Delcy Rodríguez ya cocina la enésima renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la misma línea de sus predecesores, la flamante presidenta encargada de Venezuela prepara una sacudida que dejará entre sus damnificados a figuras muy cercanas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habían diseñado un Poder Judicial a su imagen y semejanza.

Una docena de los 20 magistrados que conforman el TSJ abandonaría definitivamente sus cargos, según versiones extraoficiales. Ocho saldrían jubilados. En esa lista destacan dos miembros de la Sala Penal, Maikel Moreno y Elsa Gómez, que han estado envueltos en polémicas por acusaciones de corrupción.

Ficha de confianza de la pareja Maduro-Flores, Moreno presidió el máximo tribunal del país entre 2017 y 2022. Sobre él pesan sanciones de 42 naciones, las más importantes de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Además, la cabeza de Moreno tiene precio: Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por datos que faciliten su captura, pues la justicia norteamericana lo persigue por su presunta participación en el crimen organizado transnacional, recepción de sobornos y lavado de dinero.

Moreno estaba al frente del TSJ el 30 de abril de 2019, cuando hubo un intento de golpe de Estado contra Maduro. El dirigente opositor Leopoldo López aseguró que el magistrado formaba parte del complot, pero que al final no cumplió con el compromiso que había asumido de dictar una sentencia a favor del levantamiento.

Tras aquel turbulento episodio, corrió el rumor de que Maduro lo borraría de la institución. Al final, logró recuperar la confianza del líder chavista y fue ratificado en 2022 por otro período de 12 años. Con Delcy Rodríguez en Miraflores, se apagó la estrella de Moreno.

La familia

En la rampa de salida igualmente se encuentra Elsa Gómez. En 2013, la propia Sala Constitucional del TSJ determinó que cometió un “error inexcusable” y actuó “de forma grotesca” cuando, en su condición de jueza de la Corte de Apelaciones de Caracas, favoreció a un general del Ejército condenado por corrupción.

Presidenta de la Sala Penal, públicamente ha sido cuestionada por presuntamente ejercer presiones indebidas en los tribunales y encabezar la persecución judicial contra la disidencia, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Gómez es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores.

Al marginar a Moreno y Gómez, Delcy Rodríguez saca a dos de los tres togados que conforman la Sala Penal. La presidenta encargada ha anunciado una reforma del sistema penal para supuestamente combatir el retardo procesal, superar la criminalización de la pobreza y erradicar la corrupción.

“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo de Venezuela todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna”, expresó la mandataria interina.

Otro jubilado es el jefe de la Sala Social y primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia Rodríguez. Militante del extinto Movimiento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez, es hermano del primer esposo de Cilia Flores.

Gran prueba

De los 20 magistrados principales, actualmente solo uno podría ser vinculado con factores de oposición. La renovación del TSJ, proceso que impulsa la Asamblea Nacional -presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez-, se convierte en una nueva prueba para medir la disposición del chavismo con respecto a una apertura democrática.

“Los venezolanos claman por instituciones serias, que sean independientes y que estén al servicio de la gente”, recalcó el diputado opositor Henrique Capriles Radonski, quien subrayó que este proceso es “muy importante” con el fin de “seguir luchando para que el país tenga un sistema de justicia que funcione para los venezolanos”.

La cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada por el chavismo para imponer sus posiciones y asfixiar a la disidencia. “En 2024, el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral, profundizando con ello la falta de credibilidad y transparencia de los resultados informados por el Poder Electoral", recordó la ONG Provea.

El refrescamiento del máximo juzgado no solo es seguido con atención por la sociedad venezolana. El gobierno de Estados Unidos también observa detenidamente los movimientos de Delcy Rodríguez, consciente de que el Poder Judicial es clave para una transición democrática en Venezuela.

Panamá se enfrenta desde este lunes a la aprobación o no del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina.

La medida, a tomarse en la Asamblea Nacional marcha a contrarreloj, toda vez que el Órgano Legislativo entra el jueves en el periodo de recesión de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio, a menos que el presidente José Raúl Mulino llame a sesiones extraordinarias.

El miércoles pasado el debate volvió al hemiciclo en medio de custionamientos sobre su viabilidad y posibles efectos adversos en el mercado.

La intención de utilizar el biocombustible en las gasolinas ya fracasó en 2013, 2014 y en 2024.

La pasada administración del presidente Laurentino Cortizo tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

En el país el área sembrada de caña ha ido en declive: 40,555 hectáreas durante el año agrícola 2016-2017, cifra que bajó a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica el uso obligatorio en la gasolina de un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), que reconoce que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible de origen biológico utilizado a escala global. Más de 60 países ya lo han incorporado en su matriz energética, en general con mezclas al 10%, como se propone en Panamá. Hoy tenemos la gran seguridad de que funciona perfectamente en todos los motores mejorando la combustión en los automóviles”, afirmó durante una visita al país el especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, Agustín Torroba.

En Panamá el tema de los biocombustibles cobra cada vez más mayor beligerancia, y en septiembre próximo la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Azucalpa realizarán lo que han denominado la “Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos 2026”.

El evento girará bajo el lema “Descarbonizando la tierra, los cielos y los mares” y girará en torno a combustibles sostenibles de aviación, biocombustibles marítimos y biocombustibles terrestres.

La Cumbre se dará, según sus organizadores, en un contexto donde el mercado global de biocombustibles líquidos continúa consolidando su tendencia alcista.

Así, indican que en 2024 la producción mundial superó los 197 millones de m³, registrando un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 53% acumulado en la última década. El consumo global alcanzó los 185 millones de m³, con un alza anual del 5%.

Los biocombustibles son una de las formas más rápidas de descarbonizar el transporte, no sólo terrestre, sino que son una de las pocas vías para reducir las emisiones en sectores de difícil descarbonización, como el de la aviación y el marítimo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decidió vetar tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, al devolverlos sin sanción y solicitar un nuevo análisis por parte de los diputados, al considerar que presentan problemas de constitucionalidad, inconveniencia y riesgos para el sistema económico y administrativo del país.

Las iniciativas objetadas corresponden a los proyectos de ley 388, 233 y 249, relacionados con la prescripción de deudas bancarias, el cobro de tributos municipales y la reducción del gasto en alquileres estatales, respectivamente, todos aprobados recientemente en el pleno legislativo.

En el caso del proyecto de ley 388, el Ejecutivo fue categórico al advertir que la propuesta es “inconveniente e inexequible”, al plantear que permitiría a los bancos reconocer de forma administrativa la prescripción de deudas sin intervención judicial, lo que podría generar conflictos con el marco legal vigente y afectar el sistema financiero.

La iniciativa buscaba establecer un procedimiento mediante el cual las entidades financieras pudieran extinguir obligaciones crediticias tras un plazo de tres años, sin necesidad de un proceso judicial, trasladando el trámite al Sistema de Atención de Reclamos (SAR) y permitiendo incluso el llamado “silencio administrativo positivo” como mecanismo de validación.

Además, el proyecto obligaba a los bancos a informar de manera clara al cliente sobre el estado de la deuda, intereses, plazos y cualquier interrupción del período de prescripción, y contemplaba que, de aprobarse la solicitud, la obligación debía eliminarse de los registros internos y de los burós de crédito, generando efectos legales plenos.

También incluía un esquema de supervisión compartida entre la Superintendencia de Bancos y la ACODECO, con sanciones que podían ir desde $5,000 hasta $50,000 por incumplimientos, lo que ampliaba el alcance regulatorio sobre el sistema financiero en materia de protección al consumidor.

Para el mandatario, este enfoque no solo contradice normas existentes, sino que además podría vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial, al trasladar una decisión legal a la esfera administrativa, lo que también genera dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En esa misma línea, la Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a más de 50 entidades entre bancos de licencia general e internacional, advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el acceso al crédito, afectando a personas, familias y empresas, además de generar incertidumbre en el mercado financiero.

En cuanto al proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 sobre la administración y cobro de tributos municipales, el presidente presentó objeciones parciales, especialmente sobre los primeros artículos, al considerar que podrían alterar la estructura fiscal de los municipios y generar inconsistencias en su aplicación.

Esta iniciativa introducía cambios en aspectos como el impuesto de degüello de ganado, los mecanismos de control y las sanciones, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad de actividades económicas vinculadas al sector agropecuario, además de mejorar la recaudación municipal.

El proyecto establecía que el impuesto debía pagarse en el municipio de origen del animal, obligando a contar con una licencia o guía de traslado, y definía controles más estrictos para verificar la procedencia del ganado y evitar irregularidades en su comercialización.

Asimismo, imponía sanciones a quienes comercialicen carne sin la guía de degüello correspondiente, con multas que podían ir desde $50 hasta $1,000, duplicándose en caso de reincidencia, además de permitir inspecciones municipales para reforzar el control sanitario y fiscal.

No obstante, el Ejecutivo considera que algunas de estas modificaciones requieren un análisis más profundo, al poder afectar la forma en que los municipios gestionan sus ingresos y ejercen sus competencias administrativas.

El tercer proyecto vetado, el 249, buscaba reducir el gasto en alquiler de oficinas del sector público mediante un plan escalonado de disminución del gasto y la construcción de infraestructura estatal propia, en respuesta al crecimiento sostenido de este rubro en el presupuesto nacional.

Según el documento, el Estado panameño destina más de $105 millones anuales al alquiler de edificios y locales, lo que representa alrededor del 0.35% del presupuesto general, una cifra que ha aumentado de forma significativa en la última década.

El proyecto planteaba que todas las entidades del Estado debían elaborar planes para reducir progresivamente estos gastos, incluyendo la construcción de edificios propios, la reutilización de estructuras existentes y la creación de ciudades gubernamentales en cada capital de provincia.

Además, establecía metas obligatorias de reducción del gasto en alquiler, que iban desde 10% en 2027 hasta 50% en 2037, junto con la fijación de precios máximos por metro cuadrado para contratos de arrendamiento supervisados por la Contraloría.

La iniciativa también contemplaba la reubicación de oficinas públicas fuera del corregimiento de San Felipe y la eliminación de gastos en alquiler de salones para eventos, promoviendo el uso de infraestructura estatal como medida de ahorro.

Sin embargo, el presidente objetó varios artículos, al considerar que comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, establecidas en el artículo 280 de la Constitución, y que podrían generar distorsiones en la planificación financiera del Estado.

Mulino también cuestionó disposiciones que involucran a la Contraloría General de la República, al estimar que su redacción podría generar conflictos institucionales o interpretaciones ambiguas en la ejecución de la ley.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir si modifica las iniciativas, insiste en su aprobación o las archiva, en un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos órganos del Estado.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 502, una iniciativa que introduce cambios estructurales al manejo del Presupuesto General del Estado con el objetivo de reducir la discrecionalidad, fortalecer la disciplina fiscal y establecer reglas más estrictas sobre el uso de los recursos públicos en Panamá.

El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Gaitán, plantea una reforma integral al sistema presupuestario, al establecer un marco normativo que regula la formulación, ejecución y control del gasto público, con énfasis en la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas, en un contexto donde se busca mejorar la calidad institucional y la confianza ciudadana en la gestión fiscal.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un piso mínimo de inversión pública, que obliga al Gobierno Central a destinar al menos el 20% del gasto primario a inversión, con una meta de aumento progresivo hasta el 25% en un plazo de cinco años, lo que busca reorientar el gasto hacia proyectos de infraestructura, desarrollo económico y capital humano, en lugar de priorizar el gasto corriente.

En paralelo, la iniciativa establece un límite al crecimiento del gasto corriente, el cual no podrá superar el crecimiento real del PIB potencial, una medida que apunta a contener el aumento de la planilla estatal y otros gastos operativos, evitando presiones adicionales sobre el déficit fiscal y promoviendo una mayor sostenibilidad financiera a mediano plazo.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la regulación de subsidios, al fijar un límite global del 20% del gasto primario para subsidios y transferencias corrientes, además de exigir que cualquier nuevo subsidio tenga objetivos claros, duración definida, mecanismos de focalización y evaluaciones periódicas, lo que busca eliminar programas ineficientes o que no generen impacto comprobable.

La propuesta también introduce controles sobre el gasto tributario, es decir, los beneficios fiscales como exoneraciones o incentivos, estableciendo que su costo no podrá superar el 6% del PIB, salvo en situaciones excepcionales, además de exigir estudios de impacto, plazos definidos y cláusulas de caducidad, con el fin de evitar pérdidas de ingresos sin justificación económica.

En materia de endeudamiento público, el proyecto establece principios más estrictos al prohibir el uso de deuda para financiar planilla o gastos corrientes, salvo en casos de emergencia nacional, y obliga a vincular el financiamiento con proyectos de inversión productiva, reforzando la idea de que el endeudamiento debe generar retorno económico y no cubrir gastos operativos del Estado.

Asimismo, se establecen reglas más rigurosas para las modificaciones presupuestarias, incluyendo la obligación de presentar un informe técnico detallado que justifique cualquier cambio, identifique su impacto fiscal y garantice la trazabilidad de los recursos, con el fin de evitar ajustes discrecionales que alteren la composición del gasto aprobado por la Asamblea.

El proyecto también introduce límites a las partidas discrecionales, fijando topes porcentuales y restringiendo su uso a situaciones específicas como emergencias de salud, desastres o apoyo social focalizado, además de exigir la publicación periódica de su ejecución, en un intento por cerrar espacios a posibles usos indebidos de fondos públicos.

En términos de ejecución, la iniciativa establece que las entidades deberán alcanzar al menos un 85% de ejecución en inversión pública, y contempla sanciones administrativas en caso de incumplimiento reiterado, incluyendo reducciones presupuestarias y comparecencias ante la Asamblea, lo que introduce un elemento de presión institucional para mejorar la eficiencia del gasto.

Finalmente, la propuesta incorpora mecanismos de transparencia y participación, como la creación del Presupuesto Ciudadano y la obligación de publicar información en datos abiertos, además de incluir a la sociedad civil en el proceso de formulación presupuestaria, con el objetivo de fortalecer el control social y mejorar la comprensión pública del uso de los recursos del Estado.

Analistas políticos advierten que, de aprobarse el proyecto en el pleno, podrían generarse choques entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, especialmente por el establecimiento de reglas rígidas sobre la asignación del gasto. Señalan que la actual administración ya ha manifestado su inconformidad con normas que fijan porcentajes obligatorios del presupuesto o del PIB para sectores específicos, como ocurre con la educación, al considerar que este tipo de disposiciones limita la flexibilidad fiscal y la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 552, una iniciativa que busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario panameño.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, apunta a prácticas cuestionadas por usuarios, como el aumento de tasas sin ajustes a la baja, en un contexto donde el crédito es una herramienta clave para el acceso a financiamiento.

El proyecto plantea modificar el marco legal vigente para obligar a los bancos a detallar elementos como la tasa inicial, la metodología de cálculo, el índice de referencia y el límite máximo aplicable durante la vida del crédito.

Además, introduce la exigencia de que las tasas variables se basen en indicadores objetivos, públicos y verificables, evitando que dependan exclusivamente de decisiones internas.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la incorporación del principio de simetría en las tasas de interés, que obligaría a las entidades a reducirlas cuando el índice de referencia disminuya.

Actualmente, según el proponente, esto no ocurre de forma consistente. También se establece la prohibición de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, reforzando la seguridad jurídica y la protección del cliente.

El proyecto también introduce límites a las penalidades por incumplimiento, estableciendo que los recargos no podrán superar el 20% del capital originalmente prestado y que deben ser proporcionales y claramente definidos.

Además, obliga a los bancos a presentar una liquidación final detallada, evitando la acumulación de cargos adicionales que eleven la deuda .

Para el diputado Ernesto Cedeño, la iniciativa responde a quejas de clientes sobre aumentos en tasas basados en variables externas que luego no se traducen en reducciones.

El proyecto también plantea crear una vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas sin procesos judiciales, lo que reduciría costos y tiempos para los usuarios.

La Superintendencia de Bancos de Panamá tendría un rol central en la aplicación de la ley, con facultades para fiscalizar, regular y sancionar incumplimientos, además de establecer índices de referencia y ordenar la eliminación de cláusulas contractuales contrarias a la normativa .

Este proyecto representa el segundo intento del diputado Ernesto Cedeño de introducir cambios relevantes en el sistema bancario panameño. Su iniciativa anterior sobre el manejo de deudas fue vetada por el presidente José Raúl Mulino y rechazada por el sector financiero, lo que evidencia la tensión existente entre las propuestas de reforma y la posición de la banca.

En ese antecedente, el sector bancario advirtió que propuestas similares podrían generar incertidumbre, mayores costos y restricciones en el crédito, afectando a familias y pequeñas empresas. También alertó sobre el riesgo de incentivar el incumplimiento, debilitando la cultura de pago y presionando la estabilidad del sistema financiero.

En contraste, el nuevo proyecto introduce cambios más amplios al exigir que todas las condiciones relacionadas con tasas sean claras, visibles y previamente definidas. Esto incluye detallar el método de cálculo, los índices utilizados y los topes máximos, elementos que hoy no siempre están transparentes para los clientes.

La propuesta también prohíbe la modificación unilateral de condiciones durante la vigencia del crédito sin consentimiento del cliente, reforzando la previsibilidad, estabilidad y equilibrio contractual en la relación entre bancos y usuarios.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde enfrentará un debate más amplio entre diputados, sector bancario y Ejecutivo. El resultado será clave para definir si Panamá introduce cambios estructurales en su sistema de crédito o mantiene el modelo actual con ajustes parciales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el proyecto de ley 331 que buscaba desarrollar y fomentar el turismo deportivo, al advertir que la iniciativa presenta riesgos fiscales, vacíos legales y posibles conflictos de competencias entre instituciones del Estado.

La decisión del Ejecutivo frena, por ahora, la entrada en vigor de una norma que pretendía posicionar al país como destino de eventos deportivos internacionales y fortalecer el desarrollo económico a través del turismo.

La propuesta legislativa, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, planteaba impulsar el turismo deportivo como una estrategia económica, social y cultural, promoviendo la organización de eventos nacionales e internacionales, así como la inversión en infraestructura deportiva y la integración con el ecoturismo y la riqueza cultural del país .

Además, establecía mecanismos para dinamizar economías locales mediante circuitos turísticos vinculados a actividades deportivas en distintas regiones.

Sin embargo, en una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó que, tras evaluar observaciones de múltiples entidades públicas, se detectaron disposiciones que podrían generar desorganización institucional, superposición de funciones y vulneración de la autonomía municipal.

Entre las instituciones que emitieron criterios figuran el Ministerio de Educación (Meduca), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras.

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo se centra en aspectos relacionados con la regulación sanitaria y los procesos de certificación de circuitos turísticos deportivos.

Según el análisis oficial, el proyecto no establece con claridad que las autorizaciones sanitarias sean un requisito previo obligatorio, lo que podría permitir la validación de actividades sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente, generando riesgos para la salud pública.

El Ejecutivo también objetó varias disposiciones por inconvenientes técnicos y administrativos, incluyendo el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12, así como artículos vinculados a certificación, control sanitario y promoción de la salud.

Estas observaciones apuntan a inconsistencias en la forma en que se asignan responsabilidades entre entidades como Pandeportes y la Autoridad de Turismo de Panamá, lo que podría derivar en conflictos operativos.

Uno de los puntos más sensibles del veto parcial fue la objeción del artículo 19, que proponía la creación del Fondo Nacional de Turismo Deportivo, destinado a financiar proyectos, promover eventos y apoyar a comunidades locales. Aunque el Ejecutivo reconoce que el objetivo es positivo, advirtió que la propuesta presenta deficiencias técnicas, administrativas y constitucionales, lo que hace inviable su implementación en los términos planteados.

El proyecto de ley también incluía una amplia estructura de incentivos y beneficios, como acceso a financiamiento preferencial, programas de capacitación, promoción internacional y participación en fondos multilaterales, con el objetivo de atraer inversión y consolidar a Panamá como un destino competitivo en este segmento .

Asimismo, contemplaba la creación de circuitos turísticos deportivos certificados, con requisitos específicos en materia de infraestructura, acceso, servicios básicos y sostenibilidad.

En su exposición de motivos, la iniciativa resaltaba que el turismo representa cerca del 11% del producto interno bruto de Panamá, generando aproximadamente $5,000 millones en divisas y miles de empleos directos e indirectos, lo que sustenta la apuesta por diversificar la oferta turística mediante el deporte.

Además, destacaba el potencial del país para albergar eventos como maratones, triatlones, competencias de ciclismo y actividades acuáticas, aprovechando su ubicación geográfica y diversidad natural.

No obstante, el Ejecutivo considera que, pese al potencial del turismo deportivo, la propuesta requiere ajustes estructurales para garantizar coherencia institucional, seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.

Con la objeción parcial, el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán analizar las observaciones y decidir si acogen los cambios, modifican el texto o insisten en su aprobación original.

El debate sobre esta iniciativa pone en evidencia la necesidad de equilibrar el impulso a nuevas actividades económicas con marcos regulatorios sólidos y coordinación efectiva entre entidades públicas, especialmente en sectores estratégicos como el turismo.

La decisión final marcará el rumbo de una política que busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad en su forma actual.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el domingo 19 de abril que “esta semana estaremos instalando la gran consulta nacional por la nueva justicia” que, según sus palabras, tendría como fin construir “un sistema de justicia verdaderamente humano”, que no “criminalice la pobreza” y ofrezca “mecanismos alternativos a la privación de libertad”.

Los más optimistas -que los hay- creen que allanaría el camino hacia una reinstitucionalización que eventualmente conduciría a la democracia. Los más pesimistas -que son la mayoría- temen que se trate de un reacomodo de fichas para afianzar a la nueva mandamás del chavismo.

Sin embargo, más allá de esos objetivos, en el fondo asoma la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), espacio clave para el control del poder donde Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, líder del Parlamento, no tienen figuras de su confianza.

Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro aprobaron en su momento grandes reformas para garantizar su tutela sobre el TSJ. Integrada por militantes del oficialismo, la cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada como ariete contra la oposición hasta llegar al extremo de prácticamente asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral, para convalidar la proclamación del triunfo de Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.

Ahora corre el rumor de que al menos 12 de los 20 magistrados que conforman la máxima instancia judicial de Venezuela pasarían a retiro para ser sustituidos por la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez.

De fondo

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que la transformación del sistema de justicia en Venezuela no puede limitarse a un canje de nombres.

“Esto no pasa por un cambio de funcionarios sino por reconocer que en el país opera un sistema de injusticia, porque la justicia no es ni imparcial ni independiente”, acota el experto legal.

Daniels sostiene que el Poder Judicial venezolano requiere “jueces y magistrados que decidan, no que obedezcan” al gobierno chavista. “Es necesario que jueces y magistrados sean capaces de dictar sentencias contrarias a los deseos e intereses del poder, cosa que no ha ocurrido en más de 20 años. Sin eso, cualquier cambio es cosmético”.

El defensor de Derechos Humanos recuerda los testimonios de centenares de presos políticos que escucharon de boca de los jueces decir que no dictaban un fallo “porque no hemos recibido instrucciones sobre su caso”. Igualmente, alerta sobre la corrupción en los tribunales venezolanos y su impacto negativo en la administración de justicia.

“La convocatoria de la presidenta encargada es muy genérica, no se sabe la amplitud, profundidad y las verdaderas intenciones que se esconden allí, pero esto no pasa por cambiar nombres sino por medidas estructurales”, insiste el portavoz de Acceso a la Justicia.

¿Esperanza?

Los cambios en el TSJ ocurrirán en un momento muy particular, tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Bajo la presión de Washington y ante la exigencia social de una apertura hacia la democracia, el “refrescamiento” podría servir para incorporar a abogados independientes que contribuyan a equilibrar las fuerzas dentro de la institución.

No obstante, los antecedentes no son muy halagüeños. La reciente renovación de la Fiscalía General de la República se redujo a la salida de una pieza de Maduro para que entrara una de los Rodríguez, que de esa manera se aseguraron el manejo del organismo que monopoliza la acción penal en Venezuela.

A la expectativa de cómo puedan evolucionar los hechos, un diputado opositor que prefiere reservar su identidad razona: “Para desarrollar su agenda, Delcy Rodríguez necesita tomar el poder y eso aún no lo tiene. Por eso la importancia del TSJ”.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que habilita la entrada de capital privado y extranjero al sector minero del país. La decisión se tomó en medio de un renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano y tras la flexibilización de restricciones para el comercio de este recurso.

La normativa, que reemplaza la legislación vigente desde hace más de dos décadas, fue sancionada por unanimidad tras un extenso debate en el parlamento controlado por el chavismo.

La ley de minas, compuesta por 131 artículos, deroga la norma de 1999 instaurada durante el mandato de Hugo Chávez, que establecía un régimen de control estatal sobre los recursos minerales.

Las empresas y consorcios nacionales, estatales y extranjeros podrán explotar oro y otros minerales estratégicos bajo concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.

Entre las disposiciones centrales, la normativa prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles que adquieran títulos mineros durante cinco años tras dejar sus cargos. Esta medida, recogida en el artículo 74, busca evitar conflictos de intereses y limitar la influencia directa de autoridades en el sector.

La ley también contempla la posibilidad de que el Estado se reserve la explotación primaria de minerales radioactivos y su comercialización, si así lo determina el interés público y estratégico. El artículo 124 establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes realicen actividades mineras en áreas protegidas bajo régimen especial, asegurando la protección ambiental.

La promulgación de esta legislación responde tanto a la presión internacional como a la urgencia de captar inversión destinada a reactivar la economía venezolana, afectada por años de recesión y la caída de ingresos petroleros.

Durante el régimen de Nicolás Maduro, el desarrollo minero se amplió a más del 10% del territorio nacional, lo que generó un aumento de la minería informal bajo condiciones precarias y la influencia de grupos criminales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que el valor de mercado del oro extraído en Venezuela promedia USD 2.200 millones anuales, aunque el control estatal sobre la actividad ha sido limitado.

La sanción de la ley se produce poco después de la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien manifestó el interés de empresas norteamericanas en operar en Venezuela.

Tras ese encuentro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que habilita ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, siempre que los contratos se rijan por la legislación de Estados Unidos, según Reuters.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó la iniciativa como parte de una serie de reformas para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía nacional.

La reforma a la ley de minas sigue a la modificación de la legislación hidrocarburífera y forma parte de una estrategia para redefinir el papel del Estado en sectores clave.

Rodríguez afirmó que la nueva norma “representa un vehículo para la construcción de la prosperidad futura” y un “instrumento que protege” a los trabajadores mineros.

(Con información de EFE, Reuters y AP)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó otros 60 artículos del proyecto de Ley de Minas, que incluyen aspectos sobre regalías y tributos. No obstante, el cierre de la segunda discusión, necesaria para sancionar la norma, fue nuevamente pospuesto. Esta ley permitiría la entrada de inversión privada y extranjera en el sector minero, en el contexto del interés manifestado por Estados Unidos en el oro venezolano.

Tras tres horas de debate y la aprobación del artículo 115, de un total estimado de 130, el diputado Orlando Camacho solicitó aplazar la discusión para una próxima sesión. Esta moción fue respaldada por “extraordinaria unanimidad”, según expresó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien presidió el cierre del debate.

Entre los artículos aprobados, el 91 dispone que el pago de regalías al Estado venezolano será de hasta 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. El ministerio con competencia en minería determinará los “parámetros necesarios” para fijar estos pagos, que, conforme al artículo 92, el Estado podrá exigir “en dinero o en especie”.

Del artículo 94 al 98 se define el régimen tributario del sector, incluyendo una alícuota de “hasta 6%” como impuesto a la minería.

Quedan exentas de tributos para actividades mineras obligaciones como el impuesto a los grandes patrimonios y las contribuciones especiales a fondos de ciencia, deporte, antidrogas, y la contribución prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Además, las actividades mineras no estarán sujetas a tributos estadales o municipales.

El Parlamento también aprobó disposiciones sobre concesiones mineras, que serán por 30 años y podrán renovarse hasta dos veces por períodos de 10 años. Se establecieron regulaciones para contratos de minería, el registro del sector y la clasificación de la actividad en “Pequeña”, “Mediana” y “Gran minería”, según lo establecido entre los artículos 79 y 82.

Si la nueva ley es finalmente sancionada, sustituirá a la Ley de Minas vigente desde 1999, promulgada por decreto del entonces presidente Hugo Chávez.

El proyecto fue promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el viaje a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien afirmó que empresas estadounidenses están interesadas en operar en Venezuela.

Posteriormente, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a participar en actividades de explotación y comercialización de oro venezolano.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca reactivar y ampliar las escuelas nocturnas en Panamá, una iniciativa que apunta a atender a jóvenes y adultos que no culminaron su formación académica y que ahora esperan una segunda oportunidad dentro del sistema educativo formal.

La propuesta, impulsada por la diputada Graciela Hernández, establece la apertura y promoción de centros educativos nocturnos en cada corregimiento del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a personas que trabajan, desertaron o enfrentaron barreras económicas y sociales que les impidieron completar sus estudios en su momento.

Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde será debatido por la totalidad de los diputados, quienes podrán presentar modificaciones, cuestionamientos o propuestas adicionales antes de su eventual aprobación en segundo y tercer debate, etapas necesarias para su entrada en vigencia.

El contenido del proyecto plantea que el Ministerio de Educación (MEDUCA) será el encargado de implementar y coordinar la expansión de las escuelas nocturnas, incluyendo la adecuación de infraestructuras existentes, la asignación de docentes y el desarrollo de programas flexibles que respondan a la realidad de estudiantes adultos, muchos de los cuales combinan trabajo y responsabilidades familiares.

Según lo discutido en la comisión, la iniciativa fue consensuada con autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector, lo que busca evitar fallas de ejecución y asegurar que el modelo responda a necesidades reales del sistema educativo panameño, especialmente en zonas rurales y áreas de difícil acceso donde la oferta educativa es limitada.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de una problemática estructural en Panamá: la deserción escolar y el bajo nivel de escolaridad en ciertos segmentos de la población, una situación que afecta la empleabilidad, la productividad y la movilidad social de miles de ciudadanos que no lograron culminar la educación básica o media.

Datos del propio sistema educativo han reflejado que existe un grupo significativo de personas que no completaron la secundaria, particularmente en áreas vulnerables, lo que ha llevado a que programas de educación para adultos se mantengan activos, pero con cobertura limitada y sin una estrategia nacional robusta y sostenida como la que plantea esta iniciativa.

El proyecto también busca formalizar y fortalecer los programas de educación nocturna existentes, muchos de los cuales han operado de forma parcial o con recursos limitados, proponiendo una estructura más organizada, con metas claras, seguimiento institucional y mayor alcance territorial en todo el país.

Además, se contempla la implementación de programas educativos adaptados, que incluyan metodologías flexibles, contenidos pertinentes y horarios compatibles con la jornada laboral, reconociendo que el perfil del estudiante adulto es distinto al del sistema tradicional y requiere un enfoque diferenciado.

Durante la discusión en comisión, se destacó que la iniciativa no solo tiene un impacto educativo, sino también un efecto directo en la inclusión social y económica, al permitir que más ciudadanos puedan acceder a mejores oportunidades laborales, continuar estudios superiores o capacitarse en áreas técnicas.

El avance del proyecto ocurre en un contexto en el que el sistema educativo panameño enfrenta retos históricos en cobertura, calidad y permanencia escolar, lo que ha generado presión para desarrollar políticas públicas que reduzcan las brechas educativas y amplíen las oportunidades de formación para toda la población.

De ser aprobado en el pleno legislativo, el proyecto obligaría al Estado a garantizar la presencia de oferta educativa nocturna en todos los corregimientos, lo que representaría un cambio significativo frente al modelo actual, donde la disponibilidad de estos programas depende en gran medida de la demanda local y de la capacidad operativa de cada región.

La discusión en segundo debate será clave para definir aspectos como el financiamiento, los criterios de implementación y los mecanismos de evaluación, elementos que determinarán si la iniciativa logra convertirse en una política pública efectiva o si enfrenta limitaciones similares a programas anteriores.

Con este paso, el proyecto entra en una fase decisiva dentro del proceso legislativo, mientras el país mantiene el desafío de mejorar los niveles de escolaridad y ofrecer alternativas reales a quienes quedaron fuera del sistema educativo tradicional.

La ONG venezolana Provea exigió el viernes a la Asamblea Nacional un proceso transparente para la designación de nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela. En el pedido, solicitaron entrevistas abiertas y mecanismos que permitan a la ciudadanía objetar a los postulados.

“La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad”, señaló la organización vía X.

Provea pidió que se publiquen baremos, currículos y entrevistas, además de habilitar canales para que la sociedad pueda objetar candidatos. Según la ONG, un proceso cerrado no genera “autoridades legítimas”.

“El fiscal general y el defensor del pueblo son de la ciudadanía. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada”, subrayó.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó el martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y defensor del pueblo, en un contexto marcado por denuncias de falta de imparcialidad.

En un mensaje publicado en redes sociales, Ramdin consideró que la designación de nuevas autoridades que ofrezcan “garantías de independencia” podría representar un avance hacia la “reconciliación nacional y la transición democrática” en Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

El proceso para nombrar a un nuevo fiscal y defensor comenzó luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al régimen chavista. Las dimisiones se produjeron en medio de la implementación de la Ley de Amnistía, que permite, en teoría, la liberación de presos políticos detenidos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

El pasado 27 de marzo, el Parlamento venezolano informó haber recibido 21 nuevas postulaciones: 18 para el cargo de defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los nuevos candidatos a defensor del pueblo en Venezuela figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se postuló para el mismo cargo pero luego se retiró del proceso. En la lista de aspirantes también se encuentra la ex diputada opositora Marialbert Barrios.

La ausencia de las designaciones motivó que once organizaciones no gubernamentales denunciaran la “ausencia de reglas claras y públicas” sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para la elección de los titulares de ambos organismos.

En un comunicado difundido el 24 de marzo, las ONG señalaron que el 25 de febrero se constituyó un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin participación de representantes de otros sectores de la sociedad como exige la Constitución y la ley.

Las organizaciones advirtieron que esta conformación “anula la pluralidad e independencia del proceso” y sugiere que la futura designación de autoridades podría responder a criterios de lealtad política en vez de méritos profesionales, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

Las ONG instaron a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso de selección que permita la designación de personas “independientes e idóneas” conforme a la Constitución y los estándares internacionales.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional se dispone a discutir en primer debate el Proyecto de Ley 531, una iniciativa que busca permitir los tatuajes corporales temporales o permanentes en los servidores públicos y modificar criterios de contratación, ingreso, ascenso y participación institucional en el sector estatal panameño, donde todavía persisten normas internas que toman en cuenta la apariencia física como condición para acceder o mantenerse dentro de una entidad pública.

La propuesta fue presentada con el argumento de que varias instituciones del Estado mantienen reglamentos internos y códigos de contratación que se remontan a los años 60, los cuales restringen el acceso al empleo público, a procesos de formación, a posibilidades de ascenso o a tareas de representación institucional para personas con tatuajes visibles, bajo criterios asociados a una imagen considerada sobria, uniforme o apropiada.

El texto establece que ninguna entidad pública podrá negar la contratación de una persona por tener tatuajes temporales o permanentes, ni impedir su ingreso a trámites, procesos de formación o espacios de participación dentro de la institución por esa misma condición, y además extiende la aplicación de la norma a las entidades autónomas, semiautónomas, empresas mixtas, alcaldías, juntas comunales y también a los estamentos de seguridad.

Al mismo tiempo, el proyecto fija límites al establecer que no podrán ser contratadas personas con tatuajes que promuevan discurso de odio, violencia, discriminación racial, religiosa o étnica, ni aquellos que inciten al delito o hagan alusión a organizaciones criminales o terroristas, mientras que también dispone que la entidad pública podrá reservarse el derecho de contratación cuando los tatuajes estén ubicados en el rostro, el cuello o las orejas.

La exposición de motivos sostiene que las restricciones por tatuajes corporales no guardan relación con la capacidad, la idoneidad, la ética profesional o el desempeño del funcionario, y plantea que ese tipo de limitaciones constituye una barrera de acceso al trabajo que afecta principios como la igualdad, la no discriminación, el derecho al empleo y la libertad de expresión o de desarrollo de la personalidad dentro del marco constitucional panameño.

Como parte de la sustentación, el documento cita una publicación de 2013 según la cual al menos el 7% de los adultos panameños de la capital, unas 161,000 personas, tenía un tatuaje en alguna parte del cuerpo, de los cuales el 65.5% los llevaba en zonas ocultas por la ropa y el 34.4% en áreas visibles, mientras que el 41.9% dijo tener uno, el 32.6% tenía dos y un 1.6% reportó hasta 16 marcas corporales.

La iniciativa también menciona antecedentes de Brasil, España y Perú, así como referencias a organismos como la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que cualquier limitación al acceso al empleo público debe responder a criterios objetivos vinculados con la función del cargo y no basarse únicamente en la apariencia física o en expresiones corporales que no afecten de manera directa el ejercicio institucional.

Si el proyecto avanza, las instituciones públicas tendrían un año calendario para corregir las disposiciones normativas, reglamentarias, circulares internas y manuales institucionales contrarios a la nueva ley, mientras que la Defensoría del Pueblo quedaría encargada de recibir denuncias por presunto incumplimiento y las direcciones de recursos humanos podrían aplicar sanciones a los funcionarios infractores, incluida la destitución cuando se compruebe la violación de la norma.

A nivel internacional, la discusión sobre los tatuajes en el ámbito laboral ocurre en un contexto de mayor normalización social de esta práctica, al menos en mercados como Estados Unidos, donde un estudio del Pew Research Center encontró que el 32% de los adultos tiene al menos un tatuaje y que una amplia mayoría percibe que la sociedad se ha vuelto más aceptante frente a quienes los llevan, un cambio cultural que también ha alcanzado a los espacios de trabajo y a las instituciones públicas.

Esa tendencia también se refleja en el peso económico de esta actividad, ya que estimaciones privadas del sector sitúan el mercado global del tatuaje en $2,430 millones en 2025 y proyectan su expansión hasta $5,990 millones hacia 2034, una evolución que acompaña el crecimiento de la industria, la mayor visibilidad de los tatuajes y su incorporación progresiva en ámbitos que durante años mantuvieron restricciones vinculadas a la imagen personal.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un proyecto de ley que busca combatir las ciberestafas mediante la creación de un certificado de conformidad gratuito, que será emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para validar la identidad de empresas y personas que operan a través de sitios web.

La iniciativa, correspondiente al Proyecto de Ley 302, establece que todas las empresas que ofrezcan productos o servicios en línea, tanto desde el país como desde el extranjero, deberán incluir de forma obligatoria en sus páginas un perfil de identidad corporativa visible en el “footer”, donde se detalle la razón social, el domicilio comercial o fiscal y otros datos verificables.

Entre los requisitos más estrictos, la normativa exige que el domicilio declarado sea una ubicación física comprobable y exacta, incluyendo información como oficina, local, piso, corregimiento y provincia, con el objetivo de evitar el uso de direcciones falsas que faciliten esquemas de fraude digital.

El proyecto también crea un registro gratuito ante la Dirección General de Comercio Electrónico del MICI, que permitirá validar la autenticidad y legalidad de los sitios web y sus titulares, convirtiéndose en un mecanismo adicional de control y trazabilidad dentro del ecosistema digital panameño.

El diputado Jamis Acosta, proponente de la iniciativa, sostuvo durante el debate que el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de servicios ha incrementado los riesgos asociados a delitos como la suplantación de identidad, las estafas en línea y la manipulación de información, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de prevención.

De acuerdo con lo expuesto en la discusión legislativa, esta norma busca desincentivar la comisión de delitos mediante herramientas que dificulten la configuración de fraudes, en un contexto donde las transacciones digitales se han convertido en un pilar de la economía moderna.

El proyecto surge en medio de un escenario preocupante: en Panamá, en promedio, al menos siete personas son estafadas cada día a través de distintos mecanismos digitales, lo que evidencia la vulnerabilidad de consumidores y empresas frente a esquemas cada vez más sofisticados.

Además, se advirtió que la falta de marcos legales actualizados ha permitido que proliferen prácticas ilícitas en plataformas digitales, afectando tanto la confianza del consumidor como la reputación de empresas que operan de forma legítima en el país.

Para los diputados, la aprobación de esta ley representa un paso clave para fortalecer la seguridad del entorno digital, al tiempo que promueve la transparencia y la integridad en el uso de páginas web, estableciendo reglas más claras para quienes participan en el comercio electrónico.

Con esta normativa, Panamá busca cerrar brechas en la regulación digital, en un momento donde el crecimiento del comercio en línea exige mecanismos más robustos para proteger a los usuarios y reducir el impacto de las ciberestafas en la economía.

El alcance de la ley también incluye a plataformas digitales extranjeras que operen en el mercado panameño, lo que implica que deberán cumplir con los mismos estándares de identificación y registro, independientemente de su país de origen, si ofrecen bienes o servicios a consumidores en Panamá.

Adicionalmente, el certificado de conformidad funcionará como un elemento visible de confianza digital, permitiendo a los usuarios identificar con mayor facilidad qué sitios han sido verificados por la autoridad competente, lo que podría influir directamente en las decisiones de compra en línea.

La norma también abre la puerta a posibles sanciones para quienes incumplan con los requisitos establecidos, especialmente en casos donde se detecte información falsa, omisión de datos obligatorios o uso indebido de identidades comerciales para engañar a los consumidores.

En paralelo, se espera que la implementación de este sistema impulse una mayor formalización del comercio electrónico, obligando a muchos actores informales a cumplir con estándares mínimos de transparencia, lo que podría reconfigurar parte del ecosistema digital en el país.

Otro de los elementos relevantes es que la ley reconoce la necesidad de contar con herramientas preventivas, más allá de las sanciones, apostando por mecanismos que permitan anticipar el fraude en lugar de actuar únicamente después de que ocurra.

Este enfoque responde a la evolución de las ciberestafas, que han migrado desde esquemas tradicionales hacia modelos más complejos que combinan ingeniería social, uso de plataformas digitales y suplantación de marcas reconocidas para generar confianza en las víctimas.

Datos recientes reflejan que al menos siete panameños al día son víctimas de algún tipo de fraude, lo que evidencia la dimensión del problema y la sofisticación de las modalidades utilizadas por los delincuentes.

Hace unos días, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió una advertencia pública ante el incremento de ofertas fraudulentas de préstamos que circulan en redes sociales y canales digitales, donde presuntas empresas utilizan de forma indebida el logo oficial de la entidad o del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para generar confianza entre potenciales víctimas.

La aprobación del proyecto marca un intento del Estado por adaptarse a una realidad donde el riesgo digital crece al mismo ritmo que la adopción tecnológica, en un entorno donde la protección del usuario se convierte en un elemento central para sostener la confianza en la economía digital.

La propuesta de establecer una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito que utilizan el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa generando rechazo generalizado en el sector turístico, aeroportuario y empresarial, al considerarse una medida que pone en riesgo la competitividad de Panamá como centro de conexiones aéreas en la región.

La iniciativa surge en el marco del anteproyecto que busca crear un nuevo cargo a quienes hacen escala en el país, en un contexto donde el 72% de los 20.9 millones de pasajeros registrados en 2025 corresponden a tránsito, lo que equivale a más de 15 millones de viajeros que utilizan el hub panameño como punto de conexión.

Ahora, fue el propio Aeropuerto Internacional de Tocumen que rechazó la iniciativa. El gerente del aeropuerto, José Ruiz, fue enfático al advertir que incluso discutir la medida ya está generando efectos negativos en la industria.

Señaló que el aeropuerto viene creciendo alrededor de 9% anual y que se encuentra en un proceso de expansión con inversiones en infraestructura, incluyendo la rehabilitación de pistas y aumento de puertas de embarque, con la meta de alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030.

Sin embargo, advirtió que la imposición de este cargo podría frenar ese crecimiento, al afectar directamente el modelo de negocio basado en tránsito, que representa el núcleo de la operación de Tocumen.

Ruiz explicó que la lógica detrás de la tasa es equivocada, ya que “uno más uno no es dos” en la industria aérea, y que imponer un costo adicional no necesariamente se traduce en mayores ingresos para el Estado.

Por el contrario, sostuvo que podría provocar una reducción en la demanda, desincentivar la llegada de nuevas aerolíneas y frenar negociaciones en curso para abrir rutas hacia destinos como Japón. También alertó que el solo hecho de que la propuesta esté en discusión ha generado incertidumbre en el mercado, con aerolíneas evaluando sus planes de expansión en el país.

Por su parte, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, también rechazó la iniciativa al considerar que afecta directamente la competitividad del país.

Indicó que Panamá viene avanzando en su posicionamiento internacional y que la estrategia debe centrarse en atraer más aerolíneas, fortalecer la conectividad y aumentar la llegada de visitantes, en lugar de imponer cargas adicionales.

A su juicio, este tipo de medidas envía una señal equivocada y no debería formar parte de la discusión en un momento en que el país busca consolidar su crecimiento en el turismo.

El rechazo también fue respaldado por el sector hotelero. La Asociación Panameña de Hoteles advirtió que la propuesta podría tener efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del turismo, al encarecer el tránsito y afectar la decisión de las aerolíneas sobre sus rutas.

El gremio alertó que este tipo de medidas podría incentivar la reconfiguración de conexiones hacia otros hubs regionales como Bogotá, Lima o San Salvador, donde los costos operativos son más bajos, debilitando así la posición estratégica de Panamá.

Además, el gremio hotelero subrayó que los pasajeros en tránsito representan una oportunidad clave para el turismo local, especialmente a través de programas como el Stopover, que buscan convertir escalas en estadí

En ese sentido, advirtieron que una disminución en el flujo de pasajeros impactaría no solo al aeropuerto, sino también a toda la cadena de valor, incluyendo hoteles, comercios y servicios asociados. También cuestionaron la falta de estudios técnicos que respalden la propuesta, señalando que una decisión de este tipo requiere un análisis integral de su impacto económico.

Otro de los puntos críticos es que Panamá compite en un mercado altamente sensible a los costos. Actualmente, el país cobra aproximadamente 1.25 dólares por pasajero en tránsito, una tarifa significativamente menor frente a la propuesta de 10 dólares.

En algunos aeropuertos de la región, incluso, no se cobra ningún cargo por tránsito, lo que incrementa la presión competitiva. Este diferencial podría convertirse en un factor determinante para que las aerolíneas ajusten sus operaciones y reduzcan su presencia en el país.

