La Asamblea Nacional de Venezuela designó el jueves a Larry Devoe como nuevo fiscal general, en una decisión adoptada por el Parlamento dominado por el oficialismo en medio del proceso derivado de la Ley de Amnistía promulgada en febrero. El nombramiento se concretó luego de que el funcionario ejerciera el cargo de forma temporal desde finales de ese mes, cuando el Legislativo lo eligió para encabezar la institución durante el proceso de recepción de postulaciones.

Devoe ocupó distintos cargos dentro de la administración estatal durante el régimen de Nicolás Maduro y mantuvo un perfil más bajo que su predecesor, Tarek William Saab. Su trayectoria incluye funciones como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y representante del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También integra el Programa de Convivencia y Paz, creado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El funcionario formó parte además de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. A esto se suma su rol como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras responsabilidades dentro del aparato estatal.

El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, cuestionó su designación y señaló a EFE que Devoe es un “funcionario de absoluta confianza” de Rodríguez. A su juicio, este vínculo pone en duda la independencia del Ministerio Público. En esa línea, lo describió como un “funcionario multicargos” y sostuvo que mantiene una relación estrecha con la dirigencia gubernamental.

Murillo también afirmó que el nuevo fiscal mostró “actitudes despectivas” frente a organizaciones que denunciaron violaciones de derechos humanos. Sobre su desempeño en este ámbito, agregó que “su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder”, en referencia a su participación en espacios internacionales donde se presentaron denuncias contra el Estado venezolano.

Por su parte, el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo ofreció una lectura distinta sobre el nombramiento. Señaló que parecía ser “una apuesta por la especialización técnica” en el contexto político actual y definió a Devoe como “un operador jurídico práctico que conoce profundamente el lenguaje del cumplimiento ante organismos internacionales”.

Durante su presentación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la formación académica del nuevo fiscal. Indicó que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho. También es especialista en ciencias penales y criminalísticas y cuenta con diplomados en derechos humanos.

El nuevo titular del Ministerio Público asume en un contexto marcado por la implementación de la Ley de Amnistía y por el “nuevo momento político” declarado por el Ejecutivo. Este escenario incluye el restablecimiento pleno de relaciones con Estados Unidos, acordado en marzo bajo la Administración de Donald Trump.

En ese marco, Aveledo consideró que Devoe posee el “perfil ideal” en función de los intereses políticos en juego. Explicó que “en el marco de un ‘cuasi-protectorado’ que busca legitimidad externa para estabilizarse, su perfil es ideal para transitar de la fase de resistencia penal a una fase de arbitraje tutelado”.

Murillo, en tanto, insistió en sus cuestionamientos y sostuvo que la cercanía con el poder político genera dudas sobre su desempeño. Recordó que la Constitución exige independencia en el cargo y afirmó que se necesita “un fiscal que le hable al país” y que “genere confianza”, en referencia a las expectativas sobre la conducción del Ministerio Público.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela nombró este jueves a Larry Devoe como fiscal general del país, en una jornada parlamentaria en la que también se oficializó la elección de Eglée González Lobato como defensora del pueblo.

Devoe, quien ha sido identificado como colaborador estrecho de la cúpula chavista y aliado de Delcy Rodríguez, asume el cargo tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero.

Durante la sesión, la diputada Carolina Carreño defendió la candidatura de Devoe señalando que “reúne impecablemente todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas para llevar la dirección y la conducción del Ministerio Público”.

El nombramiento fue aprobado con 275 votos favorables, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Devoe había ejercido como fiscal encargado desde el 25 de febrero, tras la salida de su antecesor.

“Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que esté a la altura de nuestro pueblo, un sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza”, expresó el nuevo fiscal.

La designación recibió críticas de la bancada opositora, representada por figuras como el diputado Henrique Capriles, quien propuso a la jurista Magaly Vásquez, quien obtuvo 10 votos, y cuestionó la falta de independencia en el proceso.

“Si queremos que este país cambie, esta es una oportunidad de poner en las instituciones a personas que no tengan militancia política, que sean independientes y que esas instituciones le sirvan al país”, afirmó.

En la misma jornada, el Parlamento oficializó la elección de Eglée González Lobato como defensora del pueblo. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, destacó que González “jamás ha militado en un partido político” y consideró que esto representa “una gran oportunidad” para el cargo.

Sin embargo, el diputado Henri Falcón, en nombre de la bancada opositora Libertad, manifestó su rechazo a ambos nombramientos por no garantizar “idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática”.

Falcón sostuvo que “las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela”.

El proceso de selección de las nuevas autoridades fue cuestionado por organizaciones no gubernamentales, que denunciaron la falta de transparencia y la ausencia de representantes de la sociedad civil en el Comité de Evaluación de Postulaciones, constituido únicamente por diputados oficialistas.

La renovación de los cargos en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo se inscribe en una serie de cambios institucionales posteriores a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero. Dicha norma habilitó la liberación de algunos presos políticos, aunque su alcance ha sido restringido a trece casos específicos.

Perfil de Larry Devoe

Larry Devoe Márquez es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en criminología y ciencias penales. Inició su carrera pública en la Defensoría del Pueblo en 2001 y, cuatro años después, asumió la jefatura de la División de Atención al Ciudadano en Conatel.

En 2007, se incorporó como asesor jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en 2010, regresó a la Defensoría para dirigir el área de servicios jurídicos.

Con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, Devoe fue nombrado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos en 2014, y también se desempeñó como consultor jurídico de la Vicepresidencia y representante ante organismos internacionales.

Participó en la delegación venezolana ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos en 2016 y respaldó la salida del Estado venezolano de la CIDH en 2013. Su trayectoria ha estado marcada por la ocupación de cargos vinculados a la defensa institucional del oficialismo en organismos nacionales e internacionales.

(Con información de EFE y AFP)

El plazo de 90 días que autorizaba a Delcy Rodríguez a ejercer como presidenta interina de Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro expiró el viernes sin que la Asamblea Nacional controlada por el chavismo haya comunicado una votación para extender su mandato.

La ausencia de una definición formal abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre la legalidad de su continuidad en el cargo.

La resolución del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en enero tras la detención y extradición de Maduro a Estados Unidos, establece un máximo de 90 días para cubrir la ausencia temporal del jefe de Estado, con la posibilidad de una prórroga de otros 90 días sujeta a la aprobación parlamentaria. La Asamblea Nacional no informó oficialmente haber cumplido ese trámite antes del vencimiento del plazo.

A pesar de ello, Delcy Rodríguez continúa ejerciendo funciones ejecutivas, liderando el régimen chavista y tomando decisiones de gobierno. No hay información pública sobre el mecanismo legal que respalda su permanencia, lo que refuerza las expectativas de que el chavismo recurra nuevamente a una interpretación favorable del Tribunal Supremo para legitimar la situación, como ocurrió en ocasiones anteriores ante vacíos institucionales y crisis de sucesión.

La Constitución venezolana diferencia entre una ausencia temporal y una falta absoluta del presidente. En caso de declararse la vacancia definitiva, la Asamblea Nacional tendría la facultad de convocar elecciones anticipadas. Hasta ahora, ese mecanismo no fue activado. El oficialismo ha evitado abrir un proceso electoral y se mantiene en el esquema actual, sin anunciar cambios en la conducción del Ejecutivo.

Desde la salida de Maduro, Rodríguez consolidó su posición en el aparato de poder. Impulsó el relevo de funcionarios en áreas estratégicas, desplazó a figuras históricas del chavismo y avanzó en negociaciones para reordenar el sector petrolero con participación privada.

Este proceso coincidió con el alivio parcial de sanciones por parte de Estados Unidos y el reconocimiento diplomático de la figura de Rodríguez por parte de Washington.

El trasfondo sigue marcado por la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ambos trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. El discurso chavista sostiene que la captura fue un “secuestro”, argumento utilizado por la justicia venezolana para justificar la sustitución temporal del poder presidencial.

La falta de un paso institucional visible para asegurar la continuidad de Rodríguez más allá del plazo previsto genera interrogantes sobre la naturaleza legal de su mandato.

El chavismo acumula antecedentes de decisiones validadas posteriormente por el Tribunal Supremo, en especial durante crisis políticas o disputas internas. Por este motivo, se espera una sentencia que convalide la prórroga de la presidencia interina.

La continuidad sin una votación pública también pone de relieve las dinámicas internas del régimen chavista. Al no activar un proceso electoral ni una competencia entre facciones, el chavismo evita posibles conflictos de poder, pero prolonga una situación excepcional que depende de interpretaciones judiciales y no de mecanismos constitucionales ordinarios.

La prórroga ya vencida y la ausencia de explicaciones oficiales someten al chavismo a una nueva prueba sobre su manejo de la sucesión y el control del poder.

Rodríguez sigue al frente de la administración, pero el vacío legal respecto a la extensión de su mandato interino mantiene la incertidumbre institucional y expone la fragilidad de los equilibrios internos en el régimen.

Por ahora, el oficialismo sostiene la continuidad de Rodríguez mientras la expectativa se centra en la respuesta judicial o el anuncio de una eventual convocatoria electoral.

(Con información de The Associated Press)

La Asamblea Nacional de Venezuela difirió este jueves, por segunda semana consecutiva, la discusión final necesaria para aprobar la nueva Ley de Minas. El organismo legislativo controlado por el chavismo decidió aplazar el análisis de los artículos restantes del proyecto, luego de aprobar 55 de los 130 apartados que componen la propuesta.

La solicitud para postergar la discusión fue presentada por el diputado Orlando Camacho, quien argumentó que era necesario revisar a fondo los puntos pendientes para cumplir con la instrucción de la jefa del régimen, Delcy Rodríguez.

“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar, para que esta ley quede robusta, solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expuso Camacho durante la transmisión de la sesión.

Entre los artículos aprobados este jueves figura el 36, que establece que el Estado podrá reservarse la actividad de minerales radioactivos por razones estratégicas y de interés público, abarcando desde la explotación hasta la comercialización de los productos derivados.

El artículo 37 otorga al Banco Central de Venezuela el derecho preferente para adquirir el oro que se genere en cualquier actividad minera, canalizando las transacciones a través del Ministerio de Minas.

El texto también contempla la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, organismo encargado de la supervisión, control, inspección y fiscalización del sector. Esta entidad también tendrá atribuciones para administrar los tributos y regalías vinculados a la minería, aunque estos aspectos aún no han sido debatidos por el pleno parlamentario.

La Ley de Minas que está en discusión busca reemplazar la legislación vigente desde 1999, promulgada durante el mandato de Hugo Chávez. La nueva normativa introduce disposiciones para permitir la participación de inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, en un contexto en el que Estados Unidos ha manifestado su interés en el oro venezolano tras recientes flexibilizaciones en las sanciones al sector.

En el proyecto se establece que las actividades mineras podrán ser realizadas también por personas naturales dedicadas a la minería artesanal, y se incorporan mecanismos para la resolución de conflictos mediante tribunales nacionales, mediación o arbitraje, según acuerdo entre las partes involucradas.

El Ministerio de Minas, según lo aprobado hasta ahora, tendrá la competencia para promover la inversión privada y extranjera en el sector, bajo un marco jurídico que garantice seguridad a los inversionistas. Este enfoque coincide con el interés expresado por funcionarios estadounidenses tras la visita a Caracas del secretario de Interior, Doug Burgum, quien afirmó que empresas de su país “desean operar en Venezuela” y destacó la importancia de avanzar hacia “seguridad jurídica” para el capital internacional.

El debate de la ley se realiza artículo por artículo. La semana pasada, el Parlamento había aprobado 12 apartados, incluyendo uno clave que faculta al Ministerio de Minas a fomentar la inversión en el sector.

La discusión de los artículos restantes quedó pendiente para una próxima sesión, sin fecha definida, lo que mantiene en suspenso la aprobación definitiva de una normativa considerada fundamental para diversificar la economía venezolana y responder a la demanda internacional por recursos minerales.

En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó una ley orgánica que simplifica los trámites administrativos en el sector público, permitiendo a la Presidencia modificar o eliminar procedimientos burocráticos para agilizar procesos y facilitar la llegada de inversiones extranjeras.

Esta legislación, también impulsada por Delcy Rodríguez y respaldada por el gobierno de Estados Unidos, busca eliminar las trabas institucionales que limitan la eficiencia del Estado y obstaculizan el flujo de capital hacia sectores estratégicos como hidrocarburos y minería.

Ambas reformas forman parte de una serie de cambios presentados al Parlamento a inicios de año, orientados a incentivar la participación privada y extranjera en áreas clave de la economía venezolana.

El marco regulatorio propuesto para el sector minero y la simplificación de trámites estatales han recibido el apoyo de funcionarios estadounidenses, quienes han destacado la importancia de un entorno favorable para las inversiones tras años de sanciones y restricciones.

(Con información de EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo una votación unánime que culminó con el respaldo a Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva fiscal general, después de la dimisión de Reinaldo Muñoz Pedroza. De acuerdo con lo informado por la cadena Globovisión, Seijó Noguera se convierte en la máxima autoridad del Ministerio Público, luego de que su candidatura fuera presentada ante el Parlamento por Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Según publicó Globovisión, Ariannys Seijó Noguera es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela. En su trayectoria profesional ha ejercido funciones en el ámbito público y privado. Hasta el momento de asumir la jefatura del Ministerio Público se desempeñaba como consultora jurídica en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal de hidrocarburos. La cadena detalló que la nueva fiscal también tuvo responsabilidades como asesora externa en la Procuraduría General de la República.

Tal como reportó Globovisión, la sesión parlamentaria también se centró en la política exterior con la designación de embajadores. La Asamblea aprobó el nombramiento de Ramón Orlando Maniglia Ferreira, exministro de Defensa y jefe de la delegación diplomática en Alemania, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela en Colombia. El órgano legislativo enfatizó que este nombramiento busca profundizar las relaciones diplomáticas y fortalecer los lazos bilaterales dentro del contexto de la hermandad bolivariana. Según el informe de la cadena, la designación recibió el respaldo unánime de los diputados presentes.

En el ámbito de la política internacional, la Asamblea Nacional dio luz verde a la designación de Rubén Darío Molina como embajador extraordinario y plenipotenciario en Nicaragua. La aprobación de esta labor diplomática forma parte, según reportó VTV, de una estrategia para consolidar la presencia de Venezuela en Centroamérica y apoyar una diplomacia orientada a la paz, la complementariedad y los intereses de los pueblos del hemisferio sur frente a los desafíos regionales.

VTV recogió declaraciones que señalan que estas designaciones buscan impulsar una agenda bilateral más profunda con los países involucrados. El organismo parlamentario subrayó la importancia de estos movimientos para alinear la política exterior venezolana con los objetivos de integración y cooperación establecidos por el Ejecutivo.

Este conjunto de nombramientos ocurre en un contexto político marcado por la transición en la conducción de instancias clave del Estado, reflejando la intención de respaldar la gestión institucional y consolidar la presencia y actividad diplomática del país tanto en la región como ante la comunidad internacional.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, se reunió este miércoles en Caracas con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en el país caribeño, y con una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano.

“Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”, expresó el dirigente chavista tras el encuentro, del que se difundieron imágenes pero no detalles sobre los temas tratados.

A la reunión asistieron también los vicepresidentes parlamentarios Pedro Infante y Grecia Colmenares.

De forma paralela, la diputada opositora Nora Bracho informó que la comisión especial de seguimiento de la Ley de Amnistía sostuvo una “sesión histórica” con los representantes estadounidenses.

“Hoy, 14 miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, sostendremos una importante reunión con representantes del Senado de EEUU, con quienes conversaremos en profundidad sobre la Ley de Amnistía, sus avances y próximos pasos a seguir”, comunicó Bracho, sin precisar los nombres de los funcionarios.

Fuentes parlamentarias confirmaron que la delegación estadounidense estuvo compuesta por cinco funcionarios de alto nivel del Senado, que mantuvieron encuentros tanto con la directiva de la Asamblea Nacional como con la comisión de seguimiento de la amnistía, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza.

El tema de la Ley de Amnistía, destinada a facilitar la reconciliación política y la liberación de presos políticos, figura entre las prioridades del actual ciclo de diálogo en Venezuela.

Esta ronda de reuniones de alto nivel coincide con una serie de cambios en el gabinete venezolano, impulsados por la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.

En las últimas semanas, la jefa del chavismo ha removido a figuras emblemáticas del régimen anterior y reforzado su equipo con nuevos nombramientos en áreas clave de defensa, energía y seguridad.

Este miércoles, designó a Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014 y será reasignado a otras funciones aún no especificadas.

En el área de seguridad, Henry Navas Rumbos fue nombrado comandante de la Guardia de Honor Presidencial, mientras que Germán Gómez Lárez asumió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Estos movimientos se producen poco después de la captura y extradición a Estados Unidos del narcodictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia en ese país tras la operación militar estadounidense de enero.

Delcy Rodríguez también ha renovado los equipos ministeriales en sectores estratégicos como Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte y Trabajo, y nombró a un nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.

Entre los cambios recientes se destaca la designación de Paula Henao al frente del Ministerio de Hidrocarburos y de Luis Villegas en Industrias y Comercio Nacional, en sustitución de Alex Saab, quien estuvo encarcelado en Estados Unidos y era uno de los empresarios más cercanos al círculo de Maduro.

Desde su asunción el 5 de enero, la jefa del régimen chavista ha dado señales de buscar una relación diferente con Washington. Ha calificado al presidente estadounidense Donald Trump como “socio y amigo” y ha recibido en Caracas a altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum.

Estos acercamientos se producen en un contexto de expectativa internacional sobre la evolución del proceso político venezolano y la posibilidad de lograr acuerdos que incluyan garantías para la oposición, la liberación de presos políticos y la reinstitucionalización del país.

(Con información de EFE)

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles sus renuncias ante la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, poniendo fin a casi una década al frente de dos organismos señalados por su alineamiento con el régimen y su papel en la estructura de control del dictador derrocado Nicolás Maduro.

La secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, comunicó que las cartas de renuncia fueron dirigidas al titular del Legislativo, Jorge Rodríguez.

Minutos después de la renuncia de Saab, el parlamento aprobó designarlo como Defensor del Pueblo encargado.

