El dirigente subrayó que “una justicia independiente no le teme a juzgar a nadie, sin importar de qué lado del poder esté”, y expresó que ese principio distingue a una república de otras formas de gobierno.

En un video publicado en su cuenta oficial de la red social X, el dirigente, allegado a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, sostuvo que cuando la justicia responde a instrucciones políticas “pierde su naturaleza” y se convierte en “un instrumento más del poder”.

Por este motivo, advirtió que un país no puede considerarse democrático si las decisiones judiciales dependen de quién gobierna y no de lo que dicta la ley.

González Urrutia recordó que las libertades democráticas de los venezolanos fueron “erosionadas progresivamente desde las instituciones” por parte del régimen de Nicolás Maduro en los últimos años y citó como ejemplo la letra de “CANción de la presión” del artista Canserbero. En referencia al tema musical, señaló que la falta de independencia de los tribunales genera retardo procesal y fomenta la impunidad, lo que impide a las víctimas acceder a la verdad y destruye la confianza de la sociedad en sus propias bases.

“Cuando ese pacto se rompe, lo que queda no es paz, es la puerta abierta a que cada uno busque justicia por mano propia”, agregó en la grabación difundida por redes sociales.

El exiliado en el viejo continente resaltó que la independencia judicial asegura “las mismas reglas y protecciones para todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones o preferencias políticas”.

Ante este escenario, propuso la necesidad de seleccionar jueces por mérito y establecer procesos guiados por la ley y enfocados en proteger la dignidad humana. “Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada”, sentenció y concluyó: “Una justicia así iguala a los venezolanos ante la ley, sin distinguir entre amigos y enemigos del poder; esa es la justicia que Venezuela necesita. Debe limitar al poder y nunca servirle”.

El mensaje de González Urrutia surgió un día después que el Parlamento de Venezuela informara que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la reciente reforma legal que reorganizó el máximo tribunal y fijó en 32 el número de jueces. El proceso busca renovar parte de la estructura judicial del país.

Entre los candidatos figuran perfiles de alto nivel, como la ex vicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015, la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal y el ex rector Luis Emilio Rondón González, según la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

La selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a postularse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. Paralelamente, 63 candidatos se inscribieron para el puesto de inspector de tribunales y 33 para la dirección de la Escuela Nacional de Magistratura.

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 12 de mayo modificó la estructura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de cinco a siete el número de magistrados en la Sala Constitucional y de tres a cinco en las salas Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social.

Este reajuste forma parte de un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, promovido en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En ese marco, Rodríguez lanzó una consulta nacional destinada a abordar las deficiencias del sistema judicial, con énfasis en el retardo procesal y la corrupción que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El partido opositor Movimiento por Venezuela (MPV) manifestó el viernes su respaldo al proceso de negociación que involucra al Parlamento actual, controlado por el chavismo, y al Parlamento de 2015, de mayoría opositora, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. La ex presidenta del Legislativo electo en 2015 Dinorah Figuera, enviada por la Casa Blanca, encabeza los diálogos con el objetivo de avanzar hacia una transición política en el país sudamericano.

En un comunicado de prensa, el MPV calificó como “muy positivas” las conversaciones iniciadas el jueves entre Figuera, y Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional chavista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El secretario general nacional del partido, Simón Calzadilla, expresó su expectativa de que este proceso contribuya a “una salida a la profunda crisis que padece” la población venezolana.

La formación opositora extendió su apoyo a Dinorah Figuera ante el reto que implica liderar el proceso de negociación con ex allegados al ex dictador Nicolás Maduro. En el comunicado, describieron a la dirigente como una figura “siempre en la lucha por una mejor democracia y un mayor bienestar para su país, enfrentando situaciones difíciles y de un alto sacrificio en lo personal”.

El MPV aboga por un “diálogo fluido” y la construcción de consensos, así como la participación de amplios sectores de la sociedad política y civil.

Dinorah Figuera señaló el viernes que uno de los objetivos centrales es conformar un Consejo Nacional Electoral “vigoroso, creíble y transparente”. La dirigente opositora regresó a Venezuela el jueves, tras ocho años en el exilio, enviada por el Departamento de Estado de EE.UU. para encabezar los contactos con el oficialismo en el marco de la transición promovida por Washington. Figuera reconoció que la misión “no es” sencilla y agradeció el acompañamiento brindado por la administración del presidente Donald Trump.

El partido recordó que en enero, tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el día 3, propuso una negociación con mediación estadounidense orientada a una transición institucional. Entre los puntos planteados figura la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente bajo control chavista— y la liberación de presos políticos.

También el viernes, el ex gobernador opositor Andrés Velásquez instó a no perder el foco del “objetivo fundamental: ponerle fin a la tiranía de forma definitiva y restablecer la democracia y la libertad”. Velásquez ratificó el “liderazgo y conducción” de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado en el proceso hacia la transición democrática, y propuso la definición de un cronograma electoral presidencial que aporte certeza a la población.

El mes pasado, el sector mayoritario de la oposición había propuesto una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por Machado con el Gobierno interino y acompañada por Estados Unidos, para restaurar la democracia mediante una “elección presidencial libre, transparente y soberana”. Tras ese planteo, el chavismo respondió que no consideraba viable una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera aseguró: “Tuve una conversación (con Machado) y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional (AN)”.

La dirigente opositora subrayó su papel al frente del Parlamento electo en 2015 y señaló que el diálogo con las autoridades oficiales responde a una agenda de trabajo institucional acordada tras el respaldo de Washington.

(Con información de EFE)

La exdiputada venezolana Dinorah Figuera regresó a Venezuela el jueves tras ocho años de exilio, se reunió con autoridades parlamentarias y opositoras, y partió el viernes hacia Miami para sostener nuevas reuniones, en el marco de una agenda de transición democrática respaldada por Estados Unidos.

Figuera, quien se presenta como presidenta de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, sostuvo un encuentro con el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en el palacio Legislativo. El Departamento de Estado describió ese encuentro como una ocasión para “debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”. También se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y con dirigentes de la Plataforma Unitaria.

La visita expuso tensiones dentro del bloque antichavista. Figuera reconoció ante el periodista Luis Olavarrieta haber tenido “diferencias” con María Corina Machado, líder de la oposición mayoritaria y premio nobel de la paz: “Tuve una conversación y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía”. Machado no se pronunció sobre la visita relámpago de la exdiputada al país, según informó la agencia AFP.

Figuera subrayó que su actuación responde a un mandato institucional: “María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional”. Rechazó además ser catalogada dentro de los llamados “alacranes”, término con el que el bloque antichavista mayoritario designa a quienes considera colaboracionistas del Gobierno.

“A mí no me van a tildar de alacrán, de que soy una traidora. Soy una mujer consecuente con mi causa”, afirmó en la entrevista disponible en el canal de YouTube de Olavarrieta.

Los objetivos del plan que Figuera busca impulsar incluyen la conformación de un Consejo Nacional Electoral “vigoroso, creíble y transparente”, la reconstrucción de las instituciones democráticas y el restablecimiento de garantías para la participación política, según comunicó el Departamento de Estado. El organismo electoral venezolano está controlado por rectores afines al chavismo y es acusado por Machado de haber proclamado de manera fraudulenta a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de 2024.

Maduro se encuentra actualmente preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Figuera indicó a la AFP que una próxima visita podría incluir un encuentro con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington. “Estoy dispuesta a reunirme con todos los sectores”, señaló, sin precisar fecha de regreso.

La exdiputada defiende que la AN de 2015 es la “última institución que ha ganado electoralmente de manera legítima”, a pesar de que en 2020 se celebraron nuevas elecciones legislativas y actualmente funciona un Parlamento de mayoría chavista que sesiona y aprueba leyes. Esa estructura parlamentaria paralela, que controla activos venezolanos en el exterior, ha contado con el respaldo de Estados Unidos y otros aliados internacionales desde los comicios de 2020.

Para el politólogo Benigno Alarcón, la visita de Figuera constituye “un evento sorpresivo que desestabiliza el escenario y marca el posible inicio de un nuevo rumbo hacia una transición negociada”. Alarcón señaló en su cuenta de X que Estados Unidos aparece “en el ejercicio de un rol de mediador que puede terminar más bien como árbitro”.

Más de una decena de dirigentes opositores han regresado a Venezuela en las últimas semanas, en un contexto en el que la libertad de expresión se recupera gradualmente, las protestas resurgen y, según la AFP, el miedo parece menguar. La propia Machado, que lleva meses fuera del país, ha prometido regresar sin especificar cuándo.

(Con información de EFE y AFP)

El Consejo de Gabinete de Panamá, encabezado este martes por el presidente José Raúl Mulino, aprobó un paquete de decisiones que combina financiamiento público por hasta USD 9.000 millones y una reforma legal del servicio eléctrico para endurecer las obligaciones de las distribuidoras, reforzar los reclamos de los usuarios y preparar la licitación de las concesiones que vencen en 2028, según la Presidencia de la República.

La parte financiera incluye dos autorizaciones al Ministerio de Economía y Finanzas: un programa rotativo de emisiones de Notas del Tesoro en el mercado local por hasta USD 6.000 millones, con plazos de dos a 10 años, y la posibilidad de suscribir estructuras de financiamiento con instituciones financieras locales e internacionales por un monto acumulado de USD 3.000 millones, según la Presidencia de la República.

De acuerdo con la Presidencia de la República, el programa de Notas del Tesoro fue aprobado mediante el decreto de gabinete N. 34-24. La medida busca fortalecer el programa de Creadores de Mercado, profundizar las capacidades del mercado local de capitales e incrementar el acceso del Estado a fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo, en línea con las necesidades estacionales del Tesoro Nacional.

El segundo instrumento fue autorizado por el decreto de gabinete N. 33-24. Según la Presidencia de la República, ese esquema dará al Estado flexibilidad para ejecutar operaciones financieras en el momento que considere oportuno, según las condiciones ofertadas y las necesidades estacionales del Tesoro Nacional.

La reforma eléctrica apunta a reclamos, multas y concesiones de 2028

En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional una iniciativa para modificar la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que regula el servicio público de electricidad, según La Prensa. La Presidencia de la República indicó en un comunicado que la propuesta busca fortalecer el marco regulatorio y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico a los consumidores.

La iniciativa incorpora plazos definidos para atender reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad y nuevas herramientas regulatorias para una supervisión más efectiva. También dispone que las multas impuestas a las empresas concesionarias se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado, según ambas fuentes.

El proyecto aprobado por el Gabinete responde de forma directa a la pregunta sobre qué cambiaría para los usuarios del servicio eléctrico: si una distribuidora incumple las normas de calidad, el consumidor tendría plazos claros para reclamar, podría recibir créditos a su favor y contaría con un marco en el que las sanciones económicas a las empresas se traduzcan en compensaciones para los afectados.

Según TVN, el proyecto fue identificado como Proyecto de Ley 10-26. Ese medio señaló que la propuesta pretende equilibrar la relación entre las compañías prestadoras del servicio y los usuarios, después de décadas en las que, de acuerdo con el texto, los clientes han enfrentado interrupciones frecuentes y fluctuaciones de voltaje que en muchos casos provocaron daños en artefactos y equipos eléctricos.

El vencimiento de los contratos de distribución ordena el calendario de la reforma

Según La Prensa, en 2028 vence el contrato por 15 años del Estado con las empresas distribuidoras Naturgy: a través de Edemet y Edechi, y con ENSA. Por esa razón, antes de esa fecha debe convocarse una licitación para la distribución eléctrica.

La propuesta también contempla medidas para reforzar la transparencia de la información que reciben los consumidores y fortalecer las reglas sobre calidad y continuidad del servicio, según TVN. El mismo medio informó que el texto será remitido a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido y aprobado.

Otro de los cambios incorpora a las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural, para llevar el servicio de energía eléctrica a comunidades de difícil y costoso acceso, según La Prensa y TVN.

Además del paquete financiero y de la iniciativa sobre electricidad, el Consejo de Gabinete aprobó el decreto N. 32-24, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a modificar los artículos dos, cuatro y siete del decreto de gabinete N. 25 del 15 de abril de 2024, según la Presidencia de la República.

Al revisar el proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, un productor señala: “Sería un texto muy bueno, si Venezuela fuera un país del primer mundo”.

Miembros de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) advierten que la norma que aún se discute en el Parlamento no atiende el tema de la seguridad en el campo, principal preocupación del gremio.

“El primer paso para fomentar la producción agropecuaria es crear condiciones de seguridad jurídica y confianza, si no es así no puede haber inversión ni existirá desarrollo económico y social”, apunta una de las fuentes consultadas.

El texto en cuestión consta de 16 artículos y dice tener como propósito general “instituir un marco administrativo, tecnológico y de fiscalización integral que erradique los espacios de informalidad en el campo, resguarde el rebaño nacional y proteja las unidades de producción ganaderas”.

Sin embargo, en ninguna parte se tipifican ni se aplican penas por los delitos que afectan a los ganaderos. “Existen actividades ilícitas como abigeato, hurto, robo, invasiones, tala y quema, entre otras, que dañan la producción nacional y atentan contra la seguridad agroalimentaria de Venezuela”, subraya un dirigente gremial.

El diputado opositor Alexis Algarra, quien además es productor agropecuario, rechaza esta ley “porque no atiende la emergencia que vive el campo venezolano”. El legislador enfatizó que “los ganaderos venezolanos pedimos protección efectiva frente al abigeato, las invasiones de fincas, la extorsión, el secuestro, las amenazas, el robo de ganado y la violencia rural”.

Penal

Fedenaga promovió en 2021 ante la Asamblea Nacional la discusión de un anteproyecto de reforma de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera. En su exposición de motivos, aquella propuesta indicaba que “en Venezuela existe un aumento de los índices del delito de hurto sobre ganado”, y denunciaba que “el abigeato se ha potenciado en los últimos años atentando contra la vida de productores y trabajadores del campo”.

La iniciativa de los productores tipificaba delitos y planteaba directamente penas de hasta 20 años de prisión contra el robo de ganado a mano armada, y un máximo de 18 años de cárcel para castigar a quien “mediante violencia o amenaza de graves daños inmediatos a personas o cosas”, se apodere de una o varias cabezas de ganado.

“Quien beneficie una o varias cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de su dueño o de quien deba darlo, será penado con presidio de seis a diez años”, expone el artículo 12 del anteproyecto, que terminó siendo engavetado por el oficialismo.

Sin respuesta

Otro de los productores consultados subraya que “la urgencia de sacar una ley es para proteger el rebaño con penas de cárcel, porque ahora mismo capturan a un delincuente robando reses, pasa dos días en un calabozo y de inmediato lo liberan”.

Cuestiona que el proyecto que impulsa el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez habla de “modernización tecnológica”, “trazabilidad biométrica” y guías de movilización, mientras el Ministerio de Agricultura, a cargo del general Vladimir Padrino López, no cuenta con la infraestructura básica y se terminan haciendo inspecciones vía telefónica por la ausencia de vehículos para trasladarse a las zonas.

“La expansión de la frontera agropecuaria viene acompañada del desarrollo rural, diversificando y mejorando las actividades productivas con la transformación de las materias primas. Pero primero lo primero: necesitamos confianza, seguridad y justicia”, demandan los productores.

Panamá ya tiene una ley para extender los horarios de atención en centros de salud, pero el verdadero desafío comienza ahora: convertir la norma en servicios disponibles para los pacientes.

La Ley 528, impulsada por el diputado independiente Betserai Richards y publicada en la Gaceta Oficial, obliga al Estado a avanzar hacia una mayor cobertura de atención primaria, aunque su ejecución dependerá de presupuesto, personal médico e infraestructura.

La norma fue aprobada por insistencia en la Asamblea Nacional luego de que el Órgano Ejecutivo expresara reservas sobre su viabilidad operativa y financiera. Sin embargo, tras superar ese trámite legislativo, la iniciativa se convirtió oficialmente en ley de la República y establece una nueva hoja de ruta para ampliar la atención médica en el sistema público de salud.

El objetivo central de la legislación es garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud mediante la ampliación de horarios en centros de salud, subcentros, policentros, MINSA-CAPSI y otras instalaciones de atención primaria.

La ley también busca fortalecer la capacidad de atención de los servicios sanitarios, mejorar la cobertura en las distintas regiones del país y promover una atención médica más permanente para la población.

Uno de los elementos más importantes del texto es que ordena al Ministerio de Salud procurar que en cada región sanitaria exista al menos una instalación de atención primaria con horarios extendidos.

La definición de esos horarios quedará en manos del propio ministerio, que deberá considerar factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios disponibles en cada región.

La ley establece además que durante los horarios extendidos deberá existir personal médico, administrativo y de apoyo suficiente para garantizar el funcionamiento de las instalaciones. También contempla atención durante sábados y domingos, con la posibilidad de ampliar la oferta de servicios según la planificación regional.

Otro aspecto relevante es que la normativa ordena al Ministerio de Salud organizar servicios de segundo nivel procurando que cada región cuente con al menos una instalación que opere de forma continua las 24 horas, equipada con los insumos necesarios para brindar atención oportuna a los pacientes.

La iniciativa impulsada por Betserai Richards surgió en medio de los reclamos ciudadanos por las dificultades para obtener citas médicas, los largos tiempos de espera y la limitada disponibilidad de atención fuera de los horarios laborales tradicionales. Su promotor sostienen que muchas personas no pueden acudir a un centro de salud durante el día debido a sus jornadas de trabajo, lo que termina trasladando casos de atención primaria a los servicios de urgencias hospitalarias.

La ley también incorpora objetivos complementarios. Entre ellos se encuentran fortalecer hospitales, centros y puestos de salud; mejorar la participación comunitaria en la planificación de programas sanitarios; facilitar la incorporación de médicos internos al sistema público y modernizar los mecanismos de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, durante la discusión del proyecto el Gobierno manifestó preocupaciones sobre la capacidad real del sistema para cumplir con las nuevas obligaciones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha señalado en diversas ocasiones que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario es la falta de personal en determinadas regiones del país.

El funcionario ha advertido que ampliar horarios implica disponer de más médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, además de garantizar medicamentos, equipos y recursos para sostener la operación de las instalaciones.

Las preocupaciones también alcanzan el aspecto financiero. La nueva ley establece que el Órgano Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto General del Estado las asignaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud en horarios extendidos, así como el suministro de medicamentos e insumos requeridos para su funcionamiento.

Además, obliga al Ministerio de Salud a garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas del personal que labore bajo estos esquemas.

El presidente José Raúl Mulino también ha manifestado reservas sobre proyectos que generen nuevas obligaciones de gasto sin una evaluación detallada de su impacto presupuestario. La posición del Ejecutivo durante el debate legislativo giró precisamente en torno a la necesidad de asegurar que cualquier ampliación de servicios cuente con financiamiento sostenible y capacidad operativa real.

La ley establece además que el Ministerio de Salud deberá coordinar acciones con la Caja de Seguro Social para lograr sus objetivos y mejorar la cobertura sanitaria en todo el país.

Ahora comienza la etapa más compleja: la reglamentación y posterior implementación de la norma. La propia legislación reconoce que la aplicación dependerá de la planificación regional y de la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Para sus defensores, la medida representa un paso importante para acercar la atención médica a miles de panameños que enfrentan dificultades para acceder a consultas durante la jornada laboral. Para sus críticos, el desafío será evitar que la ley quede en el papel y lograr que los horarios extendidos se traduzcan en servicios efectivos, personal suficiente y medicamentos disponibles para los pacientes.

La publicación de la Ley 528 cierra el debate legislativo, pero abre una discusión aún más importante: si el sistema de salud panameño cuenta con la capacidad necesaria para convertir una aspiración ciudadana en una realidad cotidiana.

La Asamblea Nacional discute cambios al sistema de albergues de acogimiento institucional en Panamá, en medio de nuevos cuestionamientos sobre la supervisión de los centros donde permanecen niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad bajo protección del Estado.

El punto más sensible del debate está en quién debe supervisar los albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), debido a que actualmente la institución opera centros propios y también ejerce funciones de control sobre ellos.

La discusión forma parte del análisis del proyecto de ley 618, que regula la apertura y funcionamiento de los centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

La iniciativa es revisada en una mesa técnica de la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, presidida por la diputada Alexandra Brenes, proponente de la norma.

El proyecto también plantea derogar el Decreto Ejecutivo 404 del 30 de octubre de 2020, que actualmente regula la apertura y funcionamiento de los albergues para niños, niñas y adolescentes.

Esa norma establece las condiciones para autorizar estos centros, define los albergues como espacios residenciales temporales de cuidado y protección, y crea mecanismos de supervisión y monitoreo para verificar su funcionamiento.

Sin embargo, la propuesta legislativa busca elevar esa regulación a rango de ley, con controles más estrictos, responsabilidades más claras y una supervisión que no dependa únicamente de disposiciones reglamentarias.

Según Brenes, la mesa técnica ha avanzado hasta el artículo 27 del capítulo tres, relacionado con la supervisión de los albergues de acogimiento institucional y con la definición de quiénes serán los encargados de vigilar los centros residenciales.

La diputada explicó que este punto ha sido complejo porque, en la práctica, la Senniaf cuenta con albergues institucionales que son administrados por la propia entidad, pero también mantiene competencias de supervisión sobre esos espacios.

Esa situación abrió el debate sobre la necesidad de modificar el esquema actual, para evitar que la institución actúe como administradora y fiscalizadora de sus propios centros.

Dentro de los ajustes discutidos figura una modificación a la Ley 6 de la Senniaf, con el fin de asignar funciones a su Junta Directiva y permitir que el Ministerio de Desarrollo Social pueda contar con una oficina encargada de supervisar los albergues administrados por esa entidad.

La propuesta busca que la vigilancia sobre estos centros tenga mayor independencia institucional y que las irregularidades detectadas puedan ser reportadas con mayor claridad ante las autoridades competentes.

El debate legislativo ocurre después de las denuncias presentadas por Brenes por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf.

Ese caso provocó una nueva crisis institucional y derivó en la renuncia de Ana Fábrega como directora de la Senniaf en marzo de 2026, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos delitos en el albergue de Tocumen.

Brenes sostuvo entonces que la salida de Fábrega no debía interpretarse como el cierre del caso y pidió que las investigaciones continuaran hasta establecer responsabilidades.

El episodio reactivó las críticas sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de protección en los centros de acogimiento y reforzó el argumento de quienes piden una supervisión más rigurosa.

El proyecto también recoge antecedentes de la crisis nacional que enfrentó el sistema de albergues en años anteriores, cuando salieron a la luz denuncias por maltrato, abuso y negligencia en centros de protección.

Ese escándalo generó investigaciones, informes institucionales y un amplio debate público sobre las fallas del modelo de supervisión, aunque no todos esos procesos derivaron en salidas administrativas inmediatas.

La exposición de motivos del proyecto reconoce que Panamá ha enfrentado debilidades estructurales en los mecanismos de supervisión y control de los centros de atención residencial.

También señala que las investigaciones judiciales y las inspecciones realizadas por instituciones del Estado evidenciaron la necesidad de establecer estándares mínimos obligatorios, mejorar la fiscalización y garantizar protocolos de atención y protección.

La iniciativa plantea que los centros de acogimiento deben funcionar bajo criterios de temporalidad, protección integral, transparencia, rendición de cuentas y respeto al interés superior del niño.

Además, establece que la institucionalización debe aplicarse como una medida excepcional y por el menor tiempo posible, priorizando la reintegración familiar o alternativas de cuidado cuando existan condiciones para ello.

Entre los requisitos previstos para operar un centro de acogimiento se incluyen infraestructura adecuada, personal capacitado, protocolos de protección infantil, reglamento interno aprobado, historial penal del personal y permisos de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La propuesta también contempla visitas periódicas de supervisión, informes sobre las condiciones de los menores y adultos con discapacidad, revisión de instalaciones, evaluación del recurso humano y registro de denuncias por posibles irregularidades.

En la segunda reunión de la mesa técnica participaron representantes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El objetivo de la discusión es construir una ley que sustituya el actual marco reglamentario y establezca un sistema de supervisión más robusto para los albergues de acogimiento institucional y residencial.

La mesa técnica continuará revisando el articulado antes de que el proyecto avance en la Asamblea Nacional, en un tema que vuelve a colocar bajo examen el papel de la Senniaf y la responsabilidad del Estado en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

Reducir la burocracia que enfrenta el sector construcción para iniciar nuevos proyectos se convirtió en una de las principales exigencias planteadas por empresarios y promotores de vivienda durante las reuniones de las mesas técnicas instaladas en la Asamblea Nacional para impulsar la reactivación de una actividad económica que, aunque muestra señales de recuperación en 2026, todavía se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la desaceleración registrada en los últimos años.

La propuesta fue presentada durante la reunión de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, donde representantes empresariales advirtieron que actualmente un proyecto puede requerir más de 80 trámites distribuidos entre al menos 15 instituciones públicas antes de iniciar obras.

Elisa Suárez, representante del sector construcción de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), sostuvo que la duplicidad de requisitos y la cantidad de permisos exigidos se han convertido en una barrera para la inversión.

Según explicó, en algunos casos distintas entidades solicitan la misma documentación, lo que retrasa el desarrollo de proyectos y aumenta los costos para las empresas.

La preocupación surge en momentos en que el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares registradas en los principales municipios del país alcanzó $417.2 millones entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento de 43.5% frente a los $290.8 millones reportados en igual período de 2025.

Pese a esta recuperación, la actividad aún no logra superar el mejor desempeño reciente del sector. En los primeros cuatro meses de 2023, los permisos de construcción sumaron $421 millones, una cifra ligeramente superior a la registrada este año.

El contraste es más evidente al revisar el comportamiento histórico de una industria que durante años fue uno de los principales motores de la economía panameña y generadora de empleo.

Aunque el desempeño de 2026 supera los niveles observados en 2024 y 2025, los representantes del sector consideran que aún existe espacio para acelerar la inversión si se eliminan procesos burocráticos que consideran innecesarios.

Durante la reunión, Suárez también expresó inquietud por algunas regulaciones aprobadas mediante decretos que, a juicio del sector privado, podrían aumentar los costos y las exigencias para determinadas actividades productivas. Como ejemplo, mencionó disposiciones ambientales que podrían obligar a pequeños propietarios rurales a realizar estudios de impacto ambiental bajo ciertas condiciones.

Las discusiones forman parte de la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, creada con apoyo de la Asamblea Nacional para consensuar medidas orientadas a estimular la inversión, generar empleo y acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura y vivienda.

Por su parte, Eduardo Castillero, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), afirmó que la eliminación del bono solidario de vivienda ha tenido un impacto significativo sobre la actividad constructora, especialmente en el interior del país. Según indicó, muchas familias enfrentan dificultades para acceder a financiamiento hipotecario y adquirir una vivienda, situación que afecta directamente la demanda de nuevos proyectos residenciales.

La preocupación por el acceso a la vivienda también fue compartida por Ramón Muñoz, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí y miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien planteó que los bancos estatales retomen un papel más activo en el financiamiento habitacional dirigido a trabajadores de bajos ingresos. Además, pidió que los procesos de aprobación de planos y permisos reciban un tratamiento prioritario para evitar retrasos en el inicio de las obras.

En paralelo, la Submesa Técnica Legal de Políticas Públicas e Innovación recibió propuestas dirigidas a modificar aspectos de la Ley de Contrataciones Públicas. Representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) solicitaron revisar los mecanismos de conformación de las comisiones evaluadoras en las licitaciones, unificar criterios de inspección de obras, flexibilizar las reglas relacionadas con las fianzas y adoptar medidas que eviten la paralización de proyectos por falta de partidas presupuestarias.

Los diputados que participan en la iniciativa consideran que existe consenso sobre la necesidad de simplificar procesos y agilizar la ejecución de inversiones. El diputado Neftalí Zamora sostuvo que actualmente desarrollar una obra en Panamá implica atravesar múltiples instancias administrativas que elevan los costos y dificultan la actividad económica.

Mientras tanto, las cifras muestran una recuperación importante en el valor de los permisos de construcción. Del total de $417.2 millones registrados hasta abril, $252.8 millones correspondieron a proyectos residenciales y $164.4 millones a construcciones no residenciales. Panamá y Arraiján concentraron buena parte del crecimiento observado durante el período.

Sin embargo, empresarios, promotores y trabajadores coinciden en que la recuperación todavía es insuficiente para devolver al sector el dinamismo que tuvo en años anteriores. Por ello, las mesas técnicas continuarán reuniéndose durante junio con el objetivo de presentar propuestas concretas que permitan reducir trámites, acelerar inversiones y aumentar la generación de empleo en una de las actividades económicas más importantes del país.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar inversiones privadas en un sector afectado por cortes frecuentes, especialmente fuera de Caracas.

Durante la sesión transmitida por ANTV, el diputado chavista Orlando Miranda afirmó que el sistema eléctrico nacional ha “mostrado limitaciones estructurales” y financieras para responder a la demanda. Señaló que varias termoeléctricas permanecen paralizadas porque, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, no se han podido adquirir repuestos, lo que incrementa la dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri en el estado Bolívar.

Miranda expuso que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta de reforma, describiéndola como una “estrategia táctica” que introduce capital mixto y privado bajo un “régimen riguroso” de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras.

El legislador indicó que la ley, que aún debe ser debatida por segunda vez para su aprobación final, empoderará al ciudadano, ya que obligará a las empresas distribuidoras y comercializadoras a compensar económicamente a los usuarios por daños causados por apagones o deficiencias de calidad.

Según Miranda, la viabilidad económica de la reforma se apoya en un diseño de tarifas basado en costos reales y en una rentabilidad “razonable” para los inversores, ligada a la eficiencia.

El diputado opositor Ezio Angelini propuso que la ley contemple la descentralización y aborde la corrupción, a la que atribuye las causas de los constantes cortes eléctricos. “Hay que hacer una auditoría muy importante de qué ha pasado con todos los recursos que se le han dado al sector eléctrico”, señaló.

Angelini precisó que, en 2019, Venezuela producía 20.000 megavatios y consumía 12.000, pero actualmente la producción es de 12.000 y el consumo asciende a 14.000.

Rodríguez, que asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro por EEUU en enero, anunció en abril negociaciones con Siemens y General Electric para afrontar la crisis eléctrica en el estado de Zulia.

En mayo, el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica.

El proyecto de ley 505, que propone la eliminación del impuesto del 7% a los productos de higiene menstrual, fue aprobado en abril pasado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Menstrual, las mujeres panameñas salieron a las calles, panti en mano, a exigir el avance de este proyecto.

La iniciativa busca establecer la exoneración a productos como tampones, copas menstruales y toallas sanitarias, que según datos oficiales en el país utilizan 1.2 millones de mujeres en edad menstrual.

Las mujeres en Panamá destinan cerca de $101 millones anuales a la compra de estos productos, y de ese monto cerca de $7.1 millones corresponden a ingresos que recibe el Estado a través del ITBMS, un impuesto indirecto al consumo que grava la venta de bienes y la prestación de servicios en Panamá.

Natasha Dormoi, coordinadora de AHF-Panamá, señaló que la salud menstrual debe abordarse como un tema de salud pública, equidad y derechos humanos.

Aids Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que brinda atención en respuesta al VIH y sida a nivel internacional.

“Ninguna niña, adolescente o mujer debería enfrentar barreras económicas o estigma para gestionar su menstruación de manera segura y digna”, afirmó Dormoi.

La pobreza menstrual, añadió, no se limita a la falta de productos, ya que de igual manera incluye el acceso insuficiente a agua potable, baños seguros, educación menstrual y condiciones dignas para gestionar el periodo sin estigma ni discriminación.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, cerca de 500 millones de personas en el mundo viven en situación de pobreza menstrual.

En América Latina, diversos estudios estiman que hasta 30% de niñas y adolescentes ha faltado a la escuela durante su periodo por no contar con productos menstruales, agua segura o baños adecuados.

Además, la falta de acceso a productos menstruales no solo afecta la educación y la salud física, sino también incrementa vulnerabilidades económicas y sociales, particularmente entre personas en situación de pobreza, migración, calle, privación de libertad o pertenecientes a comunidades indígenas.

Esta pobreza es un problema de salud mundial que afecta a mujeres y niñas en países ricos y pobres. Los productos que pueden utilizar las mujeres y las niñas para gestionar su salud e higiene menstruales varían enormemente en función de sus ingresos o de si viven en zonas urbanas o rurales.

Desde 2019, la organización que coordina Dormoi ha distribuido más de 1 millón de productos de higiene menstrual en América Latina y el Caribe, incluyendo copas menstruales, kits de higiene y materiales educativos.

Solo en 2025, las actividades de la organización impactaron directamente a cientos de miles de personas en 12 países de la región.

Aunque la menstruación es un proceso biológico natural, en muchos países de América Latina sigue siendo tratada fiscalmente como un “gasto no esencial”.

Esto obliga a millones de personas a destinar parte importante de sus ingresos a productos indispensables para su vida cotidiana. Las barreras se profundizan en comunidades rurales, indígenas y en contextos de vulnerabilidad social, donde el acceso a productos e información sigue siendo limitado.

“Menstruar no puede seguir siendo un privilegio condicionado al nivel de ingresos. Los productos menstruales son artículos de primera necesidad y deben tratarse como tales en toda nuestra región”, afirmó Francisco Rubio, director de Advocacy de AHF para América Latina y El Caribe.

En algunos países persisten mitos como el que señala que si las mujeres y niñas que están menstruando tocan ciertos alimentos, estos se pudrirán. Tampoco pueden entrar en lugares de culto y deben permanecer aisladas, manifiesta ONU Mujeres.

La organización señala que, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos la Viagra, medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil, está exenta de impuestos, mientras que los productos menstruales se clasifican como bienes de lujo y están sujetos a más alta tasa impositiva.

El aumento de las estafas en Panamá durante los últimos años llevó a la aprobación de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante engaños.

La nueva legislación, promulgada esta semana por el Ejecutivo, incorpora agravantes vinculadas con los fraudes digitales, la usurpación de identidad y los casos que generan elevados perjuicios económicos o afectan recursos públicos.

La modificación quedó oficializada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial. La nueva legislación reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal, aumentando las penas y ampliando las circunstancias agravantes que pueden llevar a condenas más severas para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaño.

La norma establece que quien, mediante engaño, procure para sí o para un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a seis años. Además, la pena podrá aumentar hasta un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando medios cibernéticos o informáticos, mediante la usurpación de identidad o cuando la afectación patrimonial se ubique entre $50,000 y $100,000.

También se contempla un agravante cuando la víctima sea la Administración pública o una entidad de beneficencia y el perjuicio no exceda los $10,000.

La reforma también endurece las sanciones para los casos considerados más graves. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la pena será de siete a doce años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los $100,000, cuando la estafa sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o cuando el perjuicio a la Administración pública o a establecimientos de beneficencia exceda los $10,000.

La iniciativa tuvo su origen en el Proyecto de Ley 277, presentado inicialmente como anteproyecto por el diputado Eduardo Gaitán. Posteriormente recibió el respaldo de diputados de diversas bancadas, entre ellos José Pérez Barboni, Walkiria Chandler, Jorge González, Luis Duke, Manuel Cheng, Alexandra Brenes, Patsy Lee, Luis Enrique Batista y otros legisladores que figuraron como coproponentes.

Durante la discusión legislativa, los impulsores de la propuesta argumentaron que la legislación vigente había quedado rezagada frente al crecimiento de las estafas, especialmente aquellas realizadas mediante herramientas tecnológicas. Según la exposición de motivos, el avance de los delitos digitales ha generado nuevas modalidades de fraude que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones públicas.

Los documentos presentados ante la Asamblea citan estadísticas de la Corte Suprema de Justicia según las cuales los casos judicializados por estafa aumentaron 578.3% entre 2019 y 2024, al pasar de 189 a 1,282 expedientes. En el mismo período, los casos imputados crecieron 778.9%, mientras que los procesos con acusación formal registraron un incremento de 1,220%.

La Procuraduría General de la Nación también reportó un crecimiento significativo de las denuncias. De acuerdo con la sustentación del proyecto, entre 2019 y 2024 se recibieron 26,670 denuncias por estafa a nivel nacional. Solo en 2024 se contabilizaron 5,241 noticias criminales, frente a las 2,680 registradas cinco años antes.

Los promotores de la reforma sostuvieron que las sanciones existentes no estaban generando un efecto disuasorio suficiente y que muchos delincuentes continuaban utilizando esquemas fraudulentos debido a que las penas eran consideradas bajas en comparación con los daños económicos ocasionados a las víctimas. También señalaron que la proliferación de fraudes en línea obligaba a actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de criminalidad.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Gaitán explicó que uno de los objetivos era reducir los umbrales económicos que activan las sanciones más severas y fortalecer la capacidad del sistema penal para perseguir estos delitos. La iniciativa recibió respaldo de varios diputados de la comisión y fue aprobada tras introducir modificaciones respecto al texto original presentado en marzo de 2025.

Con la entrada en vigor de la Ley 524, Panamá incorpora un esquema de castigos más severo para los delitos de estafa, especialmente aquellos vinculados con fraudes digitales, grandes perjuicios económicos y casos que involucren recursos públicos, en un intento por responder al crecimiento que este delito ha registrado durante los últimos años.

Después de matenerlo dos años en la cárcel, al preso político José Breijo, de 73 años, le dieron el beneficio de casa por cárcel. Pero ya en la calle, se enteró de otra noticia: un efectivo de la policía le había invadido su apartamento. Así, este ciudadano uruguayo-venezolano no tenía ni libertad ni hogar.

El drama de Breijo, expuesto en redes por otro antiguo preso político, el periodista Carlos Julio Rojas, generó tanta indignación que funcionarios de la Presidencia de la República actuaron en la madrugada de este miércoles 27 de mayo para devolverle el inmueble a su propietario, que en ese momento dormía sobre un colchón en la áreas comunes del edificio.

“Ahora exigimos la devolución de todas las pertenencias de este preso político, las cuales fueron sustraídas de la vivienda y una investigación por parte del Ministerio Público contra este policía corrupto”, declaró Rojas.

El caso de Breijo confirma una práctica que ha sido denunciada y documentada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, donde una persona no solo es privada de libertad por razones políticas sino que también es víctima del despojo de sus bienes sin que medie ninguna orden judicial.

Abusos

“Cuando a mí me capturaron en agosto de 2024, este vehículo estaba en plenas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa, totalmente desvalijado”, señaló el 19 de mayo a través de sus redes el exdiputado opositor Williams Dávila, quien pasó alrededor de año y medio privado de libertad.

Dávila indicó que este tipo de acciones “están dentro del contexto de las violaciones a los Derechos Humanos”, y acudió al Palacio de Justicia para exigir una indemnización, recordando que otros presos políticos también han sufrido el robo de sus pertenencias “y la destrucción de sus casas en medio de allanamientos”.

En julio de 2023, el entonces jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, celebró su boda en una casa de playa propiedad de la esposa del exministro Andrés Izarra, fiel colaborador de Hugo Chávez que cayó en desgracia y tuvo que marcharse al exilio con el ascenso de Nicolás Maduro.

“El madurismo arremetió contra nosotros. Nos quitaron todas las propiedades (...). Nos quitaron la casa en Caraballeda que heredó Isabel de su abuelo y la tiene una mujer vinculada a un comandante del DGCIM y desde allí publica fotos en sus redes sociales”, declaró Izarra en marzo de 2023 al portal Runrunes.

Hasta juguetes

Un reportaje del sitio de investigación ArmandoInfo publicado en 2024 exponía otros ejemplos de personas que terminaban sufriendo la agresión del Estado por partida doble: perdían el derecho a vivir en su país y sus bienes.

“La manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la DGCIM, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) o de la Policía Nacional Contra La Corrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio. Sin orden de allanamiento, ingresa, revisa y acarrea con todo lo que hay. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como carros o computadoras, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de cosas como ropa y juguetes”, reseñaba la nota.

En noviembre de 2024, la diputada y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Iris Varela, dijo en una entrevista: “No puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda y bienes a su disposición o su titularidad, ni empresas”. En esas mismas fechas, la Asamblea Nacional de mayoría chavista sancionó la Ley Orgánica Simón Bolívar, que plantea castigar a los “traidores a la patria” con la extinción de dominio.

Las discusiones sobre el tamaño y las prioridades del gasto público en Panamá comenzarán la otra semana. A partir de este lunes 25 de mayo, unas 96 instituciones del Estado iniciarán las vistas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un proceso clave para la elaboración del Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2027.

Durante estas sesiones, ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y representantes de los consejos provinciales deberán sustentar ante los técnicos del MEF sus necesidades financieras, programas de inversión, proyectos en ejecución y nuevas iniciativas que buscan desarrollar durante el próximo año.

El proceso se extenderá hasta el 5 de junio y constituye el primer paso formal para definir cuánto gastará el Estado panameño en 2027.

Según explicó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, la fase inicial consiste en la presentación de cifras preliminares y en la identificación de las principales necesidades de cada institución.

Posteriormente, el MEF evaluará las solicitudes y preparará el anteproyecto de presupuesto que será sometido a consideración del Consejo de Gabinete antes de ser remitido a la Asamblea Nacional. Se espera que el documento llegue al Legislativo a finales de julio.

La primera jornada incluye la comparecencia de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce, entre otras.

Las vistas presupuestarias comienzan en un contexto en el que el tamaño del gasto público ha experimentado importantes cambios durante los últimos años.

El presupuesto aprobado para 2024, elaborado durante la administración de Laurentino Cortizo, ascendió a $30,690 millones luego de ser recortado en la Asamblea Nacional desde una propuesta inicial de más de $32,700 millones.

Un año después, la administración de José Raúl Mulino presentó inicialmente un presupuesto mucho más austero para 2025, por $26,084 millones.

Sin embargo, durante el proceso legislativo el proyecto fue objeto de múltiples ajustes y terminó siendo aprobado por $30,111 millones, apenas $580 millones por debajo del presupuesto vigente de 2024.

La tendencia continuó en 2026. La Asamblea Nacional aprobó un Presupuesto General del Estado de $34,901 millones, la cifra más alta en la historia del país. El monto representó un incremento superior a $4,700 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025 y consolidó una expansión significativa del gasto público.

Buena parte de ese crecimiento responde a compromisos considerados ineludibles por el Gobierno, entre ellos el pago de la deuda pública, los intereses asociados al endeudamiento estatal, los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social y el aumento de recursos destinados a programas sociales e inversión pública.

También influyeron diversos créditos extraordinarios aprobados durante el ejercicio fiscal, que elevaron el gasto efectivo por encima de las cifras originalmente presupuestadas.

La estructura del presupuesto de 2026 contempla gastos corrientes por $19,214 millones y gastos de capital por $15,686 millones. De ese total, más de $11,100 millones corresponden a inversión pública, equivalente a aproximadamente el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.

Entre los sectores que recibieron mayores refuerzos durante la discusión legislativa destacan educación, salud y agro. La Asamblea reasignó $104 millones adicionales al Ministerio de Educación, $26 millones al Ministerio de Salud, $10 millones al Instituto Oncológico Nacional y más de $31 millones para fortalecer programas dirigidos al sector agropecuario.

Las cifras reflejan la creciente presión que enfrentan las finanzas públicas. Mientras el Gobierno busca reducir gradualmente el déficit fiscal para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, también debe atender demandas históricas relacionadas con infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y agua potable.

Por esa razón, las vistas presupuestarias son observadas con atención tanto por el sector privado como por organismos internacionales y analistas económicos. Las solicitudes que presenten las instituciones durante las próximas semanas permitirán conocer cuáles serán las prioridades de gasto para 2027 y qué tan viable será mantener el equilibrio entre la disciplina fiscal y las crecientes demandas de inversión pública.

El resultado de estas discusiones también ofrecerá una primera señal sobre la dirección que tomará la política fiscal de Panamá durante la segunda mitad de la administración Mulino.

En un escenario marcado por elevados compromisos financieros, desaceleración económica regional y mayores exigencias sociales, el presupuesto de 2027 volverá a convertirse en uno de los principales instrumentos para medir las prioridades del Estado y su capacidad para sostener el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica este jueves tras insistir públicamente en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y compartir en redes sociales instrucciones para recolectar firmas ciudadanas.

La publicación del mandatario provocó una fuerte ola de reacciones en la plataforma X, donde varios usuarios le recordaron una promesa que hizo durante la campaña presidencial, cuando aseguró que no promovería una constituyente.

