El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó por el momento convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, al considerar que no existen asuntos pendientes que justifiquen reunir a los diputados durante el receso legislativo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar esa decisión si surgen temas que requieran atención antes del próximo período ordinario.

“No creo que haya nada en la agenda que amerite una sesión extraordinaria. Pero bueno, veremos en el camino qué pasa”, manifestó el mandatario este miércoles 4 de noviembre, luego de participar en los actos protocolares del Día de los Símbolos de la Nación. Mulino reiteró que actualmente no contempla realizar esa convocatoria.

Las declaraciones se producen después de que la Asamblea Nacional concluyera sus sesiones ordinarias el pasado 31 de octubre, fecha establecida para el cierre del segundo período anual de trabajo legislativo. Los diputados deberán regresar el 2 de enero de 2027, cuando comenzará un nuevo ciclo de sesiones ordinarias, conforme al calendario constitucional.

Las sesiones extraordinarias constituyen un mecanismo que permite al Órgano Ejecutivo convocar al Legislativo durante sus períodos de receso, cuando existen asuntos que requieren discusión o aprobación.

A diferencia de las sesiones ordinarias, los diputados deben ocuparse exclusivamente de las materias señaladas en la convocatoria presidencial, sin ampliar libremente la agenda.

Antes de finalizar sus actividades, el Legislativo aprobó el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, que asciende a 35,111.7 millones de dólares. Se trata del principal instrumento de planificación financiera del Gobierno, mediante el cual se asignan recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas, las inversiones y los compromisos estatales.

La discusión presupuestaria también estuvo marcada por la incorporación de una disposición relacionada con las contrataciones públicas superiores a un millón de dólares. El artículo 370 amplió la lista de entidades autorizadas a realizar determinadas contrataciones de hasta ese monto, sin aplicar los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley 22 de Contrataciones Públicas.

La modificación, impulsada durante el trámite legislativo, generó cuestionamientos sobre los mecanismos de fiscalización y transparencia en el manejo de los recursos estatales. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que se mantendrían controles sobre estas operaciones, ante las preocupaciones relacionadas con el uso de las excepciones contempladas en el presupuesto.

Otro de los proyectos aprobados antes del cierre fue la iniciativa que amplía los beneficios y descuentos para jubilados y pensionados, mediante modificaciones a la legislación vigente. La propuesta recibió 50 votos favorables en tercer debate, el 30 de octubre, después de haber superado el segundo debate con 54 votos tres días antes.

Entre los cambios figura el descuento del 20% en medicamentos adquiridos con receta médica, así como un beneficio del 30% para tratamientos oncológicos. También se contemplan rebajas del 25% en consultas médicas, 20% en laboratorios y 30% en radiología, además de otras facilidades destinadas a reducir determinados gastos de esta población.

La iniciativa también incorpora descuentos del 20% en pañales para adultos y del 15% en adecuaciones de viviendas, junto con beneficios en servicios funerarios y aseo residencial. Estas modificaciones forman parte de una ampliación de las protecciones económicas para los adultos mayores, aunque su aplicación dependerá de las disposiciones legales correspondientes.

La aprobación de ambos instrumentos permitió cerrar el período legislativo con decisiones de impacto fiscal y social, aunque la posibilidad de nuevos asuntos durante noviembre y diciembre permanece abierta.

De surgir una necesidad concreta, el presidente conserva la facultad constitucional de convocar a los diputados para atender una agenda específica.

Durante su intervención del 4 de noviembre, Mulino también felicitó a los estudiantes y las bandas independientes por su participación en los desfiles patrios.

La jornada comenzó con la izada del pabellón nacional en el Palacio de las Garzas, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y autoridades gubernamentales.

El 4 de noviembre se dedica a los símbolos nacionales, dentro de las celebraciones del Mes de la Patria, que recuerdan la separación de Colombia en 1903 y la independencia de España en 1821.

El presidente también reiteró que la asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre continúa durante las festividades. Aseguró que los equipos gubernamentales permanecen desplegados en las zonas perjudicadas y pidió confianza y paciencia a las familias damnificadas, mientras avanzan las labores de recuperación.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó este martes por segunda ocasión el debate definitivo de la reforma de la ley del servicio eléctrico, una iniciativa que busca propiciar las inversiones privadas en este sector, golpeado por apagones que se han recrudecido durante el último año después de más de una década de crisis.

El debate se pospuso a petición del diputado chavista Pedro Carreño, quien consideró que el Legislativo ya había avanzado de “manera fecunda” en la discusión de algunos de los más de 20 artículos a reformar. Se espera que la discusión continúe en una próxima sesión.

La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional así como los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”, según una lectura de la ley que se hizo en el Parlamento durante una sesión ordinaria.

El instrumento promete “contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”, así como “asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioeconómicas”.

Además, “favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas”.

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, desencadenando protestas sociales en distintos sectores. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, el fenómeno climático de El Niño y supuestos sabotajes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo hace una semana que “pronto” llegará el alivio a la crisis y criticó la quema de neumáticos en las protestas sociales.

Rodríguez también ha prometido que para antes de que termine el año la ley del servicio eléctrico quedará aprobada.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión de la norma y las sustituye por multas y trabajo comunitario. El proyecto responde a una solicitud que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió al Parlamento el 29 de septiembre.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el texto. Además de suprimir la cárcel, la reforma establece procedimientos administrativos para aplicar la ley, fija sanciones y exhortaciones a los medios de comunicación sin la posibilidad de revocarles la concesión, y prevé multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. Cambia también el nombre de la norma, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.

Varias bancadas opositoras votaron en contra porque piden la derogación. “Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”, dijo la diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad. Belisario señaló que los artículos de la reforma no se habían presentado y que las sanciones administrativas quedarían a cargo del Ministerio de Interior, al que acusó de haber aplicado mal la ley y de acumular denuncias por violaciones de derechos humanos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, afirmó que el chavismo se empeña en que la reforma no se use para “la persecución de nadie”. Defendió la necesidad de una ley de convivencia e invocó el riesgo de una guerra civil.

La norma vigente, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano chavista instalado en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, tras meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que dejaron más de 100 muertos. Delcy Rodríguez presidía esa Constituyente y defendió la ley. La norma contempla penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio.

Según datos que difundió a fines de septiembre la Foro Penal, ONG venezolana dedicada a la defensa de presos políticos, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017. IPYS Venezuela, organización que documenta libertad de prensa en Venezuela, documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025, de los cuales 65 se relacionaron con esta ley. El coordinador de Cecodap, ONG venezolana de derechos de la infancia, Carlos Trapani, informó el 5 de octubre que 118 adolescentes fueron imputados por esa norma entre 2024 y 2025.

Rodríguez reconoció el 29 de septiembre que la ley “fue mal aplicada” y que “se hizo un uso abusivo de esa ley”. Jorge Rodríguez ya había admitido en febrero un uso inadecuado de la norma y había considerado posible reformarla. El mismo 29 de septiembre el Parlamento creó una comisión especial de 11 diputados, presidida por Infante, que se instaló el 5 de octubre. A mediados de ese mes, el Tribunal Supremo de Justicia dio su conformidad constitucional al proyecto.

La reforma se inscribe en el giro político que siguió a la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Rodríguez asumió como presidenta encargada y su Gobierno, que coopera con Washington, excarceló a cientos de presos políticos y permitió el regreso de algunos exiliados. La líder opositora María Corina Machado volvió a Venezuela el 25 de octubre tras casi diez meses fuera. Gobierno y oposición mantienen conversaciones con respaldo estadounidense, y la ley del odio estuvo entre los temas de la tercera ronda. Foro Penal contabiliza todavía 322 presos políticos, 140 de ellos militares, con corte al 26 de octubre.

La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, sostuvo a fines de septiembre que la ley “debe ser derogada, no reformada”. Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, había recomendado la derogación semanas antes, al cierre de su primera visita al país en casi 20 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas también piden derogarla y advierten sobre mecanismos de censura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron que una reforma parcial sería insuficiente y solicitaron publicar el texto completo y habilitar espacios de participación para periodistas y otros sectores.

El proyecto entra ahora en consulta pública y volverá al pleno de la Asamblea para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final.

El presidente José Raúl Mulino anunció que el lunes 2 de noviembre sancionará la nueva ley de descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, después de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional.

La decisión abre paso a la ampliación de beneficios que habían generado controversia entre organizaciones empresariales y representantes de la tercera edad.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que recibió el proyecto en el Palacio de las Garzas, conforme a los acuerdos alcanzados con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, diputados de la comisión legislativa y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La sanción presidencial está prevista para el lunes, según adelantó.

El anuncio corresponde al proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987, normativa que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El documento incorpora nuevos descuentos en servicios de salud, equipos de asistencia y otros gastos esenciales, además de actualizar algunas condiciones para acceder a las rebajas.

La iniciativa surge después de que Mulino objetara totalmente el proyecto 226 el pasado 20 de septiembre, alegando razones de inconveniencia e inexequibilidad. Aquella propuesta, aprobada por la Asamblea en agosto, provocó cuestionamientos de diferentes sectores económicos por las obligaciones que imponía a los establecimientos comerciales.

Entre las principales preocupaciones figuraba el incremento de los descuentos obligatorios sin mecanismos suficientes para compensar a los negocios, particularmente a las pequeñas empresas. Los gremios advertían que las nuevas rebajas podían reducir sus márgenes de ganancia y afectar la sostenibilidad de determinadas actividades comerciales.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el impacto económico de la propuesta anterior, mientras representantes del sector hotelero y farmacéutico expresaron inquietudes sobre su aplicación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de los beneficios, ante sus posibles consecuencias para la actividad económica.

También la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones relacionadas con el acceso al crédito, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas examinó las implicaciones fiscales. Estas observaciones contribuyeron a abrir una nueva etapa de conversaciones entre empresarios, autoridades y organizaciones de jubilados, con el propósito de revisar las disposiciones cuestionadas.

Las negociaciones se desarrollaron en una mesa de trabajo instalada en la Asamblea Nacional, donde participaron representantes del Gobierno, comerciantes, empresarios y adultos mayores. El proceso permitió revisar porcentajes, incorporar nuevos beneficios y eliminar disposiciones que habían provocado desacuerdos durante el debate legislativo.

Una de las diferencias más visibles está en los descuentos para restaurantes y establecimientos de comida, que en la propuesta anterior llegaron a plantearse hasta en 35%. El texto aprobado establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, aplicable también a franquicias nacionales e internacionales, con excepción de las fondas.

En medicamentos, la nueva legislación contempla un descuento del 20% sobre el precio de venta, previa presentación de una receta médica a nombre del beneficiario. Para los productos de libre venta, no será obligatorio presentar una prescripción, una disposición que busca facilitar el acceso a tratamientos y productos farmacéuticos.

Los servicios médicos también recibirán beneficios, entre ellos 25% de descuento en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos. Además, se establece una rebaja del 30% para procedimientos, medicamentos e insumos oncológicos, incluidos productos utilizados durante el tratamiento del cáncer.

La normativa incorpora descuentos del 20% en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones y camas hospitalarias, así como en otros dispositivos de asistencia. También contempla rebajas para el alquiler, reparación y mantenimiento de equipos médicos, destinados a facilitar la movilidad, recuperación y permanencia de los pacientes en sus hogares.

En servicios de telecomunicaciones, internet y televisión por cable tendrán un descuento del 20%, siempre que el contrato residencial esté a nombre del beneficiario y no supere los 50 dólares. La telefonía móvil también recibirá una rebaja del 20% para contratos de hasta 30 dólares, bajo las condiciones establecidas en la ley.

El texto incluye igualmente un descuento del 20% en la tasa de aseo y en la compra de pañales para adultos, además del 25% en ataúdes, urnas y servicios funerarios. Para mejorar la accesibilidad, contempla una rebaja del 15% en determinadas adecuaciones de viviendas, como rampas, barras de apoyo y superficies antideslizantes.

En electricidad, se mantiene el beneficio vigente del 25% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, sin adoptar la ampliación que se había discutido anteriormente. Esta diferencia forma parte de los ajustes introducidos durante la revisión de los descuentos, luego de las observaciones del Ejecutivo y del sector privado.

Uno de los cambios más relevantes ocurrió con el mecanismo de compensación para microempresas que figuraba en la propuesta inicial del proyecto 746. Durante el trámite legislativo se eliminó el fideicomiso destinado a reembolsar descuentos, así como el crédito fiscal transferible del 100% que había sido planteado.

En consecuencia, la ley aprobada no contempla ese sistema de reembolso directo a los pequeños negocios. El articulado mantiene la posibilidad de deducir los descuentos del impuesto sobre la renta, un mecanismo cuya utilidad depende de la situación tributaria de los establecimientos que conceden los beneficios.

Durante la discusión, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios para jubilados y adultos mayores. Esa cifra representa una estimación del alcance económico de las rebajas, no una asignación presupuestaria destinada a entregar dinero directamente a los beneficiarios.

Los descuentos alcanzarán a jubilados, pensionados y personas que cumplan los requisitos establecidos, incluidas mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60. También se contemplan disposiciones para extranjeros con residencia permanente en Panamá, de acuerdo con las condiciones de la normativa.

Aunque Mulino anunció su decisión de sancionar el proyecto, los nuevos beneficios no comenzarán a aplicarse inmediatamente. El documento aprobado establece que la ley entrará en vigor seis meses después de su promulgación, período durante el cual deberán prepararse los procedimientos necesarios para su cumplimiento.

La decisión presidencial permitirá cerrar el proceso legislativo de una reforma que enfrentó objeciones y negociaciones durante varios meses. Su aplicación pondrá a prueba el equilibrio alcanzado entre las demandas de los adultos mayores y las preocupaciones económicas que llevaron al rechazo de la primera propuesta.

La ampliación de los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores volverá al despacho del presidente José Raúl Mulino, después de que la Asamblea Nacional aprobara este viernes 30 de octubre el proyecto de ley 746.

La iniciativa recibió 50 votos favorables en tercer debate, superando así el trámite legislativo que antecede a su revisión por el Ejecutivo.

El nuevo intento legislativo se concretó en las últimas horas del período ordinario de sesiones, luego de una discusión acelerada que comenzó a principios de octubre. La propuesta del diputado Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, había conseguido 54 votos en segundo debate, celebrado durante la noche del 27 de octubre.

La decisión presidencial será determinante porque Mulino ya rechazó una reforma similar el pasado 20 de septiembre. En aquella ocasión, el proyecto 226 fue objetado totalmente por razones de inconveniencia e inexequibilidad, mientras organizaciones empresariales advertían sobre los costos que implicaría ampliar los descuentos obligatorios para diferentes actividades comerciales.

Aunque ambas iniciativas persiguen mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores, existen diferencias en sus disposiciones. El proyecto 746 ajusta algunos porcentajes, delimita determinados beneficios y contempla un mecanismo de compensación para las microempresas, con el propósito de responder a parte de los cuestionamientos que acompañaron la propuesta anterior.

En medicamentos, la versión aprobada fija una rebaja del 20%, condicionada a la presentación de una receta médica a nombre del beneficiario.

El texto inicialmente presentado establecía un 25%, mientras la iniciativa vetada había considerado descuentos superiores durante su discusión, uno de los aspectos que generó preocupación entre representantes del sector farmacéutico.

La atención médica también tendrá nuevos beneficios para quienes requieren tratamientos especializados, particularmente los pacientes con cáncer.

El proyecto contempla un 30% de descuento en procedimientos, terapias, medicamentos e insumos oncológicos, además de 25% en consultas médicas, 20% en laboratorios y 30% en radiología.

Las disposiciones alcanzan otros gastos vinculados con la salud, la movilidad y la autonomía de las personas mayores. Se establecen rebajas del 20% para prótesis, sillas de ruedas y equipos de asistencia, mientras las adecuaciones básicas de la vivienda principal tendrán un 15% de descuento, incluidas rampas y barras de apoyo.

En los establecimientos de comida, la rebaja para los beneficiarios se mantiene en 25%, pero las fondas quedan excluidas de la obligación. Este porcentaje contrasta con el 35% contemplado inicialmente en el proyecto anterior, por lo que la nueva formulación reduce la carga propuesta para los restaurantes.

Durante su discusión en el pleno, los diputados añadieron un beneficio del 20% para pañales de adultos y aprobaron exenciones del ITBMS y del impuesto de importación. El tratamiento tributario también comprende bolsas de colostomía y sondas urinarias, mientras los servicios funerarios tendrán una rebaja del 25% y el aseo residencial, del 20%.

La reforma conserva como beneficiarias a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, incluidos extranjeros con residencia permanente en Panamá.

También protege a quienes reciben jubilaciones o pensiones sin importar su edad, aunque excluye de los nuevos descuentos determinados servicios prestados por instalaciones públicas de salud.

Uno de los elementos incorporados para atender las preocupaciones de los pequeños negocios es la creación de un fideicomiso compensatorio. La propuesta plantea reembolsar hasta el 100% de los descuentos debidamente documentados por microempresas acreditadas, pero su funcionamiento dependerá de los recursos disponibles y de los controles establecidos.

El debate económico sigue abierto porque los beneficios representan obligaciones para establecimientos de distintos tamaños y actividades.

Durante la tramitación del proyecto anterior, sectores comerciales, hoteleros y farmacéuticos solicitaron evaluar su sostenibilidad, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas planteó observaciones sobre las consecuencias fiscales de la ampliación.

Los promotores de la reforma estimaron en unos 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios propuestos, una referencia que deberá examinarse junto con los mecanismos de financiamiento.

La cifra también plantea interrogantes sobre la capacidad de compensar a los comercios sin generar nuevas presiones presupuestarias.

Con el respaldo legislativo asegurado, la discusión se traslada nuevamente al Órgano Ejecutivo, donde deberá determinarse si los cambios responden a las objeciones formuladas en septiembre.

La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el proceso de postulación para renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una institución que sectores de la oposición señalan como afín al Gobierno chavista.

El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados, recibirá las candidaturas desde este miércoles 28 de octubre hasta el 11 de noviembre. La designación de los nuevos jueces está prevista para el 11 de diciembre.

Los aspirantes deben ser venezolanos por nacimiento, no contar con otra nacionalidad y renunciar a cualquier militancia político-partidista. Tampoco pueden tener vínculos familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercero de afinidad, con magistrados del TSJ ni con altas autoridades del Estado.

La convocatoria también incluye la designación de un nuevo director para la Escuela Nacional de la Magistratura y de un inspector general de tribunales. En paralelo, operará un consejo de siete juristas, cuatro de ellos cercanos a la oposición, que revisará el proceso como instancia adicional.

El actual TSJ está integrado por jueces que la oposición acusa de respaldar al chavismo y de convalidar el triunfo proclamado del ex dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, denunciadas como fraudulentas por sectores opositores. La renovación del máximo tribunal forma parte de los acuerdos alcanzados en agosto entre el chavismo y un sector de la oposición en una mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos.

Más de 100 representantes de la sociedad civil venezolana se postularon para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar, junto con la comisión parlamentaria, a los próximos magistrados del TSJ.

El diputado opositor Luis Florido informó que el número de candidatos podría extender los plazos previstos para revisar las postulaciones de los 12 integrantes de la sociedad civil que formarán parte del comité. “Nos tomaremos quizá unos días más de lo que estaba previsto”, afirmó Florido en un audio difundido por el Grupo Parlamentario Libertad en la red social X.

El pasado 1 de septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

En paralelo al avance impulsado por Washington hacia una transición política en Venezuela, la recién llegada al país María Corina Machado estaría dispuesta a reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según afirmó su vocera, Claudia Macero. La líder opositora venezolana “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, declaró la portavoz a la emisora Unión Radio.

El regreso de Machado el domingo pasado reintrodujo a la principal figura de la oposición en la discusión política venezolana. La dirigente recorrió unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas, donde miles de personas salieron a las calles en distintos puntos de su trayecto.

Machado ya había expresado desde el exilio en Panamá que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar”. La dirigente denunció que la administración chavista bloqueó su retorno tras siete intentos fallidos

Su vuelta ocurre mientras un sector opositor y el gobierno encargado de Rodríguez mantienen negociaciones con respaldo de Estados Unidos sobre una transición democrática. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la llegada de Machado fue “resultado directo” del proceso de “reconciliación” impulsado en la mesa de diálogo.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el 22 de octubre de 2026 una reforma que trasladó la Secretaría Jurídica de la Presidencia y La Gaceta, Diario Oficial, a la Procuraduría General de Justicia, la cual fue publicada el viernes 23 de octubre en La Gaceta.

La medida concentra en ese organismo la elaboración de normas impulsadas desde la Presidencia y la publicación oficial de leyes, decretos, acuerdos y nombramientos estatales.

La Ley Nº. 1285 convierte a la Secretaría Jurídica en una instancia adscrita a la Procuraduría General de Justicia, como sucesora de la dependencia que hasta entonces formaba parte de la Presidencia de la República.

La norma también establece que La Gaceta dependerá jerárquicamente de la Procuraduría.

La reforma fue sancionada el mismo día en Managua por Ortega y Murillo, identificados en la ley como copresidente y copresidenta de Nicaragua. Su vigencia comenzó a partir de la publicación en el diario oficial.

La Procuraduría, con nuevas funciones sobre normas y publicaciones

La Secretaría Jurídica conservará sus tareas de participación en la formulación, elaboración y modificación de propuestas legales, reglamentarias y administrativas. También elaborará los acuerdos presidenciales para el nombramiento, traslado o destitución de funcionarios cuya designación corresponde a la Presidencia.

La dependencia deberá preparar las actas y certificaciones vinculadas con esas decisiones y mantener sus registros. Además, tendrá a su cargo los autos y resoluciones relacionados con recursos de apelación administrativa, conforme a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Entre sus atribuciones figura la formulación de iniciativas de ley y decretos legislativos que la Presidencia presente ante la Asamblea Nacional.

La Secretaría Jurídica tramitará luego su sanción, promulgación y publicación, y llevará los libros de acuerdos y decretos presidenciales.

La exposición de motivos sostiene que el cambio busca “mejorar la eficiencia institucional, racionalizar el gasto público y optimizar el funcionamiento de las entidades estatales”. La reforma añade que la adscripción de ambas instancias fortalecerá “la gestión operacional y estratégica del sector público”.

La Procuraduría General de Justicia ya ejercía la representación legal del Estado y el control de los Registros Públicos, que habían dejado de estar bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023. Con la incorporación de La Gaceta, asume también la administración del canal oficial para divulgar disposiciones estatales.

El control sobre La Gaceta y sus recursos

La Gaceta continuará como el diario oficial del Gobierno de Nicaragua y deberá regirse por la normativa vigente en la materia. La directora o el director presentará a la procuradora o al procurador general, dentro de los primeros 10 días de cada mes, un reporte de gestión correspondiente al período anterior.

La Procuraduría resolverá, con autorización previa de la Presidencia, las dudas sobre las publicaciones gratuitas, las prioridades de difusión por razones de importancia o urgencia y otros asuntos de funcionamiento que requieran decisión superior. También aprobará el número de páginas y el tiraje de cada edición, a propuesta de la dirección del diario oficial.

La ley prevé publicaciones sin costo, con solicitud y autorización de la Presidencia, para documentos vinculados con actividades oficiales en las que participen el copresidente, la copresidenta o personas que actúen por delegación expresa presidencial. La Presidencia determinará la importancia y trascendencia de esas actividades para justificar su difusión gratuita.

La procuradora o el procurador general podrá autorizar nuevas ediciones extraordinarias de ejemplares agotados cuando exista demanda pública. La solicitud deberá indicar la edición requerida, la cantidad de copias y su justificación técnica y presupuestaria.

La norma transfiere a la Procuraduría la administración, uso y custodia de los recursos presupuestarios, financieros y patrimoniales asignados a la Secretaría Jurídica y a La Gaceta. El traslado incluye bienes muebles e inmuebles, vehículos, mobiliario, equipos, sistemas informáticos, archivos físicos y digitales, acervo documental y otros recursos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá efectuar, junto con la Procuraduría General de Justicia, los cambios presupuestarios, financieros, contables y patrimoniales necesarios para ejecutar la reforma.

La Asamblea Nacional retomó la ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 746.

La nueva iniciativa revisa varios beneficios y contempla mecanismos de compensación para los comercios, después de que el presidente José Raúl Mulino objetara una propuesta similar.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Crispiano Adames, aprobó el proyecto tras modificar, eliminar e incorporar artículos durante su discusión. El documento deberá superar el segundo y tercer debate legislativo antes de ser remitido al Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.

El antecedente es el proyecto 226, aprobado por la Asamblea en agosto de 2026, que fue objetado totalmente por Mulino el 20 de septiembre. El mandatario invocó razones de inconveniencia e inexequibilidad, en medio de cuestionamientos sobre las obligaciones económicas que las nuevas rebajas impondrían a distintos sectores.

La comparación de las iniciativas muestra una reducción de algunos porcentajes originalmente propuestos. El proyecto 226 contemplaba inicialmente descuentos del 35% en restaurantes y establecimientos de comida rápida, mientras que el texto presentado del 746 establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, incluidas las franquicias nacionales e internacionales.

En medicamentos, el nuevo documento presentado contempla un descuento del 25% sobre el precio de venta, mientras que el proyecto anterior había planteado porcentajes superiores durante su tramitación. La propuesta también incorpora beneficios específicos para tratamientos oncológicos, incluidos medicamentos, procedimientos e insumos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.

Los servicios médicos forman parte de los beneficios que se busca ampliar o actualizar. El proyecto 746 contempla descuentos del 25% en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos y determinados tratamientos oncológicos, según las condiciones previstas en su articulado.

En electricidad, la iniciativa establece una rebaja del 30% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, frente al límite de 700 contemplado en el proyecto anterior. También propone descuentos del 30% en agua, telefonía e internet, sujetos a requisitos relacionados con los contratos y los límites de facturación.

Otros beneficios incluyen rebajas en pañales desechables, productos de higiene y equipos de movilidad, así como descuentos en servicios funerarios y tasa de aseo. El documento incorpora además incentivos para adaptar las viviendas a las necesidades de accesibilidad, especialmente en instalaciones destinadas a mejorar la seguridad y el desplazamiento.

Una diferencia relevante es la creación de un mecanismo para compensar económicamente a las microempresas que otorguen los descuentos. El proyecto propone establecer un fideicomiso destinado a reembolsar hasta el 100% de los beneficios debidamente facturados por negocios inscritos y acreditados ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La propuesta también contempla el reconocimiento tributario de los descuentos concedidos por los establecimientos y mecanismos de fiscalización para verificar su aplicación. En la administración y supervisión del sistema participarían la Ampyme, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, conforme a las disposiciones que se establezcan.

Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones expresadas por gremios empresariales durante la discusión del proyecto 226, posteriormente objetado por el Ejecutivo. En aquel debate, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el aumento de los descuentos obligatorios y sus posibles consecuencias para las actividades económicas.

La Asociación Panameña de Hoteles también advirtió sobre el impacto de ampliar las rebajas y las dificultades para deducirlas fiscalmente. Representantes del sector farmacéutico expresaron inquietudes sobre los márgenes de ganancia y la sostenibilidad de los establecimientos, especialmente de los pequeños negocios obligados a conceder beneficios adicionales.

Durante la discusión de aquella propuesta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de las medidas, mientras la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones sobre sus posibles efectos en el acceso al crédito. El Ministerio de Economía y Finanzas también advirtió sobre las implicaciones fiscales de los descuentos.

Las diferencias llevaron a revisar las disposiciones y buscar mecanismos de compensación para los comercios, mediante conversaciones entre representantes empresariales, organizaciones de jubilados y autoridades. Adames destacó que la nueva discusión incorporó una mesa técnica para conciliar los intereses económicos y sociales involucrados.

Con el avance del proyecto 746, queda pendiente conocer la evaluación del sector privado sobre los cambios introducidos, particularmente los porcentajes de descuento y el mecanismo de compensación.

La reacción de los gremios será importante para determinar si las modificaciones atienden las preocupaciones que marcaron la iniciativa anterior.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostuvo que los beneficios alcanzarán también a adultos mayores que no reciben pensión. Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios, una cifra presentada durante la discusión legislativa.

Los promotores esperan que el proyecto avance a segundo debate durante la próxima semana y complete su trámite antes del 31 de octubre. Sin embargo, su aprobación definitiva todavía depende del pleno legislativo y del Ejecutivo, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el financiamiento de las compensaciones y su aplicación.

La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

La Caja de Seguro Social destinará $27,5 millones solo para el pago de horas extras del personal de salud y administrativo que extiende sus jornadas para garantizar la atención ininterrumpida de los pacientes.

Ese es el rubro más grande dentro de un refuerzo presupuestario de $39,2 millones que la entidad panameña recibirá en las próximas semanas.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad ese crédito adicional.

La decisión, según se informó, quedó oficializada mediante la Resolución N.° 112, del 13 de octubre, y los fondos cuentan con la certificación de disponibilidad financiera correspondiente.

El detalle indica que el dinero se incorporará con cargo a las reservas de la institución, no a los fondos destinados al funcionamiento regular de sus programas, según explicó César Herrera, director ejecutivo nacional de Finanzas de la Caja de Seguro Social, ante los diputados de la comisión.

Herrera detalló la distribución completa del monto. Además de los $27,5 millones para horas extras, $4,5 millones corresponden a la cuota patronal que se genera a partir del pago de ese sobretiempo.

Otros $3,7 millones se destinarán a garantizar el suministro eléctrico de la Ciudad de la Salud, un gasto que creció por la ocupación total de esa infraestructura.

Los $3,5 millones restantes se usarán para contratar servicios médicos especializados que la entidad de seguridad social no puede ofrecer con sus propios recursos.

El crédito adicional aprobado por la Asamblea Nacional responde a una necesidad operativa concreta: sostener la atención médica sin interrupciones.

Los $39,2 millones se dividen en cuatro rubros, con las horas extras del personal sanitario como el destino principal de los fondos.

La entidad buscó despejar dudas sobre si este refuerzo afecta otras áreas de la institución. El doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, fue el encargado de aclararlo ante los legisladores.

“Sustentamos ante los diputados que estos fondos forman parte de las reservas de la institución, no tienen ningún impacto en el funcionamiento de los programas y benefician al personal de salud y administrativo”, manifestó Young.

La aclaración resulta relevante porque el monto no proviene de partidas operativas regulares. Al tratarse de reservas institucionales, la CSS sostiene que no compromete el presupuesto destinado a otros servicios ni programas en curso.

Se reiteró que el cuarto rubro del refuerzo, los $3,5 millones para servicios médicos especializados, busca cubrir una brecha específica. Se insistió en que se trata de tratamientos y atenciones que la Caja de Seguro Social no puede brindar con su propia capacidad instalada.

Esa contratación externa apunta a evitar que los pacientes vean interrumpidos sus tratamientos mientras la institución resuelve sus limitaciones internas de oferta médica.

El gasto eléctrico adicional en la Ciudad de la Salud sigue la misma lógica: responde a una infraestructura que opera al máximo de su capacidad.

Los directivos de la Caja de Seguro Social señalaron que la sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional reafirma el manejo eficiente de los recursos públicos.

Remarcaron que la prioridad se mantiene en el bienestar de los cotizantes y beneficiarios, mediante el fortalecimiento operativo de las instalaciones y el respaldo económico a su personal.

El esquema aprobado combina entonces dos frentes: el respaldo al capital humano que sostiene la atención diaria y el refuerzo de la infraestructura física que la soporta.

Ambos quedaron cubiertos bajo la misma resolución, sin que la institución reporte afectación a sus programas vigentes.

El Gobierno chavista de Venezuela y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 iniciaron este miércoles la tercera ronda de diálogo para una transición política en el país, pocas horas después de que Washington levantara las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, jefe negociador y presidente del actual Parlamento.

La reunión comenzó a las 15:00 (hora local) del viernes en el Hotel Meliá Caracas, del centro de Caracas, con Rodríguez al frente de la delegación oficialista y Dinorah Figuera como representante de la oposición.

El Departamento del Tesoro estadounidense retiró antes las medidas que pesaban desde 2018 sobre el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La decisión coincidió con la apertura de un ciclo de conversaciones que abordará el calendario electoral, la participación de las fuerzas políticas y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Un funcionario del Departamento de Estado indicó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que el encuentro se concentrará en “el proceso político, en elecciones, en la participación de los distintos partidos políticos” y otros asuntos vinculados con la transición.

La agenda también incluye “ultimar el proceso de selección del Tribunal Supremo (TSJ)”, de acuerdo con una ficha técnica difundida días atrás por el Departamento de Estado. La renovación del máximo tribunal, cuestionado por sus fallos favorables al chavismo, figura entre los acuerdos alcanzados en las dos rondas previas.

Las partes también pactaron cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano que permanecen congeladas en la entidad bancaria de Londres, el Banco de Inglaterra. En paralelo, las autoridades liberaron a un grupo de presos políticos y desbloquearon portales de noticias que permanecían censurados desde hacía años, aunque cientos de detenidos por los mismos motivos continúan en prisión.

Según fuentes consultadas por la agencia EFE, el diálogo de los representantes se prolongará durante varios días. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta del cierre de las conversaciones. Anteriormente, los encuentros finalizaron con resultados concretos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el viernes pasado que Figuera cuenta con “apoyo total” de Washington. La delegación opositora busca que las conversaciones deriven en una fecha definida para las elecciones presidenciales. En septiembre, Delcy Rodríguez prometió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no precisó cuándo se celebrarán.

El jefe de la diplomacia estadounidense precisó que el objetivo de Estados Unidos va más allá de la celebración de comicios: “Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en casi una generación, no solo de tener elecciones libres y justas, sino de dejar una democracia duradera para las futuras generaciones”. A su vez, el funcionario subrayó que el apoyo de Washington al proceso que lidera Figuera proviene de “los más altos niveles” del gobierno de Donald Trump.

El partido de María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, reclama una convocatoria electoral próxima y exige que se levante de inmediato la inhabilitación política que le impidió competir por la Presidencia en 2024. El pedido tomó nuevo impulso después de que la ex magistrada del TSJ Bárbara César Siero declarara la semana pasada a la AFP que en 2023 la obligaron a firmar la inhabilitación de Machado tras la detención de sus hermanos y de su cuñada. Machado permanece exiliada en Panamá e intenta regresar a Venezuela. La dirigente sostiene que el gobierno interino de Rodríguez impide su retorno.

Las negociaciones comenzaron en agosto con el aval de Washington, ocho meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro durante un operativo militar de Estados Unidos.

(Con información de EFE y AFP)

La Asamblea Nacional de Panamá puso en movimiento cinco iniciativas ambientales que buscan ampliar la protección de bosques, ríos y cuencas hidrográficas, además de establecer reglas para la arborización en espacios públicos.

Las propuestas se encuentran en distintas etapas legislativas e incluyen desde la creación de un área protegida dentro de la capital hasta mecanismos para impedir que residuos transportados por los ríos terminen en el mar.

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo prohijó el Anteproyecto de Ley 178, presentado por el diputado José Pérez Barboni, que pretende declarar área protegida una zona boscosa del corregimiento de Ancón, colindante con Villa de las Fuentes, en Betania.

El bosque se encuentra relacionado con el río Curundú, cuya fuente hídrica forma parte de los recursos que la iniciativa pretende preservar.

La propuesta retoma una discusión que ya había llegado a la Asamblea Nacional en 2023. Una iniciativa presentada entonces planteaba proteger una zona boscosa de Ancón colindante con Villa de las Fuentes y señalaba entre sus objetivos preservar el régimen hídrico del río Curundú, conservar la biodiversidad y mantener espacios naturales dentro de una ciudad sometida a una creciente presión urbanística.

En paralelo, los diputados decidieron enviar a subcomisión el Proyecto de Ley 429, relacionado con la siembra de árboles debajo de tendidos eléctricos. La iniciativa busca establecer reglas para seleccionar las especies que pueden sembrarse en esas áreas, incorporar sanciones y ordenar la planificación de la vegetación en los espacios públicos, un asunto que involucra tanto seguridad como manejo del arbolado urbano.

Otra subcomisión analizará el Proyecto de Ley 727, que propone crear bosques corregimentales en Panamá. La propuesta abre la posibilidad de utilizar una figura territorial más cercana a las comunidades para la conservación de áreas boscosas.

El diputado Lenín Ulate presidirá la instancia, acompañado por Orlando Carrasquilla y Arquesio Arias, mientras continúa la etapa de consultas sobre su contenido.ár

Más avanzado se encuentra el Proyecto de Ley 192, aprobado en primer debate, que promueve el uso de biobardas en ríos que desembocan en el mar. Estas estructuras funcionan como barreras flotantes destinadas a interceptar residuos sólidos antes de que sean transportados hacia los ecosistemas marinos, atacando uno de los principales canales por los cuales la basura terrestre termina en las costas.

El proyecto establece que personas, empresas, entidades públicas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades podrán participar en la instalación, mantenimiento y promoción de estas barreras.

Su articulado también contempla incentivos fiscales sujetos al cumplimiento de requisitos, mientras atribuye al Ministerio de Ambiente la reglamentación de los procedimientos para acceder a esos beneficios y desarrollar la aplicación de la futura norma.

La iniciativa de las biobardas contiene 20 artículos y establece un plazo de un año para su entrada en vigencia después de ser promulgada y publicada en Gaceta Oficial. El proyecto surgió del Anteproyecto 242, presentado en octubre de 2024, y fue prohijado en febrero de 2025, antes de avanzar ahora en su trámite legislativo.

La Comisión también aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 590, presentado por la diputada Yarelis Rodríguez, que modifica la Ley 44 de 2002 sobre manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas. La propuesta fue sometida previamente a una mesa técnica con instituciones públicas y otros sectores, en medio de la discusión sobre la necesidad de actualizar una legislación vigente desde hace más de dos décadas.

Durante ese proceso también fue evaluado el Proyecto de Ley 482, relacionado igualmente con la protección de los recursos hídricos, y los diputados trabajaron en la posibilidad de unificar ambas propuestas. Representantes de MiAmbiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos y otras instituciones participaron en la revisión artículo por artículo y en la elaboración de modificaciones, antes de que el Proyecto 590 avanzara en primer debate.

El movimiento simultáneo de estas iniciativas coloca la protección de fuentes hídricas, bosques urbanos, cuencas y ríos dentro de la agenda legislativa panameña. Algunas propuestas apenas comienzan su recorrido y otras ya superaron el primer debate, por lo que todavía pueden sufrir modificaciones. Los proyectos deberán continuar las distintas etapas de discusión legislativa antes de convertirse en leyes de la República.

El Tribunal Electoral (TE) lanzó una fuerte advertencia a la Asamblea Nacional y rechazó categóricamente varios de los cambios introducidos al proyecto que reforma el Código Electoral, al considerar que representan retrocesos para el sistema panameño.

El organismo aseguró que no respaldará medidas que pongan en peligro la democracia, la equidad ni la transparencia de las elecciones generales de 2029.

En un comunicado firmado por los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá, el TE hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas para actuar con prudencia.

Aunque reconoció que la Asamblea posee la facultad constitucional de discutir, aprobar o rechazar las leyes, pidió que el interés general prevalezca sobre intereses particulares durante el debate.

El organismo recordó que entregó al Legislativo una propuesta sustentada en los principios de participación, transparencia, equidad y rendición de cuentas, resultado del proceso desarrollado después de las elecciones de 2024.

Para los magistrados, el texto contenía avances importantes que fueron alterados durante su discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El proyecto original fue construido después de meses de discusiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), donde participaron partidos, representantes de la libre postulación, organizaciones ciudadanas, universidades e instituciones públicas.

De ese proceso surgieron las modificaciones presentadas formalmente por el TE ante la Asamblea para establecer las reglas de los comicios de 2029.

Sin embargo, el documento experimentó una profunda transformación durante el primer debate legislativo. Al proyecto original se le eliminaron artículos, se incorporaron nuevas disposiciones y otras fueron modificadas, mientras el propio Tribunal Electoral advirtió que algunos de esos cambios alteran aspectos fundamentales de la propuesta elaborada previamente.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el dinero privado que puede ingresar a las campañas electorales.

Entre las modificaciones aparece el aumento de los límites permitidos para determinadas candidaturas a diputados y alcaldes, una decisión cuestionada porque puede modificar las condiciones económicas bajo las cuales competirán los aspirantes en 2029.

Los cuestionamientos van más allá de cuánto dinero podrá utilizarse. Diferentes sectores han advertido sobre los controles aplicables al financiamiento político y la obligación de transparentar ingresos y gastos electorales, asuntos especialmente sensibles ante el incremento de los montos. Para el TE, la transparencia en el uso de recursos constituye uno de los principios centrales de la reforma.

Otro cambio objetado por el Tribunal permitiría que una persona elegida para dos cargos conserve simultáneamente la titularidad de ambos, aunque solamente ejerza uno en determinado momento.

La institución incluyó esta modificación entre las disposiciones que considera contrarias a los avances que pretendía introducir el proyecto original de reformas electorales.

La reforma también modifica las condiciones aplicables a funcionarios públicos que aspiran a puestos de elección popular. El TE cuestionó la extensión de los períodos durante los cuales podrían permanecer en sus posiciones antes de separarse para competir, debido a que las reglas deben garantizar condiciones equitativas entre quienes participan en una elección.

La libre postulación constituye otro de los focos de disputa. Las modificaciones introducidas durante el primer debate endurecen determinadas condiciones para quienes buscan competir fuera de los partidos políticos, mientras también cambian requisitos relacionados con organizaciones en formación.

El asunto adquiere relevancia ante el crecimiento de candidaturas independientes registrado en los últimos procesos electorales.

Entre los cambios cuestionados figura el aumento del porcentaje de firmas requerido para determinadas candidaturas por libre postulación, así como modificaciones relacionadas con la conformación de nuevos partidos.

Estas disposiciones han provocado críticas porque elevan las exigencias para ciudadanos y organizaciones que buscan ingresar al sistema político sin estructuras partidarias consolidadas.

La controversia alcanza igualmente la manera como se desarrolló el primer debate. Diputados independientes denunciaron que decenas de modificaciones fueron sometidas a votación sin una discusión individual suficientemente amplia, mientras los responsables de conducir la comisión han defendido el procedimiento utilizado. El trámite terminó trasladando esas diferencias al pleno de la Asamblea.

El documento enviado desde la Comisión de Gobierno también presentó posteriormente inconsistencias relacionadas con disposiciones aprobadas durante el primer debate. Una de ellas involucró un artículo sobre libre postulación, luego de detectarse que el texto remitido no correspondía completamente con lo votado, situación que añadió nuevos cuestionamientos al proceso legislativo.

El proyecto presentado inicialmente por el TE buscaba actualizar la fiscalización, fortalecer los derechos políticos y mejorar las condiciones de competencia electoral, además de modificar asuntos relacionados con adjudicación de curules, financiamiento y participación.

Su propósito declarado era fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones que se celebrarán en 2029.