Voceros de gremios turísticos indicaron que en el pasado Perú intentó Un antecedente similar en Perú no dio los resultados esperados y la tasa finalmente fue eliminada.

En conjunto, los distintos actores coinciden en que el aeropuerto de Tocumen no solo es una infraestructura de transporte, sino un motor clave de la economía panameña, que impulsa el turismo, la conectividad y la inversión.

La preocupación central es que una medida de este tipo podría generar un efecto contrario al esperado, reduciendo el flujo de pasajeros, afectando ingresos indirectos y debilitando el posicionamiento del país como hub regional.

En un escenario donde Panamá busca crecer y consolidar su rol en la aviación internacional, el debate sobre esta tasa ha abierto una discusión más amplia sobre el equilibrio entre recaudación y competitividad.

Este no es el primer intento de impulsar un impuesto similar en Panamá desde la Asamblea Nacional. La propuesta anterior no llegó a discutirse en el pleno, y los gremios turísticos esperan que esta vez ocurra lo mismo para evitar afectaciones al sector.

El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

La Secretaría Nacional de Energía decidió posponer la entrada en vigencia de la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles, una medida que había sido planteada como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

La resolución establece que el inicio del programa se aplaza para permitir ajustes técnicos, logísticos y regulatorios, en un contexto donde aún persisten dudas sobre la capacidad operativa para implementar el cambio de forma ordenada.

La resolución publicada en Gaceta Oficial confirma que la implementación del etanol en Panamá ha sido postergada en dos ocasiones, ya que originalmente debía entrar en vigencia el 1 de abril de 2024, luego fue aplazada al 1 de abril de 2026 y ahora vuelve a suspenderse sin una fecha definida.

La Secretaría Nacional de Energía condiciona su aplicación al cumplimiento de requisitos técnicos, logísticos y de producción nacional, lo que evidencia que el país aún no cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar el programa.

Este nuevo aplazamiento refleja un desfase entre la planificación energética y la capacidad real del mercado para sostener la mezcla obligatoria.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, uno de los principales factores para la postergación es la necesidad de contar con infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte y mezcla del etanol, así como asegurar estándares de calidad en los combustibles.

También se menciona la importancia de completar procesos de certificación técnica y coordinación entre actores del sector energético, incluyendo refinadoras, importadores y estaciones de servicio.

Sin estos elementos consolidados, la implementación podría generar distorsiones en el mercado o problemas operativos en la distribución nacional.

Otro aspecto clave es que la producción local de etanol aún no ha iniciado para sostener una mezcla obligatoria a escala nacional, lo que obligaría a depender en gran medida de importaciones en una fase inicial.

Esto introduce variables de costo, logística internacional y estabilidad de suministro que el gobierno busca evaluar con mayor precisión antes de avanzar, especialmente en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos.

La decisión apunta a evitar que una implementación apresurada termine elevando los costos del combustible para los consumidores.

La resolución también deja claro que el objetivo de incorporar etanol en la gasolina se mantiene como parte de la política energética, pero bajo un enfoque gradual y técnicamente sustentado.

El etanol es visto como un componente que puede contribuir a reducir emisiones y diversificar la matriz energética, además de abrir oportunidades para el desarrollo agrícola e industrial.

Segundo debate

Este aplazamiento ocurre en un momento clave, ya que la Asamblea Nacional avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la mezcla de 10% de etanol en los combustibles en Panamá, lo que añade presión al debate técnico y político.

Entre crítica de diputados independientes, la iniciativa ya superó el primer debate y se espera que en los próximos días entre a segundo debate, donde podrían introducirse ajustes o precisiones sobre su implementación.

Durante el primer debate legislativo, diputados y actores del sector han señalado la necesidad de evaluar el impacto económico, ambiental y logístico de la medida, incluyendo su efecto en precios y en la competitividad del país.

No obstante, la principal crítica al proyecto es su carácter obligatorio, que, según sus defensores, resulta necesario para garantizar el marco jurídico que respalde las inversiones que tendrían que realizar las empresas para establecer la producción local.

El sector azucarero estima que la inversión inicial para poner en marcha la producción nacional de etanol rondaría los 500 millones de dólares.

De ese monto, cerca de 250 millones se destinarían a la adquisición de nuevas tierras para el cultivo de caña, y más de 120 millones a la construcción de destilerías, una infraestructura que actualmente no existe en el país. A esto se suma la inversión en maquinaria, logística y contratación de personal.

La Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá, ha explicado que Panamá necesitaría alrededor de 22 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir el 10% de etanol que exige la ley, una superficie similar a la que hoy se dedica a la producción de azúcar.

La discusión legislativa sobre el acceso a vivienda en Panamá volvió a tomar fuerza en la Asamblea Nacional, donde la subcomisión de Economía y Finanzas analiza el proyecto de ley 252, una iniciativa que busca impulsar la compra de viviendas usadas mediante incentivos económicos concretos.

La propuesta, que aún se encuentra en fase de evaluación, ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo reducir el déficit habitacional y dinamizar un mercado inmobiliario que enfrenta limitaciones de acceso para miles de familias.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, plantea la creación de mecanismos fiscales y financieros orientados a facilitar el acceso a propiedades de segunda mano, incluyendo un esquema de interés preferencial en préstamos hipotecarios para este tipo de viviendas, algo que actualmente solo aplica para inmuebles nuevos.

Además, se contempla que el Estado subsidie parte de la tasa de interés, con una reducción aproximada de 2% respecto a la tasa de referencia, lo que impactaría directamente en la cuota mensual de los compradores.

Durante las sesiones, los diputados han enfocado el análisis en la viabilidad de establecer incentivos adicionales como la exoneración del impuesto de inmueble para viviendas de hasta $300,000, lo que representa un alivio directo en la carga tributaria de los propietarios.

A esto se suma la propuesta de establecer una tarifa progresiva en el impuesto de bienes inmuebles y un impuesto de transferencia del 3% para este tipo de operaciones, medidas que buscan ordenar el mercado sin desincentivar la compra.

Uno de los puntos que ha cobrado mayor relevancia es el déficit habitacional en Panamá, que se estima en más de 200,000 viviendas, según cifras manejadas por el sector.

Este dato ha sido utilizado como argumento central para sustentar la iniciativa, ya que refleja la brecha existente entre la demanda de vivienda y la oferta disponible, particularmente en segmentos de ingresos medios y bajos que enfrentan mayores restricciones de acceso al crédito.

En ese sentido, los diputados han coincidido en que el mercado de viviendas usadas representa una oportunidad inmediata para reducir esa brecha, debido a que permite activar propiedades ya construidas sin necesidad de nuevos desarrollos, lo que acorta los tiempos de acceso para los compradores.

Además, se ha señalado que este segmento podría contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria en zonas urbanas consolidadas, donde existe infraestructura disponible pero baja rotación de inmuebles.

El análisis también ha incorporado la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía y Finanzas y gremios del sector privado, quienes han aportado criterios técnicos sobre la implementación de la propuesta.

Entre los temas abordados se encuentran los requisitos para acceder a los beneficios, como que el comprador adquiera su primera vivienda y no haya sido beneficiario previo de interés preferencial, así como las condiciones del crédito, que tendría un límite de hasta $300,000 y un plazo máximo de 10 años.

Otro aspecto relevante en la discusión ha sido la necesidad de evitar distorsiones en el mercado, como un posible aumento artificial en los precios de las viviendas usadas debido a los incentivos.

Por ello, se ha planteado la importancia de establecer controles y criterios claros de elegibilidad, garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente buscan una solución habitacional y no a inversionistas especulativos.

Desde el punto de vista social, la iniciativa ha sido presentada como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda propia y mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente aquellas que han quedado fuera de los programas tradicionales. óla

En ese contexto, los legisladores han resaltado que aprovechar viviendas ya construidas permite un desarrollo urbano más sostenible, evitando la expansión desordenada hacia la periferia.

La subcomisión acordó continuar con el análisis del proyecto el próximo 7 de abril, con el objetivo de recibir nuevas propuestas y ampliar la consulta con otros actores del sector, en un proceso que busca fortalecer la iniciativa antes de su eventual discusión en instancias superiores.

Mientras tanto, el debate sigue abierto, con la expectativa de que las medidas planteadas puedan convertirse en una respuesta concreta a uno de los principales desafíos estructurales del país: el acceso a vivienda digna y asequible.

El reciente envío de una delegación diplomática venezolana a Washington marca una fase definida por gestiones para restablecer los vínculos bilaterales, después de años de relaciones limitadas. Según publicó la agencia Europa Press, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras los recientes acontecimientos políticos, confirmó la visita como parte de las acciones tendientes a profundizar el diálogo institucional entre ambos países.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la conformación de un “grupo parlamentario de amistad” orientado a fomentar la cooperación y los intercambios institucionales con el Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con Europa Press, Antonio Ecarri, diputado opositor, informó públicamente sobre la iniciativa, señalando que tiene el respaldo formal de la cámara legislativa venezolana. La creación de este grupo surge en un contexto de apertura, luego de más de siete años de ruptura diplomática, y tiene por objetivo promover la normalización de relaciones, en particular en los ámbitos económico y energético.

En una carta dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Ecarri precisó que el propósito principal del grupo será contribuir “al restablecimiento de las relaciones de amistad entre los representantes de ambos cuerpos parlamentarios”. Según detalló Europa Press, el texto pone el foco en la reconstrucción de la confianza mutua, el fortalecimiento de los vínculos bajo principios de soberanía, cooperación y respeto, así como en la discusión de temas urgentes como la protección de los activos venezolanos en el extranjero y el reconocimiento de los órganos legítimos del Estado venezolano.

La carta difundida por Ecarri subraya la aspiración de que el nuevo canal institucional facilite debates sobre la regularización de las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos. Otros puntos destacados incluyen el necesario consenso entre actores locales para posicionar a Venezuela como proveedor energético confiable a escala global. Ecarri señaló la importancia de insertar al país en las cadenas internacionales de valor, aprovechando de forma estratégica los recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional.

Europa Press reportó que, además de la iniciativa legislativa, los recientes acontecimientos en Caracas reflejan una transición en la jefatura del Ejecutivo. Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta, ejerce como presidenta encargada conforme a lo previsto por la Constitución, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación estadounidense realizada a inicios de enero. Dicha operación resultó en la muerte de más de cien personas y en el traslado de Maduro y Flores a Nueva York, donde enfrentan cargos por “narcoterrorismo”.

Desde el inicio de su interinato, Rodríguez condujo una fase caracterizada por el restablecimiento progresivo de la interlocución con actores internacionales. Esto se reflejó en el reconocimiento público expresado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien valoró la labor de Rodríguez para facilitar la exportación de millones de barriles de petróleo venezolano hacia territorio estadounidense, según reportó Europa Press.

El contexto internacional coloca a Venezuela en una posición estratégica para responder a la demanda energética global. Tal como consignó Europa Press, la narrativa oficial enfatiza la necesidad de construir acuerdos amplios que permitan al país recuperar credibilidad y estabilidad económica, en un escenario donde la cooperación bilateral con Estados Unidos adquiere renovado protagonismo. El grupo parlamentario, según las declaraciones recogidas, se plantea como un vehículo para consolidar este proceso de acercamiento y para abordar con las contrapartes legislativas estadounidenses los desafíos pendientes en materia de recuperación institucional y económica.

Las iniciativas recientes no solo ponen en relieve los esfuerzos para reconducir la relación bilateral, sino que también suponen la apertura de espacios de diálogo e inversión que podrían incidir en la situación interna venezolana. Las manifestaciones públicas de Ecarri, reseñadas por Europa Press, sugieren que el nuevo grupo parlamentarista buscará convertirse en un ámbito eficaz para la discusión de oportunidades que reviertan en favor del crecimiento, la reconciliación y el desarrollo de la democracia venezolana.

El debate sobre la protección de los activos del país en el exterior, incluido en las prioridades del grupo parlamentario, responde a un contexto de litigios y disputas sobre la titularidad y el control de recursos financieros y bienes estratégicos ubicados fuera de Venezuela. Europa Press puntualizó que este aspecto integra la agenda más amplia de recomposición de las relaciones con Estados Unidos y de restitución de la normalidad institucional venezolana.

De acuerdo con las últimas informaciones transmitidas por el medio, tanto la delegación diplomática enviada a Washington como la acción parlamentaria adoptada por la Asamblea Nacional se insertan en una fase donde predomina la búsqueda de entendimientos pragmáticos basados en intereses compartidos y la cooperación en el sector energético, uno de los ámbitos de mayor interés para el gobierno estadounidense y eje de la estrategia de posicionamiento internacional de Venezuela.

El desarrollo de un “grupo parlamentario de amistad” que vincule a ambas instituciones legislativas constituye un mecanismo empleado en otros procesos de reconstrucción diplomática, tiene entre sus metas la consolidación de canales regulares de comunicación y la coordinación de temas de interés común. Según los términos de la propuesta difundida por Europa Press, la agrupación busca abordar tanto el reconocimiento y respaldo institucional como el intercambio de experiencias en la tarea de fortalecer la confianza recíproca y la estabilidad estatal.

En el plano operativo, la misión diplomática encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez prevé la apertura de conversaciones directamente en la capital estadounidense, confirmando la disposición de las partes para avanzar en la redefinición de la agenda bilateral. Este movimiento ocurre tras semanas de acercamientos bilaterales, que sentaron las bases para una nueva etapa de relacionamiento y para el impulso de mecanismos de cooperación que, según los voceros oficiales citados por Europa Press, constituirían una oportunidad para Venezuela de reinsertarse activamente en la economía internacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confía en que el Parlamento, bajo control del chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, actualmente en segunda discusión, lo que podría habilitar la inversión privada y extranjera.

Durante un encuentro con inversionistas, que fue transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez señaló que la norma impulsará avances en “estándares y protocolos internacionales” para la inversión, los modelos de negocio en minería y contemplará una flexibilización fiscal.

Rodríguez afirmó que se trata de un “buen momento” para invertir en Venezuela y ofreció a los empresarios “garantías y seguridad jurídica y política”, junto con “estabilidad y tranquilidad” para el desarrollo de sus inversiones.

La semana pasada, el Parlamento pospuso la segunda discusión indispensable para la aprobación del proyecto de ley de minas. Está programado que los diputados retomen el debate.

De obtener aprobación legislativa, la iniciativa sustituiría a la Ley de Minas vigente desde 1999, sancionada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante decreto, tras recibir poderes especiales del Legislativo.

El 9 de marzo, el Legislativo avaló en primera discusión el proyecto, pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se reunió con Rodríguez.

Burgum declaró en ese momento que empresas estadounidenses del sector minero están “deseosas” de operar en Venezuela.

Luego de su visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una licencia que autoriza ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de compañías estadounidenses, un rubro que hasta entonces se encontraba bajo sanciones.

El Parlamento aprobó la designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general

En otro orden, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación de Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en reemplazo de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció al cargo tras más de una década.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”.

Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”. Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

La nueva procuradora es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con experiencia en bufetes privados y organismos públicos. Actualmente, se desempeñaba como consultora jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, cursó estudios de derecho en el extranjero y cuenta con un doctorado en leyes obtenido en Reino Unido.

De acuerdo con la prensa venezolana, Seijo Noguera participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero para casos de presos políticos desde 1999.

La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía recibió 123 solicitudes de venezolanos en el exterior para que la Justicia del país revise sus casos, según Rodríguez.

El diputado explicó que estos ciudadanos solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos, con el objetivo de regresar al país y “cumplir con su función política”. Rodríguez señaló que entre los solicitantes hay personas con registro policial, aunque la mayoría no posee antecedentes. No se ofrecieron más detalles sobre las identidades de los solicitantes.

El Parlamento venezolano autorizó también el nombramiento del ex ministro de Defensa Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia y de Rubén Darío Molina en Nicaragua. Las designaciones fueron aprobadas por mayoría evidente, luego de que diputadas de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración presentaran un resumen de la trayectoria de ambos y de sus planes como nuevos jefes de las misiones diplomáticas en Bogotá y Managua.

La parlamentaria chavista Lila Brazón señaló que el almirante en jefe Maniglia cuenta con un plan concreto enfocado en los ámbitos político, económico, social y cultural, con el objetivo de fortalecer las relaciones con Colombia, marcadas por una historia compartida de más de 195 años. “Hoy la hermandad con Colombia representa un gran reto y una gran oportunidad para avanzar, para crecer y reescribir nuestra historia sobre las bases del bolivarianismo”, expresó Brazón.

Maniglia, quien fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006 y cuenta con 31 años de servicio militar, venía desempeñándose como embajador en Alemania. Su designación como representante de Caracas en Colombia se realizó el pasado 13 de marzo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en reemplazo del general de división Carlos Eduardo Martínez.

El Parlamento también aprobó el nombramiento de Rubén Darío Molina, quien ha ocupado cargos en la Cancillería, como responsable de Temas Multilaterales y viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía. La diputada chavista Roselyn Vegas destacó que Molina presentó un plan integral y estratégico para fortalecer los vínculos diplomáticos bilaterales con Nicaragua.

Vegas subrayó que las relaciones con Nicaragua “están enmarcadas en la amistad, la solidaridad y la cooperación”, y han estado sustentadas en principios comunes como la defensa de la soberanía, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

(Con información EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la extensión por 30 días del trabajo de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía (Comisión Especial de Seguimiento), en medio de un proceso que ya suma más de 11.400 solicitudes y concedió, según el diputado chavista a cargo de la misión, más de 8.000 libertades plenas.

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, propuso la prórroga para que la comisión continúe profundizando el proceso de convivencia democrática, propuesta que fue aprobada de forma unánime.

Según el artículo 15 de la normativa, la comisión debe desarrollar e implementar mecanismos para el cumplimiento de la amnistía, sin establecer un plazo específico para su labor. Rodríguez afirmó que la ley no está orientada a liberar a “magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos”, sino que busca la reconciliación y corregir errores cometidos.

Desde la promulgación de la ley en febrero hasta la fecha, se recibieron 11.432 solicitudes de amnistía, aunque un número importante quedó excluido por las restricciones del artículo 9, que descarta homicidios, corrupción, tráfico de drogas, operaciones militares y violaciones a los derechos humanos.

La Justicia venezolana concedió 8.084 libertades plenas en el marco de la ley, según el diputado y presidente de la comisión de seguimiento, Jorge Arreaza. De ese total, 7.782 personas tenían libertad restringida bajo medidas cautelares, mientras que 302 permanecían encarceladas.

La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero su aplicación se limita a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos. Hasta ahora, las autoridades no divulgaron el listado de amnistiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó el martes que permanecen detenidas 503 personas por motivos políticos en el país, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. La organización, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que de los detenidos, 315 son civiles y 188 militares.

El registro señala que 452 son hombres y 51 mujeres, y se incluye un menor de edad de entre 14 y 17 años. Foro Penal también indicó que más de 11.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país, restricciones para declarar a medios y obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció el martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael Tarazona y al abogado Omar de Dios García, al considerar que la causa en la que están incluidos queda fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), integrada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó al Parlamento una lista de presos políticos para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, según informó el ex diputado Américo De Grazia.

Desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia explicó que el viernes pasado se reunieron con miembros de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, y solicitaron que se publique la lista completa de quienes han recibido la libertad plena.

“El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son”, manifestó el ex legislador.

De Grazia señaló que el objetivo es cruzar la información recolectada con organizaciones como Provea y Foro Penal para evitar que alguna persona quede excluida del proceso.

(Con información de EFE)

Una polémica vinculada a la campaña electoral ganó notoriedad cuando se hicieron públicos contactos entre Janez Jansa y ejecutivos de Black Cube, empresa israelí relacionada con actividades de espionaje. El líder del Movimiento Libertad, Robert Golob, expresó preocupación ante los reportes de injerencia externa, señalando que se trata de un hecho sin precedentes para un país miembro de la Unión Europea, según consignó la Comisión Electoral Estatal y recogió el medio que cubrió los resultados oficiales.

Según informó la Comisión Electoral Estatal de Eslovenia, el Movimiento Libertad (GS), encabezado por el actual primer ministro Robert Golob, consiguió imponerse en las elecciones legislativas realizadas este domingo. Con el 99,85% de los votos escrutados, la fuerza liberal obtuvo el 28,62% de los sufragios, mientras que el Partido Democrático de Eslovenia (SDS), liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, alcanzó un 27,95%. Esta breve diferencia, menor a un punto porcentual, deja en evidencia una profunda rivalidad entre ambas formaciones y anticipa un escenario de negociaciones complejas para la constitución de una coalición de gobierno, detalló la Comisión Electoral Estatal y reportó la cobertura internacional.

El órgano electoral señaló que la participación en la jornada electoral alcanzó un 69,32% del electorado, cifra que refleja un alto grado de movilización ciudadana en un contexto de marcada competencia. En el nuevo reparto parlamentario, el Movimiento Libertad se aseguró 29 escaños, apenas uno más que los 28 obtenidos por el Partido Democrático de Jansa en la Asamblea Nacional, integrada por 90 miembros. Esta distribución revela la fragmentación y la necesidad de acuerdos transversales para conformar un gobierno estable, tal como puntualizó el recuento oficial difundido por la DVK.

El desarrollo de la campaña se vio afectado por la publicación de informaciones sobre una reunión ocurrida en diciembre entre Jansa y figuras de Black Cube, un hecho que incrementó el tono de las acusaciones cruzadas respecto a supuestas interferencias externas. Golob, por su parte, advirtió que la implicación de actores extranjeros en el proceso electoral es un fenómeno sin antecedentes para una democracia comunitaria. Según publicó la prensa local y medios internacionales, estas revelaciones añadieron tensión a la recta final antes del sufragio y ocuparon buena parte del debate público.

Tras la divulgación oficial de los resultados, ambos partidos enfrentan el reto de abrir líneas de diálogo con las restantes fuerzas políticas presentes en el parlamento, dado que ninguno obtuvo mayoría suficiente para gobernar en solitario. Los próximos pasos se enfocarán en las conversaciones para definir el rumbo de la coalición y la orientación que tomará el nuevo ejecutivo, según detalló la cobertura realizada por la Comisión Electoral Estatal.

El panorama postelectoral en Eslovenia queda condicionado por un balance ajustado de fuerzas, donde el Movimiento Libertad, aunque obtuvo un escaño más, depende de la receptividad de otras agrupaciones para asegurar la gobernabilidad. Mientras tanto, el Partido Democrático de Eslovenia mantiene una posición relevante que lo coloca como interlocutor necesario en la definición de pactos, tal como señaló el informe de la autoridad electoral.

La estrecha competencia y el impacto de factores externos se suman a una legislatura que se anticipa marcada por la necesidad de acuerdos para responder a la fragmentación del voto y a las expectativas de participación ciudadana reflejadas en la elevada asistencia a las urnas, según datos finales difundidos por el órgano electoral esloveno.

La cercanía en el número de escaños alcanzados por el Movimiento Libertad (GS) de Robert Golob y el Partido Democrático de Eslovenia (SDS) de Janez Jansa coloca a Eslovenia ante una fase de intensas negociaciones parlamentarias, según reportó el medio proveedor de la información. Con una diferencia de apenas un escaño entre ambas formaciones, ninguno de los partidos alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, compuesta por 90 diputados, por lo que la formación de gobierno dependerá de pactos entre diferentes fuerzas políticas.

De acuerdo con los datos publicados, el partido liberal Movimiento Libertad obtuvo el 29,9% de los votos, situándose como la formación más apoyada en las elecciones legislativas celebradas en Eslovenia este domingo. El SDS, liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, reunió el 27,5% de sufragios, marcando así una diferencia ajustada entre ambas opciones. El medio detalló que, según las encuestas a pie de urna, el escenario postelectoral asigna 29 escaños a la formación de Golob y 28 al partido de Jansa.

La situación generada por este resultado electoral revela la dificultad para lograr una mayoría clara, ya que son necesarios al menos 46 escaños para controlar la Asamblea Nacional. El papel de los partidos minoritarios será clave, mientras las conversaciones para formar gobierno se perfilan como el próximo foco político, consignó la fuente original. La campaña previa a los comicios estuvo marcada por acusaciones y controversias, lo que ha influido en el ambiente tenso que rodea las negociaciones.

El contexto de la campaña electoral se vio alterado por las revelaciones sobre una reunión mantenida en diciembre por Janez Jansa con representantes de Black Cube, una empresa dedicada al espionaje con sede en Israel. Esta noticia provocó reacciones entre los adversarios políticos y fue utilizada como parte de los argumentos de campaña. Según publicó la fuente, el primer ministro Robert Golob señaló la gravedad de la situación expresando: "El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito".

Durante la campaña, se pusieron en primer plano las preocupaciones por la posible intervención de agentes extranjeros en los procesos políticos nacionales, tras la difusión de estos encuentros. Este tema generó debates públicos y contribuyó a la percepción de unas elecciones influenciadas por factores externos, según informó el medio. Tanto la opinión pública como los sectores políticos manifestaron inquietudes sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

El estrecho margen entre las dos formaciones más votadas ya ha desencadenado movimientos iniciales por parte de ambos líderes para buscar alianzas que les permitan superar la fragmentación del Parlamento. La composición definitiva de la Asamblea, reflejada en los resultados preliminares, deja abierta la posibilidad de múltiples combinaciones en la conformación del próximo gobierno, advirtió la misma fuente. El escenario político queda así condicionado a la capacidad de negociación entre las fuerzas mayoritarias y los grupos minoritarios presentes en la Cámara.

Los resultados obtenidos en estas elecciones reflejan una polarización en el electorado, con una presencia equilibrada entre los bloques liberal y conservador, reportó la fuente original. La gobernabilidad del país requerirá entendimientos entre distintas sensibilidades políticas, debido al reparto casi idéntico de escaños y a la ausencia de mayorías claras.

La publicación de la reunión entre Jansa y Black Cube añadió un elemento de fricción a la confrontación electoral, con acusaciones mutuas sobre la legitimidad y transparencia del proceso. Según detalló el medio, este episodio reactivó el debate sobre la influencia de actores no nacionales en la política soberana de los países miembros de la Unión Europea, especialmente ante la reacción expresa del actual primer ministro ante los medios de comunicación y la opinión pública.

La jornada electoral en Eslovenia se desarrolló bajo una notable expectación, no solo a nivel nacional sino también entre socios europeos, dado el impacto potencial de los resultados y de las negociaciones posteriores. La falta de una mayoría clara invita a un cuadro político abierto, donde los próximos días estarán marcados por conversaciones para definir la futura composición del gobierno, reportó la fuente.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 306, una iniciativa que introduce por primera vez en Panamá reglas claras para las gestiones de cobro y fija límites concretos a las agencias que operan en este segmento.

La norma busca proteger la intimidad del consumidor, establecer controles sobre la frecuencia de contacto y frenar prácticas que han sido señaladas por años como abusivas, en un contexto marcado por denuncias reiteradas de hostigamiento telefónico y presión indebida para el pago de deudas.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, surge precisamente ante ese vacío normativo que permitía a empresas de cobranza operar sin parámetros definidos.

Según la exposición de motivos, en el país se habían vuelto frecuentes las llamadas constantes, mensajes insistentes e incluso comunicaciones con tono intimidatorio dirigidas a consumidores con obligaciones vencidas, lo que derivó en afectaciones a la salud mental y a la estabilidad personal de los deudores.

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la regulación de los horarios y la periodicidad de contacto. A partir de su entrada en vigencia, las agencias de cobro solo podrán comunicarse con los consumidores de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m., quedando prohibido cualquier contacto los domingos o días festivos.

Además, se establece que no podrá realizarse más de un contacto directo por día, independientemente del canal utilizado.

La normativa también introduce límites específicos a las llamadas y visitas. Solo se permitirá una llamada telefónica diaria y una visita domiciliaria por semana, y en ningún caso ambas acciones podrán realizarse el mismo día.

Estas disposiciones buscan frenar prácticas de presión continua que, en la práctica, terminaban generando un entorno de acoso para el consumidor, afectando incluso su entorno familiar y laboral.

Otro punto clave es el control sobre los canales de comunicación. Las agencias únicamente podrán contactar al consumidor a través de los medios previamente autorizados por este, como teléfono, correo electrónico o mensajería.

Esto implica que el usuario tendrá la facultad de decidir cómo y por dónde quiere ser contactado, lo que introduce un elemento de consentimiento que antes no estaba claramente definido en la legislación panameña.

La ley también establece un conjunto amplio de prohibiciones que apuntan directamente a las prácticas más cuestionadas del sector. Entre ellas, se prohíbe contactar a familiares, amigos o referencias del deudor, realizar visitas al lugar de trabajo, divulgar información sobre la deuda a terceros o utilizar lenguaje amenazante o agresivo.

Tampoco se permitirá simular procesos judiciales inexistentes ni advertir sobre embargos o acciones legales que no hayan sido iniciadas formalmente.

En materia de derechos, el consumidor tendrá garantías específicas como el acceso a información clara y completa sobre su deuda, incluyendo montos, intereses y opciones de pago.

Además, se establece el derecho a la confidencialidad, lo que impide que su situación financiera sea expuesta públicamente o compartida sin autorización, reforzando la protección de la intimidad como eje central de la norma.

El proyecto también regula la actuación de las agencias en términos de trazabilidad. Las empresas deberán mantener un registro detallado de todas las gestiones de cobro, incluyendo fecha, hora, medio utilizado y resultado del contacto, información que deberá conservarse por un período de al menos dos años.

Este requisito introduce un mecanismo de control que permitirá fiscalizar el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la supervisión, la norma asigna a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

La entidad podrá requerir información en cualquier momento y las agencias estarán obligadas a entregarla de forma oportuna y veraz, asumiendo incluso los costos asociados a ese proceso.

El componente sancionatorio también queda definido. Las infracciones a esta ley podrán ser castigadas con multas de hasta 25 mil dólares, especialmente en casos de violaciones a los derechos del consumidor o incumplimiento de las prohibiciones establecidas.

Este punto busca generar un efecto disuasivo frente a prácticas abusivas que, hasta ahora, no enfrentaban consecuencias claras en el país.

Durante el debate legislativo se dejó claro que la iniciativa no busca impedir la recuperación de deudas. Por el contrario, el objetivo es ordenar el proceso de cobranza bajo principios de respeto, proporcionalidad y legalidad, permitiendo que bancos, financieras y otros agentes continúen sus operaciones, pero sin recurrir a mecanismos que vulneren la dignidad del consumidor.

Con esta aprobación, Panamá incorpora un marco regulatorio que intenta equilibrar dos intereses: el derecho de las empresas a recuperar sus créditos y el derecho de los ciudadanos a no ser sometidos a prácticas invasivas.

La efectividad de la ley dependerá ahora de su aplicación y del nivel de supervisión que ejerzan las autoridades sobre un sector que, hasta ahora, operaba con amplios márgenes de discrecionalidad.

Ahora, todo dependerá de la decisión que tome el Presidente José Raúl Mulino que podrá sancionar la normativa o rechazarla en su totalidad o parcialmente para que se realicen nuevos ajustes.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Parlamento venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió de manera metafórica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presenciar la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, donde señaló el triunfo del equipo venezolano como un hecho histórico para el país. De inmediato, presentó su reacción a las declaraciones de Turk sobre la liberación de reclusos, acusando al funcionario de ser un “enemigo de Venezuela” y de buscar el perjuicio de la nación sudamericana. En el evento estuvieron también presentes figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, que participó en un acto dedicado a la ley de amnistía, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien decretó el 18 de marzo como día festivo tras la victoria deportiva.

Según publicó el medio, la controversia surgió debido a la intervención de Volker Turk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el lunes previo. En esa ocasión, Turk solicitó a las autoridades venezolanas que hicieran público el listado completo de presos políticos liberados tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha confirmado la excarcelación de 950 personas hasta la fecha, según detalló el medio.

En cuanto a las expresiones de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional señaló textualmente: “Por las últimas declaraciones que dio, ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. El señor quiere que a Venezuela le vaya mal”, palabras reportadas por el medio de referencia. Esta afirmación tuvo lugar luego de las solicitudes de transparencia y la advertencia emitida por Turk acerca de la existencia de preocupaciones sistemáticas y estructurales relacionadas con los derechos humanos en el país caribeño. Según informó el medio, dichas preocupaciones han estado presentes en los pronunciamientos del Alto Comisionado durante las sesiones del órgano internacional.

La operación estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero, que finalizó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, también fue abordada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, Turk pidió explicaciones acerca de los avances concretos respecto a la situación de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad tras la aplicación de la ley de amnistía. De acuerdo con el medio, la relevancia de este asunto radica en la demanda de la ONU para el esclarecimiento y la supervisión sobre la cantidad y nombres de los excarcelados.

En el marco de estos acontecimientos, la celebración por la histórica victoria de la selección venezolana de béisbol fue destacada por Delcy Rodríguez, quien decidió establecer el 18 de marzo como día de asueto nacional “para que la juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, según consignó el medio. La jornada deportiva se integró como una metáfora utilizada por Jorge Rodríguez para referirse a la crítica internacional y para proyectar una imagen de fortaleza nacional, información recogida por la misma fuente.

El encuentro en el Parlamento, que contó con la presencia de Rodríguez Zapatero, se enmarcó dentro de un acto relacionado con la ley de amnistía, según reportó el medio. Diferentes voces, tanto nacionales como internacionales, han seguido de cerca los acontecimientos vinculados con la situación de los derechos humanos, la permanencia de personas detenidas y los recientes procesos políticos en Venezuela. La insistencia de la ONU en la publicación de los listados y en la supervisión de los procesos de liberación refleja un escenario de monitoreo internacional, mencionó el medio de comunicación.

El medio también detalló que la existencia de inquietudes por parte del Alto Comisionado ha mantenido la tensión diplomática, marcando la postura crítica del organismo internacional ante la evolución de la crisis política venezolana. Las declaraciones de Turk enfatizaron la importancia de atender las preocupaciones estructurales en materia de derechos humanos, aspecto que fue respondido en duros términos por la autoridad legislativa venezolana. La repercusión de la jornada se extendió tanto en el ámbito político como en la esfera social y deportiva, con diferentes sectores atentos a la evolución del tema.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó el martes como “enemigo” del país al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El diplomático de Naciones Unidas señaló que su oficina no ha recibido una lista oficial de presos políticos liberados ni tuvo acceso sin restricciones a centros de detención en Venezuela, pese a haberlo solicitado.

Durante una sesión en la sede parlamentaria en Caracas, tras una reunión en la que participó el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Rodríguez afirmó que Türk “no quiere” al país caribeño.

“Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal, pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego de hoy”, expresó, aludiendo a la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos.

El lunes, Türk aseguró que su oficina no ha recibido información oficial sobre los presos liberados tras la operación de EEUU el pasado 3 de enero y la captura del ex dictador Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención

Türk indicó que ninguna de esas peticiones tuvieron éxito hasta la fecha y pidió mayor transparencia en los procesos de excarcelación.

El alto comisionado subrayó que “muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”.

El canciller venezolano, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Türk y lo acusó de tener un “sesgo inmoral” y actuar como una “caja de resonancia de falsedades”.

El 19 de febrero, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para procesos de presos políticos desde 1999, pero su aplicación es específica para 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período y los casos vinculados a operaciones militares.

La Justicia otorgó, según datos oficiales de las autoridades del país, más de 7.000 libertades plenas, en su mayoría a personas con medidas cautelares.

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales negaron la libertad plena a dos trabajadores de prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora y de la líder María Corina Machado.

Por otra parte, Rodríguez sostuvo que las personas a quienes se les negó la amnistía pueden apelar sus casos ante la Justicia.

“Tienen derecho a apelar frente a los tribunales e incluso también pueden introducir escritos ante la comisión de seguimiento y seguirlos analizando”, subrayó el hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al ser consultado sobre las amnistías denegadas en los últimos días, incluyendo el caso de los dos periodistas.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el titular del Parlamento reconoció que más de 2.000 solicitudes recibidas por la comisión corresponden a casos no contemplados por la norma.

El dirigente chavista aseguró que la comisión parlamentaria de seguimiento sigue evaluando expedientes y continuará atendiendo todas las solicitudes, incluidas aquellas vinculadas a hechos distintos a los períodos establecidos en la legislación.

“Ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho: 7.580 personas han sido beneficiadas por esta ley de amnistía e, incluso, más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo”, afirmó Rodríguez.

Esta cifra difiere del reporte presentado el jueves pasado por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento y había informado que ya sumaban 7.727 libertades plenas: 7.474 personas en libertad restringida bajo medidas cautelares y 253 que permanecían encarceladas.

Rodríguez también mencionó que se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos residentes en el extranjero y exhortó a quienes deseen acceder al beneficio a presentar sus solicitudes esta semana. “Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que sus casos pueda ser procesados”, señaló.

(Con información de EFE)

Durante su intervención en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, extendió una invitación a los venezolanos residentes fuera del país para que soliciten su inclusión en los beneficios de exención establecidos en la legislación aprobada el pasado 20 de febrero. Rodríguez precisó que la medida contempla también a exdiputados que formaron parte del Parlamento elegido en 2015, cuyo mandato finalizó el 4 de enero de 2021, conforme al calendario surgido tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, sobre las que la oposición y entidades internacionales como la Unión Europea mantuvieron críticas.

Según informó la cadena VTV, Jorge Rodríguez comunicó que hasta la fecha 7.580 ciudadanos han recibido los beneficios previstos en la ley de amnistía. Detalló que la aplicación de la normativa ha superado las previsiones iniciales, expandiendo su alcance a casos y situaciones que no estaban recogidas explícitamente en el texto original. De acuerdo con esta declaración, la administración venezolana amplió las opciones de amparo legal dentro del marco de la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación de la medida.

El medio confirmó que Rodríguez realizó el anuncio acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien forma parte de la comisión y ha servido de mediador en procesos anteriores relativos a la liberación de personas detenidas por causas políticas. Zapatero manifestó su respaldo a la ley, argumentando que la amnistía representa un ejercicio de política elevada y reconciliación, capaz de contribuir a dejar atrás los enfrentamientos y promover la convivencia nacional. “Hay en la amnistía futuro, hay en la amnistía política, alta política, perdón, aquello que fundó la democracia. Hay en la amnistía reconciliación, que sintamos que vivimos en un país común, compartido, un destino para todos”, citó el medio venezolano.

Jorge Rodríguez sostuvo en su comparecencia que el proceso abierto bajo el liderazgo de su hermana Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha propiciado avances hacia el diálogo nacional y la búsqueda de consensos con sectores de la oposición. Entre los asistentes a la reunión de la Comisión de Seguimiento, Rodríguez destacó el rol desempeñado por Zapatero, al subrayar que, en su criterio, “alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos que ha hecho a Venezuela para buscar las formas de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo y por la vía de la búsqueda de consensos”, según consignó la cadena VTV.

Aunque la cifra oficial anunciada por Rodríguez alcanza los 7.580 beneficiarios desde la aprobación de la ley, organizaciones independientes mantienen cálculos diferentes. En particular, la ONG Foro Penal reportó durante el fin de semana anterior que únicamente se han producido 690 liberaciones a partir de la implementación de la medida, que inició el 8 de enero de 2026, según publicó la misma cadena venezolana.

Rodríguez pidió a todas las personas que consideren cumplir con los requisitos para acogerse a la ley o a sus extensiones, y que se encuentren fuera del país, que presenten sus solicitudes por escrito o a través de representantes legales a la comisión. Explicó que esta oportunidad contempla no solo a quienes hayan enfrentado procesos judiciales por motivos políticos, sino también a exparlamentarios que finalizaron funciones tras los comicios de 2020. El medio venezolano indicó que estas elecciones no recibieron el reconocimiento de distintas fuerzas opositoras ni de varios organismos internacionales, que concluyeron que el proceso electoral carecía de garantías suficientes.

Durante la actividad, el expresidente Zapatero subrayó el carácter unilateral de la ley promovida por Delcy Rodríguez y la necesidad de trabajar para superar el resentimiento en el contexto político y social actual: “La Venezuela de hoy exige reconciliación, confianza y convivencia y, ¿por qué no?, abrazos”, expresó en declaraciones recogidas por VTV.

En el desarrollo de la sesión, Jorge Rodríguez remarcó que el proceso político impulsado por la ley de amnistía constituye una nueva etapa para Venezuela, centrada en el establecimiento de canales de comunicación y en el tratamiento de los conflictos mediante el diálogo. Tanto Rodríguez como Zapatero insistieron en la importancia de mantener abiertos los espacios de negociación en materia política, para avanzar hacia una mayor convivencia entre los distintos sectores nacionales.

La promulgación de la ley y la posterior conformación de una comisión de seguimiento han buscado facilitar el análisis detallado de las solicitudes y situaciones personales de quienes pudieran beneficiarse de la exención, ofreciendo la posibilidad de evaluar casos individuales bajo el marco normativo aprobado en febrero. Según detalló el medio VTV, el proceso cuenta con mecanismos para recibir y procesar las peticiones presentadas desde el extranjero, con el propósito de aumentar el alcance de la normativa más allá de los límites originalmente previstos.

La Asamblea Nacional de Panamá abrió la convocatoria pública para escoger al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo que ocupará el cargo durante el periodo 2026-2031, en reemplazo del actual titular, Eduardo Leblanc González.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales anunció que las postulaciones se recibirán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, entre 8:30 a.m. y 4:00 p.m., en su sede ubicada en el sexto piso del edificio principal del Legislativo.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución Política, además de presentar la documentación exigida por el reglamento del proceso.

El llamado oficial, firmado por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, presidente de la Comisión de Gobierno, invita a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en ocupar el cargo a presentar una carta de postulación, una hoja de vida, así como certificaciones del Tribunal Electoral y documentos que acrediten el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Entre los requisitos obligatorios también se encuentra el certificado de antecedentes penales, la copia autenticada de la cédula de identidad personal y una declaración notarial bajo juramento que confirme que el aspirante no se encuentra dentro de las limitaciones constitucionales ni en las restricciones establecidas en la Ley 504 de 2025.

La persona seleccionada asumirá la dirección de la Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger y promover los derechos humanos en Panamá, en un momento marcado por cambios legales recientes que buscan fortalecer su funcionamiento.

Durante el primer bimestre de 2026, la entidad gestionó 1,231 trámites relacionados con la defensa de derechos ciudadanos, de los cuales 607 se registraron en enero y 385 en febrero, además de otras gestiones administrativas dentro de su sistema de atención. Del total de casos, se contabilizaron 831 orientaciones, 296 quejas, 97 peticiones y 7 investigaciones iniciadas de oficio, según cifras divulgadas por la institución.

Las estadísticas institucionales muestran que 1,201 de las gestiones correspondieron a trámites individuales, mientras que 23 casos tuvieron carácter colectivo y 7 investigaciones se iniciaron de oficio por la propia Defensoría.

Entre los derechos más invocados por la ciudadanía destacan el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso y el derecho a la salud, temas que concentran buena parte de las consultas, reclamos y solicitudes de mediación presentadas ante la institución encargada de supervisar la actuación de las autoridades públicas y entidades que prestan servicios de interés social.

En cuanto a los canales utilizados por la población para presentar sus casos y consultas, la atención presencial se mantiene como la principal vía de contacto, con 586 trámites registrados en oficinas.

Otros canales utilizados incluyeron WhatsApp, con 184 solicitudes, la línea gratuita 127, con 170 comunicaciones, el correo electrónico, con 123 casos, así como correspondencia escrita, llamadas telefónicas, Defensorías Móviles, el asistente virtual Memoy y plataformas de redes sociales.

La mayoría de las gestiones fueron tramitadas en la sede central de la institución, así como en las oficinas regionales de Chiriquí y Veraguas.

El proceso de elección del nuevo defensor se produce además en un contexto de transformación institucional, luego de la aprobación de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo.

El actual defensor Eduardo Leblanc González explicó que la norma introduce cambios estructurales orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos y ampliar el alcance de la institución dentro del sistema democrático panameño.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la ampliación del ámbito de actuación de la Defensoría, que ahora podrá intervenir en casos relacionados con empresas públicas, privadas y mixtas que presten servicios de interés público.

La normativa también extiende la protección de derechos humanos a ciudadanos panameños que se encuentren en el extranjero, lo que representa una expansión significativa del mandato institucional.

Además, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que las autoridades respondan a los requerimientos de la Defensoría, con una sola prórroga permitida.

La Ley 504 también introduce mecanismos para modernizar la atención ciudadana, incluyendo la gestión digital de casos, el uso de herramientas tecnológicas para inspecciones institucionales y la clarificación de los procesos de orientación, mediación, quejas y peticiones.

Uno de los avances más destacados es la creación de un sistema formal de mediación con acuerdos vinculantes, lo que permitirá que las soluciones alcanzadas tengan carácter obligatorio y generen resultados concretos para las personas afectadas.

Finalmente, la nueva normativa fortalece la estructura interna de la institución mediante la creación de la Carrera Defensorial, además de establecer mecanismos de protección legal para los funcionarios y medidas de transparencia para garantizar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Defensoría.

El nuevo titular del cargo, que será escogido en las próximas semanas por la Asamblea Nacional, tendrá la responsabilidad de seguir implementando estas reformas y dirigir una institución que cumple 28 años de funcionamiento dentro del sistema de defensa de los derechos humanos en Panamá.

La figura del Defensor del Pueblo, conocida también como ombudsman, fue establecida en Panamá en 1997, tras la aprobación de la Ley 7 de 5 de febrero de ese año, con el objetivo de crear una institución independiente encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos frente a posibles abusos, omisiones o actuaciones indebidas de las autoridades públicas.

Desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha tenido el mandato de recibir quejas, mediar en conflictos y formular recomendaciones a las instituciones del Estado para garantizar el respeto de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, a lo largo de los años la entidad no ha estado exenta de cuestionamientos, en medio de críticas de sectores de la sociedad civil y de la población, que han pedido que la institución asuma un papel más preponderante y firme en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a decisiones o actuaciones del aparato estatal.

En un comunicado divulgado el miércoles a través de su cuenta de X, la PUD sostuvo que el gobierno busca consolidar mecanismos que garanticen “lealtad al poder y subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad”. Según el texto difundido por EFE, los opositores afirman que la independencia institucional resulta esencial para recuperar la confianza ciudadana en el Estado y para asegurar el efectivo acceso a la justicia, así como la realización de investigaciones imparciales sobre posibles abusos de poder.