Según expresó Gustavo Petro en su mensaje publicado en X, la iniciativa busca incorporar a la Constitución reformas sociales, políticas y judiciales que, según él, no fueron aprobadas por el Congreso de la República.

Petro compartió formularios para recoger firmas

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta personal de X en el que explicó cómo descargar los formularios para apoyar la iniciativa.

“Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y a la justicia que el Congreso no aprobó”, escribió el jefe de Estado.

En la misma publicación, Petro indicó que los ciudadanos deben dejar un renglón de por medio antes de firmar el documento.

“Se deja renglón de por medio y firma la inteligencia ciudadana con su esfuerzo”, agregó.

La publicación rápidamente comenzó a generar cientos de comentarios y críticas de distintos sectores políticos y ciudadanos en redes sociales.

Usuarios le recordaron promesas de campaña

Tras el mensaje del presidente, varios internautas revivieron declaraciones pasadas en las que Petro había descartado impulsar una constituyente.

Uno de los comentarios más compartidos fue el del abogado Rodrigo Pombo, quien cuestionó directamente al mandatario.

“Menos mal que no apoyaba usted la constituyente. Menos mal que no participa usted abiertamente en política. Menos mal que usted juró cumplir la Constitución y la ley. Menos mal que usted no miente”, escribió.

Otros usuarios también criticaron la propuesta y aseguraron que una eventual constituyente podría aumentar la polarización política en el país.

“Petro quiere una constituyente para fomentar el odio y la división entre los colombianos y para promover su proyecto político por encima de los intereses de la nación”, expresó otro internauta en la plataforma digital.

El Gobierno busca presentar el proyecto el 20 de julio

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente ha sido una de las iniciativas más polémicas impulsadas por el presidente durante los últimos meses.

El Gobierno nacional ha señalado que espera presentar oficialmente el proyecto ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio.

Desde la Casa de Nariño han insistido en que la intención es avanzar en reformas sociales que consideran bloqueadas dentro del trámite legislativo actual.

Sin embargo, sectores de oposición y expertos constitucionalistas han cuestionado el alcance de la propuesta y han advertido sobre posibles riesgos institucionales.

Petro ya había anticipado algunos cambios que incluiría la constituyente

El pasado 1.º de mayo, durante una manifestación por el Día del Trabajo, Gustavo Petro reveló algunas de las reformas que buscaría incorporar a través de una eventual constituyente.

Entre ellas mencionó cambios relacionados con el Banco de la República, educación y acceso a la tierra.

“Se reformarán las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República”, afirmó el mandatario en ese momento.

También aseguró que buscaría establecer el derecho a la educación preescolar y superior dentro de la Constitución.

Además, mencionó que impulsaría el reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.

La propuesta sigue generando tensión política

Las nuevas declaraciones del presidente llegan en medio de un ambiente político marcado por la recta final de la campaña presidencial y fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y sectores de oposición.

La posibilidad de convocar una constituyente ha sido rechazada por distintos dirigentes políticos, quienes consideran que la actual Constitución no requiere una reforma de esa magnitud.

Otros sectores cercanos al Gobierno, en cambio, han respaldado la iniciativa y aseguran que permitiría avanzar en transformaciones sociales profundas.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha entregado mayores detalles sobre el mecanismo exacto que utilizaría para impulsar formalmente la propuesta ante el Congreso.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que entre el martes 19 de mayo y mañana viernes “300 personas serán puestas en libertad”, generando una gran expectativa entre defensores de Derechos Humanos y familiares de los centenares de presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Hasta la mañana de este jueves, Foro Penal solo contabilizaba 38 excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos. Esta organización no gubernamental, una de las principales referencias en el país sobre este tema, estimaba que hasta principios de mayo existían 457 presos políticos en Venezuela.

El 8 de enero el propio diputado Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, adelantó que saldría en libertad “un número importante” de presos políticos y el 19 de febrero el Ejecutivo promulgó la Ley de Amnistía. Sin embargo, la situación se mantiene, lo que ha provocado protestas de los afectados y del movimiento estudiantil.

Cuentagotas

¿Cuál es el criterio del gobierno chavista para ordenar las liberaciones y por qué no cierra este capítulo de forma definitiva?

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, cree que estas medidas “no abarcan al universo total de las personas que deberían ser favorecidas” principalmente por dos motivos: Primero, porque sigue intacto el “aparato represivo que dio lugar a estas encarcelaciones”. “Y en segundo lugar, esto tiene que ver con que el poder se ha acostumbrado a usar a los presos políticos como fichas de negociación en diferentes escenarios”.

El abogado considera que “mientras el aparato represivo esté funcionando, es muy difícil que cese la realidad de la prisión y la persecución injusta”. Bajo esta premisa, duda de que el régimen chavista, hoy administrado por los hermanos Rodríguez, “esté dispuesto a renunciar a esa fuerza de negociación” que representarían los presos políticos.

Himiob apunta que estas declaraciones sobre excarcelaciones deben ser “tomadas con pinzas”, pues el gobierno suele incluir en la lista a presos comunes y en el caso de los políticos, no todos reciben libertad plena.

Incompleto

La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, destaca la forma “conveniente” en que el oficialismo manipula el tema, al recordar que recientemente Jorge Rodríguez negó rotundamente la existencia de presos políticos en Venezuela, para luego ofrecer la excarcelación de 300.

Tineo sostiene que la aparente contradicción del chavismo es producto de la presión interna y externa. El presidente del Parlamento asumió el compromiso en medio de la polémica por la muerte de la señora Carmen Navas, de 81 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, víctima de desaparición forzada que falleció en cautiverio. “Todo esto deja en evidencia lo funcional que es al régimen tener prisioneros políticos”, advierte la vocera.

Según la base de datos de Justicia, Encuentro y Perdón, desde el 8 de enero han sido excarcelados unos 720 presos políticos. Sin embargo, señalan que más de 600 siguen judicializados “enfrentando cargos muy graves”; es decir, solo poco más de cien gozan de libertad plena.

Esta ONG registra que en la actualidad hay 654 presos políticos, más del doble de lo que Jorge Rodríguez ha prometido excarcelar. “La exigencia es que todos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, enfatiza Tineo, para quien la palabra del presidente del Parlamento “no resuelve la tragedia que ha generado la persecución política en el país”.

Los ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron liberados el martes tras 23 años detenidos.

La liberación, confirmada por la ONG Foro Penal, se concretó horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 personas esta semana, incluidos los tres ex policías, quienes fueron arrestados el 19 de abril de 2003 por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, tras ser acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, una marcha opositora se dirigió al Palacio de Miraflores en medio de una huelga empresarial y protestas ciudadanas, generando enfrentamientos armados en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Los ex policías fueron recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, el penal ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, destinado tanto a reclusos comunes como a presos políticos.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó vía X que no solo son tres ex policias que nunca debieron estar presos, sino que también existió el padecimiento de familiares durante 23 años por crueldad, persecución y tortura del régimen chavista.

“Tres Policías Metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003. Los tres estarán en nuestros libros de historia como los héroes que son. Todo mi cariño y mi admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día”, agregó la ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A su vez, instó al gobierno de transición venezolano a liberar a todos los presos políticos que aún sufren maltratos y violaciones a los derechos humanos en diversas prisiones del país. “¡Que sean todos!”, finalizó en su comunicado.

Ni la Amnistía de 2007 ni la de 2026 incluyeron a los agentes de Caracas condenados por los hechos del 11 de abril de 2002. María Bolívar, tía del agente Erasmo José Bolívar, explicó a Infobae el 6 de marzo pasado que, de los once policías sentenciados, solo tres—su sobrino, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada—aún estaban en prisión.

Bolívar subrayó que “no fueron condenados por homicidio intencional”, sino por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”, lo que debería haberlos habilitado para acceder a beneficios sustitutivos que permitirían su salida de la cárcel, derechos que, aseguró, les fueron sistemáticamente negados.

“Si no van a recibir amnistía, al menos que les otorguen los beneficios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), medidas que están todas vencidas”, reclamó semanas atrás.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela explicó que algunas de las personas que serán liberadas esta semana estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, serán beneficiadas. También se contempla la liberación de “mujeres embarazadas o lactantes”.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado informó que las liberaciones comenzaron el lunes con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en un supuesto ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro en 2020.

El anuncio se da tres meses después de la aprobación de la amnistía y en medio de exigencias de ONG y partidos opositores por una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo tras 16 meses de denuncias de su desaparición.

Además, la decisión del Gobierno venezolano se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno buscará asegurar la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

El Comité de Arrecifes de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el Proyecto de Ley 571, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, al considerar que la iniciativa podría debilitar la protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y otros ecosistemas costeros estratégicos del país.

La petición fue presentada mediante una carta enviada el 8 de mayo al Palacio de las Garzas y firmada por representantes científicos y del Congreso General Guna.

En la nota dirigida al mandatario, el Comité sostuvo que el proyecto aprobado “debilita la protección de los arrecifes coralinos y desprotege los pastos marinos y otros ecosistemas asociados como manglares y estuarios, sin ningún sustento técnico y jurídico”.

El organismo pidió que la iniciativa sea devuelta a la Asamblea Nacional para una revisión integral basada en criterios científicos, sostenibilidad ambiental y participación de especialistas.

El Comité de Arrecifes fue creado mediante la Ley 304 de 31 de mayo de 2022 y quedó constituido formalmente a través de la Resolución DM-0243-2025 del Ministerio de Ambiente.

Según la carta enviada a Mulino, está conformado por representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones científicas, sector turismo, academia, organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios, con el objetivo de formular recomendaciones técnicas para proteger los sistemas coralinos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con estos ecosistemas.

En su comunicación, el organismo advirtió que nunca fue consultado formalmente durante la discusión legislativa del Proyecto de Ley 571, pese a que la Ley 304 le otorga atribuciones vinculadas precisamente a la protección de arrecifes coralinos y ecosistemas asociados.

Los miembros del Comité cuestionaron que la iniciativa avanzara hasta tercer debate sin una revisión técnica más amplia ni participación de centros de investigación y especialistas en biología marina.

El proyecto impulsado por el diputado Benicio Robinson busca modificar y adicionar artículos a la Ley 304 de 2022 sobre protección integral de arrecifes coralinos.

Entre sus cambios principales, establece un tratamiento diferenciado entre arrecifes coralinos y pastos marinos. La iniciativa mantiene la prohibición absoluta de actividades que causen daños directos a arrecifes coralinos, pero permite que las actividades en áreas de pastos marinos puedan ser reguladas por el Ministerio de Ambiente bajo criterios técnicos y de sostenibilidad.

La propuesta legislativa fue presentada oficialmente el 17 de marzo de 2026 y aprobada en tercer debate el 29 de abril. En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que la legislación actual requiere ajustes para fortalecer la fiscalización, aclarar competencias institucionales y permitir mecanismos diferenciados de vigilancia ambiental en distintas zonas costeras del país.

El texto también argumenta que los arrecifes coralinos y los pastos marinos presentan dinámicas ecológicas distintas y, por tanto, requieren tratamientos regulatorios diferentes. lino

Mientras los arrecifes son descritos como ecosistemas extremadamente frágiles y de recuperación muy lenta, el proyecto señala que ciertos usos en áreas de pastos marinos podrían desarrollarse bajo supervisión técnica estricta.

Uno de los principales focos del debate ha sido Bocas del Toro. El propio proyecto menciona al archipiélago como un ejemplo de “alta vulnerabilidad” debido a la presión turística, navegación intensiva y presencia de arrecifes coralinos de importancia global.

La iniciativa plantea además la posibilidad de instalar boyas de amarre ecológicas para evitar daños provocados por embarcaciones que lanzan anclas sobre arrecifes coralinos.

Durante el primer debate legislativo participaron representantes del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, universidades, asociaciones municipales y organizaciones ambientales.

En esa discusión, representantes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) advirtieron que el proyecto podría terminar debilitando la protección existente, al trasladar parte de la regulación futura a reglamentaciones posteriores del Ministerio de Ambiente.

El diputado Benicio Robinson defendió la iniciativa argumentando que la Ley 304 de 2022 nunca fue reglamentada y que eso ha impedido su implementación efectiva en las comunidades costeras.

Según explicó durante el debate, el objetivo del nuevo proyecto es dotar de operatividad a la normativa y permitir soluciones prácticas para zonas como Bocas del Toro, donde existen tensiones constantes entre conservación ambiental y desarrollo turístico.

Precisamente, sectores empresariales y turísticos del archipiélago respaldaron modificaciones al marco legal vigente. En un pronunciamiento emitido el 10 de abril, la Cámara de Turismo de Bocas del Toro señaló que la legislación actual, aún sin reglamentación, estaba siendo interpretada en la práctica como una prohibición total de modificaciones, reparaciones o construcciones en áreas con presencia de pastos marinos.

La organización empresarial sostuvo que esta situación afectaría directamente actividades económicas esenciales para Bocas del Toro, incluyendo pequeños muelles, atracaderos, restaurantes y hoteles construidos sobre el mar.

La Cámara de Turismo de Bocas del Toro aseguró además que empresarios, ingenieros ambientales y representantes comunitarios solicitaron construir un marco legal que permitiera “conciliar la protección ambiental con el desarrollo humano”.

Sin embargo, el Comité de Arrecifes sostiene que cualquier flexibilización sobre ecosistemas marinos debe basarse primero en estudios científicos y criterios técnicos sólidos.

El diputado de la bancada Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el mecanismo utilizado por la Contraloría General de la República para enviar de licencia sin sueldo a funcionarios bajo investigación, una medida que ha provocado fuertes tensiones entre el contralor Anel “Bolo” Flores, la Asamblea Nacional y sectores jurídicos que cuestionan el alcance legal de esas acciones.

Cedeño confirmó que la demanda fue presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y está dirigida específicamente contra el punto del Decreto 90-2019-DNMySC que permite suspender salarios de funcionarios mientras se desarrollan investigaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de funciones públicas y el uso de recursos estatales.

“Estamos diciendo a la Sala Tercera que eso tiene vicio de ilegalidad”, afirmó el diputado. Según explicó, la acción legal sostiene que el decreto viola normas relacionadas con la carrera administrativa, la carrera legislativa y otros regímenes especiales del sector público.

Cedeño argumenta además que una licencia sin sueldo debe ser solicitada voluntariamente por el funcionario beneficiado y no impuesta unilateralmente por la Contraloría.

El parlamentario advirtió que permitir ese tipo de suspensión preventiva podría abrir la puerta a medidas similares contra jueces, magistrados, fiscales y funcionarios de otras instituciones del Estado. “Hoy puede ser cualquier funcionario de la Asamblea, mañana puede ser jueces, magistrados, fiscales y demás”, sostuvo.

La controversia se originó luego de que la Contraloría aplicara licencias sin sueldo a funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional en medio de auditorías y verificaciones relacionadas con presuntas irregularidades en planillas y posibles casos de “botellas”.

La medida provocó denuncias de diputados independientes y de funcionarios afectados, quienes acusaron al contralor de actuar sin debido proceso y extralimitando sus funciones.

El Decreto 90-2019-DNMySC, emitido el 23 de diciembre de 2019 por la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría, establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa preventiva y no una sanción disciplinaria.

Según la normativa, el mecanismo busca permitir auditorías y verificaciones sobre asistencia, cumplimiento laboral y uso correcto de fondos públicos sin interferencias durante el proceso investigativo.

La normativa también establece que durante la vigencia de la licencia el funcionario deja de recibir salario mientras se desarrollan las verificaciones correspondientes.

Si la investigación concluye que el servidor público sí cumplía con sus funciones, se realiza el movimiento de retorno de licencia y se reactivan los pagos. En caso contrario, el expediente puede ser remitido a instancias como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Hace unos días la Contraloría había señalando que la medida no constituye un castigo ni una destitución, sino una herramienta legal contemplada dentro de los procedimientos de fiscalización de acciones de personal.

La entidad sostuvo además que la licencia por investigación no es un mecanismo nuevo y que durante años anteriores también fue aplicada en distintos despachos legislativos sin distinción política.

Según la aclaración oficial emitida por la Contraloría, solo siete funcionarios había registrado suspensión de pagos como parte de procesos de verificación iniciados desde marzo. La institución aseguró además que el resto de los trabajadores investigados recibió sus salarios normalmente durante abril y defendió que las actuaciones se realizan “con apego a la ley y en defensa del buen uso de los recursos públicos”.

El conflicto escaló rápidamente y derivó en nuevas acciones legales contra el contralor Anel Flores. Diputados de la coalición Vamos, funcionarios afectados y abogados particulares presentaron denuncias ante el Ministerio Público y demandas ante la Corte Suprema de Justicia alegando posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y violaciones al debido proceso por la retención de salarios en la Asamblea Nacional.

A esto se suma otra investigación abierta contra Flores relacionada con una presunta irrupción en la sede de la Fiscalía Anticorrupción ocurrida en abril de 2026, durante diligencias vinculadas a una investigación patrimonial contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

El Ministerio Público inició pesquisas sobre ese incidente, mientras la defensa del contralor sostiene que únicamente acudieron para proteger a auditoras de la institución que se encontraban realizando diligencias en el lugar.

Las acciones judiciales contra Flores se desarrollan en medio de un ambiente de alta tensión política entre la Contraloría y sectores independientes de la Asamblea Nacional, especialmente por las auditorías sobre planillas legislativas y las investigaciones relacionadas con presuntas “botellas”.

Mientras tanto, la Corte Suprema deberá decidir ahora si el mecanismo de licencia sin sueldo utilizado por la Contraloría se ajusta o no a la legislación panameña vigente.

La historia se repite. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar el número de magistrados de 20 a 32.

Tras un cambio que en 2022 redujo la cantidad a la veintena original, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32, blindando la mayoría chavista en una institución clave para el control del poder en Venezuela.

¿Por qué Chávez incrementó el número de miembros de la Sala Plena? El 11 de abril de 2002, el difunto comandante sufrió un golpe de Estado que lo sacó de Miraflores por unas 48 horas.

En agosto de ese mismo año, con una votación de 11 a 9, la mayoría del máximo juzgado determinó que el hecho no había sido una rebelión sino un “vacío de poder” que se había provocado por la supuesta renuncia del Presidente, lo que exoneraba a los jefes militares involucrados de ser procesados.

El líder revolucionario montó en cólera. “Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen moral, son unos inmorales. Lo que pusieron fue una plasta”, bramó.

En ese momento sobre el TSJ ejercía una gran influencia Luis Miquilena, mentor del propio Chávez y quien desde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente había intervenido directamente en la “remodelación” de los poderes públicos. Miquilena rompió públicamente con Chávez el mismo 11 de abril.

Tan pronto se alteró la composición del máximo juzgado, en marzo de 2005, la Sala Constitucional anuló el fallo que había favorecido a los oficiales relacionados con el golpe.

Alineados

En 2022, el chavismo decidió regresar a los 20 magistrados en el TSJ “a los fines de fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”, según plasmaron en la exposición de motivos de la reforma de la ley.

El resultado de esta transformación fue un máximo juzgado hecho a la imagen y semejanza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunciaron actores políticos y organizaciones civiles. Varios de los jueces tenían vínculos directos con la pareja presidencial, incluidos los presidentes de las salas Social, Edgar Gavidia Rodríguez, y Penal, Elsa Gómez, el primero hermano del ex esposo de Flores y la segunda tía de la ex esposa de un hijo de Flores.

El ataque de Estados Unidos del 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y Flores, ha dado pie a un “nuevo momento político”, en palabras de Delcy Rodríguez. Esta etapa vendría marcada por la renovación de las instituciones. La Asamblea Nacional ya nombró a un nuevo fiscal general, Larry Devoe, ficha cercana a la mandataria interina, que reemplazó en el cargo a Tarek William Saab, fiel a Maduro.

Si hace cuatro años el chavismo justificó la disminución de magistrados invocando “eficiencia, eficacia y efectividad”, en estos momentos aúpan el aumento declarando que es “una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

No más

“Se plantea nuevamente elevar el número de magistrados a 32, un cambio meramente cuantitativo que no implica una reforma significativa en un Poder Judicial que ni es autónomo ni es independiente”, reaccionó la ONG Acceso a la Justicia tras conocer el proyecto aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista.

Esta asociación civil recuerda que “varias veces se ha cambiado la composición del TSJ y la situación de la justicia no ha hecho sino empeorar: ¿por qué ahora sería diferente?”. “Aumentar el número de magistrados no es la solución a los gravísimos problemas del Poder Judicial, la solución es elegir magistrados imparciales”, sostiene.

En la misma línea, la ONG Provea expresa tajante: “No necesitamos más magistrados en el TSJ”. “Necesitamos que actúen con independencia, apegados a la Constitución y con su obligación de garantizar justicia conforme al derecho”, exige Provea, al advertir que “una reforma que no parta de estos principios no transforma el sistema, lo maquilla”.

Nuevos jefes

La fracción opositora en el Parlamento dijo verse sorprendida por la propuesta chavista, entregada apenas una hora antes de la primera discusión que se llevó a cabo el martes 5 de mayo.

“Claro que debemos avanzar hacia una reforma del sistema judicial venezolano, pero esa transformación tiene que construirse con responsabilidad, equilibrio y absoluto respeto constitucional”, manifestó el diputado Stalin González, jefe de la bancada que salvó su voto.

El abogado y profesor universitario Rafael Chavero Gazdik observó que “el aumento o reducción de magistrados del TSJ debe atender a criterios técnicos y estadísticos serios” como “número de sentencias, plazos de decisión y causas pendientes, entre otros. Nada de eso vimos en el debate de la AN”.

Chavero Gazdik alerta que este movimiento promovido por Delcy Rodríguez “huele a un nuevo ‘court-packing’”, término que se refiere a la manipulación del número de jueces para favorecer al gobierno en funciones.

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó la propuesta del Parlamento de realizar una reforma parcial de ley para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32.

Según expresó la agrupación en su cuenta de X, “el aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia”.

La organización calificó la iniciativa como una “nueva maniobra” del Gobierno para “mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral”.

El partido opositor también afirmó: “Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad”.

Durante una sesión ordinaria transmitida por YouTube en el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley. Explicó que dicha modificación surge de un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, la reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral) tengan cinco magistrados cada una, dos más que actualmente; y que la Sala Constitucional pase a tener siete integrantes en lugar de cinco.

La reforma, que aún debe pasar por una segunda discusión, coincide con el proceso parlamentario de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

El diputado opositor Tomás Guanipa protestó en nombre del bloque parlamentario Libertad, señalando que recibieron el proyecto de ley a las 13:15, poco más de una hora antes de la sesión pautada para las 14:30 (18:30 GMT).

En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conformó una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el propósito de superar los “males que persisten” en el sistema judicial, marcado por el retardo procesal y la corrupción.

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que la propuesta para regular las tasas de interés representa un riesgo directo de exclusión financiera, al señalar que, aunque quienes la impulsan aseguran que buscan reducir los costos para los clientes, en la práctica generará el efecto contrario.

“A primera vista, quienes lo proponen dicen que quieren ayudar a la gente a pagar menos intereses, pero la realidad es que cualquier intento de regular precios, especialmente tasas, va a crear barreras de acceso”, sostuvo, al referirse al impacto que tendría sobre los segmentos más vulnerables del sistema crediticio.

Berguido explicó que este tipo de medidas afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas, emprendedores, estudiantes, recién graduados e informales, al tratarse de perfiles considerados de mayor riesgo de repago.

Según detalló, estos clientes requieren tasas que reflejen ese nivel de riesgo, por lo que imponer topes o mecanismos de control provocaría que los bancos opten por reducir la oferta de crédito hacia estos grupos.

“Si se le pone un límite al precio del crédito, lo que vas a hacer es excluirlos del sistema formal”, indicó, al advertir sobre una contracción del financiamiento para quienes más lo necesitan.

El directivo también alertó sobre una consecuencia inmediata de esa exclusión: el desplazamiento de estos clientes hacia el mercado informal de préstamos, donde no existe regulación ni protección.

“Esas necesidades no desaparecen, entonces esas personas van a terminar buscando financiamiento con prestamistas informales, con agiotistas, que cobran hasta 10% diario”, señaló, al describir un escenario donde el acceso al crédito se vuelve más costoso y riesgoso para los usuarios.

A su juicio, este fenómeno no solo afecta a los clientes, sino que también debilita la estructura del sistema financiero.

Berguido agregó que la regulación de tasas tendría además un impacto directo en la capacidad operativa de los bancos, ya que implicaría una reducción de los recursos disponibles para prestar, especialmente en segmentos de mayor riesgo.

“Seguramente se reducirá la cantidad de recursos para prestar a esos sectores”, afirmó, al insistir en que la medida generaría un efecto contrario al buscado, al limitar el acceso en lugar de ampliarlo. Esta advertencia se suma a la preocupación del sector sobre posibles distorsiones en el mercado crediticio.

El proyecto de ley 552, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional y busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario .

Entre sus principales disposiciones, plantea la obligación de detallar la tasa inicial, el método de cálculo, el índice de referencia y los límites aplicables, así como la incorporación del principio de simetría, que obligaría a reducir las tasas cuando bajen las condiciones del mercado.

La iniciativa también establece límites a las penalidades por incumplimiento, fijando un tope de hasta 20% del capital prestado, además de prohibir modificaciones unilaterales en los contratos y exigir mayor claridad en la liquidación final de las deudas.

Asimismo, propone la creación de una vía administrativa para la prescripción de deudas, lo que permitiría reducir tiempos y costos para los usuarios en comparación con procesos judiciales tradicionales.

Actualmente, el proyecto se mantiene en pausa, debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en receso legislativo, por lo que será hasta el inicio de la próxima legislatura en julio cuando se defina si la propuesta avanza a discusión en el pleno del Legislativo.

Este escenario mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa, que enfrenta posiciones divididas entre sus promotores y el sector bancario.

El debate no es nuevo. Una propuesta anterior sobre prescripción de deudas, también impulsada por Cedeño, fue aprobada por la Asamblea, pero posteriormente vetada por el presidente José Raúl Mulino, tras fuertes cuestionamientos del Banco Nacional de Panamá y de la Asociación Bancaria, que advirtieron sobre su impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero . Ese antecedente refuerza la tensión actual en torno a las reformas al crédito.

Mientras los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa busca proteger a los consumidores y corregir prácticas abusivas, el sector bancario insiste en que cualquier intervención en las tasas puede generar distorsiones, menor acceso al crédito y mayor informalidad.

Con el proyecto en espera, el tema se perfila como uno de los principales debates económicos de los próximos meses, en un contexto donde la inclusión financiera, la regulación y la estabilidad del sistema se encuentran en juego.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 510, que tipifica el fraude de paternidad como delito en Panamá, una iniciativa que ahora queda en manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir entre sancionarla o vetarla, en un contexto donde el Ejecutivo ha vetado múltiples leyes en las últimas semanas.

La propuesta introduce cambios significativos en el Código Penal y busca llenar un vacío legal que hasta ahora no tenía una regulación específica.

El proyecto establece que el fraude de paternidad será castigado con penas de prisión de dos a cinco años, además de multas que van de 100 a 500 días-multa, cuando una persona induzca, mediante engaño u ocultamiento, a un hombre a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.

La iniciativa también contempla agravantes que pueden incrementar la pena hasta en la mitad, especialmente si el engaño se mantiene por más de cinco años o si hay múltiples menores afectados .

De acuerdo con el contenido aprobado, el delito se configura cuando existe una conducta dolosa orientada a ocultar, alterar o falsear información sobre la paternidad biológica, generando consecuencias patrimoniales, jurídicas y emocionales para la persona afectada.

La norma deja claro que no se trata de un simple error o disputa civil, sino de una acción deliberada que busca engañar y obtener beneficios o imponer obligaciones indebidas.

Uno de los elementos centrales del proyecto es que introduce el principio de la verdad biológica como base del estado civil de las personas, estableciendo que en casos de fraude la acción para impugnar la paternidad será imprescriptible, es decir, que podrá ejercerse en cualquier momento si se demuestra que existió engaño. Esto busca evitar que el paso del tiempo consolide situaciones injustas basadas en la mentira .

Además, la propuesta establece que en todo proceso judicial relacionado con este tipo de casos, el juez deberá ordenar pruebas científicas como el ADN, lo que refuerza el carácter técnico y objetivo del proceso.

Incluso, la negativa injustificada a realizarse estas pruebas podrá ser considerada como indicio grave en contra de la persona que se oponga, fortaleciendo así el sistema probatorio.

En caso de que un tribunal declare probado el fraude, la ley establece que se procederá a la cancelación de la filiación en el Registro Civil, el cese de todas las obligaciones legales futuras del afectado, y se garantizará el derecho del menor a reclamar su verdadera filiación biológica.

Sin embargo, el proyecto incorpora salvaguardas para asegurar que el niño o niña no quede en estado de desprotección, manteniendo la tutela del Estado sobre sus derechos fundamentales .

Otro punto relevante es que el afectado podrá ejercer un derecho de repetición contra el verdadero padre biológico, en caso de que este haya tenido conocimiento de su paternidad y haya permitido el fraude.

Este mecanismo busca trasladar la responsabilidad hacia quien corresponde, evitando que el impacto económico y legal recaiga únicamente sobre la persona engañada.

El proyecto surge, según su exposición de motivos, ante la ausencia de una regulación clara en el ordenamiento jurídico panameño, donde actualmente solo existe la figura de la impugnación de paternidad en el ámbito civil, la cual está sujeta a plazos y limitaciones que resultan insuficientes cuando el reconocimiento del menor fue producto de un engaño doloso.

En la práctica, muchos casos se descubren años después, cuando ya se han generado vínculos afectivos y obligaciones económicas sostenidas.

Durante el debate legislativo, el proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, sostuvo que la iniciativa tiene un carácter principalmente disuasivo, más que punitivo, y busca prevenir este tipo de conductas mediante la existencia de una sanción penal.

También se dejó claro que la norma no pretende ir en contra de la mujer, sino sancionar una conducta específica que afecta a la familia, al menor y al sistema jurídico.

El texto aprobado subraya que el objetivo es armonizar derechos, protegiendo tanto el interés superior del menor como los principios de buena fe, seguridad jurídica y justicia material, evitando que el fraude quede impune.

La iniciativa también reconoce el derecho del niño a conocer su verdadera identidad biológica, en línea con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De ser sancionada, la ley representaría un cambio estructural en la forma en que Panamá aborda los conflictos de filiación y las responsabilidades derivadas de estos.

La discusión sobre el fraude de paternidad abre un nuevo frente en el debate jurídico y social del país, al introducir el ámbito penal en un tema tradicionalmente tratado en la esfera civil.

Mientras algunos lo ven como un avance en materia de justicia, otros advierten sobre sus implicaciones legales y sociales, en un contexto donde la decisión final estará en manos del Ejecutivo.

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la discusión del Proyecto de Ley 443, que propone el uso obligatorio de etanol en la gasolina, destacando la necesidad de aprovechar el receso legislativo para ampliar las consultas y fortalecer el debate técnico sobre una iniciativa que considera clave para el desarrollo del país.

El gremio planteó que este periodo debe servir para construir consensos, informar a la población y aclarar dudas sobre el alcance de la propuesta.

La medida legislativa, aprobada con 55 votos a favor y una abstención, detuvo el segundo debate de un proyecto que busca establecer una mezcla obligatoria de 10% de etanol en los combustibles, en un contexto donde los diputados argumentaron que la ciudadanía requiere mayor información sobre sus impactos.

La principal preocupación de algunos diputados es el carácter obligatorio de la medida, que, en su opinión, podría vulnerar el derecho de la población a escoger. También advierten que la iniciativa no establece un proceso claro de reclamo ni define qué entidad sería responsable de tramitar eventuales quejas en caso de desperfectos en vehículos, si se lograra atribuir la causa al combustible.

Igualmente, se ha cuestionado que pocos actores participarían en el negocio del etanol. Incluso, durante el debate público se han mencionado señalamientos sobre presuntos intereses personales de autoridades actuales en la aprobación de la iniciativa, aunque esas afirmaciones no han sido sustentadas públicamente con pruebas concluyentes.

El Órgano Legislativo entró en receso y retomará sus funciones el 1 de julio, lo que extiende la discusión de una política que ha sido objeto de debate durante más de una década.

Desde AZUCALPA, se valoró la pausa como una oportunidad para profundizar el diálogo, insistiendo en que el proyecto representa una política pública moderna basada en evidencia técnica, con potencial para generar beneficios económicos, sociales y ambientales.

El gremio subrayó que los próximos meses serán determinantes para alcanzar acuerdos, en medio de cuestionamientos que han desplazado la discusión hacia aspectos políticos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió a la suspensión del proyecto, señalando que el debate fue desviado de su base técnica hacia la especulación.

“El tema del etanol se sacó completamente del contexto técnico para llevarlo al ámbito de la maledicencia y la confrontación”, afirmó el mandatario, quien confirmó que sostuvo conversaciones con diputados ante la preocupación generada por el rumbo del proyecto.

Mulino reconoció que, tras la decisión legislativa, no se implementará el uso obligatorio del etanol en el corto plazo, lo que —según indicó— representa un impacto directo en la generación de empleo.

El mandatario advirtió que la medida implicaba inversiones multimillonarias y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para productores agrícolas, especialmente en el sector de la caña de azúcar.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, sostuvo el presidente, al tiempo que cuestionó que la discusión se haya centrado en intereses y especulaciones en lugar de evaluar los beneficios técnicos del proyecto.

En ese contexto, AZUCALPA destacó que la implementación del programa podría generar cerca de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a oportunidades laborales es más limitado. El gremio advirtió que cada mes de retraso en la discusión implica menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo económico para el país.

El proyecto también contempla un impulso significativo a la producción agrícola, con estimaciones que apuntaban a la incorporación de 35,000 hectáreas adicionales de cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra y diversificando la producción hacia el mercado de biocombustibles.

Esto cobra relevancia en un contexto donde el área sembrada ha venido en disminución en los últimos años, pasando de más de 40,000 hectáreas a cerca de 24,000 en el periodo reciente.

Además del componente económico, el gremio resaltó que el uso de etanol permitiría avanzar hacia una mayor resiliencia energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a una transición energética más sostenible. Este enfoque también tiene implicaciones en materia ambiental y de salud pública, al promover combustibles con menor impacto contaminante.

La discusión del proyecto se produce en un escenario donde Panamá ha intentado implementar el uso de biocombustibles desde 2013, sin lograr concretar la medida en distintos intentos legislativos.

La actual propuesta representa uno de los esfuerzos más estructurados, respaldado por instituciones como la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En medio de este panorama, AZUCALPA reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con autoridades, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de aportar información técnica y evidencia que permita retomar el proyecto con mayor respaldo. El gremio insistió en que el debate debe centrarse en datos verificables y análisis integral, evitando que factores externos desvíen una discusión que considera estratégica para el país.

La pausa legislativa, lejos de cerrar el tema, abre un nuevo capítulo en el debate sobre el etanol en Panamá. El reto será equilibrar las preocupaciones sociales, económicas y técnicas, en busca de una decisión que defina el rumbo de la política energética y agrícola en los próximos años.

Delcy Rodríguez ya cocina la enésima renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la misma línea de sus predecesores, la flamante presidenta encargada de Venezuela prepara una sacudida que dejará entre sus damnificados a figuras muy cercanas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habían diseñado un Poder Judicial a su imagen y semejanza.

Una docena de los 20 magistrados que conforman el TSJ abandonaría definitivamente sus cargos, según versiones extraoficiales. Ocho saldrían jubilados. En esa lista destacan dos miembros de la Sala Penal, Maikel Moreno y Elsa Gómez, que han estado envueltos en polémicas por acusaciones de corrupción.

Ficha de confianza de la pareja Maduro-Flores, Moreno presidió el máximo tribunal del país entre 2017 y 2022. Sobre él pesan sanciones de 42 naciones, las más importantes de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Además, la cabeza de Moreno tiene precio: Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por datos que faciliten su captura, pues la justicia norteamericana lo persigue por su presunta participación en el crimen organizado transnacional, recepción de sobornos y lavado de dinero.

Moreno estaba al frente del TSJ el 30 de abril de 2019, cuando hubo un intento de golpe de Estado contra Maduro. El dirigente opositor Leopoldo López aseguró que el magistrado formaba parte del complot, pero que al final no cumplió con el compromiso que había asumido de dictar una sentencia a favor del levantamiento.

Tras aquel turbulento episodio, corrió el rumor de que Maduro lo borraría de la institución. Al final, logró recuperar la confianza del líder chavista y fue ratificado en 2022 por otro período de 12 años. Con Delcy Rodríguez en Miraflores, se apagó la estrella de Moreno.

La familia

En la rampa de salida igualmente se encuentra Elsa Gómez. En 2013, la propia Sala Constitucional del TSJ determinó que cometió un “error inexcusable” y actuó “de forma grotesca” cuando, en su condición de jueza de la Corte de Apelaciones de Caracas, favoreció a un general del Ejército condenado por corrupción.

Presidenta de la Sala Penal, públicamente ha sido cuestionada por presuntamente ejercer presiones indebidas en los tribunales y encabezar la persecución judicial contra la disidencia, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Gómez es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores.

Al marginar a Moreno y Gómez, Delcy Rodríguez saca a dos de los tres togados que conforman la Sala Penal. La presidenta encargada ha anunciado una reforma del sistema penal para supuestamente combatir el retardo procesal, superar la criminalización de la pobreza y erradicar la corrupción.

“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo de Venezuela todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna”, expresó la mandataria interina.

Otro jubilado es el jefe de la Sala Social y primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia Rodríguez. Militante del extinto Movimiento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez, es hermano del primer esposo de Cilia Flores.

Gran prueba

De los 20 magistrados principales, actualmente solo uno podría ser vinculado con factores de oposición. La renovación del TSJ, proceso que impulsa la Asamblea Nacional -presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez-, se convierte en una nueva prueba para medir la disposición del chavismo con respecto a una apertura democrática.

“Los venezolanos claman por instituciones serias, que sean independientes y que estén al servicio de la gente”, recalcó el diputado opositor Henrique Capriles Radonski, quien subrayó que este proceso es “muy importante” con el fin de “seguir luchando para que el país tenga un sistema de justicia que funcione para los venezolanos”.

La cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada por el chavismo para imponer sus posiciones y asfixiar a la disidencia. “En 2024, el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral, profundizando con ello la falta de credibilidad y transparencia de los resultados informados por el Poder Electoral", recordó la ONG Provea.

El refrescamiento del máximo juzgado no solo es seguido con atención por la sociedad venezolana. El gobierno de Estados Unidos también observa detenidamente los movimientos de Delcy Rodríguez, consciente de que el Poder Judicial es clave para una transición democrática en Venezuela.

Panamá se enfrenta desde este lunes a la aprobación o no del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina.

La medida, a tomarse en la Asamblea Nacional marcha a contrarreloj, toda vez que el Órgano Legislativo entra el jueves en el periodo de recesión de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio, a menos que el presidente José Raúl Mulino llame a sesiones extraordinarias.

El miércoles pasado el debate volvió al hemiciclo en medio de custionamientos sobre su viabilidad y posibles efectos adversos en el mercado.

La intención de utilizar el biocombustible en las gasolinas ya fracasó en 2013, 2014 y en 2024.

La pasada administración del presidente Laurentino Cortizo tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

En el país el área sembrada de caña ha ido en declive: 40,555 hectáreas durante el año agrícola 2016-2017, cifra que bajó a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica el uso obligatorio en la gasolina de un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), que reconoce que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible de origen biológico utilizado a escala global. Más de 60 países ya lo han incorporado en su matriz energética, en general con mezclas al 10%, como se propone en Panamá. Hoy tenemos la gran seguridad de que funciona perfectamente en todos los motores mejorando la combustión en los automóviles”, afirmó durante una visita al país el especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, Agustín Torroba.

En Panamá el tema de los biocombustibles cobra cada vez más mayor beligerancia, y en septiembre próximo la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Azucalpa realizarán lo que han denominado la “Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos 2026”.

El evento girará bajo el lema “Descarbonizando la tierra, los cielos y los mares” y girará en torno a combustibles sostenibles de aviación, biocombustibles marítimos y biocombustibles terrestres.

La Cumbre se dará, según sus organizadores, en un contexto donde el mercado global de biocombustibles líquidos continúa consolidando su tendencia alcista.

Así, indican que en 2024 la producción mundial superó los 197 millones de m³, registrando un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 53% acumulado en la última década. El consumo global alcanzó los 185 millones de m³, con un alza anual del 5%.

Los biocombustibles son una de las formas más rápidas de descarbonizar el transporte, no sólo terrestre, sino que son una de las pocas vías para reducir las emisiones en sectores de difícil descarbonización, como el de la aviación y el marítimo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decidió vetar tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, al devolverlos sin sanción y solicitar un nuevo análisis por parte de los diputados, al considerar que presentan problemas de constitucionalidad, inconveniencia y riesgos para el sistema económico y administrativo del país.

Las iniciativas objetadas corresponden a los proyectos de ley 388, 233 y 249, relacionados con la prescripción de deudas bancarias, el cobro de tributos municipales y la reducción del gasto en alquileres estatales, respectivamente, todos aprobados recientemente en el pleno legislativo.

En el caso del proyecto de ley 388, el Ejecutivo fue categórico al advertir que la propuesta es “inconveniente e inexequible”, al plantear que permitiría a los bancos reconocer de forma administrativa la prescripción de deudas sin intervención judicial, lo que podría generar conflictos con el marco legal vigente y afectar el sistema financiero.

La iniciativa buscaba establecer un procedimiento mediante el cual las entidades financieras pudieran extinguir obligaciones crediticias tras un plazo de tres años, sin necesidad de un proceso judicial, trasladando el trámite al Sistema de Atención de Reclamos (SAR) y permitiendo incluso el llamado “silencio administrativo positivo” como mecanismo de validación.

Además, el proyecto obligaba a los bancos a informar de manera clara al cliente sobre el estado de la deuda, intereses, plazos y cualquier interrupción del período de prescripción, y contemplaba que, de aprobarse la solicitud, la obligación debía eliminarse de los registros internos y de los burós de crédito, generando efectos legales plenos.

También incluía un esquema de supervisión compartida entre la Superintendencia de Bancos y la ACODECO, con sanciones que podían ir desde $5,000 hasta $50,000 por incumplimientos, lo que ampliaba el alcance regulatorio sobre el sistema financiero en materia de protección al consumidor.

Para el mandatario, este enfoque no solo contradice normas existentes, sino que además podría vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial, al trasladar una decisión legal a la esfera administrativa, lo que también genera dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En esa misma línea, la Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a más de 50 entidades entre bancos de licencia general e internacional, advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el acceso al crédito, afectando a personas, familias y empresas, además de generar incertidumbre en el mercado financiero.

En cuanto al proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 sobre la administración y cobro de tributos municipales, el presidente presentó objeciones parciales, especialmente sobre los primeros artículos, al considerar que podrían alterar la estructura fiscal de los municipios y generar inconsistencias en su aplicación.

Esta iniciativa introducía cambios en aspectos como el impuesto de degüello de ganado, los mecanismos de control y las sanciones, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad de actividades económicas vinculadas al sector agropecuario, además de mejorar la recaudación municipal.

El proyecto establecía que el impuesto debía pagarse en el municipio de origen del animal, obligando a contar con una licencia o guía de traslado, y definía controles más estrictos para verificar la procedencia del ganado y evitar irregularidades en su comercialización.

Asimismo, imponía sanciones a quienes comercialicen carne sin la guía de degüello correspondiente, con multas que podían ir desde $50 hasta $1,000, duplicándose en caso de reincidencia, además de permitir inspecciones municipales para reforzar el control sanitario y fiscal.

No obstante, el Ejecutivo considera que algunas de estas modificaciones requieren un análisis más profundo, al poder afectar la forma en que los municipios gestionan sus ingresos y ejercen sus competencias administrativas.

El tercer proyecto vetado, el 249, buscaba reducir el gasto en alquiler de oficinas del sector público mediante un plan escalonado de disminución del gasto y la construcción de infraestructura estatal propia, en respuesta al crecimiento sostenido de este rubro en el presupuesto nacional.