Ahora será el pleno de la Asamblea donde puedan corregirse, mantenerse o eliminarse las modificaciones aprobadas durante el primer debate. El proyecto de ley 699 todavía debe completar su trámite legislativo, por lo que las reglas definitivas que regirán las próximas elecciones generales aún pueden cambiar durante las siguientes discusiones.

El Tribunal Electoral cerró su pronunciamiento haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para pensar primero en la institucionalidad del proceso electoral y en el beneficio de los ciudadanos. Con su comunicado, los magistrados dejaron marcada una posición pública frente a cambios que consideran perjudiciales para la equidad y transparencia de los comicios de 2029.

Panamá busca ampliar su cooperación internacional en áreas que van desde el uso de tecnología satelital hasta la persecución de delitos transnacionales, mediante cuatro proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional.

Las iniciativas incluyen el ingreso a una agencia espacial regional, protección del patrimonio cultural y dos nuevos instrumentos de cooperación judicial con Argentina.

Las propuestas fueron entregadas al pleno por el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, y ahora deberán avanzar por el proceso legislativo. Una de las iniciativas permitiría que Panamá se incorpore a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), creada mediante un convenio suscrito en Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021.

Aunque hablar de una agencia espacial puede hacer pensar en cohetes o misiones tripuladas, el objetivo para Panamá es mucho más cercano a necesidades cotidianas. La cooperación contempla mejorar las comunicaciones satelitales y utilizar información obtenida desde el espacio para observar cultivos, vigilar fenómenos naturales y fortalecer sistemas de alerta temprana ante eventos relacionados con el cambio climático.

El país también podría participar en proyectos conjuntos para desarrollar tecnología satelital y compartir infraestructura, conocimientos y capacidades científicas con otros Estados de América Latina y el Caribe.

La iniciativa busca que países que individualmente tendrían dificultades para desarrollar estas herramientas puedan coordinar recursos y reducir su dependencia tecnológica en un sector cada vez más importante.

Las aplicaciones también alcanzan la gestión ambiental. Las imágenes y datos obtenidos mediante sistemas de observación terrestre permiten seguir cambios en bosques, costas, cultivos y fuentes de agua, además de evaluar daños después de inundaciones u otros desastres.

Para Panamá, la incorporación significaría tener acceso a una plataforma regional de cooperación, no la creación inmediata de una agencia espacial propia.

Otro de los proyectos tiene un objetivo completamente diferente: incorporar al país al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

El organismo intergubernamental trabaja desde hace décadas en la conservación de edificios históricos, colecciones, sitios arqueológicos y otros bienes culturales, combinando investigación, capacitación y asistencia técnica.

La adhesión abriría la posibilidad de que profesionales e instituciones panameñas accedan a programas especializados, redes internacionales de expertos y asesoramiento técnico.

También permitiría fortalecer la preparación frente a amenazas que pueden deteriorar el patrimonio, entre ellas desastres naturales, efectos del cambio climático y urbanización no planificada, además del deterioro asociado al paso del tiempo.

Los dos proyectos restantes tienen a Argentina como contraparte y buscan hacer más rápida y efectiva la cooperación entre las autoridades judiciales de ambos países.

Panamá y Argentina firmaron el 22 de junio de 2026 un Tratado de Extradición y otro de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, que requieren completar los procedimientos internos de aprobación antes de entrar en vigor.

El primero establece las condiciones bajo las cuales una persona requerida por la justicia podrá ser entregada de un país al otro para enfrentar un proceso penal, ser juzgada o cumplir una condena.

El instrumento incluye límites: la extradición no procederá por delitos políticos ni cuando exista riesgo de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El segundo acuerdo permitirá una cooperación más amplia durante las investigaciones. Panamá y Argentina podrán brindarse asistencia en casos relacionados con delitos tributarios, aduaneros, financieros y ciberdelitos, además de otras conductas contempladas por el tratado.

El propósito es facilitar actuaciones judiciales cuando las pruebas o elementos necesarios para una investigación estén en el otro país.

Este tipo de cooperación adquiere especial importancia cuando una investigación atraviesa fronteras y las autoridades necesitan documentación, evidencias u otras diligencias realizadas en otra jurisdicción.

Los instrumentos buscan reducir obstáculos para que fiscales y autoridades competentes puedan avanzar en investigaciones vinculadas con criminalidad transnacional, respetando las garantías establecidas por las legislaciones de ambos Estados.

Los cuatro proyectos muestran así ámbitos muy distintos de la política exterior panameña. Mientras uno abre la puerta a tecnologías espaciales aplicadas a problemas ambientales y productivos, otro fortalece las capacidades para conservar el patrimonio.

Los acuerdos con Argentina, por su parte, apuntan a cerrar espacios a delitos que operan entre diferentes jurisdicciones y requieren respuestas coordinadas.

El Parlamento venezolano fijó este miércoles un cronograma para elegir a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que evaluará a los candidatos encargados de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado por distintos sectores como afín al Gobierno.

La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, activó el procedimiento para conformar esa instancia, que deberá participar en la selección de los nuevos magistrados del máximo tribunal. El calendario comenzará con la convocatoria para escoger a 12 representantes de la sociedad civil, quienes se incorporarán a los 11 diputados ya designados para integrar el comité.

El presidente de la comisión preliminar de postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó en una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo que la convocatoria se publicará el próximo viernes en medios de comunicación y periódicos. A partir de esa publicación, las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas para ocupar los puestos destinados a la sociedad civil.

El proceso de recepción de postulaciones se extenderá hasta el 9 de octubre. Una vez vencido el plazo, la comisión preliminar evaluará las candidaturas para seleccionar a los 12 representantes civiles que pasarán a formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

Alessandrello encabezó la comisión preliminar, creada por el Parlamento el día anterior. El grupo asumió la organización de las primeras fases del procedimiento y la elaboración del cronograma que ahora regirá la incorporación de los integrantes civiles al comité.

El diputado opositor Luis Florido, quien también formó parte de la comisión preliminar, afirmó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia permitirá contar con un “Tribunal Supremo que le responda a todos los venezolanos, a todo el país, y permitir reconstruir un sistema judicial”.

Florido sostuvo que el Comité de Postulaciones Judiciales probablemente prestará juramento el 16 de octubre. Antes de ese acto, la Asamblea Nacional deberá presentar formalmente a sus integrantes ante el Legislativo, en una sesión prevista para el 15 de octubre.

El cambio respondió a un acuerdo alcanzado entre el chavismo y un sector de la oposición que mantuvo un diálogo con el oficialismo. Las partes plantearon que la ampliación de la representación civil contribuirá a garantizar condiciones de independencia durante la elección de los nuevos magistrados.

De manera paralela al Comité de Postulaciones Judiciales funcionará un consejo de siete juristas. Cuatro de esos miembros serán personas de confianza de la oposición, según el acuerdo político que acompañó la reforma aprobada por el Parlamento.

El consejo de juristas actuará como un filtro adicional dentro del procedimiento de renovación del TSJ. Su participación buscará incorporar una instancia de revisión en el proceso previo a la designación de los magistrados que integrarán el máximo tribunal.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional comenzó a discutir dos proyectos que buscan incentivar la salida voluntaria de servidores públicos jubilados o con derecho a pensión, mediante compensaciones económicas vinculadas con sus años de servicio. Las iniciativas también persiguen abrir espacios para el relevo generacional dentro de las instituciones del Estado.

La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por la diputada Janine Prado, realizó la primera jornada de consultas de los proyectos de ley 718 y 711. En la discusión participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Aunque ambos proyectos persiguen incentivar el retiro, establecen fórmulas diferentes para calcular cuánto recibirían los funcionarios. El proyecto 718, impulsado originalmente por Javier Sucre, plantea un programa dirigido a pensionados y jubilados, mientras el 711 propone una política nacional de relevo generacional.

El proyecto 718 permitiría acogerse al programa a quienes tengan al menos cinco años continuos de servicio acreditable en la administración pública y sean pensionados o jubilados de la Caja de Seguro Social. Además, deberán presentar su renuncia voluntaria con un mínimo de 30 días de anticipación.

La compensación prevista en esta iniciativa sería de un mes de salario por cada año trabajado, hasta un máximo de 12 meses, tomando como referencia los diez mejores años de sueldo en el servicio público. En ningún caso, el incentivo podría superar los $100,000.

El pago tendría además una condición tributaria favorable: estaría exento del Impuesto sobre la Renta. Al momento de abandonar el cargo, el funcionario conservaría el derecho a recibir la prima de antigüedad, vacaciones y otras prestaciones correspondientes, independientemente del incentivo por acogerse al programa.

Quienes reciban esa compensación quedarían impedidos de volver a ser contratados por cualquier institución estatal, ya sea mediante una posición permanente, eventual o servicios profesionales. La propuesta también establece una lista de funcionarios y actividades que quedarían excluidos del programa.

Entre las excepciones figuran miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Órgano Judicial y Ministerio Público, cargos de elección popular, personal del Servicio Exterior y bomberos permanentes. También quedarían fuera puestos esenciales de salud y de la administración estatal, además de servidores municipales y temporales.

El proyecto 711 presenta un esquema distinto. Para participar, el funcionario deberá estar activo, haber adquirido el derecho a una pensión por vejez y acreditar al menos diez años de servicio público, continuos o discontinuos. El retiro tendría que producirse mediante una renuncia libre, expresa y voluntaria.

Su escala comienza con cuatro meses de salario para quienes acrediten diez años de servicio. La compensación aumenta a seis meses al llegar a 15 años, ocho meses con 20 años y diez meses de remuneración para quienes acumulen 25 años o más.

Para antigüedades ubicadas entre esos rangos, el proyecto propone agregar el equivalente al 40% de un salario mensual por cada año completo adicional. El beneficio nunca podría superar diez meses de remuneración y utilizaría como referencia el sueldo devengado 12 meses antes de solicitar el retiro.

La propuesta de Augusto Palacios va más allá de entregar una compensación y plantea convertir el relevo generacional en una política permanente del Estado. Cada institución tendría que elaborar anualmente un plan que identifique cargos, necesidades de personal, potenciales beneficiarios y los recursos presupuestarios necesarios para financiar las salidas.

Las vacantes tampoco tendrían que ser reemplazadas automáticamente. El proyecto establece que cada posición liberada deberá evaluarse antes de decidir si continúa siendo necesaria, puede eliminarse, fusionarse o transformarse. Cuando corresponda cubrirla nuevamente, la intención es incorporar capacidades ajustadas a las nuevas necesidades institucionales y tecnológicas.

En materia presupuestaria, cada entidad tendría que incluir los recursos destinados a las bonificaciones dentro de su anteproyecto anual, estimando previamente cuántos funcionarios podrían acogerse. El Estado garantizaría la disponibilidad mediante el Presupuesto General, mientras las partidas aprobadas tendrían un uso exclusivo para estos pagos.

Otra diferencia aparece en la posibilidad de regresar al sector público. El proyecto 711 establece que quien reciba el incentivo no podrá volver a vincularse como servidor público, aunque deja abierta la contratación posterior para consultorías estatales. El proyecto 718, en cambio, prohíbe también la contratación mediante servicios profesionales.

Las iniciativas entran ahora en una fase de consultas en la que la subcomisión recibirá observaciones de instituciones y organizaciones interesadas antes de avanzar en su discusión. Los diputados deberán definir si ambas propuestas se mantienen separadas o cómo se armonizan sus diferencias sobre requisitos, montos, financiamiento y futuras contrataciones.

El proyecto de Río Indio prevé asegurar agua potable durante los próximos 50 años para más de 2 millones de personas y sostener la operación del Canal de Panamá frente al aumento del consumo y los efectos de los fenómenos climáticos.

La iniciativa, expuesta por la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, incluye una inversión de $1.500 millones, un túnel de 8,7 kilómetros y obras viales para las comunidades de la cuenca.

El plan contempla trasvasar agua por gravedad desde el nuevo lago hasta el lago Gatún mediante esa infraestructura subterránea. La etapa de construcción duraría cuatro años y podría generar cerca de 2.700 empleos directos.

“El proyecto fue aprobado en enero del 2025 por la Junta Directiva del Canal de Panamá”, indicó Espino de Marotta, y a partir de esa autorización la entidad inició su trabajo en el territorio para preparar la ejecución de la obra.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa responde a la mayor demanda de agua y a los riesgos derivados de los cambios observados en las condiciones climáticas durante la última década. También planteó que el proyecto busca evitar las consecuencias de una respuesta tardía frente a esa situación.

Especificaciones incluyen la construcción de cerca de 27 kilómetros de carreteras nuevas dentro de la cuenca. Las obras beneficiarán a 8.700 residentes de Río Indio y acompañarán las investigaciones técnicas conceptuales y geotécnicas que siguen en curso.

Se indicó que el proceso de diálogo con las comunidades censadas comenzó en mayo de 2025. La administración canalera busca acordar las condiciones de compensación y traslado para las familias alcanzadas por el proyecto.

Hasta mayo de este año, el 70% de las familias había participado en reuniones individuales o comunitarias vinculadas al reasentamiento, de acuerdo con las autoridades canaleras. La instancia forma parte de la preparación social y territorial necesaria antes de la construcción del embalse.

Los datos se dieron a conocer en el acto en la Asamblea Nacional, donde el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, junto a Espino de Marotta sustentaron el proyecto presupuestario correspondiente a la vigencia fiscal 2026-2027, que comenzará el 1 de octubre y finalizará el 30 de septiembre de 2027.

La propuesta calcula ingresos totales por $5.555,3 millones y gastos operativos por $1.784,5 millones, según explicó Icaza durante la presentación ante los diputados.

El Canal de Panamá estima transferir directamente al Estado panameño $3.607,8 millones durante la nueva vigencia fiscal. La cifra supera en $414 millones al monto aprobado para el período anterior y, de acuerdo con las autoridades, no implicará un alza de los peajes para los clientes de la vía acuática.

Icaza afirmó que la proyección confirma la capacidad financiera de la institución y su aporte sostenido al país. El incremento previsto se relaciona con los excedentes de la operación y con el ajuste del derecho por tonelaje, que pasó de $1 a $1,75.

Las autoridades aclararon que ese cambio no equivale a un aumento de los peajes cobrados a los buques que utilizan la ruta interoceánica. La medida, junto con los resultados de la operación canalera, explica el crecimiento previsto en los recursos que recibirá el Estado.

El presupuesto presentado por las autoridades todavía debe recibir el aval de la Comisión de Presupuesto, para luego avanzar hacia el segundo y el tercer debate ante el pleno de la Asamblea Nacional.

La discusión legislativa definirá el marco financiero bajo el cual funcionará el Canal durante el período comprendido entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. La propuesta combina las previsiones de ingresos de la vía acuática con las inversiones previstas para reforzar la disponibilidad de agua.

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

Diputados panameños calificaron como una injerencia en las decisiones del Legislativo el comunicado mediante el cual la Embajada de China expresó su rechazo a la conformación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán y exigió a sus integrantes rectificar su posición.

Los parlamentarios consultados por Infobae defendieron que Panamá es un país democrático, libre y soberano, donde la conducción de las relaciones diplomáticas corresponde al Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional mantiene independencia para promover intercambios legislativos. También afirmaron que la separación de poderes está reconocida constitucionalmente.

La representación del régimen de China manifestó su “fuerte descontento y enérgico rechazo” ante la iniciativa. Además, pidió a los diputados atenerse a la política exterior panameña, abandonar sus acercamientos con Taiwán y dejar de “entorpecer y socavar” las relaciones que Panamá mantiene con la República Popular China.

El presidente del grupo, el diputado Medin Jiménez, sostuvo que la iniciativa tiene carácter estrictamente parlamentario y no pretende asumir funciones diplomáticas. Según explicó, 45 legisladores firmaron su conformación, mientras otros manifestaron respaldo, pero no pudieron suscribir el documento durante su circulación por el pleno.

Jiménez rechazó el planteamiento de la Embajada china de considerar a la Asamblea como una institución que debe someterse al Ejecutivo en esta materia. “Somos un país de democracia, donde el primer órgano del Estado es la Asamblea”, declaró, al reivindicar la autonomía de los diputados para establecer vínculos con otros parlamentos.

El diputado del partido Panameñista aseguró que Panamá puede mantener intercambios con cualquier territorio, independientemente de disputas geopolíticas externas. Consideró que los conflictos entre Beijing y Taipéi pertenecen a su ámbito político y que los diputados deben concentrarse en obtener oportunidades de inversión, comercio y conocimiento que produzcan beneficios para la población panameña.

La directiva del grupo deberá reunirse ahora para definir una agenda y un plan de trabajo. Jiménez mencionó entre los asuntos prioritarios el intercambio parlamentario, las relaciones comerciales, el aprovechamiento del tratado de libre comercio y la seguridad jurídica para exportadores y productores nacionales.

También destacó la importancia de Taiwán para las exportaciones panameñas de camarón blanco. Según los datos citados por el diputado, durante el último periodo fiscal se comercializaron más de $158 millones en mariscos y otros productos, mientras una proporción relevante del camarón consumido en Taiwán tendría procedencia panameña.

Jiménez afirmó que el grupo continuará funcionando pese al rechazo de Beijing. “Ellos tienen su postura y nosotros tenemos la nuestra como panameños”, manifestó. Agregó que su creación no constituye una actuación ilegal ni supone un desconocimiento de las atribuciones que el Ejecutivo ejerce sobre la diplomacia oficial.

El diputado independiente Luis Duke coincidió en que el pronunciamiento representa una intervención en asuntos propios de la Asamblea. Explicó que los legisladores decidieron establecer una relación con el Yuan Legislativo debido al potencial taiwanés en semiconductores, tecnología, innovación y diseño de políticas públicas que podrían aportar conocimientos útiles para Panamá.

Duke aclaró que el acercamiento no modifica las relaciones diplomáticas panameñas ni contradice necesariamente los acuerdos existentes. “Nosotros no nos estamos metiendo en las relaciones diplomáticas del Estado”, señaló, antes de remarcar que se trata de decisiones parlamentarias orientadas a fortalecer el intercambio entre ambos órganos legislativos.

El diputado vinculó la iniciativa con los esfuerzos de Panamá por desarrollar capacidades relacionadas con la industria de semiconductores. Taiwán ocupa una posición central dentro de esa cadena mundial y, según Duke, su experiencia podría contribuir a las etapas de prueba, distribución y generación de conocimientos que el país pretende incorporar a su estrategia económica.

Duke confirmó que el bloque seguirá activo y celebrará reuniones para determinar sus próximos pasos. “El grupo sigue”, afirmó, al señalar que la posición expresada por la Embajada china no detendrá sus actividades ni el diálogo previsto entre la Asamblea Nacional panameña y el Yuan Legislativo de Taiwán.

Por su parte, José Pérez Barboni, del partido político Movimiento Otro Camino, calificó el comunicado como una respuesta “muy reactiva” y desafortunada. Cuestionó especialmente que la Embajada invitara a los diputados a rectificar, como si fuera incorrecto relacionarse con un territorio que varios legisladores consideran democrático, autónomo y dotado de autoridades propias.

Pérez Barboni reconoció que el Ejecutivo dirige la política exterior del Estado, pero sostuvo que cada diputado puede formar su propio criterio sobre los países o parlamentos con los cuales desea intercambiar experiencias. “Es una injerencia extranjera querer decidir” cómo deben actuar los diputads, expresó al rechazar el tono empleado por Beijing.

El parlamentario pidió a la representación del régimen chino respetar las decisiones adoptadas dentro de la Asamblea e hizo el mismo llamado al presidente José Raúl Mulino. A su juicio, los vínculos parlamentarios no deben interpretarse automáticamente como una modificación de las relaciones diplomáticas reconocidas por el Gobierno central panameño.

Mulino había marcado distancia de los viajes de diputados a Taiwán al recordar que la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo y que esas delegaciones no contaban con el aval de su administración. Tras la conformación del nuevo bloque, reiteró esa posición y sostuvo que la iniciativa no representa al Gobierno panameño.

Los acercamientos legislativos tampoco comenzaron con la instalación del grupo. Diputados panameños han efectuado dos viajes a Taiwán durante el actual periodo legislativo: el primero generó una disputa diplomática a finales de 2025 y una segunda delegación viajó el 31 de enero de 2026, nuevamente sin representar oficialmente al Ejecutivo.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017 y reconoció desde entonces el principio de una sola China. Sin embargo, persisten vínculos comerciales, empresariales y académicos con la isla, argumento utilizado por los diputados para defender una instancia parlamentaria que, aseguran, no sustituye la política exterior del país.

La controversia deja abiertas dos posiciones dentro del Estado: el Ejecutivo reafirma su competencia exclusiva sobre la diplomacia, mientras los legisladores reivindican la independencia constitucional de la Asamblea Nacional. Para los integrantes del grupo, aceptar que una representación extranjera determine sus contactos supondría limitar la autonomía de uno de los órganos estatales.

El régimen de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, aprobó recientemente la creación de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), un ente que estará adscrito al Ejército y que controlará los puertos y el transporte acuático. La medida amplía atribuciones de los militares en un momento de disputa política por su lealtad ante un eventual cambio de régimen.

La nueva estructura tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. También recibirá los recursos, vehículos, sistemas informáticos y bienes que usaba la Dirección General de Transporte Acuático vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Según el portal oficialista el19digital.com, la legislación incorpora el numeral 19 bis al artículo 3 de la Ley 181, Código de Organización Militar, para formalizar que las Fuerzas Armadas ejercerán el control y tutela de la nueva entidad. La iniciativa presentada por la Presidencia sostiene que la medida busca reforzar la coordinación en seguridad y protección de los espacios marítimos, fluviales y lacustres.

La DGTA podrá formular políticas de seguridad para la navegación; dirigir, regular y controlar el desarrollo marítimo nacional; autorizar matrículas y permisos; cancelar rutas y servicios, y supervisar a personas y empresas dedicadas a actividades marítimas. También tendrá facultades sobre tarifas de transporte de carga y pasajeros, además del cobro de matrículas, patentes, permisos de navegación, certificaciones para astilleros y talleres de mantenimiento, y multas previstas por la ley.

Más control para asegurar la fidelidad militar

La ampliación de funciones del Ejército se produce en un momento en que los militares aparecen como un actor en cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición en el país. Esto se volvió especialmente visible el 2 de septiembre, durante el 47.º aniversario del Ejército.

Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les planteó que tendrían espacio en una futura democracia. Horas después, el general Julio César Avilés respondió desde el acto oficial con un respaldo a las reformas constitucionales del régimen de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.

Avilés dijo: “Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”. El jefe militar expresó, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen.

La oposición también modificó su discurso hacia las Fuerzas Armadas. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, sostuvo que el Ejército sí tendría un papel en la ecuación de cambio, siempre que se trate de militares no implicados en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Chamorro afirmó: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Añadió que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a evitar que una salida del régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.

Avilés rompió la rotación histórica y puede completar 21 años en la jefatura

El principal mecanismo de control construido por Ortega y Murillo tiene nombre propio: Avilés Castillo, comandante en jefe desde el 21 de febrero de 2010. Antes de su permanencia, el Ejército había mantenido relevos regulares de cinco años con Joaquín Cuadra entre 1995 y 2000, Javier Carrión entre 2000 y 2005 y Omar Halleslevens entre 2005 y 2010.

En enero de 2014 fue reformada la Ley 181 y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, un tercero entre 2020 y 2025 y un cuarto mandato iniciado en 2025 que se extenderá hasta 2031.

Si completa ese período, habrá dirigido el Ejército durante 21 años consecutivos. En su cuarta juramentación, Rosario Murillo afirmó: “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”.

La consolidación de la cúpula no se limita al comandante. En julio de 2025, La Prensa publicó que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta configurar una estructura que el diario describió como un Ejército “enano cabezón”.

En 2025 también se creó el grado de coronel general, situado debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, una decisión que permitió promoverlos sin apartarlos de sus cargos y abrió nuevos espacios en la cúspide del escalafón.

Fuentes militares citadas por el diario señalaron que, si continúan las extensiones de mandatos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían acercarse a los 80 años antes de dejar definitivamente la cima de la institución. Esa permanencia bloquea la progresión de coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que esperan ascensos.

La oposición busca a los mandos medios del Ejército

De acuerdo con el medio nicaragüense, mientras crecen los mensajes políticos hacia los cuarteles, el régimen acumula incentivos, ascensos y nuevas atribuciones para la cúpula.

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, citado por Infobae, situó el foco en los mandos intermedios a quienes el mensaje opositor debería ofrecer “incentivos profesionales, amnistías condicionadas” y un lugar en el futuro democrático.

Hasta ahora, la Fuerza Naval ha tenido un perfil costero y se dedica al patrullaje, la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la vigilancia de aguas jurisdiccionales.

En ese contexto, la entrega de puertos, rutas, permisos y tarifas del transporte acuático a una entidad bajo tutela militar añade una nueva esfera de control a una institución que ya dispone de organización nacional, inteligencia, cadena de mando y despliegue territorial.

El Ministerio de Educación tendrá un presupuesto recomendado de $3,757.4 millones para 2027, según el proyecto de ley 644 presentado por el Ejecutivo.

La cifra supera en $103.2 millones lo solicitado por la propia institución y representa un incremento cercano al 3%, en momentos en que persisten interrogantes sobre la capacidad para convertir los recursos asignados en obras, servicios y mejoras educativas.

Del monto total, $2,312.2 millones serán destinados al funcionamiento del sistema, incluidos salarios, servicios y necesidades operativas. Otros $1,445.1 millones corresponderán a programas de inversión, como mantenimiento preventivo, construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, nutrición, educación básica y tecnología.

La distribución muestra que aproximadamente seis de cada diez dólares se utilizarán para sostener las operaciones institucionales.

El Meduca había solicitado $2,338.3 millones para funcionamiento y $1,315.8 millones para inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas redujo el primer componente en $26.1 millones, pero elevó el segundo en $129.3 millones, una variación del 9.8%.

El ajuste coloca el principal aumento en proyectos y programas, precisamente el apartado donde la institución ha enfrentado mayores dificultades de ejecución.

El ministro Ventura Vega explicó ante la Comisión de Presupuesto que el dinero permitirá atender 82,751 posiciones dentro de la estructura institucional, de las cuales 65,412 corresponden a educadores.

Sostuvo que la transformación educativa no depende solamente de construir escuelas, sino también de fortalecer a los docentes, incorporar tecnología y respaldar la participación de las asociaciones de padres de familia.

La ejecución de los recursos constituye, sin embargo, uno de los principales desafíos del presupuesto educativo. Al 31 de mayo de 2026, el Meduca había utilizado $88.4 millones, equivalentes a solo 6.1% de su presupuesto anual de inversión, fijado entonces en $1,453.3 millones.

En funcionamiento, el avance reportado para el mismo período alcanzaba 35.8%.

La institución ha señalado que esa medición no considera el ritmo con el cual Hacienda asigna mensualmente los fondos. Según su explicación, la ejecución sobre los recursos efectivamente disponibles alcanzó 24% en mayo y subió a 37.5% en junio.

Aunque ambas cifras utilizan bases diferentes, el reducido avance respecto del presupuesto anual mantiene dudas sobre la capacidad para completar proyectos dentro de la vigencia fiscal.

La comparecencia también quedó marcada por las preguntas sobre 54,000 computadoras adquiridas para docentes mediante un contrato de $28.4 millones.

El diputado Jhonatan Vega señaló que uno de los equipos tenía 256 gigabytes de almacenamiento interno, pese a que las condiciones contractuales contemplaban 512 gigabytes. La computadora también cuenta con 16 gigabytes de memoria RAM y una pantalla de 14 pulgadas.

El director de Informática del Meduca, Roberto Espino, explicó que el almacenamiento se completa mediante una memoria USB externa de 256 gigabytes. La respuesta provocó cuestionamientos porque una unidad separada no ofrece las mismas condiciones que un almacenamiento interno integrado al equipo.

Corresponderá a las investigaciones establecer si esa configuración cumple integralmente las especificaciones y obligaciones incluidas en el contrato.

Hasta la sustentación presupuestaria habían sido entregadas 28,585 de las 54,000 computadoras contratadas, mientras otras 25,415 permanecían pendientes. El proceso es revisado por la Contraloría General y el Ministerio Público, que deberán examinar la contratación, los desembolsos y el cumplimiento técnico.

Vega afirmó que respetará lo determinado por las autoridades antes de adoptar decisiones sobre la continuidad del programa.

La controversia comenzó durante la administración de Lucy Molinar, quien renunció al Ministerio de Educación el 12 de agosto de 2026 después de reconocer que existía “mucho ruido” alrededor de las computadoras.

Molinar solicitó al Ministerio Público investigar el proceso y fue reemplazada por Ventura Vega, quien asumió el cargo el 13 de agosto con el compromiso de mantener el diálogo y respetar la ley.

El contrato cuestionado corresponde únicamente a los equipos para educadores. La compra de 531,250 computadoras destinadas a estudiantes, valorada inicialmente en $268.5 millones, fue declarada desierta porque ninguna propuesta cumplió todos los requisitos.

Para 2027, el reto del nuevo ministro será demostrar que el aumento de la inversión puede transformarse en resultados verificables, sin repetir problemas de planificación, contratación o ejecución.

“Un paso más”. Esa fue la expresión que utilizó la delegación opositora que participa en el proceso de negociación, luego de que el Parlamento de mayoría chavista sancionara este martes primero de septiembre la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que da mayoría a la sociedad civil en el comité de postulaciones judiciales que impulsará la designación de los nuevos magistrados.

“En el marco de los acuerdos suscritos el 12 de agosto por la mesa de negociación, hoy se dio un paso más hacia la construcción de un TSJ independiente, al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos, con la nueva conformación del comité de postulaciones judiciales”, manifestaron a través de su cuenta en X.

El primer ciclo del diálogo con el régimen chavista, que se desarrolla bajo el auspicio de Estados Unidos, concluyó con el acuerdo de “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia”, hoy totalmente controlado por el oficialismo.

Entre las medidas para alcanzar ese objetivo, pactaron “renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales”, que ahora estará conformado por 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados.

Un paso en un camino bastante largo y complejo. “Comienza una etapa que llevará a la designación de todos los magistrados del TSJ y requerirá del compromiso de toda la ciudadanía”, expresó la delegación opositora, que siempre insiste en la necesidad de que la sociedad civil se involucre directamente en este esfuerzo para desmontar la hegemonía chavista en las instituciones del Estado.

Tareas pendientes

Creado el marco jurídico, viene la ardua tarea de buscar a las personas que se incorporen a esta instancia. En paralelo, surge otro desafío: crear un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ, “para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación”, define el documento firmado por las partes el 12 de agosto.

El Parlamento de mayoría chavista había dado inicio al proceso para escoger a los togados, pero de la negociación surgió el compromiso de activar un nuevo mecanismo de postulación para la renovación de los magistrados.

En teoría, las decisiones políticas deben tomarse en la mesa de negociación, bajo la atenta mirada de Estados Unidos, para posteriormente darles juridicidad en la Asamblea Nacional, donde la delegación opositora no tiene ningún representante.

En su llamado a la sociedad civil, la oposición enfatizó la importancia de que “hombres y mujeres del Derecho estén dispuestos a asumir la responsabilidad de transformar el sistema de justicia en Venezuela y a postularse como magistrados para el nuevo TSJ”.

Se espera que las partes vuelvan a la mesa de diálogo a mediados de septiembre. De acuerdo con lo que ha declarado la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, la agenda debe incluir los derechos y garantías políticas, donde buscarían eliminar la intervención judicial sobre los partidos de oposición y las inhabilitaciones políticas que afectan a dirigentes como María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que convocará la próxima semana una reunión en la Presidencia de la República con tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para buscar alternativas que permitan aplicar el Proyecto de Ley 226.

Mulino informó que participará personalmente en el encuentro, cuyo objetivo será encontrar fórmulas que hagan viable la ampliación de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El mandatario expresó su confianza en alcanzar una salida para los problemas generados por la aprobación de la iniciativa legislativa.

El anuncio abre un espacio de negociación después de que la Cámara de Comercio solicitara al Ejecutivo vetar completamente el proyecto. El gremio empresarial considera que la reforma aumenta las obligaciones económicas de los comercios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin resolver previamente cómo se financiará sosteniblemente esta política social.

La organización reconoció la necesidad de proteger a los adultos mayores, pero sostuvo que los descuentos obligatorios reducen directamente los ingresos de los negocios, mientras los costos de planilla, alquiler, electricidad, insumos, financiamiento e impuestos permanecen iguales o aumentan. Esta situación podría obligarlos a reducir márgenes o trasladar los costos a los consumidores.

Entre las posibles consecuencias, la Cámara mencionó aumentos de precios, aplazamiento de inversiones, reducción de contrataciones y cierres de empresas.

También planteó que los beneficios dirigidos a jubilados y pensionados no deben descansar de manera creciente sobre determinados sectores productivos, sino responder a una política pública compartida y financieramente sostenible.

El proyecto reconoce que los descuentos concedidos podrán utilizarse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta, ampliando ese tratamiento a todos los sectores obligados a aplicar los beneficios. Sin embargo, la Cámara advirtió que el mecanismo necesita un análisis sobre su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.

Según el gremio, reconocer el 100% de los descuentos como crédito fiscal no elimina el impacto inmediato sobre el flujo de caja de las empresas. Los negocios deben aplicar la reducción al momento de vender, pero recuperarían posteriormente ese dinero mediante el sistema tributario, siempre que tengan suficientes obligaciones fiscales para compensar las cantidades acumuladas por los beneficios.

La Asociación Panameña de Hoteles también solicitó revisar la propuesta, aunque no rechazó el propósito social de ampliar la protección a los adultos mayores. Apatel pidió reconsiderar particularmente el aumento del descuento obligatorio en hospedaje al 40% durante viernes, sábados y domingos, por su posible efecto sobre la liquidez de la hotelería formal.

El beneficio hotelero se mantendría en 50% de lunes a jueves, mientras el porcentaje vigente durante los fines de semana aumentaría del 30% al 40%. Los descuentos se aplicarían sobre tarifas regulares y promocionales e incluirían expresamente a hoteles, moteles, pensiones y hostales dentro de los establecimientos sujetos al nuevo régimen.

Apatel señaló que los fines de semana concentran una parte importante de la facturación de hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país.

Esos ingresos permiten cubrir salarios, electricidad, proveedores, mantenimiento, seguros e insumos, por lo que una reducción inmediata podría comprometer la operación y las inversiones de los establecimientos.

El Proyecto de Ley 226 modifica la Ley 6 de 1987 y amplía descuentos en medicamentos, servicios básicos, productos financieros, equipos médicos y actividades recreativas. La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía requiere la decisión del Órgano Ejecutivo.

Entre los cambios, el descuento en medicamentos aumentaría del 20% al 30%, mientras el servicio de agua recibiría una reducción del 30% cuando el consumo mensual no exceda $30. También se incorporaría un beneficio igual para internet y televisión por cable en contratos residenciales de hasta $50 mensuales a nombre del beneficiario.

La reforma establece descuentos del 20% para pañales desechables de adultos y del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

Además, elevaría del 1% al 2% la reducción aplicable a la tasa de interés de ciertos préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda propia.

Los jubilados han defendido el proyecto y solicitado su sanción, al considerar que la ampliación responde al encarecimiento de medicamentos, servicios y productos esenciales.

Sus dirigentes también cuestionaron que algunos establecimientos aumenten previamente los precios para presentar promociones que terminan limitando el alcance real de los descuentos reconocidos legalmente a los beneficiarios.

La iniciativa incorpora una regla según la cual, cuando una promoción resulte inferior al precio obtenido mediante el descuento legal, el establecimiento deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre la oferta.

También aumenta las multas por incumplimiento, que pasarían del rango actual de $50 a $5,000 a sanciones de entre $500 y $10,000.

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que amplió el Comité de Postulaciones Judiciales y reactivó el proceso para renovar a todos los magistrados del máximo tribunal, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición en la mesa de diálogo promovida por Estados Unidos.

La votación se produjo este martes en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que dio luz verde a un cambio legal con el que el comité encargado de evaluar a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pasará de 21 a 23 integrantes, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. La norma también estableció que esa instancia funcionará durante dos años.

La modificación legislativa abrió de nuevo el camino para la sustitución total de los magistrados del TSJ, un paso incluido entre los primeros compromisos suscritos por el oficialismo y la oposición el 12 de agosto de 2026. Con esa decisión, el Parlamento retomó una ruta que ya había comenzado meses antes, pero quedó interrumpida cuando el procedimiento entró en fase de revisión de credenciales e impugnaciones.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó días antes que la reforma permitiría reiniciar de manera formal ese proceso de renovación. La revisión anterior se detuvo tras el doble terremoto del 24 de junio, cuando avanzaba el examen de los expedientes de los postulados.

Uno de los cambios centrales consistió en elevar la presencia de representantes civiles dentro del Comité de Postulaciones Judiciales. Con la nueva redacción, 12 de los 23 miembros pertenecerán a la sociedad civil y 11 serán diputados. El ajuste alteró la composición previa, que contemplaba 21 integrantes.

Ese punto fue observado por sectores opositores como un elemento que podría dar mayores garantías de equilibrio en la selección de los nuevos jueces del máximo tribunal. El acuerdo político alcanzado en la mesa de negociación estableció que la renovación debía abarcar a la totalidad de los magistrados, por lo que la conformación del comité pasó a ser una pieza central del cronograma institucional.

La decisión parlamentaria se encadenó con el entendimiento anunciado por ambas delegaciones en agosto, cuando chavismo y oposición resolvieron abrir un nuevo proceso de postulaciones para designar a todos los integrantes del TSJ. En ese mismo paquete de medidas, las partes acordaron reformar otra vez la ley que regula al tribunal, ampliar el comité de postulaciones y crear una instancia de revisión de credenciales y requisitos.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, informó entonces que el cronograma de ejecución empezaría ese mismo mes con anuncios oficiales y acciones concretas. El documento también incluyó el compromiso de aplicar un mecanismo de trabajo continuo para verificar cada paso del acuerdo.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate una reforma que amplía y modifica los descuentos concedidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El Proyecto de Ley 226 recibió 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía no constituye una norma vigente, pues debe ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo.

La propuesta modifica la Ley 6 de 1987, cuyos beneficios alcanzan a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, además de todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad. Para los extranjeros, el nuevo texto especifica que deberán contar con permiso de residente permanente en Panamá.

Uno de los principales cambios se encuentra en los medicamentos. La legislación vigente reconoce un descuento del 20% sobre su valor, mientras que el proyecto eleva el beneficio al 30%.

En hospitales y clínicas privadas se mantiene el 15%, pero la cobertura se extiende expresamente a laboratorios, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.

La iniciativa también incorpora un 15% de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana y fija un 20% para pañales desechables de adultos.

La Acodeco ya interpretaba que algunos de esos artículos podían recibir beneficios como aparatos de ayuda, pero ahora quedarían identificados directamente dentro de la ley.

En equipos de asistencia se establece un descuento del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y sanitarios portátiles. La lista incluye además sillas de baño, rodadores con asiento, colchones para pacientes encamados y camas hospitalarias, ampliando la disposición vigente que concede 20% para prótesis y accesorios de ayuda.

Otro beneficio nuevo es la reducción del 30% en los servicios de internet y televisión por cable, siempre que el contrato residencial no supere $50 mensuales, esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. La tarifa ordinaria se aplicaría a cualquier monto que exceda ese límite.

En el servicio de agua, el descuento pasaría del 25% vigente al 30%, aplicable cuando el consumo mensual no sea superior a $30. El contrato deberá estar a nombre del beneficiario, corresponder a un servicio residencial y utilizarse en su vivienda principal; el excedente quedará sujeto a la tarifa regular.

La reforma también elevaría del 1% al 2% la reducción en la tasa de interés de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda propia. Sin embargo, el proyecto excluye de este beneficio a los financiamientos otorgados bajo leyes de interés preferencial, que actualmente reciben condiciones subsidiadas mediante otro régimen legal.

En productos financieros se conservaría el descuento del 15% sobre la tasa máxima permitida para determinados créditos, pero se añadiría una reducción igual en la anualidad de tarjetas de crédito y débito. También se aplicaría un 15% a las pólizas contratadas para asegurar productos bancarios o financieros.

El texto agrega un descuento del 30% sobre el cargo fijo de gastos notariales por documentos, certificaciones o declaraciones emitidos a nombre del beneficiario. En las actividades recreativas se mantiene el 50% para cines, teatros, deportes y espectáculos públicos, pero se incorporan expresamente los centros de visitantes.

En hospedaje, los porcentajes no cambian: continuará el descuento del 50% de lunes a jueves y del 30% durante los fines de semana. La modificación consiste en incluir de manera expresa a los hostales, junto con hoteles, moteles y pensiones, dentro de los establecimientos obligados a aplicar el beneficio.

El proyecto introduce además una regla para las promociones. Cuando un establecimiento ofrezca un precio promocional inferior al que resultaría del descuento legal, deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre esa oferta. Los negocios tendrán que mostrar el precio regular y el promocional para permitir la comparación por parte del consumidor.

Las sanciones también aumentarían. Actualmente, negar los beneficios puede generar multas de $50 a $5,000; la reforma eleva ese rango a entre $500 y $10,000. Cada reincidencia duplicará la sanción anterior y la Acodeco continuará encargada de recibir, investigar y resolver las denuncias correspondientes.

La mitad de lo recaudado ingresaría al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados, mientras el resto se destinaría al Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social. Los establecimientos también deberán mantener en un lugar visible la información sobre los descuentos y habilitar ventanillas o filas de atención prioritaria.

Un cambio de mayor alcance fiscal establece que todos los beneficios concedidos podrán reconocerse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. La legislación vigente limita ese tratamiento principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la modificación introducida mediante la Ley 192 de 2020.

Durante las consultas legislativas, el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la ampliación podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal. Gremios empresariales también alertaron sobre posibles aumentos de precios, restricciones al crédito y costos operativos, especialmente en los sectores farmacéutico, turístico, bancario y asegurador.

El proyecto fusionó tres iniciativas y quedó pendiente de la decisión del presidente José Raúl Mulino. Hasta que sea sancionado y publicado en la Gaceta Oficial, continúan aplicándose los porcentajes establecidos en la legislación actual; por tanto, los nuevos descuentos todavía no pueden exigirse en comercios ni entidades de servicios.

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este viernes el nombramiento de Enrique Hilarión Ochoa Antich como embajador ante Suiza, con acreditación concurrente en Liechtenstein.

Ochoa Antich ocupará la misión que hasta ahora estaba en manos de Roy Chaderton Matos, nombrado para ese puesto en 2021.

El expediente del nuevo representante diplomático está ligado a varias décadas de actividad pública en Venezuela. Fue diputado y ha participado en distintos momentos de la vida política nacional, una trayectoria que el parlamentario Luis Romero, de Avanzada Progresista, destacó durante el debate legislativo.

Romero definió a Ochoa Antich como un “venezolano comprometido con el interés nacional” y sostuvo que su incorporación al servicio exterior puede contribuir a una mayor apertura política dentro del Ejecutivo.

“Considero este nombramiento muy importante”, afirmó el diputado, al interpretar la designación como parte de una estrategia para incorporar a sectores que no pertenecen a la cúpula chavista.