Al frente de la Fiscalía General quedará de forma temporal el abogado Larry Devoe, actual asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y estrecho colaborador de Delcy Rodríguez.

Tarek William Saab, de 63 años, fue designado fiscal general en agosto de 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz por la Asamblea Nacional Constituyente. Durante su mandato, Saab se consolidó como una figura del aparato judicial chavista, conocido por encabezar la respuesta estatal ante denuncias de corrupción, operar contra la oposición y justificar detenciones masivas durante protestas ciudadanas.

Saab rechazó de manera reiterada los informes de organismos internacionales y de derechos humanos que, según sus propios comunicados, señalaron la existencia de presos políticos en Venezuela.

“Yo los llamo prisioneros, no les doy ninguna otra etiqueta. Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, aseguró recientemente.

Además de defender la versión chavista, Saab fue el portavoz de las excarcelaciones de enero, declarando que más de 400 medidas de liberación se tramitaron desde finales de diciembre, como parte de las acciones para “garantizar la pacificación total del país”.

En enero de 2026, sostuvo que el Ministerio Público había atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017, mientras que programas de justicia comunitaria alcanzaron a más de 1,2 millones de personas desde su llegada al cargo.

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, también formalizó su renuncia, según la comunicación leída en la Asamblea Nacional.

Ruiz, al frente de la Defensoría desde 2017, fue cuestionado por organizaciones civiles y multilaterales por su constante respaldo al régimen chavista y la falta de independencia de la institución.

La permanencia de Saab y Ruiz en la cúpula de estos organismos fue objeto de fuertes críticas por parte de la oposición y la comunidad internacional. Diversos informes y declaraciones públicas pusieron en duda la autonomía de la Fiscalía y la Defensoría, y los señalaron por su papel en la persecución de líderes opositores, la represión de protestas y la falta de garantías procesales para los detenidos en el contexto de la crisis política.

En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había ratificado a Saab para un nuevo período, extendiendo su mandato hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura tras la captura de Maduro y la instauración del régimen tutelado de Delcy Rodríguez precipitó el retiro de ambos funcionarios.

Durante su tiempo en la Fiscalía, Saab intervino en debates de seguridad y política internacional, defendiendo la postura Nicolás Maduro ante denuncias de violencia y atacando a gobiernos extranjeros en medio de tensiones diplomáticas. En 2025, por ejemplo, confrontó públicamente al presidente chileno Gabriel Boric en medio de disputas bilaterales.

El paso de Saab y Ruiz por estas instituciones queda marcado, según informes de la oposición y de organismos internacionales, por el control oficialista sobre la administración de justicia y la protección de derechos, así como por las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos en respuesta a su rol en la represión política y la falta de avances democráticos.

La Asamblea Nacional deberá ahora designar autoridades interinas para la Fiscalía y la Defensoría, mientras se inicia el proceso para nombrar nuevos titulares.

La salida de Saab y Ruiz es considerada por diversos sectores como uno de los cambios institucionales más relevantes tras la caída de Maduro y abre interrogantes sobre el futuro del sistema judicial y la vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela.

(Con información de EFE y AFP)

Más de 100 presos políticos han sido liberados en Venezuela desde el pasado viernes, tras la promulgación de la ley de amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian demoras, exclusiones y obstáculos en la aplicación efectiva del beneficio.

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este martes que 109 personas recuperaron la libertad en los últimos días, en un proceso marcado por trabas judiciales y protestas de quienes aún esperan una resolución.

La ley de amnistía, impulsada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, establece el sobreseimiento de causas penales y la libertad plena para cientos de opositores detenidos desde 1999, además de la regularización de la situación de miles de personas bajo libertad condicional.

Según datos del Foro Penal, siete liberaciones ocurrieron el viernes, 15 el sábado, 46 el domingo y 41 el lunes, sumando 109 excarcelaciones verificadas. A estas se añaden otras 545 desde el 8 de enero, cuando el chavismo anunció el inicio del proceso.

Entre los recién liberados figuran Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano detenido en noviembre de 2023 por publicaciones críticas al chavismo, y Lourdes Villareal, docente y ex dirigente sindical vinculada a la oposición.

“Hoy recobro mi libertad, una libertad que nunca debí perder porque fue injusta e ilegal. No cometí ningún delito: opinar no es un delito, pero aún hay muchos presos políticos y muchos cambios pendientes en nuestro país”, expresó Piñero en un mensaje difundido por su partido.

La alegría de las liberaciones contrasta con la frustración de cientos de familiares que permanecen fuera de cárceles como El Rodeo I, cerca de Caracas, donde se mantiene una huelga de hambre de más de 200 detenidos que exigen su inclusión en los beneficios de la amnistía.

“La alimentación de ellos no es la adecuada para aguantar una huelga de hambre”, advirtió Massiel Cordones, madre del militar José Barreno, quien lleva más de cinco años en prisión y fue excluido por su presunta participación en la Operación Gedeón, el intento fallido de incursión armada contra el dictador Nicolás Maduro ocurrido los días 3 y 4 de mayo de 2020. Este caso quedó fuera del alcance de la ley de amnistía.

El Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han registrado numerosos casos en los que los tribunales se niegan a recibir solicitudes de sobreseimiento o dilatan la revisión de expedientes. Abogados defensores denuncian que los jueces con competencia en terrorismo rechazan tramitar las peticiones, mientras la defensa pública muestra criterios dispares.

“Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos, no se les puede permitir violentar la ley de amnistía”, reclamó Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas y beneficiario de libertad condicional desde 2025, tras ver rechazada su solicitud.

El diputado Stalin González exigió que la ley se cumpla “sin excusas”, advirtiendo que “no es un adorno ni un titular”, sino “una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país”. Por su parte, Antonio Ecarri, integrante de la comisión encargada de supervisar la aplicación de la amnistía, anunció que solicitará investigar a los jueces que obstaculicen el proceso.

La comisión parlamentaria, presidida por Jorge Arreaza, informó que 2.021 personas fueron beneficiadas con libertad plena tras tener medidas cautelares, mientras 177 presos recibieron la amnistía desde el viernes.

El acceso al beneficio no es automático: cada caso debe ser revisado individualmente por los tribunales, que disponen de un plazo de 15 días para verificar los supuestos de la ley. No obstante, familiares y abogados denuncian que la mayoría de los tribunales sigue sin recibir documentos, lo que genera incertidumbre entre los potenciales beneficiarios.

El sindicato de trabajadores de la prensa reportó que los tribunales especializados en terrorismo no aceptaron solicitudes presentadas por periodistas detenidos, aunque algunos expedientes sí han avanzado gracias a la defensa pública.

Liomary Espina, de 57 años, relató que su solicitud fue recibida por la defensa pública y espera respuesta en tres días hábiles, en contraste con la experiencia de otros solicitantes. La Asamblea Nacional creó una comisión especial para monitorear la aplicación de la ley y revisar casos excluidos, mientras la presión de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales sigue en aumento.

(Con información de AFP, Europa Press y EFE)

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que 54 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela fueron excarceladas entre el viernes y el domingo, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento chavista. La cifra fue ratificada por el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

De acuerdo con el balance de la ONG, 32 personas recibieron libertad plena el domingo, 15 el sábado y siete el viernes. El directivo aclaró además que, dentro de ese mismo período, se produjo una excarcelación bajo medidas cautelares que no está amparada por la ley de amnistía.

“Hasta las 8:30 de la noche de este domingo hemos confirmado 54 liberaciones”, señaló Himiob al presentar el balance público de la organización. También explicó que el Foro Penal diferencia entre liberaciones plenas y excarcelaciones, ya que estas últimas implican la salida de prisión, pero bajo condiciones como régimen de presentación periódica ante tribunales o prohibición de salida del país.

La confirmación de las 54 liberaciones se produce en un contexto de alta tensión en los centros de reclusión del país, donde familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen concentraciones para exigir que el beneficio alcance a un mayor número de detenidos. Uno de los principales puntos de vigilia se mantiene en las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas.

Desde la ONG, se insistió en que el número divulgado corresponde únicamente a los casos que han podido ser verificados de manera directa, a través de familiares, abogados y fuentes en los propios centros de detención. El Foro Penal advirtió que el proceso continúa en desarrollo y que existen diferencias entre los anuncios oficiales y las excarcelaciones efectivamente ejecutadas.

En paralelo al balance divulgado por la organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación plena del comunicador social y humorista Deivis Correa, detenido desde el 31 de julio de 2024 en El Helicoide.

“Este 22 de febrero recibió la libertad plena el comunicador social y humorista Deivis Correa, preso desde el 31 de julio de 2024. Estuvo injustamente detenido en El Helicoide durante 1 año, 6 meses y 22 días. ¡Libertad plena para todos!”, informó la organización gremial.

De acuerdo con las organizaciones que acompañan a los familiares, también se reportaron liberaciones en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y en los complejos penitenciarios de Yare y El Rodeo, todos ubicados en el estado Miranda, en las afueras de Caracas.

Mientras se registraban las salidas de algunos detenidos, familiares informaron que más de 200 personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Rodeo I para exigir su inclusión en los beneficios de la ley. Según los testimonios recabados, los internos reclamaron que una parte importante de los casos no está contemplada en la normativa aprobada.

En contraste con el balance presentado por el Foro Penal, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que se estaban produciendo “cientos de liberaciones” en aplicación de la ley, sin divulgar cifras verificables ni listas de beneficiarios.

El Foro Penal advirtió que, pese a las 54 liberaciones confirmadas, al menos 400 personas podrían quedar excluidas del alcance de la Ley de Amnistía, principalmente por el tipo de delitos que les fueron imputados. La organización mantiene, además, un registro superior a 600 personas que continúan detenidas por razones políticas en todo el país.

“El número de personas que siguen privadas de libertad por motivos políticos sigue siendo elevado”, ha reiterado la ONG en sus informes públicos, al tiempo que subraya que la amnistía no cubre a todos los perfiles de detenidos y que persisten restricciones legales que impiden la aplicación automática del beneficio.

Por su parte, el régimen de Venezuela sostiene que en el país no existen presos políticos y que las personas privadas de libertad enfrentan procesos por delitos comunes, una afirmación rechazada de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos y por familiares de los detenidos.

(Con información de EFE y AFP)

Las familias de los presos recluidos en la prisión El Rodeo I, ubicada en las inmediaciones de Caracas, convocaron una concentración en el auditorio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con el objetivo de dar visibilidad a las denuncias por falta de atención médica y por el estancamiento en la aplicación de la Ley de Amnistía. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) comunicó esta convocatoria luego de que los familiares hicieran un llamamiento a la sociedad civil para que se sumara a sus reclamos y no dejaran solos a los reclusos en su protesta. Según detalló el medio, la principal noticia gira en torno a la huelga de hambre que iniciaron más de 200 detenidos considerados presos políticos, en demanda de mejoras sanitarias y la aplicación efectiva de las excarcelaciones contempladas en la normativa recientemente aprobada.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en redes sociales que, a las dos de la tarde del 22 de febrero, familiares confirmaron la participación de 213 reclusos en la huelga de hambre dentro de El Rodeo I. El grupo de apoyo denunció deficiencias en la atención médica de los privados de libertad y solicitó que se respeten y ejecuten las liberaciones previstas por ley, así como el cese de acciones que vulneran sus derechos humanos. De acuerdo con el comunicado reproducido por el medio, los allegados de los presos subrayaron la urgencia de contar con respaldo ciudadano para avanzar en la exigencia de garantías fundamentales.

Esta movilización de denuncia y protesta coincide con el anuncio, realizado por la Cruz Roja Venezolana, de su invitación a intervenir en el proceso de excarcelación estipulado en la nueva Ley de Amnistía. Según publicó la fuente, el organismo humanitario informó de la oferta de atención médica y evaluaciones de salud primaria para las personas que están saliendo de prisión en todo el país, como parte de la colaboración con las autoridades venezolanas.

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y la misma fue promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según las declaraciones recogidas por el medio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que ya se han recibido más de 1.500 solicitudes para acogerse a la ley, e indicó que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley”. Sin embargo, el alcance de esta normativa fue objeto de cuestionamiento por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos lamentó públicamente que más de 500 personas encarceladas por motivos políticos quedarían excluidas de los beneficios legales, dado que la ley no contempla a quienes hayan sido procesados por delitos relacionados con corrupción, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional ni lesiones gravísimas. Según reportó la fuente, esto generó malestar entre los allegados de los reclusos, que consideran insuficiente la medida adoptada por el Parlamento.

En cuanto al avance de las excarcelaciones, el vicepresidente de la organización Foro Penal, Gonzalo Himio, informó el domingo de la liberación de 32 personas, y añadió en la red social X que desde el viernes ―fecha en que la ley comenzó a aplicarse― ya se confirmaron más de 40 salidas de prisión. Estos datos, también consignados por el medio, ilustran el desarrollo inicial del proceso, aunque persisten los reclamos por su limitada cobertura.

La protesta de los presos políticos a través de una huelga de hambre y la exigencia de cumplimiento íntegro de las liberaciones marcó la jornada dentro de El Rodeo I, donde la falta de atención médica y el tratamiento en condiciones consideradas como vulneración de derechos humanos motivaron la movilización tanto en el recinto como entre los grupos de familiares y organismos de la sociedad civil.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos remarcó en su pronunciamiento que la lucha por derechos fundamentales no se limita al pedido de excarcelaciones sino que abarca la garantía de asistencia médica adecuada para los reclusos. El llamado a la sociedad civil a acompañar la concentración en la Universidad Central de Venezuela responde a la intención de mantener la visibilidad y presión sobre las autoridades para una respuesta efectiva y transparente en la aplicación de la Ley de Amnistía y la protección de los derechos de quienes siguen privados de libertad bajo causas políticas, según publicó el medio.

La situación en El Rodeo I se suma a un escenario más amplio en Venezuela, en el que la aplicación de medidas de amnistía, su alcance y los criterios de exclusión constituyen motivo de debate entre organismos de derechos humanos, autoridades y la sociedad civil, tal como informó la fuente.

La normativa recién implementada en Venezuela concede a las personas opositoras que se encuentran fuera del país la posibilidad de ser representadas legalmente por abogados de su elección durante el proceso de solicitud de amnistía. Esta disposición también especifica que no podrán ser detenidas mientras la solicitud permanezca en trámite, según publicó la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta garantía forma parte de los esfuerzos institucionales recientes para regular el proceso de aplicación de la ley de amnistía dirigida a presos políticos, procurando resguardar los derechos legales de quienes se encuentran lejos del territorio nacional.

De acuerdo con la información difundida por la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano ha dispuesto la conformación de una comisión especial encargada de supervisar el cumplimiento de la nueva ley de amnistía para presos políticos. El medio reportó que Delcy Rodríguez, presidenta interina del país, ya ha firmado la normativa, lo que formaliza su vigencia a nivel nacional. Además, este mecanismo de seguimiento, presidido por el diputado Jorge Arreaza, se dividirá en áreas específicas y mantendrá una metodología enfocada en el funcionamiento pedagógico a fin de facilitar la comprensión del proceso a la población, según el comunicado oficial.

La ley aprobada establece que las personas beneficiarias de la amnistía deben realizar una presentación formal ante las autoridades nacionales, requisito aplicable tanto a quienes se encuentran en el país como a las que optaron por el exilio. Para quienes residen en el extranjero, la normativa otorga la opción de representación por abogados o abogadas de su confianza, eliminando así posibles obstáculos derivados de su ausencia física durante la tramitación del procedimiento, según consignó la Asamblea Nacional.

Otro aspecto relevante de la ley, detallado en el comunicado de la Asamblea Nacional difundido este viernes, reside en la prohibición de detención de quienes estén autorizados a tramitar su solicitud bajo el amparo de la amnistía. Este resguardo jurídico aplica durante todo el período en el que se evalúe el caso individual ante las instituciones competentes, limitando la aplicación de medidas privativas de libertad contra estas personas mientras se define su situación procesal.

El diputado Jorge Arreaza, al frente de la comisión de consultas sobre la ley, indicó que el trabajo de seguimiento tendrá una estructura organizada por áreas temáticas, con el objetivo de garantizar el entendimiento público de todos los pasos y requerimientos que supone el acceso a la amnistía. Según publicó la Asamblea Nacional, la comisión busca esclarecer las dudas que puedan surgir tanto entre las familias de los beneficiarios como en el conjunto de la sociedad civil.

Esta iniciativa legislativa fue anunciada públicamente a finales de enero por Delcy Rodríguez, quien en ese momento ocupaba el cargo de ‘número dos’ en la administración de Nicolás Maduro. Rodríguez permanece actualmente detenida en una prisión en Nueva York, tras haber sido capturada por autoridades estadounidenses en el marco de una operación sobre Caracas y sus alrededores, realizada a principios de 2026, según consignó la Asamblea Nacional.

La promulgación y puesta en marcha de la ley de amnistía surge en un contexto marcado por la presencia de opositores venezolanos encarcelados y por las demandas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han solicitado el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las garantías procesales para los beneficiarios, según reportó la Asamblea Nacional. El establecimiento de una comisión dedicada monitorear la implementación de la norma responde a la preocupación por la transparencia y la adecuada ejecución de la política de amnistía.

El comunicado oficial resaltó que tanto la representación letrada en ausencia como la prohibición de detención durante la tramitación constituyen elementos destinados a facilitar el acceso real a la amnistía y a evitar represalias o acciones restrictivas mientras se decide el reconocimiento de los derechos previstos en la nueva ley.

La ley de amnistía y el mecanismo de supervisión creado por la Asamblea Nacional representan las más recientes características institucionales implementadas tras los acontecimientos políticos que han tenido en el centro de atención a la dirigencia opositora y a figuras vinculadas a procesos judiciales en Venezuela. El seguimiento legislativo busca garantizar que el proceso sea comprensible y accesible para todas las personas alcanzadas por la nueva normativa, según reportó la Asamblea Nacional.

El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que permitirá la excarcelación de cientos de personas privadas de libertad por causas vinculadas a conflictos políticos.

La iniciativa fue sancionada tras varias semanas de discusión parlamentaria y se espera que sea promulgada en las próximas horas por Delcy Rodríguez.