Según el documento, el Estado panameño destina más de $105 millones anuales al alquiler de edificios y locales, lo que representa alrededor del 0.35% del presupuesto general, una cifra que ha aumentado de forma significativa en la última década.

El proyecto planteaba que todas las entidades del Estado debían elaborar planes para reducir progresivamente estos gastos, incluyendo la construcción de edificios propios, la reutilización de estructuras existentes y la creación de ciudades gubernamentales en cada capital de provincia.

Además, establecía metas obligatorias de reducción del gasto en alquiler, que iban desde 10% en 2027 hasta 50% en 2037, junto con la fijación de precios máximos por metro cuadrado para contratos de arrendamiento supervisados por la Contraloría.

La iniciativa también contemplaba la reubicación de oficinas públicas fuera del corregimiento de San Felipe y la eliminación de gastos en alquiler de salones para eventos, promoviendo el uso de infraestructura estatal como medida de ahorro.

Sin embargo, el presidente objetó varios artículos, al considerar que comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, establecidas en el artículo 280 de la Constitución, y que podrían generar distorsiones en la planificación financiera del Estado.

Mulino también cuestionó disposiciones que involucran a la Contraloría General de la República, al estimar que su redacción podría generar conflictos institucionales o interpretaciones ambiguas en la ejecución de la ley.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir si modifica las iniciativas, insiste en su aprobación o las archiva, en un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos órganos del Estado.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 502, una iniciativa que introduce cambios estructurales al manejo del Presupuesto General del Estado con el objetivo de reducir la discrecionalidad, fortalecer la disciplina fiscal y establecer reglas más estrictas sobre el uso de los recursos públicos en Panamá.

El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Gaitán, plantea una reforma integral al sistema presupuestario, al establecer un marco normativo que regula la formulación, ejecución y control del gasto público, con énfasis en la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas, en un contexto donde se busca mejorar la calidad institucional y la confianza ciudadana en la gestión fiscal.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un piso mínimo de inversión pública, que obliga al Gobierno Central a destinar al menos el 20% del gasto primario a inversión, con una meta de aumento progresivo hasta el 25% en un plazo de cinco años, lo que busca reorientar el gasto hacia proyectos de infraestructura, desarrollo económico y capital humano, en lugar de priorizar el gasto corriente.

En paralelo, la iniciativa establece un límite al crecimiento del gasto corriente, el cual no podrá superar el crecimiento real del PIB potencial, una medida que apunta a contener el aumento de la planilla estatal y otros gastos operativos, evitando presiones adicionales sobre el déficit fiscal y promoviendo una mayor sostenibilidad financiera a mediano plazo.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la regulación de subsidios, al fijar un límite global del 20% del gasto primario para subsidios y transferencias corrientes, además de exigir que cualquier nuevo subsidio tenga objetivos claros, duración definida, mecanismos de focalización y evaluaciones periódicas, lo que busca eliminar programas ineficientes o que no generen impacto comprobable.

La propuesta también introduce controles sobre el gasto tributario, es decir, los beneficios fiscales como exoneraciones o incentivos, estableciendo que su costo no podrá superar el 6% del PIB, salvo en situaciones excepcionales, además de exigir estudios de impacto, plazos definidos y cláusulas de caducidad, con el fin de evitar pérdidas de ingresos sin justificación económica.

En materia de endeudamiento público, el proyecto establece principios más estrictos al prohibir el uso de deuda para financiar planilla o gastos corrientes, salvo en casos de emergencia nacional, y obliga a vincular el financiamiento con proyectos de inversión productiva, reforzando la idea de que el endeudamiento debe generar retorno económico y no cubrir gastos operativos del Estado.

Asimismo, se establecen reglas más rigurosas para las modificaciones presupuestarias, incluyendo la obligación de presentar un informe técnico detallado que justifique cualquier cambio, identifique su impacto fiscal y garantice la trazabilidad de los recursos, con el fin de evitar ajustes discrecionales que alteren la composición del gasto aprobado por la Asamblea.

El proyecto también introduce límites a las partidas discrecionales, fijando topes porcentuales y restringiendo su uso a situaciones específicas como emergencias de salud, desastres o apoyo social focalizado, además de exigir la publicación periódica de su ejecución, en un intento por cerrar espacios a posibles usos indebidos de fondos públicos.

En términos de ejecución, la iniciativa establece que las entidades deberán alcanzar al menos un 85% de ejecución en inversión pública, y contempla sanciones administrativas en caso de incumplimiento reiterado, incluyendo reducciones presupuestarias y comparecencias ante la Asamblea, lo que introduce un elemento de presión institucional para mejorar la eficiencia del gasto.

Finalmente, la propuesta incorpora mecanismos de transparencia y participación, como la creación del Presupuesto Ciudadano y la obligación de publicar información en datos abiertos, además de incluir a la sociedad civil en el proceso de formulación presupuestaria, con el objetivo de fortalecer el control social y mejorar la comprensión pública del uso de los recursos del Estado.

Analistas políticos advierten que, de aprobarse el proyecto en el pleno, podrían generarse choques entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, especialmente por el establecimiento de reglas rígidas sobre la asignación del gasto. Señalan que la actual administración ya ha manifestado su inconformidad con normas que fijan porcentajes obligatorios del presupuesto o del PIB para sectores específicos, como ocurre con la educación, al considerar que este tipo de disposiciones limita la flexibilidad fiscal y la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 552, una iniciativa que busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario panameño.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, apunta a prácticas cuestionadas por usuarios, como el aumento de tasas sin ajustes a la baja, en un contexto donde el crédito es una herramienta clave para el acceso a financiamiento.

El proyecto plantea modificar el marco legal vigente para obligar a los bancos a detallar elementos como la tasa inicial, la metodología de cálculo, el índice de referencia y el límite máximo aplicable durante la vida del crédito.

Además, introduce la exigencia de que las tasas variables se basen en indicadores objetivos, públicos y verificables, evitando que dependan exclusivamente de decisiones internas.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la incorporación del principio de simetría en las tasas de interés, que obligaría a las entidades a reducirlas cuando el índice de referencia disminuya.

Actualmente, según el proponente, esto no ocurre de forma consistente. También se establece la prohibición de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, reforzando la seguridad jurídica y la protección del cliente.

El proyecto también introduce límites a las penalidades por incumplimiento, estableciendo que los recargos no podrán superar el 20% del capital originalmente prestado y que deben ser proporcionales y claramente definidos.

Además, obliga a los bancos a presentar una liquidación final detallada, evitando la acumulación de cargos adicionales que eleven la deuda .

Para el diputado Ernesto Cedeño, la iniciativa responde a quejas de clientes sobre aumentos en tasas basados en variables externas que luego no se traducen en reducciones.

El proyecto también plantea crear una vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas sin procesos judiciales, lo que reduciría costos y tiempos para los usuarios.

La Superintendencia de Bancos de Panamá tendría un rol central en la aplicación de la ley, con facultades para fiscalizar, regular y sancionar incumplimientos, además de establecer índices de referencia y ordenar la eliminación de cláusulas contractuales contrarias a la normativa .

Este proyecto representa el segundo intento del diputado Ernesto Cedeño de introducir cambios relevantes en el sistema bancario panameño. Su iniciativa anterior sobre el manejo de deudas fue vetada por el presidente José Raúl Mulino y rechazada por el sector financiero, lo que evidencia la tensión existente entre las propuestas de reforma y la posición de la banca.

En ese antecedente, el sector bancario advirtió que propuestas similares podrían generar incertidumbre, mayores costos y restricciones en el crédito, afectando a familias y pequeñas empresas. También alertó sobre el riesgo de incentivar el incumplimiento, debilitando la cultura de pago y presionando la estabilidad del sistema financiero.

En contraste, el nuevo proyecto introduce cambios más amplios al exigir que todas las condiciones relacionadas con tasas sean claras, visibles y previamente definidas. Esto incluye detallar el método de cálculo, los índices utilizados y los topes máximos, elementos que hoy no siempre están transparentes para los clientes.

La propuesta también prohíbe la modificación unilateral de condiciones durante la vigencia del crédito sin consentimiento del cliente, reforzando la previsibilidad, estabilidad y equilibrio contractual en la relación entre bancos y usuarios.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde enfrentará un debate más amplio entre diputados, sector bancario y Ejecutivo. El resultado será clave para definir si Panamá introduce cambios estructurales en su sistema de crédito o mantiene el modelo actual con ajustes parciales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el proyecto de ley 331 que buscaba desarrollar y fomentar el turismo deportivo, al advertir que la iniciativa presenta riesgos fiscales, vacíos legales y posibles conflictos de competencias entre instituciones del Estado.

La decisión del Ejecutivo frena, por ahora, la entrada en vigor de una norma que pretendía posicionar al país como destino de eventos deportivos internacionales y fortalecer el desarrollo económico a través del turismo.

La propuesta legislativa, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, planteaba impulsar el turismo deportivo como una estrategia económica, social y cultural, promoviendo la organización de eventos nacionales e internacionales, así como la inversión en infraestructura deportiva y la integración con el ecoturismo y la riqueza cultural del país .

Además, establecía mecanismos para dinamizar economías locales mediante circuitos turísticos vinculados a actividades deportivas en distintas regiones.

Sin embargo, en una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó que, tras evaluar observaciones de múltiples entidades públicas, se detectaron disposiciones que podrían generar desorganización institucional, superposición de funciones y vulneración de la autonomía municipal.

Entre las instituciones que emitieron criterios figuran el Ministerio de Educación (Meduca), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras.

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo se centra en aspectos relacionados con la regulación sanitaria y los procesos de certificación de circuitos turísticos deportivos.

Según el análisis oficial, el proyecto no establece con claridad que las autorizaciones sanitarias sean un requisito previo obligatorio, lo que podría permitir la validación de actividades sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente, generando riesgos para la salud pública.

El Ejecutivo también objetó varias disposiciones por inconvenientes técnicos y administrativos, incluyendo el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12, así como artículos vinculados a certificación, control sanitario y promoción de la salud.

Estas observaciones apuntan a inconsistencias en la forma en que se asignan responsabilidades entre entidades como Pandeportes y la Autoridad de Turismo de Panamá, lo que podría derivar en conflictos operativos.

Uno de los puntos más sensibles del veto parcial fue la objeción del artículo 19, que proponía la creación del Fondo Nacional de Turismo Deportivo, destinado a financiar proyectos, promover eventos y apoyar a comunidades locales. Aunque el Ejecutivo reconoce que el objetivo es positivo, advirtió que la propuesta presenta deficiencias técnicas, administrativas y constitucionales, lo que hace inviable su implementación en los términos planteados.

El proyecto de ley también incluía una amplia estructura de incentivos y beneficios, como acceso a financiamiento preferencial, programas de capacitación, promoción internacional y participación en fondos multilaterales, con el objetivo de atraer inversión y consolidar a Panamá como un destino competitivo en este segmento .

Asimismo, contemplaba la creación de circuitos turísticos deportivos certificados, con requisitos específicos en materia de infraestructura, acceso, servicios básicos y sostenibilidad.

En su exposición de motivos, la iniciativa resaltaba que el turismo representa cerca del 11% del producto interno bruto de Panamá, generando aproximadamente $5,000 millones en divisas y miles de empleos directos e indirectos, lo que sustenta la apuesta por diversificar la oferta turística mediante el deporte.

Además, destacaba el potencial del país para albergar eventos como maratones, triatlones, competencias de ciclismo y actividades acuáticas, aprovechando su ubicación geográfica y diversidad natural.

No obstante, el Ejecutivo considera que, pese al potencial del turismo deportivo, la propuesta requiere ajustes estructurales para garantizar coherencia institucional, seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.

Con la objeción parcial, el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán analizar las observaciones y decidir si acogen los cambios, modifican el texto o insisten en su aprobación original.

El debate sobre esta iniciativa pone en evidencia la necesidad de equilibrar el impulso a nuevas actividades económicas con marcos regulatorios sólidos y coordinación efectiva entre entidades públicas, especialmente en sectores estratégicos como el turismo.

La decisión final marcará el rumbo de una política que busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad en su forma actual.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el domingo 19 de abril que “esta semana estaremos instalando la gran consulta nacional por la nueva justicia” que, según sus palabras, tendría como fin construir “un sistema de justicia verdaderamente humano”, que no “criminalice la pobreza” y ofrezca “mecanismos alternativos a la privación de libertad”.

Los más optimistas -que los hay- creen que allanaría el camino hacia una reinstitucionalización que eventualmente conduciría a la democracia. Los más pesimistas -que son la mayoría- temen que se trate de un reacomodo de fichas para afianzar a la nueva mandamás del chavismo.

Sin embargo, más allá de esos objetivos, en el fondo asoma la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), espacio clave para el control del poder donde Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, líder del Parlamento, no tienen figuras de su confianza.

Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro aprobaron en su momento grandes reformas para garantizar su tutela sobre el TSJ. Integrada por militantes del oficialismo, la cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada como ariete contra la oposición hasta llegar al extremo de prácticamente asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral, para convalidar la proclamación del triunfo de Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.

Ahora corre el rumor de que al menos 12 de los 20 magistrados que conforman la máxima instancia judicial de Venezuela pasarían a retiro para ser sustituidos por la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez.

De fondo

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que la transformación del sistema de justicia en Venezuela no puede limitarse a un canje de nombres.

“Esto no pasa por un cambio de funcionarios sino por reconocer que en el país opera un sistema de injusticia, porque la justicia no es ni imparcial ni independiente”, acota el experto legal.

Daniels sostiene que el Poder Judicial venezolano requiere “jueces y magistrados que decidan, no que obedezcan” al gobierno chavista. “Es necesario que jueces y magistrados sean capaces de dictar sentencias contrarias a los deseos e intereses del poder, cosa que no ha ocurrido en más de 20 años. Sin eso, cualquier cambio es cosmético”.

El defensor de Derechos Humanos recuerda los testimonios de centenares de presos políticos que escucharon de boca de los jueces decir que no dictaban un fallo “porque no hemos recibido instrucciones sobre su caso”. Igualmente, alerta sobre la corrupción en los tribunales venezolanos y su impacto negativo en la administración de justicia.

“La convocatoria de la presidenta encargada es muy genérica, no se sabe la amplitud, profundidad y las verdaderas intenciones que se esconden allí, pero esto no pasa por cambiar nombres sino por medidas estructurales”, insiste el portavoz de Acceso a la Justicia.

¿Esperanza?

Los cambios en el TSJ ocurrirán en un momento muy particular, tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Bajo la presión de Washington y ante la exigencia social de una apertura hacia la democracia, el “refrescamiento” podría servir para incorporar a abogados independientes que contribuyan a equilibrar las fuerzas dentro de la institución.

No obstante, los antecedentes no son muy halagüeños. La reciente renovación de la Fiscalía General de la República se redujo a la salida de una pieza de Maduro para que entrara una de los Rodríguez, que de esa manera se aseguraron el manejo del organismo que monopoliza la acción penal en Venezuela.

A la expectativa de cómo puedan evolucionar los hechos, un diputado opositor que prefiere reservar su identidad razona: “Para desarrollar su agenda, Delcy Rodríguez necesita tomar el poder y eso aún no lo tiene. Por eso la importancia del TSJ”.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que habilita la entrada de capital privado y extranjero al sector minero del país. La decisión se tomó en medio de un renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano y tras la flexibilización de restricciones para el comercio de este recurso.

La normativa, que reemplaza la legislación vigente desde hace más de dos décadas, fue sancionada por unanimidad tras un extenso debate en el parlamento controlado por el chavismo.

La ley de minas, compuesta por 131 artículos, deroga la norma de 1999 instaurada durante el mandato de Hugo Chávez, que establecía un régimen de control estatal sobre los recursos minerales.

Las empresas y consorcios nacionales, estatales y extranjeros podrán explotar oro y otros minerales estratégicos bajo concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.

Entre las disposiciones centrales, la normativa prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles que adquieran títulos mineros durante cinco años tras dejar sus cargos. Esta medida, recogida en el artículo 74, busca evitar conflictos de intereses y limitar la influencia directa de autoridades en el sector.

La ley también contempla la posibilidad de que el Estado se reserve la explotación primaria de minerales radioactivos y su comercialización, si así lo determina el interés público y estratégico. El artículo 124 establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes realicen actividades mineras en áreas protegidas bajo régimen especial, asegurando la protección ambiental.

La promulgación de esta legislación responde tanto a la presión internacional como a la urgencia de captar inversión destinada a reactivar la economía venezolana, afectada por años de recesión y la caída de ingresos petroleros.

Durante el régimen de Nicolás Maduro, el desarrollo minero se amplió a más del 10% del territorio nacional, lo que generó un aumento de la minería informal bajo condiciones precarias y la influencia de grupos criminales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que el valor de mercado del oro extraído en Venezuela promedia USD 2.200 millones anuales, aunque el control estatal sobre la actividad ha sido limitado.

La sanción de la ley se produce poco después de la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien manifestó el interés de empresas norteamericanas en operar en Venezuela.

Tras ese encuentro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que habilita ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, siempre que los contratos se rijan por la legislación de Estados Unidos, según Reuters.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó la iniciativa como parte de una serie de reformas para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía nacional.

La reforma a la ley de minas sigue a la modificación de la legislación hidrocarburífera y forma parte de una estrategia para redefinir el papel del Estado en sectores clave.

Rodríguez afirmó que la nueva norma “representa un vehículo para la construcción de la prosperidad futura” y un “instrumento que protege” a los trabajadores mineros.

(Con información de EFE, Reuters y AP)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó otros 60 artículos del proyecto de Ley de Minas, que incluyen aspectos sobre regalías y tributos. No obstante, el cierre de la segunda discusión, necesaria para sancionar la norma, fue nuevamente pospuesto. Esta ley permitiría la entrada de inversión privada y extranjera en el sector minero, en el contexto del interés manifestado por Estados Unidos en el oro venezolano.

Tras tres horas de debate y la aprobación del artículo 115, de un total estimado de 130, el diputado Orlando Camacho solicitó aplazar la discusión para una próxima sesión. Esta moción fue respaldada por “extraordinaria unanimidad”, según expresó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien presidió el cierre del debate.

Entre los artículos aprobados, el 91 dispone que el pago de regalías al Estado venezolano será de hasta 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. El ministerio con competencia en minería determinará los “parámetros necesarios” para fijar estos pagos, que, conforme al artículo 92, el Estado podrá exigir “en dinero o en especie”.

Del artículo 94 al 98 se define el régimen tributario del sector, incluyendo una alícuota de “hasta 6%” como impuesto a la minería.

Quedan exentas de tributos para actividades mineras obligaciones como el impuesto a los grandes patrimonios y las contribuciones especiales a fondos de ciencia, deporte, antidrogas, y la contribución prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Además, las actividades mineras no estarán sujetas a tributos estadales o municipales.

El Parlamento también aprobó disposiciones sobre concesiones mineras, que serán por 30 años y podrán renovarse hasta dos veces por períodos de 10 años. Se establecieron regulaciones para contratos de minería, el registro del sector y la clasificación de la actividad en “Pequeña”, “Mediana” y “Gran minería”, según lo establecido entre los artículos 79 y 82.

Si la nueva ley es finalmente sancionada, sustituirá a la Ley de Minas vigente desde 1999, promulgada por decreto del entonces presidente Hugo Chávez.

El proyecto fue promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el viaje a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien afirmó que empresas estadounidenses están interesadas en operar en Venezuela.

Posteriormente, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a participar en actividades de explotación y comercialización de oro venezolano.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca reactivar y ampliar las escuelas nocturnas en Panamá, una iniciativa que apunta a atender a jóvenes y adultos que no culminaron su formación académica y que ahora esperan una segunda oportunidad dentro del sistema educativo formal.

La propuesta, impulsada por la diputada Graciela Hernández, establece la apertura y promoción de centros educativos nocturnos en cada corregimiento del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a personas que trabajan, desertaron o enfrentaron barreras económicas y sociales que les impidieron completar sus estudios en su momento.

Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde será debatido por la totalidad de los diputados, quienes podrán presentar modificaciones, cuestionamientos o propuestas adicionales antes de su eventual aprobación en segundo y tercer debate, etapas necesarias para su entrada en vigencia.

El contenido del proyecto plantea que el Ministerio de Educación (MEDUCA) será el encargado de implementar y coordinar la expansión de las escuelas nocturnas, incluyendo la adecuación de infraestructuras existentes, la asignación de docentes y el desarrollo de programas flexibles que respondan a la realidad de estudiantes adultos, muchos de los cuales combinan trabajo y responsabilidades familiares.

Según lo discutido en la comisión, la iniciativa fue consensuada con autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector, lo que busca evitar fallas de ejecución y asegurar que el modelo responda a necesidades reales del sistema educativo panameño, especialmente en zonas rurales y áreas de difícil acceso donde la oferta educativa es limitada.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de una problemática estructural en Panamá: la deserción escolar y el bajo nivel de escolaridad en ciertos segmentos de la población, una situación que afecta la empleabilidad, la productividad y la movilidad social de miles de ciudadanos que no lograron culminar la educación básica o media.

Datos del propio sistema educativo han reflejado que existe un grupo significativo de personas que no completaron la secundaria, particularmente en áreas vulnerables, lo que ha llevado a que programas de educación para adultos se mantengan activos, pero con cobertura limitada y sin una estrategia nacional robusta y sostenida como la que plantea esta iniciativa.

El proyecto también busca formalizar y fortalecer los programas de educación nocturna existentes, muchos de los cuales han operado de forma parcial o con recursos limitados, proponiendo una estructura más organizada, con metas claras, seguimiento institucional y mayor alcance territorial en todo el país.

Además, se contempla la implementación de programas educativos adaptados, que incluyan metodologías flexibles, contenidos pertinentes y horarios compatibles con la jornada laboral, reconociendo que el perfil del estudiante adulto es distinto al del sistema tradicional y requiere un enfoque diferenciado.

Durante la discusión en comisión, se destacó que la iniciativa no solo tiene un impacto educativo, sino también un efecto directo en la inclusión social y económica, al permitir que más ciudadanos puedan acceder a mejores oportunidades laborales, continuar estudios superiores o capacitarse en áreas técnicas.

El avance del proyecto ocurre en un contexto en el que el sistema educativo panameño enfrenta retos históricos en cobertura, calidad y permanencia escolar, lo que ha generado presión para desarrollar políticas públicas que reduzcan las brechas educativas y amplíen las oportunidades de formación para toda la población.

De ser aprobado en el pleno legislativo, el proyecto obligaría al Estado a garantizar la presencia de oferta educativa nocturna en todos los corregimientos, lo que representaría un cambio significativo frente al modelo actual, donde la disponibilidad de estos programas depende en gran medida de la demanda local y de la capacidad operativa de cada región.

La discusión en segundo debate será clave para definir aspectos como el financiamiento, los criterios de implementación y los mecanismos de evaluación, elementos que determinarán si la iniciativa logra convertirse en una política pública efectiva o si enfrenta limitaciones similares a programas anteriores.

Con este paso, el proyecto entra en una fase decisiva dentro del proceso legislativo, mientras el país mantiene el desafío de mejorar los niveles de escolaridad y ofrecer alternativas reales a quienes quedaron fuera del sistema educativo tradicional.

La ONG venezolana Provea exigió el viernes a la Asamblea Nacional un proceso transparente para la designación de nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela. En el pedido, solicitaron entrevistas abiertas y mecanismos que permitan a la ciudadanía objetar a los postulados.

“La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad”, señaló la organización vía X.

Provea pidió que se publiquen baremos, currículos y entrevistas, además de habilitar canales para que la sociedad pueda objetar candidatos. Según la ONG, un proceso cerrado no genera “autoridades legítimas”.

“El fiscal general y el defensor del pueblo son de la ciudadanía. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada”, subrayó.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó el martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y defensor del pueblo, en un contexto marcado por denuncias de falta de imparcialidad.

En un mensaje publicado en redes sociales, Ramdin consideró que la designación de nuevas autoridades que ofrezcan “garantías de independencia” podría representar un avance hacia la “reconciliación nacional y la transición democrática” en Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

El proceso para nombrar a un nuevo fiscal y defensor comenzó luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al régimen chavista. Las dimisiones se produjeron en medio de la implementación de la Ley de Amnistía, que permite, en teoría, la liberación de presos políticos detenidos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

El pasado 27 de marzo, el Parlamento venezolano informó haber recibido 21 nuevas postulaciones: 18 para el cargo de defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los nuevos candidatos a defensor del pueblo en Venezuela figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se postuló para el mismo cargo pero luego se retiró del proceso. En la lista de aspirantes también se encuentra la ex diputada opositora Marialbert Barrios.

La ausencia de las designaciones motivó que once organizaciones no gubernamentales denunciaran la “ausencia de reglas claras y públicas” sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para la elección de los titulares de ambos organismos.

En un comunicado difundido el 24 de marzo, las ONG señalaron que el 25 de febrero se constituyó un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin participación de representantes de otros sectores de la sociedad como exige la Constitución y la ley.

Las organizaciones advirtieron que esta conformación “anula la pluralidad e independencia del proceso” y sugiere que la futura designación de autoridades podría responder a criterios de lealtad política en vez de méritos profesionales, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

Las ONG instaron a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso de selección que permita la designación de personas “independientes e idóneas” conforme a la Constitución y los estándares internacionales.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional se dispone a discutir en primer debate el Proyecto de Ley 531, una iniciativa que busca permitir los tatuajes corporales temporales o permanentes en los servidores públicos y modificar criterios de contratación, ingreso, ascenso y participación institucional en el sector estatal panameño, donde todavía persisten normas internas que toman en cuenta la apariencia física como condición para acceder o mantenerse dentro de una entidad pública.

La propuesta fue presentada con el argumento de que varias instituciones del Estado mantienen reglamentos internos y códigos de contratación que se remontan a los años 60, los cuales restringen el acceso al empleo público, a procesos de formación, a posibilidades de ascenso o a tareas de representación institucional para personas con tatuajes visibles, bajo criterios asociados a una imagen considerada sobria, uniforme o apropiada.

El texto establece que ninguna entidad pública podrá negar la contratación de una persona por tener tatuajes temporales o permanentes, ni impedir su ingreso a trámites, procesos de formación o espacios de participación dentro de la institución por esa misma condición, y además extiende la aplicación de la norma a las entidades autónomas, semiautónomas, empresas mixtas, alcaldías, juntas comunales y también a los estamentos de seguridad.

Al mismo tiempo, el proyecto fija límites al establecer que no podrán ser contratadas personas con tatuajes que promuevan discurso de odio, violencia, discriminación racial, religiosa o étnica, ni aquellos que inciten al delito o hagan alusión a organizaciones criminales o terroristas, mientras que también dispone que la entidad pública podrá reservarse el derecho de contratación cuando los tatuajes estén ubicados en el rostro, el cuello o las orejas.

La exposición de motivos sostiene que las restricciones por tatuajes corporales no guardan relación con la capacidad, la idoneidad, la ética profesional o el desempeño del funcionario, y plantea que ese tipo de limitaciones constituye una barrera de acceso al trabajo que afecta principios como la igualdad, la no discriminación, el derecho al empleo y la libertad de expresión o de desarrollo de la personalidad dentro del marco constitucional panameño.

Como parte de la sustentación, el documento cita una publicación de 2013 según la cual al menos el 7% de los adultos panameños de la capital, unas 161,000 personas, tenía un tatuaje en alguna parte del cuerpo, de los cuales el 65.5% los llevaba en zonas ocultas por la ropa y el 34.4% en áreas visibles, mientras que el 41.9% dijo tener uno, el 32.6% tenía dos y un 1.6% reportó hasta 16 marcas corporales.

La iniciativa también menciona antecedentes de Brasil, España y Perú, así como referencias a organismos como la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que cualquier limitación al acceso al empleo público debe responder a criterios objetivos vinculados con la función del cargo y no basarse únicamente en la apariencia física o en expresiones corporales que no afecten de manera directa el ejercicio institucional.

Si el proyecto avanza, las instituciones públicas tendrían un año calendario para corregir las disposiciones normativas, reglamentarias, circulares internas y manuales institucionales contrarios a la nueva ley, mientras que la Defensoría del Pueblo quedaría encargada de recibir denuncias por presunto incumplimiento y las direcciones de recursos humanos podrían aplicar sanciones a los funcionarios infractores, incluida la destitución cuando se compruebe la violación de la norma.

A nivel internacional, la discusión sobre los tatuajes en el ámbito laboral ocurre en un contexto de mayor normalización social de esta práctica, al menos en mercados como Estados Unidos, donde un estudio del Pew Research Center encontró que el 32% de los adultos tiene al menos un tatuaje y que una amplia mayoría percibe que la sociedad se ha vuelto más aceptante frente a quienes los llevan, un cambio cultural que también ha alcanzado a los espacios de trabajo y a las instituciones públicas.

Esa tendencia también se refleja en el peso económico de esta actividad, ya que estimaciones privadas del sector sitúan el mercado global del tatuaje en $2,430 millones en 2025 y proyectan su expansión hasta $5,990 millones hacia 2034, una evolución que acompaña el crecimiento de la industria, la mayor visibilidad de los tatuajes y su incorporación progresiva en ámbitos que durante años mantuvieron restricciones vinculadas a la imagen personal.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un proyecto de ley que busca combatir las ciberestafas mediante la creación de un certificado de conformidad gratuito, que será emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para validar la identidad de empresas y personas que operan a través de sitios web.

La iniciativa, correspondiente al Proyecto de Ley 302, establece que todas las empresas que ofrezcan productos o servicios en línea, tanto desde el país como desde el extranjero, deberán incluir de forma obligatoria en sus páginas un perfil de identidad corporativa visible en el “footer”, donde se detalle la razón social, el domicilio comercial o fiscal y otros datos verificables.

Entre los requisitos más estrictos, la normativa exige que el domicilio declarado sea una ubicación física comprobable y exacta, incluyendo información como oficina, local, piso, corregimiento y provincia, con el objetivo de evitar el uso de direcciones falsas que faciliten esquemas de fraude digital.

El proyecto también crea un registro gratuito ante la Dirección General de Comercio Electrónico del MICI, que permitirá validar la autenticidad y legalidad de los sitios web y sus titulares, convirtiéndose en un mecanismo adicional de control y trazabilidad dentro del ecosistema digital panameño.

El diputado Jamis Acosta, proponente de la iniciativa, sostuvo durante el debate que el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de servicios ha incrementado los riesgos asociados a delitos como la suplantación de identidad, las estafas en línea y la manipulación de información, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de prevención.

De acuerdo con lo expuesto en la discusión legislativa, esta norma busca desincentivar la comisión de delitos mediante herramientas que dificulten la configuración de fraudes, en un contexto donde las transacciones digitales se han convertido en un pilar de la economía moderna.

El proyecto surge en medio de un escenario preocupante: en Panamá, en promedio, al menos siete personas son estafadas cada día a través de distintos mecanismos digitales, lo que evidencia la vulnerabilidad de consumidores y empresas frente a esquemas cada vez más sofisticados.

Además, se advirtió que la falta de marcos legales actualizados ha permitido que proliferen prácticas ilícitas en plataformas digitales, afectando tanto la confianza del consumidor como la reputación de empresas que operan de forma legítima en el país.

Para los diputados, la aprobación de esta ley representa un paso clave para fortalecer la seguridad del entorno digital, al tiempo que promueve la transparencia y la integridad en el uso de páginas web, estableciendo reglas más claras para quienes participan en el comercio electrónico.

Con esta normativa, Panamá busca cerrar brechas en la regulación digital, en un momento donde el crecimiento del comercio en línea exige mecanismos más robustos para proteger a los usuarios y reducir el impacto de las ciberestafas en la economía.

El alcance de la ley también incluye a plataformas digitales extranjeras que operen en el mercado panameño, lo que implica que deberán cumplir con los mismos estándares de identificación y registro, independientemente de su país de origen, si ofrecen bienes o servicios a consumidores en Panamá.

Adicionalmente, el certificado de conformidad funcionará como un elemento visible de confianza digital, permitiendo a los usuarios identificar con mayor facilidad qué sitios han sido verificados por la autoridad competente, lo que podría influir directamente en las decisiones de compra en línea.

La norma también abre la puerta a posibles sanciones para quienes incumplan con los requisitos establecidos, especialmente en casos donde se detecte información falsa, omisión de datos obligatorios o uso indebido de identidades comerciales para engañar a los consumidores.

En paralelo, se espera que la implementación de este sistema impulse una mayor formalización del comercio electrónico, obligando a muchos actores informales a cumplir con estándares mínimos de transparencia, lo que podría reconfigurar parte del ecosistema digital en el país.

Otro de los elementos relevantes es que la ley reconoce la necesidad de contar con herramientas preventivas, más allá de las sanciones, apostando por mecanismos que permitan anticipar el fraude en lugar de actuar únicamente después de que ocurra.

Este enfoque responde a la evolución de las ciberestafas, que han migrado desde esquemas tradicionales hacia modelos más complejos que combinan ingeniería social, uso de plataformas digitales y suplantación de marcas reconocidas para generar confianza en las víctimas.

Datos recientes reflejan que al menos siete panameños al día son víctimas de algún tipo de fraude, lo que evidencia la dimensión del problema y la sofisticación de las modalidades utilizadas por los delincuentes.

Hace unos días, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió una advertencia pública ante el incremento de ofertas fraudulentas de préstamos que circulan en redes sociales y canales digitales, donde presuntas empresas utilizan de forma indebida el logo oficial de la entidad o del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para generar confianza entre potenciales víctimas.

La aprobación del proyecto marca un intento del Estado por adaptarse a una realidad donde el riesgo digital crece al mismo ritmo que la adopción tecnológica, en un entorno donde la protección del usuario se convierte en un elemento central para sostener la confianza en la economía digital.

La propuesta de establecer una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito que utilizan el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa generando rechazo generalizado en el sector turístico, aeroportuario y empresarial, al considerarse una medida que pone en riesgo la competitividad de Panamá como centro de conexiones aéreas en la región.

La iniciativa surge en el marco del anteproyecto que busca crear un nuevo cargo a quienes hacen escala en el país, en un contexto donde el 72% de los 20.9 millones de pasajeros registrados en 2025 corresponden a tránsito, lo que equivale a más de 15 millones de viajeros que utilizan el hub panameño como punto de conexión.

Ahora, fue el propio Aeropuerto Internacional de Tocumen que rechazó la iniciativa. El gerente del aeropuerto, José Ruiz, fue enfático al advertir que incluso discutir la medida ya está generando efectos negativos en la industria.

Señaló que el aeropuerto viene creciendo alrededor de 9% anual y que se encuentra en un proceso de expansión con inversiones en infraestructura, incluyendo la rehabilitación de pistas y aumento de puertas de embarque, con la meta de alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030.

Sin embargo, advirtió que la imposición de este cargo podría frenar ese crecimiento, al afectar directamente el modelo de negocio basado en tránsito, que representa el núcleo de la operación de Tocumen.

Ruiz explicó que la lógica detrás de la tasa es equivocada, ya que “uno más uno no es dos” en la industria aérea, y que imponer un costo adicional no necesariamente se traduce en mayores ingresos para el Estado.

Por el contrario, sostuvo que podría provocar una reducción en la demanda, desincentivar la llegada de nuevas aerolíneas y frenar negociaciones en curso para abrir rutas hacia destinos como Japón. También alertó que el solo hecho de que la propuesta esté en discusión ha generado incertidumbre en el mercado, con aerolíneas evaluando sus planes de expansión en el país.

Por su parte, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, también rechazó la iniciativa al considerar que afecta directamente la competitividad del país.

Indicó que Panamá viene avanzando en su posicionamiento internacional y que la estrategia debe centrarse en atraer más aerolíneas, fortalecer la conectividad y aumentar la llegada de visitantes, en lugar de imponer cargas adicionales.

A su juicio, este tipo de medidas envía una señal equivocada y no debería formar parte de la discusión en un momento en que el país busca consolidar su crecimiento en el turismo.

El rechazo también fue respaldado por el sector hotelero. La Asociación Panameña de Hoteles advirtió que la propuesta podría tener efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del turismo, al encarecer el tránsito y afectar la decisión de las aerolíneas sobre sus rutas.

El gremio alertó que este tipo de medidas podría incentivar la reconfiguración de conexiones hacia otros hubs regionales como Bogotá, Lima o San Salvador, donde los costos operativos son más bajos, debilitando así la posición estratégica de Panamá.

Además, el gremio hotelero subrayó que los pasajeros en tránsito representan una oportunidad clave para el turismo local, especialmente a través de programas como el Stopover, que buscan convertir escalas en estadí

En ese sentido, advirtieron que una disminución en el flujo de pasajeros impactaría no solo al aeropuerto, sino también a toda la cadena de valor, incluyendo hoteles, comercios y servicios asociados. También cuestionaron la falta de estudios técnicos que respalden la propuesta, señalando que una decisión de este tipo requiere un análisis integral de su impacto económico.

Otro de los puntos críticos es que Panamá compite en un mercado altamente sensible a los costos. Actualmente, el país cobra aproximadamente 1.25 dólares por pasajero en tránsito, una tarifa significativamente menor frente a la propuesta de 10 dólares.

En algunos aeropuertos de la región, incluso, no se cobra ningún cargo por tránsito, lo que incrementa la presión competitiva. Este diferencial podría convertirse en un factor determinante para que las aerolíneas ajusten sus operaciones y reduzcan su presencia en el país.

Voceros de gremios turísticos indicaron que en el pasado Perú intentó Un antecedente similar en Perú no dio los resultados esperados y la tasa finalmente fue eliminada.

En conjunto, los distintos actores coinciden en que el aeropuerto de Tocumen no solo es una infraestructura de transporte, sino un motor clave de la economía panameña, que impulsa el turismo, la conectividad y la inversión.

La preocupación central es que una medida de este tipo podría generar un efecto contrario al esperado, reduciendo el flujo de pasajeros, afectando ingresos indirectos y debilitando el posicionamiento del país como hub regional.

En un escenario donde Panamá busca crecer y consolidar su rol en la aviación internacional, el debate sobre esta tasa ha abierto una discusión más amplia sobre el equilibrio entre recaudación y competitividad.

Este no es el primer intento de impulsar un impuesto similar en Panamá desde la Asamblea Nacional. La propuesta anterior no llegó a discutirse en el pleno, y los gremios turísticos esperan que esta vez ocurra lo mismo para evitar afectaciones al sector.

El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

La Secretaría Nacional de Energía decidió posponer la entrada en vigencia de la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles, una medida que había sido planteada como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

La resolución establece que el inicio del programa se aplaza para permitir ajustes técnicos, logísticos y regulatorios, en un contexto donde aún persisten dudas sobre la capacidad operativa para implementar el cambio de forma ordenada.

La resolución publicada en Gaceta Oficial confirma que la implementación del etanol en Panamá ha sido postergada en dos ocasiones, ya que originalmente debía entrar en vigencia el 1 de abril de 2024, luego fue aplazada al 1 de abril de 2026 y ahora vuelve a suspenderse sin una fecha definida.

La Secretaría Nacional de Energía condiciona su aplicación al cumplimiento de requisitos técnicos, logísticos y de producción nacional, lo que evidencia que el país aún no cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar el programa.

Este nuevo aplazamiento refleja un desfase entre la planificación energética y la capacidad real del mercado para sostener la mezcla obligatoria.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, uno de los principales factores para la postergación es la necesidad de contar con infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte y mezcla del etanol, así como asegurar estándares de calidad en los combustibles.

También se menciona la importancia de completar procesos de certificación técnica y coordinación entre actores del sector energético, incluyendo refinadoras, importadores y estaciones de servicio.

Sin estos elementos consolidados, la implementación podría generar distorsiones en el mercado o problemas operativos en la distribución nacional.

Otro aspecto clave es que la producción local de etanol aún no ha iniciado para sostener una mezcla obligatoria a escala nacional, lo que obligaría a depender en gran medida de importaciones en una fase inicial.

Esto introduce variables de costo, logística internacional y estabilidad de suministro que el gobierno busca evaluar con mayor precisión antes de avanzar, especialmente en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos.

La decisión apunta a evitar que una implementación apresurada termine elevando los costos del combustible para los consumidores.

La resolución también deja claro que el objetivo de incorporar etanol en la gasolina se mantiene como parte de la política energética, pero bajo un enfoque gradual y técnicamente sustentado.

El etanol es visto como un componente que puede contribuir a reducir emisiones y diversificar la matriz energética, además de abrir oportunidades para el desarrollo agrícola e industrial.

Segundo debate

Este aplazamiento ocurre en un momento clave, ya que la Asamblea Nacional avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la mezcla de 10% de etanol en los combustibles en Panamá, lo que añade presión al debate técnico y político.

Entre crítica de diputados independientes, la iniciativa ya superó el primer debate y se espera que en los próximos días entre a segundo debate, donde podrían introducirse ajustes o precisiones sobre su implementación.

Durante el primer debate legislativo, diputados y actores del sector han señalado la necesidad de evaluar el impacto económico, ambiental y logístico de la medida, incluyendo su efecto en precios y en la competitividad del país.

No obstante, la principal crítica al proyecto es su carácter obligatorio, que, según sus defensores, resulta necesario para garantizar el marco jurídico que respalde las inversiones que tendrían que realizar las empresas para establecer la producción local.

El sector azucarero estima que la inversión inicial para poner en marcha la producción nacional de etanol rondaría los 500 millones de dólares.

De ese monto, cerca de 250 millones se destinarían a la adquisición de nuevas tierras para el cultivo de caña, y más de 120 millones a la construcción de destilerías, una infraestructura que actualmente no existe en el país. A esto se suma la inversión en maquinaria, logística y contratación de personal.

La Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá, ha explicado que Panamá necesitaría alrededor de 22 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir el 10% de etanol que exige la ley, una superficie similar a la que hoy se dedica a la producción de azúcar.

La discusión legislativa sobre el acceso a vivienda en Panamá volvió a tomar fuerza en la Asamblea Nacional, donde la subcomisión de Economía y Finanzas analiza el proyecto de ley 252, una iniciativa que busca impulsar la compra de viviendas usadas mediante incentivos económicos concretos.

La propuesta, que aún se encuentra en fase de evaluación, ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo reducir el déficit habitacional y dinamizar un mercado inmobiliario que enfrenta limitaciones de acceso para miles de familias.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, plantea la creación de mecanismos fiscales y financieros orientados a facilitar el acceso a propiedades de segunda mano, incluyendo un esquema de interés preferencial en préstamos hipotecarios para este tipo de viviendas, algo que actualmente solo aplica para inmuebles nuevos.

Además, se contempla que el Estado subsidie parte de la tasa de interés, con una reducción aproximada de 2% respecto a la tasa de referencia, lo que impactaría directamente en la cuota mensual de los compradores.

Durante las sesiones, los diputados han enfocado el análisis en la viabilidad de establecer incentivos adicionales como la exoneración del impuesto de inmueble para viviendas de hasta $300,000, lo que representa un alivio directo en la carga tributaria de los propietarios.

A esto se suma la propuesta de establecer una tarifa progresiva en el impuesto de bienes inmuebles y un impuesto de transferencia del 3% para este tipo de operaciones, medidas que buscan ordenar el mercado sin desincentivar la compra.

Uno de los puntos que ha cobrado mayor relevancia es el déficit habitacional en Panamá, que se estima en más de 200,000 viviendas, según cifras manejadas por el sector.

Este dato ha sido utilizado como argumento central para sustentar la iniciativa, ya que refleja la brecha existente entre la demanda de vivienda y la oferta disponible, particularmente en segmentos de ingresos medios y bajos que enfrentan mayores restricciones de acceso al crédito.

En ese sentido, los diputados han coincidido en que el mercado de viviendas usadas representa una oportunidad inmediata para reducir esa brecha, debido a que permite activar propiedades ya construidas sin necesidad de nuevos desarrollos, lo que acorta los tiempos de acceso para los compradores.

Además, se ha señalado que este segmento podría contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria en zonas urbanas consolidadas, donde existe infraestructura disponible pero baja rotación de inmuebles.

El análisis también ha incorporado la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía y Finanzas y gremios del sector privado, quienes han aportado criterios técnicos sobre la implementación de la propuesta.

Entre los temas abordados se encuentran los requisitos para acceder a los beneficios, como que el comprador adquiera su primera vivienda y no haya sido beneficiario previo de interés preferencial, así como las condiciones del crédito, que tendría un límite de hasta $300,000 y un plazo máximo de 10 años.

