambos ejercían principalmente en las materias civil, mercantil y laboral.

En menos de 24 horas se registraron otros dos homicidios de profesionales del Derecho. El 10 de septiembre de 2025, Gustavo Emilio Delgado Muñoz, coordinador estatal de defensores públicos en materia penal, fue asesinado mientras cargaba combustible en una gasolinera de León. Al día siguiente, Sara Zavala Rodríguez, abogada y exdirectora del organismo operador de agua de Abasolo, fue atacada y asesinada cuando circulaba por la avenida Conalep, en Pénjamo.

El 25 de septiembre de 2025, Juan Alberto Camarillo Zavala, abogado y jefe regional de la Fiscalía General del Estado, fue privado de la libertad cuando se dirigía a trabajar sobre la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo. Su cuerpo fue localizado horas después.

Otro caso ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando María Antonieta Luna Bautista, mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Guanajuato, fue atacada a balazos mientras transitaba por la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. La funcionaria falleció a consecuencia de las heridas.

La violencia contra el gremio continuó en 2026. El 3 de junio, los abogados Tiburcio Villegas Ornelas y su hijo José Antonio Tiburcio Villegas Rodríguez fueron asesinados durante un ataque armado en Dolores Hidalgo. Poco más de un mes después, el 12 de julio, Jesús Armando Rosales Álvarez, abogado y dirigente juvenil del PAN en Pénjamo, murió junto con otras tres personas durante una agresión ocurrida en una convivencia familiar.

Con el asesinato de Alfredo Duarte Martínez, ocurrido este 21 de julio de 2026 en Irapuato, el número de integrantes del gremio jurídico asesinados en Guanajuato durante los últimos dos años ascendió, al menos, a 15, en un contexto marcado por la violencia que afecta a distintos sectores de la sociedad y por investigaciones que, en varios de estos casos, aún no han derivado en sentencias públicas contra los responsables.

Una jueza dictó tres meses de prisión preventiva contra una mujer acusada de matar a su hija de 10 años en el sector Batey Bienvenido de Manoguayabo. La medida fue dispuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste tras un hecho ocurrido el pasado sábado, informó este martes el Ministerio Público.

Según la investigación encabezada por el fiscal Manuel Medrano, la mujer habría utilizado una herramienta eléctrica para quitarle la vida a la niña mientras ambas se encontraban solas en una habitación de la vivienda familiar.

El Ministerio Público solicitó la medida de coerción y la jueza Cecilia Toribio ordenó su cumplimiento por tres meses.

¿Qué sostiene la investigación?

Las indagatorias preliminares señalan que un hermano de la imputada la sorprendió en el momento en que sostenía a la menor entre sus piernas y le provocaba heridas en el cuello. Esas lesiones resultaron mortales.

El fiscal litigante José Manuel Polanco sustentó la solicitud de prisión preventiva con la presentación de pruebas que, según indicó el expediente, demuestran que la imputada infringió los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, un hermano de la imputada la encontró mientras sostenía a la niña entre sus piernas y le ocasionaba heridas en el cuello, que le causaron la muerte”, establece el reporte judicial.

Esos artículos sancionan los delitos de homicidio y asesinato cuando la víctima es menor de edad. La jueza dispuso que la medida de coerción se cumpla en el pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, ubicado en la provincia San Cristóbal. La decisión tomó en cuenta los hechos y el estado de salud mental de la acusada, de acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público.

Normativa de protección a la integridad de menores de edad

República Dominicana sostiene su protección de niños y adolescentes en un sistema integral que reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. El eje de ese marco es la Ley No. 136-03, que creó el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La norma sustituyó a la Ley 14-94 y adecuó la legislación dominicana a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Entre sus principios figuran el interés superior del niño, la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad, y la gratuidad y prioridad de trámites como el registro civil y la restitución de derechos.

El Código establece el derecho a la identidad, con obligación de registro e inscripción inmediata y gratuita en el Estado Civil. También fija protección frente al abuso y la explotación, con prohibición de maltrato físico o psicológico, explotación sexual, pornografía infantil y trabajo infantil peligroso o antes de los 15 años.

La normativa contempla el acceso obligatorio a esquemas de inmunización, atención médica integral y educación básica. Además, prohíbe difundir sin autorización la imagen o la identidad de menores en medios de comunicación o plataformas digitales.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) descartó un posible procedimiento abreviado contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, y anunció este martes 21 de julio que esperan la fijación de la audiencia intermedia para llevar el caso a juicio oral.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho tras la licencia del Fiscal Carlos Torres Piña, respondió a reporteros que la defensa de “El Licenciado” había solicitado reuniones para explorar un acuerdo, el cual habría implicado que el imputado aceptara su culpabilidad. El proceso no se concretó.

Jorge Armando “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el pasado 18 de noviembre de 2025 en la zona centro de Morelia en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y FGE Michoacán.

Desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Fue vinculado a proceso con un plazo de tres meses para la investigación complementaria, término que ya venció.

Fiscalía asegura que la investigación es sólida

Vega Rodríguez sostuvo que la institución está lista para llevar el caso a juicio. La investigación, dijo, combina trabajo de campo con evidencia científica, sin dar detalles sobre el tipo de pruebas.

Una periodista presente preguntó si la falta de captura de algunos implicados podría retrasar el proceso. El encargado del despacho fue directo: el caso contra “El Licenciado” está listo para presentarse ante un juez sin que eso dependa de ninguna aprehensión pendiente.

El proceso avanzará en cuanto el juzgado fije la fecha de la audiencia intermedia, etapa previa al juicio oral en el sistema penal acusatorio. No precisó cuándo podría quedar fijada esa fecha. La carpeta, subrayó, está consolidada y en condiciones de sostenerse en juicio.

Jorge Armando “N” es señalado por autoridades como presunto líder del (CJNG) en la región. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó en diciembre de 2025 que el imputado también habría operado para esa organización en Guanajuato, además de Michoacán.

El Licenciado", presunto enlace entre la célula del crimen y la cúpula del CJNG

Jorge Armando “N” no habría operado como sicario, sino como coordinador: las autoridades lo señalaron como el supuesto enlace directo entre la célula que ejecutó el crimen -en su mayoría jóvenes- y Ramón Álvarez Ayala “El R1”, identificado como jefe regional del CJNG en Michoacán.

Desde un grupo de mensajería cifrada, “El Licenciado” habría emitido órdenes de vigilancia, rutas y movimientos del alcalde, e instruido a los ejecutores a disparar sin importar si Manzo estaba acompañado de su familia.

Tras el atentado, habría presionado a los integrantes para que borraran mensajes y se dispersaran. Para dificultar su localización, cambiaba de chip telefónico con frecuencia. El rastreo de los celulares de sus cómplices fue lo que permitió ubicarlo en Morelia.

Uno de esos sujetos bajo el mando de “El Licenciado”, Ramiro “N“, apareció muerto el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho junto a Fernando Josué “N”. Sus muertes habrían derivado de un plan para obstaculizar las investigaciones.

Ramiro “N” dejó una carta póstuma en la que responsabilizó directamente a “El Licenciado” de lo que pudiera ocurrirle: “Seguramente cuando leas esto, yo ya estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”, escribió.

El Licenciado habría pagado dos millones de pesos por el crimen

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan. En la primera audiencia contra “El Licenciado”, celebrada dentro de El Altiplano el 22 de noviembre de 2025, se detalló que habría pagado 2 millones de pesos a los autores materiales, dos menores reclutados desde una clínica de rehabilitación.

En esa audiencia también se formalizó la situación jurídica de siete escoltas de Carlos Manzo implicados en el crimen. Hasta el momento el jefe de seguridad, José Manuel Jiménez, permanece prófugo y hay una recompensa activa de 100 mil pesos por información que derive en su arresto.

Las declaraciones de los ocho imputados también incluyeron menciones a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y a “El R1” como referencias jerárquicas de la operación, lo que reafirmó las sospechas sobre la participación del CJNG en el asesinato del alcalde de Uruapan.

El propio Jorge Armando “N” denunció ante autoridades judiciales haber sido víctima de tortura durante su detención y negó pertenecer al CJNG. La Fiscalía rechazó las acusaciones: sostuvo que el arresto se realizó bajo los protocolos correspondientes y que el imputado fue sorprendido en flagrancia con droga y un arma de fuego, y que intentó sobornar a los elementos que lo interceptaron.

Último golpe conocido a la célula: la detención de “El Mike”

La investigación no se detuvo con la captura de Jorge Armando “N”. El 17 de marzo de 2026, la FGE, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la SSPC detuvieron a Rafael “N”, conocido como “El Mike” o “Aurora”, identificado como huachicolero y traficante de drogas dentro de la célula criminal de “El Licenciado”, a la cual hasta el momento no se le ha conocido con algún sobrenombre.

La captura ocurrió durante operativos de búsqueda de otro implicado, un sujeto apodado también “El Mike”, señalado por haber colaborado en los grupos de WhatsApp y Threema donde se coordinó el ataque contra el alcalde. Rafael “N” usaba el mismo apodo en la región de Uruapan, aunque la Fiscalía aclaró que no lo vinculó directamente con el asesinato de Manzo, sino con actividades ilícitas dentro de la estructura criminal.

En el operativo se aseguraron un arma de fuego, cinco cartuchos, cinco bolsas con características de metanfetamina, tres celulares y una camioneta Ford Explorer XLT modelo 2010.

Durante una conferencia de prensa, el mando del Ejército Mexicano fue contundente en sus declaraciones sobre los recientes hechos de violencia que afectaron a la entidad, acusando que los responsables del multihomicidio son “nefastos” y “cobardes”.

En compañía del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el general Arturo Medina aseguró que encontrarán a los integrantes del grupo delictivo aunque huyan del estado, y destacó que será posible con el reciente despliegue de 400 militares.

“Son unos cobardes que privaron de la vida a gente sin ninguna defensa. Son unos cobardes porque se enconden ante la autoridad, pero los vamos a encontrar aunque para muchos de ustedes les parezca que son palabras (…) Yo soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás, trátese de quien se trate, se van a enfrentar con las fuerzas del estado”, sentenció.

Despliegue de seguridad permitirá localizarlos aunque huyan, dijo

El secretario de Seguridad Pública detalló que como parte de las acciones que realizan para localizar a los agresores, se solicitó el despliegue de militares a la entidad, quienes ya se encuentran en distintos puntos.

Como parte de las labores, un total de 280 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 120 de la Guardia Nacional (GN) y 80 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas se encuentran en dos puntos estratégicos del estado y acompañados de tres helicópteros que realizan sobrevuelos.

“A ver si esos cobardes se enfrentan, a ver de dónde los vamos a sacar, pero aquí no hay impunidad”, dijo el general. Al mismo tiempo, comentó que este operativo, denominado “Rastrillo”, permitirá ubicar a criminales y será modificado de manera diaria.

“En ningún momento van a encontrar miedo en las autoridades, en ningún momento vamos a dar un paso atrás”, expresó. Asimismo, el Medina Mayoral hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier movilización de criminales que identifiquen en la entidad, ya que esto permitirá el despliegue de las corporaciones de seguridad.

Entre las víctimas se encuentran cinco empresarios y tres funcionarios municipales: gobernador promete que no habrá impunidad

El hallazgo de los diez cuerpos se registró el pasado sábado 18 de julio en distintos hechos de los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Entre las víctimas se encontraba Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete que estuvo en el cargo entre 2016 y 2018, y también fundador del Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y construcción.

Además, fueron hallados Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal; cinco del resto de las víctimas eran empresarios vinculados a la construcción y minería.

Durante la conferencia, el gobierno de Zacatecas confirmó la presencia tanto del Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, por lo que anunciaron que se encuentran investigando cuál de estos grupos es el responsable del multihomicidio como parte de dos líneas de investigación con las que cuentan: una posible colusión de servidores públicos locales y una red de extorsión.

David Monreal expresó sus condolencias a los familias de las víctimas y afirmó: “Quien haya ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello”.

En las últimas horas fue difundido en redes sociales un video en el que un grupo de presuntos integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa se adjudican el multihomicidio, además de que lanzaron amenazas contra el gobernador de Zacatecas “si no cumple los acuerdos” que tendrían con su gabinete.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que la información se emitía con el objetivo de “engañar y confundir a la población” al desacreditar a las corporaciones de seguridad.

Las acciones continúan luego de que las autoridades lograron detener a Manuel “N”, de 22 años de edad, el aseguramiento de vehículos y la obtención de elementos que estarían relacionados con el multihomicidio.

La exministra británica Ann Widdecombe fue golpeada 21 veces en la cabeza con un martillo, según reveló este martes la fiscalía en Londres en la primera audiencia judicial contra el hombre acusado de su asesinato.

El fiscal Kashif Malik describió ante el Tribunal de Magistrados de Westminster cómo el acusado, Joshua Kerry, de 28 años, condujo más de 400 kilómetros desde su casa en el norte de Inglaterra hasta el domicilio de Widdecombe, en una zona rural del suroeste del país, el 8 de julio. Entró por la puerta principal mientras ella almorzaba.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento en que Kerry, con guantes negros y un martillo oculto a un costado, le preguntó: “¿No tendrá por casualidad tarjetas bancarias y un documento de identidad?”. Acto seguido la golpeó 21 veces en la parte superior de la cabeza, la empujó de la silla al suelo, tomó su cartera y abandonó la casa. El ataque duró aproximadamente dos minutos. La causa provisional del fallecimiento, según un patólogo, fue traumatismo craneoencefálico.

La alarma saltó cuando la política no se presentó a una entrevista en directo programada para ese mediodía con el periodista Matt Allwright. Los productores intentaron contactarla en reiteradas ocasiones y, al no obtener respuesta, se comunicaron con su asistente personal. Al día siguiente, el jardinero fue a su casa y la encontró tendida boca abajo en el suelo de la cocina. Los servicios de emergencia la declararon sin vida en el lugar.

El acusado fue identificado a partir de las imágenes de un vehículo visto frente a la vivienda poco antes del ataque. Fue arrestado tres días después del hallazgo del cuerpo. El caso fue transferido posteriormente a investigadores antiterroristas, quienes lo detuvieron por segunda vez bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos terroristas.

Durante la audiencia, el procesado vestido con ropa deportiva gris solo habló para confirmar su identidad. No se le pidió declaración de culpabilidad. Más tarde compareció ante el Tribunal Penal Central, donde se le denegó la libertad bajo fianza y la próxima fecha judicial quedó fijada para el 9 de octubre, con juicio provisional previsto para el 8 de junio de 2027. La policía, por su parte, confirmó que ella fue el objetivo deliberado del ataque, aunque el móvil permanece bajo investigación.

Widdecombe fue diputada conservadora por la circunscripción de Maidstone durante más de dos décadas y ocupó el cargo de ministra de Prisiones en el gobierno de John Major en los años 90. Tras dejar el Parlamento en 2010, participó en los realities “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”.

En 2019 se incorporó al Partido del Brexit, con el que militó hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. En su última etapa fue portavoz de inmigración y justicia de Reform UK, partido con el que aparecía con frecuencia en los medios. Era conocida por sus posiciones tradicionales en materia social, contrarias al aborto y a la ampliación de derechos LGBTQ+.

El caso reavivó la preocupación por la protección de figuras públicas en el país, reforzada tras los asesinatos de dos destacados parlamentarios en la última década. La diputada laborista Jo Cox fue tiroteada y apuñalada en 2016 por un extremista de ultraderecha, mientras que el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante vinculado al grupo Estado Islámico.

(Con información de AP, Reuters y The Guardian)

Dos hombres que se encontraban departiendo bebidas alcohólicas en el oriente del territorio salvadoreño habrían protagonizado una violenta riña la cual terminó en una escena de homicidio en el distrito de Yucuaiquín, La Unión Sur, residentes de la zona dieron alerta a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron al llamado.

Tras confirmarse la escena del crimen, las autoridades detallaron que el agresor fue identificado como Fredis Antonio Campos Álvarez, de 49 años, quien atacó con un corvo a su hermano de 45 años durante una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol.

La Policía Nacional Civil desplegó un amplio operativo en la zona para ubicar al acusado y varias horas después, confirmaron su captura.

En El Salvador, el homicidio puede ser castigado con cadena perpetua tras recientes reformas constitucionales y penales promovidas por el gobierno. Las penas varían según la gravedad y las circunstancias del delito; el homicidio simple, como el caso de los hermanos Campos Álvarez, puede recibir una condena de entre 25 y 35 años de prisión.

Las medidas implementadas dentro del Plan Control Territorial han provocado una reducción significativa de los hechos de violencia, especialmente en los homicidios reportados durante el mes de julio.

Según registros oficiales, en 2018 se reportaron jornadas con más de 10 homicidios diarios, mientras que en los años recientes, en 2025 y 2026, las cifras diarias se mantienen cerca de cero.

Este descenso muestra el impacto de las acciones de seguridad pública adoptadas recientemente, al compararlas con los años previos a la aplicación del plan.

Entrega de prófugo salvadoreño acusado de homicidio en frontera con Honduras

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil de El Salvador y las autoridades de Honduras, fue capturado y entregado a las autoridades salvadoreñas José Álvaro Gutiérrez Murcia, de 48 años, quien se mantenía prófugo por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado.

Según el informe oficial, Gutiérrez Murcia evitaba la justicia salvadoreña y permanecía oculto en territorio hondureño, donde fue localizado gracias a la coordinación internacional.

La entrega se realizó en la frontera de El Poy, punto estratégico para la verificación de identidad y la formalización del traspaso a las autoridades de El Salvador.

En ese lugar, personal policial utilizó el sistema ONI para confirmar que Gutiérrez Murcia era requerido por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, responsable de procesar delitos graves en la zona norte del país.

Tras la entrega, las autoridades salvadoreñas informaron que el detenido será puesto a disposición de la justicia, cumpliendo los procedimientos legales para enfrentar los cargos correspondientes. El caso evidencia la cooperación entre países vecinos en temas de seguridad y persecución de delitos graves, dentro de las acciones del Plan Control Territorial.

Una jueza de Los Ángeles comenzará este martes a evaluar si hay pruebas suficientes para enviar a D4vd a juicio por el asesinato y desmembramiento de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años a la que la fiscalía sostiene que el cantante mató después de que ella amenazara con revelar detalles de la relación que mantenían.

La audiencia preliminar, que según Associated Press podría extenderse durante unos cuatro días, será la primera exposición pública de la evidencia reunida contra el músico de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke. No habrá jurado y la jueza Charlaine Olmedo decidirá si la acusación alcanzó a demostrar causa probable para avanzar a un juicio formal.

El caso combina dos planos: la investigación por homicidio y abuso sexual de una menor, y la trayectoria meteórica de un artista que pasó de grabar canciones en su teléfono a reunir más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify con temas como “Romantic Homicide”. En 2023 publicó dos EP y fue telonero de SZA; en 2025 actuó en Coachella y promocionaba su álbum “Withered” cuando apareció el cuerpo.

Burke se declaró inocente de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de edad y mutilación ilegal de restos humanos. Su abogada, Blair Berk, sostuvo que el cantante no es responsable de la muerte de la adolescente.

La fiscalía sostiene que la mató en abril de 2025 y ocultó el cuerpo durante meses

Según un escrito judicial citado por Associated Press, Burke conoció a Celeste cuando ella tenía 11 años y comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 y él 18. Los fiscales afirman que la mató cuando la adolescente amenazó con denunciarlo.

La acusación sostiene que la noche del 23 de abril de 2025 el cantante envió un auto para recogerla en Lake Elsinore, California, a unos 129 km de Los Ángeles. Ambos intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a la vivienda alquilada por Burke en Hollywood Hills; después de eso, el teléfono de la joven dejó de emitir señal.

El documento de la fiscalía describe el móvil con una frase directa: “Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a la casa, el acusado apuñaló a la víctima múltiples veces y permaneció allí mientras se desangraba”.

Los fiscales aseguran que luego desmembró el cuerpo en el garaje con motosierras y piscinas plásticas que había comprado previamente. También dicen contar con registros de esas compras y con rastros de ADN de la adolescente en manchas de sangre halladas allí cuando la Policía ejecutó una orden de registro.

De acuerdo con la acusación, Burke condujo durante meses con el cuerpo en el maletero delantero de su Tesla. Los restos en descomposición fueron encontrados cerca de cuatro meses después de la muerte, el 8 de septiembre de 2025, en un vehículo registrado a su nombre que había sido remolcado desde Hollywood Hills.

La fiscalía añade que el auto estaba estacionado a la vuelta de su casa y que un video de vigilancia mostrará que él fue la última persona en conducirlo. El medio también señaló que no está del todo claro por qué el arresto llegó siete meses más tarde, aunque los investigadores tuvieron que citar por la fuerza a testigos reacios y el informe final de autopsia, que estableció que la joven fue apuñalada, no se conoció hasta diciembre.

La relación entre Burke y la adolescente ya aparecía en registros, fotos y reportes

La reconstrucción publicada por CNN agregó que Celeste fue reportada como desaparecida tres veces a comienzos de 2024. La primera denuncia fue a mediados de febrero, la segunda alrededor del 19 de marzo y la tercera el 5 de abril, según registros del 911 y la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

La cadena informó además que, en enero de 2024, la adolescente apareció junto al cantante en una transmisión en vivo por Twitch. También verificó fotografías en las que se veía a Burke salir de un Tesla negro a pocas cuadras de la casa de la joven en Lake Elsinore.

Según la investigación del canal, alguien preocupado por su bienestar llegó a escribir a una dirección de correo vinculada al nombre artístico del músico dentro del dominio de su compañía discográfica. El mensaje decía: “Por favor, haz lo correcto y llévala a casa. Sus padres están muy preocupados”.

La publicación también situó a Celeste con vida meses después de las primeras denuncias. En junio de 2024 fue fotografiada entre bastidores durante un concierto con entradas agotadas en The Fonda Theatre de Los Ángeles, y una cámara digital hallada luego en la casa alquilada por el cantante contenía imágenes de ambos tomadas a fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, según Steve Fischer, un investigador privado contratado por el propietario del inmueble.

La fiscalía sostiene además que la víspera del crimen, el 22 de abril de 2025, ambos tuvieron una discusión intensa. Los mensajes de texto de esa noche, según CNN, mostraron que la adolescente amenazó con divulgar información perjudicial sobre la relación, algo que, de acuerdo con los fiscales, “acabaría con su carrera y destruiría su vida”.

La audiencia será sin jurado y con el acusado detenido sin fianza

La jueza Charlaine Olmedo rechazó un pedido de la defensa para que Burke asistiera vestido de traje, como suele permitirse en juicios con jurado. El cantante comparecerá con ropa carcelaria y no se permitirán cámaras en la sala.

Desde su arresto en abril, el acusado permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel cercana al tribunal. La defensa no expuso públicamente una versión alternativa de los hechos.

Este tipo de audiencias preliminares cumple una función parecida a la de un gran jurado: la fiscalía presenta solo la evidencia que considera necesaria para sostener la causa probable, y los testigos suelen limitarse a policías e investigadores. Para la defensa, el proceso puede servir para detectar fisuras en los testimonios que luego intentará explotar en un eventual juicio.

Burke había sido arrestado el 16 de abril de 2026 en una casa de Hollywood Hills ubicada a poco más de 1,5 km del depósito donde apareció el cuerpo en su vehículo.

Cuatro días después de la detención, se declaró inocente de un cargo de asesinato que puede derivar en cadena perpetua o en la pena de muerte, aunque desde 2019 rige en California una moratoria a las ejecuciones dispuesta por el gobernador Gavin Newsom.

En las primeras horas del domingo, en el barrio Ludueña Norte de la ciudad de Rosario, se produjo un hecho que conmocionó a la comunidad. Lara Caraballo, una joven de 20 años, murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba en la vivienda de su novio, Axel A., de la misma edad.

Durante la noche del mismo domingo, cerca de las 21, Axel A. se presentó en la sede de la PDI de Lamadrid al 500, acompañado por su abogado. El joven quedó detenido y permanece a disposición de la fiscalía, que analiza los cargos que se le imputarán en los próximos días. Entre ellos, figura la acusación por el femicidio de Lara y también por la portación ilegal del arma de fuego, que habría sido utilizada en el hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el suceso ocurrió en una casa ubicada en Bielsa al 6200, casi en la esquina con Campbell, y ha generado un profundo reclamo de justicia por parte del entorno de la víctima.

Familiares y allegados de Lara se acercaron al lugar en busca de respuestas, mientras la comunidad expresó su consternación ante un nuevo caso de violencia letal.

Las primeras informaciones indican que Lara Caraballo y Axel A. estaban juntos en una habitación cuando todo sucedió. De acuerdo con el testimonio de la madre del joven, ella escuchó una detonación y, segundos después, vio salir a su hijo del cuarto. Según relató, Axel le manifestó que el tiro “se le escapó”. Acto seguido, el joven abandonó la vivienda en una bicicleta y se llevó consigo el arma de fuego involucrada. Lara murió en el acto.

El caso quedó bajo la órbita de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con directivas de la fiscal Noelia Navone. Las autoridades iniciaron las tareas para reconstruir el contexto del hecho y determinar las circunstancias exactas en las que sucedió todo.

El entorno de Lara Caraballo sostiene que existen elementos que ameritan una investigación profunda y reclama que la justicia actúe con celeridad. Mientras tanto, la PDI trabaja en la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de evidencias balísticas para determinar si se trató de un episodio accidental o de un acto deliberado.

Además, los investigadores buscan determinar si el accionar del joven corresponde efectivamente a un homicidio culposo, producto de una supuesta negligencia, o si existen indicios que permitan considerar la hipótesis de un femicidio. En ese sentido, se analizarán los antecedentes de la relación entre Lara y Axel, así como los elementos recabados en la escena y los testimonios de familiares y testigos.

La familia de la joven insiste en que se haga justicia y en que el caso no sea archivado como un accidente. Uno de los puntos centrales de la investigación es el destino del arma utilizada en el hecho.

Axel A., según confirmaron fuentes policiales, no está registrado como legítimo usuario de armas de fuego, lo que constituye un agravante en la causa. La portación ilegal y la utilización del arma en un contexto doméstico serán elementos clave para la fiscalía a la hora de definir los cargos.

El proceso judicial continuará en los próximos días con indagatorias, peritajes y la eventual imputación formal. La expectativa de los familiares de Lara Caraballo y de la sociedad es que la investigación arroje luz sobre lo ocurrido y que se haga justicia en un caso que ha dejado a una familia devastada y a un barrio sumido en la conmoción.

El menor había regresado junto a su madre de una feria local cuando la mototaxi en la que viajaban sufrió un accidente. Durante la intervención policial posterior se produjo un altercado y uno de los agentes hizo uso de su arma de fuego. El niño fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Huacho y luego derivado a un centro especializado en Lima, donde falleció debido a la gravedad de la herida. Ahora, las pericias balísticas, las grabaciones de cámaras de seguridad y las declaraciones de los involucrados serán claves para reconstruir lo ocurrido.

Fiscalía inicia investigación contra suboficial PNP y dispone pericias para esclarecer el disparo

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura abrió una investigación preliminar contra el suboficial de la PNP Luis Nazario Chumbes, quien es investigado por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte del menor ocurrida durante una intervención policial en Huacho.

El fiscal adjunto provincial Fernando Ayala Borja ordenó una serie de diligencias consideradas urgentes para determinar las circunstancias exactas del hecho. Entre ellas figura la incautación del arma de fuego utilizada por el efectivo policial, la realización de la pericia balística y la prueba de absorción atómica, exámenes que permitirán establecer aspectos técnicos relacionados con el disparo.

Asimismo, el Ministerio Público dispuso tomar la declaración de todos los agentes que participaron en el operativo, además de recopilar las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente. También se revisarán los videos grabados por ciudadanos que presenciaron la intervención y que podrían aportar nuevos elementos para la investigación.

Otra de las medidas ordenadas por la Fiscalía consiste en coordinar con el Instituto de Medicina Legal, en Lima, la práctica de la necropsia al cuerpo del menor. El informe médico legal permitirá precisar la trayectoria del proyectil, la causa exacta del fallecimiento y otros aspectos que serán incorporados a la carpeta fiscal.

¿Qué se sabe sobre el disparo que acabó con la vida del niño en Huacho?

Según la información difundida por Panamericana Televisión, el hecho ocurrió luego de que la mototaxi en la que viajaban el menor y su madre sufriera un accidente en la avenida Mercedes Indacochea, en Huacho. Tras el incidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo para intervenir a los involucrados y practicar el dosaje etílico correspondiente.

Durante la diligencia se produjo un intercambio verbal entre algunos de los presentes y los agentes. En ese contexto, el suboficial investigado accionó su arma de fuego. Sin embargo, la forma en que el proyectil impactó al menor es uno de los principales puntos que busca esclarecer el Ministerio Público.

Las imágenes registradas por testigos y difundidas en redes sociales muestran el momento de la intervención, aunque no permiten establecer con claridad cómo ocurrió el disparo. Mientras algunos sostienen que el niño habría recibido un impacto a quemarropa durante la actuación policial, otra versión señala que la bala habría rebotado antes de alcanzarlo. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Precisamente por ello, la Fiscalía ordenó la realización de una pericia balística, la incautación del arma utilizada y el análisis de los videos captados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares. Estos elementos serán determinantes para reconstruir la trayectoria del proyectil y establecer si el disparo fue directo o si existió un rebote antes de impactar al menor.

Tras resultar herido, el niño fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Huacho y posteriormente derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria, en Lima. Pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de la lesión.

En paralelo, la investigación también evaluará si durante la intervención policial se cumplieron los protocolos sobre el uso de la fuerza, establecidos en el Decreto Legislativo N.º 1186, normativa que regula el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos de la PNP bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Pamela Smart pidió a un juez de New Hampshire que habilite un nuevo juicio sobre su condena a cadena perpetua, en una audiencia prevista para este lunes que volvió a poner bajo revisión un caso de 1990 marcado por la transmisión televisiva en vivo del proceso y por la discusión actual sobre si transcripciones inexactas de grabaciones pudieron influir en el veredicto.

Según NBC News, la petición de hábeas corpus fue presentada en enero y buscó anular la condena por presuntas violaciones constitucionales.

Smart, de 58 años, participará de manera remota desde la prisión de mujeres de Bedford Hills, en Nueva York.

La defensa sostuvo que los fiscales indujeron al jurado a una conclusión al entregar transcripciones erróneas de conversaciones grabadas en secreto.

Entre las palabras que, según sus abogados, no se oyen con claridad en los audios pero sí aparecen en el texto figuraron “killed” en la frase “you had your husband killed”, “busted” en “I’m gonna be busted” y “murder” en “this would have been the perfect murder”.

El abogado Matthew Zernhelt afirmó a comienzos de este año que la investigación actual sobre percepción auditiva refuerza una intuición básica: cuando a una persona se le entrega un guion, termina oyendo las palabras que le muestran.

“Los jurados no estaban evaluando las grabaciones de manera independiente: estaban siendo dirigidos hacia una conclusión, y esa dirección decidió el veredicto”.

La defensa cuestiona las transcripciones, las instrucciones al jurado y la pena

Smart cumple prisión perpetua sin libertad condicional por haber sido condenada como cómplice de asesinato en primer grado y por otros delitos.

Siempre negó haber conocido el plan para matar a su marido, Gregory Smart, aunque fue hallada culpable de haber orquestado el crimen cometido por un estudiante adolescente con el que mantenía una relación.

La petición también sostuvo que el veredicto quedó contaminado por la atención mediática y por instrucciones defectuosas al jurado.

Sus abogados alegaron que los jurados fueron instruidos para concluir que ella actuó con premeditación y que no se les indicó que debían considerar únicamente la prueba presentada en el juicio.

Otro de los planteos apuntó a la sentencia. La defensa argumentó que el tribunal le impuso de manera obligatoria la prisión perpetua sin libertad condicional por complicidad en asesinato en primer grado, pese a que New Hampshire no establece esa pena de forma mandatoria para ese cargo.

Los abogados del estado pidieron al juez que desestime la petición. Sostuvieron que casi todos los planteos ya fueron presentados en apelaciones anteriores y resueltos por la Corte Suprema estatal, o bien pudieron haber sido planteados entonces y no lo fueron.

La fiscalía recordó que durante el juicio original la defensa solo manifestó preocupación porque las transcripciones no reflejaban el “doblamiento” de voces cuando dos personas hablaban al mismo tiempo.

El juez instruyó al jurado que, si lo que escuchaban en las cintas difería de lo que leían, debían guiarse por el audio.

La Corte Suprema estatal ya había señalado, según la publicación, que los abogados de Smart no hicieron una demostración específica de inexactitudes entre las transcripciones y las grabaciones ni explicaron de qué modo eso la había perjudicado.

Los representantes del estado añadieron que la defensa tampoco probó otros argumentos, como la asistencia letrada ineficaz y el hecho de que el caso se hubiera litigado en Nueva York en vez de en New Hampshire.

El caso se convirtió en uno de los primeros juicios televisados de alto perfil

El proceso contra Smart fue uno de los primeros en Estados Unidos transmitidos en vivo por televisión de principio a fin.

Ella tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de medios en una escuela secundaria cuando inició una relación con un adolescente de 15 años que después mató a su esposo en Derry.

Ese estudiante, William Flynn, declaró que Smart le dijo que necesitaba que su marido muriera porque temía perderlo todo en un divorcio y que incluso amenazó con dejarlo si no cometía el crimen.

Flynn y otros tres adolescentes cooperaron con los fiscales y todos recuperaron la libertad con el paso de los años.

Flynn y Patrick Randall, que tenía 17 años, entraron al condominio de los Smart en Derry y obligaron a Gregory Smart a arrodillarse en el vestíbulo.

Mientras Randall le sostenía un cuchillo en la garganta, Flynn le disparó en la cabeza con una bala de punta hueca.

Ambos se declararon culpables de asesinato en segundo grado y fueron condenados a entre 28 años y cadena perpetua. Obtuvieron la libertad condicional en 2015. Otros dos adolescentes también cumplieron penas de prisión y ya fueron liberados.

Las opciones judiciales y administrativas de Smart se fueron reduciendo. Intentó sin éxito en varias ocasiones obtener una audiencia de reducción de pena ante el consejo estatal electo de New Hampshire, el organismo que aprueba contratos y designaciones en tribunales y agencias estatales. Una de esas negativas llegó hasta la Corte Suprema local, que rechazó su presentación en 2023.

Su petición más reciente llegó después de que la gobernadora Kelly Ayotte negara el año pasado su solicitud para que el asunto volviera a ese consejo. La gobernadora dijo que había revisado el caso y concluyó que no merecía una audiencia.

En 2024, Smart asumió plena responsabilidad por la muerte de su esposo. En un video, dijo que durante años desvió culpas “casi como si fuera un mecanismo de afrontamiento”.

El caso también dejó una huella en la cultura popular. Inspiró el libro To Die For, publicado por Joyce Maynard en 1992, y la película homónima estrenada en 1995 con Nicole Kidman y Joaquin Phoenix.

El asesinato de Jader Durango en el municipio de Tierralta, Córdoba, ha generado conmoción en los sectores sociales y comunitarios del departamento.