Desde que Estados Unidos depuso y capturó al dictador Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas en enero, el interinato de Delcy Rodríguez ha realizado modificaciones en varias representaciones diplomáticas. Entre los destinos alcanzados por esos cambios figuran Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, España, Francia y Bielorrusia, además de la representación venezolana ante Naciones Unidas.

En Madrid, por ejemplo, el régimen chavista designó al ex diputado Timoteo Zambrano como embajador, en sustitución de Gladys Gutiérrez. Zambrano asumió además la representación permanente ante la Organización Mundial del Turismo, cuya sede se encuentra en la capital española.

La misión en Berna también tendrá relevancia para la interlocución de Caracas con un país europeo que mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y alberga organismos y espacios de diálogo internacional. La acreditación concurrente permitirá que Ochoa Antich atienda, desde la sede, los asuntos correspondientes a ambos Estados.

La llegada de Ochoa Antich a Berna ocurre mientras Caracas también mantiene una agenda activa con organismos internacionales. Esta semana, el canciller Félix Plasencia recibió al nuevo coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, el canadiense Álvaro Rodríguez, quien reemplazó a Gianluca Rampolla después de cinco años de trabajo humanitario en el país.

Durante ese encuentro, Plasencia manifestó la disposición del chavismo a profundizar la cooperación técnica con Naciones Unidas. El funcionario destacó el papel desempeñado por las agencias del organismo después del terremoto doble del 24 de junio, que golpeó especialmente al estado La Guaira.

La emergencia sísmica dejó, según cifras oficiales, 6.438 fallecidos y generó un proceso de evaluación de daños y necesidades de recuperación. Naciones Unidas puso en marcha acciones humanitarias en las zonas más afectadas, mientras el Gobierno acordó con el organismo un programa de 60 días para determinar las prioridades de reconstrucción.

El Banco Mundial calculó posteriormente en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5. La institución advirtió que un proceso de reconstrucción lento podría afectar la recuperación económica venezolana durante los próximos diez años.

(Con información de EFE)

Panamá quiere dar un nuevo impulso a la fabricación local de medicamentos mediante una reforma legal que busca crear condiciones específicas para el desarrollo de laboratorios nacionales, incentivar inversiones y reducir parte de la dependencia de productos importados.

La iniciativa también introduce cambios en los procesos de contratación pública y establece requisitos para acceder a los beneficios destinados a la industria farmacéutica nacional.

El anteproyecto 123 fue presentado por el diputado Crispiano Adames el pasado 6 de agosto y permanece pendiente de prohijamiento en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Su objetivo declarado es promover el desarrollo, fortalecimiento y competitividad del sector mediante producción local, innovación tecnológica y mayor capacidad de los laboratorios establecidos en Panamá.

La propuesta parte de modificaciones a la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, que regula los medicamentos y otros productos para la salud humana, además de su adquisición por las instituciones pública

Adames sostiene que, aunque esa normativa introdujo cambios en los procesos de compra y registro, no desarrolló suficientemente mecanismos dirigidos a estimular la producción nacional de medicinas.

Uno de los primeros cambios apunta a una clasificación que, según la exposición de motivos, data de hace más de 60 años.

El texto busca diferenciar claramente los laboratorios farmacéuticos de medicamentos de aquellos dedicados a productos químicos no medicinales, para evitar que incentivos diseñados para fabricantes de medicinas terminen siendo utilizados por actividades distintas.

La nueva definición consideraría laboratorio farmacéutico de medicamentos al establecimiento dedicado a la fabricación, preparación, importación, investigación, desarrollo o comercialización de medicinas y productos vinculados con la salud humana o veterinaria.

En otra categoría quedarían los establecimientos que elaboren productos químicos sin finalidad medicinal, incluidos artículos de perfumería, cosméticos y desinfectantes.

La apuesta ocurre mientras el sector muestra una creciente capacidad para colocar productos fuera del país. Entre 2020 y el primer semestre de 2026, Panamá exportó más de $241 millones en medicamentos, de acuerdo con las cifras suministradas para esta nota.

Las ventas se aceleraron después de la pandemia, particularmente hacia mercados de Centroamérica, mostrando el potencial de una actividad industrial que el proyecto pretende ampliar.

En su exposición de motivos, Adames argumenta que aumentar la fabricación local permitiría generar empleos especializados, facilitar transferencia tecnológica y formar talento en áreas científicas y técnicas.

El planteamiento también vincula esta actividad con la diversificación de la matriz productiva y con la posibilidad de que Panamá aproveche su posición geográfica para convertirse en un centro regional y logístico de medicamentos.

El documento coloca además el abastecimiento como uno de los argumentos centrales. Panamá ha enfrentado, según la propuesta, dependencia de proveedores extranjeros, variaciones de precios internacionales y vulnerabilidades en las cadenas globales de suministro.

Una mayor capacidad instalada permitiría responder a interrupciones logísticas o restricciones externas y, según los promotores, mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales durante situaciones de crisis.

Sin embargo, los beneficios no quedarían abiertos a cualquier empresa. El proyecto establece que los incentivos para la industria nacional se aplicarían exclusivamente a laboratorios constituidos bajo las leyes panameñas cuyos beneficiarios finales sean, como mínimo, 80% de nacionalidad panameña.

También deberán estar inscritos en la Caja de Seguro Social y mantener al día sus obligaciones con la institución.

La iniciativa va más allá de los incentivos industriales y modifica varios procedimientos para las compras públicas de medicamentos. Propone una compra menor ágil hasta $50,000 y contratación menor hasta $70,000, mientras que desde esa última cifra se utilizaría la licitación pública.

Para operaciones desde $500,000 y consideradas de alta complejidad se contempla la licitación por mejor valor, además de subasta en reversa, precio único y convenio marco.

También cambiarían los tiempos mínimos para publicar las convocatorias. Para compras de hasta $70,000 serían cuatro días hábiles antes del acto público; entre $70,000 y $500,000, cinco días; desde $500,000 hasta $2 millones, 15 días, y cuando la contratación supere los $2 millones el plazo mínimo sería de 20 días hábiles.

Otro componente endurece las consecuencias frente a incumplimientos contractuales. La competencia para imponer sanciones recaería en el representante legal de la entidad contratante o el funcionario en quien se delegue esa responsabilidad.

Los contratistas podrían recibir multas o quedar inhabilitados para contratar con instituciones sujetas a la ley, dependiendo de la gravedad, reincidencia y consecuencias de la infracción.

En casos graves o muy graves, la propuesta abre incluso la posibilidad de extender la inhabilitación al grupo empresarial y a compañías relacionadas cuando se compruebe dolo, vinculación con hechos delictivos o daños a la vida, salud o integridad de las personas.

El Ejecutivo tendría posteriormente que reglamentar cómo se determinará esa vinculación empresarial y la progresión de las sanciones.

Para Adames, fortalecer la producción local permitiría al Estado disponer de proveedores cercanos ante emergencias sanitarias y garantizar la continuidad de tratamientos, además de reducir costos asociados a la dependencia externa.

El reto será que los incentivos se traduzcan efectivamente en nueva capacidad industrial, inversión y competencia, y no solamente en ventajas regulatorias para empresas existentes. La propuesta deberá superar todavía los tres debates legislativos antes de convertirse en ley.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) cuestionó la reforma que permitirá a los diputados gestionar y fiscalizar proyectos en sus circuitos electorales, al advertir que la modificación del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional desvirtúa las funciones constitucionales de los legisladores y abre espacios para discrecionalidad y posibles prácticas clientelistas en la asignación de obras públicas.

La reacción del gremio empresarial surge después de que, durante el segundo debate de las reformas al reglamento legislativo, se aprobara una propuesta presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), partido que respaldó la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

El cambio establece que los diputados podrán gestionar y fiscalizar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los electores de sus respectivos circuitos.

La disposición incluye proyectos relacionados con carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.

Aunque las obras serían ejecutadas por las instituciones correspondientes, el texto señala que los diputados podrán gestionarlas, impulsarlas y fiscalizar su desarrollo en las comunidades que representan.

El artículo también incorpora un elemento que ha generado cuestionamientos: establece que se garantizará una inversión mínima dentro del Presupuesto General del Estado para la ejecución de esos proyectos.

Además, los funcionarios asignados a los despachos legislativos deberán apoyar a los diputados en las tareas de gestión, impulso y fiscalización de las iniciativas destinadas a sus circuitos electorales.

Para APEDE, estas atribuciones exceden el papel que debería desempeñar el Legislativo. El gremio sostuvo que Panamá necesita una Asamblea dedicada a legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance efectivo frente a los demás órganos del Estado, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y respetando la separación de poderes.

El organismo empresarial cuestionó además que, en lugar de concentrarse en fortalecer el Código de Ética y Conducta, hacer cumplir estrictamente las normas de asistencia, eliminar privilegios injustificados y elevar los estándares de rendición de cuentas, la reforma termine atribuyendo a los legisladores funciones vinculadas con la ejecución y seguimiento de proyectos públicos.

APEDE considera que ese esquema desnaturaliza el papel para el cual fueron electos los diputados y representa un riesgo para la institucionalidad, debido a que podría aumentar la discrecionalidad en la selección y gestión de obras.

Esas responsabilidades, señaló, corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales dentro de procesos estructurados de planificación y desarrollo.

La discusión revive además el antecedente de las denominadas partidas circuitales, fondos públicos que durante años estuvieron asociados a los diputados para atender proyectos, ayudas y necesidades dentro de sus comunidades.

Su utilización fue fuertemente cuestionada por la falta de controles, discrecionalidad y denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos.

Las partidas circuitales terminaron desapareciendo formalmente, pero posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el uso de recursos de la descentralización destinados a juntas comunales y municipios, particularmente por transferencias extraordinarias que fueron señaladas como una forma de “descentralización paralela”.

Ese esquema también quedó bajo investigaciones y auditorías por la utilización de fondos públicos en diferentes gobiernos locales.

Precisamente ese antecedente alimentó las críticas dentro de la propia Asamblea. La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió que la modificación abre nuevamente la puerta a prácticas similares. “¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales”, cuestionó durante la discusión de la propuesta.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, también rechazó la modificación y adelantó que, si finalmente se convierte en ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Cedeño sostiene que la gestión de obras y proyectos no forma parte de las funciones constitucionales de los diputados y cuestionó además la forma en que la disposición fue introducida en el debate.

Camacho, por su parte, defendió la iniciativa argumentando que los diputados representan constitucionalmente a los electores de sus circuitos. Citó el artículo 150 de la Constitución y sostuvo que gestionar proyectos forma parte de una labor que los legisladores ya realizan. También afirmó que la disposición no representa el regreso de las antiguas partidas circuitales.

La diferencia central es que, según el texto aprobado, los diputados no ejecutarían directamente las obras ni administrarían necesariamente los recursos, pues esa responsabilidad permanecería en las instituciones correspondientes.

Sin embargo, la norma no desarrolla con precisión cómo se determinará la inversión mínima, cuáles serán los procedimientos para presentar proyectos ni qué controles regirán la intervención de los diputados.

Ese vacío es precisamente uno de los puntos que podría generar mayor controversia. APEDE recordó que la experiencia panameña con la confusión de responsabilidades entre instituciones ha debilitado mecanismos de control y afectado la transparencia, además de crear condiciones que pueden favorecer prácticas clientelistas que el país ha intentado superar.

El gremio pidió que cualquier modificación al funcionamiento de la Asamblea tenga como objetivo fortalecer su capacidad de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a los ciudadanos con transparencia.

A juicio de APEDE, mantener claramente delimitadas las competencias institucionales resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza de los panameños en sus instituciones.

La planilla del sector público de Panamá continuó expandiéndose durante el primer semestre de 2026 y alcanzó un nuevo máximo histórico de 269.997 funcionarios al cierre de junio, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.

La cifra representa un incremento de 26.995 trabajadores, equivalente a 11,1%, frente a los 243.002 registrados en junio de 2025, mientras que el monto destinado al pago de salarios también aumentó de forma significativa, impulsado principalmente por la contratación de personal permanente.

El crecimiento estuvo concentrado casi en su totalidad en los funcionarios permanentes, cuya nómina aumentó en 26.654 personas, un alza de 12% respecto al año anterior.

En contraste, el número de eventuales apenas creció en 341 trabajadores, lo que evidencia que la expansión del empleo público durante los últimos doce meses respondió principalmente a incorporaciones permanentes y no a contrataciones temporales.

Ese aumento de personal también tuvo un impacto directo sobre el costo de la planilla. Durante junio de 2026, el Estado desembolsó $460,97 millones en salarios, frente a $408,64 millones pagados en el mismo mes del año anterior.

Esto representa un incremento de $52,33 millones, equivalente a 12,8%, superando incluso el ritmo de crecimiento del número de funcionarios.

El informe también muestra que el mayor peso del incremento salarial provino de los funcionarios permanentes. El monto destinado a este grupo aumentó en $55,33 millones, hasta alcanzar $435,79 millones, mientras que el pago a los eventuales disminuyó en $3 millones, situándose en $25,19 millones.

En otras palabras, el crecimiento de la masa salarial estuvo asociado tanto a la contratación de personal permanente como al mayor peso de este tipo de plazas dentro de la estructura estatal.

Si la comparación se realiza únicamente dentro de 2026, la tendencia también refleja un crecimiento sostenido. En enero la planilla estaba conformada por 253.038 funcionarios, mientras que para junio ascendía a 269.997, lo que supone la incorporación de 16.959 nuevos trabajadores durante los primeros seis meses del año, un promedio cercano a 2.800 funcionarios adicionales por mes.

Una parte importante de ese crecimiento responde al inicio del calendario escolar, período en el que el Ministerio de Educación (Meduca) incorpora miles de docentes, administrativos y personal de apoyo para atender el desarrollo del año lectivo.

Ese comportamiento convierte tradicionalmente a esta entidad en la que registra la mayor expansión de la planilla durante el primer semestre.

El Meduca lideró ampliamente las contrataciones durante el primer semestre del año al pasar de 58.476 funcionarios en enero a 67.697 en junio, lo que representa 9.221 nuevos trabajadores.

Le siguieron la Asamblea Nacional, con 1.945 incorporaciones, al subir de 3.144 a 5.089 funcionarios; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1.124 nuevos servidores públicos, al pasar de 33.049 a 34.173; el Ministerio de Gobierno, con 882, al aumentar de 3.231 a 4.113; y el Ministerio de Cultura, con 110 nuevos funcionarios, al pasar de 763 a 873 trabajadores.

El aumento de personal también se reflejó en la masa salarial mensual de estas instituciones. El Meduca registró el mayor incremento al pasar de $105,4 millones en enero a $117,2 millones en junio, es decir, $11,7 millones adicionales al mes.

Le siguieron la Asamblea Nacional, con un aumento de $3,1 millones, de $6 millones a $9,1 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, con $1,9 millones adicionales, de $44,6 millones a $46,6 millones; el Ministerio de Gobierno, con $675.000 más, de $3,2 millones a $3,9 millones; y el Ministerio de Cultura, cuyo gasto creció en $93.000, al pasar de $859.000 a $952.000.

En materia de remuneraciones, el Estado destinó entre enero y junio de 2026 un total de $2.680,4 millones para cubrir el pago de salarios del sector público. En el mismo período de 2025, el desembolso había sido de $2.540,7 millones, por lo que el gasto aumentó en $139,7 millones, equivalente a 5,5%, según las cifras oficiales de la Contraloría.

La comparación entre junio de 2025 y junio de 2026 también muestra cuáles fueron las entidades que más ampliaron sus plantillas permanentes durante los últimos doce meses.

El Ministerio de Educación volvió a encabezar la lista y estuvo acompañado por el Ministerio de Salud, el Órgano Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Gobierno, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Contraloría General y el Ministerio de Ambiente, instituciones que concentraron buena parte del crecimiento del empleo estatal.

En el Sector Descentralizado, la principal expansión salarial correspondió a la Caja de Seguro Social (CSS), cuya planilla permanente aumentó en $2,1 millones respecto a junio del año anterior.

También destacaron la Universidad Tecnológica de Panamá, el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, la Universidad de Panamá, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y MiBus, reflejando incrementos asociados al crecimiento de sus plantillas permanentes.

El informe también evidencia que el Gobierno Central continúa concentrando la mayor parte del gasto en personal. De los $460,97 millones pagados durante junio, $290,84 millones correspondieron a esta parte del Estado, mientras que el Sector Descentralizado representó $170,14 millones.

Dentro de este último grupo, las instituciones descentralizadas absorbieron $136,18 millones, las empresas públicas $21,45 millones y los intermediarios financieros $12,50 millones.

El presidente José Raúl Mulino ha sostenido que la estrategia de su administración para dinamizar el mercado laboral no está basada en aumentar el tamaño de la planilla estatal, sino en la generación de 80.000 nuevos empleos en el sector privado mediante la recuperación de la inversión, la ejecución de proyectos de infraestructura y la reactivación económica.

Aunque recientemente defendió el incremento de funcionarios al asegurar que responde a la apertura de escuelas, hospitales y al fortalecimiento de la seguridad pública, el mandatario ha insistido en que su gobierno no auspicia el nombramiento de “botellas” y que las nuevas contrataciones deben estar vinculadas a la prestación de servicios esenciales.

El crecimiento de la planilla estatal también ha sido uno de los aspectos observados por las calificadoras de riesgo, que han advertido sobre la importancia de contener el gasto corriente, cumplir las metas de déficit fiscal y evitar que la rigidez del presupuesto limite la capacidad del Estado para sanear sus finanzas.

Tanto Moody’s como Standard & Poor’s han reconocido los esfuerzos del Gobierno por mejorar la posición fiscal del país, pero han reiterado que la sostenibilidad de las cuentas públicas dependerá de mantener la disciplina presupuestaria y controlar el crecimiento de compromisos permanentes, entre ellos la masa salarial del sector público.

De acuerdo con la Contraloría General, entre julio de 2019 y junio de 2024, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, el empleo público registró un aumento neto de 24,082 personas.

La planilla estatal de Panamá cerró mayo de 2026 con 269,185 funcionarios y un costo mensual de $461.521 millones, después de incorporar a más de 4,000 personas en comparación con abril.

El crecimiento profundiza una tendencia que también se observa frente al año anterior: en doce meses, el Estado agregó 11,743 servidores públicos y elevó en casi $20 millones el gasto mensual destinado al pago de salarios.

Los datos corresponden al informe de la Contraloría General de la República, que incluye información de 95 entidades del Gobierno Central y del sector descentralizado.

El registro no contempla la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios —salvo los representantes de corregimiento—, los patronatos ni pagos por horas extras, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y algunas partidas vinculadas con proyectos de inversión.

Del total contabilizado en mayo, 249,091 eran funcionarios permanentes y 20,094 eventuales. El Gobierno Central concentró 175,261 trabajadores, mientras que el sector descentralizado reunió 93,924, distribuidos entre instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.

La comparación mensual muestra que el aparato público pasó de 265,164 funcionarios en abril a 269,185 en mayo, una adición neta de 4,021 personas. Durante el mismo periodo, el sueldo bruto aumentó de $450.9 millones a $461.5 millones, lo que supone $10.5 millones adicionales y una variación de 2.3%.

La mayor parte de ese aumento mensual ocurrió en el Gobierno Central, que sumó 3,574 funcionarios. La Asamblea Nacional incorporó 1,452 personas respecto de abril; el Ministerio de Educación, 1,383; el Ministerio de Salud, 324; la Universidad Tecnológica de Panamá, 273; el Ministerio de Gobierno, 225; y el Órgano Judicial, 138.

La Asamblea fue también la entidad con el mayor incremento mensual en su gasto salarial: pasó de $8 millones en abril a $11.5 millones en mayo, un aumento de $3.4 millones. En Educación, el desembolso creció $3 millones; en Salud, $1.4 millones; y en la Universidad Tecnológica de Panamá, $808 mil.

La comparación interanual amplía la dimensión del crecimiento. En mayo de 2025, la planilla estatal estaba integrada por 257,442 funcionarios y costaba $441.596 millones. Un año después había 4.6% más empleados públicos, mientras el gasto salarial mensual había crecido 4.5%, equivalente a $19.9 millones.

De los 11,743 puestos adicionales registrados en doce meses, 9,774 correspondieron a personal permanente y 1,969 a trabajadores eventuales. El Ministerio de Educación presentó el mayor aumento interanual, con 4,515 funcionarios más, seguido por Seguridad Pública con 1,694, Gobierno con 1,622, la Asamblea Nacional con 1,318, Salud con 941 y la Caja de Seguro Social con 638.

El gasto acumulado también avanzó. Entre enero y mayo de 2026, el Estado pagó $2,219.416 millones en salarios, frente a $2,132 millones en el mismo periodo de 2025. La diferencia fue de $87.3 millones, equivalente a un crecimiento de 4.1%.

Las entidades que más personal sumaron entre enero y mayo

El Ministerio de Educación encabezó las incorporaciones durante los primeros cinco meses de 2026. Su planilla pasó de 58,476 funcionarios en enero a 66,243 en mayo, un aumento de 7,767 trabajadores. Durante ese periodo, la institución desembolsó $555.4 millones en salarios, la cifra acumulada más alta entre todas las entidades incluidas en el informe.

La Asamblea Nacional ocupó el segundo lugar al pasar de 3,144 a 5,797 funcionarios, una diferencia de 2,653 personas. El Legislativo pagó $41 millones en remuneraciones entre enero y mayo, con una marcada aceleración durante el último mes analizado.

El Ministerio de Gobierno agregó 1,695 funcionarios, al crecer de 3,231 a 4,926, y acumuló $20.8 millones en pagos salariales. La Universidad Tecnológica de Panamá incorporó 814 trabajadores, alcanzó una plantilla de 3,767 y desembolsó $36.2 millones en los primeros cinco meses.

También sobresalieron el Ministerio de Salud, que pasó de 19,524 a 20,418 funcionarios, con un gasto acumulado de $216.7 millones; el Ministerio de Ambiente, que sumó 272 personas; y Pandeportes, cuya plantilla aumentó de 771 a 1,016 empleados y acumuló $4.8 millones en salarios.

Las instituciones con las plantillas más grandes

Al cierre de mayo, el Ministerio de Educación continuaba como el mayor empleador público del país, con 66,243 funcionarios. Le seguían la Caja de Seguro Social, con 35,239; el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,258; y el Ministerio de Salud, con 20,418.

Más atrás figuraban la Universidad de Panamá, con 9,541 trabajadores; la Procuraduría General de la Nación, con 7,713; el Órgano Judicial, con 7,435; la Asamblea Nacional, con 5,797; el Ministerio de Gobierno, con 4,926; y Transporte Masivo de Panamá, operador de MiBus, con 4,194 empleados.

El informe confirma que el crecimiento de la planilla no se limita a renovaciones temporales o movimientos estacionales. El aumento aparece tanto en el personal permanente como en el eventual y se traduce directamente en una presión creciente sobre el gasto público: en solo cinco meses, el pago de salarios ya superó los $2,219 millones, superando el costo de obras emblemáticas en el país como la línea 1 del Metro de Panamá.

La dictadora Rosario Murillo confirmó este martes que el Parlamento de Nicaragua celebrará sesiones especiales con distintos organismos para asegurar “los pasos constitucionales, legales y formales” de las reformas que realizarán para consolidar el poder absoluto. Según su descripción, esos cambios apuntan a consolidar “bases jurídicas para la institucionalidad y para los mecanismos de elección de autoridades en el plano nacional y local”.

Ese fue el núcleo de su anuncio: la apertura de un proceso de trabajo entre la Asamblea Nacional y otras instancias estatales, en cumplimiento de “orientaciones presidenciales”, luego que Daniel Ortega anunciara el domingo que ya no realizarán elecciones en Nicaragua. En su exposición no precisó plazos, contenido puntual de las reformas ni qué organismos participarán en esas reuniones.

Murillo encuadró esa decisión dentro de una narrativa política más amplia. Afirmó que el “gobierno del pueblo presidente” debe ordenarse de acuerdo con las urgencias y con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza, y agregó que el sistema de Estado y gobierno se propone reorganizarse para asegurar estabilidad en visión, operatividad y continuidad.

Murillo dijo que la Asamblea fue convocada para cumplir “mandatos” recibidos desde 1979 y afirmó que las decisiones sobre la soberanía nacional competen solo a los nicaragüenses. En esa línea, presentó el trabajo legislativo como parte de una reorganización del Estado y del gobierno que, según su exposición, busca garantizar continuidad, operatividad y respuesta a urgencias materiales, culturales y espirituales de la población.

El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena afirmó que el régimen de Nicaragua busca eliminar cualquier espacio de disputa que ponga en riesgo su poder. Según Barberena, esta postura refleja miedo y una intención de asegurar la sucesión, incluso mediante un sistema cuasi monárquico. El anuncio oficial de revisar todo el sistema electoral, incluyendo las elecciones en todos los niveles, anticipa cambios profundos que, según el jurista, podrían acercarse al modelo cubano, aunque con matices presidencialistas.

La dictadora también defendió este martes el régimen y en su discurso calificó como “lenguas infames” a quienes cuestionan al Gobierno y aseguró que el país vive “grandes tiempos y tiempos de victoria” bajo el actual régimen.

Murillo se refirió abiertamente a los opositores y exiliados como personas que “alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”, en una intervención difundida por medios estatales. Destacó que, según su visión, Nicaragua atraviesa una etapa de logros y consolidación de su modelo, mencionando que “amanecimos, amanecemos y vamos adelante, construyendo el porvenir”.

En su mensaje, la dictadora insistió en que “los insultos llegan desde el vacío”, en alusión a las críticas provenientes de sectores disidentes y de exiliados políticos.

“A palabras necias y sobre todo a esos rostros discordantes, esos rostros de quienes alguna vez fueron nicaragüenses y por supuesto que ya no son”, recalcó la dictadora, reafirmando la narrativa oficial que descalifica a quienes se oponen al régimen.

De acuerdo con la transmisión oficial del mensaje por medios sandinistas, Murillo subrayó que el Ejecutivo no se detendrá ante cuestionamientos y que mantendrá su hoja de ruta. “Oídos sordos. Y por supuesto, que continuar caminando. Porque como sabemos, si los perros ladran es porque caminamos”, afirmó, utilizando una frase que suele emplearse en el discurso político nicaragüense para desacreditar las críticas de entidades internacionales y reforzar la idea de avance pese a la oposición.

Murillo mencionó en el mensaje que la Asamblea Nacional comenzará a reunirse con organismos del Estado para preparar un plan de trabajo orientado a reformas que, según dijo, deben asegurar la continuidad institucional, la estabilidad y los procesos de elección de autoridades nacionales y locales. En el mismo mensaje, presentado como una defensa de la soberanía del país y del modelo de gobierno vigente, vinculó esa iniciativa con la preservación de la paz, la seguridad y las políticas contra la pobreza.

La intervención combinó la descalificación de voces críticas con una defensa de la necesidad de “resguardar” la estabilidad interna en un escenario internacional que describió como marcado por guerras, incertidumbre e inestabilidad. Bajo ese argumento, sostuvo que las reformas en estudio deberán dar sustento jurídico a las prácticas políticas y a los procesos electorales del país.

La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes, a través de un comunicado, que está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales emitidas por Daniel Ortega.

El Parlamento, controlado en su totalidad por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunció que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para definir los pasos constitucionales, legales y formales que sustentarán las reformas anunciadas por el mandatario.

Ortega hizo estas declaraciones el pasado domingo 19 de julio, durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe, en Managua, tras 61 días sin apariciones públicas.

“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos, la oposición, atrapar el gobierno, atrapar el poder”, afirmó el mandatario ante miles de simpatizantes. Agregó que trabajará junto a la Asamblea Nacional para aprobar leyes que impidan cualquier posibilidad de que la oposición en el exilio regrese al poder por la vía electoral.

“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las obligaciones correspondientes, a hacer las leyes para que les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, para que por mucha plata que les den los yanquis”, no puedan volver al Gobierno, subrayó Ortega en su discurso.

En su comunicado, titulado “Nicaragua Triunfa en Paz y Unidad”, la Asamblea Nacional indicó que se está convocando “para cumplir los mandatos recibidos el 19 de Julio, aniversario 47 del triunfo de la democracia y la libertad en Nicaragua”.

Una fuente del Parlamento consultada por el diario La Prensa indicó que el régimen prepara una reforma constitucional que aboliría la Asamblea Nacional y el Estado tal como funciona en la actualidad.

Según esta fuente, se elegirían 1,500 diputados que actuarían en sus municipios o zonas de origen y se reunirían una sola vez al año, en pleno, para elegir, cuando corresponda, al presidente por un período de diez años.

De forma paralela, funcionaría un órgano ejecutivo de veinte miembros, que sería el encargado de reunirse periódicamente. De acuerdo con la misma fuente, esta reforma se refrendaría en enero próximo, de manera que las elecciones bajo este nuevo esquema, denominado “Pueblo Presidente”, se realizarían en noviembre de 2027.

El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena consideró que la narrativa política del régimen “es evidente”: buscan cerrar cualquier posibilidad o espacio de disputa donde el poder pueda ponerse en riesgo, “por mínimo que sea”.

Según Barberena, esto responde “al miedo y a la necesidad de garantizar, a toda costa, incluso mediante el establecimiento de un régimen cuasi monárquico y absolutista, la sucesión”.

El jurista señaló además que el anuncio de revisar “absolutamente todo el sistema electoral”, incluidas las elecciones nacionales, locales y de todos los niveles, “puede indicar por dónde vienen los cambios”.

Consultado sobre la posibilidad de que el régimen adopte un modelo similar al cubano, con asambleas populares de alrededor de 1,500 diputados, Barberena dijo que esa versión, aunque “al principio podría parecer exagerada”, cobra sentido “con todo lo que está ocurriendo” y coincide con información que ha circulado por otras fuentes.

Señaló, sin embargo, una contradicción: “Cuba no es un régimen parlamentario, sino presidencialista”, por lo que consideró más probable que el Gobierno mantenga el presidencialismo y que esas nuevas estructuras sirvan “únicamente para ratificar decisiones ya tomadas”.

Barberena planteó que la copresidenta Rosario Murillo “considera que ya superaron la crisis iniciada de enero pasado. Que Trump se empantanó en Irán, que lo de Cuba no ha pasado, que Trump pierde las elecciones en noviembre y que ellos pasan la crisis y van de viaje”. Indicó también que existen quienes sostienen que el régimen “en realidad está elevando la apuesta para negociar”.

El anuncio de Ortega sobre eliminar las elecciones como forma de gobierno en Nicaragua causó estupor y condenas de personalidades, organismos y Estados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”. En un comunicado del Departamento de Estado, sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, “abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y afirmó que los nicaragüenses “tienen derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”.

En un mensaje posterior en su cuenta de X, advirtió que “la Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país”, y agregó que “el compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el régimen nicaragüense “ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”. La declaración se produjo luego de que sectores opositores en el exilio expresaran su esperanza de que la presión internacional condujera a una transición o a comicios libres en el país.

El gobierno de Costa Rica, a través de su Cancillería, condenó las declaraciones de Ortega y reiteró su “profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en Nicaragua.

El comunicado recordó que Costa Rica no reconoció el proceso electoral nicaragüense de 2021 y reafirmó su respaldo a “unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales” en el país vecino.

El régimen de Ortega y Murillo respondió que Nicaragua “no es una provincia” de Costa Rica y rechazó cualquier cuestionamiento a sus decisiones internas, invocando el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio también reaccionaron. El colectivo Nicaragua Nunca Más denunció que el Gobierno “ha despojado a la sociedad civil de todos sus derechos” y advirtió que el FSLN “se ha convertido prácticamente en un partido único, sin oposición real dentro de Nicaragua”. Legisladores costarricenses, como el diputado José Miguel Villalobos, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, calificaron las palabras de Ortega como un “descaro”.

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó en primer debate un proyecto de reforma de ley destinado a acelerar la construcción de viviendas, estimadas por el Gobierno en unas 25.000 tras los sismos ocurridos el 24 de junio.

Esta iniciativa, según explicó el primer vicepresidente de la AN, el chavista Pedro Infante, busca “promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos”. La sesión fue transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Infante detalló que el proyecto de reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria —que aún debe superar un segundo debate para su aprobación definitiva— apunta a brindar mejores condiciones, seguridad jurídica y facilidad de financiamiento al sector privado para impulsar un “proceso agresivo” de construcción.

El legislador indicó que la reforma eliminará el esquema de precio rígido, que dificultaba la adaptación a las variaciones en los costos de materiales e insumos durante la ejecución de las obras. Según explicó, esto permitirá que las partes acuerden mecanismos para estabilizar el saldo deudor en función de “las fluctuaciones reales del mercado”.

La reforma también aborda el tema del límite legal que exigía culminar las obras en 24 meses, eliminando esa restricción.

Adicionalmente, Infante afirmó que se estimulará la participación de la banca pública y privada para ofrecer créditos que permitan el desarrollo de proyectos inmobiliarios, reduciendo los riesgos regulatorios “desproporcionados”.

Por su parte, la diputada opositora Alejandra Rodríguez valoró la importancia de la reforma, destacando que representa una oportunidad para actualizar el marco jurídico del sector y buscar un “equilibrio entre el derecho a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y el impulso a la inversión responsable”.

Rodríguez expresó su expectativa de que, durante la consulta pública de la reforma, sean escuchados todos los actores involucrados —propietarios, arrendatarios, cámaras inmobiliarias y de construcción, así como gremios de especialistas—. Subrayó: “Un marco legal sólido solo puede construirse a partir del diálogo y la participación amplia de manera que las distintas visiones y experiencias queden reflejadas en ese documento definitivo”.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calculó que se requieren unas 25.000 viviendas para quienes perdieron sus hogares por los terremotos de junio. Además, anunció un censo biométrico en los campamentos transitorios de Caracas y los estados Miranda y La Guaira —el más afectado— para precisar cuántas viviendas nuevas son necesarias.

El tratado de extradición entre Nicaragua y Rusia entra en escena con una característica: la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asumiría la responsabilidad de decidir sobre los pedidos de extradición que lleguen desde Moscú, desplazando la función que hasta ahora correspondía a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Asamblea Nacional tiene previsto ratificar el acuerdo bilateral este 14 de julio de 2026, lo que implicará una modificación en el proceso y los actores encargados de tramitar las extradiciones entre ambos países.

El tratado fue firmado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 5 de junio y su contenido se incorporó a la agenda legislativa el 9 de julio, según información de Confidencial.digital.

Cambios en la autoridad para decidir extradiciones

La normativa vigente en Nicaragua, de acuerdo con el artículo 350 del Código Procesal Penal nicaragüense, establece que la Corte Suprema de Justicia es la única entidad encargada de conceder o negar extradiciones.

Con el nuevo tratado, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua asumirá esa función, convirtiéndose en la autoridad central junto a la Procuraduría General de Rusia.

El abogado Juan Diego Barberena sostuvo ante Confidencial.digital que, si bien la Procuraduría ya podía tramitar solicitudes, la competencia de ejecución de extradiciones era exclusivamente judicial.

Según Barberena, el texto del tratado deja la aplicación “muy discrecional” y abre la posibilidad de interpretaciones, lo que para él podría considerarse “abiertamente inconstitucional”.

El acuerdo establece que podrán ser extraditadas aquellas personas que sean solicitadas para enfrentar procesos penales o cumplir condenas por delitos sancionados con al menos un año de prisión o con penas más severas.

También fija que la decisión sobre la extradición deberá ser comunicada al Estado requirente o requerido a través del Poder Ejecutivo.

Procedimiento y alcance de las solicitudes

Entre las principales novedades del tratado destaca la posibilidad de que cualquiera de los dos países solicite la detención provisional de una persona antes de presentar la solicitud formal de extradición.

Dicha detención podrá durar hasta 60 días y la petición podrá remitirse por escrito, fax u otros medios de comunicación, incluyendo canales de INTERPOL.

Para activar una detención provisional, basta con que el país requirente envíe los datos necesarios para identificar a la persona y se comprometa a presentar la solicitud formal posteriormente. Si esta petición formal no se entrega dentro del plazo previsto, la persona detenida deberá ser liberada.

Alcance retroactivo y extradición por delitos previos

El tratado incorpora una cláusula que permite aplicar sus disposiciones a delitos cometidos antes de su entrada en vigor, siempre que la solicitud se presente después de la ratificación.

Según el análisis publicado por Confidencial.digital, esta disposición se aparta del principio de no retroactividad de la ley, que en general rige en el derecho penal.

Además, el acuerdo prevé la posibilidad de extraditar personas por hechos ocurridos fuera del territorio del país solicitante, siempre que la legislación del país requerido sancione esa conducta en circunstancias similares.

Tras la ratificación, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua será la autoridad encargada de tramitar las extradiciones hacia Rusia y viceversa, implementando un procedimiento más directo y con un alcance que incluye delitos previos a la entrada en vigor del acuerdo.

La oposición venezolana y el chavismo anunciaron que el próximo 1 de agosto iniciarán una hoja de trabajo conjunta con el objetivo de avanzar hacia la reinstitucionalización democrática del país, en el primer acercamiento formal entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y la Asamblea Nacional de 2026, actualmente bajo control del oficialismo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado publicado en la red social X, en el que informó que ambas partes acordaron abrir un espacio de trabajo conjunto “a los efectos del fortalecimiento de la democracia”, en medio de una prolongada crisis institucional que durante más de una década enfrentó a los principales poderes del Estado.

Según el comunicado, la iniciativa comenzará el 1 de agosto y se desarrollará con “exmiembros de la Asamblea Nacional del período 2015-2020”. Rodríguez explicó que la decisión se enmarca en el llamado a la unidad nacional para afrontar las consecuencias del reciente doblete sísmico y sostuvo que el respaldo internacional recibido tras la emergencia demuestra que “solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”.

Aunque el documento no detalla el alcance de la hoja de trabajo ni establece un cronograma de medidas concretas, el anuncio constituye el primer reconocimiento público de un mecanismo de diálogo institucional entre los dos bloques políticos que protagonizaron la mayor disputa de poder registrada en Venezuela desde la aprobación de la Constitución de 1999.

La decisión busca comenzar a cerrar una fractura institucional que se abrió tras las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la oposición obtuvo una mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, poniendo fin a 16 años de control legislativo del chavismo.

Aquella victoria otorgó al Parlamento amplias facultades constitucionales para legislar, ejercer control político sobre el Ejecutivo y participar en la designación de altas autoridades del Estado. Sin embargo, incluso antes de que los nuevos diputados asumieran sus cargos, comenzó un enfrentamiento entre el Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El máximo tribunal suspendió la proclamación de tres diputados opositores del estado Amazonas por presuntas irregularidades electorales. Cuando la Asamblea Nacional decidió juramentarlos, el TSJ declaró al Parlamento en “desacato” en enero de 2016 y sostuvo que sus actuaciones carecían de efectos jurídicos mientras no cumpliera plenamente la decisión judicial.

A pesar de que los diputados posteriormente fueron desincorporados, el conflicto no se resolvió. Durante los meses siguientes, el TSJ anuló numerosas leyes aprobadas por la Asamblea y emitió una serie de decisiones que limitaron progresivamente sus competencias constitucionales.

La tensión alcanzó uno de sus momentos más críticos en marzo de 2017 con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, que permitieron que funciones legislativas fueran ejercidas por el propio tribunal u otros órganos del Estado. Las decisiones generaron cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela y profundizaron la crisis entre los poderes públicos.

Ese mismo año, el presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, que comenzó a ejercer funciones legislativas y desplazó en la práctica al Parlamento elegido en 2015, aunque este continuó sesionando y reivindicando su legitimidad.

La disputa institucional dio un nuevo giro en enero de 2019, cuando la Asamblea Nacional declaró que el nuevo mandato presidencial de Maduro carecía de legitimidad y el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, asumió como presidente encargado invocando disposiciones de la Constitución.

A partir de ese momento coexistieron dos estructuras políticas que reclamaban legitimidad institucional. Mientras Maduro mantuvo el control efectivo del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la administración pública, la Asamblea Nacional de 2015 fue reconocida durante varios años por Estados Unidos y otros gobiernos como la institución legislativa legítima de Venezuela.

La situación volvió a modificarse con la instalación de un nuevo Parlamento bajo control del oficialismo, lo que dio paso a una nueva etapa de la disputa política. Desde entonces, ambas estructuras coexistieron sin establecer mecanismos formales de cooperación, manteniendo posiciones enfrentadas sobre la legitimidad de las instituciones venezolanas.

El anuncio realizado este martes supone un cambio significativo respecto a esa dinámica de confrontación. Por primera vez, representantes vinculados a ambos parlamentos aceptan iniciar una hoja de trabajo conjunta con el propósito declarado de fortalecer la democracia, contribuir a la reconstrucción nacional tras la emergencia sísmica y avanzar en la recuperación del funcionamiento de las instituciones del Estado.

La Asamblea Nacional puso en marcha una fiscalización de alcance nacional sobre el patrimonio de las principales autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El proceso, que se desarrollará durante 90 días, buscará establecer si la evolución patrimonial de alcaldes, prefectos y otros funcionarios de elección popular es consistente con los ingresos que han reportado durante el ejercicio de sus cargos, mediante el cruce de información proveniente de varias instituciones del Estado.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, que aprobó un plan de trabajo enfocado en recopilar y contrastar registros tributarios, financieros, laborales y patrimoniales. En esta primera etapa, la investigación no está dirigida contra autoridades específicas ni supone la apertura de procesos individuales, sino la construcción de una base documental que permita identificar eventuales inconsistencias.

Para ello, la comisión remitirá requerimientos formales a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo. Cada organismo deberá entregar la información que administra dentro de sus competencias para que los legisladores puedan reconstruir la evolución económica de las autoridades locales mientras han permanecido en funciones.

El trabajo incluirá la revisión de declaraciones patrimoniales juramentadas, remuneraciones registradas en el sector público, información tributaria y otros datos que permitan establecer si existen diferencias entre los ingresos oficialmente reportados y el crecimiento de los bienes declarados por las autoridades. La comisión sostiene que únicamente después de analizar esa documentación podrá determinar si existen casos que ameriten una investigación más profunda.

La presidenta de la mesa legislativa, Lucía Pozo, explicó que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control político sobre quienes administran recursos públicos en municipios y prefecturas, utilizando información proveniente de las entidades estatales encargadas del control financiero y administrativo. Según el cronograma aprobado, la recopilación documental constituirá la primera fase de la fiscalización antes de cualquier comparecencia o solicitud de explicaciones a funcionarios.

Como parte del proceso también serán convocados representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), además de delegados de las instituciones de control. La comisión prevé recibir información técnica sobre los mecanismos de administración de recursos, la presentación de declaraciones patrimoniales y los sistemas de control existentes para las autoridades seccionales.

Solo una vez concluida esa etapa, la comisión evaluará si existen elementos suficientes para convocar a alcaldes o prefectos cuyos casos requieran aclaraciones adicionales. Hasta el momento, el Legislativo no ha difundido un listado de funcionarios bajo investigación ni ha señalado que existan indicios concretos contra alguna autoridad en particular.