La PUD, que agrupa al grueso de la oposición venezolana, considera que el fiscal general desempeña una función central en la protección del debido proceso y en la reconstrucción del Estado de derecho. El comunicado subraya que la elección de las nuevas autoridades no debe responder a pactos políticos orientados a preservar cuotas de poder ni perpetuar lo que describen como “subordinación” de las instituciones al gobierno. Según lo reportado por EFE, la coalición opositora insiste en que la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo constituye una base imprescindible para cualquier avance hacia la democracia y la institucionalidad.

El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, funcionarios cercanos al gobierno, presentaron su dimisión como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Esta decisión se produjo luego de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos, que abarca 13 casos específicos ocurridos entre 1999 y 2026. Tras las renuncias, Saab asumió temporalmente la Defensoría del Pueblo, mientras que Larry Devoe, abogado también identificado con el oficialismo, quedó como fiscal general encargado, según detalló la agencia EFE.

La legislación venezolana establece que la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General conforman el Consejo Moral Republicano, órgano que integra el denominado Poder Ciudadano y que, de acuerdo con la Constitución, debe estar representado por “diversos sectores de la sociedad”. EFE informó que la Asamblea Nacional, actualmente bajo control del chavismo, habilitó a partir del 2 de marzo un proceso de postulaciones para seleccionar los nuevos titulares de estos organismos. Aunque el plazo original terminaba el lunes siguiente, el Parlamento resolvió extenderlo hasta el viernes 13 de marzo a las 10:00, hora local (14:00 GMT), de acuerdo con la agencia de noticias.

Entre los requisitos para aspirar a los cargos de fiscal general o defensor del pueblo, la ley exige que los candidatos sean ciudadanos venezolanos por nacimiento y carezcan de cualquier otra nacionalidad. Además, deben presentar una declaración formal en la que conste la ausencia de militancia político-partidista y aportar una serie de documentos adicionales requeridos para el proceso de selección, tal como informó EFE.

La PUD sostuvo en su declaración que la independencia real de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo es “una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, según recogió EFE. La coalición opositora advierte que la confianza en las instituciones depende de la imparcialidad y autonomía de las autoridades que las conducen y denuncia que el actual proceso de selección podría perpetuar prácticas opacas que, en su opinión, han deteriorado la institucionalidad venezolana en los últimos años.

El contexto que rodea la selección de nuevos titulares se produce tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos el pasado enero, un episodio que, según la coalición opositora citada por EFE, refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales capaces de garantizar el control y la fiscalización adecuados sobre el poder público. Para la PUD, resulta especialmente relevante fortalecer la figura del fiscal general como “pieza fundamental” en la defensa del debido proceso y en la tarea de transparentar la administración pública.

El debate sobre la designación de autoridades judiciales y de control mantiene el foco sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos institucionales en Venezuela. Según la información divulgada por EFE, la oposición insta a que la integración del Consejo Moral Republicano sea resultado de un proceso abierto, representativo y apegado a los preceptos constitucionales, en lugar de acuerdos políticos que garanticen intereses de una sola facción.

El procedimiento abierto para postulaciones, supervisado por la Asamblea Nacional, incorpora filtros legales diseñados para evitar que los aspirantes mantengan vínculos partidistas, como remarcó EFE. No obstante, la designación de interinos vinculados al oficialismo y la postergación del plazo para la recepción de candidatos generan escepticismo en el ámbito opositor sobre la transparencia y pluralidad reales en la composición del Consejo Moral Republicano.

La agencia EFE reportó que, pese al marco legal que regula la elección de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, diversos sectores de la sociedad venezolana consideran que la actual coyuntura política condiciona el proceso. Por tal motivo, organizaciones de la sociedad civil, activistas y actores opositores continúan manifestando preocupación sobre las garantías institucionales y la posibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho con autonomía efectiva de los poderes públicos.

En la perspectiva de la PUD, la designación de las nuevas autoridades constituye una oportunidad para revertir prácticas que, según su denuncia, han debilitado la confianza ciudadana y las bases democráticas en el país. El comunicado insiste en el llamado a la independencia institucional y advierte sobre las implicaciones que tendría una selección “opaca” en la vigencia del Estado de derecho y la capacidad de investigación frente a posibles violaciones de derechos humanos y abusos de poder, conforme a lo reportado por EFE.

Con la prórroga del proceso de postulaciones y la atención centrada en el desarrollo de las próximas semanas, el desenlace de esta controversia definirá el futuro inmediato de organismos clave del aparato de justicia y control en Venezuela, sujetando el escrutinio nacional e internacional sobre la legitimidad y la independencia en la administración pública del país, según la cobertura continuada de EFE.

La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, pidió este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a que ambas instituciones recuperen credibilidad.

La organización abogó por las elecciones tras la renuncia de sus anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG denuncia que fueron utilizados como “instrumentos de persecución política”.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y, por tanto, puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.

Himiob consideró que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que se trata de una oportunidad real de justicia para miles de víctimas.

“El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.

El 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Saab fue designado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.

La Asamblea Nacional (AN) anunció un proceso de postulaciones para ambos cargos, que cierra este viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

En medio de este panorama político, Foro Penal informó que al menos 673 presos políticos fueron liberados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, seguido por la aprobación de una Ley de Amnistía.

“673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía”, precisó Romero, quien detalló que de ese total, 166 salieron en el marco de la ley.

Actualmente, según Foro Penal, todavía hay 508 presos políticos en el país y un número significativo de detenciones arbitrarias que permanecen bajo análisis y verificación. Romero explicó que muchos de los casos evaluados son antiguos y que las personas no los habían reportado por “temor a represalias o miedo”. A su vez, indicó que la organización continúa verificando casos y que la cifra “puede aumentar”, ya que siguen llegando cientos de personas a sus oficinas en busca de orientación sobre el proceso de amnistía.

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Parlamento comunicó que hasta el jueves 7.727 personas habían sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las cuales 253 salieron de prisión y 7.474 con medidas cautelares ya cuentan con libertad plena.

Romero aseguró que Venezuela sigue atravesando una “profunda crisis institucional” y que todavía no se puede hablar de una “transición democrática ni una reconciliación plena”.

(Con información de EFE)

Los principales gremios periodísticos de Panamá cuestionaron el avance del proyecto de ley que busca reformar el derecho a réplica, una iniciativa impulsada por el diputado Ernesto Cedeño que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

Las organizaciones advirtieron que la propuesta legislativa introduce nuevas obligaciones dentro de la normativa vigente que regula la rectificación de informaciones, lo que —según sostienen— podría alterar el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial en el país.

En un comunicado conjunto fechado el 11 de marzo de 2026, el Foro de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí manifestaron su rechazo al proyecto aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios sostuvieron que la iniciativa convierte un principio de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo legal sujeto a sanción judicial, lo que podría tener impactos directos en la forma en que operan los medios de comunicación.

Las organizaciones recordaron que el ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad, y que dentro de la práctica informativa ya existe el derecho a réplica y rectificación como herramienta de equilibrio profesional.

A su juicio, dar voz a las personas afectadas por una publicación no solo constituye una obligación legal, sino también un principio ético que fortalece la calidad del mensaje periodístico y la confianza de los ciudadanos en los medios.

En ese sentido, los gremios reiteraron que la réplica debe mantenerse como un ejercicio de responsabilidad periodística y no convertirse en un instrumento legal que inhiba la crítica o la fiscalización pública.

Según el pronunciamiento, una regulación que imponga mecanismos rígidos de cumplimiento puede afectar el debate público, especialmente cuando se trata de la labor de los medios de comunicación de investigar, cuestionar o fiscalizar asuntos de interés público.

La preocupación surge a partir del Proyecto de Ley 391, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone modificar el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, normativa que regula el derecho de rectificación o respuesta frente a informaciones consideradas inexactas o agraviantes.

Aunque el derecho a réplica ya está contemplado en la legislación panameña, la iniciativa introduce nuevas condiciones y obligaciones específicas para los medios de comunicación.

Entre los cambios planteados se establece que toda persona afectada por una información difundida en un medio de comunicación podrá exigir que su réplica o rectificación se publique en el mismo órgano de difusión, y que dicha respuesta debe tener el mismo espacio y prominencia que la noticia original.

El texto también contempla que la réplica podría ser incluso mayor que la publicación inicial, dependiendo de las circunstancias del caso.

La propuesta legislativa también incorpora la obligación de que los medios de comunicación mantengan un espacio o sección permanente destinada a publicar rectificaciones, respuestas, aclaraciones o comentarios de las personas afectadas por una información.

Para los gremios periodísticos, este tipo de disposiciones interfiere directamente con la organización editorial y la gestión informativa interna de los medios.

Otro de los cambios que introduce la iniciativa es la imposición de plazos específicos para la publicación de las rectificaciones, estableciendo que estas deberán difundirse dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.

En caso de que el medio demuestre que existieron causas ajenas a su voluntad que impidieron cumplir ese plazo, el proyecto contempla una prórroga adicional de 24 horas para efectuar la publicación.

La propuesta también establece que si la rectificación se publica de forma parcial o defectuosa, la persona afectada podrá acudir a los tribunales alegando violación de su derecho, lo que abre la puerta a procesos judiciales vinculados al cumplimiento de esta obligación.

De esta forma, el proyecto incorpora mecanismos legales más estrictos para exigir la publicación de las respuestas o aclaraciones.

Además, el texto plantea nuevas responsabilidades jurídicas para los propietarios de los medios de comunicación, quienes podrían ser considerados responsables subsidiarios si no se cumple con la publicación de la rectificación en el tiempo establecido.

La responsabilidad también se extendería a los contenidos difundidos en espacios pagados por terceros, incluyendo programas contratados, si sus conductores no publican la réplica presentada por una persona afectada.

Para los gremios de prensa, estas disposiciones amplían las responsabilidades legales más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos.

Según señalaron, extender eventuales sanciones hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan en la elaboración del mensaje periodístico introduce una lógica de responsabilidad que podría generar efectos inhibitorios dentro del ecosistema mediático.

Las organizaciones también señalaron que resulta llamativo que iniciativas de este tipo logren respaldo transversal dentro del debate legislativo, pese a que las diferencias ideológicas suelen dividir a los diputados en otros temas.

A su juicio, esa coincidencia debería invitar a una reflexión más profunda sobre las consecuencias institucionales de decisiones que inciden directamente en el ejercicio de las libertades públicas.

Finalmente, los gremios afirmaron que la transparencia y la protección de la honra se fortalecen a través de la ética profesional y la responsabilidad informativa, y no mediante normas que trasladen responsabilidades desproporcionadas a los medios de comunicación.

En su opinión, cualquier reforma en esta materia debe preservar el equilibrio entre el derecho de las personas a defender su reputación y la libertad de prensa como uno de los pilares del sistema democrático.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), luego de su designación por parte del presidente José Raúl Mulino tras la salida de la anterior titular de la entidad.

La decisión deberá ahora ser sometida a votación del pleno legislativo, que tendrá la última palabra sobre la confirmación de la funcionaria en el cargo.

La designación se produce después de la renuncia de Ana Fábrega, quien dejó la institución en medio de denuncias sobre presuntos maltratos e irregularidades en albergues bajo responsabilidad del Estado.

Las acusaciones se concentraron especialmente en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde surgieron señalamientos que motivaron investigaciones por parte del Ministerio Público y revisiones institucionales sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores.

Antes de la designación de Cárdenas Chanis, el Ejecutivo intentó nombrar a otras dos personas para dirigir la Senniaf, pero ambos nombramientos se cayeron en menos de 24 horas tras recibir cuestionamientos públicos y falta de respaldo político.

La situación prolongó el proceso de selección hasta que el Gobierno formalizó la postulación final de Cárdenas Chanis, cuyo nombramiento ahora depende de la ratificación legislativa.

El caso de las supuestas irregularidades en los albergues tomó relevancia después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, realizara una visita de fiscalización al albergue de Tocumen.

Tras esa inspección, Brenes presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, señalando que los hallazgos detectados durante el recorrido ameritaban una investigación y respuestas institucionales.

En paralelo a este proceso, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, deberá comparecer el 1 de abril ante la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 42 preguntas elaborado por los diputados sobre la gestión del sistema de albergues y la supervisión del Senniaf.

La institución forma parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encargado de coordinar las políticas públicas relacionadas con la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación institucional ante alertas tempranas y las acciones implementadas para garantizar los derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.

Los diputados también solicitarán detalles sobre la forma en que se supervisa el funcionamiento de los albergues y el cumplimiento de la normativa vigente.

El cuestionario aprobado por la Asamblea también exige información sobre las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público.

Los diputados pidieron explicar cuáles son los protocolos institucionales para prohibir castigos físicos, psicológicos u otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como las condiciones físicas, estructurales y técnicas que deben cumplir los centros de atención y cuántos de ellos presentan incumplimientos.

Asimismo, la ministra deberá detallar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas irregularidades en la atención de menores, además de explicar qué medidas se han adoptado para prevenir nuevos casos.

Entre las acciones que deberán ser explicadas se encuentran auditorías internas, mecanismos de vigilancia y el seguimiento institucional a las denuncias presentadas en relación con el funcionamiento de los albergues.

Mientras se desarrolla este proceso legislativo, diputados de distintas bancadas han continuado con recorridos de inspección en albergues del país como parte de las acciones de fiscalización. Estas visitas forman parte de las revisiones impulsadas por la Asamblea Nacional para verificar las condiciones en que operan los centros de protección y el manejo institucional del sistema de atención a menores bajo tutela del Estado.

El Órgano Ejecutivo decidió objetar el proyecto de ley que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud en Panamá, una iniciativa que había sido aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

La decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud (Minsa), que argumentó que la extensión generalizada de horarios debe responder a criterios técnicos, administrativos y de disponibilidad de recursos, y no a una obligación establecida por ley.

La propuesta legislativa pretendía establecer horarios extendidos obligatorios en centros de salud del país, con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios médicos y reducir las limitaciones de atención en horas de la noche.

Sin embargo, el Ejecutivo objetó el proyecto en su totalidad por considerarlo inconveniente, señalando que el sistema sanitario ya aplica estrategias de ampliación de horarios de manera gradual y según las necesidades de cada región.

Actualmente, 119 instalaciones del Ministerio de Salud cuentan con horario extendido a nivel nacional, una modalidad que permite ofrecer atención médica después de las 3:00 de la tarde en distintos centros del país.

Según la entidad, esta estrategia busca garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud, especialmente en áreas donde la demanda de pacientes requiere ampliar la disponibilidad de consultas y procedimientos médicos. Minsa respalda objeción del Pro…

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere una estructura administrativa completa, por lo que no se trata únicamente de mantener abierto un centro de salud durante más horas.

“El Ministerio de Salud tiene desde hace tiempo establecido horarios extendidos en muchos centros de salud”, indicó el funcionario, al destacar que la ampliación de atención ya se aplica en varias instalaciones del sistema público.

Boyd señaló que abrir un centro de salud en horario extendido implica la contratación y disponibilidad de múltiples perfiles de personal, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia y personal de limpieza, además de recursos para el funcionamiento operativo del establecimiento.

“El abrir un horario extendido no implica nada más que un médico, implica nombrar enfermeras, médicos, camilleros y otros trabajadores”, explicó el ministro al referirse a los costos administrativos que conlleva ampliar el servicio.

El titular de Salud también advirtió que la ampliación de horarios debe aplicarse en lugares donde exista una demanda real de atención, ya que mantener instalaciones abiertas durante la madrugada o en horarios de baja afluencia podría generar un uso ineficiente de los recursos públicos.

“Tenemos que administrar los pocos recursos que tiene el Estado de manera que puedan ser utilizados de la mejor forma posible”, afirmó Boyd al explicar la postura del ministerio frente al proyecto aprobado por los diputados.

Betserai Richards, diputado por la libre postulación e integrante de la bancada Seguimos, defendió el proyecto que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud y cuestionó la decisión del Ejecutivo de objetarlo en su totalidad.

El legislador sostuvo que la iniciativa no surgió de forma improvisada, sino que fue construida dentro de la comisión legislativa tras un proceso prolongado de análisis.

Según Richards, la propuesta permaneció en discusión por más de un año y durante ese tiempo recibió observaciones técnicas, incluyendo aportes de asesores vinculados al propio Ministerio de Salud.

A su juicio, el objetivo central del proyecto era facilitar el acceso de la población a los servicios médicos, especialmente en un sistema donde muchos pacientes enfrentan dificultades para obtener atención oportuna.

El diputado también señaló que la experiencia cotidiana de los usuarios del sistema público de salud dista de la visión expuesta por las autoridades.

En ese sentido, mencionó problemas como las extensas filas para conseguir una cita, el desabastecimiento de medicamentos y las limitaciones de infraestructura en distintas instalaciones, factores que —según planteó— reflejan una situación distinta a la descrita en los reportes oficiales.

De acuerdo con el ministro, el Minsa continuará evaluando la posibilidad de ampliar los horarios en otras instalaciones sanitarias, pero lo hará de forma planificada y priorizando las zonas donde la población requiere mayor acceso a atención médica.

Esta estrategia, según explicó, busca garantizar que los centros de salud que operen en horario extendido cuenten con el personal y la infraestructura necesarios para atender adecuadamente a los pacientes.

El ministerio también indicó que la ampliación de horarios debe formar parte de una planificación sanitaria que identifique cuáles centros pueden cubrir mejor a la población durante la noche o en situaciones de urgencia.

Según Boyd, la meta es informar a la población cuál es el centro de salud más cercano a su residencia que cuenta con atención en horarios extendidos, especialmente en casos de emergencias o consultas médicas fuera del horario habitual.

Antes de concluir la ceremonia en la Asamblea Nacional, António José Seguro anunció que una de sus primeras acciones como presidente será condecorar a su antecesor, Marcelo Rebelo de Sousa, con la Orden de la Libertad. Este reconocimiento busca destacar tanto “su amor por Portugal” como la relevancia de una figura cuya presencia ha marcado la vida política reciente del país. Desde este contexto, António José Seguro asumió oficialmente el cargo de presidente, tras prestar juramento sobre la Constitución y comprometerse públicamente a representar a toda la ciudadanía, según publicó la prensa lusa.

En el transcurso de su discurso de investidura, reportó la prensa local, Seguro afirmó que ejercerá su mandato desde la independencia y el respeto absoluto a la pluralidad parlamentaria. Subrayó la importancia de la cooperación institucional y transmitió a los legisladores y al país su disposición a colaborar en la defensa y el fortalecimiento del sistema democrático. “Les deseo todo lo mejor y les aseguro mi cooperación institucional, respetando la Constitución de la república, sobre la cual acabo de prestar juramento solemne”, declaró, acompañado por Rebelo de Sousa, al que agradeció los años de servicio ofrecidos al país.

Según consignó la prensa lusitana, el mandatario dedicó buena parte de su intervención a llamar la atención sobre la necesidad de proteger la democracia en un contexto marcado por el auge de formaciones ultraderechistas. Seguro insistió en su compromiso, definido como resultado de una “convicción” personal y de forma “independiente”, reiterando así una de sus principales promesas de campaña, cuando se presentó como un candidato abierto más allá de sus vínculos socialistas y orientado al consenso.

Durante su pronunciamiento, de acuerdo con la información de la prensa local, el presidente puso énfasis en restaurar la confianza social y el sentido de comunidad entre los portugueses. “Sé que hay muchos portugueses indignados, muchos dejaron de creer. Dejo un mensaje: crean en Portugal. Creo que todos son necesarios y que cada uno tiene un papel, es urgente restaurar el sentido de comunidad”, afirmó, en referencia a la fragmentación social reciente y el auge de discursos extremos promovidos por la ultraderecha.

El medio luso detalló que Seguro abordó las desigualdades y la necesaria exigencia hacia las instituciones democráticas, apuntando a los principales “desafíos estructurales” que afronta Portugal y cuya resolución, señaló, no debe recaer en la improvisación. Frente a los partidos políticos, el presidente sugirió que los próximos tres años sin elecciones representan una “oportunidad de oro” para que las formaciones sitúen los intereses nacionales por encima de agendas inmediatas, advirtiendo que “la democracia necesita tiempo para producir resultados satisfactorios”.

Seguro expresó en el hemiciclo que, como jefe de Estado, se compromete a promover acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas, subrayando: “El país gana cuando los partidos consiguen coincidir en lo esencial. Como presidente de la república, haré todo para promover los acuerdos entre los responsables políticos”, en palabras recogidas por la prensa portuguesa. Esta declaración retoma la idea central de su campaña electoral, basada en la búsqueda de mayorías amplias y la voluntad de alejarse de polarizaciones.

De acuerdo con los reportes de la prensa lusa, António José Seguro llega a la presidencia tras obtener el mayor respaldo electoral registrado durante la democracia portuguesa. Su victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero frente al candidato de la ultraderecha, André Ventura, consolidó su liderazgo y le otorga una posición de fortaleza institucional de cara a los desafíos que ha enumerado durante la asunción.

El Banco Nacional de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley aprobado recientemente por la Asamblea Nacional que modifica las reglas sobre la prescripción de las deudas, una iniciativa que, según la entidad estatal, podría afectar la seguridad jurídica del sistema financiero y comprometer los recursos de los depositantes.

La institución adelantó que su departamento legal ya preparó una opinión técnica y enviará una carta al Ejecutivo pidiendo el veto, al considerar que el proyecto introduce cambios que alterarían la relación contractual entre acreedores y deudores en el país.

La posición fue expresada por el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, quien advirtió que la norma podría generar consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema bancario y la administración responsable de los fondos depositados por los clientes.

“Se está jugando con la plata de los depositantes. No podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos”, afirmó el ejecutivo al referirse al proyecto aprobado por los diputados.

Según explicó, la iniciativa introduce mecanismos que acelerarían la prescripción o caducidad de ciertas obligaciones financieras, lo que para el banco representa un cambio significativo respecto al esquema vigente durante décadas.

Carrizo sostuvo que el sistema crediticio en Panamá se ha sostenido históricamente sobre un marco contractual claro entre el acreedor y el deudor, basado en reglas que establecen plazos, condiciones de pago y procedimientos legales en caso de incumplimiento.

“Tiene que llevar el proceso que se ha llevado por años, por décadas, donde es un tema contractual entre el deudor y el acreedor”, señaló. Desde su perspectiva, intervenir legislativamente para acelerar la prescripción de deudas podría alterar ese equilibrio jurídico, lo que a su juicio debilitaría la confianza en las reglas que rigen el crédito en el país.

El gerente del banco estatal también manifestó preocupación por el impacto que la propuesta podría tener sobre la protección de los recursos administrados por las instituciones financieras, en especial cuando se trata de fondos que pertenecen a los depositantes y que deben ser gestionados bajo criterios de prudencia y seguridad.

“Meter la mano en estos momentos para acelerar la caducidad de los préstamos no tiene ningún sentido y vamos a proteger a los depositantes”, afirmó. Con esa declaración, Carrizo dejó claro que el Banco Nacional considera prioritario preservar la estabilidad del sistema financiero y la confianza de los clientes.

¿Qué dice el proyecto?

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, la iniciativa establece un mecanismo para que los bancos y entidades financieras reconozcan de manera administrativa la prescripción de ciertas deudas de sus clientes, sin necesidad de que exista previamente una declaración judicial.

El texto señala que el procedimiento se aplicará a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas de crédito y otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se fundamenta en el artículo 1652 del Código de Comercio, que establece que algunas acciones derivadas de contratos financieros prescriben en un plazo de tres años.

La propuesta también crea un procedimiento formal para que los clientes soliciten ese reconocimiento directamente a la entidad financiera.

Según el proyecto, el deudor podrá presentar la solicitud a través del Sistema de Atención de Reclamos (SAR) del banco, y la entidad tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir una respuesta. La decisión que adopte el banco será vinculante para la institución y deberá notificarse por escrito al cliente.

En caso de que la solicitud sea rechazada, la entidad deberá explicar las razones y el usuario podrá acudir posteriormente a la Superintendencia de Bancos para presentar un reclamo.

El proyecto también establece que si la entidad financiera no responde dentro del plazo establecido, el silencio se interpretará como aceptación de la prescripción de la deuda, lo que obligaría al banco a reconocerla administrativamente.

Además, la norma contempla lineamientos para la notificación a los burós de crédito y mecanismos de supervisión por parte de las autoridades regulatorias, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del procedimiento.

Este cambio es precisamente el que ha generado preocupación en el sector financiero. Las entidades bancarias sostienen que el reconocimiento automático o administrativo de la prescripción podría alterar la forma en que se gestionan los créditos y los procesos de cobro, ya que tradicionalmente la prescripción de una deuda se determina en el marco de un proceso judicial o mediante la defensa legal del deudor ante un tribunal.

Desde esta perspectiva, consideran que trasladar ese reconocimiento al ámbito administrativo podría modificar la dinámica contractual entre acreedor y deudor.

Las solicitudes de opositores venezolanos en el extranjero para acogerse a la ley de amnistía han llegado a la Asamblea Nacional, según reportó el medio Europa Press. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, confirmó la existencia de peticiones por parte de figuras políticas y ciudadanos residentes fuera de Venezuela interesados en beneficiarse del mecanismo aprobado el pasado 20 de febrero. Esta legislación permite que personas procesadas desde 1999 accedan a la “libertad plena”, tanto para quienes ya estaban encarcelados como para quienes mantenían restricciones judiciales.

De acuerdo con Europa Press, Rodríguez informó a la salida de la Asamblea Nacional que hasta la fecha más de 7.300 personas han sido liberadas como resultado directo de la aplicación de la norma. “A día de hoy, 7.365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena”, explicó el dirigente ante medios de comunicación. Esta cifra refleja el alcance que ha tenido la legislación impulsada por el órgano parlamentario.

El medio Europa Press detalló que la ley, aprobada en febrero, busca la excarcelación de quienes hayan cometido delitos desde 1999 y abre la posibilidad para que venezolanos exiliados puedan regresen y participen políticamente bajo el resguardo de esta normativa. Rodríguez señaló que la Comisión de Seguimiento de la ley ha recibido la instrucción de procesar cualquier caso presentado desde el exterior, con el propósito de asegurar que las personas que deseen regresar para ejercer actividad política en el país cuenten con instancias de atención a sus solicitudes. “Hemos ordenado a la Comisión de Seguimiento de la ley (...) que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero”, sostuvo el presidente del Parlamento.

Europa Press consignó también declaraciones de la líder opositora María Corina Machado desde Washington, quien expresó su voluntad de regresar a Venezuela “en pocas semanas” con la intención de avanzar en un acuerdo político nacional y organizarse para futuros procesos electorales. No obstante, las autoridades venezolanas indicaron que Machado deberá comparecer ante la Justicia, ya que está acusada de solicitar intervención militar extranjera en Venezuela, según apuntó Europa Press.

La ley de amnistía, desde su promulgación, generó reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Organizaciones políticas y sociales han seguido de cerca la cantidad de beneficiarios y el proceso para excarcelar a las personas alcanzadas por la medida. Según Europa Press, la iniciativa representa una de las mayores acciones de este tipo desde 1999, año a partir del cual la normativa contempla beneficios para delitos cometidos.

Las implicancias de la ley también se hacen sentir en la diáspora venezolana, dado que buena parte de los beneficiarios potenciales se encuentra fuera del país por causas políticas o judiciales. Ante ello, Rodríguez reiteró el llamado para que quienes deseen acogerse a la amnistía se pongan en contacto con la Comisión de Seguimiento, la encargada de procesar las solicitudes provenientes del exterior, tal como publicó Europa Press.

Por el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los solicitantes ni los criterios aplicados caso por caso. Rodríguez evitó dar nombres concretos y solo confirmó la existencia de solicitudes, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. El enfoque de la Asamblea Nacional se centra en garantizar el acceso al derecho previsto en la ley y en reforzar el procedimiento para quienes buscan reincorporarse a la vida política en Venezuela.

Con la cifra total de más de 7.300 personas liberadas, el Parlamento se mantiene en la supervisión del impacto y evolución del proceso de amnistía, mientras continúan las gestiones para ampliar su alcance y facilitar el retorno de exiliados a territorio venezolano, detalló Europa Press.

En medio de la crisis institucional que atraviesa el sistema de protección de la niñez en Panamá, marcada por denuncias de maltrato y negligencia en albergues administrados por el Estado, el presidente José Raúl Mulino sancionó una ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La aprobación de esta normativa ocurre pocos días después de que Ana Fábrega presentara su renuncia como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en medio de cuestionamientos públicos por la situación en los centros de protección infantil.

La nueva legislación establece un marco legal para el acogimiento familiar como alternativa temporal y excepcional destinada a proteger a menores que han sido privados del cuidado parental o cuyos derechos han sido vulnerados.

El texto aprobado define el acogimiento como una medida de protección que busca garantizar el bienestar integral de niños y adolescentes en un entorno familiar seguro mientras se determina una solución definitiva para su situación, priorizando siempre el interés superior del menor y su derecho a crecer en un ambiente familiar estable. acogida temporal

De acuerdo con el contenido de la ley, el objetivo principal es restituir de manera expedita el derecho de los menores a convivir en un entorno familiar adecuado, evitando que permanezcan por largos periodos en instituciones.

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La norma también plantea reducir la institucionalización prolongada de niños en albergues y promover alternativas familiares supervisadas por el Estado, con el fin de garantizar condiciones de desarrollo emocional y social más favorables. acogida temporal

El texto legislativo establece que el acogimiento familiar podrá aplicarse cuando un niño, niña o adolescente carezca de cuidado parental debido a abandono, negligencia, violencia u otras situaciones que obliguen a la separación de su entorno familiar, ya sea por decisión judicial o administrativa.

Bajo este esquema, una familia acogente asume de forma temporal el cuidado del menor mientras las autoridades evalúan la posibilidad de reintegrarlo a su familia de origen o definir otra solución permanente, siempre bajo la supervisión del sistema de protección de la niñez. acogida temporal

La ley también introduce distintos tipos de acogimiento familiar, incluyendo modalidades de corto o mediano plazo que pueden extenderse por varias semanas o hasta doce meses, así como acogimientos de emergencia para responder a situaciones urgentes que requieran separar inmediatamente al menor de su entorno familiar.

Este modelo busca ofrecer una respuesta rápida y flexible ante situaciones de riesgo, priorizando el bienestar físico y emocional del niño o adolescente afectado. acogida temporal.

Otro aspecto central de la normativa es la creación de un programa nacional de acogimiento familiar que será coordinado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entidad responsable de definir los criterios de selección, evaluación y seguimiento de las familias acogentes, así como de garantizar la supervisión permanente de cada caso para asegurar que se respeten los derechos de los menores.

El sistema también contempla mecanismos de apoyo psicosocial, capacitación y acompañamiento a las familias que participen en el programa. acogida temporal.

Durante la sanción de la ley, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que la normativa representa un paso importante para modernizar la política pública de protección infantil en Panamá, al establecer una red estructurada de familias que puedan brindar cuidado temporal a menores que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Según la funcionaria, el objetivo es fortalecer las capacidades de las comunidades para ofrecer entornos protectores que reduzcan el abandono, la negligencia y la institucionalización de niños en albergues.

La ministra señaló además que cuando se fortalece la red de cuidado en la comunidad, disminuyen los casos de abandono o descuido de niños y adolescentes, y se crean alternativas más humanas y cercanas para su protección.

Sin embargo, la funcionaria enfrenta cuestionamientos políticos por su rol como presidenta del Consejo Directivo del Senniaf, cargo que ocupa por su condición de titular del Ministerio de Desarrollo Social, y deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para responder sobre las denuncias de maltratos y presuntas irregularidades en los albergues del sistema de protección infantil.

Hasta ahora, el acogimiento familiar en Panamá se aplicaba de forma limitada y sin un marco legal integral, lo que generaba vacíos en los procedimientos, dificultades en la coordinación institucional y falta de lineamientos claros para las familias interesadas en participar en estos programas.

La nueva ley busca ordenar ese sistema mediante reglas claras, supervisión estatal y mecanismos judiciales que garanticen la protección de los derechos de los menores.

Con esta legislación, Panamá adopta un modelo que prioriza la convivencia familiar frente a la institucionalización, alineado con principios internacionales de protección de la niñez que promueven que los menores crezcan en entornos familiares y no en centros de cuidado prolongado.

La normativa establece además que la permanencia en instituciones deberá ser siempre excepcional y por el menor tiempo posible, mientras se identifica la solución más adecuada para cada caso. acogida temporal

La aprobación de esta ley se produce en un momento de alta sensibilidad pública sobre la situación del sistema de protección infantil, y su implementación será observada de cerca por organizaciones sociales, autoridades judiciales y organismos de derechos humanos, que han insistido en la necesidad de transformar el modelo de atención a menores en situación de vulnerabilidad en el país.

La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional continúa esta semana con recorridos de inspección en centros de atención integral y albergues bajo supervisión del Estado, como parte de las investigaciones que adelanta el Legislativo tras las denuncias de presuntas irregularidades en instalaciones del sistema de protección infantil en Panamá.

Las visitas forman parte de una serie de fiscalizaciones impulsadas por la comisión que preside la diputada Alexandra Brenes. De acuerdo con el cronograma de trabajo, los diputados han realizado inspecciones en instalaciones ubicadas en la provincia de Colón y este miércoles tienen previsto recorrer otros centros de atención en distintos puntos de la ciudad de Panamá y áreas cercanas al centro de la capital.

Las giras buscan verificar directamente las condiciones en las que operan los albergues y centros de atención integral que funcionan bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad encargada de la protección de menores que se encuentran bajo custodia del Estado.

Durante las visitas, los diputados revisan aspectos relacionados con la infraestructura, la presencia de personal especializado, los protocolos de atención y las condiciones de convivencia dentro de los centros donde residen menores de edad. De acuerdo con Brenes lo encontrado deja mucho que decir.

“En la visita a los albergues en Colón, evidenciamos decisiones apresuradas y falta de protocolos para la entrega de un menor. Esto daña la estabilidad emocional de un niño. Sigo sin entender qué ha hecho la Dirección del SENNIAF en todo este tiempo en el cargo. ¡Humanidad por Dios!”, escribió Brenes en sus redes sociales.

El proceso de inspección se da en medio de la crisis institucional que atraviesa la Senniaf tras la renuncia de su directora, Ana Melinda Fábrega. La dimisión fue presentada el martes 3 de marzo y posteriormente aceptada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La renuncia se produjo en un contexto de creciente presión política y social derivada de denuncias sobre presuntas irregularidades en algunos albergues administrados o supervisados por el sistema estatal de protección infantil.

Horas antes de conocerse su salida del cargo, Fábrega debía comparecer ante la Asamblea Nacional para sustentar la memoria anual de la institución. Sin embargo, no acudió a la citación y presentó un certificado de incapacidad médica.

Posteriormente se confirmó que la funcionaria había presentado su renuncia al Ejecutivo, en momentos en que aumentaban las solicitudes de explicaciones por parte de diputados y organizaciones civiles sobre el funcionamiento de los albergues

Tras la salida de Fábrega, el presidente Mulino designó como directora encargada de la Senniaf a Otilia Rodríguez Domínguez, quien previamente se desempeñaba como directora de Protección Especial de Derechos dentro de la misma institución que está bajo el esquema del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La designación generó nuevas reacciones dentro de la Asamblea Nacional. La diputada Alexandra Brenes señaló en sus redes sociales que Rodríguez Domínguez también enfrenta una denuncia por presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, omisión de deberes de servidor público y por la supuesta entrega de menores sin cumplir con el debido proceso.

Brenes sostuvo que las acciones de fiscalización realizadas por la comisión responden a las denuncias ciudadanas y a la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de protección infantil en el país.

“La presión ciudadana y la fiscalización sí funcionan. Pero la niñez sigue siendo vulnerable bajo la tutela del Estado; es prioridad actuar para evitar que haya un caso más”, expresó la diputada en una publicación difundida en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, la parlamentaria también pidió respuestas a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, quien preside la junta directiva de la Senniaf.

“Ministra Carles, necesitamos soluciones estructurales, no más improvisación”, señaló Brenes, al tiempo que reiteró que la comisión se mantiene a la espera de la citación aprobada por el pleno legislativo.

El origen de la crisis institucional se remonta a una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se reportaron presuntas irregularidades relacionadas con las condiciones de infraestructura, la falta de personal especializado y la convivencia de menores con adultos dentro del mismo espacio.

Las denuncias derivaron en una investigación del Ministerio Público y en una serie de inspecciones institucionales para determinar si existieron violaciones a los protocolos de protección infantil o posibles responsabilidades penales.

Como parte de las medidas adoptadas tras estas inspecciones, las autoridades ordenaron el traslado de varios jóvenes que permanecían en ese centro hacia otras instalaciones del sistema de atención estatal, aunque esto generó nuevas críticas, ya que afectaría a otros estudiantes que reciben atención en dichas instalaciones.

Luego de dos intentos, la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el funcionamiento de los albergues y los mecanismos de supervisión del sistema de protección de menores.

Entre los puntos que los diputados buscan esclarecer se encuentran el número de albergues que operan en el país, la cantidad de menores bajo custodia del Estado y los protocolos existentes para prevenir abusos o situaciones de maltrato dentro de estas instalaciones.

Mientras continúan las investigaciones y las inspecciones legislativas, la nueva dirección de la Senniaf deberá enfrentar uno de los momentos más complejos para el sistema de protección infantil en Panamá, en medio de cuestionamientos sobre la gestión institucional y demandas de reformas estructurales para garantizar la protección de los menores bajo tutela estatal.

El proceso disciplinario que llevó a la suspensión de Kang Dong Gil, quien se encontraba al frente del apoyo militar en el Estado Mayor Conjunto durante la declaración de la ley marcial, derivó ahora en su dimisión al frente de la Armada surcoreana. Según informó Europa Press, Kang formalizó su renuncia tras varias semanas de separación de sus funciones. Las acciones del Ministerio de Exteriores, que declaró la aplicación de “medidas disciplinarias contundentes”, precipitaron la salida del almirante. La Armada concretó en un comunicado que Kang ha optado por apartarse del cargo en reconocimiento a la gravedad de las medidas dictadas contra él.

La renuncia de Kang Dong Gil se enmarca en el contexto de las fuertes presiones institucionales surgidas por su supuesta vinculación con la ley marcial promulgada a finales de diciembre de 2024. De acuerdo con Europa Press, este decreto resultó en el despliegue de fuerzas militares en torno al Parlamento y en la destitución del entonces presidente Yoon Suk Yeol. La suspensión de Kang ocurrió poco después de que el Ministerio también apartara temporalmente al comandante de las Operaciones Terrestres, Joo Sung Un, por una posible implicación compartida en la misma declaración.

El medio Europa Press detalló que la crisis institucional generada a raíz de la ley marcial desencadenó un proceso judicial sin precedentes en el país. Los tribunales condenaron al ex presidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua bajo la acusación de delitos de insurrección que incluyeron la movilización del Ejército en las inmediaciones del Parlamento. El exmandatario alegó ante la Justicia que la adopción de la ley marcial perseguía prevenir una supuesta crisis nacional, pretensión que la magistratura no aceptó.

Europa Press consignó que la ley marcial también fue rechazada a escala legislativa y duró en vigor poco tiempo gracias a la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de una resolución que exigía su revocación. Posteriormente, los diputados votaron a favor de la destitución del presidente Yoon, decisión confirmada por el Tribunal Constitucional en abril de 2025, lo que consumó el relevo en la jefatura del Estado.

La dimisión de Kang y las investigaciones en curso afectan a los máximos responsables militares al tiempo que el número dos de la Armada se hará cargo de manera interina, según Europa Press. El ambiente político y militar surcoreano sigue sometido al escrutinio derivado de las consecuencias del uso de medidas militares para gestionar situaciones políticas, provocando la revisión y suspensión de altos mandos. Las medidas disciplinarias y destituciones ilustran el efecto prolongado sobre la estructura del mando militar y el debate nacional sobre los límites legales de la actuación castrense en el marco constitucional.

Ana Melinda Fábrega Guardia presentó su renuncia irrevocable como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) de Panamá este martes. La decisión fue expuesta al presidente panameño, José Raúl Mulino.

Según confirmaron fuentes oficiales al medio TVN Noticias, la funcionaria abandonó el cargo en medio de un grave escándalo originado por denuncias de irregularidades en los albergues bajo tutela estatal, específicamente en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

La salida de Fábrega se produjo mientras se encontraba citada a comparecer ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional. No asistió a la sesión parlamentaria convocada para sustentar la memoria institucional, aumentando el clima de desconfianza y presión política. Su ausencia fue justificada mediante una nota, en la que se refirió a una “situaciones de salud” como impedimento para cumplir con la agenda de fiscalización.

El origen inmediato de la crisis remite al reciente escándalo en el albergue perteneciente al distrito de Tocumen, que reveló condiciones de abandono e incumplimiento de los protocolos internacionales para la protección de la infancia.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud, fue quien llevó el caso ante las autoridades judiciales. Según las denuncias presentadas por la legisladora, en dicho centro se habrían vulnerado los derechos más fundamentales de los menores, detectándose no solo el abandono físico de las instalaciones, sino un patrón de abusos que ahora están bajo la lupa de la fiscalía.

Las investigaciones del Ministerio Público buscan determinar la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de estos menores, ante escenarios de convivencia inadecuada donde, según los reportes, niños y adolescentes compartían espacios con adultos, incrementando exponencialmente los riesgos de agresión.

Se viralizaron imágenes de infraestructura deteriorada, áreas verdes descuidadas y cercas oxidadas. Las denuncias incluyeron hacinamiento grave y la convivencia de menores con adultos, transgrediendo estándares de derechos humanos y comprometiendo la seguridad infantil.

El caso provocó un extenso debate en todo el país, ya que surgieron numerosos cuestionamientos acerca de la infraestructura en las instituciones involucradas. Además, se difundieron reportes sobre posibles situaciones de abuso que habrían afectado tanto a menores de edad como a personas adultas que se encontraban bajo la protección del Estado.

Ante la gravedad de los hechos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) rompió el silencio expresando su “profunda preocupación” por las denuncias que empañan al sistema de protección panameño. El organismo internacional fue enfático al advertir que los albergues no son entornos idóneos para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Sectores de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos de la niñez señalaron que la renuncia representa apenas un primer paso, en tanto persisten deficiencias estructurales en los mecanismos de auditoría y supervisión de Senniaf.

El impacto de las denuncias periodísticas aceleró la presión pública sobre la directiva de la Senniaf en una coyuntura marcada por movilización social y reclamos por la integridad de los menores.

La legisladora Brenes, presidenta de la Comisión legislativa, informó que la comparecencia se reprogramaría para el 10 de marzo, pero la confirmación de la renuncia cambió el escenario político y administrativo del organismo.

Gobierno panameño aún no define a la nueva autoridad de Senniaf

El Ejecutivo panameño no ha designado aún a la persona que asumirá la conducción de Senniaf. La interinidad abre un periodo de incertidumbre administrativa, en el que los sectores críticos insisten en la urgencia de una reforma estructural y en la necesidad de profundizar las investigaciones sobre negligencia y maltrato en los centros bajo control estatal o tercerizado.

La memoria institucional que Fábrega debía sustentar tenía como tema central el manejo de recursos y la situación legal de los menores albergados. Así como el análisis detallado de la situación legal de los menores que permanecían albergados bajo su protección.

En el marco del 182 aniversario de la independencia, el presidente Luis Abinader presentó su informe de rendición de cuenta de los avances obtenidos durante su gestión en áreas clave como economía, desarrollo social, educación, salud, infraestructura y seguridad, El discurso ante la Asamblea Nacional se centró en datos, proyectos ejecutados y metas para los próximos años.

La economía dominicana cerró 2025 con un crecimiento del 2.1 %, acelerándose a 3.5 % en enero de 2026, con proyecciones de 4.5 % para el presente año, de acuerdo con cifras del Banco Mundial citadas por Abinader.

El país fue ubicado por el Harvard Growth Lab entre las 20 economías de mayor dinamismo global para la próxima década. Según el mandatario, las exportaciones alcanzaron los 16,000 millones de dólares, lo que representa un salto del 14.4 % respecto a 2024 y del 42.3 % frente a 2019. Por cuarto año consecutivo, la inversión extranjera directa superó los 4,000 millones de dólares, ubicándose en 5,000 millones en 2025.

El salario mínimo en grandes empresas cubrió por primera vez el 106.8 % de la canasta básica del primer quintil, mientras que los aumentos salariales oscilaron entre el 25 % y 30 % en sectores clave.

El presidente resaltó el descenso de la pobreza general del 19 % al 17.3 % entre 2024 y 2025, mientras que la pobreza extrema bajó de 2.4 % a 2.2 % según datos de la CEPAL. Esto equivale a casi 200,000 personas fuera de la pobreza en el último año.

Reducción del endeudamiento y desempeño financiero

La deuda pública consolidada descendió a 58.5 % del PIB, desde el 69.1 % registrado en 2020. La recaudación tributaria se situó en 15.6 % del PIB y el déficit fiscal bajó a 3.45 %.

Las calificadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s mejoraron o mantuvieron la nota crediticia del país. El sistema financiero reportó activos equivalentes al 56.1 % del PIB, con un índice de solvencia cercano al 17 %.

Inclusión social, vivienda

El programa Supérate se consolidó como la herramienta principal de combate a la pobreza. El plan Aliméntate benefició a casi 1,5 millones de familias, mientras que los subsidios Bono Gas Hogar y Bono Luz alcanzaron a más de 1.3 millones y 557,000 hogares, respectivamente.

Por su parte, el Fondo a la Discapacidad extendió cobertura a 10,660 familias con hijos en situación de discapacidad severa. Los comedores económicos del Estado distribuyeron más de 60 millones de raciones cocidas y se abrieron once nuevos establecimientos.

El plan de titulación entregó 32,000 certificados de propiedad en 2025, con 162,000 títulos acumulados desde el inicio de la gestión. En materia de vivienda, los programas Mi Vivienda y Familia Feliz entregaron 2,125 nuevas casas, a las que se sumarán otras 3,115 este año.

Paralelamente, se repararon o rehabilitaron 6,158 viviendas para más de 20,000 personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Expansión de la salud pública y atención sanitaria

Durante 2025, se inauguraron 30 establecimientos de salud, incluyendo el mayor hospital regional en San Francisco de Macorís y varias unidades oncológicas. Se destinaron más de 3,778 millones de pesos a equipamiento médico.