La nueva ley establece un marco general para conceder una amnistía plena a ciudadanos procesados o condenados por hechos relacionados con confrontaciones políticas ocurridas desde 1999, incluyendo episodios de violencia, protestas, manifestaciones y actuaciones asociadas a procesos electorales.

El texto aprobado habilita la revisión inmediata de expedientes de dirigentes opositores, activistas sociales, abogados defensores, periodistas y otros ciudadanos que fueron detenidos durante distintos ciclos de conflictividad.

De acuerdo con el texto aprobado, la amnistía excluye a quienes “se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

La aprobación se produce semanas después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense realizado en Caracas, un hecho que aceleró una serie de cambios políticos y normativos en el país, incluida la apertura de un proceso de excarcelaciones previas a la sanción de la ley.

Según el texto definitivo, la amnistía se aplicará a personas investigadas o condenadas por delitos o faltas cometidas en contextos de confrontación política, social o institucional, incluidos los hechos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se produjeron detenciones masivas en todo el país, entre ellas de menores de edad.

La ley “no es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela. Sin duda mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos, de muchas familias que a pesar de no estar presas, también están sometidas al sufrimiento de la prisión de sus seres queridos”, dijo la diputada opositora Nora Bracho.

Durante la etapa final del debate, uno de los puntos centrales fue la situación de quienes abandonaron el país o permanecen en la clandestinidad para evitar su detención. Legisladores oficialistas insistieron en que esos ciudadanos deben presentarse ante la justicia para acceder al beneficio.

El texto aprobado no modifica formalmente las normas penales, pero crea un mecanismo extraordinario para extinguir la acción penal y las condenas en los casos que se ajusten a los supuestos definidos por la ley.

El alcance exacto de la medida dependerá ahora de los procedimientos administrativos y judiciales que deberán activarse para revisar cada expediente.

La aprobación unánime representa un quiebre con la posición histórica del régimen chavista, que durante años sostuvo que en el país no existían presos políticos. Con la nueva norma, la cúpula gobernante admite que una parte significativa de las detenciones estuvo vinculada a motivaciones políticas y a conflictos de poder.

Organizaciones de derechos humanos han seguido de cerca el proceso. El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, había advertido días antes del cierre del debate que el Parlamento tenía la posibilidad de demostrar si existía un compromiso real con la reconciliación nacional.

En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que el proceso debía orientarse desde el respeto a los derechos humanos y con garantías efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias.

De acuerdo con los registros de Foro Penal, más de 600 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas antes de la votación de este jueves. Tras la captura de Maduro, el nuevo régimen anunció un plan de liberaciones progresivas y confirmó la excarcelación de 448 detenidos. Sin embargo, la mayoría de esas personas recibió medidas de libertad condicionada, lo que generó reclamos de familiares y activistas que exigían una liberación definitiva.

En las últimas semanas, familiares de detenidos instalaron campamentos frente a distintos centros de reclusión para reclamar la aplicación inmediata de la amnistía. Un grupo de mujeres inició además una huelga de hambre para exigir la liberación de sus parientes, argumentando que muchos de ellos permanecen detenidos sin sentencia firme.

El debate parlamentario que culminó este jueves estuvo marcado por negociaciones de último momento para destrabar artículos sensibles relacionados con los requisitos de acceso al beneficio, los plazos de implementación y el alcance de los hechos comprendidos por la norma.

Con la aprobación por unanimidad, el Parlamento dio luz verde a una de las reformas más significativas en materia de derechos civiles de los últimos años en Venezuela. El régimen interino deberá ahora reglamentar la ley y poner en marcha los mecanismos necesarios para materializar las excarcelaciones y el cierre definitivo de los procesos judiciales alcanzados por la amnistía.

(Con información de AFP y The Associated Press)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, exigió este martes que la ley de amnistía discutida actualmente en el Parlamento sea “verdadera, integral y efectiva” y que permita la liberación plena de todos los presos políticos, al advertir que el texto actual deja fuera a numerosos detenidos y somete la libertad a condiciones que desvirtúan el objetivo de reconciliación nacional.

Mediante un comunicado, la PUD sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y denunció que cualquier norma que seleccione beneficiarios o imponga restricciones constituye “administración del castigo” y no un acto de justicia. La coalición subrayó que el país necesita “libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”.

El pronunciamiento se produce mientras la Asamblea Nacional de Venezuela mantiene pendiente el segundo y último debate del proyecto de ley, requerido para su aprobación definitiva. La votación fue aplazada por desacuerdos internos en torno a un artículo que exige que las personas interesadas en acogerse a la amnistía se presenten formalmente ante el sistema de justicia, un requisito conocido como “ponerse a derecho”.

Para la PUD, ese mecanismo introduce un filtro político y jurídico incompatible con una medida de alcance general. “La libertad no puede depender de interpretaciones discrecionales ni de filtros políticos”, afirmó la coalición en su declaración. También advirtió que no es posible hablar de reconciliación mientras permanezcan vigentes las estructuras que, según denunció, facilitaron detenciones, inhabilitaciones y destierros en los últimos años.

El proyecto en discusión recoge apenas diez eventos de coyuntura política, un enfoque que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por considerar que deja fuera a un número significativo de personas privadas de libertad, incluidos efectivos militares.

En ese contexto, la coalición opositora sostuvo que la futura ley debe “borrar la persecución del ámbito penal y restituir plenamente los derechos políticos”.

En su comunicado, la plataforma también reclamó garantías concretas para el retorno seguro de los exiliados. “Venezuela necesita el fin real de la persecución y garantías para que los exiliados puedan regresar sin miedo”, señaló, al tiempo que alertó que la libertad no puede quedar en manos de “las mismas estructuras que persiguieron la posibilidad de la libertad”.

El debate sobre la amnistía se inscribe en un proceso político que el chavismo define como un nuevo ciclo institucional. La jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha presentado la iniciativa como parte de un “nuevo momento político” para el país, en paralelo con un proceso de excarcelaciones parciales anunciado a comienzos de enero, pocos días después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

Mientras se desarrolla la discusión parlamentaria, familiares de presos políticos continúan concentrados frente a distintos centros de reclusión a la espera de nuevas liberaciones. En las afueras de un comando policial en Caracas, un grupo de mujeres permanece encadenado y en huelga de hambre desde el fin de semana pasado para exigir la excarcelación de sus parientes. Varias de ellas han presentado problemas de salud, según denunciaron activistas y familiares.

La organización de derechos humanos Foro Penal informó que, pese a las excarcelaciones verificadas desde el 8 de enero, aún permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos en el país. La entidad, dedicada al seguimiento y defensa de estos casos, llamó a la ciudadanía a no desistir si la norma que finalmente se apruebe no cumple con las expectativas de liberación general.

“No se puede presentar como solución un instrumento que deja en manos de las mismas estructuras que persiguieron la posibilidad de la libertad”, afirmó la PUD y remarcó que cualquier esquema que no garantice la restitución total de derechos y el cese de la persecución política será insuficiente.

“Lo demás es insuficiente y el país ya ha sufrido y esperado demasiado”, concluyó la coalición.

(Con información de EFE)

Familiares de presos políticos en Venezuela entraron este lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para exigir nuevas excarcelaciones, tras el retraso por segunda vez de la aprobación de una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de detenidos.

Las mujeres manifestantes se mantienen acampando a las afueras de los calabozos policiales conocidos como Zona 7, donde persisten las denuncias por el delicado estado de salud tanto de las familiares como de los propios reclusos.

La protesta comenzó el 14 de febrero, cuando una decena de mujeres se instaló en colchonetas bajo toldos improvisados en la entrada del centro de detención.

La escena es de extremo desgaste físico: rostros demacrados, cuerpos debilitados y manifestaciones de fatiga, angustia y desesperación.

“Ya el cuerpo comienza a resentirse. Siento mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso. El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer”, relató Evelin Quiaro, una de las huelguistas, quien lleva más de un mes pernoctando frente al recinto.

Las mujeres exigen la liberación de sus familiares y reclaman el cumplimiento de la promesa hecha por el titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien aseguró el 6 de febrero que todos los presos serían liberados tras la aprobación de la ley de amnistía.

La discusión de la norma, sin embargo, fue postergada por segunda vez, y la próxima sesión legislativa está programada para el 19 de febrero. Mientras tanto, la incertidumbre domina a las familias que esperan excarcelaciones y denuncian que el proceso avanza a cuentagotas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero se han concretado 444 liberaciones, pero más de 600 presos políticos siguen tras las rejas.

La situación sanitaria de las huelguistas y de los presos dentro de Zona 7 es alarmante. Una de las manifestantes tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión arterial, y un médico que las asiste explicó que ha solicitado sin éxito autorización para atender a los internos.

Yessy Orozco, hija y hermana de dos detenidos, denunció que los funcionarios niegan el ingreso de personal de salud, argumentando la falta de autorización judicial.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) advirtió que impedir la atención médica o el acceso a sueros hidratantes pone en grave riesgo la vida e integridad de las personas en huelga, recordando antecedentes fatales por falta de asistencia.

Familiares de los detenidos aseguran que un grupo de presos en el interior del centro también realiza una huelga de hambre desde el viernes, lo que agrava la preocupación por su estado físico. La organización Clipp denunció además que la policía impide el ingreso de sueros hidratantes y no ofrece explicaciones, sumando esta prohibición a la negativa de atención médica para los huelguistas.

La protesta de los familiares se produce en un contexto de tensión política y promesas incumplidas. El proceso de excarcelaciones y la discusión de la amnistía fueron anunciados tras la caída de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como jefa del régimen chavista, en medio de presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. Sin embargo, los familiares sostienen que el ritmo de liberaciones es lento y que la situación de los presos políticos continúa siendo crítica.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal fuerza opositora, expresó su respaldo a las manifestantes y exigió la liberación “plena, inmediata y sin condiciones” de todos los presos políticos.

“No puede haber reconciliación ni justicia mientras persista la persecución y el encarcelamiento por razones políticas. ¡Ya basta de tanto sufrimiento! Venezuela merece libertad y dignidad”, afirmó en un comunicado.

En las últimas horas, la tensión creció frente al comando policial tras la difusión de un video donde un funcionario tilda la huelga de “show” y acusa a las mujeres de estar “cometiendo un delito”, pese a que la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica.

Las familias y organizaciones de derechos humanos insisten en la urgencia de medidas humanitarias y el cese de la represión para quienes solo buscan la libertad de sus seres queridos.

(Con información de EFE y AFP)

La organización de derechos humanos Foro Penal advirtió este lunes que en Venezuela todavía permanecen más de 600 presos políticos, a pesar de las liberaciones anunciadas por el régimen chavista en las últimas semanas, y alertó que parte de las excarcelaciones no constituyen libertades reales, sino traslados a arresto domiciliario o medidas restrictivas.

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, confirmó la cifra en declaraciones realizadas a las puertas de un comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Zona 7, en Caracas, donde familiares de detenidos mantienen desde el fin de semana una huelga de hambre como mecanismo de presión para exigir la liberación de sus parientes.

“Todavía hay más de 600 personas” encarceladas por motivos políticos, afirmó Romero, al precisar que la cifra surge luego de que la organización verificara 444 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el régimen de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso de liberaciones.

El Foro Penal explicó que el número real de presos políticos es mayor al que se conocía públicamente, debido a que en las últimas semanas se han incorporado nuevos casos de personas cuyas familias nunca habían denunciado su detención, ya sea por temor a represalias o porque, durante meses, no sabían en qué centro de reclusión se encontraban.

De acuerdo con la organización, el subregistro de detenciones ha sido una constante en los operativos de seguridad, especialmente en contextos de protestas o de persecución política, donde los arrestos se producen sin notificación formal, sin órdenes judiciales claras y con períodos prolongados de incomunicación.

Romero también fue enfático al señalar que el Foro Penal no contabiliza como excarcelaciones los casos en los que una persona es trasladada desde una cárcel o comando policial a un régimen de arresto domiciliario. Según explicó, mientras persista una medida de privación de libertad, el detenido continúa siendo considerado preso político.

Entre los casos recientes se encuentra el del ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a la líder María Corina Machado, quien fue liberado junto con otros activistas políticos. Sin embargo, su libertad fue de corta duración. El dirigente fue detenido nuevamente ese mismo día, acusado por el Ministerio Público de incumplir medidas cautelares.

La ONG recordó que una situación similar ocurre con el abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario.

El titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había prometido la liberación de “todos” los presos políticos una vez aprobado el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, el propio Poder Legislativo aplazó el segundo y último debate por diferencias internas en uno de sus artículos.

En paralelo al debate parlamentario, se mantiene la preocupación por la situación de salud de varios detenidos que se encuentran en huelga de hambre dentro de Zona 7. Familiares denunciaron este lunes el deterioro físico de los presos y la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de personal médico.

Yessy Orozco, hija de Fernando Orozco y hermana de Brayant Orozco, aseguró que los funcionarios alegan no contar con autorización judicial para permitir la atención sanitaria.

“Se niegan a que entre un médico”, afirmó.

Desde organizaciones de familiares advirtieron que la falta de asistencia médica en contextos de huelga de hambre representa un riesgo inmediato para la vida de los detenidos y recordaron que, en casos anteriores, la omisión de atención por parte de las autoridades ha derivado en muertes bajo custodia del Estado.

Para el Foro Penal, más allá de los anuncios oficiales, la situación real sigue marcada por la persistencia de centenares de presos políticos, la opacidad sobre detenciones recientes y el uso de medidas alternativas de reclusión como mecanismo para sostener el control judicial y político sobre los opositores.

(Con información de EFE)

El Parlamento de Venezuela, controlado por el régimen chavista, decidió este jueves aplazar la segunda y última discusión del proyecto de ley de amnistía, luego de que surgieran desacuerdos entre los bloques parlamentarios sobre un artículo central del texto, lo que impidió cerrar la aprobación definitiva de la norma en la sesión prevista.

La postergación fue acordada de forma unánime tras un extenso intercambio entre los diputados, cuando la plenaria había avanzado en la revisión del texto hasta el artículo 6. El debate quedó suspendido por diferencias en torno al artículo 7, que establece las condiciones que deberán cumplir las personas beneficiadas para acceder a la amnistía.

El titular de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, confirmó la decisión al cierre de la sesión.

“Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima”, afirmó desde el hemiciclo.

Según lo debatido en sala, el punto de conflicto fue una disposición que exige a las personas procesadas o condenadas presentarse ante instancias judiciales para acogerse a los beneficios de la ley. Ese requisito generó objeciones entre los diputados que sostienen que una amnistía debe implicar la extinción inmediata de las causas penales, sin condiciones adicionales.

El proyecto de ley ya superó su primera discusión, pero requiere una segunda votación favorable para convertirse en ley. La sesión de este jueves había sido convocada precisamente para culminar ese trámite.

La Asamblea Nacional se reúne ordinariamente los días martes y jueves. Sin embargo, debido al feriado de Carnaval, la siguiente sesión ordinaria quedó prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en la que se retomará el debate del articulado pendiente.

El texto en discusión se enmarca en el proceso político abierto tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro y la tutela de Estados Unidos sobre Delcy Rodríguez para una transición.

Desde entonces, el chavismo impulsa un paquete de medidas orientadas a normalizar la situación institucional y a responder a las presiones internas y externas relacionadas con la situación de los presos políticos.

Borradores recientes del proyecto, conocidos durante esta semana, introducen cambios sustanciales respecto de versiones previas. En particular, dejan de enumerar de manera detallada los delitos considerados de naturaleza política, como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión o traición, que en propuestas anteriores aparecían expresamente mencionados.

Las versiones más recientes tampoco incluyen disposiciones para levantar alertas rojas de Interpol, ni contemplan la restitución de bienes incautados a personas detenidas, la anulación de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos o la reversión de sanciones administrativas contra medios de comunicación, aspectos que sí figuraban en borradores iniciales.

De acuerdo con el alcance temporal presentado por el régimen chavista, la amnistía abarcaría hechos ocurridos desde 1999 hasta la actualidad. No obstante, los textos más recientes delimitan el beneficio a episodios específicos de conflictividad política, como el intento de golpe de Estado de 2002 y las protestas registradas en determinados períodos de 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

El fiscal general impuesto por el chavismo, Tarek William Saab, sostuvo esta semana que la ley podría contribuir a la estabilidad interna. “Espero que esto se traduzca en un país cien por ciento pacificado”, declaró.

El proyecto establece que no podrán recibir amnistía quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, homicidio, narcotráfico ni delitos contra el patrimonio público. En versiones anteriores, también se excluían los casos de corrupción, una categoría que dejó de figurar en los borradores más recientes, sin que se hayan explicado públicamente las razones.

Mientras el debate legislativo quedó en suspenso, en las afueras de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, cientos de estudiantes y familiares de personas detenidas se concentraron para exigir la liberación de los presos políticos y la aprobación de una amnistía sin restricciones.

Organizaciones de defensa de derechos humanos han advertido que el texto, tal como está planteado, no garantiza una amnistía plena. Para que el beneficio sea efectivo, sostienen, debe implicar la eliminación total de cargos, condenas, arrestos domiciliarios y otras medidas judiciales asociadas a causas políticas.

(Con información de EFE y Reuters)

La Asamblea Nacional de Venezuela suspendió la sesión prevista para este martes en la que se esperaba la aprobación definitiva de la ley de amnistía, norma que el régimen de Delcy Rodríguez había prometido como el paso clave para la excarcelación masiva de presos políticos en el país.

El proyecto de ley de amnistía había superado la semana pasada el primero de los dos debates reglamentarios en el Parlamento. La aprobación final estaba agendada para este martes, pero la Secretaría del Legislativo informó la suspensión de la sesión y confirmó que el parlamento sí sesionará el jueves, aunque sin adelantar cuál será la agenda.

La postergación ocurre en medio de expectativas sociales y presiones internacionales, sobre todo desde Estados Unidos, que exige la liberación total de detenidos por motivos políticos como condición para avanzar en nuevas negociaciones.

El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había asegurado el viernes que, una vez sancionada la ley, “ese mismo día salen todos”, en referencia a los presos políticos.