Durango, conocido por su labor como líder social, comunicador y locutor, integraba el colectivo de comunicación Casup y dedicó buena parte de su vida a la formación de jóvenes en el campo de la locución, además de impulsar iniciativas comunitarias en el corregimiento de Batata.

El cuerpo de Jader Durango fue encontrado el 18 de julio de 2026 sobre la vía que conecta el sector de La Sierpe y la vereda Murmullo, en una zona rural de Tierralta. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el líder social presentaba múltiples heridas que le ocasionaron la muerte.

La situación ha encendido las alarmas en la región, donde la Defensoría del Pueblo ha identificado el municipio como área de alto riesgo mediante la alerta temprana 054/19, debido a la presencia y disputas entre actores armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas.

Tierralta es un territorio con riqueza ambiental y minera, cuya ubicación cercana al Nudo de Paramillo aumenta su valor estratégico para los grupos armados.

La persistencia de conflictos ha provocado graves afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, tales como desplazamientos forzados, pérdida de fuentes de sustento y presión sobre los territorios. Organizaciones como el EGC/Clan del Golfo, Los Caparros y otros grupos locales operan en la zona, agravando la situación humanitaria y de seguridad.

La jurisdicción corresponde a la Primera División del Ejército colombiano, que mantiene presencia en la región. Sin embargo, la violencia no da tregua y, con el crimen de Durango, ya son 82 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2026, según el reporte de Indepaz.

El caso pone nuevamente en el centro del debate nacional la urgencia de garantizar la protección de quienes trabajan por los derechos humanos y la defensa de las comunidades más vulnerables en Colombia.

Crimen de líder sindical Juan Carlos Vargas Mosquera en Palmira, Valle del Cauca: le dispararon en repetidas ocasiones

El municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, registró el asesinato de Juan Carlos Vargas Mosquera, reconocido líder sindical, miembro de Asonal Judicial S.I. y funcionario de la Fiscalía General de la Nación. La víctima también se sumó a la preocupante lista de defensores de derechos humanos asesinados en el país durante el año.

Según el reporte de Indepaz, Vargas Mosquera fue atacado en la noche del jueves 16 de julio de 2026 en la carrera 32 con calle 33 de Palmira. Hombres armados lo abordaron y, tras dispararle en repetidas ocasiones, acabaron con su vida en el lugar de los hechos.

La violencia ejercida contra el líder sindical reflejó el grave riesgo que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y sindical en la región.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la situación de riesgo en Palmira, emitiendo la Alerta Temprana 010/24 y el informe de seguimiento 025/24. Ambos documentos señalaron la consolidación del Frente Adán Izquierdo en áreas rurales, medias y suburbanas del municipio, donde este grupo ejerce control territorial e implementa mecanismos de gobernanza armada.

Producto de las masacres recientes, el grupo armado ha intensificado amenazas, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.

Palmira, junto con corregimientos como Tenjo, Tablones y Tienda Nueva, enfrentan amenazas constantes contra la población civil, derivadas de las disputas entre el Frente 57 Yair Bermúdez, el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central EMC y otras bandas locales. La región permanece bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército colombiano, aunque la persistencia de estos grupos ilegales continúa generando temor y desplazamientos.

Con el asesinato de Juan Carlos Vargas Mosquera, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 había subido a 81, de acuerdo con el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Una chica de 19 años fue asesinada durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona oeste de Rosario. Por el hecho, la Justicia ordenó la captura de un joven de 20 años identificado como el principal sospechoso, mientras intenta determinar cómo se produjo el disparo que terminó con la vida de la víctima.

La mujer fue identificada como Lara Valentina Caraballo. El hecho ocurrió pasadas la 1 de la madrugada en una casa ubicada sobre Bielsa al 6200.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de la vivienda. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Caraballo con una herida de arma de fuego en la zona del mentón. Personal médico constató su fallecimiento pocos minutos después.

La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó las primeras medidas de investigación.

Las diligencias permitieron identificar al posible autor del disparo, sobre quien ya pesa una orden de captura. Además, la fiscal dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, el levantamiento de rastros y la toma de nuevos testimonios para esclarecer la mecánica del episodio.

La versión del disparo accidental

Una de las primeras versiones que surgieron tras el hecho fue que el disparo se habría producido de manera accidental.

De acuerdo con las fuentes consultadas, una mujer de 55 años, madre del joven que hoy es buscado por la Justicia, declaró haber escuchado una detonación. Según su testimonio, su hijo le dijo que el arma se disparó mientras la manipulaba junto a su pareja y que luego escapó del lugar en una bicicleta negra, llevándose consigo el arma utilizada.

Esa explicación, sin embargo, es una de las líneas que analizan los investigadores. La De momento, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y aguarda el resultado de las pericias criminalísticas, junto con el análisis de las cámaras de seguridad, para determinar las circunstancias en las que murió Caraballo.

En la sala de su departamento, Beverly Bruneau yacía muerta, con un cable eléctrico enredado al cuello y manchas de sangre en la cara y el camisón.

Era el 13 de febrero de 1981. Bruneau tenía 35 años y trabajaba como auxiliar de vuelo. Vivía en Grapevine, Texas. La autopsia confirmó un homicidio por estrangulamiento sin agresión sexual. Durante más de cuatro décadas, el crimen permaneció sin respuesta. Ahora, la Policía arrestó a un hombre al que acusa de haberla asesinado.

Larry Dean Brown tiene 79 años. Un análisis de ADN lo vinculó con la sangre masculina hallada en la ropa de la víctima. Los investigadores obtuvieron la muestra a partir de botellas descartadas en la basura de la casa de Brown, en Colorado.

El ADN aportó la evidencia que la investigación no había encontrado durante casi 45 años. El 28 de mayo de 2026, un laboratorio determinó que el perfil genético obtenido de un envase de salsa y de varias botellas de gaseosa era compatible con el de Brown, según documentos judiciales citados por CBS News Texas y el periódico Fort Worth Star-Telegram.

Brown fue detenido el 8 de junio. Un jurado del condado de Tarrant lo acusó formalmente el 29 de junio. El 14 de julio fue trasladado a la cárcel.

Disputa financiera y rastro de violencia

Larry Brown apareció en el radar policial el mismo día del homicidio, cuando los detectives fueron a buscar a Thelma Brown, la mejor amiga y colega de Bruneau, pero ella estaba en un vuelo internacional. Su esposo —Brown— sí estaba en la casa. Durante el primer interrogatorio, Brown, expiloto e ingeniero de Braniff Airlines, dio respuestas evasivas y repetitivas, según el informe policial. Los detectives también detectaron una herida en su pulgar derecho, “justo debajo de la uña, donde la capa superior de piel había sido arrancada”. Brown atribuyó la lesión a un accidente laboral. El agente a cargo pensó que la explicación era poco creíble.

De acuerdo con el expediente, Bruneau y Thelma Brown habían sido compañeras de vivienda y copropietarias de una casa en Dallas. El acuerdo hipotecario estipulaba que, en caso de matrimonio de alguna de las partes, se mantendría la responsabilidad financiera hasta que se llegara a un arreglo. El convenio además incluía un seguro de vida ligado al préstamo que cubriría un porcentaje de la deuda en caso de muerte de una de ellas.

Tras la boda de Thelma con Larry Brown, ambos adquirieron una casa en Grapevine, lo que generó presión económica en el matrimonio. Larry, entonces cesante de Braniff y copropietario de una constructora, insistió en liberar a su esposa de la obligación hipotecaria y solicitó a Bruneau que aceptara un nuevo arreglo o firmara la venta de la casa.

Bruneau rechazó todas las propuestas. Las tensiones aumentaron cuando, en noviembre de 1980, el inmueble de Dallas sufrió un incendio mientras Bruneau estaba fuera en un vuelo. Esa misma noche, después de que los bomberos extinguieran el primer siniestro, se reportó un segundo fuego de origen intencional. Larry Brown, según los registros policiales citados por CBS News Texas, fue quien notificó el segundo incidente. Posteriormente, intentó gestionar la tasación de los daños mediante su constructora.

Tras el incendio, Larry y Thelma Brown solicitaron a Bruneau que firmara documentos fraudulentos para reclamar un pago del seguro. Bruneau se negó. El expediente policial recogió que, días antes de la muerte, Brown confrontó a Bruneau en su apartamento. Larry Brown admitió en 1981 ante la policía haber tenido esa discusión. La madre de la víctima dijo a la policía que su hija le había contado que le tenía miedo.

El ADN preservado durante décadas reactivó el caso

Brown fue colaborativo al principio, pero más tarde se negó a responder preguntas, a entregar huellas dactilares, a someterse a un polígrafo y a permitir que fotografiaran sus lesiones. Aun así, no fue arrestado en ese momento.

La ropa de Bruneau fue preservada tras la autopsia y enviada a un laboratorio en 2010, cuando los avances técnicos permitieron extraer un perfil genético masculino desconocido. Ese perfil fue cargado en CODIS, la base nacional de ADN de Estados Unidos, pero no arrojó coincidencias.

Los detectives reabrieron el caso en 2025. En febrero de 2026, el Departamento de Policía de Grapevine pidió ayuda a la oficina del sheriff del condado de Larimer, en Colorado, donde Brown vivía. Los agentes montaron vigilancia en su domicilio y recogieron basura dejada en la vereda, entre ella dos botellas de gaseosa y una botella de salsa barbacoa; las muestras fueron enviadas al laboratorio y derivaron en la coincidencia genética.

El criminólogo Alex del Carmen, ajeno a la causa, dijo a CBS News Texas: “Esto no es más que una buena actuación policial”, afirmó. “Por eso es tan importante preservar las salas de evidencia. Ayuda a mantener la integridad de las pruebas y, en algunos casos, del ADN a lo largo de los años. Hace 45 años no teníamos idea de que íbamos a estar donde estamos hoy”.

Según el Fort Worth Star-Telegram, la defensa de Brown pidió una reducción de la fianza inicial de USD 2 millones, alegando la avanzada edad del acusado, su historial como veterano de Vietnam y la naturaleza circunstancial de las pruebas. Brown carecía de antecedentes penales, aunque fue inhabilitado como abogado en Colorado en 2020 por apropiación indebida de fondos.

El juez fijó la fianza en USD 100.000 y estableció como condición la colocación de un monitor GPS y arresto domiciliario, permitiéndole solo desplazamientos para atención médica.

Después de 25 años, uno de los crímenes que conmocionó al Perú, el nombre de Juan Clímaco Basombrío Pendavis volvió a ocupar titulares. El joven que alguna vez fue conocido por su participación en actividades religiosas terminó convirtiéndose en “El Loco del Martillo”, el apelativo con el que la opinión pública identificó al autor del asesinato de Alexandra Brenes, una adolescente de 16 años, ocurrido en Santiago de Surco en julio de 2001.

El caso causó una profunda conmoción porque el perfil del agresor contrastaba con la brutalidad del ataque. Basombrío era descrito por familiares, amigos y vecinos como un muchacho reservado, educado y cercano a la Iglesia católica. Había servido como acólito, ejercía labores de catequista y participaba con frecuencia en actividades parroquiales, una imagen que hizo aún más difícil comprender lo sucedido aquella tarde.

Con el paso de los años, el expediente judicial se convirtió en uno de los más recordados de la historia policial peruana. La violencia empleada durante el ataque, el juicio y las posteriores denuncias por el incumplimiento de la reparación civil mantuvieron vigente un caso que continúa siendo citado cuando se recuerdan los crímenes que marcaron al país.

‘El Loco del Martillo’ atacó

La tarde del 7 de julio de 2001, Clímaco Basombrío, quien entonces tenía 19 años, acudió a la vivienda de la familia Brenes para reunirse con Sebastián Brenes y Carlos Lescano, compañeros del colegio Santa María. Mientras compartían bebidas alcohólicas y escuchaban música en la azotea, nada hacía prever que, minutos después, la reunión terminaría en un ataque de extrema violencia.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, Basombrío descendió por las escaleras de la casa y tomó un martillo que encontró en el inmueble. La primera víctima fue Ida Merino, trabajadora del hogar, quien recibió múltiples golpes en la cabeza, espalda y hombros. Convencido de que había acabado con su vida, el agresor la dejó tendida en el piso y continuó recorriendo la vivienda.

Poco después se cruzó con Alexandra Brenes, de apenas 16 años. La adolescente intentó averiguar qué había ocurrido con la trabajadora del hogar, pero fue atacada con el martillo. La necropsia confirmó posteriormente que recibió más de 40 golpes. En medio del ataque, Sebastián Brenes y Carlos Lescano intentaron intervenir para detener a Basombrío y también resultaron heridos. Finalmente el agresor fue reducido por un vigilante y vecinos de la zona hasta la llegada de la Policía.

Juicio y deuda por reparación civil

Durante el proceso judicial, la defensa de Clímaco Basombrío argumentó que el joven padecía trastornos psiquiátricos y que no recordaba lo ocurrido durante el ataque. Sin embargo, las pericias concluyeron que comprendía la gravedad de sus actos y que no presentaba una enfermedad mental que lo eximiera de responsabilidad penal. En febrero de 2003, el Poder Judicial lo condenó a 20 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones graves. Basombrío cumplió su condena en el penal de San Juan de Lurigancho y recuperó su libertad el 8 de julio de 2021, tras permanecer dos décadas en prisión.

La sentencia también fijó el pago de S/ 70.000 como reparación civil para la familia de Alexandra Brenes y S/ 100.000 para Ida Merino. Algunos meses después, la Corte Suprema elevó la indemnización de la sobreviviente a S/ 400.000, al considerar las secuelas físicas permanentes que le dejó el ataque. No obstante, años más tarde Merino denunció públicamente que el condenado apenas había abonado S/ 170, por lo que la reparación económica seguía prácticamente incumplida.

Thelma Jeanette Gaston, la viuda de 80 años cuya desaparición en Los Ángeles en 1981 derivó en una condena por homicidio sin cuerpo identificado, fue finalmente reconocida 45 años después. El hallazgo cerró una incógnita abierta desde que su asesino intentó apropiarse de su fortuna, informaron The New York Times y NBC News.

Los restos fueron hallados el 28 de noviembre de 1981, apenas meses después de la desaparición, en una tumba poco profunda en las montañas Santa Rosa, cerca de Palm Springs. Sin embargo, las autoridades no pudieron establecer entonces la identidad de la víctima por el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

Ese resultado recién llegó en mayo de este año, cuando los investigadores lograron una coincidencia positiva mediante pruebas de ADN, genealogía genética investigativa y registros dentales. La identificación fue anunciada por la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside: “Se le ha devuelto a la señora Gaston su nombre y su historia”.

Los restos aparecieron en 1981 y la identificación llegó con nueva tecnología forense

La señora Gaston desapareció el 28 de junio de 1981 de su casa de Los Ángeles. En la puerta principal apareció una nota que decía que había salido a atender a un gato enfermo, pero nunca regresó, indicó The New York Times.

Según reportes policiales de la época citados por el diario, la nota fue colocada por Lawrence Remsen, un vendedor de alfombras 41 años menor que ella, para encubrir el crimen. En 1983, Remsen fue condenado por asesinato y otros 12 cargos, entre ellos falsificación, hurto mayor e intento de hurto mayor.

La reapertura del caso se produjo después de que la oficina forense del condado recibiera una subvención para revisar expedientes antiguos con tecnología forense más reciente, precisó NBC News. Un laboratorio privado colaboró en el nuevo examen de los restos.

El móvil fue el control de una fortuna estimada entre USD 20 millones y USD 100 millones

Cuando murió, Gaston era una viuda acaudalada. Artículos periodísticos de la época situaron su patrimonio en USD 20 millones, mientras que otras publicaciones lo calcularon cerca de USD 100 millones, señaló NBC News.

Reportes de Los Angeles Times, citados por The New York Times, detallaron que había construido su fortuna mediante la compra de bienes inmuebles en ventas por impuestos impagos.

Poco después de la desaparición, Ramsen comenzó a enviar cartas a socios comerciales de la viuda para presentarse como la persona a cargo de sus asuntos financieros. Esas cartas, según los investigadores, eran falsas y llevaban el sello robado de un notario público.

A su vez, se le atribuyó la falsificación de documentos para obtener control sobre sus cuentas y transferir USD 20.000 a una cuenta en las Islas Caimán, además de intentar negociar la venta de varios terrenos que ella poseía, señaló NBC News. En otro episodio, trató de comprar un Mercedes-Benz de USD 100.000 a nombre de la mujer.

La maniobra empezó a desmoronarse cuando amigos y asociados de Thelma advirtieron irregularidades. La viuda no era conocida por gastos frívolos y un banquero alertó a la policía por el intento de compra del automóvil.

La ubicación del cuerpo contradijo la versión del condenado

Remsen huyó de su casa de Newport Beach poco después de la desaparición y fue detenido en septiembre de 1981 cuando intentaba cruzar la frontera desde México hacia Texas.

En el juicio, el acusado declaró que se había convertido en un asistente que la ayudaba a gestionar sus negocios, pero la fiscalía alegó que en realidad hacía recados para ganarse su confianza y que la asesinó para quedarse su patrimonio.

“Pensé que iba a sacar lo que pudiera y dejar el país”, declaró Remsen en ese momento, según Los Angeles Times.

Pese a admitir que había intentado aprovecharse de la muerte de Gaston, negó haberla asesinado. Ramsen sostuvo que la encontró muerta por causas naturales en su cocina, en Rancho Park, y que después trasladó el cadáver a South Laguna Beach.

Allí infló una balsa, le ató pesos al cuerpo y lo arrojó al mar, mientras mantenía la versión de que ella estaba de viaje y lo había dejado a cargo de su patrimonio.

El lugar donde fueron encontrados los restos desmintió ese relato. La víctima estaba enterrada en una fosa superficial cerca de Sugar Loaf Mountain, no en el océano.

El juez del Tribunal Superior Gordon Ringer lo condenó a una pena de 15 años a cadena perpetua por el homicidio y añadió otra pena de seis años por los cargos de falsificación. Además, lo describió como un “canalla incompetente”.

En la actualidad, el asesino tiene 83 años y sigue preso en la California Institution for Men, en Chino. Registros penitenciarios revelan que se le negó la libertad condicional en múltiples ocasiones desde 2016 y que su próxima audiencia está prevista para julio de 2028.

Lo que comenzó como el regreso a casa de dos hermanos después de retirar 23 mil pesos de una sucursal bancaria terminó en una tragedia en Chimalhuacán, Estado de México, donde un hombre murió al intentar defenderlos de un asalto y otras cinco personas resultaron heridas durante el ataque perpetrado por dos hombres armados que viajaban en motocicleta.

La víctima mortal fue identificada como José, de 35 años de edad, quien intervino junto con otros vecinos cuando observó que los delincuentes intentaban despojar del dinero a los hermanos frente a su domicilio, ubicado en el barrio de San Agustín.

La agresión ocurrió a plena luz del día y quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran el momento en que los presuntos responsables interceptan a las víctimas apenas descendían de su vehículo.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hermanos acababan de retirar 23 mil pesos en efectivo de una institución bancaria y se dirigieron a su domicilio.

Al llegar y detener su automóvil frente a la vivienda, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron y los amenazaron con armas de fuego para exigirles el dinero.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que los presuntos delincuentes encañonan a las víctimas mientras intentan consumar el robo.

Al percatarse de lo que ocurría, varios habitantes del barrio salieron para intentar auxiliar a los hermanos y enfrentar a los asaltantes.

Fue entonces cuando los agresores comenzaron a disparar directamente contra las personas que se aproximaban.

José recibió tres impactos de bala durante el ataque y fue trasladado de emergencia en una camioneta particular debido a la demora de los servicios de emergencia.

Sin embargo, perdió la vida antes de ingresar al Hospital General.

La víctima era padre de tres menores de edad, de acuerdo con información proporcionada por familiares.

Cinco personas resultaron heridas

Además del homicidio de José, el ataque dejó cinco personas lesionadas por impactos de arma de fuego.

Entre ellas se encuentra Juan Esteban, quien permanece hospitalizado en estado grave tras recibir un disparo que le perforó un pulmón. De acuerdo con sus familiares, los médicos esperan que su condición se estabilice para poder intervenirlo quirúrgicamente.

Otra de las víctimas es Monse, quien sufrió una lesión en la rodilla ocasionada por un proyectil. Aunque continúa hospitalizada, fue reportada fuera de peligro.

También resultó herida Yaritza, una joven de 19 años que caminaba por el lugar al momento del ataque y fue alcanzada por una bala perdida en la zona de las costillas.

La familia de la joven denunció que tuvieron que trasladarla a un hospital privado ubicado en Nezahualcóyotl, ya que, según afirmaron, en hospitales públicos cercanos no quisieron recibirla pese a la gravedad de la lesión.

Otras dos personas también presentaron heridas derivadas de los disparos, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer su identidad ni el estado de salud en el que permanecen.

Vecinos denuncian inseguridad en San Agustín

Tras el ataque, habitantes del barrio de San Agustín señalaron que los robos cometidos por delincuentes que se desplazan en motocicleta son frecuentes en esa zona de Chimalhuacán.

Los vecinos aseguraron que desde hace tiempo han solicitado mayor presencia policial y patrullajes preventivos, aunque afirman que las autoridades municipales no han atendido de manera efectiva sus peticiones.

También denunciaron que la respuesta de los cuerpos de emergencia fue tardía, por lo que fueron los propios habitantes quienes utilizaron vehículos particulares para trasladar a los lesionados a distintos hospitales.

La muerte de José ha generado indignación entre los vecinos, quienes lo describieron como una persona que únicamente intentó ayudar a quienes estaban siendo víctimas del asalto.

Fiscalía investiga el ataque

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

De acuerdo con las autoridades, los agresores escaparon del lugar en la misma motocicleta en la que llegaron, por lo que agentes ministeriales analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad para reconstruir su ruta de escape y obtener indicios que permitan su localización.

Las investigaciones continúan para determinar si los asaltantes siguieron previamente a las víctimas desde la sucursal bancaria o si el robo fue producto de otra circunstancia, mientras familiares de José y vecinos del barrio de San Agustín exigen justicia y mayores medidas de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

A las diez menos cuarto de la mañana del 18 de julio de 1989, la joven actriz Rebecca Schaeffer abrió la puerta de su departamento en West Hollywood convencida de que del otro lado había un mensajero o algún visitante ocasional. Pero delante de ella estaba Robert John Bardo, un hombre de 19 años que había recorrido cientos de kilómetros con un único objetivo: matarla.

Le disparó un tiro en el pecho con un revólver Magnum calibre .357. Rebeca cayó gravemente herida sobre la entrada. Los vecinos llamaron desesperados a los servicios de emergencia. La ambulancia llegó para trasladarla de inmediato al Cedars-Sinai Medical Center, uno de los hospitales más prestigiosos de Los Ángeles, donde los médicos intentaron salvarle la vida durante casi una hora. Fue inútil. La actriz murió poco antes del mediodía. Tenía apenas 21 años.

La noticia recorrió los Estados Unidos con una velocidad inusitada. No solo porque Schaeffer era una figura en ascenso dentro de Hollywood, sino porque el crimen dejaba al descubierto una realidad inquietante: un desconocido había conseguido su dirección particular sin mayores dificultades y viajado hasta su casa para ejecutar un plan obsesivo que nadie pudo detectar a tiempo.

Momento crucial

Con los años, aquel asesinato sería considerado un punto de inflexión. No solo destruyó una prometedora carrera artística. También cambió la legislación estadounidense sobre el acoso, la protección de datos personales y la seguridad de las celebridades. Pero para entender por qué su muerte tuvo semejante impacto es necesario retroceder varios años, hasta la infancia de una joven que jamás imaginó que la fama terminaría convirtiéndose en una condena.

Rebecca Lucile Schaeffer nació el 6 de noviembre de 1967 en Eugene, estado de Oregón, en el seno de una familia judía dedicada al ámbito de la psicología y la educación. Su padre, Benson Schaeffer, era psicólogo infantil, mientras que su madre, Danna, escribía y enseñaba. Cuando Rebecca era todavía pequeña, la familia se trasladó a Portland, donde creció junto a su hermana menor.

Desde muy chica mostró una personalidad extrovertida. Le gustaba actuar en obras escolares, participar en actividades artísticas y posar frente a las cámaras. Sus profesores destacaban que tenía facilidad para comunicarse y una madurez poco habitual para su edad. A los catorce años ya comenzó a trabajar como modelo. Su belleza natural llamó rápidamente la atención de las agencias publicitarias. Poco después decidió mudarse a Nueva York para desarrollar una carrera profesional mientras terminaba sus estudios secundarios mediante un sistema especial que le permitía continuar trabajando.

La adaptación no fue sencilla. Durante los primeros meses vivió sola en una ciudad inmensa, asistió a incontables castings y aceptó pequeños trabajos de modelaje que apenas alcanzaban para cubrir los gastos. Sin embargo, Rebecca transmitía una determinación poco común. Sabía que quería actuar. El modelaje era solamente un medio para llegar a ese objetivo.

Las primeras oportunidades le llegaron a mediados de los años ochenta con pequeñas participaciones en comerciales y series televisivas. También apareció en algunas producciones diurnas, hasta que obtuvo un papel secundario en la telenovela One Life to Live. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con los ritmos de grabación y demostrar que tenía condiciones para interpretar personajes con naturalidad.

Pero su gran oportunidad apareció en 1986. Los productores de la nueva comedia My Sister Sam buscaban una actriz joven que interpretara a Patti Russell, una adolescente que se muda a San Francisco para vivir con su hermana mayor, interpretada por la ya consagrada Pam Dawber, conocida mundialmente por Mork & Mindy junto a Robin Williams.

Rebecca consiguió el papel y su vida cambió por completo. La serie fue bien recibida por la crítica y obtuvo una importante audiencia durante su primera temporada. El personaje de Patti, dulce, inteligente y espontáneo, conectó rápidamente con el público adolescente. Así, Schaeffer comenzó a aparecer en revistas, programas de televisión y campañas publicitarias. Por primera vez conocía el verdadero significado de la fama.

Peligrosa obsesión

Sin embargo, ese éxito también tenía un costado oscuro. Como ocurría con muchas figuras juveniles antes de la era de Internet, cientos de admiradores comenzaron a escribirle cartas todos los días. La mayoría eran mensajes afectuosos. Pero algunos empezaban a mostrar un tono preocupante. Entre esas personas se encontraba Robert John Bardo.

Su obsesión no había comenzado con Rebecca Schaeffer. Desde la adolescencia mostraba un patrón de conducta alarmante. Nacido el 2 de enero de 1970 en Tucson, Arizona, era el menor de siete hermanos de una familia marcada por los problemas económicos y un ambiente familiar conflictivo. Durante su infancia fue descrito como un chico retraído, con escasas habilidades sociales y una creciente dificultad para distinguir entre la fantasía y la realidad. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un joven aislado, mientras que distintos especialistas que más tarde analizarían su historia señalaron que presentaba un deterioro progresivo de su salud mental y una fijación obsesiva con figuras famosas.

Antes de conocer a Rebecca Schaeffer ya había desarrollado una peligrosa fascinación por otras celebridades. Una de ellas fue la conductora infantil Samantha Smith, la niña estadounidense que se había convertido en un símbolo de la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que murió en un accidente aéreo en 1985. También llegó a enviar cartas a distintas actrices y cantantes. En algunos casos, los destinatarios se preocuparon lo suficiente como para dar intervención a la policía o reforzar su seguridad.

Cuando comenzó a ver My Sister Sam, Bardo quedó cautivado por Rebecca. Al principio era la admiración habitual de un fanático. Le escribía cartas, coleccionaba fotografías y seguía todas las noticias relacionadas con la actriz. Rebecca respondió una de esas cartas con una fotografía autografiada, un gesto frecuente entre los artistas de la época y que buscaba agradecer el apoyo de sus seguidores.

Señales oscuras

Para Bardo, sin embargo, aquel autógrafo significó algo completamente distinto. Lo interpretó como una señal de cercanía personal. Comenzó a convencerse de que existía un vínculo especial entre ambos. Con el tiempo, la obsesión se intensificó. En 1987 viajó por primera vez a Los Ángeles con la intención de conocerla. Consiguió llegar hasta los estudios de Warner Bros., donde se grababa la serie, pero el personal de seguridad le impidió el ingreso. El tema es que Rebecca nunca llegó a enterarse de ese episodio y no pudo prevenirse.

Lejos de abandonar la idea, Bardo siguió alimentando su fijación. El punto de quiebre llegó cuando vio una escena de la película Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, en la que Schaeffer aparecía en una secuencia de contenido sexual. Aquella actuación, que para la joven actriz representaba un intento por desprenderse de la imagen inocente construida en televisión y acceder a papeles más maduros, fue interpretada por Bardo como una “traición”. Según declararía después, sintió que Rebecca había “dejado de ser pura” y que merecía un castigo.

Entonces, en su cabeza la idea del asesinato comenzó a tomar forma. Para concretarla necesitaba un dato fundamental: saber dónde vivía. En 1989, obtener esa información era mucho más sencillo de lo que sería años después. Bardo contrató a un detective privado, que por una suma relativamente modesta le consiguió la dirección del departamento de Rebecca a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), donde figuraban los datos vinculados a la licencia de conducir de la actriz. Aquella facilidad para acceder a información personal sería uno de los aspectos más cuestionados después del crimen.

Con la dirección en su poder, compró un revólver Magnum calibre .357 y emprendió viaje desde Arizona hasta Los Ángeles. El 18 de julio llegó al edificio donde vivía Schaeffer. Llevaba consigo el arma, un ejemplar del libro The Catcher in the Rye (El guardián entre el centeno), novela que también había sido encontrada en poder de Mark David Chapman tras el asesinato de John Lennon, y una fotografía autografiada de la actriz. Tocó el timbre. Y Rebecca abrió la puerta.

En un primer momento le mostró la fotografía para que volviera a firmarla. Ella lo atendió con cortesía, pero al advertir que se trataba de un admirador insistente le pidió que se retirara. Bardo obedeció y salió del edificio. Durante unos minutos caminó por el barrio. Regresó pocos minutos después y volvió a tocar la puerta. Rebecca creyó que se trataba nuevamente del mismo muchacho, quizá con alguna consulta más. Apenas abrió, Bardo levantó el arma y disparó una única vez. La bala atravesó su pecho y lesionó gravemente órganos vitales.

Mientras la actriz se desplomaba, el asesino huyó caminando con sorprendente calma. Fue detenido al día siguiente en Tucson, luego de que confesara el crimen a su hermano y éste alertara a las autoridades. Durante los interrogatorios, Bardo admitió haber disparado y explicó que se había sentido traicionado por la actriz. Sus declaraciones reforzaron la hipótesis de que actuó impulsado por una obsesión delirante construida durante años.

En el banquillo

El proceso judicial comenzó en 1990. La defensa intentó demostrar que padecía una enfermedad mental severa y que no podía comprender plenamente la gravedad de sus actos. La fiscalía sostuvo lo contrario: que había planificado cuidadosamente el asesinato, adquirido un arma, obtenido la dirección de la víctima, viajado hasta su domicilio y ejecutado el crimen con total conciencia. El jurado coincidió con esta última interpretación. Y fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Más de tres décadas después continúa preso en una cárcel del estado de California y nunca recuperó la libertad. Su caso pasó a integrar la larga lista de asesinos de celebridades, junto con los responsables de las muertes de John Lennon, Gianni Versace y Christina Grimmie, aunque el impacto del crimen de Rebecca Schaeffer fue diferente por una razón fundamental: modificó la legislación.

La indignación pública fue inmediata. ¿Cómo era posible que cualquier persona pudiera obtener con tanta facilidad la dirección particular de una actriz? La respuesta obligó a revisar el sistema. California aprobó poco después una de las primeras leyes modernas destinadas a combatir el stalking, término que comenzó a utilizarse para describir el acoso persistente y amenazante contra una persona. La nueva legislación convirtió ese comportamiento en un delito específico y proporcionó herramientas judiciales para intervenir antes de que las amenazas escalaran hacia hechos de violencia.

En paralelo, el Departamento de Vehículos Motorizados restringió drásticamente el acceso público a los domicilios particulares registrados en las licencias de conducir. Otros estados adoptaron medidas similares y años después, el Congreso de Estados Unidos avanzó con normas federales destinadas a reforzar la privacidad de los datos personales contenidos en esos registros.

El caso también modificó las prácticas de la industria del entretenimiento. Estudios cinematográficos, cadenas de televisión y representantes artísticos comenzaron a prestar mucha más atención a la seguridad de actores y actrices, especialmente de aquellos que recibían correspondencia insistente o eran objeto de comportamientos obsesivos por parte de algunos admiradores. Lo que antes muchas veces era interpretado como una simple excentricidad de un fan pasó a considerarse un posible factor de riesgo.

Con el paso del tiempo, Rebecca Schaeffer dejó de ser recordada únicamente por la promesa artística que representaba. Su nombre quedó asociado a una transformación mucho más amplia. Su familia impulsó campañas de concientización sobre el acoso y colaboró activamente para que la tragedia sirviera de punto de partida para cambios concretos. Su madre y su padre repitieron durante años una misma idea: si las nuevas leyes lograban salvar una sola vida, el esfuerzo habría valido la pena.

Cada vez que una víctima de acoso obtiene una orden de protección y un tribunal interviene antes de que una amenaza se convierta en violencia, sumado a que a partir de lo ocurrido la información personal de un ciudadano permanece resguardada por normas de privacidad más estrictas, hay una parte de esa historia que remite inevitablemente a la mañana del 18 de julio de 1989.

Rebecca Schaeffer soñaba con ser una gran actriz de cine. El destino le impidió cumplir ese objetivo. Pero su muerte obligó a Estados Unidos a reconocer un peligro que hasta entonces había sido subestimado: que una obsesión alimentada en silencio podía convertirse en un crimen anunciado. Desde entonces, su nombre dejó de pertenecer únicamente a la historia de Hollywood para convertirse en un símbolo de la lucha contra el acoso y la violencia obsesiva, un legado tan doloroso como eterno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal ya investiga el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en San Lucas Atoyatenco, junta auxiliar del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el homicidio del comunicador y aseguró que el caso ya fue presentado en el Gabinete de Seguridad, además de que existe coordinación con el gobierno estatal para avanzar en las investigaciones.

“Hoy en la mañana se presentó en el Gabinete de Seguridad y están en investigación. Hay un video del periodista previo, que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones”, declaró la presidenta.

Sheinbaum indicó que su administración mantiene comunicación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para dar seguimiento al caso y reiteró que deberán agotarse todas las líneas de investigación hasta esclarecer el crimen.

¿Quién era Josué Martínez Contreras?

Josué Martínez Contreras era periodista, docente, activista y director general de la página informativa Noticias San Martín Texmelucan, medio digital dedicado a la cobertura de acontecimientos locales en esa región de Puebla.

Además de su labor periodística, recientemente había obtenido el título de licenciado en Derecho y participaba activamente en temas sociales y políticos del municipio.

En redes sociales también era conocido por los nombres de José Mac y El Jaguar, con los que difundía información relacionada con la vida pública de San Martín Texmelucan y sus comunidades.

Durante los últimos procesos electorales participó de manera activa respaldando al entonces candidato independiente a la presidencia municipal, Filemón Ramírez, además de mantener una presencia constante en debates sobre asuntos públicos de la región.

