La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 746, que modifica y añade disposiciones a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La votación obtuvo 54 votos favorables y tras ese paso ahora la iniciativa deberá superar el tercer debate antes de ser enviada al Órgano Ejecutivo para una eventual sanción y promulgación.

El proyecto apunta a ampliar el acceso de los adultos mayores a bienes y servicios.

Durante la discusión legislativa, los diputados introdujeron cambios, por lo que el alcance definitivo dependerá del texto que complete el trámite parlamentario.

Entre las medidas incluidas figuran descuentos en medicamentos, consultas médicas generales y de especialidades, pañales para adultos, tratamientos contra el cáncer, equipos de asistencia, servicios funerarios y la tasa de aseo.

La iniciativa también contempla una rebaja del 25% en medicamentos y en los honorarios por consultas generales, además de un 15% en servicios de oftalmología.

El listado agrega un descuento del 20% en laboratorios, un 30% en radiología, un 50% en la emisión o duplicado de pasaportes, cédulas y licencias de conducir, y reducciones del 30% en la facturación mensual de electricidad y en el cargo fijo de telefonía residencial.

Javier Sucre, diputado proponente, afirmó que la propuesta busca crear oportunidades para los jubilados y pensionados, además de complementar los ingresos de quienes perciben pensiones bajas.

Calculó que las medidas podrían representar USD 270 millones en beneficios anuales.

El diputado también señaló que la intención es completar el proceso legislativo antes de este 31 de octubre, con respaldo presidencial para avanzar con la iniciativa.

Los descuentos todavía no están vigentes. La aprobación en segundo debate constituye un paso dentro del procedimiento legislativo, pero el proyecto requiere la votación final del pleno legislativo y la posterior intervención del Órgano Ejecutivo.

Mientras esto ocurre en la Asamblea Nacional, la Dirección General de Carrera Administrativa puso a circular una nota a las entidades públicas para que le remitan información la cantidad de jubilados que tienen en sus planillas.

La medida, según se informó, busca calcular el posible costo de iniciativas de retiro voluntario que analiza la Asamblea Nacional de Panamá.

La nota, dirigida a directores y jefes de Recursos Humanos de las entidades públicas, despertó dudas sobre la estabilidad laboral de quienes siguen trabajando después de jubilarse.

Sin embargo, la institución aclaró que el requerimiento no ordena separaciones ni fija una fecha para que esos funcionarios dejen sus cargos.

Pese a ello, la petición provocó intranquilidad entre el sector de los jubilados, en momentos en que el país atraviesa por una situación de incertidumbre, derivada del terremoto que azotó el pasado 9 de octubre.

Cheyla Valdés, directora general de Carrera Administrativa, sostuvo que el objetivo es construir una base de datos que permita examinar el alcance financiero de eventuales cambios en el servicio público.

“No es para generar ansiedad, no es para generar temor”, manifestó Valdés al referirse a las interpretaciones que surgieron tras la emisión de la circular.

Insistió en que la entidad que dirige necesita determinar cuántas personas jubiladas permanecen en las dependencias estatales.

Con esa información se podrá estimar cuánto costarían los mecanismos de salida voluntaria si las propuestas legislativas avanzan, apuntó.

Valdés indicó que la actualización de los registros responde a la necesidad de contar con información disponible para evaluaciones futuras.

“Mantener esa base de datos actualizada” permitirá medir el impacto económico de las iniciativas, explicó.

Por ahora, los empleados jubilados que continúan en instituciones públicas no recibieron una instrucción para abandonar sus cargos. La medida se limita a solicitar listados a las áreas responsables de Recursos Humanos.

El reclamo de los jubilados y pensionados volvió al pleno legislativo con pedidos para reactivar iniciativas que amplían descuentos, fortalecen beneficios económicos y buscan que determinados certificados sean aceptados por empresas e instituciones públicas.

Organizaciones de retirados solicitaron a los diputados que retomen el debate de una propuesta que modifica la Ley 6 de 1987.

La norma contempla beneficios, exoneraciones y descuentos obligatorios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

En septiembre, el presidente José Raúl Mulino vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 226 de 2025.

La iniciativa modificaba y añadía artículos a la Ley 6 de 1987.

El mandatario sostuvo que la propuesta tenía un objetivo social legítimo, aunque consideró que algunas de sus disposiciones contravenían la legislación y la Constitución Nacional.

“Sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”, indicó Mulino en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

El jefe de Estado señaló en su momento que la revisión identificó cuestionamientos sobre la conveniencia de la propuesta y sobre su compatibilidad con el marco constitucional.

La medida vetada planteaba descuentos del 50% de lunes a jueves y del 40% los viernes, sábados y domingos. Las rebajas debían aplicarse a las tarifas regulares y promocionales de hospedaje.

La Asociación de Jubilados había reclamado la sanción de esa ley. El sector empresarial y los microempresarios rechazaron el proyecto porque advirtieron sobre el efecto que tendría en sus actividades.

Ahora, la nueva iniciativa deberá ser examinada por el pleno de la Asamblea Nacional. Sus disposiciones incluyen rebajas vinculadas con medicamentos, atención médica, artículos para la movilidad, servicios básicos, gastos fúnebres e internet.

Los dirigentes expresaron confianza en que la discusión avance después de los alcances con representantes de los sectores comercial y privado. También instaron a los parlamentarios a responder a las necesidades de quienes viven con menores recursos.

El dirigente Gilberto Cortez sostuvo que los diputados tienen una nueva oportunidad para legislar en favor de los sectores con menores ingresos. El dirigente afirmó que la discusión debe priorizar a las personas de la tercera edad.

Cuestionó la falta de solidaridad de los comerciantes con la población retirada. Para las asociaciones, el avance de estas iniciativas representaría una respuesta a demandas económicas que mantienen desde hace años.

Las agrupaciones también pidieron seguimiento para el programa creado por la Ley 438 de 2024, denominado “Programa de beneficios permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social”.

El plan está dirigido a jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). Su finalidad es otorgar un apoyo financiero anual a los beneficiarios.

El financiamiento del programa proviene de la industria de bebidas alcohólicas. La ley establece que esos recursos sostienen el pago de las bonificaciones previstas para la población retirada.

El artículo 6 dispone que el Órgano Ejecutivo revise los montos de los beneficios cada dos años. La norma permite ajustes e incrementos de acuerdo con las condiciones económicas del país.

Si la recaudación del impuesto selectivo supera los fondos requeridos para cubrir las bonificaciones, el excedente deberá acumularse. Esa reserva también será revisada con la misma periodicidad y podría derivar en un aumento de los pagos.

Los movimientos de jubilados consideran que ese mecanismo debe mantenerse bajo vigilancia legislativa. Su planteamiento busca que los beneficios conserven su utilidad frente a los cambios en la economía.

La Defensoría del Pueblo de Panamá deberá afrontar el próximo año una brecha presupuestaria superior a $3 millones para cumplir con sus funciones básicas de protección de derechos humanos.

Así lo reconoció la propia institución ante la Asamblea Nacional, cuando la defensora del Pueblo, Angela Russo, compareció junto a su equipo de directores nacionales ante la Comisión de Presupuesto.

El monto recomendado para la entidad en 2027 asciende a $6.787.534,00.

De esa cifra, $6.583.097,00 se destinarían a gastos de funcionamiento y $204.437,00 a inversión.

Según precisó Russo, ese presupuesto cubre apenas el 68,1% de los recursos que la institución identificó como necesarios para ejecutar sus programas el próximo año.

Uno de los puntos más críticos expuestos por la funcionaria es la situación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que obtuvo apenas el 36,9% de los fondos requeridos para funcionar.

A eso se suma que el programa de Educación, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, valorado en $632.185,00, no recibió ninguna asignación dentro del presupuesto recomendado.

El renglón específico para protección de derechos humanos quedó directamente sin recursos.

La falta de fondos, de acuerdo con la entidad, limita la capacidad de la Defensoría para ampliar investigaciones de oficio, visitas de monitoreo, jornadas de capacitación, mediaciones y defensorías móviles que llegan a comunidades rurales e indígenas.

La brecha presupuestaria llega en un momento en que la institución debe asumir competencias adicionales. La Ley 504, promulgada el 18 de diciembre de 2025, incorporó en su artículo 25 la figura de un Defensor Adjunto de Derechos de Niñez.

Ese cargo auxiliará a la titular de la Defensoría en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

La institución remarcó que cumplir con esta nueva obligación exige condiciones presupuestarias que hoy no están garantizadas.

Russo subrayó ante los diputados que estas limitaciones se presentan en una entidad que atiende miles de consultas, quejas y orientaciones cada año.

La Defensoría también desarrolla programas de formación en derechos humanos y ejecuta acciones permanentes de supervisión y monitoreo en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, la funcionaria defendió la gestión de los recursos públicos que maneja la institución.

“Nuestro compromiso es seguir administrando los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y eficiencia”, manifestó Russo ante la Comisión de Presupuesto.

La defensora añadió que, pese a ese compromiso, la institución tiene el deber de exponer sus carencias reales.

“Fortalecer a la Defensoría del Pueblo significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger derechos, prevenir vulneraciones y atender a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, agregó la funcionaria.

La entidad reiteró ante los diputados de la Asamblea Nacional que mantendrá una gestión austera y orientada a resultados pese a las limitaciones señaladas.

La Defensoría planteó además que continuará impulsando acciones para ampliar su presencia territorial y fortalecer sus programas de promoción y prevención.

El objetivo declarado es sostener una atención cada vez más efectiva para la ciudadanía, incluso en el escenario de restricción financiera planteado para la vigencia fiscal 2027.

Es imperativo recordar, sostuvo la entidad, que el Estado panameño tiene el deber jurídico y moral de garantizar la vida e integridad de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, se define el marco legal nacional e internacional que ampara a las víctimas de cualquier tipo de violencia. La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 17, establece que “las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales”.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la propuesta de presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del año fiscal 2027, por un monto de $5,555 millones para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

El presupuesto tiene como prioridades proteger el negocio, asegurar la continuidad y sostenibilidad de la operación, y preparar al Canal para el futuro.

Para el año fiscal 2027 se estiman aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, lo que representa $414 millones (12.9%) más que los $3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

El presupuesto para el año fiscal 2027 fortalece la capacidad del Canal para afrontar condiciones hídricas y operativas retadoras, sostener la competitividad de la ruta y avanzar responsablemente en las inversiones que respaldarán su desarrollo a largo plazo.

Se reiteró que los aportes del Canal al Estado se estiman en $3.608 millones para la vigencia fiscal 2027, tras la aprobación del Proyecto No. 701 que fija el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La iniciativa obtuvo 58 votos a favor en el Parlamento. El cálculo de los aportes directos supera en $414 millones el monto aprobado para la vigencia fiscal 2025-2026.

El presupuesto aprobado permitirá a la Autoridad del Canal de Panamá ejecutar el Plan Estratégico 2025-2035. La hoja de ruta busca preservar la operación segura, continua, eficiente, rentable y neutral de la vía interoceánica, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

El documento considera las previsiones de tránsito del Canal de Panamá a partir de las proyecciones del comercio, la industria marítima y la situación económica de los mercados y las rutas atendidas por la vía.

También incorpora la posibilidad de que el fenómeno atmosférico de El Niño provoque restricciones hídricas. Esa condición podría limitar la capacidad operativa del Canal y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico marítimo.

La estructura de peajes no tendrá modificaciones durante el año fiscal 2027. El presupuesto no prevé cambios en las tarifas vigentes que se aplican a los clientes de la vía acuática.

Los recursos aprobados también respaldan la conservación de la infraestructura existente y la identificación de alternativas para ampliar la capacidad del Canal frente a la evolución de la industria marítima.

La Autoridad del Canal de Panamá sostiene que el instrumento financiero permitirá mantener la competitividad de uno de los principales motores económicos de Panamá y del comercio global.

El plan contempla la etapa de planificación y precalificación para adjudicar formalmente las concesiones de dos nuevas terminales portuarias: una en Corozal y otra en Isla Telfers.

La programación incluye, además, el desarrollo de un nuevo gasoducto interoceánico durante este período.

Durante la discusión sobre la conveniencia e inconveniencia del proyecto, un sector de los parlamentarios pidió mantener el diálogo con los residentes de la cuenca de Río Indio.

Los diputados pusieron el foco en el futuro reasentamiento de las familias afectadas y en la necesidad de que reciban una indemnización real.

El debate también abordó el aporte del Canal al Presupuesto del Estado y su incidencia en el desarrollo nacional. Los ingresos previstos reforzarían los recursos públicos del país.

En el segundo y el tercer debate participaron la administradora de la vía de navegación, la ingeniera llya Espino de Marotta, y la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien preside la junta directiva, agradeció el respaldo otorgado por la Asamblea Nacional al proyecto presupuestario.

Como un “retroceso” califica la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) el hecho de que un candidato podría postularse simultáneamente a dos cargos de elección popular y, si gana en ambos, conservar los dos durante todo el período constitucional.

Esto, alega, desvirtúa la representación popular y termina delegando funciones en un suplente sin respaldo directo de los votantes.

La advertencia se desprende de las reformas al Código Electoral que la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate.

El gremio exige que el segundo debate corrija ese punto y otros que, según la organización, apuntan en la dirección equivocada para la democracia panameña.

Uno de los cambios más cuestionados impide que el Tribunal Electoral apruebe o modifique disposiciones sobre situaciones que surjan una vez abierto el proceso electoral. El organismo calificó esta propuesta como la señal más alarmante del paquete de reformas.

Apunta que el artículo 143 de la Constitución otorga de manera privativa al Tribunal la facultad de reglamentar, interpretar y aplicar la ley electoral.

Para el gremio, una norma legal no puede contradecir esa competencia constitucional con el argumento de evitar cambios durante una elección: cualquier preocupación sobre la estabilidad de las reglas debe resolverse con apego a la Constitución, no restringiendo atribuciones del organismo electoral.

La reforma también eleva los límites del financiamiento privado hasta $500.000 para determinadas candidaturas a diputado y alcalde.

En este punto, sostuvo que ese aumento amplía la ventaja de quienes ya cuentan con recursos y eleva el riesgo de que intereses particulares, incluso vinculados al crimen organizado, influyan en la oferta electoral.

La Apede considera que las campañas panameñas deben centrarse en propuestas y planes de trabajo, no en la capacidad de recaudar y gastar dinero. Pidió, en cambio, mayor fiscalización, trazabilidad de los aportes y rendición de cuentas efectiva.

Durante años, las sucesivas reformas electorales en Panamá buscaron limitar el financiamiento público y privado para equilibrar la competencia. Elevar los topes actuales revertiría ese esfuerzo, según la organización empresarial.

Rechazó cualquier cambio que reduzca las oportunidades de las candidaturas por libre postulación.

Asegura que la Comisión Nacional de Reformas Electorales avanzó durante años hacia mayor apertura para los candidatos independientes, y revertir ese proceso reduciría las opciones ciudadanas y debilitaría la pluralidad electoral.

La organización exigió también que cualquier revisión de los circuitos electorales explique públicamente sus criterios y sus efectos sobre la representación. Los diputados, insistió, deben aclarar cómo cada cambio en los circuitos y en la fórmula para adjudicar curules afectaría la proporcionalidad, sin evaluar las reglas solo por el resultado que habrían producido en una elección anterior.

Otro punto polémico, siempre según la Apede, son las propuestas para elegir las directivas de los partidos mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas. Ese mecanismo otorgaría todos los cargos a la lista ganadora y dejaría sin representación a otras corrientes internas.

Los ejecutivos de empresa piden que los diputados expliquen antes de aprobar estos cambios a quiénes beneficiarían y cómo garantizarían el derecho de todos los militantes a elegir y ser elegidos dentro de sus partidos.

La misma lógica de listas cerradas se aplicaría a la selección de candidaturas al Parlamento Centroamericano, con principales y suplentes definidos de antemano. El gremio plantea que los miembros de los partidos puedan votar individualmente por quienes aspiran a representarlos, y que ese resultado determine la conformación final de las listas.

La reforma reduce de cuatro a tres años el plazo para perseguir delitos electorales. La Apede considera que esa reducción envía una señal equivocada, porque las conductas que afectan la integridad de una elección deben poder investigarse y sancionarse de forma eficaz y ejemplar.

El gremio se opone además a mantener el fuero penal electoral. Argumenta que participar en una contienda no debe convertirse en un obstáculo para investigar posibles delitos, y que quienes aspiran a representar a los ciudadanos deben responder ante la justicia en igualdad de condiciones, con pleno respeto al debido proceso.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate una serie de cambios de fondo al Código Electoral durante una sesión que se extendió hasta entrada la noche.

Entre las modificaciones aprobadas sobre la marcha figuran mayores exigencias de firmas y menos tiempo para la libre postulación, requisitos más estrictos para formar partidos políticos y ajustes al financiamiento privado de campañas.

La sociedad civil, que había participado meses antes en la construcción del texto original, apenas tuvo un espacio breve para pronunciarse durante esa jornada.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reaccionó ante ese proceso con un pronunciamiento en el que cuestionó la forma en que se tramitaron los cambios.

El gremio empresarial recordó que ya había fijado postura en 2021, durante una discusión similar sobre el Código Electoral.

Entre las modificaciones que generaron mayor preocupación en el sector privado están el aumento de firmas exigidas y la reducción de plazos para la libre postulación de candidatos. También se sumaron mayores requisitos para constituir partidos políticos.

El proyecto incorporó además cambios en el financiamiento privado de campañas y habilitó la posibilidad de que un funcionario conserve dos cargos de elección popular de forma simultánea.

¿Qué pasó con la reforma al Código Electoral en Panamá? La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate cambios de fondo introducidos durante una sesión nocturna: más firmas y menos plazo para la libre postulación, mayores requisitos para partidos políticos y modificaciones al financiamiento privado. El sector empresarial pidió revisar esos puntos en el segundo debate.

El texto que llegó a la Asamblea Nacional no nació en el recinto legislativo. Provino del Proyecto de Ley 699, elaborado a partir del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, convocada por el Tribunal Electoral en 2025.

Esa comisión reunió durante meses a distintos sectores del Estado y de la sociedad panameña para construir consensos sobre las reglas de la competencia electoral. La CCIAP participó de ese seguimiento y sostuvo que las reformas deben responder a un objetivo claro.

“Las reformas electorales se realizan con la única intención de fortalecer, aclarar y mejorar nuestra democracia”, afirmó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en su pronunciamiento. El gremio agregó que ese tipo de cambios debe basarse en la experiencia de procesos electorales previos.

La Cámara calificó de preocupante lo ocurrido en el primer debate. Según el gremio, la sesión maratónica desembocó en cambios de fondo aprobados sin margen suficiente para el análisis técnico.

El pronunciamiento describió ese episodio como “un síntoma de un problema mayor”: una discusión de gran trascendencia que se desarrolló, en palabras de la entidad, “entre la prisa intencional, la opacidad y la oscuridad de la noche”.

La Cámara sostuvo que las reglas que sostienen la República requieren el mayor grado posible de transparencia, participación y deliberación. El gremio reconoció, no obstante, la facultad de la Asamblea Nacional para debatir y modificar los proyectos sometidos a su consideración.

Para la entidad empresarial, ese margen de acción legislativa no exime al proceso de una condición: todo cambio sustancial respecto de una propuesta construida con consulta amplia debe ir acompañado de deliberación suficiente y sustento técnico.

La Cámara planteó al segundo debate como la instancia para revisar y corregir el rumbo del proyecto. El gremio pidió que la discusión se realice sin prisa, con transparencia y con el tiempo que exige una reforma de esta magnitud.

La entidad solicitó además que se escuche al Tribunal Electoral, a la sociedad civil y a los gremios antes de cerrar el texto definitivo. Pidió también revisar las disposiciones que puedan restringir la participación o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos.

“La historia no recordará cuántas horas duró aquella sesión”, señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El gremio remarcó que lo que perdurará son las reglas resultantes y su efecto sobre la participación, la representación ciudadana y la confianza en el sistema electoral.

La entidad insistió en que la confianza institucional del país comienza en las urnas, con la certeza de que las reglas son claras, justas y equitativas.

Para el gremio, esas reglas deben responder a la voluntad popular y no a los intereses de un grupo reducido de políticos.

La propuesta de modificación a la Ley General de Adopciones en Panamá avanza en la Asamblea Nacional con el objetivo, según sus proponentes, de reducir los tiempos que los menores pasan bajo tutela estatal.

El proyecto de ley 570, tras ser aprobado en primer debate, introduce medidas para que los niños en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder más rápido a una familia adoptiva.

Según las explicaciones de los diputados Manuel Cheng y Janine Prado, la reforma mantiene estrictos controles para los aspirantes a adoptar, exigiendo solvencia económica, evaluaciones psicológicas y moral reconocida.

El enfoque se centra en que cada menor pueda integrarse a un ambiente estable, sin sacrificar la rigurosidad de los filtros legales.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, Paulette Thomas, detalló que la iniciativa también atiende los casos de los niños expósitos, aquellos cuyos padres son desconocidos.

La reforma busca acelerar los trámites para estos menores y para quienes, siendo menores de siete años, permanecen por largos periodos en situaciones de indefinición legal.

La directora nacional de adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lisbeth Renis, remarcó que la propuesta pone énfasis en el proceso de inscripción de los niños declarados expósitos, cuya gestión suele ser lenta.

El objetivo es que esta población infantil no quede rezagada y cuente con un procedimiento más ágil.

En cuanto a los procedimientos internacionales, la directora del Registro Civil, Sharon Sinclair, explicó que el proyecto restituye a la Corte Suprema de Justicia la potestad de revisar las sentencias extranjeras de adopción.

Este control había sido removido por el Código Internacional Privado, permitiendo que el Registro Civil recibiera directamente dichas sentencias desde 2015.

El proceso legislativo del proyecto de ley 570 continuará en las próximas sesiones. La reforma apunta a que la adopción se convierta en un proceso menos demorado, asegurando al mismo tiempo que los controles y requisitos sigan protegiendo el interés superior del niño.

De prosperar la iniciativa, los menores en Panamá podrían acceder más rápido a una familia adoptiva, siempre bajo los controles legales y de protección establecidos por la normativa nacional.

La adopción de menores en Panamá se encuentra en la intersección entre la protección de la niñez, la organización del sistema de bienestar social y el funcionamiento de la justicia de familia, configurándose como un mecanismo esencial para restituir el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su entorno de origen.

La normativa panameña ha evolucionado desde la Ley 61 de 2008, primera Ley General de Adopciones, hasta la Ley 46 de 17 de julio de 2013, que hoy rige las adopciones nacionales e internacionales, en diálogo con el Código de la Familia, el Convenio de La Haya y, más recientemente, la Ley 285 de 2022 sobre el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Este entramado jurídico se articula en torno a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que actúa como autoridad central en materia de adopciones y coordina los procesos administrativos previos a la intervención judicial.

Sin embargo, la realidad muestra un contraste significativo entre la intención protectora del sistema y su funcionamiento práctico: muchos niños, niñas y adolescentes viven en albergues, pero solo una fracción ha sido declarada adoptable, mientras el número de familias declaradas idóneas es reducido frente a las necesidades existentes.

La cooperación entre los cuerpos de bomberos de Centroamérica y el Caribe dio un nuevo paso durante la Asamblea General de la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y el Caribe (CCBICA), realizada en la ciudad de Panamá, donde representantes de varios países analizaron desafíos en prevención, atención de emergencias y fortalecimiento institucional.

En este encuentro regional, Honduras participó a través del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos. La delegación fue encabezada por el comandante Marco Antonio Ártica Tomé, quien integró junto con representantes de otros países las mesas de trabajo enfocadas en mejorar la coordinación operativa y ampliar los mecanismos de colaboración.

Uno de los acuerdos de la jornada fue la designación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá para ocupar la Vicepresidencia de la CCBICA, una decisión que reconoce el trabajo desarrollado por esa institución en preparación técnica, capacitación y respuesta ante emergencias.