La promesa fue realizada ante familiares de detenidos que esperaban la aprobación de la norma fuera de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas. La ley abarca casos ocurridos a lo largo de casi 30 años de gobiernos chavistas y fue presentada como una medida de reconciliación nacional tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

La chavista Delcy Rodríguez, en una alocución televisada este lunes, insistió en la necesidad de “sumar a todos los sectores del país” en el proceso de consulta del proyecto legal. El texto ha sido revisado por representantes políticos, juristas y miembros del sistema judicial, en un intento de ampliar su legitimidad y responder a los reclamos de víctimas y organizaciones civiles.

Según el Foro Penal, desde el anuncio del proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, un total de 426 personas detenidas por razones políticas han sido excarceladas. Sin embargo, la organización y otros sectores de la sociedad civil advierten que la cifra es insuficiente y reclaman garantías para la aplicación efectiva de la ley una vez que sea aprobada.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) aprovechó el aplazamiento para reiterar su demanda de que la ley de amnistía reconozca explícitamente la persecución contra periodistas y garantice que nunca más se utilice el derecho penal para criminalizar el ejercicio del periodismo.

Marco Ruiz, secretario general del sindicato, afirmó que el gremio presentó al Parlamento un proyecto que reconoce la persecución judicial, digital y física sufrida por los trabajadores de la prensa en los últimos años.

Ruiz señaló que, actualmente, hay 59 periodistas judicializados en Venezuela, incluidos cuatro aún en prisión y dos en arresto domiciliario, además de al menos 20 comunicadores exiliados por temor a represalias.

La iniciativa sindical incluye también la protección ante delitos “fabricados” y pide que la amnistía cubra a quienes hayan sido perseguidos por ejercer la libertad de expresión. El gremio advirtió que existen numerosos casos de periodistas que han abandonado el país o han visto sus pasaportes anulados, sin notificación de procesos judiciales en su contra.

La suspensión de la sesión parlamentaria mantiene la incertidumbre sobre el futuro inmediato de los presos políticos y sobre la respuesta del régimen interino ante la presión local e internacional. El oficialismo convocó para el jueves una marcha para conmemorar el Día de la Juventud, mientras crecen las expectativas sobre el avance de la ley y su aplicación real.

El proceso de consultas y el debate en torno a la amnistía se han convertido en un espacio de confrontación entre el chavismo, la oposición y organizaciones sociales, que insisten en la necesidad de ampliar el alcance de la norma y garantizar su cumplimiento.

(Con información de AFP)

Las demandas de participación de las víctimas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos en la supervisión de la futura ley de amnistía tomaron protagonismo durante la reunión sostenida entre representantes de ONG venezolanas y miembros de la Asamblea Nacional encargados de revisar la normativa. Según informó Europa Press, Gonzalo Himiob, quien encabeza la ONG Foro Penal dedicada al seguimiento de casos de presos políticos, afirmó que este encuentro permitió canalizar objeciones y sugerencias relativas al texto inicial, presentado por el Gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez.

Europa Press detalló que Himiob destacó como relevante la apertura de este espacio de diálogo, considerando que, tras años de solicitudes de inclusión y mayores garantías de transparencia, se ofreció una plataforma para expresar inquietudes y propuestas. Durante la intervención ante la comisión parlamentaria, las organizaciones plantearon observaciones técnicas, solicitando que el proyecto de ley se ajuste a las circunstancias actuales y a las expectativas de las personas afectadas. En este sentido, Himiob subrayó que la ley de amnistía debe “ser lo más amplia posible” y enfatizó la importancia de involucrar a las víctimas, a los organismos de defensa de derechos y a la sociedad civil en los mecanismos de control y seguimiento.

El representante de Foro Penal indicó, de acuerdo con Europa Press, que la tramitación del marco legal no debe obstaculizar el proceso de excarcelaciones iniciado semanas atrás, luego de los arrestos en Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a principios de enero. Según cifras citadas por Himiob y recogidas por Europa Press, más de 700 personas han sido liberadas en este periodo, y la organización insiste en mantener este proceso paralelo a la discusión legislativa.

En mensajes difundidos en redes sociales y citados por el medio, Himiob expresó que “las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado”. Esta afirmación hace referencia al histórico reclamo por incorporación real de las voces directamente afectadas al proceso, señalando que hasta ahora esa visibilidad había sido mínima o inexistente.

Por otra parte, Europa Press reportó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, formó parte de los trabajos de la comisión y, al concluir la jornada, definió el encuentro como “fructífero”. Rodríguez reiteró el compromiso del Poder Judicial con el diálogo, el respeto entre sectores con diferentes posturas y la búsqueda de consensos dentro del proceso actual. En palabras difundidas por Europa Press, Rodríguez señaló la importancia de escuchar “a todos los sectores, más allá de nuestras diferencias y de las maneras distintas que podamos tener ante un acontecimiento”.

El medio informó que, tras la aprobación inicial del texto legal el pasado jueves, la Constitución venezolana exige someter el proyecto de ley a dos debates legislativos en días separados. A raíz de la validación parlamentaria del primer borrador, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la conformación de una comisión presidida por el diputado Jorge Arreaza, con el mandato de organizar consultas amplias sobre los alcances y contenido de la propuesta de amnistía.

La ley en revisión busca responder tanto a exigencias históricas de restitución de derechos como a circunstancias recientes derivadas de detenciones y procesos políticos. Europa Press precisó que una de las cuestiones centrales planteadas en la sesión refiere a cómo ajustar el alcance de la amnistía, de manera que no excluya a víctimas ni favorezca restricciones indebidas, garantizando que la normativa responda a la coyuntura nacional y a los reclamos de justicia y reparación.

Durante la jornada, las ONG participantes subrayaron que la aprobación de una ley de esta naturaleza no solo se refleja en la puesta en libertad de condenados o procesados, sino también en su repercusión sobre las expectativas de miles de personas directamente afectadas o familiares de quienes enfrentaron cargos por motivaciones políticas. Forum Penal reiteró, según recogió Europa Press, que sus aportes al articulado del proyecto buscan repercutir en un texto final que refleje el contexto y las necesidades de las víctimas.

La existencia de desacuerdos en torno a aspectos técnicos de la ley también formó parte de las discusiones, especialmente en lo referido a quiénes quedarían comprendidos bajo el alcance de la amnistía y cómo se verificaría su implementación y supervisión. Las organizaciones plantearon dudas sobre posibles limitaciones de la normativa y solicitaron establecer procedimientos claros para asegurar que la revisión de casos responda tanto a criterios jurídicos como al respeto por los derechos humanos, según detalló Europa Press.

El debate sigue abierto en la comisión parlamentaria, que deberá incorporar las recomendaciones presentadas antes de convocar el segundo debate legislativo, previsto en la carta magna venezolana. Carla Rodríguez reiteró en su intervención que el compromiso institucional es propiciar escenarios de intercambio y revisión de posturas, señalando según Europa Press que la discusión debe trascender intereses particulares y atender la pluralidad social y política.

El proceso de consulta, articulado por la comisión presidida por Jorge Arreaza, reunirá en próximas sesiones testimonios y sugerencias para enriquecer el articulado del proyecto, mientras persiste la petición de que la inclusión efectiva de víctimas, abogados y familias figure dentro de los mecanismos formales de aplicación y evaluación de la ley. Sobre este punto, los representantes de la sociedad civil insistieron en la importancia de “corregir aspectos técnicos” para que la legislación resulte pertinente ante el “momento histórico” descrito por Gonzalo Himiob y por los colectivos involucrados, según recogió Europa Press.

“La esperanza ha regresado a Venezuela en muy poco tiempo después de años complejos”, sostuvo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero durante su visita en Caracas, según publicó Europa Press, tras participar en varias reuniones con actores políticos venezolanos. Zapatero aseguró desde la capital venezolana sentirse plenamente confiado en la labor que encabeza Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, y evaluó como favorable el ambiente político que atraviesa el país en el marco de los esfuerzos por la reconciliación.

El exjefe del gobierno de España manifestó ante los periodistas que su relación con Delcy Rodríguez es de larga data y frecuente, y recalcó su “gran confianza” en la dirigente. De acuerdo con Europa Press, Zapatero valoró los avances impulsados por Rodríguez al frente de la transición, describiendo como un cambio significativo el clima político presente en Venezuela. “Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”, afirmó el exmandatario, según recogió el medio.

Rodríguez Zapatero se desplazó a Caracas en respuesta a una invitación de la propia Delcy Rodríguez con motivo de unas jornadas de reflexión sobre paz y convivencia. Durante su estancia, se reunió tanto con miembros del gobierno como con representantes de la oposición venezolana. Europa Press detalló que el expresidente remarcó la importancia del diálogo para superar la polarización política, observando que “a través del diálogo se han construido los mejores procesos”, e indicó que presencia un “renacer de Venezuela”.

En referencia a los últimos acontecimientos legislativos, Zapatero expresó su convencimiento absoluto respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado venezolano, especialmente la promesa gubernamental relacionada con una ley de amnistía. Europa Press informó que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera lectura y de forma unánime el proyecto de ley de amnistía, una iniciativa presentada como un paso “decisivo” hacia la paz, según palabras de Delcy Rodríguez. El texto legal está orientado a facilitar la liberación de presos políticos y contribuir al proceso de reconciliación tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Rodríguez Zapatero subrayó que se atraviesa el mejor ambiente político en los últimos diez años, resultado de la dinámica impulsada por los sectores involucrados en el diálogo. Además, insistió en el valor de los principios de perdón y reencuentro. “Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales”, sostuvo el expresidente socialista.

Durante la última década, Rodríguez Zapatero ha tenido participación activa en diferentes negociaciones entre el liderazgo chavista y la oposición venezolana. Europa Press reportó que su rol ha sido señalado por el gobierno español de Pedro Sánchez como determinante en distintas etapas de la liberación de presos políticos y en la promoción de mesas de negociación destinadas a reducir la crisis política. Según consignó el medio, la combinación de estos factores ha favorecido un clima de esperanza para sectores de la sociedad venezolana que aspiran a una etapa de mayor entendimiento y paz institucional tras los largos años de tensión política.

La iniciativa de amnistía actualmente en discusión en la Asamblea Nacional significa para Zapatero una confirmación de los compromisos alcanzados entre los distintos actores. El exmandatario reiteró, según describió Europa Press, que no alberga ninguna duda de que el gobierno venezolano hará efectivo el cumplimiento de los acuerdos relacionados con liberaciones políticas.

Rodríguez Zapatero se mostró optimista ante los medios acerca de las oportunidades que puede generar la continuidad del diálogo y el avance de dicha ley. Para el expresidente, la promesa de amnistía representa no solo un gesto político, sino una herramienta para abrir nuevas oportunidades de convivencia en la vida pública venezolana. Mientras tanto, la comunidad internacional observa estos movimientos como parte del proceso de transición tras el fin de la presidencia de Nicolás Maduro y la búsqueda de una solución perdurable a las divisiones históricas del país.

Europa Press añadió que la gestión de Delcy Rodríguez ha sido resaltada por Zapatero como un factor central en el panorama político reciente, enmarcando la actuación de la presidenta encargada como determinante en la generación de este nuevo ambiente y calificando su liderazgo como decisivo para consolidar los avances logrados hasta el momento.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aclaró que el proyecto de ley de amnistía no consiste en "listados de nombres", sino que abarca una amplia gama de beneficiarios potenciales comprendidos entre los años 1999 y 2026. Tras esto, la Asamblea aprobó por unanimidad y en primera discusión la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, destinada a permitir avances considerados "decisivos" para la paz nacional tras la salida del presidente Nicolás Maduro, según detalló la agencia Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el texto legal fue avalado durante una sesión realizada este jueves, donde los legisladores sostuvieron que la norma no incluirá a personas procesadas o condenadas por delitos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. La exposición de motivos de la ley enfatiza la intención de fomentar la convivencia y el respeto a la ley, subrayando la pluralidad y diversidad en el marco democrático venezolano.

El proceso legislativo en Venezuela estipula dos debates en días distintos para transformar un proyecto en ley, explicó Europa Press. En la primera discusión se expone la justificación, los objetivos y el alcance de la propuesta, así como su viabilidad. La segunda lectura se dedica a analizar y debatir de manera detallada cada artículo que compone la ley. Actualmente, solo la exposición de motivos ha sido difundida al público, mientras que el articulado completo permanece sin publicación.

La ONG Foro Penal, dedicada al seguimiento de la situación de personas consideradas presos políticos en el país, valoró de forma favorable la apertura del debate legislativo sobre la ley de amnistía, según consignó Europa Press. No obstante, el organismo solicitó que las autoridades hagan público el texto íntegro del proyecto a fin de permitir un análisis detallado y una participación más amplia de la sociedad civil. Gonzalo Himiob, fundador de Foro Penal, intervino en redes sociales para señalar que “sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”, refiriéndose a la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de la legislación, informó la agencia.

Europa Press detalló que la propuesta legal aspira a sentar bases para la reconciliación entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia de distintas posturas políticas e ideológicas en un entorno de respeto. La exclusión expresa de delitos considerados graves se enmarca en los estándares internacionales de derechos humanos y responde a demandas de diversas entidades nacionales e internacionales que han seguido el desarrollo del conflicto político en Venezuela durante los últimos años.

Numerosos medios venezolanos, citados por Europa Press, dieron a conocer que la exposición de motivos sostiene que la amnistía general propuesta está enfocada en facilitar la justicia y la restauración de relaciones sociales dañadas por años de confrontación. La ley está pensada para facilitar la reintegración en la vida pública de sectores que, hasta el momento, han tenido obstáculos legales derivados de hechos políticos o manifestaciones relacionadas. Desde la sociedad civil se insiste en la necesidad de que el debate incorpore voces plurales y mecanismos que garanticen una implementación equitativa y transparente.

La reforma legal, de aprobarse en segunda instancia por la Asamblea, podría modificar el panorama jurídico para numerosos actores políticos y sociales en el país, dentro de los límites que fija la propia ley y la Constitución venezolana. Europa Press destacó que el proceso se interpreta como respuesta a las circunstancias surgidas tras la salida de Nicolás Maduro del poder, lo cual ha generado nuevas dinámicas y desafíos en materia de gobernabilidad y garantías legales.

La discusión parlamentaria atrajo reacciones de diferentes agrupaciones, tanto dentro como fuera de Venezuela, que vigilan el proceso como parte del monitoreo sobre los compromisos democráticos y el estado de los derechos humanos en el país. Los organismos y colectivos humanitarios, junto con voces de la oposición y de la comunidad internacional, continúan solicitando transparencia, acceso a los documentos y participación ciudadana para fortalecer la legitimidad del marco legal.

Según Europa Press, el destino y la eficacia de la futura ley de amnistía dependerán no solo de los procesos internos de la Asamblea Nacional, sino también de la capacidad de las autoridades para incorporar las propuestas y objeciones de organizaciones independientes y de la ciudadanía organizada. Así, la ley de amnistía se perfila en Venezuela como un proceso abierto, con expectativas depositadas tanto por actores gubernamentales como por organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la convivencia democrática.

“En nombre del pueblo venezolano, nuestra gratitud hacia el pueblo estadounidense es enorme, especialmente hacia el presidente Trump, el secretario de Estado y los líderes del Congreso”, expresó Machado, quien enfatizó que la presión internacional se mantiene firme tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. “Todo lo que está haciendo Delcy Rodríguez actualmente es porque cumple instrucciones que recibe de Estados Unidos, y se están dando pasos importantes”. Añadió que la señal del gobierno estadounidense ha sido clara y que ya se perciben resultados tanto en las acciones del régimen como en el ánimo de la sociedad venezolana.

Consultada sobre si mantiene contactos con la administración de Rodríguez, respondió: “No, no directamente”. No obstante, recordó que, tras la contundente victoria opositora en las elecciones de 2024, ofreció al chavismo un acuerdo para una transición negociada, pero “ellos se negaron y respondieron con una oleada represiva”. “Hay miles de presos políticos, y hasta ahora no se ha demostrado ninguna disposición real a detener esa crueldad”, afirmó. Según Machado, el cambio solo comenzó a percibirse a partir del 3 de enero, cuando —dijo— el régimen recibió un mensaje contundente que les obliga a reconsiderar su postura frente a la imposibilidad de frenar la transición.

En cuanto a la situación de los presos políticos, relató que “al primero de enero había más de 1.000 presos políticos” y que actualmente quedan más de 700. En ese sentido, sostuvo que algunos, como los tres policías de la Policía Metropolitana, llevan “veintitrés años en prisión”. “Las madres de muchos de estos inocentes han permanecido en vigilia durante más de veintitrés días y noches”. Insistió en que hay un empoderamiento social creciente, y que el pueblo venezolano se fortalece en la confianza de que el proceso llevará a un gobierno legítimo.

Machado insistió en que la transición debe incluir elecciones democráticas reales: “Lo que queremos, por lo que el pueblo venezolano ha luchado y sacrificado, coincide con el deseo del gobierno de Estados Unidos y el presidente Trump”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el proceso es complejo: “Esta es una estructura criminal que se ha entrelazado con enemigos de Occidente: Rusia, Irán, China, Cuba, organizaciones terroristas, carteles, guerrilla; todo en asociación con el régimen de Maduro y Delcy Rodríguez”. Subrayó la necesidad de desmantelar esa estructura bajo control y, en el menor plazo, llegar a una elección que permita “un poder legítimo: Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y, por supuesto, presidente”.

Respecto a la privatización del sector petrolero aprobada por la Asamblea Nacional, fue clara: “No reconozco a la Asamblea Nacional como poder legítimo. No ha sido reconocida ni por el pueblo venezolano ni por el gobierno de Estados Unidos”. Consideró que las reformas impulsadas por esa institución carecen de legalidad, aunque expresó que reflejan cierta dirección positiva respecto al futuro que desea la sociedad. “No queremos socialismo, ni que el Estado sea dueño de todos los centros de producción. Queremos propiedad privada, pero eso exige Estado de derecho y garantías a largo plazo para la inversión extranjera y local”. Añadió que lo esencial es el talento profesional, el cual tuvo que dejar el país: “Casi un tercio de la población emigró; ¿cómo van a regresar los ingenieros mientras quienes los expulsaron sigan en el poder?”.