Otro aspecto relevante en la discusión ha sido la necesidad de evitar distorsiones en el mercado, como un posible aumento artificial en los precios de las viviendas usadas debido a los incentivos.

Por ello, se ha planteado la importancia de establecer controles y criterios claros de elegibilidad, garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente buscan una solución habitacional y no a inversionistas especulativos.

Desde el punto de vista social, la iniciativa ha sido presentada como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda propia y mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente aquellas que han quedado fuera de los programas tradicionales. óla

En ese contexto, los legisladores han resaltado que aprovechar viviendas ya construidas permite un desarrollo urbano más sostenible, evitando la expansión desordenada hacia la periferia.

La subcomisión acordó continuar con el análisis del proyecto el próximo 7 de abril, con el objetivo de recibir nuevas propuestas y ampliar la consulta con otros actores del sector, en un proceso que busca fortalecer la iniciativa antes de su eventual discusión en instancias superiores.

Mientras tanto, el debate sigue abierto, con la expectativa de que las medidas planteadas puedan convertirse en una respuesta concreta a uno de los principales desafíos estructurales del país: el acceso a vivienda digna y asequible.

El reciente envío de una delegación diplomática venezolana a Washington marca una fase definida por gestiones para restablecer los vínculos bilaterales, después de años de relaciones limitadas. Según publicó la agencia Europa Press, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras los recientes acontecimientos políticos, confirmó la visita como parte de las acciones tendientes a profundizar el diálogo institucional entre ambos países.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la conformación de un “grupo parlamentario de amistad” orientado a fomentar la cooperación y los intercambios institucionales con el Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con Europa Press, Antonio Ecarri, diputado opositor, informó públicamente sobre la iniciativa, señalando que tiene el respaldo formal de la cámara legislativa venezolana. La creación de este grupo surge en un contexto de apertura, luego de más de siete años de ruptura diplomática, y tiene por objetivo promover la normalización de relaciones, en particular en los ámbitos económico y energético.

En una carta dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Ecarri precisó que el propósito principal del grupo será contribuir “al restablecimiento de las relaciones de amistad entre los representantes de ambos cuerpos parlamentarios”. Según detalló Europa Press, el texto pone el foco en la reconstrucción de la confianza mutua, el fortalecimiento de los vínculos bajo principios de soberanía, cooperación y respeto, así como en la discusión de temas urgentes como la protección de los activos venezolanos en el extranjero y el reconocimiento de los órganos legítimos del Estado venezolano.

La carta difundida por Ecarri subraya la aspiración de que el nuevo canal institucional facilite debates sobre la regularización de las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos. Otros puntos destacados incluyen el necesario consenso entre actores locales para posicionar a Venezuela como proveedor energético confiable a escala global. Ecarri señaló la importancia de insertar al país en las cadenas internacionales de valor, aprovechando de forma estratégica los recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional.

Europa Press reportó que, además de la iniciativa legislativa, los recientes acontecimientos en Caracas reflejan una transición en la jefatura del Ejecutivo. Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta, ejerce como presidenta encargada conforme a lo previsto por la Constitución, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación estadounidense realizada a inicios de enero. Dicha operación resultó en la muerte de más de cien personas y en el traslado de Maduro y Flores a Nueva York, donde enfrentan cargos por “narcoterrorismo”.

Desde el inicio de su interinato, Rodríguez condujo una fase caracterizada por el restablecimiento progresivo de la interlocución con actores internacionales. Esto se reflejó en el reconocimiento público expresado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien valoró la labor de Rodríguez para facilitar la exportación de millones de barriles de petróleo venezolano hacia territorio estadounidense, según reportó Europa Press.

El contexto internacional coloca a Venezuela en una posición estratégica para responder a la demanda energética global. Tal como consignó Europa Press, la narrativa oficial enfatiza la necesidad de construir acuerdos amplios que permitan al país recuperar credibilidad y estabilidad económica, en un escenario donde la cooperación bilateral con Estados Unidos adquiere renovado protagonismo. El grupo parlamentario, según las declaraciones recogidas, se plantea como un vehículo para consolidar este proceso de acercamiento y para abordar con las contrapartes legislativas estadounidenses los desafíos pendientes en materia de recuperación institucional y económica.

Las iniciativas recientes no solo ponen en relieve los esfuerzos para reconducir la relación bilateral, sino que también suponen la apertura de espacios de diálogo e inversión que podrían incidir en la situación interna venezolana. Las manifestaciones públicas de Ecarri, reseñadas por Europa Press, sugieren que el nuevo grupo parlamentarista buscará convertirse en un ámbito eficaz para la discusión de oportunidades que reviertan en favor del crecimiento, la reconciliación y el desarrollo de la democracia venezolana.

El debate sobre la protección de los activos del país en el exterior, incluido en las prioridades del grupo parlamentario, responde a un contexto de litigios y disputas sobre la titularidad y el control de recursos financieros y bienes estratégicos ubicados fuera de Venezuela. Europa Press puntualizó que este aspecto integra la agenda más amplia de recomposición de las relaciones con Estados Unidos y de restitución de la normalidad institucional venezolana.

De acuerdo con las últimas informaciones transmitidas por el medio, tanto la delegación diplomática enviada a Washington como la acción parlamentaria adoptada por la Asamblea Nacional se insertan en una fase donde predomina la búsqueda de entendimientos pragmáticos basados en intereses compartidos y la cooperación en el sector energético, uno de los ámbitos de mayor interés para el gobierno estadounidense y eje de la estrategia de posicionamiento internacional de Venezuela.

El desarrollo de un “grupo parlamentario de amistad” que vincule a ambas instituciones legislativas constituye un mecanismo empleado en otros procesos de reconstrucción diplomática, tiene entre sus metas la consolidación de canales regulares de comunicación y la coordinación de temas de interés común. Según los términos de la propuesta difundida por Europa Press, la agrupación busca abordar tanto el reconocimiento y respaldo institucional como el intercambio de experiencias en la tarea de fortalecer la confianza recíproca y la estabilidad estatal.

En el plano operativo, la misión diplomática encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez prevé la apertura de conversaciones directamente en la capital estadounidense, confirmando la disposición de las partes para avanzar en la redefinición de la agenda bilateral. Este movimiento ocurre tras semanas de acercamientos bilaterales, que sentaron las bases para una nueva etapa de relacionamiento y para el impulso de mecanismos de cooperación que, según los voceros oficiales citados por Europa Press, constituirían una oportunidad para Venezuela de reinsertarse activamente en la economía internacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confía en que el Parlamento, bajo control del chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, actualmente en segunda discusión, lo que podría habilitar la inversión privada y extranjera.

Durante un encuentro con inversionistas, que fue transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez señaló que la norma impulsará avances en “estándares y protocolos internacionales” para la inversión, los modelos de negocio en minería y contemplará una flexibilización fiscal.

Rodríguez afirmó que se trata de un “buen momento” para invertir en Venezuela y ofreció a los empresarios “garantías y seguridad jurídica y política”, junto con “estabilidad y tranquilidad” para el desarrollo de sus inversiones.

La semana pasada, el Parlamento pospuso la segunda discusión indispensable para la aprobación del proyecto de ley de minas. Está programado que los diputados retomen el debate.

De obtener aprobación legislativa, la iniciativa sustituiría a la Ley de Minas vigente desde 1999, sancionada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante decreto, tras recibir poderes especiales del Legislativo.

El 9 de marzo, el Legislativo avaló en primera discusión el proyecto, pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se reunió con Rodríguez.

Burgum declaró en ese momento que empresas estadounidenses del sector minero están “deseosas” de operar en Venezuela.

Luego de su visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una licencia que autoriza ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de compañías estadounidenses, un rubro que hasta entonces se encontraba bajo sanciones.

El Parlamento aprobó la designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general

En otro orden, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación de Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en reemplazo de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció al cargo tras más de una década.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”.

Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”. Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

La nueva procuradora es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con experiencia en bufetes privados y organismos públicos. Actualmente, se desempeñaba como consultora jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, cursó estudios de derecho en el extranjero y cuenta con un doctorado en leyes obtenido en Reino Unido.

De acuerdo con la prensa venezolana, Seijo Noguera participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero para casos de presos políticos desde 1999.

La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía recibió 123 solicitudes de venezolanos en el exterior para que la Justicia del país revise sus casos, según Rodríguez.

El diputado explicó que estos ciudadanos solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos, con el objetivo de regresar al país y “cumplir con su función política”. Rodríguez señaló que entre los solicitantes hay personas con registro policial, aunque la mayoría no posee antecedentes. No se ofrecieron más detalles sobre las identidades de los solicitantes.

El Parlamento venezolano autorizó también el nombramiento del ex ministro de Defensa Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia y de Rubén Darío Molina en Nicaragua. Las designaciones fueron aprobadas por mayoría evidente, luego de que diputadas de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración presentaran un resumen de la trayectoria de ambos y de sus planes como nuevos jefes de las misiones diplomáticas en Bogotá y Managua.

La parlamentaria chavista Lila Brazón señaló que el almirante en jefe Maniglia cuenta con un plan concreto enfocado en los ámbitos político, económico, social y cultural, con el objetivo de fortalecer las relaciones con Colombia, marcadas por una historia compartida de más de 195 años. “Hoy la hermandad con Colombia representa un gran reto y una gran oportunidad para avanzar, para crecer y reescribir nuestra historia sobre las bases del bolivarianismo”, expresó Brazón.

Maniglia, quien fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006 y cuenta con 31 años de servicio militar, venía desempeñándose como embajador en Alemania. Su designación como representante de Caracas en Colombia se realizó el pasado 13 de marzo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en reemplazo del general de división Carlos Eduardo Martínez.

El Parlamento también aprobó el nombramiento de Rubén Darío Molina, quien ha ocupado cargos en la Cancillería, como responsable de Temas Multilaterales y viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía. La diputada chavista Roselyn Vegas destacó que Molina presentó un plan integral y estratégico para fortalecer los vínculos diplomáticos bilaterales con Nicaragua.

Vegas subrayó que las relaciones con Nicaragua “están enmarcadas en la amistad, la solidaridad y la cooperación”, y han estado sustentadas en principios comunes como la defensa de la soberanía, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

(Con información EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la extensión por 30 días del trabajo de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía (Comisión Especial de Seguimiento), en medio de un proceso que ya suma más de 11.400 solicitudes y concedió, según el diputado chavista a cargo de la misión, más de 8.000 libertades plenas.

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, propuso la prórroga para que la comisión continúe profundizando el proceso de convivencia democrática, propuesta que fue aprobada de forma unánime.

Según el artículo 15 de la normativa, la comisión debe desarrollar e implementar mecanismos para el cumplimiento de la amnistía, sin establecer un plazo específico para su labor. Rodríguez afirmó que la ley no está orientada a liberar a “magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos”, sino que busca la reconciliación y corregir errores cometidos.

Desde la promulgación de la ley en febrero hasta la fecha, se recibieron 11.432 solicitudes de amnistía, aunque un número importante quedó excluido por las restricciones del artículo 9, que descarta homicidios, corrupción, tráfico de drogas, operaciones militares y violaciones a los derechos humanos.

La Justicia venezolana concedió 8.084 libertades plenas en el marco de la ley, según el diputado y presidente de la comisión de seguimiento, Jorge Arreaza. De ese total, 7.782 personas tenían libertad restringida bajo medidas cautelares, mientras que 302 permanecían encarceladas.

La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero su aplicación se limita a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos. Hasta ahora, las autoridades no divulgaron el listado de amnistiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó el martes que permanecen detenidas 503 personas por motivos políticos en el país, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. La organización, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que de los detenidos, 315 son civiles y 188 militares.

El registro señala que 452 son hombres y 51 mujeres, y se incluye un menor de edad de entre 14 y 17 años. Foro Penal también indicó que más de 11.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país, restricciones para declarar a medios y obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció el martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael Tarazona y al abogado Omar de Dios García, al considerar que la causa en la que están incluidos queda fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), integrada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó al Parlamento una lista de presos políticos para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, según informó el ex diputado Américo De Grazia.

Desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia explicó que el viernes pasado se reunieron con miembros de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, y solicitaron que se publique la lista completa de quienes han recibido la libertad plena.

“El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son”, manifestó el ex legislador.

De Grazia señaló que el objetivo es cruzar la información recolectada con organizaciones como Provea y Foro Penal para evitar que alguna persona quede excluida del proceso.

(Con información de EFE)

Una polémica vinculada a la campaña electoral ganó notoriedad cuando se hicieron públicos contactos entre Janez Jansa y ejecutivos de Black Cube, empresa israelí relacionada con actividades de espionaje. El líder del Movimiento Libertad, Robert Golob, expresó preocupación ante los reportes de injerencia externa, señalando que se trata de un hecho sin precedentes para un país miembro de la Unión Europea, según consignó la Comisión Electoral Estatal y recogió el medio que cubrió los resultados oficiales.

Según informó la Comisión Electoral Estatal de Eslovenia, el Movimiento Libertad (GS), encabezado por el actual primer ministro Robert Golob, consiguió imponerse en las elecciones legislativas realizadas este domingo. Con el 99,85% de los votos escrutados, la fuerza liberal obtuvo el 28,62% de los sufragios, mientras que el Partido Democrático de Eslovenia (SDS), liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, alcanzó un 27,95%. Esta breve diferencia, menor a un punto porcentual, deja en evidencia una profunda rivalidad entre ambas formaciones y anticipa un escenario de negociaciones complejas para la constitución de una coalición de gobierno, detalló la Comisión Electoral Estatal y reportó la cobertura internacional.

El órgano electoral señaló que la participación en la jornada electoral alcanzó un 69,32% del electorado, cifra que refleja un alto grado de movilización ciudadana en un contexto de marcada competencia. En el nuevo reparto parlamentario, el Movimiento Libertad se aseguró 29 escaños, apenas uno más que los 28 obtenidos por el Partido Democrático de Jansa en la Asamblea Nacional, integrada por 90 miembros. Esta distribución revela la fragmentación y la necesidad de acuerdos transversales para conformar un gobierno estable, tal como puntualizó el recuento oficial difundido por la DVK.

El desarrollo de la campaña se vio afectado por la publicación de informaciones sobre una reunión ocurrida en diciembre entre Jansa y figuras de Black Cube, un hecho que incrementó el tono de las acusaciones cruzadas respecto a supuestas interferencias externas. Golob, por su parte, advirtió que la implicación de actores extranjeros en el proceso electoral es un fenómeno sin antecedentes para una democracia comunitaria. Según publicó la prensa local y medios internacionales, estas revelaciones añadieron tensión a la recta final antes del sufragio y ocuparon buena parte del debate público.

Tras la divulgación oficial de los resultados, ambos partidos enfrentan el reto de abrir líneas de diálogo con las restantes fuerzas políticas presentes en el parlamento, dado que ninguno obtuvo mayoría suficiente para gobernar en solitario. Los próximos pasos se enfocarán en las conversaciones para definir el rumbo de la coalición y la orientación que tomará el nuevo ejecutivo, según detalló la cobertura realizada por la Comisión Electoral Estatal.

El panorama postelectoral en Eslovenia queda condicionado por un balance ajustado de fuerzas, donde el Movimiento Libertad, aunque obtuvo un escaño más, depende de la receptividad de otras agrupaciones para asegurar la gobernabilidad. Mientras tanto, el Partido Democrático de Eslovenia mantiene una posición relevante que lo coloca como interlocutor necesario en la definición de pactos, tal como señaló el informe de la autoridad electoral.

La estrecha competencia y el impacto de factores externos se suman a una legislatura que se anticipa marcada por la necesidad de acuerdos para responder a la fragmentación del voto y a las expectativas de participación ciudadana reflejadas en la elevada asistencia a las urnas, según datos finales difundidos por el órgano electoral esloveno.

La cercanía en el número de escaños alcanzados por el Movimiento Libertad (GS) de Robert Golob y el Partido Democrático de Eslovenia (SDS) de Janez Jansa coloca a Eslovenia ante una fase de intensas negociaciones parlamentarias, según reportó el medio proveedor de la información. Con una diferencia de apenas un escaño entre ambas formaciones, ninguno de los partidos alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, compuesta por 90 diputados, por lo que la formación de gobierno dependerá de pactos entre diferentes fuerzas políticas.

De acuerdo con los datos publicados, el partido liberal Movimiento Libertad obtuvo el 29,9% de los votos, situándose como la formación más apoyada en las elecciones legislativas celebradas en Eslovenia este domingo. El SDS, liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, reunió el 27,5% de sufragios, marcando así una diferencia ajustada entre ambas opciones. El medio detalló que, según las encuestas a pie de urna, el escenario postelectoral asigna 29 escaños a la formación de Golob y 28 al partido de Jansa.

La situación generada por este resultado electoral revela la dificultad para lograr una mayoría clara, ya que son necesarios al menos 46 escaños para controlar la Asamblea Nacional. El papel de los partidos minoritarios será clave, mientras las conversaciones para formar gobierno se perfilan como el próximo foco político, consignó la fuente original. La campaña previa a los comicios estuvo marcada por acusaciones y controversias, lo que ha influido en el ambiente tenso que rodea las negociaciones.

El contexto de la campaña electoral se vio alterado por las revelaciones sobre una reunión mantenida en diciembre por Janez Jansa con representantes de Black Cube, una empresa dedicada al espionaje con sede en Israel. Esta noticia provocó reacciones entre los adversarios políticos y fue utilizada como parte de los argumentos de campaña. Según publicó la fuente, el primer ministro Robert Golob señaló la gravedad de la situación expresando: "El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito".

Durante la campaña, se pusieron en primer plano las preocupaciones por la posible intervención de agentes extranjeros en los procesos políticos nacionales, tras la difusión de estos encuentros. Este tema generó debates públicos y contribuyó a la percepción de unas elecciones influenciadas por factores externos, según informó el medio. Tanto la opinión pública como los sectores políticos manifestaron inquietudes sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

El estrecho margen entre las dos formaciones más votadas ya ha desencadenado movimientos iniciales por parte de ambos líderes para buscar alianzas que les permitan superar la fragmentación del Parlamento. La composición definitiva de la Asamblea, reflejada en los resultados preliminares, deja abierta la posibilidad de múltiples combinaciones en la conformación del próximo gobierno, advirtió la misma fuente. El escenario político queda así condicionado a la capacidad de negociación entre las fuerzas mayoritarias y los grupos minoritarios presentes en la Cámara.

Los resultados obtenidos en estas elecciones reflejan una polarización en el electorado, con una presencia equilibrada entre los bloques liberal y conservador, reportó la fuente original. La gobernabilidad del país requerirá entendimientos entre distintas sensibilidades políticas, debido al reparto casi idéntico de escaños y a la ausencia de mayorías claras.

La publicación de la reunión entre Jansa y Black Cube añadió un elemento de fricción a la confrontación electoral, con acusaciones mutuas sobre la legitimidad y transparencia del proceso. Según detalló el medio, este episodio reactivó el debate sobre la influencia de actores no nacionales en la política soberana de los países miembros de la Unión Europea, especialmente ante la reacción expresa del actual primer ministro ante los medios de comunicación y la opinión pública.

La jornada electoral en Eslovenia se desarrolló bajo una notable expectación, no solo a nivel nacional sino también entre socios europeos, dado el impacto potencial de los resultados y de las negociaciones posteriores. La falta de una mayoría clara invita a un cuadro político abierto, donde los próximos días estarán marcados por conversaciones para definir la futura composición del gobierno, reportó la fuente.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 306, una iniciativa que introduce por primera vez en Panamá reglas claras para las gestiones de cobro y fija límites concretos a las agencias que operan en este segmento.

La norma busca proteger la intimidad del consumidor, establecer controles sobre la frecuencia de contacto y frenar prácticas que han sido señaladas por años como abusivas, en un contexto marcado por denuncias reiteradas de hostigamiento telefónico y presión indebida para el pago de deudas.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, surge precisamente ante ese vacío normativo que permitía a empresas de cobranza operar sin parámetros definidos.

Según la exposición de motivos, en el país se habían vuelto frecuentes las llamadas constantes, mensajes insistentes e incluso comunicaciones con tono intimidatorio dirigidas a consumidores con obligaciones vencidas, lo que derivó en afectaciones a la salud mental y a la estabilidad personal de los deudores.

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la regulación de los horarios y la periodicidad de contacto. A partir de su entrada en vigencia, las agencias de cobro solo podrán comunicarse con los consumidores de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m., quedando prohibido cualquier contacto los domingos o días festivos.

Además, se establece que no podrá realizarse más de un contacto directo por día, independientemente del canal utilizado.

La normativa también introduce límites específicos a las llamadas y visitas. Solo se permitirá una llamada telefónica diaria y una visita domiciliaria por semana, y en ningún caso ambas acciones podrán realizarse el mismo día.

Estas disposiciones buscan frenar prácticas de presión continua que, en la práctica, terminaban generando un entorno de acoso para el consumidor, afectando incluso su entorno familiar y laboral.

Otro punto clave es el control sobre los canales de comunicación. Las agencias únicamente podrán contactar al consumidor a través de los medios previamente autorizados por este, como teléfono, correo electrónico o mensajería.

Esto implica que el usuario tendrá la facultad de decidir cómo y por dónde quiere ser contactado, lo que introduce un elemento de consentimiento que antes no estaba claramente definido en la legislación panameña.

La ley también establece un conjunto amplio de prohibiciones que apuntan directamente a las prácticas más cuestionadas del sector. Entre ellas, se prohíbe contactar a familiares, amigos o referencias del deudor, realizar visitas al lugar de trabajo, divulgar información sobre la deuda a terceros o utilizar lenguaje amenazante o agresivo.

Tampoco se permitirá simular procesos judiciales inexistentes ni advertir sobre embargos o acciones legales que no hayan sido iniciadas formalmente.

En materia de derechos, el consumidor tendrá garantías específicas como el acceso a información clara y completa sobre su deuda, incluyendo montos, intereses y opciones de pago.

Además, se establece el derecho a la confidencialidad, lo que impide que su situación financiera sea expuesta públicamente o compartida sin autorización, reforzando la protección de la intimidad como eje central de la norma.

El proyecto también regula la actuación de las agencias en términos de trazabilidad. Las empresas deberán mantener un registro detallado de todas las gestiones de cobro, incluyendo fecha, hora, medio utilizado y resultado del contacto, información que deberá conservarse por un período de al menos dos años.

Este requisito introduce un mecanismo de control que permitirá fiscalizar el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la supervisión, la norma asigna a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

La entidad podrá requerir información en cualquier momento y las agencias estarán obligadas a entregarla de forma oportuna y veraz, asumiendo incluso los costos asociados a ese proceso.

El componente sancionatorio también queda definido. Las infracciones a esta ley podrán ser castigadas con multas de hasta 25 mil dólares, especialmente en casos de violaciones a los derechos del consumidor o incumplimiento de las prohibiciones establecidas.

Este punto busca generar un efecto disuasivo frente a prácticas abusivas que, hasta ahora, no enfrentaban consecuencias claras en el país.

Durante el debate legislativo se dejó claro que la iniciativa no busca impedir la recuperación de deudas. Por el contrario, el objetivo es ordenar el proceso de cobranza bajo principios de respeto, proporcionalidad y legalidad, permitiendo que bancos, financieras y otros agentes continúen sus operaciones, pero sin recurrir a mecanismos que vulneren la dignidad del consumidor.

Con esta aprobación, Panamá incorpora un marco regulatorio que intenta equilibrar dos intereses: el derecho de las empresas a recuperar sus créditos y el derecho de los ciudadanos a no ser sometidos a prácticas invasivas.

La efectividad de la ley dependerá ahora de su aplicación y del nivel de supervisión que ejerzan las autoridades sobre un sector que, hasta ahora, operaba con amplios márgenes de discrecionalidad.

Ahora, todo dependerá de la decisión que tome el Presidente José Raúl Mulino que podrá sancionar la normativa o rechazarla en su totalidad o parcialmente para que se realicen nuevos ajustes.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Parlamento venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió de manera metafórica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presenciar la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, donde señaló el triunfo del equipo venezolano como un hecho histórico para el país. De inmediato, presentó su reacción a las declaraciones de Turk sobre la liberación de reclusos, acusando al funcionario de ser un “enemigo de Venezuela” y de buscar el perjuicio de la nación sudamericana. En el evento estuvieron también presentes figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, que participó en un acto dedicado a la ley de amnistía, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien decretó el 18 de marzo como día festivo tras la victoria deportiva.

Según publicó el medio, la controversia surgió debido a la intervención de Volker Turk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el lunes previo. En esa ocasión, Turk solicitó a las autoridades venezolanas que hicieran público el listado completo de presos políticos liberados tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha confirmado la excarcelación de 950 personas hasta la fecha, según detalló el medio.

En cuanto a las expresiones de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional señaló textualmente: “Por las últimas declaraciones que dio, ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. El señor quiere que a Venezuela le vaya mal”, palabras reportadas por el medio de referencia. Esta afirmación tuvo lugar luego de las solicitudes de transparencia y la advertencia emitida por Turk acerca de la existencia de preocupaciones sistemáticas y estructurales relacionadas con los derechos humanos en el país caribeño. Según informó el medio, dichas preocupaciones han estado presentes en los pronunciamientos del Alto Comisionado durante las sesiones del órgano internacional.

La operación estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero, que finalizó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, también fue abordada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, Turk pidió explicaciones acerca de los avances concretos respecto a la situación de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad tras la aplicación de la ley de amnistía. De acuerdo con el medio, la relevancia de este asunto radica en la demanda de la ONU para el esclarecimiento y la supervisión sobre la cantidad y nombres de los excarcelados.

En el marco de estos acontecimientos, la celebración por la histórica victoria de la selección venezolana de béisbol fue destacada por Delcy Rodríguez, quien decidió establecer el 18 de marzo como día de asueto nacional “para que la juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, según consignó el medio. La jornada deportiva se integró como una metáfora utilizada por Jorge Rodríguez para referirse a la crítica internacional y para proyectar una imagen de fortaleza nacional, información recogida por la misma fuente.

El encuentro en el Parlamento, que contó con la presencia de Rodríguez Zapatero, se enmarcó dentro de un acto relacionado con la ley de amnistía, según reportó el medio. Diferentes voces, tanto nacionales como internacionales, han seguido de cerca los acontecimientos vinculados con la situación de los derechos humanos, la permanencia de personas detenidas y los recientes procesos políticos en Venezuela. La insistencia de la ONU en la publicación de los listados y en la supervisión de los procesos de liberación refleja un escenario de monitoreo internacional, mencionó el medio de comunicación.

El medio también detalló que la existencia de inquietudes por parte del Alto Comisionado ha mantenido la tensión diplomática, marcando la postura crítica del organismo internacional ante la evolución de la crisis política venezolana. Las declaraciones de Turk enfatizaron la importancia de atender las preocupaciones estructurales en materia de derechos humanos, aspecto que fue respondido en duros términos por la autoridad legislativa venezolana. La repercusión de la jornada se extendió tanto en el ámbito político como en la esfera social y deportiva, con diferentes sectores atentos a la evolución del tema.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó el martes como “enemigo” del país al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El diplomático de Naciones Unidas señaló que su oficina no ha recibido una lista oficial de presos políticos liberados ni tuvo acceso sin restricciones a centros de detención en Venezuela, pese a haberlo solicitado.

Durante una sesión en la sede parlamentaria en Caracas, tras una reunión en la que participó el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Rodríguez afirmó que Türk “no quiere” al país caribeño.

“Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal, pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego de hoy”, expresó, aludiendo a la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos.

El lunes, Türk aseguró que su oficina no ha recibido información oficial sobre los presos liberados tras la operación de EEUU el pasado 3 de enero y la captura del ex dictador Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención

Türk indicó que ninguna de esas peticiones tuvieron éxito hasta la fecha y pidió mayor transparencia en los procesos de excarcelación.

El alto comisionado subrayó que “muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”.

El canciller venezolano, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Türk y lo acusó de tener un “sesgo inmoral” y actuar como una “caja de resonancia de falsedades”.

El 19 de febrero, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para procesos de presos políticos desde 1999, pero su aplicación es específica para 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período y los casos vinculados a operaciones militares.

La Justicia otorgó, según datos oficiales de las autoridades del país, más de 7.000 libertades plenas, en su mayoría a personas con medidas cautelares.

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales negaron la libertad plena a dos trabajadores de prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora y de la líder María Corina Machado.

Por otra parte, Rodríguez sostuvo que las personas a quienes se les negó la amnistía pueden apelar sus casos ante la Justicia.

“Tienen derecho a apelar frente a los tribunales e incluso también pueden introducir escritos ante la comisión de seguimiento y seguirlos analizando”, subrayó el hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al ser consultado sobre las amnistías denegadas en los últimos días, incluyendo el caso de los dos periodistas.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el titular del Parlamento reconoció que más de 2.000 solicitudes recibidas por la comisión corresponden a casos no contemplados por la norma.

El dirigente chavista aseguró que la comisión parlamentaria de seguimiento sigue evaluando expedientes y continuará atendiendo todas las solicitudes, incluidas aquellas vinculadas a hechos distintos a los períodos establecidos en la legislación.

“Ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho: 7.580 personas han sido beneficiadas por esta ley de amnistía e, incluso, más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo”, afirmó Rodríguez.

Esta cifra difiere del reporte presentado el jueves pasado por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento y había informado que ya sumaban 7.727 libertades plenas: 7.474 personas en libertad restringida bajo medidas cautelares y 253 que permanecían encarceladas.

Rodríguez también mencionó que se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos residentes en el extranjero y exhortó a quienes deseen acceder al beneficio a presentar sus solicitudes esta semana. “Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que sus casos pueda ser procesados”, señaló.

(Con información de EFE)

Durante su intervención en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, extendió una invitación a los venezolanos residentes fuera del país para que soliciten su inclusión en los beneficios de exención establecidos en la legislación aprobada el pasado 20 de febrero. Rodríguez precisó que la medida contempla también a exdiputados que formaron parte del Parlamento elegido en 2015, cuyo mandato finalizó el 4 de enero de 2021, conforme al calendario surgido tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, sobre las que la oposición y entidades internacionales como la Unión Europea mantuvieron críticas.

Según informó la cadena VTV, Jorge Rodríguez comunicó que hasta la fecha 7.580 ciudadanos han recibido los beneficios previstos en la ley de amnistía. Detalló que la aplicación de la normativa ha superado las previsiones iniciales, expandiendo su alcance a casos y situaciones que no estaban recogidas explícitamente en el texto original. De acuerdo con esta declaración, la administración venezolana amplió las opciones de amparo legal dentro del marco de la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación de la medida.

El medio confirmó que Rodríguez realizó el anuncio acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien forma parte de la comisión y ha servido de mediador en procesos anteriores relativos a la liberación de personas detenidas por causas políticas. Zapatero manifestó su respaldo a la ley, argumentando que la amnistía representa un ejercicio de política elevada y reconciliación, capaz de contribuir a dejar atrás los enfrentamientos y promover la convivencia nacional. “Hay en la amnistía futuro, hay en la amnistía política, alta política, perdón, aquello que fundó la democracia. Hay en la amnistía reconciliación, que sintamos que vivimos en un país común, compartido, un destino para todos”, citó el medio venezolano.

Jorge Rodríguez sostuvo en su comparecencia que el proceso abierto bajo el liderazgo de su hermana Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha propiciado avances hacia el diálogo nacional y la búsqueda de consensos con sectores de la oposición. Entre los asistentes a la reunión de la Comisión de Seguimiento, Rodríguez destacó el rol desempeñado por Zapatero, al subrayar que, en su criterio, “alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos que ha hecho a Venezuela para buscar las formas de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo y por la vía de la búsqueda de consensos”, según consignó la cadena VTV.

Aunque la cifra oficial anunciada por Rodríguez alcanza los 7.580 beneficiarios desde la aprobación de la ley, organizaciones independientes mantienen cálculos diferentes. En particular, la ONG Foro Penal reportó durante el fin de semana anterior que únicamente se han producido 690 liberaciones a partir de la implementación de la medida, que inició el 8 de enero de 2026, según publicó la misma cadena venezolana.

Rodríguez pidió a todas las personas que consideren cumplir con los requisitos para acogerse a la ley o a sus extensiones, y que se encuentren fuera del país, que presenten sus solicitudes por escrito o a través de representantes legales a la comisión. Explicó que esta oportunidad contempla no solo a quienes hayan enfrentado procesos judiciales por motivos políticos, sino también a exparlamentarios que finalizaron funciones tras los comicios de 2020. El medio venezolano indicó que estas elecciones no recibieron el reconocimiento de distintas fuerzas opositoras ni de varios organismos internacionales, que concluyeron que el proceso electoral carecía de garantías suficientes.

Durante la actividad, el expresidente Zapatero subrayó el carácter unilateral de la ley promovida por Delcy Rodríguez y la necesidad de trabajar para superar el resentimiento en el contexto político y social actual: “La Venezuela de hoy exige reconciliación, confianza y convivencia y, ¿por qué no?, abrazos”, expresó en declaraciones recogidas por VTV.

En el desarrollo de la sesión, Jorge Rodríguez remarcó que el proceso político impulsado por la ley de amnistía constituye una nueva etapa para Venezuela, centrada en el establecimiento de canales de comunicación y en el tratamiento de los conflictos mediante el diálogo. Tanto Rodríguez como Zapatero insistieron en la importancia de mantener abiertos los espacios de negociación en materia política, para avanzar hacia una mayor convivencia entre los distintos sectores nacionales.

La promulgación de la ley y la posterior conformación de una comisión de seguimiento han buscado facilitar el análisis detallado de las solicitudes y situaciones personales de quienes pudieran beneficiarse de la exención, ofreciendo la posibilidad de evaluar casos individuales bajo el marco normativo aprobado en febrero. Según detalló el medio VTV, el proceso cuenta con mecanismos para recibir y procesar las peticiones presentadas desde el extranjero, con el propósito de aumentar el alcance de la normativa más allá de los límites originalmente previstos.

La Asamblea Nacional de Panamá abrió la convocatoria pública para escoger al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo que ocupará el cargo durante el periodo 2026-2031, en reemplazo del actual titular, Eduardo Leblanc González.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales anunció que las postulaciones se recibirán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, entre 8:30 a.m. y 4:00 p.m., en su sede ubicada en el sexto piso del edificio principal del Legislativo.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución Política, además de presentar la documentación exigida por el reglamento del proceso.

El llamado oficial, firmado por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, presidente de la Comisión de Gobierno, invita a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en ocupar el cargo a presentar una carta de postulación, una hoja de vida, así como certificaciones del Tribunal Electoral y documentos que acrediten el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Entre los requisitos obligatorios también se encuentra el certificado de antecedentes penales, la copia autenticada de la cédula de identidad personal y una declaración notarial bajo juramento que confirme que el aspirante no se encuentra dentro de las limitaciones constitucionales ni en las restricciones establecidas en la Ley 504 de 2025.

La persona seleccionada asumirá la dirección de la Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger y promover los derechos humanos en Panamá, en un momento marcado por cambios legales recientes que buscan fortalecer su funcionamiento.

Durante el primer bimestre de 2026, la entidad gestionó 1,231 trámites relacionados con la defensa de derechos ciudadanos, de los cuales 607 se registraron en enero y 385 en febrero, además de otras gestiones administrativas dentro de su sistema de atención. Del total de casos, se contabilizaron 831 orientaciones, 296 quejas, 97 peticiones y 7 investigaciones iniciadas de oficio, según cifras divulgadas por la institución.

Las estadísticas institucionales muestran que 1,201 de las gestiones correspondieron a trámites individuales, mientras que 23 casos tuvieron carácter colectivo y 7 investigaciones se iniciaron de oficio por la propia Defensoría.

Entre los derechos más invocados por la ciudadanía destacan el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso y el derecho a la salud, temas que concentran buena parte de las consultas, reclamos y solicitudes de mediación presentadas ante la institución encargada de supervisar la actuación de las autoridades públicas y entidades que prestan servicios de interés social.

En cuanto a los canales utilizados por la población para presentar sus casos y consultas, la atención presencial se mantiene como la principal vía de contacto, con 586 trámites registrados en oficinas.

Otros canales utilizados incluyeron WhatsApp, con 184 solicitudes, la línea gratuita 127, con 170 comunicaciones, el correo electrónico, con 123 casos, así como correspondencia escrita, llamadas telefónicas, Defensorías Móviles, el asistente virtual Memoy y plataformas de redes sociales.

La mayoría de las gestiones fueron tramitadas en la sede central de la institución, así como en las oficinas regionales de Chiriquí y Veraguas.

El proceso de elección del nuevo defensor se produce además en un contexto de transformación institucional, luego de la aprobación de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo.

El actual defensor Eduardo Leblanc González explicó que la norma introduce cambios estructurales orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos y ampliar el alcance de la institución dentro del sistema democrático panameño.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la ampliación del ámbito de actuación de la Defensoría, que ahora podrá intervenir en casos relacionados con empresas públicas, privadas y mixtas que presten servicios de interés público.

La normativa también extiende la protección de derechos humanos a ciudadanos panameños que se encuentren en el extranjero, lo que representa una expansión significativa del mandato institucional.

Además, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que las autoridades respondan a los requerimientos de la Defensoría, con una sola prórroga permitida.

La Ley 504 también introduce mecanismos para modernizar la atención ciudadana, incluyendo la gestión digital de casos, el uso de herramientas tecnológicas para inspecciones institucionales y la clarificación de los procesos de orientación, mediación, quejas y peticiones.

Uno de los avances más destacados es la creación de un sistema formal de mediación con acuerdos vinculantes, lo que permitirá que las soluciones alcanzadas tengan carácter obligatorio y generen resultados concretos para las personas afectadas.

Finalmente, la nueva normativa fortalece la estructura interna de la institución mediante la creación de la Carrera Defensorial, además de establecer mecanismos de protección legal para los funcionarios y medidas de transparencia para garantizar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Defensoría.

El nuevo titular del cargo, que será escogido en las próximas semanas por la Asamblea Nacional, tendrá la responsabilidad de seguir implementando estas reformas y dirigir una institución que cumple 28 años de funcionamiento dentro del sistema de defensa de los derechos humanos en Panamá.

La figura del Defensor del Pueblo, conocida también como ombudsman, fue establecida en Panamá en 1997, tras la aprobación de la Ley 7 de 5 de febrero de ese año, con el objetivo de crear una institución independiente encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos frente a posibles abusos, omisiones o actuaciones indebidas de las autoridades públicas.

Desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha tenido el mandato de recibir quejas, mediar en conflictos y formular recomendaciones a las instituciones del Estado para garantizar el respeto de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, a lo largo de los años la entidad no ha estado exenta de cuestionamientos, en medio de críticas de sectores de la sociedad civil y de la población, que han pedido que la institución asuma un papel más preponderante y firme en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a decisiones o actuaciones del aparato estatal.

En un comunicado divulgado el miércoles a través de su cuenta de X, la PUD sostuvo que el gobierno busca consolidar mecanismos que garanticen “lealtad al poder y subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad”. Según el texto difundido por EFE, los opositores afirman que la independencia institucional resulta esencial para recuperar la confianza ciudadana en el Estado y para asegurar el efectivo acceso a la justicia, así como la realización de investigaciones imparciales sobre posibles abusos de poder.

La PUD, que agrupa al grueso de la oposición venezolana, considera que el fiscal general desempeña una función central en la protección del debido proceso y en la reconstrucción del Estado de derecho. El comunicado subraya que la elección de las nuevas autoridades no debe responder a pactos políticos orientados a preservar cuotas de poder ni perpetuar lo que describen como “subordinación” de las instituciones al gobierno. Según lo reportado por EFE, la coalición opositora insiste en que la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo constituye una base imprescindible para cualquier avance hacia la democracia y la institucionalidad.

El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, funcionarios cercanos al gobierno, presentaron su dimisión como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Esta decisión se produjo luego de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos, que abarca 13 casos específicos ocurridos entre 1999 y 2026. Tras las renuncias, Saab asumió temporalmente la Defensoría del Pueblo, mientras que Larry Devoe, abogado también identificado con el oficialismo, quedó como fiscal general encargado, según detalló la agencia EFE.

La legislación venezolana establece que la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General conforman el Consejo Moral Republicano, órgano que integra el denominado Poder Ciudadano y que, de acuerdo con la Constitución, debe estar representado por “diversos sectores de la sociedad”. EFE informó que la Asamblea Nacional, actualmente bajo control del chavismo, habilitó a partir del 2 de marzo un proceso de postulaciones para seleccionar los nuevos titulares de estos organismos. Aunque el plazo original terminaba el lunes siguiente, el Parlamento resolvió extenderlo hasta el viernes 13 de marzo a las 10:00, hora local (14:00 GMT), de acuerdo con la agencia de noticias.

Entre los requisitos para aspirar a los cargos de fiscal general o defensor del pueblo, la ley exige que los candidatos sean ciudadanos venezolanos por nacimiento y carezcan de cualquier otra nacionalidad. Además, deben presentar una declaración formal en la que conste la ausencia de militancia político-partidista y aportar una serie de documentos adicionales requeridos para el proceso de selección, tal como informó EFE.

La PUD sostuvo en su declaración que la independencia real de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo es “una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, según recogió EFE. La coalición opositora advierte que la confianza en las instituciones depende de la imparcialidad y autonomía de las autoridades que las conducen y denuncia que el actual proceso de selección podría perpetuar prácticas opacas que, en su opinión, han deteriorado la institucionalidad venezolana en los últimos años.

El contexto que rodea la selección de nuevos titulares se produce tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos el pasado enero, un episodio que, según la coalición opositora citada por EFE, refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales capaces de garantizar el control y la fiscalización adecuados sobre el poder público. Para la PUD, resulta especialmente relevante fortalecer la figura del fiscal general como “pieza fundamental” en la defensa del debido proceso y en la tarea de transparentar la administración pública.

El debate sobre la designación de autoridades judiciales y de control mantiene el foco sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos institucionales en Venezuela. Según la información divulgada por EFE, la oposición insta a que la integración del Consejo Moral Republicano sea resultado de un proceso abierto, representativo y apegado a los preceptos constitucionales, en lugar de acuerdos políticos que garanticen intereses de una sola facción.

El procedimiento abierto para postulaciones, supervisado por la Asamblea Nacional, incorpora filtros legales diseñados para evitar que los aspirantes mantengan vínculos partidistas, como remarcó EFE. No obstante, la designación de interinos vinculados al oficialismo y la postergación del plazo para la recepción de candidatos generan escepticismo en el ámbito opositor sobre la transparencia y pluralidad reales en la composición del Consejo Moral Republicano.

La agencia EFE reportó que, pese al marco legal que regula la elección de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, diversos sectores de la sociedad venezolana consideran que la actual coyuntura política condiciona el proceso. Por tal motivo, organizaciones de la sociedad civil, activistas y actores opositores continúan manifestando preocupación sobre las garantías institucionales y la posibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho con autonomía efectiva de los poderes públicos.

En la perspectiva de la PUD, la designación de las nuevas autoridades constituye una oportunidad para revertir prácticas que, según su denuncia, han debilitado la confianza ciudadana y las bases democráticas en el país. El comunicado insiste en el llamado a la independencia institucional y advierte sobre las implicaciones que tendría una selección “opaca” en la vigencia del Estado de derecho y la capacidad de investigación frente a posibles violaciones de derechos humanos y abusos de poder, conforme a lo reportado por EFE.

Con la prórroga del proceso de postulaciones y la atención centrada en el desarrollo de las próximas semanas, el desenlace de esta controversia definirá el futuro inmediato de organismos clave del aparato de justicia y control en Venezuela, sujetando el escrutinio nacional e internacional sobre la legitimidad y la independencia en la administración pública del país, según la cobertura continuada de EFE.

La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, pidió este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a que ambas instituciones recuperen credibilidad.

La organización abogó por las elecciones tras la renuncia de sus anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG denuncia que fueron utilizados como “instrumentos de persecución política”.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y, por tanto, puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.

Himiob consideró que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que se trata de una oportunidad real de justicia para miles de víctimas.

“El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.

El 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Saab fue designado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.