La presencia hondureña en la Asamblea General permitió reafirmar el compromiso del país con la integración regional y el intercambio de experiencias entre cuerpos de bomberos.

El comandante Marco Antonio Ártica Tomé participó en sesiones en las que se abordaron estrategias para fortalecer la formación del personal operativo, impulsar programas de capacitación especializada y compartir modelos de trabajo aplicados por otros países.

Honduras destaca la cooperación regional

Desde Honduras se destacó la importancia de mantener una red regional de cooperación, especialmente en un contexto en el que los cuerpos de socorro enfrentan escenarios cada vez más complejos, como incendios de grandes proporciones, fenómenos climáticos extremos, accidentes masivos y emergencias urbanas.

La participación en organismos como la CCBICA permite que los equipos nacionales tengan acceso a nuevas metodologías, herramientas técnicas y experiencias internacionales que pueden incorporarse para mejorar la capacidad de respuesta en territorio hondureño.

Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, asumir la Vicepresidencia de la CCBICA representa un desafío institucional y una oportunidad para continuar promoviendo la profesionalización del servicio bomberil.

Las autoridades panameñas señalaron que el objetivo principal será continuar fortaleciendo la cooperación entre los países miembros mediante programas de entrenamiento, intercambio técnico y creación de estrategias conjuntas.

Además, Panamá fue confirmada como sede de las próximas Competencias de Destrezas Bomberiles de la Confederación, una actividad que reunirá a equipos especializados para demostrar sus habilidades en escenarios simulados de emergencia.

Estas competencias no solo tienen un componente deportivo, sino que también representan un espacio de evaluación y preparación donde los bomberos ponen a prueba sus conocimientos, resistencia física, coordinación y capacidad para actuar bajo presión.

Más de 600 especialistas

La Asamblea General de la CCBICA se desarrolló en paralelo con el Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil 2026, organizado por el cuerpo de bomberos panameño.

Durante cinco días, más de 600 bomberos y especialistas procedentes de 18 países de América Latina y el Caribe participaron en conferencias magistrales, capacitaciones y espacios de intercambio sobre innovación, liderazgo, gestión del riesgo y nuevas técnicas de atención de emergencias.

El evento permitió analizar los desafíos que enfrentan las instituciones de primera respuesta, en especial ante el incremento de fenómenos naturales, la expansión urbana y la necesidad de contar con equipos cada vez más preparados.

Los cuerpos de bomberos de Centroamérica y el Caribe enfrentan retos comunes que requieren una respuesta coordinada. La ubicación geográfica de la región la expone de forma constante a fenómenos como huracanes, inundaciones, incendios forestales, terremotos y emergencias provocadas por actividades humanas.

Ante este escenario, organismos como la CCBICA buscan convertirse en plataformas de cooperación donde los países puedan compartir recursos, conocimientos y experiencias para fortalecer sus capacidades nacionales.

La participación de Honduras y el nuevo rol asumido por Panamá reflejan la importancia de mantener una estructura regional donde las instituciones de emergencia trabajen de manera conjunta.

La Asamblea General concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la integración bomberil y desarrollar acciones para mejorar la preparación de los equipos de respuesta.

Pacientes de la Fundación Diabetes LATAM se presentaron ante el pleno de la Asamblea Nacional para brindar su apoyo al anteproyecto por la cual se garantiza el acceso a seguros de vida y al crédito bancario.

Los afectados manifestaron que no solo cargan con el estigma por su condición de salud, sino que también enfrentan obstáculos de acceso al sistema financiero.

Los panameños con diabetes tipo 1 destinan generalmente un 36% del ingreso mensual a la compra de insulina y suministros esenciales, lo que equivale a unos $338.45 al mes.

Esto lo revela el último estudio realizado por T1International, que midió el gasto de bolsillo en insulinas e insumos de automonitoreo de glucosa durante el primer trimestre de 2024, una realidad que para quienes padecen esta realidad poco o nada ha cambiado.

El gasto deja solo un aproximado de 64% para cubrir necesidades básicas como vivienda, educación, alimentación y transporte.

Para familias de bajos ingresos, la erogación puede representar hasta el 80% del salario mensual, mientras que para quienes tienen ingresos altos el porcentaje disminuye al 31%.

En el país existe preocupación por el aumento de casos de diabetes, de acuerdo con la Caja de Seguro Social. Actualmente, 1 de cada 10 panameños vive con esta enfermedad, y cerca del 14% de las personas mayores de 15 años padece diabetes tipo 2, con más de 35 mil nuevos diagnósticos cada año.

La propuesta legislativa prohíbe toda discriminación por razón de condición crónica de salud, en la contratación de seguros a dichas personas que conviven con la enfermedad autoinmune crónica.

José Pérez Barboni, proponente de la iniciativa, dijo que esta busca insertar en el derecho panameño que el paciente diagnosticado con diabetes no puede por eso ser causa de exclusión absoluta de la cobertura aseguradora, incluyendo los seguros de vida de deudor vinculados a créditos bancarios.

Este anteproyecto de ley, agregó, adopta un enfoque de equilibrio responsable al no imponer a las aseguradoras la obligación de asumir riesgos actuarialmente inviables, si no que les exige evaluar individualmente cada persona y no rechaza la solicitud con fundamento exclusivo en el diagnóstico de diabetes tipo 1 (DT1).

También, autoriza la prima diferenciada siempre que esté técnicamente justificada y sea aprobada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, garantizando así la sostenibilidad del sistema asegurador.

La iniciativa legislativa establece además la inversión de la carga de la prueba en los conflictos entre aseguradoras y pacientes con DT1, reconociendo la asimetría de información y de poder entre las partes, donde exige que sea la aseguradora quien demuestre la inseguridad y no el paciente quien deba probar su asegurabilidad.

El diputado reiteró que el objetivo va dirigido a que accedan a esta posibilidad financiera, de poder salvaguardar su futuro, de contar con préstamos y de enmarcar un marco legal de igualdad de condiciones, así como eliminar esa barrera de discriminación.

Añadió que no es una declaración de guerra, ni a los bancos, ni mucho menos a las aseguradoras, porque se trata de una invitación a debatir un asunto de justicia igual para todos.

Vivir con diabetes no disminuye el valor de un ser humano y tampoco es sinónimo de muerte, señaló María Isabel, madre de una menor con esta enfermedad, quien indicó que a pesar de su corta edad su hija asume una valentía inmensa ante dicha condición.

Lamentó que la situación no se deriva de nacer con la enfermedad, sino del sistema financiero que les da la espalda a ella y a toda una comunidad cuando optan por una póliza de seguro o crédito bancario, obstaculizando su independencia económica.

A la categoría de delito pretende elevar un anteproyecto de ley la venta clandestina de lotería en Panamá.

La propuesta busca proteger los recursos destinados a la beneficencia y combatir la comercialización ilegal de productos de lotería, según su proponente, el diputado Roberto Zuñiga.

La venta de lotería clandestina en Panamá provoca pérdidas anuales superiores a 200 millones de dólares para el Estado panameño, de acuerdo con informes de la entidad.

La venta de “chances clandestinos”, consiste en la comercialización, promoción y distribución de billetes y boletos de lotería fuera del circuito oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Con los años los compradores de los billetes de la lotería oficial se han ido alejando, debido a los dispares premios que ofrece, y a los precios antojadizos que les imponen los vendedores, entre otras quejas.

Ahora, la iniciativa de Zúñiga intenta que la práctica de vender lotería clandestina deje de ser sancionada únicamente por la vía administrativa y pase a ser investigada y perseguida penalmente por el Ministerio Público, al considerar que afecta directamente los ingresos de la Lotería Nacional de Beneficencia, perjudica a los billeteros autorizados y reduce los recursos destinados a programas de ayuda social.

De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, la venta clandestina de billetes, chances y loterías extranjeras se ha incrementado en los últimos años, operando al margen del sistema oficial, sin controles ni fiscalización, lo que desvía recursos que deberían ingresar a la institución.

El documento señala que, actualmente, más de 10 mil billeteros autorizados dependen de esta actividad como su principal fuente de sustento. Asimismo, indica que durante 2025 los panameños apostaron $846.6 millones en los sorteos oficiales y que la Lotería Nacional transfirió $95.8 millones al Tesoro Nacional, pero la institución estima que la venta clandestina ocasiona pérdidas cercanas a los $200 millones anuales. De acuerdo con Zúñiga, la propuesta pretende cerrar un vacío legal y dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces para enfrentar esta actividad ilícita.

La iniciativa también argumenta que las sanciones administrativas vigentes han resultado insuficientes para contener la expansión de esta práctica, por lo que propone su tipificación como delito, al considerar que la conducta afecta bienes jurídicos de interés público y compromete el financiamiento de programas sociales, dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

La Constitución panameña reserva la explotación de juegos de azar al Estado, en especial los de finalidad social gestionados por la Lotería Nacional de Beneficiencia.

La proliferación de la lotería ilegal, como la Tica, que se juega en la vecina nación de Costa Rica, afecta de forma directa los programas de asistencia social financiados por la entidad, como la entrega de sillas de ruedas, prótesis y el apoyo a hospitales públicos.

“Imagínense cuántos hospitales oncológicos se podrían hacer a nivel nacional”, ha dicho Zúñiga en diversos medios de comunicación.

Sobre las sanciones para los infractores, el anteproyecto propone penas de tres a seis años de prisión cuando el monto comercializado supere los $5.000 en un periodo de 30 días.

Las sanciones se elevarían a entre seis y ocho años de prisión si las ventas sobrepasan los $10.000, si existe una estructura criminal organizada, si se utilizan menores de edad o si hay vínculos con delitos de lavado de activos. En casos de menor cuantía, la ley proyecta multas de entre $500 y $5.000.

En paralelo, las autoridades de la Lotería Nacional de Beneficencia han reforzado las campañas de fiscalización para garantizar el cumplimiento del precio oficial de los chances y billetes. Su director general, Isidro Carbonell, ha recorrido comercios, en especial de asiáticos, para tratar de detectar la venta clandestina.

Los dos primeros anteproyectos de ley que buscan reactivar la construcción e incrementar la generación de empleos fueron presentados a diversos sectores empresariales y obreros.

Una de las propuestas sugiere la modificación de la Ley 93 de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público Privado para el Desarrollo, como incentivo a la inversión privada, mientras que la segunda iniciativa de ley propone modificar algunos artículos de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.

En la búsqueda de reactivar el sector de la construcción también se está a la espera de las otras iniciativas legislativas que surjan de la Submesa Técnica de Economía e Inversión, y de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, de la Asamblea Nacional.

Mientras, las dos propuestas ya presentadas serán llevadas a consultas con las respectivas organizaciones empresariales y obreras, al igual que a las diversas instituciones gubernamentales vinculadas al tema. De recibir el aval, se les dará el trámite respectivo en materia legislativa.

“Lo importante es el avance que se ha tenido con estas sub mesas para sacar los proyectos que puedan solucionar los problemas que tiene el país y potenciar sus fortalezas, pero a través de iniciativas consensuadas”, dijo Luis Eduardo Camacho, quien lidera la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, avalada por la Asamblea Nacional.

La industria de la construcción en Panamá ha evidenciado en 2026 una recuperación que se refleja tanto en el valor de los permisos autorizados como en la superficie edificada, aunque el sector todavía no logra igualar los niveles previos a la desaceleración de los últimos años.

Según cifras de la Contraloría General de la República, el primer cuatrimestre cerró con un aumento del 43,5% en el valor de los permisos de construcción, alcanzando los $417,2 millones, un repunte que contrasta con las caídas registradas en los mismos períodos de 2024 y 2025.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha señalado que este comportamiento constituye una señal de reactivación para el sector, aunque matiza que la actividad aún se mantiene por debajo de los registros históricos de 2023.

La distribución de la recuperación muestra matices. El segmento residencial concentró el 60% del valor total de los permisos aprobados hasta abril, mientras que las construcciones no residenciales —impulsadas principalmente por proyectos comerciales, industriales y de servicios— experimentaron el mayor ritmo de crecimiento porcentual, con un avance de 104,8% respecto al primer trimestre de 2025.

La ciudad de Panamá sigue liderando la inversión, con permisos por $213,6 millones, equivalentes a más del 70% del total nacional, según detalló la Contraloría.

Otras regiones como Arraiján y los municipios de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago también reportaron incrementos, mientras que la provincia de Colón registró una caída de 18,6% en el valor de permisos.

El área total planificada para construcción aumentó 31,7% entre enero y abril, con un alza de 27,7% en proyectos residenciales y 39% en los no residenciales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Sin embargo, la producción de insumos clave como el cemento mostró una tendencia inversa. En el primer trimestre de 2026, la fabricación de cemento cayó 37,9% respecto al mismo lapso de 2025, situándose en 198.000 toneladas, el nivel más bajo desde la pandemia.

Este dato sugiere que una parte significativa de los proyectos aprobados aún no ha iniciado su ejecución efectiva, ya que la venta de cemento y el despacho de concreto premezclado también registraron descensos de 35,4% y 38,9%, respectivamente.

La Capac estima que cada dólar invertido en construcción genera 2,34 dólares en actividad económica futura, lo que refuerza el papel del sector como motor inmediato de generación de empleo formal y dinamización local. La organización proyecta para 2026 un crecimiento de entre 4% y 5% en el PIB de la construcción, impulsado por más de $11.000 millones en inversiones públicas programadas a ejecutarse en diversas regiones del país.

Este fin de semana, Morena anunció la organización de un amplio despliegue nacional con la realización de 217 Asambleas Informativas en diversas regiones del país. El objetivo principal de estas reuniones es fortalecer la defensa de la soberanía mexicana y contrarrestar la injerencia extranjera y la circulación de noticias falsas. Desde la presidencia nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes resaltó que estas actividades promueven el diálogo abierto y la participación ciudadana en la construcción de un México justo y soberano.

Las asambleas, que se celebran el sábado 4 y domingo 5 de julio, tendrán lugar en plazas públicas y espacios comunitarios de los 32 estados. La convocatoria busca que la ciudadanía dialogue sobre los desafíos actuales y el rumbo de la transformación nacional, fomentando la organización y la unidad. La dirigencia del parido político sostiene que, a través de estos encuentros, se consolida la participación del pueblo en las grandes decisiones del país.

La importancia de estas reuniones radica también en la oportunidad de refrendar los avances de la actual administración y reafirmar el mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Las decisiones nacionales son competencia exclusiva de las y los mexicanos, quienes deben mantener el control sobre los asuntos internos y el proyecto de nación.

Asambleas en defensa de la soberanía y la transformación

Los Comités Estatales, junto con legisladores y dirigentes locales, encabezan los trabajos para difundir el mensaje central de la jornada, defender la soberanía ante cualquier intento de injerencia y destacar los logros de la denominada Cuarta Transformación. Las asambleas también buscan informar a la población sobre los avances y retos, combatiendo la desinformación con argumentos claros y datos verificables.

Morena plantea que su organización permita acercar el proyecto de transformación a todas las comunidades, asegurando que los ciudadanos sean partícipes activos en la toma de decisiones. El despliegue continuará durante julio y agosto, con la meta de cubrir todos los municipios del país y, en los casos de ciudades grandes, dividir los encuentros por distritos electorales.

Participación ciudadana y combate a la desinformación

La estrategia incluye la presencia de militantes, legisladores y dirigentes que promueven la discusión abierta y el análisis colectivo sobre temas de interés nacional. El partido señala que el combate a la desinformación es una de sus principales prioridades, utilizando la verdad y el bienestar social como herramientas fundamentales. De esta manera, se busca reafirmar que México es una nación libre, independiente y soberana, donde el pueblo tiene la última palabra.

Morena sostiene que estas jornadas no solo fortalecen la integración comunitaria, sino que también refuerzan la defensa de los valores democráticos y la autonomía nacional frente a presiones externas. El mensaje reiterado durante las asambleas es claro: en México, el pueblo manda y el partido acompaña cada paso hacia una sociedad más informada y participativa.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, hizo un firme llamado a consolidar la unidad entre las naciones del continente durante su participación en la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde destacó la necesidad de avanzar de manera integrada para responder a los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta el hemisferio.

Durante su discurso ante representantes de los países miembros y observadores permanentes del organismo, el mandatario hondureño señaló que el contexto internacional exige una mayor coordinación entre las naciones americanas para generar oportunidades de desarrollo, fortalecer las instituciones y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

Asfura manifestó que la integración regional debe convertirse en una prioridad para todos los gobiernos del continente, al considerar que los retos actuales requieren acciones coordinadas y una visión compartida que permita transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento.

“Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos que tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro que lo podemos lograr”, expresó el gobernante durante su intervención.

El presidente sostuvo que los países del continente poseen un enorme potencial para impulsar el desarrollo económico, incrementar las inversiones, fortalecer el comercio y promover políticas públicas que beneficien directamente a la población, siempre que exista voluntad de cooperación y trabajo conjunto.

Asimismo, enfatizó que el mundo atraviesa una etapa de grandes desafíos que hacen indispensable mantener una estrecha coordinación entre las naciones americanas. En ese sentido, aseguró que la unidad y la complementariedad entre los gobiernos permitirán construir soluciones más eficaces frente a problemas como el cambio climático, la migración, la seguridad, el desarrollo económico y el fortalecimiento democrático.

Como parte de su agenda en el marco de la Asamblea General, Asfura sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, encuentro en el que ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre los principales retos que enfrenta la región y analizaron oportunidades para ampliar la cooperación entre Honduras y Panamá en distintos ámbitos de interés común.

El mandatario hondureño reiteró que el diálogo permanente entre los países del continente constituye una herramienta esencial para fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar hacia acuerdos que generen beneficios compartidos para sus ciudadanos.

Por su parte, la ministra consejera y representante alterna de Honduras ante la OEA, Saira Ponce, agradeció a Panamá y a los Estados miembros del organismo por facilitar un espacio de diálogo que, según afirmó, reafirma la importancia de la cooperación internacional como un instrumento indispensable para enfrentar los desafíos que afectan al hemisferio.

La diplomática destacó que Honduras considera a los observadores permanentes de la OEA como aliados estratégicos, cuyo respaldo fortalece la confianza internacional y contribuye a consolidar los esfuerzos que el país realiza para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

“La delegación de Honduras considera que los señores observadores permanentes de la OEA no solo son cooperantes, son aliados estratégicos. Su acompañamiento fortalece la confianza internacional que valida nuestros esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho”, manifestó Ponce durante su participación.

Asimismo, la representante hondureña invitó a profundizar las alianzas con los observadores permanentes y agradeció el apoyo brindado durante los procesos democráticos desarrollados en Honduras en 2025, señalando que dicha colaboración contribuyó al fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad electoral.

Ponce también expresó que el diálogo con los observadores debe evolucionar hacia mecanismos de cooperación cada vez más estratégicos que permitan atender de forma conjunta los desafíos políticos, sociales y económicos de la región.

“La delegación de Honduras considera que el diálogo con los observadores permanentes debe seguir evolucionando hacia asociaciones cada vez más estratégicas. Señores observadores permanentes, les agradecemos infinitamente toda la cooperación y el firme compromiso que tienen con la Organización de los Estados Americanos”, concluyó.

La participación de la delegación hondureña en la 56 Asamblea General de la OEA reafirmó el interés del Gobierno por fortalecer las relaciones multilaterales, impulsar una mayor integración continental y promover la cooperación internacional como una herramienta clave para enfrentar los desafíos comunes que afectan a las naciones americanas.

Panamá ha sido un ejemplo de cómo capitalizar las oportunidades para atraer inversiones con reglas y regulaciones adecuadas, sostuvo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (OEA), Albert Ramdin.

“Panamá alberga más de 250 sedes regionales de compañías globales. Eso es algo único. Y también puede suceder en otros países”, afirmó Ramdin durante la inauguración del Foro del Sector Privado de las Américas, como parte de la 56 Asamblea de la OEA que se inaugura este lunes en la capital panameña.

“Puedo decirles que, si tenemos un hemisferio pacífico y próspero, cuestiones como la democracia, la gobernanza, la migración y muchos de los desafíos que enfrentamos hoy podrán resolverse si los abordamos adecuadamente. Existen enormes oportunidades”, puntualizó.

La celebración de la 56 Asamblea del organismo internacional en tierras panameñas demuestra, en su opinión, el liderazgo de un país pequeño en tamaño, pero grande en impacto.

El evento coincide con la conmemoración del Congreso Anfictiónico de 1826, cuando Simón Bolívar reunió a los líderes de aquel momento que tenían grandes ideas para el futuro de las Américas.

Esa inspiración, dijo, debe hoy seguir ese camino: no el del conflicto, sino el de discusiones abiertas, honestas y respetuosas para avanzar.

“Esa es la inspiración que espero ver reflejada cuando el miércoles por la noche volvamos a reunirnos aquí para hablar de los resultados de esta Asamblea General”.

De Panamá manifestó que no solo conecta dos océanos, algo ya de por sí impresionante y que beneficia a todos mediante el comercio y los servicios, sino que también constituye el centro de este hemisferio. Por ello, muchas reuniones importantes tienen lugar aquí, afirmó.

El tema escogido para este encuentro “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos”, según Ramdin, “lo dice todo”, ya que reúne todos los elementos que explican por qué esta Asamblea General es importante.

Apuntó que el multilateralismo es “necesario, simplemente porque nos necesitamos unos a otros. No vivimos solos en este planeta; vivimos juntos. Coincido en que el multilateralismo en el hemisferio necesita fortalecerse y mejorar, sin duda alguna. Pero que es necesario y que debemos trabajar juntos es algo que escucharán reiteradamente de varios ministros durante los próximos días”.

Ramdin detalló que todas las regiones del mundo enfrentan desafíos, pero que esa realidad “no debe asustarnos ni paralizarnos”, pues hay que afrontarla de manera positiva para construir sociedades más prósperas, en colaboración con el sector privado.

La producción, la seguridad alimentaria y la seguridad energética son conceptos muy mencionados hoy en día, pero en este hemisferio pueden convertirse en una realidad, aseguró, al tiempo que manifestó que “podemos alcanzar la seguridad alimentaria y energética”.

Existen oportunidades de negocios e inversión, prosiguió el secretario general de la OEA, manifestando que solo debemos asegurarnos de alinearnos estratégicamente con esos objetivos y elaborar una agenda compartida y positiva orientada hacia la paz y la prosperidad. “Puede sonar simple, pero si no comenzamos por ahí, nuestros problemas continuarán”, reflexionó.

Al referirse al crimen organizado que azota a la región, Ramdin indicó que hay que prestarle atención porque afecta no solo la seguridad, sino también la gobernanza, la sociedad en su conjunto, el sistema de salud, los flujos financieros ilícitos e incluso la política".

Agregó que “debemos actuar para detenerlo. Estamos dialogando con los Estados Miembros sobre la organización de una conferencia hemisférica dedicada al crimen organizado transnacional y, en ese contexto, contaremos con la participación de todos”.

En los primeros días de junio el Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió 30 accidentes automovilísticos, 16 caídas de árboles, 15 desperfectos eléctricos, 11 escapes de gas y 5 incendios estructurales.

La acción de los camisas rojas también incluye la asistencia en otras situaciones que requirieron su intervención, en distintas regiones del país.

Entre las emergencias de mayor relevancia este junio se destaca una colisión entre un sedán y una camioneta en la rotonda de Boquerón, en la provincia, que dejó una persona fallecida y tres lesionados que fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención.

Mientras, en el corregimiento de Santa Ana, en la ciudad de Panamá, controlaron y extinguieron un incendio estructural registrado en un apartamento ubicado en la planta baja de una residencia, donde no se reportaron personas heridas.