Sobre el levantamiento parcial de sanciones anunciado por el presidente Trump, Machado interpretó estas medidas como “señales hacia el régimen”, señalando que el regreso de venezolanos y extranjeros solo será posible en un contexto de libertad y seguridad. “El régimen sabe que ningún ciudadano volvería a un país controlado aún por Maduro y el cartel”, afirmó. Reiteró su confianza en el compromiso del presidente estadounidense, subrayando la importancia de avanzar sin posibilidad de regresar al pasado.

Consultada acerca de su seguridad ante un eventual retorno a Venezuela, sostuvo: “Si me hubieran capturado antes de salir, probablemente habría desaparecido o algo peor. Ahora, no creo que se atrevan a matarme por la presencia y presión de Estados Unidos”. Explicó que el vínculo entre el liderazgo opositor y la gente es profundo y que, a pesar de los riesgos, la presión internacional actúa como freno ante represalias.

“No sé qué posibilidades tendría de moverme dentro de Venezuela, sin duda tendrían mucho miedo, porque el régimen conoce la conexión, la íntima conexión que tenemos, ya sabes, el pueblo venezolano y los líderes que ganaron las elecciones, el gobierno legítimo”, apuntó.

Machado también cuestionó la legitimidad de la actual Asamblea Nacional chavista, recordando que fue excluida de los comicios porque “Maduro tenía miedo de enfrentarse a mí y pensó que Edmundo González, por ser desconocido, no suponía una amenaza”. “En menos de tres meses logramos que todo el país lo apoyara porque esto es una lucha por la libertad”, manifestó. Aludió, además, al deseo de retorno de la diáspora venezolana: “Nuestros compatriotas, dondequiera que estén, quieren volver a un país con futuro y democracia. Para eso necesitamos un cronograma de transición seguro y preciso”.

Sobre su posible papel en el futuro político venezolano, declaró: “Seré presidenta cuando llegue el momento. Pero eso debe decidirlo el pueblo venezolano en elecciones”. Remarcó que la única fuente de poder legítimo es la voz popular, y que el proceso solo será válido si hay participación ciudadana.

En relación con Donald Trump y la dedicatoria del Nobel de la Paz, detalló en CBS News: “Esto tiene que ver con la justicia y el interés superior de nuestro país. Los venezolanos agradecemos lo que ha hecho y confiamos en lo que está por venir”. Sostuvo que el respaldo estadounidense resulta crucial para desarticular la estructura criminal que afecta tanto a Venezuela como a la región.

Machado proyectó que el cambio democrático en Venezuela impactaría de manera profunda en Latinoamérica y el hemisferio occidental. Señaló que la liberación de Venezuela tendría un efecto dominó sobre regímenes autoritarios vecinos y sobre el equilibrio regional, con consecuencias directas para la seguridad y la política en el continente.

El diputado Orlando Camacho subrayó la importancia de adaptar la legislación sobre hidrocarburos en Venezuela a las transformaciones del mercado energético mundial y destacó la urgencia de promover una colaboración efectiva entre el sector público y empresas privadas. Esta declaración se dio durante la presentación y defensa del proyecto en la Asamblea Nacional, en una sesión en la que se aprobó en primera lectura la reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos, decisión informada a través de los canales institucionales del Parlamento. Según informó la cadena de televisión VTV, el enfoque principal de la modificación normativa busca aumentar la producción petrolera y atraer capitales internacionales en un contexto de transición energética y volatilidad global.

La nueva disposición legal permitirá el ingreso del capital privado en la explotación de recursos petroleros, un giro en la política energética venezolana tras años de control estatal. De acuerdo con lo publicado por VTV y confirmado por el propio Parlamento, la aprobación se dio por mayoría calificada y responde a la necesidad de situar a Venezuela en condiciones de competir en un entorno en el que—según el legislador Camacho—"los capitales fluyen a los recursos probados y a marcos regulatorios predecibles y adaptables". El diputado insistió frente a la Asamblea en que Venezuela posee una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y sostuvo que renovar el marco regulatorio constituye una exigencia de la coyuntura actual, marcada por la inserción de mejores prácticas internacionales y la demanda de mercados energéticos globales.

En paralelo a estos cambios legislativos, Venezuela atraviesa una coyuntura política significativa. El medio VTV detalló que las reformas legales se producen tras un reciente acercamiento político con Estados Unidos, derivado de los acontecimientos posteriores al ataque estadounidense contra Caracas. Este ataque, que dejó más de cien fallecidos y la detención del presidente Nicolás Maduro, llevó a la instauración de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta del gobierno, inició gestiones con la Administración de Donald Trump que desembocaron en un acuerdo orientado a permitir la venta de crudo venezolano en condiciones reguladas, así como un proceso de liberación de personas detenidas, incluyendo tanto a ciudadanos de Venezuela como a extranjeros.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, manifestó que la batería de reformas y nuevas leyes impulsadas desde el Ejecutivo responde a la urgencia de adaptar el andamiaje jurídico del país a una realidad económica y política en constante cambio. Según reportó VTV, Rodríguez recalcó que la nueva orientación normativa pretende dotar a la industria de hidrocarburos de estabilidad y atraer inversiones de empresas internacionales, en línea con el proceso de transición energética acelerada que enfrenta el sector. La apuesta oficial radica en lograr que Venezuela pueda competir en el mercado global bajo criterios de predictibilidad y eficiencia, conforme evolucionan las tendencias mundiales.

El Parlamento venezolano comunicó que la reforma constitucional permitirá una mayor flexibilidad para la conformación de nuevas alianzas entre la estatal petrolera y actores privados, nacionales y extranjeros. La legislación propuesta marca el inicio de un proceso destinado a modificar las restricciones que pesaban sobre el capital privado en la explotación y comercialización de hidrocarburos, eliminando barreras regulatorias que durante años limitaban el acceso de inversionistas internacionales.

El contexto de estos acontecimientos incluye la prolongada crisis económica que ha enfrentado Venezuela en los últimos años, agravada por sanciones internacionales y caídas pronunciadas en la producción de petróleo. Según reseñó la cadena VTV, el Gobierno considera que la apertura parcial al sector privado podría facilitar la entrada de tecnología, conocimientos especializados y financiamiento, todos considerados elementos clave para revertir la disminución de los volúmenes de extracción y mejorar la eficiencia operacional en el sector energético.

En cuanto a los procedimientos legislativos, la reforma a la ley de hidrocarburos se encuentra en su primera discusión, de acuerdo con el Parlamento venezolano. El propio órgano adelantó que para su entrada en vigor definitiva resta una segunda aprobación, que incluirá la revisión detallada de las observaciones y propuestas que surjan durante la consulta legislativa y los debates con los distintos sectores afectados.

El anuncio de la apertura del sector energético a empresas internacionales fue recibido con expectativa por diversos actores económicos y políticos. Según registró VTV, voceros oficiales remarcaron que el nuevo marco legal ofrecerá garantías suficientes y favorecerá la llegada de inversiones extranjeras, clave para impulsar el crecimiento económico tras el acuerdo político alcanzado con Washington y la instauración de medidas para restablecer relaciones comerciales con Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Parlamento y difundida por la cadena VTV, el proceso de reforma legislativa formará parte de una agenda más amplia de transformación institucional promovida por el actual gobierno interino, que incluye negociaciones con diferentes actores nacionales e internacionales en busca de abrir canales económicos y garantizar condiciones para la reactivación de la industria petrolera venezolana.

El diputado Orlando Camacho señaló que la modificación legislativa busca responder a las demandas de los nuevos tiempos y fortalecer el desarrollo compartido de los sectores público y privado en la industria petrolera venezolana, con el objetivo de aumentar la producción de hidrocarburos en el país. Según informó la cadena VTV, Camacho consideró que la transformación del marco legal permitirá un entorno propicio para inversiones y la adopción de mejores prácticas internacionales en uno de los mayores productores de reservas de hidrocarburos a nivel mundial.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, abriendo a la inversión privada la explotación petrolera. El medio VTV detalló que este proceso se produce bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia luego de la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Rodríguez, que se desempeñaba como segunda en la jerarquía gubernamental, inició acuerdos con la Administración de Donald Trump, entre ellos la venta de crudo venezolano y acciones para liberar a personas presas tanto de nacionalidad venezolana como extranjera.

El anuncio de la aprobación de la reforma legal fue realizado por el propio Parlamento, que comunicó a través de redes sociales: “Queda aprobado por mayoría calificada evidente el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos en primera discusión”. La sesión parlamentaria se enmarca en un escenario de recientes tensiones y cambios políticos, ya que esta reforma coincide con un proceso de acercamiento diplomático entre Caracas y Washington tras la operación militar estadounidense en la capital venezolana, que, según consignó VTV, resultó en más de cien personas fallecidas y en la captura de Maduro.

De acuerdo con información difundida por VTV, la nueva legislación pretende modernizar el sector energético local y adaptarlo a la evolución del mercado global. Camacho subrayó que la industria de hidrocarburos se enfrenta a una etapa de transición energética acelerada y a una volatilidad que obliga a Venezuela a integrarse competitivamente en el sistema internacional, lo que requiere recursos energéticos probados y marcos regulatorios flexibles. El diputado remarcó que la reforma constituye una “necesidad imperativa” para la legislación venezolana y que el cambio del escenario energético mundial hace indispensable la adaptación, al tiempo que sostuvo que “los capitales fluyen a los recursos probados y marcos regulatorios predecibles y adaptables”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que los cambios recientes en el marco jurídico nacional buscan satisfacer los requerimientos actuales del país, según reportó la cadena venezolana. Rodríguez destacó que la reforma y la aprobación de leyes recientes forman parte de una agenda impulsada por el Ejecutivo para ajustar la legislación a los retos presentes. La estrategia legislativa también se orienta a promover una mayor apertura del sector petrolero, con la expectativa de captar capital extranjero y favorecer la recuperación de la industria nacional, en un contexto donde Venezuela posee algunas de las mayores reservas globales de hidrocarburos.

Las medidas aprobadas por el Parlamento ocurren en medio de una coyuntura política marcada por la transición de poder posterior a la detención de Maduro. Según VTV, la mandataria interina Delcy Rodríguez avanzó en negociaciones con Estados Unidos que incluyen la comercialización de crudo y la revisión de la situación de personas detenidas en el país, lo cual supone un giro en la política exterior y energética de la nación sudamericana.

La implementación de la reforma legal en materia de hidrocarburos pretende modificar el modelo de participación estatal exclusiva, abriendo nuevas oportunidades para la inversión de capital privado, tanto nacional como internacional, en los diferentes procesos de exploración, explotación y comercialización de petróleo. Este cambio legislativo se presenta como un intento de reactivar la producción petrolera venezolana, afectada en los últimos años por caídas sostenidas en los niveles de extracción, restricciones de mercado y sanciones internacionales.

Según datos recogidos por VTV, el contexto actual obliga a Venezuela a revisar sus estrategias de inserción económica global, en un ambiente donde la energía y los combustibles requieren adaptabilidad ante la transición energética mundial y la demanda de mayor eficiencia en el uso de recursos. Las reformas aprobadas por el Parlamento venezolano, en su primera discusión, forman parte de una serie de ajustes impulsados desde el Poder Legislativo para responder a los desafíos derivados de la crisis energética y de la reconfiguración geopolítica posterior a la acción militar estadounidense y los cambios en la cúpula del poder.

El medio venezolano informó que la futura discusión y eventual aprobación final de la normativa podría redefinir el papel del Estado en la industria petrolera y la relación con actores internacionales en la gestión y aprovechamiento de los recursos energéticos. Las autoridades parlamentarias y gubernamentales han expresado que estos movimientos legislativos reflejan la necesidad de actualizar la normativa petrolera y energética venezolana con el fin de atraer inversiones, fomentar la competitividad y garantizar la sostenibilidad de uno de los sectores clave de la economía venezolana.

En la Casa de Nariño tuvo lugar una reunión entre el presidente Gustavo Petro y delegados de la oposición de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El encuentro se realizó en la noche del martes 20 de enero de 2026, con la presencia de varios diputados de la oposición venezolana y de la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio.

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A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro entregó detalles de la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.

El mandatario colombiano indicó que al encuentro asistieron los diputados Timoteo Zambrano, del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano; Juan Carlos Alvarado, del partido Copei; y Luis Augusto Romero, del partido Alianza Popular.

“Encuentro con representantes del Fracción Parlamentaria de la Oposición Democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela (Alianza Democrática) Diputados Timoteo Zambrano (Cambiemos), Juan Carlos Alvarado (COPEI) y Luis Augusto Romero (AP) (sic)”, señaló el jefe de Estado.

El presidente Petro señaló que el objetivo de la reunión fue “reafirmar” el compromiso “con la integración latinoamericana y la paz”.

Resaltó que seguirán buscando un diálogo constructivo a través de la diplomacia para encontrar la paz en la región.

“Reafirmar el Compromiso con la integración latinoamericana y la paz. El diálogo constructivo y la diplomacia puesta al servicio de estos propósitos”, señaló el mandatario colombiano.

Críticas a Petro

El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los diputados ha generado críticas en la red social X. El concejal de Bogotá Papo Amín le pidió al presidente Petro no ser “hipócrita”.

"Después de más de 20 años de DICTADURA hoy si se vienen a acordar de la democracia.Cuántas elecciones no pasaron en las que Maduro y Chávez se robaron la voluntad popular y ustedes callaban. No sea hipócrita Presidente (sic)“, indicó Amín.

Sergio Ángel señaló en su cuenta de X que los diputados que asistieron a la reunión son “alacranes” del régimen chavista.

“Todos los que le acompañan en esa foto son ALACRANES: ‘Opositores’ de papel que colaboraron o validaron la dictadura de Nicolás Maduro. Usted siempre del lado incorrecto de la historia! (sic)“, afirmó.

Roberto Deniz, periodista de Armando Info, precisó en su cuenta de X que “alguien” le cuente quién al mandatario quiénes son los invitados al encuentro.

“Alguien que le cuente a Petro quiénes son realmente sus invitados. Si a estas alturas Petro no sabe distinguir dónde está la oposición venezolana, pues mejor que no haga este papelón…(sic), señaló.

Estados Unidos y Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que buscará dialogar con el mandatario estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de una articulación energética entre Colombia, Venezuela y Panamá.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de X, donde también abordó el papel de Ecopetrol, el impacto de los monopolios privados en la importación de gas y la situación energética en la región Caribe.

La reunión entre Petro y Trump quedó agendada para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en Washington, luego de una llamada telefónica entre ambos mandatarios.

El Gobierno colombiano prepara la lista de temas para el encuentro. Las conversaciones oficiales contemplan asuntos como la lucha contra el narcotráfico, el comercio, el ELN y la relación con Venezuela.

Gustavo Petro indicó que su intención es incluir en la agenda la articulación energética regional y la reducción de tarifas eléctricas.

Petro manifestó en su publicación: “Ecopetrol debe acelerar el proceso de adecuación para la importación de gas y hablaré con el presidente Donald Trump y el gobierno venezolano sobre la articulación energética y eléctrica de Colombia y Venezuela y Colombia y Panamá”.

El jefe de Estado afirmó que el objetivo de esta estrategia sería transformar el Caribe colombiano, tradicionalmente importador de gas, en un exportador de gas grancolombiano. Según Petro, esto beneficiaría tanto a Colombia como a Venezuela.

Familiares de las personas liberadas en Venezuela relataron años de espera y sostuvieron que la recuperación de la libertad representa un alivio tras largos periodos de incertidumbre y denuncias por represión. En este contexto, María Corina Machado, dirigente opositora venezolana, afirmó que este acontecimiento debe interpretarse como la confirmación de que el interés de quienes exigieron justicia no resultó en vano, según consignó el medio Europa Press.

Machado difundió este mensaje poco después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunciase de forma oficial la liberación de varios detenidos. De acuerdo con el reporte de Europa Press, la líder opositora utilizó su cuenta en la red social X para dirigirse especialmente a los familiares de quienes permanecieron privados de libertad, y definió el hecho como “un acto de restitución moral”. Insistió en que la restitución de derechos para los condenados debe entenderse, además, como el resultado de la resistencia frente a una situación de injusticia prolongada.

La opositora señaló que los familiares de los liberados desempeñaron un papel fundamental al sostener la noción de justicia en un contexto al que calificó como dominado por la represión. En sus palabras, la espera, el silencio y la ausencia de información oficial sobre sus seres queridos se agregaron a las condenas formales, extendiendo el sufrimiento a sólidas redes de apoyo. Machado expresó: “Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena. No estaba en ningún expediente la de la espera, la del silencio (...) Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”.

La noticia se produce luego de múltiples mediaciones internacionales. Según publicó Europa Press, Rodríguez resaltó que esta decisión busca avanzar hacia la paz en el país, y agradeció públicamente la intervención del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de autoridades de Catar, quienes actuaron como mediadores en el proceso que permitió la liberación de los detenidos.

Machado subrayó que la jornada marcó la posibilidad de que “la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo”. Dedicó un mensaje a quienes recuperaron la libertad y a sus familias, al desearles que el retorno a sus hogares represente algo de paz y subrayó la importancia de sostener una alegría serena pero firme. En su declaración, agregó: “Que Venezuela toda reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar y triunfar”.

Según destacó Europa Press, Machado también enfatizó que la restitución no puede compensar el tiempo y las vidas afectadas, aunque representa para muchos la prueba de que “la injusticia no va a ser eterna” y que aún “muy herida”, la verdad logra manifestarse. Su mensaje incluyó el compromiso de “no descansar hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.

Las medidas anunciadas afectaron a personas de distintas nacionalidades, entre ellas varios ciudadanos españoles. El Ministerio de Exteriores de España, citado por Europa Press, confirmó la excarcelación de cinco de sus compatriotas como resultado de los gestos acordados en el proceso de mediación internacional. Entre los liberados se encuentran Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, originarios del País Vasco; Miguel Moreno Dapena, marino de Canarias; Ernesto Gorbe Cardona, procedente de Valencia; y Rocío San Miguel, activista hispano-venezolana con doble nacionalidad, todos ellos identificados por las fuentes diplomáticas españolas.