El periodista fue asesinado frente a su hijo

De acuerdo con los primeros reportes, Josué Martínez fue atacado por hombres armados que viajaban en una motocicleta mientras caminaba por calles de San Lucas Atoyatenco acompañado de su hijo de 13 años.

Tras la agresión, los responsables escaparon del lugar, mientras que el menor pidió ayuda a elementos de la Policía Municipal.

Cuando paramédicos y cuerpos de emergencia arribaron al sitio, confirmaron que el periodista ya no presentaba signos vitales debido a las heridas de bala que recibió en el tórax.

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado cuál es la principal línea de investigación del caso.

Un video sobre amenazas volvió a viralizarse

Horas después de que se confirmó su asesinato, comenzó a circular nuevamente en redes sociales un video que Josué Martínez publicó hace aproximadamente ocho meses.

En esa grabación, el periodista denunciaba presuntos actos de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades auxiliares de San Lucas Atoyatenco, derivadas de un conflicto relacionado con pagos del servicio de agua potable de algunas de sus propiedades.

El contenido del video volvió a viralizarse tras el homicidio y fue mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al referirse a las investigaciones en curso.

No obstante, hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha confirmado si ese antecedente forma parte de las líneas de investigación o si el crimen estaría relacionado con su actividad periodística, su participación política o algún otro móvil.

La presidenta insistió en que las autoridades deberán realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer el asesinato y determinar el motivo del ataque.

El homicidio de Josué Martínez ocurre en un contexto de preocupación por las agresiones contra periodistas y personas dedicadas a la comunicación en México, por lo que las investigaciones federales y estatales buscarán establecer tanto la identidad de los responsables como el móvil del crimen.

Una nueva jornada de violencia golpeó al municipio de Apatzingán, en Michoacán, donde cinco hombres fueron asesinados este jueves en distintos puntos de la demarcación. Tres de las víctimas fueron encontradas desmembradas, mientras que las otras dos presentaban impactos de arma de fuego, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los homicidios ocurrieron en diferentes colonias y comunidades del municipio considerado uno de los principales bastiones de la región de Tierra Caliente, una zona que desde hace años enfrenta una intensa disputa entre diversas organizaciones del narcotráfico.

Hasta el momento, ninguna de las cinco víctimas ha sido identificada y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

Tres cuerpos desmembrados fueron abandonados en distintos puntos

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, dos de las víctimas fueron localizadas desmembradas al interior de bolsas de plástico abandonadas sobre la calle Práxedes Guerrero, en la colonia Aviación.

Horas después, personal ministerial localizó los restos de un tercer hombre sobre la calle Ponciano Arriaga, en la colonia Morelos, donde también fue encontrado desmembrado.

En ambos casos, peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense para practicar las diligencias correspondientes e intentar establecer la identidad de las víctimas.

Las otras dos personas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego.

Uno de los cuerpos fue localizado en la comunidad de Presa del Rosario, donde la víctima presentaba múltiples impactos de bala. El quinto homicidio ocurrió en los límites de Apatzingán con el municipio de Parácuaro, donde otro hombre fue encontrado sin vida con heridas provocadas por arma de fuego.

La Fiscalía informó que ninguno de los cinco hombres ha sido identificado de manera oficial.

Fiscalía investiga a los responsables

Las autoridades estatales señalaron que hasta el momento no existen personas detenidas por estos hechos.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos del municipio con el objetivo de reconstruir los movimientos de las víctimas e identificar a los responsables de los homicidios.

Peritos en criminalística también recabaron indicios en cada una de las escenas del crimen para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado si los cinco asesinatos están relacionados entre sí o si corresponden a hechos independientes.

Apatzingán, epicentro de la disputa entre siete cárteles

La nueva ola de homicidios ocurre en un contexto de violencia constante en la región de Tierra Caliente, considerada una de las zonas más conflictivas de Michoacán por la presencia de múltiples grupos del crimen organizado.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, en Apatzingán y municipios cercanos existe una disputa entre al menos siete organizaciones criminales, agrupadas en dos bloques que buscan controlar actividades ilícitas como el tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y otras economías ilegales.

Uno de esos bloques está conformado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato.

En el otro frente participan el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes, organizaciones que mantienen una confrontación por el control territorial en diversos municipios de la entidad.

La pugna entre estos grupos ha provocado durante los últimos años enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques contra fuerzas de seguridad y un incremento en los homicidios dolosos, particularmente en municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Parácuaro.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía de Michoacán continúa con las diligencias para identificar a las cinco víctimas, esclarecer las circunstancias de los homicidios y determinar si existe un vínculo entre los distintos hechos registrados durante esta jornada de violencia en Apatzingán.

Matías Gerardo Ochonga fue asesinado en la madrugada del domingo 13 de julio de tres disparos por la espalda durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Suiza en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. En este marco, la Policía detuvo a un hombre, identificado como familiar del principal sospechoso del crimen.

La detención se produjo en el marco de la búsqueda de Agustín Alexis Guevara, alias “Manay”, de 25 años, señalado como autor material del crimen y actualmente prófugo. El detenido quedó acusado de encubrimiento y a disposición de la Fiscalía de Feria de San Francisco, que busca determinar el rol de la red de apoyo que habría facilitado la fuga de Guevara, quien permanece prófugo.

El homicidio tuvo lugar en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro. Matías Ochonga, de 20 años, fue atacado por la espalda a corta distancia en medio de los festejos. Por la gran cantidad de personas reunidas, la ambulancia no logró acceder al lugar y la víctima fue trasladada en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde se confirmó su fallecimiento.

El arresto se concretó tras una serie de allanamientos en varios barrios de la ciudad y en la localidad santafesina de Frontera. Agustín Alexis Guevara, fue identificado por la fiscalía como el principal sospechoso del homicidio tras el análisis de registros fílmicos y testimonios reunidos en la causa.

Sobre Guevara pesa una orden de captura nacional y la Policía de Córdoba mantiene múltiples operativos para dar con su paradero en diferentes barrios de San Francisco y en domicilios de Frontera. También tiene antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos robo calificado, abuso de arma de fuego y violación de domicilio.

Cuál es la principal hipótesis

La principal hipótesis de la investigación apunta a un ajuste de cuentas vinculado a disputas territoriales y actividades relacionadas con el narcotráfico en la región de San Francisco y Frontera. Tanto la víctima como el principal sospechoso presentaban antecedentes penales y conexiones con estos conflictos, lo que para la fiscalía refuerza la sospecha de un ataque planificado y ajeno al contexto festivo.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, remarcó públicamente que el hecho sería un “viejo ajuste de cuentas por tema de narcotráfico” y aseguró que el principal sospechoso, Agustín Guevara, estaría vinculado a “uno de los grandes clanes que manejan la droga en Frontera”. Según sus declaraciones, la disputa territorial y el historial delictivo de los involucrados permiten descartar que se haya tratado de un episodio fortuito.

Matías Ochonga había recuperado la libertad el 3 de julio, menos de dos semanas antes del ataque. Cumplía condena bajo el régimen de libertad condicional tras pasar un tiempo detenido por delitos vinculados con robos. Al momento de su muerte, Ochonga tenía dos pedidos de captura vigentes por causas judiciales previas.

El historial de Ochonga incluye múltiples episodios policiales. Acumulaba antecedentes por robo y otros delitos, con escraches previos en redes sociales, donde vecinos lo habían señalado en reiteradas oportunidades por su presunta participación en hechos delictivos. En esas mismas plataformas circulaban fotos suyas posando con armas de fuego, imágenes que volvieron a viralizarse tras el crimen.

Entre los antecedentes más relevantes figura un caso ocurrido en agosto de 2024, cuando robó una motocicleta y disparó contra una joven, hecho que motivó su detención en septiembre de ese año. Además, en febrero pasado, un vecino denunció públicamente que Ochonga habría robado otra moto, publicación que generó llamados al 911 y reacciones en la comunidad. Estos episodios refuerzan el perfil de la víctima como una figura vinculada al delito y explican el interés de la justicia en esclarecer las motivaciones detrás de su asesinato.

El proceso judicial sumó un nuevo avance con la detención del familiar de Guevara, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y analiza posibles nuevas detenciones en el desarrollo de la causa. La búsqueda de Agustín Guevara permanece activa.

Martínez Contreras fue atacado a balazos la mañana del jueves 16 de julio en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, cuando se encontraba a unos metros de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicleta le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El mensaje que dejó antes de ser asesinado

Tras confirmarse su muerte, comenzó a viralizarse un video grabado semanas antes en el que Josué Martínez denunciaba públicamente presuntas amenazas y defendía su labor como comunicador y ciudadano.

En la grabación, el periodista aseguró que su trabajo consistía en cuestionar el manejo de los recursos públicos y exigir respuestas a las autoridades.

“Que les cuestione yo dónde está ese dinero les duele. Me decía el presidente: ‘No, que tú tan recto’. Yo le respondí: ‘Tú me amenazaste, me hiciste la llamada y me amenazaste’”.

En el mismo mensaje afirmó que, lejos de intimidarlo, las presiones fortalecían su compromiso con la comunidad.

“Me duele cómo está mi comunidad. Más que perjudicarme, esto me fortalece”, expresó.

Durante esa intervención también rechazó señalamientos relacionados con un supuesto adeudo por el servicio de agua potable, mostrando recibos para demostrar que se encontraba al corriente y asegurando que las acusaciones en su contra carecían de sustento.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las declaraciones del periodista forman parte de las líneas oficiales de investigación.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el periodista?

Las investigaciones preliminares indican que la agresión ocurrió poco después de las 8:00 horas sobre la calle Leona Vicario, entre las calles General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, en San Lucas Atoyatenco.

De acuerdo con los reportes, dos sujetos armados interceptaron al comunicador y realizaron varios disparos antes de escapar en motocicleta.

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió después del ataque, cuando el hijo de 13 años de Josué Martínez llamó al número de emergencias para pedir ayuda tras ver a su padre herido.

Entre los primeros datos del caso destacan:

• El ataque ocurrió cerca del domicilio del periodista.
• Los agresores escaparon en una motocicleta.
• En la escena fueron localizados varios indicios balísticos.
• La Fiscalía General del Estado de Puebla inició la carpeta de investigación.
• Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

¿Quién era Josué Martínez Contreras?

Además de desempeñarse como periodista, Josué Martínez era docente, recientemente se había titulado como abogado y dirigía el portal Noticias San Martín Texmelucan, donde daba cobertura a temas de seguridad, política y acontecimientos de interés regional.

También era fundador de la asociación civil CRE-ARTE, desde la que impulsaba proyectos sociales y comunitarios, además de participar en actividades deportivas y de bienestar para la población. En redes sociales era conocido como “El Jaguar”.

Su última publicación estuvo relacionada con una campaña de esterilización de mascotas promovida por la organización que fundó.

Exigen investigación que considere su labor periodística

Tras el homicidio, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, condenaron el crimen y solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Fiscalía General de la República realizar una investigación pronta, independiente e imparcial, además de considerar la labor periodística de Josué Martínez como una línea prioritaria de investigación.

Asimismo, pidieron que se implementen medidas de protección para su familia mientras avanzan las indagatorias.

Por su parte, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan condenó el asesinato y aseguró que mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

El asesinato de Josué Martínez ocurre en un contexto de violencia contra periodistas en México y vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo, especialmente en el ámbito local, donde las coberturas sobre seguridad, corrupción y asuntos públicos suelen representar mayores riesgos.

El juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens avanzó en Guatemala con los testimonios protegidos de sus padres, que relataron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal cómo ocurrió el ataque del 17 de abril de 2024 y reclamaron justicia en un proceso que, según la investigación, apunta a una acción planificada con vigilancia previa.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Uno de los datos centrales expuestos en la causa es que los socorristas localizaron 17 indicios balísticos en la escena del crimen, mientras cámaras de videovigilancia registraron el momento del ataque. Esas pesquisas también establecieron que el médico de 32 años habría sido seguido durante varios días y que en el hecho participaron varias personas.

Los padres de la víctima declararon por videoconferencia bajo medidas de resguardo que impidieron su identificación visual. En la sala estuvo presente Ángel Pérez Iguardia, señalado por el Ministerio Público como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

El padre describió al hombre que, según su testimonio, lo amenazó con un arma

El padre de Campos Hoffens presenció el momento cuando su hijo recibió los disparos, ya que regresaban de desayunar en la zona 13.

Frente al Tribunal Quinto de Sentencia Penal reconstruyó la apariencia de los dos hombres que iban en la motocicleta. Dijo que quien la conducía llevaba una camisa blanca, gorra y era “gordito de tez blanca”, y explicó que pudo fijarse en esos rasgos cuando pasaron cerca de él.

También relató por qué recuerda al segundo ocupante. “Llevaba una gorra y tenía tapaboca, como pañuelo. El de tez morena, iba atrás. A él lo vi porque me sacó la pistola y me amenazó. Ahora, el de adelante lo vi cuando yo abrí el carro. Ese muchacho tenía la camisa blanca y algo cachetón, con cara redonda”, declaró el padre de la víctima.

La madre dijo que su presencia en el tribunal tiene un solo objetivo: justicia

La madre del médico explicó que compareció para pedir una condena para los responsables y describió el impacto personal de la pérdida de su hijo. Recordó que era su único hijo y que ambos habían hecho posible su formación profesional.

“La razón por la cual estoy aquí es porque... que se pueda hacer justicia... para mí ha sido un proceso bastante largo porque era mi único hijo... (estas personas) hicieron mucho daño... No voy a tener descendencia, no voy a tener nietos”, declaró la madre.

En otro tramo de su testimonio, añadió: “Prácticamente me quitaron parte de mi vida, porque era un hijo muy responsable, un hijo muy amoroso. Él era todo para mí y yo era todo para él. Pero... Lo bendigo. Yo sé que él (acusado) me está escuchando y lo bendigo. Va a necesitar misericordia de parte de Dios. Él y todos los involucrados”.

La mujer cerró su intervención con un mensaje dirigido al tribunal y a los acusados. “Solamente justicia... que el Señor les dé mucha sabiduría a ustedes para tomar una mejor decisión”, dijo.

La acusación sostiene que el médico fue interceptado en zona 13 y murió en el lugar

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, Campos Hoffens fue interceptado cuando conducía su vehículo en la intersección de la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 de la capital guatemalteca. Dos personas en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó varias veces.

La víctima murió en el lugar. Por este caso está siendo procesado Ángel Pérez Iguardia quien es identificado por el MP a través de fotografías como el conductor de la motocicleta.

Al menos cuatro individuos habrían seguido a la víctima desde que salió de su domicilio. El seguimiento involucró un vehículo azul y una motocicleta en la que viajaba quien, de acuerdo con las pesquisas, fue el autor material de los disparos. El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de nuevas pruebas y testimonios.

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López, de 35 años, y de manera extraoficial se informó también la muerte de su hermano Miguel Ángel Sánchez López, de 37, ambos originarios de Culiacán, después de haber desaparecido tras un viaje a Mazatlán, Sinaloa para celebrar un cumpleaños. El caso permaneció sin resolución pública durante más de 40 días y siguió bajo investigación, sin que las autoridades dieran a conocer la causa de muerte, el punto exacto del hallazgo o si había personas detenidas.

El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, sostuvo que los cuerpos habrían sido localizados desde hacía más de un mes, pero la identidad se confirmó hasta después de pruebas genéticas. Precisó que el hallazgo no había sido reciente y que la identificación se dio a conocer apenas unos días antes, una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

Ese dato modificó la línea temporal conocida hasta entonces: aunque la confirmación oficial llegó el 14 de julio de 2026, los cuerpos ya habrían estado bajo resguardo con anterioridad. Ríos Pérez dijo que no recibió información sobre las condiciones en las que fueron encontrados ni sobre una posible fosa clandestina, y señaló que esos detalles correspondían a la Fiscalía.

Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán

Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026, cuando viajaron desde Culiacán a Mazatlán. De acuerdo con la versión difundida por su familia, el traslado tuvo como motivo celebrar el cumpleaños de Arlin.

Karla López, hermana de ambos, sostuvo que el caso comenzó el 30 de mayo de 2026, cuando los tres salieron rumbo al puerto. En una publicación en redes sociales afirmó que lo que debía ser un momento de felicidad se convirtió en una pesadilla, luego de que fueron privados de la libertad por personas desconocidas.

La joven también dio a conocer que ella recuperó su libertad después de los hechos, mientras sus dos hermanos permanecieron desaparecidos. No se informaron las circunstancias en que logró salir ni el momento exacto en que ocurrió.

Durante las semanas siguientes, familiares, amigos y ciudadanos difundieron las fichas de búsqueda en redes sociales. En uno de esos mensajes se leyó: “Hoy levantamos la voz con el corazón destrozado para pedir ayuda en la búsqueda de mis hermanos, Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López”.

La identificación llegó después de los estudios genéticos

La respuesta central del caso fue ésta: las autoridades confirmaron la muerte de los dos hermanos después de que estudios genéticos permitieron identificar dos cuerpos localizados en las inmediaciones de Villa Unión. Hasta ese momento, la ficha de búsqueda de Arlin fue desactivada con la leyenda “localizada”, mientras el boletín de desaparición de Miguel Ángel seguía activo.

De forma extraoficial se mencionó que ambos aparecieron en una fosa clandestina en la sindicatura de Villa Unión. Ese punto no fue confirmado por la autoridad estatal ni por el funcionario municipal, que insistió en que no le informaron si los cuerpos estaban en ese sitio.

La Fiscalía tampoco hizo públicos otros datos del expediente. No se conocieron oficialmente las causas de muerte, ni el lugar preciso del hallazgo, ni la existencia de detenciones vinculadas con el caso.

Arlin Angélica fue descrita en su ficha de búsqueda como una mujer de 35 años, de 1.67 metros de estatura, complexión robusta, cabello corto, lacio y castaño oscuro, y tez morena clara. Como seña particular se indicó una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el entrecejo.

Miguel Ángel, conocido entre familiares y amigos como Luda, tenía 37 años. Su ficha lo describió con una estatura de 1.67 metros, tez morena clara, complexión robusta y cabello negro ondulado; además, señaló dos cicatrices, una en la entreceja y otra en la oreja izquierda.

Familiares y amigos les rindieron homenaje en Culiacán

Después de conocerse la noticia, familiares y amigos rindieron un homenaje a ambos hermanos en el campo Lobos, ubicado en el Infonavit Solidaridad. Ahí se reunieron personas cercanas para recordarlos.

También se dio a conocer que los dos eran aficionados al futbol y practicaban ese deporte en el Club Lobos. Ese vínculo deportivo formó parte de las referencias públicas que circularon mientras la búsqueda seguía activa.

• La Fiscalía confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López y de forma extraoficial se informó también la muerte de Miguel Ángel Sánchez López.
• Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán; fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026.
• La identidad de los cuerpos se confirmó mediante pruebas genéticas y la investigación continuó sin datos oficiales sobre la causa de muerte o posibles detenidos.

El asesinato de Josué Martínez Contreras ha generado consternación en San Martín Texmelucan, Puebla, donde era ampliamente conocido por su labor como maestro, periodista, abogado y promotor de iniciativas sociales.

La mañana de este jueves, el comunicador fue asesinado en un aparente ataque directo cuando se encontraba a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. El crimen movilizó a corporaciones de seguridad y provocó muestras de solidaridad por parte de autoridades municipales y habitantes de la región.

Martínez Contreras tenía 39 años y dirigía el medio digital Noticias San Martín Texmelucan, desde donde difundía información local y daba seguimiento a temas de interés para la comunidad.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la agresión ocurrió poco después de las 8:00 horas sobre la calle Leona Vicario, entre General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Las investigaciones preliminares indican que dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez y realizaron alrededor de seis disparos en su contra antes de escapar a gran velocidad.

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió inmediatamente después del ataque, cuando el hijo de la víctima, un adolescente de 13 años, llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda al informar que su padre había sido baleado y permanecía herido.

Vecinos también reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y observaron cómo la motocicleta en la que viajaban los agresores abandonó la zona.

Al salir de sus viviendas encontraron a Josué Martínez tendido sobre la vía pública con heridas de bala en el abdomen y los costados.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los primeros reportes señalan que presentaba tres impactos de bala en el tórax.

Maestro, abogado y director de un medio local

Además de su labor periodística, Josué Martínez desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos profesionales y sociales.

Era maestro, recientemente había concluido la Licenciatura en Derecho y administraba la página Noticias Texmelucan, plataforma digital dedicada a informar sobre los acontecimientos más relevantes de la región.

El pasado 30 de mayo, el propio Josué compartió en sus redes sociales que había terminado sus estudios en Derecho, un logro personal que celebró con familiares y amigos.

Su actividad no se limitaba a la comunicación. También fue fundador de la asociación CRE-Arte, impulsó diversas causas sociales y era conocido entre sus allegados con el sobrenombre de “El Jaguar”.

Asimismo, participó en campañas políticas del entonces candidato independiente a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, Filemón Ramírez.

Gracias a su presencia en redes sociales y a su trabajo informativo, Josué Martínez se había convertido en una figura conocida en la región, donde difundía noticias sobre seguridad, política y acontecimientos locales.

Autoridades lamentan el asesinato

Tras confirmarse el homicidio, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan expresó sus condolencias por la muerte del comunicador y lamentó los hechos ocurridos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Mientras tanto, la Fiscalía y las corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y determinar si el asesinato estuvo relacionado con alguna de las actividades profesionales de la víctima o con otra línea de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El caso ha generado indignación entre habitantes de San Martín Texmelucan, quienes recordaron a Josué Martínez como un profesionista comprometido con la educación, el periodismo local y el apoyo a distintas causas comunitarias.

Su asesinato se suma a la lista de agresiones contra personas vinculadas con la comunicación en México, un fenómeno que continúa siendo motivo de preocupación para organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró que cuatro personas recibieran una condena de 108 años y nueve meses de prisión cada una por el asesinato de tres policías municipales de Malinalco, Estado de México. La fiscalía acreditó su participación ante un juez, que también les impuso multas y el pago de reparación del daño a las familias de las víctimas. Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2025.

Tres policías asesinados en la carretera Capulín-Chalma

El 28 de enero de 2025, tres policías municipales de Malinalco fueron atacados mientras realizaban actividades propias de su cargo sobre la carretera Capulín-Chalma, a la altura del segundo arco de la entrada al centro del municipio.

Dos vehículos llegaron al lugar. De ellos descendieron ocho sujetos armados que, al tener de frente a los servidores públicos, abrieron fuego contra los tres agentes. Las lesiones provocadas les causaron la muerte. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Identificación y detención de los imputados

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a cuatro de los ocho sujetos como participantes directos del crimen: Michelle Hernández Andrade, Diego Antonio García Bahena, Edgar Rodrigo García Leguizamo y Alexis Herrera Ortiz.

La representación social solicitó ante el juez las órdenes de aprehensión correspondientes. Una vez cumplimentadas por elementos de la fiscalía, los cuatro fueron detenidos y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La condena: 108 años y nueve meses para cada sentenciado

Con las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional decretó la culpabilidad de los cuatro imputados por el delito de homicidio en contra de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública en funciones.

El juez sentenció a cada uno de los responsables a 108 años y nueve meses de prisión, al pago de una multa por $602 mil 460 pesos y una reparación del daño de $247 mil 776 pesos por cada una de las tres víctimas. La pena incluye además la suspensión de derechos civiles y políticos, y fue aplicada en los mismos términos para los cuatro condenados.

El papel de la Fiscalía del Estado de México

La FGJEM coordinó la investigación desde el inicio: recabó evidencias, identificó a los participantes, obtuvo los mandamientos judiciales y ejecutó las detenciones. Ante el juez, sus agentes presentaron el caudal probatorio que permitió acreditar la responsabilidad penal de los cuatro imputados. El caso involucra el asesinato de tres elementos de seguridad pública que se encontraban en servicio activo al momento del ataque.

La violencia contra policías en México, un problema sin tregua

En 2025, 348 policías fueron asesinados en México, según el registro de la organización civil Causa en Común, lo que equivale a un promedio de una víctima por día y representa un aumento de 9% frente a los 320 casos documentados en 2024.

La cifra ubica al año pasado como uno de los más letales para las fuerzas de seguridad del país en la última década. En 2020 se registró el pico más alto, con 524 policías asesinados; desde entonces, los números han oscilado entre 320 y 412 víctimas anuales, sin que ningún año haya cerrado por debajo de las 300 muertes.

El Estado de México, entre las entidades más afectadas

El Estado de México no es ajeno a esta tendencia. Durante 2025 se documentaron al menos 19 asesinatos de policías en la entidad, de acuerdo con registros de Causa en Común: 10 correspondieron a agentes municipales, cuatro a policías estatales, tres a expolicías y dos a elementos de la Ciudad de México atacados en territorio mexiquense.

En lo que va de 2026, la entidad acumula 14 agentes de seguridad pública asesinados, cifra que la coloca en el cuarto lugar nacional, detrás de Jalisco (34), Michoacán (21) y Sinaloa (21), según el registro de Causa en Común actualizado al 9 de julio de 2026.

174 agentes asesinados en lo que va de 2026

A nivel nacional, el año en curso suma 174 agentes de seguridad pública asesinados entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2026, de acuerdo con Causa en Común. De ese total, 73 eran policías municipales, 52 estatales, 37 elementos de la Guardia Nacional, nueve del Ejército, dos policías federales y un marino.

Desde el inicio del actual gobierno federal, el 1 de octubre de 2024, han sido asesinados al menos 616 agentes de seguridad pública en todo el país, según el mismo registro.

Un hombre de 52 años fue detenido en Gustavo A. Madero después de matar a balazos a un adolescente de 17 años (la misma edad que su hijo) en la colonia Nueva Atzacoalco, tras una discusión vial que escaló hasta un ataque contra el auto de su hijo y derivó en una carpeta de investigación para definir si hubo homicidio, legítima defensa o uso excesivo de la fuerza.

El ataque ocurrió de madrugada en el cruce de las calles 314 y 323, donde policías acudieron por una alerta de disparos emitida por el C2 Norte. Al llegar, encontraron al menor herido sobre el pavimento y pidieron apoyo médico.

Paramédicos confirmaron después que la víctima ya no tenía signos vitales por un disparo en la cabeza. En la revisión al detenido, los agentes aseguraron un arma corta, cinco cartuchos útiles y uno percutido.

La agresión comenzó tras una discusión vial cerca de avenida Gran Canal

Los primeros reportes indicaron que todo empezó cuando Emiliano manejaba un automóvil Chrysler Shadow por calles de Nueva Atzacoalco. En las inmediaciones de avenida Gran Canal sostuvo un altercado vial con un grupo de motociclistas.

Después de la disputa, el joven aceleró para dirigirse a su casa, pero notó que los motociclistas lo seguían. Ante esa persecución, llamó por teléfono a su padre para pedir ayuda y logró entrar a su domicilio antes de ser alcanzado.

Ya en el inmueble, él y su padre Julio César escucharon que los sujetos golpeaban y vandalizaban el coche estacionado afuera. En ese momento, el hombre salió armado a la calle para enfrentar a quienes dañaban el vehículo y disparó en varias ocasiones.

Uno de los tiros alcanzó a Jonathan Misael, también de 17 años, que cayó sobre el asfalto. Los acompañantes huyeron del lugar y avisaron a familiares del menor.

La detención ocurrió después de que policías capitalinos confirmaron el fallecimiento del adolescente. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que quedó a cargo de determinar su situación jurídica y continuar con las diligencias.

La investigación debía definir si existía legítima defensa o exceso en el uso de la fuerza

La indagatoria ministerial se abrió para esclarecer la mecánica completa de los hechos y establecer en qué condiciones se utilizó el arma de fuego. En la Ciudad de México, cuando una persona dispara y causa la muerte de otra, corresponde al Ministerio Público revisar si existen elementos para imputar homicidio y si se actualizan excluyentes o atenuantes como la legítima defensa.

Ese análisis también debía considerar el contexto previo a los disparos: la discusión vial, la persecución posterior, el ingreso del hijo al domicilio y los daños al automóvil frente a la vivienda. La autoridad debía establecer si la respuesta armada ocurrió ante una agresión actual e inminente o si rebasó ese marco.

Los registros policiales arrojaron además que la víctima tenía antecedentes de detención en 2024. Ese año fue aprehendido por el robo de 200 pesos a un transeúnte y acumuló otras dos detenciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

El caso volvió a colocar en el centro el uso de armas de fuego en hechos violentos. Datos del SESNSP señalaron que ese tipo de armas concentró más del 70 % de los homicidios dolosos reportados en México durante los últimos años.

• Un hombre de 52 años fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero por la muerte a tiros de un adolescente de 17 años en Nueva Atzacoalco.

• La agresión ocurrió después de una discusión vial, una persecución hasta un domicilio y daños al automóvil del hijo del detenido.

• El Ministerio Público debía determinar si el caso configuraba homicidio y si existían elementos de legítima defensa o uso excesivo de la fuerza.

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, se encuentra fuera de peligro luego de la agresión armada directa que sufrió la tarde del 14 de julio en Baja California, un hecho en el que murió su esposo, Jesús Pereida Ruiz.

La actualización sobre el estado de salud de la funcionaria fue confirmada por su padre, Francisco Quijada, quien desmintió las versiones que durante varias horas circularon sobre su presunto fallecimiento.

“Mi hija está fuera de peligro. Y, pues, mi nieta también. Esta información que me dieron a mí ahorita es todo lo que puedo decirles y darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras”, expresó en entrevista con Milenio Televisión.

Hasta el cierre de esta nota informativa, autoridades municipales y estatales no han informado el móvil del atentado ni han reportado personas detenidas. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer la agresión.

Tecate, un punto estratégico en la disputa criminal fronteriza

Tecate forma parte del corredor fronterizo de Baja California, una zona identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses como estratégica para el trasiego de drogas, armas, dinero y personas hacia Estados Unidos. Por su ubicación entre Tijuana, Mexicali y el condado de San Diego, el municipio se ha convertido en un punto de interés para organizaciones criminales que buscan controlar rutas hacia la frontera.

En la región, autoridades de seguridad han identificado una disputa entre facciones del crimen organizado por el control territorial y de actividades ilícitas. El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que la violencia registrada en Tecate está relacionada con la confrontación entre una alianza integrada por una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos, frente al grupo conocido como Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

“Es una facción de ‘Los Jaliscos’ que están… desafortunadamente ya se comprobó una alianza con ‘Los Chapitos’ en esa área y que hoy en día nos está provocando los problemas porque están confrontados con el Cártel de Sinaloa facción Mayos”, explicó Carrillo Rodríguez al medio local Punto Norte, el pasado 17 de junio después de un evento público.

El funcionario estatal indicó que esta disputa se concentra en zonas como El Hongo, Valle de las Palmas, Nueva Colonia Hindú y distintos puntos de la zona urbana de Tecate, donde las autoridades han reforzado los operativos de seguridad ante el incremento de hechos violentos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente que la agresión contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado esté relacionada con esta confrontación criminal. La investigación permanece abierta para determinar el móvil y localizar a los responsables.

Ataques contra fuerzas de seguridad muestran escalada de violencia en la región

La disputa criminal en Tecate también ha derivado en agresiones directas contra corporaciones de seguridad.

La madrugada del 16 de junio de 2026, la base militar ubicada en La Rumorosa, sobre la autopista Tecate-Mexicali, fue atacada por un grupo armado que presuntamente buscaba escapar de una persecución.

De acuerdo con la versión oficial, civiles armados ingresaron al complejo militar y dispararon contra el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encontraba en el acceso principal, lo que provocó un enfrentamiento durante varios minutos.

El saldo reportado fue de dos elementos del Ejército heridos, quienes fueron trasladados conscientes y posteriormente reportados fuera de peligro. En la zona se desplegó un operativo de seguridad tras la agresión.

Días antes, el 4 de mayo de 2026, un grupo armado atacó una patrulla de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California sobre la carretera Tecate-Ensenada. La unidad recibió varios impactos de arma de fuego, los agentes lograron resguardarse y no se reportaron policías lesionados.

En Tecate también se han registrado agresiones contra policías municipales. El 1 de julio de 2026, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana enfrentaron una agresión armada durante un operativo en una zona de invasiones, el hecho terminó con la detención de dos hombres.

Antecedentes de violencia contra funcionarios en Baja California

La agresión contra la regidora ocurre en un estado donde en los últimos años se han registrado ataques contra servidores públicos, principalmente vinculados con labores de seguridad y procuración de justicia.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de abril de 2026, cuando Ángel Pantoja Pantoja, coordinador de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona Ensenada-San Quintín, fue asesinado durante una emboscada mientras circulaba en un vehículo oficial en Ensenada.

La Fiscalía estatal informó que Pantoja participaba en investigaciones relacionadas con objetivos prioritarios y generadores de violencia en la región, aunque las autoridades no han establecido públicamente que su actividad profesional haya sido el motivo del homicidio.

Tras la agresión, la corporación realizó operativos para localizar a los responsables y posteriormente reportó la detención de personas presuntamente relacionadas con el crimen, mientras continuaban las investigaciones para determinar responsabilidades y el móvil.

Meses antes, el 17 de enero de 2026, fue asesinado en Ensenada Israel Ortiz Castillo, subcomandante operativo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la FGE. El funcionario fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de una unidad oficial en la colonia Joyita.

Ortiz Castillo formaba parte de los mandos encargados de labores operativas de investigación y persecución del delito en la zona. Tras el homicidio, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente de personas detenidas ni han establecido el móvil de la agresión.

En octubre de 2025, un dron con explosivos impactó instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tijuana y provocó daños materiales en vehículos oficiales. Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho representó una agresión contra una institución encargada de investigar delitos.

El antecedente más cercano dentro del Ayuntamiento de Tecate ocurrió el 3 de febrero de 2021, cuando el entonces regidor Alfonso Zacarías Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un restaurante del municipio.

Así ocurrió la agresión contra la regidora

De acuerdo con la información preliminar, el atentado ocurrió en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda de Tecate, cuando hombres armados interceptaron el automóvil Kia negro en el que viajaban María Quijada, su esposo y su hija.

Los agresores dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente escaparon a bordo de un vehículo blanco.

La regidora recibió impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

En las horas posteriores comenzaron a circular versiones contradictorias sobre su estado de salud. Incluso, en la cuenta oficial de Facebook de Jesús Pereida Ruiz se publicó un mensaje en el que se informaba el fallecimiento de ambos.

Más tarde, la publicación fue modificada para señalar que la funcionaria permanecía con vida en estado grave. Horas después, su padre confirmó que había superado la etapa de mayor riesgo y que se encontraba fuera de peligro.

María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate y su esposo Jesús Pereida fueron atacados a balazos la tarde de este 14 de julio de 2026 en el fraccionamiento Hacienda de ese municipio de Baja California. Según versiones preliminares, ella está siendo atendida en un hospital de EEUU y él falleció en el sitio.

Información publicada por el medio Zeta Tijuana reveló que la emboscada ocurrió en la calle Coyuca, cuando sujetos armados interceptaron el automóvil KIA de color negro y con placas 9TWY116 en el que viajaba el matrimonio.

Quijada tiene 40 años y menos de dos años como regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

Ante la falta de información oficial, las versiones han sido diversas al paso de las horas.