Esta semana, la administración de José Raúl Mulino anunció que autorizó un crédito adicional suplementario de $3,1 millones a favor del Cuerpo de Bomberos de Panamá correspondiente al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

Explicaron que este crédito tiene como objetivo proveer a la entidad de los recursos necesarios para cubrir las obligaciones económicas de la póliza colectiva de vida, salud y salud Internacional, contratada con una aseguradora para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

La medida, tomada en el Consejo de Gabinete, detalla que la fuente de financiamiento para el crédito a favor de los bomberos será el Saldo Caja y Banco, recursos que según se reveló están depositados en la cuenta de fideicomiso en la estatal Caja de Ahorros.

Esta solicitud de crédito adicional cuenta, señala la comunicación oficial, con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Igualmente, la decisión gubernamental autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la resolución para su aprobación, y el posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

Destacando su constancia y valor, la entidad bomberil panameña fue elegida como sede de la Asamblea General Ordinaria 2026, evento que representa un nuevo capítulo en esta historia de cooperación regional.

La designación, dijeron fuentes del sector, reconoce la contribución permanente de la institución al fortalecimiento de la integración, la capacitación y la excelencia operativa de los cuerpos de bomberos de Centroamérica y el Caribe.

A celebrarse en julio venidero, la Asamblea General reunirá a las máximas autoridades bomberiles de la región, para intercambiar experiencias, fortalecer los lazos de hermandad institucional y continuar promoviendo los principios que distinguen la labor bomberil: disciplina, honor y abnegación al servicio de la comunidad.

Panamá pertenece a la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y del Caribe, que acumula más de seis décadas promoviendo la integración, cooperación y profesionalización de los servicios bomberiles de la región.

Desde su fundación, el 12 de octubre de 1963 en Managua, Nicaragua, la organización ha servido como un espacio de encuentro para fortalecer la capacitación, el intercambio de experiencias y la asistencia mutua entre los cuerpos de bomberos de Centroamérica y el Caribe.

La ciudad de Managua fue el escenario donde Nicaragua se convirtió en sede de la XII Asamblea Ordinaria de la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA), un encuentro que destacó por el impulso a la cooperación técnica y la calidad analítica en la seguridad alimentaria de las Américas.

Según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la asamblea reunió a delegaciones de 14 países para discutir estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de análisis de alimentos y garantizar la inocuidad alimentaria en la región.

La asamblea funcionó como un espacio de intercambio técnico entre más de 185 laboratorios regionales, con el objetivo de mejorar las capacidades científico-técnicas y responder a los riesgos actuales y emergentes asociados a los alimentos. Durante el evento, el viceministro de salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, afirmó que el propósito del encuentro era “fortalecer la competencia científico-técnica” de los laboratorios, “que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos que llegan a las mesas de nuestras familias”. Según la OPS, Sáenz subrayó que la labor de los laboratorios constituye un pilar para la salud pública y el comercio regional, y reiteró el compromiso del país con la mejora continua en la calidad analítica y la cooperación técnica.

El director de PANAFTOSA, Manuel Sánchez Vásquez, destacó la importancia estratégica de la RILAA ante el crecimiento del comercio internacional de alimentos. “Garantizar que los alimentos sean seguros es fundamental para proteger la salud de las poblaciones, asegurar la confianza de los mercados y promover el desarrollo sostenible”, expresó el funcionario, según reportó la OPS. Sánchez Vásquez resaltó además el papel esencial de los laboratorios en los sistemas nacionales de control de alimentos y la contribución de las redes regionales para mantener la excelencia técnica y la colaboración entre países.

La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS en Nicaragua, doctora Ana Elena Chévez, remarcó que la participación de los países demuestra un compromiso sostenido para proteger la salud pública por medio de alimentos inocuos y seguros. “La RILAA constituye una de las iniciativas más valiosas de cooperación técnica de nuestra región. Desde su creación ha consolidado una red de excelencia que articula capacidades científicas, técnicas y humanas, permitiendo avanzar hacia sistemas de control de alimentos más robustos, confiables y armonizados”, afirmó Chévez, en declaraciones recogidas por la OPS.

La presidenta del Comité Ejecutivo de la RILAA, Imelda Rocío Guzmán Cervantes, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de México, agradeció el apoyo de Nicaragua, del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), del Ministerio de Salud y la OPS/OMS por la hospitalidad y el respaldo institucional para la realización del encuentro. Según la dirigente, “la asamblea representa más que una agenda técnica, un espacio de cooperación, confianza y construcción colectiva entre los laboratorios de análisis de alimentos de nuestra región”.

El director del IPSA, Ricardo Somarriba, señaló que Nicaragua cuenta con procesos normalizados y sistemas de calidad sujetos a acreditación y reconocimiento internacional, lo que refuerza la competencia técnica y la confiabilidad de los resultados analíticos.

Durante el seminario técnico de la asamblea, se abordaron temas prioritarios como la integración del enfoque de Una Salud en la inocuidad alimentaria, el fortalecimiento de la calidad analítica de los laboratorios, la respuesta ante riesgos emergentes y la importancia de la cooperación entre países para seguir impulsando la capacidad técnica regional.

Según la OPS, la red RILAA integra a más de 177 laboratorios de 25 países de las Américas, incluyendo a Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, San Vicente, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. La asamblea de Managua convocó representantes de al menos 14 países miembros.

En el encuentro anterior, la XI Asamblea Ordinaria de la RILAA se realizó en Asunción, Paraguay entre el 21 y el 25 de octubre de 2024, según reportó la OPS. En esa oportunidad, participaron 65 representantes de laboratorios de 15 países. Entre los temas abordados destacaron el impacto de la genómica, el fraude alimentario y el cambio climático en la inocuidad de los alimentos. El seminario técnico inaugural se dedicó a la autenticidad y fraude alimentario, los peligros biológicos asociados a nuevos alimentos y los efectos de la contaminación ambiental en la calidad de los alimentos.

Además, durante la XI Asamblea se presentaron los logros de los grupos técnicos de química, microbiología, resistencia a los antimicrobianos y calidad, y se elaboraron los planes de acción para el bienio 2025-2026, así como los requisitos de participación para laboratorios privados.

La OPS reafirmó durante la XII Asamblea su compromiso de acompañar a los países en el fortalecimiento de sistemas de inocuidad alimentaria resilientes, integrados y capaces de anticipar desafíos presentes y futuros para beneficio de las poblaciones de las Américas. La cooperación técnica, el intercambio de experiencias y la armonización de metodologías siguen siendo los ejes principales de la agenda de la RILAA, según informó la organización internacional.

Las cifras oficiales más recientes indican que en Panamá se dieron 5,258 delitos contra la libertad e integridad sexual, 1,943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravadas, cuyas principales víctimas fueron mujeres.

La estadística del Ministerio Público, correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, deja ver la gravedad del hecho, que registra un aumento en los últimos años.

Ante esta realidad, una iniciativa ciudadana llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal, en lo que respecta a violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida.

Una de las modificaciones más notables señala que será sancionado con penas de prisión de 30 a 50 años quien cause la muerte de una mujer cuando exista una relación de pareja o haya intentado establecer una relación de esta naturaleza o de intimidad efectiva, cuando haya relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o si el hecho se comete en presencia de los hijos de la víctima.

El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013, que tipificó este hecho delictivo como un delito grave.

En Panamá hasta el momento se registran al menos 10 femicidios, 13 tentativas y cuatro muertes violentas.

El más reciente femicidio ocurrió esta semana cuando Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector dos de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Informes extraoficiales, registrados por el diario Critica, indican que desde hace unos días la mujer había viajado desde la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé, hasta Samaria para visitar a un hijo que recién salió de la cárcel.

Según el medio, al parecer estuvo retenida durante dos días en contra de su voluntad dentro del inmueble en el cual ocurrió el femicidio, el cual se ubica al final de una vereda.

En cuanto al proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, igualmente busca modificar el artículo 57 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal, atendiendo las indicaciones de la Junta Técnica Penitenciaria y el comportamiento de la persona.

De igual manera, también se modifica el artículo 73, que inhabilita para ejercer funciones públicas al imputado en los casos de femicidios, homicidio agravado en casos de violencia de género, violación sexual y violación sexual agravada, y abuso sexual agravado con resultado de muerte.

Respecto a las violaciones, se tiene que las autoridades lograron la detención provisional de un ciudadano de 19 años de edad al vincularlo al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El hecho se produjo en el corregimiento de Narganá, comarca indígena de Guna Yala, cuando el imputado mediante violencia e intimidación abusó sexualmente de una menor de 14 años de edad, momentos en que retornaba del colegio. La menor resultó embarazada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue aprehendido este 18 de mayo por unidades de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la comunidad de Máquina, sector comarcal, al ser requerido por el delito antes mencionado.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se informó que la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra dicho ciudadano.

La tarifa aplicable a rentas pasivas de fuente extranjera obtenida por entidades no calificadas estará sujeta a imposición de manera excepcional conforme con una tarifa única y definitiva del 15%, fue una de las modificaciones que recibió en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 641 de sustancia económica.

Otra de las propuestas presentadas es que una vez el proyecto se convierta en ley comience a regir a partir del periodo fiscal del 2027, y tendrá un periodo de 90 días para su reglamentación.

Estas modificaciones corresponden al primer bloque que se analiza en el Legislativo, el cual cuenta con alrededor de 10 artículos, entre los que se destaca que adiciona un capítulo denominado reglas de sustancia económica para rentas pasivas al título primero del libro cuarto del Código Fiscal.

Igualmente, se establecen las reglas de sustancia económica aplicables a las entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá, que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, quienes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas en este capítulo, a efecto de que dichas rentas no se consideren grabadas de manera excepcional de conformidad con el principio de territorialidad previsto en el marco normativo del país.

Un informe de la Asamblea Nacional detalla que, de igual manera, se modifica el título del proyecto de Ley 641, porque modifica y adiciona artículos al Código Fiscal, relativos al impuesto sobre la renta y a la suspensa económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

El proyecto de ley modifica el Código Fiscal para introducir reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La iniciativa surge en medio de las presiones internacionales para que Panamá fortalezca sus mecanismos fiscales y abandone listas discriminatorias de la Unión Europea vinculadas a jurisdicciones consideradas no cooperadoras.

La propuesta establece que determinadas entidades multinacionales domiciliadas en Panamá deberán demostrar que cuentan con actividad económica real en el país para mantener beneficios fiscales sobre ingresos generados en el extranjero. Esto incluye probar que poseen personal, instalaciones, gastos operativos y toma de decisiones dentro del territorio panameño.

La ley define como rentas pasivas ingresos provenientes de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, alquileres y otros activos financieros o mobiliarios. Si las empresas no logran demostrar sustancia económica suficiente, pasarían a ser consideradas entidades no calificadas y quedarían sujetas a un impuesto fijo de 15% sobre la renta bruta obtenida en el extranjero.

Esta es una “ley de panameños hecha para los panameños”, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que la misma está enfocada en mantener la competitividad del país donde el objetivo principal es preservar los trabajos existentes y crear las condiciones para que se generen nuevas plazas de trabajo en el sector privado.

Este primer bloque de modificaciones cuenta con alrededor de 10 artículos, entre los que se destaca el número uno que adiciona un capítulo denominado reglas de sustancia económica para rentas pasivas al título primero del libro cuarto del Código Fiscal para que, según se explicó, sea el capítulo segundo y se corre la numeración de los siguientes capítulos.

Citado por la información de la Asamblea, Eduardo Gaitán, presidente de esta instancia legislativa, señaló que este primer bloque de modificaciones es el resultado de un amplio periodo de consultas en consenso con todos los actores, como economistas independientes, gremios tributaristas y abogados, quienes ayudaron a robustecerlo para que resulte una ley sana que fortalezca la economía del país.

Informó que para este jueves se espera la presentación del segundo bloque para que, posteriormente, se proceda a aprobarlo en primer debate y que pase al pleno legislativo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, del 4 de mayo al 5 de junio, para tratar exclusivamente el proyecto de “Ley de Sustancia Económica”.

Esta legislación pretende lograr que Panamá salga de la última lista discriminatoria en la que aún permanece.

Mulino indicó que la discusión en la Asamblea Nacional permitirá que Panamá avance en su estrategia de inversión extranjera en Europa para octubre próximo y logre salir de la mencionada lista.

Durante este mes, el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá reuniones para explicar los alcances de la ley y absolver dudas, indicó una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia.

“Estoy mandando la carta al presidente de la Asamblea [Jorge Herrera] convocando… He conversado con dos bancadas y la próxima semana hablaré con las bancadas Panameñista y de Cambio Democrático para la docencia necesaria por una ley que es muy técnica, para que se nutran de esa información y se logre una discusión de altura, sobre un tema que no es un capricho, es una necesidad del país”, dijo el mandatario.

En días pasados, Mulino expresó que la Ley de Sustancia Económica debe aprobarse “sí o sí”, ya que permitirá que Panamá salga de la restricción que le tiene la Unión Europea.

La Unión Europea considera que el sistema tributario panameño es pernicioso por existir una exclusión de gravamen sin condiciones sobre las rentas pasivas de fuente extranjera, entendiéndose como intereses, dividendos, ganancias de capital y regalías obtenidas por entidades que forman parte de un grupo multinacional.

La ley no afecta a todas las empresas ni a todos los ingresos de fuente extranjera, toda vez que su objetivo son las estructuras corporativas multinacionales que podrían utilizar el sistema panameño para recibir rentas pasivas que no tributen ni en Panamá, por ser fuente extranjera, ni en el país donde se generaron, explica el sitio panamaway.com.

Para que estas rentas pasivas sigan exentas de impuestos, la entidad en Panamá debe ser considerada una “entidad calificada”, lo cual se logra demostrando una sustancia económica en el territorio nacional.

En su conversatorio de los jueves, el mandatario panameño también se refirió al impacto social que en su opinión ha tenido el uso de la partida discrecional bajo su administración.

Enfatizó que estos fondos son manejados con estricto control, transparencia y responsabilidad, tras un análisis de cada uno de los casos en los que ha sido necesario.

Manifestó que el Gobierno recibe diariamente múltiples solicitudes de ayuda, muchas de las cuales corresponden a urgencias médicas de alta complejidad que solo pueden tratarse en el extranjero, resultando en costos sumamente altos para familias que no pueden afrontar esos gastos.

Sobre el tema de las partidas discrecionales, un proyecto reciente del diputado Luis Duke, de la facción independiente Vamos, busca impedir que funcionarios asignen recursos para ayudas o beneficios sin tener un sustento institucional.

Desde 1994 hasta el presente, la partida discrecional de los distintos presidentes de la República suma $201.5 millones, según TVN.

Al desglosar la cifra, de mayor a menor gasto, se tiene que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) utilizó $55.7 millones en partida discrecional, el de Juan Carlos Varela (2014-2019) $41.7 millones, Laurentino Cortizo (2019-2024) $31.2 millones, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) $25 millones, Mireya Moscoso (1999-2004) $23 millones, Martín Torrijos (2004-2009) $22.3 millones, y José Raúl Mulino $2.6 millones, entre julio de 2024 a febrero de 2026.

La Asamblea Nacional suspendió hasta segunda orden el proyecto de ley 443 que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina que se expende a los panameños.

La medida llega en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente de la República, José Raúl Mulino, llamara en los próximos días a sesiones extraordinarias del ente legislativo para la aprobación de este proyecto.

El Órgano Legislativo entra este jueves en receso de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio.

La suspensión fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancadas acordaran la medida, argumentando que el pueblo necesita una mayor ilustración sobre los beneficios o no del etanol.

“No queremos legislar de espaldas al pueblo panameño”, indicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, en declaraciones a TVN.

Desde el 2013 ronda en Panamá la idea de utilizar el biocombustible, medida que no se ha podido concretar en 2014, 2023 y en 2025.

El último intento fue durante la pasada administración del presidente Laurentino Cortizo, que tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

Para la iniciativa del etanol “se dedicarán 35,000 hectáreas adicionales al cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra en dos meses más”, aseguró en su momento Carlos Salcedo, ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, de acuerdo a reportes de prensa de ese momento.

“Esto no solo diversificará la producción de azúcar, sino que también nos llevará hacia la producción de etanol, un combustible amigable con el medio ambiente”, añadió. Pasado el tiempo no se dio ni lo uno, ni lo otro.

Ahora, el debate se da en medio de una reducción en el área sembrada de caña. De 40,555 hectáreas sembradas durante el año agrícola 2016-2017, esta se redujo a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica un corte obligatorio de la gasolina de origen fósil con un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), cuyos directivos reconocen que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible fundamental para la cadena de caña de azúcar y el agro: actualmente, el 30% de la caña se destina a producir etanol, impulsando economías rurales y fortaleciendo la bioeconomía”, manifestó Agustín Torroba, experto internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y secretario ejecutivo de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos.

Torroba participó en abril pasado en la Asamblea General de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA), que reunida en Panamá analizó la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria azucarera en la región de América Latina, en momentos en que los biocombustibles se abren paso.

El Colegio Médico de Honduras convocó a una asamblea informativa de carácter nacional para este domingo 19 de abril de 2026, que se llevará a cabo en hospitales y centros de salud de todo el país entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. La actividad busca reunir al personal médico para analizar la situación actual del sistema sanitario y definir una posición común ante los problemas laborales que, según este gremio, se han acumulado en los últimos meses.

La convocatoria se da en un contexto de creciente tensión entre el sector médico y el las autoridades luego de reiteradas denuncias por atrasos en el pago de salarios, despidos de personal y el incumplimiento en la firma de contratos pendientes. Desde el Colegio Médico de Honduras sostienen que estas situaciones han generado inestabilidad en los centros asistenciales y han afectado tanto a los trabajadores como a la atención de los pacientes.

En días anteriores a esta convocatoria, médicos en diferentes regiones del país realizaron acciones de protesta que incluyeron la suspensión parcial de servicios en áreas no críticas. Estas medidas afectaron consultas externas y algunas atenciones programadas, aunque se mantuvieron los servicios de emergencia. El gremio explicó que estas acciones fueron una respuesta ante la falta de avances en el diálogo con las autoridades. Los directivos médicos sostienen que uno de los principales problemas sigue siendo el atraso en el pago de salarios a trabajadores de la salud. También señalan la existencia de médicos cesanteados que no han sido reintegrados a sus puestos, así como la falta de formalización de contratos en distintos centros hospitalarios. Según el gremio, estas situaciones se repiten en varios departamentos del país sin una solución clara.

Durante la asamblea del 19 de abril, los médicos abordarán una serie de puntos que consideran urgentes. Entre ellos se encuentra la exigencia del pago de salarios atrasados, la reincorporación de los profesionales despedidos y la revisión de las condiciones laborales actuales. También se discutirá la necesidad de ajustar los salarios en relación con el costo de vida, así como el fortalecimiento del sistema de salud pública mediante mayor asignación de recursos.

El gremio también insiste en que se deben cumplir acuerdos previos relacionados con la organización del sistema sanitario y con el personal médico en formación. Además, se espera que durante la jornada se analicen posibles acciones futuras si no se observan respuestas concretas por parte de las autoridades.

En este contexto, el Colegio Médico informó que en el país se han registrado al menos 422 médicos despedidos en distintos centros asistenciales. De ese total, se menciona que 48 corresponden a especialistas en áreas consideradas sensibles, como oncología, cirugía, neonatología y hematología. El gremio advierte que la salida de estos profesionales impacta directamente en la capacidad de atención de hospitales que ya operan con limitaciones.

Médicos dispuesto a dialogar

El doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico, expresó preocupación por la falta de apertura al diálogo, manifestó. Por lo que reiteran que mantiene su disposición a participar en mesas técnicas de trabajo con las autoridades del gobierno. ‘Estos espacios permitirían revisar los problemas con mayor detalle y buscar soluciones.’

Aunque la participación en la asamblea ha sido declarada obligatoria para los agremiados, se ha establecido que los servicios de emergencia, unidades de cuidados críticos y áreas prioritarias deberán seguir operando con normalidad. El objetivo, según la convocatoria, es no interrumpir la atención a los pacientes que requieren asistencia urgente durante la jornada.

Panamá se incorporó a la lista de naciones que forman parte del pacto “Alimentación Primero”, por medio del cual la Asamblea Nacional asume el compromiso de impulsar una agenda legislativa en favor de la alimentación adecuada, supervisando que los recursos destinados a este fin sean bien utilizados.

Más de 200,000 personas en Panamá padecen hambre, lo que representa el 5,7% de la población, mientras que alrededor de 350 toneladas de alimentosse desechan cada día, según cifras de la Asamblea Nacional.

Por si fuera poco, el país presenta un 71.7% de exceso de peso en adultos, con más de 35% de obesidad, muy por encima de la prevalencia regional (29.9%) y mundial (15.8%), reportado en los más recientes informes.

El pacto, que se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 2, insta a incorporar al poder Ejecutivo y a la sociedad civil en este esfuerzo, y obliga a presentar anualmente un informe sobre los avances alcanzados.

Chile, España, Guatemala, México y República Dominicana ya asumieron este compromiso, en el marco de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria.

Se explicó que este es un instrumento político central de dicha Alianza, conformada por los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y la Alianza Parlamentaria Portuguesa por la Seguridad Alimentaria.

Creada en 2024 con el respaldo del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, la Alianza cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante el programa Mesoamérica sin Hambre.

Esta es una iniciativa conjunta con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros organismos internacionales.

La firma del pacto en la nación canalera se dio en medio de una sesión de planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de Panamá, coordinado por el diputado Ariel Vallarino.

Los integrantes de este proyecto definieron las prioridades e iniciativas legislativas que impulsarán durante el siguiente periodo en materia de seguridad alimentaria y nutricional, con el acompañamiento técnico de la FAO a través del programa Mesoamérica sin Hambre.

Precisamente, el Frente Parlamentario panameño llega a este compromiso con trabajo legislativo adelantado, pues recientemente la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 396, que establece medidas para la prevención de pérdidas y el desperdicio de alimentos.

La iniciativa, que crea un marco regulatorio para que los alimentos aptos para el consumo lleguen a quienes más los necesitan en lugar de terminar en vertederos, fue elaborada con la participación de la Iglesia Católica, el Banco de Alimentos, el Ministerio de Salud y representantes del sector privado.

El pacto “Alimentación Primero” se enmarca en un contexto regional que demanda acción sostenida. América Latina y el Caribe registra la dieta saludable más costosa entre todas las regiones del mundo: más de 181 millones de personas no pueden acceder a ella.

La inseguridad alimentaria, de acuerdo a informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, afecta a una de cada cuatro personas, con mayor impacto en las mujeres, y la obesidad en adultos roza el 30%, casi el doble del promedio mundial.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, fue escogida como nueva Defensora del Pueblo de Panamá para el periodo 2026-2031, con una votación de 31 a 37 en la Asamblea Nacional, en una sesión que terminó cerca de la medianoche.

Previo a un candente debate entre los diputados, mediante una votación en el pleno se retomó y superó un informe de minoría que volvía a dar la oportunidad a Russo de participar en la contienda, pues había sido excluida de una lista previa en la Comisión de Gobierno del ente legislativo.

Desde hace unas semanas ya se rumoraba que Russo era la ungida del Ejecutivo.

El 4 de enero de 2016 Russo fue nombrada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta el 2025.

Durante su trayectoria, ejerció en importantes responsabilidades institucionales, entre ellas, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Sala Primera de lo Civil, coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

También fue miembro de la Comisión de Alto Nivel de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, desde donde según una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, promovió acciones y lineamientos dirigidos a la igualdad de género, la protección de los derechos humanos y la atención oportuna de personas en condición de vulnerabilidad.

Russo llegó a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia nominada por el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), aunque en esta oportunidad corrió apoyada por la bancada gubernamental del partido Realizando Metas, del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado por supuestos actos de corrupción y asilado en Colombia desde el 10 de mayo de 2024, gracias a un salvoconducto otorgado por el actual presidente José Raúl Mulino.