Rodríguez, según detalló Europa Press, resaltó el carácter de las liberaciones como un paso para avanzar en el diálogo nacional e incluyó agradecimientos a quienes contribuyeron al acercamiento de posturas. La medida también fue recibida con reacciones de familiares, organizaciones sociales y actores políticos, quienes señalaron que la excarcelación representa una oportunidad para impulsar nuevas demandas vinculadas a la justicia y los derechos humanos en Venezuela.

El medio Europa Press puntualizó que la oposición venezolana considera el contexto de represión, el uso de detenciones por motivos políticos y la ausencia de garantías en procedimientos judiciales como elementos que han marcado los últimos años en el país. Este proceso de liberaciones se inscribe en una serie de negociaciones y demandas nacionales e internacionales por la recuperación de derechos civiles, según evidencia la postura asumida por Machado y los actores que le ofrecieron respaldo.

La decisión se comunicó pocos días después de renovadas peticiones de organismos internacionales y plataformas defensoras de derechos humanos para la mejora de las condiciones de las personas privadas de libertad en Venezuela, reportó Europa Press. Entre las expectativas de los familiares liberados se encuentra la posibilidad de que estos gestos se amplíen y permitan el regreso a la vida civil a más individuos considerados presos por motivaciones políticas. Las reacciones públicas manifestadas por los destinatarios de las medidas y sus allegados han girado en torno al alivio, pero también a la convocatoria para mantener la presión social e institucional a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el avance hacia una solución sostenida para la crisis institucional venezolana.

La agenda política venezolana mantiene en el centro de sus debates las condiciones de derechos civiles, reclamadas tanto por la oposición como por una parte de la comunidad internacional. La respuesta de Machado, consignada por Europa Press, apunta a mantener la perseverancia en la búsqueda de justicia, destacando que “nada devuelve los años robados, las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa porque reconoce lo que siempre supimos”.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, subrayó que la liberación de personas encarceladas, tanto venezolanas como extranjeras, constituía un gesto del gobierno con la intención de consolidar la convivencia y la paz en el país. Según informó el medio, Rodríguez explicó que este proceso de excarcelaciones representa una acción unilateral por parte del Ejecutivo y que tiene lugar en ese mismo momento.

De acuerdo con la información publicada, Jorge Rodríguez optó por no detallar la cantidad exacta de personas que serían beneficiadas por esta medida. La iniciativa incluye tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros, y no se establecieron distinciones en base a ideología política, creencias religiosas o nacionalidad. El presidente del Parlamento recalcó que la acción busca reafirmar lo que definió como una “decisión inequebrantable” de mantener la paz en la sociedad venezolana, además de fomentar la connivencia pacífica entre distintos sectores.

Durante su intervención, Rodríguez describió la puesta en libertad como un aporte del gobierno bolivariano en función de asegurar que “nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”. Según consignó el medio, la liberación se llevó a cabo sin que mediara una demanda explícita de intercambio o negociación, lo que desde el punto de vista del presidente del Parlamento refuerza el carácter unilateral de la decisión.

El anuncio puso el foco en la importancia de la estabilidad interna y la necesidad de gestos que contribuyan a una convivencia armónica. Rodríguez instó a percibir esta acción como una contribución que invita a todas las partes de la sociedad venezolana a sumarse en el camino hacia el entendimiento y la prosperidad colectiva. Dijo también que el gobierno aspiraba a que este paso ayudase a consolidar un ambiente propicio para la resolución pacífica de diferencias.

El medio detalló que en el contexto venezolano, decisiones como esta se presentan como indicios de búsqueda de diálogo y reducción de tensiones. Si bien el gobierno no divulgó los criterios específicos para la selección de las personas liberadas ni la cifra concreta, la inclusión de tanto venezolanos como extranjeros marcó un elemento distintivo en la medida anunciada este jueves.

Rodríguez reiteró la trascendencia de gestos que apunten a reforzar la convivencia ciudadana y la paz, argumentos que, según reportó el medio, buscan enviar un mensaje tanto a nivel nacional como internacional sobre la disposición del Estado venezolano de avanzar hacia escenarios de resolución pacífica de conflictos y mayor estabilidad. La ausencia de especificaciones sobre el número de excarcelados, así como sus identidades, dejó abierta la expectativa respecto al impacto concreto de la iniciativa.

En sus declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional insistió en que la intención del gobierno bolivariano es seguir promoviendo acciones que aporten a la vida pacífica de la república, reiterando el llamado a la unidad y a la colaboración de todos los sectores sociales y políticos. Según informó el medio, este anuncio formó parte de una estrategia comunicacional orientada a destacar la voluntad de las autoridades de implementar medidas en favor de la paz social y la convivencia armónica, independientemente de las diferencias de pensamiento o creencias religiosas presentes en la sociedad venezolana.

Durante la ceremonia de juramentación realizada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, Delcy Eloína Rodríguez Gómez se refirió al “dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”. Con esas palabras, la vicepresidenta ejecutiva asumió formalmente la presidencia encargada de Venezuela, papel al que accedió tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense.

Según informó Europa Press, Rodríguez tomó posesión de sus nuevas responsabilidades ante Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la juramentada. El acto se desarrolló en un contexto de incertidumbre generado tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa en suelo estadounidense. La hasta ahora 'número dos' del gobierno venezolano se incorporó como jefa de Estado interina, decisión que la Asamblea Nacional respaldó en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, tras el vacío de poder por la detención del mandatario.

En el momento de prestar juramento, Delcy Rodríguez enfatizó que asumía las funciones “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”. Durante su intervención, la nueva presidenta encargada expresó ante los presentes su compromiso de no descansar para preservar la estabilidad nacional: “Juro por el pueblo de Venezuela no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo”.

Seguidamente, Rodríguez recalcó su propósito de conseguir que el país alcance su lugar histórico correspondiente: “Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Jorge Rodríguez oficializó la investidura conforme a la fórmula tradicional utilizada para este tipo de actos en Venezuela: “Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande”. Así, la secretaria de la Asamblea Nacional reconoció la juramentación y la nueva titularidad provisoria en la jefatura de Estado recayó en Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Tras la investidura, la dirigente quedó a cargo de la administración del país con el compromiso explícito de resguardar la estabilidad tanto a nivel económico como social y espiritual. Según detalló Europa Press, la juramentación se produjo en medio de la reacción de autoridades y seguidores del oficialismo, quienes han expresado respaldo hacia la continuidad institucional del gobierno frente a la situación excepcional por la detención de Maduro.

Europa Press indicó que la sesión solemnemente transmitida contó con la presencia de altos mandos políticos y figuras del gobierno, quienes presenciaron la asunción de la presidencia encargada bajo las normativas legales venezolanas. Las imágenes de la ceremonia y la prestación de juramento se difundieron a través de los canales oficiales.

De acuerdo con la información de Europa Press, el contexto de esta investidura se enmarca en la contingencia generada tras la intervención militar extranjera, hecho que derivó en la detención de Maduro y la primera dama, y colocó en el centro de la escena política nacional e internacional la figura de Delcy Rodríguez, llamada a garantizar la continuidad de las funciones del Ejecutivo y la protección del orden institucional.

El medio reseñó que la ceremonia selló formalmente la transferencia provisional del poder, siguiendo las estrictas prescripciones del marco constitucional venezolano y bajo la supervisión de la Asamblea Nacional. En este proceso, las manifestaciones de lealtad a la figura de Nicolás Maduro y la condena a su arresto fueron destacadas por la nueva presidenta encargada, quien llamó a mantener la unidad ante los desafíos internos y externos que enfrenta Venezuela después del evento que precipitó el cambio en la jefatura de Estado.

Durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, Delcy Rodríguez expresó que afronta el nuevo cargo consternada por la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro y de la primera dama, señalando que ambos permanecen retenidos tras una operación militar estadounidense. Esta situación marcó el comienzo de su gestión como presidenta encargada de Venezuela, en reemplazo de Maduro, quien fue capturado en medio de una incursión militar, según informó el medio de comunicación proporcionado.

De acuerdo con la información publicada, Delcy Rodríguez juró el cargo ante Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien procedió a tomarle el juramento de acuerdo a la fórmula institucional estipulada. Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta ejecutiva y considerada la mano derecha del ahora ausente jefe de Estado, subrayó su compromiso de trabajar sin descanso para asegurar la estabilidad y el bienestar del país tras asumir la dirección del Ejecutivo.

Durante su discurso, la nueva presidenta interina subrayó la gravedad de la situación al mencionar de manera explícita el “secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”. La ceremonia, según consignó la fuente, reafirmó la legalidad de la sucesión y el apoyo institucional de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la propia Delcy Rodríguez.

La hasta entonces segunda autoridad del Gobierno venezolano asumió públicamente la responsabilidad de garantizar la continuidad de las funciones ejecutivas. En su intervención, enfatizó que no descansará para garantizar la paz y la estabilidad de la nación, incluyendo tanto la tranquilidad social y económica como la salud espiritual de la población. Según detalló la fuente, Rodríguez prometió poner todos sus esfuerzos para sostener la paz y acompañar al pueblo venezolano en el contexto de incertidumbre abierto tras la detención del mandatario Maduro.

Al momento del juramento oficial, Jorge Rodríguez utilizó la fórmula tradicional: “Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande”. Acto seguido, la investidura de Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta encargada quedó formalizada conforme a los procedimientos institucionales descritos por el medio.

La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en presencia de altos funcionarios, acentuando el respaldo gubernamental al nuevo liderazgo provisional. La declaración de Delcy Rodríguez incluía referencias explícitas al honor y a la responsabilidad de guiar a Venezuela al “destino que le corresponde”, con la intención de mantener la proyección y la posición histórica del país en medio de la crisis política provocada por la operación militar estadounidense.

Tal como publicó el medio citado, la sucesión de poder se desarrolló en un contexto marcado por el llamado de Delcy Rodríguez a la unidad y la resistencia, asegurando que la agenda gubernamental priorizará la defensa de la soberanía y la protección de los derechos de la ciudadanía durante su gestión como presidenta encargada.

El momento en que la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, no pudo ocupar su escaño durante la juramentación de la nueva Asamblea Nacional se vivió con una ovación de pie por parte de los presentes, una reacción que puso en evidencia el impacto emocional y político de su ausencia y la del presidente Nicolás Maduro. El hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra, participó activamente en la sesión, refiriéndose a la detención de sus padres y describiéndolos como víctimas de un “secuestro”, enlazando lo personal con lo institucional. Esta escena formó parte central del acto de toma de posesión de los legisladores electos, marcado por la tensión derivada de los recientes acontecimientos judiciales y políticos en el país.

Según publicó el medio que informó sobre la jornada, la Asamblea Nacional de Venezuela inició su nuevo periodo legislativo, que abarcará los años 2026 a 2031, durante una sesión realizada este lunes tras las elecciones celebradas el pasado 25 de mayo. La ceremonia inaugural estuvo condicionada por la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, un hecho calificado por varios participantes como un “ataque” que altera el curso institucional habitual del país.

Conforme a lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el reglamento interno de la Asamblea, el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, asumió la Presidencia inicial de la sesión. Tal como reportó la fuente, Soto Rojas utilizó su intervención para denunciar públicamente la detención de Maduro mediante el uso del término “secuestro”, durante un alegato en el que caracterizó la operación como un hecho de violencia ajena a los principios democráticos. En el mismo acto, el diputado comunicó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de la detención del jefe del Estado.

Avanzada la sesión, los 284 diputados proclamados juraron su cargo de manera individual. El momento que correspondía a Cilia Flores resultó especialmente significativo, ya que el escaño vacío fue motivo de una muestra colectiva de apoyo y reconocimiento por parte de los demás legisladores, según detalló la fuente informativa. Cabe destacar que Rodríguez asume el papel de presidenta interina según el dictamen judicial, mientras que la composición de la Asamblea quedó completa con excepción de Flores, ausente por su actual encarcelamiento en Estados Unidos.

A lo largo de la ceremonia, las manifestaciones en torno a la privación de libertad de Maduro y Flores dominaron el discurso político. Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del presidente, dirigió palabras llenas de carga emocional además de componentes políticos, afirmando ante el pleno que tanto su padre como Cilia Flores son “revolucionarios venezolanos” y que su detención constituye el único motivo de su privación de libertad. Asimismo, compartió detalles personales sobre la trayectoria profesional y familiar de Flores, así como sobre el compromiso laboral y educativo de Maduro, cimentando una narrativa de resistencia y legitimidad en el ámbito institucional.

El medio reportó además la continuidad de Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional, tras su elección como presidente para el nuevo periodo legislativo. Rodríguez ya ocupaba ese cargo en la legislatura saliente, correspondiente a los años 2021-2025, lo que refuerza cierta estabilidad interna de la institución pese al escenario de crisis política y judicial abierta. La fuente detalló que la elección de Rodríguez y el resto de la directiva parlamentaria tuvo lugar tras cerrar las rondas de intervenciones de los diputados que centraron su atención en el impacto que la ausencia del presidente y la primera dama genera en el devenir político de Venezuela.

Los nuevos legisladores asumen sus funciones en un contexto signado por tensiones internas, denuncias de injerencia extranjera y un proceso judicial en curso contra figuras que integran la máxima autoridad del Ejecutivo. La ausencia de Maduro y Flores, así como la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia, marcan una etapa cuya proyección y desenlace dependerán tanto de resoluciones judiciales internacionales como de las dinámicas políticas locales, según reflejó el reporte del medio.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, tratado que fundamenta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

La decisión, tomada en Caracas, se justificó en la supuesta inacción de la CPI ante crímenes cometidos en Palestina, así como por el reciente cierre de la oficina técnica del tribunal internacional en la capital venezolana, anunciado por el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang debido a la falta de cooperación del régimen de Nicolás Maduro.

La norma fue impulsada por la mayoría oficialista, que domina el Parlamento. El chavista Jorge Rodríguez sostuvo que la medida “demuestra la dignidad del pueblo venezolano” y extiende solidaridad con los palestinos, a quienes describió como víctimas del “más espantoso genocidio y crímenes contra la humanidad de los últimos 80 años”.

Además, calificó a la CPI como institución “inútil y vasalla”, sometida a intereses extranjeros y al “imperialismo norteamericano”, y denunció que el tribunal ignoró “ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe” atribuidas a fuerzas de Estados Unidos, así como el impacto de sanciones y del bloqueo, políticas que según el régimen habrían causado 40.000 muertes, de acuerdo con un estudio citado en 2017.

A su vez, el Ministerio de Exteriores venezolano señaló que continuará actuando para “prevalecer la verdad frente al colonialismo jurídico” y tildó de “vergonzosa” la respuesta de la CPI a los crímenes en Palestina, conforme al reporte de Europa Press.

La legislación establece que la salida de Venezuela debe notificarse formalmente al secretario general de Naciones Unidas, dando inicio a un plazo de 12 meses para su efectividad, durante el cual el país mantiene obligaciones internacionales. Venezuela se incorporó en el año 2000 bajo Hugo Chávez, y la CPI ejerce jurisdicción desde el 1 de julio de 2002, según recordó AP.

La ley espera la promulgación de Maduro. Durante el debate, Rodríguez agregó que “los jueces de este organismo no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos”, reiterando los argumentos de desvinculación.

Aunque la Asamblea Nacional avanzó en la ruptura formal, la CPI ratificó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2017 seguirá adelante desde La Haya.

Desde la apertura del expediente en 2018, el tribunal ha supervisado la actuación estatal, rechazando los intentos de frenar la causa por presuntas indagaciones internas. En 2023, la corte confirmó la continuación íntegra del proceso, según informó la agencia EFE. La desvinculación será efectiva una vez completados los pasos diplomáticos requeridos.

El proceso de desvinculación iniciado por el régimen venezolano implica no solo la aprobación legislativa, sino también los pasos diplomáticos requeridos por el tratado internacional y requiere de la promulgación del dictador Nicolás Maduro.

(Con información de EFE)

Los señalados son Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinorah Figuera, Horacio Medina y el abogado José Ignacio Hernández, identificados por el Parlamento como los “principales cabecillas” del que denomina “gigantesco robo de Citgo”.

Durante una sesión ordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, formalizó la petición contra los cinco opositores.

Rodríguez fundamentó la propuesta en el “deber de resguardar la soberanía” y “los intereses de la nación”, conceptos recogidos en el artículo 130 de la Constitución venezolana.

En su intervención, afirmó: “Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano y venezolana”.

La decisión se enmarca en un proyecto de acuerdo aprobado por el Legislativo, que rechaza lo que califica como “un proceso de expoliación de las acciones de Citgo”, en referencia a la reciente decisión judicial en Estados Unidos que autorizó la venta de la filial de Pdvsa.

Marco legal y limitaciones constitucionales

El artículo 130 de la Constitución de Venezuela establece el deber de los ciudadanos de proteger la soberanía y los intereses nacionales. No obstante, la misma carta magna señala que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad”.

A pesar de esta restricción, el chavismo argumenta que los acusados han “negado su condición de venezolanos”, lo que, según su interpretación, “justificaría” la solicitud de retiro de la nacionalidad.

Antecedentes y relevancia de Citgo

Citgo es una refinería de origen estadounidense con sede en Texas, adquirida por Venezuela en la década de los 90. Durante años, la empresa representó uno de los activos más valiosos para el país sudamericano, tanto por su capacidad de refinación como por su papel estratégico en el mercado energético internacional.

La semana pasada, un juez estadounidense aprobó la compra de Citgo en una subasta organizada por un tribunal, con el objetivo de saldar deudas con acreedores del Estado venezolano.

La oferta ganadora fue presentada por Amber Energy, filial del fondo de inversión estadounidense Elliott Investment Management, por un monto de USD 5.900 millones.

No obstante, la operación aún requiere la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, tanto Citgo como sus empresas matrices han presentado apelaciones contra el resultado de la subasta y la orden de venta, lo que introduce incertidumbre sobre el desenlace de la transacción.

El rol de la oposición venezolana en Citgo desde 2019

Desde 2019, tras el reconocimiento de Estados Unidos, la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó asumió el control de Citgo.