La Asamblea también habilitó un canal para recibir información ciudadana relacionada con posibles irregularidades patrimoniales. A través del correo electrónico gadtransparente@asambleanacional.gob.ec, cualquier persona podrá remitir documentación, denuncias o alertas que puedan ser consideradas dentro del proceso de fiscalización, siempre que la comisión estime pertinente incorporarlas al expediente.

La investigación legislativa se desarrolla en un escenario en el que distintas autoridades locales enfrentan procesos impulsados por otras instituciones del Estado por presuntos delitos contra la administración pública, corrupción o vínculos con estructuras del crimen organizado. Sin embargo, la revisión patrimonial emprendida por la Asamblea tiene un alcance distinto: constituye un mecanismo de control político y no reemplaza las competencias de la Fiscalía ni de la Contraloría para establecer responsabilidades penales o administrativas.

La apertura de esta fiscalización también provocó reacciones en el ámbito político. Desde la Revolución Ciudadana se cuestionó que el proceso se inicie cuando comienza a configurarse el escenario previo a las elecciones seccionales de 2027 y se advirtió sobre el riesgo de que la investigación pueda utilizarse con fines políticos. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que el control patrimonial debe aplicarse sin distinciones partidistas y sobre todas las autoridades que administran recursos públicos.

Al término de los 90 días previstos para la investigación, la Comisión de Gobiernos Autónomos elaborará un informe con los resultados del cruce de información entregada por las instituciones del Estado. Ese documento definirá si existen elementos para recomendar nuevas acciones de fiscalización, remitir antecedentes a los organismos competentes o plantear reformas destinadas a fortalecer los controles sobre el patrimonio de las autoridades que dirigen los gobiernos locales.

La Ley 59 nació en Panamá para evitar que una enfermedad crónica se convirtiera en un motivo de despido, pero dos décadas después enfrenta cuestionamientos por un vacío que, según pacientes y diputados, sigue afectando a cientos de trabajadores: conservar el empleo no siempre significa conservar el salario.

Ese es el eje de una propuesta de reforma que comenzó a discutirse en la Asamblea Nacional.

La iniciativa es impulsada por el despacho de la diputada Paulette Thomas, que organizó un conversatorio con pacientes, especialistas y representantes de distintos sectores para recoger propuestas que permitan actualizar la legislación vigente y fortalecer la protección laboral de quienes padecen enfermedades crónicas, degenerativas o involutivas.

Thomas explicó que uno de los principales problemas detectados es que la Ley 59 del 28 de diciembre de 2005 garantiza la permanencia en el puesto de trabajo, pero no protege adecuadamente a los colaboradores cuyos ingresos dependen en gran medida de comisiones, bonos, incentivos, cumplimiento de metas o indicadores de gestión.

Según la diputada, muchos trabajadores que deben someterse a tratamientos prolongados, cirugías o asistir periódicamente a citas médicas logran conservar su empleo, pero ven reducidos significativamente sus ingresos porque no pueden cumplir las metas exigidas para acceder a esos pagos variables.

“Ese es uno de los vacíos que queremos corregir", sostuvo la diputada, quien indicó que las reformas buscan adaptar una ley aprobada hace casi veinte años a las nuevas realidades del mercado laboral.

La propuesta también pretende establecer procedimientos más claros para la aplicación de la norma.

Entre los aspectos que buscan incorporarse figuran reglas específicas sobre cómo el trabajador debe acreditar su condición médica, qué documentos mínimos deberá presentar, cuáles serán los plazos para que el empleador evalúe la solicitud y cuáles serán las obligaciones de ambas partes durante el proceso.

La Ley 59, que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas que produzcan discapacidad laboral, establece que ningún trabajador podrá ser despedido por esa condición siempre que pueda desempeñar funciones compatibles con su estado de salud.

También prohíbe cualquier forma de discriminación o presión para inducir al colaborador a renunciar y exige autorización judicial previa antes de proceder con un despido.

La legislación incluso define cuáles enfermedades están comprendidas dentro de su alcance.

En el caso de las enfermedades crónicas, señala que son aquellas cuyo tratamiento se prolonga por más de tres meses y tiene un carácter paliativo, no curativo. Como ejemplos menciona la diabetes mellitus, las lesiones tumorales malignas (cáncer), la hipertensión arterial y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida).

También incluye enfermedades involutivas, como la esclerosis múltiple, y enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide, la osteoartritis y diversas patologías del sistema nervioso central y periférico.

La discusión sobre una eventual reforma cobra relevancia en un momento en que las enfermedades crónicas representan uno de los principales problemas de salud pública en Panamá.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, el 42% de la población panameña padece hipertensión arterial, mientras que aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años vive con diabetes, dos de las enfermedades expresamente protegidas por la Ley 59.

La Caja de Seguro Social también ha advertido que más de la mitad de la población panameña presenta al menos una enfermedad crónica, una realidad que impacta tanto al sistema sanitario como al mercado laboral y que aumenta la necesidad de contar con normas que garanticen la estabilidad de los trabajadores durante sus tratamientos.

Al conversatorio asistieron pacientes oncológicos, entre ellos Michel Despaigne y Louris Higueral, quienes compartieron las dificultades que enfrentaron tras recibir un diagnóstico de cáncer mientras mantenían una relación laboral.

Los participantes coincidieron en que la protección no debe limitarse a impedir el despido, sino que también debe contemplar mecanismos que eviten afectaciones económicas derivadas de las ausencias justificadas por tratamientos médicos o recuperaciones postoperatorias.

Otro de los puntos planteados durante la jornada fue la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, mediante procedimientos claramente establecidos que reduzcan conflictos y eviten interpretaciones distintas sobre la aplicación de la ley.

Las propuestas recogidas durante el conversatorio servirán de base para la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en la Asamblea Nacional.

La intención, según Thomas, es actualizar una norma que durante dos décadas ha protegido el derecho al trabajo de miles de personas, pero que ahora requiere ajustes para responder a las nuevas formas de remuneración y a las necesidades de quienes enfrentan enfermedades de larga duración sin renunciar a su vida laboral.

El diputado Ernesto Cedeño anunció la presentación de una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra el Acuerdo No. 184 del Municipio de Panamá, la normativa que autoriza la colocación de dispositivos inmovilizadores, conocidos popularmente como “botas”, a los vehículos mal estacionados.

A su juicio, la medida vulnera el principio de legalidad al establecer lo que considera una doble sanción por un mismo hecho.

“Hoy presenté una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Acuerdo 184, que establece unas botas mecánicas a los vehículos mal estacionados, específicamente porque a mi juicio es ilegal, porque está estableciendo doble sanción", afirmó el diputado al explicar los motivos de la acción presentada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso busca que se deje sin efecto el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Panamá y publicado recientemente en la Gaceta Oficial, el cual faculta al Municipio a inmovilizar temporalmente vehículos que obstruyan aceras, servidumbres públicas, áreas verdes, cruces peatonales, rampas para personas con discapacidad y otros espacios de dominio público.

La normativa establece que, para retirar el inmovilizador, el propietario del vehículo deberá pagar una tasa administrativa de 75 dólares, monto que, según el Municipio, cubre exclusivamente los costos de instalación, control, custodia y remoción del dispositivo.

El acuerdo aclara además que ese cobro no constituye una multa de tránsito, sino una medida administrativa de carácter preventivo y correctivo.

Sin embargo, ese es precisamente el punto que cuestiona Cedeño. El diputado sostiene que, aunque el Municipio denomine el cobro como una tasa administrativa, en la práctica termina castigando dos veces la misma conducta cuando interviene también la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

“No puede ser que en un Estado de derecho el Consejo Municipal se reúna y, además de la multa que puede poner la autoridad del tránsito y además la posibilidad de que se lleven con grúa los vehículos, entonces el Municipio también establezca una sanción que le llaman tasa de 75 dólares. A mi juicio es ilegal", manifestó.

La legislación vigente ya contempla sanciones para quienes estacionen indebidamente sus vehículos. La infracción número 64 del Reglamento de Tránsito establece una multa de 10 dólares y el descuento de dos puntos en la licencia de conducir cuando un conductor se estaciona en lugares prohibidos.

El Acuerdo No. 184 no elimina esa facultad de la ATTT. Por el contrario, señala expresamente que la actuación municipal no limita ni sustituye las competencias de la autoridad de tránsito cuando exista una infracción.

Esa coexistencia de ambos procedimientos es uno de los principales argumentos jurídicos expuestos por Cedeño. Según su interpretación, el conductor podría verse obligado a enfrentar simultáneamente la sanción impuesta por la ATTT y el pago de los 75 dólares para recuperar su vehículo, pese a que ambas medidas derivan del mismo hecho: estacionarse en un lugar prohibido.

El diputado recordó que esta no es la primera vez que cuestiona regulaciones municipales relacionadas con el tránsito.

Explicó que anteriormente presentó otra demanda contra un decreto alcaldicio que establecía un sistema similar, precisamente porque consideraba que imponía una multa adicional a la ya prevista en la legislación nacional.

“No es que yo quiera el desorden; lo que quiero es que se respete el orden establecido y el Estado de derecho. La Autoridad del Tránsito debe jugar su papel, pero el Municipio no puede arrogarse competencias que corresponden a otra institución", afirmó.

Desde la perspectiva del Municipio de Panamá, el objetivo de la regulación es diferente.

La administración municipal sostiene que la inmovilización busca proteger el derecho de los peatones y garantizar la accesibilidad universal, especialmente en aceras, cruces peatonales, rampas y otros espacios destinados al uso colectivo que con frecuencia son ocupados por vehículos estacionados de forma indebida.

El procedimiento quedó reglamentado. Antes de colocar el dispositivo, el funcionario deberá documentar la actuación mediante fotografías o videos, identificar plenamente el vehículo, dejar constancia de la fecha, hora y lugar de la intervención y colocar un aviso visible con las instrucciones para solicitar la remoción del inmovilizador.

Una vez acreditado el pago de los derechos correspondientes, el Municipio dispone de un plazo máximo de seis horas para retirar la “bota”. La normativa también reconoce al propietario del vehículo el derecho de presentar un recurso de reconsideración dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Ahora corresponderá a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo analizar los argumentos presentados por Cedeño y determinar si el acuerdo municipal se ajusta al marco legal vigente o si, como sostiene el diputado, invade competencias reservadas a la autoridad nacional de tránsito y termina imponiendo una doble consecuencia jurídica por una misma infracción.

Cumplido sus dos años dirigiendo el país, con un desempleo que ya trepa el 10% y una informalidad galopante, el presidente José Raúl Mulino dijo que “el orden de las cuentas permite tener hoy más de 700 obras públicas en ejecución en todo el territorio nacional”.

En su informe a la nación durante la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, Mulino afirmó que las obras “ya dinamizan la economía y generarán miles de empleos”.

Se ha logrado ordenar las finanzas del Estado y se ha restaurado el buen nombre de Panamá en el escenario internacional, agregó el mandatario, que llegó al poder de la mano del expresidente Ricardo Martinelli, hoy asilado en Colombia, con un 34% de los votos de los panameños.

Una nota de prensa oficial señala que el mandatario aseguró que sanear las cuentas del Estado, recuperar la disciplina fiscal y restablecer la credibilidad de Panamá ante el mundo era absolutamente necesario, puesto que perder la confianza internacional habría significado créditos más caros para las familias, menos inversión, menos empleo y un mayor costo de vida para todos los panameños.

Este paso, agrega la información, permitió una baja sustancial del déficit fiscal y la desaceleración del ritmo de endeudamiento de los últimos años.

La deuda pública de Panamá cerró en mayo de este año en $61,871.6 millones, una reducción marginal de $24.8 millones respecto al saldo registrado en abril, cuando alcanzó los $61,896.4 millones.

Los pagos realizados durante mayo reflejan la creciente presión que ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas. Solo en deuda externa, Panamá desembolsó $114.9 millones, de los cuales $71.2 millones correspondieron a pagos de capital y $42.9 millones a intereses.

En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Mulino indicó que su administración ha diseñado una “estrategia integral que concentrará los principales esfuerzos del Gobierno, basada en grandes prioridades como empleo, salud, canasta básica, agua, transporte público y seguridad para los panameños”.

Horas antes de la asistencia de Mulino al pleno del Legislativo, fue electa como presidenta de ese órgano del Estado para el periodo 2026-2027, la diputada oficialista, Shirley Castañedas. Manuel Cohen Salerno y Manuel Chen Peñalba fueron elegidos para ocupar los cargos de primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Castañedas señaló que durante su gestión fortalecerá la participación ciudadana y avanzará hacia un parlamento abierto digital, que permita a cualquier panameño conocer cómo se discuten las leyes, cómo votan sus representantes y cuáles son los resultados del trabajo que se realiza en este órgano del Estado.

Como presidenta de la Asamblea Nacional aseguró que su agenda estará enfocada en los grandes desafíos nacionales, apoyando proyectos de ley que garanticen generación de empleo, educación, salud, agua potable e inversión.

“Venimos a trabajar, a construir y a demostrar que las diferencias políticas pueden coexistir con el respeto institucional y con la búsqueda honesta de soluciones; por lo que esta Asamblea acompañará las iniciativas que beneficien al país”, destaca una comunicación oficial.

Añadió que ejercerá el control político, cuando corresponda, y defenderá siempre su independencia constitucional para fortalecer la “gobernabilidad”.

La ahora presidenta de la Asamblea Nacional igualmente resaltó que impulsará una coordinación firme, respetuosa y transparente, donde la fiscalización será responsable y el diálogo será permanente; por lo que exhortó a los diputados de todas las bancadas a sentarse juntos y pensar, sin banderas partidarias, sobre cómo transformar el país.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este 1 de julio ante la Asamblea Nacional el inicio de una segunda etapa de su gobierno, después de dos años que describió como un periodo de ordenamiento económico, ajuste gradual y recuperación de la confianza del país tras recibir, según dijo, unas finanzas públicas deterioradas y una administración con obras detenidas.

En su informe de gestión al comenzar su tercer año al frente del Ejecutivo, Mulino afirmó que el país entra ahora en una fase más enfocada en empleo, crecimiento económico y bienestar directo para las familias.

El eje de esa nueva etapa será el programa “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia que concentrará los esfuerzos del Gobierno en cuatro prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua.

El mandatario construyó buena parte de su discurso sobre una idea central: los primeros dos años fueron para “limpiar la tierra antes de sembrar”. Con esa metáfora, defendió el ajuste aplicado por su administración y aseguró que rechazó medidas como reducir en 20% la planilla estatal o aumentar impuestos, porque —según dijo— habrían trasladado el costo de la crisis a los panameños.

“No fui elegido para trasladarles el problema a los panameños, fui elegido para resolverlo”, sostuvo Mulino, al explicar que su gobierno optó por sanear las cuentas públicas, bajar el déficit fiscal, desacelerar el endeudamiento y recuperar la credibilidad internacional de Panamá. También defendió que la estabilidad macroeconómica no era una preocupación de técnicos o calificadoras, sino una condición para evitar créditos más caros, menos inversión y menos empleo.

Pero el propio presidente reconoció que esos resultados todavía no se sienten con suficiente fuerza en los hogares. “Ningún panameño vive del déficit fiscal”, dijo, en una de las frases más políticas de su intervención. A partir de allí, intentó mover el foco del discurso desde el reacomodo fiscal hacia la generación de oportunidades.

El primer eje de “Panamá Pa’ Ti” será el empleo. Mulino prometió impulsar la creación de 80.000 nuevos empleos privados, no estatales, mediante una alianza con el sector productivo. En ese punto colocó a la construcción como uno de los motores principales de la nueva fase económica, con un programa de viviendas al alcance de las familias panameñas, especialmente en el interior del país.

El mandatario insistió en que cada vivienda construida genera movimiento económico, activa comercios, demanda mano de obra y dinamiza comunidades. También pidió a los empresarios de la construcción contratar trabajadores de las zonas donde se desarrollen las obras, para que los proyectos tengan un impacto más directo en las economías locales.

En infraestructura, Mulino repasó proyectos que, según dijo, muestran el avance de la gestión. Mencionó la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal, el Corredor de las Playas, el Corredor del Caribe, la carretera Loma Campana-Santiago y más de 700 obras públicas en ejecución. Sobre el Cuarto Puente, afirmó que pasó de menos de 1% de avance al inicio de su administración a 38%, con 2.000 trabajadores y otros 2.000 previstos para los próximos meses.

La construcción, sin embargo, no fue el único sector que el presidente presentó como fuente de empleo. También anunció una ley de incentivos turísticos, un programa nacional de formación con prácticas remuneradas en turismo y la iniciativa Talent Up Panamá, en alianza con Google, para capacitar gratuitamente a 10.000 panameños en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos.

Mulino también habló de una alianza con BID Invest por $1.000 millones para financiar directamente al sector privado, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Según explicó, los recursos no pasarán por el Gobierno, sino que estarán dirigidos a empresas con capacidad de generar empleo.

En Colón, anunció que en noviembre comenzarán las obras de expansión de la Zona Libre por $250 millones, mientras que en el sector agropecuario adelantó el programa Primer Empleo Agro, que beneficiará a unos 2.000 jóvenes en Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

El presidente también dedicó una parte breve, pero sensible, a la mina. Dijo que el informe técnico elaborado por expertos internacionales ya está disponible en la página del Ministerio de Ambiente y que será analizado por un equipo de Gobierno encabezado por el ministro Roberto Linares Montoto, junto con los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro. Mulino evitó adelantar una decisión, pero sí marcó distancia de los extremos: dijo que las posturas del “sí porque sí” y del “no porque no” evaden la argumentación lógica.

rte fue el tren Panamá-David, una de sus principales promesas de campaña. Mulino afirmó que el proyecto ya no se concibe únicamente como un tren, sino como una obra de integración nacional. Aseguró que un estudio internacional concluyó que es viable, aunque será sometido a una validación independiente antes de avanzar. También admitió que no será una obra que termine durante su administración, pero defendió que debe asumirse como un proyecto de Estado, similar al Metro de Panamá.

El discurso se produjo el mismo día en que la Asamblea Nacional instaló su nuevo periodo ordinario y eligió a su Junta Directiva para los próximos 12 meses. La diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, colectivo que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, fue electa presidenta del Legislativo con 42 votos. Su rival, Grace Hernández, postulada por la bancada independiente Vamos y Seguimos, obtuvo 21 votos.

La nueva directiva quedó completada con Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático, como primer vicepresidente, y Manuel Chen, de Realizando Metas, como segundo vicepresidente. La votación confirmó el control de las bancadas tradicionales y oficialistas sobre la Asamblea, en una jornada marcada por tensiones, cuestionamientos de diputados independientes sobre presunta injerencia del Ejecutivo y la abstención del Partido Panameñista.

Mulino cerró su discurso con un mensaje directo a su gabinete. Dijo que los anuncios realizados no eran simples promesas, sino una “orden de proceder para ministros, directores y funcionarios. También felicitó a la nueva presidenta de la Asamblea y pidió una relación de independencia, pero también de unidad.

El tono fue claro: el presidente quiere dejar atrás el relato de la crisis heredada y pasar a la ejecución. El reto, como siempre, será que el discurso no se quede en aplausos de pleno. Panamá ya ha escuchado muchas veces que vienen buenos tiempos; ahora Mulino tendrá que demostrar que esta vez vienen con fecha, presupuesto y resultados.

El dirigente subrayó que “una justicia independiente no le teme a juzgar a nadie, sin importar de qué lado del poder esté”, y expresó que ese principio distingue a una república de otras formas de gobierno.

En un video publicado en su cuenta oficial de la red social X, el dirigente, allegado a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, sostuvo que cuando la justicia responde a instrucciones políticas “pierde su naturaleza” y se convierte en “un instrumento más del poder”.

Por este motivo, advirtió que un país no puede considerarse democrático si las decisiones judiciales dependen de quién gobierna y no de lo que dicta la ley.

González Urrutia recordó que las libertades democráticas de los venezolanos fueron “erosionadas progresivamente desde las instituciones” por parte del régimen de Nicolás Maduro en los últimos años y citó como ejemplo la letra de “CANción de la presión” del artista Canserbero. En referencia al tema musical, señaló que la falta de independencia de los tribunales genera retardo procesal y fomenta la impunidad, lo que impide a las víctimas acceder a la verdad y destruye la confianza de la sociedad en sus propias bases.

“Cuando ese pacto se rompe, lo que queda no es paz, es la puerta abierta a que cada uno busque justicia por mano propia”, agregó en la grabación difundida por redes sociales.

El exiliado en el viejo continente resaltó que la independencia judicial asegura “las mismas reglas y protecciones para todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones o preferencias políticas”.

Ante este escenario, propuso la necesidad de seleccionar jueces por mérito y establecer procesos guiados por la ley y enfocados en proteger la dignidad humana. “Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada”, sentenció y concluyó: “Una justicia así iguala a los venezolanos ante la ley, sin distinguir entre amigos y enemigos del poder; esa es la justicia que Venezuela necesita. Debe limitar al poder y nunca servirle”.

El mensaje de González Urrutia surgió un día después que el Parlamento de Venezuela informara que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la reciente reforma legal que reorganizó el máximo tribunal y fijó en 32 el número de jueces. El proceso busca renovar parte de la estructura judicial del país.

Entre los candidatos figuran perfiles de alto nivel, como la ex vicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015, la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal y el ex rector Luis Emilio Rondón González, según la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

La selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a postularse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. Paralelamente, 63 candidatos se inscribieron para el puesto de inspector de tribunales y 33 para la dirección de la Escuela Nacional de Magistratura.

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 12 de mayo modificó la estructura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de cinco a siete el número de magistrados en la Sala Constitucional y de tres a cinco en las salas Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social.

Este reajuste forma parte de un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, promovido en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En ese marco, Rodríguez lanzó una consulta nacional destinada a abordar las deficiencias del sistema judicial, con énfasis en el retardo procesal y la corrupción que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El partido opositor Movimiento por Venezuela (MPV) manifestó el viernes su respaldo al proceso de negociación que involucra al Parlamento actual, controlado por el chavismo, y al Parlamento de 2015, de mayoría opositora, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. La ex presidenta del Legislativo electo en 2015 Dinorah Figuera, enviada por la Casa Blanca, encabeza los diálogos con el objetivo de avanzar hacia una transición política en el país sudamericano.

En un comunicado de prensa, el MPV calificó como “muy positivas” las conversaciones iniciadas el jueves entre Figuera, y Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional chavista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El secretario general nacional del partido, Simón Calzadilla, expresó su expectativa de que este proceso contribuya a “una salida a la profunda crisis que padece” la población venezolana.

La formación opositora extendió su apoyo a Dinorah Figuera ante el reto que implica liderar el proceso de negociación con ex allegados al ex dictador Nicolás Maduro. En el comunicado, describieron a la dirigente como una figura “siempre en la lucha por una mejor democracia y un mayor bienestar para su país, enfrentando situaciones difíciles y de un alto sacrificio en lo personal”.

El MPV aboga por un “diálogo fluido” y la construcción de consensos, así como la participación de amplios sectores de la sociedad política y civil.

Dinorah Figuera señaló el viernes que uno de los objetivos centrales es conformar un Consejo Nacional Electoral “vigoroso, creíble y transparente”. La dirigente opositora regresó a Venezuela el jueves, tras ocho años en el exilio, enviada por el Departamento de Estado de EE.UU. para encabezar los contactos con el oficialismo en el marco de la transición promovida por Washington. Figuera reconoció que la misión “no es” sencilla y agradeció el acompañamiento brindado por la administración del presidente Donald Trump.

El partido recordó que en enero, tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el día 3, propuso una negociación con mediación estadounidense orientada a una transición institucional. Entre los puntos planteados figura la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente bajo control chavista— y la liberación de presos políticos.

También el viernes, el ex gobernador opositor Andrés Velásquez instó a no perder el foco del “objetivo fundamental: ponerle fin a la tiranía de forma definitiva y restablecer la democracia y la libertad”. Velásquez ratificó el “liderazgo y conducción” de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado en el proceso hacia la transición democrática, y propuso la definición de un cronograma electoral presidencial que aporte certeza a la población.

El mes pasado, el sector mayoritario de la oposición había propuesto una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por Machado con el Gobierno interino y acompañada por Estados Unidos, para restaurar la democracia mediante una “elección presidencial libre, transparente y soberana”. Tras ese planteo, el chavismo respondió que no consideraba viable una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera aseguró: “Tuve una conversación (con Machado) y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional (AN)”.

La dirigente opositora subrayó su papel al frente del Parlamento electo en 2015 y señaló que el diálogo con las autoridades oficiales responde a una agenda de trabajo institucional acordada tras el respaldo de Washington.

(Con información de EFE)

La exdiputada venezolana Dinorah Figuera regresó a Venezuela el jueves tras ocho años de exilio, se reunió con autoridades parlamentarias y opositoras, y partió el viernes hacia Miami para sostener nuevas reuniones, en el marco de una agenda de transición democrática respaldada por Estados Unidos.

Figuera, quien se presenta como presidenta de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015, sostuvo un encuentro con el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en el palacio Legislativo. El Departamento de Estado describió ese encuentro como una ocasión para “debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”. También se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y con dirigentes de la Plataforma Unitaria.

La visita expuso tensiones dentro del bloque antichavista. Figuera reconoció ante el periodista Luis Olavarrieta haber tenido “diferencias” con María Corina Machado, líder de la oposición mayoritaria y premio nobel de la paz: “Tuve una conversación y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía”. Machado no se pronunció sobre la visita relámpago de la exdiputada al país, según informó la agencia AFP.

Figuera subrayó que su actuación responde a un mandato institucional: “María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional”. Rechazó además ser catalogada dentro de los llamados “alacranes”, término con el que el bloque antichavista mayoritario designa a quienes considera colaboracionistas del Gobierno.

“A mí no me van a tildar de alacrán, de que soy una traidora. Soy una mujer consecuente con mi causa”, afirmó en la entrevista disponible en el canal de YouTube de Olavarrieta.

Los objetivos del plan que Figuera busca impulsar incluyen la conformación de un Consejo Nacional Electoral “vigoroso, creíble y transparente”, la reconstrucción de las instituciones democráticas y el restablecimiento de garantías para la participación política, según comunicó el Departamento de Estado. El organismo electoral venezolano está controlado por rectores afines al chavismo y es acusado por Machado de haber proclamado de manera fraudulenta a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de 2024.

Maduro se encuentra actualmente preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Figuera indicó a la AFP que una próxima visita podría incluir un encuentro con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington. “Estoy dispuesta a reunirme con todos los sectores”, señaló, sin precisar fecha de regreso.

La exdiputada defiende que la AN de 2015 es la “última institución que ha ganado electoralmente de manera legítima”, a pesar de que en 2020 se celebraron nuevas elecciones legislativas y actualmente funciona un Parlamento de mayoría chavista que sesiona y aprueba leyes. Esa estructura parlamentaria paralela, que controla activos venezolanos en el exterior, ha contado con el respaldo de Estados Unidos y otros aliados internacionales desde los comicios de 2020.

Para el politólogo Benigno Alarcón, la visita de Figuera constituye “un evento sorpresivo que desestabiliza el escenario y marca el posible inicio de un nuevo rumbo hacia una transición negociada”. Alarcón señaló en su cuenta de X que Estados Unidos aparece “en el ejercicio de un rol de mediador que puede terminar más bien como árbitro”.

Más de una decena de dirigentes opositores han regresado a Venezuela en las últimas semanas, en un contexto en el que la libertad de expresión se recupera gradualmente, las protestas resurgen y, según la AFP, el miedo parece menguar. La propia Machado, que lleva meses fuera del país, ha prometido regresar sin especificar cuándo.

(Con información de EFE y AFP)

El Consejo de Gabinete de Panamá, encabezado este martes por el presidente José Raúl Mulino, aprobó un paquete de decisiones que combina financiamiento público por hasta USD 9.000 millones y una reforma legal del servicio eléctrico para endurecer las obligaciones de las distribuidoras, reforzar los reclamos de los usuarios y preparar la licitación de las concesiones que vencen en 2028, según la Presidencia de la República.

La parte financiera incluye dos autorizaciones al Ministerio de Economía y Finanzas: un programa rotativo de emisiones de Notas del Tesoro en el mercado local por hasta USD 6.000 millones, con plazos de dos a 10 años, y la posibilidad de suscribir estructuras de financiamiento con instituciones financieras locales e internacionales por un monto acumulado de USD 3.000 millones, según la Presidencia de la República.

De acuerdo con la Presidencia de la República, el programa de Notas del Tesoro fue aprobado mediante el decreto de gabinete N. 34-24. La medida busca fortalecer el programa de Creadores de Mercado, profundizar las capacidades del mercado local de capitales e incrementar el acceso del Estado a fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo, en línea con las necesidades estacionales del Tesoro Nacional.

El segundo instrumento fue autorizado por el decreto de gabinete N. 33-24. Según la Presidencia de la República, ese esquema dará al Estado flexibilidad para ejecutar operaciones financieras en el momento que considere oportuno, según las condiciones ofertadas y las necesidades estacionales del Tesoro Nacional.

La reforma eléctrica apunta a reclamos, multas y concesiones de 2028

En paralelo, el Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional una iniciativa para modificar la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que regula el servicio público de electricidad, según La Prensa. La Presidencia de la República indicó en un comunicado que la propuesta busca fortalecer el marco regulatorio y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico a los consumidores.

La iniciativa incorpora plazos definidos para atender reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad y nuevas herramientas regulatorias para una supervisión más efectiva. También dispone que las multas impuestas a las empresas concesionarias se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado, según ambas fuentes.

El proyecto aprobado por el Gabinete responde de forma directa a la pregunta sobre qué cambiaría para los usuarios del servicio eléctrico: si una distribuidora incumple las normas de calidad, el consumidor tendría plazos claros para reclamar, podría recibir créditos a su favor y contaría con un marco en el que las sanciones económicas a las empresas se traduzcan en compensaciones para los afectados.

Según TVN, el proyecto fue identificado como Proyecto de Ley 10-26. Ese medio señaló que la propuesta pretende equilibrar la relación entre las compañías prestadoras del servicio y los usuarios, después de décadas en las que, de acuerdo con el texto, los clientes han enfrentado interrupciones frecuentes y fluctuaciones de voltaje que en muchos casos provocaron daños en artefactos y equipos eléctricos.

El vencimiento de los contratos de distribución ordena el calendario de la reforma

Según La Prensa, en 2028 vence el contrato por 15 años del Estado con las empresas distribuidoras Naturgy: a través de Edemet y Edechi, y con ENSA. Por esa razón, antes de esa fecha debe convocarse una licitación para la distribución eléctrica.

La propuesta también contempla medidas para reforzar la transparencia de la información que reciben los consumidores y fortalecer las reglas sobre calidad y continuidad del servicio, según TVN. El mismo medio informó que el texto será remitido a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutido y aprobado.

Otro de los cambios incorpora a las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural, para llevar el servicio de energía eléctrica a comunidades de difícil y costoso acceso, según La Prensa y TVN.

Además del paquete financiero y de la iniciativa sobre electricidad, el Consejo de Gabinete aprobó el decreto N. 32-24, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a modificar los artículos dos, cuatro y siete del decreto de gabinete N. 25 del 15 de abril de 2024, según la Presidencia de la República.

Al revisar el proyecto de Ley para la Protección de la Actividad Ganadera, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, un productor señala: “Sería un texto muy bueno, si Venezuela fuera un país del primer mundo”.

Miembros de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) advierten que la norma que aún se discute en el Parlamento no atiende el tema de la seguridad en el campo, principal preocupación del gremio.

“El primer paso para fomentar la producción agropecuaria es crear condiciones de seguridad jurídica y confianza, si no es así no puede haber inversión ni existirá desarrollo económico y social”, apunta una de las fuentes consultadas.

El texto en cuestión consta de 16 artículos y dice tener como propósito general “instituir un marco administrativo, tecnológico y de fiscalización integral que erradique los espacios de informalidad en el campo, resguarde el rebaño nacional y proteja las unidades de producción ganaderas”.

Sin embargo, en ninguna parte se tipifican ni se aplican penas por los delitos que afectan a los ganaderos. “Existen actividades ilícitas como abigeato, hurto, robo, invasiones, tala y quema, entre otras, que dañan la producción nacional y atentan contra la seguridad agroalimentaria de Venezuela”, subraya un dirigente gremial.

El diputado opositor Alexis Algarra, quien además es productor agropecuario, rechaza esta ley “porque no atiende la emergencia que vive el campo venezolano”. El legislador enfatizó que “los ganaderos venezolanos pedimos protección efectiva frente al abigeato, las invasiones de fincas, la extorsión, el secuestro, las amenazas, el robo de ganado y la violencia rural”.

Penal

Fedenaga promovió en 2021 ante la Asamblea Nacional la discusión de un anteproyecto de reforma de la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera. En su exposición de motivos, aquella propuesta indicaba que “en Venezuela existe un aumento de los índices del delito de hurto sobre ganado”, y denunciaba que “el abigeato se ha potenciado en los últimos años atentando contra la vida de productores y trabajadores del campo”.

La iniciativa de los productores tipificaba delitos y planteaba directamente penas de hasta 20 años de prisión contra el robo de ganado a mano armada, y un máximo de 18 años de cárcel para castigar a quien “mediante violencia o amenaza de graves daños inmediatos a personas o cosas”, se apodere de una o varias cabezas de ganado.

“Quien beneficie una o varias cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de su dueño o de quien deba darlo, será penado con presidio de seis a diez años”, expone el artículo 12 del anteproyecto, que terminó siendo engavetado por el oficialismo.

Sin respuesta

Otro de los productores consultados subraya que “la urgencia de sacar una ley es para proteger el rebaño con penas de cárcel, porque ahora mismo capturan a un delincuente robando reses, pasa dos días en un calabozo y de inmediato lo liberan”.

Cuestiona que el proyecto que impulsa el Parlamento dirigido por Jorge Rodríguez habla de “modernización tecnológica”, “trazabilidad biométrica” y guías de movilización, mientras el Ministerio de Agricultura, a cargo del general Vladimir Padrino López, no cuenta con la infraestructura básica y se terminan haciendo inspecciones vía telefónica por la ausencia de vehículos para trasladarse a las zonas.

“La expansión de la frontera agropecuaria viene acompañada del desarrollo rural, diversificando y mejorando las actividades productivas con la transformación de las materias primas. Pero primero lo primero: necesitamos confianza, seguridad y justicia”, demandan los productores.

Panamá ya tiene una ley para extender los horarios de atención en centros de salud, pero el verdadero desafío comienza ahora: convertir la norma en servicios disponibles para los pacientes.

La Ley 528, impulsada por el diputado independiente Betserai Richards y publicada en la Gaceta Oficial, obliga al Estado a avanzar hacia una mayor cobertura de atención primaria, aunque su ejecución dependerá de presupuesto, personal médico e infraestructura.

La norma fue aprobada por insistencia en la Asamblea Nacional luego de que el Órgano Ejecutivo expresara reservas sobre su viabilidad operativa y financiera. Sin embargo, tras superar ese trámite legislativo, la iniciativa se convirtió oficialmente en ley de la República y establece una nueva hoja de ruta para ampliar la atención médica en el sistema público de salud.

El objetivo central de la legislación es garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud mediante la ampliación de horarios en centros de salud, subcentros, policentros, MINSA-CAPSI y otras instalaciones de atención primaria.

La ley también busca fortalecer la capacidad de atención de los servicios sanitarios, mejorar la cobertura en las distintas regiones del país y promover una atención médica más permanente para la población.

Uno de los elementos más importantes del texto es que ordena al Ministerio de Salud procurar que en cada región sanitaria exista al menos una instalación de atención primaria con horarios extendidos.

La definición de esos horarios quedará en manos del propio ministerio, que deberá considerar factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios disponibles en cada región.

La ley establece además que durante los horarios extendidos deberá existir personal médico, administrativo y de apoyo suficiente para garantizar el funcionamiento de las instalaciones. También contempla atención durante sábados y domingos, con la posibilidad de ampliar la oferta de servicios según la planificación regional.

Otro aspecto relevante es que la normativa ordena al Ministerio de Salud organizar servicios de segundo nivel procurando que cada región cuente con al menos una instalación que opere de forma continua las 24 horas, equipada con los insumos necesarios para brindar atención oportuna a los pacientes.

La iniciativa impulsada por Betserai Richards surgió en medio de los reclamos ciudadanos por las dificultades para obtener citas médicas, los largos tiempos de espera y la limitada disponibilidad de atención fuera de los horarios laborales tradicionales. Su promotor sostienen que muchas personas no pueden acudir a un centro de salud durante el día debido a sus jornadas de trabajo, lo que termina trasladando casos de atención primaria a los servicios de urgencias hospitalarias.

La ley también incorpora objetivos complementarios. Entre ellos se encuentran fortalecer hospitales, centros y puestos de salud; mejorar la participación comunitaria en la planificación de programas sanitarios; facilitar la incorporación de médicos internos al sistema público y modernizar los mecanismos de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, durante la discusión del proyecto el Gobierno manifestó preocupaciones sobre la capacidad real del sistema para cumplir con las nuevas obligaciones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha señalado en diversas ocasiones que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario es la falta de personal en determinadas regiones del país.

El funcionario ha advertido que ampliar horarios implica disponer de más médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, además de garantizar medicamentos, equipos y recursos para sostener la operación de las instalaciones.

Las preocupaciones también alcanzan el aspecto financiero. La nueva ley establece que el Órgano Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto General del Estado las asignaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud en horarios extendidos, así como el suministro de medicamentos e insumos requeridos para su funcionamiento.

Además, obliga al Ministerio de Salud a garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas del personal que labore bajo estos esquemas.

El presidente José Raúl Mulino también ha manifestado reservas sobre proyectos que generen nuevas obligaciones de gasto sin una evaluación detallada de su impacto presupuestario. La posición del Ejecutivo durante el debate legislativo giró precisamente en torno a la necesidad de asegurar que cualquier ampliación de servicios cuente con financiamiento sostenible y capacidad operativa real.

La ley establece además que el Ministerio de Salud deberá coordinar acciones con la Caja de Seguro Social para lograr sus objetivos y mejorar la cobertura sanitaria en todo el país.

Ahora comienza la etapa más compleja: la reglamentación y posterior implementación de la norma. La propia legislación reconoce que la aplicación dependerá de la planificación regional y de la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Para sus defensores, la medida representa un paso importante para acercar la atención médica a miles de panameños que enfrentan dificultades para acceder a consultas durante la jornada laboral. Para sus críticos, el desafío será evitar que la ley quede en el papel y lograr que los horarios extendidos se traduzcan en servicios efectivos, personal suficiente y medicamentos disponibles para los pacientes.

La publicación de la Ley 528 cierra el debate legislativo, pero abre una discusión aún más importante: si el sistema de salud panameño cuenta con la capacidad necesaria para convertir una aspiración ciudadana en una realidad cotidiana.

La Asamblea Nacional discute cambios al sistema de albergues de acogimiento institucional en Panamá, en medio de nuevos cuestionamientos sobre la supervisión de los centros donde permanecen niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad bajo protección del Estado.

El punto más sensible del debate está en quién debe supervisar los albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), debido a que actualmente la institución opera centros propios y también ejerce funciones de control sobre ellos.

La discusión forma parte del análisis del proyecto de ley 618, que regula la apertura y funcionamiento de los centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

La iniciativa es revisada en una mesa técnica de la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, presidida por la diputada Alexandra Brenes, proponente de la norma.

El proyecto también plantea derogar el Decreto Ejecutivo 404 del 30 de octubre de 2020, que actualmente regula la apertura y funcionamiento de los albergues para niños, niñas y adolescentes.

Esa norma establece las condiciones para autorizar estos centros, define los albergues como espacios residenciales temporales de cuidado y protección, y crea mecanismos de supervisión y monitoreo para verificar su funcionamiento.

Sin embargo, la propuesta legislativa busca elevar esa regulación a rango de ley, con controles más estrictos, responsabilidades más claras y una supervisión que no dependa únicamente de disposiciones reglamentarias.

Según Brenes, la mesa técnica ha avanzado hasta el artículo 27 del capítulo tres, relacionado con la supervisión de los albergues de acogimiento institucional y con la definición de quiénes serán los encargados de vigilar los centros residenciales.

La diputada explicó que este punto ha sido complejo porque, en la práctica, la Senniaf cuenta con albergues institucionales que son administrados por la propia entidad, pero también mantiene competencias de supervisión sobre esos espacios.

Esa situación abrió el debate sobre la necesidad de modificar el esquema actual, para evitar que la institución actúe como administradora y fiscalizadora de sus propios centros.

Dentro de los ajustes discutidos figura una modificación a la Ley 6 de la Senniaf, con el fin de asignar funciones a su Junta Directiva y permitir que el Ministerio de Desarrollo Social pueda contar con una oficina encargada de supervisar los albergues administrados por esa entidad.

La propuesta busca que la vigilancia sobre estos centros tenga mayor independencia institucional y que las irregularidades detectadas puedan ser reportadas con mayor claridad ante las autoridades competentes.

El debate legislativo ocurre después de las denuncias presentadas por Brenes por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf.

Ese caso provocó una nueva crisis institucional y derivó en la renuncia de Ana Fábrega como directora de la Senniaf en marzo de 2026, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos delitos en el albergue de Tocumen.

Brenes sostuvo entonces que la salida de Fábrega no debía interpretarse como el cierre del caso y pidió que las investigaciones continuaran hasta establecer responsabilidades.

El episodio reactivó las críticas sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de protección en los centros de acogimiento y reforzó el argumento de quienes piden una supervisión más rigurosa.

El proyecto también recoge antecedentes de la crisis nacional que enfrentó el sistema de albergues en años anteriores, cuando salieron a la luz denuncias por maltrato, abuso y negligencia en centros de protección.

Ese escándalo generó investigaciones, informes institucionales y un amplio debate público sobre las fallas del modelo de supervisión, aunque no todos esos procesos derivaron en salidas administrativas inmediatas.

La exposición de motivos del proyecto reconoce que Panamá ha enfrentado debilidades estructurales en los mecanismos de supervisión y control de los centros de atención residencial.

También señala que las investigaciones judiciales y las inspecciones realizadas por instituciones del Estado evidenciaron la necesidad de establecer estándares mínimos obligatorios, mejorar la fiscalización y garantizar protocolos de atención y protección.

La iniciativa plantea que los centros de acogimiento deben funcionar bajo criterios de temporalidad, protección integral, transparencia, rendición de cuentas y respeto al interés superior del niño.

Además, establece que la institucionalización debe aplicarse como una medida excepcional y por el menor tiempo posible, priorizando la reintegración familiar o alternativas de cuidado cuando existan condiciones para ello.

Entre los requisitos previstos para operar un centro de acogimiento se incluyen infraestructura adecuada, personal capacitado, protocolos de protección infantil, reglamento interno aprobado, historial penal del personal y permisos de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La propuesta también contempla visitas periódicas de supervisión, informes sobre las condiciones de los menores y adultos con discapacidad, revisión de instalaciones, evaluación del recurso humano y registro de denuncias por posibles irregularidades.