Mulino llegó a la presidencia de la República de la mano de Martinelli, con 34% de los votos del electorado, bajo el slogan “Mulino es Martinelli y Martinelli es Mulino”.

Faltando horas para el debate y la votación en la Asamblea Nacional, el hasta hace poco Defensor del Pueblo y candidato a mantenerse en el cargo, Eduardo Leblanc, envió una carta pública desistiendo de su candidatura.

“Por este medio informo al país que, tras una profunda reflexión personal, familiar e institucional, he tomado la decisión de retirar mi candidatura al cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031, convencido de que la institución debe estar siempre por encima de cualquier interés individual”, manifiesta Leblanc.

“Declino la candidatura”, se lee en el documento, “con la tranquilidad del deber cumplido, orgulloso del trabajo realizado junto a un equipo comprometido, y satisfecho de haber contribuido a consolidar una Defensoría más fuerte, cercana y respetada, capaz de acompañar al país en momentos complejos”.

Leblanc manifestó que su decisión busca evitar que la Defensoría del Pueblo se vea envuelta en controversias que puedan afectar su rol como garante de los derechos humanos en el país.

La 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Panamá del 22 al 24 de junio próximo, en el país, se verá engalanada con la selección de unas 60 obras de artistas panameños que se encuentran en el Museo de Arte de las Américas, en Washington, Estados Unidos.

La propuesta de traer las obras de artes de artistas panameños se dio durante la visita al país de la secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, y de la directora del Museo de Arte de las Américas, Adriana Ospina, quienes recorrieron la Ciudad de las Artes como parte de la agenda preparatoria de la Asamblea General.

Gil destacó el valor de la Ciudad de las Artes como referente regional en formación artística, señalando que “es un ejemplo a nivel latinoamericano”.

En la galería de arte de la OEA han expuesto artistas de la plástica panameña que han contribuido al desarrollo de pintura local, con proyección internacional.

Entre ellos destacan Alfredo Sinclair Ballesteros (1914-2014), considerado el primer panameño en explorar el expresionismo abstracto, y Mario Calvit (1933-2021), pintor y escultor asociado con el realismo y el neorealismo, conocido por sus paisajes, figuras humanas y caballos salvajes.

También han expuesto sus obras Manuel Chong Neto, Antonio Alvarado y Alberto Dutary, así como Luis Aguilar Ponce y Guillermo Trujillo.

En esta oportunidad la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) cobra un significado mayor al coincidir con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar.

Aquel encuentro pionero sembró las semillas del multilateralismo americano, promoviendo la unidad, la paz, la soberanía y la cooperación entre las naciones del continente, ideales fundamentales de la OEA.

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución declarando el 2026 como el “Año conmemorativo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”, lo que convierte esta cita en una oportunidad única para reflexionar sobre el legado bolivariano y reafirmar el compromiso colectivo con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la integración regional.

En la agenda cultural del país el Ministerio de Cultura anunció la apertura de la segunda convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026.

La convocatoria, publicada en la Gaceta Oficial, invita a directores y directoras de trayectoria nacional e internacional a formar parte de un proceso competitivo que posiciona a Panamá como un referente cultural en la región.

La convocatoria exige formación académica en dirección orquestal, experiencia comprobada en escenarios nacionales e internacionales, una hoja de vida artística actualizada y la presentación de un proyecto artístico que plantee su visión para el desarrollo de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El repertorio del concurso incluirá obras emblemáticas de grandes compositores universales como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Johannes Brahms y Claude Debussy, lo que garantizará un alto nivel técnico y artístico en cada etapa del certamen.

Los participantes serán evaluados por un jurado integrado por tres especialistas: un representante nacional y dos jurados internacionales, asegurando un proceso transparente, riguroso y de alto nivel.

Con esta convocatoria del Concurso Internacional para la selección del director(a) titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, temporada 2026, el Ministerio de Cultura señaló que continúa impulsando iniciativas que fortalecen la institucionalidad cultural, promueven el talento y consolidan a la Sinfónica como un referente artístico dentro y fuera del país.

La vacante pendiente en la co-coordinación de Sumar, originada tras la dimisión de Carlos Martín en agosto, concentra la atención en la inminente reestructuración del partido. Según consignó el medio, el Grupo Coordinador de Movimiento Sumar decidió este sábado convocar una nueva asamblea tras la celebración de las elecciones andaluzas, con el objetivo de redefinir la estrategia, renovar cargos directivos y actualizar la estructura interna después del ciclo electoral y del anuncio de Yolanda Díaz sobre su retirada como candidata a las generales.

De acuerdo con lo reportado por el medio, la última asamblea de Sumar tuvo lugar en marzo del año anterior, momento en el que se optó por un modelo de doble coordinación. Sin embargo, desde la salida de Martín, Lara Hernández se ha mantenido como única referente interina. Esta decisión pone de relieve la preferencia de la formación por priorizar la agenda política y electoral antes que resolver asuntos orgánicos, una tendencia que ahora el partido busca revertir en el contexto ‘post Díaz’.

El órgano de dirección de Sumar evalúa que la mejor manera de cubrir la vacante y avanzar en una nueva etapa pasa por someter nuevamente a votación la composición de sus máximos órganos, según publicó el medio. La convocatoria a la asamblea también servirá como punto de partida para el rediseño del rumbo político y estratégico del partido, cuyas decisiones ahora se verán influidas por la ausencia de su principal figura electoral.

De acuerdo con las fuentes internas citadas por el medio, entre los objetivos centrales de la futura asamblea se sitúa la renovación de los órganos de dirección y la apertura de un debate sobre la estrategia del partido frente a los próximos retos políticos. Esta reunión podría desarrollarse entre dos dinámicas: reproducir el modelo de candidaturas de consenso, como sucedió en asambleas previas, o dar paso a una posible confrontación entre sectores encabezados por la coordinadora general, Lara Hernández, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

La diputada Verónica Martínez Barbero manifestó en días recientes, según recogió el medio, su apoyo a la celebración de la asamblea y a la necesidad de debatir los pasos futuros de Sumar con la militancia. La dirección, mientras tanto, examina sus recientes resultados electorales y ha señalado la importancia de aprovechar la cita para robustecer la labor del partido dentro del Gobierno. Según informó el medio, el Grupo Coordinador incidió en la relevancia de los dos decretos del plan anticrisis aprobados el viernes anterior en el Consejo de Ministros, considerados una victoria política para Sumar.

Actualmente, Lara Hernández sostiene el liderazgo orgánico de Sumar. En su intervención inicial en la reunión del Grupo Coordinador, Hernández defendió la presión que los ministros de Sumar ejercieron sobre el PSOE para incorporar medidas de vivienda y límites a márgenes empresariales en el denominado “escudo social”. Hernández advirtió que la ausencia de estas demandas habría favorecido políticas opuestas al modelo defendido por Sumar.

El medio detalló que, durante la última sesión del Consejo de Ministros extraordinario, los ministros de Sumar retrasaron el inicio de la reunión para forzar una negociación con el PSOE, logrando la aprobación de dos decretos, uno de los cuales extiende los contratos de alquiler. Esta intervención directa marcó la posición de Sumar en las negociaciones dentro del Ejecutivo.

Sumar ratifica la continuidad en sus alianzas electorales con Izquierda Unida, los Comuns y Más Madrid, una decisión que apunta a fortalecer el bloque progresista y asegurar la ampliación de derechos y libertades en próximas citas electorales. Según el medio, el partido prepara mecanismos para aumentar la participación territorial y planea la creación de una portavocía joven, reforzando así el Espacio Joven de Sumar como un actor dentro de la organización.

El Grupo Coordinador también aprobó la hoja de ruta hacia la asamblea, que incluye la apertura de un proceso interno para el debate político y la implicación de toda la militancia. Este proceso está enfocado en promover la identidad de Sumar como fuerza plurinacional, laborista, ecosocialista y feminista, según consignó el medio.

La asamblea que ahora se prepara será la tercera en solo tres años, reflejo de la evolución acelerada de Sumar desde su creación. En el último congreso se estableció una estructura de bicefalia que ahora necesita ajustes ante la nueva realidad. El partido afronta así un escenario en el que la sucesión de Yolanda Díaz plantea retos internos considerables: desde la adaptación del liderazgo, hasta la consolidación de la coalición electoral y la redefinición de sus relaciones con otras fuerzas progresistas.

Informó el medio que aunque la nueva convocatoria carece de una fecha concreta —debido a que las elecciones andaluzas no han sido convocadas—, la dirección de Sumar plantea que la asamblea se realice a finales de junio o mediados de julio. El calendario responde a la necesidad de recalibrar el proyecto político en ausencia de Díaz y de adaptar la estrategia de Sumar al horizonte de las elecciones generales de 2027, tras haber reafirmado la coalición con sus socios.

Distintas fuentes consultadas por el medio aseguran que la retirada de Díaz constituye un factor determinante para la convocatoria de esta asamblea. El objetivo en esta etapa consiste en fortalecer la autonomía estratégica del partido y consolidar su dinámica horizontal con otras formaciones próximas, dejando atrás el modelo de “paraguas de organizaciones”.

El desarrollo de la asamblea y el proceso previo buscan ofrecer espacios de debate y decisión a la militancia, con el fin de responder a las exigencias del momento político y enfrentar los próximos desafíos electorales y de gobierno, según detalló el medio a partir de los acuerdos del Grupo Coordinador.

El proyecto de ley que pretende implementar de manera obligatoria el uso de etanol en las gasolinas que se utilizan en Panamá tuvo el lunes su primer revés al no poder avanzar en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, debido a la falta de quorum de los diputados.

Productores de caña y representantes de los ingenios azucareros acudieron a la Asamblea Nacional, en donde se iba a realizar el primer debate, el cual fue suspendido por el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la citada comisión legislativa.

El proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica, a partir de biomasa en el territorio nacional, norma impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia.

La norma propone el uso obligatorio de bioetanol anhidrido al 10% como aditivo oxigenante en mezclas de gasolina.

En ella se prioriza la compra del producto elaborado como materia prima nacional y se indica que la adquisición de bioetanol anhidro producido con materia prima local para uso en mezclas con gasolinas tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero.

También se crea una Comisión de Coordinación y Seguimiento para el Programa de Biocombustibles, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas, Ambiente y por el director de la Secretaría de Energía.

El texto de la norma establece que dicha comisión será la encargada de evaluar las hectáreas necesarias para el cultivo de insumos vegetales o animales, el abastecimiento al mercado interno, los precios locales e internacionales y su impacto en los consumidores y en la cadena de comercialización.

El tema causa sinsabores entre los diputados comisionados, que hasta el momento mantienen dos posiciones: unos quieren la obligatoriedad del uso del bioetanol y otros se oponen, aunado al hecho de que ninguna posición tiene los cinco votos de la comisión, por lo que en la próxima reunión se convocará para continuar con el análisis de este proyecto.

La reunión para tratar nuevamente el primer debate quedó establecida para el martes, y se espera que en la misma se llegue a una definición mayoritaria.

La propuesta beneficia a la población con más empleos, sobre todo en las áreas rurales, en opinión de Rodrigo Rodríguez, secretario de Energía, quien agregó que en un análisis realizado por esta entidad quedó demostrado que si la norma de un 10% de etanol en las gasolinas se hubiera implementado hace unos 10 años, hoy día el consumidor podría haberse beneficiado con una baja de entre dos a tres centavos en el precio del precio del galón, “aunque a futuro no se sabe”.

Antes de que la reunión fuera suspendida, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, aseguró que el beneficio de este proyecto es mayor para todos los consumidores, por lo que la postura de la entidad es a favor.

La posición de Abadi Balid provocó la reacción de la diputada independiente Alexandra Brenes, quien dijo que en febrero este funcionario le envió una carta de tres páginas en donde le exponía su rechazo al proyecto por ser contrario a los intereses del consumidor, ya que limita su libertad de elección, lo que podría ser contradictorio a la Constitución.

“¿Qué ha cambiado desde su carta del 5 de febrero a la fecha?, se preguntó Brenes.

Por la industria cañera, Rodrigo Cardenal, de la Asociación de Azúcares y Alcoholes, indicó que el etanol al 10% con la gasolina genera una combustión más limpia.

La capacidad de ejercer el derecho a voto desde cualquier sede electoral, sin importar el domicilio del socio o socia, marcará el proceso de elección presidencial del FC Barcelona, según detalló la organización en un comunicado. Este enfoque busca maximizar la participación en los comicios fijados para el 15 de marzo, fecha en la que la masa social del club determinará el rumbo de la institución deportiva.

De acuerdo con la información publicada por la entidad azulgrana, el FC Barcelona distribuirá cinco sedes electorales a lo largo del territorio para facilitar la accesibilidad a los 114.504 socios y socias que integran el censo con derecho a voto en esta ocasión. Según informó el club, se ha diseñado un sistema que permitirá que cada votante elija el punto de votación más conveniente entre Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Andorra la Vella, sin restricción geográfica asociada a su residencia.

El medio oficial del club detalló que la sede central operará en las instalaciones del Spotify Camp Nou, en la ciudad de Barcelona, donde se habilitarán 110 de las más de 120 mesas electorales establecidas en este proceso. En Girona, los socios podrán acudir a la Casa de Cultura; en Tarragona, a las instalaciones del Palacio de la Diputación; en Lleida, a la sede de la Federació Catalana de Futbol; y en Andorra la Vella, al Centre de Congressos. La distribución contempla cinco mesas en Girona, cuatro en Tarragona, dos en Lleida y una en Andorra la Vella.

La jornada electoral se extenderá desde las 9.00 hasta las 21.00, permitiendo a los integrantes del censo social ejercer su voto durante doce horas continuas, según consignó la organización. El club subrayó la importancia de esta cita para la determinación del futuro institucional, e instó a la comunidad blaugrana a participar en la consulta. La convocatoria aspira a lograr una elevada asistencia que aporte legitimidad al resultado de las elecciones presidencialistas.

Según publicó el FC Barcelona, este procedimiento cuenta con la puesta a disposición de recursos logísticos y humanos para gestionar la afluencia esperada y dar soporte a quienes acudan a votar. La composición del censo electoral incorpora universalidad y accesibilidad como criterios principales, permitiendo flexibilidad en la elección de la ubicación física para el ejercicio democrático.

La entidad informó que este mecanismo pretende sortear las limitaciones logísticas que en años previos dificultaron la participación de socios residentes fuera de la ciudad de Barcelona. Al habilitar cuatro provincias catalanas y Andorra, la organización busca propiciar que los socios y socias dispongan de alternativas próximas a su entorno, atendiendo a una demanda histórica de descentralización del proceso de votación.

El club agregó que la ubicación de la mesa electoral no condicionará la validez del voto, y que se mantendrán controles para garantizar la transparencia y la seguridad del escrutinio. Las instalaciones de cada sede han sido adaptadas para albergar las mesas y acoger a los votantes durante la extensión de la jornada.

El FC Barcelona puntualizó que la distribución de mesas se diseñó en función de la densidad de socios en cada demarcación, lo que explica la concentración de mesas en el Spotify Camp Nou. Según reportó el club, el proceso de elaboración del censo y la logística electoral cuenta con la supervisión de los órganos pertinentes para asegurar la regularidad del acto.

El club llamó a la comunidad barcelonista a acudir masivamente a las urnas para decidir la orientación y la estructura de gobierno para los próximos años. La institución enfatizó que el resultado definirá el liderazgo y la gestión, en un contexto en el que la participación de la masa social adquiere especial significado para el modelo de club que el FC Barcelona expresa desde su fundación.

El proceso electoral, según detalló el club, representa una jornada clave en la que se designará al nuevo presidente, cargo de máxima responsabilidad dentro de la estructura institucional. La organización recordó a los socios y socias la necesidad de cumplir con los requisitos de identificación establecidos para poder ejercer el voto en cualquiera de las sedes habilitadas durante el horario oficial.

El FC Barcelona reforzó en su comunicación que la cita electoral responde a un compromiso con la transparencia, la apertura y la participación, ofreciendo garantías para el desarrollo pacífico y ordenado de la consulta. Según indicó el club, todo el dispositivo electoral ha sido dispuesto para favorecer la máxima concurrencia y para que los 114.504 miembros puedan expresar su elección de manera efectiva en la fecha programada.

Víctor Font señaló que los 50 millones de euros de comisión pagados a Darren Dein se habrían podido utilizar para implementar una política de incentivos al socio durante cinco temporadas, en referencia al plan presentado por la precandidatura 'Nosaltres' para transformar la gestión de los abonos en el FC Barcelona. Según informó 'Nosaltres' y recogió el medio de comunicación, la propuesta reduce hasta en un 75% el precio del abono a los socios que acudan al menos al 80% de los partidos celebrados en el Spotify Camp Nou. El objetivo principal es favorecer la presencia de abonados habituales en el estadio, priorizando el acceso de seguidores del club y restringiendo el protagonismo que actualmente tienen los asistentes ocasionales o turistas.

El medio detalló que la regla establecida determina que los socios que cumplan con la asistencia mínima fijada para una temporada accederán a un descuento del 50% en el siguiente abono anual. Si el socio consigue mantener ese nivel de asistencia en dos temporadas consecutivas, el descuento aplicable se incrementa hasta un 75%. Víctor Font explicó que la iniciativa reemplaza el actual sistema, que otorga incentivos por liberar el asiento y facilita el llenado del estadio con público visitante, por otro cuyo fin es incentivar activamente la asistencia de los propios miembros del club. Font declaró que “en lugar de premiar la liberación del asiento para que el socio no vaya y el Camp Nou se llene de turistas, incentivaremos su asistencia”, y recalcó la necesidad de modificar un modelo que, según la precandidatura, prioriza el beneficio inmediato por taquilla frente al sentimiento de pertenencia de los socios.

La propuesta también prevé que cada abonado tenga la posibilidad de designar hasta tres socios adicionales que podrían utilizar su localidad en caso de que el titular no pueda acudir a un partido. Para el cómputo del 80% de asistencia, la presencia se contabiliza tanto si asiste el titular como si lo hace cualquiera de los socios autorizados. Esta medida busca facilitar la continuidad en el uso de las localidades otorgadas a los abonados y, al mismo tiempo, garantizar que la asistencia en el estadio corresponda mayoritariamente a miembros del club. Según reportó 'Nosaltres', la candidatura estima que el impacto económico de este plan rondaría los 10 millones de euros por temporada.

Font remarcó que el equipo está “dispuesto a asumir este coste para lograr que el estadio esté ocupado principalmente por socios”, y subrayó que existen otras vías de negocio planificadas que procurarían compensar el gasto asociado a la medida. Este planteamiento, indicó, se contrapone al modelo vigente, al que calificó como una gestión heredada de los años ochenta que busca maximizar los ingresos de taquilla tratando al socio más como cliente que como parte esencial del club. El dirigente denunció que la improvisación constante ha hecho al FC Barcelona dependiente de los ingresos por la venta de entradas a turistas, situación que la candidatura pretende cambiar mediante esta política de priorización del socio.

En el apartado económico y de gobernanza, la precandidatura de Font se compromete a que cualquier incremento en el precio del abono que sobrepase el índice de precios al consumidor (IPC) deba contar con la autorización expresa de la Asamblea, una medida que en la actualidad solo es obligatoria para la cuota del carné de socio y no para los abonos. Según consignó 'Nosaltres', este control de las subidas de precio por parte del máximo órgano representativo del club reforzaría la transparencia y la participación de los socios en la gestión económica de la entidad.

Font argumentó que los recursos empleados en otras operaciones, como la comisión a Darren Dein, podrían haberse destinado a servicios directamente orientados al bienestar y la fidelidad de los socios. “Con los 50 millones de comisión a Darren Dein se podría haber impulsado esta política de incentivos al socio durante cinco temporadas”, expresó, insistiendo en la importancia de reorientar los presupuestos a reforzar el vínculo entre la directiva y la base social del club.

El planteamiento de 'Nosaltres' incorpora una revisión integral del modelo de gestión de los abonos, con el fin de fomentar una mayor afluencia y permanencia de los socios en el estadio, lo que, de acuerdo con la propuesta, contribuiría a consolidar un ambiente enfocado en los valores propios de la entidad. Según publicó 'Nosaltres', la medida está pensada como respuesta directa a lo que consideran una pérdida progresiva del sentimiento de pertenencia y exclusividad de los socios, frente a un modelo donde predomina el visitante ocasional.

Font concluyó que la política de incentivos económicos para la asistencia recurrente tiene como finalidad específica mantener y reforzar la identidad social del FC Barcelona, asegurando que el estadio esté “lleno de socios” en cada partido, limitando la venta de entradas a personas ajenas y adecuando el modelo a las demandas actuales de la masa social.

Mercedes Zarzalejo, hasta ahora diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ha sido elegida para dirigir la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, tras la salida de Emilio Viciana. De acuerdo con información distribuida por el Gobierno regional mediante una nota de prensa, el traspaso en la cartera educativa se oficializará el martes, con la publicación del correspondiente decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Según reportó el gobierno autonómico en el comunicado, el cese de Viciana al frente de la Consejería se concreta menos de un año después de haber asumido el cargo, ya que había comenzado su labor en octubre de 2023. La nota difundida por el Ejecutivo regional no aclara las razones detrás de esta decisión ni ofrece detalles sobre el relevo.

El medio también indicó que Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, optó por confiar la Consejería a Zarzalejo, quien a la fecha ejercía como diputada en la Asamblea legislativa autonómica por el grupo parlamentario popular. Hasta este anuncio, Zarzalejo no formaba parte del gabinete autonómico. Según trasladó el Gobierno de Madrid a través de su nota, la designación busca mantener la actividad y las líneas de trabajo fijadas en el área educativa, científica y universitaria de la región.

Viciana, quien deja la Consejería tras un periodo breve en el cargo, había sustituido a otros consejeros anteriores en la gestión del área de educación regional. El cese y la sustitución se informan en un contexto en el que no se ofrecieron comentarios oficiales acerca de posibles motivos personales, políticos o técnicos vinculados a la salida del ya exconsejero.

La Comunidad de Madrid aclaró que la toma de posesión de la nueva consejera será efectiva después de la publicación reglamentaria, siguiendo el procedimiento habitual en la administración pública regional. Desde el Ejecutivo madrileño no se ha anticipado el contenido de las primeras medidas o pronunciamientos públicos de Zarzalejo al frente de la Consejería tras su incorporación.

En el comunicado oficial distribuido por el gobierno autonómico, se insiste en la formalidad del proceso que lleva al nombramiento de Zarzalejo y en la continuidad de la gestión en el área de Educación, Ciencia y Universidades de la región. Hasta el momento, ni Díaz Ayuso ni la Consejería han ampliado información sobre los futuros planes o expectativas respecto a la nueva titular del área.

Tal como destacó el Ejecutivo madrileño en su comunicado, el cambio se materializará con la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, donde quedará formalizado el traspaso de responsabilidades y competencias a Mercedes Zarzalejo, siguiendo las normativas establecidas para los altos cargos de la administración regional.

El proceso para la asignación de integrantes de la Junta y de la Mesa Electoral concluirá el 12 de febrero, según detalló la convocatoria oficial difundida por el FC Barcelona. En esa fecha, se realizará un sorteo público que dará lugar a la conformación de estos órganos que regularán el desarrollo de las elecciones a la presidencia del club. Con el anuncio de este lunes, el club azulgrana pone en marcha el proceso electoral que finalizará el 15 de marzo, día en que los socios y socias deberán elegir al nuevo presidente en una jornada que no contempla la opción de votar por correo.

De acuerdo con la información publicada por el FC Barcelona, el próximo 15 de marzo se celebrarán las decimoquintas elecciones presidenciales de la entidad desde 1953, año en que se llevaron a cabo los primeros comicios abiertos solo a socios varones. Esta será la novena ocasión en que se aplicará el sufragio universal, permitiendo tanto a hombres como a mujeres socios ejercer su derecho al voto para decidir el futuro de la institución deportiva. El club explicó que en esta oportunidad no se recurrirá al voto por correo, un procedimiento que solo estuvo vigente durante las elecciones de 2021, de manera excepcional y condicionada por la pandemia de COVID-19. El anuncio oficial de la convocatoria establece el calendario que regirá todas las fases del proceso electoral.