Durante este periodo, el grupo opositor buscó evitar que los acreedores de Pdvsa ejecutaran acciones sobre la filial, en un contexto de disputas legales y políticas que han marcado la gestión de la empresa.

La venta de Citgo permanece en suspenso, a la espera de la decisión de la OFAC y de la resolución de las apelaciones presentadas por la empresa y sus matrices.

El proceso judicial en Estados Unidos y la propuesta de la Asamblea Nacional de Venezuela continúan abiertos, sin una resolución definitiva sobre el futuro de la filial petrolera ni sobre la situación de los opositores señalados.

Durante un encuentro sostenido con familiares de las víctimas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que la identidad de quienes asistan a las reuniones permanecerá en reserva, así como cualquier dato personal, con el propósito de salvaguardar su seguridad frente a eventuales presiones externas o riesgos de represalias. En ese contexto, Rodríguez reiteró que la protección de los allegados de los fallecidos constituye la prioridad inmediata de las autoridades, las cuales han anunciado la implementación de mecanismos legales y monitoreo permanente para evitar filtraciones o incidentes que puedan comprometer la integridad de testigos y familiares. De acuerdo con información publicada por Globovisión, este anuncio se relaciona directamente con la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de conformar una comisión especial encargada de investigar la muerte de al menos 83 personas, en lo que legisladores venezolanos califican como presuntas “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por fuerzas estadounidenses durante operaciones militares realizadas en el Caribe y el Pacífico a partir del 2 de septiembre.

El medio Globovisión destacó que la creación de dicha comisión se formalizará en una sesión parlamentaria programada para el lunes posterior a la denuncia, donde también se delimitarán los alcances y competencias de la instancia de investigación. Esta comisión contará con la colaboración del Ministerio Público venezolano, que asumirá la responsabilidad de iniciar las pesquisas penales, además de definir procedimientos de resguardo y asistencia jurídica para los allegados de las víctimas. Rodríguez sostuvo que los esfuerzos institucionales buscarán tanto esclarecer los hechos como garantizar que los familiares cuenten con apoyo ante posibles amenazas provenientes de sectores cuya identidad no ha sido detallada.

En su intervención, Rodríguez aludió al Artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949, según reportó Globovisión, para subrayar la obligación internacional de brindar asistencia y protección a heridos y enfermos, sin importar el contexto ni la identidad de las personas afectadas. A partir de este fundamento jurídico, argumentó que las acciones militares denunciadas infringen no solo el derecho internacional humanitario, sino también la legislación marítima internacional, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El vocero también hizo referencia a la normativa que regula los combates navales y la prohibición de ataques contra náufragos y personas fuera de combate.

Según consignó Globovisión, tras reportarse la muerte provisional de al menos 83 personas, los parlamentarios han insistido en la necesidad de articularse con organismos nacionales e internacionales especializados, con la intención de recabar testimonios, analizar tratados y normativas relevantes, y tramitar formalmente la apertura de investigaciones penales ante el Ministerio Público. Jorge Rodríguez informó que parte de la agenda prioritaria de la comisión especial contempla el acompañamiento legal directo a los familiares de los fallecidos, así como la implementación de medidas de apoyo y protección ampliada frente a los riesgos detectados en el entorno social y judicial nacional.

La noticia sobre las muertes sucedidas en aguas internacionales, atribuidas a operativos estadounidenses que tenían como objetivo a embarcaciones presuntamente implicadas en tráfico de drogas, ha despertado preocupación en el Parlamento venezolano sobre la posibilidad de que las operaciones puedan extenderse hacia territorio o jurisdicción nacional. Globovisión indicó que esta perspectiva ha generado debate tanto en espacios multilaterales como dentro de la estructura institucional venezolana, incrementando la tensión en el ámbito político y judicial del país.

La sesión legislativa, según relató el portal venezolano, incluirá el debate en torno a la atribución de competencias a los integrantes de la comisión especial y el diseño de estrategias para garantizar la protección tanto de las pruebas recolectadas como de los testimonios de los familiares. Las autoridades resaltaron la importancia de vigilar cualquier movimiento militar o decisión política que pudiera derivar en una ampliación de los operativos hacia la frontera venezolana. Rodríguez recalcó la vigilancia permanente sobre cualquier iniciativa externa que, desde Washington, implique nuevos riesgos para la soberanía del país y los derechos de los ciudadanos afectados por este tipo de incidentes.

El análisis jurídico mencionado por Rodríguez también cita el Protocolo Adicional I de 1977 de los convenios internacionales, especialmente el Artículo 41, que prohíbe atacar a personas fuera de combate, ya sean desarmados, heridos o náufragos. El presidente de la Asamblea Nacional utilizó este argumento para cuestionar supuestas acciones secundarias de fuerzas estadounidenses, que habrían atacado a sospechosos de narcotráfico que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad tras bombardeos iniciales. Las autoridades venezolanas insisten en la incompatibilidad de este tipo de intervenciones con el marco legal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, tal como apuntó Globovisión.

De acuerdo con lo divulgado por Globovisión, organismos internacionales como Naciones Unidas y entidades centradas en la defensa de los derechos humanos han expresado su condena ante los hechos, remarcando que las muertes denunciadas representan ejecuciones extrajudiciales y constituyen una violación grave de las garantías protegidas en los tratados internacionales. Estos organismos también han formulado llamados a fortalecer los canales institucionales que permiten investigar y sancionar acciones que infrinjan la normativa global referente al trato humanitario y la regulación de los conflictos armados.

La comisión especial creada a partir de esta denuncia, indicó Globovisión, cumplirá un papel central a la hora de recopilar información, recabar testimonios y estructurar un informe técnico detallado que sustente futuras denuncias ante instancias internacionales. Además, se prevé el desarrollo de estrategias legales destinadas a fortalecer la posición venezolana frente a posibles repeticiones de ataques similares y para resguardar la seguridad de quienes colaboren con el proceso.

Globovisión señaló que tanto la Asamblea Nacional como diferentes instituciones oficiales han destacado el impacto que los recientes episodios pueden tener en el respeto a las normas jurídicas internacionales vinculadas a persecuciones marítimas y conflictos armados. Se recalcó el riesgo de que estos hechos sienten un precedente en la región y que la respuesta institucional debe contemplar la consolidación de mecanismos de defensa nacional, la denuncia internacional y la protección reforzada a los afectados.

Finalmente, el reporte de Globovisión agregó que la crisis institucional abierta por la potencial expansión de las operaciones militares hacia áreas venezolanas ha elevado la urgencia de elaborar nuevos informes técnicos, articular estrategias legales adicionales y coordinar solicitudes de intervención y observación por parte de organismos multilaterales. Estas acciones buscan tanto clarificar las circunstancias de las muertes denunciadas como fortalecer la postura del Estado venezolano ante futuros desafíos relacionados con denuncias de acciones militares extranjeras en el ámbito marítimo internacional.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó en medio de un evento oficial que el país ha enfrentado “acciones agresivas” financiadas con recursos provenientes del narcotráfico mexicano, colombiano y de la mafia albanesa.

Según Rodríguez, estos fondos han sido utilizados para respaldar operaciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, e incluyen explosivos, armamento, mercenarios y actividades terroristas dirigidas contra el gobierno venezolano.

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Durante una sesión extraordinaria del órgano legislativo dedicada a asuntos de seguridad internacional, Rodríguez también acusó a Estados Unidos de asociarse con dichas organizaciones criminales para agredir a Venezuela y desestabilizar al régimen.

“Venezuela ha sido víctima de la acción del narcotráfico en otros países, todas las acciones agresivas contra Venezuela, llámese explosivos, armas, mercenarios, terroristas, todas son financiadas con dinero del narcotráfico”, enfatizó Rodríguez.

Estas declaraciones se producen en un contexto de aumento en las tensiones bilaterales, tras el despliegue de tres buques estadounidenses y cuatro mil soldados cerca de la costa venezolana como parte de una operación antidrogas liderada por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Como respuesta, el presidente Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos de todo el país, y definidos por el dictador como “preparados, activados y armados”.

Por otra parte, y a comienzos de agosto de 2025, el gobierno de EE. UU. incrementó a 50 millones de dólares la recompensa para quien aporte información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y las acciones que tomó tras el movimiento en el tablero por parte de Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a intensificar las acciones contra las bandas criminales que operan en la frontera con Colombia.

El mandatario anunció la activación de la zona económica binacional número uno, un mecanismo acordado por ambos gobiernos para fortalecer el comercio, la movilidad y la seguridad en la región fronteriza.

“Ha llegado el momento de activar la zona binacional número uno en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio”, aseguró Maduro durante una transmisión oficial. Añadió que se deben “redoblar todos los esfuerzos en la lucha directa contra las bandas violentas y criminales” en el lado venezolano.

El plan, según Maduro, implica colaboración entre los sectores económicos y las fuerzas de seguridad, sumando el apoyo de empresarios y organizaciones militares y policiales para garantizar la cooperación y convertir regiones como Táchira y Zulia en espacios de paz y convivencia entre ambos países.

A su vez, El mandatario destacó además la importancia de fortalecer los lazos sociales y comunitarios a ambos lados de la frontera: “Seguir tendiendo la mano a Colombia, a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente que quiere que la frontera sea cada vez mejor y funcione mejor”.

El contexto en la frontera es complejo por la presencia de grupos armados ilegales. Recientemente, el presidente Gustavo Petro alertó sobre la extensión a territorio venezolano del conflicto entre el ELN y la Segunda Marquetalia, grupos que disputan el control territorial por economías ilícitas.

A pesar de las tensiones, Petro reconoció la cooperación de Caracas en la gestión fronteriza, afirmando que el apoyo “ha sido contundente y debe continuar”, según declaraciones recogidas por The New York Times.

En el mismo discurso, Maduro advirtió sobre supuestas iniciativas de “entrismo y divisionismo” financiadas por potencias europeas y organizaciones internacionales para afectar la cohesión interna del oficialismo en Venezuela.

También señaló directamente a la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania y a ONG vinculadas a Estados Unidos, como Usaid y la CIA, acusándolas de financiar campañas de infiltración.

Como parte de la estrategia de seguridad, el presidente venezolano ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país bajo lo que denominó un “plan de paz”. Según Maduro, las milicias bolivarianas deben estar “preparadas, activadas y armadas”.

El anuncio coincide con el aumento de la recompensa ofrecida por Estados Unidos para la captura de Maduro, que asciende a 50 millones de dólares, así como con la intensificación de operaciones militares estadounidenses en el Caribe, incluyendo el despliegue de infantes de Marina, aviones y buques cerca de la costa venezolana.

La región sigue marcada por la presión internacional, sanciones económicas y un clima de incertidumbre política y social, mientras los gobiernos de Colombia y Venezuela exploran nuevas fórmulas para enfrentar el crimen transnacional y buscar mayor cooperación bilateral en sus zonas de frontera.

“Todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria”, declaró Rodríguez, estrecho aliado del dictador Nicolás Maduro.

“Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”, agregó.

El funcionario chavista no ofreció detalles sobre los mecanismos de control que implementará el régimen, pero insistió en que se aplicarán medidas drásticas.

“No vamos a permitir que nadie venga a nuestro territorio sin autorización, porque sabremos cómo responder”, afirmó.

Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio del aumento de la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el despliegue de buques de guerra frente a las costas venezolanas, como parte de sus operaciones contra el narcoterrorismo. Estas acciones buscan enfrentar a organizaciones criminales latinoamericanas, entre ellas el Cartel de los Soles, cuya jefatura ha sido atribuida al propio Maduro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares que lleve al arresto del dictador venezolano, mientras otros altos funcionarios del régimen, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, también enfrentan acusaciones similares.

Paraguay tiene previsto sumarse a Estados Unidos y Ecuador en la designación formal del Cartel de los Soles como grupo terrorista, una medida adoptada en señal de repudio a la complicidad del chavismo con el crimen organizado. El Ejecutivo paraguayo solo requiere el aval formal del presidente Santiago Peña para hacer oficial la decisión.

Como respuesta al cerco internacional, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, para defender a la “revolución”.

En la sesión, Rodríguez defendió al régimen asegurando que Venezuela ha sido “pionera” en la lucha contra el tráfico de drogas. “Hay un país en el mundo que ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares”, dijo, en un intento por contrarrestar las acusaciones internacionales sobre la complicidad de altos funcionarios venezolanos con redes de narcotráfico.

Pidió además a los venezolanos no prestar atención a lo que calificó como “las estupideces del imperialismo” y aseguró que “esas estrategias psicológicas son cada vez menos elaboradas, donde se evidencia que no hay ni un metro cuadrado de cultivos de cocaína en Venezuela”.

En el ámbito interno, el Parlamento chavista votó el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado oficialista Julio César Torres Molina, acusado de tenencia de drogas.

Rodríguez catalogó a Torres Molina de “basura” y pidió castigo ejemplar para “quien traicione los altos intereses del pueblo de Venezuela”. La bancada oficialista, respaldada por la oposición colaboracionista, acompañó la decisión sin objeciones.

William Benavides, diputado chavista, señaló que Torres Molina fue detenido “en flagrancia” por el delito de “posesión de drogas”, sin precisar cantidad, tipo ni fecha de la detención, y añadió que todo lo vinculado al narcotráfico “le está haciendo el juego al enemigo, le está haciendo el juego a quienes nos quieren destruir”.

Pedro Carreño, por su parte, celebró la detección del caso gracias a los servicios de la dictadura y pidió “extirpar el lunar” de la Cámara Legislativa, sin especificar detalles sobre la investigación.

(Con información de EFE)

La norma, denominada oficialmente Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo de las 7 Transformaciones 2025-2031, "dibuja el proyecto de país en el futuro", expresó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en una sesión ordinaria celebrada después de que el Legislativo no sesionó durante casi 40 días en medio de la campaña hacia los comicios regionales y legislativos del domingo.

El parlamentario afirmó que la iniciativa profundiza "en la razón de ser de la Revolución Bolivariana" que, a su juicio, es "la equidad, la justicia, la igualdad y la recuperación del estado de bienestar" del país.

Por su parte, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Tania Díaz afirmó, al intervenir ante el plenario, que Maduro "está presentando este plan de las siete transformaciones para construir el futuro de la patria".

El pasado 15 de enero, cinco días después de su investidura para un tercer mandato después de su cuestionado triunfo electoral, Maduro indicó que las 7 transformaciones -o 7T- son: "Modernizar la economía, Independencia plena, Paz, seguridad e integridad territorial, Social, Política, Ecología y Geopolítica", según difundió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder del chavismo firmó el pasado 8 de abril un decreto de emergencia económica por dos meses, en respuesta -aseguró- a la "guerra comercial inédita" ocasionada por la política arancelaria de EE.UU. y que le otorga la potestad de "dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento" del país caribeño.

Venezuela enfrenta una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU., así como la imposición de gravámenes del 25 % a los compradores de su crudo o gas y el fin de las licencias a las petroleras para operar en su territorio, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.EFE

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- El exmandatario mexicano Felipe Calderón (2006-2012), declarado persona non grata por la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció este martes que acompañará al líder opositor Edmundo González Urrutia "hasta que las circunstancias lo permitan" en su decisión de entrar en Venezuela para tomar posesión como presidente el próximo día 10.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, declaró hoy personas non gratas a nueve expresidentes latinoamericanos -entre ellos Calderón Hinojosa- y pidió que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país, en caso de que pretendan acompañar González Urrutia en su aspiración de jurar como presidente el próximo viernes.

En un acuerdo aprobado por unanimidad en esta jornada, el Parlamento vetó a los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica).

En entrevista para la televisora venezolana NTN24, Calderón anticipó que acompañará a Edmundo González en las reuniones que tiene programadas para mañana en Panamá y agregó que también lo hará en República Dominicana, además de acompañarle en su intento de ingresar a Venezuela

"Hemos decidido acompañar a Edmundo y a los venezolanos en la recuperación de su democracia, en este paso hacia el 10 de enero, y estaremos con él hasta que las circunstancias lo permitan", enfatizó Calderón.

"Ni pretendemos, ni somos, ni podemos ser invasores", aseveró el exmandatario, quien recalcó que lo que corresponde es "que se respete la voluntad popular" de los venezolanos, "y que el propio pueblo haga respetar el voto popular".

"Yo sé del valor del bravo pueblo (venezolano) y sé que esas circunstancias se darán", aseveró.

En el acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional de Venezuela, los legisladores repudiaron "las nefastas e injerencistas declaraciones de un grupo de fascistas, de la ultraderecha internacional, que expresaron su voluntad de estar presentes en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 para entorpecer la posesión y debido juramento del presidente constitucional Nicolás Maduro".

Al Poder Legislativo lo mueve "la defensa de la patria y la reinvidicación de la historia" de Venezuela, manifestó la diputada Rodbexa Poleo, impulsora del proyecto de acuerdo.

En tanto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dirigió una serie de acusaciones contra los exmandatarios y pidió reconsiderar el texto del acuerdo, por considerarlo "un poco tímido".

En ese sentido, planteó establecer "con claridad que si (los expresidentes) osan hoyar (profanar), aunque sea con una sola planta de su asqueroso pie, el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser tratados como invasores", "debe ser enjuiciados, deben ser capturados y debe caer sobre ellos todo el peso de la ley".

"Si no tienen el debido permiso y entran" sin autorización de funcionarios de defensa y seguridad, "esa aeronave, esos tripulantes, la tripulación y los pasajeros tienen que ser tratados como una fuerza extranjera que intenta invadir (...) el territorio aéreo, marítimo o terrestre de la República Bolivariana de Venezuela y tienen que ser tratados como tal", sentenció.

El Parlamento venezolano se pronunció después de que Andrés Pastrana anunciara que nueve exmandatarios latinoamericanos pretenden acompañar al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia a su país en su objetivo de asumir el próximo viernes la Presidencia que reclama tras las elecciones del 28 de julio. EFE

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes por unanimidad un proyecto por el que declara 'persona non grata' a nueve expresidentes latinoamericanos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

El texto expresa su rechazo a las "nefastas e injerencistas declaraciones" de un grupo de expresidentes que "expresaron su voluntad de estar presentes en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 de cara a la toma de posesión presidencial".