El número de consultas, análisis y cirugías se incrementó respecto al 2019; la atención domiciliaria registró cerca de 600,000 visitas y se desplegó una red nacional para la atención del pie diabético.

El programa de medicamentos de alto costo benefició a 8,283 pacientes, ampliando la cobertura en 16.6 %. La mortalidad infantil cayó 18.9 % y la neonatal 15.3 % en el último año.

La cobertura de salud mental se reforzó, pasando de 137 a 192 camas hospitalarias, con la meta de llegar a 500. No se reportó ninguna muerte por dengue en 2025 y se mantuvo la cifra en cero para fallecimientos por alcohol adulterado durante los últimos cuatro años.

Reformas en educación y tecnología

El gobierno impulsó una reforma curricular y legislativa orientada a fortalecer la formación para el empleo y la innovación. Se amplió la red de centros de primera infancia y el acceso a educación inicial.

En secundaria, la cobertura neta llegó a 861,000 estudiantes, avanzando hacia la meta de 900,000 en 2028.

Las respectivas autoridades incorporaron equipos de robótica, ferias científicas y la modalidad STEAM en el currículum. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) atendió a más de 1,083,000 participantes en 2025.

El transporte estudiantil sumó 1,871 autobuses y se distribuyeron 13 millones de libros de texto. En el ámbito docente, 3,625 nuevos profesores ingresaron por concurso.

Seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen

La tasa de homicidios en 2025 se situó en 8.15 por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja registrada, ubicando a República Dominicana como el segundo país más seguro de Centroamérica y el Caribe. El proceso de reforma policial favoreció el ingreso de 9,503 nuevos agentes, entre ellos 3,269 mujeres. Se construyeron 32 estaciones policiales en 2025, con la proyección de llegar a 100 antes de finalizar el mandato.

En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron casi 32 toneladas de drogas y se desarticularon 152 estructuras delictivas. Se construyen diez nuevos centros penitenciarios y fue impulsada la reforma del Código Penal y Procesal Penal. La puntuación en el índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional mejoró de la posición 136 en 2020 a la 99 en 2025.

Transición energética, medio ambiente y recursos naturales

El Ministerio de Medio Ambiente digitalizó servicios y aceleró el procesamiento de permisos ambientales, aprobando inversiones por 22,000 millones de dólares. Se reforestaron 20 millones de plantas en 2024 y 2025, y se formalizó el cierre de vertederos históricos en varias provincias.

La capacidad instalada de generación eléctrica pasó de 4,921 a 7,120 megavatios entre 2020 y 2025, con la participación de energías renovables cuadruplicada de 11 % a 29 %. Se electrificaron 9,000 viviendas rurales desde 2020.

En materia hídrica, se ejecutó la inversión más alta en infraestructura de agua de la historia reciente, multiplicando por cuatro lo invertido en los veinte años previos. Más de 500,000 personas accedieron a agua potable en 2025 y se transformaron 45 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo.

Igualdad de género, juventud y programas sociales

El embarazo adolescente se redujo en 56.5 % desde 2021. La tasa de ocupación laboral femenina superó el 50 % y el desempleo disminuyó. Los programas de atención integral a mujeres víctimas de violencia brindaron casi 100,000 atenciones, con 1,210 personas protegidas en casas de acogida.

La Escuela de Igualdad Magaly Pineda capacitó a 7,292 personas y se otorgaron bonos y formación técnica a mujeres en sectores no tradicionales. Programas de empleo, becas y emprendimiento impactaron a 250,000 jóvenes entre 2020 y 2025, con 30,000 beneficiarios del plan Oportunidad 1424.

Cultura y deportes: actividades y nuevas obras

La Estrategia Nacional de Formación Artística alcanzó a más de 9,200 estudiantes. La Bienal Nacional de Artes Visuales y la Feria Internacional del Libro superaron los 75,000 y 700,000 visitantes, respectivamente. Se digitalizó el arte rupestre de la Cueva número uno de Pomier y se realizaron más de 328 actividades culturales en el exterior.

En deportes, se invirtieron más de 1,200 millones de pesos en 40 nuevas obras y 150 instalaciones remodeladas. Se inició la construcción de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo y 25 en municipios que nunca habían contado con instalaciones de ese tipo. El respaldo a atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe sumó 3,905 millones de pesos.

Acción exterior y defensa nacional

Durante 2025, la diplomacia dominicana mantuvo una agenda activa en seguridad regional y la crisis de Haití. Se profesionalizó la carrera diplomática y se avanzó en la segunda fase de la verja perimetral en la frontera.

La modernización de las Fuerzas Armadas incluyó la adquisición de nuevos equipos, tecnología anti UAV y el ensamblaje nacional de aeronaves y vehículos blindados. La industria militar nacional produjo ambulancias y vehículos especializados, con impacto en la reducción de costos y generación de empleos.

La República Dominicana conmemora este 27 de febrero el 182 aniversario de su Independencia Nacional, proclamada en 1844. La fecha, considerada uno de los hitos más importantes de la historia del país, recuerda el nacimiento de la nación como Estado libre y soberano, tras 22 años de ocupación haitiana en la parte oriental de la isla de La Española.

La proclamación de la independencia tuvo lugar en la histórica Puerta de la Misericordia, donde Matías Ramón Mella realizó el emblemático trabucazo en la madrugada del 27 de febrero de 1844, marcando el inicio formal del movimiento independentista. Posteriormente, en la Puerta del Conde, Francisco del Rosario Sánchez izó por primera vez la bandera dominicana, inspirado por los ideales del fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte.

El movimiento de independencia surgió como respuesta al descontento generado por las reformas políticas, económicas y sociales implementadas por el gobierno haitiano, que incluyeron cambios en la propiedad de la tierra, servicio militar obligatorio y restricciones culturales. Frente a este contexto, Duarte y un grupo de jóvenes comprometidos fundaron La Trinitaria el 16 de julio de 1838, sentando las bases para la creación de un nuevo Estado.

Tras la proclamación, se formó la Junta Central Gubernativa como primer órgano de gobierno provisional. El proceso independentista no concluyó con la declaración, ya que entre 1844 y 1856 se libraron diversas batallas para consolidar la soberanía nacional frente a los intentos de reconquista haitiana. Entre los principales enfrentamientos destacan la Batalla del 19 de Marzo en Azua y la Batalla del 30 de Marzo en Santiago, ambas en 1844, y la Batalla de Las Carreras en 1849.

La independencia dominicana no solo significó la ruptura con Haití, sino también el surgimiento de símbolos patrios que hoy son motivo de orgullo nacional.

En el aniversario número 182, la comunidad internacional se ha sumado a las felicitaciones y reconocimientos. Entre los mensajes destacados figura el enviado por el rey Carlos III del Reino Unido al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano, en el que expresa: “Mi esposa y yo deseamos expresar a Su Excelencia y al pueblo dominicano nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros más cálidos buenos deseos”. El monarca británico subraya la importancia de la amistad entre ambas naciones y reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en los próximos años, especialmente ante desafíos como el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

Desde Estados Unidos, la embajada en Santo Domingo compartió un saludo especial en redes sociales. “Hoy los acompañamos celebrando el orgullo y la alegría que hacen única a la República Dominicana”, señala la publicación, en la que funcionarios estadounidenses participaron en actividades conmemorativas y respondieron preguntas sobre la cultura dominicana.

A nivel nacional, las actividades oficiales incluyen desfiles, ofrendas florales frente a monumentos patrióticos, actos cívicos y discursos presidenciales. La fecha también está marcada por la tradicional rendición de cuentas del presidente ante la Asamblea Nacional, conforme lo establece la Constitución.

La Independencia Nacional se mantiene como símbolo de unidad y reafirmación de la dominicanidad. Cada año, el 27 de febrero se recuerda el sacrificio de quienes lucharon por la libertad y para renovar el compromiso con la defensa de la soberanía y los valores democráticos. El legado de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella perdura como fundamento de la identidad dominicana y fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

En todo el país, la conmemoración fortalece el sentimiento de orgullo nacional y la memoria colectiva en torno a los ideales que dieron origen a la República Dominicana. El reconocimiento internacional recibido en este aniversario refuerza la proyección del país como una nación libre, soberana y abierta al diálogo y la colaboración con la comunidad global.

La visita oficial del presidente del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda, a la Asamblea Nacional de Panamá estuvo marcada por un mensaje centrado en la cooperación bilateral, la diplomacia parlamentaria y el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, en el marco de una sesión especial del Pleno Legislativo que reunió a autoridades panameñas y a una delegación oficial española.

Durante su intervención, Rollán agradeció la hospitalidad panameña y destacó el papel del embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, a quien reconoció como un puente permanente entre ambas naciones. El líder del Senado español subrayó que, pese a la distancia geográfica, Panamá y España mantienen una relación de unión basada en vínculos históricos, culturales y democráticos que continúan proyectándose hacia el futuro.

El presidente del Senado enfatizó que Panamá no es un país cualquiera para España, debido a los lazos históricos y a la evolución reciente de la relación bilateral. En ese sentido, señaló que ambos países han compartido principios democráticos, procesos de fortalecimiento institucional y etapas en las que la defensa de las libertades ha sido un objetivo común, lo que refuerza la afinidad política y social entre las dos naciones.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la diplomacia parlamentaria como herramienta clave para estrechar relaciones y promover iniciativas conjuntas, destacando que los parlamentos representan la voz directa de los ciudadanos y permiten compartir experiencias legislativas, buenas prácticas y mecanismos de cooperación institucional.

Rollán afirmó que este intercambio resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar democracias más sólidas.

El dirigente español también hizo referencia al contexto internacional, describiendo un mundo cambiante en el que las relaciones entre socios estratégicos evolucionan, lo que obliga a fortalecer alianzas históricas y a consolidar nuevos espacios de cooperación.

En ese marco, destacó que Panamá y España comparten elementos que trascienden el tiempo, como la lengua, la cultura, las tradiciones y la vocación de superación, factores que, a su juicio, constituyen la base de una relación duradera.

Asimismo, Rollán resaltó la importancia de la comunidad iberoamericana como actor estratégico en el escenario global, afirmando que los países de la región deben asumir un rol activo en la construcción de políticas comunes. En su mensaje, advirtió que en los nuevos tiempos es preferible ser actor y no espectador, subrayando la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional para enfrentar desafíos globales.

El presidente del Senado también valoró el papel geoestratégico de Panamá, destacando que el país es capaz de conectar el Atlántico y el Pacífico y facilitar el tránsito del comercio mundial, lo que lo convierte en un socio relevante para España.

En ese contexto, reconoció la participación de empresas e ingenierías españolas en proyectos de infraestructura en Panamá, señalando que el intercambio de conocimientos ha sido enriquecedor para ambas partes.

En materia educativa, Rollán destacó que España es un destino de formación para jóvenes panameños, resaltando el valor del intercambio académico como herramienta de desarrollo y autorrealización. Según expresó, la educación constituye un pilar para fortalecer la relación bilateral y generar oportunidades que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en beneficio de sus comunidades.

La delegación española que acompañó al presidente del Senado estuvo integrada por los senadores Javier Maroto Aranzábal y Concepción Andreu Rodríguez, las secretarias del Senado Eva Ortiz Vilella y María de los Ángeles Luna Morales, y personal técnico de las Cortes Generales, además del embajador Guzmán Palacios. Por parte de Panamá, la recepción estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, junto a diputados de distintas bancadas y autoridades legislativas.

El encuentro también permitió avanzar en la agenda interparlamentaria, en la que se abordaron temas vinculados a la organización del foro parlamentario previsto para octubre y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en noviembre, eventos que, según Rollán, reflejan el compromiso de ambas naciones con el fortalecimiento del espacio iberoamericano.

En su mensaje final, el presidente del Senado subrayó que la visita debe entenderse como un primer paso para profundizar el diálogo institucional y la cooperación legislativa, reiterando la disposición de España a seguir trabajando junto a Panamá en iniciativas que generen beneficios concretos para sus ciudadanos. Asimismo, destacó la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de estos encuentros y de consolidar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar avances.

La Asamblea Nacional de Panamá, por su parte, reafirmó su compromiso de promover espacios de integración y colaboración interparlamentaria, destacando que la relación con España ha contribuido al desarrollo institucional y democrático del país. La sesión especial evidenció la intención de ambas naciones de consolidar una agenda común basada en cooperación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la comunidad iberoamericana.

Cincuenta y dos personas de nacionalidad extranjera se encuentran entre los 568 liberados en Venezuela tras la aprobación de una ley de amnistía, según detalló la organización Foro Penal. Esta cifra forma parte del proceso iniciado con la nueva medida, que ha dejado en libertad tanto a civiles como a militares, después de la aprobación de la amnistía por parte de la Asamblea Nacional y bajo impulso del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. De acuerdo con lo informado por Foro Penal y reportado por varios medios de comunicación, el número total de personas excarceladas se desglosa en 505 hombres y 63 mujeres, distribuidos en 386 civiles y 182 militares, incluyendo 567 adultos y un adolescente.

Foro Penal comunicó, a través de un mensaje difundido en redes sociales, que estas excarcelaciones se enmarcan en la ley de amnistía promulgada tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en un operativo realizado por fuerzas estadounidenses a principios de enero. La organización también precisó que, desde 2014 y hasta la fecha presente, las detenciones "por motivos políticos" han sumado un total de 18.944 casos en Venezuela, evidencia de la persistente conflictividad política y de represión reportada en el país durante la última década.

Esta ley de amnistía fue aprobada la semana anterior por la Asamblea Nacional y respaldada por Rodríguez en su rol de presidenta encargada. El proceso se desarrolla en un contexto marcado por la intensa polarización tras la captura del exmandatario y su esposa. Según Foro Penal, estos datos recogen la magnitud de la medida legal y sus primeras consecuencias directas en la liberación de personas encarceladas por motivos políticos.

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Arreaza, ha informado de la recepción de 7.461 solicitudes de excarcelación una semana después de que se aprobó la nueva ley. De acuerdo con Arreaza, a esto ha seguido la "liberación plena" de 4.151 personas, incluidas 217 que se encontraban privadas de libertad y otras 3.934 bajo medidas cautelares. Este proceso refleja el alcance administrativo y judicial del mecanismo que se está implementando en el país.

Las cifras publicadas dan cuenta de la complejidad del fenómeno de las detenciones políticas en Venezuela, especialmente desde las protestas de 2014, cuando el opositor Leopoldo López fue arrestado y posteriormente condenado a 13 años y nueve meses de prisión bajo cargos de incitación a las movilizaciones contra el gobierno. Los eventos de aquel año registraron 43 fallecidos. Tras esas protestas, se abrió un primer intento de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que se interrumpió poco tiempo después por fragmentación política interna y la ausencia de movilizaciones en las calles.

La respuesta por parte del Ejecutivo venezolano ha subrayado los límites de la amnistía. Según publicó el medio en base a declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, se dejó en claro que la disposición legal "no ampara delitos futuros" y representa una herramienta para fortalecer la convivencia democrática en el país. Durante su espacio en ‘Con el Mazo Dando’, Cabello declaró: “No estoy amenazando, estoy haciendo un favor para evitar confusiones y fomentar un clima político más estable”. Asimismo, puntualizó que cualquier política de reconciliación requiere responsabilidad y control, para evitar repeticiones de episodios de violencia o intentos de golpe de Estado.

Cabello también recordó antecedentes relacionados con anteriores procesos de amnistía e indultos, subrayando que parte de los beneficiados continuaron involucrándose en acciones con efectos desestabilizadores para el Estado venezolano. Por eso mismo, el Ejecutivo insiste en que las nuevas medidas deben entenderse como una oportunidad para “mantener el camino electoral como rumbo institucional”.

El medio que dio cobertura a estos acontecimientos resaltó que, dentro de los beneficiados por la amnistía, se encuentran militares y civiles, así como menores de edad, en consonancia con la política estatal orientada a una reconciliación condicionada estrictamente al respeto de la legalidad y el orden establecido. La aprobación de la ley y la aplicación del mecanismo de excarcelación han generado reacciones en distintos sectores políticos y sociales, al tiempo que el número creciente de solicitudes refleja la magnitud de la expectativa generada entre los familiares de personas detenidas por motivos políticos.

El flujo de solicitudes recibidas tras la promulgación de la norma evidencia la dinámica que se vive actualmente en el país, donde el sistema judicial y los órganos legislativos gestionan un alto número de casos en el contexto de la transición política que se produce tras la detención de Maduro. Según informó la Asamblea Nacional, la liberación de más de cuatro mil personas incluye tanto quienes estaban privados de libertad como aquellos sujetos a medidas cautelares, lo que amplía el impacto de la ley de amnistía y agrega complejidad a su implementación.

El acumulado histórico de detenciones por razones políticas, divulgado por Foro Penal, subraya la dimensión de la problemática desde el inicio de la ola de protestas contra el gobierno en 2014. La organización ha actuado como vértice de denuncia y seguimiento de estas cifras, proporcionando información regularmente a nivel nacional e internacional sobre el estado de los derechos humanos y la situación carcelaria en Venezuela.

Los episodios anteriores de diálogo entre gobierno y oposición han tenido resultados limitados, según consignó el medio, en parte por la falta de acuerdo perdurable y la fragmentación de la oposición, representada entonces por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La situación vivida en años anteriores establece el precedente ante el cual se analiza la iniciativa actual de amnistía y las advertencias institucionales que la acompañan.

Por otro lado, la intervención del ministro Cabello advierte sobre la necesidad de que la amnistía se entienda dentro de los lineamientos de responsabilidad política y legal. De acuerdo con su postura, la ley no constituye un permiso para que futuros delitos políticos queden impunes, sino que busca alentar un clima más favorable a la participación democrática y pacífica.

El monitoreo de la aplicación de la ley, según los datos proporcionados por Foro Penal y fuentes oficiales citadas por el medio, continuará siendo objeto de atención pública, tanto dentro de Venezuela como en el entorno internacional, dada la trascendencia del proceso en la evolución reciente de la política venezolana.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó el 25 de febrero de 2026 la Ley 509, que modifica la legislación relacionada con el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes) en Panamá, tras la decisión de la Asamblea Nacional de incorporar y ajustar las objeciones acerca de la constitucionalidad y viabilidad financiera de puntos clave del proyecto original. La norma busca impedir compromisos de gasto público sin una fuente clara de financiamiento y elimina disposiciones que duplicaban funciones previamente asignadas por ley a otras entidades estatales relacionadas con el deporte.

El anuncio lo emitió el portal oficial de la Presidencia de la República, aunque Mulino no se había pronunciado en sus redes sociales sobre la sanción, hasta el cierre de esta nota.

Objeciones presidenciales frenaron artículos por duplicidad y falta de respaldo presupuestario

Las objeciones del Ejecutivo surgieron después de que el órgano Legislativo aprobara el Proyecto de Ley 100 de 2024 en septiembre de 2025. Un informe enviado por el Ministerio de la Presidencia a la Asamblea en octubre de 2025 advirtió que los artículos 31-M y el numeral 5 del 31-N comprometían recursos públicos “sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar disponibilidad presupuestaria”, lo cual contradecía los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política de Panamá.

A la vez, los artículos 31-B y 31-F presentaban “una duplicidad funcional y programática”, al coincidir con lo dispuesto en la Ley 16 de 1995 —reguladora de Pandeportes— y la Ley 50 de 2007, modificada por la Ley 9 de 2011. Desde la óptica del Ejecutivo, la creación de un nuevo Programa para el Fomento y Desarrollo de Estudiantes Atletas reproducía funciones ya establecidas, como el otorgamiento de becas deportivas para estudios superiores en el extranjero, que actualmente gestiona Pandeportes junto con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Después de recibir las observaciones del presidente Mulino, la Asamblea Nacional debatió y modificó los cuatro artículos señalados por problemas de inexequibilidad e inconveniencia. Estas enmiendas se aprobaron en tercer debate el 6 de enero de 2026, lo que habilitó la sanción presidencial.

Con la entrada en vigencia de la Ley 509, Pandeportes mantiene sus competencias legales sobre la entrega de becas deportivas, premios y condecoraciones al mérito deportivo, en coordinación con el Ifarhu. La nueva ley excluye la ejecución de programas repetidos que hubieran generado compromisos económicos sin respaldo presupuestario.

La aprobación y sanción de la Ley 509 formalizan el mandato constitucional que establece: “toda disposición que comprometa gasto público debe identificar clara fuente de financiamiento”, y consolidan la estructura programática actual del deporte en Panamá, según la normativa vigente desde 1995.

Sobre Panadeportes

Al asumir la dirección de Pandeportes, Miguel Ordóñez identificó 36 proyectos abandonados, algunos de ellos desde el gobierno de Juan Carlos Varela. El saldo financiero de estos retrasos es de USD 280 millones, lo que refleja el impacto profundo de la inacción estatal. Explicó que, hasta la fecha, 24 de esos proyectos han sido recuperados, enfocados o encaminados, representando un avance sustantivo con una inversión movilizada de USD 187 millones, según TVN Noticias.

Como parte de esta estrategia, Ordóñez destacó la importancia de separar la política de la administración deportiva con el fin de asegurar la continuidad y finalización de las obras. Señaló que la infraestructura concentra el 75% del presupuesto de Pandeportes, y atribuyó el deterioro y paralización de múltiples iniciativas a la falta de “interés, de voluntad y de competencia” en gestiones pasadas.

El caso más paradigmático, según lo revelado por Ordóñez a TVN Noticias, es el del estadio Roberto Mariano Bula de Colón. Este estadio fue calificado como la “historia fea” de los proyectos inconclusos: fue licitado originalmente por USD 15,9 millones, y tras años de abandono y conflictos contractuales, su costo para el Estado ascendió a USD 34 millones.

Precisó que la administración anterior intentó una solución administrativa para romper el contrato, pero perdió en los tribunales y el fallo judicial obligó a pagar al contratista el mayor “equilibrio contractual” en la historia de Pandeportes, de USD 7,4 millones. Como resultado, el Estado fue declarado responsable del retraso y se acordó una liquidación por mutuo acuerdo.

Las autoridades de Nicaragua recibieron el aval parlamentario para gestionar un préstamo de USD 97 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), orientado a la ampliación y modernización de la red vial nacional.

El acuerdo, divulgado en el Diario Oficial La Gaceta, citado por EFE, otorgó al Ejecutivo el respaldo legislativo necesario para avanzar en la obtención del financiamiento.

La aprobación se produjo en una sesión unánime de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo mantiene el control absoluto de los votos, según lo registrado en el acuerdo presidencial. La iniciativa fue promovida por el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes actúan como copresidentes del país.

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) asumió la responsabilidad de ejecutar el denominado ‘XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’. El convenio especificó que los fondos servirían para financiar obras en distintos tramos estratégicos.

El Ejecutivo otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para suscribir el contrato con el BCIE. Espinoza Rivera formalizó el acuerdo cinco días después de recibir la autorización, el pasado 5 de febrero.

La contratación de este crédito coincidió con movimientos recientes en el gabinete económico. En octubre, el Gobierno había delegado la suscripción de un préstamo mayor, por USD 235 millones, al entonces ministro de Hacienda, Öscar Danilo Mojica Aguirre.

Ese monto incluía los USD 97 millones recientemente aprobados. La salida de Mojica Aguirre del Ministerio de Hacienda en diciembre implicó la transferencia de la gestión financiera a Nicolás Espinoza Rivera. Según la información oficial, Mojica Aguirre es hijo del actual titular del MTI, óscar Salvador Mojica Obregón, quien quedó a cargo de la administración de los recursos provenientes del BCIE.

El BCIE es el principal organismo financiero multilateral para proyectos de infraestructura en Centroamérica y mantiene una relación con los gobiernos de la región. El financiamiento autorizado se inscribió en una estrategia oficial de fortalecer la conectividad vial como motor de desarrollo y movilidad.

En 2025, Nicaragua autorizó gestionar un préstamo por USD 138 millones con el BCIE

En octubre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó de manera expedita que el Ejecutivo gestionara un préstamo por USD 138 millones con el BCIE. Esta autorización, enviada con carácter urgente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue ratificada rápidamente por el Legislativo, controlado por el oficialismo.

El contrato, firmado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el BCIE, se formalizó los días 13 y 15 de octubre de ese año. Los fondos se asignaron al ‘XI Programa de Ampliación y Mejoramiento de Carreteras’, enmarcado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano.

El programa contempla la ampliación y mejoramiento de 52,52 kilómetros de carreteras mediante cinco proyectos de infraestructura vial. Entre ellos destacaron la ampliación del acceso al puesto fronterizo Las Manos, Dipilto (11,67 km) y del acceso al puesto El Guasaule, Somotillo (6,13 km), ambos en la frontera con Honduras, según información de EFE.

Otros proyectos incluyeron la construcción de la circunvalación entre Diriamba-Jinotepe (13,67 km), la circunvalación de la ciudad de Estelí (12,02 km) y la ampliación de la carretera Las Piedrecitas-Los Brasiles junto con la construcción de un nuevo paso a desnivel en Managua (9,03 km).

Diversas organizaciones opositoras solicitaron al BCIE que condicionara los desembolsos al Gobierno de Ortega y Murillo al cumplimiento de estándares en derechos humanos. Estas demandas surgieron en el contexto de una preocupación internacional persistente por la situación política y social en el país.

La renuncia de dos figuras clave del aparato estatal venezolano se produjo apenas horas después de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad una ley de amnistía que habilita la liberación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999, y el anuncio del cierre y la transformación de El Helicoide, conocido como centro de detención. De acuerdo con información de la agencia Europa Press, este escenario se desarrolló en un clima de inquietud política e intensas observaciones desde el exterior sobre la situación institucional del país.

El órgano legislativo recibió las renuncias formales tanto del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. El anuncio lo realizó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien detalló que los funcionarios enviaron cartas informando sobre su dimisión, lo que fue confirmado en una sesión plenaria. Ambos funcionarios habían sido ratificados en octubre de 2024, estableciéndose un periodo de gestión hasta 2031, según consignó Europa Press.

Tras comunicarse las dimisiones, la Asamblea Nacional designó inmediatamente reemplazos provisionales hasta que se inicie un nuevo proceso de selección. Larry Devoe fue nombrado como fiscal general encargado, mientras que Tarek William Saab pasó a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, relevando a Ruiz. La carta de Alfredo Ruiz mencionó razones personales y problemas de salud como motivo de su salida, según detalló el medio Europa Press.

La trayectoria de Tarek William Saab ha estado marcada por su papel en la política judicial del país. Saab asumió el cargo de fiscal general en 2017, tomando el lugar de Luisa Ortega Díaz, luego de desempeñarse durante tres años como defensor del pueblo. Según publicó Europa Press, Saab se mostró como uno de los principales portavoces críticos del oficialismo frente a la operación de Estados Unidos, llevada a cabo el 3 de enero en Caracas, que concluyó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante su gestión al frente del Ministerio Público, Saab impulsó investigaciones contra numerosas figuras de la oposición venezolana, incluyendo a María Corina Machado y Edmundo González, entre otros. Estas acciones han generado acusaciones y fuertes críticas desde sectores internacionales que denuncian una presunta persecución política sistemática contra adversarios del gobierno venezolano, reportó Europa Press.

El contexto de las dimisiones de Saab y Ruiz se ve afectado directamente por la reciente aprobación de la ley de amnistía, texto legal que, según detalló Europa Press, posibilita la excarcelación de personas implicadas en delitos ocurridos desde final del siglo pasado. Esta medida, dándole un giro al escenario judicial y penitenciario, fue complementada con el anuncio oficial sobre el cierre y la reconfiguración de El Helicoide, una estructura emblemática utilizada durante años como centro de reclusión.

La sucesión de estos acontecimientos ha generado significativas repercusiones, dentro y fuera de Venezuela, por el impacto sobre la estabilidad institucional, la continuidad de los procesos judiciales y el balance de poderes al interior del Estado. Según Europa Press, el carácter expedito de las sustituciones temporales y la intensidad de las críticas internacionales subrayan la atmósfera de tensión política que atraviesa Venezuela en este periodo.

En la sesión parlamentaria donde se oficializaron los relevos, se dio cuenta además de la necesidad de activar un nuevo procedimiento para nombrar formalmente a los funcionarios titulares en ambos cargos fundamentales para el control y vigilancia de los derechos y la legalidad en el país. Europa Press reseñó que la comunidad internacional observa con atención estos cambios institucionales, pidiendo transparencia y respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Henrique Capriles, dirigente opositor venezolano, cuestionó la existencia de un “consenso” para nombrar defensor del pueblo a quien, hasta hace pocos días, desempeñó la función de fiscal general y ha sido señalado como responsable de la persecución judicial en Venezuela. Según reportó Europa Press, Capriles expresó su desacuerdo ante estos nombramientos recientes, argumentando que representan una afrenta para quienes han sido víctimas de presunta represión en el país y para quienes esperan un cambio real en la estructura de los poderes públicos.

El medio Europa Press detalló que el ex gobernador y dos veces candidato presidencial calificó la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General y su inmediata designación como defensor del pueblo de “burla a las víctimas”. En palabras de Capriles, “¿Quién hace la judicialización? El Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. Nos parece el colmo de la amnistía. Es una burla que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer (...) el responsable de la persecución (...) ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo”. Asimismo, advirtió que este tipo de acciones constituyen una falta de seriedad en el manejo institucional del país.

Europa Press señaló que Capriles también criticó la designación de Larry Devoe, al describirlo como una figura identificada con el partido de Gobierno. A juicio del dirigente opositor, Venezuela necesita autoridades imparciales en cargos clave, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como un Poder Judicial autónomo que ejerza sus funciones de manera independiente. Capriles indicó que la sustitución de Saab al frente del Ministerio Público y el nombramiento de Devoe no responden a una necesidad de cambio genuina, sino a la perpetuación de un sistema que, sostuvo, no representa los intereses generales de la población.

El líder político recalcó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que tras presentarse la renuncia de Saab, resulta indispensable conformar un comité de postulaciones de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Capriles afirmó que la organización política Unión y Cambio, de la que forma parte, participará en ese proceso luego de votar en contra de las designaciones realizadas este miércoles, y manifestó: “Estaremos a favor de cualquier cosa que signifique algo bueno para el país y para la gente”.

Sobre la renuncia de Alfredo Ruiz al cargo de defensor del pueblo, Capriles explicó que la figura carecía de peso real para la ciudadanía venezolana. Señaló que, a pesar de que el cargo está contemplado en la Constitución, no se desempeñaba ninguna labor efectiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos. En esa línea, consideró que el cambio al frente de ese despacho no implica una transformación sustancial mientras persista la designación de figuras ligadas al oficialismo.

Respecto a la permanencia de estructuras similares en otras instituciones, Capriles insistió en la necesidad de debatir el funcionamiento integral del Poder Judicial, al mencionar al Tribunal Supremo de Justicia como foco pendiente de revisión y posibles reformas estructurales. Según Europa Press, el dirigente apuntó que el proceso de designación de autoridades debe ser tomado en serio y no utilizado como una forma de proteger cargos o cuotas de poder.

Europa Press contextualizó que Tarek William Saab se desempeñó como fiscal general de Venezuela desde 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, y anteriormente ocupó la Defensoría del Pueblo durante tres años. Durante su gestión en la Fiscalía, Saab encabezó investigaciones y acciones judiciales contra líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González, acciones que suscitaron críticas desde la comunidad internacional, que acusó al sistema judicial venezolano de persecución política. Además del historial de investigaciones, se destacó su postura crítica frente a las operaciones estadounidenses en Caracas, incluida la acción del 3 de enero que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

De acuerdo con Europa Press, la renuncia de Saab se produce poco después de la aprobación por unanimidad en la Asamblea Nacional de una ley de amnistía, que habilita la excarcelación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999. Esta iniciativa legislativa coincidió también con la decisión de cerrar y transformar El Helicoide, complejo penitenciario utilizado como centro de reclusión en Caracas. Estas medidas forman parte de una serie de modificaciones recientes en la estructura del sistema penal venezolano.

Henrique Capriles puntualizó que los últimos cambios impulsados por la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, merecen un análisis profundo respecto de su impacto en el ejercicio independiente de las instituciones del país. Insistió, según recogió Europa Press, en que las expectativas de la sociedad venezolana van más allá de simples relevos de funcionarios y demandan una auténtica renovación de los poderes públicos.

La Asamblea Nacional avanza en la discusión de iniciativas legislativas que buscan reconfigurar el esquema de incentivos al sector agropecuario, con el análisis en subcomisión del proyecto de ley 431 de 2025, una propuesta que pretende modificar la Ley 107 de 2013, considerada la base del programa estatal de apoyo a la producción nacional de granos y rubros agrícolas.

La iniciativa se encuentra en fase de evaluación técnica dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y plantea ajustes estructurales al programa de incentivos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la entrega de subsidios, ampliar la cobertura de productos y resolver distorsiones que, según sus proponentes, han limitado el acceso de algunos productores a los beneficios establecidos por la legislación vigente.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la inclusión efectiva del guandú dentro del esquema de incentivos, rubro que, pese a su importancia en la dieta nacional y su presencia en la producción agrícola del interior del país, ha enfrentado barreras para acceder al programa debido a requisitos relacionados con la certificación de semillas.

La propuesta plantea flexibilizar este criterio, permitiendo el uso de semillas no certificadas hasta que el Comité Nacional de Semillas apruebe una certificación formal para este cultivo.

El texto legislativo establece además que el programa se circunscribirá a productos como arroz, maíz, porotos, frijoles, guandú, sorgo, soya, papa, cebolla y tomate industrial, consolidando un catálogo de rubros estratégicos para la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia de importaciones.

También incorpora definiciones técnicas relacionadas con rendimiento por hectárea, seguro agropecuario obligatorio y semilla certificada, con el propósito de uniformar criterios de evaluación para el otorgamiento de incentivos.

Entre las medidas concretas, el proyecto introduce bonos por hectárea cultivada y pagos por productividad, diferenciados por cultivo, así como incentivos específicos para multiplicadores de semillas y productores con sistemas de riego, buscando elevar la competitividad del sector agrícola y promover el aumento de la superficie sembrada.

En paralelo, la discusión legislativa se produce en un contexto en el que otro proyecto, el número 450, ya fue prohijado y avanza hacia su primer debate, con un enfoque que comparte la finalidad de fortalecer el programa de incentivos, pero con diferencias en su alcance. Esta segunda iniciativa propone incorporar el plátano dentro del programa estatal, argumentando su peso en la seguridad alimentaria y su impacto económico en varias provincias del país.

El proyecto 450 establece que el programa perseguirá objetivos como garantizar la autosuficiencia agrícola, contener el aumento de la canasta básica, mejorar la rentabilidad del sector y elevar la competitividad productiva, además de introducir incentivos específicos para productores de plátano basados en niveles de rendimiento por hectárea.

Aunque ambas iniciativas coinciden en la necesidad de reformar la Ley 107 y ampliar el alcance del programa, su diseño revela estrategias complementarias más que excluyentes.

Mientras el proyecto 431 se enfoca en corregir distorsiones operativas y ampliar beneficios a rubros que enfrentan limitaciones técnicas, el proyecto 450 apunta a incorporar nuevos cultivos al esquema de incentivos y reforzar la lógica de seguridad alimentaria desde una perspectiva más amplia.

La subcomisión que analiza el proyecto 431 tendrá la tarea de revisar ajustes técnicos y económicos relacionados con los mecanismos de desembolso de incentivos, así como evaluar la posibilidad de introducir prácticas agrícolas que mejoren el rendimiento frente a los efectos del cambio climático.

En las sesiones participaron gremios de productores, autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Comité Nacional de Semillas y el Instituto de Seguro Agropecuario, quienes presentaron observaciones orientadas a fortalecer la iniciativa.

El debate legislativo refleja la presión existente para modernizar el esquema de incentivos agrícolas en Panamá, en un escenario marcado por desafíos como la volatilidad de precios internacionales, la reducción de áreas cultivadas y la necesidad de aumentar la productividad para garantizar el abastecimiento interno.

El sector agrícola panameño registró en 2025 una producción total de 3.8 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 1.3 millones de toneladas frente al periodo anterior, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Este avance estuvo impulsado por cultivos como arroz, maíz, frijoles y sorgo, pilares de la seguridad alimentaria nacional y rubros directamente vinculados al programa de incentivos que busca reformar la Asamblea Nacional.

En el segmento de granos básicos, la producción conjunta de arroz, maíz, frijol y sorgo se ubicó en 11.7 millones de quintales, mientras que la superficie sembrada superó las 127 mil hectáreas, con participación de más de 7,000 productores, concentrados principalmente en provincias con fuerte tradición agrícola como Chiriquí, Los Santos y Veraguas.

Estas cifras dimensionan el peso económico y social de los cultivos incluidos en la discusión legislativa.

En hortalizas y frutales —grupo que incorpora papa, cebolla, tomate industrial y plátano— la producción también mantuvo relevancia en el mismo ciclo 2024-2025, con 60,909 toneladas en hortalizas y 230,873 toneladas en frutales.

Al abordar el impacto institucional de los recientes cambios en la política exterior de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, comunicó la designación de Oliver Blanco y Andrea Corao Faria en nuevos cargos clave, junto a la incorporación de Rander Peña, en una estrategia orientada a diversificar alianzas internacionales y fortalecer la representación del país en escenarios globales. De acuerdo con la información publicada por el medio que reporta estas designaciones, estos movimientos buscan responder a la coyuntura política y la necesidad de construir confianza tanto a nivel interno como externo.

Según informó el medio, Oliver Blanco asumirá la viceministría para Europa y América del Norte. En un comunicado, Blanco expresó que acepta esta responsabilidad con especial atención al contexto político actual de Venezuela. Declaró: “No milito en el partido del Gobierno y, por eso, valoro esta decisión, que expresa la posibilidad de abrir espacios a distintas visiones al servicio del país y que se inscribe en la vocación y liderazgo que ha mostrado la presidenta encargada de promover la unidad nacional en un momento donde la construcción de confianza es central para definir nuestro futuro”. Tal como publicó el medio, la trayectoria de Blanco incluye funciones como director de Comunicaciones en la Asamblea Nacional de Venezuela y militancia en Acción Democrática, así como asistencia a Henry Ramos Allup, actual secretario general de esa formación política de tendencia socialdemócrata.

De acuerdo con el mismo medio, Delcy Rodríguez informó en redes sociales que Andrea Corao Faria será la nueva viceministra para Asia, Oriente Próximo y Oceanía. Hasta este anuncio, Corao Faria cumplía funciones como responsable de la viceministría para Europa y América del Norte. El reporte señala que las autoridades consideran que su experiencia y dedicación contribuirán a fortalecer la diplomacia venezolana con países que mantienen relaciones estratégicas con el país sudamericano.

En la misma línea de renovación, el medio detalló el nombramiento de Rander Peña, quien hasta ahora dirigía la secretaría general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como nuevo viceministro para Comunicación Internacional. Peña reemplazará a Camilla Fabri de Saab. El periódico recuerda que Fabri de Saab es esposa de Alex Saab, quien ha sido señalado como presunto testaferro del expresidente Nicolás Maduro.

La reestructuración alcanza otras áreas: la vacante en la viceministría para América Latina queda en manos de Mauricio Rodríguez, quien anteriormente ocupó la titularidad del Ministerio de Comunicación e Información y se desempeñó como encargado de negocios de la representación venezolana en España. Según consignó el medio, este cargo diplomático está por debajo del rango de embajador, pero implica funciones clave en la relación bilateral entre ambos países.

Los recientes anuncios han tenido como eje la diversificación de las alianzas internacionales de Venezuela, así como el impulso de la unidad nacional al incorporar figuras con antecedentes en partidos opositores o sin afiliación oficialista, como es el caso de Oliver Blanco, interpretación emanada de sus propias declaraciones citadas por el medio. Además, la rotación de funcionarios en áreas estratégicas evidencia una apuesta por renovar la representación del país ante regiones con relevancia creciente para la política exterior venezolana.

Los analistas políticos consultados por el medio observaron que estos cambios responden a la búsqueda de legitimar la presidencia interina y de fortalecer los canales diplomáticos con actores internacionales después del período de tensiones políticas recientes. Además, la asignación de cargos a exmiembros de partidos distintos al oficialismo es vista por algunos sectores como un gesto de apertura, mientras que la permanencia de figuras identificadas con el oficialismo, como Rander Peña, sugiere el objetivo de mantener la cohesión en el núcleo gubernamental.

El medio también reportó que la agenda internacional de Venezuela incluye la consolidación de relaciones estratégicas con países de Asia y Medio Oriente, que han ganado un papel prioritario debido a sus vínculos económicos y políticos en las últimas décadas. En este sentido, la gestión de Andrea Corao Faria al frente de la viceministría para Asia, Oriente Próximo y Oceanía se enmarca en un contexto de potenciación de la cooperación sur-sur y la búsqueda de nuevos socios comerciales, lo cual ha sido un eje central de la política exterior venezolana según la información proporcionada en los canales oficiales.

Según publicó el medio, la sustitución de Camilla Fabri de Saab al frente de la comunicación internacional se produce tras una etapa marcada por la controversia en torno a la figura de Alex Saab. Además, la nueva designación de Rander Peña representa una continuidad de perfiles con amplia experiencia dentro del oficialismo, lo que el medio interpreta como una estrategia para controlar los mensajes institucionales internacionales y reforzar la posición de Venezuela ante organismos multilaterales y foros regionales.

En redes sociales, representantes políticos y ciudadanos han reaccionado a los anuncios realizados por Delcy Rodríguez, destacando la importancia de estos movimientos dentro de la actual coyuntura nacional, caracterizada por incertidumbre política y la necesidad de estabilizar la posición de Venezuela ante la comunidad internacional. El medio reportó que los cambios serán implementados de inmediato, conforme a los anuncios oficiales. La agenda de próximos encuentros diplomáticos y declaraciones sobre nuevos acuerdos bilaterales se dará a conocer en los siguientes días, según han confirmado fuentes oficiales citadas por el medio.

La reestructuración en las áreas diplomáticas tiene como trasfondo la intención de recuperar la confianza en las instituciones de la política exterior y demostrar una apertura hacia la construcción de consensos amplios, según las declaraciones recogidas por el medio. En esa línea, los funcionarios recientemente nombrados iniciarán sus funciones con el objetivo de fortalecer relaciones internacionales, diversificar alianzas y facilitar el diálogo con distintos actores internacionales en un entorno global marcado por desafíos crecientes para la diplomacia venezolana.

Lewis Mendoza, dirigente político de Vente Venezuela en el estado Trujillo, obtuvo la libertad la noche del domingo en Caracas, uniéndose a una serie de excarcelaciones recientes resultantes de la ley de amnistía adoptada por la Asamblea Nacional. Según informó Europa Press, la liberación de Mendoza ocurrió poco después de que otros líderes opositores, entre ellos Juan Freites, coordinador del Comando Con Venezuela en Vargas, fuesen excarcelados en el marco de la nueva normativa. El principal acontecimiento que ha desencadenado estas salidas de prisión fue la aprobación unánime de la ley de amnistía el pasado viernes, medida que ha permitido la liberación de 65 personas clasificadas como presos políticos en Venezuela.

De acuerdo con Europa Press, Gonzalo Himiob, fundador y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, ha dado a conocer detalles sobre el avance de la aplicación de la ley. Según su información publicada en redes sociales, siete personas salieron de prisión el 20 de febrero, otras 15 obtuvieron la libertad el sábado, y la mayoría, 43, fueron liberadas posteriormente tras la entrada en vigor de la amnistía. La disposición, aprobada tras años de demandas por parte de familiares y organizaciones civiles, abarca delitos cometidos desde 1999, según detalló el medio.

El alcance de la amnistía ha sido focalizado en trece acontecimientos específicos descritos en el artículo 8 del nuevo marco legal, según consignó Europa Press. Entre estos se cuentan el golpe de Estado de abril de 2002 en contra del entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero sucedido entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004, y diversas manifestaciones antigubernamentales organizadas en los años 2007, 2013, 2017 y 2024.

Europa Press también reportó que el Gobierno de Venezuela ha recibido un total de 1.557 solicitudes para aplicar los beneficios de la ley de amnistía. No obstante, según la información confirmada por ONG y familiares, existen cuestionamientos sobre el alcance real de la normativa. Algunos consideran que la cobertura es limitada al dejar fuera casos relevantes para el movimiento de derechos humanos y partes de la oposición.

Mientras tanto, persisten manifestaciones dentro de centros penitenciarios. Según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) durante el fin de semana, más de 200 internos catalogados como presos políticos en la cárcel El Rodeo I, situada en las afueras de Caracas, mantienen una huelga de hambre. El motivo principal de protesta radica en la exclusión de otros privados de libertad por parte de la ley, que ellos consideran insuficiente ante las expectativas generadas.

Europa Press detalló que los beneficiarios recientes de la excarcelación incluyen figuras destacadas dentro de la oposición venezolana. Luis José Magallanes, coordinador regional del partido Vente Venezuela en el estado Yaracuy y detenido durante siete meses, figura entre quienes abandonaron prisión gracias a la amnistía. Lo mismo ocurrió con Andrés Cabrera, coordinador del partido en Bejuma, estado Carabobo. Estas liberaciones han adquirido visibilidad en redes sociales y medios digitales debido a que representan avances en las demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La ley de amnistía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional con el objetivo de fomentar la reconciliación política y social, según explicó el Gobierno venezolano. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han vigilado de cerca el proceso, realizando seguimientos sobre el estado de cada uno de los casos y asegurando la correcta aplicación de las medidas adoptadas. Europa Press recogió los datos que muestran que, si bien la medida ha permitido liberar a decenas de personas, la cantidad de solicitudes y las demandas de familiares y allegados que continúan reclamando justicia indican la existencia de expectativas no satisfechas por este nuevo marco legal.

Los acontecimientos y protestas que dieron lugar a muchas detenciones consideradas por ONG como de carácter político ocurrieron en varios momentos de la historia reciente del país. Las fechas incluidas en la ley responden a movilizaciones y hechos claves de confrontación política y social desde finales del siglo pasado hasta episodios recientes de 2024, lo cual refleja el alcance temporal de la medida.