El medio consignó que la Junta Directiva tiene programada una sesión ordinaria este lunes desde las 10.00 horas, espacio en el que se formalizarán las dimisiones de los directivos interesados en competir por la presidencia. Entre ellos figura el actual presidente, Joan Laporta, quien ya había anunciado su deseo de optar de nuevo al cargo. El calendario electoral estipula que, tras el sorteo para designar los miembros de la Junta y la Mesa Electoral, el acto de constitución de estos órganos tendrá lugar el 13 o 14 de febrero. A partir del 15 de febrero, quienes deseen postularse podrán solicitar las papeletas de apoyo requeridas para formalizar sus candidaturas.

La exposición del censo electoral, con la publicación del listado de socios y socias habilitados para votar, se desarrollará entre el 15 y el 19 de febrero, según informó FC Barcelona. Durante los días 20 al 22 de febrero, se recibirán reclamaciones sobre el censo, tras lo cual se aprobará el registro definitivo. Posteriormente, entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, los posibles candidatos deberán presentar sus propuestas, apoyadas por al menos el 50% de los compromisarios que conforman la Asamblea, de acuerdo con las bases publicadas. Entre el 3 y 5 de marzo, el club procederá al recuento de papeletas y posteriormente proclamará oficialmente a las personas candidatas que hayan reunido el respaldo necesario.

La campaña electoral se desarrollará entre el 6 y el 13 de marzo, periodo en el cual los candidatos podrán exponer sus propuestas a los socios y socias del club. La convocatoria establece una jornada de reflexión el 14 de marzo, previa a la cita con las urnas del día 15. El club ha dispuesto la habilitación de cinco puntos de votación distribuidos en las cuatro demarcaciones catalanas —Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona—, así como en el Principado de Andorra, para facilitar la participación de los socios en esta consulta. Según publicó el FC Barcelona, el censo será universal, lo que permitirá a los socios y socias ejercer su derecho al voto en cualquiera de los puntos electorales, independientemente de su localidad de residencia.

La organización de estas elecciones subraya la intención de garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso interno más relevante del club. Las normativas aprobadas y el calendario previsto buscan que la participación sea accesible y ordenada, dentro del marco tradicional del club, aunque sin la opción de voto por correspondencia que rigió durante la pandemia. La magnitud de la cita, como recordó la entidad, radica en que se trata de un acontecimiento clave para definir el rumbo de una de las instituciones deportivas con mayor membresía en el mundo y con una amplia base social repartida por varias regiones.

El proceso electoral culminará con las votaciones del domingo 15 de marzo y la posterior proclamación del nuevo presidente y su junta, marcando una nueva etapa en la dirección del FC Barcelona.

La preocupación por el negacionismo respecto a la crisis climática emergió como eje central en las declaraciones recientes de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), quien enfatizó la necesidad de enfrentar los discursos que buscan minimizar el impacto del cambio climático en España y sus consecuencias. Maíllo expuso esta postura durante su intervención en Logroño, donde participó en el cierre de la asamblea de Izquierda Unida La Rioja, tal como informó el medio.

Según detalló la fuente, Maíllo realizó un llamado a la responsabilidad colectiva frente a los episodios meteorológicos intensos que han afectado a Andalucía, una región que en los últimos días se ha visto afectada por sucesivas borrascas que han dejado daños significativos en diversas localidades, incluidas varias gobernadas por IU. El dirigente subrayó la importancia de actuar con "prudencia, absoluta prudencia en estos momentos, que es lo más importante", luego de confirmarse la existencia de al menos una víctima mortal derivada de las recientes inclemencias climáticas, reportó el medio.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, Maíllo expresó su solidaridad con los afectados y recordó las dificultades a las que se enfrentan los pueblos y ciudades del sur, haciendo hincapié en la magnitud de las pérdidas materiales y humanas ocurridas. Además, señaló que, más allá de las evaluaciones futuras de los daños, la sociedad no debe perder de vista la crisis climática en desarrollo en el país. Sostuvo que en los últimos años España ha experimentado veranos marcados por incendios sin precedentes, con miles de hectáreas consumidas en varias comunidades autónomas, seguidos por períodos de lluvias intensas cuya magnitud no tiene antecedentes comparables.

El coordinador federal de IU insistió en la necesidad de fortalecer y desarrollar estrategias claras para responder a la crisis climática. “Lo que pedimos es prudencia, absoluta prudencia en estos momentos, que es lo más importante. Tiempo habrá para evaluar y, sobre todo, no perder la perspectiva de la crisis climática que vivimos, en la que pasamos de veranos con incendios absolutamente inéditos, que han arrasado miles de hectáreas en varias comunidades autónomas, a lluvias intensas como nunca la había habido antes”, reflejó según consignó la fuente.

Maíllo advirtió sobre la resistencia que algunos sectores de la sociedad mantienen ante la evidencia de los cambios ambientales, explicando que ciertos grupos “independientemente de la realidad creen más lo que les dicen que lo que sus ojos ven”. Además, manifestó su inquietud sobre la influencia de estas narrativas negacionistas en la formación de la opinión pública, especialmente entre la juventud, y subrayó el papel que corresponde a la sociedad en desafiar dichas perspectivas. “Nosotros hacemos una interpelación aquí desde La Rioja a que la sociedad, los jóvenes principalmente que se están conformando, crean más en lo que ellos ven que en lo que le dicen que ocurre. Y esto es importante porque la batalla cultural que se da va a tener esas coordenadas”, afirmó Maíllo según recogió el medio.

Durante su intervención, Maíllo también abordó el contexto político actual, mencionando la convocatoria de elecciones en Aragón y destacando la labor conjunta de IU con Sumar para consolidar un bloque democrático que proporcione certezas y una perspectiva de solidez ante los retos sociales y ambientales. Según publicó la prensa, el dirigente reafirmó que IU “está en un momento de revitalización como soporte y actor político. Una formación en la que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y del bloque democrático ven una referencia de solidez, de certidumbre, de seguridad en momentos de tanto desasosiego”, enfatizando que ese desasosiego se refleja en diversas facetas de la vida social actual.

El dirigente de IU reiteró que la voluntad de la organización política es contribuir activamente a la movilización social frente a la crisis climática y a los desafíos políticos que enfrenta España, con la convicción de que el reconocimiento de la gravedad del cambio climático y la adopción de medidas responsables requieren del compromiso tanto de la ciudadanía como de los responsables públicos.

William Silgado, presidente de la Subdirectiva Única de Oleductos (SUO) de la USO, denunció que el encuentro se realizó el lunes 22 de diciembre entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m., según la citación interna difundida, criticando que se haya desarrollado durante la temporada navideña y en un horario inusual.

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Así mismo, el lider sindical sostuvo que la junta directiva de la USO, encabezada por su presidente César Loza, citó a la Asamblea con la pretensión de aprobar un pliego dirigido a la población de trabajadores sustituidos que en su momento prestaban servicios a Ecopetrol y luego fueron reasignados a su filial Cenit.

“No le importó la denuncia penal que tiene encima precisamente por haber retirado un pliego de peticiones legítimo, el cual fue presentado en Asamblea de marzo de 2023 para discusión y el cual fue retirado de manera directa y unilateral por él y las directivas de las compañías, para ahora presentar uno en una fecha no apta y el cual solo beneficiaría a las dos compañías”, criticó Silgado.

El dirigente sindical agregó que, además de buscar la aprobación del pliego, la Junta procedió al nombramiento de negociadores sin acudir al mecanismo habitual de elección dentro del sindicato.

“El señor Loza utiliza sus fueros solamente para hacerle caso a Ecopetrol y CENIT, pasando por encima de los trabajadores, los cuales se supone deberían ser su prioridad y razón de ser, por el cargo que ejerce”, alertó.

Diversos integrantes de la USO han manifestado que las decisiones adoptadas por la Junta en estos términos no solo generan extrañeza sino que socavan la confianza en los procedimientos internos del sindicato.

“Procedieron a nombrar unos negociadores sin hacerlo mediante el mecanismo de elección, que se usa siempre en estos casos, con el fin de incomodar a los empleados sustituidos que no le seguimos el juego, por lo que rechazamos esta situación y no permitiremos que vayan a feriar nuestros derechos establecidos desde un inicio en la Convención USO-Ecopetrol”, mencionó.

Por último, hizo un llamado a la junta directiva de la USO para que aclare las razones de fondo de la convocatoria, así como garantizar condiciones de participación adecuadas y explique los motivos por los que se pretende resolver un tema de importancia para los trabajadores sustituidos justamente en una época poco propicia.

“Este problema radica por la misma sustitución patronal en la que nos metió Ecopetrol y CENIT y no puede ser motivo para que la Junta Directiva Nacional de nuestro propio sindicato se preste para acabar con los derechos de los trabajadores sustituidos”, concluyó.

Presidente de la USO seguiría como representante en Ecopetrol

Ante las denuncias expuestas por las bases sindicales de la USO, la Junta Directiva manifestó un respaldo mayoritario a César Eduardo Loza Arenas como representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol.

En un comunicado, la organización convocó a todas las trabajadoras y los trabajadores directos de Ecopetrol a apoyar este nombramiento para asegurar la presencia de una voz sindical en el máximo órgano de dirección de la compañía.

“Como sindicato mayoritario en Ecopetrol, desde el inicio del actual periodo estatutario se trazó como objetivo político alcanzar la representación en el máximo órgano de dirección de la principal empresa de las y los colombianos, Ecopetrol”, señaló la organización en la misiva.

Esta iniciativa se concretó luego de la reciente modificación de los estatutos sociales en una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, bajo solicitud del Gobierno Nacional, que permitió la incorporación de un trabajador como miembro permanente del órgano directivo.

Además, la USO destacó que el lider sindical posee todas las competencias requeridas para integrar la directiva y defender temas como los derechos laborales, la seguridad y soberanía energética, la transición energética justa y la protección de la industria petrolera.

Incluso, recordaron que, desde el 2022 hasta la fecha, la USO realizó gestiones ante el Gobierno, la presidencia y la directiva de Ecopetrol, además de participaciones en asambleas de accionistas, defendiendo la necesidad de representación laboral en la dirección de la empresa.

“Esta pretensión se hizo realidad en la pasada asamblea extraordinaria de accionistas, la cual, a solicitud del Gobierno nacional, modificó los estatutos sociales para que una persona trabajadora llegara como miembro permanente de este órgano directivo”, puntualizaron.

La presencia de manifestantes, entre los que se encontraban trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en la sede del Parque Tecnológico Miguelete, junto a representantes de movimientos políticos y organizaciones sociales, derivó en un operativo policial que incluyó la intervención de grupos motorizados y fuerzas especiales de la Policía de la Ciudad.

La situación se tornó más compleja cuando, tras una asamblea, los manifestantes decidieron trasladar su reclamo desde la avenida Constituyentes hacia la General Paz. Apenas ocuparon la vía, los efectivos policiales comenzaron a desplazarlos, lo que desencadenó los primeros incidentes.

Según se observó en el lugar, los manifestantes respondieron arrojando cubiertas encendidas hacia la policía, mientras los agentes avanzaban para despejar la autopista con golpes de palos y escudos.

Este intercambio marcó el inicio de una serie de enfrentamientos, con la policía replegando a los manifestantes y estos intentando mantener la protesta mediante la quema de neumáticos.

La infantería policial intensificó su avance, especialmente sobre una de las salidas de la General Paz, a la altura de Constituyentes, donde se registraron los momentos de mayor tensión. El corte y los enfrentamientos provocaron demoras significativas en la zona, obligando a extremar la precaución.

Los trabajadores estatales se congregaron tras la decisión del Gobierno de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, forma parte de un proceso de “modernización administrativa” que implica la transferencia de las funciones del área al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó a Crónica TV: “Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos, y vamos a protestar contra la reforma laboral”.

Aguiar criticó la política de recortes del Gobierno, a la que calificó como una “motosierra”, y cuestionó el anuncio oficial de reducir en un diez por ciento la planta de empleados estatales. El dirigente sindical advirtió sobre el futuro de miles de trabajadores y remarcó: “Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales”.

Antecedente similar

Vale recordar que durante el mes de julio (días 7 y 8) de este año, cientos de trabajadores del INTI llevaron a cabo una masiva protesta en las inmediaciones de la autopista General Paz, donde protagonizaron un “ruidazo” con cacerolas, instrumentos de percusión y bocinazos, junto con la interrupción parcial de la autovía, para expresar su rechazo a la disolución del organismo.

Bajo la consigna “El INTI no se toca”, los empleados públicos se movilizaron hacia la autopista, y cortaron parcialmente los carriles, para expresar su rechazo al Decreto 462/2025. La resolución oficial firmada por el presidente Javier Milei establecía la eliminación formal del instituto, y lo reconvierte en una “unidad organizativa" de menor jerarquía, y con menos atribuciones.

La movilización se había desarrollado en el marco de una serie de acciones impulsadas por la Asamblea Multisectorial del INTI. La indignación de los empleados se profundizó tras la publicación, durante la madrugada del martes 8 de julio el decreto extendido que reestructura varios organismos estatales, incluyendo el propio INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“Hay partido para rato, que no es poco”, se sinceró un joven dirigente del PRO a Infobae tras la reunión del Consejo Nacional del partido, que encabezó ayer Mauricio Macri y se realizó en la sede de la calle Balcarce. El encuentro fue breve. Y respondió a la necesidad de rediscutir los objetivos y la relación con La Libertad Avanza en el corto, mediano y largo plazo, y a la urgencia de frenar la sangría de dirigentes de los bloques parlamentarios.

Era el reclamo de un sector cada vez más nutrido de dirigentes: que el expresidente, más allá de las declaraciones públicas como las que hizo en Chile, la semana pasada, donde habló de la necesidad de construir un candidato presidencial “propio” para el 2027, marque una hoja de ruta institucional que diferencie al PRO de la gestión libertaria, más allá del apoyo a las reformas que Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su administración. Por eso se anunció que no habrá interbloques parlamentarios con LLA.

Durante la reunión, Macri destacó la necesidad de “convocar de abajo para arriba, buscando que toda aquella gente que se identifica con el PRO y con las ideas liberales sienta que hay una variante”. “La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión”, agregó.

Un dirigente del PRO, afín a las ideas libertarias, relativizó los anuncios de la reunión de ayer. “Fue un poco darle el gusto a gente como (María Eugenia) Vidal, que piden que nos diferenciemos, pero la verdad que lo importante para nosotros es acompañar con votos las reformas penal, tributaria y laboral que el país necesita, y que plantea Milei, que son las mismas que planteaba Macri cuando era Presidente”, afirmó a Infobae. Y añadió: “Que no haya interbloque no implica nada, solo que Cristian (Ritondo), como presidente de la bancada, tiene que negociar el texto de las leyes con el ministro del Interior, que es (Diego) Santilli, es un chiste”.

Expulsiones, ausencias y enojos

Más allá de esta discusión, en la reunión en la sede de Balcarce no pasaron desapercibidas las ausencias de los diputados nacionales Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni. Ambos estaban invitados, pero decidieron no participar.

También se vivió un momento de tensión, cuando se discutió (y aprobó) una nueva intervención del partido en Córdoba, y que tuvo como protagonista a Oscar Agost Carreño, presente en el encuentro. Enfrentado hace meses con Macri, integra el bloque de diputados de Encuentro Federal y resistió dos intentos previos para removerlo de la conducción del PRO cordobés.

“Entré porque me habían convocado con dos mails, hasta me pusieron cintita amarilla en brazo para mesa central. Adentro, no me dejaron hablar, y luego de votar lo de Córdoba me pidieron me vaya. Esperando ascensor, apareció un custodio oficial de Mauricio Macri y me dijo que tenía que acompañarlo hasta la puerta”, relató Agost Carreño a Infobae.

La nueva interventora designada es Soher El Sukaria, cercana a Macri y concejal en la ciudad de Córdoba. “Yo estaba iniciando el proceso de internas del PRO Córdoba y, al igual que la primera intervención, la hacen para no dejar que se vote porque el macrismo está en minoría en cantidad de afiliados y perdería. En un año hubo tres intervenciones. Por una serie de juicios que hice, la Justicia anuló las dos anteriores, y ahora inicié una nueva acción para anular la tercera”, señaló el diputado, que no logró renovar su banca al frente de la boleta amarilla que tuvo un magro desempeño.

También hubo malestar entre algunos de los presentes con la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. La titular del PRO provincial, que encabezó la boleta para diputados de Provincias Unidas, habría informado que no será parte del bloque amarillo y que integrará la bancada que representa a los gobernadores. Esto ya lo había adelantado el gobernador Maximiliano Pullaro, la semana pasada, en conferencia de prensa.

“A Agost Carreño lo expulsaron en diciembre del año pasado, cuando intervinieron el PRO de Córdoba. Aún así, se presentó ayer al Consejo y pidió la palabra y se votó para que lo echen del lugar. No es parte del partido hace casi un año por inconducta partidaria y por no conformar el bloque durante su mandato. Y con Gisela hay bronca, porque avisó que no va a asumir por el PRO. Todas las miradas fueron a ella. Es un contexto donde el PRO necesita de la fuerza de cada diputado”, aseguró un importante dirigente del PRO en el Congreso.

La semana que viene, mientras tanto, está previsto que se realice la Asamblea del PRO, que preside el diputado y exintendente de Pinamar, Martín Yeza. “Va a ser más tranquila que ayer”, anticiparon.

Si en una reunión de peñistas del año 2008, en su primera etapa como presidente, el abogado barcelonés acuñó la mítica sentencia de “¡al loro, que no estamos tan mal!”, la asamblea de 2025 aparecerá en las hemerotecas por el uso de las expresiones catalanas “mestretites” y "setciències” (“sabelotodo” y “eruditos”) para referirse a los grupos de socios críticos con su gestión.

"Todos los que hablan de gestión, todos estos eruditos (‘setciències’) y sabelotodo (‘mestretites’)...Alerta y bien lejos. El Barça no es una empresa, es una institución global", aseveró Laporta en los compases finales de un discurso inicial que duró 34 minutos.

Y añadió: "Todas las acciones que hemos hecho son para que el Barça continúe siendo propiedad de sus socios, sin que ninguna de estas medidas haya provocado que el socio haya tenido que asumir ningún coste. Vosotros (los socios) no erais responsables de la situación en la que nos encontrábamos"

En cierto modo, Laporta dio el pistoletazo de salida a la precampaña electoral. El escenario -la última asamblea antes de los comicios del 2026- no fue ni mucho menos casual.

Tampoco lo fue el momento elegido, la reunión anual de compromisarios, después de que en las últimas semanas varios nombres llamados a competir con el actual presidente en los próximos comicios denunciaron públicamente la opacidad de la junta directiva y cuestionaron la gestión económica del club, que bajo el mandato de Laporta presenta unas pérdidas acumuladas de 230 millones de euros.

El presidente azulgrana, en cambio, destacó que la situación económica, deportiva y social es "mucho mejor" que cuando él y su junta directiva asumieron el gobierno de la entidad hace cuatro años y medio.

Y, pese a los tambores de campaña electoral de fondo, la mayoría de socios compromisarios aprobó los dos puntos más importantes del orden del día -cierre del ejercicio contable y presupuestos- de una asamblea que, como viene siendo habitual, tuvo una participación baja y una duración maratoniana (más de 11 horas).

De los 4.641 compromisarios convocados, solo 553 -412 a favor, 84 en contra y 31 en blanco- votaron las cuentas del curso pasado, que se cerraron con 17 millones de pérdidas después de impuestos, aunque con 2 millones de beneficio ordinario.

Los compromisarios también refrendaron ampliamente el presupuesto para la próxima temporada (2025-26), que prevé unos ingresos de 1.075 millones de euros y un resultado neto positivo de 4 millones.

En total 506 socios compromisarios refrendaron las previsiones económicas del próximo ejercicio, de los cuales 418 lo hicieron a favor, 55 en contra y 21 de ellos votaron en blanco.

Una de las partidas de ingresos que crecerán con vistas al próximo curso es BLM, la empresa propiedad del club que gestiona las tiendas, la venta 'online' y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad, que el próximo curso prevé ingresar 200 millones de euros.

Pese a que en 2022 los socios compromisarios dieron luz verde a la junta directiva de vender dicha empresa si así lo consideraba, el tesorero Ferran Olivé insistió en que en ningún momento se lo han planteado.

Olivé desveló, además, que BLM está valorada en 800 millones de euros, según un estudio realizado por una empresa auditora contratada por el club.

Por la tarde, los compromisarios ratificaron a Francesc Pujol como nuevo miembro de la junta directiva y a Josep Solé, que formará parte de la comisión económica del club.

Y también dieron luz verde a los acuerdos comerciales con Novadial Corporate, una alianza con la que dicha empresa podrá abrir locales de restauración de la marca Barça, y con la compañía de electrodomésticos china Midea, cuyo logotipo aparecerá en la manga de la camiseta del primer equipo de fútbol, ​​tanto en los partidos como en los entrenamientos, a partir del mes de julio de 2026.

Todo ello antes de que la vicepresidenta Maria Elena Fort, directiva responsable del Espai Barça, diera detalles sobre cómo será la nueva grada de animación del futuro Spotify Camp Nou. Dicho grupo estará formado por 1.247 socios, de entre 18 y 25 años, y se denominará 'Gol 1957'.

En su discurso, Fort aseguró que la entidad confía en que el Spotify Camp Nou reciba los permisos administrativos para contar con un aforo parcial de 62.000 espectadores antes de 2026.

Antes, el recinto, que ya ha obtenido la licencia de primera ocupación de la fase 1A con un aforo cercano a los 27.000 espectadores, deberá recibir los permisos de la fase 1B con 45.000 asientos, cuando está previsto que el estadio vuelva a acoger partidos del primer equipo.

El director deportivo del Barça, Anderson Luis de Souza 'Deco', también dio detalles de su gestión ante los compromisarios y, después, en una comparecencia ante los medios de comunicación, anunció que el club recurrirá la doble tarjeta amarilla que el técnico Hansi Flick vio en el último partido ante el Girona.

Tras un largo turno de preguntas de los socios, en el que Laporta insinuó la presencia de "una mano blanca" en alusión a la expulsión de Flick ante el Girona, y un extenso discurso de agradecimiento del presidente, se puso el punto final a la última asamblea ordinaria del actual mandato.

 Víctor Martí

Barcelona, 19 oct (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha alertado este domingo, en su discurso de apertura de la asamblea telemática de socios compromisarios, de los peligros de escuchar a "los eruditos" que "hablan de la gestión" del club azulgrana, en alusión a los grupos que se oponen a su gestión.

En un discurso de 34 minutos de duración, el máximo dirigente del club catalán ha repasado, en la última asamblea antes de las elecciones del próximo año, la situación económica, deportiva y social de la entidad después de 4 años y medio de mandato en los que, en su opinión, el club está "mucho mejor" de cuando él y su junta directiva asumieron el gobierno de la entidad.

"Todos los que hablan de gestión, todos estos eruditos, sabelotodo...alerta y bien lejos. El Barça no es una empresa, es una institución global", ha aseverado el presidente de la entidad.

En este sentido, Laporta ha señalado que durante su mandato la junta directiva "no ha hecho caso a proclamas apocalípticas" y "ha recuperado" la economía del club gracias "al coraje" de "luchar contra todo y contra todos" por el Barça.

"Todas las acciones que hemos hecho es para que el Barça continúe siendo propiedad de sus socios, sin que ninguna de estas medidas haya provocado que el socio haya tenido que asumir ningún coste. Vosotros (los socios) no erais responsables de la situación en la que nos encontrábamos", ha argumentado.