La muerte de ambos fue confirmada en redes sociales a través de la cuenta oficial de Facebook de Pereida. “Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de Jesús Pereida y de su esposa, María Quijada”, publicó la familia, que pidió respeto y privacidad en el duelo. Sin embargo, horas después la misma cuenta fijó un comentario señalando que ella se encuentra muy grave.

La regidora fue trasladada a un hospital de EEUU por las heridas

Los datos extraoficiales señalan que Pereida -esposo de la regidora- murió en el lugar del ataque con múltiples impactos de arma de fuego. María Quijada también recibió varios disparos, entre ellos uno en la cabeza, pero contaba con vida hasta el momento del auxilio.

Zeta Tijuana reveló después de los hechos que la regidora fue trasladada en una ambulancia con destino a Estados Unidos. El mismo medio detalló que después de iniciado el traslado, un familiar notificó al semanario que la regidora había fallecido, aunque posteriormente fue modificada la versión.

El cambio habría estado fundamentado en razones de seguridad para salvaguardar a Quijada. Presuntamente por eso se confirmó al inicio su fallecimiento, cuando en realidad estaría siendo atendida en California.

Los agresores se dieron a la fuga a bordo de un automóvil blanco y hasta el momento no se han reportado detenidos.

Menos de 24 horas antes, Quijada recorrió colonias y asistió a una asamblea de Morena

La tarde del lunes 13 de julio, Quijada participó en una Asamblea Informativa para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. En redes sociales, al filo de la 1:00 pm, dejó constancia de su postura.

“Con convicción y compromiso participé en la asamblea. Hoy más que nunca, es momento de cerrar filas con el pueblo de México”, escribió. Añadió que la transformación se fortalece “con la participación de la gente, con unidad, organización y la firme convicción de que el interés del pueblo siempre debe estar por encima de cualquier interés particular”, dijo.

Horas después, ya entrada la noche, publicó un segundo mensaje desde la Colonia Militar, donde convivió con vecinas y vecinos del municipio.

Describió la visita como una oportunidad para escuchar inquietudes y fortalecer el vínculo con la comunidad. “Las mejores decisiones nacen al escuchar a quienes viven el día a día de nuestro municipio”, escribió a las 7:44 pm. Fue su última publicación hasta antes del ataque.

Quijada: regidora desde octubre de 2024 y alumna de la licenciatura en Derecho

María Jesús Quijada Maldonado, de 40 años, acumulaba un año y nueve meses en el cargo y estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

Según su curriculum oficial, actualizado en abril de 2026 por el municipio de Tecate, había asumido la regiduría del XXV Ayuntamiento en octubre de 2024.

Realizó toda su formación básica en Tecate: estudió en la Escuela Primaria Padre Kino, en la Secundaria Núm. 1 Francisco I. Madero y en el Colegio de Bachilleres. Entre 2006 y 2008 cursó una Associate Degree en Administración de Empresas en Grossmont College, en La Mesa, California.

Su trayectoria laboral comenzó en febrero de 2011 como auxiliar administrativo en Frank Services, una empresa de almacenaje y logística con sede en Tecate, California, donde trabajó hasta julio de 2018. En paralelo, desde octubre de 2015, fue voluntaria en la asociación “No más cuartos vacíos”, enfocada en la prevención de trata de personas, y desde enero de 2017 también en el Programa de Voluntariado Integral del DIF Municipal de Tecate.

En julio de 2018 asumió como asesora de proyectos y asistente de dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tecate.

En octubre de 2019 se convirtió en asistente de la presidenta del Patronato de esa misma institución. Un año después, en octubre de 2021, fue nombrada directora general del DIF Tecate, cargo que ocupó hasta septiembre de 2022. En enero de 2023 se desempeñó como coordinadora de Asistencia Privada en Zona Costa.

Su formación incluyó cursos especializados en trata de personas: en julio de 2017 tomó el curso “Detección de Víctimas de Trata de Personas” validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en julio de 2022 participó en el programa HSI Human Trafficking and Child Exploitation, impartido por Homeland Security Investigations en el Consulado Americano en Tijuana, y en julio de 2023 asistió a un taller sobre el tema en el CEJUM Tijuana.

Por su parte, Jesús Pereida Ruiz acumulaba años de trabajo en instituciones públicas de Tecate. Pasó por la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, el Registro Público de la Propiedad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En 2024 buscó la candidatura de Morena para encabezar el ayuntamiento, según el medio bajacaliforniano Campestre.

Hasta el momento no se conocen posibles causas del atentado.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó que Jesús Armando Rosales Álvarez, abogado de 26 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue una de las cuatro personas asesinadas durante el ataque armado registrado la noche del domingo en una vivienda del municipio de Pénjamo.

El multihomicidio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Solidaridad, en la colonia Miguel Hidalgo, donde se desarrollaba una reunión familiar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Pénjamo, un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble, sometió a seis personas y las obligó a arrodillarse antes de abrir fuego.

Como resultado de la agresión, murieron Jesús Armando Rosales Álvarez, de 26 años; Gustavo, de 24 años, así como dos adolescentes identificados con las iniciales A.M.L. y B.O.V., de 15 y 16 años, respectivamente. Además, dos hombres, de 19 y 24 años, resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.

En un comunicado, la Fiscalía estatal informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de las cuatro víctimas y precisó que personal ministerial realizó las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

Peritos forenses aseguraron diversos indicios balísticos, los cuales fueron fijados, embalados y enviados a los laboratorios especializados para su análisis. Asimismo, agentes ministeriales recabaron testimonios de personas que se encontraban en la convivencia cuando ocurrió el ataque.

La dependencia indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de establecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a los probables responsables. Como parte de las indagatorias, también se analizan videograbaciones captadas por cámaras de vigilancia públicas y privadas instaladas en los alrededores.

¿Quién era Jesús Armando Rosales Álvarez?

Además de ejercer como abogado, Jesús Armando Rosales Álvarez formaba parte del Partido Acción Nacional en Pénjamo, donde se desempeñaba como director de Acción Electoral de la Secretaría de Acción Juvenil.

De acuerdo con información difundida por integrantes del partido y publicaciones en redes sociales, también colaboraba en la estrategia de comunicación e imagen institucional del despacho jurídico Rosendo & Asociados.

Tras confirmarse su muerte, integrantes de la comunidad política y jurídica del municipio expresaron condolencias a través de redes sociales y destacaron su trayectoria profesional y participación dentro de Acción Juvenil del PAN.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía de Guanajuato señaló que mantiene los trabajos de campo y las investigaciones ministeriales para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

El asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias “La Chofis” o “Big Mama”, volvió a colocar bajo los reflectores a La Unión Tepito, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la Ciudad de México.

La mujer fue asesinada este fin de semana dentro de un estacionamiento ubicado en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al cruce de Matamoros y Peralvillo, donde Lizeth Yuridia permanecía sentada dentro del estacionamiento. Los agresores abrieron fuego en su contra y posteriormente escaparon. Según las autoridades, uno de los presuntos responsables incluso cambió de ropa durante la huida para evitar ser identificado por las cámaras de videovigilancia.

El crimen provocó una fuerte movilización de policías y servicios de emergencia en la zona, considerada uno de los principales bastiones históricos de La Unión Tepito.

Era considerada una operadora cercana a “El Lunares”

Según información de las autoridades capitalinas, “La Chofis” era identificada como una de las personas de mayor confianza de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares”, señalado durante años como uno de los principales líderes de La Unión Tepito.

Las investigaciones la ubicaban como una presunta operadora encargada de coordinar distintas actividades ilícitas de la organización criminal.

Entre las funciones que presuntamente desempeñaba se encontraban el tráfico y distribución de drogas, la coordinación de extorsiones, el envío de sustancias ilícitas a otros estados del país y la gestión de presuntos sobornos dirigidos a corporaciones de seguridad para facilitar las operaciones del grupo delictivo.

Además, contaba con diversos antecedentes ante el Ministerio Público relacionados con delitos como narcomenudeo, cohecho y portación de armas de fuego.

Su nombre ya figuraba desde hace varios años en investigaciones de inteligencia sobre la estructura de La Unión Tepito.

Había sido detenida meses antes de su asesinato

La última captura de Lizeth Yuridia ocurrió en mayo de este año, cuando agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la detuvieron durante un operativo.

Sin embargo, recuperó su libertad posteriormente y continuó bajo investigación.

Su entorno también había sido golpeado anteriormente por la violencia. En 2020, uno de sus hijos fue asesinado en calles de la Ciudad de México; de acuerdo con las autoridades, también estaba relacionado con actividades delictivas.

Ahora será la Fiscalía capitalina la encargada de determinar el móvil del homicidio y establecer si el ataque está relacionado con disputas internas dentro de la organización criminal o con conflictos entre grupos rivales que operan en la capital.

Así opera La Unión Tepito

La Unión Tepito surgió como un grupo delictivo con presencia principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la colonia Morelos, aunque con el paso de los años amplió su influencia hacia otras alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Azcapotzalco.

Las autoridades consideran que la organización ha diversificado sus actividades para obtener recursos económicos.

Además del narcomenudeo, se le atribuyen delitos como extorsión y cobro de piso contra comerciantes establecidos, vendedores ambulantes y transportistas, quienes presuntamente son amenazados con agresiones o ataques armados si se niegan a pagar cuotas.

Las investigaciones también señalan que el grupo utiliza negocios aparentemente legales como fachadas para almacenar, distribuir drogas o esconder vehículos robados.

En cuanto al tráfico de narcóticos, las autoridades sostienen que La Unión Tepito comercializa cocaína en polvo y piedra, marihuana, metanfetaminas, cristal y drogas sintéticas como el llamado “tusi” o cocaína rosa.

El asesinato de “La Chofis”, considerada una de las operadoras cercanas a “El Lunares”, representa un nuevo episodio de violencia ligado a la estructura de La Unión Tepito y abre nuevas líneas de investigación para determinar si el crimen responde a una reconfiguración de liderazgos o a la disputa entre organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México.

Raúl N., sentenciado como autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, asesinado en marzo de 2021, obtuvo un amparo contra la resolución condenatoria, lo que permitió su salida del centro penitenciario mientras continúa la revisión del caso.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó a medios locales que el Poder Judicial de San Luis Potosí dio cumplimiento la semana pasada a la ejecutoria emitida por un órgano de la justicia federal, la cual ordenó conceder el beneficio al sentenciado.

La magistrada explicó que la resolución dictada previamente por el tribunal estatal permanece bajo análisis del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá determinar si la sentencia cumplió con los lineamientos establecidos durante el proceso de revisión.

“Se concedió el amparo y estamos actuando conforme a ese criterio. No me gustaría adelantarme, porque insisto, todavía no tenemos la calificación”, declaró Zarazúa Martínez.

La funcionaria sostuvo que la excarcelación de Raúl N. no implica una vulneración a los derechos humanos de las partes involucradas, sino que responde a una interpretación distinta de la legislación por parte del juez federal respecto de la aplicada por el Poder Judicial estatal.

El homicidio ocurrió en marzo de 2021

Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, fue asesinado el 1 de marzo de 2021 tras un ataque armado.

De acuerdo con las investigaciones, el empresario se encontraba en una vulcanizadora ubicada sobre la avenida Potosí —alrededor de las 14:00 horas—, cerca del cruce con la avenida Salvador Nava Martínez, en la colonia Lomas Primera Sección, cuando un hombre descendió de una camioneta y abrió fuego en su contra en repetidas ocasiones. Galindo Pérez recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen.

Luego de la agresión, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

El crimen provocó una amplia condena entre el sector empresarial y autoridades de San Luis Potosí. Días después del ataque, familiares, empresarios y ciudadanos realizaron una marcha para exigir el esclarecimiento de los hechos y que los responsables fueran llevados ante la justicia.

Raúl N. fue condenado a 32 años de cárcel en 2023

Como resultado de las investigaciones, en marzo de 2023 un Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia dictó una sentencia de 32 años y seis meses de prisión contra Raúl N., al declararlo responsable como autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo Pérez.

La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2023, en la que el tribunal ya no desahogó nuevos medios de prueba, debido a que días antes el juez había determinado la responsabilidad penal del acusado tras valorar las evidencias presentadas durante el juicio.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar que Raúl N. planeó el asesinato del entonces dirigente empresarial, por lo que solicitó la imposición de la pena correspondiente.

Antes de emitir la sentencia, el juez expuso a las partes —entre ellas la representación de las víctimas, la defensa y la Fiscalía— el análisis realizado desde la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva, así como los argumentos jurídicos que sustentaron la declaratoria de culpabilidad y el cálculo de la sanción.

Esa condena es la que actualmente se encuentra bajo revisión del Poder Judicial de la Federación, luego de que Raúl N. obtuviera un amparo que dejó sin efectos la resolución condenatoria y permitió su excarcelación mientras se resuelve de manera definitiva su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca detuvo al presunto asesino del alcalde de San Miguel Yogovana en menos de 48 horas tras el crimen, gracias a un operativo conjunto con la Policía Estatal y el Gabinete de Seguridad del estado.

El sospechoso, identificado como M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, fue capturado durante la tarde del lunes después de que las autoridades procesaron la escena del crimen y establecieron líneas de investigación que permitieron su plena identificación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Policía Estatal y los demás integrantes del Gabinete de Seguridad coordinaron el despliegue que culminó con la aprehensión de M. M. G. durante la tarde del lunes, a menos de 48 horas de cometido el delito.

La FGEO destacó que la velocidad de la detención fue posible gracias a la articulación entre las labores periciales, las tareas de inteligencia y el operativo de campo ejecutado por las instituciones de seguridad estatales.

El caso se inscribe en un patrón de violencia documentado contra autoridades municipales en Oaxaca. La entidad acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022; a nivel nacional.

El detenido, a disposición del juez

M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente en las próximas horas. Será el juez quien determine su situación jurídica y, en su caso, dicte las medidas cautelares que procedan.

Atacado mientras vigilaba su comunidad

La FGEO no precisó en su comunicado si M. M. G. tiene vinculación con los dos detenidos iniciales ni aclaró el estado de salud del agresor herido trasladado al hospital bajo custodia.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo en San Miguel Yogovana, agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. La víctima, el alcalde de la agencia, realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio.

Al solicitar apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, el presunto agresor y sus acompañantes salieron de la vivienda. Lejos de someterse al escrutinio, atacaron al edil con armas de fuego y lo privaron de la vida en el lugar.

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes resultó herido de gravedad y fue trasladado bajo custodia al Hospital IMSS-Bienestar de Miahuatlán de Porfirio Díaz, según reportó Julio Astillero. Dos personas más fueron detenidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público.

Las motocicletas que delataron a los agresores

La intervención inmediata de peritos y agentes de investigación en la escena resultó determinante. Los especialistas lograron identificar el inmueble desde el cual salieron los atacantes y confirmaron que las dos motocicletas aseguradas pertenecían a los agresores.

Ese hallazgo aportó los datos de prueba necesarios para focalizar la búsqueda e iniciar las labores de inteligencia que derivaron en la captura. Según la carpeta de investigación, el rápido procesamiento del lugar de los hechos permitió establecer líneas sólidas desde las primeras horas.

Una agencia municipal en la Sierra Sur

San Miguel Yogovana es una agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. Se trata de una comunidad pequeña donde las autoridades locales suelen asumir funciones de seguridad ante la limitada presencia de corporaciones policiales.

Esa realidad coloca a los alcaldes en una posición de exposición directa frente a cualquier conflicto local, tal como quedó documentado en este caso: la víctima realizaba personalmente labores de vigilancia en las calles de su comunidad cuando fue asesinada.

El expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Pedro Martínez Barroso, fue asesinado la tarde de este lunes al interior de una ferretería de su propiedad, ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal. El crimen ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que abrió una carpeta de investigación y estableció las primeras líneas para esclarecer el caso.

De acuerdo con las primeras indagatorias, un hombre ingresó al establecimiento comercial y disparó de manera directa contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras peritos y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Oaxaca despliega operativo tras el homicidio

En un comunicado, la FGEO informó que un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional de la Costa quedó a cargo de las investigaciones. Las autoridades realizaron el procesamiento científico de la escena del crimen, así como la recolección de indicios balísticos para fortalecer la carpeta de investigación.

Asimismo, el cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley. De forma paralela, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía estatal y otras instituciones, mantiene un operativo de búsqueda para localizar a quien o quienes resulten responsables del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un posible móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas.

¿Quién era Pedro Martínez Barroso?

Pedro Martínez Barroso encabezó el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec durante el periodo 2022-2024, luego de ganar la elección de 2021 como candidato de la coalición integrada por PRI, PAN y PRD.

Tras concluir su administración, era identificado como militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también se desempeñaba como director de Obras y Adquisiciones de Vivienda del Bienestar. Actualmente se dedicaba además a actividades comerciales mediante una ferretería, lugar donde ocurrió el ataque.

El Partido Verde en Oaxaca lamentó públicamente su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y amigos, además de exigir que el asesinato sea investigado hasta las últimas consecuencias y que el caso no quede impune.

Hechos recientes que mantienen la preocupación por la violencia política en Oaxaca

El asesinato de Martínez Barroso ocurre en un contexto de diversos ataques contra autoridades y exfuncionarios en la entidad.

En lo que va de 2026 destacan los siguientes casos:

• Asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez.
• Homicidio del expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, junto con su hijo.
• Asesinato del expresidente de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez.
• Ejecución del expresidente municipal de San Miguel del Puerto, Francisco Gijón Vázquez.
• Ataque ocurrido un día antes contra el alcalde de San Miguel Yogovana.

A estos hechos se suma el asesinato, en noviembre pasado, de Guadalupe Uribe Ceballos, regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec e integrante del PVEM, un crimen por el que el propio Pedro Martínez Barroso había exigido públicamente justicia.

Investigación continúa sin establecer relación entre los casos

Aunque el homicidio del exalcalde ocurre meses después del asesinato de la regidora del mismo municipio, las autoridades señalaron que aún es prematuro establecer si ambos hechos están relacionados. La Fiscalía indicó que las líneas de investigación se definirán con base en los peritajes, testimonios y evidencia científica recabada durante las diligencias.

El crimen vuelve a colocar en el centro del debate la violencia que enfrentan autoridades, exfuncionarios y actores políticos en distintas regiones de Oaxaca. Mientras continúan las investigaciones, familiares, representantes políticos y habitantes de San Juan Cacahuatepec esperan que las autoridades esclarezcan el ataque, determinen el móvil del homicidio y presenten ante la justicia a los responsables.

Dos hombres que se dedicaban al oficio de la carnicería fueron asesinados en el municipio de Ayala, Morelos, luego de haber sido privados de la libertad por un grupo armado, de acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE). Sus cuerpos fueron localizados con impactos de arma de fuego en diferentes puntos de la demarcación.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE a Proceso, ambas víctimas habrían sido interceptadas y secuestradas por hombres armados horas antes de que fueran encontradas sin vida. Estos hechos forman parte de la carpeta de investigación abierta para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.

El primero de los cuerpos fue localizado sobre la carretera Abelardo L. Rodríguez-Tenextepango, a la altura de la colonia Abelardo L. Rodríguez. Horas después, autoridades recibieron otro reporte sobre una persona tirada en los campos de El Guajal, en la colonia del mismo nombre. Al arribar, elementos de seguridad y personal de emergencias confirmaron que se trataba del segundo hombre, quien también había fallecido a consecuencia de disparos de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía estatal efectuó el levantamiento de ambos cuerpos y continuó con las diligencias periciales para determinar la secuencia de los hechos. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado la identidad de las víctimas ni reportan personas detenidas por este caso.

Violencia y extorsión mantienen bajo presión al comercio en el oriente de Morelos

El asesinato de los dos trabajadores de una carnicería se registró en una región que desde hace meses enfrenta una escalada de violencia atribuida a la disputa entre grupos del crimen organizado. Municipios como Ayala y Cuautla han sido escenario de homicidios, ataques armados y casos de extorsión que afectan a comerciantes y empresarios, particularmente en actividades relacionadas con el abasto y la venta de carne.

Investigaciones periodísticas han documentado que organizaciones delictivas buscan controlar distintas actividades económicas en el oriente de Morelos, entre ellas el funcionamiento del rastro municipal, el cobro de extorsiones y la distribución de productos cárnicos. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre para comerciantes de la región, quienes han denunciado presiones por parte de grupos criminales para operar sus negocios. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado que el asesinato de los dos trabajadores esté vinculado con estas actividades, por lo que el móvil del crimen permanece bajo investigación.

La violencia en la zona también se ha reflejado en otros hechos de alto impacto registrados durante 2026. En abril, un ataque armado contra un bar ubicado en el municipio de Ayala dejó ocho personas muertas y varios lesionados, uno de los episodios más letales del año en Morelos.

A ello se suman homicidios, agresiones con armas de fuego y hallazgos de víctimas en distintos municipios, incluidos Cuautla, Temixco, Tetecala y Tlaquiltenango, donde las autoridades mantienen abiertas diversas carpetas de investigación.

Especialistas en seguridad han señalado que la persistencia de estos hechos responde a la disputa territorial entre células delictivas que buscan controlar rutas, mercados y fuentes de financiamiento en la región. Aunque las autoridades estatales han desplegado operativos de seguridad en el oriente de Morelos, los ataques armados y los homicidios continúan registrándose de manera recurrente, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer cada uno de los casos.

El alcalde de San Miguel Yogovana fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad, en Miahuatlán, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que los probables responsables ya fueron identificados y que se mantienen activos los operativos para su captura.

El funcionario detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio y solicitó apoyo policial para verificar el estatus de los vehículos. En ese momento, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y lo atacaron con armas de fuego. El alcalde perdió la vida en el lugar.

Peritos identificaron el inmueble y aseguraron las motocicletas

El procesamiento de la escena quedó a cargo de peritos y agentes de investigación de la FGEO, quienes trabajaron en el lugar tras el ataque. El análisis del sitio permitió identificar el inmueble desde el que salieron los agresores.

Las dos motocicletas halladas estacionadas frente al domicilio fueron aseguradas. La investigación confirmó que los vehículos pertenecen a los atacantes, lo que aportó elementos materiales directos para vincularlos con el crimen.

Esas evidencias, combinadas con el trabajo de inteligencia desplegado desde las primeras horas, permitieron la plena identificación de los probables responsables del homicidio, según informó la fiscalía en un comunicado.

La fiscalía estableció líneas de investigación desde las primeras horas

La FGEO señaló que las indagatorias iniciadas a raíz de los hechos derivaron en líneas de investigación sólidas. El organismo no precisó el nombre del funcionario asesinado ni detalles adicionales sobre los sospechosos, en el marco de las acciones orientadas a garantizar su localización.

El trabajo institucional se desarrolló en dos frentes simultáneos: el análisis forense de la escena del crimen y las tareas de inteligencia para rastrear el paradero de los sospechosos. Ambas vías convergieron en la identificación de los agresores antes de que concluyera el domingo.

Gabinete de Seguridad participa en los operativos de captura

La búsqueda de los responsables no recae únicamente en la FGEO. El Gabinete de Seguridad del estado de Oaxaca coordina junto a la fiscalía los trabajos operativos desplegados para dar con el paradero de los agresores identificados.

La FGEO calificó como “activas” las acciones institucionales orientadas a la “pronta localización y captura” de los sospechosos. La coordinación entre corporaciones de seguridad busca acelerar los tiempos de respuesta ante un crimen que involucra a un servidor público electo.

Un alcalde en funciones de vigilancia al momento del ataque

Las circunstancias del homicidio colocan al cargo de la víctima en el centro del relato. El alcalde no fue atacado en el ejercicio formal de una función administrativa, sino mientras realizaba labores de vigilancia en su comunidad durante la madrugada.

Al detectar las motocicletas estacionadas, solicitó apoyo policial para verificar su estatus. La respuesta de los presuntos propietarios fue el ataque armado que le costó la vida.

Oaxaca, el estado con más alcaldes asesinados en México

Oaxaca acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022, con el homicidio del presidente municipal de San Miguel Yogovana como el caso más reciente. Los cinco anteriores fueron Crispín Hernández Vásquez, de San Pedro Mixtepec, en noviembre de 2022; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, en octubre de 2024; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, el 15 de mayo de 2025; Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, el 15 de junio de 2025, y Joel Ángel Bravo Martínez, de San Miguel Amatitlán, el 13 de junio de 2026.

Los ataques han ocurrido en distintas regiones del estado, entre ellas la Sierra Sur, la Costa y la Mixteca, y han tenido como víctimas tanto a autoridades en funciones como a ediles electos que aún no habían asumido el cargo.

Courtney Clenney, creadora de contenido en OnlyFans, fue acusada de matar a su novio Christian Obumseli en un apartamento de Miami en abril de 2022.

Más de cuatro años después del crimen, la defensa de Clenney planea introducir intercambios de mensajes de texto para acreditar que actuó en defensa propia ante el tribunal que la juzgará por homicidio en segundo grado.

Los documentos judiciales, obtenidos por el New York Post, identifican al menos nueve episodios en los que Obumseli habría ejercido violencia física contra ella.

Según el escrito presentado ante el tribunal penal de Miami-Dade, en abril de 2021 Clenney le envió un mensaje a Obumseli acusándolo de golpearla en la cara con toda su fuerza.

Obumseli restó importancia al episodio, según la misma presentación judicial, al responder que solo intentaba moverle la mano y que “realmente no quise” pegarle.

Para sus abogados, esa respuesta ilustra un patrón de minimización de la violencia que habría ejercido de forma reiterada.

En agosto de 2021, Courtney Clenney le escribió que la había estado “golpeando en la espalda” y “atacándome” tras una nueva discusión.

Su defensa sostiene que esos mensajes fueron enviados inmediatamente después de los ataques y corroboran su versión de una relación marcada por el abuso.

“Obumseli participó de manera reiterada en un patrón de violencia física, intimidación, amenazas, acoso, comportamiento controlador, coerción, manipulación y abuso emocional”, señalan los documentos judiciales.

Y la misma presentación agrega: “El testimonio de Courtney incluirá numerosos incidentes en los que Obumseli la golpeó, agarró, empujó, inmovilizó, estranguló y cometió otras agresiones contra ella”.

El escrito también detalla un episodio de septiembre de 2021 en el que, según Clenney, Obumseli le dislocó el hombro por “cuarta vez” durante una discusión junto a una piscina.

“Cuando ella extendió la mano derecha hacia el pomo de la puerta, Obumseli tomó su muñeca izquierda y la jaló violentamente hacia atrás, provocando que su hombro se dislocara”, indica la moción, recogida por el New York Post.

Otro episodio señalado en los documentos ocurrió durante un viaje a Dubái en 2021, cuando Clenney alega que su novio la empujó con tal fuerza que le fracturó las costillas al discutir sobre el consumo de marihuana, sustancia fuertemente restringida en los Emiratos Árabes Unidos.

“Obumseli se dio la vuelta y caminó hacia el baño con la intención de fumar marihuana. Courtney le tocó el brazo para intentar que se volviera y continuaran hablando. Obumseli la empujó de inmediato con tanta fuerza que ella cayó de lado”, detalla la presentación.

“Courtney creyó de inmediato que se había fracturado las costillas, pero no buscó atención médica mientras aún estaba en Dubái”, añade el mismo texto.

En enero de 2022, un altercado en Austin, Texas, le habría dejado una lesión en el dedo índice de la mano derecha.

El juicio, que estaba previsto para finales de abril, fue postergado tras una moción conjunta de ambas partes.

La fiscalía señaló en ese momento que tenía entre 15 y 16 declaraciones programadas y que varios testigos no habían comparecido —testigos que esperaba calificar bajo la llamada “regla Williams”, que permite a la acusación acreditar un patrón de conductas delictivas previas.

Todo sobre el caso de Courtney Clenney

Courtney Clenney tenía 26 años cuando fue detenida en agosto de 2022 en Hawái, donde, según su abogado, recibía tratamiento por abuso de sustancias y trastorno de estrés postraumático. Fue extraditada a Florida y permanece en prisión preventiva sin derecho a fianza desde entonces.

Christian Obumseli murió el 3 de abril de 2022, a los 27 años, tras recibir una puñalada en el pecho dentro del apartamento que compartía con Clenney en Miami.

El médico forense determinó que la herida de cuchillo tenía una profundidad de aproximadamente 7,6 centímetros.

Clenney se declaró no culpable del cargo de homicidio en segundo grado. La acusada ha señalado que arrojó un cuchillo a Obumseli durante una confrontación y que nunca tuvo la intención de matarlo.

La nueva presentación judicial, según el New York Post, forma parte de la estrategia de su equipo legal para que los mensajes de texto sean admitidos como prueba ante el jurado.

En una audiencia previa al juicio celebrada el 1 de junio de 2026, los abogados de la defensa confirmaron al tribunal haber podido examinar los cuchillos. También informaron que más de ocho declaraciones estaban programadas para los días siguientes.

En una audiencia anterior de abril de 2026, la defensa había expresado su frustración porque testigos citados judicialmente no habían comparecido, pero el 1 de junio comunicó al tribunal que el proceso retomó su curso.

La jueza Andrea Wolfson fue categórica sobre los plazos. “Permítanme preguntar”, dijo la magistrada, según CourtTV: “Si en la próxima ocasión estamos en la misma posición y estos testigos simplemente no aparecen, llegará un momento en que habrá que tomar una decisión, ¿verdad?”.

El juicio de Courtney Clenney está fijado para agosto de 2026.

La reciente apelación presentada por los abogados de Karmelo Anthony reavivó el debate sobre el sistema judicial en Texas y la transparencia de los procesos penales en Estados Unidos.

Condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf durante una competencia de atletismo en Frisco, el joven enfrenta un panorama incierto mientras la causa gana repercusión nacional y abre interrogantes sobre derechos constitucionales y posibles sesgos en la administración de justicia.

Un crimen en Frisco y una condena que generó repercusión nacional

El 2 de abril de 2025, durante un torneo de atletismo entre Centennial High School y Memorial High School, Karmelo Anthony—entonces de 17 años—apuñaló mortalmente a Austin Metcalf, de la misma edad, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa de Frisco, en las afueras de Dallas.

El juicio, realizado meses después, concluyó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de 35 años de prisión para Anthony, quien actualmente tiene 19 años.

La defensa de Anthony, que no estuvo a cargo del proceso principal, sostiene que el joven actuó en legítima defensa luego de ser intimidado físicamente por miembros del equipo rival.

La fiscalía, por su parte, describió al acusado como el agresor, negando que existiera presión o amenaza previa. El caso se transformó rápidamente en un tema de interés nacional, no solo por la violencia involucrada, sino también por el trasfondo racial: Metcalf, la víctima, era blanco, mientras que Anthony es afroamericano.

Esta circunstancia, sumada a la composición del jurado—sin integrantes negros—, alimentó un intenso debate en medios y redes sociales.

Los ejes de la apelación: transparencia, derechos vulnerados y recusación del juez

Según la última información publicada por NBC News, la nueva defensa de Anthony presentó dos mociones claves: una para solicitar un nuevo juicio y otra para exigir la recusación del juez John Roach.

El escrito judicial argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades que afectaron los derechos del acusado. Entre los puntos destacados, la defensa denuncia que el juicio no fue plenamente público, con restricciones para la prensa y el público en general, lo que consideran una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, los abogados alegan que existía un acuerdo informal entre las partes para limitar la presentación de pruebas de carácter y antecedentes.

Sin embargo, afirman que la fiscalía desestimó ese entendimiento en la etapa final, lo que obligó a Anthony a renunciar a su derecho a testificar para no exponerse a información perjudicial, tal y como detallaron medios como New York Post y The Guardian.

Otro aspecto cuestionado es la rapidez del proceso: se fijaron audiencias en días atípicos, como un sábado, y se concedió un tiempo “insuficiente” para que el joven decidiera si declaraba en el estrado.

La defensa también apunta contra el juez Roach, sosteniendo que perdió la apariencia de imparcialidad al brindar entrevistas a medios como WFAA y Fox News y defender públicamente el veredicto y su propia actuación.

En una carta emitida tras el fallo y dirigida a la “familia del condado de Collin”, Roach calificó el caso como uno de los grandes honores de su carrera, lo que—según la apelación—afecta la neutralidad necesaria mientras sigue teniendo potestad para decidir sobre un eventual nuevo juicio.

El futuro del caso: tiempos judiciales y repercusiones

El fiscal Bill Wirskye, en declaraciones recogidas por NBC News y otros medios estadounidenses, rechazó todas las acusaciones de parcialidad o irregularidad, afirmando que la fiscalía actuó con ética y respeto absoluto a las resoluciones judiciales.

Aseguró que el jurado contó con pruebas suficientes y defendió la integridad del proceso. La respuesta oficial de la fiscalía a las mociones de la defensa será presentada por escrito en las próximas semanas, de acuerdo con reportes recientes.

Mientras tanto, el juez Roach debe decidir primero si se aparta o no del expediente, aunque es probable que el pedido pase a un juez administrativo regional, quien podría fijar una audiencia específica para analizar la recusación.

Anthony permanece detenido en la prisión Pack Unit de Texas, a la espera de novedades en el expediente. La defensa, integrada por reconocidos abogados de derechos civiles y penalistas como Gary Bledsoe y Russell Wilson, trabaja pro bono tras la condena.

El proceso de apelación puede extenderse por varios meses antes de que haya una resolución definitiva sobre la posible repetición del juicio o la confirmación de la condena.

Si la solicitud de un nuevo juicio no prospera, la defensa ya anticipó que llevará la causa a instancias superiores del sistema judicial texano.

En paralelo, la opinión pública y la comunidad de Frisco siguen atentas a un caso que, para muchos, refleja los desafíos y tensiones del sistema de justicia estadounidense en materia de acceso, imparcialidad y derechos constitucionales.

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad han puesto bajo escrutinio la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el operativo en el que murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, Texas.

Los videos, obtenidos y analizados por The Washington Post, documentan cerca de seis minutos de la persecución de la camioneta blanca que conducía Salgado Araujo la mañana del martes 7 de julio, poco antes de las 7:00 horas. Aunque las grabaciones no captan con claridad el instante exacto en que un agente dispara, sí muestran una intensa movilización de vehículos federales sin distintivos y el seguimiento cercano al trabajador mexicano.

El caso ha generado cuestionamientos debido a que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, lo que dificulta reconstruir con precisión el momento en que ocurrió el uso de la fuerza letal.

Familia y testigos contradicen la versión oficial

Según la reconstrucción realizada por el medio estadounidense, Salgado Araujo salió de su domicilio alrededor de las 5:50 de la mañana rumbo a su trabajo y posteriormente recogió a tres compañeros.

Una hora después comenzó la persecución que terminó en una calle cercana a Canal Street.

Las imágenes muestran que, tras varios movimientos entre las camionetas, al menos tres agentes descendieron de sus vehículos y siguieron a pie la unidad del mexicano.

Pocos segundos después, la camioneta avanzó unos metros hasta detenerse. Los agentes rodearon el vehículo, sacaron al menos a uno de los pasajeros y lo esposaron.

Otro video posterior muestra a Lorenzo Salgado Araujo tendido junto a la puerta del conductor mientras dos oficiales permanecen a su lado intentando asistirlo.