La ONG Foro Penal y el CLIPPVE continúan emitiendo comunicados y reportes sobre la situación de los presos, informando tanto sobre las excarcelaciones ya concretadas como sobre quienes permanecen bajo custodia judicial o han sido excluidos de los beneficios de la amnistía. Según consigna Europa Press, la aplicación del texto legal seguirá desplegándose en las próximas semanas en medio de reclamos tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios y de un debate público acerca del contenido y la ejecución de la ley.

Al considerar que Nicolás Maduro no enfrentó sanciones en su etapa como presidente, José Manuel Albares ha puesto en cuestión la coherencia de mantener esas restricciones sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando muchas de ellas derivan de su anterior posición como vicepresidenta. El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pidió que la Unión Europea reconsidere estas medidas y animó a mantener la interlocución con el Ejecutivo venezolano, de manera similar a la vía de diálogo que sigue Estados Unidos. Según publicó Europa Press, Albares defendió iniciar el proceso para levantar las sanciones de forma rápida y, al mismo tiempo, urgió a Caracas a adoptar pasos adicionales que favorezcan el restablecimiento de condiciones democráticas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española señaló que sus conversaciones con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y con numerosos ministros de Exteriores de los países miembros, evidenciaron una “sintonía” favorable a iniciar el levantamiento de las sanciones sobre Delcy Rodríguez. Albares explicó que no espera una resolución inmediata en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores, reunido este lunes en Bruselas, aunque considera posible que el proceso comience en breve. Subrayó que el propósito de esta acción es mandar “una señal fuerte” al Gobierno venezolano para que continúe progresando en la agenda democrática, especialmente tras la aprobación unánime de la ley de amnistía por la Asamblea Nacional de Venezuela, hecho que valoró positivamente.

El ministro español enfatizó, según consignó Europa Press, que las sanciones internacionales “no son un fin en sí mismas” sino instrumentos de presión enfocados en lograr objetivos políticos concretos. Insistió en que el retiro de las restricciones debe ser entendido como un gesto europeo que reconoce los avances registrados en Venezuela tras la aprobación de la amnistía, al tiempo que busca alentar la continuidad de reformas y la apertura democrática en el país sudamericano. Destacó que los ministros europeos contactados, incluida Kaja Kallas, “comprenden que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección”, en referencia al rumbo que comienza a tomar el Ejecutivo encabezado por Rodríguez.

Durante su intervención previa al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares detalló que solicitaría formalmente ante sus colegas europeos el levantamiento de las sanciones, remarcando que se trata de una medida con impacto simbólico y político, dirigida a fortalecer el diálogo con Caracas. Consideró “chocante” que, a pesar de su nuevo rol como presidenta encargada, Delcy Rodríguez siga sujeta a sanciones derivadas de una etapa política previa, sobre todo considerando que tanto presidentes como responsables de Exteriores suelen quedar fuera de este tipo de medidas, para preservar espacios de interlocución diplomática.

El medio Europa Press reportó que Albares también animó al Gobierno venezolano a utilizar la herramienta de la amnistía hasta sus últimas consecuencias, lo que implica crear posibilidades reales para el retorno de ciudadanos exiliados “si así lo desean” y garantizar la regeneración democrática. Manifestó la intención de que la Unión Europea acompañe este proceso, enviando señales claras de apoyo si Caracas consolida estos pasos.

Finalmente, en su contacto con la prensa europea, el ministro subrayó que se ha abierto una nueva etapa política tras la aprobación de la amnistía y que la mejora en la relación y la comunicación entre Caracas y las instituciones europeas puede suponer avances para los venezolanos tanto en el ámbito de los derechos políticos como en el social. Añadió que corresponde a la UE responder a la reciente evolución interna de Venezuela con medidas concretas, reforzando una política exterior basada en la presión negociadora y en el estímulo a la participación democrática, relató Europa Press.

La situación de las sanciones europeas sobre figuras políticas venezolanas volvió a estar en el centro del debate entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea, después de que se conociera la decisión unánime de la Asamblea Nacional venezolana de aprobar una amnistía. Según informó Europa Press, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, afirmó que existe una “sintonía” significativa con la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y con varios de sus homólogos en el bloque para retirar las medidas restrictivas contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

En declaraciones recogidas por Europa Press a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este lunes en Bruselas, Albares precisó que aunque no se prevé una resolución inmediata sobre este tema, espera que el proceso para levantar las sanciones se inicie “rápidamente”. De acuerdo con las palabras transmitidas por el medio, el objetivo consiste en enviar al Gobierno venezolano una señal clara de respaldo por la senda iniciada tras la aprobación de la amnistía. Albares subrayó que las sanciones “nunca son un fin en sí mismo”, sino que constituyen un instrumento de presión para lograr resultados concretos en materia democrática.

El jefe de la diplomacia española expuso que ha conversado tanto con la jefa de la diplomacia europea como con otros ministros de la UE, en busca de respaldos para su propuesta. Detalló que identificó comprensión y una disposición generalizada a enviar un mensaje “fuerte” de que Venezuela está avanzando “en la buena dirección”, citó Europa Press. Albares también se refirió a la peculiar situación de Rodríguez, pues las restricciones se mantienen debido a su etapa como vicepresidenta, mientras que su predecesor en la presidencia, Nicolás Maduro, nunca estuvo sujeto a sanciones europeas. "Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo la UE prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Exteriores", explicó Albares según consignó Europa Press.

El funcionario insistió en la necesidad de mantener la interlocución con Caracas del modo en que lo hace Estados Unidos, abogando por que la UE actúe en la misma línea. Recordó que la UE suele evitar sancionar tanto a los presidentes como a los ministros de Exteriores, pues considera fundamental preservar los canales diplomáticos para facilitar el diálogo y la negociación. Albares reiteró en distintas ocasiones durante sus intervenciones, retomadas por Europa Press, que la amnistía aprobada representa una “buena noticia” y que los pasos dados por el Gobierno de Delcy Rodríguez abren una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Europa.

Animó al Gobierno venezolano a consolidar este cambio, instándoles a que amplíen el alcance de la amnistía y generen las condiciones necesarias para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar, si así lo desean. Dirigiéndose a los Veintisiete, el ministro español planteó la conveniencia de emitir un gesto hacia Caracas: según su posición, este sería un incentivo para que Venezuela mantenga la dirección de reformas y mejoras democráticas. Europa Press reportó que Albares ve los levantamientos de las sanciones como una herramienta para estimular “más pasos” en el proceso de apertura política.

En la reunión de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas, José Manuel Albares formalizó la propuesta de iniciar el debate sobre el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez. Insistió en que la Unión Europea debería responder positivamente a los avances democráticos recientes reflejados en medidas como la amnistía política, que fue adoptada de manera unánime en el parlamento venezolano. La eliminación de sanciones se plantea así como un reconocimiento de los pasos dados y un incentivo para que el ejecutivo venezolano continúe en ese trayecto, según el desarrollo de la reunión documentado por Europa Press.

Además, Albares destacó la importancia de que la amnistía aprobada tenga un alcance amplio, incluyendo la posibilidad de repatriación para los venezolanos que se vieron obligados a exiliarse en años recientes por motivos políticos o judiciales vinculados al antiguo marco legal. El responsable de la política exterior española viene defendiendo una estrategia que combine el apoyo explícito al diálogo y la apertura política en Venezuela con un levantamiento progresivo de las sanciones, condicionado a avances verificables en el terreno de los derechos y libertades democráticas.

El jefe de la diplomacia española argumentó que el levantamiento de las restricciones no supondría un abandono de los principios democráticos de la Unión Europea, sino una herramienta para incentivar transformaciones desde dentro del país latinoamericano. Las deliberaciones impulsadas por España reflejan el debate abierto dentro de la Unión Europea sobre el equilibrio entre la presión internacional y la cooperación para favorecer cambios políticos. Desde la perspectiva de Albares y parte de los ministros consultados, la clave resides en mantener abiertos los canales de diálogo y recompensar los avances, de manera que el éxito parcial motive otras reformas pendientes, relató Europa Press.

El medio subrayó la importancia que los ministros de Exteriores europeos asignan a la seguridad jurídica y la protección de los interlocutores políticos en terceros países como Venezuela, con el propósito de garantizar la estabilidad y una transición pacífica. El proceso de revisión de sanciones se abrió en el contexto de otras experiencias recientes donde la presión internacional y los incentivos han resultado determinantes en la evolución democrática de países de la región, de acuerdo con el extenso reporte entregado por Europa Press.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alianza política que representa a la principal oposición en Venezuela, informó el sábado que verificó sólo 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

“Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión”, señaló la PUD en X.

La coalición opositora indicó que hasta las 22:00 hora local del sábado confirmó 494 excarcelaciones desde el inicio del proceso de liberaciones el 8 de enero, impulsado por la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. y su hermano y presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

La PUD sostuvo que solo hace falta “voluntad política” para concretar la libertad de más de 600 presos políticos que, según sus cifras y las de la ONG Foro Penal, permanecen encarcelados. “Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos”, reclamó el bloque opositor.

Jorge Rodríguez, aseguró que el sábado se produjeron “cientos de liberaciones” derivadas de la amnistía, y precisó que los primeros casos atendidos corresponden a los calabozos de Zona 7 y El Helicoide en Caracas, aunque no ofreció detalles sobre la identidad ni el número exacto de beneficiados.

La amnistía cubre el periodo 1999-2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos 15 de los últimos 27 años y casos relacionados con operaciones militares. Foro Penal estima que al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la medida.

Ante este escenario, desde el régimen de Venezuela confirmaron la excarcelación de 80 presos políticos como parte de la aplicación de la promulgada ley de amnistía, según informó Jorge Rodríguez.

“Durante el día de hoy van 80 excarcelaciones”, declaró Rodríguez al finalizar un acto oficial, según consignó la agencia AFP. Las liberaciones se llevaron a cabo en la capital venezolana en el marco del proceso iniciado tras la aprobación de la nueva legislación por la Asamblea Nacional.

La ley de amnistía, adoptada de forma unánime el jueves, permite que las personas privadas de libertad soliciten su liberación mediante un pedido ante el tribunal encargado de sus causas. Rodríguez señaló que se están atendiendo de forma inmediata 1.557 casos y aseguró que cientos de personas ya comenzaron a recibir la excarcelación bajo la nueva normativa.

El procedimiento no es automático: cada solicitante debe presentar su caso ante el juzgado. El diputado Jorge Arreaza, responsable del seguimiento, indicó que la Fiscalía solicitó la liberación de 379 detenidos, de los cuales 80 ya fueron excarcelados.

En este contexto, antes del anuncio oficial de excarcelaciones, cerca de 100 presos políticos venezolanos, en su mayoría militares, así como civiles y extranjeros, iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, en la periferia este de Caracas.

a protesta busca exigir su liberación tras haber quedado excluidos de la reciente Ley de Amnistía y denunciar las condiciones carcelarias, según informaron familiares y activistas.

La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, comunicó en redes sociales que la huelga involucra principalmente a militares, aunque también participan civiles y extranjeros, todos reclamando su libertad.

(Con información de EFE y AFP)

Miles de personas bajo régimen sustitutivo de privación de libertad han visto activarse la revisión de su situación como consecuencia de la aplicación de la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, difundida en la Gaceta Oficial N° 6.990. En paralelo, el país experimenta un incremento notable en las solicitudes de amnistía y el inicio de procesos de excarcelación para quienes optan por acogerse a este beneficio, según informaron las autoridades venezolanas.

Según informó el medio Europa Press, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, comunicó que hasta el sábado se habían recibido un total de 1.557 solicitudes de amnistía. Rodríguez precisó que, hasta la jornada anterior, el conteo alcanzaba las 405 solicitudes de personas privadas de libertad, mientras que, solo en un día adicional, se sumaron otras 1.152, lo que eleva la cifra a las más de 1.500 peticiones que están siendo atendidas por los órganos competentes. Rodríguez explicó que actualmente "ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley".

El presidente de la Asamblea amplió que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, instancia creada para supervisar la implementación de la normativa, está gestionando la solicitud de otras 11.000 personas que se encontraban en un régimen sustitutivo de privación de libertad. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, esto incluye a ciudadanos que, si bien habían recibido una medida privativa de libertad, contaban con alternativas como el régimen de presentación periódica ante las autoridades o la reclusión domiciliaria en lugar de cárcel. Rodríguez indicó que la ley contempla y permite discutir la revisión de esas medidas sustitutivas para que estos ciudadanos puedan obtener su libertad plena.

Rodríguez reiteró que la obtención de la paz en Venezuela requiere del diálogo, y situó a la ley de amnistía como un aporte clave en ese camino: “Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno”, expresó durante un acto en Caracas, según destacó Europa Press.

El dirigente también se refirió a la reacción de sectores críticos a la medida, advirtiendo que, según sus palabras, desde la oposición existen intentos de distorsionar el alcance de la ley a través de la difusión de mentiras, insultos o el uso de recursos para contratar personas influyentes en redes sociales, “Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido”, manifestó Rodríguez, citado por Europa Press. Solicitó a la población mantenerse al margen de provocaciones, defendiendo el acuerdo como el mejor camino hacia la paz y situando la ley de amnistía como un paso inicial de relevancia en dicho proceso.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue oficialmente aprobada el 19 de febrero, según lo consignado en la información difundida por Europa Press, y su entrada en vigor ha acelerado gestiones en distintas instancias estatales. El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Ministerio Público ya realizaron las gestiones necesarias para otorgar 379 amnistías, trasladando las resoluciones a las autoridades correspondientes.

Europa Press detalló también que la promulgación de la ley prevé que la Comisión de Seguimiento evalúe individualmente miles de casos, tanto de quienes se encuentran detenidos en centros penitenciarios como de aquellos con medidas sustitutivas, para poder conceder el beneficio de la libertad en los términos que estipula la norma. Las autoridades venezolanas enfatizaron que este proceso se realiza de inmediato “conforme a lo establecido en la ley y en los procedimientos correspondientes”.

Durante la sesión informativa, Jorge Rodríguez señaló que la expectativa gubernamental es que el proceso sirva como fundamento para consolidar un clima de reconciliación y convivencia política, procurando distender las tensiones existentes en el país. El proceso de excarcelación y revisión de medidas continúa bajo la evaluación de diversas instancias del sistema judicial venezolano, bajo la observancia de la Comisión Especial creada para ello.

El desarrollo de la aplicación de la Ley de Amnistía, según las autoridades y lo recogido por Europa Press, avanza en dos líneas principales: liberar a las personas privadas de libertad en virtud de delitos políticos o conexos, y analizar las solicitudes de quienes, aun bajo medidas sustitutivas, buscan el levantamiento total de restricciones de su libertad. Los responsables oficiales reiteraron la importancia de la ley como herramienta dentro de la estrategia general de pacificación y llamaron a todos los sectores a aprovechar el marco legal para el diálogo y el entendimiento.

El proyecto de amnistía aprobado por el Parlamento de Venezuela contempla la excarcelación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999, una medida presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como fundamental para avanzar hacia un nuevo escenario de unidad y reconciliación en el país. Según informó Europa Press, Rodríguez sostuvo que esta ley representa una oportunidad para superar décadas de confrontación y restablecer el respeto entre los diferentes sectores de la sociedad venezolana.

Durante una intervención transmitida a través de la televisión estatal, Delcy Rodríguez explicó que la ley recientemente entregada por el Parlamento venezolano forma parte del esfuerzo del Gobierno para erradicar el ciclo de odio que, en sus palabras, condujo al país a situaciones extremadamente delicadas, como la registrada el pasado 3 de enero. En su mensaje, Rodríguez animó a la población a romper con lo que describió como “el odio y la antipolítica”, subrayando la urgencia de poner fin a la violencia política y a los crímenes de odio.

“No podemos quedarnos atascados en el odio y la confrontación”, afirmó la mandataria interina, conforme consignó Europa Press. Además, expresó reconocimiento hacia las víctimas de la violencia política ocurrida entre 1999 y 2025, destacando su papel clave en el proceso de perdón. Según Rodríguez, el avance del país debe apoyarse en el desprendimiento mostrado por quienes han sido afectados durante este periodo, pero también en el impulso de un proyecto nacional capaz de gestionar las diferencias desde el respeto.

El medio Europa Press detalló que la iniciativa de amnistía recibió el respaldo unánime de la Asamblea Nacional tras su segunda votación, luego de intensas discusiones entre oficialismo y oposición. Uno de los puntos de fricción centrales giró en torno a un artículo que establecía la obligación de que los beneficiarios de la ley se pusieran “a derecho” —es decir, a disposición de las autoridades— para acceder a la medida. Pese a ese desacuerdo inicial, la cámara parlamentaria avanzó en la aprobación de otros seis artículos relacionados con la convivencia democrática, superando obstáculos en los debates legislativos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, felicitó públicamente a los miembros del cuerpo legislativo y a la comisión especial encargada del proyecto, reconociendo su disposición y espíritu de convivencia durante la elaboración y discusión de la ley. Europa Press reportó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aludiendo a las bases históricas del país, señaló que la aspiración del Gobierno se alinea con el proyecto de Simón Bolívar. “Donde hay diferencias, como en la distribución de la tierra, estas deben dirimirse con respeto”, expuso en su discurso, subrayando la importancia de gestionar los conflictos internos lejos de la violencia.

La ley de amnistía fue inicialmente anunciada a finales de enero, según indicó Europa Press. En ese momento, Delcy Rodríguez, quien antes de asumir la presidencia interina del país fue la mano derecha de Nicolás Maduro, propuso la medida poco después de que Maduro fuera trasladado a una prisión en Nueva York tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses durante una operación militar en las cercanías de Caracas en los primeros días de 2026.

Las imágenes del acto y la intervención de Delcy Rodríguez se encuentran disponibles en la plataforma Europa Press Televisión. La reciente aprobación de la ley representa un episodio relevante dentro de la política venezolana en el contexto de las persistentes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Europa Press explicó que la normativa busca dar una respuesta institucional al ciclo de odio y extremismo que, según el oficialismo, ha caracterizado la vida política venezolana en las últimas décadas.

El proceso de votación de la ley de amnistía reflejó la complejidad del contexto político nacional, con posiciones encontradas respecto a los criterios para la aplicación de los beneficios legales. Europa Press reveló que, pese a las divergencias iniciales, los diputados lograron consensuar aspectos fundamentales que permitieron la aprobación, con el objetivo de favorecer la convivencia democrática y responder a las demandas de distintos sectores sociales.

El llamamiento de Delcy Rodríguez a la reconciliación y al respeto de la diversidad política, tal como señaló Europa Press, se inserta en el marco de un país que ha experimentado tensiones políticas y sociales pronunciadas durante más de dos décadas. La mandataria insistió en la relevancia de pasar página y construir una nueva etapa histórica dentro de un proyecto nacional compartido, incluso reconociendo las legítimas diferencias existentes en la sociedad venezolana.

Al referirse a las víctimas de episodios de violencia política en Venezuela desde 1999 hasta 2025, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó la importancia de su papel para la reconciliación nacional y señaló que “las víctimas han mostrado desprendimiento para el perdón.” Esta afirmación surgió en el contexto de la reciente aprobación de la ley de amnistía en el Parlamento venezolano, una medida que Rodríguez considera fundamental para dejar atrás el ciclo de confrontación política que ha marcado las últimas décadas en el país. Según informó el medio Europa Press, la mandataria interina vinculó este instrumento legal con la necesidad de reemplazar escenarios de violencia por avances desde la divergencia política.

Durante una comparecencia pública transmitida por la televisión estatal, Delcy Rodríguez detalló que la ley de amnistía, entregada la noche anterior por el Parlamento, constituye un paso relevante para la agenda del Gobierno nacional, con el objetivo de alcanzar “cero odio”. De acuerdo con Europa Press, la presidenta encargada identificó el ciclo de odio como responsable de situaciones comprometedores para Venezuela, haciendo alusión directa a los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de este año. En su intervención, instó al pueblo venezolano a superar las prácticas que alimentan la polarización y la hostilidad en la vida pública.

Además, Rodríguez argumentó que este proceso exige romper con lo que denominó la “antipolítica”, un ciclo que –según su declaración recogida por Europa Press– dio cabida al odio, el extremismo, el fascismo, episodios de violencia política y crímenes motivados por intolerancia. La mandataria insistió en que acciones de ese tipo deben finalizar, alentando el perdón y presentando el avance nacional como una tarea común a pesar de las diferencias persistentes. También hizo referencia a un proyecto político inspirado en Simón Bolívar, subrayando que la existencia de discrepancias, como aquellas relacionadas con la distribución de la tierra, debe gestionarse con respeto.

Según publicó Europa Press, el Parlamento venezolano adoptó la ley de amnistía el jueves anterior, medida impulsada por Delcy Rodríguez que habilita una vía para la excarcelación de condenados por delitos cometidos desde 1999. El respaldo a la norma fue unánime en la cámara, presidida por Jorge Rodríguez. Este último elogió la disposición y el espíritu de convivencia demostrados por la comisión especial, así como por los diputados en el proceso de discusión y votación.

Durante la fase de debate, se registraron diferencias entre los bloques oficialista y opositor, principalmente en torno a un artículo que establecía la obligación para los beneficiarios de la amnistía de ponerse “a derecho”, es decir, de presentarse ante las autoridades competentes. Pese a este desacuerdo, durante la primera sesión del plenario, los diputados aprobaron por unanimidad seis artículos del texto original de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, precisó Europa Press. Finalmente, la normativa fue sancionada tras superar su segunda lectura en el Parlamento.

La presentación de esta iniciativa se remonta a finales de enero, momento en que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta durante la gestión de Nicolás Maduro, formalizó la propuesta. Según Europa Press, la medida abre la posibilidad de liberar a personas encarceladas por hechos calificados como delitos políticos en los últimos veintiséis años. La labor parlamentaria se desarrolló bajo la dirección de Jorge Rodríguez, quien en distintas oportunidades animó a los legisladores a mantener el foco en la convivencia democrática y el diálogo.

Europa Press también consignó que la motivación de la ley tiene relación tanto con la demanda internacional de reconciliación y respeto a las garantías procesales, como con el objetivo interno de reducir la confrontación política. Rodríguez señaló que la superación del odio y la antipolítica es fundamental para no “quedarse atascados” y propuso avanzar en lo que denominó un “proyecto nacional”, tomando como eje la unidad y la diversidad de criterios.

En este contexto, la discusión sobre mecanismos como la amnistía se ha presentado como uno de los puntos principales para la normalización institucional y la distensión de tensiones acumuladas en Venezuela. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta encargada, tal como recogió Europa Press, el reto consiste en gestionar diferencias de manera respetuosa, reconociendo la capacidad de las víctimas para perdonar y colocando el interés colectivo por encima de la rivalidad política.

De acuerdo con Europa Press, Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, realizó una intervención pública, difundida a través de sus redes sociales, en la que exigió la restitución de los derechos políticos y la devolución de los partidos a sus líderes originales, reclamando que varios de ellos permanecen bajo control de personas afines al Gobierno. Además, solicitó que se ponga fin de manera inmediata a la persecución judicial contra opositores y que los exiliados puedan regresar al país sin represalias, contemplando estos pasos como esenciales para alcanzar una auténtica transición política.

El exparlamentario hizo hincapié en que el sufrimiento de la población venezolana solo encontrará alivio mediante una solución democrática, postura que ha sostenido de forma reiterada desde su liberación. Guanipa abogó, según consignó Europa Press, por sentar las bases de un nuevo proceso electoral dotado de garantías y transparencia, en el marco de unas condiciones institucionales que permitan la participación y el respeto al voto.

En su mensaje, Guanipa expresó cuestionamientos directos al Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando la necesidad de una reorganización de este organismo para asegurar su imparcialidad. Se refirió específicamente al actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, a quien acusó de complicidad con el presidente Nicolás Maduro en lo que describió como un fraude electoral acontecido en las elecciones del 28 de julio de 2024. Europa Press recogió sus declaraciones: “No me pueden decir que hagamos una elección con el señor Amoroso de presidente del CNE. Eso no existe, compañeros. Sabemos que él se robó junto a Nicolás Maduro las elecciones el día 28 de julio del año 2024”.

Entre las demandas del exdiputado también figura la liberación de todos los presos considerados políticos, la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre dirigentes opositores y la garantía de que todos los venezolanos, dentro y fuera del país, puedan ejercer el derecho al voto. Guanipa enfatizó que solo existirá una oportunidad real para el cambio político en Venezuela si se cumplen estas condiciones.

Tras su liberación, Guanipa insistió, citó Europa Press, en que la ley de amnistía resulta insuficiente, tildándola de “documento chucuto”, término con el que descalificó la iniciativa parlamentaria por excluir a varios prisioneros y suponer, a su juicio, una estrategia de presión sobre opositores detenidos y sus familias. Añadió que si existiera una verdadera voluntad de reconciliación nacional “todos los presos políticos podrían ser liberados hoy mismo”.

La agencia detalló que Guanipa estuvo en la clandestinidad durante diez meses y encarcelado durante casi nueve meses, además de haber sufrido una breve liberación seguida de una nueva detención y reclusión domiciliaria. En todo ese periodo, el exdiputado ha mantenido un llamamiento constante a la movilización y a la lucha por una Venezuela en la que “todos sean libres y se haga justicia”, según cita Europa Press.

El proceso de aprobación de la ley de amnistía y las consecuencias que ha tenido para líderes opositores como Guanipa ha generado debate tanto en el ámbito político venezolano como en la sociedad civil. El exdiputado remarcó que el regreso de los exiliados, el fin de la persecución y la devolución de las organizaciones políticas forman parte de los requisitos para alcanzar una verdadera transición política. También reiteró, de acuerdo con Europa Press, que la movilización basada en la verdad seguirá siendo su compromiso hasta que todos los presos políticos recuperen su libertad y los derechos de la ciudadanía sean plenamente restablecidos.

La postura de Guanipa refleja el malestar de un sector de la oposición venezolana ante la medida de amnistía impulsada por el oficialismo. Para el dirigente, la solución a la crisis institucional y social de Venezuela solo será posible mediante elecciones libres y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral reestructurado y sin injerencias, y mediante la liberación de quienes continúan detenidos por motivaciones políticas.

Arreaza indicó en una entrevista televisada que las solicitudes para conceder medidas de amnistía ya fueron presentadas por el Ministerio Público a los tribunales competentes y que las excarcelaciones (371 presos en Caracas; 5 en Barinas; 2 en Portuguesa y 1 en Monagas) deben concretarse “entre esta noche (viernes) y mañana por la mañana (sábado)”.

Familiares de presos políticos continúan frente a cárceles y centros de tortura del país a la espera de la posible excarcelación de sus allegados. La transición venezolana, liderada en Caracas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ya había concedido libertad condicional a cientos de personas tras la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó previamente que alrededor de 600 personas permanecían detenidas por motivos políticos.

El director de la organización, Alfredo Romero, advirtió que la aplicación de la amnistía “no es automática” y depende de un proceso judicial en tribunales considerados por muchos como un brazo represivo del régimen.

Cabe mencionar que la Asamblea Nacional venezolana formalizó este viernes la instalación de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Amnistía.

La comisión está presidida por Arreaza y cuenta con la opositora Nora Bracho en la vicepresidencia, y tendrá la facultad de revisar casos no contemplados inicialmente en la normativa.

En su primer día de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente e inició contactos con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar demoras en la tramitación de las solicitudes. Delcy Rodríguez exigió celeridad para revisar los casos “no contemplados”, y la comisión asumió el compromiso de vigilar que se cumpla el plazo de quince días para responder cada petición de amnistía.

Arreaza explicó que el mecanismo de seguimiento trabajará por áreas específicas y con un enfoque pedagógico para facilitar la comprensión ciudadana del proceso. Además, aclaró que la comisión no actúa como una instancia paralela a la justicia, sino como un órgano de control político encargado de garantizar la rapidez en todos los procedimientos.

Foro Penal también anunció que presentará ante el Parlamento una lista con 232 casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean contempladas en la reciente Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.

El objetivo de la iniciativa es evitar que personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos queden excluidas de los beneficios legales tras el cambio de gobierno. El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que el documento será entregado a la comisión de seguimiento del Parlamento en cuanto la ley sea publicada en la Gaceta Oficial.

La ley establece que el período cubierto por la amnistía abarca desde 1999 hasta 2026, aunque enumera 13 coyunturas políticas que comienzan en 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos quince de los últimos 27 años, así como todos los casos relacionados con operaciones militares. La propia norma prevé que la comisión pueda recomendar a otros organismos estatales la adopción de medidas alternativas en los casos que analice.

En los últimos años, miles de venezolanos fueron encarcelados bajo acusaciones de conspirar para derrocar a la dictadura de Maduro.

Tras asumir el poder con el aval de Estados Unidos, Rodríguez siguió políticas alineadas con Washington, que actualmente controla las ventas de petróleo venezolano. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que parte de las ganancias generadas por estas ventas será destinada a Estados Unidos.

(Con información de AFP)

Juan Pablo Guanipa estuvo en situación de clandestinidad durante diez meses y tras casi nueve meses en prisión, recuperó la libertad plena. Apenas unas horas antes, la Asamblea Nacional de Venezuela había aprobado la denominada ley de amnistía, un proyecto impulsado bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez. En este contexto, Guanipa manifestó en redes sociales su desacuerdo con la medida y exigió la excarcelación inmediata de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, así como garantizar el regreso seguro de los exiliados, según consignó el medio que reportó los hechos.

El dirigente de Primero Justicia también criticó abiertamente el documento aprobado por el Legislativo, al que calificó como “un documento chucuto”, utilizando la expresión popular venezolana para señalar que la ley resulta deficiente o incompleta. Guanipa aseguró que el texto no es una verdadera amnistía, sino una herramienta para chantajear a ciudadanos inocentes y que, además, excluye a varios opositores que siguen privados de libertad, según detalló el medio que cubrió la noticia.

En su pronunciamiento público, transmitido a través de redes sociales y recogido por la prensa, el exdiputado subrayó que la reconciliación nacional debe construirse sobre una base de verdad, sin recurrir a engaños. “La reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, escribió Guanipa, quien insistió en que la liberación de presos políticos no puede verse como un acto de clemencia, ya que a su juicio, ninguna de esas personas debió haber sido encarcelada. El medio informó que Guanipa llamó la atención sobre el carácter político de las detenciones al afirmar que “la dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano” y concluyó que el Gobierno no logró volver sumisa a la sociedad.

Este mensaje llega luego de que, tras ser liberado de prisión hace cerca de dos semanas, Guanipa fuera vuelto a detener y trasladado a arresto domiciliario, según recordaron distintos portales informativos. Desde su nueva situación de libertad, Guanipa instó a la ciudadanía a unirse y trabajar de manera continua para alcanzar la libertad en Venezuela, mencionando de manera expresa a María Corina Machado y al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia como figuras que acompañan la lucha opositora. Además, transmitió su convicción de que se alcanzará “la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia”, en alusión al Gobierno actual, como documentó el medio original.

María Corina Machado, líder opositora al Gobierno venezolano, aún no se ha referido de manera directa sobre la ley aprobada en las últimas horas, aunque, según reportó la prensa, difundió el mensaje de Guanipa y también el de Pedro Urruchurtu, integrante destacado del partido Vente Venezuela y coordinador de relaciones internacionales del movimiento. Urruchurtu cuestionó que la ley de amnistía representa una maniobra para dar tiempo al oficialismo y para manipular la opinión pública, tildando a los promotores de esta norma de actuar como “criminales”.

Según reseñó el medio, Urruchurtu expresó que las autoridades podrían liberar a los prisioneros políticos por simple decisión propia, y no debido a una ley. “Así como con una orden metieron a miles de inocentes presos, con una orden pueden soltarlos. No liberan a los presos políticos porque no les da la gana, no porque necesiten una ley”, afirmó el líder opositor en palabras recogidas por el medio, enfatizando que la medida agrava la situación de las víctimas, quienes además se ven obligadas a pedir disculpas a quienes considera sus victimarios.

La reciente aprobación de la ley de amnistía por el Parlamento venezolano ha generado ya respuestas críticas entre varios sectores de la oposición. Mientras el oficialismo la presenta como un paso hacia la reconciliación, diversos dirigentes opositores como Guanipa y Urruchurtu insisten en que el gobierno manipula el proceso y no busca promover una reconciliación genuina. El medio reflejó la preocupación por la exclusión de algunos opositores de los beneficios de la ley, así como el llamado continuo por la liberación de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados.

Además, la coyuntura se enmarca en meses de protestas y demandas nacionales e internacionales a favor de la liberación de opositores encarcelados, contexto al que las autoridades venezolanas han respondido con iniciativas legislativas que sectores de la oposición consideran insuficientes. El medio informó las posiciones divergentes entre la dirigencia opositora, que aboga por una reconciliación basada en la reparación y la verdad, y el discurso oficial que destaca la disposición al diálogo y la liberación de algunos prisioneros como un logro en el camino hacia la paz social.

Las reacciones tras la liberación de Juan Pablo Guanipa y la aprobación de la ley de amnistía expresan un clima político convulso en Venezuela, en el que la liberación de opositores y la discusión sobre una posible reconciliación continúan siendo temas centrales en la agenda pública, de acuerdo con el medio que cubrió la información.

En medio de las reacciones frente al fallo judicial, Yoon Suk Yeol expresó su inquietud por la cantidad de funcionarios del Ejército, la Policía y la administración pública que afrontan procesos legales en relación con la declaración de la ley marcial ocurrida en diciembre de 2024. El exmandatario lamentó públicamente el sufrimiento que atraviesan tanto los investigados como sus familias y asumió la responsabilidad exclusiva por la determinación tomada durante su gobierno. Según informó la agencia Yonhap, estas declaraciones se produjeron a raíz de la condena a cadena perpetua impuesta a Yoon por su papel en los acontecimientos.

El viernes, Yoon Suk Yeol defendió públicamente su decisión de instaurar la ley marcial, señalando que su juicio y acción tuvieron como único objetivo proteger los intereses nacionales y servir al pueblo surcoreano. El medio Yonhap detalló que, en un comunicado, el expresidente afirmó: “Mi juicio y decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre fue únicamente por el bien del país y su gente, y su sinceridad y propósito permanecen inalterados”. A pesar de la firmeza en la defensa de su actuación, Yoon dirigió sus “disculpas sinceras al pueblo” por las consecuencias negativas asociadas a sus decisiones, expresando arrepentimiento ante las dificultades y frustraciones sufridas por la ciudadanía.

El exlíder surcoreano profundizó en su mensaje al recalcar que la declaración de la ley marcial buscaba evitar un daño irreparable para la estabilidad del país y defendió que su finalidad era “salvar al país”. No obstante, también admitió fallos durante la aplicación de las medidas adoptadas, enfatizando la responsabilidad que asume por los errores cometidos. En su mensaje, Yoon subrayó la gravedad de las circunstancias que impulsaron su decisión y reiteró la falta de motivaciones personales o políticas ajenas al interés general.

Según publicó Yonhap, Yoon consideró “afortunado” que el tribunal no adoptara la tesis central del fiscal especial, quien alegaba que la ley marcial se declaró únicamente para permitir la proyección de un gobierno a largo plazo. El exmandatario objetó ese punto de vista y manifestó su desacuerdo con la interpretación de los hechos como un conflicto interno de carácter civil por el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional. “Es difícil aceptar la lógica de que se trató de una guerra civil simplemente porque los militares acudieron a la Asamblea Nacional”, afirmó en su mensaje difundido por la agencia.

En el mismo comunicado, Yoon lamentó la situación de “tantos soldados, policías y funcionarios públicos luchando mientras se someten a investigaciones y juicios”, describiendo las emociones y el dolor que atraviesan sus familias ante el proceso judicial. El expresidente reiteró su petición para que estos trabajadores y sus allegados no se vean sometidos a más persecución ni juicios severos derivados de las decisiones adoptadas durante su administración. Así, insistió en presentarse como el responsable principal de las acciones tomadas y buscó desmarcar al resto de los involucrados en el gobierno.

Sobre su caso personal, Yoon Suk Yeol calificó el proceso como una situación donde queda en duda la independencia del sistema judicial y se mostró escéptico respecto a la posibilidad de obtener una sentencia apoyada en la ley y la conciencia. Según reportó Yonhap, el exmandatario expresó serias dudas sobre la utilidad de apelar la decisión y cuestionó el sentido de continuar con la disputa legal dadas las condiciones actuales que, a su juicio, no garantizan un proceso justo.

Las declaraciones del expresidente aparecen en línea con las afirmaciones de su defensa, quienes, en la víspera, habían criticado lo que consideraron como un procedimiento judicial cuyo desenlace ya estaba determinado desde el inicio. De acuerdo con la información de Yonhap, el equipo legal del exgobernante manifestó su intención de persistir hasta agotar todos los recursos disponibles, anunciando su voluntad de apelar. El medio puntualizó que se espera la presentación de la apelación a la sentencia durante la próxima semana.

En suma, el desarrollo del caso Yoon Suk Yeol genera debate sobre la legitimidad de las medidas adoptadas en momentos de crisis, así como sobre la independencia judicial y el futuro de los numerosos funcionarios relacionados con la declaración de la ley marcial norteña de diciembre de 2024, según ha seguido informando la agencia Yonhap y los actores involucrados en el proceso legal.

Durante el acto de ratificación de la recién aprobada ley de amnistía en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instó a revisar los casos que no fueron incluidos en el texto legal, haciendo un llamado a la Comisión de Revolución Judicial, al Parlamento y al Programa de Convivencia Democrática, con el fin de emitir recomendaciones a la mayor brevedad posible. Según lo publicado por la agencia Europa Press, Rodríguez subrayó la importancia de estas revisiones para contribuir al restablecimiento de la convivencia democrática y al ejercicio de la justicia en un país marcado por años de enfrentamientos políticos.

Europa Press detalló que la Asamblea Nacional de Venezuela avaló el jueves, en segunda discusión y por unanimidad, una ley que habilita la liberación de numerosos detenidos por delitos relacionados con trece eventos políticos ocurridos entre 1999 y la fecha de la sanción, salvo en los casos de corrupción, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, así como tráfico de estupefacientes, que quedaron explícitamente excluidos de la medida.

Rodríguez expresó su satisfacción como profesional del derecho ante la aprobación de esta ley, a la que calificó como una oportunidad para que Venezuela recupere un ambiente democrático y pacífico. Según consignó Europa Press, la mandataria defendió que la ley “abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que se despoje del odio [y] de la intolerancia”, y enfatizó que esta legislación debe primar los derechos humanos, el entendimiento y el reconocimiento mutuo.

En su intervención, Rodríguez también se refirió a la necesidad de perdón, tanto desde la óptica de quien lo solicita como de quien lo concede. “Ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía, pero la ley de amnistía también va más allá”, afirmó la presidenta encargada en declaraciones citadas por Europa Press. Manifestó su reconocimiento hacia la madurez política demostrada por quienes impulsaron la iniciativa, que fue tramitada en menos de tres semanas desde su anuncio oficial.

La funcionaria extendió su agradecimiento no solo a los diputados del Parlamento, incluidos los representantes de la oposición, sino también a quienes participaron en el Programa de Convivencia Democrática, por haber realizado un proceso de consulta. Añadió que el apoyo a la ley muestra “un acto de grandeza, de desprendimiento” de quienes promovieron el texto. “Nos estamos desprendiendo de un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, declaró, de acuerdo con Europa Press, y sostuvo que estas decisiones procurarían dejar un legado de paz y de apertura para las generaciones jóvenes.

Al recordar episodios recientes que marcaron la vida política venezolana, la presidenta encargada evocó el ataque realizado por las autoridades estadounidenses el 3 de enero previo, en el que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según relató la propia Rodríguez, este hecho representó “una agresión inédita” y tuvo un fuerte impacto en la conciencia nacional. “Quedará registrado en la historia de nuestra República como una agresión inédita. Yo creo que eso nos tocó el alma, la conciencia como venezolanos de bien”, expresó, según citó Europa Press.

Durante la ceremonia, Rodríguez manifestó satisfacción ante la presencia de actores políticos de las últimas décadas en Venezuela, interpretándolo como una señal de reflexión colectiva y como un paso decidido para mostrar al país y al ámbito internacional la capacidad de la sociedad venezolana para reencontrarse.

La mandataria insistió en que la revisión de los casos no incluidos en la ley debe considerarse una prioridad, con el propósito de “curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y la justicia”. Pidió la implicación de toda la ciudadanía en este análisis y en la búsqueda de justicia, resaltando que esta tarea es una de las grandes virtudes de la República, según consignó el medio.

El texto legal aprobado contempla la amnistía para quienes hayan cometido delitos relacionados con enfrentamientos políticos seleccionados desde 1999, excluyendo aquellos que impliquen corrupción, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas y delitos vinculados al tráfico de drogas. Europa Press subrayó que la iniciativa fue ratificada de forma unánime en la Asamblea Nacional y tras amplias consultas con actores tanto oficiales como de la oposición.

Rodríguez, quien ocupó un papel clave como ministra y fue vicepresidenta bajo el gobierno de Nicolás Maduro, reafirmó en su discurso la importancia de armar consensos para preservar la convivencia democrática. Al hacerlo, puso en valor el trabajo del Parlamento y las consultas públicas que precedieron a la votación.

En el contexto de cambios legales y políticos en Venezuela, la ley de amnistía se presenta como una herramienta para facilitar la liberación de personas detenidas en conflictos políticos de las últimas décadas, aunque dejando fuera aquellos delitos considerados más graves o atentatorios contra los derechos humanos y el sistema jurídico internacional, según ha documentado Europa Press.

Durante la votación del jueves en la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, encargado de la presidencia del órgano legislativo, expresó reconocimiento a la comisión especial y a los diputados que participaron en la reciente aprobación de la ley de amnistía, valorando la disposición y cooperación alcanzadas en el Parlamento. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, los legisladores ratificaron por consenso absoluto el proyecto que permite la liberación de personas sentenciadas por delitos cometidos a partir del año 1999.

Según consignó Europa Press, esta normativa fue impulsada por Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo del Ejecutivo venezolano y promovió la iniciativa legislativa desde finales de enero. Rodríguez, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidenta y ya tenía un papel destacado dentro de la administración de Nicolás Maduro, lanzó la propuesta en un momento marcado por la ausencia del mandatario, quien permanece encarcelado en Nueva York tras su detención por fuerzas estadounidenses tras una operación coordinada en Caracas y la región circundante a comienzos de 2026.

La ley aprobada contempla la excarcelación de personas condenadas por acciones consideradas delictivas durante los últimos veintisiete años, desde 1999 hasta la fecha. El texto, reportó Europa Press, no encontró objeciones entre los diputados, quienes, durante la sesión, mostraron unidad y apoyo total al documento final, que pasó por varias fases de revisión por parte de la comisión especial designada para su elaboración y debate.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, según detalló Europa Press, buscó desde el anuncio inicial del proyecto un consenso amplio, basándose en el contexto político y social del país. La medida, impulsada poco después de que asumiera el poder ante la detención de Maduro, se presentó como una vía para propiciar la reconciliación y aliviar tensiones acumuladas en el entorno político venezolano en las últimas décadas.

El dirigente parlamentario Jorge Rodríguez, en su intervención durante la sesión plenaria recogida por Europa Press, agradeció de forma explícita tanto el esfuerzo de los integrantes de la comisión especial como la colaboración y el diálogo mantenido entre los distintos bloques de la Asamblea Nacional, subrayando el espíritu de convivencia que reflejó el proceso.

La propuesta de amnistía, anunciada por Rodríguez hacia el cierre de enero, recibió en las semanas siguientes varias modificaciones derivadas de las discusiones internas en la Asamblea Nacional. La iniciativa nació en un contexto en el que se buscaba responder a demandas tanto de familiares de detenidos como de agrupaciones sociales que han venido solicitando desde hace años la revisión de casos y sentencias relacionadas con protestas, manifestaciones y otros episodios registrados a partir de 1999.

Además, el hecho de que la cámara dirigida por Jorge Rodríguez aprobara la medida sin votos en contra ni abstenciones, destacó Europa Press, evidencia un consenso inusual en el contexto legislativo venezolano reciente. El proceso de redacción y discusión de la ley implicó el trabajo conjunto de diversas fracciones parlamentarias, las cuales, en el transcurso de los debates, aceptaron modificaciones y observaciones para asegurar una adhesión total al texto final.

Con la ratificación de esta normativa, el Parlamento venezolano establece un mecanismo legal para revisar expedientes judiciales correspondientes a delitos ocurridos en el extenso lapso considerado, lo que abre la puerta a la excarcelación de individuos procesados por causas diversas durante los distintos ciclos políticos vividos en Venezuela en los últimos veintisiete años.

Por otra parte, la situación de Nicolás Maduro, quien según Europa Press permanece privado de libertad en Estados Unidos tras una operación internacional encabezada por Washington en el primer trimestre de 2026, siguió influyendo en la dinámica del poder ejecutivo. Ante esa coyuntura, Delcy Rodríguez tomó protagonismo tanto en el ámbito institucional como ante la opinión pública, promoviendo la aprobación de una legislación que marca un hito en el período post-1999, al ampliar el margen de reconciliación para actores políticos y sociales.

La decisión legislativa se produce después de varios episodios de tensión política en Venezuela y tras llamados internos y externos para la liberación de personas consideradas presas políticas o sentenciadas en juicios relacionados con la conflictividad social del país. Europa Press apuntó que, además del respaldo unánime, la aprobación de la ley se vio acompañada por intervenciones de distintos miembros del Parlamento que coincidieron en la necesidad de sellar acuerdos que permitan estabilizar el clima político y social.

En suma, el acto legislativo plantea la excarcelación de quienes fueron condenados por hechos ocurridos en el periodo posterior a la instauración de la llamada Revolución Bolivariana, abarcando gobiernos bajo la presidencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según detalló Europa Press, la ley representa una de las primeras iniciativas de alto impacto emprendidas por Delcy Rodríguez tras su nombramiento como presidenta encargada, en medio de una coyuntura institucional marcada por la detención y ausencia de Maduro.

El medio Europa Press reportó que la aprobación de la ley no solo tiene implicaciones para detenidos y sus familias, sino que también constituye un gesto político en el camino hacia eventuales procesos de diálogo y pacificación dentro del país. Ningún diputado tomó la palabra para expresar reservas respecto al contenido ni al alcance de la normativa, reflejando un nivel de acuerdo pocas veces visto en los debates parlamentarios recientes.