La Asamblea Nacional (AN) anunció un proceso de postulaciones para ambos cargos, que cierra este viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

En medio de este panorama político, Foro Penal informó que al menos 673 presos políticos fueron liberados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, seguido por la aprobación de una Ley de Amnistía.

“673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía”, precisó Romero, quien detalló que de ese total, 166 salieron en el marco de la ley.

Actualmente, según Foro Penal, todavía hay 508 presos políticos en el país y un número significativo de detenciones arbitrarias que permanecen bajo análisis y verificación. Romero explicó que muchos de los casos evaluados son antiguos y que las personas no los habían reportado por “temor a represalias o miedo”. A su vez, indicó que la organización continúa verificando casos y que la cifra “puede aumentar”, ya que siguen llegando cientos de personas a sus oficinas en busca de orientación sobre el proceso de amnistía.

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Parlamento comunicó que hasta el jueves 7.727 personas habían sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las cuales 253 salieron de prisión y 7.474 con medidas cautelares ya cuentan con libertad plena.

Romero aseguró que Venezuela sigue atravesando una “profunda crisis institucional” y que todavía no se puede hablar de una “transición democrática ni una reconciliación plena”.

(Con información de EFE)

Los principales gremios periodísticos de Panamá cuestionaron el avance del proyecto de ley que busca reformar el derecho a réplica, una iniciativa impulsada por el diputado Ernesto Cedeño que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

Las organizaciones advirtieron que la propuesta legislativa introduce nuevas obligaciones dentro de la normativa vigente que regula la rectificación de informaciones, lo que —según sostienen— podría alterar el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial en el país.

En un comunicado conjunto fechado el 11 de marzo de 2026, el Foro de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí manifestaron su rechazo al proyecto aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios sostuvieron que la iniciativa convierte un principio de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo legal sujeto a sanción judicial, lo que podría tener impactos directos en la forma en que operan los medios de comunicación.

Las organizaciones recordaron que el ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad, y que dentro de la práctica informativa ya existe el derecho a réplica y rectificación como herramienta de equilibrio profesional.

A su juicio, dar voz a las personas afectadas por una publicación no solo constituye una obligación legal, sino también un principio ético que fortalece la calidad del mensaje periodístico y la confianza de los ciudadanos en los medios.

En ese sentido, los gremios reiteraron que la réplica debe mantenerse como un ejercicio de responsabilidad periodística y no convertirse en un instrumento legal que inhiba la crítica o la fiscalización pública.

Según el pronunciamiento, una regulación que imponga mecanismos rígidos de cumplimiento puede afectar el debate público, especialmente cuando se trata de la labor de los medios de comunicación de investigar, cuestionar o fiscalizar asuntos de interés público.

La preocupación surge a partir del Proyecto de Ley 391, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone modificar el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, normativa que regula el derecho de rectificación o respuesta frente a informaciones consideradas inexactas o agraviantes.

Aunque el derecho a réplica ya está contemplado en la legislación panameña, la iniciativa introduce nuevas condiciones y obligaciones específicas para los medios de comunicación.

Entre los cambios planteados se establece que toda persona afectada por una información difundida en un medio de comunicación podrá exigir que su réplica o rectificación se publique en el mismo órgano de difusión, y que dicha respuesta debe tener el mismo espacio y prominencia que la noticia original.

El texto también contempla que la réplica podría ser incluso mayor que la publicación inicial, dependiendo de las circunstancias del caso.

La propuesta legislativa también incorpora la obligación de que los medios de comunicación mantengan un espacio o sección permanente destinada a publicar rectificaciones, respuestas, aclaraciones o comentarios de las personas afectadas por una información.

Para los gremios periodísticos, este tipo de disposiciones interfiere directamente con la organización editorial y la gestión informativa interna de los medios.

Otro de los cambios que introduce la iniciativa es la imposición de plazos específicos para la publicación de las rectificaciones, estableciendo que estas deberán difundirse dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.

En caso de que el medio demuestre que existieron causas ajenas a su voluntad que impidieron cumplir ese plazo, el proyecto contempla una prórroga adicional de 24 horas para efectuar la publicación.

La propuesta también establece que si la rectificación se publica de forma parcial o defectuosa, la persona afectada podrá acudir a los tribunales alegando violación de su derecho, lo que abre la puerta a procesos judiciales vinculados al cumplimiento de esta obligación.

De esta forma, el proyecto incorpora mecanismos legales más estrictos para exigir la publicación de las respuestas o aclaraciones.

Además, el texto plantea nuevas responsabilidades jurídicas para los propietarios de los medios de comunicación, quienes podrían ser considerados responsables subsidiarios si no se cumple con la publicación de la rectificación en el tiempo establecido.

La responsabilidad también se extendería a los contenidos difundidos en espacios pagados por terceros, incluyendo programas contratados, si sus conductores no publican la réplica presentada por una persona afectada.

Para los gremios de prensa, estas disposiciones amplían las responsabilidades legales más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos.

Según señalaron, extender eventuales sanciones hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan en la elaboración del mensaje periodístico introduce una lógica de responsabilidad que podría generar efectos inhibitorios dentro del ecosistema mediático.

Las organizaciones también señalaron que resulta llamativo que iniciativas de este tipo logren respaldo transversal dentro del debate legislativo, pese a que las diferencias ideológicas suelen dividir a los diputados en otros temas.

A su juicio, esa coincidencia debería invitar a una reflexión más profunda sobre las consecuencias institucionales de decisiones que inciden directamente en el ejercicio de las libertades públicas.

Finalmente, los gremios afirmaron que la transparencia y la protección de la honra se fortalecen a través de la ética profesional y la responsabilidad informativa, y no mediante normas que trasladen responsabilidades desproporcionadas a los medios de comunicación.

En su opinión, cualquier reforma en esta materia debe preservar el equilibrio entre el derecho de las personas a defender su reputación y la libertad de prensa como uno de los pilares del sistema democrático.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), luego de su designación por parte del presidente José Raúl Mulino tras la salida de la anterior titular de la entidad.

La decisión deberá ahora ser sometida a votación del pleno legislativo, que tendrá la última palabra sobre la confirmación de la funcionaria en el cargo.

La designación se produce después de la renuncia de Ana Fábrega, quien dejó la institución en medio de denuncias sobre presuntos maltratos e irregularidades en albergues bajo responsabilidad del Estado.

Las acusaciones se concentraron especialmente en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde surgieron señalamientos que motivaron investigaciones por parte del Ministerio Público y revisiones institucionales sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores.

Antes de la designación de Cárdenas Chanis, el Ejecutivo intentó nombrar a otras dos personas para dirigir la Senniaf, pero ambos nombramientos se cayeron en menos de 24 horas tras recibir cuestionamientos públicos y falta de respaldo político.

La situación prolongó el proceso de selección hasta que el Gobierno formalizó la postulación final de Cárdenas Chanis, cuyo nombramiento ahora depende de la ratificación legislativa.

El caso de las supuestas irregularidades en los albergues tomó relevancia después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, realizara una visita de fiscalización al albergue de Tocumen.

Tras esa inspección, Brenes presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, señalando que los hallazgos detectados durante el recorrido ameritaban una investigación y respuestas institucionales.

En paralelo a este proceso, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, deberá comparecer el 1 de abril ante la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 42 preguntas elaborado por los diputados sobre la gestión del sistema de albergues y la supervisión del Senniaf.

La institución forma parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encargado de coordinar las políticas públicas relacionadas con la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación institucional ante alertas tempranas y las acciones implementadas para garantizar los derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.

Los diputados también solicitarán detalles sobre la forma en que se supervisa el funcionamiento de los albergues y el cumplimiento de la normativa vigente.

El cuestionario aprobado por la Asamblea también exige información sobre las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público.

Los diputados pidieron explicar cuáles son los protocolos institucionales para prohibir castigos físicos, psicológicos u otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como las condiciones físicas, estructurales y técnicas que deben cumplir los centros de atención y cuántos de ellos presentan incumplimientos.

Asimismo, la ministra deberá detallar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas irregularidades en la atención de menores, además de explicar qué medidas se han adoptado para prevenir nuevos casos.

Entre las acciones que deberán ser explicadas se encuentran auditorías internas, mecanismos de vigilancia y el seguimiento institucional a las denuncias presentadas en relación con el funcionamiento de los albergues.

Mientras se desarrolla este proceso legislativo, diputados de distintas bancadas han continuado con recorridos de inspección en albergues del país como parte de las acciones de fiscalización. Estas visitas forman parte de las revisiones impulsadas por la Asamblea Nacional para verificar las condiciones en que operan los centros de protección y el manejo institucional del sistema de atención a menores bajo tutela del Estado.

El Órgano Ejecutivo decidió objetar el proyecto de ley que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud en Panamá, una iniciativa que había sido aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

La decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud (Minsa), que argumentó que la extensión generalizada de horarios debe responder a criterios técnicos, administrativos y de disponibilidad de recursos, y no a una obligación establecida por ley.

La propuesta legislativa pretendía establecer horarios extendidos obligatorios en centros de salud del país, con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios médicos y reducir las limitaciones de atención en horas de la noche.

Sin embargo, el Ejecutivo objetó el proyecto en su totalidad por considerarlo inconveniente, señalando que el sistema sanitario ya aplica estrategias de ampliación de horarios de manera gradual y según las necesidades de cada región.

Actualmente, 119 instalaciones del Ministerio de Salud cuentan con horario extendido a nivel nacional, una modalidad que permite ofrecer atención médica después de las 3:00 de la tarde en distintos centros del país.

Según la entidad, esta estrategia busca garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud, especialmente en áreas donde la demanda de pacientes requiere ampliar la disponibilidad de consultas y procedimientos médicos. Minsa respalda objeción del Pro…

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere una estructura administrativa completa, por lo que no se trata únicamente de mantener abierto un centro de salud durante más horas.

“El Ministerio de Salud tiene desde hace tiempo establecido horarios extendidos en muchos centros de salud”, indicó el funcionario, al destacar que la ampliación de atención ya se aplica en varias instalaciones del sistema público.

Boyd señaló que abrir un centro de salud en horario extendido implica la contratación y disponibilidad de múltiples perfiles de personal, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia y personal de limpieza, además de recursos para el funcionamiento operativo del establecimiento.

“El abrir un horario extendido no implica nada más que un médico, implica nombrar enfermeras, médicos, camilleros y otros trabajadores”, explicó el ministro al referirse a los costos administrativos que conlleva ampliar el servicio.

El titular de Salud también advirtió que la ampliación de horarios debe aplicarse en lugares donde exista una demanda real de atención, ya que mantener instalaciones abiertas durante la madrugada o en horarios de baja afluencia podría generar un uso ineficiente de los recursos públicos.

“Tenemos que administrar los pocos recursos que tiene el Estado de manera que puedan ser utilizados de la mejor forma posible”, afirmó Boyd al explicar la postura del ministerio frente al proyecto aprobado por los diputados.

Betserai Richards, diputado por la libre postulación e integrante de la bancada Seguimos, defendió el proyecto que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud y cuestionó la decisión del Ejecutivo de objetarlo en su totalidad.

El legislador sostuvo que la iniciativa no surgió de forma improvisada, sino que fue construida dentro de la comisión legislativa tras un proceso prolongado de análisis.

Según Richards, la propuesta permaneció en discusión por más de un año y durante ese tiempo recibió observaciones técnicas, incluyendo aportes de asesores vinculados al propio Ministerio de Salud.

A su juicio, el objetivo central del proyecto era facilitar el acceso de la población a los servicios médicos, especialmente en un sistema donde muchos pacientes enfrentan dificultades para obtener atención oportuna.

El diputado también señaló que la experiencia cotidiana de los usuarios del sistema público de salud dista de la visión expuesta por las autoridades.

En ese sentido, mencionó problemas como las extensas filas para conseguir una cita, el desabastecimiento de medicamentos y las limitaciones de infraestructura en distintas instalaciones, factores que —según planteó— reflejan una situación distinta a la descrita en los reportes oficiales.

De acuerdo con el ministro, el Minsa continuará evaluando la posibilidad de ampliar los horarios en otras instalaciones sanitarias, pero lo hará de forma planificada y priorizando las zonas donde la población requiere mayor acceso a atención médica.

Esta estrategia, según explicó, busca garantizar que los centros de salud que operen en horario extendido cuenten con el personal y la infraestructura necesarios para atender adecuadamente a los pacientes.

El ministerio también indicó que la ampliación de horarios debe formar parte de una planificación sanitaria que identifique cuáles centros pueden cubrir mejor a la población durante la noche o en situaciones de urgencia.

Según Boyd, la meta es informar a la población cuál es el centro de salud más cercano a su residencia que cuenta con atención en horarios extendidos, especialmente en casos de emergencias o consultas médicas fuera del horario habitual.

Antes de concluir la ceremonia en la Asamblea Nacional, António José Seguro anunció que una de sus primeras acciones como presidente será condecorar a su antecesor, Marcelo Rebelo de Sousa, con la Orden de la Libertad. Este reconocimiento busca destacar tanto “su amor por Portugal” como la relevancia de una figura cuya presencia ha marcado la vida política reciente del país. Desde este contexto, António José Seguro asumió oficialmente el cargo de presidente, tras prestar juramento sobre la Constitución y comprometerse públicamente a representar a toda la ciudadanía, según publicó la prensa lusa.

En el transcurso de su discurso de investidura, reportó la prensa local, Seguro afirmó que ejercerá su mandato desde la independencia y el respeto absoluto a la pluralidad parlamentaria. Subrayó la importancia de la cooperación institucional y transmitió a los legisladores y al país su disposición a colaborar en la defensa y el fortalecimiento del sistema democrático. “Les deseo todo lo mejor y les aseguro mi cooperación institucional, respetando la Constitución de la república, sobre la cual acabo de prestar juramento solemne”, declaró, acompañado por Rebelo de Sousa, al que agradeció los años de servicio ofrecidos al país.

Según consignó la prensa lusitana, el mandatario dedicó buena parte de su intervención a llamar la atención sobre la necesidad de proteger la democracia en un contexto marcado por el auge de formaciones ultraderechistas. Seguro insistió en su compromiso, definido como resultado de una “convicción” personal y de forma “independiente”, reiterando así una de sus principales promesas de campaña, cuando se presentó como un candidato abierto más allá de sus vínculos socialistas y orientado al consenso.

Durante su pronunciamiento, de acuerdo con la información de la prensa local, el presidente puso énfasis en restaurar la confianza social y el sentido de comunidad entre los portugueses. “Sé que hay muchos portugueses indignados, muchos dejaron de creer. Dejo un mensaje: crean en Portugal. Creo que todos son necesarios y que cada uno tiene un papel, es urgente restaurar el sentido de comunidad”, afirmó, en referencia a la fragmentación social reciente y el auge de discursos extremos promovidos por la ultraderecha.

El medio luso detalló que Seguro abordó las desigualdades y la necesaria exigencia hacia las instituciones democráticas, apuntando a los principales “desafíos estructurales” que afronta Portugal y cuya resolución, señaló, no debe recaer en la improvisación. Frente a los partidos políticos, el presidente sugirió que los próximos tres años sin elecciones representan una “oportunidad de oro” para que las formaciones sitúen los intereses nacionales por encima de agendas inmediatas, advirtiendo que “la democracia necesita tiempo para producir resultados satisfactorios”.

Seguro expresó en el hemiciclo que, como jefe de Estado, se compromete a promover acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas, subrayando: “El país gana cuando los partidos consiguen coincidir en lo esencial. Como presidente de la república, haré todo para promover los acuerdos entre los responsables políticos”, en palabras recogidas por la prensa portuguesa. Esta declaración retoma la idea central de su campaña electoral, basada en la búsqueda de mayorías amplias y la voluntad de alejarse de polarizaciones.

De acuerdo con los reportes de la prensa lusa, António José Seguro llega a la presidencia tras obtener el mayor respaldo electoral registrado durante la democracia portuguesa. Su victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero frente al candidato de la ultraderecha, André Ventura, consolidó su liderazgo y le otorga una posición de fortaleza institucional de cara a los desafíos que ha enumerado durante la asunción.

El Banco Nacional de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Nacional que modifica las reglas sobre la prescripción de las deudas, una iniciativa que, según la entidad estatal, podría afectar la seguridad jurídica del sistema financiero y comprometer los recursos de los depositantes.

La institución adelantó que su departamento legal ya preparó una opinión técnica y enviará una carta al Ejecutivo pidiendo el veto, al considerar que el proyecto introduce cambios que alterarían la relación contractual entre acreedores y deudores en el país.

La posición fue expresada por el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, quien advirtió que la norma podría generar consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema bancario y la administración responsable de los fondos depositados por los clientes.

“Se está jugando con la plata de los depositantes. No podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos”, afirmó el ejecutivo al referirse al proyecto aprobado por los diputados.

Según explicó, la iniciativa introduce mecanismos que acelerarían la prescripción o caducidad de ciertas obligaciones financieras, lo que para el banco representa un cambio significativo respecto al esquema vigente durante décadas.

Carrizo sostuvo que el sistema crediticio en Panamá se ha sostenido históricamente sobre un marco contractual claro entre el acreedor y el deudor, basado en reglas que establecen plazos, condiciones de pago y procedimientos legales en caso de incumplimiento.

“Tiene que llevar el proceso que se ha llevado por años, por décadas, donde es un tema contractual entre el deudor y el acreedor”, señaló. Desde su perspectiva, intervenir legislativamente para acelerar la prescripción de deudas podría alterar ese equilibrio jurídico, lo que a su juicio debilitaría la confianza en las reglas que rigen el crédito en el país.

El gerente del banco estatal también manifestó preocupación por el impacto que la propuesta podría tener sobre la protección de los recursos administrados por las instituciones financieras, en especial cuando se trata de fondos que pertenecen a los depositantes y que deben ser gestionados bajo criterios de prudencia y seguridad.

“Meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, afirmó. Con esa declaración, Carrizo dejó claro que el Banco Nacional considera prioritario preservar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los clientes.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, la iniciativa establece un mecanismo para que los bancos y entidades financieras reconozcan de manera administrativa la prescripción de ciertas deudas de sus clientes, sin necesidad de que exista previamente una declaración judicial.

El texto señala que el procedimiento se aplicará a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se fundamenta en el artículo 1652 del Código de Comercio, que establece que algunas acciones derivadas de contratos financieros prescriben en un plazo de tres años.

La propuesta también crea un procedimiento formal para que los clientes soliciten ese reconocimiento directamente a la entidad financiera.

Según el proyecto, el deudor podrá presentar la solicitud a través del Sistema de Atención de Reclamos (SAR) del banco, y la entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una respuesta. La decisión que adopte el banco será vinculante para la institución y deberá notificarse por escrito al cliente.

En caso de que la solicitud sea rechazada, la entidad deberá explicar las razones y el usuario podrá acudir posteriormente a la Superintendencia de Bancos para presentar un reclamo.

El proyecto también establece que si la entidad financiera no responde dentro del plazo establecido, el silencio se interpretará como aceptación de la prescripción de la deuda, lo que obligaría al banco a reconocerla administrativamente.

Además, la norma contempla lineamientos para la notificación a los burós de crédito y mecanismos de supervisión por parte de las autoridades regulatorias, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Este cambio es precisamente el que ha generado preocupación en el sector financiero. Las entidades bancarias sostienen que el reconocimiento automático o administrativo de la prescripción podría alterar la forma en que se gestionan los créditos y los procesos de cobro, ya que tradicionalmente la prescripción de una deuda se determina en el marco de un proceso judicial o mediante la defensa legal del deudor ante un tribunal.

Desde esta perspectiva, consideran que trasladar ese reconocimiento al ámbito administrativo podría modificar la dinámica contractual entre acreedor y deudor.

Las solicitudes de opositores venezolanos en el extranjero para acogerse a la ley de amnistía han llegado a la Asamblea Nacional, según reportó el medio Europa Press. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, confirmó la existencia de peticiones por parte de figuras políticas y ciudadanos residentes fuera de Venezuela interesados en beneficiarse del mecanismo aprobado el pasado 20 de febrero. Esta legislación permite que personas procesadas desde 1999 accedan a la “libertad plena”, tanto para quienes ya estaban encarcelados como para quienes mantenían restricciones judiciales.

De acuerdo con Europa Press, Rodríguez informó a la salida de la Asamblea Nacional que hasta la fecha más de 7.300 personas han sido liberadas como resultado directo de la aplicación de la norma. “A día de hoy, 7.365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena”, explicó el dirigente ante medios de comunicación. Esta cifra refleja el alcance que ha tenido la legislación impulsada por el órgano parlamentario.

El medio Europa Press detalló que la ley, aprobada en febrero, busca la excarcelación de quienes hayan cometido delitos desde 1999 y abre la posibilidad para que venezolanos exiliados puedan regresen y participen políticamente bajo el resguardo de esta normativa. Rodríguez señaló que la Comisión de Seguimiento de la ley ha recibido la instrucción de procesar cualquier caso presentado desde el exterior, con el propósito de asegurar que las personas que deseen regresar para ejercer actividad política en el país cuenten con instancias de atención a sus solicitudes. “Hemos ordenado a la Comisión de Seguimiento de la ley (...) que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero”, sostuvo el presidente del Parlamento.

Europa Press consignó también declaraciones de la líder opositora María Corina Machado desde Washington, quien expresó su voluntad de regresar a Venezuela “en pocas semanas” con la intención de avanzar en un acuerdo político nacional y organizarse para futuros procesos electorales. No obstante, las autoridades venezolanas indicaron que Machado deberá comparecer ante la Justicia, ya que está acusada de solicitar intervención militar extranjera en Venezuela, según apuntó Europa Press.

La ley de amnistía, desde su promulgación, generó reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Organizaciones políticas y sociales han seguido de cerca la cantidad de beneficiarios y el proceso para excarcelar a las personas alcanzadas por la medida. Según Europa Press, la iniciativa representa una de las mayores acciones de este tipo desde 1999, año a partir del cual la normativa contempla beneficios para delitos cometidos.

Las implicancias de la ley también se hacen sentir en la diáspora venezolana, dado que buena parte de los beneficiarios potenciales se encuentra fuera del país por causas políticas o judiciales. Ante ello, Rodríguez reiteró el llamado para que quienes deseen acogerse a la amnistía se pongan en contacto con la Comisión de Seguimiento, la encargada de procesar las solicitudes provenientes del exterior, tal como publicó Europa Press.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los solicitantes ni los criterios aplicados caso por caso. Rodríguez evitó dar nombres concretos y solo confirmó la existencia de solicitudes, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. El enfoque de la Asamblea Nacional se centra en garantizar el acceso al derecho previsto en la ley y en reforzar el procedimiento para quienes buscan reincorporarse a la vida política en Venezuela.

Con la cifra total de más de 7.300 personas liberadas, el Parlamento se mantiene en la supervisión del impacto y evolución del proceso de amnistía, mientras continúan las gestiones para ampliar su alcance y facilitar el retorno de exiliados a territorio venezolano, detalló Europa Press.

En medio de la crisis institucional que atraviesa el sistema de protección de la niñez en Panamá, marcada por denuncias de maltrato y negligencia en albergues administrados por el Estado, el presidente José Raúl Mulino sancionó una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La aprobación de esta normativa ocurre pocos días después de que Ana Fábrega presentara su renuncia como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en medio de cuestionamientos públicos por la situación en los centros de protección infantil.

La nueva legislación establece un marco legal para el acogimiento familiar como alternativa temporal y excepcional destinada a proteger a menores que han sido privados del cuidado parental o cuyos derechos han sido vulnerados.

El texto aprobado define el acogimiento como una medida de protección que busca garantizar el bienestar integral de niños y adolescentes en un entorno familiar seguro mientras se determina una solución definitiva para su situación, priorizando siempre el interés superior del menor y su derecho a crecer en un ambiente familiar estable. acogida temporal

De acuerdo con el contenido de la ley, el objetivo principal es restituir de manera expedita el derecho de los menores a convivir en un entorno familiar adecuado, evitando que permanezcan por largos periodos en instituciones.

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La norma también plantea reducir la institucionalización prolongada de niños en albergues y promover alternativas familiares supervisadas por el Estado, con el fin de garantizar condiciones de desarrollo emocional y social más favorables. acogida temporal

El texto legislativo establece que el acogimiento familiar podrá aplicarse cuando un niño, niña o adolescente carezca de cuidado parental debido a abandono, negligencia, violencia u otras situaciones que obliguen a la separación de su entorno familiar, ya sea por decisión judicial o administrativa.

Bajo este esquema, una familia acogente asume de forma temporal el cuidado del menor mientras las autoridades evalúan la posibilidad de reintegrarlo a su familia de origen o definir otra solución permanente, siempre bajo la supervisión del sistema de protección de la niñez. acogida temporal

La ley también introduce distintos tipos de acogimiento familiar, incluyendo modalidades de corto o mediano plazo que pueden extenderse por varias semanas o hasta doce meses, así como acogimientos de emergencia para responder a situaciones urgentes que requieran separar inmediatamente al menor de su entorno familiar.

Este modelo busca ofrecer una respuesta rápida y flexible ante situaciones de riesgo, priorizando el bienestar físico y emocional del niño o adolescente afectado. acogida temporal.

Otro aspecto central de la normativa es la creación de un programa nacional de acogimiento familiar que será coordinado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entidad responsable de definir los criterios de selección, evaluación y seguimiento de las familias acogentes, así como de garantizar la supervisión permanente de cada caso para asegurar que se respeten los derechos de los menores.

El sistema también contempla mecanismos de apoyo psicosocial, capacitación y acompañamiento a las familias que participen en el programa. acogida temporal.

Durante la sanción de la ley, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que la normativa representa un paso importante para modernizar la política pública de protección infantil en Panamá, al establecer una red estructurada de familias que puedan brindar cuidado temporal a menores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Según la funcionaria, el objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades para ofrecer entornos protectores que reduzcan el abandono, la negligencia y la institucionalización de niños en albergues.

La ministra señaló además que cuando se fortalece la red de cuidado en la comunidad, disminuyen los casos de abandono o descuido de niños y adolescentes, y se crean alternativas más humanas y cercanas para su protección.

Sin embargo, la funcionaria enfrenta cuestionamientos políticos por su rol como presidenta del Consejo Directivo del Senniaf, cargo que ocupa por su condición de titular del Ministerio de Desarrollo Social, y deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para responder sobre las denuncias de maltratos y presuntas irregularidades en los albergues del sistema de protección infantil.

Hasta ahora, el acogimiento familiar en Panamá se aplicaba de forma limitada y sin un marco legal integral, lo que generaba vacíos en los procedimientos, dificultades en la coordinación institucional y falta de lineamientos claros para las familias interesadas en participar en estos programas.

La nueva ley busca ordenar ese sistema mediante reglas claras, supervisión estatal y mecanismos judiciales que garanticen la protección de los derechos de los menores.

Con esta legislación, Panamá adopta un modelo que prioriza la convivencia familiar frente a la institucionalización, alineado con principios internacionales de protección de la niñez que promueven que los menores crezcan en entornos familiares y no en centros de cuidado prolongado.

La normativa establece además que la permanencia en instituciones deberá ser siempre excepcional y por el menor tiempo posible, mientras se identifica la solución más adecuada para cada caso. acogida temporal

La aprobación de esta ley se produce en un momento de alta sensibilidad pública sobre la situación del sistema de protección infantil, y su implementación será observada de cerca por organizaciones sociales, autoridades judiciales y organismos de derechos humanos, que han insistido en la necesidad de transformar el modelo de atención a menores en situación de vulnerabilidad en el país.

La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional continúa esta semana con recorridos de inspección en centros de atención integral y albergues bajo supervisión del Estado, como parte de las investigaciones que adelanta el Legislativo tras las denuncias de presuntas irregularidades en instalaciones del sistema de protección infantil en Panamá.

Las visitas forman parte de una serie de fiscalizaciones impulsadas por la comisión que preside la diputada Alexandra Brenes. De acuerdo con el cronograma de trabajo, los diputados han realizado inspecciones en instalaciones ubicadas en la provincia de Colón y este miércoles tienen previsto recorrer otros centros de atención en distintos puntos de la ciudad de Panamá y áreas cercanas al centro de la capital.

Las giras buscan verificar directamente las condiciones en las que operan los albergues y centros de atención integral que funcionan bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de la protección de menores que se encuentran bajo custodia del Estado.

Durante las visitas, los diputados revisan aspectos relacionados con la infraestructura, la presencia de personal especializado, los protocolos de atención y las condiciones de convivencia dentro de los centros donde residen menores de edad. De acuerdo con Brenes lo encontrado deja mucho que decir.

“En la visita a los albergues en Colón, evidenciamos decisiones apresuradas y falta de protocolos para la entrega de un menor. Esto daña la estabilidad emocional de un niño. Sigo sin entender qué ha hecho la Dirección del SENNIAF en todo este tiempo en el cargo. ¡Humanidad por Dios!”, escribió Brenes en sus redes sociales.

El proceso de inspección se da en medio de la crisis institucional que atraviesa la Senniaf tras la renuncia de su directora, Ana Melinda Fábrega. La dimisión fue presentada el martes 3 de marzo y posteriormente aceptada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La renuncia se produjo en un contexto de creciente presión política y social derivada de denuncias sobre presuntas irregularidades en algunos albergues administrados o supervisados por el sistema estatal de protección infantil.

Horas antes de conocerse su salida del cargo, Fábrega debía comparecer ante la Asamblea Nacional para sustentar la memoria anual de la institución. Sin embargo, no acudió a la citación y presentó un certificado de incapacidad médica.

Posteriormente se confirmó que la funcionaria había presentado su renuncia al Ejecutivo, en momentos en que aumentaban las solicitudes de explicaciones por parte de diputados y organizaciones civiles sobre el funcionamiento de los albergues

Tras la salida de Fábrega, el presidente Mulino designó como directora encargada de la Senniaf a Otilia Rodríguez Domínguez, quien previamente se desempeñaba como directora de Protección Especial de Derechos dentro de la misma institución que está bajo el esquema del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La designación generó nuevas reacciones dentro de la Asamblea Nacional. La diputada Alexandra Brenes señaló en sus redes sociales que Rodríguez Domínguez también enfrenta una denuncia por presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, omisión de deberes de servidor público y por la supuesta entrega de menores sin cumplir con el debido proceso.

Brenes sostuvo que las acciones de fiscalización realizadas por la comisión responden a las denuncias ciudadanas y a la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de protección infantil en el país.

“La presión ciudadana y la fiscalización sí funcionan. Pero la niñez sigue siendo vulnerable bajo la tutela del Estado; es prioridad actuar para evitar que haya un caso más”, expresó la diputada en una publicación difundida en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la parlamentaria también pidió respuestas a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien preside la junta directiva de la Senniaf.

“Ministra Carles, necesitamos soluciones estructurales, no más improvisación”, señaló Brenes, al tiempo que reiteró que la comisión se mantiene a la espera de la citación aprobada por el pleno legislativo.

El origen de la crisis institucional se remonta a una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se reportaron presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de infraestructura, la falta de personal especializado y la convivencia de menores con adultos dentro del mismo espacio.

Las denuncias derivaron en una investigación del Ministerio Público y en una serie de inspecciones institucionales para determinar si existieron violaciones a los protocolos de protección infantil o posibles responsabilidades penales.

Como parte de las medidas adoptadas tras estas inspecciones, las autoridades ordenaron el traslado de varios jóvenes que permanecían en ese centro hacia otras instalaciones del sistema de atención estatal, aunque esto generó nuevas críticas, ya que afectaría a otros estudiantes que reciben atención en dichas instalaciones.

Luego de dos intentos, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el funcionamiento de los albergues y los mecanismos de supervisión del sistema de protección de menores.

Entre los puntos que los diputados buscan esclarecer se encuentran el número de albergues que operan en el país, la cantidad de menores bajo custodia del Estado y los protocolos existentes para prevenir abusos o situaciones de maltrato dentro de estas instalaciones.

Mientras continúan las investigaciones y las inspecciones legislativas, la nueva dirección de la Senniaf deberá enfrentar uno de los momentos más complejos para el sistema de protección infantil en Panamá, en medio de cuestionamientos sobre la gestión institucional y demandas de reformas estructurales para garantizar la protección de los menores bajo tutela estatal.

El proceso disciplinario que llevó a la suspensión de Kang Dong Gil, quien se encontraba al frente del apoyo militar en el Estado Mayor Conjunto durante la declaración de la ley marcial, derivó ahora en su dimisión al frente de la Armada surcoreana. Según informó Europa Press, Kang formalizó su renuncia tras varias semanas de separación de sus funciones. Las acciones del Ministerio de Exteriores, que declaró la aplicación de “medidas disciplinarias contundentes”, precipitaron la salida del almirante. La Armada concretó en un comunicado que Kang ha optado por apartarse del cargo en reconocimiento a la gravedad de las medidas dictadas contra él.

La renuncia de Kang Dong Gil se enmarca en el contexto de las fuertes presiones institucionales surgidas por su supuesta vinculación con la ley marcial promulgada a finales de diciembre de 2024. De acuerdo con Europa Press, este decreto resultó en el despliegue de fuerzas militares en torno al Parlamento y en la destitución del entonces presidente Yoon Suk Yeol. La suspensión de Kang ocurrió poco después de que el Ministerio también apartara temporalmente al comandante de las Operaciones Terrestres, Joo Sung Un, por una posible implicación compartida en la misma declaración.

El medio Europa Press detalló que la crisis institucional generada a raíz de la ley marcial desencadenó un proceso judicial sin precedentes en el país. Los tribunales condenaron al ex presidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua bajo la acusación de delitos de insurrección que incluyeron la movilización del Ejército en las inmediaciones del Parlamento. El exmandatario alegó ante la Justicia que la adopción de la ley marcial perseguía prevenir una supuesta crisis nacional, pretensión que la magistratura no aceptó.

Europa Press consignó que la ley marcial también fue rechazada a escala legislativa y duró en vigor poco tiempo gracias a la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de una resolución que exigía su revocación. Posteriormente, los diputados votaron a favor de la destitución del presidente Yoon, decisión confirmada por el Tribunal Constitucional en abril de 2025, lo que consumó el relevo en la jefatura del Estado.

La dimisión de Kang y las investigaciones en curso afectan a los máximos responsables militares al tiempo que el número dos de la Armada se hará cargo de manera interina, según Europa Press. El ambiente político y militar surcoreano sigue sometido al escrutinio derivado de las consecuencias del uso de medidas militares para gestionar situaciones políticas, provocando la revisión y suspensión de altos mandos. Las medidas disciplinarias y destituciones ilustran el efecto prolongado sobre la estructura del mando militar y el debate nacional sobre los límites legales de la actuación castrense en el marco constitucional.

Ana Melinda Fábrega Guardia presentó su renuncia irrevocable como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) de Panamá este martes. La decisión fue expuesta al presidente panameño, José Raúl Mulino.

Según confirmaron fuentes oficiales al medio TVN Noticias, la funcionaria abandonó el cargo en medio de un grave escándalo originado por denuncias de irregularidades en los albergues bajo tutela estatal, específicamente en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La salida de Fábrega se produjo mientras se encontraba citada a comparecer ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional. No asistió a la sesión parlamentaria convocada para sustentar la memoria institucional, aumentando el clima de desconfianza y presión política. Su ausencia fue justificada mediante una nota, en la que se refirió a una “situaciones de salud” como impedimento para cumplir con la agenda de fiscalización.

El origen inmediato de la crisis remite al reciente escándalo en el albergue perteneciente al distrito de Tocumen, que reveló condiciones de abandono e incumplimiento de los protocolos internacionales para la protección de la infancia.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud, fue quien llevó el caso ante las autoridades judiciales. Según las denuncias presentadas por la legisladora, en dicho centro se habrían vulnerado los derechos más fundamentales de los menores, detectándose no solo el abandono físico de las instalaciones, sino un patrón de abusos que ahora están bajo la lupa de la fiscalía.

Las investigaciones del Ministerio Público buscan determinar la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de estos menores, ante escenarios de convivencia inadecuada donde, según los reportes, niños y adolescentes compartían espacios con adultos, incrementando exponencialmente los riesgos de agresión.

Se viralizaron imágenes de infraestructura deteriorada, áreas verdes descuidadas y cercas oxidadas. Las denuncias incluyeron hacinamiento grave y la convivencia de menores con adultos, transgrediendo estándares de derechos humanos y comprometiendo la seguridad infantil.

El caso provocó un extenso debate en todo el país, ya que surgieron numerosos cuestionamientos acerca de la infraestructura en las instituciones involucradas. Además, se difundieron reportes sobre posibles situaciones de abuso que habrían afectado tanto a menores de edad como a personas adultas que se encontraban bajo la protección del Estado.

Ante la gravedad de los hechos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) rompió el silencio expresando su “profunda preocupación” por las denuncias que empañan al sistema de protección panameño. El organismo internacional fue enfático al advertir que los albergues no son entornos idóneos para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos de la niñez señalaron que la renuncia representa apenas un primer paso, en tanto persisten deficiencias estructurales en los mecanismos de auditoría y supervisión de Senniaf.

El impacto de las denuncias periodísticas aceleró la presión pública sobre la directiva de la Senniaf en una coyuntura marcada por movilización social y reclamos por la integridad de los menores.

La legisladora Brenes, presidenta de la Comisión legislativa, informó que la comparecencia se reprogramaría para el 10 de marzo, pero la confirmación de la renuncia cambió el escenario político y administrativo del organismo.

Gobierno panameño aún no define a la nueva autoridad de Senniaf

El Ejecutivo panameño no ha designado aún a la persona que asumirá la conducción de Senniaf. La interinidad abre un periodo de incertidumbre administrativa, en el que los sectores críticos insisten en la urgencia de una reforma estructural y en la necesidad de profundizar las investigaciones sobre negligencia y maltrato en los centros bajo control estatal o tercerizado.

La memoria institucional que Fábrega debía sustentar tenía como tema central el manejo de recursos y la situación legal de los menores albergados. Así como el análisis detallado de la situación legal de los menores que permanecían albergados bajo su protección.

En el marco del 182 aniversario de la independencia, el presidente Luis Abinader presentó su informe de rendición de cuenta de los avances obtenidos durante su gestión en áreas clave como economía, desarrollo social, educación, salud, infraestructura y seguridad, El discurso ante la Asamblea Nacional se centró en datos, proyectos ejecutados y metas para los próximos años.

La economía dominicana cerró 2025 con un crecimiento del 2.1 %, acelerándose a 3.5 % en enero de 2026, con proyecciones de 4.5 % para el presente año, de acuerdo con cifras del Banco Mundial citadas por Abinader.

El país fue ubicado por el Harvard Growth Lab entre las 20 economías de mayor dinamismo global para la próxima década. Según el mandatario, las exportaciones alcanzaron los 16,000 millones de dólares, lo que representa un salto del 14.4 % respecto a 2024 y del 42.3 % frente a 2019. Por cuarto año consecutivo, la inversión extranjera directa superó los 4,000 millones de dólares, ubicándose en 5,000 millones en 2025.

El salario mínimo en grandes empresas cubrió por primera vez el 106.8 % de la canasta básica del primer quintil, mientras que los aumentos salariales oscilaron entre el 25 % y 30 % en sectores clave.

El presidente resaltó el descenso de la pobreza general del 19 % al 17.3 % entre 2024 y 2025, mientras que la pobreza extrema bajó de 2.4 % a 2.2 % según datos de la CEPAL. Esto equivale a casi 200,000 personas fuera de la pobreza en el último año.

Reducción del endeudamiento y desempeño financiero

La deuda pública consolidada descendió a 58.5 % del PIB, desde el 69.1 % registrado en 2020. La recaudación tributaria se situó en 15.6 % del PIB y el déficit fiscal bajó a 3.45 %.

Las calificadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s mejoraron o mantuvieron la nota crediticia del país. El sistema financiero reportó activos equivalentes al 56.1 % del PIB, con un índice de solvencia cercano al 17 %.

Inclusión social, vivienda

El programa Supérate se consolidó como la herramienta principal de combate a la pobreza. El plan Aliméntate benefició a casi 1,5 millones de familias, mientras que los subsidios Bono Gas Hogar y Bono Luz alcanzaron a más de 1.3 millones y 557,000 hogares, respectivamente.

Por su parte, el Fondo a la Discapacidad extendió cobertura a 10,660 familias con hijos en situación de discapacidad severa. Los comedores económicos del Estado distribuyeron más de 60 millones de raciones cocidas y se abrieron once nuevos establecimientos.

El plan de titulación entregó 32,000 certificados de propiedad en 2025, con 162,000 títulos acumulados desde el inicio de la gestión. En materia de vivienda, los programas Mi Vivienda y Familia Feliz entregaron 2,125 nuevas casas, a las que se sumarán otras 3,115 este año.

Paralelamente, se repararon o rehabilitaron 6,158 viviendas para más de 20,000 personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Expansión de la salud pública y atención sanitaria

Durante 2025, se inauguraron 30 establecimientos de salud, incluyendo el mayor hospital regional en San Francisco de Macorís y varias unidades oncológicas. Se destinaron más de 3,778 millones de pesos a equipamiento médico.

El número de consultas, análisis y cirugías se incrementó respecto al 2019; la atención domiciliaria registró cerca de 600,000 visitas y se desplegó una red nacional para la atención del pie diabético.

El programa de medicamentos de alto costo benefició a 8,283 pacientes, ampliando la cobertura en 16.6 %. La mortalidad infantil cayó 18.9 % y la neonatal 15.3 % en el último año.

La cobertura de salud mental se reforzó, pasando de 137 a 192 camas hospitalarias, con la meta de llegar a 500. No se reportó ninguna muerte por dengue en 2025 y se mantuvo la cifra en cero para fallecimientos por alcohol adulterado durante los últimos cuatro años.

Reformas en educación y tecnología

El gobierno impulsó una reforma curricular y legislativa orientada a fortalecer la formación para el empleo y la innovación. Se amplió la red de centros de primera infancia y el acceso a educación inicial.

En secundaria, la cobertura neta llegó a 861,000 estudiantes, avanzando hacia la meta de 900,000 en 2028.

Las respectivas autoridades incorporaron equipos de robótica, ferias científicas y la modalidad STEAM en el currículum. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) atendió a más de 1,083,000 participantes en 2025.

El transporte estudiantil sumó 1,871 autobuses y se distribuyeron 13 millones de libros de texto. En el ámbito docente, 3,625 nuevos profesores ingresaron por concurso.

Seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen

La tasa de homicidios en 2025 se situó en 8.15 por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja registrada, ubicando a República Dominicana como el segundo país más seguro de Centroamérica y el Caribe. El proceso de reforma policial favoreció el ingreso de 9,503 nuevos agentes, entre ellos 3,269 mujeres. Se construyeron 32 estaciones policiales en 2025, con la proyección de llegar a 100 antes de finalizar el mandato.

En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron casi 32 toneladas de drogas y se desarticularon 152 estructuras delictivas. Se construyen diez nuevos centros penitenciarios y fue impulsada la reforma del Código Penal y Procesal Penal. La puntuación en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional mejoró de la posición 136 en 2020 a la 99 en 2025.

Transición energética, medio ambiente y recursos naturales

El Ministerio de Medio Ambiente digitalizó servicios y aceleró el procesamiento de permisos ambientales, aprobando inversiones por 22,000 millones de dólares. Se reforestaron 20 millones de plantas en 2024 y 2025, y se formalizó el cierre de vertederos históricos en varias provincias.

La capacidad instalada de generación eléctrica pasó de 4,921 a 7,120 megavatios entre 2020 y 2025, con la participación de energías renovables cuadruplicada de 11 % a 29 %. Se electrificaron 9,000 viviendas rurales desde 2020.

En materia hídrica, se ejecutó la inversión más alta en infraestructura de agua de la historia reciente, multiplicando por cuatro lo invertido en los veinte años previos. Más de 500,000 personas accedieron a agua potable en 2025 y se transformaron 45 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo.

Igualdad de género, juventud y programas sociales

El embarazo adolescente se redujo en 56.5 % desde 2021. La tasa de ocupación laboral femenina superó el 50 % y el desempleo disminuyó. Los programas de atención integral a mujeres víctimas de violencia brindaron casi 100,000 atenciones, con 1,210 personas protegidas en casas de acogida.