Laporta ha puesto en valor que "los resultados ordinarios" del último ejercicio "hayan vuelto a ser positivos con dos millones positivos de superávit", lo que demuestra, según ha insistido, que el club está "en la línea de la recuperación económica".

"Haber conseguido unos ingresos de 994 millones de euros tiene más mérito. El buen fútbol y los resultados han permitido que haya una buena respuesta de asistencia y ha hecho que los ingresos por taquillaje hayan sido 39 millones más de lo que presupuestamos", ha destacado.

El presidente ha recordado que la entidad cerró el pasado ejercicio con un ingreso en patrocinios de 259 millones de euros y ha subrayado el "récord histórico de facturación" de BLM, la compañía propiedad del club que gestiona las tiendas, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad.

Más allá de las cifras económicas, el discurso del máximo dirigente de la entidad ha elogiado "la temporada histórica" que completó el primer equipo de fútbol masculino con la conquista de los tres títulos nacionales (Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga).

"Tenemos un excepcional grupo humano en nuestro vestuario. La armonía que hay en el vestuario dirigido por Flick nos hace tener un equipo que nos ha demostrado que puede conseguir todos los objetivos que se marque. Es un equipo de presente y de futuro", ha remarcado.

Asimismo, ha mencionado que el equipo femenino de fútbol "sigue siendo una referencia mundial" después de que Aitana Bonmatí conquistara recientemente su tercer Balón de Oro, el quinto consecutivo de una jugadora azulgrana después de los conseguidos previamente por Alexia Putellas.

"Esta voluntad de ser líderes ha sido compatible con una voluntad de mantener nuestras esencias. El Barça sigue estando en la primera línea de fútbol y sigue siendo un club polideportivo respetado", ha agregado.

Las obras del Spotify Camp Nou, que este viernes recibió la licencia de primera ocupación de la fase 1A con unos 27.000 espectadores, ha sido otro de los puntos a los que Laporta se ha referido en su discurso.

"Es el sueño colectivo del barcelonismo, es el legado que tendrán las futuras generaciones de barcelonistas, hemos tenido el coraje de reactivar un proyecto que en un momento de máxima dificultad decidimos hacer. Lo hicimos porque nosotros queremos que los socios vean este sueño hecho realidad", ha celebrado.

En este sentido, el presidente también ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Barcelona y de sus técnicos para que la licencia de primera ocupación del estadio ya sea una realidad.

Laporta ha cerrado su discurso con una referencia al gol del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 94 con el que el primer equipo de fútbol sumó los tres puntos frente al Girona (2-1) en el partido de este sábado.

"Ayer Flick puso a Araujo de delantero centro porque creyó hasta el final y Araujo marcó un gol que nos pone líderes. Este es el espíritu y mentalidad que queremos", ha zanjado.

Barcelona, 19 oct (EFE).- La asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona ha aprobado este domingo un acuerdo comercial para que la compañía Novadial Corporate, propiedad del Grupo San Pablo de Burgos, pueda abrir locales de restauración de la marca Barça.

Según ha explicado el tesorero de la entidad, Ferran Olivé, dicha empresa garantiza la apertura de más de 10 restaurantes, que se denominarán 'Can Barça', en los próximos 3 años, priorizando los mercados de América y Asia.

Además de vender comida rápida, los locales reservarán un espacio en su interior para comercializar productos del club, así como de la propia línea de artículos de la marca 'Can Barça'.

La entidad no ha dado a conocer las cifras del acuerdo "por motivos de confidencialidad", si bien ha desvelado que cobrará una cantidad fija por dicha alianza, además de facturar un 6% sobre el total de ventas de comida y bebida, así como un porcentaje en 'royalties' entre el 8,5% y el 10% de los productos oficiales del club, una cifra que se situará entre el 10,5% y el 12,15% en los artículos de la marca 'Can Barça'.

 Con este acuerdo, Novadial Corporate podrá abrir estos locales de restauración en cualquier momento de los próximos cinco años, con un derecho de explotación de 10 años a partir de su inauguración.

El club se compromete, además, a difundir contenido de los restaurantes en sus redes sociales y a realizar acciones promocionales en los establecimientos, como garantizar la presencia de miembros del Barça Legends -equipo formado por exjugadores del club- en los actos de inauguración.

Un total de 272 socios compromisarios refrendaron este acuerdo, 52 votaron en contra y 34 lo hicieron en blanco.

Los socios también ratifican el acuerdo de patrocinio con Midea

Además de dar luz verde a esta alianza comercial, los compromisarios -321 a favor, 25 en contra y 19 en blanco- han ratificado el acuerdo de patrocinio con la compañía de electrodomésticos china Midea hasta la temporada 2030-31.

A partir del 1 de julio de 2026, esta compañía situará su logotipo en la manga izquierda de la camiseta del primer equipo del FC Barcelona, ​​tanto en los partidos como en los entrenamientos, además de estar presente en otros activos publicitarios del club.

El club no ha detallado la cifras del acuerdo, pero Ferran Olivé ha desvelado que el Barça cobrará por este concepto un 25% más que Ambilight TV, la firma de productos de Phillips de la compañía TP Vision, que actualmente ocupa la manga izquierda de la zamarra del equipo azulgrana.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado este jueves que la gravedad de las sanciones para garantizar la convivencia en las universidades "no es cierta" y ha asegurado que se sigue la senda de la norma nacional.

En la antesala del Pleno de la Asamblea, ha insistido en que hay un proyecto de ley en el que se está trabajando "mucho tiempo" con toda la comunidad universitaria y que incorpora un régimen sancionador que sigue la línea marcada por la Ley de Convivencia Universitaria nacional.

"Así que la noticia falsa de la gravedad de las sanciones no es cierta y por lo tanto cuando se vea todo el contenido del borrador se verá que efectivamente el régimen sancionador que contempla el proyecto de ley universitaria de la Comunidad de Madrid sigue exactamente la línea marcada por la ley nacional", ha explicado.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha cargado este jueves contra una Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que "ha multiplicado costes" de personal en las universidades pública de una manera "completamente gratuita y arbitraria".

Así lo ha trasladado el consejero en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea acerca de la inversión que realiza en los centros universitarios públicos de la región.

El consejero ha criticado la acción de una ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morantm que "maltrata financieramente" a la universidad y ha reprochado que Madrid no cuente con "los 150 millones de euros que Pedro Sánchez ha dado por debajo de la mesa a los independentistas catalanes solo para investigación".

"Teniendo todo esto en cuenta, pues hago una valoración muy positiva de la inversión que hacemos en las universidades públicas madrileñas, pero es que, además, no nos contentamos con eso, sino que queremos mejorar y estamos negociando con los rectores un nuevo modelo de financiación", ha recordado Viciana.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Horacio Diez ha asegurado que el Gobierno autonómico "no ha querido escuchar a los sindicatos, los docentes ni el alumnado", a la vez que le ha criticado que presuma de aumentar el presupuesto si bien "los números son más reales que su propaganda".

"En 16 años han invertido un 25% menos en universidad. Y, como veo el contexto, aunque a algunos les cuesta discernir mafia y democracia, voy a hacer un pequeño ejemplo. Si la vida, si los costes suben un 10% y ustedes suben un presupuesto un 5%, ¿cuánto hemos subido el presupuesto? Exactamente, un menos 5%. Se recorta el presupuesto un 5%. Eso es lo que han hecho ustedes, asfixiar a las universidades", ha censurado.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tal y como se preveía, ha encargado este jueves formar gobierno al primer ministro en funciones, Luís Montenegro, quien ya sabe que no encontrará objeciones entre los otros dos partidos mayoritarios de la Asamblea para poner en marcha la legislatura.

"Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones legislativas, oídos los partidos políticos, según los términos constitucionales y asegurada la viabilidad parlamentaria del nuevo ejecutivo, el presidente nomina a Luís Montenegro", ha señalado la Presidencia en un comunicado.

Montenegro ha sido el último en reunirse este jueves con Rebelo de Sousa, después del presidente del Partido Socialista (PS), Carlos César, y del líder de Chega, André Ventura, quienes han garantizado que facilitarán la formación de gobierno y no apoyarán la moción de rechazo que planea el Partido Comunista.

"La voluntad popular ha de ser respetada", ha dicho César, el primero en acudir al Palacio de Belén. El dirigente socialista ha añadido además que tampoco se opondrán a la candidaturas a la Mesa de la Asamblea, incluida la del presidente de la misma, que corresponde a la Alianza Democrática (AD) de Montenegro, pues "son también resultado de la representatividad de cada uno de los partidos".

Quien también ha adelantado que no pondrá objeciones a la investidura de Montenegro, ha sido el líder de Chega, André Ventura, quien ha pasado de ser el único con escaño de su partido tras las elecciones de 2019 a dirigir una bancada de 60 diputados después de estas últimas celebradas el 18 de mayo.

El ultraderechista ha sacado pecho de los dos diputados que le han concedido los votos en el exterior para auparse como segunda fuerza de la Asamblea y ha prometido liderar una oposición responsable, erigiéndose como una alternativa preparada para gobernar en caso de que sé de la situación.

Portugal celebró este domingo sus terceras elecciones en tres años, pero lejos de ofrecer cierta estabilidad, dejaron nuevamente un Parlamento muy fraccionado, en el que la coalición de Montenegro intentará gobernar con una frágil mayoría ante el auge de la ultraderecha y la caída electoral de los socialistas.

Gallardo, que como presidente del Grupo Parlamentario Socialista, se ha estrenado preguntando a Guardiola, ha criticado que desde que anunció su decisión de acceder a la Asamblea lo hayan convertido "en un problema personal y no lo es, ha dicho," porque el problema es "la deriva a la que ha llevado su gobierno a la región".

Guardiola, que también le ha recriminado su "aforamiento exprés", ha defendido su "respeto al diálogo", pero le ha dicho que no le pida que "entre de su mano en el delirio que se ha montado, en esa maraña de mentiras y excusas y sinvergonzonería". EFE

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El partido ultraderechista de Portugal Chega se ha convertido en la segunda fuerza con mayor número de diputados en la Asamblea tras el recuento de los cerca de 350.000 votos del exterior, convirtiéndose así en líder de la oposición y adelantando al Partido Socialista (PS), que ha caído al tercer puesto.

La conservadora Alianza Democrática (AD) y Chega se han repartido a partes iguales los cuatro diputados elegidos por los portugueses en el extranjero, dejando al PS sin ningún escaño desde el exterior, lo que ocurre por primera vez en su historia. Con estos dos nuevos diputados para sendas formaciones, AD logra 91 asambleístas y Chega se hace con 60, mientras que los socialistas se quedan con 58 asientos.

Según datos oficiales, Chega ha sido el partido más votado en Francia --uno de los destinos tradicionales de la migración lusa-- con cerca del 29 por ciento de los votos, por delante del PS con el 14 por ciento y AD con el 13. En Suiza, que también cuenta con una fuerte presencia de migrantes portugueses, Chega ha obtenido más del 45 por ciento de los votos.

Uno de los diputados elegidos por Chega, Manuel Magno Alves, ha considerado en declaraciones a la agencia de noticias Lusa que su victoria es un "claro mensaje de que los portugueses "ya no quieren el socialismo", sino "un Portugal para los portugueses".

Tras las elecciones anticipadas del 18 de mayo, el PS y Chega se disputaban ser líder de la oposición porque estaban empatados en 58 diputados después de que los socialistas sufrieran una importante caída respecto a la cita en las urnas de 2024, por lo que Pedro Nuno Santos dimitió inmediatamente como secretario general del partido.

Nadal se incorporará como nuevo miembro del COE junto al seleccionador de piragüismo Miguel García, a propuesta de la presidencia, además de Ruth Beitia, David Cal, Joan Llaneras y Vicente del Bosque, que seguirán como asambleístas.

La Asamblea respaldó de forma unánime todas las propuestas de la directiva, incluidas las cuentas del organismo, que incluyen el cierre del presupuesto de 2024 con 14,3 millones de euros ingresos y una partida de 7,7 millones de euros en este concepto para 2025.

Las cifras respaldadas contemplan para este año una partida de ingresos de 7.791.093,37 euros, de gastos de 7.780.558,58, un saldo favorable de 10.534,79 y una partida para inversiones 30.000.

Incluyen también en 2024 una aportación a las federaciones de 2,7 millones de euros para becas a deportistas, entrenadores, cursos técnicos y diversos programas y un fondo olímpico (social) de 8,4 millones.

Además de ratificar la continuidad de Isabel Fernández como vicepresidenta primera, de Victoria Cabezas como secretaria general y de Víctor Sánchez como tesorero, la Asamblea aprobó también la designación como vicepresidentes por parte de la Junta de Federaciones Olímpicas de Francisco Blázquez (Balonmano) y José Hidalgo (Triatlón) y por parte de la Junta de las Federaciones no Olímpicas de Luis Ángel Vegas (Galgos).

Formarán parte del Comité Ejecutivo los presidentes Felipe Martínez (Boxeo), Jesús Carballo (Gimnasia), Javier Revuelta (Hípica), Santiago Deó (Hockey), Francisco Javier Iglesias (Lucha), Fernando Carpena (Natación), Carmelo Paniagua (Patinaje), Miguel Ángel Machado (Tenis de Mesa), Vicente Martínez (Tiro con Arco), José María Peus (Deportes de Invierno), Luis Vaño (Baile Deportivo), Francisco Gómez (Orientación) y José Luis Bruna (Pesca y Casting).

Raúl Chapado fue ratificado como presidente de la Academia Olímpica Española y Ruth Beitia como presidenta de la Comisión de Deportistas del COE.

Tras ser reelegido para un sexto mandato con 157 votos de los 165 emitidos y 8 en blanco, Blanco destacó los resultados deportivos de 2024, en los que España tuvo 32 campeones del mundo, 48 de Europa y 228 medallistas, más la mayor clasificación para los Juegos Olímpicos después de Barcelona con 383 deportistas en París 2024, y entre ellos 10 deportes de equipo, la cifra más alta detrás de Estados Unidos y Australia.

"En París tuvimos 18 medallas y 51 diplomas. He leído críticas pero yo era el menos optimista de los que hablaban. El dato importante es que el ciclo de Tokio a París ha sido en el que se han conseguido los mejores resultados de la historia. El 56% de los deportistas que fueron a los Juegos volvieron con diploma. Somos un deporte de referencia en el mundo, no nos fijemos tanto en las medallas, clasificarse para los Juegos cada vez es más difícil", dijo.

Tras agradecer todo el respaldo -"hasta aquí llegamos juntos y seguiremos juntos"-, Blanco tuvo palabras de reconocimiento especialmente a Mari Sol Casado, expresidenta de la Federación Internacional de Piragüismo, y a Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI y candidato a la presidencia de esta, en las elecciones en las que ganó la zimbabuense Kirsty Coventry.

"Te tenemos que dimensionar. Eres vicepresidente, te has presentado como candidato, ha ganado Kirsty y la deseamos mucha suerte, pero si alguien ha hecho una gran campaña has sido tú, has abierto muchas inquietudes con tus propuestas, ojalá te hagan caso porque sin ninguna duda eso mejoraría el COI. Esta es tu casa. Todos estamos en deuda contigo porque nos representabas a todos", afirmó. EFE

José Luís Carneiro, único candidato a liderar el Partido Socialista (PS) de Portugal tras el varapalo electoral, ha adelantado que la formación no apoyará una comisión de investigación contra el primer ministro portugués, Luís Montenegro, por el caso del supuesto conflicto de intereses relacionado con una empresa familiar y que derivó en las pasadas elecciones anticipadas del 18 de mayo.

Carneiro ha explicado que existe una investigación de la Fiscalía sobre este caso para esclarecer todas las dudas y ha pedido dejar actuar a la Justicia. "Parece adecuado y razonable a tenor de las informaciones que disponemos en estos momentos", ha justificado el candidato a suceder a Pedro Nuno Santos.

No obstante, ha matizado que esta decisión de apartarse de una investigación de la Asamblea no depende sólo de él, sino que tendrá que pasar por todos los órganos del partido, incluida su dirección general y su grupo parlamentario, informa la agencia de noticias Lusa.

Ante la amenaza de una comisión parlamentaria, Montenegro convocó una moción de confianza en la Asamblea después de que la prensa revelara que la consultora familiar --Spinumviva-- había estado recibiendo pagos de hasta seis compañías que hacían negocios con el Gobierno.

Montenegro ha negado cualquier conflicto de intereses y ha recordado que vendió todas sus acciones a su mujer e hijos antes incluso de asumir el liderato de su formación, el conservador Partido Socialdemócrata (PSD).

Después de no lograr la confianza de la Asamblea, Montenegro --que llegó al poder tras otras elecciones anticipadas provocadas por un caso de corrupción que salpicó a António Costa pero que quedó en nada-- convocó a los portugueses a las urnas, logrando nuevamente imponerse sin mayorías amplias para gobernar.

Estos comicios supusieron un duro revés electoral para los socialistas, que podrían caer hasta la tercera fuerza parlamentaria en favor de la ultraderecha de Chega, una vez se contabilicen los 300.000 votos que han llegado desde el exterior.

La comisión nacional del Partido Socialista ha convocado elecciones internas para elegir a su nuevo líder el 27 y el 28 de junio, si bien hasta el momento, el único candidato oficial es el exministro Carneiro, quien ya intentó acceder al cargo tras la salida de Costa, si bien salió derrotado en las primarias por Santos.

El TAD inició el procedimiento el pasado 10 de abril al apreciar indicios racionales de la comisión de un posible incumplimiento del artículo 19 de los Estatutos de LaLiga por parte de su presidente, al publicar en redes sociales el voto del Real Madrid en una encuesta secreta sobre el arbitraje.

No obstante, el expediente se ha cerrado sin sanción, ya que, según la resolución del instructor, adelantada por la Cadena Ser, lo que se hizo en la Asamblea fue una encuesta anónima sobre temas relacionados con el arbitraje y no se aprecia que el Real Madrid emitiera voto alguno, ni que manifestara su oposición a un acuerdo adoptado en la misma.

"En la única intervención realizada por el club respecto del punto debatido, es el representante del propio club el que formula una crítica a que la encuesta se realice de forma secreta, careciendo dicha manifestación de contenido que pueda considerarse como un acto de adhesión u oposición calificable de voto secreto susceptible de ser protegido estatutariamente", añade. EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles su modelo universitario, con reformas "valientes y necesarias", frente a un Gobierno de la nación que quiere "17 burocracias diferentes" como si hubiera "17 países".

"Desde hace dos años estamos emprendiendo reformas valientes y necesarias en todas las etapas educativas, especialmente Primaria, Secundaria y Bachillerato, porque es la manera de llegar a una buena universidad. La universidad es la consecución de un sistema educativo previo, por eso hace falta que profesores y alumnos estén lo mejor formados y preparados", ha trasladado la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

Así, ha insistido en su medida para que preadolescentes sigan en sus colegios de siempre y que no pasen más tiempo con los mayores, "intentando prevenirles de drogas, de bandas, ayudar a la conciliación, evitar el fracaso escolar y sobre todo que no quemen una etapa educativa tan importante".

También ha subrayado su intención de dar "aire fresco" a la universidades madrileñas y unirla a su vez con la Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas para que sea "un puente entre la empresa y la formación", además de contar con un distrito de prácticas único.

Ayuso ha resaltado también la importancia de que los profesores universitarios sean tratados en Madrid como en el resto de España a través de Ley de Mercado Abierto, "de manera que puedan venir y se puedan mover profesores universitarios de toda España".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha cargado en su intervención contra la portavoz socialista, Mar Espinar, al hablar de universidades y el PIB que destina a esta materia. "Usted sabe que la presidenta no dispone del PIB regional. Eso es lo que ocurre en las dictaduras comunistas. El PIB regional son los bienes y servicios que produce toda la región, eso no pasa aquí", ha señalado.

"Es que la distopía que nos hace vivir Pedro Sánchez nos ha llevado a leer mensajes de (José Luis) Ábalos citando a Quevedo. Es que es muy fuerte. Es decir, el mismo que destroza habitaciones de paradores llenas de pilinguis, te lee los clásicos del Siglo de Oro y negocia la compra de lingotes de oro también. Es muy versátil, Ábalos", ha criticado.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, ha reclamado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se rebaje el tono en la Cámara y ha sugerido que un grupo de diputados dialoguen fuera del hemiciclo para buscar una fórmula para solventar un ambiente que ha descrito que llega a ser "a veces irrespirable".

Lo ha trasladado Celada a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido en la Real Casa de Correos con la dirigente madrileña, enmarcada en la ronda de contactos de la mandataria con los grupos parlamentarios antes de reanudarse la actividad parlamentaria la próxima semana.

"Trato de ser lo más objetivo, el PSOE tiene un comportamiento ejemplar (...) Somos muy escrupulosos en cuanto al comportamiento y exigimos lo mismo del resto de grupos", ha lanzado el diputado socialista, quien cree que "el insulto, el descalificativo y la agresión verbal" marcan las sesiones parlamentarias.

Como ejemplo de ello ha citado las acusaciones a los socialistas de consumir cocaína o de acudir a clubes de alterne vertidos por parte de algunas bancadas. "Otra cosa es fuera de la Asamblea y a ella la señora Ayuso tendrá que saber qué hacer", ha remarcado al ser preguntado por si cree que también debería aplicárselo el secretario general del PSOE-M y ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López.

El socialista ha matizado que la creación de este grupo en pos de rebajar la tensión ha sido una "propuesta personal" al haber percibido a Ayuso en la reunión "a la defensiva". Es por ello que ha sugerido "crear un espacio" en el que los diputados, pues quizá con "menor tono a la hora de insultar, pues puedan poner en común una serie de aspectos que intenten rebajar el tono en la Asamblea".

Asimismo, ha indicado que entre las propuestas que ha puesto sobre la mesa a la presidenta regional también han estado la creación de una séptima universidad pública y un acuerdo por la salud mental. En vivienda, ha apuntado que en la Operación Campamento es "el momento en que administrativamente le corresponda a la Comunidad algún trámite" y ha pedido que se "desbloquee cuanto antes".

En cuanto a la comisión de estudio sobre las drogas que registrará el PP, Celada ha indicado que no se le ha transmitido en la reunión con al jefa del Ejecutivo autonómico.

También el diputado regional ha aprovechado esta reunión para reclamar a Ayuso que acuda a las llamadas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacando que fue la única mandataria regional que no fue a La Moncloa en la ronda de encuentros que se mantuvieron el pasado año.

El estado de California, conocido por su diversidad de símbolos oficiales que incluyen desde la amapola dorada hasta el tigre dientes de sable, podría sumar un nuevo emblema a su lista: Pie Grande (Bigfoot), también conocido como Sasquatch.

El asambleísta Chris Rogers, representante demócrata de Santa Rosa, presentó a mediados de febrero el proyecto de ley AB 666 con el objetivo de designar a esta criatura como el críptido oficial del estado.

Un críptido, según reportó CBS News, es una criatura cuya existencia no ha sido científicamente comprobada, pero que ha sido reportada a través de testimonios o evidencias anecdóticas. Ejemplos famosos de estos incluyen al Monstruo del Lago Ness y el Yeti.

Una criatura querida en el folclore local

En el caso de Pie Grande, se trata de una "figura legendaria" descrita como un ser grande, musculoso y cubierto de pelo, con características similares a las de un simio.

En el documento, el asambleísta afirmó que Pie Grande “es el críptido más famoso y querido en la cultura contemporánea de California” y, que para efectos de esta ley, son definidos como criaturas “que se cree que existen, pero no ha sido probado definitivamente por la ciencia”.

Pie Grande, fue descrito en el AB 666 como “un críptido legendario”, con sus orígenes en el condado de Humboldt, California. Además, Rogers asegura que Willow Creek “es ampliamente reconocida como la capital mundial de Pie Grande”, siendo este lugar la sede del festival anual Bigfoot Daze.