De acuerdo con sus familiares, el mexicano recibió un disparo en el abdomen y posteriormente falleció debido a la gravedad de la herida.

Los tres trabajadores que viajaban con él declararon que el agente abrió fuego prácticamente al descender de su vehículo y aseguraron que Salgado Araujo nunca intentó atropellar a ningún oficial.

Tras el operativo, los tres acompañantes fueron detenidos por autoridades migratorias y permanecen bajo custodia.

DHS sostiene que el agente actuó en defensa propia

Horas después del incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Lorenzo Salgado utilizó su camioneta “como un arma” al intentar atropellar a un agente federal y que previamente habría impactado un vehículo de ICE.

De acuerdo con la versión oficial, el agente disparó en defensa propia. Sin embargo, el comunicado no identifica al oficial involucrado, tampoco especifica cuántos disparos realizó ni ofrece evidencia en video que respalde esa afirmación.

Las imágenes revisadas por The Washington Post muestran dos camionetas SUV negras sin identificación oficial siguiendo muy de cerca el vehículo de Salgado Araujo. En un momento, una de ellas bloquea parcialmente su paso, mientras otra circula en sentido contrario para interceptarlo.

Aunque en algunos tramos la visibilidad queda obstruida por árboles y edificios, los videos no muestran de manera evidente que la camioneta del mexicano embistiera deliberadamente a los vehículos oficiales.

Investigación continúa mientras surgen nuevas dudas

El vocero del DHS confirmó que la Oficina del Inspector General abrió una investigación sobre el tiroteo, mientras que el FBI realiza indagatorias por un presunto ataque contra un agente federal.

Por su parte, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, informó que las autoridades locales recopilan videos de vigilancia y declaraciones de testigos con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Especialistas consideran que las grabaciones serán fundamentales debido a la ausencia de cámaras corporales en los agentes participantes.

En casos recientes relacionados con operativos migratorios, videos de vigilancia y grabaciones de testigos han contradicho versiones iniciales emitidas por autoridades federales, incrementando la exigencia de mayor transparencia.

Congresista afirma que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo

Otro elemento que ha intensificado la polémica es que la congresista demócrata Sylvia García aseguró haber sido informada por funcionarios de ICE de que Lorenzo Salgado Araujo no era la persona que originalmente buscaban los agentes.

El DHS indicó posteriormente que los oficiales habían observado semanas antes vehículos similares en una propiedad vinculada con una persona presuntamente indocumentada y que ese fue el motivo por el que comenzaron a seguir la camioneta.

Mientras continúan las investigaciones federales y locales, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza durante operativos migratorios en Estados Unidos, así como la necesidad de que los agentes de ICE utilicen cámaras corporales para garantizar transparencia y rendición de cuentas en incidentes donde hay pérdida de vidas humanas.

A casi dos semanas del asesinato de Eduardo Damián López, la familia del policía de 33 años asesinado en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, impulsa un pedido urgente a la comunidad para que se esclarezca el caso. La causa ya tiene dos detenidos, pero tanto la fiscalía como los allegados de la víctima sostienen que hay más involucrados en el ataque.

El hombre que murió era oriundo de Rosario y se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El crimen sucedió el domingo 28 de junio durante el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense de Fútbol, entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en el club Cremería de Carcarañá.

Las primeras versiones indicaban que sufrió una lesión por impacto de un elemento metálico, pero la investigación luego determinó que recibió un piedrazo en la cabeza, lo que le provocó una caída contra una estructura metálica. La investigación, liderada por el fiscal Juan Pablo Baños, apunta a que entre 15 y 20 personas participaron de la agresión, aunque solo dos fueron detenidos hasta el momento.

El reclamo de la familia de López se centra en que testigos que asistieron al evento, en el cual ocurrió el crimen, acerquen cualquier tipo de dato que permita avanzar en la investigación. “Si saben algo, declaren”, exigió una de las hermanas de López a través de redes sociales.

El pedido se hizo público en las últimas horas a través de Victoria López, hermana de la víctima: “Hoy no escribo solo desde el dolor, escribo como su hermana. Me toca atravesar el momento más difícil de mi vida: despedir a mi hermano de una forma tan cruel e injusta”. En el mensaje que publicó en redes sociales, remarcó que Damián López “no era un número más ni una noticia más”, era “un hijo, un hermano, un amigo y un policía comprometido con su vocación de servir y proteger”.

En el plano judicial, el viernes 3 de julio fueron imputados Agustín Amarilla y Julio César Zalazar, ambos hinchas del club Cremería, acusados como coautores de homicidio calificado por haber sido cometido contra un miembro de la fuerza policial en el ejercicio de sus funciones. Ambos permanecen en prisión preventiva por un plazo de 120 días, mientras continúan las tareas investigativas para identificar al resto de los agresores.

El fiscal Juan Pablo Baños sostuvo que los imputados desempeñaron un rol central en el ataque que terminó con la vida de Damián López, aunque remarcó que existen “indicios de participación de entre 15 y 20 simpatizantes” aún no identificados. Los peritajes realizados en la zona de parrilleros del club buscan reconstruir la secuencia de los hechos y recabar pruebas adicionales.

En ese contexto, la hermana de la víctima enfatizó: “Si saben algo sobre lo ocurrido, si estuvieron en el lugar, si tienen videos, fotos o cualquier tipo de información, por mínima que parezca, por favor se acerquen a la Fiscalía a declarar. Todo suma. Muchas veces un pequeño detalle puede ser clave para esclarecer los hechos y lograr que se haga justicia”. Además declaró: “No vamos a descansar hasta que la verdad salga a la luz y los responsables respondan por sus actos”.

Belén López, otra de las hermanas del policía, también recurrió a las redes sociales para reclamar datos sobre los responsables. “Hace más de una semana que nuestra vida se volvió un infierno. No entendemos por qué un partido de cuarta te tuvo que pasar esto”, publicó.

En su mensaje, expresó su disposición a ofrecer su moto, una Skua 150 modelo 2022, como recompensa para quien aporte datos certeros que permitan identificar a los agresores que permanecen prófugos. “No tengo plata ahorrada, no tengo nada, solo mi moto. No importa que me quede a pata, mientras podamos tener con mi familia un poco de calma y que pague quien fue”, afirmó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán rindió homenaje póstumo a Julio Meza Gaona, excoordinador general de la Policía de Investigación de la institución, asesinado a balazos la noche del jueves 9 de julio en la avenida Acueducto de Morelia. En publicaciones realizadas tras el evento, la dependencia reconoció su entrega, profesionalismo y vocación de servicio.

Según datos oficiales compartidos luego del crimen, los seis elementos de seguridad asignados a Meza Gaona no se encontraban con él al momento del ataque porque previamente les había dado por concluido el servicio.

Tras las diligencias realizadas, la FGE apuntó al posible intento de robo del vehículo de la víctima como principal línea de investigación sobre el móvil de la agresión. Reportes extraoficiales señalaron la noche del día 9 que cerca de su cuerpo había una camioneta de la marca GMC, modelo Sierra, una pickup de alto costo. El tipo de automóvil vinculado al crimen también está sustentado por imágenes reveladas tras los hechos.

FGE, SSP Michoacán y autoridades militares se unieron al homenaje

La ceremonia luctuosa reunió a diversas instituciones de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán acompañó el acto y difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó solidaridad con los familiares, amistades y compañeros del servidor público. Autoridades militares también estuvieron presentes.

“Honramos su memoria y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida”, publicó la SSP Michoacán en sus redes sociales.

La FGE destacó que Meza Gaona se desempeñó como docente del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera al momento de su muerte, labor mediante la cual participaba en la formación del personal de la institución.

Más de seis años al frente de la Policía de Investigación

Julio Meza Gaona fue nombrado coordinador general de la Policía de Investigación en junio de 2019, durante la gestión del exfiscal Adrián López Solís. Permaneció al frente de esa corporación durante más de seis años, periodo en el que supervisó investigaciones ministeriales y el cumplimiento de órdenes de aprehensión en el estado.

Tras dejar el cargo operativo, se incorporó como docente al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la FGE. Su trayectoria abarcó tanto la conducción de operaciones de campo como la transmisión de conocimiento a los cuadros en formación de la corporación.

Atacado a balazos en la avenida Acueducto de Morelia

El ataque ocurrió la noche del jueves 9 de julio en la avenida Acueducto de Morelia. Testigos que se encontraban en la zona reportaron detonaciones de arma de fuego. El cuerpo de Meza Gaona quedó a un costado de su vehículo, cuya propiedad fue confirmada por la FGE.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad acudieron al lugar tras los reportes de emergencia. La FGE activó sus protocolos de investigación y desplegó unidades especializadas para el procesamiento de la escena del crimen.

Según reportes emitidos el pasado 10 de julio, la FGE Michoacán mantiene un operativo en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para la localización y detención del o los probables responsables.

La institución continúa con diligencias periciales, ministeriales y de inteligencia, así como con el análisis de indicios recabados. La fiscalía afirmó que los avances serán dados a conocer conforme el desarrollo de las investigaciones lo permita, con el propósito de preservar el debido proceso y la eficacia de las indagatorias.

La viuda de Charlie Kirk presenció en silencio, desde una sala del tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el video de vigilancia que ella misma había pedido ver: las imágenes que los fiscales afirman muestran a Tyler Robinson en el campus de Utah Valley University el día en que su esposo fue asesinado.

La proyección tuvo lugar el 10 de julio, durante la quinta y última jornada de la audiencia preliminar del caso. El material no se transmitió en vivo: solo lo vieron quienes estaban presentes en la sala.

Lo que mostraron las cámaras del campus

Según el informe de The Associated Press, agencia de noticias estadounidense, el video compilado a partir de cámaras de vigilancia del campus muestra a una figura que corre por el techo del edificio desde el que los investigadores sostienen que se efectuó el disparo fatal.

Cuando la imagen mostró a esa figura arrastrarse hacia el borde del techo, Erika Kirk se giró y abrazó a la madre de Charlie Kirk, quien lloraba. Ambas apartaron la vista hasta que el video casi terminó.

Los fiscales indicaron que el video ubica a Robinson en distintas zonas del campus el 10 de septiembre de 2025, fecha del asesinato.

El juez Tony Graf había visto el material a principios de la semana, pero había postergado su proyección ante quienes asistían al tribunal. La decisión de permitirlo respondió a una solicitud formal de la familia Kirk.

La pelea de Erika Kirk por la transparencia

Bajo la legislación de Utah, Erika Kirk, de 37 años, ejerce como representante legal de la víctima, lo que le otorgó el derecho a exigir acceso a las pruebas. Su abogado, Jeffrey Neiman, argumentó en un escrito que, sin transparencia, “las especulaciones y teorías conspirativas relacionadas con el asesinato del señor Kirk continuarán proliferando”.

El juez Graf transmitió la mayor parte de la audiencia en vivo, pero limitó la difusión de ciertas pruebas para preservar el derecho de Robinson a un juicio imparcial.

El jueves, los fiscales exhibieron una nota manuscrita que Robinson había dejado bajo el teclado de su computadora: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar.” Como la nota fue divulgada públicamente pese a la orden judicial en contrario, el viernes Graf suspendió por un día la transmisión de imágenes como prueba.

Al cierre de la audiencia, la familia Kirk difundió un comunicado: “Por difícil que hayan sido estos últimos días, nos reconforta saber que el mundo fue testigo de la abrumadora evidencia de lo que le ocurrió a Charlie”.

Los cargos contra Tyler Robinson

Robinson enfrenta siete cargos, entre ellos asesinato agravado, y los fiscales buscan la pena de muerte. Aún no ha presentado declaración de culpabilidad o inocencia.

Entre las pruebas de la semana: mensajes de texto en los que Robinson le escribió a su excompañero de habitación, Lance Twiggs, “Soy yo. Lo hice. Lo siento”; y análisis de ADN que lo vinculan con una toalla que envolvía el rifle hallado cerca del campus y con un destornillador recuperado en el techo desde donde se habría efectuado el disparo. Twiggs, quien recibió inmunidad a cambio de declaraciones grabadas, dijo que Robinson le confesó que lamentaba lo ocurrido.

La defensa cuestionó la solidez del ADN: el abogado Michael Burt señaló que esa evidencia no es infalible y que el material genético puede transferirse por contacto indirecto. El informe balístico de la ATF resultó “inconcluso” por el daño en los fragmentos de bala, aunque la perito Samantha Karner indicó que existían elementos de similitud con el rifle incautado.

El crimen y su contexto político

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 de un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes ante unas tres mil personas en el campus de Utah Valley University, en Orem. Tenía 31 años. Robinson, entonces de 22, se entregó al día siguiente.

El crimen se inscribió en una escalada de violencia política: ese mismo año fueron asesinados la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, y la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, sufrió un atentado incendiario.

Según datos de la Universidad de Maryland citados por The Guardian, en la primera mitad de 2025 se registraron más de 520 actos de terrorismo y violencia dirigida en casi todos los estados, un aumento de casi 40% frente al mismo período de 2024.

Tras la muerte de Kirk, Erika asumió la conducción de Turning Point USA. El juez Graf no decidirá si el caso avanza a juicio hasta después de los argumentos orales del 1 de septiembre de 2026.

La noticia sobre el trágico desenlace de Amber Graham, una madre de Tennessee que fue encontrada muerta en Ohio después de un largo viaje motivado por un vínculo surgido en un videojuego, ha sacudido a dos comunidades separadas por casi 900 kilómetros. El caso, que ha captado la atención de los medios locales y nacionales, plantea preguntas sobre la seguridad en las relaciones que nacen en entornos digitales y la vulnerabilidad de quienes se aventuran a conocer en persona a desconocidos.

Amigos de Graham relataron que ella había compartido sus planes: “Viajaba desde su casa en Spring Hill, Tennessee, para encontrarse con un hombre con el que había conectado a través de un videojuego en línea”.

El viernes 3 de julio, el cuerpo de Amber Graham, de 37 años y residente de Spring Hill, Tennessee, fue hallado en una propiedad en Bosworth Road, Cleveland, Ohio. El hallazgo fue confirmado por un portavoz del Departamento de Policía de Cleveland, que detalló que la mujer había viajado hasta esa ciudad para encontrarse con un hombre a quien conoció a través de un videojuego en línea. La distancia recorrida por Graham fue de 885 kilómetros, una travesía que emprendió acompañada de su hija de ocho años.

La noticia del hallazgo ha generado inquietud y conmoción tanto en Tennessee como en Ohio. Graham, madre soltera, había comunicado a sus amigos su intención de viajar desde su casa en Spring Hill para encontrarse con el hombre. El viaje, que parecía una oportunidad de transformar una relación virtual en un encuentro real, terminó abruptamente con la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado cubierto por una sábana detrás de la vivienda del hombre en Cleveland. El caso ha quedado en manos de la policía local, que espera el informe del forense para determinar si existió actividad delictiva en los hechos.

Circunstancias del viaje y abandono de la menor

Uno de los aspectos que más ha sobresalido en esta tragedia es el destino de la hija de Graham, una niña de ocho años que la acompañó durante todo el trayecto desde Tennessee. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, la menor fue dejada en una estación de bomberos de Cleveland el miércoles 1 de julio, dos días antes del hallazgo del cuerpo de su madre. La niña ingresó sola a las instalaciones y, tras ser examinada para descartar cualquier problema médico, fue hallada ilesa. Llevaba consigo el número de teléfono de su abuela anotado en el bolsillo.

El teniente Mike Norman del Departamento de Bomberos de Cleveland relató que, en esa situación, se contactó de inmediato a la policía y a los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés). Los agentes no pudieron confirmar la identidad de la menor en ese momento, pero sospecharon que existía un vínculo con Graham, la mujer desaparecida. La entrega voluntaria de la niña a los bomberos y la ausencia de lesiones sugirieron que la menor no había sido víctima de violencia física reciente.

El hecho de que la niña fuera abandonada en un lugar seguro, con una vía de contacto familiar, ha sido interpretado como una acción premeditada para garantizar su bienestar en un contexto incierto. No obstante, amigos de Graham descartaron que ella hubiera planeado dejar a su hija en una estación de bomberos, destacando el profundo vínculo entre madre e hija.

Investigación policial y espera de resultados forenses

Las autoridades de Cleveland mantienen abierta la investigación y están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte de Amber Graham. Al cierre del viernes 10 de julio, el caso seguía pendiente y ningún detalle adicional había sido proporcionado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga. El Departamento de Bomberos de Cleveland y el Departamento de Policía de Spring Hill tampoco habían respondido a las solicitudes de información de la prensa.

Hasta el momento, la investigación no ha derivado en acusaciones formales, y el hombre al que Graham fue a visitar no ha sido identificado públicamente. Las autoridades han subrayado que el proceso depende de los hallazgos forenses y de la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima.

La policía ha confirmado que el menor que apareció en la estación de bomberos está bajo custodia de los Servicios de Protección Infantil y que se encuentra a salvo. Mientras tanto, la familia y amigos de Graham aguardan respuestas sobre lo ocurrido, en especial sobre si hubo o no intervención de terceros en la muerte de la mujer.

Declaraciones de amigos y detalles sobre la desaparición de Amber Graham

Las personas cercanas a Graham han brindado información relevante para la investigación. Joshua LaCroix, amigo de la víctima, declaró a medios locales que mantuvo contacto telefónico con Graham durante su estancia en Cleveland. Según relató, en una de esas conversaciones, tanto él como su esposa escucharon la voz de un hombre enojado de fondo. Este episodio habría ocurrido poco antes de que Graham dejara de comunicarse con sus allegados y de que se reportara su desaparición tras no presentarse a trabajar. LaCroix enfatizó que la mujer nunca faltaba a su empleo, por lo que la interrupción de su rutina fue interpretada como una señal de alarma.

Otra amiga, Cynthia Clair, compartió con la prensa que Graham tenía un fuerte lazo con su hija y que nunca habría tomado la decisión consciente de dejarla al cuidado de extraños. Clair también expresó que la incertidumbre sobre el destino de Amber mantiene a todos en vilo, a la espera de los resultados de la autopsia.

“Estamos esperando los resultados de la autopsia para poder cerrar definitivamente este capítulo de lo que le sucedió”, expresó Clair a los medios, reflejando la angustia de quienes conocieron a Graham.

Situación de la menor y ausencia de acusaciones

Tras el hallazgo del cuerpo de Graham, la menor permanece bajo la protección de las autoridades en Cleveland, sin que se hayan registrado acusaciones contra terceros en relación con su caso. Los Servicios de Protección Infantil asumieron la custodia inmediata de la niña, contactando con sus familiares en Tennessee. Hasta ahora, el hombre que la madre fue a visitar no ha sido identificado ni ha enfrentado cargos, aumentando la tensión entre los allegados de Graham, quienes exigen claridad sobre lo sucedido y temen que la investigación se estanque sin respuestas concluyentes.

El caso contra Tyler Robinson por el asesinato de Charlie Kirk dio este viernes un paso decisivo en Utah: tras una audiencia preliminar de una semana, el juez Tony Graf deberá escuchar los alegatos finales el 1 de septiembre y resolver si el acusado, de 23 años, será enviado a juicio por homicidio agravado, un cargo que puede exponerlo a la pena de muerte, informaron The New York Times y Associated Press.

La defensa concentró su estrategia en cuestionar la fiabilidad de las pruebas de ADN, pero no ofreció una teoría alternativa sobre quién mató al activista conservador. La fiscalía, por el contrario, sostuvo ante el tribunal que la evidencia reunida es “abrumadora” y suficiente para superar el umbral exigido en esta etapa del proceso, indicó Associated Press.

La defensa atacó la solidez del ADN

Charlie Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre de 2025 al recibir un disparo en el cuello mientras hablaba ante una multitud de miles de personas en el campus de la Universidad de Utah Valley (UVU). Según el expediente, Robinson habría disparado desde una azotea a más de 120 metros de Kirk. El acusado aún no se declaró culpable ni inocente, precisó The New York Times.

La acusación presentó análisis que vinculan a Robinson con el arma presuntamente utilizada y con una herramienta con la que se habrían grabado mensajes en cartuchos.

Uno de sus abogados, Michael Burt, utilizó el testimonio de una analista gubernamental de ADN para subrayar los límites de esa clase de pericias y planteó que el ADN puede ser transferido por terceros.

“Si usted tuviera mucho ADN en la mano, nos diéramos la mano y yo fuera a recoger una prueba, un arma, y tocara el gatillo, su ADN podría estar en ese gatillo, ¿verdad?”, preguntó Burt. “Es posible. Sí”, respondió Caitlin Oliver, bióloga forense de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, citada por Associated Press.

El fiscal adjunto del condado de Utah, Chad Grunander, cuestionó la relevancia de insistir en esos límites teóricos y afirmó ante el juez: “Su Señoría ha escuchado cuatro días de testimonios. Las pruebas son abrumadoras. Es devastador”.

Durante la audiencia también quedó asentado que el acusado fue informado de su derecho a declarar, pero siguió el consejo de sus abogados y no testificó. Cuando Graf le preguntó si eso era correcto, Robinson asintió desde la mesa de la defensa, relató The New York Times.

Un video del techo y una nota sumaron tensión en la sala

Uno de los momentos más sensibles de la semana ocurrió cuando el tribunal reprodujo un video de vigilancia que, según la fiscalía, muestra a Robinson en la azotea desde la que se efectuó un único disparo, reportó Associated Press.

Ese video fue exhibido a pedido de la familia Kirk. Algunas partes fueron ampliadas para mostrar mejor a la figura sobre el techo y, en ciertas imágenes, se añadieron círculos rojos; una versión sin alteraciones ya había sido mostrada antes.

En la sala estaban la viuda de Kirk, Erika, y la madre de la víctima, Kathryn, que se abrazaron y apartaron la vista cuando la figura que aparecía en la grabación se arrastró hacia el borde del techo.

De acuerdo con The New York Times, entre las pruebas nuevas expuestas esta semana apareció además una nota que Robinson habría dejado el día del tiroteo debajo de un teclado en el departamento que compartía con su compañero de cuarto y expareja sentimental, Lance Twiggs.

La difusión de ese documento generó una controversia adicional cuando una transmisión en vivo de la audiencia del jueves captó de forma inadvertida la nota, pese a una orden judicial para que no se mostrara. El viernes el juez rechazó un nuevo intento de la defensa para prohibir las cámaras en la sala.

La nota decía: “Salí de casa esta mañana con una misión. Probablemente esté muerto o enfrentando una larga condena de prisión. Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la aproveché. No sé si lo lograré, pero esperaba volver a casa contigo”. El texto añadía: “Ojalá hubiéramos podido vivir en un mundo donde esto no fuera necesario”.

La fiscalía sostiene que hubo motivación política y riesgo para la multitud

Los fiscales también reprodujeron fragmentos de una entrevista del 20 de abril con Lance Twiggs. En esa grabación, Twiggs dijo que al día siguiente del disparo Robinson le comentó que “desearía no haberlo hecho”.

Ese mismo día, aproximadamente una hora antes de entregarse, Robinson escribió en una sala de chat de Discord: “Fui yo ayer en UVU”. La defensa intentó sin éxito impedir la divulgación pública tanto de esas declaraciones como de los mensajes, con el argumento de que la fiscalía los presentaría como confesiones y eso afectaría el derecho del acusado a un juicio justo.

Por otro lado, la acusación sostiene que el disparo puso en peligro a otras personas que asistían al acto, una circunstancia agravante que, bajo la ley de Utah, podría habilitar la pena capital. Asimismo, busca agravar la condena con el argumento de que Kirk fue elegido por sus opiniones políticas, señaló Associated Press.

Twiggs declaró que Robinson hablaba a veces de política, incluido Donald Trump, pero que nunca le había oído mencionar a Kirk antes del tiroteo. A su vez, dijo que el acusado no hablaba mucho sobre cuestiones de género o derechos LGBTQ.

La familia agradeció el apoyo y pidió celeridad en la resolución

La familia de la víctima difundió un comunicado al terminar la audiencia en el que agradeció el apoyo recibido y afirmó que el proceso preliminar representa “un paso importante hacia adelante en la búsqueda de justicia para Charlie”.

En ese texto agregó: “Por difíciles que hayan sido estos últimos días, a nuestra familia le reconforta saber que el mundo ha visto la evidencia abrumadora de lo que le ocurrió a Charlie ese día”.

Además, el representante legal de la familia Kirk elevó una petición al juez para que la decisión sobre el futuro del caso se tome sin demoras tras los alegatos finales, previstos para el 1 de septiembre.

El abogado Jeffrey Neiman, citado por The New York Times, argumentó que resolver el proceso de manera ágil resulta fundamental para la justicia, especialmente ante la proximidad del aniversario del homicidio.

La policía británica detuvo a un hombre de 26 años como sospechoso del asesinato de Ann Widdecombe, histórica exministra y figura del Partido Conservador, hallada muerta con heridas graves en su casa de Haytor, en el suroeste de Inglaterra. El cuerpo de Widdecombe apareció poco antes del mediodía, tras una llamada de alerta que movilizó a agentes hasta el lugar, y el operativo concluyó con la captura del sospechoso en Newton Abbot, una localidad próxima a la residencia de la víctima.

Las autoridades confirmaron que Widdecombe presentaba lesiones fatales y descartaron, en principio, indicios de móvil político o vínculos con terrorismo. El subcomisario Matt Longman, de la Policía de Devon y Cornualles, informó que el sospechoso, un hombre británico blanco, permanecía bajo custodia mientras avanzaban las pesquisas. Longman pidió la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a esclarecer los hechos.

El caso generó conmoción en el Reino Unido por el perfil público de la víctima. Widdecombe, de 78 años, desarrolló una extensa carrera parlamentaria y ocupó cargos como secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en gobiernos conservadores de los años noventa.

Tras dejar la Cámara de los Comunes en 2010, integró el Parlamento Europeo por el Partido del Brexit y más tarde se convirtió en portavoz de Reform UK, liderado por Nigel Farage. Su figura también trascendió la política al participar en programas televisivos como Strictly Come Dancing y Celebrity Big Brother, lo que la mantuvo en la atención pública durante años.

Durante su trayectoria en la política, se destacó por expresar opiniones directas y mantener posturas conservadoras en temas sociales, como el rechazo al aborto y a la equiparación de la edad de consentimiento entre relaciones homosexuales y heterosexuales.

Además, apoyó la medida de mantener esposadas a las prisioneras embarazadas durante el parto para evitar fugas y consideró que las madres solteras no representaban buenos modelos a imitar. No obstante, se diferenció de la mayoría de su partido al manifestarse en contra de la caza del zorro con perros.

El asesinato provocó reacciones inmediatas entre dirigentes y referentes sociales. El primer ministro Keir Starmer lamentó la “enorme pérdida” y definió a Widdecombe como una política destacada con numerosos logros. Starmer subrayó que la seguridad de los parlamentarios es prioritaria y pidió evitar especulaciones sobre los motivos del crimen.

Por su parte, la líder conservadora Kemi Badenoch expresó su conmoción y envió condolencias a la familia, mientras que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó el hecho como “extremadamente angustioso” y también solicitó a la sociedad no especular.

Farage se declaró profundamente consternado y calificó a Widdecombe como la política británica más conocida desde Margaret Thatcher. La describió como una mujer de firmes convicciones, cristiana devota y defensora de ideas conservadoras, que dedicó su vida al servicio público sin buscar popularidad. Además, manifestó el deseo de que la investigación avance y permita esclarecer si hubo motivaciones políticas o si se trató de un robo frustrado.

El contexto de seguridad de los legisladores británicos quedó bajo atención desde los asesinatos de los parlamentarios Jo Cox en 2016 y David Amess en 2021, crímenes vinculados a extremismos políticos o religiosos. Aunque el caso de Widdecombe no se asoció hasta ahora con estos antecedentes, reactivó el debate sobre la protección de figuras públicas y la violencia contra representantes electos.

(Con información de AP, EFE y Bloomberg)

Este 10 de julio, se confirmó el fallecimiento del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, quien fue asesinado la noche del 7 de julio en Guadalajara.

De acuerdo con fuentes estatales, el suceso ocurrió durante un ataque con un arma de fuego, en una nevería de la colonia Autocinema, ubicada en la Av. Experiencia #3500 y Cintra, en la capital de Jalisco.

El reporte fue recibido a través del 911, donde una persona informó que un cliente estaba al interior de su negocio cuando ingresó otro usando un casco, el cual portaba un arma de fuego y realizó varias detonaciones al primer hombre. Agregó que probablemente el agraviado ya no contaba con signos vitales, debido al sangrado de su cabeza.

Tras los hechos, el agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta y el cuerpo del político mexicano fue llevado en calidad de desconocido al Servicio México Forense (Semefo) hasta que fue identificado por sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades locales no han dado mayor información sobre el caso, pero se espera que en las próximas horas detallen el avance de las investigaciones.

¿Quién es Benjamín Medrano Quezada?

Nacido en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 16 de agosto de 1966, fue un servidor público y empresario afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Comenzó su carrera como diputado local en la LX legislatura del Congreso de su entidad entre los años 2010 a 2013. Posteriormente en las elecciones estatales de 2013 fue elegido como el presidente municipal de Fresnillo.

Su trayectoria dentro de la política mexicana estuvo marcada al declararse como el primer alcalde abiertamente gay, posicionándose como un referente de la comunidad LGBTQ+.

Asimismo, su carrera también incluyó un periodo de tiempo en el Partido del Trabajo (PT), vinculado al grupo de los hermanos Monreal Ávila. Mientras construía una vida en la esfera pública, también incursionó en el ámbito artístico como cantante y empresario, participando en la organización de ferias y la gestión de centros nocturnos.

Investigaciones y denuncias que rodearon al exalcalde

Por otro lado, Medrano Quezada encabezó el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas durante el gobierno de Alejandro Tello. Al concluir esa etapa, la administración estatal encabezada por David Monreal presentó denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con su gestión.

En marzo de 2022, la Secretaría de la Función Pública estatal denunció un posible desvío de 60 millones 100 mil pesos durante la organización de la Feria Nacional de Zacatecas durante su edición de 2019, en el que estarían implicados exfuncionarios liderados por el servidor público. Un juez de Zacatecas emitió orden de aprehensión y, aunque la defensa promovió un amparo, este fue finalmente revocado.

Juan Carlos Medrano Quezada, hermano del exalcalde, afirmó a través de una entrevista a un medio de comunicación, que el proceso judicial obligó a Benjamín a salir del estado y calificó el caso como “una persecución política”, solicitando a las autoridades esclarecer el asesinato y garantizar justicia.

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, dio a conocer que la familia de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo el pasado 7 de julio, está siendo acompañada a través del consulado mexicano en Houston, Texas.

México exige protocolos claros en materia de migración

El diplomático aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de las instituciones señaladas “utilizará todas las herramientas disponibles para que este caso sea investigado con la seriedad que exige”.

Adelantó que se reunirá con representantes de distintas dependencias de seguridad -entre ellas el ICE-, así como con miembros del Congreso estadounidense para buscar que por medio de la presión diplomática se “transparente lo sucedido”, además, pugnarán “por protocolos claros de aquí en adelante”.

Cerrando filas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el embajador envío un mensaje contundente:

“Esto no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes. Se trata de defender un principio que no admite excepciones. La vida y la dignidad humana están por encima de todo”.

Versión oficial es cuestionada por organizaciones

El pasado 7 de julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) -responsable del ICE- dio a conocer que alrededor de las 06:50 de la mañana, llevaron a cabo un operativo al que supuestamente Salgado Araujo habría intentado evadir, entre las calles Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park.

“Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo de los agentes del ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, precisa la información de la dependencia estadounidense.

Tras lo sucedido, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió “una investigación completa, independiente y transparente” sobre el tiroteo que dejó sin vida al mexicano, dejó claro que la información inicial “no puede aceptarse sin más”.

Solicitó la conservación de evidencia fundamental para esclarecer el actuar de las autoridades: “todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos”.

Por su parte, Amnistía Internacional se pronunció por la muerte de Salgado Araujo, “otra persona ha sido baleada y asesinada por un oficial de ICE”, por lo que solicitó la rendición de cuentas de manera inmediata, señalando que el Servicio “no hace que nuestras comunidades sean más seguras”.

Lorenzo Salgado Araujo iba para su trabajo cuando

A través de redes sociales, el hijo de Lorenzo Salgado Araujo ha realizado distintas publicaciones desde lo ocurrido: “Mi padre, Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano trabajador, fue el hombre que murió esta mañana a manos del ICE en el East End”.

Ronaldo Salgado detalló que su padre llevaba casi 35 años en Estados Unidos, quien trabajaba en construcción, proveía a una familia de tres hijos y a su esposa. “Estaba tramitando su permiso de trabajo por la vía legal. Iba de camino al trabajo, recogiendo a sus empleados”, compartió el joven, pidiendo un alto a la difusión de material sensible sobre el momento de la muerte de su padre.

El último mensaje publicado en redes sociales, deja ver el día a día del mexicano, a quien su familia esperaba en casa tras salir a trabajar:

“Esta fue la última vez que mi padre cargó su furgoneta con el café y el almuerzo, como lo había hecho durante décadas. Debería haber llegado a ese camino de entrada 14 horas después, tras una larga jornada bajo el sol de Houston. Debería haber estado comiendo una enorme comida casera preparada por mi madre. No merecía morir. No merecía ser sacado de su furgoneta, desangrándose mientras agentes del ICE lo detenían”.

Cuando el colombiano Parmenio Medina Pérez llegó a Costa Rica a finales de la década de 1960, encontró un país que presumía de estabilidad democrática, paz social y una profunda confianza en sus instituciones.

Aquella nación centroamericana, sin ejército desde 1949, parecía el lugar ideal para comenzar una nueva etapa. Lo que nadie imaginaba era que ese inmigrante terminaría protagonizando uno de los capítulos más dolorosos en la historia del periodismo costarricense.

Nacido en Santa Rosa de Osos, Antioquia, en 1939, Medina llegó al país atraído por las oportunidades en la radio. Muy pronto comprendió el enorme poder que tenía ese medio de comunicación en una Costa Rica donde la radio acompañaba la vida cotidiana de millones de personas. Con una voz inconfundible, un estilo irreverente y un humor mordaz, comenzó a construir una carrera que marcaría a varias generaciones.

Su obra más reconocida fue La Patada, un programa dominical transmitido durante casi 28 años por Radio Monumental. Lo que inicialmente combinaba sátira y entretenimiento evolucionó hasta convertirse en un espacio de periodismo de investigación donde Medina denunciaba actos de corrupción, abusos de funcionarios públicos y decisiones que afectaban el interés nacional. No era un periodista que buscara agradar. Su propósito era incomodar a quienes ejercían el poder.

A lo largo de su trayectoria investigó desde irregularidades en la Vuelta Ciclista a Costa Rica hasta cuestionados negocios relacionados con importaciones de calzado deportivo en la década de 1990. Sin embargo, ninguna investigación provocó tanto impacto como la que realizó contra Radio María Costa Rica, una emisora católica dirigida por el entonces sacerdote Minor Calvo.