La iniciativa contó con el acompañamiento de distintos organismos dentro del Estado, incluyendo equipos técnicos y asesores jurídicos que participaron en la confección del texto final. Europa Press indicó que los próximos pasos tras la aprobación legislativa comprenden la implementación del procedimiento para la revisión de causas, con la coordinación de las autoridades judiciales y administrativas competentes, conforme a las disposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional.

El traslado de 10 jóvenes bajo custodia del Estado al Hogar María Auxiliadora de Chitré, provincia de Herrera, generó reacciones en la comunidad azuerense y motivó un pronunciamiento del padre José Héctor González, párroco de la Catedral de Chitré, quien durante un servicio religioso expresó preocupación por el impacto de la medida en la misión original del centro y en las estudiantes provenientes de zonas rurales que residen en el albergue para continuar sus estudios.

El sacerdote afirmó que no se debe “resolver un problema abriendo otro hueco”, en referencia al desplazamiento de alumnas que tradicionalmente ocupaban esas instalaciones.

Durante su mensaje, trasmitido por internet, el religioso destacó que el Hogar María Auxiliadora cuenta con más de 90 años de labor social, centrada en brindar albergue y apoyo educativo a niñas de familias del interior agrícola, especialmente de la región de Azuero. En ese contexto, sostuvo que la reubicación de los jóvenes generó la salida de algunas estudiantes, lo que calificó como una situación dolorosa para la comunidad.

“No se soluciona un problema abriendo otro hueco”, reiteró, al pedir que las autoridades evalúen alternativas que no afecten el propósito fundacional del centro.

El sacerdote también aclaró que su postura no implica rechazo a la atención de los jóvenes trasladados, sino un llamado a buscar soluciones integrales.

“No estamos en contra de esos enfermos, merecen la mejor atención”, expresó, pero insistió en que el hogar fue creado con una finalidad distinta y que el Estado podría habilitar otros espacios para atender la emergencia sin alterar la dinámica educativa del albergue. En ese sentido, cuestionó que una institución con trayectoria comunitaria se utilice para resolver una crisis sin considerar sus efectos colaterales.

El origen del caso se remonta a la visita realizada por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral de Tocumen, un recorrido encabezado por la diputada Alejandra Brenes, presidenta de la comisión. Tras esa inspección, se activó una secuencia institucional que derivó en cuestionamientos sobre el funcionamiento del centro y las condiciones de atención de los jóvenes bajo custodia estatal.

Una semana después de la visita, la diputada Brenes presentó una denuncia formal que amplió el debate público sobre la situación de los albergues y abrió la puerta a investigaciones administrativas y judiciales.

El proceso continuó con un nuevo paso legislativo cuando, una semana más tarde, el pleno de la Asamblea Nacional logró aprobar la citación a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para responder un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la gestión de los centros de atención.

La citación se concretó tras dos intentos fallidos que fueron bloqueados por partidos políticos, lo que elevó la tensión en el debate parlamentario sobre el sistema de albergues. Aunque la Asamblea aprobó la comparecencia, hasta el momento no existe fecha definida para que la ministra Carles se presente ante el Legislativo, lo que mantiene el tema en desarrollo dentro del ámbito político e institucional.

El cuestionario aprobado por la Asamblea incluye interrogantes sobre cantidad de albergues activos, procesos de supervisión, sanciones impuestas, perfiles del personal, contratación, auditorías internas, denuncias registradas, medidas correctivas y protocolos de protección.

Las preguntas buscan determinar responsabilidades institucionales desde julio de 2024 hasta la fecha, periodo en el que se habrían acumulado alertas sin respuestas contundentes.

Entre los puntos clave, se solicita información sobre denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales, procedimientos disciplinarios, irregularidades administrativas, procesos judiciales en curso y seguimiento a víctimas.

En paralelo al proceso legislativo, el Ministerio Público realizó una inspección al Centro de Atención Integral de Tocumen, diligencia que derivó en la orden de traslado de los 10 jóvenes mientras continúan las investigaciones.

La medida fue presentada como una acción de protección temporal orientada a garantizar condiciones adecuadas de atención, en tanto se esclarecen los hechos que motivaron la intervención estatal.

El padre González señaló que varias jóvenes provenientes de comunidades agrícolas debieron ser reubicadas, lo que, a su juicio, afecta el acceso a oportunidades educativas que el hogar ha facilitado durante décadas. “¿Por qué tiene que ser un hogar que tanto bien ha hecho?”, cuestionó durante su intervención.

El caso continúa en evolución mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público y el seguimiento legislativo al sistema de albergues.

Edmundo González, excandidato presidencial venezolano, enfatizó que una ley de amnistía no debe convertirse en sinónimo de impunidad. De acuerdo con información de Europa Press, el dirigente de la oposición planteó que cualquier legislación orientada a liberar a personas detenidas por motivos políticos debe sustentarse en reglas claras, justicia y garantías institucionales. A través de un mensaje difundido en redes sociales, González sostuvo que la reconciliación solo será posible si una eventual medida de amnistía cumple condiciones esenciales: la garantía de que no vuelva a haber persecuciones por razones políticas, el retorno seguro de quienes salieron del país, el reconocimiento de la verdad de los hechos, reparación a las víctimas y la existencia de garantías firmes para evitar que situaciones similares se repitan.

La declaración de González surge en un contexto donde la Asamblea Nacional continúa con el debate de un proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según lo reportó Europa Press, el texto ha sido criticado por organizaciones no gubernamentales al exigir a las personas beneficiadas que reconozcan delitos que aseguran no haber cometido.

El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática contempla la excarcelación de quienes hayan sido encarcelados desde 1999 por motivos políticos, aunque hasta el momento los diputados solo han aprobado seis de trece artículos. La votación se vio interrumpida en el séptimo artículo, debido a profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición. Este punto plantea que quienes reciban el beneficio deberán “ponerse a derecho”, es decir, comparecer ante las autoridades competentes para reconocer los presuntos delitos. Europa Press detalló que, en la práctica, esto supondría que personas exiliadas por persecución política necesitarían regresar al país y presentarse ante la Justicia, una exigencia rechazada por muchos de los potenciales beneficiarios y sus familias.

Mientras avanza la discusión parlamentaria, familiares de personas catalogadas como presos políticos mantienen manifestaciones en las inmediaciones de centros de detención, incluida una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. Europa Press consignó que algunos familiares iniciaron una huelga de hambre el pasado sábado, exigiendo condiciones claras y transparencia en el proceso legislativo y en la eventual liberación de los detenidos. Las protestas y la presión social se mantienen vigentes, con demandas orientadas a la restitución de derechos y a que la ley permita una verdadera reconciliación.

La iniciativa legislativa se desarrolla bajo un clima de tensión política, marcada por la desconfianza entre las diferentes fuerzas y la estrecha vigilancia internacional sobre el comportamiento de las instituciones del Estado venezolano. Europa Press indicó que los sectores opositores insisten en evitar cualquier interpretación de la amnistía que signifique perdón automático o falta de responsabilidad, mientras que el oficialismo promueve la versión actual del proyecto como un medio para alcanzar la estabilidad y la convivencia democrática.

González reiteró que la amnistía debe corresponder con la visión de país que aspiran a reconstruir los venezolanos, señalando que se trata de una medida específica que debe abarcar a todo el país, no solo a una facción. Añadió que esta legislación debe contemplar la legalidad técnica necesaria, pero también reflejar el espíritu de una nación en busca de soluciones integrales a la crisis política.

El debate continúa abierto, mientras en la Asamblea Nacional persiste la falta de acuerdo sobre la redacción definitiva del artículo siete y mientras varios sectores mantienen la exigencia de condiciones transparentes y participativas en la definición de la normativa, reportó Europa Press. Las protestas de familiares de presos políticos y la presión internacional se suman como factores clave en un proceso legislativo que sigue sin una resolución definitiva.

Una manifestación convocada por grupos de ultraderecha, encabezada por la organización Unión por la Libertad, está programada tras el fallo emitido por el tribunal de Seúl, que condenó al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por su responsabilidad en la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. La noticia, difundida por el diario surcoreano The Korea Times, describe cómo la Corte concluyó que Yoon lideró una insurrección al ordenar el despliegue de fuerzas armadas hacia la Asamblea Nacional, en un intento de impedir una votación legislativa que anulaba su decreto.

Según informó The Korea Times, los jueces determinaron que la actuación de Yoon violó la autoridad del Parlamento y cumplía con la definición legal de insurrección establecida en el Código Penal surcoreano. Este código prevé para ese delito tres posibles condenas: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados. Aunque la Fiscalía solicitó la pena capital, el tribunal optó por la reclusión vitalicia, argumentando que tomó en cuenta diversos factores para fijar la sentencia.

Durante la lectura del veredicto, retransmitida en directo por televisión y en presencia del propio exmandatario, se reforzó la seguridad en los alrededores del tribunal, ubicados en la ciudad de Seúl. De acuerdo con la información recogida por The Korea Times y ampliada por la agencia Yonhap, tanto partidarios como detractores del expresidente se congregaron en la zona, expresando reacciones opuestas al fallo judicial.

La argumentación de la Fiscalía, según consignó The Korea Times, sostuvo que Yoon actuó en colaboración con altos cargos del Ejecutivo, incluido el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, para establecer la ley marcial sin que existieran las condiciones constitucionales que lo justificaran. La acusación enfatizó que el despliegue de militares al Parlamento, junto con intentos de detener a políticos y miembros de la comisión electoral, constituyeron una infracción grave del orden constitucional. La petición fiscal reclamaba la pena de muerte en vista de la “gravedad de la violación”.

El exmandatario, durante su última intervención ante el tribunal, defendió que la decisión buscaba prevenir lo que consideraba una crisis nacional y negó tener la intención de subvertir el orden constitucional. Sus abogados argumentaron que la declaración de la ley marcial se encontraba dentro de las facultades presidenciales, pero el tribunal descartó estos argumentos y definió tanto la acción como la orden de Yoon como un caso de insurrección.

La condena contra Yoon sucedió a un proceso de destitución tras la anulación por la Asamblea Nacional de la ley marcial que él decretó en diciembre de 2024. El Parlamento aprobó una resolución exigiendo el retiro inmediato de la medida, lo que derivó en sucesivas votaciones legislativas y finalizó en abril de 2025 con la confirmación del impeachment por el Tribunal Constitucional, según detalló The Korea Times.

El desarrollo de este caso incluyó también la condena a otros miembros del gabinete de Yoon. Reportó The Korea Times que una semana antes de la sentencia al expresidente, el exministro del Interior Lee Sang Min fue sentenciado a siete años de prisión por su papel en facilitar la declaración de la ley marcial. El tribunal estableció que Lee desempeñó un papel esencial en la tentativa de insurrección, tras considerar probado que ordenó a la Policía y a los Bomberos cortar servicios básicos a medios críticos y bloquear agencias clave para consolidar la imposición del decreto. También lo declaró culpable de falso testimonio tras negar bajo juramento haber emitido o recibido esas órdenes, aunque fue absuelto de ciertos cargos vinculados a abusos en la jefatura de los Bomberos. El exministro expuso su intención de apelar la sentencia.

El ex primer ministro Han Duck Soo fue otro alto funcionario condenado en relación con estos hechos, recibiendo en enero una pena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de insurrección por su participación en la imposición de la ley marcial, según consignó The Korea Times.

Otros antecedentes penales afectan al propio Yoon, quien previamente había recibido cinco años de cárcel por delitos como obstrucción a la justicia —relacionados con maniobras para evitar su detención—, abuso de poder y falsificación o destrucción de documentos oficiales durante el proceso que siguió a la declaración de la ley marcial.

La rápida respuesta de la Asamblea Nacional fue clave en la anulación de la ley marcial. Horas después de la firma del decreto presidencial, los legisladores votaron para revocar la medida, lo que provocó la serie de procesos judiciales y políticos que concluyeron con la destitución y condena de Yoon Suk Yeol.

El medio The Korea Times ha subrayado la relevancia de la sentencia y el ambiente de tensión política en Corea del Sur, donde actores clave del anterior gobierno enfrentan procesos penales y sentencias vinculadas con violaciones al orden constitucional en uno de los momentos de crisis institucional más destacados del país en los últimos años.

La decisión del tribunal surcoreano incluyó la consideración de varios factores antes de establecer la condena definitiva para el expresidente Yoon Suk Yeol, quien fue declarado culpable de liderar una insurrección tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024. Según ‘The Korea Times’, la corte determinó que las acciones de Yoon se ajustaban a la definición legal de insurrección, aunque rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer la pena de muerte y optó por una sentencia de cadena perpetua.

De acuerdo con la información publicada por ‘The Korea Times’, las autoridades judiciales argumentaron que la declaración de la ley marcial por parte del entonces presidente violó la autoridad legislativa del Parlamento surcoreano. El tribunal subrayó que Yoon ejerció un liderazgo directo en lo que definieron como una insurrección, al implementar un decreto que alteró el orden constitucional. Los jueces señalaron que, según el Código Penal de Corea del Sur, el delito de encabezar un acto de insurrección puede conllevar tres tipos de sanción: pena capital, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzosos.

La ley marcial, instaurada en diciembre de 2024, no permaneció vigente durante mucho tiempo. La Asamblea Nacional intervino horas después y aprobó una resolución que exigió la inmediata retirada de la medida. Esta respuesta del órgano legislativo impidió que el decreto continuara alterando el funcionamiento democrático del Estado. Posteriormente, el Parlamento adoptó una postura aún más firme y, en las semanas siguientes, votó a favor de destituir a Yoon Suk Yeol de la presidencia.

El proceso de destitución se formalizó cuando el Tribunal Constitucional examinó el caso y confirmó el impeachment en abril de 2025. A partir de ese fallo, Yoon fue oficialmente cesado en su cargo. Según detalló ‘The Korea Times’, el tribunal que juzgó al exmandatario explicó que, si bien se reconocieron todos los elementos constitutivos del delito de insurrección, en la determinación de la pena influyeron otras consideraciones cuya naturaleza no fue divulgada en su totalidad.

El juicio al expresidente se produjo después de un periodo de gran tensión política dentro del país asiático, marcado por el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. La declaración de la ley marcial por parte de Yoon, según reportó ‘The Korea Times’, generó un inmediato rechazo en la Asamblea Nacional y entre diversos sectores de la sociedad surcoreana. El episodio condujo al procesamiento judicial del exlíder, convirtiéndose en uno de los casos recientes más relevantes relacionados con el control institucional y democrático en Corea del Sur.

Con el fallo, el expresidente Yoon Suk Yeol recibió condena perpetua, indicador del impacto que tuvo la crisis política provocada por la imposición de la ley marcial y su rápida anulación parlamentaria. Las implicaciones de esta sentencia, según subraya la cobertura de ‘The Korea Times’, residen en el precedente judicial y político que establece ante las tensiones entre los poderes del Estado en Corea del Sur.

El proyecto de ley de amnistía impulsado en Venezuela ha generado fuerte rechazo entre activistas, ONG y familiares de personas detenidas por motivos políticos, quienes advierten que el texto obliga a reconocer hechos que los presos niegan haber cometido, como condición para acceder al beneficio. Según publicó el medio de origen, la iniciativa legislativa elaborada desde el oficialismo ha motivado protestas y huelgas de hambre frente a centros de detención en Caracas, donde familias y miembros de la oposición han demandado la liberación y denunciado el deterioro del estado de salud de los reclusos.

El Parlamento venezolano, presidido por Jorge Rodríguez, retomará este jueves el debate en segunda lectura del denominado "Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", una propuesta surgida a iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De acuerdo con el medio citado, la discusión de la ley se había aplazado previamente debido a controversias surgidas entre las fuerzas oficialistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes rechazan que el acceso a la amnistía esté supeditado a la admisión de hechos y delitos desde 1999, tal como establece el texto respaldado por el gobierno.

Mientras el debate en la Asamblea Nacional sigue en agenda para las 16:00 horas (hora local), familiares de presos políticos permanecen concentrados en las afueras de sedes penitenciarias y centros de detención, entre ellas una instalación de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7, ubicada en Caracas. Desde el sábado pasado, algunos de los manifestantes han iniciado una huelga de hambre, como medida de presión para exigir la liberación de sus allegados, lo que ha derivado en complicaciones de salud en parte de los participantes.

Marcos Velazco, dirigente de la organización opositora Vente Venezuela, informó el miércoles sobre la situación de Mariana Escalona, esposa de su padre Julio Velazco, quien sufrió problemas de salud tras más de 100 horas en huelga de hambre y debió recibir atención médica en un ambulatorio cercano. Velazco declaró a través de redes sociales que, a su juicio, "esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados".

Adicionalmente, la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) solicitó a la Fiscalía General la designación inmediata de un funcionario con especialización en derechos humanos para que asista a los centros de detención y recabe de manera directa los testimonios de las víctimas, constate el deterioro físico y psicológico de los privados de libertad y, en función de ello, inste a las autoridades a ordenar la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos por razones políticas tanto en Boleíta como en la Zona 7. Según reportó el medio original, el CLIPPVE denunció que un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional no habría proporcionado información relevante a los familiares sobre la situación de los reclusos en ese recinto penitenciario.

El comunicado difundido por CLIPPVE subrayó además que, desde la perspectiva de los activistas, la Fiscalía General dispone legalmente tanto de las facultades como de la responsabilidad constitucional para salvaguardar la vida y la integridad de los prisioneros y de sus familias, especialmente cuando se registra un agravamiento de las condiciones de salud motivado por la prolongación del encarcelamiento y la falta de respuestas institucionales.

El medio detalló que la ley de amnistía objeto del debate abre formalmente la posibilidad de excarcelar a personas acusadas de cometer delitos desde 1999, en coincidencia con los límites temporales establecidos por el gobierno venezolano. No obstante, la exigencia de que los beneficiarios reconozcan conductas que afirman no haber realizado ha generado tensiones y resistencia dentro del movimiento de derechos humanos y entre la sociedad civil.

Las protestas y manifestaciones de familiares frente a las instalaciones penitenciarias, así como el llamado de las organizaciones a una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales, marcan el contexto de la discusión parlamentaria, mientras continúa el debate sobre los alcances y limitaciones del proyecto de ley impulsado por la administración de Delcy Rodríguez.

La situación de los reclusos políticos y las denuncias de deterioro en sus condiciones de salud permanecen en el centro de la atención pública, según reiteró el medio consultado, lo que ha intensificado la presión hacia las instituciones del Estado venezolano ante el inminente debate legislativo sobre la amnistía.

La aprobación en primer debate del proyecto de ley 328 marca un nuevo intento por ordenar y transparentar el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en el sistema educativo oficial de Panamá. La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por irregularidades administrativas detectadas en estos organismos y busca establecer reglas claras sobre el manejo de fondos y la rendición de cuentas.

La propuesta legislativa pretende crear un marco legal unificado que regule la organización, atribuciones y responsabilidades de estas agrupaciones, consideradas actores clave en el apoyo a la gestión escolar.

El proyecto define a las asociaciones de padres de familia como organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, integradas por acudientes de estudiantes, cuyo objetivo es colaborar con la comunidad educativa y velar por el bienestar de los educandos.

El documento también resalta que la normativa vigente, basada en decretos de la década de 1980, presenta vacíos legales que han permitido prácticas administrativas cuestionadas.

Entre las irregularidades identificadas figuran gastos injustificados, falta de informes financieros, retiros de dinero sin respaldo documental y ausencia de controles internos, lo que ha afectado la confianza de la comunidad educativa.

Las estadísticas incluidas en la exposición de motivos evidencian el comportamiento de los procesos investigativos relacionados con estas asociaciones. El informe señala que el 34.65% de los casos termina archivado, el 46.53% permanece en fase de investigación, apenas 1% llega a sentencia y otro 1% es remitido a jueces de paz, lo que refleja dificultades en la fiscalización y resolución de denuncias.

Los datos reflejan el alcance de las investigaciones vinculadas a asociaciones de padres de familia. El documento contabiliza 101 casos y ubica a Panamá Oeste como la región con mayor concentración, con 28.71%, seguida por Coclé con 16.83%, mientras Chiriquí y Panamá registran 15.84% cada una.

En la evolución por año, las denuncias aumentaron con fuerza en 2023 y 2024, cuando se reportaron 50 casos en ese bienio, una tendencia que el propio registro describe como “en aumento”.

Ante este escenario, el proyecto introduce mecanismos orientados a fortalecer la transparencia y la supervisión. La iniciativa establece la obligación de presentar informes semestrales y anuales de gestión ante la asamblea general, considerada la máxima autoridad de estas organizaciones, con decisiones de obligatorio cumplimiento para sus miembros.

Además, la propuesta contempla la creación de un comité de fiscalización con participación del Consejo de Delegados, encargado de supervisar el uso de los recursos y garantizar el cumplimiento de las normas internas. También se plantea la obligación de resguardar la documentación oficial en archivos físicos o digitales dentro del centro educativo, reforzando la trazabilidad de las operaciones financieras.

La diputada Patsy Lee, promotora del proyecto, explicó que la iniciativa busca mejorar la organización escolar y fortalecer la rendición de cuentas. Según la legisladora, la norma permitirá un manejo transparente de los fondos aportados por los padres, con controles que aseguren que los recursos se destinen directamente al beneficio de los estudiantes.

El proyecto igualmente incorpora disposiciones relacionadas con la participación democrática dentro de las asociaciones. Se promueve la elaboración de planes de acción, aprobación de gastos extraordinarios y adopción de reglamentos mediante mecanismos participativos, con el objetivo de fortalecer la gobernanza interna.

Otro de los elementos relevantes es la alineación del proyecto con la Constitución panameña. La propuesta desarrolla los artículos 91 y 95, vinculados al derecho a la educación y a la participación de la comunidad en el proceso educativo, lo que refuerza su sustento jurídico.

En su exposición de motivos, el documento destaca el papel histórico de las asociaciones de padres de familia en el apoyo a la educación pública. Estas organizaciones han contribuido a la mejora de infraestructuras escolares, actividades curriculares y extracurriculares, así como a la provisión de apoyos logísticos, lo que las convierte en un componente estratégico del sistema educativo.

Sin embargo, la falta de actualización normativa ha generado inconsistencias que motivaron la presentación del proyecto. La iniciativa plantea que un marco regulatorio moderno permitirá fortalecer la confianza, mejorar la fiscalización y garantizar que la gestión de estas asociaciones responda a criterios de transparencia y responsabilidad.

La aprobación en primer debate representa el inicio del trámite legislativo, que deberá continuar con su discusión en segundo y tercer debate antes de convertirse en ley. De concretarse, la norma redefiniría el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia y establecería nuevos estándares de control en el manejo de recursos escolares.

El arresto de Robin Michel, colaborador del diputado Raphael Arnault, por presunta complicidad al dar cobijo a un implicado en el caso de la muerte de Quentin Deranque, marca una nueva fase en las investigaciones sobre el fallecimiento del joven ultraderechista en Lyon. Según informó France Info citando al fiscal de Lyon, Thierry Dran, Michel figura entre los detenidos por su presunto papel en los hechos ocurridos durante enfrentamientos entre activistas antifascistas y militantes ultraderechistas.

De acuerdo con lo publicado por France Info, el arresto de Michel se suma al de Jacques-Elie Favrot, principal asistente parlamentario de Arnault, quien fue detenido bajo sospecha de homicidio voluntario. Aunque Michel no se encuentra entre los seis principales sospechosos, su detención ha sido motivada por el supuesto alojamiento proporcionado a una de las personas relacionadas directamente con la muerte de Deranque. La policía detuvo la noche del martes a nueve personas en total, y en las siguientes horas otras dos fueron arrestadas en relación con los enfrentamientos que resultaron fatales para Deranque.

El fiscal Dran explicó que las investigaciones apuntan a la existencia de una red de apoyo y protección a los presuntos implicados, lo que ha ampliado el foco de la pesquisa más allá de quienes participaron directamente en la confrontación. El caso, que involucra tanto a allegados a agrupaciones antifascistas como a colaboradores cercanos de figuras políticas, ha tensado el clima político en Francia.

France Info consignó que, en medio de la investigación, la respuesta política no tardó en intensificarse. El presidente del partido de ultraderecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, responsabilizó públicamente al movimiento antifascista "Joven Guardia", calificándolo de "brazo armado" de La Francia Insumisa (LFI), partido de Arnault. Bardella pidió la renuncia de Arnault, a quien atribuyó una supuesta "responsabilidad moral" ante la muerte de Deranque. En sus declaraciones reproducidas por France Info, Bardella sostuvo: "En una democracia como Francia, no se puede tolerar ninguna forma de violencia, ninguna intimidación, ninguna presión sobre el proceso electoral, ningún llamamiento a la insurrección", señalando además que el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, no mostró arrepentimiento y se está presentando como víctima pese al fallecimiento del joven.

Entre las demandas planteadas tras el incidente, Bardella también solicitó la implementación de un "cordón sanitario" para aislar a La Francia Insumisa tanto de la Asamblea Nacional como de las próximas elecciones municipales previstas para marzo. Esto, según lo recolectado por France Info, responde a un contexto de polarización y tensión en el espacio político francés, agravado por el trágico desenlace del enfrentamiento.

Adicionalmente, la sede central de LFI experimentó un episodio de emergencia cuando fue evacuada tras recibir una amenaza de bomba en la mañana del miércoles. El coordinador nacional del partido, Manuel Bompard, confirmó el incidente según declaraciones recogidas por France Info, sumándose así a un ambiente marcado por denuncias cruzadas, procedimientos judiciales y amenazas que agravan el debate político tras el caso Deranque.

Mientras continúa el proceso de investigación, las autoridades mantienen a los sospechosos bajo custodia y amplían las pesquisas para determinar el alcance de las redes de apoyo entre los círculos políticos y activistas implicados. Las detenciones y los episodios vinculados a esta causa han acentuado el debate sobre los límites de la acción política y las respuestas institucionales frente a la violencia motivada por la confrontación ideológica en Francia.

La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela ha recibido atención internacional tras una reciente serie de excarcelaciones. Según detalló Human Rights Watch (HRW), alrededor de 400 personas fueron liberadas a principios de enero, conforme reportan organizaciones venezolanas de derechos humanos. Sin embargo, HRW subraya que aproximadamente 600 individuos permanecen detenidos por motivaciones políticas y considera que estos gestos, aunque significativos, no modifican las estructuras que permiten la represión, reclamando transformaciones de fondo en el sistema institucional del país. La organización, expresó, además, que cualquier intento de reforma insuficiente equivaldría a una “transición simulada” que no respondería a las demandas reales de la ciudadanía venezolana.

De acuerdo con HRW, el Gobierno venezolano, ahora bajo la conducción de Delcy Rodríguez tras asumir sus funciones en enero, debe proceder al desmantelamiento total del “aparato represivo”. El comunicado, difundido por la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, urge la aplicación de reformas “reales” tanto en el sistema electoral como en el judicial, enfatizando la necesidad de cesar en el cargo al fiscal general, Tarek William Saab, por su papel central en la estructura represiva del Estado, especialmente después de las elecciones presidenciales realizadas en julio de 2024. El medio subraya que la permanencia de Saab resulta incompatible con cualquier intento serio de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho en Venezuela.

El texto distribuido por HRW puntualiza que las autoridades venezolanas continúan manteniendo un sistema represivo encargado de las detenciones, a pesar del reciente proceso de excarcelaciones. La ONG advierte sobre el debate en la Asamblea Nacional en torno a una ley de amnistía que, bajo el análisis de HRW, no garantiza la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Juanita Goebertus declaró, según HRW, que la discusión en torno a este proyecto no debe convertirse en motivo para demorar la excarcelación ni para posponer reformas estructurales que permitan recuperar la democracia en el país. El oficialismo ha argumentado que esta legislación podría facilitar la liberación de quienes han cometido delitos a partir de 1999, pero organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación porque, hasta ahora, la propuesta excluye a varios reclusos y obliga a quienes sean beneficiados a aceptar hechos que refutan.

El análisis de HRW, difundido con base en datos del Foro Penal, una organización venezolana, señala la existencia de casi 19.000 personas detenidas arbitrariamente a lo largo de los últimos años. De ellas, muchas habrían experimentado torturas y tratos degradantes, sumados a la incomunicación y la falta de acceso a defensa legal. HRW asevera que los procesos judiciales masivos, realizados incluso a través de audiencias virtuales, han dejado sin garantías a los afectados. El organismo describe un panorama en el que violaciones generalizadas a los derechos humanos, entre ellas procesos penales carentes de fundamentos, se han impuesto de manera reiterada contra disidentes, periodistas y activistas, fenómeno que, según HRW, se remonta al año 2014.

La ONG responsabiliza tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de Venezuela, alegando que han colaborado en la persistencia de estos atropellos. HRW destaca la reforma judicial de 2004 aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez como un punto de inflexión en la “cooptación” de los organismos que debían velar por la legalidad y la justicia. Por esta razón, la organización demanda a la administración encabezada por Delcy Rodríguez una serie de medidas para restituir la independencia e integridad del sistema judicial, eliminando toda interferencia estatal indebida.

Sobre la figura de Tarek William Saab, el comunicado de HRW es categórico al afirmar que su papel durante la consolidación del aparato represivo, especialmente después de la reelección de Nicolás Maduro, lo hace incompatible con cualquier proceso de reforma profunda. El medio indica que las denuncias de fraude en dichos comicios provenientes de la oposición y parte importante de la comunidad internacional intensificaron los señalamientos contra la administración de justicia, detallando que la presencia de Saab al frente del Ministerio Público constituye un obstáculo para el respeto a los derechos elementales de la ciudadanía.

Además de los puntos relativos a la justicia, Human Rights Watch ha reclamado cambios significativos en la organización de los procesos electorales. De acuerdo con HRW, el Gobierno debe generar condiciones que “permitan elecciones libres y justas”, lo que implica revisar la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la organización de derechos humanos, el actual CNE impidió la participación de candidatos opositores como María Corina Machado, y sus miembros avalaron la reelección de Maduro, lo que, según activistas y adversarios políticos, cuestiona la legitimidad de los comicios.

A lo largo del comunicado, HRW sostiene que cualquier cambio que no implique la transformación efectiva de las instituciones represivas solo beneficiaría a las autoridades venezolanas y posiblemente a los intereses del gobierno estadounidense, sin traducirse en avances materiales para los derechos del pueblo. Según consignó HRW, el impacto de los procedimientos represivos continúa manifestándose en la cotidianidad de numerosas familias venezolanas que esperan la liberación de sus allegados y la restauración de un espacio político libre para ejercer la disidencia.

El medio hace hincapié en la dimensión estructural de los desafíos que enfrentan actualmente los defensores de derechos humanos y la ciudadanía venezolana en general. HRW pone como ejemplo las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y la cooptación de los poderes públicos como problemáticas que demandan soluciones de carácter inmediato, estructural y duradero.

Las demandas que HRW presenta al Ejecutivo de Delcy Rodríguez se sintetizan en la exigencia de liberar a la totalidad de los presos políticos de manera incondicional, culminar con la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, garantizar la independencia del sistema judicial, reformar el sistema electoral y remover a quienes, según la ONG, han conducido y perpetuado la política represiva del Estado venezolano en los últimos años.

El Ministerio de Desarrollo Social informó del traslado de 10 jóvenes del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora en Chitré, provincia de Herrera, en cumplimiento de una medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, tras una inspección realizada la semana pasada en ese albergue.

La decisión se produce en medio de una investigación en curso por presuntas irregularidades y denuncias de maltrato, que comenzaron tras una visita de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Brenes, al centro ubicado en Tocumen.

Esa inspección legislativa derivó en la presentación de una denuncia formal, lo que motivó la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público.

De acuerdo con el comunicado oficial del Mides, la acción responde a una medida de protección destinada a salvaguardar la integridad, el bienestar y la atención especializada de los jóvenes, todos mayores de edad y en condición de discapacidad.

El traslado fue coordinado con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad que tenía bajo su responsabilidad la atención de esta población.

El Hogar María Auxiliadora, ubicado en la provincia de Herrera, se encontraba desocupado debido a que su población regular —23 adolescentes estudiantes— no está en período escolar.

Las autoridades indicaron que la medida tiene carácter temporal, mientras se gestiona una solución especializada y multidisciplinaria acorde con las necesidades de los jóvenes trasladados.

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la Junta Directiva de la Senniaf, Beatriz Carles de Arango, se trasladó personalmente al centro receptor para verificar las condiciones de atención.

Según el comunicado, se articuló de inmediato con el Ministerio de Salud el envío de un equipo médico, que evaluó a cada uno de los jóvenes tras su llegada a Chitré.

El traslado ocurre en un contexto de creciente presión institucional. La semana pasada, el procurador general realizó una inspección en el CAI de Tocumen, tras las denuncias presentadas por la diputada Brenes.

Posteriormente, el Ministerio Público anunció la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades, mientras que la Junta Directiva del Mides reiteró su compromiso de garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia bajo tutela del Estado.

En paralelo, la Asamblea Nacional avanzó en el control político. Después de dos intentos fallidos, diputados independientes lograron aprobar la citación de la ministra Beatriz Carles ante el pleno, para que rinda explicaciones sobre la situación en los albergues bajo supervisión estatal.

La fecha de comparecencia está pendiente de ser fijada, pero el cuestionario aprobado incluye 42 preguntas relacionadas con protocolos de supervisión, condiciones de infraestructura, personal especializado, auditorías internas y medidas adoptadas tras las denuncias.

Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación ante alertas tempranas y la garantía de derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.

También deberá detallar las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público. El cuestionario aprobado va más allá de cifras y consolidados estadísticos, y exige respuestas sobre los protocolos institucionales existentes para prohibir castigos físicos, psicológicos y otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como detalles sobre las condiciones físicas, estructurales y técnicas que los albergues deben cumplir conforme a la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos.

También se le pide explicar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas faltas en la atención de menores, y qué acciones concretas se han adoptado para prevenir nuevos casos, incluyendo auditorías internas, vigilancia y seguimiento a denuncias.

El caso del CAI de Tocumen se suma a una serie de cuestionamientos sobre la administración de albergues en Panamá. Las primeras alertas públicas surgieron tras la visita de la Comisión de la Mujer, cuyos hallazgos derivaron en la denuncia formal.

Ese paso marcó el inicio del proceso judicial y administrativo que hoy mantiene bajo escrutinio la gestión de estos centros.

En su comunicado, el Mides sostuvo que impulsa acciones articuladas para asegurar la protección de la niñez y adolescencia, así como de personas en situación de vulnerabilidad bajo tutela estatal.

La institución reiteró que trabaja bajo un enfoque interinstitucional para garantizar condiciones dignas y adecuadas, mientras avanzan las investigaciones y se mantienen las medidas de protección adoptadas.

La semana pasada, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, realizó una inspección en las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen acompañada por representantes de UNICEF Panamá, incluyendo a la directora local del organismo, Sandie Blanchet.

Durante el recorrido por las áreas de atención y reuniones con el personal del albergue, UNICEF destacó la necesidad de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes bajo custodia estatal, subrayando que cualquier señal de alerta debe investigarse con seriedad y objetividad para garantizar la atención integral de la niñez.

El traslado de los 10 jóvenes representa, hasta ahora, la medida concreta más visible adoptada tras las inspecciones y denuncias. Las autoridades han insistido en que se trata de una acción preventiva y temporal, en espera de definiciones administrativas y judiciales que determinen el curso definitivo del caso.

Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más de 48 horas en huelga de hambre afuera de un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas. El grupo, instalado sobre colchonetas frente a la sede conocida como Zona 7, inició la protesta el sábado a las seis de la mañana. Entre las manifestantes, varias han presentado problemas de salud: una de ellas reportó tensión alta y dolor en el pecho, mientras que tres han perdido el conocimiento durante la protesta, según relató Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco.

A pesar de las complicaciones médicas, las participantes insisten en continuar la huelga para exigir la liberación inmediata y plena de sus familiares. Personal de enfermería y médicos han acudido al lugar para monitorear el estado de las manifestantes. Petra Vera, quien acompaña la protesta aunque no participa debido a su condición oncológica, afirmó que los presos políticos recluidos en Zona 7 también se declararon en huelga de hambre desde el viernes, en reclamo por el cumplimiento de las promesas de excarcelación.

El doctor Rafael Arreaza confirmó que varias mujeres presentan complicaciones gástricas y una de ellas mantiene la tensión arterial alta debido al prolongado ayuno. Arreaza denunció que el responsable policial de la sede le impidió el acceso para evaluar a los detenidos, pese a que dos reclusos se descompensaron hasta el punto de requerir una ambulancia.

Las familias realizan mediciones diarias de glucosa y presión arterial bajo la supervisión de médicos voluntarios. El doctor Arreaza advirtió que la responsabilidad por un desenlace fatal recae también sobre las autoridades policiales encargadas de la custodia.

El contexto de la protesta se relaciona con la promesa del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien el seis de febrero anunció la liberación de todos los presos políticos tras la aprobación de una ley de amnistía. El trámite parlamentario, controlado por el chavismo, fue pospuesto la semana pasada por diferencias sobre uno de los artículos y se espera que el debate finalice esta semana. Rodríguez informó este sábado sobre diecisiete excarcelaciones en Zona 7, aunque familiares insisten en que la medida sigue siendo insuficiente.

Excarcelaciones verificadas

La ONG Foro Penal informó el domingo que verificó 444 excarcelaciones en Venezuela desde el pasado 8 de enero hasta el 15 de febrero a las 21:30 (hora local), tras el anuncio del Gobierno encargado sobre un proceso de liberaciones. A través de su cuenta en X, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló el alcance del registro realizado por la ONG durante poco más de un mes.

Es importante mencionar que Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. La organización mantiene ese criterio para el conteo que difunde públicamente.

Foro Penal continúa con la verificación de los casos en el marco del proceso anunciado por las autoridades. La cifra difundida este domingo corresponde exclusivamente a las personas que salieron de centros de reclusión en el período indicado por la organización.

(Con información de EFE)

El Proyecto de Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela suscita críticas por parte del sector militar y defensores derechos humanos, al considerar que es insuficiente y discriminatorio. Es un proyecto chucuto que excluye al 80% de los militares encarcelados injustamente por razones políticas, dice el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño, quien preside el Movimiento Defensores Populares (DPR). Considera que la propuesta es “chucuta” (incompleto) y limitada, porque la mayoría de las detenciones de militares han sido ordenadas por altos cargos como el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello Rondón, de quien asegura fundamenta denuncias por informantes infiltrados en los cuarteles, conocidos como “patriotas cooperantes”.

Según el coronel retirado de la Guardia Nacional, estos informantes detectan y reportan cualquier comentario crítico hacia el régimen, lo que ha llevado a que numerosos oficiales, subalternos y tropa profesional sean privados de libertad por meros rumores o por expresar inquietudes sobre la situación socioeconómica de sus familias.

Afirma que cuando los jueces militares no encuentran pruebas de delitos, “los inventan” o esperan instrucciones directas desde Miraflores, en alusión a las órdenes que el Poder Ejecutivo, desde Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro, da a los tribunales, al Ministerio Público y a los defensores públicos.

Destaca Hidalgo Valero, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, algunos casos emblemáticos como el del General de Brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 13 de agosto 2018, condenado a 16 años de prisión y se encuentra en la Cárcel El Rodeo I. El general Hernández se encuentra detenido por oponerse al narcotráfico y desobedecer órdenes superiores, dice. Otro de los casos es el del teniente coronel del Ejército, Igbert José Marín Chaparro, detenido en marzo 2018 por denunciar ante sus superiores la mala alimentación de la tropa. El Tcnel. Marín denunció la precaria alimentación de su tropa, lo que ratificó frente al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, y “fue sentenciado a 7 años 6 meses de prisión, por el delito de Instigación a la Rebelión”. Posteriormente le abrieron un nuevo juicio para mantenerlo encarcelado.

Además, el coronel Valero Briceño señala la proliferación de causas basadas en presuntas conspiraciones como las operaciones Espada de David, Brazalete Blanco, Constitución u Operación Gedeón, que han servido para justificar detenciones masivas y “sentencias que salen de Miraflores, no del tribunal de la causa”.

Asegura que ordenan revisar los teléfonos de los militares “al conseguir mensajes o cadenas, sobre la situación crítica que vive Venezuela, son llevados a juicio, les imputan, traición a la Patria, desobediencia, insubordinación, incautación de armas, rebelión, terrorismo, entre otros delitos”.

Diosdado ordena detenerlo

Relata Hidalgo Valero Briceño que él ha sido víctima, por orden de Diosdado Cabello, de detenciones arbitrarias en varias ocasiones, entre ellas tras la marcha por la Meritocracia Militar en 2002, siendo excarcelado al día siguiente, pero durante dos años permaneció con medidas cautelares.

Describe cómo, el 5 de julio 2017, fue arrestado tras una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, permaneciendo 69 días en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), bajo torturas psicológicas, sin juicio y posteriormente sujeto a medidas cautelares durante tres años.

Para acusarlo de Traición a la Patria y rebelión “las pruebas o elementos de convicción más fuertes, que aparecían en el expediente, eran que una señora en la manifestación llevaba la bandera nacional volteada, con el escudo hacia abajo”. La represión, según el coronel, no se limita al ámbito militar. En diferentes localidades, ciudadanos han sido detenidos por expresar opiniones políticas, ya sea a través de pancartas o en redes sociales., como fue el caso de dos médicos, en Valera, estado Trujillo, detenidos por unas pancartas sobre la intervención de Estados Unidos.

Menciona casos como el de un médico de Altagracia de Orituco, capital del Municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico, encarcelado tras atender a un miembro de un colectivo, quien, a pesar de los esfuerzos, falleció. Denuncia que son cientos los casos de detenciones arbitrarias. “Casi todos los altos dirigentes de los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, han sido encarcelados por ejercer su actividad partidista”.

Valero Briceño calcula que son más de 200 los militares que permanecen detenidos por razones políticas, pero denuncia que solo una mínima parte ha sido liberada, desde el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.

Una propuesta razonable

El abogado y coronel retirado Hidalgo Valero presenta una propuesta de modificación del proyecto de Ley de Amnistía con dos artículos claves, orientados a garantizar la amnistía a todos los perseguidos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El primer artículo plantea el otorgamiento de la amnistía a quienes hayan participado en manifestaciones, expresado ideas políticas, difundido información o promovido acciones consideradas conspirativas, así como a aquellos procesados o amenazados por causas políticas dentro o fuera del país.

El segundo artículo establece que la aplicación de la ley recaiga en tribunales imparciales, obligando a la inhibición de jueces y fiscales que hayan intervenido previamente, y fijando plazos máximos de tres días para resolver los casos tras la promulgación de la Ley, y de dos días en caso de apelaciones. Textualmente los amnistiados serían lo que entrarán en estas opciones: “Cuando se hayan cometido, o puedan haberse cometido, por la participación, en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política, o por su organización o convocatoria”.

“Por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido”.

“Los actos o hechos que hayan sido enjuiciados o no, considerados por los juzgadores, como acciones consideradas conspirativas, o violatorias de la Ley del Odio (inconstitucionalmente promulgada por la ilegal Asamblea Constituyente), o de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”.

“Los perseguidos políticos, quienes se encuentran en el exterior o en la clandestinidad, con procesos abiertos o por amenazas o temores de ser encarcelados, con o sin juicio abierto por los tribunales nacionales, podrán regresar al país con libertad”.

Hidalgo asegura que así se otorga amnistía de todos los hechos, considerados punibles, con motivación política, ocurridos desde 1999 hasta el 2026.Por otra parte, propone que la Ley de Amnistía quede a cargo de los tribunales de justicia, que hayan procesado o sentenciado los casos, por lo que los jueces y fiscales que actuaron para sentenciar deberán inhibirse y convocar a sus suplentes.

“En cada caso, solo si el detenido no cuenta con defensor privado, el juez nombrará un defensor público de oficio”, considera que los tribunales de la República tengan plazo máximo de 3 días continuos, para resolver los casos previstos en dicha Ley. En casos de apelaciones, se nombrará por el Tribunal Superior, comisiones mixtas, que deberán decidir la apelación para la aplicación o no de la Ley de Amnistía, en un máximo de 2 días continuos.

La comunidad jurídica y militar espera que la Asamblea Nacional atienda estas reivindicaciones y garantice una verdadera amnistía que no excluya a quienes han sido víctimas de la represión política, especialmente en el sector castrense, finaliza diciendo el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero.

Durante su visita oficial al palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para explorar oportunidades de cooperación energética entre ambos países. Al concluir la reunión, Rodríguez enfatizó la importancia de emplear la diplomacia y el diálogo político y energético como vías para afrontar las diferencias históricas entre Venezuela y Estados Unidos y para encontrar mecanismos que permitan avanzar en la relación bilateral. Según informó NBC, la dirigente venezolana resaltó la necesidad de que ambos gobiernos asuman con madurez este proceso de diálogo en medio de un escenario marcado por tensiones políticas y económicas.

En una entrevista ofrecida a la cadena estadounidense NBC, Rodríguez abordó la cuestión electoral, reiterando que Venezuela celebrará “elecciones justas y libres”, aunque evitó precisar una fecha para su convocatoria. De acuerdo con lo publicado por NBC, la funcionaria recordó que el país ha realizado más de treinta procesos electorales y subrayó que la organización de comicios está prevista en la Constitución venezolana. Explicó además que existen elecciones menos conocidas, como las comunales, en las que se definen temas relacionados con proyectos específicos.

Rodríguez sostuvo que la realización de nuevos comicios dependerá de la estabilización política del país y de la consolidación de un diálogo político entre los diversos actores nacionales. Tal como destacó NBC, la funcionaria remarcó la importancia de la negociación entre sectores y del clima de estabilidad previa como condiciones para convocar a las urnas. Esta perspectiva se alinea con declaraciones recientes del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que no habrá elecciones en el corto plazo si no se obtiene primero una estabilización institucional y social en Venezuela.

Consultada sobre el posible retorno de la líder opositora María Corina Machado y su eventual candidatura en unas elecciones futuras, Rodríguez declaró a NBC que este asunto “no es algo que le incumba”. Al preguntarle si facilitaría el regreso de Machado al país, respondió de manera negativa y cuestionó la atención mediática en torno a la figura de la opositora. Añadió que considera necesario que Machado “responda” ante el país sobre su llamado a sanciones económicas y militares contra Venezuela, y sobre la celebración de acciones de presión internacional durante acontecimientos como el ataque militar de Estados Unidos que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

La presidenta encargada también abordó su rol al frente del Ejecutivo tras la detención de Maduro. Según reportó NBC, Rodríguez afirmó que asumió la presidencia en condiciones que calificó como inéditas y recalcó que lo hace conforme a la Carta Magna venezolana. Remarcó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes considera inocentes, continúan siendo “el presidente legítimo” y la primera dama. “Yo estoy encargada, y eso se refleja claramente en la Constitución de Venezuela. Y por la cantidad de trabajo que tengo y lo ocupada que estoy, puedo decir que es un trabajo muy muy duro que estamos completando día a día”, manifestó Rodríguez a NBC.