La Escuela de Igualdad Magaly Pineda capacitó a 7,292 personas y se otorgaron bonos y formación técnica a mujeres en sectores no tradicionales. Programas de empleo, becas y emprendimiento impactaron a 250,000 jóvenes entre 2020 y 2025, con 30,000 beneficiarios del plan Oportunidad 1424.

Cultura y deportes: actividades y nuevas obras

La Estrategia Nacional de Formación Artística alcanzó a más de 9,200 estudiantes. La Bienal Nacional de Artes Visuales y la Feria Internacional del Libro superaron los 75,000 y 700,000 visitantes, respectivamente. Se digitalizó el arte rupestre de la Cueva número uno de Pomier y se realizaron más de 328 actividades culturales en el exterior.

En deportes, se invirtieron más de 1,200 millones de pesos en 40 nuevas obras y 150 instalaciones remodeladas. Se inició la construcción de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo y 25 en municipios que nunca habían contado con instalaciones de ese tipo. El respaldo a atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe sumó 3,905 millones de pesos.

Acción exterior y defensa nacional

Durante 2025, la diplomacia dominicana mantuvo una agenda activa en seguridad regional y la crisis de Haití. Se profesionalizó la carrera diplomática y se avanzó en la segunda fase de la verja perimetral en la frontera.

La modernización de las Fuerzas Armadas incluyó la adquisición de nuevos equipos, tecnología anti UAV y el ensamblaje nacional de aeronaves y vehículos blindados. La industria militar nacional produjo ambulancias y vehículos especializados, con impacto en la reducción de costos y generación de empleos.

La República Dominicana conmemora este 27 de febrero el 182 aniversario de su Independencia Nacional, proclamada en 1844. La fecha, considerada uno de los hitos más importantes de la historia del país, recuerda el nacimiento de la nación como Estado libre y soberano, tras 22 años de ocupación haitiana en la parte oriental de la isla de La Española.

La proclamación de la independencia tuvo lugar en la histórica Puerta de la Misericordia, donde Matías Ramón Mella realizó el emblemático trabucazo en la madrugada del 27 de febrero de 1844, marcando el inicio formal del movimiento independentista. Posteriormente, en la Puerta del Conde, Francisco del Rosario Sánchez izó por primera vez la bandera dominicana, inspirado por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte.

El movimiento de independencia surgió como respuesta al descontento generado por las reformas políticas, económicas y sociales implementadas por el gobierno haitiano, que incluyeron cambios en la propiedad de la tierra, servicio militar obligatorio y restricciones culturales. Frente a este contexto, Duarte y un grupo de jóvenes comprometidos fundaron La Trinitaria el 16 de julio de 1838, sentando las bases para la creación de un nuevo Estado.

Tras la proclamación, se formó la Junta Central Gubernativa como primer órgano de gobierno provisional. El proceso independentista no concluyó con la declaración, ya que entre 1844 y 1856 se libraron diversas batallas para consolidar la soberanía nacional frente a los intentos de reconquista haitiana. Entre los principales enfrentamientos destacan la Batalla del 19 de Marzo en Azua y la Batalla del 30 de Marzo en Santiago, ambas en 1844, y la Batalla de Las Carreras en 1849.

La independencia dominicana no solo significó la ruptura con Haití, sino también el surgimiento de símbolos patrios que hoy son motivo de orgullo nacional.

En el aniversario número 182, la comunidad internacional se ha sumado a las felicitaciones y reconocimientos. Entre los mensajes destacados figura el enviado por el rey Carlos III del Reino Unido al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano, en el que expresa: “Mi esposa y yo deseamos expresar a Su Excelencia y al pueblo dominicano nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros más cálidos buenos deseos”. El monarca británico subraya la importancia de la amistad entre ambas naciones y reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en los próximos años, especialmente ante desafíos como el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

Desde Estados Unidos, la embajada en Santo Domingo compartió un saludo especial en redes sociales. “Hoy los acompañamos celebrando el orgullo y la alegría que hacen única a la República Dominicana”, señala la publicación, en la que funcionarios estadounidenses participaron en actividades conmemorativas y respondieron preguntas sobre la cultura dominicana.

A nivel nacional, las actividades oficiales incluyen desfiles, ofrendas florales frente a monumentos patrióticos, actos cívicos y discursos presidenciales. La fecha también está marcada por la tradicional rendición de cuentas del presidente ante la Asamblea Nacional, conforme lo establece la Constitución.

La Independencia Nacional se mantiene como símbolo de unidad y reafirmación de la dominicanidad. Cada año, el 27 de febrero se recuerda el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y para renovar el compromiso con la defensa de la soberanía y los valores democráticos. El legado de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella perdura como fundamento de la identidad dominicana y fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

En todo el país, la conmemoración fortalece el sentimiento de orgullo nacional y la memoria colectiva en torno a los ideales que dieron origen a la República Dominicana. El reconocimiento internacional recibido en este aniversario refuerza la proyección del país como una nación libre, soberana y abierta al diálogo y la colaboración con la comunidad global.

La visita oficial del presidente del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda, a la Asamblea Nacional de Panamá estuvo marcada por un mensaje centrado en la cooperación bilateral, la diplomacia parlamentaria y el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, en el marco de una sesión especial del Pleno Legislativo que reunió a autoridades panameñas y a una delegación oficial española.

Durante su intervención, Rollán agradeció la hospitalidad panameña y destacó el papel del embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, a quien reconoció como un puente permanente entre ambas naciones. El líder del Senado español subrayó que, pese a la distancia geográfica, Panamá y España mantienen una relación de unión basada en vínculos históricos, culturales y democráticos que continúan proyectándose hacia el futuro.

El presidente del Senado enfatizó que Panamá no es un país cualquiera para España, debido a los lazos históricos y a la evolución reciente de la relación bilateral. En ese sentido, señaló que ambos países han compartido principios democráticos, procesos de fortalecimiento institucional y etapas en las que la defensa de las libertades ha sido un objetivo común, lo que refuerza la afinidad política y social entre las dos naciones.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la diplomacia parlamentaria como herramienta clave para estrechar relaciones y promover iniciativas conjuntas, destacando que los parlamentos representan la voz directa de los ciudadanos y permiten compartir experiencias legislativas, buenas prácticas y mecanismos de cooperación institucional.

Rollán afirmó que este intercambio resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar democracias más sólidas.

El dirigente español también hizo referencia al contexto internacional, describiendo un mundo cambiante en el que las relaciones entre socios estratégicos evolucionan, lo que obliga a fortalecer alianzas históricas y a consolidar nuevos espacios de cooperación.

En ese marco, destacó que Panamá y España comparten elementos que trascienden el tiempo, como la lengua, la cultura, las tradiciones y la vocación de superación, factores que, a su juicio, constituyen la base de una relación duradera.

Asimismo, Rollán resaltó la importancia de la comunidad iberoamericana como actor estratégico en el escenario global, afirmando que los países de la región deben asumir un rol activo en la construcción de políticas comunes. En su mensaje, advirtió que en los nuevos tiempos es preferible ser actor y no espectador, subrayando la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional para enfrentar desafíos globales.

El presidente del Senado también valoró el papel geoestratégico de Panamá, destacando que el país es capaz de conectar el Atlántico y el Pacífico y facilitar el tránsito del comercio mundial, lo que lo convierte en un socio relevante para España.

En ese contexto, reconoció la participación de empresas e ingenierías españolas en proyectos de infraestructura en Panamá, señalando que el intercambio de conocimientos ha sido enriquecedor para ambas partes.

En materia educativa, Rollán destacó que España es un destino de formación para jóvenes panameños, resaltando el valor del intercambio académico como herramienta de desarrollo y autorrealización. Según expresó, la educación constituye un pilar para fortalecer la relación bilateral y generar oportunidades que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en beneficio de sus comunidades.

La delegación española que acompañó al presidente del Senado estuvo integrada por los senadores Javier Maroto Aranzábal y Concepción Andreu Rodríguez, las secretarias del Senado Eva Ortiz Vilella y María de los Ángeles Luna Morales, y personal técnico de las Cortes Generales, además del embajador Guzmán Palacios. Por parte de Panamá, la recepción estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, junto a diputados de distintas bancadas y autoridades legislativas.

El encuentro también permitió avanzar en la agenda interparlamentaria, en la que se abordaron temas vinculados a la organización del foro parlamentario previsto para octubre y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en noviembre, eventos que, según Rollán, reflejan el compromiso de ambas naciones con el fortalecimiento del espacio iberoamericano.

En su mensaje final, el presidente del Senado subrayó que la visita debe entenderse como un primer paso para profundizar el diálogo institucional y la cooperación legislativa, reiterando la disposición de España a seguir trabajando junto a Panamá en iniciativas que generen beneficios concretos para sus ciudadanos. Asimismo, destacó la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de estos encuentros y de consolidar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar avances.

La Asamblea Nacional de Panamá, por su parte, reafirmó su compromiso de promover espacios de integración y colaboración interparlamentaria, destacando que la relación con España ha contribuido al desarrollo institucional y democrático del país. La sesión especial evidenció la intención de ambas naciones de consolidar una agenda común basada en cooperación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la comunidad iberoamericana.

Cincuenta y dos personas de nacionalidad extranjera se encuentran entre los 568 liberados en Venezuela tras la aprobación de una ley de amnistía, según detalló la organización Foro Penal. Esta cifra forma parte del proceso iniciado con la nueva medida, que ha dejado en libertad tanto a civiles como a militares, después de la aprobación de la amnistía por parte de la Asamblea Nacional y bajo impulso del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. De acuerdo con lo informado por Foro Penal y reportado por varios medios de comunicación, el número total de personas excarceladas se desglosa en 505 hombres y 63 mujeres, distribuidos en 386 civiles y 182 militares, incluyendo 567 adultos y un adolescente.

Foro Penal comunicó, a través de un mensaje difundido en redes sociales, que estas excarcelaciones se enmarcan en la ley de amnistía promulgada tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en un operativo realizado por fuerzas estadounidenses a principios de enero. La organización también precisó que, desde 2014 y hasta la fecha presente, las detenciones "por motivos políticos" han sumado un total de 18.944 casos en Venezuela, evidencia de la persistente conflictividad política y de represión reportada en el país durante la última década.

Esta ley de amnistía fue aprobada la semana anterior por la Asamblea Nacional y respaldada por Rodríguez en su rol de presidenta encargada. El proceso se desarrolla en un contexto marcado por la intensa polarización tras la captura del exmandatario y su esposa. Según Foro Penal, estos datos recogen la magnitud de la medida legal y sus primeras consecuencias directas en la liberación de personas encarceladas por motivos políticos.

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Arreaza, ha informado de la recepción de 7.461 solicitudes de excarcelación una semana después de que se aprobó la nueva ley. De acuerdo con Arreaza, a esto ha seguido la "liberación plena" de 4.151 personas, incluidas 217 que se encontraban privadas de libertad y otras 3.934 bajo medidas cautelares. Este proceso refleja el alcance administrativo y judicial del mecanismo que se está implementando en el país.

Las cifras publicadas dan cuenta de la complejidad del fenómeno de las detenciones políticas en Venezuela, especialmente desde las protestas de 2014, cuando el opositor Leopoldo López fue arrestado y posteriormente condenado a 13 años y nueve meses de prisión bajo cargos de incitación a las movilizaciones contra el gobierno. Los eventos de aquel año registraron 43 fallecidos. Tras esas protestas, se abrió un primer intento de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que se interrumpió poco tiempo después por fragmentación política interna y la ausencia de movilizaciones en las calles.

La respuesta por parte del Ejecutivo venezolano ha subrayado los límites de la amnistía. Según publicó el medio en base a declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, se dejó en claro que la disposición legal "no ampara delitos futuros" y representa una herramienta para fortalecer la convivencia democrática en el país. Durante su espacio en ‘Con el Mazo Dando’, Cabello declaró: “No estoy amenazando, estoy haciendo un favor para evitar confusiones y fomentar un clima político más estable”. Asimismo, puntualizó que cualquier política de reconciliación requiere responsabilidad y control, para evitar repeticiones de episodios de violencia o intentos de golpe de Estado.

Cabello también recordó antecedentes relacionados con anteriores procesos de amnistía e indultos, subrayando que parte de los beneficiados continuaron involucrándose en acciones con efectos desestabilizadores para el Estado venezolano. Por eso mismo, el Ejecutivo insiste en que las nuevas medidas deben entenderse como una oportunidad para “mantener el camino electoral como rumbo institucional”.

El medio que dio cobertura a estos acontecimientos resaltó que, dentro de los beneficiados por la amnistía, se encuentran militares y civiles, así como menores de edad, en consonancia con la política estatal orientada a una reconciliación condicionada estrictamente al respeto de la legalidad y el orden establecido. La aprobación de la ley y la aplicación del mecanismo de excarcelación han generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales, al tiempo que el número creciente de solicitudes refleja la magnitud de la expectativa generada entre los familiares de personas detenidas por motivos políticos.

El flujo de solicitudes recibidas tras la promulgación de la norma evidencia la dinámica que se vive actualmente en el país, donde el sistema judicial y los órganos legislativos gestionan un alto número de casos en el contexto de la transición política que se produce tras la detención de Maduro. Según informó la Asamblea Nacional, la liberación de más de cuatro mil personas incluye tanto quienes estaban privados de libertad como aquellos sujetos a medidas cautelares, lo que amplía el impacto de la ley de amnistía y agrega complejidad a su implementación.

El acumulado histórico de detenciones por razones políticas, divulgado por Foro Penal, subraya la dimensión de la problemática desde el inicio de la ola de protestas contra el gobierno en 2014. La organización ha actuado como vértice de denuncia y seguimiento de estas cifras, proporcionando información regularmente a nivel nacional e internacional sobre el estado de los derechos humanos y la situación carcelaria en Venezuela.

Los episodios anteriores de diálogo entre gobierno y oposición han tenido resultados limitados, según consignó el medio, en parte por la falta de acuerdo perdurable y la fragmentación de la oposición, representada entonces por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La situación vivida en años anteriores establece el precedente ante el cual se analiza la iniciativa actual de amnistía y las advertencias institucionales que la acompañan.

Por otro lado, la intervención del ministro Cabello advierte sobre la necesidad de que la amnistía se entienda dentro de los lineamientos de responsabilidad política y legal. De acuerdo con su postura, la ley no constituye un permiso para que futuros delitos políticos queden impunes, sino que busca alentar un clima más favorable a la participación democrática y pacífica.

El monitoreo de la aplicación de la ley, según los datos proporcionados por Foro Penal y fuentes oficiales citadas por el medio, continuará siendo objeto de atención pública, tanto dentro de Venezuela como en el entorno internacional, dada la trascendencia del proceso en la evolución reciente de la política venezolana.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó el 25 de febrero de 2026 la Ley 509, que modifica la legislación relacionada con el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes) en Panamá, tras la decisión de la Asamblea Nacional de incorporar y ajustar las objeciones acerca de la constitucionalidad y viabilidad financiera de puntos clave del proyecto original. La norma busca impedir compromisos de gasto público sin una fuente clara de financiamiento y elimina disposiciones que duplicaban funciones previamente asignadas por ley a otras entidades estatales relacionadas con el deporte.

El anuncio lo emitió el portal oficial de la Presidencia de la República, aunque Mulino no se había pronunciado en sus redes sociales sobre la sanción, hasta el cierre de esta nota.

Objeciones presidenciales frenaron artículos por duplicidad y falta de respaldo presupuestario

Las objeciones del Ejecutivo surgieron después de que el órgano Legislativo aprobara el Proyecto de Ley 100 de 2024 en septiembre de 2025. Un informe enviado por el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea en octubre de 2025 advirtió que los artículos 31-M y el numeral 5 del 31-N comprometían recursos públicos “sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria”, lo cual contradecía los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política de Panamá.

A la vez, los artículos 31-B y 31-F presentaban “una duplicidad funcional y programática”, al coincidir con lo dispuesto en la Ley 16 de 1995 —reguladora de Pandeportes— y la Ley 50 de 2007, modificada por la Ley 9 de 2011. Desde la óptica del Ejecutivo, la creación de un nuevo Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas reproducía funciones ya establecidas, como el otorgamiento de becas deportivas para estudios superiores en el extranjero, que actualmente gestiona Pandeportes junto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Después de recibir las observaciones del presidente Mulino, la Asamblea Nacional debatió y modificó los cuatro artículos señalados por problemas de inexequibilidad e inconveniencia. Estas enmiendas se aprobaron en tercer debate el 6 de enero de 2026, lo que habilitó la sanción presidencial.

Con la entrada en vigencia de la Ley 509, Pandeportes mantiene sus competencias legales sobre la entrega de becas deportivas, premios y condecoraciones al mérito deportivo, en coordinación con el Ifarhu. La nueva ley excluye la ejecución de programas repetidos que hubieran generado compromisos económicos sin respaldo presupuestario.

La aprobación y sanción de la Ley 509 formalizan el mandato constitucional que establece: “toda disposición que comprometa gasto público debe identificar clara fuente de financiamiento”, y consolidan la estructura programática actual del deporte en Panamá, según la normativa vigente desde 1995.

Sobre Panadeportes

Al asumir la dirección de Pandeportes, Miguel Ordóñez identificó 36 proyectos abandonados, algunos de ellos desde el gobierno de Juan Carlos Varela. El saldo financiero de estos retrasos es de USD 280 millones, lo que refleja el impacto profundo de la inacción estatal. Explicó que, hasta la fecha, 24 de esos proyectos han sido recuperados, enfocados o encaminados, representando un avance sustantivo con una inversión movilizada de USD 187 millones, según TVN Noticias.

Como parte de esta estrategia, Ordóñez destacó la importancia de separar la política de la administración deportiva con el fin de asegurar la continuidad y finalización de las obras. Señaló que la infraestructura concentra el 75% del presupuesto de Pandeportes, y atribuyó el deterioro y paralización de múltiples iniciativas a la falta de “interés, de voluntad y de competencia” en gestiones pasadas.

El caso más paradigmático, según lo revelado por Ordóñez a TVN Noticias, es el del estadio Roberto Mariano Bula de Colón. Este estadio fue calificado como la “historia fea” de los proyectos inconclusos: fue licitado originalmente por USD 15,9 millones, y tras años de abandono y conflictos contractuales, su costo para el Estado ascendió a USD 34 millones.

Precisó que la administración anterior intentó una solución administrativa para romper el contrato, pero perdió en los tribunales y el fallo judicial obligó a pagar al contratista el mayor “equilibrio contractual” en la historia de Pandeportes, de USD 7,4 millones. Como resultado, el Estado fue declarado responsable del retraso y se acordó una liquidación por mutuo acuerdo.

Las autoridades de Nicaragua recibieron el aval parlamentario para gestionar un préstamo de USD 97 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), orientado a la ampliación y modernización de la red vial nacional.

El acuerdo, divulgado en el Diario Oficial La Gaceta, citado por EFE, otorgó al Ejecutivo el respaldo legislativo necesario para avanzar en la obtención del financiamiento.

La aprobación se produjo en una sesión unánime de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo mantiene el control absoluto de los votos, según lo registrado en el acuerdo presidencial. La iniciativa fue promovida por el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes actúan como copresidentes del país.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) asumió la responsabilidad de ejecutar el denominado ‘XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’. El convenio especificó que los fondos servirían para financiar obras en distintos tramos estratégicos.

El Ejecutivo otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para suscribir el contrato con el BCIE. Espinoza Rivera formalizó el acuerdo cinco días después de recibir la autorización, el pasado 5 de febrero.

La contratación de este crédito coincidió con movimientos recientes en el gabinete económico. En octubre, el Gobierno había delegado la suscripción de un préstamo mayor, por USD 235 millones, al entonces ministro de Hacienda, Öscar Danilo Mojica Aguirre.

Ese monto incluía los USD 97 millones recientemente aprobados. La salida de Mojica Aguirre del Ministerio de Hacienda en diciembre implicó la transferencia de la gestión financiera a Nicolás Espinoza Rivera. Según la información oficial, Mojica Aguirre es hijo del actual titular del MTI, óscar Salvador Mojica Obregón, quien quedó a cargo de la administración de los recursos provenientes del BCIE.

El BCIE es el principal organismo financiero multilateral para proyectos de infraestructura en Centroamérica y mantiene una relación con los gobiernos de la región. El financiamiento autorizado se inscribió en una estrategia oficial de fortalecer la conectividad vial como motor de desarrollo y movilidad.

En 2025, Nicaragua autorizó gestionar un préstamo por USD 138 millones con el BCIE

En octubre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó de manera expedita que el Ejecutivo gestionara un préstamo por USD 138 millones con el BCIE. Esta autorización, enviada con carácter urgente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue ratificada rápidamente por el Legislativo, controlado por el oficialismo.

El contrato, firmado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el BCIE, se formalizó los días 13 y 15 de octubre de ese año. Los fondos se asignaron al ‘XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’, enmarcado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano.

El programa contempla la ampliación y mejoramiento de 52,52 kilómetros de carreteras mediante cinco proyectos de infraestructura vial. Entre ellos destacaron la ampliación del acceso al puesto fronterizo Las Manos, Dipilto (11,67 km) y del acceso al puesto El Guasaule, Somotillo (6,13 km), ambos en la frontera con Honduras, según información de EFE.

Otros proyectos incluyeron la construcción de la circunvalación entre Diriamba-Jinotepe (13,67 km), la circunvalación de la ciudad de Estelí (12,02 km) y la ampliación de la carretera Las Piedrecitas-Los Brasiles junto con la construcción de un nuevo paso a desnivel en Managua (9,03 km).

Diversas organizaciones opositoras solicitaron al BCIE que condicionara los desembolsos al Gobierno de Ortega y Murillo al cumplimiento de estándares en derechos humanos. Estas demandas surgieron en el contexto de una preocupación internacional persistente por la situación política y social en el país.

La renuncia de dos figuras clave del aparato estatal venezolano se produjo apenas horas después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad una ley de amnistía que habilita la liberación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999, y el anuncio del cierre y la transformación de El Helicoide, conocido como centro de detención. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, este escenario se desarrolló en un clima de inquietud política e intensas observaciones desde el exterior sobre la situación institucional del país.

El órgano legislativo recibió las renuncias formales tanto del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. El anuncio lo realizó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien detalló que los funcionarios enviaron cartas informando sobre su dimisión, lo que fue confirmado en una sesión plenaria. Ambos funcionarios habían sido ratificados en octubre de 2024, estableciéndose un periodo de gestión hasta 2031, según consignó Europa Press.

Tras comunicarse las dimisiones, la Asamblea Nacional designó inmediatamente reemplazos provisionales hasta que se inicie un nuevo proceso de selección. Larry Devoe fue nombrado como fiscal general encargado, mientras que Tarek William Saab pasó a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, relevando a Ruiz. La carta de Alfredo Ruiz mencionó razones personales y problemas de salud como motivo de su salida, según detalló el medio Europa Press.

La trayectoria de Tarek William Saab ha estado marcada por su papel en la política judicial del país. Saab asumió el cargo de fiscal general en 2017, tomando el lugar de Luisa Ortega Díaz, luego de desempeñarse durante tres años como defensor del pueblo. Según publicó Europa Press, Saab se mostró como uno de los principales portavoces críticos del oficialismo frente a la operación de Estados Unidos, llevada a cabo el 3 de enero en Caracas, que concluyó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante su gestión al frente del Ministerio Público, Saab impulsó investigaciones contra numerosas figuras de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado y Edmundo González, entre otros. Estas acciones han generado acusaciones y fuertes críticas desde sectores internacionales que denuncian una presunta persecución política sistemática contra adversarios del gobierno venezolano, reportó Europa Press.

El contexto de las dimisiones de Saab y Ruiz se ve afectado directamente por la reciente aprobación de la ley de amnistía, texto legal que, según detalló Europa Press, posibilita la excarcelación de personas implicadas en delitos ocurridos desde final del siglo pasado. Esta medida, dándole un giro al escenario judicial y penitenciario, fue complementada con el anuncio oficial sobre el cierre y la reconfiguración de El Helicoide, una estructura emblemática utilizada durante años como centro de reclusión.

La sucesión de estos acontecimientos ha generado significativas repercusiones, dentro y fuera de Venezuela, por el impacto sobre la estabilidad institucional, la continuidad de los procesos judiciales y el balance de poderes al interior del Estado. Según Europa Press, el carácter expedito de las sustituciones temporales y la intensidad de las críticas internacionales subrayan la atmósfera de tensión política que atraviesa Venezuela en este periodo.

En la sesión parlamentaria donde se oficializaron los relevos, se dio cuenta además de la necesidad de activar un nuevo procedimiento para nombrar formalmente a los funcionarios titulares en ambos cargos fundamentales para el control y vigilancia de los derechos y la legalidad en el país. Europa Press reseñó que la comunidad internacional observa con atención estos cambios institucionales, pidiendo transparencia y respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Henrique Capriles, dirigente opositor venezolano, cuestionó la existencia de un “consenso” para nombrar defensor del pueblo a quien, hasta hace pocos días, desempeñó la función de fiscal general y ha sido señalado como responsable de la persecución judicial en Venezuela. Según reportó Europa Press, Capriles expresó su desacuerdo ante estos nombramientos recientes, argumentando que representan una afrenta para quienes han sido víctimas de presunta represión en el país y para quienes esperan un cambio real en la estructura de los poderes públicos.

El medio Europa Press detalló que el ex gobernador y dos veces candidato presidencial calificó la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General y su inmediata designación como defensor del pueblo de “burla a las víctimas”. En palabras de Capriles, “¿Quién hace la judicialización? El Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. Nos parece el colmo de la amnistía. Es una burla que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer (...) el responsable de la persecución (...) ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo”. Asimismo, advirtió que este tipo de acciones constituyen una falta de seriedad en el manejo institucional del país.

Europa Press señaló que Capriles también criticó la designación de Larry Devoe, al describirlo como una figura identificada con el partido de Gobierno. A juicio del dirigente opositor, Venezuela necesita autoridades imparciales en cargos clave, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como un Poder Judicial autónomo que ejerza sus funciones de manera independiente. Capriles indicó que la sustitución de Saab al frente del Ministerio Público y el nombramiento de Devoe no responden a una necesidad de cambio genuina, sino a la perpetuación de un sistema que, sostuvo, no representa los intereses generales de la población.

El líder político recalcó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que tras presentarse la renuncia de Saab, resulta indispensable conformar un comité de postulaciones de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Capriles afirmó que la organización política Unión y Cambio, de la que forma parte, participará en ese proceso luego de votar en contra de las designaciones realizadas este miércoles, y manifestó: “Estaremos a favor de cualquier cosa que signifique algo bueno para el país y para la gente”.

Sobre la renuncia de Alfredo Ruiz al cargo de defensor del pueblo, Capriles explicó que la figura carecía de peso real para la ciudadanía venezolana. Señaló que, a pesar de que el cargo está contemplado en la Constitución, no se desempeñaba ninguna labor efectiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos. En esa línea, consideró que el cambio al frente de ese despacho no implica una transformación sustancial mientras persista la designación de figuras ligadas al oficialismo.

Respecto a la permanencia de estructuras similares en otras instituciones, Capriles insistió en la necesidad de debatir el funcionamiento integral del Poder Judicial, al mencionar al Tribunal Supremo de Justicia como foco pendiente de revisión y posibles reformas estructurales. Según Europa Press, el dirigente apuntó que el proceso de designación de autoridades debe ser tomado en serio y no utilizado como una forma de proteger cargos o cuotas de poder.

Europa Press contextualizó que Tarek William Saab se desempeñó como fiscal general de Venezuela desde 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, y anteriormente ocupó la Defensoría del Pueblo durante tres años. Durante su gestión en la Fiscalía, Saab encabezó investigaciones y acciones judiciales contra líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González, acciones que suscitaron críticas desde la comunidad internacional, que acusó al sistema judicial venezolano de persecución política. Además del historial de investigaciones, se destacó su postura crítica frente a las operaciones estadounidenses en Caracas, incluida la acción del 3 de enero que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

De acuerdo con Europa Press, la renuncia de Saab se produce poco después de la aprobación por unanimidad en la Asamblea Nacional de una ley de amnistía, que habilita la excarcelación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999. Esta iniciativa legislativa coincidió también con la decisión de cerrar y transformar El Helicoide, complejo penitenciario utilizado como centro de reclusión en Caracas. Estas medidas forman parte de una serie de modificaciones recientes en la estructura del sistema penal venezolano.

Henrique Capriles puntualizó que los últimos cambios impulsados por la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, merecen un análisis profundo respecto de su impacto en el ejercicio independiente de las instituciones del país. Insistió, según recogió Europa Press, en que las expectativas de la sociedad venezolana van más allá de simples relevos de funcionarios y demandan una auténtica renovación de los poderes públicos.

La Asamblea Nacional avanza en la discusión de iniciativas legislativas que buscan reconfigurar el esquema de incentivos al sector agropecuario, con el análisis en subcomisión del proyecto de ley 431 de 2025, una propuesta que pretende modificar la Ley 107 de 2013, considerada la base del programa estatal de apoyo a la producción nacional de granos y rubros agrícolas.

La iniciativa se encuentra en fase de evaluación técnica dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y plantea ajustes estructurales al programa de incentivos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la entrega de subsidios, ampliar la cobertura de productos y resolver distorsiones que, según sus proponentes, han limitado el acceso de algunos productores a los beneficios establecidos por la legislación vigente.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la inclusión efectiva del guandú dentro del esquema de incentivos, rubro que, pese a su importancia en la dieta nacional y su presencia en la producción agrícola del interior del país, ha enfrentado barreras para acceder al programa debido a requisitos relacionados con la certificación de semillas.

La propuesta plantea flexibilizar este criterio, permitiendo el uso de semillas no certificadas hasta que el Comité Nacional de Semillas apruebe una certificación formal para este cultivo.

El texto legislativo establece además que el programa se circunscribirá a productos como arroz, maíz, porotos, frijoles, guandú, sorgo, soya, papa, cebolla y tomate industrial, consolidando un catálogo de rubros estratégicos para la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia de importaciones.

También incorpora definiciones técnicas relacionadas con rendimiento por hectárea, seguro agropecuario obligatorio y semilla certificada, con el propósito de uniformar criterios de evaluación para el otorgamiento de incentivos.

Entre las medidas concretas, el proyecto introduce bonos por hectárea cultivada y pagos por productividad, diferenciados por cultivo, así como incentivos específicos para multiplicadores de semillas y productores con sistemas de riego, buscando elevar la competitividad del sector agrícola y promover el aumento de la superficie sembrada.

En paralelo, la discusión legislativa se produce en un contexto en el que otro proyecto, el número 450, ya fue prohijado y avanza hacia su primer debate, con un enfoque que comparte la finalidad de fortalecer el programa de incentivos, pero con diferencias en su alcance. Esta segunda iniciativa propone incorporar el plátano dentro del programa estatal, argumentando su peso en la seguridad alimentaria y su impacto económico en varias provincias del país.

El proyecto 450 establece que el programa perseguirá objetivos como garantizar la autosuficiencia agrícola, contener el aumento de la canasta básica, mejorar la rentabilidad del sector y elevar la competitividad productiva, además de introducir incentivos específicos para productores de plátano basados en niveles de rendimiento por hectárea.

Aunque ambas iniciativas coinciden en la necesidad de reformar la Ley 107 y ampliar el alcance del programa, su diseño revela estrategias complementarias más que excluyentes.

Mientras el proyecto 431 se enfoca en corregir distorsiones operativas y ampliar beneficios a rubros que enfrentan limitaciones técnicas, el proyecto 450 apunta a incorporar nuevos cultivos al esquema de incentivos y reforzar la lógica de seguridad alimentaria desde una perspectiva más amplia.

La subcomisión que analiza el proyecto 431 tendrá la tarea de revisar ajustes técnicos y económicos relacionados con los mecanismos de desembolso de incentivos, así como evaluar la posibilidad de introducir prácticas agrícolas que mejoren el rendimiento frente a los efectos del cambio climático.

En las sesiones participaron gremios de productores, autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Comité Nacional de Semillas y el Instituto de Seguro Agropecuario, quienes presentaron observaciones orientadas a fortalecer la iniciativa.

El debate legislativo refleja la presión existente para modernizar el esquema de incentivos agrícolas en Panamá, en un escenario marcado por desafíos como la volatilidad de precios internacionales, la reducción de áreas cultivadas y la necesidad de aumentar la productividad para garantizar el abastecimiento interno.

El sector agrícola panameño registró en 2025 una producción total de 3.8 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 1.3 millones de toneladas frente al periodo anterior, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Este avance estuvo impulsado por cultivos como arroz, maíz, frijoles y sorgo, pilares de la seguridad alimentaria nacional y rubros directamente vinculados al programa de incentivos que busca reformar la Asamblea Nacional.

En el segmento de granos básicos, la producción conjunta de arroz, maíz, frijol y sorgo se ubicó en 11.7 millones de quintales, mientras que la superficie sembrada superó las 127 mil hectáreas, con participación de más de 7,000 productores, concentrados principalmente en provincias con fuerte tradición agrícola como Chiriquí, Los Santos y Veraguas.

Estas cifras dimensionan el peso económico y social de los cultivos incluidos en la discusión legislativa.

En hortalizas y frutales —grupo que incorpora papa, cebolla, tomate industrial y plátano— la producción también mantuvo relevancia en el mismo ciclo 2024-2025, con 60,909 toneladas en hortalizas y 230,873 toneladas en frutales.

Al abordar el impacto institucional de los recientes cambios en la política exterior de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, comunicó la designación de Oliver Blanco y Andrea Corao Faria en nuevos cargos clave, junto a la incorporación de Rander Peña, en una estrategia orientada a diversificar alianzas internacionales y fortalecer la representación del país en escenarios globales. De acuerdo con la información publicada por el medio que reporta estas designaciones, estos movimientos buscan responder a la coyuntura política y la necesidad de construir confianza tanto a nivel interno como externo.

Según informó el medio, Oliver Blanco asumirá la viceministría para Europa y América del Norte. En un comunicado, Blanco expresó que acepta esta responsabilidad con especial atención al contexto político actual de Venezuela. Declaró: “No milito en el partido del Gobierno y, por eso, valoro esta decisión, que expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país y que se inscribe en la vocación y liderazgo que ha mostrado la presidenta encargada de promover la unidad nacional en un momento donde la construcción de confianza es central para definir nuestro futuro”. Tal como publicó el medio, la trayectoria de Blanco incluye funciones como director de Comunicaciones en la Asamblea Nacional de Venezuela y militancia en Acción Democrática, así como asistencia a Henry Ramos Allup, actual secretario general de esa formación política de tendencia socialdemócrata.

De acuerdo con el mismo medio, Delcy Rodríguez informó en redes sociales que Andrea Corao Faria será la nueva viceministra para Asia, Oriente Próximo y Oceanía. Hasta este anuncio, Corao Faria cumplía funciones como responsable de la viceministría para Europa y América del Norte. El reporte señala que las autoridades consideran que su experiencia y dedicación contribuirán a fortalecer la diplomacia venezolana con países que mantienen relaciones estratégicas con el país sudamericano.

En la misma línea de renovación, el medio detalló el nombramiento de Rander Peña, quien hasta ahora dirigía la secretaría general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como nuevo viceministro para Comunicación Internacional. Peña reemplazará a Camilla Fabri de Saab. El periódico recuerda que Fabri de Saab es esposa de Alex Saab, quien ha sido señalado como presunto testaferro del expresidente Nicolás Maduro.

La reestructuración alcanza otras áreas: la vacante en la viceministría para América Latina queda en manos de Mauricio Rodríguez, quien anteriormente ocupó la titularidad del Ministerio de Comunicación e Información y se desempeñó como encargado de negocios de la representación venezolana en España. Según consignó el medio, este cargo diplomático está por debajo del rango de embajador, pero implica funciones clave en la relación bilateral entre ambos países.

Los recientes anuncios han tenido como eje la diversificación de las alianzas internacionales de Venezuela, así como el impulso de la unidad nacional al incorporar figuras con antecedentes en partidos opositores o sin afiliación oficialista, como es el caso de Oliver Blanco, interpretación emanada de sus propias declaraciones citadas por el medio. Además, la rotación de funcionarios en áreas estratégicas evidencia una apuesta por renovar la representación del país ante regiones con relevancia creciente para la política exterior venezolana.

Los analistas políticos consultados por el medio observaron que estos cambios responden a la búsqueda de legitimar la presidencia interina y de fortalecer los canales diplomáticos con actores internacionales después del período de tensiones políticas recientes. Además, la asignación de cargos a exmiembros de partidos distintos al oficialismo es vista por algunos sectores como un gesto de apertura, mientras que la permanencia de figuras identificadas con el oficialismo, como Rander Peña, sugiere el objetivo de mantener la cohesión en el núcleo gubernamental.

El medio también reportó que la agenda internacional de Venezuela incluye la consolidación de relaciones estratégicas con países de Asia y Medio Oriente, que han ganado un papel prioritario debido a sus vínculos económicos y políticos en las últimas décadas. En este sentido, la gestión de Andrea Corao Faria al frente de la viceministría para Asia, Oriente Próximo y Oceanía se enmarca en un contexto de potenciación de la cooperación sur-sur y la búsqueda de nuevos socios comerciales, lo cual ha sido un eje central de la política exterior venezolana según la información proporcionada en los canales oficiales.

Según publicó el medio, la sustitución de Camilla Fabri de Saab al frente de la comunicación internacional se produce tras una etapa marcada por la controversia en torno a la figura de Alex Saab. Además, la nueva designación de Rander Peña representa una continuidad de perfiles con amplia experiencia dentro del oficialismo, lo que el medio interpreta como una estrategia para controlar los mensajes institucionales internacionales y reforzar la posición de Venezuela ante organismos multilaterales y foros regionales.

En redes sociales, representantes políticos y ciudadanos han reaccionado a los anuncios realizados por Delcy Rodríguez, destacando la importancia de estos movimientos dentro de la actual coyuntura nacional, caracterizada por incertidumbre política y la necesidad de estabilizar la posición de Venezuela ante la comunidad internacional. El medio reportó que los cambios serán implementados de inmediato, conforme a los anuncios oficiales. La agenda de próximos encuentros diplomáticos y declaraciones sobre nuevos acuerdos bilaterales se dará a conocer en los siguientes días, según han confirmado fuentes oficiales citadas por el medio.

La reestructuración en las áreas diplomáticas tiene como trasfondo la intención de recuperar la confianza en las instituciones de la política exterior y demostrar una apertura hacia la construcción de consensos amplios, según las declaraciones recogidas por el medio. En esa línea, los funcionarios recientemente nombrados iniciarán sus funciones con el objetivo de fortalecer relaciones internacionales, diversificar alianzas y facilitar el diálogo con distintos actores internacionales en un entorno global marcado por desafíos crecientes para la diplomacia venezolana.

Lewis Mendoza, dirigente político de Vente Venezuela en el estado Trujillo, obtuvo la libertad la noche del domingo en Caracas, uniéndose a una serie de excarcelaciones recientes resultantes de la ley de amnistía adoptada por la Asamblea Nacional. Según informó Europa Press, la liberación de Mendoza ocurrió poco después de que otros líderes opositores, entre ellos Juan Freites, coordinador del Comando Con Venezuela en Vargas, fuesen excarcelados en el marco de la nueva normativa. El principal acontecimiento que ha desencadenado estas salidas de prisión fue la aprobación unánime de la ley de amnistía el pasado viernes, medida que ha permitido la liberación de 65 personas clasificadas como presos políticos en Venezuela.

De acuerdo con Europa Press, Gonzalo Himiob, fundador y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, ha dado a conocer detalles sobre el avance de la aplicación de la ley. Según su información publicada en redes sociales, siete personas salieron de prisión el 20 de febrero, otras 15 obtuvieron la libertad el sábado, y la mayoría, 43, fueron liberadas posteriormente tras la entrada en vigor de la amnistía. La disposición, aprobada tras años de demandas por parte de familiares y organizaciones civiles, abarca delitos cometidos desde 1999, según detalló el medio.

El alcance de la amnistía ha sido focalizado en trece acontecimientos específicos descritos en el artículo 8 del nuevo marco legal, según consignó Europa Press. Entre estos se cuentan el golpe de Estado de abril de 2002 en contra del entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero sucedido entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004, y diversas manifestaciones antigubernamentales organizadas en los años 2007, 2013, 2017 y 2024.

Europa Press también reportó que el Gobierno de Venezuela ha recibido un total de 1.557 solicitudes para aplicar los beneficios de la ley de amnistía. No obstante, según la información confirmada por ONG y familiares, existen cuestionamientos sobre el alcance real de la normativa. Algunos consideran que la cobertura es limitada al dejar fuera casos relevantes para el movimiento de derechos humanos y partes de la oposición.

Mientras tanto, persisten manifestaciones dentro de centros penitenciarios. Según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) durante el fin de semana, más de 200 internos catalogados como presos políticos en la cárcel El Rodeo I, situada en las afueras de Caracas, mantienen una huelga de hambre. El motivo principal de protesta radica en la exclusión de otros privados de libertad por parte de la ley, que ellos consideran insuficiente ante las expectativas generadas.

Europa Press detalló que los beneficiarios recientes de la excarcelación incluyen figuras destacadas dentro de la oposición venezolana. Luis José Magallanes, coordinador regional del partido Vente Venezuela en el estado Yaracuy y detenido durante siete meses, figura entre quienes abandonaron prisión gracias a la amnistía. Lo mismo ocurrió con Andrés Cabrera, coordinador del partido en Bejuma, estado Carabobo. Estas liberaciones han adquirido visibilidad en redes sociales y medios digitales debido a que representan avances en las demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La ley de amnistía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional con el objetivo de fomentar la reconciliación política y social, según explicó el Gobierno venezolano. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han vigilado de cerca el proceso, realizando seguimientos sobre el estado de cada uno de los casos y asegurando la correcta aplicación de las medidas adoptadas. Europa Press recogió los datos que muestran que, si bien la medida ha permitido liberar a decenas de personas, la cantidad de solicitudes y las demandas de familiares y allegados que continúan reclamando justicia indican la existencia de expectativas no satisfechas por este nuevo marco legal.

Los acontecimientos y protestas que dieron lugar a muchas detenciones consideradas por ONG como de carácter político ocurrieron en varios momentos de la historia reciente del país. Las fechas incluidas en la ley responden a movilizaciones y hechos claves de confrontación política y social desde finales del siglo pasado hasta episodios recientes de 2024, lo cual refleja el alcance temporal de la medida.

La ONG Foro Penal y el CLIPPVE continúan emitiendo comunicados y reportes sobre la situación de los presos, informando tanto sobre las excarcelaciones ya concretadas como sobre quienes permanecen bajo custodia judicial o han sido excluidos de los beneficios de la amnistía. Según consigna Europa Press, la aplicación del texto legal seguirá desplegándose en las próximas semanas en medio de reclamos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios y de un debate público acerca del contenido y la ejecución de la ley.

Al considerar que Nicolás Maduro no enfrentó sanciones en su etapa como presidente, José Manuel Albares ha puesto en cuestión la coherencia de mantener esas restricciones sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando muchas de ellas derivan de su anterior posición como vicepresidenta. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pidió que la Unión Europea reconsidere estas medidas y animó a mantener la interlocución con el Ejecutivo venezolano, de manera similar a la vía de diálogo que sigue Estados Unidos. Según publicó Europa Press, Albares defendió iniciar el proceso para levantar las sanciones de forma rápida y, al mismo tiempo, urgió a Caracas a adoptar pasos adicionales que favorezcan el restablecimiento de condiciones democráticas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española señaló que sus conversaciones con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y con numerosos ministros de Exteriores de los países miembros, evidenciaron una “sintonía” favorable a iniciar el levantamiento de las sanciones sobre Delcy Rodríguez. Albares explicó que no espera una resolución inmediata en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores, reunido este lunes en Bruselas, aunque considera posible que el proceso comience en breve. Subrayó que el propósito de esta acción es mandar “una señal fuerte” al Gobierno venezolano para que continúe progresando en la agenda democrática, especialmente tras la aprobación unánime de la ley de amnistía por la Asamblea Nacional de Venezuela, hecho que valoró positivamente.