En sus programas, Medina cuestionó el manejo de millonarias donaciones realizadas por fieles para sostener la emisora religiosa. Denunció presuntas irregularidades financieras, compra de propiedades y una administración poco transparente de los recursos. Sus señalamientos generaron fuertes reacciones, demandas judiciales y una intensa presión para sacarlo del aire. Incluso, durante varias semanas, Radio Monumental suspendió la transmisión de La Patada por temor a consecuencias legales. El periodista acudió a la Sala Constitucional, que finalmente ordenó restablecer el programa al considerar que se vulneraba la libertad de expresión.

El conflicto no terminó allí

La tarde del 7 de julio de 2001, después de grabar una nueva emisión de su programa y cuando regresaba a casa, Parmenio Medina fue interceptado por sicarios a pocos metros de su vivienda en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Recibió varios disparos y murió camino al hospital. Tenía 62 años. Costa Rica quedó paralizada. Para un país que rara vez había visto el asesinato de un periodista por motivos relacionados con su trabajo, el crimen representó una fractura profunda en su imagen como una de las democracias más seguras de América Latina.

Las investigaciones posteriores concluyeron que el asesinato estaba vinculado con las denuncias periodísticas sobre Radio María. En 2007, tras uno de los juicios más largos en la historia judicial costarricense, el empresario Omar Chaves fue condenado como autor intelectual del homicidio y el sicario Luis Alberto Aguirre como autor material. El exsacerdote Minor Calvo fue absuelto del delito de homicidio, aunque recibió una condena por fraude relacionado con el manejo de fondos de Radio María.

El asesinato de Medina trascendió las fronteras costarricenses. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el crimen como un grave atentado contra la libertad de prensa y siguió de cerca las investigaciones hasta que hubo condenas judiciales. Organismos internacionales advirtieron que el caso enviaba un preocupante mensaje para los periodistas que investigaban corrupción en una región donde la violencia contra la prensa comenzaba a incrementarse.

Sin embargo, el legado de Parmenio Medina no puede medirse únicamente por el expediente judicial que dejó su asesinato.

Su verdadera herencia permanece en la forma en que transformó el periodismo radiofónico costarricense. Demostró que la radio podía ir mucho más allá del entretenimiento y convertirse en una herramienta para fiscalizar al poder. Inspiró a generaciones de periodistas que comprendieron que investigar también implica asumir riesgos, pero que el silencio suele tener un costo aún mayor.

Veinticinco años después, su voz ya no resuena cada domingo por los parlantes de miles de hogares costarricenses. Aun así, permanece viva en las facultades de comunicación donde se estudia su trabajo, en las redacciones donde el periodismo sigue enfrentando presiones y en la memoria de un país que entendió, de la forma más dolorosa, que la libertad de expresión nunca está garantizada para siempre.

Parmenio Medina murió porque decidió hacer preguntas incómodas. Su asesinato buscó apagar una voz. Lo que consiguió fue convertirla en un símbolo permanente de la lucha por el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Ese, quizá, sea el legado más poderoso que un periodista puede dejar.

Nadie en el polvoriento pueblo de Skidmore, Misuri, quería a Ken McElroy o, para decirlo más acertadamente, no había quien no le temiera y lo odiara. Todos tenían cuentas pendientes con él, aunque parecía que nadie se atrevía a cobrárselas. No es una exageración, porque para 1981 Skidmore era un pequeño conglomerado de casas y pequeños negocios —una ferretería, un almacén de comestibles, una taberna y poco más— con una población que superaba apenas las doscientas personas, la mayoría de las cuales vivía en las pobrísimas granjas de los alrededores. Hoy no es mucho más grande, pero su nombre está escrito en una de las páginas más extrañas de la historia criminal de Estados Unidos: el asesinato de un hombre a balazos, en plena calle, frente a unos cuarenta testigos que no vieron nada. El muerto es, claro, Ken McElroy y su asesinato nunca pudo ser resuelto, ni siquiera con la intervención del FBI.

Decir que McElroy era el matón del pueblo es poco. Cuando lo mataron, el 10 de julio de 1981, acumulaba procesos por decenas de delitos de todo tipo, entre ellos agresión, abuso sexual infantil, violación de menores, incendio provocado, crueldad animal, allanamiento de morada y robo de cerdos y ganado. De todos había salido impune, menos del último, un intento de asesinato con arma de fuego, del que un tribunal lo había encontrado culpable, pero seguía en libertad después de pagar una fianza a la espera de la apelación. Estaba en eso el día que le dispararon varias veces con por lo menos dos armas, le acertaron dos tiros en el cuerpo y ningún testigo vio nada. Como tampoco nadie lamentó su muerte. Por el contrario, fue celebrada hasta por su última mujer, aunque con pudorosa discreción.

Un violador y diecisiete hijos

Kenneth Rex McElroy nació el 16 de junio de 1934 y jamás salió del pueblo y sus alrededores hasta el día de su muerte. Era el decimoquinto de los dieciséis hijos de Tony y Mabel McElroy, unos agricultores migrantes pobres que se habían mudado entre Kansas y los Ozarks antes de recalar en las afueras de Skidmore para no irse más. Se puede decir que ni siquiera sus padres lo querían, porque lo echaron de su casa cuando tenía poco más de 15 años y abandonó la escuela en octavo grado sin haber aprendido a leer y escribir. Desde entonces se labró una reputación como cuatrero, ladrón de poca monta y mujeriego.

El número de los hijos que tuvo con tres de sus esposas y otras jóvenes del pueblo es difícil de determinar. Los vecinos de Skidmore le calculaban diecisiete. Con su segunda esposa, Sharon, tuvo a Jerome, Tammy Sue, Debbie, Tina y Theresa. Cuando, cansada de sus maltratos y amenazas, Sharon lo dejó y escapó del pueblo para no volver, se casó con Alice, con quien engendró a Juarez, Tonia y Ken Jr. Con la cuarta, Trena McCloud, tuvo a Jerome, Oleta y Reno. También tuvo un hijo con una chica de 15 años llamada Donna; otro con una de 16, de nombre Marcia; y cuatro —que fueron dados en adopción— con una niña a la que solo se conoce como “Sally D”: la violó en todos los casos.

Conoció a su última esposa, Trena, cuando ella tenía 12 años y cursaba octavo grado, y él tenía 35. La violó y cuando los padres de la chica quisieron denunciarlo, los amenazó con matarles el perro e incendiar la casa. Trena quedó embarazada por primera vez a los 14 años y entonces McElroy se la llevó a su casa para que conviviera con su tercera esposa, Alice. Poco después, el violador se divorció de Alice y se casó con Trena para evitar que lo acusaran de violación de menores. Para escapar de sus maltratos, las dos mujeres huyeron y se refugiaron en la casa de los padres de los McCloud. Entonces McElroy cumplió la amenaza que había hecho: incendió la vivienda y les mató el perro. Además, obligó a Trena y Alice a volver con él.

Un criminal reincidente

Mientras tanto, McElroy engrosaba casi a diario su historial de delitos contra los vecinos del pueblo. Fue acusado de 21 crímenes, entre ellos robo, abigeato, allanamiento de morada, incendio provocado, agresión, violación y abuso de menores. En todos los casos evitó la condena intimidando a los denunciantes y a sus testigos. Los amenazaba en la calle o estacionaba su camioneta frente a sus casas para infundirles miedo.

Uno de los casos más escandalosos ocurrió en julio de 1976, cuando le apuntó con una escopeta al granjero Romaine Henry y lo baleó en el estómago. Henry sobrevivió y McElroy fue acusado de agresión con intención de matar. Sin embargo, durante el juicio, el abogado de McElroy presentó a dos testigos que declararon que habían estado cazando con él ese día y que no se encontraba cerca del lugar del tiroteo. Además, para evitar la condena, acosó e intimidó a los miembros del jurado e incendió un granero que era propiedad del juez. Fue declarado “no culpable” por unanimidad.

El último caso fue el que terminaría mal para él. En 1980, uno de los hijos de McElroy discutió con la empleada del almacén local, propiedad de Ernest “Bo” Bowenkamp, ​​de 70 años, y su esposa Lois. Supuestamente, el niño intentó robarle unos caramelos. Enterado, el matón empezó a acosar a los dueños de la tienda. Como sus amenazas no daban resultado, finalmente McElroy irrumpió en el local armado con una escopeta y le disparó a Ernest. Herido en el cuello, el hombre salvó milagrosamente su vida. El criminal fue detenido y acusado de agresión en primer grado, un delito por el que podía recibir una condena a cadena perpetua. En junio de 1981, el jurado lo declaró culpable de un delito mucho menor, agresión en segundo grado, le fijó una sentencia de dos años de prisión y permitió que quedara libre bajo fianza mientras esperaba la apelación. No se sabe mediante qué maniobras o presiones Ken McElroy la sacó tan barata, pero ni siquiera así escarmentó: apenas quedó en libertad, comenzó a estacionarse frente a la tienda de Bowenkamp armado con un fusil.

Un asesinato con testigos ciegos

Hartos de las amenazas y la impunidad de McElroy, los vecinos de Skidmore comenzaron a reunirse para decidir qué medidas podían tomar contra él. La mañana del 10 de julio de 1981, al enterarse de que la audiencia de apelación se había postergado una vez más y el matón seguía libre, se reunieron en la delegación del ayuntamiento con el sheriff del condado de Nodaway, al que el pueblo pertenece. En lugar de tomar cartas en el asunto, el policía les sugirió que no se enfrentaran directamente con el matón y que organizaran un programa de vigilancia vecinal para protegerse. Fue todo lo que los vecinos consiguieron de la autoridad, porque dicho esto, el sheriff Danny Estes se subió a su camioneta y partió oportunamente a patrullar el campo.

Mientras eso ocurría, Mc Elroy estaba en la taberna con Trenda. Al enterarse, un numeroso grupo de vecinos se dirigió hasta allí para increparlo y exigirle de terminara con sus intimidaciones. El matón se les rió en la cara, pidió un pack de seis cervezas, salió del local con su mujer y subió a la camioneta. Los vecinos lo siguieron. Según la investigación posterior eran alrededor de cincuenta.

Ken McElroy no había alcanzado a poner en marcha el vehículo cuando sonaron los disparos. Fueron muchos, pero solo dos, de armas diferentes, dieron en el blanco. El hombre al que todo el pueblo temía agonizó inclinado sobre el volante, mientras Trenda, ilesa pero con la ropa ensangrentada, salía de la camioneta y se derrumbaba en una crisis de nervios. Nadie se movió ni tampoco hubo quien llamara a una ambulancia. Lo dejaron morir ahí.

Las autoridades locales, incluyendo un jurado forense y un gran jurado local, e incluso el FBI, investigaron el homicidio, pero sin éxito. Interrogaron a 46 personas que estaban allí cuando ocurrió el crimen, pero todos dijeron que no sabían quién había sido el agresor. O los agresores. Nadie podía identificarlos. Trenda McElroy, que estaba sentada al lado de su marido cuando le dispararon, tampoco pudo o quiso señalar a nadie. Eso sí, después presentó una demanda de cinco millones de dólares por homicidio culposo contra el pueblo, el ayuntamiento y el sheriff. Terminó aceptando un acuerdo extrajudicial por 17.600 dólares, una fortuna para ella. Para entonces, al no tener sospechosos, el fiscal había cerrado el caso sin presentar cargos.

Ken McElroy fue enterrado en el cementerio Memorial Park en St. Joseph, Misuri, porque los vecinos de Skidmore se opusieron a que recibiera sepultura en el camposanto del pueblo. Todos parecían aliviados. El periodista Steve Booher, que cubrió el caso, escribió en una de sus crónicas que, al preguntarles qué pensaban de McElroy y de su asesinato, la mayoría le dio la misma respuesta: “Se merecía morir”.

Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una joven de 19 años, cuyos restos fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la corporación, la intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana por un posible caso de violencia familiar en un domicilio localizado sobre la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos.

Una vecina alertó a policías tras escuchar gritos y golpes

Al llegar al inmueble, los oficiales fueron recibidos por una mujer, quien les permitió el acceso y les informó que momentos antes había escuchado gritos y golpes provenientes del domicilio.

La testigo también relató que, al dirigirse al patio trasero, observó a un hombre cargar una bolsa negra e intentar introducirla en una hielera, situación que motivó la intervención de los policías.

Ante el señalamiento, los uniformados aseguraron al hombre de 28 años y realizaron una inspección preventiva en el inmueble.

Localizaron un machete y restos humanos durante la revisión

Como resultado de la inspección, los policías localizaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que el sitio fue resguardado para permitir el procesamiento de la escena por parte de peritos y personal ministerial.

El hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni del detenido.

Feminicidios deben investigarse con perspectiva de género

De acuerdo con el protocolo vigente en México, toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, con el fin de determinar si existen razones de género en la comisión del delito.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con protocolos especializados para este tipo de investigaciones, los cuales contemplan el procesamiento del lugar de los hechos, la recopilación de evidencia pericial y ministerial, así como la realización de diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y, en su caso, llevar a los responsables ante la justicia.

Un ataque armado dejó dos hombres muertos en Las Torres, un asentamiento irregular de Playa del Carmen, y reavivó la violencia en una zona que acumuló cuatro personas asesinadas en menos de dos meses, además de balaceras recientes y otro homicidio ocurrido el 14 de junio en un negocio de mariscos del destino turístico.

El doble homicidio ocurrió este martes minutos antes de las 17:00 horas en una calle de terracería del asentamiento. Con ese caso, el lugar sumó cuatro ejecutados en menos de dos meses, luego de otro ataque armado registrado el 27 de mayo que también dejó dos víctimas mortales.

De acuerdo con los reportes preliminares, hombres armados entraron a esa zona ubicada en la periferia de la ciudad y sorprendieron a las víctimas cuando estaban afuera de una vivienda. Los disparos les causaron la muerte en el sitio y los agresores escaparon sin que hubiera detenciones.

Paramédicos acudieron al lugar después del reporte, pero solo confirmaron que ambos ya no tenían signos vitales por la gravedad de las heridas de bala. Después llegaron elementos de la Policía Municipal, además de autoridades estatales y federales, para acordonar el área y resguardar la escena.

El ataque reforzó la presión sobre una zona con homicidios y balaceras recientes

Las primeras indagatorias señalaron que el crimen habría estado relacionado con una disputa entre grupos delictivos que operaban en la región. Una de las líneas de investigación apuntó a un probable ajuste de cuentas ligado a la venta de droga.

Vecinos de la zona indicaron de manera preliminar que los fallecidos presuntamente se dedicaban al cobro de cuotas. Esa versión se integró a la hipótesis de la Policía de Investigación sobre un enfrentamiento entre grupos antagónicos.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para los trámites de ley. Hasta el cierre de los reportes oficiales, las corporaciones policiacas no informaron sobre personas detenidas tras los operativos de búsqueda desplegados en los alrededores.

El caso se sumó al ataque del pasado 27 de mayo en el mismo asentamiento, donde fueron asesinados un hombre y una mujer que eran pareja. Ese crimen dejó a sus hijos menores de edad en indefensión.

Las Torres surgió sobre derecho de vía de la CFE y carecía de servicios básicos

Las Torres era un asentamiento poblacional formado hace más de una década sobre el derecho de vía de torres de alta tensión de la CFE, origen de su nombre. Se localizaba en medio de la selva del sur-poniente de Playa del Carmen, cerca de los terrenos de Calica y del parque ecoturístico Xcaret.

La población que habitaba en el sitio carecía de servicios públicos elementales. Aun con esas condiciones, en semanas recientes el lugar se convirtió en un foco rojo por la repetición de ataques armados y personas heridas en balaceras.

La violencia también se extendió a otros puntos del municipio gobernado por la alcaldesa morenista Estefanía Mercado Asencio. El pasado 14 de junio, un ataque en el negocio de mariscos El Camarón Guasaveño dejó un hombre muerto y tres heridos.

Ese caso incluso fue retomado en una conferencia matutina en Palacio Nacional por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario informó entonces que daba seguimiento al crimen para su esclarecimiento.

El nuevo doble homicidio confirmó que la violencia no se concentró en un solo episodio aislado, sino que alcanzó tanto asentamientos irregulares como sitios públicos de Playa del Carmen. En Las Torres, la repetición de asesinatos en un periodo menor a dos meses exhibió la persistencia de grupos armados en una franja periférica de la ciudad donde hasta ahora no se reportaron capturas por este caso.

El pasado 27 de mayo una pareja fue asesinada frente a sus hijos también en Las Torres

Un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser atacados a balazos en una nueva zona de invasión del asentamiento irregular Las Torres, cerca de la colonia Bellavista.

El ataque: Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon de forma directa contra la pareja y huyeron.

Las víctimas: El hombre y la mujer fallecieron en el sitio; paramédicos del ERUM confirmaron los decesos.

Menores a salvo: Dos niños, presuntamente hijos de las víctimas, resultaron ilesos y recibieron resguardo inmediato por parte del grupo GEAVIG.

Operativo: La Policía Municipal acordonó el área y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones.

• El ataque armado en Las Torres dejó dos hombres muertos este martes, minutos antes de las 17:00 horas.
• El asentamiento acumuló cuatro personas asesinadas en menos de dos meses, tras otro doble homicidio ocurrido el 27 de mayo.
• En Playa del Carmen también se registró el 14 de junio un ataque en El Camarón Guasaveño, con un muerto y tres heridos.

Isaías Josafat “N” fue detenido en Jalisco como probable responsable de ordenar el asesinato de su madre para cobrar un seguro de vida que estaba a nombre de la víctima, un caso que quedó bajo análisis de un juez de control tras la captura del señalado.

La agresión ocurrió el 17 de abril en la colonia Fovissste, en el municipio de Zapopan, y la línea principal de investigación apuntó a que el hijo de la mujer habría planeado el ataque con otro hombre. La autoridad abrió indagatorias de campo y gabinete después de que el Ministerio Público tomó conocimiento del crimen.

El caso se investigó como feminicidio y, tres meses después del asesinato, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron el mandamiento judicial contra Isaías Josafat “N”. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la autoridad que lo requería para determinar su situación jurídica en la audiencia de resolución constitucional.

La víctima fue atacada cuando caminaba hacia una tienda

De acuerdo con la información del caso, la mujer estaba afuera de una finca en la colonia Fovissste cuando fue atacada. Otra versión incluida en el expediente indicó que ese día volvía de Tlajomulco junto con sus hijos y que les pidió esperarla en la zona de andadores porque iría a la tienda.

Cuando avanzó unos metros, un hombre la interceptó y le disparó en la cabeza de forma directa. El ataque le quitó la vida en el lugar.

Ese párrafo resumió el hecho central: la víctima fue asesinada en Zapopan por un tirador y la investigación sostuvo que su hijo habría sido el autor intelectual. El móvil que siguieron las autoridades fue el posible cobro de una póliza de seguro de vida.

La investigación apuntó al presunto cobro de una póliza

Las indagatorias establecieron la posibilidad de que Isaías Josafat “N” buscara cobrar el seguro de vida de su madre. Bajo esa hipótesis, habría acordado con otro sujeto la ejecución del crimen.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo que la póliza estaba a nombre de la mujer y que esa habría sido la razón para planear el asesinato. Con esos elementos, la autoridad obtuvo una orden judicial en contra del señalado.

La captura se realizó recientemente por agentes investigadores. Después de ello, el detenido fue presentado ante el juez de control que lo requería.

El órgano jurisdiccional sería el encargado de definir si el imputado enfrentaría proceso por el delito que le atribuyeron. Hasta ese momento, la investigación seguía abierta.

El presunto agresor material seguía libre

Aunque la autoridad detuvo al hombre señalado como probable autor intelectual, el sujeto que habría disparado contra la mujer continuaba en libertad. Esa condición mantuvo una parte del caso sin resolver.

La información disponible indicó que el crimen se cometió con la participación de al menos dos personas: quien habría planeado el asesinato y quien lo ejecutó. Por eso, la captura de Isaías Josafat “N” no cerró por completo la indagatoria.

El expediente se integró a partir de actos de investigación de campo y gabinete, además del análisis ministerial posterior al homicidio. Con ello, la autoridad construyó la hipótesis de que el asesinato no fue un ataque fortuito, sino un crimen presuntamente planeado para obtener un beneficio económico.

La detención ocurrió en el estado de Jalisco y colocó el caso en la etapa judicial. A partir de esa fase, el juez de control debía revisar los datos reunidos por la investigación para resolver la situación legal del acusado.

• Isaías Josafat “N” fue detenido en Jalisco por su presunta participación en el asesinato de su madre.

• El crimen ocurrió el 17 de abril en la colonia Fovissste de Zapopan, cuando un hombre le disparó en la cabeza.

• La investigación señaló que el móvil habría sido cobrar un seguro de vida, mientras el presunto agresor material seguía libre.

Parecía ser un simple viaje rutinario de trabajo, con una parada estratégica cerca de la autopista Interestatal 75 para programar reuniones y descansar. Sin embargo, terminó por convertirse en un impactante crimen lleno de incógnitas, que dejó el caso sin resolver durante décadas.

La puerta de la habitación en el hotel Holiday Inn de Middletown, Ohio, no mostraba signo de violencia alguno. Pero allí, el cuerpo de John Christopher Warren yacía sin vida sobre la alfombra, luego de un brutal ataque. Aquel 17 de octubre de 1985, se confirmó la muerte del hombre de 44 años; un vendedor ambulante y empleado en una empresa de autopartes.

En el repaso sobre la escena del crimen, su automóvil Oldsmobile modelo 85 color gris plata no aparecía en el estacionamiento ni en zonas aledañas. Faltaba también parte de sus pertenencias personales y las primeras pesquisas no hallaron testigos directos ni señales evidentes sobre el móvil del homicidio. Todo se centraba en el desorden de la habitación y la ausencia de objetos de valor.

Cuatro décadas después, la investigación volvió a moverse. A comienzos de julio de 2026, las autoridades detuvieron en Ohio a un hombre acusado del crimen, luego de que nuevos análisis forenses permitieran identificar pistas que la tecnología disponible en 1985 no había podido revelar.

La pista de Dalton: objetos detrás del Cracker Barrel

En los días que siguieron al crimen, la investigación encontró una primera pista a más de 600 kilómetros hacia el sur. En Dalton, Georgia la policía local recuperó pertenencias del vendedor tiradas detrás de un restaurante Cracker Barrel. Entre los objetos hallados figuraban efectos personales de Warren y otros elementos aún no detallados públicamente por la actual investigación de la fiscalía.

El automóvil apareció más lejos todavía: 917 kilómetros al sur de Dalton, en Redington Beach, Florida. Así se consolidaron tres escenas dispersas, ninguna con huellas que permitieran una acusación formal. La investigación inicial conjunta entre la oficina del sheriff y la fiscalía de Warren County agotó todas las vías convencionales, según recordaron medios como Fox y NBC News.

Expediente archivado y reapertura forense

Durante años, el expediente Warren permaneció congelado. El nombre del vendedor solo regresaba a los archivos cuando una nueva pista resultaba en nada.

Fue hasta 2019 que, detectives del condado reabrieron el caso e hicieron lo que la tecnología de 1985 no permitía: enviaron a laboratorio pruebas recolectadas en la habitación del hotel, el automóvil y el basurero del Cracker Barrel.

La evidencia sometida a análisis incluyó objetos con posible material biológico y rastros no especificados. El resultado conectó en julio de 2026 el ADN recuperado con Randy Lane McAllister, residente de Columbus, Ohio, y 62 años al momento de la detención.

Este proceso de revisión además involucró a un presunto cómplice ya fallecido, cuya identidad no fue revelada públicamente.

El arresto: cuatro décadas después

Los informes de Fox News y The Guardian detallaron que el 1 de julio de 2026 la policía arrestó a McAllister, quien compareció ante el tribunal bajo cargos de asesinato y asesinato agravado. El fiscal adjunto Brian Goodyear describió detalles del asesinato ante el juez: Warren fue golpeado y estrangulado con un lazo. No hubo resistencia y se trató de “un caso de violencia extrema”.

Durante la audiencia, la defensa solicitó una fianza de USD 50.000, pero el juez Robert Peeler la fijó en USD 500.000, citando antecedentes de robo agravado y asalto con lesiones graves en 1986 y 1992. “El acusado vivió más de 35 años sin incidentes conocidos”, admitió el juez, pero la gravedad del cargo y los antecedentes ameritan una fianza alta.

McAllister escuchó la imputación: asesinato agravado en el contexto de robo, con la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable conforme a la ley de Ohio.

Rompecabezas y reconstrucción de la ruta criminal

Los fiscales expusieron que, tras asesinar a Warren en el Holiday Inn, McAllister y su cómplice huyeron con el Oldsmobile y las pertenencias. El vehículo fue abandonado en Florida, mientras los objetos personales terminaron ocultos detrás del restaurante en Georgia.

Las coberturas de NBC News y ABC News 4 informaron que, a pesar de seguir múltiples pistas en los años 80, los investigadores no pudieron establecer la relación entre los objetos y el autor hasta las nuevas pruebas de laboratorio.

El caso había implicado antes a tres hombres de Carolina del Sur, luego exonerados tras superar el detector de mentiras.

La evidencia no revelada y límites del expediente abierto

La fiscalía de Warren County no especificó qué prueba material permitió el vínculo directo entre McAllister y los objetos recuperados. El expediente judicial solo indica que la conexión surgió de los análisis forenses realizados a partir de 2019. El propio fiscal David Fornshell declaró en NBC News: “Todo lo que tengo para decir está en redes sociales. No haré más comentarios”.

En la acusación formal, se detalla que McAllister “causó intencionalmente la muerte de Warren mientras cometía o intentaba cometer un robo agravado”. Los registros penitenciarios reflejan que el acusado permanece bajo custodia en Warren County, sin derecho a reducción del 10% de la fianza.

Por el momento, no se divulgaron detalles sobre el motivo exacto de la reapertura en 2019 ni acerca del desencadenante que condujo al nuevo análisis.

El procedimiento y la perspectiva judicial

El caso fue presentado ante un gran jurado a fines de junio, que resolvió imputar a McAllister tras revisar los nuevos elementos probatorios. La acusación subraya la “tenacidad” de los detectives que, cuarenta años después, lograron llevar a una persona ante la justicia.

Bajo las leyes del estado de Ohio, la condena por asesinato agravado implica automáticamente la posibilidad de cadena perpetua.

El proceso judicial sigue abierto y los fiscales mantienen en reserva los detalles técnicos de la prueba forense que permitió cerrar el círculo. Mientras tanto, no se prevé que McAllister recupere la libertad bajo fianza antes del juicio con fecha a confirmar.

El aumento de adolescentes que cometen feminicidios obliga a las autoridades a generar diagnósticos específicos sobre este fenómeno y fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género desde edades tempranas, advirtió la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

De acuerdo con el portal de noticias Zona Franca, el pronunciamiento se dio después de que un adolescente de 17 años fuera sentenciado a tres años y seis meses de internamiento por el feminicidio de su pareja, Madeline Dhamar, de 21 años, crimen ocurrido en la colonia Nuevo Amanecer, en León, Guanajuato. Para la organización, el caso evidencia la necesidad de conocer con mayor precisión las causas que llevan a menores de edad a cometer este delito.

Estrada señaló que las autoridades deben incorporar estos casos en los diagnósticos oficiales sobre muertes violentas de mujeres y feminicidios, ya que actualmente no existe información suficiente que permita dimensionar la participación de adolescentes ni diseñar estrategias de prevención enfocadas en este sector.

“La autoridad está obligada a actualizar un diagnóstico de las muertes violentas y de los feminicidios, donde ya empiece a arrojar información sobre los menores infractores”, afirmó.

La justicia para adolescentes contempla un máximo de cinco años de internamiento

La directora del OCNF explicó que el sistema de justicia para adolescentes establece un régimen especial para quienes cometen delitos antes de cumplir la mayoría de edad. En consecuencia, incluso en casos de feminicidio, la legislación prevé una sanción máxima de cinco años de internamiento.

De acuerdo con la activista, este límite ha sido motivo de preocupación para familiares de víctimas, quienes consideran insuficientes las consecuencias legales frente a un delito de esa gravedad.

“El problema es que en la legislación ellos tienen la protección por ser menores de edad y, en un feminicidio, la sanción máxima es de cinco años. Así está el estándar y es un tema que las madres de víctimas han cuestionado mucho”, señaló.

Aunque reconoció que el modelo de justicia para adolescentes privilegia la reinserción social, Estrada sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en las sanciones, sino también en la prevención y en la atención de los factores que favorecen la violencia contra las mujeres.

Piden atender las causas de la violencia desde edades tempranas

La activista afirmó que el contexto de Guanajuato, marcado por altos niveles de violencia y una cultura conservadora respecto a los roles de género, contribuye a la reproducción de patrones de control y dominación sobre las mujeres.

“Hace falta realmente todo un trabajo de prevención y, por el contexto de Guanajuato, con la violencia, una cultura muy conservadora y altos índices de criminalidad, a las mujeres y mucho más a las adolescentes se les sigue viendo como objetos”, expresó.

Añadió que muchos adolescentes reproducen conductas violentas aprendidas en sus entornos familiares y sociales, por lo que consideró indispensable intervenir desde la infancia para modificar esos patrones.

“Los adolescentes al final reproducen estos patrones de abuso y dominio. Eso es algo que se tiene que trabajar culturalmente”, dijo.

Finalmente, Estrada pidió que la Alerta de Violencia de Género incorpore este fenómeno dentro de sus líneas de acción para fortalecer las medidas de prevención, al considerar que las familias de las víctimas mantienen preocupación por la percepción de que algunos menores consideran reducidas las consecuencias legales de cometer un feminicidio.

“Nos preocupa que algunos adolescentes piensan que matar a una joven significa cumplir cinco años y salir. Eso es lo que preocupa a las familias y a las organizaciones. La alerta no va a resolver todo, pero sí debe mirar este problema para fortalecer toda su política de prevención de la violencia feminicida”, concluyó.

El extranjero confesó su participación en el asesinato de un joven de 19 años ocurrido el pasado 5 de julio en el sector de Collique, en el distrito de Comas, apenas después de recuperar su libertad tras haber permanecido en prisión, de acuerdo con el informe especial de Latina.

Según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el crimen formaría parte de la violenta disputa que mantienen remanentes de la estructura de Moreno Hernández contra integrantes de la banda encabezada por alias El Negro Marín, considerada uno de sus principales rivales. En ese contexto, la víctima fue identificada como David Ramírez Quiroz, quien acababa de regresar de Argentina cuando fue atacado con un disparo en la cabeza que le causó la muerte.

El director de la Dirincri, Víctor Revoredo, informó al citado medio que el presunto homicida fue trasladado desde San Juan de Lurigancho hasta la zona de Collique con el objetivo de ejecutar el ataque. Precisó que la persona asesinada había llegado recientemente del extranjero y que el desplazamiento del investigado obedecía a un encargo específico para acabar con su vida.

Las diligencias también permitieron establecer que Miranda Herrera no registra un empleo conocido en el país. El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Holger Obando, indicó que el detenido ingresó al Perú hace varios años, incluso cuando aún era menor de edad. Añadió que, durante las investigaciones, el propio intervenido manifestó de manera espontánea que se dedicaba a este tipo de actividades delictivas.

La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirincri, quienes consideran que el investigado cumpliría funciones como brazo armado de organizaciones dedicadas al sicariato. Los detectives sostienen, además, que tendría presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Los Gallegos, debido a que presenta un tatuaje de una corona, símbolo que las autoridades relacionan con ese grupo.

Durante el operativo, los efectivos también incautaron una carta extorsiva firmada con el nombre de la organización criminal Los Cobos del Norte. Para los investigadores, este documento constituye un elemento adicional que permitirá profundizar las pesquisas sobre las conexiones del detenido con otras redes delictivas que operan en Lima Norte.

En el interrogatorio, Miranda Herrera también reveló que un sujeto conocido como Jeremy fue quien lo contactó para trasladarlo hasta Comas con la finalidad de ejecutar el asesinato. A partir de esa información, la Policía ubicó a Jeremy Beltrán Nonone, quien habría participado en la logística del ataque, según información de Latina.

Al revisar el teléfono celular de este último, los agentes encontraron fotografías en las que se observan armas de corto y largo alcance, además de imágenes de reuniones y celebraciones presuntamente financiadas con dinero de origen ilícito. Las pesquisas señalan que parte de ese armamento habría terminado en poder de barristas de Collique.

La inseguridad en La Matanza se cobró una nueva víctima. Esta vez, se trata de Lucas Galván, un hombre de 46 años, oriundo de la zona de San Alberto, que recibió un disparo en una arteria de la pierna izquierda que le causó la muerte. Todo, mientras intentaba defender a un vecino de un robo protagonizado por motochorros.

El hecho ocurrió en la noche del lunes último a las 21:15 en la esquina de Abdala y Moldes. Tras sufrir el disparo, Galván fue trasladado por otro vecino al Hospital Paroissien. Todavía estaba consciente. Allí, la Policía Bonaerense fue alertada. La Comisaría 5° de San Alberto en pleno, con su gabinete táctico operativo y su jefe de calle, se presentó en el centro médico.

Galván, como pudo, relató el hecho. Aseguró que un grupo de motochorros llegó a la esquina y disparó en medio del intento de robo, para luego huir. El tiro que recibió, sin embargo, fue crítico. Galván, ex empleado de una farmacéutica, sufrió dos paros cardíacos en el curso de la noche. Finalmente, falleció horas después del hecho.

Así, el caso se convirtió en un expediente por asesinato, con la intervención de la UFI de Homicidios de La Matanza. El fiscal Claudio Fornaro se presentó en la escena y comandó el operativo. La Comisaría 5° se aboca a encontrar videos de cámaras de seguridad y a seguir el rastro de los motochorros en las últimas horas.

El crimen de Galván ocurre en medio de un turno particularmente extremo. Menos de una semana atrás, Fornaro comandó el operativo para esclarecer el crimen de Candela Urquiza, asesinada en Villa Dorrego de un tiro en la cabeza al quedar en medio de un tiroteo entre narcos, cuando un grupo de hampones llegó a la zona para balear a un traficante. Su abuela también recibió un disparo en la espalda.

El 27 de junio último, otro triple crimen ocurrió en la zona de Rafael Castillo, cuando dos sicarios a bordo de motos dispararon al menos 25 balas contra un bunker donde varios adictos se reunían. Había dos mujeres entre las víctimas. Tras el hecho, los vecinos incendiario la casilla.

Los recientes hechos, aseguran fuentes en la zona, forzaron una serie de recambios en las conducciones de las comisarías de la Policía Bonaerense.

La tarde de este 7 de julio, se reportó la muerte de un mexicano en manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras un operativo donde se realizaría su arresto en Houston, Texas.

Así fue el operativo que resultó en la muerte de un mexicano en Houston

La agencia informó a través de un comunicado que alrededor de las 6:50 de la mañana, agentes del ICE intentaron interceptar un vehículo entre las calles Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park, con el objetivo de arrestar a quien identificaron como Lorenzo Salgado Araujo:

“Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo de los agentes del ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”.

El documento detalla que el hombre habría intentado evadir el arresto, por lo que el agente abrió fuego en su contra, algo que calificó como defensa propia; el mexicano habría sido trasladado a un hospital, donde falleció.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es quien encabeza las investigaciones para esclarecer el caso, mientras que se comprometió a presentar avances conforme avancen las investigaciones.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha emitido algún comunicado o pronunciamiento por lo ocurrido que derivo en la muerte de Lorenzo Salgado Araujo.