La funcionaria también se refirió brevemente a invitaciones que ha recibido para visitar Estados Unidos, asegurando que mantiene su defensa de la legitimidad de Maduro. Rodríguez insistió en que tanto el diálogo interno como la interlocución internacional constituyen elementos esenciales para la superación de las divisiones existentes y para crear un contexto favorable a la realización de futuros procesos electorales en Venezuela.

Durante su intervención, la representante venezolana reiteró su convicción de que el camino hacia unas elecciones libres y justas requiere espacios de concertación política que permitan, según sus palabras recogidas por NBC, “asegurarnos de que estas elecciones se celebren”. Además, insistió en la frecuencia con la que Venezuela acude a las urnas, incluyendo eventos electorales de distinta naturaleza y nivel de visibilidad pública.

A lo largo de la entrevista, Rodríguez puso el énfasis en la postura oficial sobre la situación de María Corina Machado, mencionando a NBC que la opositora deberá afrontar las consecuencias políticas de sus actos, en especial de los llamados a sanciones y a una intervención militar. Asimismo, comunicó que no existe disposición desde el gobierno para facilitar su regreso desde Washington ni para contemplar un papel relevante de Machado dentro del proceso electoral venidero, según consignó la cadena estadounidense.

La entrevista abordó igualmente la intención del gobierno de Venezuela de normalizar, en la medida de lo posible, los vínculos diplomáticos y comerciales con Estados Unidos, en el marco de una agenda energética que fue objeto de discusión directa con la delegación estadounidense. Según declaró la propia Rodríguez, el diálogo institucional, tanto diplomático como energético, aspira a abrir canales de cooperación que den lugar a una relación más pragmática y menos marcada por la confrontación de años previos.

Finalmente, en respuesta a interrogantes sobre la estabilidad política y el futuro democrático de Venezuela, Rodríguez puso de manifiesto que las principales variables continúan ancladas al avance del diálogo interno y a la disposición de los distintos sectores de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la normalidad política y social en el país, concluye NBC.

El compromiso de Andrei Gurov de garantizar la transparencia y equidad de las próximas elecciones en Bulgaria quedó claro en su declaración pública, donde aseguró que enfocará esfuerzos en fomentar la participación ciudadana y preservar la calma durante el proceso electoral. Según informó el medio que cubrió el traspaso, Gurov expresó que buscará “asegurar unas elecciones justas, ayudar a que la ciudadanía participe y vote, y trabajar sin crear histeria”, aludiendo a la importancia de restaurar la confianza en las instituciones en un momento de marcada inestabilidad política en el país. Con este telón de fondo, el nuevo primer ministro interino asumió la jefatura del gobierno tras recibir el encargo formal de la presidenta, Iliana Yotova, quien le confirió la tarea de conducir la transición hacia nuevos comicios extraordinarios.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la presidenta Yotova resaltó que la ciudadanía búlgara mantiene expectativas elevadas respecto de la gestión del flamante mandatario provisional. Durante el acto de asunción, la presidenta subrayó que el objetivo principal consiste en celebrar elecciones para la Asamblea Nacional que sean “honestas, transparentes, bien preparadas y correctamente organizadas”. Además, puntualizó que los comicios deben efectuarse bajo el pleno respeto de la Constitución y las leyes de Bulgaria, a fin de permitir la reconstrucción de un Estado estable y previsible desde el punto de vista institucional y legal.

Tal como publicó el medio, la decisión de Yotova recayó en Gurov, actual vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, a quien le tocó dejar su puesto en la entidad financiera para asumir temporalmente el mando del Ejecutivo. La presidenta justificó la elección de Gurov debido a que su renuncia previa al cargo en el Banco Nacional elimina cualquier sospecha de conflicto de intereses, brindando así una mayor garantía de imparcialidad en la conducción interina. Yotova también manifestó no tener dudas sobre el compromiso democrático de otras instituciones fundamentales, como el Banco Nacional, la Oficina Nacional de Auditoría y la Defensoría del Pueblo.

El país celebrará sus octavos comicios parlamentarios en cuatro años, un registro que ilustra la volatilidad del escenario político doméstico. El medio detalló que la crisis política existente motivó la convocatoria de Gurov para encabezar el nuevo gabinete temporal. En este contexto, el primer ministro provisional remarcó que su prioridad consistirá en encontrar perfiles idóneos para conformar su equipo de gobierno, priorizando la experiencia y la integridad por encima de la filiación partidista o intereses exclusivamente políticos. “Haré todo lo posible para encontrar a las personas adecuadas y formar un equipo en el que todos se sientan representados”, aseguró Gurov, quien añadió que el proceso de selección se encuentra en marcha mediante contactos personales.

El mandato de Gurov incluye la responsabilidad inicial de definir la fecha para la realización de las elecciones anticipadas, que deberán organizarse en un plazo máximo de dos meses de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según reportó el medio, la Carta Magna de Bulgaria establece que, ante la imposibilidad de formar gobierno en las condiciones habituales, la tarea de regir el Ejecutivo puede ser encomendada interinamente al presidente de la Asamblea Nacional, al gobernador o vicegobernador del Banco Nacional, o al Defensor del Pueblo.

Asimismo, la presidenta enfatizó que el nuevo gobierno tiene la misión de garantizar un marco electoral seguro y previsible que permita el adecuado funcionamiento del Estado de derecho. Tanto Yotova como Gurov subrayaron la necesidad de que las instituciones colaboren para disipar las dudas ciudadanas sobre la legalidad y la transparencia del proceso electoral. El país atraviesa una etapa de desconfianza hacia las autoridades políticas, lo que potencia el reto del gabinete interino de reconquistar el respaldo social a través de una gestión ejemplar en la convocatoria y administración de las urnas.

Durante el acto oficial que marcó la transición, la presidenta describió el momento como uno de especial relevancia para la estabilidad institucional. Ambos funcionarios destacaron la importancia de que la elección de los integrantes del gabinete se base en criterios de honestidad y capacidades técnicas, buscando que cada sector de la sociedad se vea representado en el proceso de reconstrucción política.

El contexto de inestabilidad se manifestó en las repetidas convocatorias electorales: Bulgaria habrá completado ocho elecciones parlamentarias en solo cuatro años. Según publicó el medio, esta recurrencia electoral refleja la dificultad de forjar mayorías parlamentarias estables, lo que provoca la necesidad de gobiernos interinos y repetidos procesos de votación. El gobierno temporal que lidera Gurov constituye así un intento de superar el ciclo prolongado de crisis política y restaurar la credibilidad perdida en las instituciones del Estado.

Al concluir el acto, la presidenta Yotova insistió en el deseo de que el proceso electoral y el funcionamiento del gobierno interino fortalezcan las bases democráticas de Bulgaria y permitan un retorno sostenible a la normalidad institucional. A lo largo de las próximas semanas, el país observará con atención el desempeño del gabinete encabezado por Gurov en la conducción de uno de los momentos más delicados de la reciente historia política nacional, según consignó la misma fuente.

El avance del proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busca regular el autoconsumo de energía solar en Panamá ha reactivado el debate sobre el modelo energético, la seguridad jurídica para los usuarios y los límites que hoy condicionan la expansión del sector.

La iniciativa pretende elevar a rango de ley de la república una actividad que actualmente depende de resoluciones administrativas, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la generación distribuida, el interés de hogares y empresas por reducir costos y la presión por acelerar la transición energética.

Para el sector, el principal valor del proyecto radica en que otorga certeza jurídica, define derechos y obligaciones, y reduce la discrecionalidad regulatoria. Actualmente, la instalación de sistemas solares para autoconsumo está sujeta a normas emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, considera que la iniciativa representa un paso clave para consolidar el mercado. A su juicio, el proyecto es positivo porque eleva a rango de ley un tema que hoy depende de criterios técnicos y administrativos.

“Creemos que una tecnología robusta requiere de una política pública robusta”, ha señalado, al destacar la importancia de contar con reglas claras y permanentes.

El dirigente recordó que recientemente la ASEP emitió un decreto mediante el cual se estableció un nuevo límite transitorio para la generación solar distribuida. La medida elevó el tope de penetración del 4% al 5% del consumo energético anual en gigavatios hora, y del 13% al 16% en el componente de demanda, lo que fue recibido como una señal positiva por el sector.

Sin embargo, González advierte que este aumento solo ofrece un alivio temporal. “Esto nos da un poco de oxígeno para poder instalar energía solar, pero entendemos que representamos más de cuatro mil empleados dentro de nuestras empresas y creemos que pueden existir más empleos verdes si existe un mayor porcentaje de penetración”, sostuvo, al insistir en la necesidad de ampliar los límites de forma estructural.

Uno de los puntos centrales del debate es precisamente el porcentaje máximo permitido. Expertos del sector coinciden en que, si el proyecto es aprobado, será necesario revisar o eliminar el límite actual que impide que la generación solar de autoconsumo supere el 5% del total nacional. Este techo es considerado por muchos actores como una barrera artificial que frena inversiones, innovación y crecimiento.

Durante 2025, el sector logró instalar más de 40 megavatios de energía solar, alcanzando un acumulado superior a los 192 megavatios en el país, con más de siete mil usuarios activos.

Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido, impulsado por el encarecimiento de la electricidad, los incentivos tecnológicos y la búsqueda de mayor autonomía energética por parte de consumidores residenciales y comerciales.

No obstante, la proyección para 2026 está condicionada por los límites regulatorios. González reconoce que, si se mantiene el actual esquema, el mercado podría alcanzar rápidamente el tope permitido.

“Si hacemos todo lo que dicta el procedimiento de autoconsumo, podríamos este año lograr ese cinco por ciento”, explicó, lo que dejaría al sector nuevamente sin margen de expansión.

Actualmente, la penetración real se sitúa alrededor del 3.55% en consumo, con variaciones según distribuidora. En el caso de ENSA, la demanda asociada a proyectos solares supera el 11%, lo que demuestra que en algunas zonas el desarrollo avanza más rápido que en otras, generando asimetrías territoriales en el acceso a la energía renovable.

El proyecto de ley, que ya recibió aprobación en primer debate en la Asamblea Nacional, busca precisamente ordenar este crecimiento.

Entre sus objetivos figuran el reconocimiento legal del autoconsumo, la creación de un régimen de compensación transparente, la simplificación de trámites, la protección contra prácticas abusivas y la implementación de una ventanilla única digital. Además, establece mecanismos de monitoreo para evaluar el impacto económico, social y ambiental.

Otro aspecto de la propuesta del diputado Ernesto Cedeño, es la regulación de los créditos energéticos. La propuesta plantea que los excedentes inyectados a la red se reflejen de forma clara en la factura eléctrica, evitando discrecionalidades y garantizando transparencia. Para los usuarios, este punto es clave, ya que determina la rentabilidad real de la inversión en paneles solares.

Desde el punto de vista laboral, el sector destaca su aporte al empleo verde. Las empresas vinculadas a la instalación, mantenimiento y comercialización de sistemas solares generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en áreas técnicas, ingeniería, logística y servicios. Una expansión del mercado tendría efectos positivos sobre este ecosistema.

También existe un componente social. El proyecto contempla incentivos para hogares, comercios pequeños, PYMES y comunidades rurales, con el objetivo de democratizar el acceso a tecnologías limpias. Esto permitiría reducir subsidios, mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia de fuentes tradicionales.

No obstante, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las redes de distribución para absorber mayores volúmenes de generación distribuida. La ASEP mantiene que los límites responden a criterios técnicos de estabilidad y seguridad del sistema interconectado, por lo que cualquier ampliación debe basarse en estudios actualizados.

El proyecto también introduce reglas sobre certificación de equipos, responsabilidades de instaladores y mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de profesionalizar el mercado y proteger al consumidor final frente a prácticas deficientes o engañosas.

Para los usuarios residenciales y comerciales, la aprobación de la ley representaría mayor estabilidad regulatoria, reducción de riesgos y mejores condiciones para planificar inversiones. En un contexto de volatilidad tarifaria, la energía solar se consolida como una herramienta de control de costos a mediano plazo.

En el plano macroeconómico, el impulso al autoconsumo se alinea con los compromisos de descarbonización y con la agenda de transición energética 2020-2030. Panamá busca reducir emisiones, diversificar su matriz y fortalecer su seguridad energética, objetivos que dependen en gran medida del desarrollo de fuentes renovables distribuidas.

El debate legislativo será clave para definir el rumbo del sector en los próximos años. La discusión no se limita a un porcentaje técnico, sino a la visión de país sobre cómo integrar a ciudadanos y empresas en la producción energética.

Según datos oficiales, Panamá cuenta con más de 7,000 usuarios de sistemas solares de autoconsumo conectados a la red, entre hogares, comercios e industrias, dentro de un universo que supera los 1.3 millones de clientes del sistema eléctrico nacional.

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con las presuntas irregularidades en albergues administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La decisión marca un nuevo capítulo en el llamado “caso albergues”, que ha generado alarma pública por denuncias de abusos, negligencias y fallas institucionales.

La citación fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, quien denunció irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

El proceso no estuvo exento de tensiones políticas. La propuesta fue rechazada en dos ocasiones previas, luego de ser bloqueada por diputados de distintos partidos.

Tras varios intentos fallidos, Brenes logró que la iniciativa fuera nuevamente sometida a votación este jueves 12 de febrero, logrando finalmente los votos necesarios para que la ministra comparezca ante el pleno legislativo.

La diputada también presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, el pasado 6 de febrero, por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes.

La querella fue dirigida contra la directora de la Senniaf y otros funcionarios, sustentada en correos, informes y reportes internos que, según Brenes, advertían desde hace meses sobre irregularidades sin recibir respuestas efectivas.

Entre los elementos que detonaron la investigación figura la visita de la diputada al albergue de Tocumen, donde se documentaron deficiencias en atención, supervisión y control.

Brenes afirmó que encontró condiciones incompatibles con los estándares mínimos de protección, así como posibles omisiones administrativas en el manejo de los casos.

El cuestionario aprobado por la Asamblea incluye interrogantes sobre cantidad de albergues activos, procesos de supervisión, sanciones impuestas, perfiles del personal, contratación, auditorías internas, denuncias registradas, medidas correctivas y protocolos de protección.

Las preguntas buscan determinar responsabilidades institucionales desde julio de 2024 hasta la fecha, periodo en el que se habrían acumulado alertas sin respuestas contundentes.

Entre los puntos clave, se solicita información sobre denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales, procedimientos disciplinarios, irregularidades administrativas, procesos judiciales en curso y seguimiento a víctimas.

También se pide detallar cuántos funcionarios han sido removidos, sancionados o investigados, y qué acciones concretas se han adoptado para prevenir nuevos casos.

El Ministerio Público confirmó que mantiene investigaciones abiertas relacionadas con las denuncias presentadas. Las pesquisas incluyen recopilación de testimonios, análisis documental y verificación de protocolos internos, en coordinación con otras entidades estatales. Las autoridades han evitado adelantar conclusiones mientras avanzan las diligencias.

En medio de la controversia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó preocupación por los señalamientos. La organización instó al Estado panameño a garantizar protección efectiva a niños y adolescentes, reforzar los sistemas de supervisión y asegurar procesos transparentes en todos los centros bajo custodia pública.

El cuestionario aprobado por el pleno exige a la ministra explicar cuántos albergues están actualmente operativos, bajo qué figura legal funcionan y qué entidades los administran directa o indirectamente.

También solicita detallar el número de niños, niñas y adolescentes atendidos, su distribución por edades, género y condición de vulnerabilidad, así como los mecanismos utilizados para verificar que cada centro cumpla con la normativa vigente.

Otro bloque de preguntas se enfoca en el perfil, contratación y supervisión del personal que labora en los albergues. Se pide informar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo, qué controles existen para prevenir abusos, y si se han realizado auditorías laborales y disciplinarias.

Además, se solicita precisar si el personal cuenta con formación especializada en atención a menores y protocolos de protección.

El documento también indaga sobre las denuncias registradas desde julio de 2024, los procesos administrativos iniciados y su estado actual. Se requiere explicar cuántos casos están en investigación, cuántos fueron archivados y cuántos derivaron en procesos penales, así como las medidas adoptadas para garantizar atención psicológica, médica y legal a las víctimas.

Asimismo, se consulta sobre los recursos presupuestarios asignados y su ejecución en materia de protección infantil.

Por su parte, la junta directiva de la Senniaf, presidida por la ministra del Mides, anunció la adopción de medidas administrativas. Entre ellas figuran auditorías internas, revisión de contratos, reorganización de personal y fortalecimiento de controles, además de reuniones extraordinarias para evaluar la situación institucional.

La ministra Beatriz Carles sostuvo recientemente encuentros con directivos de la Senniaf y otras autoridades. Desde el Mides se ha reiterado el compromiso de “no tolerar irregularidades”, aunque hasta ahora no se han anunciado destituciones definitivas relacionadas con el caso.

La comparecencia ante la Asamblea será la primera vez que la titular de la cartera rinda cuentas públicas sobre estos señalamientos.

El caso ha puesto bajo escrutinio el modelo de administración de albergues en Panamá. Expertos en derechos de la niñez advierten que la crisis revela debilidades estructurales, falta de recursos, rotación de personal y ausencia de sistemas robustos de monitoreo permanente.

Para Brenes, la citación representa “un paso necesario” para esclarecer responsabilidades. La diputada afirmó que el objetivo no es político, sino proteger a los menores, garantizar justicia y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse bajo el amparo del Estado.

La sesión en la que comparecerá la ministra aún no tiene fecha definida, pero se prevé que ocurra en las próximas semanas.

Un grupo de diputados en la Asamblea Nacional de Panamá intentó sin éxito citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda sobre un extenso cuestionario relacionado con denuncias de irregularidades, maltrato y presunto abuso en un albergue administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad adscrita al Mides.

La citación, impulsada por legisladores independientes y respaldada inicialmente por 19 votos, fue declarada “inexistente” por falta del quórum necesario después de que diputados de los partidos tradicionales se retiraron antes de la votación.

La iniciativa para llevar a la ministra ante el pleno era promovida principalmente por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades tras una visita de inspección al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El cuestionario que sustentaba la citación buscaba que la ministra precisara, primero, el tamaño real del sistema de albergues: cuántos centros de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno, con un desglose por nombre del albergue, provincia o comarca y rangos de edad.

También solicitaba información sobre cuántos menores con discapacidad permanecen bajo custodia y en qué albergues se encuentran.

La denuncia señala problemas como deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico idóneo, convivencia de adultos con niños, e incluso hallazgos que contravendrían estándares básicos de protección infantil.

Brenes y otros diputados independientes argumentaron que la ministra, como titular del Mides y presidenta de la Junta Directiva del SENNIAF, debe rendir cuentas directamente ante el pleno sobre lo que ocurre en los albergues estatales, especialmente tras las graves acusaciones.

Sin embargo, su propuesta quedó trunca cuando los diputados de partidos tradicionales se retiraron del pleno antes de la votación final, lo que impidió alcanzar el número mínimo de votos necesario para validar la moción.

“El Estado no puede seguir fallándole más a la niñez que hoy está bajo custodia de los albergues”, señaló uno de los legisladores en respaldo a la propuesta, reflejando el malestar entre algunos sectores de la Asamblea ante la percepción de omisión y falta de respuestas claras por parte de las autoridades competentes.

Otra parte del cuestionario se enfocaba en el cumplimiento de estándares mínimos. Los diputados pedían detallar cuáles son las condiciones físicas y técnicas que deben cumplir los albergues según la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos, especificando el tipo de falla detectada y las medidas adoptadas para corregirla.

El cuestionario incluía además preguntas sobre casos de convivencia de menores con adultos y sobre la permanencia de grupos etarios en albergues que no corresponderían a su perfil. Finalmente, el cuestionario buscaba datos concretos sobre supervisión, denuncias y sanciones. Se solicitaba precisar con qué frecuencia se realizan inspecciones y monitoreos, cuántas actas se han levantado desde julio de 2024 y qué hallazgos se documentaron.

Tras la visita legislativa al CAI de Tocumen, la diputada Brenes presentó al Ministerio Público correos, informes internos y fotografías que describían situaciones de riesgo para los menores bajo custodia estatal.

La Fiscalía de Panamá respondió abriendo una investigación formal, que incluye diligencias investigativas, inspecciones técnicas y levantamiento de evidencia en el albergue. La pesquisa busca determinar si hubo delitos como maltrato a menores, abuso sexual, negligencia y omisión de funciones por parte de funcionarios públicos encargados de la administración del centro.

En paralelo, la Junta Directiva del SENNIAF, encabezada por Beatriz Carles, adoptó un paquete de medidas urgentes tras la denuncia. Entre las decisiones estuvo la orden de una inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen por parte de un equipo técnico interinstitucional, con participación de representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros organismos, con el objetivo de verificar las condiciones reales en el albergue y determinar acciones correctivas.

También se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que estaba residiendo en el albergue, con miras a su traslado a instituciones adecuadas, así como una evaluación administrativa del SENNIAF para fortalecer la supervisión institucional.

Las reacciones políticas no se limitaron a la Asamblea. Organismos internacionales como UNICEF han manifestado su preocupación por las denuncias, recordando que los albergues no siempre constituyen entornos idóneos para el desarrollo infantil, y que modelos alternativos como la atención en familias acogentes suelen ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de los menores.

El caso también encendió un debate sobre el presupuesto del SENNIAF. Mientras la directora del organismo, Ana Fábrega, afirmó que la falta de recursos limita su capacidad de mejora, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los fondos sí existen, aunque problematizó la eficiencia en su uso.

Para 2026, el presupuesto del SENNIAF alcanza los $7.6 millones, de los cuales una parte mínima se destina a inversiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la institución para atender las necesidades de los albergues de manera adecuada.

El proyecto de ley de amnistía para presos políticos en Venezuela aguarda para su segunda y última discusión en el Congreso, en medio de cuestionamientos de ONG, activistas y familiares que advierten que el texto excluye a militares detenidos, exiliados y varios períodos de arrestos.

A continuación, las cinco áreas que especialistas consultados por la agencia de noticias EFE recomiendan incorporar en la futura legislación.

Períodos

La amnistía, impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, se concibió para cubrir casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo.

Sin embargo, el artículo 6 de la iniciativa la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas en el país, entre el golpe de Estado ocurrido en abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas ocurridas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

Concretamente, cubre eventos específicos ocurridos en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

“Tal como está redactada la ley, se excluye a una cantidad de presos políticos que fueron detenidos en el marco de una represión sistemática”, dijo a EFE el coordinador de exigibilidad de la organización Provea, Marino Alvarado.

La selección de períodos, señaló, deja por fuera incluso a defensores de derechos humanos que fueron excarcelados durante el proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Familiares alertaron que “más de la mitad” de los presos políticos seguirán encarcelados si se aprueba la amnistía con esta limitación.

Entre los posibles excluidos estarían el abogado de Provea Eduardo Torres —detenido en 2025—, la hispanovenezolana Rocío San Miguel —arrestada en febrero de 2024— y el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona —encarcelado en 2021—, quienes ya fueron liberados, pero con procesos judiciales aún vigentes.

Los cargos

El proyecto excluye a personas “procesadas o condenadas” por violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio, narcotráfico o delitos contra el patrimonio público, también corrupción.

A juicio de Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, esta es una argumentación “errada”.

“El fin de la detención es político en muchas ocasiones” y no necesariamente se relaciona con los cargos imputados, explicó.

Exiliados

Si bien la legislación contempla la extinción de todas las acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados, “no queda claro” si los exiliados políticos con casos abiertos podrán regresar o “en qué condiciones”, advirtió Alvarado.

El diputado chavista Roy Daza afirmó, en una entrevista concedida este martes al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que las personas que han sido solicitadas por la Fiscalía deben regresar primero al país y “ponerse a derecho”.

Una vez que se investigue, agregó, “se aplicará o no se aplicará” la amnistía, dependiendo del caso.

Militares

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que en principio el proyecto “pareciera que no excluye a los presos políticos militares”.

Sin embargo, advirtió, al revisar “con más detalle” los eventos y períodos incluidos en la amnistía se evidencia la exclusión de “muchísimas” situaciones y “operaciones militares” que dejaron presos políticos.

“Pareciera ser que la intención clara es no incluir a los militares dentro de la amnistía”, consideró.

El Gobierno encargado contabiliza 896 excarcelaciones desde diciembre, mientras que desde el 8 de enero la ONG ha verificado 431 beneficiados. Ninguno militar.

Hasta el 2 de febrero, Foro Penal contabilizaba 687 presos políticos en Venezuela, 182 de ellos militares.

Reparación

Alvarado señaló que desde Provea han pedido incluir reparaciones y la devolución de bienes a presos políticos que, afirman, han sido despojados.

“Hay familias que le han quitado casas, carros, negocios. Si los hechos por los cuales se vinculan esos bienes ya no son delitos, todos esos bienes deberían incorporarse”, afirmó.

Himiob dijo que el proyecto no prevé medidas de reparación simbólica ni material, y tampoco garantiza la no repetición.

A su juicio, la exclusión de medidas de reparación se debe a lo que considera uno de los “errores conceptuales” del texto: “No hay un reconocimiento de que las personas que van a ser favorecidas con la amnistía son, en efecto, víctimas”, sostuvo.

(EFE)

El episodio se produjo durante un encuentro interno de la Asamblea Nacional, donde Yalitza del Valle García, abogada y madre de María Alexandra Gómez —pareja de Gallo—, obtuvo autorización excepcional para ingresar y exponer el caso. Frente a los legisladores chavistas, relató el recorrido iniciado en diciembre de 2024 para intentar conocer el destino del ciudadano argentino, arrestado en un paso fronterizo y mantenido desde entonces en una situación que la familia califica como desaparición forzada.

“Esperé mucho este momento”, afirmó García al comenzar su exposición, de acuerdo a la desgrabación del encuentro. Se presentó formalmente ante los diputados y recordó que su yerno fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio del Táchira, cuando ingresaba a Venezuela con una carta de invitación firmada y visada por ella. Detalló que todos los documentos estaban en regla y que el viaje tenía fines exclusivamente familiares.

Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, había viajado desde su país para reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño en Puerto La Cruz, ciudad natal de García, en el estado Anzoátegui. El plan era permanecer en Venezuela hasta fin de año y luego regresar a Argentina, pero eso nunca ocurrió.

“Su único delito es ser gendarme”, sostuvo García ante los parlamentarios. “Pero no venía como gendarme, venía como ciudadano argentino”.

Desde el momento de la detención, la familia asegura no haber recibido información oficial sobre su situación procesal, su estado de salud ni el lugar donde se encuentra. Tampoco pudo comunicarse con su entorno ni recibir visitas. García explicó que, al no ser familiar directa, las autoridades le niegan datos formales y tampoco le permitieron ejercer como abogada defensora.

“Soy su suegra, no soy familia directa, no me dan información. Pero también soy abogada y quise ejercer la defensa privada. Se me prohibió”, expresó.

Según su testimonio, los primeros días posteriores al arresto estuvieron marcados por incertidumbre absoluta. En San Antonio del Táchira, los funcionarios le indicaron que debía trasladarse a distintos organismos sin brindarle precisiones. Recorrió en moto desde San Cristóbal hasta la frontera, visitó dependencias de la Guardia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Ministerio Público, sin obtener respuestas.

En medio de esa búsqueda, García relató uno de los episodios más impactantes de su intervención: un vecino le sugirió consultar a un hombre identificado como integrante de una organización guerrillera. Según García, ese desconocido sabía más sobre el paradero de su yerno que las autoridades venezolanas.

“Se lo llevaron para Caracas”, señaló el hombre, según su relato. “Sabía más él que la Guardia Nacional”, enfatizó ante los diputados.

A partir de esa información informal, decidió viajar a la capital. Desde enero de 2025, permanece de manera intermitente en Caracas intentando destrabar el caso por distintas vías institucionales.

García denunció también haber sido objeto de seguimientos, intimidaciones y presiones. Uno de los episodios más delicados ocurrió el 25 de diciembre de 2024, cuando asistió junto a su hija a una iglesia para rezar por la liberación de Gallo. Según narró, una patrulla de contrainteligencia las siguió y permaneció durante semanas frente a su residencia.

“Hasta el sacerdote tuvo que intervenir para que no nos llevaran presas. Estuvieron semanas afuera de la casa. Vivíamos con miedo”.

De acuerdo con su testimonio, agentes incluso amenazaron con detener al vigilante del edificio si no les permitía el ingreso. La familia decidió limitar sus movimientos y reducir al mínimo su exposición pública durante ese período.

En paralelo, García y su hija iniciaron gestiones ante el Ministerio Público. Presentaron denuncias en distintas jurisdicciones, tanto en la frontera como en Caracas. Ninguna, aseguró, obtuvo respuesta formal.

A comienzos de 2025, optaron por acercarse directamente al fiscal general chavista, Tarek William Saab, durante jornadas públicas organizadas en plazas de la ciudad. En cuatro oportunidades lograron abordarlo brevemente y plantearle el caso.

La última vez, el episodio derivó en un momento de tensión. María Alexandra Gómez se acercó al funcionario con su hijo en brazos, entonces de un año y medio. Actualmente, el niño ya tiene tres años y no volvió a ver a su padre.

Según el relato de García, Saab reaccionó con molestia y acusó a la joven de perseguirlo. “¿Cómo no te voy a perseguir si mi marido está desaparecido?”, respondió ella entre lágrimas. El personal de seguridad intervino y la familia se retiró.

Durante su exposición ante los diputados, García también rebatió las versiones difundidas por medios oficialistas y voceros del régimen. Denunció que se intentó vincular al gendarme con supuestos planes violentos y conspiraciones sin aportar pruebas.

“Dijeron que venía a matar a Delcy (Rodríguez), que era terrorista, que traía armas. Todo mentira. También dijeron que tenía otra esposa, que mi hija no era su pareja. Todo falso”.

La familia afirma haber presentado documentación que acredita la relación entre Gallo y Gómez, así como el carácter turístico del viaje, sin que esas pruebas modificaran la situación del detenido.

A lo largo de su intervención, García repitió reiteradamente la palabra “desaparecido”. Para ella, la ausencia de información sobre el paradero y el estatus legal de su yerno constituye una desaparición forzada. “Hoy tiene más de 400 días desaparecido”, subrayó.

La denuncia coincide con la postura que la familia sostiene ante organismos de derechos humanos y autoridades diplomáticas argentinas. Según informaron en distintas presentaciones, no existe constancia pública de una causa judicial formal ni de una imputación concreta.

Fuentes cercanas al caso indicaron que Gallo habría sido trasladado inicialmente a centros de detención vinculados a organismos de inteligencia y luego derivado a cárceles del sistema penitenciario, pero esas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente. Hoy está alojado en El Rodeo 1.

Durante la reunión en la Asamblea Nacional, García adoptó un tono directo y emotivo. Recordó que su yerno es padre de un niño pequeño, que su hija quedó sola en un país extranjero y que la familia atraviesa una situación económica y emocional crítica.

“Mi hija quedó con un hijo sin padre, sin respuestas, sin justicia”.

García mencionó también su situación personal. Vive sola en Puerto La Cruz desde que sus otros hijos emigraron a Argentina por la crisis económica. La llegada de Gallo representaba una oportunidad para recomponer la vida familiar. “Todo estaba planificado. íbamos a estar juntos hasta diciembre. Después se iban a ir. Nunca pasó”.

La intervención concluyó con un pedido explícito a los legisladores chavistas para que intercedan ante los organismos de seguridad y el Poder Judicial. Exigió la liberación inmediata de su yerno y reclamó también por otros detenidos en situaciones similares.

“Así como pido por Nahuel, pido por todos los presos políticos”.

El episodio generó impacto en ámbitos políticos y diplomáticos. No es frecuente que familiares de detenidos extranjeros puedan exponer directamente sus casos ante bloques oficialistas en la Asamblea Nacional, ya que habitualmente los reclamos se canalizan a través de organismos internacionales o embajadas.

En este caso, la intervención fue posible gracias a gestiones previas y a la insistencia de la mujer, que desde hace más de un año recorre oficinas, tribunales y organismos públicos sin resultados concretos.

Desde el entorno de la familia señalaron que la exposición pública busca reactivar gestiones diplomáticas y generar presión internacional. Argentina realizó reclamos formales por vías consulares, sin avances significativos hasta el momento.

El caso de Gallo se enmarca en un contexto más amplio de detenciones de ciudadanos extranjeros en Venezuela, en muchos casos bajo acusaciones de espionaje, conspiración o terrorismo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la utilización de estas causas como herramientas de presión política.

En los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos reclamaron por la situación de sus ciudadanos detenidos en el país caribeño. Algunos fueron liberados tras negociaciones diplomáticas, mientras otros continúan presos sin procesos transparentes.

Para la familia de Gallo, la incertidumbre es el mayor drama. No saben en qué condiciones se encuentra, si recibe atención médica adecuada ni cuándo podrá comunicarse con su hijo.

“Ni una llamada, ni una carta, nada”, reiteró García ante los diputados.

Allegados a la mujer señalaron que el desgaste emocional es extremo. Vive entre Caracas y Puerto La Cruz, depende de la ayuda de familiares y amigos y dedica casi todo su tiempo a gestiones vinculadas al caso.

La desgrabación del encuentro revela momentos de quiebre emocional, interrupciones y comentarios de terceros que acompañaban la exposición. En varios pasajes, la voz de García se quiebra y debe recomponerse para continuar.

A pesar de ello, mantuvo un discurso centrado en fechas, documentos y recorridos administrativos, con el objetivo de demostrar que agotó todas las instancias legales disponibles.

“No estoy inventando nada. Todo lo denuncié, todo lo presenté”.

Hasta el momento, ningún organismo oficial venezolano emitió un comunicado específico sobre su exposición en la Asamblea, ni hubo anuncios sobre una eventual revisión del caso.

Mientras tanto, la familia continúa apostando a la visibilidad pública como única herramienta. Difunden el caso en redes sociales, participan en entrevistas y mantienen contacto con organizaciones de derechos humanos en distintos países.

Para García, la exposición ante los legisladores fue un paso más en una lucha que define como desigual. “No me voy a rendir”, repite en cada intervención.

A más de 430 días de la detención, el futuro de Nahuel Gallo sigue siendo una incógnita. Su hijo crece sin verlo, su pareja vive entre la esperanza y el agotamiento, y su suegra se convirtió, casi por necesidad, en la principal vocera de un reclamo que aún no encuentra respuesta.

El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, recibió este martes a familiares de presos políticos y a organizaciones de derechos humanos en una reunión centrada en el proyecto de ley de amnistía que ya fue aprobado en primera discusión, en medio de las denuncias de que el texto excluiría a más de la mitad de las personas detenidas por razones políticas.

La delegación fue recibida dentro del Palacio Federal Legislativo luego de una concentración realizada en las inmediaciones de la sede parlamentaria, donde familiares y activistas reclamaron participar en la consulta pública previa al segundo debate del proyecto.

El encuentro estuvo encabezado por el chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial encargada de elaborar el texto, quien afirmó que el Parlamento busca recoger los planteamientos de quienes han sido directamente afectados por la persecución política.

“Hemos recibido muchísimas propuestas de expertos jurídicos, juristas, de personas que han sufrido los impactos de la confrontación política de los últimos años, y tenemos que escucharlas y escucharlos”, declaró.

Arreaza sostuvo que las observaciones de las familias deben ser consideradas antes de la redacción final.

“Tenemos que escucharlos, para que podamos reflejar sus percepciones en la ley”, añadió, y reiteró que el objetivo de la iniciativa es promover la convivencia y la reconciliación nacional mediante mecanismos constitucionales.

Sin embargo, los familiares que ingresaron al Parlamento advirtieron que el proyecto, tal como está formulado, deja fuera una parte sustancial de los casos documentados.

Andreína Baduel, dirigente del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, fue una de las voceras del reclamo.

“Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, advirtió durante la concentración frente al Parlamento.

Según explicó Baduel, aunque el proyecto plantea un alcance general que va desde 1999 hasta enero de 2026, el artículo 6 establece un listado de años específicos que, en la práctica, limita el universo de beneficiarios. En ese apartado se mencionan 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

De acuerdo con los registros que manejan los familiares y las organizaciones que acompañan los casos, quedan excluidas detenciones ocurridas en 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, períodos en los que, aseguran, se concentran más de la mitad de los expedientes de presos políticos.

Baduel sostuvo además que las familias no han sido incorporadas de manera efectiva al proceso de consulta pública.

“La amnistía no es la única vía” para lograr la liberación de los detenidos, afirmó, y remarcó que existen otras herramientas jurídicas que permitirían revisar los procesos judiciales abiertos contra los presos políticos.

“Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas”, sostuvo.

A su juicio, una revisión caso por caso permitiría avanzar de forma inmediata, al considerar que los expedientes presentan irregularidades estructurales.

“Todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley”, señaló.

La dirigente también subrayó que una eventual ley de amnistía no puede desvincularse de la situación de las víctimas. “La amnistía no significa olvido e impunidad”, expresó, y reclamó que el texto contemple mecanismos de reparación.

“Estamos aquí denunciando que no solamente se materialice el cese de la represión, el cese de la persecución, el cese de las detenciones arbitrarias, sino que realmente haya garantías para la justicia y para la no repetición”, añadió.

Durante la jornada, decenas de familiares de personas recluidas en centros penitenciarios como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y en distintos comandos policiales se concentraron en el centro de Caracas para exigir que sus observaciones sean incorporadas antes de la aprobación definitiva de la ley.

Además de Arreaza, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, participó en la recepción de la delegación, que entregó formalmente sus cuestionamientos al articulado.

La organización Foro Penal, que ejerce la defensa legal de presos políticos, informó que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero. Por su parte, el régimen de Delcy Rodríguez sostiene que el número asciende a 897 personas liberadas desde diciembre, sin que hasta ahora se haya difundido un listado oficial.

(Con información de EFE)

Venezuela ha sido señalado por Transparencia Internacional como el tercer país más corrupto del mundo, tras obtener nuevamente 10 de 100 puntos en el más reciente índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025). El país se ubicó en el puesto 180 de 182 evaluados, solo por encima de Sudán del Sur y Somalia. La organización destaca que este resultado se repite por segundo año consecutivo, lo que evidencia una persistencia en los patrones de corrupción asociados a la captura sistémica del Estado venezolano. Como es lógico, el estudio refleja lo sucedido cuando la gestión gubernamental aún estaba bajo el mando del dictador Nicolás Maduro.

Según el informe, en Venezuela se han consolidado factores como el control de las rentas estatales por parte de la élite política y militar, la formación de redes de corrupción y economías ilícitas, y el uso de empresas estatales para fines partidistas. Además, se advierte sobre el progresivo desmantelamiento de organismos de control, lo que ha facilitado la consolidación de prácticas corruptas a gran escala.

El reporte señala que Venezuela se ha convertido en un nodo criminal trasnacional, donde existe una relación simbiótica entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extracción irregular de oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión. En estas operaciones participan tanto actores estatales como privados de distintos sectores vinculados con el régimen chavista que controla el país desde hace más de 25 años.

Hasta 2025, Transparencia Venezuela ha identificado 787 empresas en 36 sectores y 1.087 personas relacionadas con estructuras cleptocráticas, incluyendo 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estas redes. El informe también revela que, en procesos judiciales internacionales, se han bloqueado bienes por casi 4.000 millones de dólares, aunque se advierte que esta cifra representa solo una fracción de lo desviado del erario público venezolano.

El documento menciona que las autoridades venezolanas han recurrido al uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales y facilitar actividades ilícitas. Asimismo, Transparencia Venezuela denuncia que, debido a nuevas regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025, la organización se vio obligada a cerrar sus operaciones en el país y trabajar desde el exilio.

América Latina en el índice de Percepción de la Corrupción 2025

El informe de Transparencia Internacional advierte que la región latinoamericana continúa enfrentando serias dificultades en la lucha contra la corrupción. En el IPC 2025, la mayoría de los países de América Latina obtuvieron calificaciones por debajo de 50 puntos, situándose en rangos que reflejan altos niveles de percepción de prácticas corruptas en el sector público.

En el ranking regional, Uruguay y Chile permanecen como las naciones mejor posicionadas, al ubicarse entre los países con menor percepción de corrupción en América Latina. Ambos lograron superar el umbral de 70 puntos, aunque sus puntuaciones muestran una tendencia de estancamiento. Por el contrario, naciones como Brasil, México y Argentina registraron puntuaciones inferiores a 40 puntos, reflejando retrocesos o la persistencia de problemas estructurales.

El reporte señala que durante el último año se observaron retrocesos en la protección del espacio cívico y la independencia judicial en países como Guatemala, El Salvador y Perú, lo que ha afectado negativamente su posición en el índice. En particular, en Perú se documentaron interferencias políticas en el trabajo de organizaciones no gubernamentales, dificultando la denuncia de casos de corrupción y el acceso a la información pública.

En contraste, Costa Rica y Colombia muestran leves avances, aunque sus puntuaciones aún reflejan desafíos importantes en materia de transparencia y control institucional. El informe subraya que la región sigue siendo vulnerable ante la influencia de redes criminales, la captura de instituciones y la falta de mecanismos efectivos para sancionar a los responsables de actos de corrupción a gran escala.

En el contexto global, el IPC 2025 revela que las autocracias plenas, como Venezuela y Azerbaiyán, presentan corrupción sistémica en todos los niveles del Estado. El informe resalta que la puntuación venezolana ha descendido siete puntos desde 2016, coincidiendo con la calificación internacional del país como dictadura desde 2018.

El índice también muestra que la corrupción avanza en democracias consolidadas. Países como Estados Unidos (64/100), Reino Unido (70/100), Francia (66/100) y Suecia (80/100) registraron retrocesos en comparación con años anteriores, y solo cinco países alcanzaron una puntuación superior a 80, frente a doce hace una década. Dinamarca (89/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100) repiten como los países percibidos como menos corruptos.

Transparencia Internacional advierte que el deterioro de las libertades civiles, la interferencia política en las ONG y las restricciones a la prensa complican la denuncia y el combate de la corrupción. El índice, que se elabora a partir de trece fuentes externas y recoge la percepción de expertos y empresarios, recomienda como medidas prioritarias la independencia judicial, el combate a la influencia indebida en la política, el acceso a la justicia para las víctimas, la protección del espacio cívico y el fortalecimiento de la contraloría sobre los servicios públicos, además de castigar los casos de corrupción a gran escala.

La directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Maira Martini, subrayó la necesidad de líderes sometidos al control público e instituciones independientes, especialmente en un momento de crisis e inestabilidad global.

Durante la entrevista concedida el pasado sábado a la cadena Newsmax, Jorge Rodríguez abordó las discusiones internas sobre la falta de una fecha prevista para unas nuevas elecciones en Venezuela, haciendo hincapié en la necesidad de reinstitucionalizar el país y lograr el pleno funcionamiento de las instituciones antes de considerar cualquier llamado electoral. Así lo detalló el medio Newsmax al difundir las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y, actualmente, figura central del Gobierno venezolano, quien remarcó que la prioridad se centra en la estabilización del país tras los eventos recientes, concretamente la captura de Nicolás Maduro después del ataque estadounidense sobre Caracas el 3 de enero.

De acuerdo con Newsmax, Rodríguez aseguró que “no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización”, una postura que se enmarca en la actual coyuntura política nacional, marcada por la transición posterior a la detención del presidente Maduro. El dirigente expuso que solo un proceso ordenado y sólidamente institucional permitirá garantizar los derechos tanto de los vencedores como de los derrotados en eventuales comicios, planteando que el cronograma electoral se definirá únicamente cuando existan condiciones de consenso. “Trabajaremos según un cronograma que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por ambas partes”, afirmó Rodríguez en sus declaraciones, según consignó Newsmax.

El hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez profundizó en la justificación del aplazamiento electoral, señalando que el enfoque actual del Ejecutivo interino se orienta a la recuperación de todas las funciones institucionales y al reconocimiento pleno entre los actores políticos venezolanos. Rodríguez describió este proceso como la “restitucionalización del país”, subrayando que el acuerdo y el trabajo en marcha buscan restaurar la operatividad y legitimidad de todas las instituciones del Estado. El medio Newsmax indicó que esta fase busca sentar las bases para eventuales garantías políticas y legales para todos los sectores.

Frente a las preguntas sobre la legitimidad de las últimas elecciones celebradas en julio de 2024 —comicios en los que Maduro fue proclamado ganador y que enfrentaron denuncias de fraude por parte de la oposición y cuestionamientos de gran parte de la comunidad internacional— Rodríguez negó que hubieran carecido de legitimidad. “En Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un cronograma muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución venezolana”, declaró en la entrevista, reafirmando el compromiso de las nuevas autoridades interinas de seguir estrictamente el marco constitucional en futuros procesos electorales. El medio Newsmax resaltó que Rodríguez insistió en la aplicación rigurosa de la Carta Magna como respaldo a cualquier acción futura relacionada con la convocatoria de elecciones.

Rodríguez también se refirió al impacto social y político del ataque militar estadounidense que derivó en el arresto de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Resaltó que la población venezolana ha demostrado “una madurez increíble” ante lo que calificó como un “evento altamente traumático”, mostrando cohesión nacional pese a las divisiones políticas. “Hay una realidad que demuestra que hemos estado divididos durante mucho tiempo”, lamentó Rodríguez de acuerdo a lo difundido por Newsmax, fijando como objetivo principal del actual Gobierno la reconciliación nacional y la completa estabilización del país. Sostuvo que la presidenta encargada busca integrar y reconciliar los distintos sectores de la sociedad, en un periodo de transición considerado crítico para el futuro venezolano.

Estas manifestaciones llegan en un contexto de planteamientos diversos respecto a la posibilidad de nuevos comicios. De acuerdo con Newsmax, días antes la líder opositora María Corina Machado declaró su expectativa de que pudieran celebrarse elecciones “transparentes” en Venezuela en el plazo de nueve o diez meses, pese a que aclaró no haber discutido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cronograma alguno tras los arrestos de Maduro y Flores.