La celebración atrae a aproximadamente 2.000 personas de todo el mundo cada año, “duplicando la población de la comunidad local”, únicamente para rendir culto a la creencia de este críptido.

“Aunque las leyendas de una criatura grande, peluda y esquiva persisten en mucha partes del mundo, sus orígenes etimológicos residen firmemente en California, con el primer uso del término ‘Bigfoot’ en 1958 por Andrew Genzoli para el periódico Humboldt Times”, se lee en el proyecto de ley impulsado por Rogers.

El asambleísta considera que nombrar a Pie Grande como “el críptido oficial del estado de California” ayudará a promover el turismo tanto en las comunidades rurales como en las silvestres del estado, al igual que la educación, apreciación y la preservación cultural del folclore local y el patrimonio cultural.

El proyecto de ley AB 666 busca añadir a Pie Grande a la extensa lista de símbolos oficiales de California, que actualmente incluye más de 40 elementos reconocidos por la Biblioteca Estatal de California. Entre estos se encuentran el denim como la tela oficial, la serpentina como la roca estatal y el oso pardo como el animal emblemático en la bandera del estado.

Los motivos por los que buscan se convierta en el críptido oficial

Para que Pie Grande sea oficialmente designado como el criptido estatal, el proyecto necesita obtener al menos 41 votos en la Asamblea Estatal de California antes de convertirse en ley, según informó CBS News.

“La búsqueda de Pie Grande ha generado un crecimiento incalculable del turismo en las zonas rurales, especialmente en la Costa Norte [...] Esta vigorosa actividad económica se hace más evidente en las numerosas paradas de carretera de la región que venden con orgullo artículos con la temática del críptido”, se lee en el proyecto de ley.

Rogers afirmó en el documento que esta criatura ficticia ha sido descrita como “un gran simio bípedo y peludo con celo ambiental”, características que, según puede consultarse en el proyecto de ley, “lo convierte en una excelente mascota para la naturaleza y la cultura de California”.

La manifestación, activa desde las 6 de la mañana de hoy, se desencadenó tras la finalización del contrato de concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), cuyo control fue asumido por Vialidad Nacional. Los trabajadores demandan estabilidad laboral y la conservación de sus puestos.

La secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Florencia Cañabate, precisó que la medida de fuerza consiste en el no cobro de la tarifa del peaje y la reducción de los peajes: “Hay cuatro vías menos pero tenés 14 por donde pueden transitar los vehículos. Estamos concentrando acá con trabajadores de la actividad y los peajes de todo el país están liberados”.

Y agregó, en diálogo con Urbana Play: “Estamos visibilizando una problemática que tenemos y es nuestro lugar de trabajo. No somos de cortar rutas ni mucho menos, pero entendemos que la mejor forma de visibilizar es en nuestro puesto de trabajo”.

El motivo de la protesta es la “imprevisibilidad” y “falta de responsabilidad” en el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, que maneja las principales rutas del país. De acuerdo con Cañabate, 500 empleados del rubro se encuentran hoy “sin trabajo, sin indemnización y sin posibilidades de continuidad laboral”.

“La protesta es porque trabajadores de Corredores Viales tienen una paritaria un 20% menor al resto de la actividad, la protesta es porque faltan condiciones de seguridad e higiene, y porque lo que hicieron con los trabajadores de Caminos del Río Uruguay, si sigue esa falta de rumbo, va a pasar con 3.500...”, agregó.

Facundo Moyano, secretario adjunto del gremio, precisó: “(Los trabajadores) no fueron ni despedidos, no cobraron indemnización. El gobierno apela a Vialidad Nacional, que es una entidad totalmente manchada de corrupción”.

A través de un comunicado titulado “Crónica de una crisis vial anunciada”, el gremio denunció que el Gobierno no tiene un plan “claro y realizable” para la infraestructura vial del país.

“El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla (la empresa Corredores Viales) pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30 % de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial”, indicó el texto, en referencia a Caminos del Río Uruguay.

El comunicado, con firma de Cañabate y Moyano, agregó que la gestión de Milei no organizó “ningún proceso licitario” que le permita la asignación a otra firma, por lo que los 500 empleados que perdieron su trabajo no cobrarán su indemnización: “Por supuesto, el Estado concesionante deberá hacerse cargo de los derechos indemnizatorios, generándole a todos los argentinos un costo innecesario”.

“Pero la degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar, como dijimos, con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur”, añadieron desde SUTPA.

Pamplona, 7 ene (EFECOM).- La planta de BSH en Esquíroz ha retomado este martes la fabricación de frigoríficos y lavavajillas a media producción tras el periodo de Navidades, con la plantilla pendiente del anuncio de cierre de las instalaciones que hizo en diciembre la dirección de la multinacional.

Las tres líneas de frigoríficos y la de lavavajillas ha reiniciado la actividad a la mitad de su capacidad productiva, ha señalado a los medios de comunicación el presidente del comité de empresa, Juanjo Hermoso de Mendoza, tras una asamblea de trabajadores celebrada esta mañana en la fábrica.

La dirección de Esquíroz, ha apuntado, "entiende que se tiene que dar una normalidad, que nos van a pagar por trabajar", pero "emocionalmente la gente no está preparada para una situación de normalidad cuando existe la posibilidad de que, después de estar aquí durante décadas trabajando y haber cogido el relevo a la generación de la Superser, el 16 de junio puedan verse frustrados nuestros sueños y nuestras expectativas y nuestros proyectos de vida ligados a esta empresa".

La asamblea, ha explicado, se ha celebrado "para marcar unas pautas a la gente en relación a cómo afrontar en el puesto de trabajo esta situación para evitarnos problemas adicionales". También han mantenido una reunión con toda la cadena de jefes de equipo y encargados para "intentar buscar con ellos un equilibrio".

Anímicamente "la gente está con mucho desánimo; hay una desmotivación absoluta", ha destacado el presidente del comité, quien ha indicado que, en la asamblea, "la atmósfera que se respiraba es de incertidumbre".

"La gente está expectante, hay muchísimas preguntas en el aire, como las podemos tener nosotros, y sí que hemos dejado un mensaje claro a la plantilla: nosotros no vamos a jugar con las ilusiones ni con las expectativas de absolutamente nadie".

En este sentido, ha subrayado: "En el momento que tengamos una información concreta de que hay posibilidades de revertir (el cierre), lo diremos y, si es en sentido contrario, también lo manifestaremos directamente a la plantilla, con absoluta naturalidad".

Ha comentado que, como estaba previsto, el próximo viernes se celebrará en Madrid, en la sede del Ministerio de Trabajo, una reunión a la que acudirá una representación del Gobierno de Navarra encabezada por la presidenta María Chivite, aunque aún no se ha confirmado la presencia de miembros de la dirección alemana de la multinacional.

El comité de empresa, ha dicho, tiene la intención de acudir a Madrid, pero aún tiene que decidir si solicita su presencia en esa reunión o acude para darse visibilidad y posteriormente mantiene "un contacto ya más directo con el Gobierno de Navarra para que nos ponga al corriente".

Hermoso de Mendoza ha asegurado que, de esa reunión, esperan sobre todo que acuda una representación de la dirección de BSH de Alemania con la que se pueda tratar directamente.

En el comité de empresa "no queremos ser ni tremendamente pesimistas ni tampoco extremadamente optimistas. Nos mantenemos en la prudencia ante la reunión del viernes", ha enfatizado.

"Vamos a ser prudentes" porque "esto va a ser un proceso muy largo y vamos a ir paso a paso", ha declarado. EFECOM

Madrid, 2 ene (EFE).- La Federación Española de Pelota ha anunciado este jueves que emprenderá acciones legales contra la entrada de la Federación Vasca en el seno de la Internacional, aprobada el pasado 28 de diciembre en la asamblea de ésta en Pamplona.

La FEP señala que "ha decidido dar un paso firme y ha acordado el inicio de acciones legales que emprenderá tras los acontecimientos derivados de la Asamblea de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) celebrada el pasado 28 de diciembre, en un procedimiento que tilda de viciados de pleno derecho y adoptados bajo un procedimiento irregular y opaco".

El presidente de la Junta Gestora de la española, Julián García Angulo, afirma que "“se recurrirá tanto ante la justicia ordinaria como ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) los acuerdos asamblearios adoptados".

La federación española considera que "es importante señalar que, pese a las maniobras para evitar en el futuro la jurisdicción del TAS mediante modificaciones estatutarias tan faltas de transparencia que aún nadie alcanza a conocer, los actuales estatutos de la FIPV mantienen dicha competencia", y utilizará "todas las herramientas legales" a su "alcance para proteger los derechos de España".

García Angulo, expresa que el procedimiento "incluyó la exclusión irregular de España mediante sanciones disciplinarias apresuradas a su persona incumpliendo la propia normativa de la FIPV, lo que permitió aprobar acuerdos que, de otro modo, hubieran encontrado una fuerte oposición e imposibilidad de facto de aprobarse".

La Federación Española de Pelota afirma que "cuenta con el respaldo unánime del deporte español". "En una reunión celebrada este jueves 2 de enero en el Comité Olímpico Español (COE), el presidente del COE, Alejandro Blanco y el secretario general de la Asociación del Deporte Español (ADESP), Vicente Martínez, expresaron su total apoyo a las acciones legales que se van a emprender", incide.

La FEP cree que "este respaldo subraya la importancia de defender la transparencia, el respeto a las normas y los intereses de España en el ámbito deportivo internacional".

La defensa jurídica estará liderada por Gonzalo Jiménez Illana, jurista especializado en el ámbito de derecho deportivo, que ya participó en 2023 en la oposición a una propuesta similar de modificación estatutaria y que fue frenada incluso antes de poder ser llevada a votación, señala la FEP.

"Jiménez Illana coordinará la estrategia legal destinada a garantizar que los derechos de España, como miembro fundador y de pleno derecho de la FIPV, sean protegidos frente a esta iniciativa de carácter nacionalista", explica.

El pasado 28 de diciembre la Federación Internacional de Pelota Vasca aprobó el ingreso de la Federación Vasca como miembro con derecho a participar en las competiciones oficiales.

En la asamblea celebrada ese día en Pamplona el organismo internacional sometió a votación esa decisión y fue aprobada.

Esta decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca podría deparar un enfrentamiento en competiciones oficiales de las selecciones de País Vasco y España. EFE

La Asociación del Deporte Español (ADESP), entidad que agrupa a las Federaciones Deportivas Españolas, denunció este lunes las "graves irregularidades cometidas" por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) y la "responsabilidad directa" de su presidente, Xavier Cazaubon, al reconocer como miembro de pleno derecho a Euskadi y oficializar a la selección vasca para competir en torneos oficiales, "en contra" de la Federación Española de este deporte.

ADESP considera que la decisión de admitir a un nuevo miembro dentro de esta Federación internacional fue tomada "de manera opaca y antidemocrática", impidiendo la participación de la propia Federación Española, entre otras, y "con la única representación de siete países" en la asamblea general de la Federación Internacional.

Además, afirma que en esta misma asamblea se procedió a la "modificación" de los estatutos de la Federación internacional y a la "inclusión" de una nueva Federación "sin que constaran en el orden del día", algo "inaudito" en cualquier Federación. "Cualquier decisión de esta naturaleza debe realizarse con tiempo previo y nunca de manera oculta e improvisada", agrega.

ADESP sugiere que la decisión tiene el "agravante" de haberse sancionado con "alevosía" en los días previos a la asamblea de dos federaciones, con el fin de que estas "no pudieran participar en las votaciones a sabiendas de que su voto sería negativo y daría al traste con las intenciones del presidente de la Federación internacional".

Así las cosas, ADESP "apoyará todas las acciones legales" que se pongan en marcha "en contra" de esta decisión, tanto en el marco de la justicia ordinaria como de la justicia deportiva internacional, con el fin de "velar por los intereses del deporte español".

La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) reconoció el pasado sábado como miembro de pleno derecho a Euskadi y oficializó a la selección vasca para competir en torneos oficiales, después de la asamblea del organismo celebrada en Pamplona.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha manifestado su conformidad respecto a la tramitación de la propuesta de ley de concordia por la que se deroga la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, formulada por el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea.

Esta decisión se adopta, explica el Ejecutivo regional entre los acuerdos adoptados en esta última sesión ordinaria del año, por no suponer aumento de gasto ni disminución de los ingresos en los estados numéricos aprobados por la Ley 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de Extremadura para el año 2024.

Pamplona, 28 dic (EFE).- La Federación Internacional de Pelota Vasca ha aprobado el ingreso de la Federación Vasca como miembro con derecho a participar en las competiciones oficiales.

En la asamblea celebrada este sábado en Pamplona, el organismo internacional sometió a votación esa decisión y fue aprobada, según confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Esta decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca podría deparar un enfrentamiento en competiciones oficiales de las selecciones de Euskadi y España. EFE

le.mm/ism

Barcelona, 20 dic (EFE).- El FC Barcelona someterá este sábado a su asamblea de compromisarios la ratificación del nuevo contrato con la multinacional estadounidense Nike hasta 2038, aunque se desconocen los detalles económicos del mismo debido a un acuerdo de confidencialidad.

Ese es el único punto en el orden del día de la asamblea general extraordinaria convocada. El acuerdo fue anunciado el pasado 8 de noviembre, pero todos los detalles que se conocen son extraoficialmente y algunos de ellos después de la documentación remitida por el club a los socios que tienen que intervenir en la votación.

Según algunas informaciones, el acuerdo podría suponer unos 1.700 millones de euros en los próximos años, a una media de 120 millones anuales.

En la documentación remitida a los socios compromisarios, el club asegura que la renovación supone "una mejora relevante" con una serie de bonus a percibir tras la firma del contrato, así como una cantidad fija y otra variable en función de títulos ganados.

Además se especifica que la revalorización del contrato es creciente y que la misma alcanzará entre el 10 y el 15 por ciento, así como que el contrato recoge una cláusula por la igualdad y el deporte femenino y, en este sentido, se recibirán los mismos bonus por los títulos del primer equipo masculino que del femenino.

En el acuerdo también se especifica, según ha informado el Barcelona a sus compromisarios, que se llevará a cabo un nuevo modelo de explotación. Así, Nike tendrá la exclusividad en la comercialización de productos técnicos y el club en productos con la "marca Barça".

El club recupera el control de las operaciones de venta al por menor y, lo más importante para sus intereses, el comercio electrónico global, lo cual puede suponer un crecimiento importante a través de BLM (Bonus Licensing Merchandising), la empresa del FC Barcelona que lo gestiona.

En virtud del contrato, Nike seguirá siendo el principal patrocinador del club por lo que su publicidad seguirá luciendo en las diferentes instalaciones y durante la celebración de los partidos en el nuevo estadio y eventualmente en el Estadio Olímpic Lluis Companys de Montjuïc, el Estadio Johan Cruyff, la Ciudad Deportiva Joan Gamper y el Palau Blaugrana.

En el Spotify Camp Nou tendrá una presencia mayor y dará nombre a una de las salas VIP. Además, podrá disponer de los deportistas de las secciones profesionales para actos publicitarios, que los mismos podrán realizarse en las instalaciones del club, y Nike podrá vender productos a través de los diferentes canales del Barça.

La aprobación del acuerdo es obligado, según determinan los Estatutos del FC Barcelona, y es una exigencia de LaLiga para que el mismo sea computado para aliviar el 'fair play' de la entidad azulgrana. EFE

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha reconocido que durante la negociación mantenida con Vox para intentar sacar adelante los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 el partido de Santiago Abascal ha solicitado al Ejecutivo regional volver a entrar en el gobierno autonómico, así como la realización de consultas sobre inmigración.

También, ha indicado que Vox ha pedido puestos en la Mesa de la Asamblea, dos asesores en la Cámara regional y, entre otras cuestiones, defender "las deportaciones de los inmigrantes a sus países de origen y, si no, billete para Bruselas".

De este modo lo ha reconocido Abel Bautista a preguntas de los medios sobre la cuestión en una rueda de prensa ofrecida en Mérida para presentar un proyecto piloto para el uso de la tecnología 5G en emergencias.

"Sí, sí, totalmente así. No se puede negar lo que consta en documentos, no se puede negar lo que consta en conversaciones que evidentemente no revelamos, pero que sí sostienen y respaldan esta cuestión. Evidentemente, cuando el Gobierno de la Junta de Extremadura hace esta afirmación es porque tiene el respaldo para poderlo hacer", ha respondido el consejero a los medios cuando le han preguntado sobre dichas peticiones de Vox durante la negociación de los PGEx 2025.

En cuanto a la petición de Vox de entrar a contar con representación en la Mesa de la Asamblea, Abel Bautista ha señalado que la Junta la aceptó "en un primer momento" porque no le mueve una cuestión de "cargos".

"La mesa y dos asesores, por nuestra parte, no habría ningún problema en aceptarlo, de hecho, lo aceptamos en un primer momento. No le mueve al Gobierno de la Junta de Extremadura una cuestión de cargos, le mueve la responsabilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, no es una dificultad para nosotros para llegar a un acuerdo esa solicitud o esa petición por parte de Vox", ha explicado.

CONSULTA SOBRE INMIGRANTES

En relación con una consulta sobre inmigrantes, ha reconocido también el consejero que se trata de una de las peticiones de Vox para negociar los PGEx 2025, aunque ha reconocido que tampoco conoce el "contenido" exacto de la petición.

"No es que lo afirmemos nosotros, creo que ya ha sido confirmado por la otra parte, es una de las exigencias a lo largo de toda España en aquellas comunidades autónomas en las que están negociando", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "Extremadura, para ellos, parece ser una pieza más del tablero, sin importarle el impacto que tenga para Extremadura su decisión".

"Esa consulta popular, referéndum, como quieran llamarlo, yo no lo sé qué plantean, tampoco sé la forma ni el contenido, pero hace alusión a una consulta para preguntarle a la ciudadanía de aquellos ayuntamientos donde estén los centros de inmigrantes, pues entiendo si están de acuerdo o no con la presencia de esos centros y no lo sé, no le puedo decir el contenido", ha espetado Bautista.

Al respecto ha añadido que "la imaginación es muy grande en este ámbito" y que, por tanto, no quiere "tampoco decir cuestiones" que desconoce, aunque ha incidido en que Vox sí que ha pedido una "consulta" sobre inmigrantes, al igual que "también las deportaciones de los inmigrantes a sus países de origen y, si no, billete para Bruselas".

Sobre este último respecto, el consejero ha indicado que tampoco sabe "lo que significa" esa reclamación reproducida por él con "palabras textuales". "Tampoco sé lo que significa, pregúntenle a la otra parte negociadora, yo no lo sé, porque no me cabe en mi cabeza ni por una cuestión de constitucionalidad de lo planteado ni por una cuestión de humanidad, no me cabe en la cabeza. Por lo tanto, no soy yo el que tiene que responderle a esta cuestión", ha insistido sobre la petición de Vox sobre deportaciones.

REGRESAR AL GOBIERNO REGIONAL

De igual modo, en cuanto a la petición de Vox de "volver" al Gobierno extremeño, Abel Bautista lo ha confirmado y ha considerado que esta petición del partido de Abascal supone "evidentemente reconocer un error" por parte de la formación de ultraderecha por haber decidido salir del Ejecutivo autonómico hace meses.

"Cuando uno quiere volver de donde se fue es que se está auto-enmendando a sí mismo, cuando uno quiere volver de donde se fue voluntariamente es que está reconociendo que es un error", ha espetado.

En este sentido, ha vaticinado también el consejero que desde Vox también serán conscientes en unos meses del "error" que pueden cometer si finalmente no contribuyen a aprobar los Presupuestos regionales para 2025.

"Mucho me temo que pasarán algunos meses y serán conscientes también del error que cometen en este momento de no actuar con responsabilidad y dar a Extremadura lo que necesitan estos momentos, que es tener unos presupuestos. Será tarde y probablemente tenga un coste para los extremeños. Tendrán que explicarlo y tendrán que ser responsables", ha espetado a Vox.

"Aquí hemos venido a la política para venir ya llorados de casa y ser lo suficientemente maduros como para tener autonomía, tener independencia y saber cada uno lo que tenemos que ejercer en los puestos en los que nos han elegido los ciudadanos", ha concluido el consejero de Presidencia.

En la mañana de este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una Asamblea Informativa en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Además de pronunciarse sobre la relación comercial con Estados Unidos (EEUU), también presentó cifras sobre delitos de alto impacto.

En el evento, Claudia Sheinbaum adelantó un dato que iba a dar a conocer la próxima semana. Informó que desde octubre del año pasado —cuando asumió la Presidencia de México—, en el país se redujeron los homicidios dolosos en casi 15%.

“Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, les adelanto el dato que íbamos a dar el martes en ‘La Mañanera’, hemos reducido los homicidios dolosos en todo el país en casi 15%. No olvidamos lo que es nuestra esencia: la paz y la seguridad son fruto de la justicia”, destacó.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre de 2024 se reportaron 2,192 homicidios dolosos; en noviembre fueron 2,049; en diciembre se registraron 1,887 y en enero de 2025 fueron 1,986 (los datos de febrero aún se encuentran disponibles).

De acuerdo con la mandataria federal, lo anterior tiene que ver con la Estrategia Nacional de Seguridad que está basada en cuatro ejes generales: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación interinstitucional.

Sheinbaum reitera su compromiso para combatir el fentanilo

Durante la Asamblea, Claudia Sheinbaum también destacó las incautaciones de fentanilo realizadas en territorio mexicano, las cuales se han visto reflejadas en la disminución de incautaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos (EEUU).

“De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre octubre de 2004 y enero 2025 disminuyó el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos en 50%. Y de enero a febrero de 2025, en otro 41%. Eso es gracias a las incautaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, subrayó.

Bajo ese tenor, Sheinbaum Pardo aseguró que seguirá trabajando con el gobierno estadounidense para detener el flujo de drogas y armas que cruza la frontera entre ambos países.

“Estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas”, acotó.

Asimismo, celebró la decisión del presidente Donald Trump para pausar los aranceles a los productos mexicanos hasta el próximo 2 de abril.

1. Fortalecimiento del mercado interno, seguir aumentando el salario mínimo
2. Ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos: “que se produzca en México lo que consumimos en México”.
3. Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos (trenes, carreteras, viviendas).
4. Promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México
5. Fortalecer la base de nuestro proyecto: Programas de bienestar.

México y EEUU no competimos, nos complementamos: Sheinbaum

“Es menester fortalecer nuestra relación económica, respetando nuestra soberanías, en vez de confrontarnos. Como lo he mencionado en diversas ocasiones nosotros no competimos, nos complementamos y con ellos fortalecemos nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos (...)”, comentó en la asamblea informativa.

México seguirá colaborando para evitar que fentanilo llegue a EEUU: Sheinbaum

“No tenemos, ni tendremos intención de perjudicarlo y estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas, por razones humanitarias México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias”. afirmó.

Sheinbaum envía saludo a AMLO

La mandataria aseguró que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se firmó un tratado de libre comercio “más justo”, por ello envió un saludo al exmandatario.

No olvidamos las invasiones y zarpazo a nuestro territorio: Sheinbaum

“No olvidamos las invasiones de 1846 y de 1914; y el zarpazo que le dieron a la mitad de nuestro territorio, pero quiero resaltar los buenos ejemplos de respeto a nuestra soberanía y de colaboración y apoyo por ejemplo, cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abrham Lincoln en su lucha contra la invasión francesa (...) México peleó a lado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial”, recordó.

Sheinbaum pide a mexicanos estar atentos a un nuevo llamado

La mandataria federal pidió a los asistentes mantenerse atentos en caso de que sea necesario participar en una nueva convocatoria por las decisiones que pueda tomar el gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum se dice optimista sobre relación comercial con EEUU

La mandataria federal aseguró que cuando el gobierno de Estados Unidos aplique los aranceles recíprocos México no estará en la lista de las naciones que resulten afectados.