Aumenta muerte de mexicanos en manos del ICE

Durante la segunda administración del presidente Donald Trump la muerte de mexicanos bajo custodia del ICE ha ido en aumento, con el hombre reportado este 7 de julio, ya se registran 17 decesos.

Entre los fallecidos se encuentran:

• Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, en un centro de detención de Texas.
• Alcorta Rodríguez, quien fue encontrado inconsciente en el centro de detención del condado de Webb, en Laredo.
• José Guadalupe Ramos Solano, hombre de 52 años que murió en centro de detención de Adelanto, California.
• Royer Pérez Jiménez, joven de 19 años que aparentemente se suicido bajo custodia del ICE.
• Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, quien fue detenido el 9 de enero de 2026 y murió en Adelanto, California.
• Heber Sánchez Domínguez, su muerte también fue reportada como un suicidio el pasado 14 de enero.
• Gabriel García Avilés, murió tras una emergencia médica a los 54 años, su detención se dio sin orden judicial y no tenía antecedentes criminales.
• Leo Cruz Silva, quien se encontraba detenido en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, Misuri.
• Miguel Ángel García Hernández, murió tras ser baleado en un ataque en las instalación de Migración y Control de Aduanas en Dallas.
• Ismael Ayala Uribe, murió tras un paro cardiaco en el centro de detenciones de Adelanto, al sur de California, el pasado 22 de septiembre de 2025.
• Silverio Villegas González, murió durante una redada al norte de Chicago.
• Óscar Rascón Duarte, murió bajo custodia del ICE el pasado 8 de septiembre de 2025, se encontraba internado en el Hospital Promise de Mesa por un padecimiento de Alzheimer.
• Lorenzo Antonio Batrez Vargas, murió en el Centro Médico Mountain Vista de Arizona el pasado 3 de septiembre de 2025.
• Jaime Alanís García, quien murió a los 56 años en un operativo de autoridades migratorias el 12 de julio de 2025.
• Jesús Molina Veya, el hombre de 45 años murió en el centro en Georgia.
• Avelardo Avellaneda Delgado, quien murió en tras sufrir complicaciones médicas en Georgia.

Andrea Shaw, una madre de el estado de Idaho de 23 años, fue acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus gemelos de 18 meses, después de haber sostenido públicamente que los niños fallecieron tras recibir vacunas; si es declarada culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

Según los registros judiciales y un comunicado del Departamento de Policía de Payette, un gran jurado presentó la acusación formal el 29 de junio por dos cargos vinculados a hechos ocurridos en mayo de 2025.

Andrea Shaw fue arrestada el martes por agentes de la policía de Boise, compareció ante un juez el jueves, quedó detenida con una fianza de USD 2 millones y su próxima audiencia fue fijada para el 14 de julio.

La acusación sostiene que Shaw asfixió a sus hijos, de acuerdo con las autoridades.

Joe Filicetti, abogado defensor de Shaw, dijo que su clienta “niega absolutamente todo” y que el estado “no puede probar” los cargos penales. “La defenderemos con todas nuestras fuerzas”, agregó. El defensor enmarcó su postura en un rechazo frontal de la acusación y anticipó que su estrategia será cuestionar la capacidad de la fiscalía para sostener la imputación en juicio.

El Departamento de Policía de Payette y la fiscalía del condado declinaron hacer comentarios el lunes. Esa reserva de información dejó como principales referencias públicas los registros judiciales y el comunicado difundido por la fuerza policial.

Declaraciones en un programa antivacunas y versión pública sobre la muerte de los gemelos

Durante una aparición en mayo de 2025 en un programa de internet producido por Children’s Health Defense, Shaw afirmó que encontró muertos a sus gemelos en su habitación días después de que fueran vacunados contra la gripe y otras enfermedades. En el programa y en el expediente, Shaw vinculó la vacunación con la muerte de sus hijos y sostuvo que los niños presentaron síntomas posteriores.

“Les pusieron las vacunas al mismo tiempo dos enfermeras a la vez”. Luego añadió: “Y se enfermaron”. Sus declaraciones fueron presentadas en el marco de un espacio digital asociado a una organización que, según el texto fuente, impulsa contenidos críticos de la vacunación.

El programa fue producido por Children’s Health Defense, organización fundada por el actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Kennedy ya no estaba vinculado al grupo desde diciembre de 2024.

Los expertos médicos citados en el texto fuente señalaron que las vacunas infantiles mencionadas por Shaw —hepatitis A, gripe y DTaP— son seguras, eficaces y recomendadas para niños por varios grupos médicos.

Una demanda federal contra la Academia Estadounidense de Pediatría

Shaw también figura como demandante en una causa federal presentada por Children’s Health Defense y otras organizaciones demandaron en enero ante un tribunal federal en Washington a la Academia Estadounidense de Pediatría.

Según la demanda, la acción judicial buscó impugnar el rol de la academia en debates sobre vacunación infantil; en abril, la academia pidió desestimar el caso y defendió su papel en la formulación de recomendaciones basadas en pruebas científicas.

Ese escrito acusó a la academia de extorsión por su papel central en una organización que, según los demandantes, engañó durante décadas a familias estadounidenses sobre la seguridad del calendario de vacunación infantil.

En esa presentación, Shaw fue descrita como una madre cuyos hijos murieron tras recibir vacunas de rutina administradas conforme a las directrices de la AAP. En el programa y en el expediente, Shaw vinculó la vacunación con la muerte de sus hijos y sostuvo que los niños presentaron síntomas posteriores.

La academia pidió al tribunal en abril que desestime el caso. En ese documento sostuvo que la demanda es la “última misiva en una campaña dirigida” contra la entidad y contra su “uso de pruebas científicas en la política de vacunación”.

Cambios en directrices y bloqueo judicial a nivel federal

En enero, pediatras y otros especialistas expresaron alarma cuando las autoridades sanitarias de Estados Unidos modificaron las directrices de vacunación infantil y eliminaron varias recomendaciones universales. Kennedy sostuvo entonces que esos cambios acercaban al país a otros sistemas comparables y que, al mismo tiempo, reforzaban la transparencia y el consentimiento informado.

En el marco de esa discusión, el texto situó el debate sobre vacunas en un contexto político e institucional más amplio.

En marzo, un juez federal bloqueó esas modificaciones y afirmó que Kennedy probablemente violó procedimientos federales al reestructurar un comité asesor clave sobre vacunas. La orden judicial es temporal y seguirá vigente hasta que haya un juicio o una sentencia sumaria.

Amnistía Internacional condenó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y exigió al Estado mexicano una investigación pronta, exhaustiva e independiente que sancione tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron el crimen. La organización advirtió que ningún ataque contra la prensa puede quedar en la impunidad.

La directora de Pulso Informativo del Sureste fue secuestrada el 2 de junio de 2026 en su domicilio de Nanchital, Veracruz, por hombres armados y encapuchados. Sus restos fueron hallados 24 días después en un rancho del municipio de Moloacán, tras la detención de ocho personas vinculadas al crimen, entre ellas cuatro policías municipales.

Amnistía se solidarizó con la familia, colegas y seres queridos de Guzmán, y se sumó a la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.

La investigación que exige Amnistía Internacional

La organización precisó que las autoridades tienen la obligación de conducir una investigación con perspectiva de género y de derechos humanos. Ese enfoque, subrayó, es indispensable para identificar, procesar y sancionar no solo a quienes ejecutaron el crimen, sino también a quienes lo ordenaron o encubrieron.

La exigencia apuntó directamente al Estado mexicano y, en particular, al Gobierno de Veracruz. Para Amnistía, la respuesta institucional debe ser urgente y contundente, a la altura de la gravedad de lo ocurrido.

La investigación ministerial estableció que el crimen fue obra del Grupo Sombra, con división de tareas entre sus integrantes. Javier Iván, alias “Delta 1”, fue identificado como líder de esa célula criminal. Cuatro de los ocho detenidos eran policías municipales de Ixhuatlán del Sureste que, según la Fiscalía de Veracruz, proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo.

Un crimen en contexto de violencia estructural

Amnistía Internacional enmarcó el asesinato de Guzmán en un patrón que calificó de alarmante. En lo que va de 2026, al menos tres periodistas han sido asesinados en Veracruz: Carlos Leonardo Ramírez Castro, director del portal Código Norte Veracruz, baleado el 8 de enero en Poza Rica; Luis Ángel López Valdés, reportero de Vanguardia de Veracruz, ultimado el 11 de junio en esa misma ciudad; y Guzmán, cuyo secuestro y posterior homicidio sacudió al país.

Para la organización, esta acumulación de casos no es una coincidencia: refleja la existencia de causas estructurales que hacen posibles estos ataques y que el Estado tiene la obligación de investigar y desmantelar.

Desde el año 2000, Veracruz acumula 34 periodistas asesinados, la cifra más alta de cualquier entidad del país según Article 19. Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como la segunda nación más letal para la prensa en 2025, solo por detrás de Palestina.

Las medidas que el Estado debe adoptar

Amnistía Internacional detalló un conjunto de obligaciones concretas dirigidas a las autoridades estatales. La primera es adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en Veracruz.

La segunda es fortalecer los mecanismos de prevención y protección existentes, que la organización considera insuficientes frente a la magnitud de la violencia documentada. La tercera exigencia apunta a investigar las causas estructurales que hacen posibles estos ataques, reconociendo que la violencia contra la prensa no es un fenómeno aislado sino sistémico.

Finalmente, Amnistía exigió garantías de no repetición: medidas concretas que impidan que casos como el de Guzmán vuelvan a ocurrir. Sin esas garantías, advirtió la organización, el ciclo de impunidad continuará.

El derecho de la sociedad a estar informada

El organismo internacional subrayó que la violencia contra la prensa trasciende a las víctimas directas. Cada ataque contra un periodista, señaló, constituye también un ataque contra el derecho de toda la sociedad a recibir información.

Ese argumento adquiere peso particular en el caso de Guzmán. La comunicadora había abandonado Veracruz en 2017 por razones de seguridad y regresó a finales de 2025. El 4 de enero de 2026 fundó Pulso Informativo del Sureste, un portal enfocado en noticias locales, denuncias ciudadanas y hechos de violencia en la región sur del estado.

El 2 de junio, hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio. Guzmán alcanzó a grabar los primeros segundos del ataque antes de que le arrebataran el teléfono. El video que circuló masivamente en redes sociales fue captado por su hermano desde la vivienda contigua, donde el comando también intentó ingresar mientras uno de sus integrantes gritaba que había una bebé adentro.

Además de Amnistía, Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el crimen y reclamaron investigaciones exhaustivas y transparentes.

La Relatoría de la CIDH advirtió que este tipo de ataques no solo vulneran el derecho a la vida de las víctimas: también buscan inhibir el ejercicio del periodismo y generan un efecto de autocensura entre quienes trabajan en los medios.

La víctima, identificada como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años, se encontraba realizando un servicio de reparto cuando fue interceptada por sujetos armados en la cuadra siete de la calle Barbieri. Según testigos, los atacantes llegaron caminando hasta el lugar y dispararon contra el joven y su acompañante.

Producto del ataque, el joven repartidor falleció en el pavimento, mientras que su acompañante, Graiger Jiménez Véliz, de 21 años, resultó herido y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para determinar el móvil del crimen y ubicar a los responsables.

Ataque a balazos en Surquillo deja un muerto y un herido

Según la información difundida por TV Perú Noticias y RPP Noticias, el repartidor llegó al Mercado N.° 2 de Surquillo para dejar un pedido cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes dispararon contra él y su acompañante antes de huir.

En la reconstrucción preliminar, algunos testigos señalaron que la víctima habría sido perseguida antes del ataque. “Lo han venido persiguiendo”, indicó una de las voces recogidas en el reporte televisivo. Otra persona, al notar la presencia de curiosos, pidió: “No toquen nada, no toquen nada. Dejen ahí nomás, dejen ahí nomás”.

Los atacantes, según el reporte, llegaron caminando hasta el punto donde se encontraban las víctimas. El joven que conducía la moto quedó tendido en el pavimento tras recibir varios impactos. Su acompañante resultó herido y fue evacuado al Hospital Casimiro Ulloa.

RPP informó que el herido permaneció internado en el área de trauma shock con una herida de bala en la espalda. En paralelo, el Departamento de Investigación Criminal de San Borja, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron diligencias en el lugar y hallaron unos 20 casquillos de bala.

Por el momento, se desconocen los motivos del ataque. No obstante, las autoridades señalaron que no descartan un presunto ajuste de cuentas como una de las hipótesis de trabajo.

Identifican a las víctimas del ataque a balazos en Surquillo

La víctima mortal fue identificada por la Policía Nacional como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años, quien, según RPP, era de nacionalidad venezolana y trabajaba como repartidor de delivery.

Su acompañante fue identificado como Grayger Jiménez Beliz, de 21 años. Tras el ataque en Surquillo, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa con un disparo en la espalda y quedó bajo observación médica en un área especializada, de acuerdo con el reporte radial.

Las autoridades continuaban revisando las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la fuga de los agresores. En la cobertura de TV Perú Noticias se indicó, además, que los atacantes se habrían llevado la motocicleta de la víctima.

Jefe de la PNP asegura que homicidios se han reducido en Perú

El comandante general Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), aseguró que los homicidios registraron una reducción en el país en comparación con el año anterior. “Hasta el día de hoy tenemos 1.275 homicidios en todo el Perú, y en el mismo lapso de tiempo, o sea, seis meses más los tres días de julio del año pasado, hubieron 415 homicidios más. O sea, se ha disminuido”, afirmó durante un acto público en Chincha, región Ica.

Arriola también señaló retos estructurales para enfrentar la delincuencia y mencionó un déficit de 69.000 efectivos a nivel nacional, además de limitaciones logísticas para patrullajes. En ese marco, instó a los agentes a “trabajar mañana, tarde y noche en combatir la delincuencia para seguir disminuyendo la cifra de homicidios”.

El jefe policial sostuvo que la confianza ciudadana “se construye con hechos, no con discursos”, mientras que especialistas, como el analista de datos Juan Carbajal, advirtieron sobre diferencias entre registros oficiales y otras clasificaciones de muertes violentas, lo que mantiene el debate sobre la dimensión real del problema.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue sepultada la mañana de este martes en compañía de familiares y amigos en el municipio de Nanchital, Veracruz, luego de su secuestro y posterior asesinato.

El cuerpo de la periodista, y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue velado horas antes en el mismo domicilio donde fue sacada a la fuerza por un grupo de sujetos encapuchados y armados que irrumpieron en su casa el pasado 2 de junio.

Entre llantos y música, Rubicelia Ramírez, su madre, la despidió con un emotivo mensaje que también da cuenta de su labor periodística que fue truncada por policías municipales e integrantes de la célula criminal denominada Grupo Sombra o Mafia Veracruzana.

“Vuela alto Roxana, vuela lo más alto que puedas. Aquí dejas buenas amistades, buenos recuerdos, y dos hermosos bebés que dejas aquí, mi vida. No te preocupes, vuela alto y sé libre como siempre lo quisiste ser, sabes que te amamos con todo el corazón", dijo su madre en medio de lágrimas durante la sepultura de la comunicadora.

El cortejo fúnebre se llevó a cabo entre música, aplausos y un discreto operativo de seguridad que acompañó a familiares y amigos de Roxana Guzmán mientras se dirigían al panteón Santa Elena, ubicado también en el municipio de Nanchital.

“La única justicia que voy a esperar es la de Dios”, aseguró la madre de la periodista

Horas antes, cuando esperaba el cuerpo de su hija, Ribicelia Ramírez agradeció el trabajo de las autoridades estatales y federales, pero dijo que la justicia que esperará no será principalmente la que ellos deberían garantizar.

“Yo creo que yo la única justicia que voy a esperar es la de Dios. Es la de Dios la que voy a esperar. Que él se encargue, que él se encargue de esas personas”, afirmó a medios de comunicación.

Su respuesta dejó en evidencia la desconfianza que mantiene luego de que su hija fue secuestrada en su propia casa y, tras 24 días de búsqueda y exigencia de justicia, localizada sin vida en una vivienda del municipio de Moloacán luego de que un detenido reveló el paradero de su cuerpo.

Van ocho detenidos por su asesinato, entre ellos cuatro policías y el líder de Grupo Sombra

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha realizado la detención de cho personas por homicidio doloso calificado, entre ellas cuatro integrantes del grupo criminal Fuerzas Especiales Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Fue José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, el detenido en Coatzacoalcos que reveló el paradero del cuerpo de la periodista en un domicilio de Moloacán.

Sus declaraciones también fueron esenciales para identificar y capturar a Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como jefe operativo del Cártel Mafia Veracruzana.

La Fiscalía acreditó ante la autoridad judicial que el homicidio fue obra de un grupo con división de tareas. Tres de los imputados enfrentaron cargos por participar directamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora: Javier Iván, alias “Delta 1” y líder del Grupo Sombra; Cadena Escayola, alias “Delta 7”; y Luis Arturo, alias “Delta 11” o “El Pelón”.

Esos tres actuaron, según la investigación ministerial, en complicidad con Karen Monserrat, alias “La Hiena”, en el homicidio posterior de la periodista. Los cuatro restantes —Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”— se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a las operaciones del grupo delictivo.

Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que las investigaciones continúan y que aún falta por detener a más personas involucradas en la desaparición y asesinato de Roxana Guzmán.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo de los cuerpos de Alma Valeria Mendoza Luzania y su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, quienes eran buscadas desde el pasado 19 de junio, cuando desaparecieron en el municipio de San Felipe.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, informó que ambas mujeres fueron encontradas sin vida en un predio cercano al lugar donde fueron vistas por última vez y señaló que, de manera preliminar, la posible causa de muerte corresponde a asfixia por ahorcamiento.

Las autoridades indicaron que los cuerpos se encontraban en estado de descomposición, por lo que continúan realizándose los estudios periciales correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del crimen y confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

Desaparecieron el 19 de junio en San Felipe

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, madre e hija fueron vistas por última vez en su domicilio ubicado en la Zona Arroyo Santa Catarina, en el municipio de San Felipe.

Tras perder contacto con ambas, familiares denunciaron su desaparición, lo que dio paso a la emisión de fichas de búsqueda y al inicio de un operativo para localizarlas.

Como parte de esas labores de investigación, agentes ministeriales desarrollaron diversas diligencias que finalmente condujeron al hallazgo de los cuerpos en un predio cercano al sitio donde desaparecieron.

La fiscal María Elena Andrade aseguró que la investigación presenta avances considerables, aunque evitó revelar mayores detalles para no comprometer las indagatorias que permanecen en curso.

Fiscalía analiza posibles líneas de investigación

Durante una declaración a medios, la titular de la Fiscalía estatal explicó que una de las hipótesis que actualmente se analiza es una posible relación del caso con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, aunque aclaró que esa línea de investigación continúa desarrollándose y todavía no existen conclusiones definitivas.

Por ello, enfatizó que las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades mientras continúan reuniendo evidencia para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del doble homicidio.

La funcionaria adelantó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer información adicional sobre el caso.

Según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía, Alma Valeria Mendoza Luzania, de 40 años, medía aproximadamente 1.60 metros, era de complexión delgada, tenía cabello rubio y ojos color café claro.

Su hija, Jatziry Aracely Salazar Mendoza, tenía 21 años, medía alrededor de 1.65 metros, era de tez blanca, cabello negro y ojos café oscuro.

Tras confirmarse el hallazgo, ambas fichas de búsqueda fueron desactivadas.

En las horas posteriores al hallazgo, diversos medios locales difundieron versiones en las que se aseguraba que los cuerpos habían sido encontrados enterrados dentro del domicilio de las víctimas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Baja California aclaró que los restos fueron localizados en un predio cercano a la vivienda donde ambas mujeres fueron vistas por última vez, por lo que esa información continúa siendo parte de la investigación oficial.

Las autoridades estatales mantienen las diligencias ministeriales y periciales para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Jesús Ponce fue asesinado a balazos la noche del domingo afuera del bar El Congelador, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en un ataque ocurrido minutos después de que concluyó el partido entre México e Inglaterra; el joven tenía 20 años, estudiaba y trabajaba en ese lugar para pagar sus estudios.

El ataque ocurrió en la colonia Palo Escrito, donde la víctima se encontraba en el exterior del establecimiento cuando hombres armados llegaron al sitio y dispararon. Los impactos le provocaron la muerte en el lugar.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron tras el aviso de testigos, pero solo confirmaron el fallecimiento. Después acordonaron la zona para permitir el inicio de las diligencias e investigaciones.

El cuerpo permaneció varias horas frente al bar

El cuerpo de Jesús Ponce quedó tendido sobre el asfalto mojado por la lluvia y permaneció varias horas frente al establecimiento mientras se realizaban las diligencias periciales. Familiares del estudiante señalaron que no se les permitió acercarse hasta que personal del Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cadáver.

La agresión se registró al terminar el encuentro de futbol entre México e Inglaterra, correspondiente a la Copa Mundial FIFA 2026. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon contra el bar y el joven recibió los tiros cuando estaba afuera del inmueble.

Hasta las 16:00 horas de este lunes, los familiares denunciaron en redes sociales que seguían en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado porque aún no les habían entregado el cuerpo. Esa demora se sumó a las horas que la víctima permaneció en la vía pública tras el crimen.

No informaron el móvil ni hubo detenidos

Las autoridades no informaron el posible motivo del ataque. Tampoco se reportaron personas detenidas por la agresión cometida contra el estudiante y trabajador del bar.

La información disponible indicó que Jesús Ponce combinaba sus estudios con el empleo en el bar El Congelador para cubrir sus gastos escolares. Esa condición quedó expuesta en los reportes iniciales del caso y en los señalamientos de sus familiares tras el homicidio.

El crimen ocurrió durante la noche del domingo en Emiliano Zapata, un municipio de la zona metropolitana de Cuernavaca. En el lugar quedaron las primeras pruebas para integrar la investigación sobre quienes participaron en la agresión armada.

• Jesús Ponce, estudiante y trabajador de un bar, fue asesinado a balazos la noche del domingo en Emiliano Zapata, Morelos.

• El joven de 20 años estaba afuera de El Congelador cuando hombres armados llegaron y dispararon contra el lugar.

• Hasta las 16:00 horas del lunes, no se había informado el móvil del ataque, no había detenidos y la familia denunció que aún no le entregaban el cuerpo.

Tres muertos tras ataque en cancha donde se transmitía el México vs. Ecuador en Yautepec

Un ataque armado dejó tres muertos y nueve heridos el 30 de junio en Yautepec, Morelos, en una cancha donde se transmitía el partido México vs. Ecuador, de acuerdo con la Fiscalía de Morelos.

La autoridad informó que las víctimas fueron un hombre y dos mujeres. Precisó que dos personas fueron localizadas sin vida en el sitio y una más murió en el hospital.

El hecho ocurrió en una cancha del barrio de Rancho Nuevo, donde se reunieron familias para ver el encuentro de la Selección Mexicana. En el lugar se encontraba gente de distintas edades, incluidos niños y niñas, cuando se registró la agresión.

La Fiscalía de Morelos señaló que agotaría todas las líneas de investigación y que la carpeta quedó a cargo de un equipo que trabajó con perspectiva de género bajo el delito de feminicidio.

Tras lo ocurrido, la gobernadora de Morelos Margarita González expresó condolencias y solidaridad con las familias afectadas.

En un video difundido en redes sociales, una mujer cuestionó lo ocurrido en el sitio: “¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia? ¿Por qué los niños? ¿Por qué mientras disfrutaban sanamente de la tarde en un partido de futbol de la Selección Mexicana?”.

Luego de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó sobre un fallecimiento más durante los festejos mundialistas, las autoridades aclararon algunos detalles sobre este nuevo caso que se dio a conocer este lunes 6 de julio. Fue en conferencia de prensa que las autoridades actualizaron a cinco el número de muertos por losfestejos excesivos y masivosen las calles de la capital por la Copa Mundial de la FIFA.

El arranque de la semana judicial en Utah dejó un momento de fuerte carga emocional y relevancia pública: la familia de Charlie Kirk se encontró por primera vez cara a cara con Tyler Robinson, el acusado de asesinar al activista conservador.

La audiencia preliminar, celebrada en Provo, se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y con la atención puesta en la posibilidad de que el proceso derive en un juicio por homicidio agravado, cargo que podría exponer al sospechoso a la pena de muerte.

El desarrollo de la audiencia y la presentación de pruebas

El lunes, la sala del tribunal se transformó en escenario de una audiencia marcada por la presencia de figuras públicas, familiares y un despliegue probatorio que incluyó material audiovisual sensible.

De acuerdo con Reuters, Tyler Robinson, de 23 años, permaneció en la sala antes incluso de la entrada de la prensa, vestido con un traje gris, camisa rosa y corbata negra, y con esposas en muñecas y tobillos.

Su actitud fue objeto de atención durante la reproducción del audio de los videos que captaron el momento de la muerte de Charlie Kirk. Según reportó Boston Globe, el juez Tony Graf mostró una reacción evidente al escuchar el disparo fatal, mientras que Robinson no evidenció emoción alguna.

Durante la jornada, las imágenes de la muerte de Kirk solo fueron exhibidas al juez y a los abogados de ambas partes, no al público. Los familiares del activista, entre ellos su viuda Erika Kirk y sus padres, salieron de la sala antes de la presentación de ese material, tras recibir aviso previo sobre la naturaleza gráfica de las pruebas.

Tal y como detalló Forbes, la familia de Kirk dejó el recinto en dos ocasiones, regresando luego para continuar siguiendo el desarrollo del proceso.

Un punto central fue la intervención del agente David Hull, de la Oficina Estatal de Investigación de Utah, quien introdujo varios videos y aportó detalles sobre el material que, según la acusación, vincula a Robinson con el crimen.

Parte de la estrategia de la fiscalía incluye la incorporación de una declaración grabada de Lance Twiggs, ex pareja del acusado, quien habría recibido una confesión escrita después del asesinato.

Testigos, contexto y objeciones de la defensa

La audiencia continuó con el testimonio de Christopher Bagley, hoy policía en el Departamento de Spanish Fork y quien estaba de servicio en la Utah Valley University el día del asesinato, el 10 de septiembre de 2025.

Bagley aseguró que escuchó un disparo de rifle proveniente de la dirección del Losee Center, y fundamentó esa percepción en la presencia de una funda de pistola vacía en el suelo y en la línea de visión directa desde la azotea de ese edificio hacia el lugar donde Kirk hablaba ante los asistentes.

En la azotea, Bagley encontró un destornillador negro y rojo y marcas que parecían indicar el uso de una “almohadilla de francotirador”, tal y como describió ante el tribunal.

El oficial también revisó material de videovigilancia que mostraría a un sospechoso en la azotea y localizó huellas en el césped y marcas en el borde del techo.

En el contrainterrogatorio, la defensora Kathy Nester preguntó a Bagley si su informe inicial mencionaba la dirección del disparo, respuesta que fue negativa. Además, el testigo admitió desconocer el destino de la funda de pistola hallada en la escena.

La defensa de Robinson no limitó sus objeciones a los testimonios, sino que también cuestionó la autenticidad de ciertos videos de vigilancia presentados por la fiscalía. Según Boston Globe, el juez Graf aceptó la objeción en relación a un video editado con ampliaciones y círculos rojos, al considerar que no estaba debidamente autenticado. Se informó que la fiscalía planea presentar próximamente una versión sin editar de ese material.

Clima en la sala, figuras presentes y próximos pasos

El ambiente en la sala estuvo marcado por la tensión y la atención mediática. Además de la familia de Charlie Kirk, se hicieron presentes personalidades como Donald Trump Jr., su esposa Bettina, y analistas conservadores como Jack Posobiec y Brandon Tatum, quienes acompañaron a los allegados de la víctima en las primeras filas.

Por su parte, los padres de Tyler Robinson ocuparon la cuarta fila junto a otros familiares, una ubicación inusual dada su habitual presencia en las primeras filas del tribunal.

La audiencia preliminar, que se prevé se extienda durante toda la semana, busca determinar si existen elementos suficientes para llevar a juicio a Robinson bajo la acusación de homicidio agravado.

Entre las pruebas en poder de la fiscalía figuran videos, testimonios de testigos presenciales, el informe de autopsia que calificó la muerte de Kirk como homicidio por herida de bala en el cuello, así como la presunta confesión escrita atribuida al acusado.

La próxima comparecencia del agente David Hull fue fijada para el martes por la mañana, en tanto la fiscalía continúa presentando pruebas ante el juez Tony Graf. Mientras tanto, la familia de Charlie Kirk permanece a la espera del avance del proceso judicial, acompañada por simpatizantes y bajo la mirada atenta de la prensa nacional e internacional.

La Policía de la provincia de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal investigan por estas horas el violento y misterioso crimen de Cristina Trejo, una mujer de 84 años que fue hallada sin vida en su casa del barrio Ameghino, al sur de la capital provincial. Según los primeros datos, la víctima presentaba golpes en la nuca.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el cadáver de la mujer fue encontrado durante el fin de semana en una vivienda ubicada en la calle Uritorco al 3600. Un vecino, preocupado por no tener noticias de la mujer desde el viernes y alertado por un fuerte olor a gas, realizó un llamado al 911.

Al llegar, los bomberos notaron que la puerta estaba completamente cerrada y debieron acceder a través de una ventana. Una vez adentro, se encontraron con el horror: el cadáver de Cristina estaba debajo de una cama y presentaba golpes en la nuca.

De acuerdo con lo que trascendió en medios locales cordobeses, había manchas de sangre tanto en la habitación donde se halló el cuerpo como en otra contigua.

Según las fuentes consultadas por este medio, hubo un dato que llamó la atención de los investigadores: cuando inspeccionaron el lugar, las autoridades no observaron signos evidentes de desorden ni de que la vivienda hubiera sido revuelta, por lo que aún intentan reconstruir lo que pasó. El caso está a cargo del fiscal Víctor Chapero.

Qué se sabe de la mujer asesinada

Las fuentes señalaron que el celular de la víctima fue el único objeto que no fue encontrado por la Policía. Respecto a la mujer, este medio supo que la mujer era reconocida en el barrio por su solidaridad y su costumbre de asistir a personas en situación de calle con alimentos y ayuda. Vivía sola y por el momento, sólo lograron localizar a una hermana que vive en Buenos Aires.

Hasta hace algún tiempo, Cristina trabajaba para una fundación dedicada a la ayuda de personas en situación vulnerable.

“La mujer trabaja en una fundación con la que habitualmente tenía el costumbre de hacer pasar gente a darle de comer o darle cosas”, dijo la fuente, aunque aclaró que por el momento no se sospecha que el crimen esté vinculado con su actividad solidaria en ese lugar. “Por supuesto que alguien pasó y le pegó un golpe en la cabeza”, remarcó.

En cuanto a las causales de muerte, las fuentes aclararon que todavía resta por conocer el resultado de la autopsia, más allá de que se observaron los golpes en la nuca de la víctima.

Leandro, el vecino que alertó a las autoridades, relató a Cadena 3 que “desde el miércoles no tenían noticias de la mujer”.

Además, describió a Cristina como “totalmente amigable”, destacando la relación cercana que mantenía con los vecinos. “Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros”, agregó.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, exigió que el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez sea investigado con rigor, perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su labor periodística.

A través de un posicionamiento público, la legisladora expresó su solidaridad con la familia de la comunicadora, sus seres queridos y el gremio periodístico de Veracruz y de todo el país.

Señaló que la muerte de una periodista no solo representa una agresión contra una persona y su familia, sino también un golpe a la libertad de expresión, al derecho de la sociedad a estar informada y a la vida democrática de México.

Castillo Juárez sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer plenamente los hechos, identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales y garantizar acceso a la verdad y la justicia para Roxana Guzmán y su familia.

Laura Itzel Castillo llama a evitar la revictimización de la periodista

En su pronunciamiento, la presidenta del Senado también hizo un llamado a evitar cualquier forma de revictimización durante el proceso de investigación.

Subrayó que ninguna versión, declaración o señalamiento proveniente de los presuntos agresores debe utilizarse para justificar la violencia ni para desviar la atención del hecho central: el asesinato de una mujer periodista.

Asimismo, afirmó que ninguna mujer debe ser silenciada mediante la violencia y reiteró que no puede existir justicia sin garantías para que las mujeres vivan, trabajen, informen y participen en la vida pública sin miedo.

“Verdad para Roxana. Justicia para su familia. Garantías para quienes ejercen el periodismo”, concluyó en el mensaje que difundió también en sus redes sociales.

Entregan los restos de Roxana Guzmán a su familia tras confirmar su identidad

Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó los restos de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez a sus familiares, luego de que las pruebas de ADN confirmaran que correspondían a la comunicadora.

Con ello, sus seres queridos pudieron iniciar los servicios funerarios, poniendo fin a más de un mes de incertidumbre desde que Roxana fue privada de la libertad el 2 de junio en el municipio de Nanchital.

La directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste fue secuestrada por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio. El hecho quedó registrado en un video que posteriormente se difundió ampliamente y generó exigencias de justicia por parte de periodistas, organizaciones civiles y autoridades.

Cronología del caso Roxana Guzmán

• El 2 de junio fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital, Veracruz.
• El secuestro fue captado por cámaras y el video se viralizó en redes sociales.
• Durante las investigaciones fueron localizados restos humanos en un predio del municipio de Moloacán.
• Las pruebas genéticas confirmaron que los restos correspondían a Roxana Guzmán.
• Este lunes fueron entregados los restos a su familia para realizar los servicios funerarios.

La Fiscalía ha informado la detención de ocho presuntos implicados, entre ellos cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de brindar apoyo logístico al grupo criminal.

Madre de Roxana Guzmán perdona a los responsables y pide seguir adelante

Durante los servicios funerarios realizados este lunes, Rubicelia Ramírez, madre de la periodista, expresó que, a nivel personal, decidió perdonar a los responsables del crimen.

Señaló que su prioridad ahora es sacar adelante a sus dos nietos, quienes quedaron en la orfandad tras el asesinato de la comunicadora, y afirmó que la justicia que espera es la de Dios.

Además, agradeció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía General de la República, al considerar que las investigaciones permitieron localizar a su hija y darle sepultura.

También expresó su solidaridad con las madres buscadoras que aún desconocen el paradero de sus familiares.

Gobernadora de Veracruz evita pronunciarse sobre el móvil del homicidio

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que no emitirá comentarios sobre las líneas de investigación para evitar afectar el proceso judicial o revictimizar a las personas involucradas.

La mandataria señaló que corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar el móvil del homicidio y continuar con las investigaciones, al tiempo que expresó sus condolencias a la familia de Roxana Guzmán.

Hasta ahora, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las indagatorias y ha ejecutado ocho órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con el secuestro y asesinato de la periodista.

Diversos sectores, entre ellos el Senado de la República, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico, continúan exigiendo que el caso sea esclarecido en su totalidad, que se investigue con perspectiva de género y que el crimen no quede impune.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto señalado como responsable de haber asesinado a un hombre y ocultar su cuerpo en una zona aislada de Nahuilingo, Sonsonate. El hecho ocurrió el 28 de junio pasado, cuando, tras una discusión mientras ambos consumían alcohol, las autoridades señalaron que el agresor atacó a la víctima con un machete y posteriormente procedió a enterrarla en un sector rural del occidente del país.