El panorama descrito por Rodríguez, según informó Newsmax, marca una profunda diferencia frente a las demandas de sectores opositores e internacionales, que reclaman la pronta convocatoria de unas elecciones supervisadas y con garantías. Por ahora, el oficialismo vincula cualquier proceso electoral a la obtención de estabilidad institucional previa, planteando un enfoque pautado cuya ejecución estaría condicionada por la restitución del pleno funcionamiento de los poderes del Estado y el consenso entre los actores políticos. Newsmax concluyó que el Ejecutivo interino liderado por Delcy Rodríguez se mantiene firme en dar prioridad a la rehabilitación de las instituciones nacionales, relegando la convocatoria a sufragio a una fase posterior dentro de un calendario que, asegura, respetará la normativa constitucional del país.

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) aprobó un paquete de medidas urgentes tras una denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes que reveló presuntas irregularidades y abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, lo que también derivó en una investigación judicial abierta por el Ministerio Público para determinar posibles hechos delictivos y responsabilidades penales.

La denuncia penal fue presentada luego de que Brenes y técnicos legislativos inspeccionaron el albergue y documentaron hallazgos preocupantes, entre ellos convivencia de menores con adultos, infraestructura deteriorada y falta de personal idóneo para la atención especializada, lo que, según la legisladora, contraviene los estándares de protección de la niñez y adolescencia bajo custodia estatal.

En respuesta, la junta directiva, presidida por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se reunió de forma extraordinaria para definir una ruta de acción con medidas “concretas, inmediatas y verificables” que apuntan a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección.

Estas decisiones se adoptaron dentro del marco legal que regula a la Senniaf, entidad encargada de implementar políticas de protección integral para menores en situación de vulnerabilidad.

Una de las primeras acciones aprobadas fue la orden de una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen, realizada por un equipo técnico interinstitucional conformado por representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, así como miembros de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.

El objetivo es constatar la situación real del albergue, identificar posibles hallazgos y definir medidas correctivas conforme a los protocolos de protección establecidos.

Fuentes vinculadas a la denuncia detallan que el escrito presentado ante la Procuraduría incluye evidencia física, informes y comunicaciones internas que describen condiciones incompatibles con los estándares de atención: casos de tuberculosis sin aislamiento adecuado, episodios de acoso sexual, autolesiones que derivaron en hospitalizaciones, y situaciones donde menores convivían sin separaciones por edad o riesgo.

La denuncia advierte que estas alertas habrían sido enviadas durante meses a instancias superiores sin que se adoptaran medidas eficaces, lo que, según la diputada Brenes, expuso a los niños y adolescentes a condiciones de riesgo sin respuestas institucionales.

El documento también pide evaluaciones médico-legales y psicológicas para verificar posibles daños, así como una inspección ocular que evite la pérdida de información relevante.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación informó que una vez recibida la denuncia actuó de manera inmediata para iniciar las diligencias investigativas, incluyendo verificaciones técnicas, inspecciones y levantamiento de información en el CAI de Tocumen, con la participación de peritos especializados y personal forense.

La Fiscalía señaló que su compromiso es llevar una investigación “seria, diligente y transparente”, con respeto al debido proceso y protección a los derechos fundamentales, especialmente de los menores.

Además de la inspección física, la junta directiva de la Senniaf aprobó el inicio de procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que se encuentra bajo el sistema de protección sin una alternativa familiar, con miras a su transferencia a instituciones que puedan garantizar rutas de atención asistencial apropiadas según sus necesidades.

Como parte del fortalecimiento de la supervisión institucional, la directiva acordó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario que se presentará en las instalaciones de la Senniaf para realizar una evaluación administrativa y de gestión del organismo.

Los resultados serán consignados en un informe para sustentar decisiones y aplicar los correctivos necesarios, con responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento.

En medio de este contexto, organizaciones civiles, redes de apoyo y sectores legislativos han manifestado que las denuncias ponen de manifiesto una “crisis institucional” en el sistema de protección, y han urgido a las autoridades a responder de manera oportuna y efectiva ante las repetidas alertas sobre maltrato o negligencia en albergues bajo custodia estatal.

La Senniaf, por su parte, se ha limitado a señalar que las actividades de supervisión al interior de los albergues se desarrollan en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los menores, tras una vista realizada por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, aunque esa versión no aborda los detalles de la denuncia ni las acciones concretas que se tomarán.

En el último quinquenio, el Senniaf ha sido señalado por irregularidades en sus centros de atención.

Superlano acompañó el mensaje en la red social con un video que muestra su salida del centro de detención y el reecuentro con su esposa y su hija.

La ONG, Foro Penal, registró este domingo 35 excarcelaciones y dijo tener reportes sobre posibles nuevos casos. El directo de la ONG, Alfredo Romero, señaló que cada liberación verificada es comunicada a los familiares y equipos legales correspondientes. Entre los excarcelados figuraban, además de Superlano, Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha —abogado de María Corina Machado—, Jesús Armas y Luis Tarbay. La lista incluye también a Henry Gustavo Alviarez, Dario Estrada Perozo, Liomary Chiquinquirá Espina y Eduardo Labrador, según pudo verificar el Foro Penal.

El domingo, familiares y partidos políticos confirmaron la excarcelación de activistas como Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, vinculados a Voluntad Popular y Vente Venezuela. También se reportó la liberación de María Oropeza, Dignora Hernández, Emil Brandt y Leocenis García. El Comando con Venezuela celebró las excarcelaciones, pero reiteró: “¡Faltan muchos por liberar! ¡Hasta que todos sean libres! ¡Libertad para todos los presos políticos!”

La excarcelación de Superlano ocurre después de que fuera detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, por funcionarios encapuchados. Organizaciones de derechos humanos calificaron el hecho como un secuestro político y una detención arbitraria en el contexto de la represión postelectoral.

Revocatoria de excarcelación

La fiscalía del régimen venezolano informó durante la madrugada del lunes que solicitó el arresto del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa al considerar que violó las condiciones de su excarcelación, según un comunicado difundido en redes sociales. El organismo pidió a los tribunales revisar la medida cautelar otorgada y solicitó “pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

La familia del dirigente opositor, cercano a María Corina Machado, dijo que Guanipa fue secuestrado por hombres armados la noche del domingo. "Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado publicado en la cuenta de X del dirigente.

En el texto publicado en las redes sociales del Ministerio Público, la institución señaló que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”. También indicó que “el Ministerio Público de Venezuela solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al alegar el incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional”.

El comunicado agregó que la solicitud se realizó “en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”. La fiscalía reiteró el alcance de este tipo de beneficios judiciales y sostuvo que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas y que su incumplimiento permite al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”.

El organismo también informó que pidió a la instancia judicial avanzar con nuevas decisiones dentro del proceso. En ese sentido, señaló que solicitó “adoptar las decisiones que correspondan en derecho, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

La solicitud se produjo pocas horas después de la salida del dirigente opositor del centro de reclusión. Guanipa salió de prisión a comienzos de la tarde. Luego se trasladó por distintos puntos de Caracas y recorrió en motocicleta varios centros de detención, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participó en Caracas en una jornada del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, acompañado por el coordinador general de la iniciativa, Ernesto Villegas Poljak. Tras esta actividad, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, subrayó avances en las iniciativas orientadas a la estabilidad y la unidad nacional tras haberse reunido el viernes con Zapatero en el Palacio de Miraflores. Según informó Europa Press, Rodríguez utilizó sus redes sociales para señalar que el encuentro sirvió para reafirmar el compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, así como con la búsqueda del entendimiento entre ciudadanos venezolanos, la cohesión interna y la estabilidad institucional.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, también estuvo presente en la reunión, según las imágenes oficializadas por la Presidencia venezolana y difundidas por la televisión estatal VTV. Europa Press detalló que la Presidencia venezolana enmarcó la visita como un ejemplo de la llamada Diplomacia Bolivariana de Paz, sustentada en la promoción de la fraternidad, el diálogo, y la solidaridad tanto a nivel interno como con visitantes extranjeros.

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz fue presentado públicamente por Delcy Rodríguez el 23 de enero. De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, el programa se plantea como una propuesta de carácter patriótico y anticolonialista, cuyo objetivo radica en fortalecer la estabilidad nacional, la armonía social y el diálogo político en el país, factores considerados prioritarios en el actual contexto político.

Durante su estancia en Caracas, Zapatero ofreció declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, en las que valoró positivamente el ambiente político en Venezuela. "Veo el mejor ambiente en Venezuela de los últimos diez años y tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela", manifestó el exmandatario español. Zapatero describió un proceso de "renacer" en el país, añadiendo: "Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales".

Según publicó Europa Press, Zapatero mantuvo reuniones también con dirigentes de la oposición venezolana durante su visita. Además, el medio incidió en el papel que el expresidente español ha desempeñado en Venezuela durante la última década, siendo uno de los mediadores en los diálogos sostenidos entre el oficialismo y sectores de la oposición. El Gobierno español ha destacado su participación en procesos relevantes, incluyendo gestiones para la liberación de presos políticos.

El contexto de la visita y los avances recientes cobran relevancia tras la aprobación unánime el jueves por parte de la Asamblea Nacional venezolana, en primera lectura, de una ley de amnistía. Según consignó Europa Press, la iniciativa busca facilitar una transición pacífica tras la salida de Nicolás Maduro del poder, ocurrida después de su captura en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Delcy Rodríguez describió dicha medida legislativa como un paso "decisivo" en la búsqueda de la paz en el país latinoamericano.

El acto institucional protagonizado en Miraflores y la participación de figuras internacionales como Zapatero han sido interpretados en diversos sectores políticos y sociales, dentro y fuera de Venezuela, como señales de una posible apertura y reconciliación interna. Según reportó Europa Press, la Presidencia venezolana resaltó durante la jornada que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia más amplia para consolidar la unidad y la soberanía nacional, así como para fortalecer el diálogo entre los distintos actores sociales y políticos.

La cobertura de VTV y la difusión de imágenes y mensajes institucionales han nutrido el relato oficial sobre los avances y la proyección del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, subrayando la continuidad de estos esfuerzos en el escenario pos-Maduro. Titulares y declaraciones recogidas por Europa Press reflejan la intención del Ejecutivo interino de mantener abiertas las vías para el encuentro nacional y la normalización de la vida política venezolana.

El Ministerio Público de Panamá anunció la apertura de una investigación formal tras la presentación de una denuncia penal por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de funciones públicas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un albergue bajo la administración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

La acción legal fue interpuesta por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, quien detalló anomalías en la atención de los niños y adolescentes bajo resguardo estatal.

La denuncia, presentada el 6 de febrero, señala múltiples irregularidades: deterioro evidente de la infraestructura, falta de personal capacitado para atender a esta población vulnerable y la convivencia de menores con adultos en un mismo espacio, una práctica que contravendría estándares básicos de protección y cuidado infantil.

Brenes sostuvo que estos hallazgos están respaldados por informes y comunicaciones internas enviados dentro de la institución, aunque no recibieron atención oportuna.

Además de la directora del SENNIAF, Ana Fábrega, otros funcionarios fueron incluidos en la denuncia por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de deberes.

La diputada estuvo acompañada por César Augusto Pérez, exdirector de Prevención del SENNIAF, quien aseguró haber sido desvinculado tras alertar sobre estas situaciones. Perez declaró que remitió reportes regularmente y que otros coordinadores regionales también enfrentaron represalias luego de señalar problemas similares.

Pérez sostuvo que su intención no era desacreditar a la entidad, sino empujar correcciones para garantizar mejores condiciones a los menores bajo tutela estatal.

La SENNIAF, en tanto, ha señalado que el recorrido de la comisión legislativa por el CAI se llevó a cabo sin incidentes y bajo los protocolos aplicables a la atención y resguardo de niños, niñas y adolescentes.

La institución agregó que estas verificaciones se vienen ejecutando desde diciembre e incluyen evaluaciones en albergues privados de Santiago, Coclé y Chiriquí.

En el caso de Tocumen, indicó que la delegación de diputados estuvo acompañada por la directora general, Ana Fábrega, junto con equipos técnicos y administrativos.

Además, reiteró que los albergues operan bajo normas específicas y que las visitas deben planificarse con antelación, con un registro de asistentes (nombre, cargo e identificación), para realizar las validaciones correspondientes, proteger la confidencialidad de los casos y evitar cualquier exposición de los menores.

La respuesta institucional y el contexto de las alertas internas muestran que la denuncia no surgió de un hecho aislado sino de una serie de advertencias que, según documentos presentados al Ministerio Público, incluían correos, informes técnicos y fotografías que describen riesgos graves para los menores.

Estos riesgos incluyen relatos de presunto abuso sexual, tuberculosis sin capacidad de aislamiento apropiado y episodios de autolesiones que llevaron a hospitalizaciones, según fuentes vinculadas al expediente.

En medio de esta situación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un pronunciamiento en el que expresó su profunda preocupación por las denuncias de maltrato, abuso y negligencia hacia niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado panameño en albergues como el CAI de Tocumen.

En su comunicado, el organismo subrayó que los entornos de albergues no constituyen espacios idóneos para el desarrollo integral y la protección de la infancia, basándose en evidencia internacional sobre los efectos negativos de la institucionalización prolongada.

UNICEF urgió a las autoridades panameñas —ejecutivo, legislativo y judicial— a actuar con celeridad, equidad y justicia para garantizar el derecho al cuidado, la seguridad y el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo custodia estatal.

El organismo también abogó por el fortalecimiento de medidas alternativas basadas en la familia, como programas de acogimiento familiar, y destacó la importancia de asignar recursos suficientes a la SENNIAF para ampliar estos modelos a nivel nacional.

La respuesta de UNICEF cobra mayor relevancia en un contexto donde se han identificado vacíos en la supervisión de albergues, espacios que, según sus propias publicaciones sobre protección infantil en Panamá, no deberían ser la principal forma de cuidado para niños sin entorno familiar.

La institución señala que la mejor opción para estos menores —si deben ser separados de sus familias por razones de protección— es ubicarlos en un entorno familiar o de acogida temporal con apoyo adecuado.

Las declaraciones de la diputada Brenes han puesto nuevamente bajo escrutinio a la SENNIAF, la entidad estatal encargada de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia en Panamá.

La responsabilidad de esta institución incluye investigar denuncias de abuso infantil y garantizar que los menores sean retirados de situaciones de riesgo cuando sea necesario. Su papel ha sido cuestionado por organizaciones civiles y legisladores, que exigen mayor transparencia y acciones concretas para prevenir negligencias.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que alertas previas sobre condiciones deficientes en albergues no recibieron respuesta efectiva de las autoridades competentes, lo que podría haber contribuido a la acumulación de situaciones críticas dentro de estos centros de protección.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Ana Fábrega, y otros funcionarios, por presuntos delitos vinculados a abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de servidores públicos.

La acción se produjo tras una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al CAI de Tocumen, un albergue estatal ubicado al este de la Ciudad de Panamá. Tras el recorrido, Brenes reportó “irregularidades” relacionadas con el estado de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, un punto que, según dijo, no se ajusta a estándares de protección.

Brenes sostuvo que la denuncia se fundamenta en correos, informes y reportes internos que, según explicó, ya habían sido enviados a niveles jerárquicos de la institución y advertían sobre presuntas situaciones de negligencia y vulneración de derechos.

La diputada pidió al Ministerio Público “celeridad” en el trámite y llamó a que los funcionarios que conozcan hechos de este tipo denuncien, al advertir que el silencio puede convertirse en complicidad por omisión.

Junto a la diputada compareció César Augusto Pérez, identificado en reportes de prensa como exdirector de Prevención del SENNIAF y encargado del CAI de Tocumen, quien aseguró haber sido separado del cargo por “pérdida” o “falta de confianza” luego de elevar alertas internas sobre supuestas irregularidades.

Pérez dijo que sus comunicaciones fueron presentadas “por escrito” y que no buscaban atacar a la institución, sino mejorar condiciones para los menores bajo custodia estatal.

SENNIAF, por su parte, respondió públicamente que la visita de la comisión al CAI se desarrolló con normalidad y conforme a procedimientos establecidos para la protección de niños, niñas y adolescentes.

La entidad indicó que ese tipo de recorridos se han venido realizando desde diciembre, incluyendo inspecciones a albergues privados en Santiago, Coclé y Chiriquí, y que durante el recorrido en Tocumen los diputados fueron acompañados por la directora general, Ana Fábrega, además de personal técnico y administrativo.

En su posición institucional, SENNIAF también recordó que los albergues se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo, y que las visitas deben coordinarse previamente con listados de visitantes (nombre, cargo e identificación) para las verificaciones correspondientes, priorizando el bienestar y la confidencialidad de los casos y evitando cualquier forma de exposición de los menores.

Mientras avanza el trámite de la denuncia, Brenes anunció que la comisión elaborará un informe con observaciones del recorrido y lo remitirá a las instancias correspondientes, además de enviar notas para que la Comisión de Presupuesto evalúe la situación del centro. La diputada recordó que SENNIAF está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y pidió atención directa al tema.

El caso vuelve a colocar en el debate público el funcionamiento de albergues estatales y los mecanismos de supervisión. En los próximos días, el curso del proceso dependerá de las actuaciones del Ministerio Público y de la documentación que, según la diputada, fue incorporada como sustento de su denuncia, así como de los hallazgos que la comisión legislativa formalice en su informe técnico.

Entre 2021 y 2023 ya se habían conocido alertas e investigaciones vinculadas a irregularidades en albergues supervisados por el Estado y la SENNIAF, que motivaron acciones de control y pronunciamientos públicos.

En febrero de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Nacional que se remitieran informes preliminares sobre maltratos a menores en albergues bajo la supervisión de la entidad, lo que dio paso a investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos en varias instalaciones destinadas a niños y adolescentes.

Un escándalo similar marcó los primeros meses de 2021, cuando un informe parlamentario reveló condiciones “infrahumanas” en centros de acogida para menores supervisados por la SENNIAF, donde se documentaron casos de abusos físicos, sexuales y psicológicos hacia decenas de niños y adolescentes. La comisión legislativa que investigó esos hechos trasladó conclusiones a la Procuraduría General de la Nación para que se abriera una investigación penal, y surgieron cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y protección en los albergues estatales.

Además, en 2023 la Procuraduría General de la Nación confirmó una condena de 60 meses de prisión a una exfuncionaria de la SENNIAF por el delito de maltrato a un menor en un albergue, como parte de casos que han transitado en el sistema judicial.

Durante una jornada en Caracas en la que, según informó la Presidencia venezolana, también estuvo presente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez recalcó la importancia de fortalecer la estabilidad política y social en Venezuela. El encuentro, celebrado el viernes en el Palacio de Miraflores, incluyó la participación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y se centró en los esfuerzos conjuntos por promover el diálogo y la reconciliación nacional. Tal como publicó el medio, Delcy Rodríguez subrayó la relevancia de impulsar el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, lanzado en enero bajo su liderazgo, orientando la estrategia oficial hacia la unidad nacional y la gobernabilidad.

De acuerdo con lo difundido por la Presidencia venezolana, la visita de Zapatero forma parte de la denominada “Diplomacia Bolivariana de Paz”, una política destinada a profundizar la hermandad, la solidaridad y el entendimiento entre los actores políticos y sociales del país. El medio detalló que, durante su estadía en Caracas, Rodríguez Zapatero también asistió a una jornada del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, acompañado por el coordinador general de la iniciativa, Ernesto Villegas Poljak.

Según las declaraciones oficiales recogidas por la prensa estatal y la televisión pública VTV, Delcy Rodríguez reafirmó ante Zapatero la intención de consolidar el proceso de armonía y encuentro entre las y los venezolanos: “Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República”, escribió Rodríguez en redes sociales. Además, la Presidencia recordó que estos esfuerzos buscan intensificar el diálogo político y el fortalecimiento de la cohesión social en Venezuela.

El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, presentado oficialmente el 23 de enero por Delcy Rodríguez, fue concebido, según reportó la Presidencia, con un enfoque patriótico y anticolonialista. Los objetivos principales de esta iniciativa pasan por fomentar la estabilidad y la armonía interna, así como abrir espacios para el diálogo entre los diversos sectores políticos y sociales tras la salida de Nicolás Maduro, quien, de acuerdo con la descripción del medio, fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Por su parte, Rodríguez Zapatero expresó ante medios su percepción positiva sobre el ambiente sociopolítico del país. “Hay un renacer de Venezuela. Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales”, afirmó el exjefe del Gobierno español frente a periodistas desde Caracas. Mencionó, asimismo, su “gran confianza” en la presidenta encargada y resaltó los avances que, en poco tiempo, percibe en la vida política del país. “Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”, consignó el medio a partir de las declaraciones de Zapatero. Además, aprovechó su estancia para reunirse también con representantes de la oposición.

El medio detalló que la trayectoria de Zapatero en el terreno político venezolano se remonta a una década, período durante el cual ha actuado como mediador en negociaciones entre el gobierno chavista y la oposición, incluyendo gestiones para la liberación de presos políticos, según indicó el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este contexto de diálogo y reconciliación, el jueves reciente, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura y por unanimidad una ley de amnistía con el objetivo de facilitar “pasos decisivos” hacia la pacificación nacional, explicó Delcy Rodríguez. De acuerdo con el medio, esta legislación busca afianzar la paz tras el cambio de liderazgo en la nación y constituye uno de los elementos clave en la estrategia de la actual administración para estabilizar el entorno político venezolano.

La Presidencia insistió en que la continuidad del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz se convierte en pilar fundamental para el futuro del país. Las autoridades remarcan que la intención es ampliar los espacios de encuentro y el trabajo conjunto entre las fuerzas políticas, sociales y religiosas para consolidar una estructura estatal basada en el consenso y la inclusión.

Durante las conversaciones sostenidas en Miraflores, la presencia de Jorge Rodríguez —según difundió la televisión oficial— simbolizó el respaldo del Parlamento a la búsqueda de estabilidad y entendimiento. Al mismo tiempo, la participación activa de Ernesto Villegas Poljak en la coordinación del programa refuerza su dimensión ejecutiva y la interacción con diversos sectores de la sociedad.

El medio consignó, además, que el contexto de las conversaciones y los acuerdos recientes responde a una etapa marcada por la transición tras la salida de Maduro. La aprobación de la ley de amnistía, la reafirmación de los compromisos gubernamentales y el respaldo internacional evidenciado por figuras como Zapatero figuran entre los puntos centrales de la agenda política actual, orientada a propiciar la reconciliación y reconstituir el tejido institucional en Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) reiteró su denuncia sobre la exclusión de víctimas y la falta de garantías en el proceso amnistía propuesto por el Gobierno. De acuerdo con el comunicado difundido por la principal coalición opositora y reportado por el medio Europa Press, la agrupación advirtió que una amnistía incompleta o condicionada no puede considerarse auténtica, y remarcó la exigencia de liberación inmediata e incondicional de todas las personas consideradas presos políticos. Según expuso la PUD, el diseño actual del proyecto de ley omite la inclusión de amplios sectores de detenidos civiles y militares, no deroga la legislación represiva todavía vigente, ni habilita un retorno seguro para quienes se encuentran en el extranjero por motivos políticos. Asimismo, el planteamiento oficial no contempla el levantamiento de inhabilitaciones ni mecanismos para la reparación de las víctimas.

El texto, elaborado bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, ha provocado inquietud en el seno opositor por la manera en la que se dejaría la concesión de la amnistía en manos de órganos e instituciones estatales señalados como responsables de persecución. El pronunciamiento de la PUD, consignado por Europa Press, subrayó la preocupación que genera la dependencia del proceso respecto a estos organismos y cuestionó la legitimidad de cualquier reconciliación social cuya ejecución dependa de los actores implicados en detenciones previas. Según el comunicado, “no puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”. Por ello, la coalición insistió en que cualquier instrumento jurídico para la amnistía debe garantizar la restauración total del orden constitucional y la recuperación plena de derechos fundamentales, generando confianza en la posibilidad de una transición política genuina.

La Plataforma Unitaria recordó los términos de su petición difundida el 30 de enero, donde recopiló las condiciones que considera indispensables para avanzar hacia una verdadera solución política. Según Europa Press, este documento sostiene, junto con la libertad inmediata de todos los presos políticos, el regreso de personas exiliadas, la anulación de inhabilitaciones políticas, el fin efectivo de la persecución judicial, y el desmantelamiento del aparato represivo. Adicionalmente, requiere la restitución de la libertad de prensa, la devolución de los partidos políticos intervenidos y garantías para la vigencia de la Constitución. La PUD argumentó que sin esos requisitos resultará imposible consolidar una transición política y una solución negociada en Venezuela.

La reacción de la oposición se produjo tras la aprobación por unanimidad, en la Asamblea Nacional, de una primera lectura sobre la ley de amnistía. Esta iniciativa, presentada con el fin de avanzar hacia una etapa de reconciliación tras una posible salida de Nicolás Maduro del poder, ha sido explicada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Según recogen medios como Europa Press, Rodríguez argumentó que el proyecto no se limitaba a listas de nombres para evitar exclusiones selectivas y que la norma tenía alcance desde 1999 hasta 2026, abarcando un amplio período histórico.

La ONG Foro Penal evaluó positivamente el inicio del trámite legislativo sobre la amnistía, aunque marcó como un punto pendiente la falta de acceso público al contenido completo del proyecto. Gonzalo Himiob, fundador de la organización, declaró a Europa Press que solo se conocía la exposición de motivos de la ley al momento de la votación; además, reclamó la divulgación inmediata del texto íntegro. Para Himiob, la participación y el respaldo de la sociedad civil resultan esenciales para que la amnistía tenga efectos duraderos, asegurando que “sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”.

El anuncio oficial realizado por Delcy Rodríguez incluyó, en paralelo, la propuesta de clausurar El Helicoide—instalación gestionada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— y reconvertirla en un espacio cultural y deportivo. Esta medida ha llamado la atención de organizaciones de Derechos Humanos, que, según detalló Europa Press, continúan señalando la presencia de un marco legal punitivo vigente que afecta a ONG y limita el ejercicio de sus actividades. Adicionalmente, las asociaciones advierten que el proyecto de amnistía no prevé la cobertura de delitos cometidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, manteniendo fuera del alcance legal situaciones previas y actuales que afectan a numerosos actores políticos y sociales.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional, con el respaldo unánime de las bancadas presentes, condujo la primera votación del proyecto sobre el que Jorge Rodríguez subrayó que su amplitud temporal buscaba dar respuesta a los hechos políticos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. El presidente del parlamento recalcó, según Europa Press, la importancia de evitar selectividades y exclusiones mediante “listados de nombres”, defendiendo el carácter abarcativo de la normativa.

Europa Press reportó que, hasta el momento, la legislación solo ha avanzado en la primera de las dos instancias requeridas para su aprobación definitiva, permaneciendo abierto el debate acerca de las condiciones y la transparencia del proceso. El reclamo opositor y las reservas de la sociedad civil inciden directamente sobre la legitimidad, alcance y posible implementación de la esperada medida de amnistía, en un contexto donde distintos sectores consideran indispensables mayores garantías para la protección de derechos y el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

Durante una visita al centro de detención conocido como Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en el distrito metropolitano de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, declaró que el proceso legislativo que permitirá la liberación de los presos políticos podría culminar esta semana. Según detalló Europa Press, Rodríguez expresó su expectativa de que todos los detenidos bajo estas causas salgan en libertad entre el martes y, como plazo máximo, el viernes, siempre que la ley de amnistía reciba la aprobación definitiva en el Parlamento.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, la Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso para la aprobación de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que contempla la liberación de personas encarceladas por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. La legislación también abarca a quienes fueron detenidos por participar en las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, aunque con excepciones relevantes: quedan excluidos aquellos procesados o condenados por delitos considerados graves, como violaciones severas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. Para entrar en vigor, la medida requiere una segunda votación favorable en el Legislativo.

El medio Europa Press informó que durante su visita al centro de reclusión, Rodríguez estuvo acompañado por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de recabar opiniones sobre la nueva normativa. En el encuentro, Rodríguez explicó que la ley de amnistía, en sus palabras, “no genera ningún tipo de reserva” y subrayó la importancia de aplicar la justicia y el perdón en el contexto político actual del país. El presidente parlamentario compartió estas declaraciones en sus redes sociales, donde además publicó un video abrazando a familiares de los reclusos, en un gesto dirigido a la opinión pública y a las familias afectadas por estas detenciones.

En referencia a la naturaleza de la amnistía, Europa Press recogió la opinión de Gonzalo Himiob, fundador de la organización no gubernamental Foro Penal, dedicada al monitoreo de la situación de los presos políticos en territorio venezolano. Himiob opinó que definir la amnistía como un ‘acto de clemencia’ desvía su significado. “Las amnistías no son eso, no sitúan a nadie en la posición de ‘perdonar’. Implican una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado que abarca casos ya finalizados y los que estén en curso”, escribió el activista en redes sociales, aludiendo al tratamiento que las autoridades chavistas han dado al tema.

La tramitación de la Ley de Amnistía responde a demandas de sectores políticos y sociales que reclaman la liberación de personas detenidas por motivos vinculados a sus convicciones o actividades políticas. Según publicó Europa Press, los impulsores de la reforma sostienen que la medida busca contribuir a la convivencia democrática, si bien mantiene excluidos a quienes afrontan procesos por delitos calificados como graves en la legislación nacional e internacional. La discusión en el Parlamento ha incluido consultas con distintas organizaciones y familiares de los afectados, con la intención de definir cuidadosamente el alcance de la amnistía y evitar controversias legales posteriores.

Según consignó Europa Press, la entrada en vigor de la ley dependerá de su aprobación en segunda instancia parlamentaria, un procedimiento habitual en el sistema legislativo venezolano que permite la revisión integral del texto antes de convertirse oficialmente en ley. La expectativa en el entorno político es que este proceso culmine en los próximos días, facilitando la excarcelación de las personas incluidas en el proyecto, aunque la definición de casos excluidos sigue generando debate.

Dentro del contexto presentado por Europa Press, la medida se da en un escenario marcado por la polarización política y actos recientes de protesta ciudadana. Las detenciones relacionadas con la coyuntura electoral y los posteriores enfrentamientos han elevado la presión nacional e internacional sobre el Gobierno para actuar en materia de derechos humanos y libertades públicas. Sectores opositores y organizaciones internacionales han exigido medidas concretas para aliviar la situación de los reclusos y fortalecer el diálogo político en Venezuela.

Europa Press también reseñó que este debate ha generado reacciones encontradas en la opinión pública, considerando las diferentes posturas sobre la pertinencia y extensión de la amnistía. Algunas organizaciones han argumentado la necesidad de una liberación inmediata de los detenidos, mientras que otras se mantienen cautelosas en torno al alcance de la ley y la posible impunidad para casos que revisten mayor gravedad.

El seguimiento a los próximos pasos legislativos y la efectiva puesta en práctica de la norma serán claves según reportó Europa Press, tanto en el escenario interno como de cara a los compromisos internacionales adquiridos por Venezuela en materia de derechos humanos y procesos políticos inclusivos.

“Nos parece positivo que se haya convocado a las organizaciones de derechos humanos para realizar planteamientos y discutir este proyecto de ley”, señaló Romero, quien destacó la participación de Provea, CLIPVE, Acceso a la Justicia, Foro Penal, representada por su vicepresidente Gonzalo Himiob, y otras ONG.

En un video publicado en su perfil de la red social X, Romero indicó que uno de los planteamientos de la organización fue la necesidad de que el proceso de excarcelaciones continúe y que se garantice la libertad total y plena de todos los presos políticos, sin que esto quede supeditado exclusivamente a la aprobación de la ley de amnistía.

Además, propusieron que la ley no se limite a extinguir procesos, sino que implique la nulidad absoluta de todos los procedimientos penales y administrativos relacionados con la persecución política a través del sistema de justicia.

El abogado y titular de Foro Penal mencionó que se estableció en que la amnistía tenga un carácter inclusivo, sin limitarse a ciertos grupos de presos políticos, y subrayó la importancia de incluir a organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en combinación con organizaciones locales, para dar la amplitud necesaria a la ley.

Otro punto central fue la incorporación de la reparación integral de las víctimas como elemento esencial de la amnistía, así como la garantía del derecho a la defensa, permitiendo el acceso de abogados de confianza en todos los procesos.

Romero remarcó que la ley debe permitir que todas las personas con medidas restrictivas de libertad por motivos políticos —más de once mil, según el recuento de la ONG— puedan obtener su libertad plena, e incluso facilitar el regreso al país de quienes están en el exilio.

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la institución, participó de la reunión las ONG pudieron expresar sus desacuerdos y sugerencias sobre el texto presentado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Himiob destacó en redes sociales la importancia de este espacio de diálogo al subrayar que por primera vez las víctimas y defensores pudieron plantear sus preocupaciones, ya que “el objetivo” es que “la amnistía sea lo más amplia posible”.

Sin embargo, reconoció que persisten diferencias técnicas sobre el contenido de la ley. “La correcta y más inclusiva aplicación de la Ley de Amnistía no debe quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo, y que debe permitirse la participación vinculante de los organismos de defensa de los DDHH, las ONG y las víctimas”, escribió.

“Las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado”, insistió.

Por su parte, Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, calificó el debate como “fructífero” y reafirmó el compromiso de las instituciones con la paz, el entendimiento y la escucha de todos los sectores, más allá de las diferencias.

El jueves pasado se aprobó el primer texto de la ley de amnistía, que debe someterse a dos discusiones en días distintos, como estipula la Constitución venezolana.

El viernes, en el día previo a la reunión entre Comisión Especial de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió que la voz de los familiares de presos políticos sea escuchada durante las consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía.

Rodríguez, que se reunió con allegados de detenidos en un centro de reclusión en Caracas, prometió que la excarcelación de los presos políticos ocurrirá “a más tardar el viernes”.

“A más tardar el viernes están todos sueltos”, afirmó el diputado frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7. Además, instó a los parlamentarios a salir a las calles y dialogar con las víctimas y sus familiares para recoger propuestas que puedan ser incorporadas en la segunda discusión parlamentaria del proyecto de ley.

Mientras la población venezolana exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, este sábado se reunieron en Caracas representantes de diversas organizaciones de derechos humanos y la Comisión Especial instalada por la Asamblea Nacional chavista para tratar la ley de amnistía general anunciada días atrás por Delcy Rodríguez.

En el encuentro participaron Foro Penal, Provea, Justicia Venezolana y Acceso a la Justicia, que acudieron a la invitación de diputados oficialistas para debatir los alcances de la ley de amnistía para la convivencia democrática. El principal objetivo fue recoger propuestas de juristas, académicos y de la sociedad civil antes de la siguiente votación parlamentaria.

El presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza, recalcó que el proceso seguirá abierto a más aportes antes del debate decisivo.

Arreaza aclaró que el contenido de la ley es “muy claro” y “amplio”, y se ajusta a la disposición constitucional sobre amnistía general. Especificó que no incluye a personas procesadas por delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción ni tráfico de drogas. Además, indicó que otras normas como la Ley contra el Odio no serán derogadas por ahora, pese a los reclamos de la coalición opositora que solicita ampliar el alcance de las garantías legales.

Otro de los altos funcionarios del régimen chavista que estuvo presente en la reunión fue el fiscal general Tarek William Saab, quien consideró que el proyecto de amnistía debe incluir tanto a opositores como a chavistas: “Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años”, afirmó Saab ante periodistas en el Palacio Legislativo.

Saab detalló que su despacho presentó “un modelo de anteproyecto”: “Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero, le estamos tendiendo la mano al mundo entero, a todos los factores políticos e ideológicos al interior de nuestro país que incluso apoyaron previamente una acción brutal de invasión”, agregó el fiscal del régimen, en referencia a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos dos borradores de la ley circularon entre la prensa, aunque fuentes parlamentarias precisaron a la agencia francesa AFP que anticipan modificaciones antes de que el texto llegue a la plenaria.

“Creo que estamos avanzando por el camino correcto, por el camino de la justicia, por el camino del perdón, por el camino del reencuentro y por el camino de la paz que es lo más importante”, expresó Arreaza al finalizar el encuentro con representantes del sistema judicial.

Tras la difusión del borrador, la Plataforma Unitaria Democrática advirtió sobre “omisiones graves”, pues considera que quedan fuera grupos de presos políticos civiles y militares, además de periodos históricos clave para sus miembros.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, expresó que la ley de amnistía no es indispensable para la liberación de los presos políticos y señaló que las excarcelaciones deben continuar sin condiciones. A su vez, Andreína Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, criticó la consulta por desarrollarse “a espaldas de las víctimas”, posicionando así el descontento de activistas y familiares con el proceso.

Las vigilias y manifestaciones a las afueras de centros penitenciarios, como Zona 7 y El Helicoide en Caracas, se han intensificado este sábado. Los familiares exigen que se cumpla la promesa de excarcelar a todos los presos políticos en cuanto la ley reciba aprobación definitiva. Marina Saldivia, madre de un detenido, expresó la expectativa de que las autoridades honren sus compromisos. En contraste, otros allegados, como Evelis Cano, tildaron como un “show mediático” la visita parlamentaria a las cárceles.

Las cifras sobre presos políticos y excarcelaciones varían según la fuente. Foro Penal informa que al menos 383 personas han sido liberadas desde el 8 de enero y estima en 687 el número de presos políticos que aún permanecen detenidos. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática registra 391 excarcelaciones.

La comisión parlamentaria anunció que la aprobación definitiva de la ley se prevé para el próximo martes, lo que podría agilizar nuevas excarcelaciones antes del viernes. Mientras tanto, los familiares mantienen la presión con vigilias y actividades públicas en demanda de justicia. Durante las actividades religiosas que acompañan las protestas en los penales, líderes de la iglesia han insistido en que solo la restauración de la justicia para quienes esperan respuestas podría allanar el camino hacia la estabilidad social.

“Salimos venciendo el miedo. Salimos todos. Hasta que salgan todos”, afirmó la líder opositora María Corina Machado en un video publicado este sábado para apoyar a los familiares de los presos políticos que se siguen movilizando para exigir la liberación de sus seres queridos.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 278, que reforma el Código Penal para ampliar las sanciones por violencia psicológica, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión contra quienes cometan este delito, sin distinción de sexo o edad de la víctima.

Con esta decisión, el Parlamento modificó el artículo 138-A de la Ley 14 de 2007, que hasta ahora aplicaba sanciones principalmente cuando la víctima era una mujer, dejando fuera a hombres y menores de edad que también sufrían este tipo de agresiones.

La nueva norma establece que incurre en violencia psicológica quien, mediante amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso, obligue a otra persona a hacer o dejar de hacer algo, tolerar explotación, someterse a humillaciones, aislamiento o exigencias de obediencia y sumisión.

El texto aprobado señala que estas conductas constituyen un delito contra la vida e integridad personal, aun cuando no exista agresión física directa, reconociendo el impacto que el daño emocional y mental puede tener en las víctimas.

Además, la ley dispone que, si las conductas provocan daño psíquico comprobado, la pena podrá aumentarse de una tercera parte hasta la mitad del máximo previsto, reforzando el carácter disuasivo de la sanción.

El proyecto fue impulsado por el diputado Luis Eduardo Camacho, quien argumentó durante el debate que la legislación anterior dejaba en una posición vulnerable a hombres y niños víctimas de violencia emocional, en un contexto marcado por una cultura patriarcal y machista.

Camacho sostuvo que muchos hombres que sufren agresiones psicológicas optan por guardar silencio por temor al estigma social, la burla o la vergüenza, lo que dificulta la denuncia y perpetúa los abusos.

“Hay que trabajar en que el género masculino entienda que denunciar no le quita hombría ni dignidad”, expresó el diputado durante la sustentación del proyecto, según consta en las actas legislativas.

En su exposición de motivos, el proponente destacó que la violencia no es un fenómeno exclusivo de género, sino una problemática que afecta a mujeres, hombres y niños, y que debe abordarse desde una perspectiva inclusiva y de derechos humanos.

La iniciativa recibió el respaldo mayoritario del pleno, con 45 votos a favor, uno en contra y una abstención, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de actualizar el marco legal.

Desde el punto de vista institucional, la reforma busca fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar y judicializar casos de violencia psicológica, sin depender del perfil de la víctima.

También otorga mayores herramientas al Órgano Judicial para tipificar adecuadamente estas conductas, que en muchos casos eran tratadas como faltas menores o quedaban sin sanción efectiva.

Organismos internacionales han advertido que la violencia psicológica puede generar efectos tan graves como la violencia física, incluyendo depresión, ansiedad, aislamiento social, pérdida de autoestima y, en casos extremos, riesgo suicida.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el maltrato emocional constituye una forma de violencia estructural, con impactos duraderos en la salud mental y el desarrollo personal.

En Panamá, especialistas en salud mental han insistido en que este tipo de agresiones suele ser invisible, persistente y difícil de probar, lo que históricamente ha limitado el acceso a la justicia de las víctimas.

La reforma pretende corregir esa brecha, reconociendo legalmente que el daño psicológico también vulnera derechos fundamentales.

El proyecto 278 fue presentado en marzo de 2025 y analizado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que recomendó su aprobación tras evaluar su viabilidad jurídica.

El informe de la comisión destacó que la iniciativa promueve la igualdad ante la ley y contribuye a desmontar estereotipos que minimizan ciertas formas de violencia.

Con la aprobación en tercer debate, la norma queda pendiente únicamente de su sanción y promulgación por parte del Ejecutivo para entrar en vigencia.

Las autoridades esperan que la reforma contribuya a reducir la impunidad, fortalecer la cultura de denuncia y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente al abuso emocional.

Para organizaciones de derechos humanos, el reto ahora será garantizar que el sistema judicial cuente con capacitación y recursos suficientes para aplicar la ley de forma efectiva.

El proyecto de ley, de al menos una veintena de artículos, fue presentado inicialmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y recibió el apoyo de los 277 legisladores, en su mayoría oficialistas, según confirmó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. La iniciativa reconoce que personas de distintas afiliaciones políticas, e incluso ciudadanos sin militancia, han sido sometidos a procesos penales por hechos vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos o por manifestaciones políticas. El texto destaca que la amnistía cubriría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que hayan ocurrido en el contexto de protestas desde 1999 hasta 2026, incluyendo movilizaciones como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Ante los diputados, Rodríguez aseguró: “El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos de temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”.

“El proyecto de ley no es listado de nombres porque esos listados de nombres siempre son excluyentes. Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, agregó.

En tanto, concluyó: “Una última cosa, no tenemos mucho tiempo. Celeridad. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora. Y les agradezco la responsabilidad que acaban de adquirir”.

En otro tramo de su discurso, Rodríguez recordó a Hugo Chávez: “Mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía: Hugo Chávez. Que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después de que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”.

Las exclusiones de la ley contemplan delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, corrupción y narcotráfico, así como actos que hayan causado muerte o lesiones graves. La propuesta también podría beneficiar a algunos jueces, fiscales y funcionarios, dependiendo de las circunstancias de su actuación durante procesos relacionados con protestas.

El ambiente en la Asamblea Nacional reflejó un cambio tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la captura del ex mandatario por fuerzas estadounidenses a inicios de enero. La sesión transcurrió sin los habituales enfrentamientos verbales entre oficialistas y opositores, y la oposición se limitó a dar la bienvenida al proyecto y solicitar la liberación de los denominados presos políticos. Un grupo reducido de legisladores de partidos opositores moderados manifestó su respaldo a la ley, considerándola una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación nacional.

Las autoridades venezolanas anuncian que más de 600 personas han sido liberadas gradualmente, aunque organizaciones como Foro Penal solo han verificado la excarcelación de 383 individuos y reportan cerca de 700 personas aún privadas de libertad a comienzos de febrero. Quienes han recuperado la libertad permanecen sujetos a restricciones en su participación política y en su derecho a la expresión.

La aprobación de la ley se produce en un contexto de transformación política y económica, con la economía venezolana mostrando signos de estabilización tras la recuperación de las exportaciones de petróleo y la liberación paulatina de fondos controlados por Estados Unidos hacia el Banco Central de Venezuela. La presidenta encargada ha seguido cumpliendo con requisitos internacionales en materia de acuerdos petroleros, lo que ha contribuido a mejorar el clima político y facilitar gestos como la amnistía.

La ley de amnistía, que lleva el nombre de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aún debe superar una consulta pública y una segunda votación parlamentaria, pasos requeridos según la Constitución venezolana antes de su promulgación definitiva. Sectores de la sociedad civil y ONG como Foro Penal han solicitado que el texto íntegro sea divulgado y advierten que la efectividad de la medida dependerá del respaldo ciudadano y de la transparencia en su aplicación.

(Con información de Reuters, Bloomberg y Europa Press)

El jefe del Parlamento de Venezuela anticipó que el primer debate de la ley de amnistía general prometida por la presidenta Delcy Rodríguez tendrá lugar “muy pronto”.

Fuentes tanto del chavismo como de la oposición señalaron que el proyecto debe incluirse en la agenda de la sesión legislativa del jueves.

Delcy Rodríguez propuso esta amnistía semanas después de asumir la presidencia, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación militar.

“Saliendo de aquí voy a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo vamos a llevar a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión de esa ley. Será muy, muy pronto", declaró Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria.

Rodríguez se expresó ante la prensa al concluir una “reunión franca” con diversas facciones políticas para un nuevo proceso de diálogo.

El alcance de la amnistía todavía no se conoce. No obstante, Jorge Rodríguez adelantó que el instrumento establecerá “los mecanismos a través (de los cuales) las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley”.

“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad", agregó.

Se trata de la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

Organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la amnistía excluya delitos de lesa humanidad.

El opositor Alberto Galíndez, gobernador del estado de Cojedes, planteó que la amnistía debe tratar los abusos cometidos por fuerzas del orden. “Así como se está produciendo la liberación de todos los presos políticos por pensar distinto, también debe haber justicia para los verdugos, para los que se ocuparon de hacerle daño a estos presos políticos”, expresó en rueda de prensa.

Galíndez representó a un sector opositor alejado del grupo encabezado por la nobel de la Paz, María Corina Machado.

Como único opositor al frente de un estado, el gobernador consideró que el proceso de diálogo desembocará en una elección e insistió en evitar los errores de procesos anteriores.

La próxima reunión en el marco del diálogo está programada para el lunes.