En la segunda reunión de la mesa técnica participaron representantes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El objetivo de la discusión es construir una ley que sustituya el actual marco reglamentario y establezca un sistema de supervisión más robusto para los albergues de acogimiento institucional y residencial.

La mesa técnica continuará revisando el articulado antes de que el proyecto avance en la Asamblea Nacional, en un tema que vuelve a colocar bajo examen el papel de la Senniaf y la responsabilidad del Estado en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

Reducir la burocracia que enfrenta el sector construcción para iniciar nuevos proyectos se convirtió en una de las principales exigencias planteadas por empresarios y promotores de vivienda durante las reuniones de las mesas técnicas instaladas en la Asamblea Nacional para impulsar la reactivación de una actividad económica que, aunque muestra señales de recuperación en 2026, todavía se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la desaceleración registrada en los últimos años.

La propuesta fue presentada durante la reunión de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, donde representantes empresariales advirtieron que actualmente un proyecto puede requerir más de 80 trámites distribuidos entre al menos 15 instituciones públicas antes de iniciar obras.

Elisa Suárez, representante del sector construcción de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), sostuvo que la duplicidad de requisitos y la cantidad de permisos exigidos se han convertido en una barrera para la inversión.

Según explicó, en algunos casos distintas entidades solicitan la misma documentación, lo que retrasa el desarrollo de proyectos y aumenta los costos para las empresas.

La preocupación surge en momentos en que el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares registradas en los principales municipios del país alcanzó $417.2 millones entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento de 43.5% frente a los $290.8 millones reportados en igual período de 2025.

Pese a esta recuperación, la actividad aún no logra superar el mejor desempeño reciente del sector. En los primeros cuatro meses de 2023, los permisos de construcción sumaron $421 millones, una cifra ligeramente superior a la registrada este año.

El contraste es más evidente al revisar el comportamiento histórico de una industria que durante años fue uno de los principales motores de la economía panameña y generadora de empleo.

Aunque el desempeño de 2026 supera los niveles observados en 2024 y 2025, los representantes del sector consideran que aún existe espacio para acelerar la inversión si se eliminan procesos burocráticos que consideran innecesarios.

Durante la reunión, Suárez también expresó inquietud por algunas regulaciones aprobadas mediante decretos que, a juicio del sector privado, podrían aumentar los costos y las exigencias para determinadas actividades productivas. Como ejemplo, mencionó disposiciones ambientales que podrían obligar a pequeños propietarios rurales a realizar estudios de impacto ambiental bajo ciertas condiciones.

Las discusiones forman parte de la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, creada con apoyo de la Asamblea Nacional para consensuar medidas orientadas a estimular la inversión, generar empleo y acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura y vivienda.

Por su parte, Eduardo Castillero, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), afirmó que la eliminación del bono solidario de vivienda ha tenido un impacto significativo sobre la actividad constructora, especialmente en el interior del país. Según indicó, muchas familias enfrentan dificultades para acceder a financiamiento hipotecario y adquirir una vivienda, situación que afecta directamente la demanda de nuevos proyectos residenciales.

La preocupación por el acceso a la vivienda también fue compartida por Ramón Muñoz, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí y miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien planteó que los bancos estatales retomen un papel más activo en el financiamiento habitacional dirigido a trabajadores de bajos ingresos. Además, pidió que los procesos de aprobación de planos y permisos reciban un tratamiento prioritario para evitar retrasos en el inicio de las obras.

En paralelo, la Submesa Técnica Legal de Políticas Públicas e Innovación recibió propuestas dirigidas a modificar aspectos de la Ley de Contrataciones Públicas. Representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) solicitaron revisar los mecanismos de conformación de las comisiones evaluadoras en las licitaciones, unificar criterios de inspección de obras, flexibilizar las reglas relacionadas con las fianzas y adoptar medidas que eviten la paralización de proyectos por falta de partidas presupuestarias.

Los diputados que participan en la iniciativa consideran que existe consenso sobre la necesidad de simplificar procesos y agilizar la ejecución de inversiones. El diputado Neftalí Zamora sostuvo que actualmente desarrollar una obra en Panamá implica atravesar múltiples instancias administrativas que elevan los costos y dificultan la actividad económica.

Mientras tanto, las cifras muestran una recuperación importante en el valor de los permisos de construcción. Del total de $417.2 millones registrados hasta abril, $252.8 millones correspondieron a proyectos residenciales y $164.4 millones a construcciones no residenciales. Panamá y Arraiján concentraron buena parte del crecimiento observado durante el período.

Sin embargo, empresarios, promotores y trabajadores coinciden en que la recuperación todavía es insuficiente para devolver al sector el dinamismo que tuvo en años anteriores. Por ello, las mesas técnicas continuarán reuniéndose durante junio con el objetivo de presentar propuestas concretas que permitan reducir trámites, acelerar inversiones y aumentar la generación de empleo en una de las actividades económicas más importantes del país.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar inversiones privadas en un sector afectado por cortes frecuentes, especialmente fuera de Caracas.

Durante la sesión transmitida por ANTV, el diputado chavista Orlando Miranda afirmó que el sistema eléctrico nacional ha “mostrado limitaciones estructurales” y financieras para responder a la demanda. Señaló que varias termoeléctricas permanecen paralizadas porque, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, no se han podido adquirir repuestos, lo que incrementa la dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri en el estado Bolívar.

Miranda expuso que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta de reforma, describiéndola como una “estrategia táctica” que introduce capital mixto y privado bajo un “régimen riguroso” de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las operadoras.

El legislador indicó que la ley, que aún debe ser debatida por segunda vez para su aprobación final, empoderará al ciudadano, ya que obligará a las empresas distribuidoras y comercializadoras a compensar económicamente a los usuarios por daños causados por apagones o deficiencias de calidad.

Según Miranda, la viabilidad económica de la reforma se apoya en un diseño de tarifas basado en costos reales y en una rentabilidad “razonable” para los inversores, ligada a la eficiencia.

El diputado opositor Ezio Angelini propuso que la ley contemple la descentralización y aborde la corrupción, a la que atribuye las causas de los constantes cortes eléctricos. “Hay que hacer una auditoría muy importante de qué ha pasado con todos los recursos que se le han dado al sector eléctrico”, señaló.

Angelini precisó que, en 2019, Venezuela producía 20.000 megavatios y consumía 12.000, pero actualmente la producción es de 12.000 y el consumo asciende a 14.000.

Rodríguez, que asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro por EEUU en enero, anunció en abril negociaciones con Siemens y General Electric para afrontar la crisis eléctrica en el estado de Zulia.

En mayo, el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica.

El proyecto de ley 505, que propone la eliminación del impuesto del 7% a los productos de higiene menstrual, fue aprobado en abril pasado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Menstrual, las mujeres panameñas salieron a las calles, panti en mano, a exigir el avance de este proyecto.

La iniciativa busca establecer la exoneración a productos como tampones, copas menstruales y toallas sanitarias, que según datos oficiales en el país utilizan 1.2 millones de mujeres en edad menstrual.

Las mujeres en Panamá destinan cerca de $101 millones anuales a la compra de estos productos, y de ese monto cerca de $7.1 millones corresponden a ingresos que recibe el Estado a través del ITBMS, un impuesto indirecto al consumo que grava la venta de bienes y la prestación de servicios en Panamá.

Natasha Dormoi, coordinadora de AHF-Panamá, señaló que la salud menstrual debe abordarse como un tema de salud pública, equidad y derechos humanos.

Aids Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que brinda atención en respuesta al VIH y sida a nivel internacional.

“Ninguna niña, adolescente o mujer debería enfrentar barreras económicas o estigma para gestionar su menstruación de manera segura y digna”, afirmó Dormoi.

La pobreza menstrual, añadió, no se limita a la falta de productos, ya que de igual manera incluye el acceso insuficiente a agua potable, baños seguros, educación menstrual y condiciones dignas para gestionar el periodo sin estigma ni discriminación.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, cerca de 500 millones de personas en el mundo viven en situación de pobreza menstrual.

En América Latina, diversos estudios estiman que hasta 30% de niñas y adolescentes ha faltado a la escuela durante su periodo por no contar con productos menstruales, agua segura o baños adecuados.

Además, la falta de acceso a productos menstruales no solo afecta la educación y la salud física, sino también incrementa vulnerabilidades económicas y sociales, particularmente entre personas en situación de pobreza, migración, calle, privación de libertad o pertenecientes a comunidades indígenas.

Esta pobreza es un problema de salud mundial que afecta a mujeres y niñas en países ricos y pobres. Los productos que pueden utilizar las mujeres y las niñas para gestionar su salud e higiene menstruales varían enormemente en función de sus ingresos o de si viven en zonas urbanas o rurales.

Desde 2019, la organización que coordina Dormoi ha distribuido más de 1 millón de productos de higiene menstrual en América Latina y el Caribe, incluyendo copas menstruales, kits de higiene y materiales educativos.

Solo en 2025, las actividades de la organización impactaron directamente a cientos de miles de personas en 12 países de la región.

Aunque la menstruación es un proceso biológico natural, en muchos países de América Latina sigue siendo tratada fiscalmente como un “gasto no esencial”.

Esto obliga a millones de personas a destinar parte importante de sus ingresos a productos indispensables para su vida cotidiana. Las barreras se profundizan en comunidades rurales, indígenas y en contextos de vulnerabilidad social, donde el acceso a productos e información sigue siendo limitado.

“Menstruar no puede seguir siendo un privilegio condicionado al nivel de ingresos. Los productos menstruales son artículos de primera necesidad y deben tratarse como tales en toda nuestra región”, afirmó Francisco Rubio, director de Advocacy de AHF para América Latina y El Caribe.

En algunos países persisten mitos como el que señala que si las mujeres y niñas que están menstruando tocan ciertos alimentos, estos se pudrirán. Tampoco pueden entrar en lugares de culto y deben permanecer aisladas, manifiesta ONU Mujeres.

La organización señala que, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos la Viagra, medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil, está exenta de impuestos, mientras que los productos menstruales se clasifican como bienes de lujo y están sujetos a más alta tasa impositiva.

El aumento de las estafas en Panamá durante los últimos años llevó a la aprobación de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante engaños.

La nueva legislación, promulgada esta semana por el Ejecutivo, incorpora agravantes vinculadas con los fraudes digitales, la usurpación de identidad y los casos que generan elevados perjuicios económicos o afectan recursos públicos.

La modificación quedó oficializada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial. La nueva legislación reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal, aumentando las penas y ampliando las circunstancias agravantes que pueden llevar a condenas más severas para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaño.

La norma establece que quien, mediante engaño, procure para sí o para un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a seis años. Además, la pena podrá aumentar hasta un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando medios cibernéticos o informáticos, mediante la usurpación de identidad o cuando la afectación patrimonial se ubique entre $50,000 y $100,000.

También se contempla un agravante cuando la víctima sea la Administración pública o una entidad de beneficencia y el perjuicio no exceda los $10,000.

La reforma también endurece las sanciones para los casos considerados más graves. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la pena será de siete a doce años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los $100,000, cuando la estafa sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o cuando el perjuicio a la Administración pública o a establecimientos de beneficencia exceda los $10,000.

La iniciativa tuvo su origen en el Proyecto de Ley 277, presentado inicialmente como anteproyecto por el diputado Eduardo Gaitán. Posteriormente recibió el respaldo de diputados de diversas bancadas, entre ellos José Pérez Barboni, Walkiria Chandler, Jorge González, Luis Duke, Manuel Cheng, Alexandra Brenes, Patsy Lee, Luis Enrique Batista y otros legisladores que figuraron como coproponentes.

Durante la discusión legislativa, los impulsores de la propuesta argumentaron que la legislación vigente había quedado rezagada frente al crecimiento de las estafas, especialmente aquellas realizadas mediante herramientas tecnológicas. Según la exposición de motivos, el avance de los delitos digitales ha generado nuevas modalidades de fraude que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones públicas.

Los documentos presentados ante la Asamblea citan estadísticas de la Corte Suprema de Justicia según las cuales los casos judicializados por estafa aumentaron 578.3% entre 2019 y 2024, al pasar de 189 a 1,282 expedientes. En el mismo período, los casos imputados crecieron 778.9%, mientras que los procesos con acusación formal registraron un incremento de 1,220%.

La Procuraduría General de la Nación también reportó un crecimiento significativo de las denuncias. De acuerdo con la sustentación del proyecto, entre 2019 y 2024 se recibieron 26,670 denuncias por estafa a nivel nacional. Solo en 2024 se contabilizaron 5,241 noticias criminales, frente a las 2,680 registradas cinco años antes.

Los promotores de la reforma sostuvieron que las sanciones existentes no estaban generando un efecto disuasorio suficiente y que muchos delincuentes continuaban utilizando esquemas fraudulentos debido a que las penas eran consideradas bajas en comparación con los daños económicos ocasionados a las víctimas. También señalaron que la proliferación de fraudes en línea obligaba a actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de criminalidad.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Gaitán explicó que uno de los objetivos era reducir los umbrales económicos que activan las sanciones más severas y fortalecer la capacidad del sistema penal para perseguir estos delitos. La iniciativa recibió respaldo de varios diputados de la comisión y fue aprobada tras introducir modificaciones respecto al texto original presentado en marzo de 2025.

Con la entrada en vigor de la Ley 524, Panamá incorpora un esquema de castigos más severo para los delitos de estafa, especialmente aquellos vinculados con fraudes digitales, grandes perjuicios económicos y casos que involucren recursos públicos, en un intento por responder al crecimiento que este delito ha registrado durante los últimos años.

Después de matenerlo dos años en la cárcel, al preso político José Breijo, de 73 años, le dieron el beneficio de casa por cárcel. Pero ya en la calle, se enteró de otra noticia: un efectivo de la policía le había invadido su apartamento. Así, este ciudadano uruguayo-venezolano no tenía ni libertad ni hogar.

El drama de Breijo, expuesto en redes por otro antiguo preso político, el periodista Carlos Julio Rojas, generó tanta indignación que funcionarios de la Presidencia de la República actuaron en la madrugada de este miércoles 27 de mayo para devolverle el inmueble a su propietario, que en ese momento dormía sobre un colchón en la áreas comunes del edificio.

“Ahora exigimos la devolución de todas las pertenencias de este preso político, las cuales fueron sustraídas de la vivienda y una investigación por parte del Ministerio Público contra este policía corrupto”, declaró Rojas.

El caso de Breijo confirma una práctica que ha sido denunciada y documentada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, donde una persona no solo es privada de libertad por razones políticas sino que también es víctima del despojo de sus bienes sin que medie ninguna orden judicial.

Abusos

“Cuando a mí me capturaron en agosto de 2024, este vehículo estaba en plenas condiciones. Hoy me lo entregan en una grúa, totalmente desvalijado”, señaló el 19 de mayo a través de sus redes el exdiputado opositor Williams Dávila, quien pasó alrededor de año y medio privado de libertad.

Dávila indicó que este tipo de acciones “están dentro del contexto de las violaciones a los Derechos Humanos”, y acudió al Palacio de Justicia para exigir una indemnización, recordando que otros presos políticos también han sufrido el robo de sus pertenencias “y la destrucción de sus casas en medio de allanamientos”.

En julio de 2023, el entonces jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala, celebró su boda en una casa de playa propiedad de la esposa del exministro Andrés Izarra, fiel colaborador de Hugo Chávez que cayó en desgracia y tuvo que marcharse al exilio con el ascenso de Nicolás Maduro.

“El madurismo arremetió contra nosotros. Nos quitaron todas las propiedades (...). Nos quitaron la casa en Caraballeda que heredó Isabel de su abuelo y la tiene una mujer vinculada a un comandante del DGCIM y desde allí publica fotos en sus redes sociales”, declaró Izarra en marzo de 2023 al portal Runrunes.

Hasta juguetes

Un reportaje del sitio de investigación ArmandoInfo publicado en 2024 exponía otros ejemplos de personas que terminaban sufriendo la agresión del Estado por partida doble: perdían el derecho a vivir en su país y sus bienes.

“La manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la DGCIM, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) o de la Policía Nacional Contra La Corrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio. Sin orden de allanamiento, ingresa, revisa y acarrea con todo lo que hay. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como carros o computadoras, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de cosas como ropa y juguetes”, reseñaba la nota.

En noviembre de 2024, la diputada y miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Iris Varela, dijo en una entrevista: “No puedo aceptar que la señora María Corina Machado tenga aquí vivienda y bienes a su disposición o su titularidad, ni empresas”. En esas mismas fechas, la Asamblea Nacional de mayoría chavista sancionó la Ley Orgánica Simón Bolívar, que plantea castigar a los “traidores a la patria” con la extinción de dominio.

Las discusiones sobre el tamaño y las prioridades del gasto público en Panamá comenzarán la otra semana. A partir de este lunes 25 de mayo, unas 96 instituciones del Estado iniciarán las vistas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un proceso clave para la elaboración del Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2027.

Durante estas sesiones, ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y representantes de los consejos provinciales deberán sustentar ante los técnicos del MEF sus necesidades financieras, programas de inversión, proyectos en ejecución y nuevas iniciativas que buscan desarrollar durante el próximo año.

El proceso se extenderá hasta el 5 de junio y constituye el primer paso formal para definir cuánto gastará el Estado panameño en 2027.

Según explicó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, la fase inicial consiste en la presentación de cifras preliminares y en la identificación de las principales necesidades de cada institución.

Posteriormente, el MEF evaluará las solicitudes y preparará el anteproyecto de presupuesto que será sometido a consideración del Consejo de Gabinete antes de ser remitido a la Asamblea Nacional. Se espera que el documento llegue al Legislativo a finales de julio.

La primera jornada incluye la comparecencia de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce, entre otras.

Las vistas presupuestarias comienzan en un contexto en el que el tamaño del gasto público ha experimentado importantes cambios durante los últimos años.

El presupuesto aprobado para 2024, elaborado durante la administración de Laurentino Cortizo, ascendió a $30,690 millones luego de ser recortado en la Asamblea Nacional desde una propuesta inicial de más de $32,700 millones.

Un año después, la administración de José Raúl Mulino presentó inicialmente un presupuesto mucho más austero para 2025, por $26,084 millones.

Sin embargo, durante el proceso legislativo el proyecto fue objeto de múltiples ajustes y terminó siendo aprobado por $30,111 millones, apenas $580 millones por debajo del presupuesto vigente de 2024.

La tendencia continuó en 2026. La Asamblea Nacional aprobó un Presupuesto General del Estado de $34,901 millones, la cifra más alta en la historia del país. El monto representó un incremento superior a $4,700 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025 y consolidó una expansión significativa del gasto público.

Buena parte de ese crecimiento responde a compromisos considerados ineludibles por el Gobierno, entre ellos el pago de la deuda pública, los intereses asociados al endeudamiento estatal, los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social y el aumento de recursos destinados a programas sociales e inversión pública.

También influyeron diversos créditos extraordinarios aprobados durante el ejercicio fiscal, que elevaron el gasto efectivo por encima de las cifras originalmente presupuestadas.

La estructura del presupuesto de 2026 contempla gastos corrientes por $19,214 millones y gastos de capital por $15,686 millones. De ese total, más de $11,100 millones corresponden a inversión pública, equivalente a aproximadamente el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.

Entre los sectores que recibieron mayores refuerzos durante la discusión legislativa destacan educación, salud y agro. La Asamblea reasignó $104 millones adicionales al Ministerio de Educación, $26 millones al Ministerio de Salud, $10 millones al Instituto Oncológico Nacional y más de $31 millones para fortalecer programas dirigidos al sector agropecuario.

Las cifras reflejan la creciente presión que enfrentan las finanzas públicas. Mientras el Gobierno busca reducir gradualmente el déficit fiscal para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, también debe atender demandas históricas relacionadas con infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y agua potable.

Por esa razón, las vistas presupuestarias son observadas con atención tanto por el sector privado como por organismos internacionales y analistas económicos. Las solicitudes que presenten las instituciones durante las próximas semanas permitirán conocer cuáles serán las prioridades de gasto para 2027 y qué tan viable será mantener el equilibrio entre la disciplina fiscal y las crecientes demandas de inversión pública.

El resultado de estas discusiones también ofrecerá una primera señal sobre la dirección que tomará la política fiscal de Panamá durante la segunda mitad de la administración Mulino.

En un escenario marcado por elevados compromisos financieros, desaceleración económica regional y mayores exigencias sociales, el presupuesto de 2027 volverá a convertirse en uno de los principales instrumentos para medir las prioridades del Estado y su capacidad para sostener el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica este jueves tras insistir públicamente en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y compartir en redes sociales instrucciones para recolectar firmas ciudadanas.

La publicación del mandatario provocó una fuerte ola de reacciones en la plataforma X, donde varios usuarios le recordaron una promesa que hizo durante la campaña presidencial, cuando aseguró que no promovería una constituyente.

Según expresó Gustavo Petro en su mensaje publicado en X, la iniciativa busca incorporar a la Constitución reformas sociales, políticas y judiciales que, según él, no fueron aprobadas por el Congreso de la República.

Petro compartió formularios para recoger firmas

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta personal de X en el que explicó cómo descargar los formularios para apoyar la iniciativa.

“Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y a la justicia que el Congreso no aprobó”, escribió el jefe de Estado.

En la misma publicación, Petro indicó que los ciudadanos deben dejar un renglón de por medio antes de firmar el documento.

“Se deja renglón de por medio y firma la inteligencia ciudadana con su esfuerzo”, agregó.

La publicación rápidamente comenzó a generar cientos de comentarios y críticas de distintos sectores políticos y ciudadanos en redes sociales.

Usuarios le recordaron promesas de campaña

Tras el mensaje del presidente, varios internautas revivieron declaraciones pasadas en las que Petro había descartado impulsar una constituyente.

Uno de los comentarios más compartidos fue el del abogado Rodrigo Pombo, quien cuestionó directamente al mandatario.

“Menos mal que no apoyaba usted la constituyente. Menos mal que no participa usted abiertamente en política. Menos mal que usted juró cumplir la Constitución y la ley. Menos mal que usted no miente”, escribió.

Otros usuarios también criticaron la propuesta y aseguraron que una eventual constituyente podría aumentar la polarización política en el país.

“Petro quiere una constituyente para fomentar el odio y la división entre los colombianos y para promover su proyecto político por encima de los intereses de la nación”, expresó otro internauta en la plataforma digital.

El Gobierno busca presentar el proyecto el 20 de julio

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente ha sido una de las iniciativas más polémicas impulsadas por el presidente durante los últimos meses.

El Gobierno nacional ha señalado que espera presentar oficialmente el proyecto ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio.

Desde la Casa de Nariño han insistido en que la intención es avanzar en reformas sociales que consideran bloqueadas dentro del trámite legislativo actual.

Sin embargo, sectores de oposición y expertos constitucionalistas han cuestionado el alcance de la propuesta y han advertido sobre posibles riesgos institucionales.

Petro ya había anticipado algunos cambios que incluiría la constituyente

El pasado 1.º de mayo, durante una manifestación por el Día del Trabajo, Gustavo Petro reveló algunas de las reformas que buscaría incorporar a través de una eventual constituyente.

Entre ellas mencionó cambios relacionados con el Banco de la República, educación y acceso a la tierra.

“Se reformarán las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República”, afirmó el mandatario en ese momento.

También aseguró que buscaría establecer el derecho a la educación preescolar y superior dentro de la Constitución.

Además, mencionó que impulsaría el reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.

La propuesta sigue generando tensión política

Las nuevas declaraciones del presidente llegan en medio de un ambiente político marcado por la recta final de la campaña presidencial y fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y sectores de oposición.

La posibilidad de convocar una constituyente ha sido rechazada por distintos dirigentes políticos, quienes consideran que la actual Constitución no requiere una reforma de esa magnitud.

Otros sectores cercanos al Gobierno, en cambio, han respaldado la iniciativa y aseguran que permitiría avanzar en transformaciones sociales profundas.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha entregado mayores detalles sobre el mecanismo exacto que utilizaría para impulsar formalmente la propuesta ante el Congreso.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que entre el martes 19 de mayo y mañana viernes “300 personas serán puestas en libertad”, generando una gran expectativa entre defensores de Derechos Humanos y familiares de los centenares de presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Hasta la mañana de este jueves, Foro Penal solo contabilizaba 38 excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos. Esta organización no gubernamental, una de las principales referencias en el país sobre este tema, estimaba que hasta principios de mayo existían 457 presos políticos en Venezuela.

El 8 de enero el propio diputado Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, adelantó que saldría en libertad “un número importante” de presos políticos y el 19 de febrero el Ejecutivo promulgó la Ley de Amnistía. Sin embargo, la situación se mantiene, lo que ha provocado protestas de los afectados y del movimiento estudiantil.

Cuentagotas

¿Cuál es el criterio del gobierno chavista para ordenar las liberaciones y por qué no cierra este capítulo de forma definitiva?

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, cree que estas medidas “no abarcan al universo total de las personas que deberían ser favorecidas” principalmente por dos motivos: Primero, porque sigue intacto el “aparato represivo que dio lugar a estas encarcelaciones”. “Y en segundo lugar, esto tiene que ver con que el poder se ha acostumbrado a usar a los presos políticos como fichas de negociación en diferentes escenarios”.

El abogado considera que “mientras el aparato represivo esté funcionando, es muy difícil que cese la realidad de la prisión y la persecución injusta”. Bajo esta premisa, duda de que el régimen chavista, hoy administrado por los hermanos Rodríguez, “esté dispuesto a renunciar a esa fuerza de negociación” que representarían los presos políticos.

Himiob apunta que estas declaraciones sobre excarcelaciones deben ser “tomadas con pinzas”, pues el gobierno suele incluir en la lista a presos comunes y en el caso de los políticos, no todos reciben libertad plena.

Incompleto

La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, destaca la forma “conveniente” en que el oficialismo manipula el tema, al recordar que recientemente Jorge Rodríguez negó rotundamente la existencia de presos políticos en Venezuela, para luego ofrecer la excarcelación de 300.

Tineo sostiene que la aparente contradicción del chavismo es producto de la presión interna y externa. El presidente del Parlamento asumió el compromiso en medio de la polémica por la muerte de la señora Carmen Navas, de 81 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, víctima de desaparición forzada que falleció en cautiverio. “Todo esto deja en evidencia lo funcional que es al régimen tener prisioneros políticos”, advierte la vocera.

Según la base de datos de Justicia, Encuentro y Perdón, desde el 8 de enero han sido excarcelados unos 720 presos políticos. Sin embargo, señalan que más de 600 siguen judicializados “enfrentando cargos muy graves”; es decir, solo poco más de cien gozan de libertad plena.

Esta ONG registra que en la actualidad hay 654 presos políticos, más del doble de lo que Jorge Rodríguez ha prometido excarcelar. “La exigencia es que todos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, enfatiza Tineo, para quien la palabra del presidente del Parlamento “no resuelve la tragedia que ha generado la persecución política en el país”.

Los ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron liberados el martes tras 23 años detenidos.

La liberación, confirmada por la ONG Foro Penal, se concretó horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 personas esta semana, incluidos los tres ex policías, quienes fueron arrestados el 19 de abril de 2003 por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, tras ser acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, una marcha opositora se dirigió al Palacio de Miraflores en medio de una huelga empresarial y protestas ciudadanas, generando enfrentamientos armados en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Los ex policías fueron recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, el penal ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, destinado tanto a reclusos comunes como a presos políticos.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó vía X que no solo son tres ex policias que nunca debieron estar presos, sino que también existió el padecimiento de familiares durante 23 años por crueldad, persecución y tortura del régimen chavista.

“Tres Policías Metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003. Los tres estarán en nuestros libros de historia como los héroes que son. Todo mi cariño y mi admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día”, agregó la ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A su vez, instó al gobierno de transición venezolano a liberar a todos los presos políticos que aún sufren maltratos y violaciones a los derechos humanos en diversas prisiones del país. “¡Que sean todos!”, finalizó en su comunicado.

Ni la Amnistía de 2007 ni la de 2026 incluyeron a los agentes de Caracas condenados por los hechos del 11 de abril de 2002. María Bolívar, tía del agente Erasmo José Bolívar, explicó a Infobae el 6 de marzo pasado que, de los once policías sentenciados, solo tres—su sobrino, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada—aún estaban en prisión.

Bolívar subrayó que “no fueron condenados por homicidio intencional”, sino por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”, lo que debería haberlos habilitado para acceder a beneficios sustitutivos que permitirían su salida de la cárcel, derechos que, aseguró, les fueron sistemáticamente negados.

“Si no van a recibir amnistía, al menos que les otorguen los beneficios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), medidas que están todas vencidas”, reclamó semanas atrás.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela explicó que algunas de las personas que serán liberadas esta semana estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, serán beneficiadas. También se contempla la liberación de “mujeres embarazadas o lactantes”.

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado informó que las liberaciones comenzaron el lunes con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en un supuesto ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro en 2020.

El anuncio se da tres meses después de la aprobación de la amnistía y en medio de exigencias de ONG y partidos opositores por una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo tras 16 meses de denuncias de su desaparición.

Además, la decisión del Gobierno venezolano se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno buscará asegurar la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

El Comité de Arrecifes de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el Proyecto de Ley 571, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, al considerar que la iniciativa podría debilitar la protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y otros ecosistemas costeros estratégicos del país.

La petición fue presentada mediante una carta enviada el 8 de mayo al Palacio de las Garzas y firmada por representantes científicos y del Congreso General Guna.

En la nota dirigida al mandatario, el Comité sostuvo que el proyecto aprobado “debilita la protección de los arrecifes coralinos y desprotege los pastos marinos y otros ecosistemas asociados como manglares y estuarios, sin ningún sustento técnico y jurídico”.

El organismo pidió que la iniciativa sea devuelta a la Asamblea Nacional para una revisión integral basada en criterios científicos, sostenibilidad ambiental y participación de especialistas.

El Comité de Arrecifes fue creado mediante la Ley 304 de 31 de mayo de 2022 y quedó constituido formalmente a través de la Resolución DM-0243-2025 del Ministerio de Ambiente.

Según la carta enviada a Mulino, está conformado por representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones científicas, sector turismo, academia, organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios, con el objetivo de formular recomendaciones técnicas para proteger los sistemas coralinos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con estos ecosistemas.

En su comunicación, el organismo advirtió que nunca fue consultado formalmente durante la discusión legislativa del Proyecto de Ley 571, pese a que la Ley 304 le otorga atribuciones vinculadas precisamente a la protección de arrecifes coralinos y ecosistemas asociados.

Los miembros del Comité cuestionaron que la iniciativa avanzara hasta tercer debate sin una revisión técnica más amplia ni participación de centros de investigación y especialistas en biología marina.

El proyecto impulsado por el diputado Benicio Robinson busca modificar y adicionar artículos a la Ley 304 de 2022 sobre protección integral de arrecifes coralinos.

Entre sus cambios principales, establece un tratamiento diferenciado entre arrecifes coralinos y pastos marinos. La iniciativa mantiene la prohibición absoluta de actividades que causen daños directos a arrecifes coralinos, pero permite que las actividades en áreas de pastos marinos puedan ser reguladas por el Ministerio de Ambiente bajo criterios técnicos y de sostenibilidad.

La propuesta legislativa fue presentada oficialmente el 17 de marzo de 2026 y aprobada en tercer debate el 29 de abril. En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que la legislación actual requiere ajustes para fortalecer la fiscalización, aclarar competencias institucionales y permitir mecanismos diferenciados de vigilancia ambiental en distintas zonas costeras del país.

El texto también argumenta que los arrecifes coralinos y los pastos marinos presentan dinámicas ecológicas distintas y, por tanto, requieren tratamientos regulatorios diferentes. lino

Mientras los arrecifes son descritos como ecosistemas extremadamente frágiles y de recuperación muy lenta, el proyecto señala que ciertos usos en áreas de pastos marinos podrían desarrollarse bajo supervisión técnica estricta.

Uno de los principales focos del debate ha sido Bocas del Toro. El propio proyecto menciona al archipiélago como un ejemplo de “alta vulnerabilidad” debido a la presión turística, navegación intensiva y presencia de arrecifes coralinos de importancia global.

La iniciativa plantea además la posibilidad de instalar boyas de amarre ecológicas para evitar daños provocados por embarcaciones que lanzan anclas sobre arrecifes coralinos.

Durante el primer debate legislativo participaron representantes del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, universidades, asociaciones municipales y organizaciones ambientales.

En esa discusión, representantes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) advirtieron que el proyecto podría terminar debilitando la protección existente, al trasladar parte de la regulación futura a reglamentaciones posteriores del Ministerio de Ambiente.

El diputado Benicio Robinson defendió la iniciativa argumentando que la Ley 304 de 2022 nunca fue reglamentada y que eso ha impedido su implementación efectiva en las comunidades costeras.

Según explicó durante el debate, el objetivo del nuevo proyecto es dotar de operatividad a la normativa y permitir soluciones prácticas para zonas como Bocas del Toro, donde existen tensiones constantes entre conservación ambiental y desarrollo turístico.

Precisamente, sectores empresariales y turísticos del archipiélago respaldaron modificaciones al marco legal vigente. En un pronunciamiento emitido el 10 de abril, la Cámara de Turismo de Bocas del Toro señaló que la legislación actual, aún sin reglamentación, estaba siendo interpretada en la práctica como una prohibición total de modificaciones, reparaciones o construcciones en áreas con presencia de pastos marinos.

La organización empresarial sostuvo que esta situación afectaría directamente actividades económicas esenciales para Bocas del Toro, incluyendo pequeños muelles, atracaderos, restaurantes y hoteles construidos sobre el mar.

La Cámara de Turismo de Bocas del Toro aseguró además que empresarios, ingenieros ambientales y representantes comunitarios solicitaron construir un marco legal que permitiera “conciliar la protección ambiental con el desarrollo humano”.

Sin embargo, el Comité de Arrecifes sostiene que cualquier flexibilización sobre ecosistemas marinos debe basarse primero en estudios científicos y criterios técnicos sólidos.

El diputado de la bancada Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, presentó una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el mecanismo utilizado por la Contraloría General de la República para enviar de licencia sin sueldo a funcionarios bajo investigación, una medida que ha provocado fuertes tensiones entre el contralor Anel “Bolo” Flores, la Asamblea Nacional y sectores jurídicos que cuestionan el alcance legal de esas acciones.

Cedeño confirmó que la demanda fue presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y está dirigida específicamente contra el punto del Decreto 90-2019-DNMySC que permite suspender salarios de funcionarios mientras se desarrollan investigaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de funciones públicas y el uso de recursos estatales.

“Estamos diciendo a la Sala Tercera que eso tiene vicio de ilegalidad”, afirmó el diputado. Según explicó, la acción legal sostiene que el decreto viola normas relacionadas con la carrera administrativa, la carrera legislativa y otros regímenes especiales del sector público.

Cedeño argumenta además que una licencia sin sueldo debe ser solicitada voluntariamente por el funcionario beneficiado y no impuesta unilateralmente por la Contraloría.

El parlamentario advirtió que permitir ese tipo de suspensión preventiva podría abrir la puerta a medidas similares contra jueces, magistrados, fiscales y funcionarios de otras instituciones del Estado. “Hoy puede ser cualquier funcionario de la Asamblea, mañana puede ser jueces, magistrados, fiscales y demás”, sostuvo.

La controversia se originó luego de que la Contraloría aplicara licencias sin sueldo a funcionarios vinculados a la Asamblea Nacional en medio de auditorías y verificaciones relacionadas con presuntas irregularidades en planillas y posibles casos de “botellas”.

La medida provocó denuncias de diputados independientes y de funcionarios afectados, quienes acusaron al contralor de actuar sin debido proceso y extralimitando sus funciones.

El Decreto 90-2019-DNMySC, emitido el 23 de diciembre de 2019 por la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría, establece que la licencia sin sueldo por investigación es una acción administrativa preventiva y no una sanción disciplinaria.

Según la normativa, el mecanismo busca permitir auditorías y verificaciones sobre asistencia, cumplimiento laboral y uso correcto de fondos públicos sin interferencias durante el proceso investigativo.

La normativa también establece que durante la vigencia de la licencia el funcionario deja de recibir salario mientras se desarrollan las verificaciones correspondientes.

Si la investigación concluye que el servidor público sí cumplía con sus funciones, se realiza el movimiento de retorno de licencia y se reactivan los pagos. En caso contrario, el expediente puede ser remitido a instancias como el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Hace unos días la Contraloría había señalando que la medida no constituye un castigo ni una destitución, sino una herramienta legal contemplada dentro de los procedimientos de fiscalización de acciones de personal.

La entidad sostuvo además que la licencia por investigación no es un mecanismo nuevo y que durante años anteriores también fue aplicada en distintos despachos legislativos sin distinción política.

Según la aclaración oficial emitida por la Contraloría, solo siete funcionarios había registrado suspensión de pagos como parte de procesos de verificación iniciados desde marzo. La institución aseguró además que el resto de los trabajadores investigados recibió sus salarios normalmente durante abril y defendió que las actuaciones se realizan “con apego a la ley y en defensa del buen uso de los recursos públicos”.

El conflicto escaló rápidamente y derivó en nuevas acciones legales contra el contralor Anel Flores. Diputados de la coalición Vamos, funcionarios afectados y abogados particulares presentaron denuncias ante el Ministerio Público y demandas ante la Corte Suprema de Justicia alegando posibles delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y violaciones al debido proceso por la retención de salarios en la Asamblea Nacional.

A esto se suma otra investigación abierta contra Flores relacionada con una presunta irrupción en la sede de la Fiscalía Anticorrupción ocurrida en abril de 2026, durante diligencias vinculadas a una investigación patrimonial contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

El Ministerio Público inició pesquisas sobre ese incidente, mientras la defensa del contralor sostiene que únicamente acudieron para proteger a auditoras de la institución que se encontraban realizando diligencias en el lugar.

Las acciones judiciales contra Flores se desarrollan en medio de un ambiente de alta tensión política entre la Contraloría y sectores independientes de la Asamblea Nacional, especialmente por las auditorías sobre planillas legislativas y las investigaciones relacionadas con presuntas “botellas”.

Mientras tanto, la Corte Suprema deberá decidir ahora si el mecanismo de licencia sin sueldo utilizado por la Contraloría se ajusta o no a la legislación panameña vigente.

La historia se repite. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar el número de magistrados de 20 a 32.

Tras un cambio que en 2022 redujo la cantidad a la veintena original, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32, blindando la mayoría chavista en una institución clave para el control del poder en Venezuela.

¿Por qué Chávez incrementó el número de miembros de la Sala Plena? El 11 de abril de 2002, el difunto comandante sufrió un golpe de Estado que lo sacó de Miraflores por unas 48 horas.

En agosto de ese mismo año, con una votación de 11 a 9, la mayoría del máximo juzgado determinó que el hecho no había sido una rebelión sino un “vacío de poder” que se había provocado por la supuesta renuncia del Presidente, lo que exoneraba a los jefes militares involucrados de ser procesados.

El líder revolucionario montó en cólera. “Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen moral, son unos inmorales. Lo que pusieron fue una plasta”, bramó.

En ese momento sobre el TSJ ejercía una gran influencia Luis Miquilena, mentor del propio Chávez y quien desde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente había intervenido directamente en la “remodelación” de los poderes públicos. Miquilena rompió públicamente con Chávez el mismo 11 de abril.

Tan pronto se alteró la composición del máximo juzgado, en marzo de 2005, la Sala Constitucional anuló el fallo que había favorecido a los oficiales relacionados con el golpe.

Alineados

En 2022, el chavismo decidió regresar a los 20 magistrados en el TSJ “a los fines de fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”, según plasmaron en la exposición de motivos de la reforma de la ley.

El resultado de esta transformación fue un máximo juzgado hecho a la imagen y semejanza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunciaron actores políticos y organizaciones civiles. Varios de los jueces tenían vínculos directos con la pareja presidencial, incluidos los presidentes de las salas Social, Edgar Gavidia Rodríguez, y Penal, Elsa Gómez, el primero hermano del ex esposo de Flores y la segunda tía de la ex esposa de un hijo de Flores.

El ataque de Estados Unidos del 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y Flores, ha dado pie a un “nuevo momento político”, en palabras de Delcy Rodríguez. Esta etapa vendría marcada por la renovación de las instituciones. La Asamblea Nacional ya nombró a un nuevo fiscal general, Larry Devoe, ficha cercana a la mandataria interina, que reemplazó en el cargo a Tarek William Saab, fiel a Maduro.

Si hace cuatro años el chavismo justificó la disminución de magistrados invocando “eficiencia, eficacia y efectividad”, en estos momentos aúpan el aumento declarando que es “una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

No más

“Se plantea nuevamente elevar el número de magistrados a 32, un cambio meramente cuantitativo que no implica una reforma significativa en un Poder Judicial que ni es autónomo ni es independiente”, reaccionó la ONG Acceso a la Justicia tras conocer el proyecto aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista.

Esta asociación civil recuerda que “varias veces se ha cambiado la composición del TSJ y la situación de la justicia no ha hecho sino empeorar: ¿por qué ahora sería diferente?”. “Aumentar el número de magistrados no es la solución a los gravísimos problemas del Poder Judicial, la solución es elegir magistrados imparciales”, sostiene.

En la misma línea, la ONG Provea expresa tajante: “No necesitamos más magistrados en el TSJ”. “Necesitamos que actúen con independencia, apegados a la Constitución y con su obligación de garantizar justicia conforme al derecho”, exige Provea, al advertir que “una reforma que no parta de estos principios no transforma el sistema, lo maquilla”.

Nuevos jefes

La fracción opositora en el Parlamento dijo verse sorprendida por la propuesta chavista, entregada apenas una hora antes de la primera discusión que se llevó a cabo el martes 5 de mayo.

“Claro que debemos avanzar hacia una reforma del sistema judicial venezolano, pero esa transformación tiene que construirse con responsabilidad, equilibrio y absoluto respeto constitucional”, manifestó el diputado Stalin González, jefe de la bancada que salvó su voto.

El abogado y profesor universitario Rafael Chavero Gazdik observó que “el aumento o reducción de magistrados del TSJ debe atender a criterios técnicos y estadísticos serios” como “número de sentencias, plazos de decisión y causas pendientes, entre otros. Nada de eso vimos en el debate de la AN”.

Chavero Gazdik alerta que este movimiento promovido por Delcy Rodríguez “huele a un nuevo ‘court-packing’”, término que se refiere a la manipulación del número de jueces para favorecer al gobierno en funciones.

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) rechazó la propuesta del Parlamento de realizar una reforma parcial de ley para aumentar el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32.

Según expresó la agrupación en su cuenta de X, “el aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia”.

La organización calificó la iniciativa como una “nueva maniobra” del Gobierno para “mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral”.

El partido opositor también afirmó: “Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad”.