Entre los expresidentes se encuentran el colombiano Andrés Pastrana; el paraguayo Mario Abdo Benítez; los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el boliviano Jorge Quiroga, los panameños Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, la costarricense Laura Chinchilla y el ecuatoriano Yamil Mahuad.

"La República Bolivariana de Venezuela es un país libre, soberano e independiente bajo un Estado democrático y social de derechos y de justicia que ha demostrado durante la Revolución Bolivariana su firme compromiso con la Constitución y el Derecho Internacional", reza el escrito, agregando que sus acciones buscan "entorpecer" la toma de posesión del presidente Maduro.

De igual forma, el proyecto afirma que las declaraciones de los expresidentes violan el Derecho Internacional, mientras que también evidencian "la continuación de su frustrada agenda de agresión". El texto permite su "expulsión inmediata" en caso de aterrizar en territorio venezolano.

Esto se produce después de que el expresidente colombiano Andrés Pastrana confirmara en una entrevista con la cadena NTN24 que acompañaría al excandidato opositor presidencial venezolano Edmundo González a la toma de posesión en la capital, Caracas.

Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales en las que el oficialismo dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, si bien la oposición ha reivindicado su triunfo y ha exigido a las autoridades que presenten las actas que respaldarían la reelección del mandatario.

Caracas, 7 ene (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, declaró este martes personas no gratas a nueve expresidentes latinoamericanos y pidió que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país, en caso de que pretendan acompañar al líder opositor Edmundo González Urrutia en su intención de jurar como presidente el viernes.

En un acuerdo aprobado por unanimidad en esta jornada, el Parlamento vetó a los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica). EFE

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La Asamblea Nacional de Venezuela ha celebrado este domingo su primera sesión del periodo legislativo 2025-2026 y ha elegido de nuevo como presidente a Jorge Rodríguez en una sesión en el Palacio Federal.

Rodríguez, candidato del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se ha impuesto al otro candidato que se había presentado, Juan Carlos Alvarado, secretario general del histórico partido conservador Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), según recoge la cadena TeleSur.

El cargo de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional será para Pedro Infante, por delante de Anyelith Tamayo. Segunda vicepresidenta será de nuevo América Pérez, que renueva el cargo tras imponerse a Alfonso Campos.

En la Secretaría y Subsecretaría del Poder Legislativo fueron ratificados la abogada María Alejandra Hernández y el politólogo José Omar Molina.

Después han jurado su cargo los diputados electos, con lo que queda constituida la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela para el período legislativo 2025-2026.

La constitución de la nueva Asamblea Nacional es clave puesto que las leyes venezolanas especifican que el nuevo presidente del país debe jurar el cargo ante esta Cámara. Tras las elecciones del 28 de julio la oposición ha denunciado fraude y pretende que sea su candidato, Edmundo González, el que asuma el cargo en lugar de Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional de Venezuela declaró este martes persona non grata a los nueve ex presidentes latinoamericanos que acompañarán a Edmundo González Urrutia en su regreso al país, como confirmó más temprano el ex mandatario colombiano Andrés Pastrana.

Por unanimidad, el órgano legislativo chavista aprobó un acuerdo que considera a los ex gobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica) miembros de una “fuerza extranjera que intenta invadir” Venezuela y, por tanto, avaló tomar acciones en su contra.

El “grupo de fascistas, de la ultraderecha internacional”, parte de la iniciativa IDEA, emitió “nefastas e injerencistas declaraciones” y expresó “su voluntad de estar presente en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 para entorpecer la posesión y el debido juramento del presidente constitucional Nicolás Maduro”, apunta el texto, que respalda una vez más el fraude del chavista, cometido el 28 de julio.

Su accionar da cuenta de “la continuación de su frustrada agenda de agresión” contra la República Bolivariana de Venezuela, “un país libre, soberano e independiente bajo un Estado democrático y social de derechos y de justicia que ha demostrado durante la Revolución Bolivariana su firme compromiso con la Constitución y el Derecho Internacional”, y, por tanto, requiere de su “expulsión inmediata” en caso de presentarse al país, en “defensa de la patria y la reivindicación de nuestra historia”, suma el escrito presentado por la diputada Rodbexa Poleo.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, fue más severo con el proyecto y, tras manifestar su apoyo al mismo pidió introducir algunos cambios por considerarlo “un poco tímido”.

Así, pidió establecer “con claridad que si (los ex presidentes) osan hoyar (excavar), aunque sea con una sola planta de su asqueroso pie, el suelo de la República Bolivariana de Venezuela, deben ser tratados como invasores... enjuiciados, capturados y debe caer sobre ellos todo el peso de la ley”.

“Si no tienen el debido permiso y entran” sin autorización, “esa aeronave, esos tripulantes, la tripulación y los pasajeros tienen que ser tratados como una fuerza extranjera que intenta invadir (...) el territorio aéreo, marítimo o terrestre de la República Bolivariana de Venezuela y tienen que ser tratados como tal”, sumó.

El legislador José Brito también se refirió al acuerdo y, en su caso, cargó contra los ex gobernantes, a quienes definió como “cuatro eclécticos incapaces de presentarse ante sus respectivos países como candidatos -ni siquiera en una provincia- porque serían expulsados por sus pueblos por entreguistas”.

La definición del Parlamento, que responde a las órdenes del Palacio de Miraflores, se dio en una semana clave para Venezuela y, particularmente, luego de que, este martes, Pastrana anunciara que un grupo de ex presidentes de IDEA tiene previsto acompañar a González Urrutia a su regreso al país para tomar posesión como presidente este viernes.

La Iniciativa, que ha sido muy crítica del régimen en el último tiempo, mantendrá un encuentro en Panamá este miércoles, en el que se coordinarán las acciones a seguir en los próximos días, antes de la investidura.

El objetivo de esta comitiva será no solo apoyar y dar fuerza a la oposición frente a Maduro sino, también, garantizar la seguridad de González Urrutia sobre quien, desde el 2 de enero, pesa una orden de captura y una recompensa por USD 100.000, por supuestos delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir.

(Con información de EFE y Europa Press)

Aunque inicialmente parece graciosa, al estilo de las series de comedia, la respuesta de la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela a la Ley Bolívar presentada por representantes republicanos y demócratas en EEUU es otra Ley Libertador Bolívar para inhabilitar de por vida a dirigentes opositores y quitarles los bienes, según se discutió en Caracas y a solicitud del presidente de la AN, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez.

Casi ofendidos los maduristas por el uso del nombre de Bolívar, parecen olvidar que la revolución, que mantiene sumida a la amplia mayoría de pueblo venezolano en la pobreza y represión, también lleva el nombre de “Bolivariana”.

El diputado oficialista Rodolfo Eduardo Sanz, dijo que “el gobierno moribundo del presidente Joe Biden ha entrado en una fase de locura y, como el presidente Nicolás Maduro va a ser juramentado nuevamente el 10 de enero, en medio de esa locura vuelve a arremeter nuevamente contra Venezuela”.

Agrega Sanz que la Ley Bolívar, cuyo nombre es Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, presentada por el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, es una “ley de imposible cumplimiento prácticamente”.

Refiere que la Bolívar es una Ley como la que “ya habían aprobado en el 2020″, dice en alusión a la ley de Autorización de Defensa Nacional, aunque no destaca que aquella del 2020 prohíbe al Pentágono relaciones comerciales y contratos con empresas o entidades del régimen venezolano. Pero la Ley Bolívar, aprobada en una instancia, le impone las mismas restricciones, pero al gobierno federal.

A su juicio que a la nueva Ley la llamen Bolívar “es una insolencia, un agravio inaceptable a la figura del más grande pensador de América, del Siglo XIX. Con este agravio se ve que no solo le atormenta el pueblo venezolano por su capacidad de resistencia, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que además le atormenta el pensamiento bolivariano”.

Sanz asegura que los Estados Unidos “hace coincidir esta ley ignominiosa para incrementar las medidas coercitivas unilaterales contra con el nombre, el apellido, de Simón Bolívar y teníamos que rechazar, como hoy se hizo categóricamente y pasar a la ofensiva”.

Agrega el diputado que “la Asamblea Nacional hoy no solo ha rechazado esta ley ignominiosa, sino que además el presidente Jorge Rodríguez ha planteado la necesidad de aprobar una ley titulada Ley Libertador Simón Bolívar, para responder de una posición de ofensiva a esta nueva medida coercitiva unilateral que busca simplemente enrarecer el ambiente”.

El instrumento contra la oposición

El régimen venezolano no tiene cómo responder con instrumentos legales ni de fuerza ante la Ley Bolívar de EEUU, porque la debilidad institucional que tiene la revolución, aunado a la certeza de que Nicolás Maduro perdió las elecciones el 28 de julio frente a un avasallador triunfo de Edmundo González Urrutia, lo coloca en situación ilegal e ilegítima ante el mundo.

Es por ello por lo que la respuesta a la Ley Bolívar de EEUU es la Ley Libertador Bolívar, pero al no poder tocar al gigante del norte, recurre a atentar contra los derechos políticos y los bienes de la dirigencia opositora.

La reacción de Nicolás Maduro fue airada: “Con Venezuela no han podido, ni podrán, ni con esta ley basura y de la infamia, pedida por los apellidos, cometiendo graves delitos nacionales e internacionales”, dijo mientras lanzaba amenazas contra la dirigencia opositora.

Eso explica que Sanz adelanta que la Ley que la Asamblea Nacional “piensa aprobar, pretende establecer, entre otras cosas, sanción a perpetuidad, prohibición a perpetuidad de todos aquellos ciudadanos que han conspirado contra la República Bolivariana de Venezuela, que nacieron en esta tierra y andan por todo el mundo buscando y pidiendo sanciones e invasiones, pero que además han celebrado esta nueva Ley aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”.

Esa Ley que piensa aprobar la AN, según Sanz es “para que más nunca ninguno de esos personajes pueda ejercer un cargo público en la República Bolivariana de Venezuela. Como ha dicho Jorge Rodríguez, si apoyan una ley de intervención contra el país, que limita el intercambio comercial con lo cual cometerían crímenes de lesa humanidad, tienen que ser proscrito de la actividad política dentro de un Estado que ellos rechazan y niegan, al aliarse con potencias extranjeras”.

Dijo que establecerían también “que todos los bienes de esos traidores a la patria sean confiscados a través de la Ley de Reserva de Dominio; los bienes de ellos en Venezuela, de sus secuaces y de quienes los apoyan, de quienes pública y manifiestamente han venido apoyando no solo las medidas coercitivas, sino que celebran públicamente la Ley Bolívar”.

Las amenazas

“No vamos a permitir, bajo ningún concepto, que la soberanía de nuestro país sea lesionada. Y todos aquellos que han llamado a invasión, a sanciones, que se han apropiado indebida y criminalmente de los fondos que le han sido confiscados a Venezuela en el exterior, van a pagar, más temprano que tarde, la fechoría y el delito de traición a la patria”, expresó el diputado del PSUV Rodolfo Sanz.

Calificó lo ocurrido en la Asamblea Nacional como una “jornada memorable”, donde Jorge Rodríguez “fijó una posición firme, categórica y ha obtenido respaldo unánime de todos los parlamentarios que hacemos vida en la Asamblea Nacional”, lo que incluiría, se deduce de sus palabras, a los diputados que se autodenominan de oposición.

Sanz, quien es abogado y pertenece a la Comisión de Energía y Petróleo y a los Grupos de Amistad Venezuela - China y Venezuela – Suiza, ha ocupado cargos durante toda la revolución, incluyendo la presidencia del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como Vicecanciller para América Latina y el Caribe, ministro de Industrias Básicas y Minería, embajador de Venezuela en Ecuador y después pasó a alcalde en Miranda y diputado.

Lo importante es que la Ley Bolívar, según lo manifestó el comunicado del equipo del representante de Florida, el republicano Mike Waltz, prohíbe “al Gobierno de Estados Unidos contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, así como con cualquier Gobierno sucesor de Venezuela que no sea reconocido legítimo por Estados Unidos”.

Y la motivación para que en EEUU se impulsara la iniciativa de la Ley Bolívar es porque “Maduro y sus amigos se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática”.

El régimen de Nicolás Maduro, a través del presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, solicitó procesar y condenar a los líderes opositores Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges por “traición a la patria”, un delito que en el país caribeño se castiga con hasta 30 años de cárcel.

Durante una sesión en la Asamblea Nacional, Rodríguez afirmó que estos dirigentes son responsables de actos que, según él, afectan la soberanía nacional, como pedir y celebrar sanciones internacionales contra el régimen.

El vocero de la dictadura propuso además una “ley especial” que será debatida en el hemiciclo a partir de este jueves. Esta normativa establecerá inhabilitaciones políticas de manera perpetua para quienes realicen acciones que, en sus palabras, sean “tan lascivas” como solicitar sanciones internacionales.

La propuesta se da en un contexto de creciente presión hacia la oposición, donde González Urrutia, señalado por la coalición opositora como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de julio, se encuentra en el exilio en España. Por su parte, María Corina Machado asegura estar en la clandestinidad dentro del país.

El opositor Juan Guaidó respondió a las palabras de Rodríguez a través de un mensaje en su cuenta de X, calificándolas como “la histeria de un psicópata”.

Guaidó consideró que estas declaraciones ocurren como reacción a la Ley Bolívar, aprobada recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que intensifica las sanciones contra el régimen de Maduro.

“¡La histeria de un psicópata! Jorge, el arquitecto de la derrota de Maduro & co, los convenció de que podrían normalizar una vez más la dictadura. La administración saliente reconoce a Edmundo y Waltz (asesor de seguridad de Trump) aprueba el Bolívar Act. Ni una pandemia les servirá”, expresó Guaidó en su publicación.

En la sesión parlamentaria, Rodríguez calificó la Ley Bolívar como un “nuevo acto de barbarie” y acusó a Estados Unidos de ejecutar “crímenes de lesa humanidad” mediante sanciones.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó un acuerdo para repudiar esta legislación, que describió como una medida coercitiva unilateral e “ilegal”.

Esta denuncia por parte de la dictadura surge luego de que Estados Unidos reconociera a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Dicha declaración fue realizada por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien afirmó que “el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González Urrutia como presidente electo”.

En un mensaje publicado en la red social X, Blinken añadió que “la democracia exige respeto a la voluntad de los electores”. Por su parte, González Urrutia agradeció el respaldo y destacó que este reconocimiento “honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”.

El anuncio se realizó en el marco de la Cumbre del G20, celebrada en Río de Janeiro, y representa el apoyo más explícito de Washington al ex diplomático, quien lidera a la oposición venezolana desde las elecciones realizadas en julio.

Hasta ahora, la administración estadounidense había señalado únicamente que la Plataforma Unitaria Democrática había superado en votos al mandatario Nicolás Maduro, pero evitaba usar términos categóricos como “presidente electo”.

(Con información de EFE)

Caracas, 24 oct (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo- instaló grupos de amistad parlamentarios con Nepal, Kirguistán, Irak, Baréin, Azerbaiyán, Laos y Líbano, informó este jueves el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su página web, VTV indicó que el Legislativo estableció estos grupos de amistad porque Venezuela mantiene relaciones diplomáticas de "larga data" con estas naciones.

Además, indicó que el bloque de amistad parlamentaria con países de Asia está planificando la participación de más delegados en el Foro Mundial contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, que se celebrará en Caracas el 4 y 5 de noviembre próximo.

El diputado chavista Enrique Ramos dijo que, hasta el momento, tienen el registro de que 17 personas de naciones asiáticas viajarán a Venezuela para participar en este evento, pero prevé que pueden aumentar a 25.

El domingo, VTV informó que, la semana pasada, el Parlamento venezolano instaló grupos de amistad parlamentaria con Kenia, Gambia, Unión Africana, Malasia y Timor Oriental.

La estatal explicó que la Cámara juramentó estos equipos "para impulsar y consolidar las relaciones" entre Venezuela y el resto de países y organizaciones, así como para "estrechar los lazos de cooperación y solidaridad entre los parlamentarios".

Caracas, según la nota de VTV, ha reiterado su interés de adherirse al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático y tiene interés de "incrementar las relaciones políticas y de cooperación" con Malasia.

El Parlamento ha instalado estos grupos mientras el país atraviesa una crisis política desatada luego de las presidenciales del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, un resultado señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria y que no es reconocido por numerosos países. EFE

La Asamblea Nacional de Venezuela ha destituido al rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Juan Carlos Delpino, que denunció irregularidades en los comicios presidenciales celebrados el pasado 28 de julio en el país caribeño, y ha pedido a la Fiscalía abrir una investigación en su contra por participar presuntamente en "planes de desestabilización" contra el Gobierno.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había solicitado previamente y con "urgencia" que la Cámara "corrija las graves acciones acometidas por el funcionario público", por lo que los diputados han procedido a votar a favor de su destitución.

"Hasta hoy llegó el delincuente y traidor", ha dicho Rodríguez, que ha acusado a Delpino de incumplimiento de funciones durante la transmisión y difusión de los resultados de las elecciones, que según el chavismo fueron ganadas de forma holgada por el presidente, Nicolás Maduro, frente a una oposición que también dice haberse hecho con la victoria.

En este sentido, ha explicado que la solicitud entregada a la Fiscalía insta a abrir una pesquisa por cargos que incluyen traición a la patria, asociación para delinquir y complicidad con potencias extranjeras, según informaciones del canal Globovisión. También ha solicitado la imposición de sanciones en su contra.

Poco después de las elecciones, el rector denunció una serie de irregularides que habían llevado, según explicó, a una pérdida de la confianza por parte de los electores en la viabilidad del proceso electoral. La oposición venezolana sigue insistiendo en que se produjo fraude y reclama la victoria de Edmundo González.

A principios de octubre, el propio Delpino se reunió con González, que afirmó que el rector le había detallado su experiencia de lo vivido el 28 de julio dentro de las instalaciones del organismo electoral. "Es importante recordar que fue el único ausente cuando se anunciaron los resultados fraudulentos en la noche de la elección presidencial, lo que lo obligó a salir del país", dijo entonces el líder opositor.

Caracas, 8 oct (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó este martes un acuerdo político en el que exhorta al Gobierno de España a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una "expresión de la ultraderecha". EFE

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