El ministro español enfatizó, según consignó Europa Press, que las sanciones internacionales “no son un fin en sí mismas” sino instrumentos de presión enfocados en lograr objetivos políticos concretos. Insistió en que el retiro de las restricciones debe ser entendido como un gesto europeo que reconoce los avances registrados en Venezuela tras la aprobación de la amnistía, al tiempo que busca alentar la continuidad de reformas y la apertura democrática en el país sudamericano. Destacó que los ministros europeos contactados, incluida Kaja Kallas, “comprenden que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección”, en referencia al rumbo que comienza a tomar el Ejecutivo encabezado por Rodríguez.

Durante su intervención previa al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares detalló que solicitaría formalmente ante sus colegas europeos el levantamiento de las sanciones, remarcando que se trata de una medida con impacto simbólico y político, dirigida a fortalecer el diálogo con Caracas. Consideró “chocante” que, a pesar de su nuevo rol como presidenta encargada, Delcy Rodríguez siga sujeta a sanciones derivadas de una etapa política previa, sobre todo considerando que tanto presidentes como responsables de Exteriores suelen quedar fuera de este tipo de medidas, para preservar espacios de interlocución diplomática.

El medio Europa Press reportó que Albares también animó al Gobierno venezolano a utilizar la herramienta de la amnistía hasta sus últimas consecuencias, lo que implica crear posibilidades reales para el retorno de ciudadanos exiliados “si así lo desean” y garantizar la regeneración democrática. Manifestó la intención de que la Unión Europea acompañe este proceso, enviando señales claras de apoyo si Caracas consolida estos pasos.

Finalmente, en su contacto con la prensa europea, el ministro subrayó que se ha abierto una nueva etapa política tras la aprobación de la amnistía y que la mejora en la relación y la comunicación entre Caracas y las instituciones europeas puede suponer avances para los venezolanos tanto en el ámbito de los derechos políticos como en el social. Añadió que corresponde a la UE responder a la reciente evolución interna de Venezuela con medidas concretas, reforzando una política exterior basada en la presión negociadora y en el estímulo a la participación democrática, relató Europa Press.

La situación de las sanciones europeas sobre figuras políticas venezolanas volvió a estar en el centro del debate entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea, después de que se conociera la decisión unánime de la Asamblea Nacional venezolana de aprobar una amnistía. Según informó Europa Press, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, afirmó que existe una “sintonía” significativa con la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y con varios de sus homólogos en el bloque para retirar las medidas restrictivas contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

En declaraciones recogidas por Europa Press a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas, Albares precisó que aunque no se prevé una resolución inmediata sobre este tema, espera que el proceso para levantar las sanciones se inicie “rápidamente”. De acuerdo con las palabras transmitidas por el medio, el objetivo consiste en enviar al Gobierno venezolano una señal clara de respaldo por la senda iniciada tras la aprobación de la amnistía. Albares subrayó que las sanciones “nunca son un fin en sí mismo”, sino que constituyen un instrumento de presión para lograr resultados concretos en materia democrática.

El jefe de la diplomacia española expuso que ha conversado tanto con la jefa de la diplomacia europea como con otros ministros de la UE, en busca de respaldos para su propuesta. Detalló que identificó comprensión y una disposición generalizada a enviar un mensaje “fuerte” de que Venezuela está avanzando “en la buena dirección”, citó Europa Press. Albares también se refirió a la peculiar situación de Rodríguez, pues las restricciones se mantienen debido a su etapa como vicepresidenta, mientras que su predecesor en la presidencia, Nicolás Maduro, nunca estuvo sujeto a sanciones europeas. "Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo la UE prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Exteriores", explicó Albares según consignó Europa Press.

El funcionario insistió en la necesidad de mantener la interlocución con Caracas del modo en que lo hace Estados Unidos, abogando por que la UE actúe en la misma línea. Recordó que la UE suele evitar sancionar tanto a los presidentes como a los ministros de Exteriores, pues considera fundamental preservar los canales diplomáticos para facilitar el diálogo y la negociación. Albares reiteró en distintas ocasiones durante sus intervenciones, retomadas por Europa Press, que la amnistía aprobada representa una “buena noticia” y que los pasos dados por el Gobierno de Delcy Rodríguez abren una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Europa.

Animó al Gobierno venezolano a consolidar este cambio, instándoles a que amplíen el alcance de la amnistía y generen las condiciones necesarias para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar, si así lo desean. Dirigiéndose a los Veintisiete, el ministro español planteó la conveniencia de emitir un gesto hacia Caracas: según su posición, este sería un incentivo para que Venezuela mantenga la dirección de reformas y mejoras democráticas. Europa Press reportó que Albares ve los levantamientos de las sanciones como una herramienta para estimular “más pasos” en el proceso de apertura política.

En la reunión de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas, José Manuel Albares formalizó la propuesta de iniciar el debate sobre el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez. Insistió en que la Unión Europea debería responder positivamente a los avances democráticos recientes reflejados en medidas como la amnistía política, que fue adoptada de manera unánime en el parlamento venezolano. La eliminación de sanciones se plantea así como un reconocimiento de los pasos dados y un incentivo para que el ejecutivo venezolano continúe en ese trayecto, según el desarrollo de la reunión documentado por Europa Press.

Además, Albares destacó la importancia de que la amnistía aprobada tenga un alcance amplio, incluyendo la posibilidad de repatriación para los venezolanos que se vieron obligados a exiliarse en años recientes por motivos políticos o judiciales vinculados al antiguo marco legal. El responsable de la política exterior española viene defendiendo una estrategia que combine el apoyo explícito al diálogo y la apertura política en Venezuela con un levantamiento progresivo de las sanciones, condicionado a avances verificables en el terreno de los derechos y libertades democráticas.

El jefe de la diplomacia española argumentó que el levantamiento de las restricciones no supondría un abandono de los principios democráticos de la Unión Europea, sino una herramienta para incentivar transformaciones desde dentro del país latinoamericano. Las deliberaciones impulsadas por España reflejan el debate abierto dentro de la Unión Europea sobre el equilibrio entre la presión internacional y la cooperación para favorecer cambios políticos. Desde la perspectiva de Albares y parte de los ministros consultados, la clave resides en mantener abiertos los canales de diálogo y recompensar los avances, de manera que el éxito parcial motive otras reformas pendientes, relató Europa Press.

El medio subrayó la importancia que los ministros de Exteriores europeos asignan a la seguridad jurídica y la protección de los interlocutores políticos en terceros países como Venezuela, con el propósito de garantizar la estabilidad y una transición pacífica. El proceso de revisión de sanciones se abrió en el contexto de otras experiencias recientes donde la presión internacional y los incentivos han resultado determinantes en la evolución democrática de países de la región, de acuerdo con el extenso reporte entregado por Europa Press.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alianza política que representa a la principal oposición en Venezuela, informó el sábado que verificó sólo 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

“Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión”, señaló la PUD en X.

La coalición opositora indicó que hasta las 22:00 hora local del sábado confirmó 494 excarcelaciones desde el inicio del proceso de liberaciones el 8 de enero, impulsado por la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. y su hermano y presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

La PUD sostuvo que solo hace falta “voluntad política” para concretar la libertad de más de 600 presos políticos que, según sus cifras y las de la ONG Foro Penal, permanecen encarcelados. “Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos”, reclamó el bloque opositor.

Jorge Rodríguez, aseguró que el sábado se produjeron “cientos de liberaciones” derivadas de la amnistía, y precisó que los primeros casos atendidos corresponden a los calabozos de Zona 7 y El Helicoide en Caracas, aunque no ofreció detalles sobre la identidad ni el número exacto de beneficiados.

La amnistía cubre el periodo 1999-2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos 15 de los últimos 27 años y casos relacionados con operaciones militares. Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la medida.

Ante este escenario, desde el régimen de Venezuela confirmaron la excarcelación de 80 presos políticos como parte de la aplicación de la promulgada ley de amnistía, según informó Jorge Rodríguez.

“Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones”, declaró Rodríguez al finalizar un acto oficial, según consignó la agencia AFP. Las liberaciones se llevaron a cabo en la capital venezolana en el marco del proceso iniciado tras la aprobación de la nueva legislación por la Asamblea Nacional.

La ley de amnistía, adoptada de forma unánime el jueves, permite que las personas privadas de libertad soliciten su liberación mediante un pedido ante el tribunal encargado de sus causas. Rodríguez señaló que se están atendiendo de forma inmediata 1.557 casos y aseguró que cientos de personas ya comenzaron a recibir la excarcelación bajo la nueva normativa.

El procedimiento no es automático: cada solicitante debe presentar su caso ante el juzgado. El diputado Jorge Arreaza, responsable del seguimiento, indicó que la Fiscalía solicitó la liberación de 379 detenidos, de los cuales 80 ya fueron excarcelados.

En este contexto, antes del anuncio oficial de excarcelaciones, cerca de 100 presos políticos venezolanos, en su mayoría militares, así como civiles y extranjeros, iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, en la periferia este de Caracas.

a protesta busca exigir su liberación tras haber quedado excluidos de la reciente Ley de Amnistía y denunciar las condiciones carcelarias, según informaron familiares y activistas.

La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, comunicó en redes sociales que la huelga involucra principalmente a militares, aunque también participan civiles y extranjeros, todos reclamando su libertad.

(Con información de EFE y AFP)

Miles de personas bajo régimen sustitutivo de privación de libertad han visto activarse la revisión de su situación como consecuencia de la aplicación de la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, difundida en la Gaceta Oficial N° 6.990. En paralelo, el país experimenta un incremento notable en las solicitudes de amnistía y el inicio de procesos de excarcelación para quienes optan por acogerse a este beneficio, según informaron las autoridades venezolanas.

Según informó el medio Europa Press, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, comunicó que hasta el sábado se habían recibido un total de 1.557 solicitudes de amnistía. Rodríguez precisó que, hasta la jornada anterior, el conteo alcanzaba las 405 solicitudes de personas privadas de libertad, mientras que, solo en un día adicional, se sumaron otras 1.152, lo que eleva la cifra a las más de 1.500 peticiones que están siendo atendidas por los órganos competentes. Rodríguez explicó que actualmente "ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley".

El presidente de la Asamblea amplió que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, instancia creada para supervisar la implementación de la normativa, está gestionando la solicitud de otras 11.000 personas que se encontraban en un régimen sustitutivo de privación de libertad. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, esto incluye a ciudadanos que, si bien habían recibido una medida privativa de libertad, contaban con alternativas como el régimen de presentación periódica ante las autoridades o la reclusión domiciliaria en lugar de cárcel. Rodríguez indicó que la ley contempla y permite discutir la revisión de esas medidas sustitutivas para que estos ciudadanos puedan obtener su libertad plena.

Rodríguez reiteró que la obtención de la paz en Venezuela requiere del diálogo, y situó a la ley de amnistía como un aporte clave en ese camino: “Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno”, expresó durante un acto en Caracas, según destacó Europa Press.

El dirigente también se refirió a la reacción de sectores críticos a la medida, advirtiendo que, según sus palabras, desde la oposición existen intentos de distorsionar el alcance de la ley a través de la difusión de mentiras, insultos o el uso de recursos para contratar personas influyentes en redes sociales, “Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido”, manifestó Rodríguez, citado por Europa Press. Solicitó a la población mantenerse al margen de provocaciones, defendiendo el acuerdo como el mejor camino hacia la paz y situando la ley de amnistía como un paso inicial de relevancia en dicho proceso.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue oficialmente aprobada el 19 de febrero, según lo consignado en la información difundida por Europa Press, y su entrada en vigor ha acelerado gestiones en distintas instancias estatales. El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Ministerio Público ya realizaron las gestiones necesarias para otorgar 379 amnistías, trasladando las resoluciones a las autoridades correspondientes.

Europa Press detalló también que la promulgación de la ley prevé que la Comisión de Seguimiento evalúe individualmente miles de casos, tanto de quienes se encuentran detenidos en centros penitenciarios como de aquellos con medidas sustitutivas, para poder conceder el beneficio de la libertad en los términos que estipula la norma. Las autoridades venezolanas enfatizaron que este proceso se realiza de inmediato “conforme a lo establecido en la ley y en los procedimientos correspondientes”.

Durante la sesión informativa, Jorge Rodríguez señaló que la expectativa gubernamental es que el proceso sirva como fundamento para consolidar un clima de reconciliación y convivencia política, procurando distender las tensiones existentes en el país. El proceso de excarcelación y revisión de medidas continúa bajo la evaluación de diversas instancias del sistema judicial venezolano, bajo la observancia de la Comisión Especial creada para ello.

El desarrollo de la aplicación de la Ley de Amnistía, según las autoridades y lo recogido por Europa Press, avanza en dos líneas principales: liberar a las personas privadas de libertad en virtud de delitos políticos o conexos, y analizar las solicitudes de quienes, aun bajo medidas sustitutivas, buscan el levantamiento total de restricciones de su libertad. Los responsables oficiales reiteraron la importancia de la ley como herramienta dentro de la estrategia general de pacificación y llamaron a todos los sectores a aprovechar el marco legal para el diálogo y el entendimiento.

El proyecto de amnistía aprobado por el Parlamento de Venezuela contempla la excarcelación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999, una medida presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como fundamental para avanzar hacia un nuevo escenario de unidad y reconciliación en el país. Según informó Europa Press, Rodríguez sostuvo que esta ley representa una oportunidad para superar décadas de confrontación y restablecer el respeto entre los diferentes sectores de la sociedad venezolana.

Durante una intervención transmitida a través de la televisión estatal, Delcy Rodríguez explicó que la ley recientemente entregada por el Parlamento venezolano forma parte del esfuerzo del Gobierno para erradicar el ciclo de odio que, en sus palabras, condujo al país a situaciones extremadamente delicadas, como la registrada el pasado 3 de enero. En su mensaje, Rodríguez animó a la población a romper con lo que describió como “el odio y la antipolítica”, subrayando la urgencia de poner fin a la violencia política y a los crímenes de odio.

“No podemos quedarnos atascados en el odio y la confrontación”, afirmó la mandataria interina, conforme consignó Europa Press. Además, expresó reconocimiento hacia las víctimas de la violencia política ocurrida entre 1999 y 2025, destacando su papel clave en el proceso de perdón. Según Rodríguez, el avance del país debe apoyarse en el desprendimiento mostrado por quienes han sido afectados durante este periodo, pero también en el impulso de un proyecto nacional capaz de gestionar las diferencias desde el respeto.

El medio Europa Press detalló que la iniciativa de amnistía recibió el respaldo unánime de la Asamblea Nacional tras su segunda votación, luego de intensas discusiones entre oficialismo y oposición. Uno de los puntos de fricción centrales giró en torno a un artículo que establecía la obligación de que los beneficiarios de la ley se pusieran “a derecho” —es decir, a disposición de las autoridades— para acceder a la medida. Pese a ese desacuerdo inicial, la cámara parlamentaria avanzó en la aprobación de otros seis artículos relacionados con la convivencia democrática, superando obstáculos en los debates legislativos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, felicitó públicamente a los miembros del cuerpo legislativo y a la comisión especial encargada del proyecto, reconociendo su disposición y espíritu de convivencia durante la elaboración y discusión de la ley. Europa Press reportó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aludiendo a las bases históricas del país, señaló que la aspiración del Gobierno se alinea con el proyecto de Simón Bolívar. “Donde hay diferencias, como en la distribución de la tierra, estas deben dirimirse con respeto”, expuso en su discurso, subrayando la importancia de gestionar los conflictos internos lejos de la violencia.

La ley de amnistía fue inicialmente anunciada a finales de enero, según indicó Europa Press. En ese momento, Delcy Rodríguez, quien antes de asumir la presidencia interina del país fue la mano derecha de Nicolás Maduro, propuso la medida poco después de que Maduro fuera trasladado a una prisión en Nueva York tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses durante una operación militar en las cercanías de Caracas en los primeros días de 2026.

Las imágenes del acto y la intervención de Delcy Rodríguez se encuentran disponibles en la plataforma Europa Press Televisión. La reciente aprobación de la ley representa un episodio relevante dentro de la política venezolana en el contexto de las persistentes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Europa Press explicó que la normativa busca dar una respuesta institucional al ciclo de odio y extremismo que, según el oficialismo, ha caracterizado la vida política venezolana en las últimas décadas.

El proceso de votación de la ley de amnistía reflejó la complejidad del contexto político nacional, con posiciones encontradas respecto a los criterios para la aplicación de los beneficios legales. Europa Press reveló que, pese a las divergencias iniciales, los diputados lograron consensuar aspectos fundamentales que permitieron la aprobación, con el objetivo de favorecer la convivencia democrática y responder a las demandas de distintos sectores sociales.

El llamamiento de Delcy Rodríguez a la reconciliación y al respeto de la diversidad política, tal como señaló Europa Press, se inserta en el marco de un país que ha experimentado tensiones políticas y sociales pronunciadas durante más de dos décadas. La mandataria insistió en la relevancia de pasar página y construir una nueva etapa histórica dentro de un proyecto nacional compartido, incluso reconociendo las legítimas diferencias existentes en la sociedad venezolana.

Al referirse a las víctimas de episodios de violencia política en Venezuela desde 1999 hasta 2025, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó la importancia de su papel para la reconciliación nacional y señaló que “las víctimas han mostrado desprendimiento para el perdón.” Esta afirmación surgió en el contexto de la reciente aprobación de la ley de amnistía en el Parlamento venezolano, una medida que Rodríguez considera fundamental para dejar atrás el ciclo de confrontación política que ha marcado las últimas décadas en el país. Según informó el medio Europa Press, la mandataria interina vinculó este instrumento legal con la necesidad de reemplazar escenarios de violencia por avances desde la divergencia política.

Durante una comparecencia pública transmitida por la televisión estatal, Delcy Rodríguez detalló que la ley de amnistía, entregada la noche anterior por el Parlamento, constituye un paso relevante para la agenda del Gobierno nacional, con el objetivo de alcanzar “cero odio”. De acuerdo con Europa Press, la presidenta encargada identificó el ciclo de odio como responsable de situaciones comprometedores para Venezuela, haciendo alusión directa a los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de este año. En su intervención, instó al pueblo venezolano a superar las prácticas que alimentan la polarización y la hostilidad en la vida pública.

Además, Rodríguez argumentó que este proceso exige romper con lo que denominó la “antipolítica”, un ciclo que –según su declaración recogida por Europa Press– dio cabida al odio, el extremismo, el fascismo, episodios de violencia política y crímenes motivados por intolerancia. La mandataria insistió en que acciones de ese tipo deben finalizar, alentando el perdón y presentando el avance nacional como una tarea común a pesar de las diferencias persistentes. También hizo referencia a un proyecto político inspirado en Simón Bolívar, subrayando que la existencia de discrepancias, como aquellas relacionadas con la distribución de la tierra, debe gestionarse con respeto.

Según publicó Europa Press, el Parlamento venezolano adoptó la ley de amnistía el jueves anterior, medida impulsada por Delcy Rodríguez que habilita una vía para la excarcelación de condenados por delitos cometidos desde 1999. El respaldo a la norma fue unánime en la cámara, presidida por Jorge Rodríguez. Este último elogió la disposición y el espíritu de convivencia demostrados por la comisión especial, así como por los diputados en el proceso de discusión y votación.

Durante la fase de debate, se registraron diferencias entre los bloques oficialista y opositor, principalmente en torno a un artículo que establecía la obligación para los beneficiarios de la amnistía de ponerse “a derecho”, es decir, de presentarse ante las autoridades competentes. Pese a este desacuerdo, durante la primera sesión del plenario, los diputados aprobaron por unanimidad seis artículos del texto original de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, precisó Europa Press. Finalmente, la normativa fue sancionada tras superar su segunda lectura en el Parlamento.

La presentación de esta iniciativa se remonta a finales de enero, momento en que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta durante la gestión de Nicolás Maduro, formalizó la propuesta. Según Europa Press, la medida abre la posibilidad de liberar a personas encarceladas por hechos calificados como delitos políticos en los últimos veintiséis años. La labor parlamentaria se desarrolló bajo la dirección de Jorge Rodríguez, quien en distintas oportunidades animó a los legisladores a mantener el foco en la convivencia democrática y el diálogo.

Europa Press también consignó que la motivación de la ley tiene relación tanto con la demanda internacional de reconciliación y respeto a las garantías procesales, como con el objetivo interno de reducir la confrontación política. Rodríguez señaló que la superación del odio y la antipolítica es fundamental para no “quedarse atascados” y propuso avanzar en lo que denominó un “proyecto nacional”, tomando como eje la unidad y la diversidad de criterios.

En este contexto, la discusión sobre mecanismos como la amnistía se ha presentado como uno de los puntos principales para la normalización institucional y la distensión de tensiones acumuladas en Venezuela. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta encargada, tal como recogió Europa Press, el reto consiste en gestionar diferencias de manera respetuosa, reconociendo la capacidad de las víctimas para perdonar y colocando el interés colectivo por encima de la rivalidad política.

De acuerdo con Europa Press, Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, realizó una intervención pública, difundida a través de sus redes sociales, en la que exigió la restitución de los derechos políticos y la devolución de los partidos a sus líderes originales, reclamando que varios de ellos permanecen bajo control de personas afines al Gobierno. Además, solicitó que se ponga fin de manera inmediata a la persecución judicial contra opositores y que los exiliados puedan regresar al país sin represalias, contemplando estos pasos como esenciales para alcanzar una auténtica transición política.

El exparlamentario hizo hincapié en que el sufrimiento de la población venezolana solo encontrará alivio mediante una solución democrática, postura que ha sostenido de forma reiterada desde su liberación. Guanipa abogó, según consignó Europa Press, por sentar las bases de un nuevo proceso electoral dotado de garantías y transparencia, en el marco de unas condiciones institucionales que permitan la participación y el respeto al voto.

En su mensaje, Guanipa expresó cuestionamientos directos al Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando la necesidad de una reorganización de este organismo para asegurar su imparcialidad. Se refirió específicamente al actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, a quien acusó de complicidad con el presidente Nicolás Maduro en lo que describió como un fraude electoral acontecido en las elecciones del 28 de julio de 2024. Europa Press recogió sus declaraciones: “No me pueden decir que hagamos una elección con el señor Amoroso de presidente del CNE. Eso no existe, compañeros. Sabemos que él se robó junto a Nicolás Maduro las elecciones el día 28 de julio del año 2024”.

Entre las demandas del exdiputado también figura la liberación de todos los presos considerados políticos, la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre dirigentes opositores y la garantía de que todos los venezolanos, dentro y fuera del país, puedan ejercer el derecho al voto. Guanipa enfatizó que solo existirá una oportunidad real para el cambio político en Venezuela si se cumplen estas condiciones.

Tras su liberación, Guanipa insistió, citó Europa Press, en que la ley de amnistía resulta insuficiente, tildándola de “documento chucuto”, término con el que descalificó la iniciativa parlamentaria por excluir a varios prisioneros y suponer, a su juicio, una estrategia de presión sobre opositores detenidos y sus familias. Añadió que si existiera una verdadera voluntad de reconciliación nacional “todos los presos políticos podrían ser liberados hoy mismo”.

La agencia detalló que Guanipa estuvo en la clandestinidad durante diez meses y encarcelado durante casi nueve meses, además de haber sufrido una breve liberación seguida de una nueva detención y reclusión domiciliaria. En todo ese periodo, el exdiputado ha mantenido un llamamiento constante a la movilización y a la lucha por una Venezuela en la que “todos sean libres y se haga justicia”, según cita Europa Press.

El proceso de aprobación de la ley de amnistía y las consecuencias que ha tenido para líderes opositores como Guanipa ha generado debate tanto en el ámbito político venezolano como en la sociedad civil. El exdiputado remarcó que el regreso de los exiliados, el fin de la persecución y la devolución de las organizaciones políticas forman parte de los requisitos para alcanzar una verdadera transición política. También reiteró, de acuerdo con Europa Press, que la movilización basada en la verdad seguirá siendo su compromiso hasta que todos los presos políticos recuperen su libertad y los derechos de la ciudadanía sean plenamente restablecidos.

La postura de Guanipa refleja el malestar de un sector de la oposición venezolana ante la medida de amnistía impulsada por el oficialismo. Para el dirigente, la solución a la crisis institucional y social de Venezuela solo será posible mediante elecciones libres y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral reestructurado y sin injerencias, y mediante la liberación de quienes continúan detenidos por motivaciones políticas.

Arreaza indicó en una entrevista televisada que las solicitudes para conceder medidas de amnistía ya fueron presentadas por el Ministerio Público a los tribunales competentes y que las excarcelaciones (371 presos en Caracas; 5 en Barinas; 2 en Portuguesa y 1 en Monagas) deben concretarse “entre esta noche (viernes) y mañana por la mañana (sábado)”.

Familiares de presos políticos continúan frente a cárceles y centros de tortura del país a la espera de la posible excarcelación de sus allegados. La transición venezolana, liderada en Caracas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ya había concedido libertad condicional a cientos de personas tras la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó previamente que alrededor de 600 personas permanecían detenidas por motivos políticos.

El director de la organización, Alfredo Romero, advirtió que la aplicación de la amnistía “no es automática” y depende de un proceso judicial en tribunales considerados por muchos como un brazo represivo del régimen.

Cabe mencionar que la Asamblea Nacional venezolana formalizó este viernes la instalación de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía.

La comisión está presidida por Arreaza y cuenta con la opositora Nora Bracho en la vicepresidencia, y tendrá la facultad de revisar casos no contemplados inicialmente en la normativa.

En su primer día de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente e inició contactos con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar demoras en la tramitación de las solicitudes. Delcy Rodríguez exigió celeridad para revisar los casos “no contemplados”, y la comisión asumió el compromiso de vigilar que se cumpla el plazo de quince días para responder cada petición de amnistía.

Arreaza explicó que el mecanismo de seguimiento trabajará por áreas específicas y con un enfoque pedagógico para facilitar la comprensión ciudadana del proceso. Además, aclaró que la comisión no actúa como una instancia paralela a la justicia, sino como un órgano de control político encargado de garantizar la rapidez en todos los procedimientos.

Foro Penal también anunció que presentará ante el Parlamento una lista con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean contempladas en la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.

El objetivo de la iniciativa es evitar que personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos queden excluidas de los beneficios legales tras el cambio de gobierno. El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que el documento será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento en cuanto la ley sea publicada en la Gaceta Oficial.

La ley establece que el período cubierto por la amnistía abarca desde 1999 hasta 2026, aunque enumera 13 coyunturas políticas que comienzan en 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos quince de los últimos 27 años, así como todos los casos relacionados con operaciones militares. La propia norma prevé que la comisión pueda recomendar a otros organismos estatales la adopción de medidas alternativas en los casos que analice.

En los últimos años, miles de venezolanos fueron encarcelados bajo acusaciones de conspirar para derrocar a la dictadura de Maduro.

Tras asumir el poder con el aval de Estados Unidos, Rodríguez siguió políticas alineadas con Washington, que actualmente controla las ventas de petróleo venezolano. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que parte de las ganancias generadas por estas ventas será destinada a Estados Unidos.

(Con información de AFP)

Juan Pablo Guanipa estuvo en situación de clandestinidad durante diez meses y tras casi nueve meses en prisión, recuperó la libertad plena. Apenas unas horas antes, la Asamblea Nacional de Venezuela había aprobado la denominada ley de amnistía, un proyecto impulsado bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. En este contexto, Guanipa manifestó en redes sociales su desacuerdo con la medida y exigió la excarcelación inmediata de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, así como garantizar el regreso seguro de los exiliados, según consignó el medio que reportó los hechos.

El dirigente de Primero Justicia también criticó abiertamente el documento aprobado por el Legislativo, al que calificó como “un documento chucuto”, utilizando la expresión popular venezolana para señalar que la ley resulta deficiente o incompleta. Guanipa aseguró que el texto no es una verdadera amnistía, sino una herramienta para chantajear a ciudadanos inocentes y que, además, excluye a varios opositores que siguen privados de libertad, según detalló el medio que cubrió la noticia.

En su pronunciamiento público, transmitido a través de redes sociales y recogido por la prensa, el exdiputado subrayó que la reconciliación nacional debe construirse sobre una base de verdad, sin recurrir a engaños. “La reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, escribió Guanipa, quien insistió en que la liberación de presos políticos no puede verse como un acto de clemencia, ya que a su juicio, ninguna de esas personas debió haber sido encarcelada. El medio informó que Guanipa llamó la atención sobre el carácter político de las detenciones al afirmar que “la dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano” y concluyó que el Gobierno no logró volver sumisa a la sociedad.

Este mensaje llega luego de que, tras ser liberado de prisión hace cerca de dos semanas, Guanipa fuera vuelto a detener y trasladado a arresto domiciliario, según recordaron distintos portales informativos. Desde su nueva situación de libertad, Guanipa instó a la ciudadanía a unirse y trabajar de manera continua para alcanzar la libertad en Venezuela, mencionando de manera expresa a María Corina Machado y al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia como figuras que acompañan la lucha opositora. Además, transmitió su convicción de que se alcanzará “la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia”, en alusión al Gobierno actual, como documentó el medio original.

María Corina Machado, líder opositora al Gobierno venezolano, aún no se ha referido de manera directa sobre la ley aprobada en las últimas horas, aunque, según reportó la prensa, difundió el mensaje de Guanipa y también el de Pedro Urruchurtu, integrante destacado del partido Vente Venezuela y coordinador de relaciones internacionales del movimiento. Urruchurtu cuestionó que la ley de amnistía representa una maniobra para dar tiempo al oficialismo y para manipular la opinión pública, tildando a los promotores de esta norma de actuar como “criminales”.

Según reseñó el medio, Urruchurtu expresó que las autoridades podrían liberar a los prisioneros políticos por simple decisión propia, y no debido a una ley. “Así como con una orden metieron a miles de inocentes presos, con una orden pueden soltarlos. No liberan a los presos políticos porque no les da la gana, no porque necesiten una ley”, afirmó el líder opositor en palabras recogidas por el medio, enfatizando que la medida agrava la situación de las víctimas, quienes además se ven obligadas a pedir disculpas a quienes considera sus victimarios.

La reciente aprobación de la ley de amnistía por el Parlamento venezolano ha generado ya respuestas críticas entre varios sectores de la oposición. Mientras el oficialismo la presenta como un paso hacia la reconciliación, diversos dirigentes opositores como Guanipa y Urruchurtu insisten en que el gobierno manipula el proceso y no busca promover una reconciliación genuina. El medio reflejó la preocupación por la exclusión de algunos opositores de los beneficios de la ley, así como el llamado continuo por la liberación de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados.

Además, la coyuntura se enmarca en meses de protestas y demandas nacionales e internacionales a favor de la liberación de opositores encarcelados, contexto al que las autoridades venezolanas han respondido con iniciativas legislativas que sectores de la oposición consideran insuficientes. El medio informó las posiciones divergentes entre la dirigencia opositora, que aboga por una reconciliación basada en la reparación y la verdad, y el discurso oficial que destaca la disposición al diálogo y la liberación de algunos prisioneros como un logro en el camino hacia la paz social.

Las reacciones tras la liberación de Juan Pablo Guanipa y la aprobación de la ley de amnistía expresan un clima político convulso en Venezuela, en el que la liberación de opositores y la discusión sobre una posible reconciliación continúan siendo temas centrales en la agenda pública, de acuerdo con el medio que cubrió la información.

En medio de las reacciones frente al fallo judicial, Yoon Suk Yeol expresó su inquietud por la cantidad de funcionarios del Ejército, la Policía y la administración pública que afrontan procesos legales en relación con la declaración de la ley marcial ocurrida en diciembre de 2024. El exmandatario lamentó públicamente el sufrimiento que atraviesan tanto los investigados como sus familias y asumió la responsabilidad exclusiva por la determinación tomada durante su gobierno. Según informó la agencia Yonhap, estas declaraciones se produjeron a raíz de la condena a cadena perpetua impuesta a Yoon por su papel en los acontecimientos.

El viernes, Yoon Suk Yeol defendió públicamente su decisión de instaurar la ley marcial, señalando que su juicio y acción tuvieron como único objetivo proteger los intereses nacionales y servir al pueblo surcoreano. El medio Yonhap detalló que, en un comunicado, el expresidente afirmó: “Mi juicio y decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre fue únicamente por el bien del país y su gente, y su sinceridad y propósito permanecen inalterados”. A pesar de la firmeza en la defensa de su actuación, Yoon dirigió sus “disculpas sinceras al pueblo” por las consecuencias negativas asociadas a sus decisiones, expresando arrepentimiento ante las dificultades y frustraciones sufridas por la ciudadanía.

El exlíder surcoreano profundizó en su mensaje al recalcar que la declaración de la ley marcial buscaba evitar un daño irreparable para la estabilidad del país y defendió que su finalidad era “salvar al país”. No obstante, también admitió fallos durante la aplicación de las medidas adoptadas, enfatizando la responsabilidad que asume por los errores cometidos. En su mensaje, Yoon subrayó la gravedad de las circunstancias que impulsaron su decisión y reiteró la falta de motivaciones personales o políticas ajenas al interés general.

Según publicó Yonhap, Yoon consideró “afortunado” que el tribunal no adoptara la tesis central del fiscal especial, quien alegaba que la ley marcial se declaró únicamente para permitir la proyección de un gobierno a largo plazo. El exmandatario objetó ese punto de vista y manifestó su desacuerdo con la interpretación de los hechos como un conflicto interno de carácter civil por el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional. “Es difícil aceptar la lógica de que se trató de una guerra civil simplemente porque los militares acudieron a la Asamblea Nacional”, afirmó en su mensaje difundido por la agencia.

En el mismo comunicado, Yoon lamentó la situación de “tantos soldados, policías y funcionarios públicos luchando mientras se someten a investigaciones y juicios”, describiendo las emociones y el dolor que atraviesan sus familias ante el proceso judicial. El expresidente reiteró su petición para que estos trabajadores y sus allegados no se vean sometidos a más persecución ni juicios severos derivados de las decisiones adoptadas durante su administración. Así, insistió en presentarse como el responsable principal de las acciones tomadas y buscó desmarcar al resto de los involucrados en el gobierno.

Sobre su caso personal, Yoon Suk Yeol calificó el proceso como una situación donde queda en duda la independencia del sistema judicial y se mostró escéptico respecto a la posibilidad de obtener una sentencia apoyada en la ley y la conciencia. Según reportó Yonhap, el exmandatario expresó serias dudas sobre la utilidad de apelar la decisión y cuestionó el sentido de continuar con la disputa legal dadas las condiciones actuales que, a su juicio, no garantizan un proceso justo.

Las declaraciones del expresidente aparecen en línea con las afirmaciones de su defensa, quienes, en la víspera, habían criticado lo que consideraron como un procedimiento judicial cuyo desenlace ya estaba determinado desde el inicio. De acuerdo con la información de Yonhap, el equipo legal del exgobernante manifestó su intención de persistir hasta agotar todos los recursos disponibles, anunciando su voluntad de apelar. El medio puntualizó que se espera la presentación de la apelación a la sentencia durante la próxima semana.

En suma, el desarrollo del caso Yoon Suk Yeol genera debate sobre la legitimidad de las medidas adoptadas en momentos de crisis, así como sobre la independencia judicial y el futuro de los numerosos funcionarios relacionados con la declaración de la ley marcial norteña de diciembre de 2024, según ha seguido informando la agencia Yonhap y los actores involucrados en el proceso legal.

Durante el acto de ratificación de la recién aprobada ley de amnistía en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instó a revisar los casos que no fueron incluidos en el texto legal, haciendo un llamado a la Comisión de Revolución Judicial, al Parlamento y al Programa de Convivencia Democrática, con el fin de emitir recomendaciones a la mayor brevedad posible. Según lo publicado por la agencia Europa Press, Rodríguez subrayó la importancia de estas revisiones para contribuir al restablecimiento de la convivencia democrática y al ejercicio de la justicia en un país marcado por años de enfrentamientos políticos.

Europa Press detalló que la Asamblea Nacional de Venezuela avaló el jueves, en segunda discusión y por unanimidad, una ley que habilita la liberación de numerosos detenidos por delitos relacionados con trece eventos políticos ocurridos entre 1999 y la fecha de la sanción, salvo en los casos de corrupción, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, así como tráfico de estupefacientes, que quedaron explícitamente excluidos de la medida.

Rodríguez expresó su satisfacción como profesional del derecho ante la aprobación de esta ley, a la que calificó como una oportunidad para que Venezuela recupere un ambiente democrático y pacífico. Según consignó Europa Press, la mandataria defendió que la ley “abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que se despoje del odio [y] de la intolerancia”, y enfatizó que esta legislación debe primar los derechos humanos, el entendimiento y el reconocimiento mutuo.

En su intervención, Rodríguez también se refirió a la necesidad de perdón, tanto desde la óptica de quien lo solicita como de quien lo concede. “Ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía, pero la ley de amnistía también va más allá”, afirmó la presidenta encargada en declaraciones citadas por Europa Press. Manifestó su reconocimiento hacia la madurez política demostrada por quienes impulsaron la iniciativa, que fue tramitada en menos de tres semanas desde su anuncio oficial.

La funcionaria extendió su agradecimiento no solo a los diputados del Parlamento, incluidos los representantes de la oposición, sino también a quienes participaron en el Programa de Convivencia Democrática, por haber realizado un proceso de consulta. Añadió que el apoyo a la ley muestra “un acto de grandeza, de desprendimiento” de quienes promovieron el texto. “Nos estamos desprendiendo de un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, declaró, de acuerdo con Europa Press, y sostuvo que estas decisiones procurarían dejar un legado de paz y de apertura para las generaciones jóvenes.

Al recordar episodios recientes que marcaron la vida política venezolana, la presidenta encargada evocó el ataque realizado por las autoridades estadounidenses el 3 de enero previo, en el que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según relató la propia Rodríguez, este hecho representó “una agresión inédita” y tuvo un fuerte impacto en la conciencia nacional. “Quedará registrado en la historia de nuestra República como una agresión inédita. Yo creo que eso nos tocó el alma, la conciencia como venezolanos de bien”, expresó, según citó Europa Press.

Durante la ceremonia, Rodríguez manifestó satisfacción ante la presencia de actores políticos de las últimas décadas en Venezuela, interpretándolo como una señal de reflexión colectiva y como un paso decidido para mostrar al país y al ámbito internacional la capacidad de la sociedad venezolana para reencontrarse.

La mandataria insistió en que la revisión de los casos no incluidos en la ley debe considerarse una prioridad, con el propósito de “curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y la justicia”. Pidió la implicación de toda la ciudadanía en este análisis y en la búsqueda de justicia, resaltando que esta tarea es una de las grandes virtudes de la República, según consignó el medio.

El texto legal aprobado contempla la amnistía para quienes hayan cometido delitos relacionados con enfrentamientos políticos seleccionados desde 1999, excluyendo aquellos que impliquen corrupción, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas y delitos vinculados al tráfico de drogas. Europa Press subrayó que la iniciativa fue ratificada de forma unánime en la Asamblea Nacional y tras amplias consultas con actores tanto oficiales como de la oposición.

Rodríguez, quien ocupó un papel clave como ministra y fue vicepresidenta bajo el gobierno de Nicolás Maduro, reafirmó en su discurso la importancia de armar consensos para preservar la convivencia democrática. Al hacerlo, puso en valor el trabajo del Parlamento y las consultas públicas que precedieron a la votación.

En el contexto de cambios legales y políticos en Venezuela, la ley de amnistía se presenta como una herramienta para facilitar la liberación de personas detenidas en conflictos políticos de las últimas décadas, aunque dejando fuera aquellos delitos considerados más graves o atentatorios contra los derechos humanos y el sistema jurídico internacional, según ha documentado Europa Press.

Durante la votación del jueves en la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, encargado de la presidencia del órgano legislativo, expresó reconocimiento a la comisión especial y a los diputados que participaron en la reciente aprobación de la ley de amnistía, valorando la disposición y cooperación alcanzadas en el Parlamento. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, los legisladores ratificaron por consenso absoluto el proyecto que permite la liberación de personas sentenciadas por delitos cometidos a partir del año 1999.

Según consignó Europa Press, esta normativa fue impulsada por Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo del Ejecutivo venezolano y promovió la iniciativa legislativa desde finales de enero. Rodríguez, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidenta y ya tenía un papel destacado dentro de la administración de Nicolás Maduro, lanzó la propuesta en un momento marcado por la ausencia del mandatario, quien permanece encarcelado en Nueva York tras su detención por fuerzas estadounidenses tras una operación coordinada en Caracas y la región circundante a comienzos de 2026.

La ley aprobada contempla la excarcelación de personas condenadas por acciones consideradas delictivas durante los últimos veintisiete años, desde 1999 hasta la fecha. El texto, reportó Europa Press, no encontró objeciones entre los diputados, quienes, durante la sesión, mostraron unidad y apoyo total al documento final, que pasó por varias fases de revisión por parte de la comisión especial designada para su elaboración y debate.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, según detalló Europa Press, buscó desde el anuncio inicial del proyecto un consenso amplio, basándose en el contexto político y social del país. La medida, impulsada poco después de que asumiera el poder ante la detención de Maduro, se presentó como una vía para propiciar la reconciliación y aliviar tensiones acumuladas en el entorno político venezolano en las últimas décadas.

El dirigente parlamentario Jorge Rodríguez, en su intervención durante la sesión plenaria recogida por Europa Press, agradeció de forma explícita tanto el esfuerzo de los integrantes de la comisión especial como la colaboración y el diálogo mantenido entre los distintos bloques de la Asamblea Nacional, subrayando el espíritu de convivencia que reflejó el proceso.

La propuesta de amnistía, anunciada por Rodríguez hacia el cierre de enero, recibió en las semanas siguientes varias modificaciones derivadas de las discusiones internas en la Asamblea Nacional. La iniciativa nació en un contexto en el que se buscaba responder a demandas tanto de familiares de detenidos como de agrupaciones sociales que han venido solicitando desde hace años la revisión de casos y sentencias relacionadas con protestas, manifestaciones y otros episodios registrados a partir de 1999.

Además, el hecho de que la cámara dirigida por Jorge Rodríguez aprobara la medida sin votos en contra ni abstenciones, destacó Europa Press, evidencia un consenso inusual en el contexto legislativo venezolano reciente. El proceso de redacción y discusión de la ley implicó el trabajo conjunto de diversas fracciones parlamentarias, las cuales, en el transcurso de los debates, aceptaron modificaciones y observaciones para asegurar una adhesión total al texto final.

Con la ratificación de esta normativa, el Parlamento venezolano establece un mecanismo legal para revisar expedientes judiciales correspondientes a delitos ocurridos en el extenso lapso considerado, lo que abre la puerta a la excarcelación de individuos procesados por causas diversas durante los distintos ciclos políticos vividos en Venezuela en los últimos veintisiete años.

Por otra parte, la situación de Nicolás Maduro, quien según Europa Press permanece privado de libertad en Estados Unidos tras una operación internacional encabezada por Washington en el primer trimestre de 2026, siguió influyendo en la dinámica del poder ejecutivo. Ante esa coyuntura, Delcy Rodríguez tomó protagonismo tanto en el ámbito institucional como ante la opinión pública, promoviendo la aprobación de una legislación que marca un hito en el período post-1999, al ampliar el margen de reconciliación para actores políticos y sociales.

La decisión legislativa se produce después de varios episodios de tensión política en Venezuela y tras llamados internos y externos para la liberación de personas consideradas presas políticas o sentenciadas en juicios relacionados con la conflictividad social del país. Europa Press apuntó que, además del respaldo unánime, la aprobación de la ley se vio acompañada por intervenciones de distintos miembros del Parlamento que coincidieron en la necesidad de sellar acuerdos que permitan estabilizar el clima político y social.

En suma, el acto legislativo plantea la excarcelación de quienes fueron condenados por hechos ocurridos en el periodo posterior a la instauración de la llamada Revolución Bolivariana, abarcando gobiernos bajo la presidencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según detalló Europa Press, la ley representa una de las primeras iniciativas de alto impacto emprendidas por Delcy Rodríguez tras su nombramiento como presidenta encargada, en medio de una coyuntura institucional marcada por la detención y ausencia de Maduro.

El medio Europa Press reportó que la aprobación de la ley no solo tiene implicaciones para detenidos y sus familias, sino que también constituye un gesto político en el camino hacia eventuales procesos de diálogo y pacificación dentro del país. Ningún diputado tomó la palabra para expresar reservas respecto al contenido ni al alcance de la normativa, reflejando un nivel de acuerdo pocas veces visto en los debates parlamentarios recientes.