“Somos optimistas porque el dos de abril el gobierno de Estados Unidos anunció que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo, si algún país le cobra Estados Unidos lo hará también, nada más que México no está en ese ámbito, pues desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, en los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos y ellos con nosotros”, justificó.

Sheinbaum celebra que prevaleció el diálogo con EEUU

“Nos reunimos para congratularnos porque en la relación con los Estados Unidos prevaleció el diálogo y el respeto y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a los productos que exportamos al vecino país. Este es un logro de todas y de todos”, dijo la mandataria.

“No estás sola” gritan miles de asistentes

Los cientos de asistentes demostraron su apoyo a la mandataria federal al gritar “No estás sola” cuando arrancó el discurso oficial.

Sheinbaum sale del Palacio Nacional

La mandataria federal rindió honores a la bandera de México para dar inicio a la Asamblea Informativa a la que convocó este domingo.

Durante su paso al templete saludo a los militantes que se dieron cita desde muy temprano para ser los primeros en la fila.

De fondo era posible escuchar que la vitoreaban al grito de “¡presidenta, presidenta!”.

Llegan invitados especiales

A minutos de que den las 12:00 horas de este domingo, los principales actores políticos de Morena y gobernadores de otras entidades y los diferentes titulares de las Secretarías del Estado llegaron al Zócalo de la capital del país, previo al inicio del discurso de la mandataria federal posaron para fotografiarse.

Roco Pachukote amenizará el evento

Como parte del festejo, el vocalista de La Maldita Vecindad, Roco Pachukote, arribó a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México; dijo que sería uno de los artistas que amenizará el festejo.

En una breve declaración que ofreció a los medios de comunicación el músico reconoció que esperaba “una maravilla” del mensaje que ofrezca la mandataria federal.

Cuál será el anuncio de Claudia Sheinbaum

Previo a que Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieran una llamada telefónica el jueves pasado, la mandataria mexicana dijo que el motivo de la asamblea sería presentar las medidas arancelarias y no arancelarias en contra del gobierno estadounidense.

Sin embargo, en la comunicación los mandatarios acordaron aplazar los aranceles, por tanto el mensaje que dará este domingo estará relacionado a la elección del Poder Judicial que se llevará acabo el 1 de junio, dar detalles sobre la negociación y celebrar.

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Asistirán gobernadores de oposición

Gobernadoras y gobernadores de oposición adelantaron sí asistirían o no a la Asamblea Informativa de la presidenta Sheinbaum Pardo. Entre los confirmados está Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; Samuel García, de Nuevo León; María Teresa Jiménez, de Aguascalientes; y Pablo Lemus, de Jalisco.

Llegan simpatizantes hasta el Zócalo

Desde muy temprano cientos de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México, entre ellos miembros de diferentes sindicatos algunos provenientes de diferentes puntos de la República.

Previo al arranque del evento de la mandataria, un grupo de mariachis de la Guardia Nacional amenizaron el evento, entreteniendo a las miles de personas que esperaban para que dieran las 12:00 horas y poder escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum convoca a una asamblea informativa por relación comercial con EEUU

La mandataria federal, Sheinbaum Pardo lanzó una convocatoria para que simpatizantes, militantes de Morena, representantes de los poderes de la unión y gobernadores de las 32 entidades asistieran al Zócalo de la Ciudad de México en un evento que tendría por objetivo cerrar filas los aranceles impuestos con el socio comercial del país, Estados Unidos, que posteriormente fueron aplazados un mes.

Dublín, 10 dic (EFE).- La Asamblea autónoma de Irlanda del Norte celebra este martes una votación para decidir si mantiene los arreglos comerciales posbrexit acordados por el Reino Unido y la Unión Europea (UE) para la provincia británica.

La llamada moción de consentimiento democrático está incluida en el acuerdo marco de Windsor de 2023 y permite a los representantes norirlandeses pronunciarse sobre la extensión de las reglas comerciales durante cuatro años más, mientras que su rechazo podría obligar a Londres y Bruselas a renegociarlas.

El citado marco obliga a efectuar ciertos controles sobre las mercancías que pasan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte para evitar una frontera comercial entre la región y la República de Irlanda (UE), tal y como establece el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en la isla.

Asimismo, mantiene a la provincia dentro del mercado interior comunitario, por lo que está sujeta a algunas de sus normas comerciales y aduaneras, una situación que, según el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), pone en peligro la relación de Irlanda del Norte con el Reino Unido.

Por contra, los nacionalistas proirlandeses del Sinn Féin y el SDLP y el multiconfesional Partido Alianza, impulsores de la moción, sostienen que estos arreglos comerciales amortiguan los impactos negativos del Brexit, que fue rechazado por la mayoría de los norirlandeses en el referéndum de 2016.

A diferencia de otras votaciones en la Asamblea, ésta no requiere el consenso de los bloques nacionalista y unionista, por lo que se espera que la moción será aprobada con una mayoría simple y los arreglos comerciales se mantendrán en vigor durante otros cuatro años a partir del próximo 17 de diciembre. EFE

El madrileño José Vicioso Soto fue elegido este lunes nuevo presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), después de que 106 asambleístas votaran a favor de su candidatura, la única presentada, para relevar en el cargo a José Luis López Cerrón, que dirigió el organismo durante los últimos doce años, según un comunicado.

"La Junta Electoral de la Real Federación Española de Ciclismo, reunida hoy lunes 18 de noviembre 2024 y conforme a lo establecido en el calendario y reglamento electoral, ha procedido a la proclamación definitiva como Presidente de la RFEC a D. José Vicioso Soto", informó la entidad en su página web.

La candidatura de Vicioso ha sido la única presentada, avalada por 106 asambleístas que suponen casi un 90% de la Asamblea del organismo. Con el inicio de su presidencia, José Vicioso se convierte en el vigésimo séptimo presidente de la RFEC que ostenta el cargo en sus ya 129 años de historia.

Vicioso, que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años y que hasta ahora era vicepresidente de la RFEC y presidente de la Federación Madrileña, coge releva en el cargo a José Luis López Cerrón, que dirigió el organismo durante los últimos doce años.

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y exjefa de Gabinete de Íñigo Errejón Loreto Arenillas ha comunicado a la Mesa su baja médica y evita así la sanción por no acudir al tercer Pleno consecutivo este jueves.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias que han especificado que la baja está fechada en el 28 de octubre, coincidiendo con la rueda de prensa de las tres coportavoces de Más Madrid tras el estallido del 'caso Errejón' en el que se le acusó de haber "mediado" con una de las presuntas víctimas de agresión sexual.

Minutos antes de conocerse esta noticia, la líder de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, explicaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que el partido no había hablado "antes" de la baja médica "por respeto a la privacidad de la diputada", que trasladó su condición el pasado Pleno al Grupo Parlamentario.

Ya al final de la pasada semana desde la formación habían trasladado a Europa Press que confiaban en que esta semana se encauzara la situación de Arenillas y que finalmente no llegaría al tercero Pleno de la sanción.

Arenillas ya se ha había ausentado de dos sesiones plenarias y no había pedido tampoco voto telemático, los que se han celebrado tras el estallido del 'caso Errejón'. Se asomaba así a una sanción contemplada en el artículo 33 del Reglamento de la Cámara, que tipifica como infracción dejar de asistir tres días consecutivos o cinco no consecutivos al Pleno o comisiones en el mismo periodo de sesiones "sin justificación para ello y sin que se haya procedido a la sustitución del diputado". Ahora, la "justificación" ya está en la Mesa de la Asamblea.

En la formación hay quienes entienden este paso como una forma de rebajar la tensión tras 20 días de choque desde que Arenillas fuera cesada de sus cargos orgánicos y además se le requiriera el acta.

Arenillas se comprometía ese viernes por la noche a entregar su acta, pero no lo formalizaba. De hecho entraba al choque contra la dirección de su formación a quien acusaba de "acoso", denunciándolo ante el Comité de Garantías.

Más Madrid limitaba las responsabilidades políticas a Arenillas y tras más 15 días de espera esta semana movía ficha y reclamaba a la Mesa que le quitará la Portavocía en la Comisión de Mujer y además relegara su escaño a la última fila de la bancada, en el extremo derecho.

Barcelona, 16 nov (EFE).- La IV Asamblea Nacional de Comuns (Catalunya en Comú) se ha iniciado esta mañana guardando un minuto de silencio por las víctimas, familiares y personas afectadas por la dana en las últimas semanas, especialmente los de la Comunidad Valenciana.

La Asamblea se lleva a cabo durante el fin de semana en Barcelona, concretamente en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), con la participación de los 1.167 militantes que se han inscrito de los aproximadamente 4.000 que tiene este partido actualmente.

Después de quedar constituida la mesa que coordina la Asamblea Nacional, desde la misma se ha pedido a los asistentes guardar un minuto de silencio por las víctimas de las tormentas torrenciales, no sin antes criticar "la mala gestión" y "la incompetencia" del gobierno valenciano del PP.

El orden del día de la Asamblea prevé que durante esta mañana las tres coordinadoras nacionales salientes -Ada Colau, Jéssica Albiach y Candela López- expongan su informe de gestión.

La nueva ejecutiva nacional de Comuns está integrada por 47 personas, 20 de las cuales se incorporan por primera vez, por lo que hay un 43 % de renovación con respecto a la anterior.

Posteriormente, será presentada y debatida la ponencia organizativa, que incluye las modificaciones estatutarias sugeridas por la ejecutiva saliente y por la militancia.

Después de la comida, los participantes se distribuirán por talleres y coloquios sectoriales, y más tarde, debatirán y votarán seis propuestas de resolución sobre cuestiones de actualidad.

La jornada de hoy finalizará con las reuniones de las comisiones de debate de las enmiendas presentadas a los estatutos, y a la ponencia política y organizativa. EFE

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La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha replicado a IU que el posible cambio de marca, como defiende la formación, no es una cuestión que está encima de la mesa ni toca ahora debatir sobre cuestiones internas, dado que la prioridad es centrarse en la gestión de los efectos de la DANA.

También ha defendido que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es una "referencia política" del espacio de la izquierda alternativa allí donde estos se reconocen, que es en la sociedad.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa este lunes en Madrid, cuestionada por la reivindicación de IU de cambiar el nombre del grupo parlamentario y también por las palabras del coordinador federal de esta formación, Antonio Maíllo, quien esta mañana ha dicho que el papel de Díaz como referente del Gobierno no está en cuestión pues es la mejor ministra de Trabajo, pero que en otras dimensiones políticas "necesita mejorar".

"Yo creo que todos podemos mejorar en muchas cosas. Dicho esto, Yolanda Díaz es la referencia política de este espacio, allí donde creo que los liderazgos políticos se reconocen, que es en la sociedad", ha zanjado la dirigente de Sumar.

TOCA ESTAR A LA ALTURA

De nuevo sobre la petición de IU de que se cambie el nombre del grupo parlamentario y de la coalición, para que no coincida con el de Sumar, dentro de la reestructuración del espacio político, Hernández ha señalado que ella ha participado en las reuniones con todas las formaciones política de la confluencia para reordenar el organigrana del Congreso y que la cuestión de la marca no está "encima de la mesa".

Es más, ha indicado que ahora toca "estar a la altura del momento", que es volcarse en gestionar desde el Gobierno para favorecer la reconstrucción política, e insta a todos los dirigentes a ser responsables ahora.

"Los debates nominales interesan para adentro", ha contestado la secretaria de Organización de Sumar respecto al planteamiento de IU, para desgranar que ahora no están discutiendo "ni en procesos internos ni electorales".

"ESTAMOS CENTRADAS EN GOBERNAR"

"Nosotras estamos centradas en gobernar, estamos centradas en abordar la situación que vive el conjunto del país y entendemos que estos debates no es el momento ni la ciudadanía está esperando que se den ahora", ha insistido.

Por otro lado, ha explicado que el Grupo Coordinador de Sumar decidió ayer aplazar a finales de marzo su segunda asamblea por diversos motivos. El primero, según ha explicado, es que el contexto político ha cambiado y que ahora lo esencial es dar "certidumbre" al horizonte político, pues hay que negociar para finales de año los próximos Presupuestos Generales, la aprobación de la senda de déficit y la normativa para reducir la jornada.

POSPONEN LA SEGUNDA ASAMBLEA A MARZO

De esta forma, ha desgranado que Sumar tiene como objetivo recuperar la iniciativa política que abanderó en septiembre antes de Navidad, volcarse en la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y completar la reordenación del grupo parlamentario.

Una vez completados estos hitos, prevén que a finales de marzo ya estarán en condiciones de encarar su segundo proceso congresual para rearmarse "adecuadamente".

Luego, ha destacado que la elección de la nueva portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, se hizo por consenso unánime entre los partidos de la coalición fruto del debate político e insistir en que al debate sobre la marca no se puede poner ahora encima de la mesa.

Parece que la permisividad de la Justicia en lo que se refiere a los delitos de odio, regulados en el artículo 510 del Código Penal español, va siendo, poco a poco, cada vez menor. Este caso reciente, denunciado por Santi Rivero, la propia víctima, el único delito no es este, ya que no se reduce a un discurso discriminatorio por condición de orientación sexual, sino que, además, se trata de un delito de amenaza no condicional de mal constitutivo de delito. Y delito grave, además, porque de acuerdo con lo denunciado por el diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista de Madrid, habría recibido amenazas de muerte desde una cuenta de Instagram privada.

A pesar de que los mensajes fueron eliminados, Santi Rivero pudo hacerles capturas de pantalla: “Maricón, que eres un maricón y un hijo de la gran puta os vamos a coger y os vamos a matar” se leía en uno de ellos. Hay que tener en cuenta que, además, el diputado de la Asamblea de Madrid es un personaje público cuyo lugar de trabajo es conocido públicamente y es de relativamente fácil acceso. Al igual que los periodistas y fotógrafos, que esperan, en ocasiones, a que los personajes políticos crucen el umbral de la Asamblea para plantear sus preguntas, cualquier persona con intenciones maliciosas y violentas podría hacer lo propio y suponer un riesgo real para ellos. Sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de casos precedentes que demuestran que sigue existiendo un riesgo real de violencia, incluso letal, para las personas LGTBIQ+ en España.

El culpable, ya arrestado, habría enviado las amenazas desde una cuenta privada de Instagram con más de 1.400 seguidores

Además, el hecho de que la cuenta de Instagram desde la que llegaron los insultos y amenazas tuviera más de 1.400 seguidores y más de 200 publicaciones indica que no se trata de un perfil desechable y que, por si fuera poco, tiene una audiencia multitudinaria que, posiblemente, sea afín a las ideas del usuario. Por suerte, a pesar de que la cuenta es privada, el usuario no dedicó mucho pensamiento a las consecuencias que sus acciones podrían tener - o quizás pensó que borrar los mensajes sería suficiente para borrar su rastro - ya que su nombre y apellidos figuraban en la cuenta: “Si te digo lo que te haría me encierran, pero te pilla todo, homosexual, político y subnormal”, decía otro de los mensajes.

Rivero denunció los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional en la calle Leganitos tres días después de que sucedieran. Como era de esperar, la denuncia fue clasificada como posible delito de odio y amenazas, pasando a manos del Grupo E.V.O. (Extremismo Violento y Odio) de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Unas semanas más tarde, el usuario fue identificado y detenido para proceder a su procesamiento judicial.

Según Santi Rivero, no habría compartido antes los hechos por no arriesgarse a entorpecer la investigación policial. “No todo vale en política. Tenemos leyes que nos protegen y debemos usarlas. Animo a todas las personas que sufran acoso o amenazas a que denuncien”, comunicó a sus seguidores. El caso ya ha sido trasladado a los juzgados, aunque sigue pendiente de asignación. El diputado confía en que el culpable sufra las consecuencias legales por sus actos y que sirva como ejemplo disuasorio para futuros delitos de odio y de amenazas, para que “nadie más se atreva a amenazar a nadie por su orientación sexual o identidad de género”.

(actualiza con más datos)

Bilbao, 29 oct (EFE).- La Asamblea General Ordinaria del Athletic Club aprobó este martes en el Palacio Euskalduna el presupuesto para la temporada 2024-2025, de 155,8 millones, y también la gestión y las cuentas de la pasada temporada, pero tumbaron la subida de cuotas propuesta por la Junta Directiva de Jon Uriarte.

La Asamblea, presidida por la Copa del Rey conquistada por el club vasco el pasado 6 de abril, iba plácida para la junta de Uriarte, que había aprobado con mayor respaldo que en sus dos anteriores asambleas las votaciones trascendentes de la cita del máximo órgano de decisión de la entidad, pero encalló en la propuesta de subida de cuotas.

Una votación, la quinta en orden cronológico, que los socios compromisarios, en torno a un millar que representan a los más 43.000 socios del club rojiblanco, echaron abajo con un 77 % de votos en contra, un total de 448 por los 114 que votaron a favor (un 20%).

La subida que iba dirigida a los nuevos socios, a los socios que cambien de localidad y los socios que transfieran el carnet a un familiar.

Además, a la Junta de Uriarte tampoco le aprobaron uno de los tres proyectos que presentó a "examen y aprobación", el del Reglamento de Peñas, Peñistas y Membresía del Club. En ese caso con un rechazo del 64 % (196 votos), un apoyo del 23 % (70) y 518 abstenciones.

El presupuesto, en cambio, se aprobó con el respaldo de más de tres cuartas partes los votos emitidos, ya que se registraron 493 votos a favor del presupuesto (76%), 145 en contra (22%) y 13 en blanco (2%) entre los 651 sufragios emitidos. Además, hubo 161 abstenciones sobre una asistencia de 801 compromisarios.

Anteriormente, los socios compromisarios habían dado también el visto bueno a la gestión de la pasada campaña por parte de la junta directiva y a las cuentas anuales presentadas del curso 2023-24. La gestión se aprobó con 490 votos favorables (74%) y 145 en contra (22%) y el balance de cuentas con 509 síes (80%) y 112 noes (17,6%).

Hasta ver desaprobada la subida de las cuotas de socios, esta tercera asamblea que afronta el equipo directivo de Uriarte, que alcanzó la presidencia del Athletic en junio de 2022, era en la que más holgadamente había sacado adelante las tres propuestas principales que se someten a la consideración de los representantes de la masa social.

En la gestión, en 2022 obtuvo un apoyo del 68%, por el 55% de 2023 y el 74% de la actual. Las cuentas del ejercicio precedente salieron adelante en la primera asamblea con un 71% de votos, en la segunda con un 79% y en la de este martes con el 80%.

En relación a los presupuestos, en 2022 tuvieron un respaldo del 75% que bajó al 64% un año después y en esta ocasión aumentaron hasta casi el 76%.

Además, la Asamblea aprobó otra propuesta y dos proyectos presentados por la Junta. La propuesta fue la de "autorización a la Junta Directiva para disponer de financiación que supere el 10% del último presupuesto de gasto aprobado"; y los dos proyectos los del los reglamentos Electoral y de Responsabilidad Social Corporativa y Código de Buena Gobernanza.

Abrió la Asamblea una intervención conjunta de Uriarte con el director general del club Jon Berasategi, en la que el presidente destacó que la Junta que preside trabaja para un Athletic "ambicioso" y que "siga jugando finales" como la que le dio en Sevilla "el título de Copa número 25", un éxito que considera "consecuencia de la ambición".

Al respecto, subrayó que sin esa "ambición" el Athletic no llevaría "15 años jugando finales", en las que había "rozado el larguero" hasta que finalmente cayó la primera Copa en 40 años y la Gabarra surcó la Ría de nuevo. "La temporada pasada pasará a la historia por el titulo de Copa", se felicitó.

También destacó el presidente rojiblanco la quinta plaza en la clasificación liguera, un "objetivo" que se marca asimismo para este temporada y del que destaca su "dificultad" en estos tiempos en los que "es muy difícil lograr títulos y clasificarse para Europa".

Aunque tiene claro que "no existen los milagros" y que para seguir en esa línea la plantilla del primer equipo "tiene que ser la mejor posible". "Esa plantilla ha incrementado su valor en un 33 por ciento (de 222 a 295 millones)", se congratuló.

"Es la sexta de la liga y queremos que se sitúe en la quinta y se acerque a la cuarta", añadió, recordando "las 15 renovaciones" realizadas, los fichajes de Álvaro Djaló y Andoni Gorosabel y abogando también por seguir incorporando "el talento que hay en Lezama".

Uriarte, no obstante, también reparó en que para seguir en la línea que lleva también "es fundamental el equilibrio presupuestario". "Buscamos un club que sea sostenible a nivel económico, que aspire a lo máximo en lo deportivo y que mantenga su carácter social. Hay que mantener ese equilibrio", resumió Uriarte lo que persiguen él y su equipo.

El presidente considera también que el Athletic "debe alejarse de aspectos políticos". "El club hace homenajes a deportistas por logros que esas personas consiguen, jueguen para la selección que jueguen. Pensamos que el club debe alejarse de aspectos políticos. Y esto lo vinculo también a la pregunta de en qué punto se encuentra la oficialidad de la selección de Euskadi", respondió a un socio que le interpeló al respecto.

Berasategi, por su parte, desveló que el curso anterior el club tuvo "ingresos comerciales récord" y que "el Athletic es la quinta marca de LaLiga y la 35 del mundo".

La Asamblea, como es costumbre aunque, se alargó hasta bien avanzada la madrugada, hasta las 01.24 horas, por lo que duró siete horas y nueve minutos. Ya que comenzó un a hora y cuarto antes de su horario habitual, es decir a las 18.30. EFE

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Madrid, 24 oct (EFE).- La dimisión de Íñigo Errejón llega en pleno proceso de reestructuración de su partido Sumar, que tiene prevista la celebración de una asamblea a mediados de diciembre para definir su nueva estructura organizativa y su hoja de ruta, una tarea en la que tenía un papel destacado el propio Errejón.

Errejón ha anunciado este jueves que deja la política por motivos personales y renuncia a todos sus cargos como miembro de la Ejecutiva de Sumar, diputado y portavoz del grupo parlamentario.

Una decisión que llega tras las denuncias anónimas de violencia machista vertidas contra él en redes sociales y que ha aceptado de forma unánime la Ejecutiva del partido, que precisamente en estos momentos está inmerso en un proceso de reestructuración para definir su papel y su organización interna.

Para ello, Sumar tiene previsto celebrar su asamblea constituyente los días 14 y 15 de diciembre.

Errejón tenía un papel destacado, al haber sido designado como la persona encargada de coordinar el grupo de trabajo sobre el documento político, que fijará la hoja de ruta y los temas prioritarios de Sumar para esta nueva etapa.

Otro grupo está encargado de trabajar en el documento organizativo que diseñará la nueva estructura del partido, que quedó en manos de una dirección colegiada de cuatro personas tras la renuncia de Yolanda Díaz como líder de Sumar por los malos resultados de las elecciones europeas.

Por el momento, la celebración de la asamblea sigue en pie, aunque Sumar deberá designar a otra persona como coordinadora del documento político tras la renuncia de Errejón, cuyo cargo como portavoz del grupo parlamentario de Sumar queda también vacante y a la espera de una nueva designación por parte de la formación.

Todo ello en un momento político muy delicado, en plenas negociaciones entre Sumar y el PSOE para los presupuestos de 2025, donde ambas formaciones siguen muy alejadas en asuntos como la política fiscal y la vivienda, y tras el enfado de los socialistas con Sumar después de que la formación de Yolanda Díaz votara junto al PP el pasado martes dos iniciativas en el Congreso.

Errejón ha avisado con antelación a la Ejecutiva de Sumar de su renuncia, pero la noticia ha pillado por sorpresa al resto de partidos integrados en el grupo parlamentario, entre los que figuran IU, Compromís, los comunes, Més per mallorca y la Chunta aragonesista.

Fuentes consultadas por EFE en todos estos partidos prefieren por el momento no hacer declaraciones de ningún tipo y optan por la cautela y por el respeto a los procesos internos de Sumar, al ser un partido distinto. EFE