La víctima fue localizada semienterrada y en estado de descomposición, situación que dificultó las tareas de identificación del cuerpo y avanzar en las investigaciones.

Las autoridades detallaron que, tras una serie de diligencias se realizó la detención de Ramón Ernesto Gómez Gallegos, principal sospechoso del caso, se logró esclarecer el suceso y confirmar que el móvil fue una rencilla personal. El hallazgo del cadáver en condiciones avanzadas de descomposición en una propiedad de Nahuilingo encendió las alertas en la comunidad y llevó al despliegue de equipos de investigación de la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR). La coordinación permitió identificar a Gómez Gallegos como principal sospechoso, quien posteriormente admitió su responsabilidad durante la fase indagatoria.

El detenido será remitido a los tribunales bajo cargos de homicidio, delito que en El Salvador contempla sanciones severas. Según el Código Penal salvadoreño, la pena por homicidio simple puede oscilar entre veinte y treinta años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañen el caso. En situaciones donde se determine premeditación, alevosía o ensañamiento, la condena puede alcanzar los 30 años, en concordancia con lo que establece la normativa vigente.

El caso se suma a un contexto nacional en el que los homicidios han mostrado una reducción sostenida a lo largo del año. El mes de junio de 2026 finalizó con el registro de un solo homicidio a nivel nacional, conforme a los datos oficiales suministrados por la Policía Nacional Civil. Este dato ha sido calificado como el más bajo en la serie estadística mensual desde que existen registros formales, y se enmarca en la continuidad del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad estatal que permanece activa desde 2019.

Entre los casos que más han llamado la atención un hombre de 78 años fue asesinado en su vivienda y el presunto responsable, identificado como José Roberto Arévalo Mójica, fue detenido horas después.

El Plan Control Territorial ha sido clave en la reducción de los homicidios, según los reportes de la PNC y la coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador. Los datos oficiales, recogidos por Infobae Centroamérica, muestran que durante 2026 se registraron cuatro homicidios en enero, cinco en febrero, diez en marzo, tres en abril, seis en mayo y uno en junio. Estas cifras contrastan de manera notable con los años previos, cuando se contabilizaban entre ocho y diecisiete homicidios diarios en 2018, y más de 60 en un solo día durante marzo de 2022, antes del endurecimiento de las medidas de seguridad.

La política de seguridad ha incluido el fortalecimiento de patrullajes, el control de accesos en zonas identificadas como de alto riesgo y la realización de labores de inteligencia para desarticular estructuras criminales y pandillas. Las autoridades insisten en que la continuidad del Plan Control Territorial y la acción conjunta con la Fuerza Armada han permitido mantener el promedio mensual de homicidios en niveles históricamente bajos durante los años 2025 y 2026, sin repuntes significativos en los meses evaluados.

La noche de este domingo fue asesinado Adán Rodríguez, cantante norteño y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, cuando se encontraba afuera de su casa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, la agresión a balzos se registró alrededor de las 21:00 horas en el área de la cochera del domicilio del cantante, ubicado en el cruce de las calles Breñovieja y Ampuero del fraccionamiento Stanza Cantabria.

Los datos refieren que un grupo de sujetos armados arribaron al inmueble a bordo de un vehículo y dispararon contra Adán Rodríguez en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar, y huyeron del sitio.

Elementos de seguridad y emergencias fueron alertados a través del 911, por lo que al arribar localizaron el cuerpo del joven de 29 años de edad, por lo que procedieron a acordonar el área. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado realzaron las diligencias correspondientes.

El joven fue identificado por sus familiares tras darse a conocer el ataque armado en su contra.

¿Quién era Adán Rodríguez?

Adán Rodríguez formó parte de la banda Los Nuevos Rebeldes, la cual fue fundada en Culiacán por el músico Eduardo Nájera, originario también de la capital sinaloense.

El grupo se fundó a finales de los años noventa, pero Adán Rodríguez solo formó parte de él un par de años como vocalista y bajo sexto. Su salida ocurrió en febrero de 2025 debido a su intención por llevar su carrera como solista.

El joven tenía 19 años de trayectoria musical, luego de que permaneció aproximadamente cinco años en el grupo norteño. Su proyecto como solista se enfocó también en este género.

Tan solo hace dos meses publicó una serie de videos en su canal de YouTube en los que realizó una versión en vivo de distintas de sus canciones, como lo son: Coleccionando Heridas, Consejos Gratis, No Hace Falta Nada, Media Naranja, entre otras.

Adán Rodríguez contaba con más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la que solía compartir contenido relacionado con sus nuevas producciones, videos musicales, o realizaba pequeñas presentaciones en vivo.

Adán Rodríguez nació el 24 de noviembre de 1996 en Culiacán, y contaba con estudios en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo con la información disponible en sus redes sociales.

El cantante tenía una hija de alrededor de cinco años. Hasta el año 2024 compartía fotografías con su pareja sentimental y con la pequeña en distintas celebraciones y viajes que realizaban.

En febrero fue asesinado el acordeonista de Grupo Arraigado

Su asesinato del suma al de Julio César “N”, acordeonista de Grupo Arraigado, quien murió luego de ser atacado a balazos el pasado 25 de febrero cuando viajaba a bordo de un vehículo por el Malecón Viejo de Culiacán.

De acuerdo con los reportes, el músico circulaba en una camioneta Chevrolet de modelo reciente cuando fue interceptado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte en el lugar.

La agresión se registró alrededor de las 16:30 horas en el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo. El vehículo quedó encendido en la vía pública y, según el portal Café Negro, no portaba placas visibles y solo llevaba un permiso provisional colocado en el espejo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa arribaron al sitio, acordonaron el área y peritos de la Fiscalía estatal realizaron las primeras diligencias, con el hallazgo de casquillos percutidos de arma corta. Paramédicos confirmaron que el músico ya no presentaba signos vitales y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia oficial.

Cabe señalar que en esa misma zona, casi un mes antes, se había registrado un atentado a balazos contra los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes resultaron gravemente heridos y sobrevivieron.

Grupo Arraigado, agrupación conocida por corridos vinculados al Cártel de Sinaloa

Grupo Arraigado, fundado en Culiacán, se dio a conocer por un repertorio de corridos, algunos alusivos a Ismael “El Mayo” Zambada y a figuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, en particular a Los Mayos. La agrupación contaba con cinco integrantes y difundía su música en plataformas digitales bajo el sello Loyalti Music.

Skylar Neese tenía 16 años cuando sus dos mejores amigas la sacaron de su casa en la madrugada del 6 de julio de 2012, la llevaron a un camino rural en Pensilvania y la apuñalaron hasta matarla. La razón que una de ellas le daría meses después a la policía fue tan escueta como perturbadora: “No nos caía bien”.

El crimen tardó casi un año en resolverse. Shelia Eddy y Rachel Shoaf, las mismas chicas que habían ayudado a buscarla (mientras se pensaba que Skylar estaba desaparecida) y enviado mensajes de apoyo a su familia, eran las asesinas.

Skylar creció en Star City, una pequeña ciudad del norte de Virginia Occidental, Estados Unidos, en el seno de una familia donde era hija única. Sus padres, Mary y Dave Neese, la describían como una adolescente responsable, estudiosa y empática. Era alumna de honor en la Universidad High School de Morgantown y trabajaba a tiempo parcial en un local de la cadena de comida rápida Wendy’s. “Era como una psicóloga infantil para sus amigos”, recordó Mary. “Siempre estaba escuchando sus problemas y dándoles consejos”, agregó.

Su amiga Ariah Johnson, que compartía con ella la banda de música del colegio, la describió como alguien capaz de acercarse a un desconocido y ponerse a charlar con él sin pensarlo dos veces. Skylar soñaba con estudiar Derecho y convertirse en fiscal. “Quería encerrar a los tipos malos”, dijo Mary.

Conoció a Shelia Eddy a los ocho años, en un campamento de verano. Las dos crecieron juntas, y la relación entre ellas era tan estrecha que Eddy entraba a la casa de los Neese sin golpear la puerta. Mary la trataba como a una hija más.

Rachel Shoaf se incorporó al grupo al comienzo del noveno grado, cuando llegó como alumna nueva al colegio. Era miembro del departamento de teatro y provenía de una familia católica estricta. Según sus compañeros, admiraba a Eddy por su actitud despreocupada. “Una vez que Rachel entró al grupo, siempre las veías a las tres juntas”, contó Johnson.

Con el tiempo Eddy y Shoaf se fueron acercando entre sí y Skylar empezó a quedar afuera del triángulo. Su amigo Eric Finch recordó que ella le comentaba que la habían excluido de salidas al shopping. “La sacaba de quicio que no la incluyeran”, dijo.

Las tensiones quedaron registradas en Twitter. En mayo de 2012, Skylar escribió: “Sos una careta de mierda y obviamente una idiota si pensabas que no me iba a enterar”. El día antes de desaparecer, publicó: “Que hagas esas cosas es la razón por la que NUNCA voy a poder confiar completamente en vos”. Eddy también había tuiteado, aparentemente dirigiéndose a una de sus amigas: “Sabía que había una razón por la que te odiaba tanto”.

El 5 de julio de 2012, Skylar volvió a su casa después de su turno en Wendy’s. Alrededor de las 22 saludó a sus padres, se dio una ducha y se fue a su cuarto. Dave y Mary no volvieron a verla con vida.

En la madrugada, Skylar salió por la ventana de su habitación. Las cámaras de seguridad del edificio la captaron caminando hacia un auto gris cerca de un contenedor de basura, a las 12:30. El auto arrancó a las 12:35.

A la mañana siguiente, Dave fue a buscarla a su cuarto durante su descanso en el trabajo. La puerta estaba con llave, algo que ella casi nunca hacía. Cuando logró abrirla, la cama estaba sin deshacer y el mosquitero de la ventana había sido removido.

Mary estaba en el trabajo cuando su marido la llamó. En un primer momento pensó que Skylar podía estar con Eddy, de compras. logró comunicarse con Eddy, que le dijo que no sabía nada.

A las 16, Skylar no había aparecido para su turno en Wendy’s. Era la primera vez que faltaba sin avisar. “Ella nunca hacía eso”, dijo Dave. Fue entonces cuando llamaron a la policía.

La oficial Jessica Colebank, de la policía de Star City, fue asignada al caso. Esa misma tarde, Eddy llegó a la casa de los Neese con su madre y ofreció una explicación: ella y Shoaf habían recogido a Skylar la noche anterior, habían dado una vuelta en auto y la habían dejado cerca de su casa alrededor de la medianoche.

Los Neese revisaron el video de seguridad. Las imágenes no mostraban a Skylar siendo dejada antes de medianoche. Mostraban el momento en que el auto volvía a buscarla, después de que ella ya había regresado a casa.

Colebank notó algo más: los relatos escritos de Eddy y Shoaf eran casi idénticos, palabra por palabra. “La historia de nadie es exactamente igual a menos que esté ensayada”, dijo la oficial.

Los registros telefónicos confirmaron que los celulares de ambas chicas se habían conectado a una torre cercana a la frontera con Pensilvania alrededor de las cuatro de la mañana, pese a que ellas aseguraban haber estado durmiendo en sus casas. Las cámaras de una estación de servicio Sheetz captaron el auto de Eddy pasando cerca de la casa de Skylar a las 12:39, en dirección a Blacksville, Virginia Occidental, hacia el oeste, no hacia el este como ellas habían dicho.

El sargento Ronnie Gaskins, de la Policía Estatal de Virginia Occidental, intentó durante meses que alguna de las dos hablara. “Les dijimos: ‘Si están siendo amenazadas por alguien, avísennos’. Pero no conseguíamos ninguna cooperación”, declaró.

En noviembre de 2012, A Eddy la sometieron a un detector de mentiras. Tras fallar la prueba, admitió que habían recogido a Skylar a las 12:31, pero afirmó que ella se había bajado del auto para ir a una fiesta.

El 28 de diciembre de 2012, la madre de Rachel Shoaf llamó al 911 desde el condado de Monongalia. “Tengo un problema con mi hija de 16 años. No puedo controlarla. Nos está golpeando, está gritando, está corriendo por el vecindario”. En el fondo de la llamada se escuchaba a Rachel llorar sin parar. Shoaf fue trasladada a una clínica psiquiátrica, donde pasó cinco días. El 3 de enero de 2013, durante una entrevista de cuatro horas con la policía, confesó todo.

Según su relato, ella y Eddy habían planeado el asesinato un mes antes, en una clase de ciencias. Shoaf tomó una pala de la casa de su padre. Eddy sacó dos cuchillos de la cocina de su madre. También tenían artículos de limpieza y ropa para cambiarse.

Esa noche llevaron a Skylar a un camino rural en el condado de Greene, Pensilvania, apenas cruzando la frontera estatal. Las tres bajaron del auto y fumaron marihuana. Cuando Skylar se dio vuelta, Eddy y Shoaf contaron hasta tres y le clavaron los cuchillos en la espalda y el cuello.

“Le pregunté a Rachel: ‘¿Qué dijo Skylar?’”, recordó Gaskins. “Me dijo que Skylar solo gritó: ‘¿Por qué? ¿Por qué?’”

Shoaf llevó a los investigadores hasta el lugar donde habían dejado el cuerpo, cubierto con ramas, al costado de un camino rural. En 2023, ante una junta de libertad condicional, Shoaf añadió otra versión: ella y Eddy eran amantes en secreto y temían que Skylar las expusiera.

El 1 de mayo de 2013, Eddy y Shoaf fueron detenidas. Shoaf se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 30 años de prisión. Eddy se declaró culpable de asesinato en primer grado el 24 de enero de 2014 y fue sentenciada a cadena perpetua.

Ambas tienen hoy 29 años y están alojadas en el Centro Correccional Lakin de Virginia Occidental desde 2014. Shoaf fue elegible para una audiencia de libertad condicional en junio de 2025, pero optó por renunciar a ella. Ya le habían negado la libertad condicional en 2023 y en 2024. Su próxima audiencia posible será en junio de 2026. Eddy, en cambio, no podrá solicitar la condicional hasta 2028.

Dave Neese se presentó en las audiencias anteriores de Shoaf para oponerse a su liberación. La llamó “soplona” y a ambas las definió como “asesinas a sangre fría que no merecen volver a caminar libres jamás”.

Tras el crimen, Mary y Dave impulsaron la sanción de la Ley Skylar en Virginia Occidental, que modificó los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos para emitir alertas Amber de forma inmediata, sin necesidad de esperar pruebas de secuestro. La pareja dejó el departamento donde vivían y se mudó a Pensilvania. “Vivir sin Skylar es un infierno puro”, dijo entonces Dave.

Un nuevo hecho de violencia conmocionó al barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe durante la madrugada del domingo. Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en un episodio que vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la inseguridad y los conflictos personales que derivan en tragedias.

La víctima, identificada como Pablo Adrián Coronel, de 37 años, fue atacada minutos antes de las seis de la mañana en la calle Entre Ríos al 4.600. Según se informó, Coronel fue hallado gravemente herido tras recibir varios disparos de arma de fuego. El hecho motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia, que lo trasladaron de urgencia al Hospital José María Cullen. El hombre llegó al centro asistencial con daños en el hígado y fue operado de urgencia.

El operativo sanitario desplegado intentó estabilizar al herido en el trayecto y al momento de su arribo al hospital, los médicos realizaron maniobras de reanimación avanzadas. Pese a los esfuerzos del personal de salud, Coronel perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

De acuerdo con lo informado por el portal El Sol Play 91.5, el homicidio se produjo en un horario en el que la circulación suele ser escasa, lo que dificultó la obtención de testimonios directos sobre la mecánica del ataque. La víctima fue agredida en la vía pública, en el corazón de una zona residencial del barrio San Lorenzo, donde posteriormente trabajaron agentes policiales y peritos para relevar pruebas balísticas y reconstruir el trayecto de los hechos.

Según las primeras informaciones, el presunto agresor ya estaría identificado por las autoridades policiales. La causa quedó bajo investigación judicial y la principal hipótesis apunta a un conflicto de tipo intrafamiliar como desencadenante del ataque. Esta línea de trabajo se sostiene sobre elementos recolectados en el lugar y declaraciones recabadas entre allegados y familiares de la víctima.

Los investigadores buscan determinar el contexto exacto en el que se produjo el enfrentamiento y si existían antecedentes de disputas previas entre Coronel y el sospechoso. Voceros policiales indicaron que aún restan numerosas pericias y entrevistas para establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y el grado de premeditación del hecho.

La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de material probatorio, el análisis de cámaras de seguridad en la zona y la realización de autopsia para confirmar la cantidad de disparos y la trayectoria de los proyectiles. Hasta el momento, no se reportaron detenciones, pero las autoridades consideran que el avance sobre el círculo íntimo de la víctima podría arrojar novedades en las próximas horas.

La investigación judicial busca establecer si existió algún tipo de aviso o advertencia previa entre las partes y si el entorno familiar de la víctima presenta antecedentes de episodios violentos. La identificación del presunto agresor abre el camino a futuras imputaciones, una vez reunidos los elementos necesarios para sostener la acusación formal.

La causa sigue en curso y se esperan avances en las próximas horas en base a los resultados de las pericias y las diligencias judiciales ordenadas.

El anuncio coincide con una entrevista concedida al programa Panorama, espacio en el que Ariel rompió once años de silencio para relatar el impacto personal que dejó el asesinato de su madre y explicar los motivos que impulsan este nuevo proyecto. Sus declaraciones también volvieron a colocar bajo discusión uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, marcado por investigaciones, cambios de sentencias y una prolongada disputa familiar.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista gira alrededor de la relación entre Ariel Bracamonte y su hermana, Eva Bracamonte. El hijo menor de Myriam Fefer afirmó que el vínculo entre ambos quedó destruido después del avance de la investigación fiscal que señaló a Eva como principal sospechosa del asesinato.

Ariel recordó que decidió apartarse de ella cuando la Policía informó que existían elementos suficientes para elevar el caso al Ministerio Público. “Al momento en el que la policía me dice que tienen suficientes evidencias para elevar una investigación policial al nivel de la fiscalía, con mi hermana como la principal sospechosa del asesinato de mi madre, yo decidí dar un paso al costado y no tener una relación con ella”.

También sostuvo que la distancia entre ambos comenzó poco después del crimen. “Ella perdió a su madre en el 2006 y en el 2007 decidió perder a su hermano”, expresó durante la entrevista difundida por el dominical.

A pesar del distanciamiento, Ariel aseguró que todavía mantiene una invitación abierta para esclarecer el caso. “Eva, si me quieres ayudar a encontrar a quién mató a nuestra madre, llámame. Sabes dónde encontrarme. Vamos a trabajar juntos”.

Mantiene dudas sobre la autoría intelectual del asesinato

Aunque el Poder Judicial absolvió definitivamente a Eva Bracamonte, Ariel afirmó que todavía mantiene serias dudas sobre quién ordenó el asesinato de su madre.

Durante la entrevista evitó formular una acusación directa, aunque insistió en que la principal incógnita permanece sin respuesta. “Si no fue mi hermana, entonces, ¿quién fue? Tenemos al hombre en prisión, pero no hemos llegado a la respuesta más importante: quién lo contrató”.

Ariel Bracamonte relató que todavía revive el momento en que encontró a su madre dentro de la vivienda familiar en San Isidro durante agosto de 2006. Explicó que ese episodio forma parte del primer capítulo del pódcast y reconoció la dificultad que experimentó para grabarlo.

“He grabado el capítulo uno cinco veces. Mañana lo grabo por sexta vez. Porque no dejo de llorar”, manifestó.

También describió la escena que presenció cuando tenía 17 años. “Vi a mi madre tirada en el suelo, bañada en sangre, con las uñas rotas, con vidrio en el suelo y echada boca abajo. Y tu mente no quiere procesar la información de lo que hay al frente tuyo”.

El entrevistado recordó además el impacto emocional que experimentó durante el funeral de Myriam Fefer y confesó que durante varios años sintió resentimiento tanto por la pérdida de su madre como por el conflicto familiar que surgió después del asesinato.

Ariel también explicó que el proceso de elaboración del pódcast lo obligó a enfrentar nuevamente los recuerdos de su adolescencia. “Escribo cada evento y, y a veces ese sentimiento de odio aparece por un segundo y lo reconozco, porque la forma en la que comienzo a escribir no es la forma en la que yo escribo hoy en día a mis treinta y seis. Es la forma en la que ese niño de diecisiete escribía”. Con esas palabras describió cómo revive las emociones que experimentó tras el asesinato de su madre, incluso durante la escritura del proyecto que presentará en el Perú.

El caso judicial continúa sin identificar al presunto autor intelectual

El asesinato de Myriam Fefer ocurrió el 15 de agosto de 2006 en su vivienda del distrito limeño de San Isidro. La investigación permitió identificar y condenar al sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina, quien recibió una pena de 35 años de prisión.

Sin embargo, el proceso sobre la presunta autoría intelectual siguió otro camino. Eva Bracamonte fue condenada en 2012 a 30 años de cárcel, aunque esa sentencia quedó anulada posteriormente por la Corte Suprema, que ordenó un nuevo juicio. En 2015 resultó absuelta y un año después esa decisión quedó firme. Finalmente, en 2017 el proceso quedó archivado de manera definitiva respecto de ella.

Durante el juicio se discutieron diversos elementos probatorios, entre ellos rastros encontrados en la vivienda, correos electrónicos, testimonios contradictorios y otros indicios presentados por la Fiscalía. Las defensas sostuvieron durante todo el proceso que las pruebas resultaban insuficientes para demostrar la existencia de un plan destinado a asesinar a la empresaria.

En la entrevista concedida a Panorama reiteró que ese propósito constituye la razón principal de su retorno al Perú. “Voy a leer el expediente de principio a fin, cada página, y se las voy a mostrar al público para que juntos podamos determinar qué es lo que realmente pasó. Si la justicia no lo quiere hacer, nosotros lo tenemos que hacer”.

De acuerdo con lo difundido por ATV Noticias Edición Matinal, el regreso de Bracamonte coincide con el aniversario del homicidio y reabre un expediente que nunca cerró del todo. En su propio testimonio, Ariel recuerda: “Por 10 años intenté entender qué había pasado. Leí expedientes, asistí a audiencias y seguí cada pista que pude encontrar hasta que tuve que decir basta y me fui del país”. Su nueva investigación busca responder la pregunta que la justicia no resolvió: ¿quién ordenó matar a Miriam Fefer?

Un crimen familiar y una condena sin autor intelectual

Myriam Fefer, empresaria y madre, fue hallada muerta el 15 de agosto de 2006 en su residencia de San Isidro. La investigación inicial apuntó al entorno familiar, motivada por disputas sobre la herencia. El caso dio un giro en 2009, cuando las autoridades detuvieron en Argentina al colombiano Alejandro Trujillo Pina, apodado “Payaso”. El ADN de Trujillo Pina fue hallado en la escena del crimen y posteriormente recibió una condena de 35 años como autor material del homicidio.

Según la información recogida por ATV Noticias Edición Matinal basado en los informes judiciales, la Fiscalía incluyó en la acusación a Eva Bracamonte, hija de Fefer, y a su expareja Liliana Castro Manarelli, bajo el supuesto de que ambas habrían contratado al sicario. Ariel Bracamonte asumió entonces el papel de principal acusador de su hermana ante la opinión pública y los tribunales.

Procesos judiciales y un fallo anulado

En octubre de 2012, el Poder Judicial dictó una condena de 30 años por parricidio contra Eva Bracamonte. Liliana Castro Manarelli fue absuelta por falta de pruebas. Ese fallo duró poco: en noviembre de 2013, la Corte Suprema anuló el veredicto al detectar irregularidades procesales y ordenó un nuevo juicio. Eva recuperó su libertad condicional y, en diciembre de 2015, fue absuelta en primera instancia. La absolución quedó firme en 2016, y en mayo de 2017 el expediente se archivó de manera definitiva.

A partir de ese momento, la única condena ratificada siguió siendo la del sicario Trujillo Pina. Los interrogantes sobre la autoría intelectual persisten y la respuesta judicial nunca llegó, pese a años de audiencias y una investigación extensa.

Disputas familiares y controversias en el proceso

El caso Fefer se desarrolló entre enfrentamientos familiares, hipótesis contrapuestas y exposición mediática. Ariel Bracamonte y su hermana Eva protagonizaron uno de los conflictos más visibles, con acusaciones cruzadas sobre el móvil y la posible responsabilidad intelectual. La disputa se agravó por el reparto de la herencia y por la presión mediática.

En el archivo televisivo citado, se mencionan pruebas físicas y controversias técnicas. Entre ellas, una soga de nylon hallada en el jardín trasero, rastros de pasto seco en el cuarto de la víctima y el debate sobre correos electrónicos atribuidos a Ariel. La defensa de Eva y de Liliana Castro insistió en la falta de solidez de la acusación fiscal y denunció especulaciones sin sustento.

Elementos polémicos y el papel de los testigos

Durante el juicio, el abogado de Trujillo Pina sostuvo que Ariel había creado la identidad de una supuesta suegra colombiana para orientar la investigación hacia su hermana. La estrategia fue parte de las alegaciones de la defensa y sumó un nuevo elemento de polémica al proceso. También se discutió el rol de Lola, la perra de la familia, que estuvo en el centro de los testimonios sobre los movimientos en la casa la noche del crimen.

De acuerdo con las reconstrucciones judiciales, el paradero del animal esa noche fue motivo de debate entre fiscales y testigos. La fiscalía y la acusación intentaron establecer si el animal podía aportar indicios sobre la presencia de un intruso.

Nueva investigación y la herida abierta en la familia

Tras su absolución, Eva Bracamonte se apartó de la vida pública y eligió mantener un perfil bajo, dedicado a la escritura y el teatro. Ariel Bracamonte, en cambio, se trasladó a Estados Unidos, donde formó una familia y evitó el contacto con los medios. El anuncio de su regreso y el lanzamiento del pódcast sobre el asesinato de su madre vuelven a poner el caso en primer plano.

En un adelanto de su nuevo proyecto, Ariel resume la motivación de su retorno: “A veces las ganas de entender qué es lo que realmente pasó son mucho más fuertes que las ganas de voltear la página”. El expediente judicial, cerrado en la práctica, mantiene un vacío decisivo: la justicia peruana condenó al sicario, pero nunca identificó ni responsabilizó a un autor intelectual. La historia, marcada por el dolor y la fractura familiar, sigue abierta a casi veinte años del crimen.

El cuerpo de Gastón Daniel Montenegro, el joven de 25 años que estaba desaparecido desde hace siete días en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, fue hallado en la mañana de este sábado en una zona rural de Serodino, que se encuentra aproximadamente a unos 35 kilómetros de esa localidad.

Desde un primer momento, la familia del muchacho aseguró que tenía una filmación en la que se veía que dos delincuentes armados lo habían obligado a subir a un auto a punta de pistola.

El cadáver fue encontrado a las 10.30 por personal de Bomberos Zapadores de Rosario, que rastrilló el sector rural situado a la vera de la ruta 10, entre Serodino y Pueblo Andino, junto a Barto, un perro adiestrado para este tipo de procedimientos. De inmediato se dio aviso a la fiscal Luisina Paponi del Ministerio Público de la Acusación sede San Lorenzo, quien se dirigió al lugar junto con el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones.

La autopsia al cuerpo se llevó a cabo este mismo sábado en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde fue la familia de Gastón, quien señaló en contacto con medios de comunicación locales que se trataba del joven en función de la coincidencia de tatuajes.

Desde el momento de la denuncia de la familia Montenegro se hicieron múltiples medidas. Entre ellas, buscar el auto que quedó filmado —según remarcó la madre de Gastón— durante el secuestro del joven. El vehículo fue buscado este viernes en Maciel, una localidad cercana a Serodino, pero el resultado fue negativo.

El pasado lunes, la Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria hicieron múltiples allanamientos para encontrar al joven. Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario, Funes, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, donde los efectivos detuvieron a cuatro personas que, en principio, solo serán imputadas por venta de droga minorista.

En los domicilios se secuestraron una pistola calibre 22, cartuchos de diferentes calibres, más de 250 gramos de marihuana, un cargador calibre 11.25, un arma de aire comprimido, celulares, balanzas de precisión y papeles de colores, que se suelen utilizar para envolver las dosis de droga.

Según la denuncia de Carina, madre de Montenegro, su hijo salió de su casa de San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez el pasado 26 de junio por la noche. Fue visto, de acuerdo a un testimonio de un allegado, el sábado 27 de junio a las 9.30, cuando caminaba, en teoría, en dirección a su domicilio, al que nunca llegó.

“Tenemos la certeza de que lo secuestraron. A punta de pistola lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron. Después, buscaron cámaras y se pudo ver cuando a mi hijo se lo llevaron”, dijo Carina el pasado miércoles, en diálogo con Telenoche Rosario.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvo a Diego “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien vinculó con el incendio de un automóvil en el que se hallaron restos humanos en la entidad. La corporación informó que el arresto se realizó en la capital poblana y que el hombre tenía 30 años.

De acuerdo con la SSP, el detenido viajaba en un vehículo presuntamente relacionado con los hechos ocurridos el lunes 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde un auto fue incendiado y en su interior se localizaron restos humanos.

La SSP detalló que, durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron al detenido un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios con presunta droga: marihuana, cristal y piedra. La dependencia no precisó cantidades ni el tipo de arma.

En las labores operativas y de inteligencia participaron la Secretaría de Marina (Semar), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), según la autoridad estatal. La corporación señaló que la detención formó parte de acciones coordinadas para ubicar a posibles responsables relacionados con hechos de violencia en Puebla.

Tras el arresto, el probable responsable quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones y definir su situación jurídica. La SSP no informó si la detención derivó en cateos, órdenes de aprehensión adicionales o el aseguramiento de más personas.

Sobre el caso al que se le asoció, la autoridad reportó que el 22 de junio de 2026 se localizó un vehículo incendiado con restos humanos calcinados en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 Sur, frente al Parque Centenario Chapulco, en Puebla. El reporte incluyó que se trató de un hecho registrado por la mañana.

Cuerpos de emergencia acudieron para sofocar el incendio de un automóvil SEAT Ibiza. Después de apagar las llamas, se descubrieron los restos humanos al interior de la unidad, según la información oficial.

La SSP agregó que, junto al vehículo abandonado, se localizó una cartulina con un mensaje de amenazas firmado por el grupo criminal identificado como el CJNG. La autoridad no difundió el contenido del mensaje ni informó si fue incorporado como indicio en la carpeta de investigación.

La dependencia estatal sostuvo que, con acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de seguridad y procuración de justicia reafirmaron su compromiso de combatir a los grupos generadores de violencia y garantizar la tranquilidad de la población en Puebla.

• Detuvieron a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, ligado al incendio de un auto con restos humanos en Puebla.
• La SSP aseguró un arma corta, cartuchos, efectivo y presunta droga; el detenido tenía 30 años.
• El hecho asociado ocurrió el 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde hallaron un SEAT Ibiza incendiado y una cartulina con amenazas firmadas por el CJNG.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Puebla principalmente a través de su brazo armado autodenominado “Operativa Barredora”.

Su presencia se centra en delitos como el narcomenudeo, el cobro de piso, la extorsión y la violencia de alto impacto, como ejecuciones y abandono de restos humanos.La presencia del grupo y las recientes acciones de seguridad incluyen:

Zonas de Operación: Sus actividades se concentran en la capital del estado (Área Metropolitana) y municipios de la región conocida como el Triángulo Rojo, como Tecamachalco.

Actos de Violencia: El grupo ha sido vinculado a hechos violentos recientes en la zona metropolitana, incluyendo el hallazgo de vehículos calcinados con restos humanos en el Periférico Ecológico y atentados con explosivos.

Golpes de la Autoridad: En operativos recientes de fuerzas federales y estatales, autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) han logrado capturar a presuntos operadores de alto nivel y sicarios vinculados a esta célula.

Una mujer de entre 55 y 60 años fue asesinada de un disparo en la cabeza dentro de su vivienda en el fraccionamiento Los Lobos, en Cerro Colorado, Tijuana, la tarde del viernes 3 de julio. El ataque ocurrió poco antes de las 18:00 en la esquina de Lobo Viejo Oriente y Lobato.

La víctima no estaba sola en el momento del crimen. Sus dos nietos —una adolescente de 15 años y un menor de aproximadamente 8— se encontraban en el domicilio cuando ocurrió el ataque.

Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona herida. Al llegar, agentes de la Policía Municipal hallaron a la mujer tendida en el piso, con visibles manchas de sangre y una herida en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja y bomberos acudieron al lugar para atenderla, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales. Hasta ahora, la identidad de la víctima y el móvil del crimen permanecen sin revelarse.

Indicios balísticos y apertura de carpeta de investigación

Durante el procesamiento de la escena, los agentes localizaron indicios balísticos que quedaron bajo resguardo como parte de las pesquisas. La zona permaneció acordonada mientras los peritos trabajaban en el lugar.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California realizaron las diligencias correspondientes en el domicilio. La autoridad estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio e identificar al responsable.

Hasta el cierre de la información, ningún sospechoso había sido detenido en relación con el crimen. Las autoridades no emitieron declaraciones públicas sobre líneas de investigación.

El crimen ocurre en una ciudad que acumula más de 470 homicidios dolosos en lo que va del año 2026. La cifra coloca a Tijuana entre los municipios con mayor incidencia de este delito en todo el país.

El fraccionamiento Los Lobos, en la delegación Cerro Colorado, suma este caso a una serie de hechos violentos registrados en zonas residenciales de la ciudad. Los ataques al interior de viviendas particulares representan uno de los patrones más frecuentes en los registros delictivos locales.

Baja California, segundo estado con más homicidios dolosos en mayo de 2026

Ocho estados concentraron el 54 % de los homicidios dolosos en México durante mayo de 2026, según datos oficiales. Entre ellos, Baja California ocupó el segundo lugar a nivel nacional, con el 7.8 % de los casos registrados.

El mes de mayo concluyó con un promedio diario de 47.3 homicidios, cifra inferior a la de abril y la más baja desde que inició la administración de Claudia Sheinbaum. En comparación con el mes previo, la reducción fue del 6.4 %, lo que marca una baja relevante en los indicadores.

Guanajuato encabezó el listado con el 8.8 % de los homicidios, seguido de Baja California y Chihuahua. Completaron el grupo Sinaloa, Morelos, Estado de México, Guerrero y Veracruz, entidades que mantienen una incidencia alta desde meses anteriores.

Las estadísticas abarcan el periodo de septiembre de 2024 a mayo de 2026. En ese lapso, el promedio diario nacional descendió de 86.9 a 47.3 homicidios, lo que representa 39 casos menos por día al cierre de mayo.

El acumulado de enero a mayo de 2026 también reflejó un mínimo histórico: el promedio de 50.4 homicidios diarios es el más bajo para ese periodo desde 2016. Baja California y los otros siete estados concentran la mayoría de los casos, pero 28 entidades del país mostraron una tendencia a la baja.

Las cifras provienen de las fiscalías estatales y confirman el impacto de la estrategia nacional de seguridad. La coordinación entre autoridades federales y estatales ha sido clave para lograr la disminución observada, aunque los desafíos persisten en entidades como Baja California.