Durante una sesión ordinaria transmitida por YouTube en el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley. Explicó que dicha modificación surge de un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, la reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral) tengan cinco magistrados cada una, dos más que actualmente; y que la Sala Constitucional pase a tener siete integrantes en lugar de cinco.

La reforma, que aún debe pasar por una segunda discusión, coincide con el proceso parlamentario de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes generadas por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

El diputado opositor Tomás Guanipa protestó en nombre del bloque parlamentario Libertad, señalando que recibieron el proyecto de ley a las 13:15, poco más de una hora antes de la sesión pautada para las 14:30 (18:30 GMT).

En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conformó una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el propósito de superar los “males que persisten” en el sistema judicial, marcado por el retardo procesal y la corrupción.

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, advirtió que la propuesta para regular las tasas de interés representa un riesgo directo de exclusión financiera, al señalar que, aunque quienes la impulsan aseguran que buscan reducir los costos para los clientes, en la práctica generará el efecto contrario.

“A primera vista, quienes lo proponen dicen que quieren ayudar a la gente a pagar menos intereses, pero la realidad es que cualquier intento de regular precios, especialmente tasas, va a crear barreras de acceso”, sostuvo, al referirse al impacto que tendría sobre los segmentos más vulnerables del sistema crediticio.

Berguido explicó que este tipo de medidas afectaría principalmente a pequeñas y medianas empresas, emprendedores, estudiantes, recién graduados e informales, al tratarse de perfiles considerados de mayor riesgo de repago.

Según detalló, estos clientes requieren tasas que reflejen ese nivel de riesgo, por lo que imponer topes o mecanismos de control provocaría que los bancos opten por reducir la oferta de crédito hacia estos grupos.

“Si se le pone un límite al precio del crédito, lo que vas a hacer es excluirlos del sistema formal”, indicó, al advertir sobre una contracción del financiamiento para quienes más lo necesitan.

El directivo también alertó sobre una consecuencia inmediata de esa exclusión: el desplazamiento de estos clientes hacia el mercado informal de préstamos, donde no existe regulación ni protección.

“Esas necesidades no desaparecen, entonces esas personas van a terminar buscando financiamiento con prestamistas informales, con agiotistas, que cobran hasta 10% diario”, señaló, al describir un escenario donde el acceso al crédito se vuelve más costoso y riesgoso para los usuarios.

A su juicio, este fenómeno no solo afecta a los clientes, sino que también debilita la estructura del sistema financiero.

Berguido agregó que la regulación de tasas tendría además un impacto directo en la capacidad operativa de los bancos, ya que implicaría una reducción de los recursos disponibles para prestar, especialmente en segmentos de mayor riesgo.

“Seguramente se reducirá la cantidad de recursos para prestar a esos sectores”, afirmó, al insistir en que la medida generaría un efecto contrario al buscado, al limitar el acceso en lugar de ampliarlo. Esta advertencia se suma a la preocupación del sector sobre posibles distorsiones en el mercado crediticio.

El proyecto de ley 552, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, fue aprobado en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional y busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario .

Entre sus principales disposiciones, plantea la obligación de detallar la tasa inicial, el método de cálculo, el índice de referencia y los límites aplicables, así como la incorporación del principio de simetría, que obligaría a reducir las tasas cuando bajen las condiciones del mercado.

La iniciativa también establece límites a las penalidades por incumplimiento, fijando un tope de hasta 20% del capital prestado, además de prohibir modificaciones unilaterales en los contratos y exigir mayor claridad en la liquidación final de las deudas.

Asimismo, propone la creación de una vía administrativa para la prescripción de deudas, lo que permitiría reducir tiempos y costos para los usuarios en comparación con procesos judiciales tradicionales.

Actualmente, el proyecto se mantiene en pausa, debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en receso legislativo, por lo que será hasta el inicio de la próxima legislatura en julio cuando se defina si la propuesta avanza a discusión en el pleno del Legislativo.

Este escenario mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa, que enfrenta posiciones divididas entre sus promotores y el sector bancario.

El debate no es nuevo. Una propuesta anterior sobre prescripción de deudas, también impulsada por Cedeño, fue aprobada por la Asamblea, pero posteriormente vetada por el presidente José Raúl Mulino, tras fuertes cuestionamientos del Banco Nacional de Panamá y de la Asociación Bancaria, que advirtieron sobre su impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero . Ese antecedente refuerza la tensión actual en torno a las reformas al crédito.

Mientras los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa busca proteger a los consumidores y corregir prácticas abusivas, el sector bancario insiste en que cualquier intervención en las tasas puede generar distorsiones, menor acceso al crédito y mayor informalidad.

Con el proyecto en espera, el tema se perfila como uno de los principales debates económicos de los próximos meses, en un contexto donde la inclusión financiera, la regulación y la estabilidad del sistema se encuentran en juego.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 510, que tipifica el fraude de paternidad como delito en Panamá, una iniciativa que ahora queda en manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir entre sancionarla o vetarla, en un contexto donde el Ejecutivo ha vetado múltiples leyes en las últimas semanas.

La propuesta introduce cambios significativos en el Código Penal y busca llenar un vacío legal que hasta ahora no tenía una regulación específica.

El proyecto establece que el fraude de paternidad será castigado con penas de prisión de dos a cinco años, además de multas que van de 100 a 500 días-multa, cuando una persona induzca, mediante engaño u ocultamiento, a un hombre a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.

La iniciativa también contempla agravantes que pueden incrementar la pena hasta en la mitad, especialmente si el engaño se mantiene por más de cinco años o si hay múltiples menores afectados .

De acuerdo con el contenido aprobado, el delito se configura cuando existe una conducta dolosa orientada a ocultar, alterar o falsear información sobre la paternidad biológica, generando consecuencias patrimoniales, jurídicas y emocionales para la persona afectada.

La norma deja claro que no se trata de un simple error o disputa civil, sino de una acción deliberada que busca engañar y obtener beneficios o imponer obligaciones indebidas.

Uno de los elementos centrales del proyecto es que introduce el principio de la verdad biológica como base del estado civil de las personas, estableciendo que en casos de fraude la acción para impugnar la paternidad será imprescriptible, es decir, que podrá ejercerse en cualquier momento si se demuestra que existió engaño. Esto busca evitar que el paso del tiempo consolide situaciones injustas basadas en la mentira .

Además, la propuesta establece que en todo proceso judicial relacionado con este tipo de casos, el juez deberá ordenar pruebas científicas como el ADN, lo que refuerza el carácter técnico y objetivo del proceso.

Incluso, la negativa injustificada a realizarse estas pruebas podrá ser considerada como indicio grave en contra de la persona que se oponga, fortaleciendo así el sistema probatorio.

En caso de que un tribunal declare probado el fraude, la ley establece que se procederá a la cancelación de la filiación en el Registro Civil, el cese de todas las obligaciones legales futuras del afectado, y se garantizará el derecho del menor a reclamar su verdadera filiación biológica.

Sin embargo, el proyecto incorpora salvaguardas para asegurar que el niño o niña no quede en estado de desprotección, manteniendo la tutela del Estado sobre sus derechos fundamentales .

Otro punto relevante es que el afectado podrá ejercer un derecho de repetición contra el verdadero padre biológico, en caso de que este haya tenido conocimiento de su paternidad y haya permitido el fraude.

Este mecanismo busca trasladar la responsabilidad hacia quien corresponde, evitando que el impacto económico y legal recaiga únicamente sobre la persona engañada.

El proyecto surge, según su exposición de motivos, ante la ausencia de una regulación clara en el ordenamiento jurídico panameño, donde actualmente solo existe la figura de la impugnación de paternidad en el ámbito civil, la cual está sujeta a plazos y limitaciones que resultan insuficientes cuando el reconocimiento del menor fue producto de un engaño doloso.

En la práctica, muchos casos se descubren años después, cuando ya se han generado vínculos afectivos y obligaciones económicas sostenidas.

Durante el debate legislativo, el proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, sostuvo que la iniciativa tiene un carácter principalmente disuasivo, más que punitivo, y busca prevenir este tipo de conductas mediante la existencia de una sanción penal.

También se dejó claro que la norma no pretende ir en contra de la mujer, sino sancionar una conducta específica que afecta a la familia, al menor y al sistema jurídico.

El texto aprobado subraya que el objetivo es armonizar derechos, protegiendo tanto el interés superior del menor como los principios de buena fe, seguridad jurídica y justicia material, evitando que el fraude quede impune.

La iniciativa también reconoce el derecho del niño a conocer su verdadera identidad biológica, en línea con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De ser sancionada, la ley representaría un cambio estructural en la forma en que Panamá aborda los conflictos de filiación y las responsabilidades derivadas de estos.

La discusión sobre el fraude de paternidad abre un nuevo frente en el debate jurídico y social del país, al introducir el ámbito penal en un tema tradicionalmente tratado en la esfera civil.

Mientras algunos lo ven como un avance en materia de justicia, otros advierten sobre sus implicaciones legales y sociales, en un contexto donde la decisión final estará en manos del Ejecutivo.

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la discusión del Proyecto de Ley 443, que propone el uso obligatorio de etanol en la gasolina, destacando la necesidad de aprovechar el receso legislativo para ampliar las consultas y fortalecer el debate técnico sobre una iniciativa que considera clave para el desarrollo del país.

El gremio planteó que este periodo debe servir para construir consensos, informar a la población y aclarar dudas sobre el alcance de la propuesta.

La medida legislativa, aprobada con 55 votos a favor y una abstención, detuvo el segundo debate de un proyecto que busca establecer una mezcla obligatoria de 10% de etanol en los combustibles, en un contexto donde los diputados argumentaron que la ciudadanía requiere mayor información sobre sus impactos.

La principal preocupación de algunos diputados es el carácter obligatorio de la medida, que, en su opinión, podría vulnerar el derecho de la población a escoger. También advierten que la iniciativa no establece un proceso claro de reclamo ni define qué entidad sería responsable de tramitar eventuales quejas en caso de desperfectos en vehículos, si se lograra atribuir la causa al combustible.

Igualmente, se ha cuestionado que pocos actores participarían en el negocio del etanol. Incluso, durante el debate público se han mencionado señalamientos sobre presuntos intereses personales de autoridades actuales en la aprobación de la iniciativa, aunque esas afirmaciones no han sido sustentadas públicamente con pruebas concluyentes.

El Órgano Legislativo entró en receso y retomará sus funciones el 1 de julio, lo que extiende la discusión de una política que ha sido objeto de debate durante más de una década.

Desde AZUCALPA, se valoró la pausa como una oportunidad para profundizar el diálogo, insistiendo en que el proyecto representa una política pública moderna basada en evidencia técnica, con potencial para generar beneficios económicos, sociales y ambientales.

El gremio subrayó que los próximos meses serán determinantes para alcanzar acuerdos, en medio de cuestionamientos que han desplazado la discusión hacia aspectos políticos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió a la suspensión del proyecto, señalando que el debate fue desviado de su base técnica hacia la especulación.

“El tema del etanol se sacó completamente del contexto técnico para llevarlo al ámbito de la maledicencia y la confrontación”, afirmó el mandatario, quien confirmó que sostuvo conversaciones con diputados ante la preocupación generada por el rumbo del proyecto.

Mulino reconoció que, tras la decisión legislativa, no se implementará el uso obligatorio del etanol en el corto plazo, lo que —según indicó— representa un impacto directo en la generación de empleo.

El mandatario advirtió que la medida implicaba inversiones multimillonarias y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para productores agrícolas, especialmente en el sector de la caña de azúcar.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, sostuvo el presidente, al tiempo que cuestionó que la discusión se haya centrado en intereses y especulaciones en lugar de evaluar los beneficios técnicos del proyecto.

En ese contexto, AZUCALPA destacó que la implementación del programa podría generar cerca de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a oportunidades laborales es más limitado. El gremio advirtió que cada mes de retraso en la discusión implica menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo económico para el país.

El proyecto también contempla un impulso significativo a la producción agrícola, con estimaciones que apuntaban a la incorporación de 35,000 hectáreas adicionales de cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra y diversificando la producción hacia el mercado de biocombustibles.

Esto cobra relevancia en un contexto donde el área sembrada ha venido en disminución en los últimos años, pasando de más de 40,000 hectáreas a cerca de 24,000 en el periodo reciente.

Además del componente económico, el gremio resaltó que el uso de etanol permitiría avanzar hacia una mayor resiliencia energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a una transición energética más sostenible. Este enfoque también tiene implicaciones en materia ambiental y de salud pública, al promover combustibles con menor impacto contaminante.

La discusión del proyecto se produce en un escenario donde Panamá ha intentado implementar el uso de biocombustibles desde 2013, sin lograr concretar la medida en distintos intentos legislativos.

La actual propuesta representa uno de los esfuerzos más estructurados, respaldado por instituciones como la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En medio de este panorama, AZUCALPA reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con autoridades, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de aportar información técnica y evidencia que permita retomar el proyecto con mayor respaldo. El gremio insistió en que el debate debe centrarse en datos verificables y análisis integral, evitando que factores externos desvíen una discusión que considera estratégica para el país.

La pausa legislativa, lejos de cerrar el tema, abre un nuevo capítulo en el debate sobre el etanol en Panamá. El reto será equilibrar las preocupaciones sociales, económicas y técnicas, en busca de una decisión que defina el rumbo de la política energética y agrícola en los próximos años.

Delcy Rodríguez ya cocina la enésima renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la misma línea de sus predecesores, la flamante presidenta encargada de Venezuela prepara una sacudida que dejará entre sus damnificados a figuras muy cercanas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habían diseñado un Poder Judicial a su imagen y semejanza.

Una docena de los 20 magistrados que conforman el TSJ abandonaría definitivamente sus cargos, según versiones extraoficiales. Ocho saldrían jubilados. En esa lista destacan dos miembros de la Sala Penal, Maikel Moreno y Elsa Gómez, que han estado envueltos en polémicas por acusaciones de corrupción.

Ficha de confianza de la pareja Maduro-Flores, Moreno presidió el máximo tribunal del país entre 2017 y 2022. Sobre él pesan sanciones de 42 naciones, las más importantes de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Además, la cabeza de Moreno tiene precio: Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por datos que faciliten su captura, pues la justicia norteamericana lo persigue por su presunta participación en el crimen organizado transnacional, recepción de sobornos y lavado de dinero.

Moreno estaba al frente del TSJ el 30 de abril de 2019, cuando hubo un intento de golpe de Estado contra Maduro. El dirigente opositor Leopoldo López aseguró que el magistrado formaba parte del complot, pero que al final no cumplió con el compromiso que había asumido de dictar una sentencia a favor del levantamiento.

Tras aquel turbulento episodio, corrió el rumor de que Maduro lo borraría de la institución. Al final, logró recuperar la confianza del líder chavista y fue ratificado en 2022 por otro período de 12 años. Con Delcy Rodríguez en Miraflores, se apagó la estrella de Moreno.

La familia

En la rampa de salida igualmente se encuentra Elsa Gómez. En 2013, la propia Sala Constitucional del TSJ determinó que cometió un “error inexcusable” y actuó “de forma grotesca” cuando, en su condición de jueza de la Corte de Apelaciones de Caracas, favoreció a un general del Ejército condenado por corrupción.

Presidenta de la Sala Penal, públicamente ha sido cuestionada por presuntamente ejercer presiones indebidas en los tribunales y encabezar la persecución judicial contra la disidencia, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Gómez es tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores.

Al marginar a Moreno y Gómez, Delcy Rodríguez saca a dos de los tres togados que conforman la Sala Penal. La presidenta encargada ha anunciado una reforma del sistema penal para supuestamente combatir el retardo procesal, superar la criminalización de la pobreza y erradicar la corrupción.

“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del pueblo de Venezuela todo lo relacionado al acceso a la justicia, que sea un acceso a la justicia oportuna”, expresó la mandataria interina.

Otro jubilado es el jefe de la Sala Social y primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia Rodríguez. Militante del extinto Movimiento Quinta República, partido fundado por Hugo Chávez, es hermano del primer esposo de Cilia Flores.

Gran prueba

De los 20 magistrados principales, actualmente solo uno podría ser vinculado con factores de oposición. La renovación del TSJ, proceso que impulsa la Asamblea Nacional -presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez-, se convierte en una nueva prueba para medir la disposición del chavismo con respecto a una apertura democrática.

“Los venezolanos claman por instituciones serias, que sean independientes y que estén al servicio de la gente”, recalcó el diputado opositor Henrique Capriles Radonski, quien subrayó que este proceso es “muy importante” con el fin de “seguir luchando para que el país tenga un sistema de justicia que funcione para los venezolanos”.

La cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada por el chavismo para imponer sus posiciones y asfixiar a la disidencia. “En 2024, el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral, profundizando con ello la falta de credibilidad y transparencia de los resultados informados por el Poder Electoral", recordó la ONG Provea.

El refrescamiento del máximo juzgado no solo es seguido con atención por la sociedad venezolana. El gobierno de Estados Unidos también observa detenidamente los movimientos de Delcy Rodríguez, consciente de que el Poder Judicial es clave para una transición democrática en Venezuela.

Panamá se enfrenta desde este lunes a la aprobación o no del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina.

La medida, a tomarse en la Asamblea Nacional marcha a contrarreloj, toda vez que el Órgano Legislativo entra el jueves en el periodo de recesión de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio, a menos que el presidente José Raúl Mulino llame a sesiones extraordinarias.

El miércoles pasado el debate volvió al hemiciclo en medio de custionamientos sobre su viabilidad y posibles efectos adversos en el mercado.

La intención de utilizar el biocombustible en las gasolinas ya fracasó en 2013, 2014 y en 2024.

La pasada administración del presidente Laurentino Cortizo tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

En el país el área sembrada de caña ha ido en declive: 40,555 hectáreas durante el año agrícola 2016-2017, cifra que bajó a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica el uso obligatorio en la gasolina de un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), que reconoce que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible de origen biológico utilizado a escala global. Más de 60 países ya lo han incorporado en su matriz energética, en general con mezclas al 10%, como se propone en Panamá. Hoy tenemos la gran seguridad de que funciona perfectamente en todos los motores mejorando la combustión en los automóviles”, afirmó durante una visita al país el especialista Internacional en Biocombustibles del IICA, Agustín Torroba.

En Panamá el tema de los biocombustibles cobra cada vez más mayor beligerancia, y en septiembre próximo la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Azucalpa realizarán lo que han denominado la “Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos 2026”.

El evento girará bajo el lema “Descarbonizando la tierra, los cielos y los mares” y girará en torno a combustibles sostenibles de aviación, biocombustibles marítimos y biocombustibles terrestres.

La Cumbre se dará, según sus organizadores, en un contexto donde el mercado global de biocombustibles líquidos continúa consolidando su tendencia alcista.

Así, indican que en 2024 la producción mundial superó los 197 millones de m³, registrando un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 53% acumulado en la última década. El consumo global alcanzó los 185 millones de m³, con un alza anual del 5%.

Los biocombustibles son una de las formas más rápidas de descarbonizar el transporte, no sólo terrestre, sino que son una de las pocas vías para reducir las emisiones en sectores de difícil descarbonización, como el de la aviación y el marítimo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decidió vetar tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, al devolverlos sin sanción y solicitar un nuevo análisis por parte de los diputados, al considerar que presentan problemas de constitucionalidad, inconveniencia y riesgos para el sistema económico y administrativo del país.

Las iniciativas objetadas corresponden a los proyectos de ley 388, 233 y 249, relacionados con la prescripción de deudas bancarias, el cobro de tributos municipales y la reducción del gasto en alquileres estatales, respectivamente, todos aprobados recientemente en el pleno legislativo.

En el caso del proyecto de ley 388, el Ejecutivo fue categórico al advertir que la propuesta es “inconveniente e inexequible”, al plantear que permitiría a los bancos reconocer de forma administrativa la prescripción de deudas sin intervención judicial, lo que podría generar conflictos con el marco legal vigente y afectar el sistema financiero.

La iniciativa buscaba establecer un procedimiento mediante el cual las entidades financieras pudieran extinguir obligaciones crediticias tras un plazo de tres años, sin necesidad de un proceso judicial, trasladando el trámite al Sistema de Atención de Reclamos (SAR) y permitiendo incluso el llamado “silencio administrativo positivo” como mecanismo de validación.

Además, el proyecto obligaba a los bancos a informar de manera clara al cliente sobre el estado de la deuda, intereses, plazos y cualquier interrupción del período de prescripción, y contemplaba que, de aprobarse la solicitud, la obligación debía eliminarse de los registros internos y de los burós de crédito, generando efectos legales plenos.

También incluía un esquema de supervisión compartida entre la Superintendencia de Bancos y la ACODECO, con sanciones que podían ir desde $5,000 hasta $50,000 por incumplimientos, lo que ampliaba el alcance regulatorio sobre el sistema financiero en materia de protección al consumidor.

Para el mandatario, este enfoque no solo contradice normas existentes, sino que además podría vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial, al trasladar una decisión legal a la esfera administrativa, lo que también genera dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En esa misma línea, la Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a más de 50 entidades entre bancos de licencia general e internacional, advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el acceso al crédito, afectando a personas, familias y empresas, además de generar incertidumbre en el mercado financiero.

En cuanto al proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 sobre la administración y cobro de tributos municipales, el presidente presentó objeciones parciales, especialmente sobre los primeros artículos, al considerar que podrían alterar la estructura fiscal de los municipios y generar inconsistencias en su aplicación.

Esta iniciativa introducía cambios en aspectos como el impuesto de degüello de ganado, los mecanismos de control y las sanciones, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad de actividades económicas vinculadas al sector agropecuario, además de mejorar la recaudación municipal.

El proyecto establecía que el impuesto debía pagarse en el municipio de origen del animal, obligando a contar con una licencia o guía de traslado, y definía controles más estrictos para verificar la procedencia del ganado y evitar irregularidades en su comercialización.

Asimismo, imponía sanciones a quienes comercialicen carne sin la guía de degüello correspondiente, con multas que podían ir desde $50 hasta $1,000, duplicándose en caso de reincidencia, además de permitir inspecciones municipales para reforzar el control sanitario y fiscal.

No obstante, el Ejecutivo considera que algunas de estas modificaciones requieren un análisis más profundo, al poder afectar la forma en que los municipios gestionan sus ingresos y ejercen sus competencias administrativas.

El tercer proyecto vetado, el 249, buscaba reducir el gasto en alquiler de oficinas del sector público mediante un plan escalonado de disminución del gasto y la construcción de infraestructura estatal propia, en respuesta al crecimiento sostenido de este rubro en el presupuesto nacional.

Según el documento, el Estado panameño destina más de $105 millones anuales al alquiler de edificios y locales, lo que representa alrededor del 0.35% del presupuesto general, una cifra que ha aumentado de forma significativa en la última década.

El proyecto planteaba que todas las entidades del Estado debían elaborar planes para reducir progresivamente estos gastos, incluyendo la construcción de edificios propios, la reutilización de estructuras existentes y la creación de ciudades gubernamentales en cada capital de provincia.

Además, establecía metas obligatorias de reducción del gasto en alquiler, que iban desde 10% en 2027 hasta 50% en 2037, junto con la fijación de precios máximos por metro cuadrado para contratos de arrendamiento supervisados por la Contraloría.

La iniciativa también contemplaba la reubicación de oficinas públicas fuera del corregimiento de San Felipe y la eliminación de gastos en alquiler de salones para eventos, promoviendo el uso de infraestructura estatal como medida de ahorro.

Sin embargo, el presidente objetó varios artículos, al considerar que comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, establecidas en el artículo 280 de la Constitución, y que podrían generar distorsiones en la planificación financiera del Estado.

Mulino también cuestionó disposiciones que involucran a la Contraloría General de la República, al estimar que su redacción podría generar conflictos institucionales o interpretaciones ambiguas en la ejecución de la ley.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir si modifica las iniciativas, insiste en su aprobación o las archiva, en un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos órganos del Estado.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 502, una iniciativa que introduce cambios estructurales al manejo del Presupuesto General del Estado con el objetivo de reducir la discrecionalidad, fortalecer la disciplina fiscal y establecer reglas más estrictas sobre el uso de los recursos públicos en Panamá.

El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Gaitán, plantea una reforma integral al sistema presupuestario, al establecer un marco normativo que regula la formulación, ejecución y control del gasto público, con énfasis en la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas, en un contexto donde se busca mejorar la calidad institucional y la confianza ciudadana en la gestión fiscal.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un piso mínimo de inversión pública, que obliga al Gobierno Central a destinar al menos el 20% del gasto primario a inversión, con una meta de aumento progresivo hasta el 25% en un plazo de cinco años, lo que busca reorientar el gasto hacia proyectos de infraestructura, desarrollo económico y capital humano, en lugar de priorizar el gasto corriente.

En paralelo, la iniciativa establece un límite al crecimiento del gasto corriente, el cual no podrá superar el crecimiento real del PIB potencial, una medida que apunta a contener el aumento de la planilla estatal y otros gastos operativos, evitando presiones adicionales sobre el déficit fiscal y promoviendo una mayor sostenibilidad financiera a mediano plazo.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la regulación de subsidios, al fijar un límite global del 20% del gasto primario para subsidios y transferencias corrientes, además de exigir que cualquier nuevo subsidio tenga objetivos claros, duración definida, mecanismos de focalización y evaluaciones periódicas, lo que busca eliminar programas ineficientes o que no generen impacto comprobable.

La propuesta también introduce controles sobre el gasto tributario, es decir, los beneficios fiscales como exoneraciones o incentivos, estableciendo que su costo no podrá superar el 6% del PIB, salvo en situaciones excepcionales, además de exigir estudios de impacto, plazos definidos y cláusulas de caducidad, con el fin de evitar pérdidas de ingresos sin justificación económica.

En materia de endeudamiento público, el proyecto establece principios más estrictos al prohibir el uso de deuda para financiar planilla o gastos corrientes, salvo en casos de emergencia nacional, y obliga a vincular el financiamiento con proyectos de inversión productiva, reforzando la idea de que el endeudamiento debe generar retorno económico y no cubrir gastos operativos del Estado.

Asimismo, se establecen reglas más rigurosas para las modificaciones presupuestarias, incluyendo la obligación de presentar un informe técnico detallado que justifique cualquier cambio, identifique su impacto fiscal y garantice la trazabilidad de los recursos, con el fin de evitar ajustes discrecionales que alteren la composición del gasto aprobado por la Asamblea.

El proyecto también introduce límites a las partidas discrecionales, fijando topes porcentuales y restringiendo su uso a situaciones específicas como emergencias de salud, desastres o apoyo social focalizado, además de exigir la publicación periódica de su ejecución, en un intento por cerrar espacios a posibles usos indebidos de fondos públicos.

En términos de ejecución, la iniciativa establece que las entidades deberán alcanzar al menos un 85% de ejecución en inversión pública, y contempla sanciones administrativas en caso de incumplimiento reiterado, incluyendo reducciones presupuestarias y comparecencias ante la Asamblea, lo que introduce un elemento de presión institucional para mejorar la eficiencia del gasto.

Finalmente, la propuesta incorpora mecanismos de transparencia y participación, como la creación del Presupuesto Ciudadano y la obligación de publicar información en datos abiertos, además de incluir a la sociedad civil en el proceso de formulación presupuestaria, con el objetivo de fortalecer el control social y mejorar la comprensión pública del uso de los recursos del Estado.

Analistas políticos advierten que, de aprobarse el proyecto en el pleno, podrían generarse choques entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, especialmente por el establecimiento de reglas rígidas sobre la asignación del gasto. Señalan que la actual administración ya ha manifestado su inconformidad con normas que fijan porcentajes obligatorios del presupuesto o del PIB para sectores específicos, como ocurre con la educación, al considerar que este tipo de disposiciones limita la flexibilidad fiscal y la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 552, una iniciativa que busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario panameño.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, apunta a prácticas cuestionadas por usuarios, como el aumento de tasas sin ajustes a la baja, en un contexto donde el crédito es una herramienta clave para el acceso a financiamiento.

El proyecto plantea modificar el marco legal vigente para obligar a los bancos a detallar elementos como la tasa inicial, la metodología de cálculo, el índice de referencia y el límite máximo aplicable durante la vida del crédito.

Además, introduce la exigencia de que las tasas variables se basen en indicadores objetivos, públicos y verificables, evitando que dependan exclusivamente de decisiones internas.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la incorporación del principio de simetría en las tasas de interés, que obligaría a las entidades a reducirlas cuando el índice de referencia disminuya.

Actualmente, según el proponente, esto no ocurre de forma consistente. También se establece la prohibición de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, reforzando la seguridad jurídica y la protección del cliente.

El proyecto también introduce límites a las penalidades por incumplimiento, estableciendo que los recargos no podrán superar el 20% del capital originalmente prestado y que deben ser proporcionales y claramente definidos.

Además, obliga a los bancos a presentar una liquidación final detallada, evitando la acumulación de cargos adicionales que eleven la deuda .

Para el diputado Ernesto Cedeño, la iniciativa responde a quejas de clientes sobre aumentos en tasas basados en variables externas que luego no se traducen en reducciones.

El proyecto también plantea crear una vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas sin procesos judiciales, lo que reduciría costos y tiempos para los usuarios.

La Superintendencia de Bancos de Panamá tendría un rol central en la aplicación de la ley, con facultades para fiscalizar, regular y sancionar incumplimientos, además de establecer índices de referencia y ordenar la eliminación de cláusulas contractuales contrarias a la normativa .

Este proyecto representa el segundo intento del diputado Ernesto Cedeño de introducir cambios relevantes en el sistema bancario panameño. Su iniciativa anterior sobre el manejo de deudas fue vetada por el presidente José Raúl Mulino y rechazada por el sector financiero, lo que evidencia la tensión existente entre las propuestas de reforma y la posición de la banca.

En ese antecedente, el sector bancario advirtió que propuestas similares podrían generar incertidumbre, mayores costos y restricciones en el crédito, afectando a familias y pequeñas empresas. También alertó sobre el riesgo de incentivar el incumplimiento, debilitando la cultura de pago y presionando la estabilidad del sistema financiero.

En contraste, el nuevo proyecto introduce cambios más amplios al exigir que todas las condiciones relacionadas con tasas sean claras, visibles y previamente definidas. Esto incluye detallar el método de cálculo, los índices utilizados y los topes máximos, elementos que hoy no siempre están transparentes para los clientes.

La propuesta también prohíbe la modificación unilateral de condiciones durante la vigencia del crédito sin consentimiento del cliente, reforzando la previsibilidad, estabilidad y equilibrio contractual en la relación entre bancos y usuarios.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde enfrentará un debate más amplio entre diputados, sector bancario y Ejecutivo. El resultado será clave para definir si Panamá introduce cambios estructurales en su sistema de crédito o mantiene el modelo actual con ajustes parciales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el proyecto de ley 331 que buscaba desarrollar y fomentar el turismo deportivo, al advertir que la iniciativa presenta riesgos fiscales, vacíos legales y posibles conflictos de competencias entre instituciones del Estado.

La decisión del Ejecutivo frena, por ahora, la entrada en vigor de una norma que pretendía posicionar al país como destino de eventos deportivos internacionales y fortalecer el desarrollo económico a través del turismo.

La propuesta legislativa, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, planteaba impulsar el turismo deportivo como una estrategia económica, social y cultural, promoviendo la organización de eventos nacionales e internacionales, así como la inversión en infraestructura deportiva y la integración con el ecoturismo y la riqueza cultural del país .

Además, establecía mecanismos para dinamizar economías locales mediante circuitos turísticos vinculados a actividades deportivas en distintas regiones.

Sin embargo, en una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó que, tras evaluar observaciones de múltiples entidades públicas, se detectaron disposiciones que podrían generar desorganización institucional, superposición de funciones y vulneración de la autonomía municipal.

Entre las instituciones que emitieron criterios figuran el Ministerio de Educación (Meduca), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras.

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo se centra en aspectos relacionados con la regulación sanitaria y los procesos de certificación de circuitos turísticos deportivos.

Según el análisis oficial, el proyecto no establece con claridad que las autorizaciones sanitarias sean un requisito previo obligatorio, lo que podría permitir la validación de actividades sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente, generando riesgos para la salud pública.

El Ejecutivo también objetó varias disposiciones por inconvenientes técnicos y administrativos, incluyendo el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12, así como artículos vinculados a certificación, control sanitario y promoción de la salud.

Estas observaciones apuntan a inconsistencias en la forma en que se asignan responsabilidades entre entidades como Pandeportes y la Autoridad de Turismo de Panamá, lo que podría derivar en conflictos operativos.

Uno de los puntos más sensibles del veto parcial fue la objeción del artículo 19, que proponía la creación del Fondo Nacional de Turismo Deportivo, destinado a financiar proyectos, promover eventos y apoyar a comunidades locales. Aunque el Ejecutivo reconoce que el objetivo es positivo, advirtió que la propuesta presenta deficiencias técnicas, administrativas y constitucionales, lo que hace inviable su implementación en los términos planteados.

El proyecto de ley también incluía una amplia estructura de incentivos y beneficios, como acceso a financiamiento preferencial, programas de capacitación, promoción internacional y participación en fondos multilaterales, con el objetivo de atraer inversión y consolidar a Panamá como un destino competitivo en este segmento .

Asimismo, contemplaba la creación de circuitos turísticos deportivos certificados, con requisitos específicos en materia de infraestructura, acceso, servicios básicos y sostenibilidad.

En su exposición de motivos, la iniciativa resaltaba que el turismo representa cerca del 11% del producto interno bruto de Panamá, generando aproximadamente $5,000 millones en divisas y miles de empleos directos e indirectos, lo que sustenta la apuesta por diversificar la oferta turística mediante el deporte.

Además, destacaba el potencial del país para albergar eventos como maratones, triatlones, competencias de ciclismo y actividades acuáticas, aprovechando su ubicación geográfica y diversidad natural.

No obstante, el Ejecutivo considera que, pese al potencial del turismo deportivo, la propuesta requiere ajustes estructurales para garantizar coherencia institucional, seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.

Con la objeción parcial, el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán analizar las observaciones y decidir si acogen los cambios, modifican el texto o insisten en su aprobación original.

El debate sobre esta iniciativa pone en evidencia la necesidad de equilibrar el impulso a nuevas actividades económicas con marcos regulatorios sólidos y coordinación efectiva entre entidades públicas, especialmente en sectores estratégicos como el turismo.

La decisión final marcará el rumbo de una política que busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad en su forma actual.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el domingo 19 de abril que “esta semana estaremos instalando la gran consulta nacional por la nueva justicia” que, según sus palabras, tendría como fin construir “un sistema de justicia verdaderamente humano”, que no “criminalice la pobreza” y ofrezca “mecanismos alternativos a la privación de libertad”.

Los más optimistas -que los hay- creen que allanaría el camino hacia una reinstitucionalización que eventualmente conduciría a la democracia. Los más pesimistas -que son la mayoría- temen que se trate de un reacomodo de fichas para afianzar a la nueva mandamás del chavismo.

Sin embargo, más allá de esos objetivos, en el fondo asoma la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), espacio clave para el control del poder donde Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, líder del Parlamento, no tienen figuras de su confianza.

Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro aprobaron en su momento grandes reformas para garantizar su tutela sobre el TSJ. Integrada por militantes del oficialismo, la cúpula del Poder Judicial ha sido utilizada como ariete contra la oposición hasta llegar al extremo de prácticamente asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral, para convalidar la proclamación del triunfo de Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.

Ahora corre el rumor de que al menos 12 de los 20 magistrados que conforman la máxima instancia judicial de Venezuela pasarían a retiro para ser sustituidos por la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez.

De fondo

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, subraya que la transformación del sistema de justicia en Venezuela no puede limitarse a un canje de nombres.

“Esto no pasa por un cambio de funcionarios sino por reconocer que en el país opera un sistema de injusticia, porque la justicia no es ni imparcial ni independiente”, acota el experto legal.

Daniels sostiene que el Poder Judicial venezolano requiere “jueces y magistrados que decidan, no que obedezcan” al gobierno chavista. “Es necesario que jueces y magistrados sean capaces de dictar sentencias contrarias a los deseos e intereses del poder, cosa que no ha ocurrido en más de 20 años. Sin eso, cualquier cambio es cosmético”.

El defensor de Derechos Humanos recuerda los testimonios de centenares de presos políticos que escucharon de boca de los jueces decir que no dictaban un fallo “porque no hemos recibido instrucciones sobre su caso”. Igualmente, alerta sobre la corrupción en los tribunales venezolanos y su impacto negativo en la administración de justicia.

“La convocatoria de la presidenta encargada es muy genérica, no se sabe la amplitud, profundidad y las verdaderas intenciones que se esconden allí, pero esto no pasa por cambiar nombres sino por medidas estructurales”, insiste el portavoz de Acceso a la Justicia.

¿Esperanza?

Los cambios en el TSJ ocurrirán en un momento muy particular, tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Bajo la presión de Washington y ante la exigencia social de una apertura hacia la democracia, el “refrescamiento” podría servir para incorporar a abogados independientes que contribuyan a equilibrar las fuerzas dentro de la institución.

No obstante, los antecedentes no son muy halagüeños. La reciente renovación de la Fiscalía General de la República se redujo a la salida de una pieza de Maduro para que entrara una de los Rodríguez, que de esa manera se aseguraron el manejo del organismo que monopoliza la acción penal en Venezuela.

A la expectativa de cómo puedan evolucionar los hechos, un diputado opositor que prefiere reservar su identidad razona: “Para desarrollar su agenda, Delcy Rodríguez necesita tomar el poder y eso aún no lo tiene. Por eso la importancia del TSJ”.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que habilita la entrada de capital privado y extranjero al sector minero del país. La decisión se tomó en medio de un renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano y tras la flexibilización de restricciones para el comercio de este recurso.

La normativa, que reemplaza la legislación vigente desde hace más de dos décadas, fue sancionada por unanimidad tras un extenso debate en el parlamento controlado por el chavismo.

La ley de minas, compuesta por 131 artículos, deroga la norma de 1999 instaurada durante el mandato de Hugo Chávez, que establecía un régimen de control estatal sobre los recursos minerales.

Las empresas y consorcios nacionales, estatales y extranjeros podrán explotar oro y otros minerales estratégicos bajo concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.

Entre las disposiciones centrales, la normativa prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles que adquieran títulos mineros durante cinco años tras dejar sus cargos. Esta medida, recogida en el artículo 74, busca evitar conflictos de intereses y limitar la influencia directa de autoridades en el sector.

La ley también contempla la posibilidad de que el Estado se reserve la explotación primaria de minerales radioactivos y su comercialización, si así lo determina el interés público y estratégico. El artículo 124 establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes realicen actividades mineras en áreas protegidas bajo régimen especial, asegurando la protección ambiental.

La promulgación de esta legislación responde tanto a la presión internacional como a la urgencia de captar inversión destinada a reactivar la economía venezolana, afectada por años de recesión y la caída de ingresos petroleros.

Durante el régimen de Nicolás Maduro, el desarrollo minero se amplió a más del 10% del territorio nacional, lo que generó un aumento de la minería informal bajo condiciones precarias y la influencia de grupos criminales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que el valor de mercado del oro extraído en Venezuela promedia USD 2.200 millones anuales, aunque el control estatal sobre la actividad ha sido limitado.

La sanción de la ley se produce poco después de la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien manifestó el interés de empresas norteamericanas en operar en Venezuela.

Tras ese encuentro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que habilita ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, siempre que los contratos se rijan por la legislación de Estados Unidos, según Reuters.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó la iniciativa como parte de una serie de reformas para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía nacional.

La reforma a la ley de minas sigue a la modificación de la legislación hidrocarburífera y forma parte de una estrategia para redefinir el papel del Estado en sectores clave.

Rodríguez afirmó que la nueva norma “representa un vehículo para la construcción de la prosperidad futura” y un “instrumento que protege” a los trabajadores mineros.

(Con información de EFE, Reuters y AP)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó otros 60 artículos del proyecto de Ley de Minas, que incluyen aspectos sobre regalías y tributos. No obstante, el cierre de la segunda discusión, necesaria para sancionar la norma, fue nuevamente pospuesto. Esta ley permitiría la entrada de inversión privada y extranjera en el sector minero, en el contexto del interés manifestado por Estados Unidos en el oro venezolano.

Tras tres horas de debate y la aprobación del artículo 115, de un total estimado de 130, el diputado Orlando Camacho solicitó aplazar la discusión para una próxima sesión. Esta moción fue respaldada por “extraordinaria unanimidad”, según expresó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien presidió el cierre del debate.

Entre los artículos aprobados, el 91 dispone que el pago de regalías al Estado venezolano será de hasta 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. El ministerio con competencia en minería determinará los “parámetros necesarios” para fijar estos pagos, que, conforme al artículo 92, el Estado podrá exigir “en dinero o en especie”.

Del artículo 94 al 98 se define el régimen tributario del sector, incluyendo una alícuota de “hasta 6%” como impuesto a la minería.

Quedan exentas de tributos para actividades mineras obligaciones como el impuesto a los grandes patrimonios y las contribuciones especiales a fondos de ciencia, deporte, antidrogas, y la contribución prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Además, las actividades mineras no estarán sujetas a tributos estadales o municipales.

El Parlamento también aprobó disposiciones sobre concesiones mineras, que serán por 30 años y podrán renovarse hasta dos veces por períodos de 10 años. Se establecieron regulaciones para contratos de minería, el registro del sector y la clasificación de la actividad en “Pequeña”, “Mediana” y “Gran minería”, según lo establecido entre los artículos 79 y 82.

Si la nueva ley es finalmente sancionada, sustituirá a la Ley de Minas vigente desde 1999, promulgada por decreto del entonces presidente Hugo Chávez.

El proyecto fue promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el viaje a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien afirmó que empresas estadounidenses están interesadas en operar en Venezuela.

Posteriormente, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a participar en actividades de explotación y comercialización de oro venezolano.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca reactivar y ampliar las escuelas nocturnas en Panamá, una iniciativa que apunta a atender a jóvenes y adultos que no culminaron su formación académica y que ahora esperan una segunda oportunidad dentro del sistema educativo formal.

La propuesta, impulsada por la diputada Graciela Hernández, establece la apertura y promoción de centros educativos nocturnos en cada corregimiento del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a personas que trabajan, desertaron o enfrentaron barreras económicas y sociales que les impidieron completar sus estudios en su momento.

Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde será debatido por la totalidad de los diputados, quienes podrán presentar modificaciones, cuestionamientos o propuestas adicionales antes de su eventual aprobación en segundo y tercer debate, etapas necesarias para su entrada en vigencia.

El contenido del proyecto plantea que el Ministerio de Educación (MEDUCA) será el encargado de implementar y coordinar la expansión de las escuelas nocturnas, incluyendo la adecuación de infraestructuras existentes, la asignación de docentes y el desarrollo de programas flexibles que respondan a la realidad de estudiantes adultos, muchos de los cuales combinan trabajo y responsabilidades familiares.

Según lo discutido en la comisión, la iniciativa fue consensuada con autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector, lo que busca evitar fallas de ejecución y asegurar que el modelo responda a necesidades reales del sistema educativo panameño, especialmente en zonas rurales y áreas de difícil acceso donde la oferta educativa es limitada.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de una problemática estructural en Panamá: la deserción escolar y el bajo nivel de escolaridad en ciertos segmentos de la población, una situación que afecta la empleabilidad, la productividad y la movilidad social de miles de ciudadanos que no lograron culminar la educación básica o media.

Datos del propio sistema educativo han reflejado que existe un grupo significativo de personas que no completaron la secundaria, particularmente en áreas vulnerables, lo que ha llevado a que programas de educación para adultos se mantengan activos, pero con cobertura limitada y sin una estrategia nacional robusta y sostenida como la que plantea esta iniciativa.

El proyecto también busca formalizar y fortalecer los programas de educación nocturna existentes, muchos de los cuales han operado de forma parcial o con recursos limitados, proponiendo una estructura más organizada, con metas claras, seguimiento institucional y mayor alcance territorial en todo el país.

Además, se contempla la implementación de programas educativos adaptados, que incluyan metodologías flexibles, contenidos pertinentes y horarios compatibles con la jornada laboral, reconociendo que el perfil del estudiante adulto es distinto al del sistema tradicional y requiere un enfoque diferenciado.

Durante la discusión en comisión, se destacó que la iniciativa no solo tiene un impacto educativo, sino también un efecto directo en la inclusión social y económica, al permitir que más ciudadanos puedan acceder a mejores oportunidades laborales, continuar estudios superiores o capacitarse en áreas técnicas.

El avance del proyecto ocurre en un contexto en el que el sistema educativo panameño enfrenta retos históricos en cobertura, calidad y permanencia escolar, lo que ha generado presión para desarrollar políticas públicas que reduzcan las brechas educativas y amplíen las oportunidades de formación para toda la población.

De ser aprobado en el pleno legislativo, el proyecto obligaría al Estado a garantizar la presencia de oferta educativa nocturna en todos los corregimientos, lo que representaría un cambio significativo frente al modelo actual, donde la disponibilidad de estos programas depende en gran medida de la demanda local y de la capacidad operativa de cada región.

La discusión en segundo debate será clave para definir aspectos como el financiamiento, los criterios de implementación y los mecanismos de evaluación, elementos que determinarán si la iniciativa logra convertirse en una política pública efectiva o si enfrenta limitaciones similares a programas anteriores.

Con este paso, el proyecto entra en una fase decisiva dentro del proceso legislativo, mientras el país mantiene el desafío de mejorar los niveles de escolaridad y ofrecer alternativas reales a quienes quedaron fuera del sistema educativo tradicional.

La ONG venezolana Provea exigió el viernes a la Asamblea Nacional un proceso transparente para la designación de nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela. En el pedido, solicitaron entrevistas abiertas y mecanismos que permitan a la ciudadanía objetar a los postulados.

“La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad”, señaló la organización vía X.

Provea pidió que se publiquen baremos, currículos y entrevistas, además de habilitar canales para que la sociedad pueda objetar candidatos. Según la ONG, un proceso cerrado no genera “autoridades legítimas”.

“El fiscal general y el defensor del pueblo son de la ciudadanía. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada”, subrayó.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó el martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y defensor del pueblo, en un contexto marcado por denuncias de falta de imparcialidad.

En un mensaje publicado en redes sociales, Ramdin consideró que la designación de nuevas autoridades que ofrezcan “garantías de independencia” podría representar un avance hacia la “reconciliación nacional y la transición democrática” en Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el 3 de enero.

El proceso para nombrar a un nuevo fiscal y defensor comenzó luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos vinculados al régimen chavista. Las dimisiones se produjeron en medio de la implementación de la Ley de Amnistía, que permite, en teoría, la liberación de presos políticos detenidos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

El pasado 27 de marzo, el Parlamento venezolano informó haber recibido 21 nuevas postulaciones: 18 para el cargo de defensor del pueblo y tres para fiscal general. Entre los nuevos candidatos a defensor del pueblo en Venezuela figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del ex ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se postuló para el mismo cargo pero luego se retiró del proceso. En la lista de aspirantes también se encuentra la ex diputada opositora Marialbert Barrios.

La ausencia de las designaciones motivó que once organizaciones no gubernamentales denunciaran la “ausencia de reglas claras y públicas” sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para la elección de los titulares de ambos organismos.

En un comunicado difundido el 24 de marzo, las ONG señalaron que el 25 de febrero se constituyó un Comité de Evaluación de Postulaciones integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin participación de representantes de otros sectores de la sociedad como exige la Constitución y la ley.

Las organizaciones advirtieron que esta conformación “anula la pluralidad e independencia del proceso” y sugiere que la futura designación de autoridades podría responder a criterios de lealtad política en vez de méritos profesionales, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

Las ONG instaron a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso de selección que permita la designación de personas “independientes e idóneas” conforme a la Constitución y los estándares internacionales.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional se dispone a discutir en primer debate el Proyecto de Ley 531, una iniciativa que busca permitir los tatuajes corporales temporales o permanentes en los servidores públicos y modificar criterios de contratación, ingreso, ascenso y participación institucional en el sector estatal panameño, donde todavía persisten normas internas que toman en cuenta la apariencia física como condición para acceder o mantenerse dentro de una entidad pública.

La propuesta fue presentada con el argumento de que varias instituciones del Estado mantienen reglamentos internos y códigos de contratación que se remontan a los años 60, los cuales restringen el acceso al empleo público, a procesos de formación, a posibilidades de ascenso o a tareas de representación institucional para personas con tatuajes visibles, bajo criterios asociados a una imagen considerada sobria, uniforme o apropiada.

El texto establece que ninguna entidad pública podrá negar la contratación de una persona por tener tatuajes temporales o permanentes, ni impedir su ingreso a trámites, procesos de formación o espacios de participación dentro de la institución por esa misma condición, y además extiende la aplicación de la norma a las entidades autónomas, semiautónomas, empresas mixtas, alcaldías, juntas comunales y también a los estamentos de seguridad.

Al mismo tiempo, el proyecto fija límites al establecer que no podrán ser contratadas personas con tatuajes que promuevan discurso de odio, violencia, discriminación racial, religiosa o étnica, ni aquellos que inciten al delito o hagan alusión a organizaciones criminales o terroristas, mientras que también dispone que la entidad pública podrá reservarse el derecho de contratación cuando los tatuajes estén ubicados en el rostro, el cuello o las orejas.

La exposición de motivos sostiene que las restricciones por tatuajes corporales no guardan relación con la capacidad, la idoneidad, la ética profesional o el desempeño del funcionario, y plantea que ese tipo de limitaciones constituye una barrera de acceso al trabajo que afecta principios como la igualdad, la no discriminación, el derecho al empleo y la libertad de expresión o de desarrollo de la personalidad dentro del marco constitucional panameño.

Como parte de la sustentación, el documento cita una publicación de 2013 según la cual al menos el 7% de los adultos panameños de la capital, unas 161,000 personas, tenía un tatuaje en alguna parte del cuerpo, de los cuales el 65.5% los llevaba en zonas ocultas por la ropa y el 34.4% en áreas visibles, mientras que el 41.9% dijo tener uno, el 32.6% tenía dos y un 1.6% reportó hasta 16 marcas corporales.

La iniciativa también menciona antecedentes de Brasil, España y Perú, así como referencias a organismos como la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que cualquier limitación al acceso al empleo público debe responder a criterios objetivos vinculados con la función del cargo y no basarse únicamente en la apariencia física o en expresiones corporales que no afecten de manera directa el ejercicio institucional.

Si el proyecto avanza, las instituciones públicas tendrían un año calendario para corregir las disposiciones normativas, reglamentarias, circulares internas y manuales institucionales contrarios a la nueva ley, mientras que la Defensoría del Pueblo quedaría encargada de recibir denuncias por presunto incumplimiento y las direcciones de recursos humanos podrían aplicar sanciones a los funcionarios infractores, incluida la destitución cuando se compruebe la violación de la norma.

A nivel internacional, la discusión sobre los tatuajes en el ámbito laboral ocurre en un contexto de mayor normalización social de esta práctica, al menos en mercados como Estados Unidos, donde un estudio del Pew Research Center encontró que el 32% de los adultos tiene al menos un tatuaje y que una amplia mayoría percibe que la sociedad se ha vuelto más aceptante frente a quienes los llevan, un cambio cultural que también ha alcanzado a los espacios de trabajo y a las instituciones públicas.

Esa tendencia también se refleja en el peso económico de esta actividad, ya que estimaciones privadas del sector sitúan el mercado global del tatuaje en $2,430 millones en 2025 y proyectan su expansión hasta $5,990 millones hacia 2034, una evolución que acompaña el crecimiento de la industria, la mayor visibilidad de los tatuajes y su incorporación progresiva en ámbitos que durante años mantuvieron restricciones vinculadas a la imagen personal.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un proyecto de ley que busca combatir las ciberestafas mediante la creación de un certificado de conformidad gratuito, que será emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para validar la identidad de empresas y personas que operan a través de sitios web.

La iniciativa, correspondiente al Proyecto de Ley 302, establece que todas las empresas que ofrezcan productos o servicios en línea, tanto desde el país como desde el extranjero, deberán incluir de forma obligatoria en sus páginas un perfil de identidad corporativa visible en el “footer”, donde se detalle la razón social, el domicilio comercial o fiscal y otros datos verificables.

Entre los requisitos más estrictos, la normativa exige que el domicilio declarado sea una ubicación física comprobable y exacta, incluyendo información como oficina, local, piso, corregimiento y provincia, con el objetivo de evitar el uso de direcciones falsas que faciliten esquemas de fraude digital.

El proyecto también crea un registro gratuito ante la Dirección General de Comercio Electrónico del MICI, que permitirá validar la autenticidad y legalidad de los sitios web y sus titulares, convirtiéndose en un mecanismo adicional de control y trazabilidad dentro del ecosistema digital panameño.

El diputado Jamis Acosta, proponente de la iniciativa, sostuvo durante el debate que el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de servicios ha incrementado los riesgos asociados a delitos como la suplantación de identidad, las estafas en línea y la manipulación de información, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de prevención.

De acuerdo con lo expuesto en la discusión legislativa, esta norma busca desincentivar la comisión de delitos mediante herramientas que dificulten la configuración de fraudes, en un contexto donde las transacciones digitales se han convertido en un pilar de la economía moderna.

El proyecto surge en medio de un escenario preocupante: en Panamá, en promedio, al menos siete personas son estafadas cada día a través de distintos mecanismos digitales, lo que evidencia la vulnerabilidad de consumidores y empresas frente a esquemas cada vez más sofisticados.

Además, se advirtió que la falta de marcos legales actualizados ha permitido que proliferen prácticas ilícitas en plataformas digitales, afectando tanto la confianza del consumidor como la reputación de empresas que operan de forma legítima en el país.

Para los diputados, la aprobación de esta ley representa un paso clave para fortalecer la seguridad del entorno digital, al tiempo que promueve la transparencia y la integridad en el uso de páginas web, estableciendo reglas más claras para quienes participan en el comercio electrónico.

Con esta normativa, Panamá busca cerrar brechas en la regulación digital, en un momento donde el crecimiento del comercio en línea exige mecanismos más robustos para proteger a los usuarios y reducir el impacto de las ciberestafas en la economía.

El alcance de la ley también incluye a plataformas digitales extranjeras que operen en el mercado panameño, lo que implica que deberán cumplir con los mismos estándares de identificación y registro, independientemente de su país de origen, si ofrecen bienes o servicios a consumidores en Panamá.

Adicionalmente, el certificado de conformidad funcionará como un elemento visible de confianza digital, permitiendo a los usuarios identificar con mayor facilidad qué sitios han sido verificados por la autoridad competente, lo que podría influir directamente en las decisiones de compra en línea.

La norma también abre la puerta a posibles sanciones para quienes incumplan con los requisitos establecidos, especialmente en casos donde se detecte información falsa, omisión de datos obligatorios o uso indebido de identidades comerciales para engañar a los consumidores.

En paralelo, se espera que la implementación de este sistema impulse una mayor formalización del comercio electrónico, obligando a muchos actores informales a cumplir con estándares mínimos de transparencia, lo que podría reconfigurar parte del ecosistema digital en el país.

Otro de los elementos relevantes es que la ley reconoce la necesidad de contar con herramientas preventivas, más allá de las sanciones, apostando por mecanismos que permitan anticipar el fraude en lugar de actuar únicamente después de que ocurra.

Este enfoque responde a la evolución de las ciberestafas, que han migrado desde esquemas tradicionales hacia modelos más complejos que combinan ingeniería social, uso de plataformas digitales y suplantación de marcas reconocidas para generar confianza en las víctimas.

Datos recientes reflejan que al menos siete panameños al día son víctimas de algún tipo de fraude, lo que evidencia la dimensión del problema y la sofisticación de las modalidades utilizadas por los delincuentes.

Hace unos días, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió una advertencia pública ante el incremento de ofertas fraudulentas de préstamos que circulan en redes sociales y canales digitales, donde presuntas empresas utilizan de forma indebida el logo oficial de la entidad o del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para generar confianza entre potenciales víctimas.

La aprobación del proyecto marca un intento del Estado por adaptarse a una realidad donde el riesgo digital crece al mismo ritmo que la adopción tecnológica, en un entorno donde la protección del usuario se convierte en un elemento central para sostener la confianza en la economía digital.

La propuesta de establecer una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito que utilizan el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa generando rechazo generalizado en el sector turístico, aeroportuario y empresarial, al considerarse una medida que pone en riesgo la competitividad de Panamá como centro de conexiones aéreas en la región.

La iniciativa surge en el marco del anteproyecto que busca crear un nuevo cargo a quienes hacen escala en el país, en un contexto donde el 72% de los 20.9 millones de pasajeros registrados en 2025 corresponden a tránsito, lo que equivale a más de 15 millones de viajeros que utilizan el hub panameño como punto de conexión.

Ahora, fue el propio Aeropuerto Internacional de Tocumen que rechazó la iniciativa. El gerente del aeropuerto, José Ruiz, fue enfático al advertir que incluso discutir la medida ya está generando efectos negativos en la industria.

Señaló que el aeropuerto viene creciendo alrededor de 9% anual y que se encuentra en un proceso de expansión con inversiones en infraestructura, incluyendo la rehabilitación de pistas y aumento de puertas de embarque, con la meta de alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030.

Sin embargo, advirtió que la imposición de este cargo podría frenar ese crecimiento, al afectar directamente el modelo de negocio basado en tránsito, que representa el núcleo de la operación de Tocumen.

Ruiz explicó que la lógica detrás de la tasa es equivocada, ya que “uno más uno no es dos” en la industria aérea, y que imponer un costo adicional no necesariamente se traduce en mayores ingresos para el Estado.

Por el contrario, sostuvo que podría provocar una reducción en la demanda, desincentivar la llegada de nuevas aerolíneas y frenar negociaciones en curso para abrir rutas hacia destinos como Japón. También alertó que el solo hecho de que la propuesta esté en discusión ha generado incertidumbre en el mercado, con aerolíneas evaluando sus planes de expansión en el país.

Por su parte, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, también rechazó la iniciativa al considerar que afecta directamente la competitividad del país.

Indicó que Panamá viene avanzando en su posicionamiento internacional y que la estrategia debe centrarse en atraer más aerolíneas, fortalecer la conectividad y aumentar la llegada de visitantes, en lugar de imponer cargas adicionales.

A su juicio, este tipo de medidas envía una señal equivocada y no debería formar parte de la discusión en un momento en que el país busca consolidar su crecimiento en el turismo.

El rechazo también fue respaldado por el sector hotelero. La Asociación Panameña de Hoteles advirtió que la propuesta podría tener efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del turismo, al encarecer el tránsito y afectar la decisión de las aerolíneas sobre sus rutas.

El gremio alertó que este tipo de medidas podría incentivar la reconfiguración de conexiones hacia otros hubs regionales como Bogotá, Lima o San Salvador, donde los costos operativos son más bajos, debilitando así la posición estratégica de Panamá.

Además, el gremio hotelero subrayó que los pasajeros en tránsito representan una oportunidad clave para el turismo local, especialmente a través de programas como el Stopover, que buscan convertir escalas en estadí

En ese sentido, advirtieron que una disminución en el flujo de pasajeros impactaría no solo al aeropuerto, sino también a toda la cadena de valor, incluyendo hoteles, comercios y servicios asociados. También cuestionaron la falta de estudios técnicos que respalden la propuesta, señalando que una decisión de este tipo requiere un análisis integral de su impacto económico.

Otro de los puntos críticos es que Panamá compite en un mercado altamente sensible a los costos. Actualmente, el país cobra aproximadamente 1.25 dólares por pasajero en tránsito, una tarifa significativamente menor frente a la propuesta de 10 dólares.

En algunos aeropuertos de la región, incluso, no se cobra ningún cargo por tránsito, lo que incrementa la presión competitiva. Este diferencial podría convertirse en un factor determinante para que las aerolíneas ajusten sus operaciones y reduzcan su presencia en el país.

Voceros de gremios turísticos indicaron que en el pasado Perú intentó Un antecedente similar en Perú no dio los resultados esperados y la tasa finalmente fue eliminada.

En conjunto, los distintos actores coinciden en que el aeropuerto de Tocumen no solo es una infraestructura de transporte, sino un motor clave de la economía panameña, que impulsa el turismo, la conectividad y la inversión.

La preocupación central es que una medida de este tipo podría generar un efecto contrario al esperado, reduciendo el flujo de pasajeros, afectando ingresos indirectos y debilitando el posicionamiento del país como hub regional.

En un escenario donde Panamá busca crecer y consolidar su rol en la aviación internacional, el debate sobre esta tasa ha abierto una discusión más amplia sobre el equilibrio entre recaudación y competitividad.

Este no es el primer intento de impulsar un impuesto similar en Panamá desde la Asamblea Nacional. La propuesta anterior no llegó a discutirse en el pleno, y los gremios turísticos esperan que esta vez ocurra lo mismo para evitar afectaciones al sector.

El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

La Secretaría Nacional de Energía decidió posponer la entrada en vigencia de la mezcla obligatoria de etanol en los combustibles, una medida que había sido planteada como parte de la estrategia de diversificación energética del país.

La resolución establece que el inicio del programa se aplaza para permitir ajustes técnicos, logísticos y regulatorios, en un contexto donde aún persisten dudas sobre la capacidad operativa para implementar el cambio de forma ordenada.

La resolución publicada en Gaceta Oficial confirma que la implementación del etanol en Panamá ha sido postergada en dos ocasiones, ya que originalmente debía entrar en vigencia el 1 de abril de 2024, luego fue aplazada al 1 de abril de 2026 y ahora vuelve a suspenderse sin una fecha definida.

La Secretaría Nacional de Energía condiciona su aplicación al cumplimiento de requisitos técnicos, logísticos y de producción nacional, lo que evidencia que el país aún no cuenta con las condiciones necesarias para ejecutar el programa.

Este nuevo aplazamiento refleja un desfase entre la planificación energética y la capacidad real del mercado para sostener la mezcla obligatoria.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, uno de los principales factores para la postergación es la necesidad de contar con infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte y mezcla del etanol, así como asegurar estándares de calidad en los combustibles.

También se menciona la importancia de completar procesos de certificación técnica y coordinación entre actores del sector energético, incluyendo refinadoras, importadores y estaciones de servicio.

Sin estos elementos consolidados, la implementación podría generar distorsiones en el mercado o problemas operativos en la distribución nacional.

Otro aspecto clave es que la producción local de etanol aún no ha iniciado para sostener una mezcla obligatoria a escala nacional, lo que obligaría a depender en gran medida de importaciones en una fase inicial.

Esto introduce variables de costo, logística internacional y estabilidad de suministro que el gobierno busca evaluar con mayor precisión antes de avanzar, especialmente en un entorno de volatilidad en los mercados energéticos.

La decisión apunta a evitar que una implementación apresurada termine elevando los costos del combustible para los consumidores.

La resolución también deja claro que el objetivo de incorporar etanol en la gasolina se mantiene como parte de la política energética, pero bajo un enfoque gradual y técnicamente sustentado.

El etanol es visto como un componente que puede contribuir a reducir emisiones y diversificar la matriz energética, además de abrir oportunidades para el desarrollo agrícola e industrial.

Segundo debate

Este aplazamiento ocurre en un momento clave, ya que la Asamblea Nacional avanza en la discusión de un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la mezcla de 10% de etanol en los combustibles en Panamá, lo que añade presión al debate técnico y político.

Entre crítica de diputados independientes, la iniciativa ya superó el primer debate y se espera que en los próximos días entre a segundo debate, donde podrían introducirse ajustes o precisiones sobre su implementación.

Durante el primer debate legislativo, diputados y actores del sector han señalado la necesidad de evaluar el impacto económico, ambiental y logístico de la medida, incluyendo su efecto en precios y en la competitividad del país.

No obstante, la principal crítica al proyecto es su carácter obligatorio, que, según sus defensores, resulta necesario para garantizar el marco jurídico que respalde las inversiones que tendrían que realizar las empresas para establecer la producción local.

El sector azucarero estima que la inversión inicial para poner en marcha la producción nacional de etanol rondaría los 500 millones de dólares.

De ese monto, cerca de 250 millones se destinarían a la adquisición de nuevas tierras para el cultivo de caña, y más de 120 millones a la construcción de destilerías, una infraestructura que actualmente no existe en el país. A esto se suma la inversión en maquinaria, logística y contratación de personal.

La Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá, ha explicado que Panamá necesitaría alrededor de 22 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir el 10% de etanol que exige la ley, una superficie similar a la que hoy se dedica a la producción de azúcar.

La discusión legislativa sobre el acceso a vivienda en Panamá volvió a tomar fuerza en la Asamblea Nacional, donde la subcomisión de Economía y Finanzas analiza el proyecto de ley 252, una iniciativa que busca impulsar la compra de viviendas usadas mediante incentivos económicos concretos.

La propuesta, que aún se encuentra en fase de evaluación, ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo reducir el déficit habitacional y dinamizar un mercado inmobiliario que enfrenta limitaciones de acceso para miles de familias.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, plantea la creación de mecanismos fiscales y financieros orientados a facilitar el acceso a propiedades de segunda mano, incluyendo un esquema de interés preferencial en préstamos hipotecarios para este tipo de viviendas, algo que actualmente solo aplica para inmuebles nuevos.

Además, se contempla que el Estado subsidie parte de la tasa de interés, con una reducción aproximada de 2% respecto a la tasa de referencia, lo que impactaría directamente en la cuota mensual de los compradores.

Durante las sesiones, los diputados han enfocado el análisis en la viabilidad de establecer incentivos adicionales como la exoneración del impuesto de inmueble para viviendas de hasta $300,000, lo que representa un alivio directo en la carga tributaria de los propietarios.

A esto se suma la propuesta de establecer una tarifa progresiva en el impuesto de bienes inmuebles y un impuesto de transferencia del 3% para este tipo de operaciones, medidas que buscan ordenar el mercado sin desincentivar la compra.

Uno de los puntos que ha cobrado mayor relevancia es el déficit habitacional en Panamá, que se estima en más de 200,000 viviendas, según cifras manejadas por el sector.

Este dato ha sido utilizado como argumento central para sustentar la iniciativa, ya que refleja la brecha existente entre la demanda de vivienda y la oferta disponible, particularmente en segmentos de ingresos medios y bajos que enfrentan mayores restricciones de acceso al crédito.

En ese sentido, los diputados han coincidido en que el mercado de viviendas usadas representa una oportunidad inmediata para reducir esa brecha, debido a que permite activar propiedades ya construidas sin necesidad de nuevos desarrollos, lo que acorta los tiempos de acceso para los compradores.

Además, se ha señalado que este segmento podría contribuir a reactivar la actividad inmobiliaria en zonas urbanas consolidadas, donde existe infraestructura disponible pero baja rotación de inmuebles.

El análisis también ha incorporado la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Economía y Finanzas y gremios del sector privado, quienes han aportado criterios técnicos sobre la implementación de la propuesta.

Entre los temas abordados se encuentran los requisitos para acceder a los beneficios, como que el comprador adquiera su primera vivienda y no haya sido beneficiario previo de interés preferencial, así como las condiciones del crédito, que tendría un límite de hasta $300,000 y un plazo máximo de 10 años.

Otro aspecto relevante en la discusión ha sido la necesidad de evitar distorsiones en el mercado, como un posible aumento artificial en los precios de las viviendas usadas debido a los incentivos.

Por ello, se ha planteado la importancia de establecer controles y criterios claros de elegibilidad, garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente buscan una solución habitacional y no a inversionistas especulativos.

Desde el punto de vista social, la iniciativa ha sido presentada como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda propia y mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente aquellas que han quedado fuera de los programas tradicionales. óla

En ese contexto, los legisladores han resaltado que aprovechar viviendas ya construidas permite un desarrollo urbano más sostenible, evitando la expansión desordenada hacia la periferia.

La subcomisión acordó continuar con el análisis del proyecto el próximo 7 de abril, con el objetivo de recibir nuevas propuestas y ampliar la consulta con otros actores del sector, en un proceso que busca fortalecer la iniciativa antes de su eventual discusión en instancias superiores.

Mientras tanto, el debate sigue abierto, con la expectativa de que las medidas planteadas puedan convertirse en una respuesta concreta a uno de los principales desafíos estructurales del país: el acceso a vivienda digna y asequible.

El reciente envío de una delegación diplomática venezolana a Washington marca una fase definida por gestiones para restablecer los vínculos bilaterales, después de años de relaciones limitadas. Según publicó la agencia Europa Press, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras los recientes acontecimientos políticos, confirmó la visita como parte de las acciones tendientes a profundizar el diálogo institucional entre ambos países.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la conformación de un “grupo parlamentario de amistad” orientado a fomentar la cooperación y los intercambios institucionales con el Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con Europa Press, Antonio Ecarri, diputado opositor, informó públicamente sobre la iniciativa, señalando que tiene el respaldo formal de la cámara legislativa venezolana. La creación de este grupo surge en un contexto de apertura, luego de más de siete años de ruptura diplomática, y tiene por objetivo promover la normalización de relaciones, en particular en los ámbitos económico y energético.

En una carta dirigida a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Ecarri precisó que el propósito principal del grupo será contribuir “al restablecimiento de las relaciones de amistad entre los representantes de ambos cuerpos parlamentarios”. Según detalló Europa Press, el texto pone el foco en la reconstrucción de la confianza mutua, el fortalecimiento de los vínculos bajo principios de soberanía, cooperación y respeto, así como en la discusión de temas urgentes como la protección de los activos venezolanos en el extranjero y el reconocimiento de los órganos legítimos del Estado venezolano.

La carta difundida por Ecarri subraya la aspiración de que el nuevo canal institucional facilite debates sobre la regularización de las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos. Otros puntos destacados incluyen el necesario consenso entre actores locales para posicionar a Venezuela como proveedor energético confiable a escala global. Ecarri señaló la importancia de insertar al país en las cadenas internacionales de valor, aprovechando de forma estratégica los recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional.

Europa Press reportó que, además de la iniciativa legislativa, los recientes acontecimientos en Caracas reflejan una transición en la jefatura del Ejecutivo. Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta, ejerce como presidenta encargada conforme a lo previsto por la Constitución, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación estadounidense realizada a inicios de enero. Dicha operación resultó en la muerte de más de cien personas y en el traslado de Maduro y Flores a Nueva York, donde enfrentan cargos por “narcoterrorismo”.

Desde el inicio de su interinato, Rodríguez condujo una fase caracterizada por el restablecimiento progresivo de la interlocución con actores internacionales. Esto se reflejó en el reconocimiento público expresado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien valoró la labor de Rodríguez para facilitar la exportación de millones de barriles de petróleo venezolano hacia territorio estadounidense, según reportó Europa Press.

El contexto internacional coloca a Venezuela en una posición estratégica para responder a la demanda energética global. Tal como consignó Europa Press, la narrativa oficial enfatiza la necesidad de construir acuerdos amplios que permitan al país recuperar credibilidad y estabilidad económica, en un escenario donde la cooperación bilateral con Estados Unidos adquiere renovado protagonismo. El grupo parlamentario, según las declaraciones recogidas, se plantea como un vehículo para consolidar este proceso de acercamiento y para abordar con las contrapartes legislativas estadounidenses los desafíos pendientes en materia de recuperación institucional y económica.

Las iniciativas recientes no solo ponen en relieve los esfuerzos para reconducir la relación bilateral, sino que también suponen la apertura de espacios de diálogo e inversión que podrían incidir en la situación interna venezolana. Las manifestaciones públicas de Ecarri, reseñadas por Europa Press, sugieren que el nuevo grupo parlamentarista buscará convertirse en un ámbito eficaz para la discusión de oportunidades que reviertan en favor del crecimiento, la reconciliación y el desarrollo de la democracia venezolana.

El debate sobre la protección de los activos del país en el exterior, incluido en las prioridades del grupo parlamentario, responde a un contexto de litigios y disputas sobre la titularidad y el control de recursos financieros y bienes estratégicos ubicados fuera de Venezuela. Europa Press puntualizó que este aspecto integra la agenda más amplia de recomposición de las relaciones con Estados Unidos y de restitución de la normalidad institucional venezolana.

De acuerdo con las últimas informaciones transmitidas por el medio, tanto la delegación diplomática enviada a Washington como la acción parlamentaria adoptada por la Asamblea Nacional se insertan en una fase donde predomina la búsqueda de entendimientos pragmáticos basados en intereses compartidos y la cooperación en el sector energético, uno de los ámbitos de mayor interés para el gobierno estadounidense y eje de la estrategia de posicionamiento internacional de Venezuela.

El desarrollo de un “grupo parlamentario de amistad” que vincule a ambas instituciones legislativas constituye un mecanismo empleado en otros procesos de reconstrucción diplomática, tiene entre sus metas la consolidación de canales regulares de comunicación y la coordinación de temas de interés común. Según los términos de la propuesta difundida por Europa Press, la agrupación busca abordar tanto el reconocimiento y respaldo institucional como el intercambio de experiencias en la tarea de fortalecer la confianza recíproca y la estabilidad estatal.

En el plano operativo, la misión diplomática encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez prevé la apertura de conversaciones directamente en la capital estadounidense, confirmando la disposición de las partes para avanzar en la redefinición de la agenda bilateral. Este movimiento ocurre tras semanas de acercamientos bilaterales, que sentaron las bases para una nueva etapa de relacionamiento y para el impulso de mecanismos de cooperación que, según los voceros oficiales citados por Europa Press, constituirían una oportunidad para Venezuela de reinsertarse activamente en la economía internacional.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confía en que el Parlamento, bajo control del chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, actualmente en segunda discusión, lo que podría habilitar la inversión privada y extranjera.

Durante un encuentro con inversionistas, que fue transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez señaló que la norma impulsará avances en “estándares y protocolos internacionales” para la inversión, los modelos de negocio en minería y contemplará una flexibilización fiscal.

Rodríguez afirmó que se trata de un “buen momento” para invertir en Venezuela y ofreció a los empresarios “garantías y seguridad jurídica y política”, junto con “estabilidad y tranquilidad” para el desarrollo de sus inversiones.

La semana pasada, el Parlamento pospuso la segunda discusión indispensable para la aprobación del proyecto de ley de minas. Está programado que los diputados retomen el debate.

De obtener aprobación legislativa, la iniciativa sustituiría a la Ley de Minas vigente desde 1999, sancionada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante decreto, tras recibir poderes especiales del Legislativo.

El 9 de marzo, el Legislativo avaló en primera discusión el proyecto, pocos días después de la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se reunió con Rodríguez.

Burgum declaró en ese momento que empresas estadounidenses del sector minero están “deseosas” de operar en Venezuela.

Luego de su visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una licencia que autoriza ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de compañías estadounidenses, un rubro que hasta entonces se encontraba bajo sanciones.

El Parlamento aprobó la designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general

En otro orden, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación de Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en reemplazo de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció al cargo tras más de una década.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”.

Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

La salida de Muñoz Pedroza, responsable de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se hizo pública durante la sesión en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la propuesta de Seijo Noguera.

Rodríguez explicó: “Hemos recibido la misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”. Muñoz ejercía el cargo desde 2015, tras su designación por el ex dictador Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Constitución venezolana establece que la designación del procurador general corresponde al presidente o presidenta del país, con posterior autorización de la Asamblea Nacional.

La postulación de Seijo Noguera recibió la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, según se escucha a Rodríguez en el video publicado en su cuenta de la red social X.

La nueva procuradora es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con experiencia en bufetes privados y organismos públicos. Actualmente, se desempeñaba como consultora jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además, cursó estudios de derecho en el extranjero y cuenta con un doctorado en leyes obtenido en Reino Unido.

De acuerdo con la prensa venezolana, Seijo Noguera participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero para casos de presos políticos desde 1999.

La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía recibió 123 solicitudes de venezolanos en el exterior para que la Justicia del país revise sus casos, según Rodríguez.

El diputado explicó que estos ciudadanos solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos, con el objetivo de regresar al país y “cumplir con su función política”. Rodríguez señaló que entre los solicitantes hay personas con registro policial, aunque la mayoría no posee antecedentes. No se ofrecieron más detalles sobre las identidades de los solicitantes.

El Parlamento venezolano autorizó también el nombramiento del ex ministro de Defensa Ramón Orlando Maniglia como embajador en Colombia y de Rubén Darío Molina en Nicaragua. Las designaciones fueron aprobadas por mayoría evidente, luego de que diputadas de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración presentaran un resumen de la trayectoria de ambos y de sus planes como nuevos jefes de las misiones diplomáticas en Bogotá y Managua.

La parlamentaria chavista Lila Brazón señaló que el almirante en jefe Maniglia cuenta con un plan concreto enfocado en los ámbitos político, económico, social y cultural, con el objetivo de fortalecer las relaciones con Colombia, marcadas por una historia compartida de más de 195 años. “Hoy la hermandad con Colombia representa un gran reto y una gran oportunidad para avanzar, para crecer y reescribir nuestra historia sobre las bases del bolivarianismo”, expresó Brazón.

Maniglia, quien fue ministro de Defensa entre 2005 y 2006 y cuenta con 31 años de servicio militar, venía desempeñándose como embajador en Alemania. Su designación como representante de Caracas en Colombia se realizó el pasado 13 de marzo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en reemplazo del general de división Carlos Eduardo Martínez.

El Parlamento también aprobó el nombramiento de Rubén Darío Molina, quien ha ocupado cargos en la Cancillería, como responsable de Temas Multilaterales y viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía. La diputada chavista Roselyn Vegas destacó que Molina presentó un plan integral y estratégico para fortalecer los vínculos diplomáticos bilaterales con Nicaragua.

Vegas subrayó que las relaciones con Nicaragua “están enmarcadas en la amistad, la solidaridad y la cooperación”, y han estado sustentadas en principios comunes como la defensa de la soberanía, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.

(Con información EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la extensión por 30 días del trabajo de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía (Comisión Especial de Seguimiento), en medio de un proceso que ya suma más de 11.400 solicitudes y concedió, según el diputado chavista a cargo de la misión, más de 8.000 libertades plenas.

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, propuso la prórroga para que la comisión continúe profundizando el proceso de convivencia democrática, propuesta que fue aprobada de forma unánime.

Según el artículo 15 de la normativa, la comisión debe desarrollar e implementar mecanismos para el cumplimiento de la amnistía, sin establecer un plazo específico para su labor. Rodríguez afirmó que la ley no está orientada a liberar a “magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos”, sino que busca la reconciliación y corregir errores cometidos.

Desde la promulgación de la ley en febrero hasta la fecha, se recibieron 11.432 solicitudes de amnistía, aunque un número importante quedó excluido por las restricciones del artículo 9, que descarta homicidios, corrupción, tráfico de drogas, operaciones militares y violaciones a los derechos humanos.

La Justicia venezolana concedió 8.084 libertades plenas en el marco de la ley, según el diputado y presidente de la comisión de seguimiento, Jorge Arreaza. De ese total, 7.782 personas tenían libertad restringida bajo medidas cautelares, mientras que 302 permanecían encarceladas.

La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero su aplicación se limita a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos. Hasta ahora, las autoridades no divulgaron el listado de amnistiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó el martes que permanecen detenidas 503 personas por motivos políticos en el país, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. La organización, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que de los detenidos, 315 son civiles y 188 militares.

El registro señala que 452 son hombres y 51 mujeres, y se incluye un menor de edad de entre 14 y 17 años. Foro Penal también indicó que más de 11.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país, restricciones para declarar a medios y obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció el martes que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael Tarazona y al abogado Omar de Dios García, al considerar que la causa en la que están incluidos queda fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), integrada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó al Parlamento una lista de presos políticos para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, según informó el ex diputado Américo De Grazia.

Desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia explicó que el viernes pasado se reunieron con miembros de la comisión encargada de supervisar la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, y solicitaron que se publique la lista completa de quienes han recibido la libertad plena.

“El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son”, manifestó el ex legislador.

De Grazia señaló que el objetivo es cruzar la información recolectada con organizaciones como Provea y Foro Penal para evitar que alguna persona quede excluida del proceso.

(Con información de EFE)

Una polémica vinculada a la campaña electoral ganó notoriedad cuando se hicieron públicos contactos entre Janez Jansa y ejecutivos de Black Cube, empresa israelí relacionada con actividades de espionaje. El líder del Movimiento Libertad, Robert Golob, expresó preocupación ante los reportes de injerencia externa, señalando que se trata de un hecho sin precedentes para un país miembro de la Unión Europea, según consignó la Comisión Electoral Estatal y recogió el medio que cubrió los resultados oficiales.

Según informó la Comisión Electoral Estatal de Eslovenia, el Movimiento Libertad (GS), encabezado por el actual primer ministro Robert Golob, consiguió imponerse en las elecciones legislativas realizadas este domingo. Con el 99,85% de los votos escrutados, la fuerza liberal obtuvo el 28,62% de los sufragios, mientras que el Partido Democrático de Eslovenia (SDS), liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, alcanzó un 27,95%. Esta breve diferencia, menor a un punto porcentual, deja en evidencia una profunda rivalidad entre ambas formaciones y anticipa un escenario de negociaciones complejas para la constitución de una coalición de gobierno, detalló la Comisión Electoral Estatal y reportó la cobertura internacional.

El órgano electoral señaló que la participación en la jornada electoral alcanzó un 69,32% del electorado, cifra que refleja un alto grado de movilización ciudadana en un contexto de marcada competencia. En el nuevo reparto parlamentario, el Movimiento Libertad se aseguró 29 escaños, apenas uno más que los 28 obtenidos por el Partido Democrático de Jansa en la Asamblea Nacional, integrada por 90 miembros. Esta distribución revela la fragmentación y la necesidad de acuerdos transversales para conformar un gobierno estable, tal como puntualizó el recuento oficial difundido por la DVK.

El desarrollo de la campaña se vio afectado por la publicación de informaciones sobre una reunión ocurrida en diciembre entre Jansa y figuras de Black Cube, un hecho que incrementó el tono de las acusaciones cruzadas respecto a supuestas interferencias externas. Golob, por su parte, advirtió que la implicación de actores extranjeros en el proceso electoral es un fenómeno sin antecedentes para una democracia comunitaria. Según publicó la prensa local y medios internacionales, estas revelaciones añadieron tensión a la recta final antes del sufragio y ocuparon buena parte del debate público.

Tras la divulgación oficial de los resultados, ambos partidos enfrentan el reto de abrir líneas de diálogo con las restantes fuerzas políticas presentes en el parlamento, dado que ninguno obtuvo mayoría suficiente para gobernar en solitario. Los próximos pasos se enfocarán en las conversaciones para definir el rumbo de la coalición y la orientación que tomará el nuevo ejecutivo, según detalló la cobertura realizada por la Comisión Electoral Estatal.

El panorama postelectoral en Eslovenia queda condicionado por un balance ajustado de fuerzas, donde el Movimiento Libertad, aunque obtuvo un escaño más, depende de la receptividad de otras agrupaciones para asegurar la gobernabilidad. Mientras tanto, el Partido Democrático de Eslovenia mantiene una posición relevante que lo coloca como interlocutor necesario en la definición de pactos, tal como señaló el informe de la autoridad electoral.

La estrecha competencia y el impacto de factores externos se suman a una legislatura que se anticipa marcada por la necesidad de acuerdos para responder a la fragmentación del voto y a las expectativas de participación ciudadana reflejadas en la elevada asistencia a las urnas, según datos finales difundidos por el órgano electoral esloveno.

La cercanía en el número de escaños alcanzados por el Movimiento Libertad (GS) de Robert Golob y el Partido Democrático de Eslovenia (SDS) de Janez Jansa coloca a Eslovenia ante una fase de intensas negociaciones parlamentarias, según reportó el medio proveedor de la información. Con una diferencia de apenas un escaño entre ambas formaciones, ninguno de los partidos alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, compuesta por 90 diputados, por lo que la formación de gobierno dependerá de pactos entre diferentes fuerzas políticas.

De acuerdo con los datos publicados, el partido liberal Movimiento Libertad obtuvo el 29,9% de los votos, situándose como la formación más apoyada en las elecciones legislativas celebradas en Eslovenia este domingo. El SDS, liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, reunió el 27,5% de sufragios, marcando así una diferencia ajustada entre ambas opciones. El medio detalló que, según las encuestas a pie de urna, el escenario postelectoral asigna 29 escaños a la formación de Golob y 28 al partido de Jansa.

La situación generada por este resultado electoral revela la dificultad para lograr una mayoría clara, ya que son necesarios al menos 46 escaños para controlar la Asamblea Nacional. El papel de los partidos minoritarios será clave, mientras las conversaciones para formar gobierno se perfilan como el próximo foco político, consignó la fuente original. La campaña previa a los comicios estuvo marcada por acusaciones y controversias, lo que ha influido en el ambiente tenso que rodea las negociaciones.

El contexto de la campaña electoral se vio alterado por las revelaciones sobre una reunión mantenida en diciembre por Janez Jansa con representantes de Black Cube, una empresa dedicada al espionaje con sede en Israel. Esta noticia provocó reacciones entre los adversarios políticos y fue utilizada como parte de los argumentos de campaña. Según publicó la fuente, el primer ministro Robert Golob señaló la gravedad de la situación expresando: "El hecho de que haya servicios extranjeros interfiriendo en las elecciones de un miembro democrático de la Unión Europea es algo inédito".

Durante la campaña, se pusieron en primer plano las preocupaciones por la posible intervención de agentes extranjeros en los procesos políticos nacionales, tras la difusión de estos encuentros. Este tema generó debates públicos y contribuyó a la percepción de unas elecciones influenciadas por factores externos, según informó el medio. Tanto la opinión pública como los sectores políticos manifestaron inquietudes sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral.

El estrecho margen entre las dos formaciones más votadas ya ha desencadenado movimientos iniciales por parte de ambos líderes para buscar alianzas que les permitan superar la fragmentación del Parlamento. La composición definitiva de la Asamblea, reflejada en los resultados preliminares, deja abierta la posibilidad de múltiples combinaciones en la conformación del próximo gobierno, advirtió la misma fuente. El escenario político queda así condicionado a la capacidad de negociación entre las fuerzas mayoritarias y los grupos minoritarios presentes en la Cámara.

Los resultados obtenidos en estas elecciones reflejan una polarización en el electorado, con una presencia equilibrada entre los bloques liberal y conservador, reportó la fuente original. La gobernabilidad del país requerirá entendimientos entre distintas sensibilidades políticas, debido al reparto casi idéntico de escaños y a la ausencia de mayorías claras.

La publicación de la reunión entre Jansa y Black Cube añadió un elemento de fricción a la confrontación electoral, con acusaciones mutuas sobre la legitimidad y transparencia del proceso. Según detalló el medio, este episodio reactivó el debate sobre la influencia de actores no nacionales en la política soberana de los países miembros de la Unión Europea, especialmente ante la reacción expresa del actual primer ministro ante los medios de comunicación y la opinión pública.

La jornada electoral en Eslovenia se desarrolló bajo una notable expectación, no solo a nivel nacional sino también entre socios europeos, dado el impacto potencial de los resultados y de las negociaciones posteriores. La falta de una mayoría clara invita a un cuadro político abierto, donde los próximos días estarán marcados por conversaciones para definir la futura composición del gobierno, reportó la fuente.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 306, una iniciativa que introduce por primera vez en Panamá reglas claras para las gestiones de cobro y fija límites concretos a las agencias que operan en este segmento.

La norma busca proteger la intimidad del consumidor, establecer controles sobre la frecuencia de contacto y frenar prácticas que han sido señaladas por años como abusivas, en un contexto marcado por denuncias reiteradas de hostigamiento telefónico y presión indebida para el pago de deudas.

El proyecto, impulsado por la diputada Yamireliz Chong, surge precisamente ante ese vacío normativo que permitía a empresas de cobranza operar sin parámetros definidos.

Según la exposición de motivos, en el país se habían vuelto frecuentes las llamadas constantes, mensajes insistentes e incluso comunicaciones con tono intimidatorio dirigidas a consumidores con obligaciones vencidas, lo que derivó en afectaciones a la salud mental y a la estabilidad personal de los deudores.

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la regulación de los horarios y la periodicidad de contacto. A partir de su entrada en vigencia, las agencias de cobro solo podrán comunicarse con los consumidores de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 6:00 p.m., y los sábados entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m., quedando prohibido cualquier contacto los domingos o días festivos.

Además, se establece que no podrá realizarse más de un contacto directo por día, independientemente del canal utilizado.

La normativa también introduce límites específicos a las llamadas y visitas. Solo se permitirá una llamada telefónica diaria y una visita domiciliaria por semana, y en ningún caso ambas acciones podrán realizarse el mismo día.

Estas disposiciones buscan frenar prácticas de presión continua que, en la práctica, terminaban generando un entorno de acoso para el consumidor, afectando incluso su entorno familiar y laboral.

Otro punto clave es el control sobre los canales de comunicación. Las agencias únicamente podrán contactar al consumidor a través de los medios previamente autorizados por este, como teléfono, correo electrónico o mensajería.

Esto implica que el usuario tendrá la facultad de decidir cómo y por dónde quiere ser contactado, lo que introduce un elemento de consentimiento que antes no estaba claramente definido en la legislación panameña.

La ley también establece un conjunto amplio de prohibiciones que apuntan directamente a las prácticas más cuestionadas del sector. Entre ellas, se prohíbe contactar a familiares, amigos o referencias del deudor, realizar visitas al lugar de trabajo, divulgar información sobre la deuda a terceros o utilizar lenguaje amenazante o agresivo.

Tampoco se permitirá simular procesos judiciales inexistentes ni advertir sobre embargos o acciones legales que no hayan sido iniciadas formalmente.

En materia de derechos, el consumidor tendrá garantías específicas como el acceso a información clara y completa sobre su deuda, incluyendo montos, intereses y opciones de pago.

Además, se establece el derecho a la confidencialidad, lo que impide que su situación financiera sea expuesta públicamente o compartida sin autorización, reforzando la protección de la intimidad como eje central de la norma.

El proyecto también regula la actuación de las agencias en términos de trazabilidad. Las empresas deberán mantener un registro detallado de todas las gestiones de cobro, incluyendo fecha, hora, medio utilizado y resultado del contacto, información que deberá conservarse por un período de al menos dos años.

Este requisito introduce un mecanismo de control que permitirá fiscalizar el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la supervisión, la norma asigna a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.

La entidad podrá requerir información en cualquier momento y las agencias estarán obligadas a entregarla de forma oportuna y veraz, asumiendo incluso los costos asociados a ese proceso.

El componente sancionatorio también queda definido. Las infracciones a esta ley podrán ser castigadas con multas de hasta 25 mil dólares, especialmente en casos de violaciones a los derechos del consumidor o incumplimiento de las prohibiciones establecidas.

Este punto busca generar un efecto disuasivo frente a prácticas abusivas que, hasta ahora, no enfrentaban consecuencias claras en el país.

Durante el debate legislativo se dejó claro que la iniciativa no busca impedir la recuperación de deudas. Por el contrario, el objetivo es ordenar el proceso de cobranza bajo principios de respeto, proporcionalidad y legalidad, permitiendo que bancos, financieras y otros agentes continúen sus operaciones, pero sin recurrir a mecanismos que vulneren la dignidad del consumidor.

Con esta aprobación, Panamá incorpora un marco regulatorio que intenta equilibrar dos intereses: el derecho de las empresas a recuperar sus créditos y el derecho de los ciudadanos a no ser sometidos a prácticas invasivas.

La efectividad de la ley dependerá ahora de su aplicación y del nivel de supervisión que ejerzan las autoridades sobre un sector que, hasta ahora, operaba con amplios márgenes de discrecionalidad.

Ahora, todo dependerá de la decisión que tome el Presidente José Raúl Mulino que podrá sancionar la normativa o rechazarla en su totalidad o parcialmente para que se realicen nuevos ajustes.

Durante la rueda de prensa celebrada en el Parlamento venezolano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió de manera metafórica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presenciar la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos, donde señaló el triunfo del equipo venezolano como un hecho histórico para el país. De inmediato, presentó su reacción a las declaraciones de Turk sobre la liberación de reclusos, acusando al funcionario de ser un “enemigo de Venezuela” y de buscar el perjuicio de la nación sudamericana. En el evento estuvieron también presentes figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, que participó en un acto dedicado a la ley de amnistía, y Delcy Rodríguez, presidenta encargada, quien decretó el 18 de marzo como día festivo tras la victoria deportiva.

Según publicó el medio, la controversia surgió debido a la intervención de Volker Turk en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada el lunes previo. En esa ocasión, Turk solicitó a las autoridades venezolanas que hicieran público el listado completo de presos políticos liberados tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. La oficina del Alto Comisionado de la ONU ha confirmado la excarcelación de 950 personas hasta la fecha, según detalló el medio.

En cuanto a las expresiones de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional señaló textualmente: “Por las últimas declaraciones que dio, ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela. El señor quiere que a Venezuela le vaya mal”, palabras reportadas por el medio de referencia. Esta afirmación tuvo lugar luego de las solicitudes de transparencia y la advertencia emitida por Turk acerca de la existencia de preocupaciones sistemáticas y estructurales relacionadas con los derechos humanos en el país caribeño. Según informó el medio, dichas preocupaciones han estado presentes en los pronunciamientos del Alto Comisionado durante las sesiones del órgano internacional.

La operación estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero, que finalizó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro, también fue abordada en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, Turk pidió explicaciones acerca de los avances concretos respecto a la situación de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad tras la aplicación de la ley de amnistía. De acuerdo con el medio, la relevancia de este asunto radica en la demanda de la ONU para el esclarecimiento y la supervisión sobre la cantidad y nombres de los excarcelados.

En el marco de estos acontecimientos, la celebración por la histórica victoria de la selección venezolana de béisbol fue destacada por Delcy Rodríguez, quien decidió establecer el 18 de marzo como día de asueto nacional “para que la juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, según consignó el medio. La jornada deportiva se integró como una metáfora utilizada por Jorge Rodríguez para referirse a la crítica internacional y para proyectar una imagen de fortaleza nacional, información recogida por la misma fuente.

El encuentro en el Parlamento, que contó con la presencia de Rodríguez Zapatero, se enmarcó dentro de un acto relacionado con la ley de amnistía, según reportó el medio. Diferentes voces, tanto nacionales como internacionales, han seguido de cerca los acontecimientos vinculados con la situación de los derechos humanos, la permanencia de personas detenidas y los recientes procesos políticos en Venezuela. La insistencia de la ONU en la publicación de los listados y en la supervisión de los procesos de liberación refleja un escenario de monitoreo internacional, mencionó el medio de comunicación.

El medio también detalló que la existencia de inquietudes por parte del Alto Comisionado ha mantenido la tensión diplomática, marcando la postura crítica del organismo internacional ante la evolución de la crisis política venezolana. Las declaraciones de Turk enfatizaron la importancia de atender las preocupaciones estructurales en materia de derechos humanos, aspecto que fue respondido en duros términos por la autoridad legislativa venezolana. La repercusión de la jornada se extendió tanto en el ámbito político como en la esfera social y deportiva, con diferentes sectores atentos a la evolución del tema.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó el martes como “enemigo” del país al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El diplomático de Naciones Unidas señaló que su oficina no ha recibido una lista oficial de presos políticos liberados ni tuvo acceso sin restricciones a centros de detención en Venezuela, pese a haberlo solicitado.

Durante una sesión en la sede parlamentaria en Caracas, tras una reunión en la que participó el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Rodríguez afirmó que Türk “no quiere” al país caribeño.

“Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal, pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego de hoy”, expresó, aludiendo a la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos.

El lunes, Türk aseguró que su oficina no ha recibido información oficial sobre los presos liberados tras la operación de EEUU el pasado 3 de enero y la captura del ex dictador Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención

Türk indicó que ninguna de esas peticiones tuvieron éxito hasta la fecha y pidió mayor transparencia en los procesos de excarcelación.

El alto comisionado subrayó que “muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”.

El canciller venezolano, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Türk y lo acusó de tener un “sesgo inmoral” y actuar como una “caja de resonancia de falsedades”.

El 19 de febrero, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para procesos de presos políticos desde 1999, pero su aplicación es específica para 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período y los casos vinculados a operaciones militares.

La Justicia otorgó, según datos oficiales de las autoridades del país, más de 7.000 libertades plenas, en su mayoría a personas con medidas cautelares.

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales negaron la libertad plena a dos trabajadores de prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora y de la líder María Corina Machado.

Por otra parte, Rodríguez sostuvo que las personas a quienes se les negó la amnistía pueden apelar sus casos ante la Justicia.

“Tienen derecho a apelar frente a los tribunales e incluso también pueden introducir escritos ante la comisión de seguimiento y seguirlos analizando”, subrayó el hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al ser consultado sobre las amnistías denegadas en los últimos días, incluyendo el caso de los dos periodistas.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el titular del Parlamento reconoció que más de 2.000 solicitudes recibidas por la comisión corresponden a casos no contemplados por la norma.

El dirigente chavista aseguró que la comisión parlamentaria de seguimiento sigue evaluando expedientes y continuará atendiendo todas las solicitudes, incluidas aquellas vinculadas a hechos distintos a los períodos establecidos en la legislación.

“Ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho: 7.580 personas han sido beneficiadas por esta ley de amnistía e, incluso, más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo”, afirmó Rodríguez.

Esta cifra difiere del reporte presentado el jueves pasado por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento y había informado que ya sumaban 7.727 libertades plenas: 7.474 personas en libertad restringida bajo medidas cautelares y 253 que permanecían encarceladas.

Rodríguez también mencionó que se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos residentes en el extranjero y exhortó a quienes deseen acceder al beneficio a presentar sus solicitudes esta semana. “Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que sus casos pueda ser procesados”, señaló.

(Con información de EFE)

Durante su intervención en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, extendió una invitación a los venezolanos residentes fuera del país para que soliciten su inclusión en los beneficios de exención establecidos en la legislación aprobada el pasado 20 de febrero. Rodríguez precisó que la medida contempla también a exdiputados que formaron parte del Parlamento elegido en 2015, cuyo mandato finalizó el 4 de enero de 2021, conforme al calendario surgido tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, sobre las que la oposición y entidades internacionales como la Unión Europea mantuvieron críticas.

Según informó la cadena VTV, Jorge Rodríguez comunicó que hasta la fecha 7.580 ciudadanos han recibido los beneficios previstos en la ley de amnistía. Detalló que la aplicación de la normativa ha superado las previsiones iniciales, expandiendo su alcance a casos y situaciones que no estaban recogidas explícitamente en el texto original. De acuerdo con esta declaración, la administración venezolana amplió las opciones de amparo legal dentro del marco de la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación de la medida.

El medio confirmó que Rodríguez realizó el anuncio acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien forma parte de la comisión y ha servido de mediador en procesos anteriores relativos a la liberación de personas detenidas por causas políticas. Zapatero manifestó su respaldo a la ley, argumentando que la amnistía representa un ejercicio de política elevada y reconciliación, capaz de contribuir a dejar atrás los enfrentamientos y promover la convivencia nacional. “Hay en la amnistía futuro, hay en la amnistía política, alta política, perdón, aquello que fundó la democracia. Hay en la amnistía reconciliación, que sintamos que vivimos en un país común, compartido, un destino para todos”, citó el medio venezolano.

Jorge Rodríguez sostuvo en su comparecencia que el proceso abierto bajo el liderazgo de su hermana Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ha propiciado avances hacia el diálogo nacional y la búsqueda de consensos con sectores de la oposición. Entre los asistentes a la reunión de la Comisión de Seguimiento, Rodríguez destacó el rol desempeñado por Zapatero, al subrayar que, en su criterio, “alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos que ha hecho a Venezuela para buscar las formas de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo y por la vía de la búsqueda de consensos”, según consignó la cadena VTV.

Aunque la cifra oficial anunciada por Rodríguez alcanza los 7.580 beneficiarios desde la aprobación de la ley, organizaciones independientes mantienen cálculos diferentes. En particular, la ONG Foro Penal reportó durante el fin de semana anterior que únicamente se han producido 690 liberaciones a partir de la implementación de la medida, que inició el 8 de enero de 2026, según publicó la misma cadena venezolana.

Rodríguez pidió a todas las personas que consideren cumplir con los requisitos para acogerse a la ley o a sus extensiones, y que se encuentren fuera del país, que presenten sus solicitudes por escrito o a través de representantes legales a la comisión. Explicó que esta oportunidad contempla no solo a quienes hayan enfrentado procesos judiciales por motivos políticos, sino también a exparlamentarios que finalizaron funciones tras los comicios de 2020. El medio venezolano indicó que estas elecciones no recibieron el reconocimiento de distintas fuerzas opositoras ni de varios organismos internacionales, que concluyeron que el proceso electoral carecía de garantías suficientes.

Durante la actividad, el expresidente Zapatero subrayó el carácter unilateral de la ley promovida por Delcy Rodríguez y la necesidad de trabajar para superar el resentimiento en el contexto político y social actual: “La Venezuela de hoy exige reconciliación, confianza y convivencia y, ¿por qué no?, abrazos”, expresó en declaraciones recogidas por VTV.

En el desarrollo de la sesión, Jorge Rodríguez remarcó que el proceso político impulsado por la ley de amnistía constituye una nueva etapa para Venezuela, centrada en el establecimiento de canales de comunicación y en el tratamiento de los conflictos mediante el diálogo. Tanto Rodríguez como Zapatero insistieron en la importancia de mantener abiertos los espacios de negociación en materia política, para avanzar hacia una mayor convivencia entre los distintos sectores nacionales.

La promulgación de la ley y la posterior conformación de una comisión de seguimiento han buscado facilitar el análisis detallado de las solicitudes y situaciones personales de quienes pudieran beneficiarse de la exención, ofreciendo la posibilidad de evaluar casos individuales bajo el marco normativo aprobado en febrero. Según detalló el medio VTV, el proceso cuenta con mecanismos para recibir y procesar las peticiones presentadas desde el extranjero, con el propósito de aumentar el alcance de la normativa más allá de los límites originalmente previstos.

La Asamblea Nacional de Panamá abrió la convocatoria pública para escoger al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo que ocupará el cargo durante el periodo 2026-2031, en reemplazo del actual titular, Eduardo Leblanc González.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales anunció que las postulaciones se recibirán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, entre 8:30 a.m. y 4:00 p.m., en su sede ubicada en el sexto piso del edificio principal del Legislativo.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Constitución Política, además de presentar la documentación exigida por el reglamento del proceso.

El llamado oficial, firmado por el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, presidente de la Comisión de Gobierno, invita a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en ocupar el cargo a presentar una carta de postulación, una hoja de vida, así como certificaciones del Tribunal Electoral y documentos que acrediten el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Entre los requisitos obligatorios también se encuentra el certificado de antecedentes penales, la copia autenticada de la cédula de identidad personal y una declaración notarial bajo juramento que confirme que el aspirante no se encuentra dentro de las limitaciones constitucionales ni en las restricciones establecidas en la Ley 504 de 2025.

La persona seleccionada asumirá la dirección de la Defensoría del Pueblo, institución encargada de proteger y promover los derechos humanos en Panamá, en un momento marcado por cambios legales recientes que buscan fortalecer su funcionamiento.

Durante el primer bimestre de 2026, la entidad gestionó 1,231 trámites relacionados con la defensa de derechos ciudadanos, de los cuales 607 se registraron en enero y 385 en febrero, además de otras gestiones administrativas dentro de su sistema de atención. Del total de casos, se contabilizaron 831 orientaciones, 296 quejas, 97 peticiones y 7 investigaciones iniciadas de oficio, según cifras divulgadas por la institución.

Las estadísticas institucionales muestran que 1,201 de las gestiones correspondieron a trámites individuales, mientras que 23 casos tuvieron carácter colectivo y 7 investigaciones se iniciaron de oficio por la propia Defensoría.

Entre los derechos más invocados por la ciudadanía destacan el derecho al trabajo, el derecho al debido proceso y el derecho a la salud, temas que concentran buena parte de las consultas, reclamos y solicitudes de mediación presentadas ante la institución encargada de supervisar la actuación de las autoridades públicas y entidades que prestan servicios de interés social.

En cuanto a los canales utilizados por la población para presentar sus casos y consultas, la atención presencial se mantiene como la principal vía de contacto, con 586 trámites registrados en oficinas.

Otros canales utilizados incluyeron WhatsApp, con 184 solicitudes, la línea gratuita 127, con 170 comunicaciones, el correo electrónico, con 123 casos, así como correspondencia escrita, llamadas telefónicas, Defensorías Móviles, el asistente virtual Memoy y plataformas de redes sociales.

La mayoría de las gestiones fueron tramitadas en la sede central de la institución, así como en las oficinas regionales de Chiriquí y Veraguas.

El proceso de elección del nuevo defensor se produce además en un contexto de transformación institucional, luego de la aprobación de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, normativa que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo.

El actual defensor Eduardo Leblanc González explicó que la norma introduce cambios estructurales orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos y ampliar el alcance de la institución dentro del sistema democrático panameño.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la ampliación del ámbito de actuación de la Defensoría, que ahora podrá intervenir en casos relacionados con empresas públicas, privadas y mixtas que presten servicios de interés público.

La normativa también extiende la protección de derechos humanos a ciudadanos panameños que se encuentren en el extranjero, lo que representa una expansión significativa del mandato institucional.

Además, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que las autoridades respondan a los requerimientos de la Defensoría, con una sola prórroga permitida.

La Ley 504 también introduce mecanismos para modernizar la atención ciudadana, incluyendo la gestión digital de casos, el uso de herramientas tecnológicas para inspecciones institucionales y la clarificación de los procesos de orientación, mediación, quejas y peticiones.

Uno de los avances más destacados es la creación de un sistema formal de mediación con acuerdos vinculantes, lo que permitirá que las soluciones alcanzadas tengan carácter obligatorio y generen resultados concretos para las personas afectadas.

Finalmente, la nueva normativa fortalece la estructura interna de la institución mediante la creación de la Carrera Defensorial, además de establecer mecanismos de protección legal para los funcionarios y medidas de transparencia para garantizar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Defensoría.

El nuevo titular del cargo, que será escogido en las próximas semanas por la Asamblea Nacional, tendrá la responsabilidad de seguir implementando estas reformas y dirigir una institución que cumple 28 años de funcionamiento dentro del sistema de defensa de los derechos humanos en Panamá.

La figura del Defensor del Pueblo, conocida también como ombudsman, fue establecida en Panamá en 1997, tras la aprobación de la Ley 7 de 5 de febrero de ese año, con el objetivo de crear una institución independiente encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos frente a posibles abusos, omisiones o actuaciones indebidas de las autoridades públicas.

Desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha tenido el mandato de recibir quejas, mediar en conflictos y formular recomendaciones a las instituciones del Estado para garantizar el respeto de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, a lo largo de los años la entidad no ha estado exenta de cuestionamientos, en medio de críticas de sectores de la sociedad civil y de la población, que han pedido que la institución asuma un papel más preponderante y firme en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente frente a decisiones o actuaciones del aparato estatal.

En un comunicado divulgado el miércoles a través de su cuenta de X, la PUD sostuvo que el gobierno busca consolidar mecanismos que garanticen “lealtad al poder y subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad”. Según el texto difundido por EFE, los opositores afirman que la independencia institucional resulta esencial para recuperar la confianza ciudadana en el Estado y para asegurar el efectivo acceso a la justicia, así como la realización de investigaciones imparciales sobre posibles abusos de poder.

La PUD, que agrupa al grueso de la oposición venezolana, considera que el fiscal general desempeña una función central en la protección del debido proceso y en la reconstrucción del Estado de derecho. El comunicado subraya que la elección de las nuevas autoridades no debe responder a pactos políticos orientados a preservar cuotas de poder ni perpetuar lo que describen como “subordinación” de las instituciones al gobierno. Según lo reportado por EFE, la coalición opositora insiste en que la autonomía de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo constituye una base imprescindible para cualquier avance hacia la democracia y la institucionalidad.

El 25 de febrero, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, funcionarios cercanos al gobierno, presentaron su dimisión como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Esta decisión se produjo luego de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos, que abarca 13 casos específicos ocurridos entre 1999 y 2026. Tras las renuncias, Saab asumió temporalmente la Defensoría del Pueblo, mientras que Larry Devoe, abogado también identificado con el oficialismo, quedó como fiscal general encargado, según detalló la agencia EFE.

La legislación venezolana establece que la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General conforman el Consejo Moral Republicano, órgano que integra el denominado Poder Ciudadano y que, de acuerdo con la Constitución, debe estar representado por “diversos sectores de la sociedad”. EFE informó que la Asamblea Nacional, actualmente bajo control del chavismo, habilitó a partir del 2 de marzo un proceso de postulaciones para seleccionar los nuevos titulares de estos organismos. Aunque el plazo original terminaba el lunes siguiente, el Parlamento resolvió extenderlo hasta el viernes 13 de marzo a las 10:00, hora local (14:00 GMT), de acuerdo con la agencia de noticias.

Entre los requisitos para aspirar a los cargos de fiscal general o defensor del pueblo, la ley exige que los candidatos sean ciudadanos venezolanos por nacimiento y carezcan de cualquier otra nacionalidad. Además, deben presentar una declaración formal en la que conste la ausencia de militancia político-partidista y aportar una serie de documentos adicionales requeridos para el proceso de selección, tal como informó EFE.

La PUD sostuvo en su declaración que la independencia real de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo es “una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, según recogió EFE. La coalición opositora advierte que la confianza en las instituciones depende de la imparcialidad y autonomía de las autoridades que las conducen y denuncia que el actual proceso de selección podría perpetuar prácticas opacas que, en su opinión, han deteriorado la institucionalidad venezolana en los últimos años.

El contexto que rodea la selección de nuevos titulares se produce tras la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos el pasado enero, un episodio que, según la coalición opositora citada por EFE, refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales capaces de garantizar el control y la fiscalización adecuados sobre el poder público. Para la PUD, resulta especialmente relevante fortalecer la figura del fiscal general como “pieza fundamental” en la defensa del debido proceso y en la tarea de transparentar la administración pública.

El debate sobre la designación de autoridades judiciales y de control mantiene el foco sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos institucionales en Venezuela. Según la información divulgada por EFE, la oposición insta a que la integración del Consejo Moral Republicano sea resultado de un proceso abierto, representativo y apegado a los preceptos constitucionales, en lugar de acuerdos políticos que garanticen intereses de una sola facción.

El procedimiento abierto para postulaciones, supervisado por la Asamblea Nacional, incorpora filtros legales diseñados para evitar que los aspirantes mantengan vínculos partidistas, como remarcó EFE. No obstante, la designación de interinos vinculados al oficialismo y la postergación del plazo para la recepción de candidatos generan escepticismo en el ámbito opositor sobre la transparencia y pluralidad reales en la composición del Consejo Moral Republicano.

La agencia EFE reportó que, pese al marco legal que regula la elección de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, diversos sectores de la sociedad venezolana consideran que la actual coyuntura política condiciona el proceso. Por tal motivo, organizaciones de la sociedad civil, activistas y actores opositores continúan manifestando preocupación sobre las garantías institucionales y la posibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho con autonomía efectiva de los poderes públicos.

En la perspectiva de la PUD, la designación de las nuevas autoridades constituye una oportunidad para revertir prácticas que, según su denuncia, han debilitado la confianza ciudadana y las bases democráticas en el país. El comunicado insiste en el llamado a la independencia institucional y advierte sobre las implicaciones que tendría una selección “opaca” en la vigencia del Estado de derecho y la capacidad de investigación frente a posibles violaciones de derechos humanos y abusos de poder, conforme a lo reportado por EFE.

Con la prórroga del proceso de postulaciones y la atención centrada en el desarrollo de las próximas semanas, el desenlace de esta controversia definirá el futuro inmediato de organismos clave del aparato de justicia y control en Venezuela, sujetando el escrutinio nacional e internacional sobre la legitimidad y la independencia en la administración pública del país, según la cobertura continuada de EFE.

La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, pidió este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a que ambas instituciones recuperen credibilidad.

La organización abogó por las elecciones tras la renuncia de sus anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG denuncia que fueron utilizados como “instrumentos de persecución política”.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y, por tanto, puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.

Himiob consideró que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que se trata de una oportunidad real de justicia para miles de víctimas.

“El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.

El 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Saab fue designado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.

La Asamblea Nacional (AN) anunció un proceso de postulaciones para ambos cargos, que cierra este viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT).

En medio de este panorama político, Foro Penal informó que al menos 673 presos políticos fueron liberados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones, seguido por la aprobación de una Ley de Amnistía.

“673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía”, precisó Romero, quien detalló que de ese total, 166 salieron en el marco de la ley.

Actualmente, según Foro Penal, todavía hay 508 presos políticos en el país y un número significativo de detenciones arbitrarias que permanecen bajo análisis y verificación. Romero explicó que muchos de los casos evaluados son antiguos y que las personas no los habían reportado por “temor a represalias o miedo”. A su vez, indicó que la organización continúa verificando casos y que la cifra “puede aumentar”, ya que siguen llegando cientos de personas a sus oficinas en busca de orientación sobre el proceso de amnistía.

Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Parlamento comunicó que hasta el jueves 7.727 personas habían sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las cuales 253 salieron de prisión y 7.474 con medidas cautelares ya cuentan con libertad plena.

Romero aseguró que Venezuela sigue atravesando una “profunda crisis institucional” y que todavía no se puede hablar de una “transición democrática ni una reconciliación plena”.

(Con información de EFE)

Los principales gremios periodísticos de Panamá cuestionaron el avance del proyecto de ley que busca reformar el derecho a réplica, una iniciativa impulsada por el diputado Ernesto Cedeño que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

Las organizaciones advirtieron que la propuesta legislativa introduce nuevas obligaciones dentro de la normativa vigente que regula la rectificación de informaciones, lo que —según sostienen— podría alterar el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial en el país.

En un comunicado conjunto fechado el 11 de marzo de 2026, el Foro de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí manifestaron su rechazo al proyecto aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios sostuvieron que la iniciativa convierte un principio de autorregulación propio de la ética periodística en un mecanismo legal sujeto a sanción judicial, lo que podría tener impactos directos en la forma en que operan los medios de comunicación.

Las organizaciones recordaron que el ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad, y que dentro de la práctica informativa ya existe el derecho a réplica y rectificación como herramienta de equilibrio profesional.

A su juicio, dar voz a las personas afectadas por una publicación no solo constituye una obligación legal, sino también un principio ético que fortalece la calidad del mensaje periodístico y la confianza de los ciudadanos en los medios.

En ese sentido, los gremios reiteraron que la réplica debe mantenerse como un ejercicio de responsabilidad periodística y no convertirse en un instrumento legal que inhiba la crítica o la fiscalización pública.

Según el pronunciamiento, una regulación que imponga mecanismos rígidos de cumplimiento puede afectar el debate público, especialmente cuando se trata de la labor de los medios de comunicación de investigar, cuestionar o fiscalizar asuntos de interés público.

La preocupación surge a partir del Proyecto de Ley 391, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, que propone modificar el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, normativa que regula el derecho de rectificación o respuesta frente a informaciones consideradas inexactas o agraviantes.

Aunque el derecho a réplica ya está contemplado en la legislación panameña, la iniciativa introduce nuevas condiciones y obligaciones específicas para los medios de comunicación.

Entre los cambios planteados se establece que toda persona afectada por una información difundida en un medio de comunicación podrá exigir que su réplica o rectificación se publique en el mismo órgano de difusión, y que dicha respuesta debe tener el mismo espacio y prominencia que la noticia original.

El texto también contempla que la réplica podría ser incluso mayor que la publicación inicial, dependiendo de las circunstancias del caso.

La propuesta legislativa también incorpora la obligación de que los medios de comunicación mantengan un espacio o sección permanente destinada a publicar rectificaciones, respuestas, aclaraciones o comentarios de las personas afectadas por una información.

Para los gremios periodísticos, este tipo de disposiciones interfiere directamente con la organización editorial y la gestión informativa interna de los medios.

Otro de los cambios que introduce la iniciativa es la imposición de plazos específicos para la publicación de las rectificaciones, estableciendo que estas deberán difundirse dentro de las 48 horas siguientes a su recepción.

En caso de que el medio demuestre que existieron causas ajenas a su voluntad que impidieron cumplir ese plazo, el proyecto contempla una prórroga adicional de 24 horas para efectuar la publicación.

La propuesta también establece que si la rectificación se publica de forma parcial o defectuosa, la persona afectada podrá acudir a los tribunales alegando violación de su derecho, lo que abre la puerta a procesos judiciales vinculados al cumplimiento de esta obligación.

De esta forma, el proyecto incorpora mecanismos legales más estrictos para exigir la publicación de las respuestas o aclaraciones.

Además, el texto plantea nuevas responsabilidades jurídicas para los propietarios de los medios de comunicación, quienes podrían ser considerados responsables subsidiarios si no se cumple con la publicación de la rectificación en el tiempo establecido.

La responsabilidad también se extendería a los contenidos difundidos en espacios pagados por terceros, incluyendo programas contratados, si sus conductores no publican la réplica presentada por una persona afectada.

Para los gremios de prensa, estas disposiciones amplían las responsabilidades legales más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos.

Según señalaron, extender eventuales sanciones hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan en la elaboración del mensaje periodístico introduce una lógica de responsabilidad que podría generar efectos inhibitorios dentro del ecosistema mediático.

Las organizaciones también señalaron que resulta llamativo que iniciativas de este tipo logren respaldo transversal dentro del debate legislativo, pese a que las diferencias ideológicas suelen dividir a los diputados en otros temas.

A su juicio, esa coincidencia debería invitar a una reflexión más profunda sobre las consecuencias institucionales de decisiones que inciden directamente en el ejercicio de las libertades públicas.

Finalmente, los gremios afirmaron que la transparencia y la protección de la honra se fortalecen a través de la ética profesional y la responsabilidad informativa, y no mediante normas que trasladen responsabilidades desproporcionadas a los medios de comunicación.

En su opinión, cualquier reforma en esta materia debe preservar el equilibrio entre el derecho de las personas a defender su reputación y la libertad de prensa como uno de los pilares del sistema democrático.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó la ratificación de Lilibeth Cárdenas Chanis como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), luego de su designación por parte del presidente José Raúl Mulino tras la salida de la anterior titular de la entidad.

La decisión deberá ahora ser sometida a votación del pleno legislativo, que tendrá la última palabra sobre la confirmación de la funcionaria en el cargo.

La designación se produce después de la renuncia de Ana Fábrega, quien dejó la institución en medio de denuncias sobre presuntos maltratos e irregularidades en albergues bajo responsabilidad del Estado.

Las acusaciones se concentraron especialmente en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde surgieron señalamientos que motivaron investigaciones por parte del Ministerio Público y revisiones institucionales sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores.

Antes de la designación de Cárdenas Chanis, el Ejecutivo intentó nombrar a otras dos personas para dirigir la Senniaf, pero ambos nombramientos se cayeron en menos de 24 horas tras recibir cuestionamientos públicos y falta de respaldo político.

La situación prolongó el proceso de selección hasta que el Gobierno formalizó la postulación final de Cárdenas Chanis, cuyo nombramiento ahora depende de la ratificación legislativa.

El caso de las supuestas irregularidades en los albergues tomó relevancia después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, realizara una visita de fiscalización al albergue de Tocumen.

Tras esa inspección, Brenes presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes, señalando que los hallazgos detectados durante el recorrido ameritaban una investigación y respuestas institucionales.

En paralelo a este proceso, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, deberá comparecer el 1 de abril ante la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 42 preguntas elaborado por los diputados sobre la gestión del sistema de albergues y la supervisión del Senniaf.

La institución forma parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encargado de coordinar las políticas públicas relacionadas con la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Entre los temas que deberá abordar la ministra figuran los mecanismos de fiscalización sobre los centros de protección, la coordinación entre el Mides y la Senniaf, la actuación institucional ante alertas tempranas y las acciones implementadas para garantizar los derechos de los menores y jóvenes bajo custodia del Estado.

Los diputados también solicitarán detalles sobre la forma en que se supervisa el funcionamiento de los albergues y el cumplimiento de la normativa vigente.

El cuestionario aprobado por la Asamblea también exige información sobre las acciones correctivas implementadas tras la inspección legislativa y la intervención del Ministerio Público.

Los diputados pidieron explicar cuáles son los protocolos institucionales para prohibir castigos físicos, psicológicos u otras prácticas contrarias al interés superior del niño, así como las condiciones físicas, estructurales y técnicas que deben cumplir los centros de atención y cuántos de ellos presentan incumplimientos.

Asimismo, la ministra deberá detallar cuántos funcionarios han sido evaluados, sancionados o separados del cargo por presuntas irregularidades en la atención de menores, además de explicar qué medidas se han adoptado para prevenir nuevos casos.

Entre las acciones que deberán ser explicadas se encuentran auditorías internas, mecanismos de vigilancia y el seguimiento institucional a las denuncias presentadas en relación con el funcionamiento de los albergues.

Mientras se desarrolla este proceso legislativo, diputados de distintas bancadas han continuado con recorridos de inspección en albergues del país como parte de las acciones de fiscalización. Estas visitas forman parte de las revisiones impulsadas por la Asamblea Nacional para verificar las condiciones en que operan los centros de protección y el manejo institucional del sistema de atención a menores bajo tutela del Estado.

El Órgano Ejecutivo decidió objetar el proyecto de ley que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud en Panamá, una iniciativa que había sido aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

La decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud (Minsa), que argumentó que la extensión generalizada de horarios debe responder a criterios técnicos, administrativos y de disponibilidad de recursos, y no a una obligación establecida por ley.

La propuesta legislativa pretendía establecer horarios extendidos obligatorios en centros de salud del país, con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios médicos y reducir las limitaciones de atención en horas de la noche.

Sin embargo, el Ejecutivo objetó el proyecto en su totalidad por considerarlo inconveniente, señalando que el sistema sanitario ya aplica estrategias de ampliación de horarios de manera gradual y según las necesidades de cada región.

Actualmente, 119 instalaciones del Ministerio de Salud cuentan con horario extendido a nivel nacional, una modalidad que permite ofrecer atención médica después de las 3:00 de la tarde en distintos centros del país.

Según la entidad, esta estrategia busca garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud, especialmente en áreas donde la demanda de pacientes requiere ampliar la disponibilidad de consultas y procedimientos médicos. Minsa respalda objeción del Pro…

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere una estructura administrativa completa, por lo que no se trata únicamente de mantener abierto un centro de salud durante más horas.

“El Ministerio de Salud tiene desde hace tiempo establecido horarios extendidos en muchos centros de salud”, indicó el funcionario, al destacar que la ampliación de atención ya se aplica en varias instalaciones del sistema público.

Boyd señaló que abrir un centro de salud en horario extendido implica la contratación y disponibilidad de múltiples perfiles de personal, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia y personal de limpieza, además de recursos para el funcionamiento operativo del establecimiento.

“El abrir un horario extendido no implica nada más que un médico, implica nombrar enfermeras, médicos, camilleros y otros trabajadores”, explicó el ministro al referirse a los costos administrativos que conlleva ampliar el servicio.

El titular de Salud también advirtió que la ampliación de horarios debe aplicarse en lugares donde exista una demanda real de atención, ya que mantener instalaciones abiertas durante la madrugada o en horarios de baja afluencia podría generar un uso ineficiente de los recursos públicos.

“Tenemos que administrar los pocos recursos que tiene el Estado de manera que puedan ser utilizados de la mejor forma posible”, afirmó Boyd al explicar la postura del ministerio frente al proyecto aprobado por los diputados.

Betserai Richards, diputado por la libre postulación e integrante de la bancada Seguimos, defendió el proyecto que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud y cuestionó la decisión del Ejecutivo de objetarlo en su totalidad.

El legislador sostuvo que la iniciativa no surgió de forma improvisada, sino que fue construida dentro de la comisión legislativa tras un proceso prolongado de análisis.

Según Richards, la propuesta permaneció en discusión por más de un año y durante ese tiempo recibió observaciones técnicas, incluyendo aportes de asesores vinculados al propio Ministerio de Salud.

A su juicio, el objetivo central del proyecto era facilitar el acceso de la población a los servicios médicos, especialmente en un sistema donde muchos pacientes enfrentan dificultades para obtener atención oportuna.

El diputado también señaló que la experiencia cotidiana de los usuarios del sistema público de salud dista de la visión expuesta por las autoridades.

En ese sentido, mencionó problemas como las extensas filas para conseguir una cita, el desabastecimiento de medicamentos y las limitaciones de infraestructura en distintas instalaciones, factores que —según planteó— reflejan una situación distinta a la descrita en los reportes oficiales.

De acuerdo con el ministro, el Minsa continuará evaluando la posibilidad de ampliar los horarios en otras instalaciones sanitarias, pero lo hará de forma planificada y priorizando las zonas donde la población requiere mayor acceso a atención médica.

Esta estrategia, según explicó, busca garantizar que los centros de salud que operen en horario extendido cuenten con el personal y la infraestructura necesarios para atender adecuadamente a los pacientes.

El ministerio también indicó que la ampliación de horarios debe formar parte de una planificación sanitaria que identifique cuáles centros pueden cubrir mejor a la población durante la noche o en situaciones de urgencia.

Según Boyd, la meta es informar a la población cuál es el centro de salud más cercano a su residencia que cuenta con atención en horarios extendidos, especialmente en casos de emergencias o consultas médicas fuera del horario habitual.

Antes de concluir la ceremonia en la Asamblea Nacional, António José Seguro anunció que una de sus primeras acciones como presidente será condecorar a su antecesor, Marcelo Rebelo de Sousa, con la Orden de la Libertad. Este reconocimiento busca destacar tanto “su amor por Portugal” como la relevancia de una figura cuya presencia ha marcado la vida política reciente del país. Desde este contexto, António José Seguro asumió oficialmente el cargo de presidente, tras prestar juramento sobre la Constitución y comprometerse públicamente a representar a toda la ciudadanía, según publicó la prensa lusa.

En el transcurso de su discurso de investidura, reportó la prensa local, Seguro afirmó que ejercerá su mandato desde la independencia y el respeto absoluto a la pluralidad parlamentaria. Subrayó la importancia de la cooperación institucional y transmitió a los legisladores y al país su disposición a colaborar en la defensa y el fortalecimiento del sistema democrático. “Les deseo todo lo mejor y les aseguro mi cooperación institucional, respetando la Constitución de la república, sobre la cual acabo de prestar juramento solemne”, declaró, acompañado por Rebelo de Sousa, al que agradeció los años de servicio ofrecidos al país.

Según consignó la prensa lusitana, el mandatario dedicó buena parte de su intervención a llamar la atención sobre la necesidad de proteger la democracia en un contexto marcado por el auge de formaciones ultraderechistas. Seguro insistió en su compromiso, definido como resultado de una “convicción” personal y de forma “independiente”, reiterando así una de sus principales promesas de campaña, cuando se presentó como un candidato abierto más allá de sus vínculos socialistas y orientado al consenso.

Durante su pronunciamiento, de acuerdo con la información de la prensa local, el presidente puso énfasis en restaurar la confianza social y el sentido de comunidad entre los portugueses. “Sé que hay muchos portugueses indignados, muchos dejaron de creer. Dejo un mensaje: crean en Portugal. Creo que todos son necesarios y que cada uno tiene un papel, es urgente restaurar el sentido de comunidad”, afirmó, en referencia a la fragmentación social reciente y el auge de discursos extremos promovidos por la ultraderecha.

El medio luso detalló que Seguro abordó las desigualdades y la necesaria exigencia hacia las instituciones democráticas, apuntando a los principales “desafíos estructurales” que afronta Portugal y cuya resolución, señaló, no debe recaer en la improvisación. Frente a los partidos políticos, el presidente sugirió que los próximos tres años sin elecciones representan una “oportunidad de oro” para que las formaciones sitúen los intereses nacionales por encima de agendas inmediatas, advirtiendo que “la democracia necesita tiempo para producir resultados satisfactorios”.

Seguro expresó en el hemiciclo que, como jefe de Estado, se compromete a promover acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas, subrayando: “El país gana cuando los partidos consiguen coincidir en lo esencial. Como presidente de la república, haré todo para promover los acuerdos entre los responsables políticos”, en palabras recogidas por la prensa portuguesa. Esta declaración retoma la idea central de su campaña electoral, basada en la búsqueda de mayorías amplias y la voluntad de alejarse de polarizaciones.

De acuerdo con los reportes de la prensa lusa, António José Seguro llega a la presidencia tras obtener el mayor respaldo electoral registrado durante la democracia portuguesa. Su victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero frente al candidato de la ultraderecha, André Ventura, consolidó su liderazgo y le otorga una posición de fortaleza institucional de cara a los desafíos que ha enumerado durante la asunción.