La iniciativa contó con el acompañamiento de distintos organismos dentro del Estado, incluyendo equipos técnicos y asesores jurídicos que participaron en la confección del texto final. Europa Press indicó que los próximos pasos tras la aprobación legislativa comprenden la implementación del procedimiento para la revisión de causas, con la coordinación de las autoridades judiciales y administrativas competentes, conforme a las disposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional.

El traslado de 10 jóvenes bajo custodia del Estado al Hogar María Auxiliadora de Chitré, provincia de Herrera, generó reacciones en la comunidad azuerense y motivó un pronunciamiento del padre José Héctor González, párroco de la Catedral de Chitré, quien durante un servicio religioso expresó preocupación por el impacto de la medida en la misión original del centro y en las estudiantes provenientes de zonas rurales que residen en el albergue para continuar sus estudios.

El sacerdote afirmó que no se debe “resolver un problema abriendo otro hueco”, en referencia al desplazamiento de alumnas que tradicionalmente ocupaban esas instalaciones.

Durante su mensaje, trasmitido por internet, el religioso destacó que el Hogar María Auxiliadora cuenta con más de 90 años de labor social, centrada en brindar albergue y apoyo educativo a niñas de familias del interior agrícola, especialmente de la región de Azuero. En ese contexto, sostuvo que la reubicación de los jóvenes generó la salida de algunas estudiantes, lo que calificó como una situación dolorosa para la comunidad.

“No se soluciona un problema abriendo otro hueco”, reiteró, al pedir que las autoridades evalúen alternativas que no afecten el propósito fundacional del centro.

El sacerdote también aclaró que su postura no implica rechazo a la atención de los jóvenes trasladados, sino un llamado a buscar soluciones integrales.

“No estamos en contra de esos enfermos, merecen la mejor atención”, expresó, pero insistió en que el hogar fue creado con una finalidad distinta y que el Estado podría habilitar otros espacios para atender la emergencia sin alterar la dinámica educativa del albergue. En ese sentido, cuestionó que una institución con trayectoria comunitaria se utilice para resolver una crisis sin considerar sus efectos colaterales.

El origen del caso se remonta a la visita realizada por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral de Tocumen, un recorrido encabezado por la diputada Alejandra Brenes, presidenta de la comisión. Tras esa inspección, se activó una secuencia institucional que derivó en cuestionamientos sobre el funcionamiento del centro y las condiciones de atención de los jóvenes bajo custodia estatal.

Una semana después de la visita, la diputada Brenes presentó una denuncia formal que amplió el debate público sobre la situación de los albergues y abrió la puerta a investigaciones administrativas y judiciales.

El proceso continuó con un nuevo paso legislativo cuando, una semana más tarde, el pleno de la Asamblea Nacional logró aprobar la citación a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la gestión de los centros de atención.

La citación se concretó tras dos intentos fallidos que fueron bloqueados por partidos políticos, lo que elevó la tensión en el debate parlamentario sobre el sistema de albergues. Aunque la Asamblea aprobó la comparecencia, hasta el momento no existe fecha definida para que la ministra Carles se presente ante el Legislativo, lo que mantiene el tema en desarrollo dentro del ámbito político e institucional.

El cuestionario aprobado por la Asamblea incluye interrogantes sobre cantidad de albergues activos, procesos de supervisión, sanciones impuestas, perfiles del personal, contratación, auditorías internas, denuncias registradas, medidas correctivas y protocolos de protección.

Las preguntas buscan determinar responsabilidades institucionales desde julio de 2024 hasta la fecha, periodo en el que se habrían acumulado alertas sin respuestas contundentes.

Entre los puntos clave, se solicita información sobre denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales, procedimientos disciplinarios, irregularidades administrativas, procesos judiciales en curso y seguimiento a víctimas.

En paralelo al proceso legislativo, el Ministerio Público realizó una inspección al Centro de Atención Integral de Tocumen, diligencia que derivó en la orden de traslado de los 10 jóvenes mientras continúan las investigaciones.

La medida fue presentada como una acción de protección temporal orientada a garantizar condiciones adecuadas de atención, en tanto se esclarecen los hechos que motivaron la intervención estatal.

El padre González señaló que varias jóvenes provenientes de comunidades agrícolas debieron ser reubicadas, lo que, a su juicio, afecta el acceso a oportunidades educativas que el hogar ha facilitado durante décadas. “¿Por qué tiene que ser un hogar que tanto bien ha hecho?”, cuestionó durante su intervención.

El caso continúa en evolución mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público y el seguimiento legislativo al sistema de albergues.

Edmundo González, excandidato presidencial venezolano, enfatizó que una ley de amnistía no debe convertirse en sinónimo de impunidad. De acuerdo con información de Europa Press, el dirigente de la oposición planteó que cualquier legislación orientada a liberar a personas detenidas por motivos políticos debe sustentarse en reglas claras, justicia y garantías institucionales. A través de un mensaje difundido en redes sociales, González sostuvo que la reconciliación solo será posible si una eventual medida de amnistía cumple condiciones esenciales: la garantía de que no vuelva a haber persecuciones por razones políticas, el retorno seguro de quienes salieron del país, el reconocimiento de la verdad de los hechos, reparación a las víctimas y la existencia de garantías firmes para evitar que situaciones similares se repitan.

La declaración de González surge en un contexto donde la Asamblea Nacional continúa con el debate de un proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según lo reportó Europa Press, el texto ha sido criticado por organizaciones no gubernamentales al exigir a las personas beneficiadas que reconozcan delitos que aseguran no haber cometido.

El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática contempla la excarcelación de quienes hayan sido encarcelados desde 1999 por motivos políticos, aunque hasta el momento los diputados solo han aprobado seis de trece artículos. La votación se vio interrumpida en el séptimo artículo, debido a profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición. Este punto plantea que quienes reciban el beneficio deberán “ponerse a derecho”, es decir, comparecer ante las autoridades competentes para reconocer los presuntos delitos. Europa Press detalló que, en la práctica, esto supondría que personas exiliadas por persecución política necesitarían regresar al país y presentarse ante la Justicia, una exigencia rechazada por muchos de los potenciales beneficiarios y sus familias.

Mientras avanza la discusión parlamentaria, familiares de personas catalogadas como presos políticos mantienen manifestaciones en las inmediaciones de centros de detención, incluida una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. Europa Press consignó que algunos familiares iniciaron una huelga de hambre el pasado sábado, exigiendo condiciones claras y transparencia en el proceso legislativo y en la eventual liberación de los detenidos. Las protestas y la presión social se mantienen vigentes, con demandas orientadas a la restitución de derechos y a que la ley permita una verdadera reconciliación.

La iniciativa legislativa se desarrolla bajo un clima de tensión política, marcada por la desconfianza entre las diferentes fuerzas y la estrecha vigilancia internacional sobre el comportamiento de las instituciones del Estado venezolano. Europa Press indicó que los sectores opositores insisten en evitar cualquier interpretación de la amnistía que signifique perdón automático o falta de responsabilidad, mientras que el oficialismo promueve la versión actual del proyecto como un medio para alcanzar la estabilidad y la convivencia democrática.

González reiteró que la amnistía debe corresponder con la visión de país que aspiran a reconstruir los venezolanos, señalando que se trata de una medida específica que debe abarcar a todo el país, no solo a una facción. Añadió que esta legislación debe contemplar la legalidad técnica necesaria, pero también reflejar el espíritu de una nación en busca de soluciones integrales a la crisis política.

El debate continúa abierto, mientras en la Asamblea Nacional persiste la falta de acuerdo sobre la redacción definitiva del artículo siete y mientras varios sectores mantienen la exigencia de condiciones transparentes y participativas en la definición de la normativa, reportó Europa Press. Las protestas de familiares de presos políticos y la presión internacional se suman como factores clave en un proceso legislativo que sigue sin una resolución definitiva.

Una manifestación convocada por grupos de ultraderecha, encabezada por la organización Unión por la Libertad, está programada tras el fallo emitido por el tribunal de Seúl, que condenó al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por su responsabilidad en la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. La noticia, difundida por el diario surcoreano The Korea Times, describe cómo la Corte concluyó que Yoon lideró una insurrección al ordenar el despliegue de fuerzas armadas hacia la Asamblea Nacional, en un intento de impedir una votación legislativa que anulaba su decreto.

Según informó The Korea Times, los jueces determinaron que la actuación de Yoon violó la autoridad del Parlamento y cumplía con la definición legal de insurrección establecida en el Código Penal surcoreano. Este código prevé para ese delito tres posibles condenas: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados. Aunque la Fiscalía solicitó la pena capital, el tribunal optó por la reclusión vitalicia, argumentando que tomó en cuenta diversos factores para fijar la sentencia.

Durante la lectura del veredicto, retransmitida en directo por televisión y en presencia del propio exmandatario, se reforzó la seguridad en los alrededores del tribunal, ubicados en la ciudad de Seúl. De acuerdo con la información recogida por The Korea Times y ampliada por la agencia Yonhap, tanto partidarios como detractores del expresidente se congregaron en la zona, expresando reacciones opuestas al fallo judicial.

La argumentación de la Fiscalía, según consignó The Korea Times, sostuvo que Yoon actuó en colaboración con altos cargos del Ejecutivo, incluido el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, para establecer la ley marcial sin que existieran las condiciones constitucionales que lo justificaran. La acusación enfatizó que el despliegue de militares al Parlamento, junto con intentos de detener a políticos y miembros de la comisión electoral, constituyeron una infracción grave del orden constitucional. La petición fiscal reclamaba la pena de muerte en vista de la “gravedad de la violación”.

El exmandatario, durante su última intervención ante el tribunal, defendió que la decisión buscaba prevenir lo que consideraba una crisis nacional y negó tener la intención de subvertir el orden constitucional. Sus abogados argumentaron que la declaración de la ley marcial se encontraba dentro de las facultades presidenciales, pero el tribunal descartó estos argumentos y definió tanto la acción como la orden de Yoon como un caso de insurrección.

La condena contra Yoon sucedió a un proceso de destitución tras la anulación por la Asamblea Nacional de la ley marcial que él decretó en diciembre de 2024. El Parlamento aprobó una resolución exigiendo el retiro inmediato de la medida, lo que derivó en sucesivas votaciones legislativas y finalizó en abril de 2025 con la confirmación del impeachment por el Tribunal Constitucional, según detalló The Korea Times.

El desarrollo de este caso incluyó también la condena a otros miembros del gabinete de Yoon. Reportó The Korea Times que una semana antes de la sentencia al expresidente, el exministro del Interior Lee Sang Min fue sentenciado a siete años de prisión por su papel en facilitar la declaración de la ley marcial. El tribunal estableció que Lee desempeñó un papel esencial en la tentativa de insurrección, tras considerar probado que ordenó a la Policía y a los Bomberos cortar servicios básicos a medios críticos y bloquear agencias clave para consolidar la imposición del decreto. También lo declaró culpable de falso testimonio tras negar bajo juramento haber emitido o recibido esas órdenes, aunque fue absuelto de ciertos cargos vinculados a abusos en la jefatura de los Bomberos. El exministro expuso su intención de apelar la sentencia.

El ex primer ministro Han Duck Soo fue otro alto funcionario condenado en relación con estos hechos, recibiendo en enero una pena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de insurrección por su participación en la imposición de la ley marcial, según consignó The Korea Times.

Otros antecedentes penales afectan al propio Yoon, quien previamente había recibido cinco años de cárcel por delitos como obstrucción a la justicia —relacionados con maniobras para evitar su detención—, abuso de poder y falsificación o destrucción de documentos oficiales durante el proceso que siguió a la declaración de la ley marcial.

La rápida respuesta de la Asamblea Nacional fue clave en la anulación de la ley marcial. Horas después de la firma del decreto presidencial, los legisladores votaron para revocar la medida, lo que provocó la serie de procesos judiciales y políticos que concluyeron con la destitución y condena de Yoon Suk Yeol.

El medio The Korea Times ha subrayado la relevancia de la sentencia y el ambiente de tensión política en Corea del Sur, donde actores clave del anterior gobierno enfrentan procesos penales y sentencias vinculadas con violaciones al orden constitucional en uno de los momentos de crisis institucional más destacados del país en los últimos años.

La decisión del tribunal surcoreano incluyó la consideración de varios factores antes de establecer la condena definitiva para el expresidente Yoon Suk Yeol, quien fue declarado culpable de liderar una insurrección tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024. Según ‘The Korea Times’, la corte determinó que las acciones de Yoon se ajustaban a la definición legal de insurrección, aunque rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer la pena de muerte y optó por una sentencia de cadena perpetua.

De acuerdo con la información publicada por ‘The Korea Times’, las autoridades judiciales argumentaron que la declaración de la ley marcial por parte del entonces presidente violó la autoridad legislativa del Parlamento surcoreano. El tribunal subrayó que Yoon ejerció un liderazgo directo en lo que definieron como una insurrección, al implementar un decreto que alteró el orden constitucional. Los jueces señalaron que, según el Código Penal de Corea del Sur, el delito de encabezar un acto de insurrección puede conllevar tres tipos de sanción: pena capital, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzosos.

La ley marcial, instaurada en diciembre de 2024, no permaneció vigente durante mucho tiempo. La Asamblea Nacional intervino horas después y aprobó una resolución que exigió la inmediata retirada de la medida. Esta respuesta del órgano legislativo impidió que el decreto continuara alterando el funcionamiento democrático del Estado. Posteriormente, el Parlamento adoptó una postura aún más firme y, en las semanas siguientes, votó a favor de destituir a Yoon Suk Yeol de la presidencia.

El proceso de destitución se formalizó cuando el Tribunal Constitucional examinó el caso y confirmó el impeachment en abril de 2025. A partir de ese fallo, Yoon fue oficialmente cesado en su cargo. Según detalló ‘The Korea Times’, el tribunal que juzgó al exmandatario explicó que, si bien se reconocieron todos los elementos constitutivos del delito de insurrección, en la determinación de la pena influyeron otras consideraciones cuya naturaleza no fue divulgada en su totalidad.

El juicio al expresidente se produjo después de un periodo de gran tensión política dentro del país asiático, marcado por el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. La declaración de la ley marcial por parte de Yoon, según reportó ‘The Korea Times’, generó un inmediato rechazo en la Asamblea Nacional y entre diversos sectores de la sociedad surcoreana. El episodio condujo al procesamiento judicial del exlíder, convirtiéndose en uno de los casos recientes más relevantes relacionados con el control institucional y democrático en Corea del Sur.

Con el fallo, el expresidente Yoon Suk Yeol recibió condena perpetua, indicador del impacto que tuvo la crisis política provocada por la imposición de la ley marcial y su rápida anulación parlamentaria. Las implicaciones de esta sentencia, según subraya la cobertura de ‘The Korea Times’, residen en el precedente judicial y político que establece ante las tensiones entre los poderes del Estado en Corea del Sur.

El proyecto de ley de amnistía impulsado en Venezuela ha generado fuerte rechazo entre activistas, ONG y familiares de personas detenidas por motivos políticos, quienes advierten que el texto obliga a reconocer hechos que los presos niegan haber cometido, como condición para acceder al beneficio. Según publicó el medio de origen, la iniciativa legislativa elaborada desde el oficialismo ha motivado protestas y huelgas de hambre frente a centros de detención en Caracas, donde familias y miembros de la oposición han demandado la liberación y denunciado el deterioro del estado de salud de los reclusos.

El Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez, retomará este jueves el debate en segunda lectura del denominado "Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", una propuesta surgida a iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De acuerdo con el medio citado, la discusión de la ley se había aplazado previamente debido a controversias surgidas entre las fuerzas oficialistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes rechazan que el acceso a la amnistía esté supeditado a la admisión de hechos y delitos desde 1999, tal como establece el texto respaldado por el gobierno.

Mientras el debate en la Asamblea Nacional sigue en agenda para las 16:00 horas (hora local), familiares de presos políticos permanecen concentrados en las afueras de sedes penitenciarias y centros de detención, entre ellas una instalación de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7, ubicada en Caracas. Desde el sábado pasado, algunos de los manifestantes han iniciado una huelga de hambre, como medida de presión para exigir la liberación de sus allegados, lo que ha derivado en complicaciones de salud en parte de los participantes.

Marcos Velazco, dirigente de la organización opositora Vente Venezuela, informó el miércoles sobre la situación de Mariana Escalona, esposa de su padre Julio Velazco, quien sufrió problemas de salud tras más de 100 horas en huelga de hambre y debió recibir atención médica en un ambulatorio cercano. Velazco declaró a través de redes sociales que, a su juicio, "esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados".

Adicionalmente, la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) solicitó a la Fiscalía General la designación inmediata de un funcionario con especialización en derechos humanos para que asista a los centros de detención y recabe de manera directa los testimonios de las víctimas, constate el deterioro físico y psicológico de los privados de libertad y, en función de ello, inste a las autoridades a ordenar la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos por razones políticas tanto en Boleíta como en la Zona 7. Según reportó el medio original, el CLIPPVE denunció que un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional no habría proporcionado información relevante a los familiares sobre la situación de los reclusos en ese recinto penitenciario.

El comunicado difundido por CLIPPVE subrayó además que, desde la perspectiva de los activistas, la Fiscalía General dispone legalmente tanto de las facultades como de la responsabilidad constitucional para salvaguardar la vida y la integridad de los prisioneros y de sus familias, especialmente cuando se registra un agravamiento de las condiciones de salud motivado por la prolongación del encarcelamiento y la falta de respuestas institucionales.

El medio detalló que la ley de amnistía objeto del debate abre formalmente la posibilidad de excarcelar a personas acusadas de cometer delitos desde 1999, en coincidencia con los límites temporales establecidos por el gobierno venezolano. No obstante, la exigencia de que los beneficiarios reconozcan conductas que afirman no haber realizado ha generado tensiones y resistencia dentro del movimiento de derechos humanos y entre la sociedad civil.

Las protestas y manifestaciones de familiares frente a las instalaciones penitenciarias, así como el llamado de las organizaciones a una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales, marcan el contexto de la discusión parlamentaria, mientras continúa el debate sobre los alcances y limitaciones del proyecto de ley impulsado por la administración de Delcy Rodríguez.

La situación de los reclusos políticos y las denuncias de deterioro en sus condiciones de salud permanecen en el centro de la atención pública, según reiteró el medio consultado, lo que ha intensificado la presión hacia las instituciones del Estado venezolano ante el inminente debate legislativo sobre la amnistía.

La aprobación en primer debate del proyecto de ley 328 marca un nuevo intento por ordenar y transparentar el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en el sistema educativo oficial de Panamá. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por irregularidades administrativas detectadas en estos organismos y busca establecer reglas claras sobre el manejo de fondos y la rendición de cuentas.

La propuesta legislativa pretende crear un marco legal unificado que regule la organización, atribuciones y responsabilidades de estas agrupaciones, consideradas actores clave en el apoyo a la gestión escolar.

El proyecto define a las asociaciones de padres de familia como organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, integradas por acudientes de estudiantes, cuyo objetivo es colaborar con la comunidad educativa y velar por el bienestar de los educandos.

El documento también resalta que la normativa vigente, basada en decretos de la década de 1980, presenta vacíos legales que han permitido prácticas administrativas cuestionadas.

Entre las irregularidades identificadas figuran gastos injustificados, falta de informes financieros, retiros de dinero sin respaldo documental y ausencia de controles internos, lo que ha afectado la confianza de la comunidad educativa.

Las estadísticas incluidas en la exposición de motivos evidencian el comportamiento de los procesos investigativos relacionados con estas asociaciones. El informe señala que el 34.65% de los casos termina archivado, el 46.53% permanece en fase de investigación, apenas 1% llega a sentencia y otro 1% es remitido a jueces de paz, lo que refleja dificultades en la fiscalización y resolución de denuncias.

Los datos reflejan el alcance de las investigaciones vinculadas a asociaciones de padres de familia. El documento contabiliza 101 casos y ubica a Panamá Oeste como la región con mayor concentración, con 28.71%, seguida por Coclé con 16.83%, mientras Chiriquí y Panamá registran 15.84% cada una.

En la evolución por año, las denuncias aumentaron con fuerza en 2023 y 2024, cuando se reportaron 50 casos en ese bienio, una tendencia que el propio registro describe como “en aumento”.

Ante este escenario, el proyecto introduce mecanismos orientados a fortalecer la transparencia y la supervisión. La iniciativa establece la obligación de presentar informes semestrales y anuales de gestión ante la asamblea general, considerada la máxima autoridad de estas organizaciones, con decisiones de obligatorio cumplimiento para sus miembros.

Además, la propuesta contempla la creación de un comité de fiscalización con participación del Consejo de Delegados, encargado de supervisar el uso de los recursos y garantizar el cumplimiento de las normas internas. También se plantea la obligación de resguardar la documentación oficial en archivos físicos o digitales dentro del centro educativo, reforzando la trazabilidad de las operaciones financieras.

La diputada Patsy Lee, promotora del proyecto, explicó que la iniciativa busca mejorar la organización escolar y fortalecer la rendición de cuentas. Según la legisladora, la norma permitirá un manejo transparente de los fondos aportados por los padres, con controles que aseguren que los recursos se destinen directamente al beneficio de los estudiantes.

El proyecto igualmente incorpora disposiciones relacionadas con la participación democrática dentro de las asociaciones. Se promueve la elaboración de planes de acción, aprobación de gastos extraordinarios y adopción de reglamentos mediante mecanismos participativos, con el objetivo de fortalecer la gobernanza interna.

Otro de los elementos relevantes es la alineación del proyecto con la Constitución panameña. La propuesta desarrolla los artículos 91 y 95, vinculados al derecho a la educación y a la participación de la comunidad en el proceso educativo, lo que refuerza su sustento jurídico.

En su exposición de motivos, el documento destaca el papel histórico de las asociaciones de padres de familia en el apoyo a la educación pública. Estas organizaciones han contribuido a la mejora de infraestructuras escolares, actividades curriculares y extracurriculares, así como a la provisión de apoyos logísticos, lo que las convierte en un componente estratégico del sistema educativo.

Sin embargo, la falta de actualización normativa ha generado inconsistencias que motivaron la presentación del proyecto. La iniciativa plantea que un marco regulatorio moderno permitirá fortalecer la confianza, mejorar la fiscalización y garantizar que la gestión de estas asociaciones responda a criterios de transparencia y responsabilidad.

La aprobación en primer debate representa el inicio del trámite legislativo, que deberá continuar con su discusión en segundo y tercer debate antes de convertirse en ley. De concretarse, la norma redefiniría el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia y establecería nuevos estándares de control en el manejo de recursos escolares.

El arresto de Robin Michel, colaborador del diputado Raphael Arnault, por presunta complicidad al dar cobijo a un implicado en el caso de la muerte de Quentin Deranque, marca una nueva fase en las investigaciones sobre el fallecimiento del joven ultraderechista en Lyon. Según informó France Info citando al fiscal de Lyon, Thierry Dran, Michel figura entre los detenidos por su presunto papel en los hechos ocurridos durante enfrentamientos entre activistas antifascistas y militantes ultraderechistas.

De acuerdo con lo publicado por France Info, el arresto de Michel se suma al de Jacques-Elie Favrot, principal asistente parlamentario de Arnault, quien fue detenido bajo sospecha de homicidio voluntario. Aunque Michel no se encuentra entre los seis principales sospechosos, su detención ha sido motivada por el supuesto alojamiento proporcionado a una de las personas relacionadas directamente con la muerte de Deranque. La policía detuvo la noche del martes a nueve personas en total, y en las siguientes horas otras dos fueron arrestadas en relación con los enfrentamientos que resultaron fatales para Deranque.

El fiscal Dran explicó que las investigaciones apuntan a la existencia de una red de apoyo y protección a los presuntos implicados, lo que ha ampliado el foco de la pesquisa más allá de quienes participaron directamente en la confrontación. El caso, que involucra tanto a allegados a agrupaciones antifascistas como a colaboradores cercanos de figuras políticas, ha tensado el clima político en Francia.

France Info consignó que, en medio de la investigación, la respuesta política no tardó en intensificarse. El presidente del partido de ultraderecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, responsabilizó públicamente al movimiento antifascista "Joven Guardia", calificándolo de "brazo armado" de La Francia Insumisa (LFI), partido de Arnault. Bardella pidió la renuncia de Arnault, a quien atribuyó una supuesta "responsabilidad moral" ante la muerte de Deranque. En sus declaraciones reproducidas por France Info, Bardella sostuvo: "En una democracia como Francia, no se puede tolerar ninguna forma de violencia, ninguna intimidación, ninguna presión sobre el proceso electoral, ningún llamamiento a la insurrección", señalando además que el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, no mostró arrepentimiento y se está presentando como víctima pese al fallecimiento del joven.

Entre las demandas planteadas tras el incidente, Bardella también solicitó la implementación de un "cordón sanitario" para aislar a La Francia Insumisa tanto de la Asamblea Nacional como de las próximas elecciones municipales previstas para marzo. Esto, según lo recolectado por France Info, responde a un contexto de polarización y tensión en el espacio político francés, agravado por el trágico desenlace del enfrentamiento.

Adicionalmente, la sede central de LFI experimentó un episodio de emergencia cuando fue evacuada tras recibir una amenaza de bomba en la mañana del miércoles. El coordinador nacional del partido, Manuel Bompard, confirmó el incidente según declaraciones recogidas por France Info, sumándose así a un ambiente marcado por denuncias cruzadas, procedimientos judiciales y amenazas que agravan el debate político tras el caso Deranque.

Mientras continúa el proceso de investigación, las autoridades mantienen a los sospechosos bajo custodia y amplían las pesquisas para determinar el alcance de las redes de apoyo entre los círculos políticos y activistas implicados. Las detenciones y los episodios vinculados a esta causa han acentuado el debate sobre los límites de la acción política y las respuestas institucionales frente a la violencia motivada por la confrontación ideológica en Francia.

La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela ha recibido atención internacional tras una reciente serie de excarcelaciones. Según detalló Human Rights Watch (HRW), alrededor de 400 personas fueron liberadas a principios de enero, conforme reportan organizaciones venezolanas de derechos humanos. Sin embargo, HRW subraya que aproximadamente 600 individuos permanecen detenidos por motivaciones políticas y considera que estos gestos, aunque significativos, no modifican las estructuras que permiten la represión, reclamando transformaciones de fondo en el sistema institucional del país. La organización, expresó, además, que cualquier intento de reforma insuficiente equivaldría a una “transición simulada” que no respondería a las demandas reales de la ciudadanía venezolana.

De acuerdo con HRW, el Gobierno venezolano, ahora bajo la conducción de Delcy Rodríguez tras asumir sus funciones en enero, debe proceder al desmantelamiento total del “aparato represivo”. El comunicado, difundido por la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, urge la aplicación de reformas “reales” tanto en el sistema electoral como en el judicial, enfatizando la necesidad de cesar en el cargo al fiscal general, Tarek William Saab, por su papel central en la estructura represiva del Estado, especialmente después de las elecciones presidenciales realizadas en julio de 2024. El medio subraya que la permanencia de Saab resulta incompatible con cualquier intento serio de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en Venezuela.

El texto distribuido por HRW puntualiza que las autoridades venezolanas continúan manteniendo un sistema represivo encargado de las detenciones, a pesar del reciente proceso de excarcelaciones. La ONG advierte sobre el debate en la Asamblea Nacional en torno a una ley de amnistía que, bajo el análisis de HRW, no garantiza la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Juanita Goebertus declaró, según HRW, que la discusión en torno a este proyecto no debe convertirse en motivo para demorar la excarcelación ni para posponer reformas estructurales que permitan recuperar la democracia en el país. El oficialismo ha argumentado que esta legislación podría facilitar la liberación de quienes han cometido delitos a partir de 1999, pero organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación porque, hasta ahora, la propuesta excluye a varios reclusos y obliga a quienes sean beneficiados a aceptar hechos que refutan.

El análisis de HRW, difundido con base en datos del Foro Penal, una organización venezolana, señala la existencia de casi 19.000 personas detenidas arbitrariamente a lo largo de los últimos años. De ellas, muchas habrían experimentado torturas y tratos degradantes, sumados a la incomunicación y la falta de acceso a defensa legal. HRW asevera que los procesos judiciales masivos, realizados incluso a través de audiencias virtuales, han dejado sin garantías a los afectados. El organismo describe un panorama en el que violaciones generalizadas a los derechos humanos, entre ellas procesos penales carentes de fundamentos, se han impuesto de manera reiterada contra disidentes, periodistas y activistas, fenómeno que, según HRW, se remonta al año 2014.

La ONG responsabiliza tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de Venezuela, alegando que han colaborado en la persistencia de estos atropellos. HRW destaca la reforma judicial de 2004 aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez como un punto de inflexión en la “cooptación” de los organismos que debían velar por la legalidad y la justicia. Por esta razón, la organización demanda a la administración encabezada por Delcy Rodríguez una serie de medidas para restituir la independencia e integridad del sistema judicial, eliminando toda interferencia estatal indebida.

Sobre la figura de Tarek William Saab, el comunicado de HRW es categórico al afirmar que su papel durante la consolidación del aparato represivo, especialmente después de la reelección de Nicolás Maduro, lo hace incompatible con cualquier proceso de reforma profunda. El medio indica que las denuncias de fraude en dichos comicios provenientes de la oposición y parte importante de la comunidad internacional intensificaron los señalamientos contra la administración de justicia, detallando que la presencia de Saab al frente del Ministerio Público constituye un obstáculo para el respeto a los derechos elementales de la ciudadanía.

Además de los puntos relativos a la justicia, Human Rights Watch ha reclamado cambios significativos en la organización de los procesos electorales. De acuerdo con HRW, el Gobierno debe generar condiciones que “permitan elecciones libres y justas”, lo que implica revisar la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la organización de derechos humanos, el actual CNE impidió la participación de candidatos opositores como María Corina Machado, y sus miembros avalaron la reelección de Maduro, lo que, según activistas y adversarios políticos, cuestiona la legitimidad de los comicios.

A lo largo del comunicado, HRW sostiene que cualquier cambio que no implique la transformación efectiva de las instituciones represivas solo beneficiaría a las autoridades venezolanas y posiblemente a los intereses del gobierno estadounidense, sin traducirse en avances materiales para los derechos del pueblo. Según consignó HRW, el impacto de los procedimientos represivos continúa manifestándose en la cotidianidad de numerosas familias venezolanas que esperan la liberación de sus allegados y la restauración de un espacio político libre para ejercer la disidencia.

El medio hace hincapié en la dimensión estructural de los desafíos que enfrentan actualmente los defensores de derechos humanos y la ciudadanía venezolana en general. HRW pone como ejemplo las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y la cooptación de los poderes públicos como problemáticas que demandan soluciones de carácter inmediato, estructural y duradero.

Las demandas que HRW presenta al Ejecutivo de Delcy Rodríguez se sintetizan en la exigencia de liberar a la totalidad de los presos políticos de manera incondicional, culminar con la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, garantizar la independencia del sistema judicial, reformar el sistema electoral y remover a quienes, según la ONG, han conducido y perpetuado la política represiva del Estado venezolano en los últimos años.

El Ministerio de Desarrollo Social informó del traslado de 10 jóvenes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora en Chitré, provincia de Herrera, en cumplimiento de una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, tras una inspección realizada la semana pasada en ese albergue.

La decisión se produce en medio de una investigación en curso por presuntas irregularidades y denuncias de maltrato, que comenzaron tras una visita de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Brenes, al centro ubicado en Tocumen.

Esa inspección legislativa derivó en la presentación de una denuncia formal, lo que motivó la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con el comunicado oficial del Mides, la acción responde a una medida de protección destinada a salvaguardar la integridad, el bienestar y la atención especializada de los jóvenes, todos mayores de edad y en condición de discapacidad.

El traslado fue coordinado con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad que tenía bajo su responsabilidad la atención de esta población.

El Hogar María Auxiliadora, ubicado en la provincia de Herrera, se encontraba desocupado debido a que su población regular —23 adolescentes estudiantes— no está en período escolar.

Las autoridades indicaron que la medida tiene carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria acorde con las necesidades de los jóvenes trasladados.

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la Senniaf, Beatriz Carles de Arango, se trasladó personalmente al centro receptor para verificar las condiciones de atención.

Según el comunicado, se articuló de inmediato con el Ministerio de Salud el envío de un equipo médico, que evaluó a cada uno de los jóvenes tras su llegada a Chitré.

El traslado ocurre en un contexto de creciente presión institucional. La semana pasada, el procurador general realizó una inspección en el CAI de Tocumen, tras las denuncias presentadas por la diputada Brenes.

Posteriormente, el Ministerio Público anunció la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades, mientras que la Junta Directiva del Mides reiteró su compromiso de garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia bajo tutela del Estado.

En paralelo, la Asamblea Nacional avanzó en el control político. Después de dos intentos fallidos, diputados independientes lograron aprobar la citación de la ministra Beatriz Carles ante el pleno, para que rinda explicaciones sobre la situación en los albergues bajo supervisión estatal.

La fecha de comparecencia está pendiente de ser fijada, pero el cuestionario aprobado incluye 42 preguntas relacionadas con protocolos de supervisión, condiciones de infraestructura, personal especializado, auditorías internas y medidas adoptadas tras las denuncias.

Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación ante alertas tempranas y la garantía de derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.

También deberá detallar las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público. El cuestionario aprobado va más allá de cifras y consolidados estadísticos, y exige respuestas sobre los protocolos institucionales existentes para prohibir castigos físicos, psicológicos y otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como detalles sobre las condiciones físicas, estructurales y técnicas que los albergues deben cumplir conforme a la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos.

También se le pide explicar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas faltas en la atención de menores, y qué acciones concretas se han adoptado para prevenir nuevos casos, incluyendo auditorías internas, vigilancia y seguimiento a denuncias.

El caso del CAI de Tocumen se suma a una serie de cuestionamientos sobre la administración de albergues en Panamá. Las primeras alertas públicas surgieron tras la visita de la Comisión de la Mujer, cuyos hallazgos derivaron en la denuncia formal.

Ese paso marcó el inicio del proceso judicial y administrativo que hoy mantiene bajo escrutinio la gestión de estos centros.

En su comunicado, el Mides sostuvo que impulsa acciones articuladas para asegurar la protección de la niñez y adolescencia, así como de personas en situación de vulnerabilidad bajo tutela estatal.

La institución reiteró que trabaja bajo un enfoque interinstitucional para garantizar condiciones dignas y adecuadas, mientras avanzan las investigaciones y se mantienen las medidas de protección adoptadas.

La semana pasada, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, realizó una inspección en las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen acompañada por representantes de UNICEF Panamá, incluyendo a la directora local del organismo, Sandie Blanchet.

Durante el recorrido por las áreas de atención y reuniones con el personal del albergue, UNICEF destacó la necesidad de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal, subrayando que cualquier señal de alerta debe investigarse con seriedad y objetividad para garantizar la atención integral de la niñez.

El traslado de los 10 jóvenes representa, hasta ahora, la medida concreta más visible adoptada tras las inspecciones y denuncias. Las autoridades han insistido en que se trata de una acción preventiva y temporal, en espera de definiciones administrativas y judiciales que determinen el curso definitivo del caso.

Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más de 48 horas en huelga de hambre afuera de un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. El grupo, instalado sobre colchonetas frente a la sede conocida como Zona 7, inició la protesta el sábado a las seis de la mañana. Entre las manifestantes, varias han presentado problemas de salud: una de ellas reportó tensión alta y dolor en el pecho, mientras que tres han perdido el conocimiento durante la protesta, según relató Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco.

A pesar de las complicaciones médicas, las participantes insisten en continuar la huelga para exigir la liberación inmediata y plena de sus familiares. Personal de enfermería y médicos han acudido al lugar para monitorear el estado de las manifestantes. Petra Vera, quien acompaña la protesta aunque no participa debido a su condición oncológica, afirmó que los presos políticos recluidos en Zona 7 también se declararon en huelga de hambre desde el viernes, en reclamo por el cumplimiento de las promesas de excarcelación.

El doctor Rafael Arreaza confirmó que varias mujeres presentan complicaciones gástricas y una de ellas mantiene la tensión arterial alta debido al prolongado ayuno. Arreaza denunció que el responsable policial de la sede le impidió el acceso para evaluar a los detenidos, pese a que dos reclusos se descompensaron hasta el punto de requerir una ambulancia.

Las familias realizan mediciones diarias de glucosa y presión arterial bajo la supervisión de médicos voluntarios. El doctor Arreaza advirtió que la responsabilidad por un desenlace fatal recae también sobre las autoridades policiales encargadas de la custodia.

El contexto de la protesta se relaciona con la promesa del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien el seis de febrero anunció la liberación de todos los presos políticos tras la aprobación de una ley de amnistía. El trámite parlamentario, controlado por el chavismo, fue pospuesto la semana pasada por diferencias sobre uno de los artículos y se espera que el debate finalice esta semana. Rodríguez informó este sábado sobre diecisiete excarcelaciones en Zona 7, aunque familiares insisten en que la medida sigue siendo insuficiente.

Excarcelaciones verificadas

La ONG Foro Penal informó el domingo que verificó 444 excarcelaciones en Venezuela desde el pasado 8 de enero hasta el 15 de febrero a las 21:30 (hora local), tras el anuncio del Gobierno encargado sobre un proceso de liberaciones. A través de su cuenta en X, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló el alcance del registro realizado por la ONG durante poco más de un mes.

Es importante mencionar que Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. La organización mantiene ese criterio para el conteo que difunde públicamente.

Foro Penal continúa con la verificación de los casos en el marco del proceso anunciado por las autoridades. La cifra difundida este domingo corresponde exclusivamente a las personas que salieron de centros de reclusión en el período indicado por la organización.

(Con información de EFE)

El Proyecto de Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela suscita críticas por parte del sector militar y defensores derechos humanos, al considerar que es insuficiente y discriminatorio. Es un proyecto chucuto que excluye al 80% de los militares encarcelados injustamente por razones políticas, dice el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño, quien preside el Movimiento Defensores Populares (DPR). Considera que la propuesta es “chucuta” (incompleto) y limitada, porque la mayoría de las detenciones de militares han sido ordenadas por altos cargos como el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello Rondón, de quien asegura fundamenta denuncias por informantes infiltrados en los cuarteles, conocidos como “patriotas cooperantes”.

Según el coronel retirado de la Guardia Nacional, estos informantes detectan y reportan cualquier comentario crítico hacia el régimen, lo que ha llevado a que numerosos oficiales, subalternos y tropa profesional sean privados de libertad por meros rumores o por expresar inquietudes sobre la situación socioeconómica de sus familias.

Afirma que cuando los jueces militares no encuentran pruebas de delitos, “los inventan” o esperan instrucciones directas desde Miraflores, en alusión a las órdenes que el Poder Ejecutivo, desde Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro, da a los tribunales, al Ministerio Público y a los defensores públicos.

Destaca Hidalgo Valero, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, algunos casos emblemáticos como el del General de Brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 13 de agosto 2018, condenado a 16 años de prisión y se encuentra en la Cárcel El Rodeo I. El general Hernández se encuentra detenido por oponerse al narcotráfico y desobedecer órdenes superiores, dice. Otro de los casos es el del teniente coronel del Ejército, Igbert José Marín Chaparro, detenido en marzo 2018 por denunciar ante sus superiores la mala alimentación de la tropa. El Tcnel. Marín denunció la precaria alimentación de su tropa, lo que ratificó frente al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, y “fue sentenciado a 7 años 6 meses de prisión, por el delito de Instigación a la Rebelión”. Posteriormente le abrieron un nuevo juicio para mantenerlo encarcelado.

Además, el coronel Valero Briceño señala la proliferación de causas basadas en presuntas conspiraciones como las operaciones Espada de David, Brazalete Blanco, Constitución u Operación Gedeón, que han servido para justificar detenciones masivas y “sentencias que salen de Miraflores, no del tribunal de la causa”.

Asegura que ordenan revisar los teléfonos de los militares “al conseguir mensajes o cadenas, sobre la situación crítica que vive Venezuela, son llevados a juicio, les imputan, traición a la Patria, desobediencia, insubordinación, incautación de armas, rebelión, terrorismo, entre otros delitos”.

Diosdado ordena detenerlo

Relata Hidalgo Valero Briceño que él ha sido víctima, por orden de Diosdado Cabello, de detenciones arbitrarias en varias ocasiones, entre ellas tras la marcha por la Meritocracia Militar en 2002, siendo excarcelado al día siguiente, pero durante dos años permaneció con medidas cautelares.

Describe cómo, el 5 de julio 2017, fue arrestado tras una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, permaneciendo 69 días en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), bajo torturas psicológicas, sin juicio y posteriormente sujeto a medidas cautelares durante tres años.

Para acusarlo de Traición a la Patria y rebelión “las pruebas o elementos de convicción más fuertes, que aparecían en el expediente, eran que una señora en la manifestación llevaba la bandera nacional volteada, con el escudo hacia abajo”. La represión, según el coronel, no se limita al ámbito militar. En diferentes localidades, ciudadanos han sido detenidos por expresar opiniones políticas, ya sea a través de pancartas o en redes sociales., como fue el caso de dos médicos, en Valera, estado Trujillo, detenidos por unas pancartas sobre la intervención de Estados Unidos.

Menciona casos como el de un médico de Altagracia de Orituco, capital del Municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico, encarcelado tras atender a un miembro de un colectivo, quien, a pesar de los esfuerzos, falleció. Denuncia que son cientos los casos de detenciones arbitrarias. “Casi todos los altos dirigentes de los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, han sido encarcelados por ejercer su actividad partidista”.

Valero Briceño calcula que son más de 200 los militares que permanecen detenidos por razones políticas, pero denuncia que solo una mínima parte ha sido liberada, desde el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.

Una propuesta razonable

El abogado y coronel retirado Hidalgo Valero presenta una propuesta de modificación del proyecto de Ley de Amnistía con dos artículos claves, orientados a garantizar la amnistía a todos los perseguidos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El primer artículo plantea el otorgamiento de la amnistía a quienes hayan participado en manifestaciones, expresado ideas políticas, difundido información o promovido acciones consideradas conspirativas, así como a aquellos procesados o amenazados por causas políticas dentro o fuera del país.

El segundo artículo establece que la aplicación de la ley recaiga en tribunales imparciales, obligando a la inhibición de jueces y fiscales que hayan intervenido previamente, y fijando plazos máximos de tres días para resolver los casos tras la promulgación de la Ley, y de dos días en caso de apelaciones. Textualmente los amnistiados serían lo que entrarán en estas opciones: “Cuando se hayan cometido, o puedan haberse cometido, por la participación, en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política, o por su organización o convocatoria”.

“Por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido”.

“Los actos o hechos que hayan sido enjuiciados o no, considerados por los juzgadores, como acciones consideradas conspirativas, o violatorias de la Ley del Odio (inconstitucionalmente promulgada por la ilegal Asamblea Constituyente), o de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”.

“Los perseguidos políticos, quienes se encuentran en el exterior o en la clandestinidad, con procesos abiertos o por amenazas o temores de ser encarcelados, con o sin juicio abierto por los tribunales nacionales, podrán regresar al país con libertad”.

Hidalgo asegura que así se otorga amnistía de todos los hechos, considerados punibles, con motivación política, ocurridos desde 1999 hasta el 2026.Por otra parte, propone que la Ley de Amnistía quede a cargo de los tribunales de justicia, que hayan procesado o sentenciado los casos, por lo que los jueces y fiscales que actuaron para sentenciar deberán inhibirse y convocar a sus suplentes.

“En cada caso, solo si el detenido no cuenta con defensor privado, el juez nombrará un defensor público de oficio”, considera que los tribunales de la República tengan plazo máximo de 3 días continuos, para resolver los casos previstos en dicha Ley. En casos de apelaciones, se nombrará por el Tribunal Superior, comisiones mixtas, que deberán decidir la apelación para la aplicación o no de la Ley de Amnistía, en un máximo de 2 días continuos.

La comunidad jurídica y militar espera que la Asamblea Nacional atienda estas reivindicaciones y garantice una verdadera amnistía que no excluya a quienes han sido víctimas de la represión política, especialmente en el sector castrense, finaliza diciendo el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero.