La Asociación Wayúu-Araurayú, dirigida por Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena, acumuló más de 20.038 millones de pesos en contratos con entidades del Estado colombiano entre febrero de 2023 y febrero de 2026.

Aunque en principio se trataría de un megacontratista cualquiera, lo cierto es que Gustavo Custodio es el hermano de Armando Custodio Wouriyú Valbuena, el tesorero del comité promotor de la asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Según una investigación adelantada por El Colombiano, el año de mayor concentración fue 2024, con 17.000 millones de pesos adjudicados. Los 736 millones de 2026 y los 650 millones de 2025 completan un patrón que, para fuentes consultadas en la Alta Guajira, no es casual: ambos hermanos operarían en llave, uno desde Bogotá y el otro desde el territorio.

El nombre de Armando Custodio Wouriyú Valbuena saltó a la opinión pública cuando el presidente Petro publicó en su cuenta de X el número de una cuenta de ahorros a su nombre para recibir donaciones destinadas a financiar la Constituyente, con giros individuales de hasta 10 millones de pesos. Armando es el titular de esa cuenta y el vocero principal del comité promotor, inscrito ante la Registraduría Nacional en diciembre de 2025.

La meta de recaudación es de 2.060 millones de pesos, destinados, según el propio Armando a El Colombiano, a gastos logísticos del proceso de recolección de firmas. Ante la pregunta de qué otros cargos ocupa en el Gobierno, su respuesta fue directa: “Soy delegado presidencial para los diálogos socio jurídicos con el autodenominado ejército gaitanista”.

Ese rol lo ejerce a través de un contrato vigente con el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Dapre. En los círculos de Palacio, según fuentes de El Colombiano, lo identifican como un operador político.

Los contratos que vinculan al clan familiar

La asociación que concentra la contratación es la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, Wayúu-Araurayú. Los convenios fueron firmados con el Icbf, los ministerios de Interior, Educación, Agricultura y Salud, el Dane, las alcaldías de Uribia y Riohacha, y la Gobernación de La Guajira.

El contrato más cuantioso del período fue suscrito en julio de 2023 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: más de 6.000 millones de pesos para fortalecer proyectos de agricultura familiar y pesca artesanal.

El convenio buscaba beneficiar a 5.880 pescadores artesanales y a 980 personas vinculadas a huertas productivas. Fuentes de la región aseguran a El Colombiano que el programa se habría ejecutado de forma muy parcial.

Gustavo Wouriyú asumió la representación legal de la asociación en 2024, en reemplazo de Rafael Ángel Iguarán. Desde entonces, la organización firmó contratos adicionales con el Icbf y el Ministerio de Educación para el “fortalecimiento educativo en territorios wayúu”, y otro con objeto tan amplio como “la prestación de servicios integral al pueblo wayúu”.

“Uno de mis hermanos es representante legal, pero soy una persona sin poder político que pueda incidir en alguna labor relacionada con contratos. Yo no decido esas cosas”, respondió Armando Woiriyú sobre la contratación estatal de su hermano.

Sobre los convenios específicos con el ICBF y el Sena, su respuesta fue: “Esas son las funciones de la asociación. Hasta ahí llego yo”.

Tres estructuras, un mismo poder

Tres líderes indígenas wayúu que prefirieron el anonimato describieron a El Colombiano la presunta base del poder de los Wouriyú: el control de la contratación social, la presencia en espacios de concertación nacional y la alianza con el Gobierno de Petro.

“Su perfil es el de un estratega político que logra influir en la política nacional mientras mantiene un control cuestionado sobre el territorio de la Alta Guajira. Aquí en el departamento, en la zona extrema norte, ha tenido conflictos con otros liderazgos que no lo ven con buenos ojos y con desconfianza”, señaló una de esas fuentes.

Las tres estructuras concretas que sostendrían ese poder serían: la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), donde Armando llegó a la presidencia en 1997; la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con el Ministerio del Interior, descrita por fuentes locales como el escenario “duro de los Wouriyú” donde se definen proyectos para territorios indígenas; y la Entidad Territorial Indígena (ETI) de la Zona Extrema Norte de La Guajira, creada por el presidente Petro a propuesta del propio Armando.

La ETI es la primera de su tipo en configurarse en Colombia desde que la Constitución de 1991 creó ese modelo territorial. Abarca 54 kilómetros de costa, 60.000 personas, 320 jefes territoriales y 9 corregimientos de Uribia. Su particularidad es que permite al Gobierno nacional girar recursos directamente, sin pasar por la Alcaldía de Uribia ni la Gobernación de La Guajira, lo que reduce la trazabilidad del gasto.

Fuentes consultadas por el diario nacional acusan a Armando de haber construido esa ETI sin consulta previa y de “aprovecharse de autoridades tradicionales con poca formación académica para que firmen acuerdos a cambio de dinero o puestos”. Su hermano Gustavo Custodio quedó integrado al Consejo Indígena de esa zona mediante la resolución 139 de 2025 del Ministerio del Interior.

El poder del clan también se proyectaría sobre la transición energética. Armando es descrito por fuentes locales como un “abanderado de los temas del gas y el hidrógeno verde”, con presuntos intereses propios en ese sector.

Según la investigación de El Colombiano, en la última semana de junio de 2023, cuando Petro trasladó su gobierno a La Guajira para declarar la emergencia económica y social —que la Corte Constitucional tumbaría después—, Armando habría organizado reuniones con líderes tradicionales “bajo su influencia” para presentar un apoyo unánime a los proyectos eólicos, en respuesta a la oposición comunitaria que enfrentaba el Gobierno.

“Armando ha sido clave para el Gobierno al asegurar que las comunidades wayúu apoyan la transición eólica, organizando reuniones con autoridades tradicionales bajo su control para contrarrestar a sectores opositores”, señaló una fuente local al periódico.

De acuerdo con un documento revelado por Noticias RCN, elaborado por el Consejo de la facultad de Ingeniería, la Mesa Constituyente Universitaria estaría tratando de modificar estatutos para designar rector, vicerrector y decanos de la universidad.

A juicio de la candidata presidencial de la derecha, las denuncias de los docentes indican que se estaría tratando de aprobar “a las carreras” la modificación de los estatutos. Esto, presuntamente, con el fin de que la administración Petro tenga mayor facilidad para impulsar la asamblea constituyente desde la institución educativa.

“El Gobierno quiere una Universidad de bolsillo para impulsar su constituyente, sacar al legítimo Rector Peña y volver a poner a Múnera. La calidad de la educación está en jaque por los caprichos del Gobierno Petro”, aseveró la senadora.

En una entrevista que otorgó Valencia el 5 de mayo de 2026, señaló al Gobierno de tratar de “imponer el estatismo” en el país y de convertir a la Universidad Nacional de Colombia en un “fortín político”. “No lo podemos permitir. Ningún joven debiera votar para que le nieguen la libertad”, precisó.

La legisladora Martha Alfonso Jurado reaccionó a las declaraciones de Valencia en una publicación en X, en la que contradijo por completo su postura. De acuerdo con la explicación que otorgó, los cambios en los estatutos de la universidad constituyen una forma de enfrentar una “crisis de democracia y gobierno” que fue generada en 2024 por medio de presuntas injerencias externas y el impedimento de que la comunidad universitaria se autogobierne.

Indicó que este proceso impulsa la autonomía y la descentralización en la institución, puesto que le apuesta al fortalecimiento de las sedes de la universidad y a su representación en el gobierno interno. De igual manera, aclaró que la propuesta previene el clientelismo.

“Promueve la participación universitaria efectiva con elecciones vinculantes de rector y decanos, revocatoria de mandato si lo hacen mal, repetición de votaciones si gana el voto en blanco, entre otros mecanismos democráticos”, señaló.

En ese sentido, la congresista insistió en que es falso afirmar que el proceso para cambiar los estatutos esté haciéndose por fuera de la institucionalidad o de la Constitución Política de 1991. Además, indicó que, desde su perspectiva, resulta “irresponsable” decir que se trata de una estrategia para “tomarse la universidad”.

“Afortunadamente la comunidad de la UN tiene criterio y no se deja engañar”, añadió.

Petro hizo crítica tras su visita a la Universidad Nacional

El presidente Gustavo Petro visitó la Universidad Nacional del 25 de mayo para inaugurar el edificio de la facultad de Bellas Artes. Previo a su llegada, la institución se llenó de afiches relativos a los escándalos que han sacudido a su administración y el primer mandatario señaló al rector José Ismael Peña Reyes de tratar de impedir que ingresara a las instalaciones. Además, afirmó que el funcionario sería cercano a la candidata presidencial Paloma Valencia.

“Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé. El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, señaló el primer mandatario en X.

El jefe de Estado aprovechó el momento para criticar al Congreso de la República por, según él, frenar sus reformas sociales y permitir la corrupción en todos los niveles del Estado.

Sobre el proyecto de ley con el que busca cambiar el actual sistema de salud colombiano, el primer mandatario sostuvo que desde el Legislativo no dieron ‘luz verde’ a la propuesta por intereses privados. Lo mismo dijo sobre las trabas impuestas a la reforma pensional que lleva desde finales de 2025 bajo estudio de la Corte Constitucional.

“Esa reforma a la salud que hemos presentado al Congreso de la República no ha querido aprobarla, por ejemplo. No le importa. Esa reforma pensional que, aun siendo aprobada en el Congreso, está en un escritorio de un magistrado ocho meses y después de una magistrada, porque simplemente no quieren que los banqueros entreguen la plata que es propiedad exclusiva y única de los y las trabajadoras, y se la roban”, expuso.

Con respecto a la reforma laboral, aseveró que aún falta por aplicar varios aspectos del articulado. Entre ellos, cambios del salario mínimo y acuerdos con empresas con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para los colombianos.

“Esa reforma laboral que pudimos hacer cumplir, volver ley y que aún le faltan desarrollos, como volver ley el salario vital, volverlo salario vital y móvil, permitir que haya negociación sobre el salario real en las empresas, lograr mejores niveles salariales para la población, etcétera”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: “Esas reformas probablemente ya no se aprueben en el Congreso de la República actual y sería muy difícil aprobarlas en un Congreso que aún sigue siendo manejado por maneras de entender la política solo sobre la base de la compra del voto y la transacción extorsionista sobre los gobiernos”.

La propuesta del presidente Petro sobre la Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro, durante la jornada, entregó oficialmente un Punto de Abastecimiento Solidario a varias familias y comunidades de La Guajira, infraestructura creada por el Gobierno nacional para garantizar el acceso a bienes esenciales y mejorar la dinámica económica local.

Petro articuló su defensa de la constituyente con un caso concreto, al referirse al escándalo de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que derivó en la detención de varios altos funcionarios en la misma región. Esta referencia directa a un caso sucedido bajo su propia administración busca subrayar la persistencia de prácticas corruptas estructurales en el sistema político colombiano.

En palabras del jefe de Estado, la conducta que denuncia no se limita a “hechos puntuales”, sino que se repite en distintos niveles de la administración pública. Petro detalló: “De verdad, la corrupción, que viene del sistema político, si a un guajiro, a una familia guajira le dicen: ‘Yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carrotanque, pero usted tiene que votar por este señor’, que no es una política libre, sino una política de esclavos y de esclavistas”, en alusión a la manipulación de necesidades básicas con fines electorales.

El líder del Ejecutivo profundizó sobre el desvío de recursos estatales y la captura de políticas públicas por “vampiros” y “zulos”, términos con los que describió redes de corrupción atrincheradas que obstaculizan el destino legítimo de los fondos públicos. En esa línea, Petro afirmó: “Siempre hay vampiros, porque siempre hay zulos esperando el mortecino del dinero popular para echárselo al bolsillo y robárselo”.

Contrario a la expectativa de un cambio total de la Carta Magna, Petro enfatizó ante la opinión pública nacional que su proposición busca mantener vigente la Constitución de 1991, pero agregar dos capítulos sustantivos: uno dedicado a las reformas sociales no aprobadas en el Congreso y otro centrado en la lucha anticorrupción. En su exposición, el primer mandatario señaló: “Yo lo que quiero invitar a Colombia no es a cambiar la Constitución de 1991. En general, casi toda esa Constitución es democrática y favorable a una Colombia mejor”.

El primer capítulo propuesto se enfoca en consolidar en el texto constitucional las iniciativas legislativas de carácter social impulsadas por el Gobierno nacional, que, según Petro, se han visto bloqueadas o debilitadas en sucesivos trámites en el Congreso de la República. El segundo capítulo estaría orientado a establecer mecanismos robustos para enfrentar la corrupción persistente en la administración pública.

La jornada presidencial en este municipio se centró en la economía popular y en la puesta en marcha de un Punto de Abastecimiento Solidario -espacios creados por el Gobierno de Colombia para enfrentar el hambre y apoyar la economía de las comunidades-.

El recorrido inició con la visita a esta infraestructura entregada por el Gobierno nacional a familias de la región y a poblaciones cercanas, con el propósito de fortalecer el acceso a bienes básicos y dinamizar el intercambio local.

Petro habla de la manera en que quiere atacar la corrupción desde la Constitución

Después, la actividad se trasladó a la Plaza Santander y en este escenario, Petro retomó su planteamiento sobre una eventual reforma de mayor alcance institucional: “De verdad, la corrupción, que viene del sistema político, si a un guajiro, a una familia guajira le dicen: ‘Yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carrotanque, pero usted tiene que votar por este señor’, que no es una política libre, sino una política de esclavos y de esclavistas”.

El mandatario afirmó que esas conductas, según su visión, no se reducen a hechos puntuales, sino que se repiten en varios niveles del Estado. Como ejemplo, el escándalo de corrupción que afectó a su administración en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), caso que llevó a procesos judiciales y a la detención de varios funcionarios de alto rango, precisamente en La Guajira.

“Aquí apareció incluso en nuestro gobierno de alrededor de la compra de los carrotanques. Pero no solo aparece ahí, aparece en cada esquina de cualquier intento de ayudar a la población”, afirmó.

Petro insistió en que el manejo de los recursos públicos enfrenta estructuras que terminan por desviar su destino; en su intervención sostuvo que “siempre hay vampiros, porque siempre hay zulos esperando el mortecino del dinero popular para echárselo al bolsillo y robárselo”, en referencia a redes de corrupción que, según dijo, afectan la ejecución de políticas sociales.

El jefe de Estado también aclaró que su propuesta de una asamblea nacional constituyente no apunta a reemplazar la Carta Magna: “Yo lo que quiero invitar a Colombia no es a cambiar la Constitución de 1991. En general, casi toda esa Constitución es democrática y favorable a una Colombia mejor”.

El presidente habla de los “dos grandes capítulos” que busca agregar a la Constitución

En cambio, planteó la posibilidad de incorporar dos capítulos específicos al texto vigente: “Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual dos grandes capítulos: el capítulo de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso de la República y el capítulo de la lucha anticorrupción”.

El primero de esos capítulos se refiere a las reformas sociales que, según el mandatario, no lograron avanzar en el Congreso de la República. En su intervención, sostuvo que estos cambios requieren un respaldo más sólido dentro de la estructura constitucional, con el fin de garantizar su aplicación y evitar bloqueos políticos que, en su criterio, impidieron su desarrollo.

El segundo eje propuesto por el jefe de Estado gira en torno a la lucha contra la corrupción. Petro lo describió como un frente necesario para enfrentar prácticas que afectan el uso de los recursos públicos. La idea, según dijo, apunta a establecer mecanismos más fuertes que permitan cerrar espacios a estas conductas y consolidar medidas que contribuyan a erradicarlas de manera definitiva.

Aunque la propuesta puede resultar atractiva en el plano teórico, desde sectores de oposición surgen reparos desde que se conoció esta idea en 2024. Varios líderes sostienen que, pese a que el Gobierno presenta la iniciativa como un “acuerdo nacional” y afirma que no pretende sustituir la Constitución, sí implicaría una intervención sobre el texto vigente.

En esa línea, la oposición advierte que una modificación de este tipo podría afectar los derechos de los ciudadanos. También expresa preocupación por el alcance político de la medida, al considerar que abrir ese camino podría facilitar cambios orientados a la prolongación del poder, no tanto desde lo formal, sino en el terreno ideológico.

La Asamblea Nacional Constituyente vuelve al centro del debate político colombiano tras la polémica generada durante el acto de adhesión de la Alianza Verde a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Durante el evento oficial realizado el 29 de abril, pese a que el acuerdo entre ambas partes excluía el respaldo formal a este mecanismo, se detectó la presencia de asistentes recogiendo firmas para promover la iniciativa, lo que causó inquietud y reactivó tensiones internas.

La controversia surgió porque, durante el acto, hubo personas reunidas alrededor de planillas tituladas “Formulario para la recolección de firmas (apoyos) para mecanismo de participación ciudadana: Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, según imágenes y testimonios recogidos por La FM y El Tiempo.

Esas planillas aspiraban a reunir 2.064.535 firmas válidas del total del censo electoral, que asciende a 41.290.700 ciudadanos.

El llamado a recolectar firmas coincidió con la convocatoria pública del presidente Gustavo Petro, quien promueve la Asamblea Nacional Constituyente como vía para sacar adelante reformas sociales. Petro sostiene que estas reformas han encontrado obstáculos en el Congreso y otras ramas del poder, según ambos medios.

Posturas y aclaraciones sobre la Constituyente

El senador Ariel Ávila (Alianza Verde) aclaró a La FM que “el partido Alianza Verde no apoya ninguna iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente y así quedó estipulado” en el acuerdo programático.

El congresista subrayó que este compromiso fue sometido a votación interna, por lo cual ningún miembro del partido puede promoverlo formalmente.

Por su parte, la codirectora de la colectividad verde Carolina Espitia enfatizó a El Tiempo que “esto no tiene que ver en ningún caso con una posición oficial del partido”. Espitia relató que pidieron a las personas que retiraran las planillas y recalcó que los militantes, “como ciudadanos”, pueden actuar por cuenta propia, ya que la Constitución permite la promoción de mecanismos de participación popular.

El exministro Juan Fernando Cristo, figura influyente en la campaña de Cepeda, aseguró a la prensa nacional que “no estamos trabajando en la recolección de firmas, lo hemos reiterado una y otra vez”. Cristo insistió en que la prioridad es un acuerdo nacional y tramitar las reformas a través del Congreso.

Iván Cepeda, por su parte, sostuvo desde el Congreso que la prioridad es avanzar hacia consensos nacionales. A pesar de estas declaraciones, la presión por parte del jefe de Estado para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente se ha mantenido.

Detalles del pacto Cepeda-Alianza Verde

Según información recopilada por El Espectador, el acuerdo entre el candidato del Pacto Histórico y la Alianza Verde fue fruto de intensas negociaciones. El punto más controversial implicó definir la postura frente a la Asamblea Nacional Constituyente.

Representantes del partido, como Jaime Raúl Salamanca, Duvalier Sánchez, Andrea Padilla y Ariel Ávila, así como miembros del círculo de Cepeda, entre ellos Gabriel Becerra, María José Pizarro y Juan Fernando Cristo, participaron en estos diálogos.

Ambos bloques buscaron un equilibrio para mantener la alianza sin romper con el presidente Petro, pero también sin generar malestar entre sectores de centro.

Finalmente, se acordó que no habrá respaldo explícito a una iniciativa constituyente impulsada por el Ejecutivo, aunque se deja abierta la opción para que este tipo de propuestas surja desde la sociedad civil si las reformas sociales tropiezan en el Congreso.

Pese a ello, el pacto no resolvió todas las discrepancias. Algunos sectores de la Alianza Verde aún muestran reservas, y se han planteado posibles respaldos a otras candidaturas, como la de Angélica Lozano y Catherine Juvinao con Claudia López, o Katherine Miranda con Paloma Valencia.

Según los estatutos del partido, la única excepción formal sería el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, a quien se contempló una eventual escisión de la colectividad independiente.

Durante la presentación pública de la alianza, Cepeda agradeció el apoyo recibido por la Alianza Verde, lo que refuerza el entendimiento entre partes, aunque persista la división sobre el camino de las reformas y la Asamblea Nacional Constituyente.

El escenario revela que, dentro del equipo de Iván Cepeda, la búsqueda de consensos políticos y la reforma desde el Congreso marcan la hoja de ruta principal, mientras los debates en torno a la vía constituyente y los desafíos internos continúan presentes.

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó abiertamente la reciente decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto por el cual el Gobierno Nacional ordenaba el traslado de $25 billones desde las administradoras de fondos de pensiones privadas al régimen público de Colpensiones.

En ese contexto, Petro reiteró la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para promover las reformas sociales, subrayando la urgencia de su aprobación y la necesidad de defender los derechos de los trabajadores.

“El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores. Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo. La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente (sic)”, rescribió en su cuenta de X.

Frente a la propuesta del jefe de Estado, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, aclaró que existe la posibilidad de implementar el mecanismo de participación ciudadana si llega a ser electo.

El senador considera que es necesario seguir la voz del pueblo, por lo que si los colombianos y los partidos políticos llegan a consensos sobre cambios a la Constitución Política de 1991, él, como jefe de Estado, avanzaría con la convocatoria.

“Mi posición es muy clara: necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí, puede terminar en una constituyente si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso, perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La constituyente no será la prioridad para Iván Cepeda

El congresita Iván Cepeda explicó que el asunto de la constituyente no liderará su agenda, sino que priorizará un “acuerdo nacional” para concertar propuestas en el marco institucional actual. El tema se enmarca en las iniciativas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, que ha defendido la constituyente como herramienta para destrabar reformas sociales que considera bloqueadas en el Congreso y en los tribunales, como las relativas a salud, pensiones y trabajo.

Cepeda —identificado como figura clave en la corriente política del Gobierno— fue categórico al subrayar su postura frente al mecanismo constituyente: “Lo que dice el acuerdo es que defendemos la constitución y que vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país”, afirmó al responder preguntas de periodistas.

Esta declaración introduce un matiz relevante: sin descartar completamente la opción de una constituyente en el futuro, la relega de las prioridades inmediatas de su programa y refuerza la idea de que el eje central debe ser la concertación nacional. Cepeda agregó: “No hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad (...) La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.

El Gobierno Petro coloca la constituyente en el centro de su agenda política

El impulso a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha sido uno de los rasgos distintivos de la actual administración de Gustavo Petro desde 2024. Petro ha argumentado que la actual estructura institucional del país dificulta la aprobación de los cambios sociales que propone su Gobierno, entre ellos la reforma a la salud, el sistema de pensiones y las condiciones laborales. Según el mandatario, una nueva constituyente permitiría fortalecer la protección de derechos como la salud, la educación, el acceso al agua y la reforma agraria, situados en el núcleo de su programa de transformación nacional.

El debate sobre una eventual asamblea nacional constituyente volvió a ocupar el centro de la conversación política en Colombia, luego de las declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que fijó su posición frente a una de las apuestas más controvertidas del presidente Gustavo Petro.

La postura del aspirante presidencial se conoció en medio del ambiente electoral de 2026, donde las reformas sociales impulsadas por el actual Gobierno siguen marcando la agenda pública; la idea de una constituyente, promovida por el presidente Petro, aparece como un punto de tensión entre sectores que respaldan su viabilidad y otros que advierten efectos sobre el equilibrio institucional.

Iván Cepeda respondió preguntas de periodistas sobre el tema y dejó una definición que ubica la discusión en otro nivel de prioridad. Su respuesta marcó distancia frente a la urgencia de ese mecanismo y puso el foco en otra línea de acción política, sin desligarse del sistema programático que comparte con el Gobierno, teniendo en cuenta que él es el candidato que sigue la línea política e ideológica de Gustavo Petro.

En ese escenario político, Iván Cepeda entra al debate como figura clave del mismo proyecto político del Gobierno, por lo que sus declaraciones responden a preguntas directas sobre la posibilidad de que una constituyente ocupe un lugar central en su eventual mandato.

“Lo que dice el acuerdo es que defendemos la constitución y que vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país”, afirmó el candidato frente a los medios de comunicación. Con esa frase, Cepeda situó su posición dentro del marco institucional vigente, sin asumir la propuesta como prioridad inmediata.

El aspirante del Pacto Histórico añadió una precisión sobre el alcance de la iniciativa dentro de su programa: “No hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad (...) La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.

La posición del candidato introduce un matiz dentro del debate que rodea al Gobierno actual; sin rechazar la discusión sobre una constituyente, Cepeda la desplazó del centro de su agenda inmediata y refozó la idea de concertación como eje principal.

Petro y su idea de una constituyente: ¿de qué se trata?

Y es que el presidente Gustavo Petro sostiene desde su administración la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, idea que empezó a tomar fuerza desde 2024. Su argumento se centra en la necesidad de destrabar reformas sociales que, según su visión, enfrentan obstáculos en el Congreso de la República y en decisiones judiciales; entre esas reformas aparecen la salud, las pensiones y el trabajo.

Petro vincula esa iniciativa con la posibilidad de fortalecer la aplicación de la Constitución de 1991. En su planteamiento, la constituyente serviría como un mecanismo para garantizar derechos como la salud, la educación, el acceso al agua y la reforma agraria, todos ubicados en el centro de su programa de Gobierno.

De forma paralela, el mandatario impulsa la idea de un “acuerdo nacional”, que está netamente ligada a su idea de una constituyente; esa propuesta busca reunir sectores sociales, políticos y económicos en un espacio de concertación amplio. El objetivo, según su visión, consiste en redefinir bases institucionales del país y abrir paso a transformaciones estructurales.

El Gobierno, durante 2026, intensificó su apuesta por sumar respaldo ciudadano a estas iniciativas, que aunque cuentan con el impulso del presidente, ahora también dependen de la dinámica de participación social que se articula alrededor de ellas, lo que llevó a que el debate público crezca y se vuelva más polarizado, pues mientras algunos sectores consideran que la propuesta puede abrir un camino de mayor profundización democrática, otros advierten posibles efectos sobre la estabilidad del sistema de poderes y el equilibrio institucional.

Dentro de ese paquete de propuestas, el Ejecutivo definió además varios ejes que orientarían una eventual constituyente, entre los que se incluyen la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, la reforma al sistema judicial, la reorganización de la estructura territorial del Estado, la transición hacia un modelo económico y ambiental distinto, así como el fortalecimiento de la educación pública como uno de los pilares del cambio social.

El presidente Gustavo Petro, confirmó a través de sus redes sociales que asistirá a Medellín el 1 de mayo para participar en las actividades del Día del Trabajo. La comunicación fue realizada mediante un mensaje breve en el que expresó: “Este 1 de Mayo estaré con el pueblo trabajador en Medellín”.

El pasado 23 de abril, Petro ya había utilizado sus canales digitales para convocar a la ciudadanía a movilizarse en plazas públicas de todo el país durante la jornada del 1 de mayo. En su mensaje, el mandatario señaló como motivos principales de la protesta el rechazo al alza de la tasa de interés y el respaldo a la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente.

El jefe de Estado invitó a la población a reunir firmas con el propósito de presentar ante el Congreso, el próximo 20 de julio, una propuesta para convocar la Constituyente. Según el presidente, la finalidad de este mecanismo sería incorporar y clarificar derechos sociales y laborales en la Constitución, argumentando que algunos textos han sido bloqueados por sectores que se oponen al Estado Social de Derecho.

Puntos principales de la agenda constituyente

Entre los temas destacados por Petro en relación con la convocatoria, se encuentran:

• Reforma a la salud, enfocada en eliminar intermediarios y garantizar atención inmediata, fortalecer la red pública hospitalaria y priorizar el acceso al agua potable y la nutrición.
• Reforma pensional, dirigida a asegurar el derecho a la pensión a quienes hayan cumplido los requisitos establecidos por la ley.
• Salario vital y móvil y reducción de la jornada laboral conforme al crecimiento de la productividad, con estabilidad laboral definida por la Constitución.
• Reforma a la justicia, que plantea mantener la Corte Constitucional y su sistema de elección.
• Reforma a los servicios públicos, con el objetivo de combatir la especulación tarifaria en energía eléctrica, agua potable y servicio de aseo.
• Reforma del régimen político, para enfrentar la corrupción y el clientelismo y fortalecer la transparencia en los procesos electorales.
• Sanciones más severas para delitos de corrupción, estableciendo que quienes los cometan deberán cumplir condenas en cárceles nacionales.
• Garantía de independencia para el Banco de la República en el diseño de la política antiinflacionaria, en coordinación con el crecimiento económico y el empleo.
• Derecho a la educación preescolar y superior, junto con el financiamiento inmediato y la prioridad presupuestal para la niñez.
• Reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.

En la comunicación, el presidente hizo énfasis en que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no busca modificar la Constitución de 1991, sino agregar y precisar disposiciones que, según su visión, requieren actualización.

Procedimiento para la convocatoria de la Constituyente

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Ejecutivo contempla la recolección de firmas a nivel nacional. Conforme a los procedimientos legales vigentes, el proceso requiere la presentación formal de la solicitud ante el Congreso, la cual está prevista para el 20 de julio, además del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación colombiana.

Iván Cepeda también convoca movilizaciones el 1 de mayo

En el marco de la jornada del Día del Trabajo, el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, también anunció la realización de movilizaciones el próximo 1 de mayo.

El aspirante presidencial convocó a marchas en todo el país en “solidaridad con la población del Cauca y Valle del Cauca”, departamentos que recientemente han sido afectados por una fuerte ola de violencia que, según reportes preliminares, dejó al menos 20 personas muertas durante el fin de semana.

Durante un acto político denominado “Alianza por la vida”, Cepeda aseguró que los responsables de los ataques buscan “generar miedo, desestabilización y promover la idea de una militarización extrema de los territorios”.

El candidato, quien pertenece al mismo sector político del presidente Gustavo Petro, afirmó además que estos hechos violentos tendrían una intención política de fondo.

Según Cepeda, los autores de los ataques, atribuidos a disidencias de las antiguas Farc, buscarían “favorecer el proyecto político de la extrema derecha” y hacen parte de una estrategia de “guerra contra la región”.

Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía a convertir el 1 de mayo en una jornada de movilización por la vida, rechazando el terrorismo y promoviendo un cambio social en los territorios afectados.

“No lograrán que cedamos al miedo, a la violencia y al odio”, enfatizó el candidato presidencial, quien estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Aida Quilcué, oriunda del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia.

La jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, otorgó la libertad condicional a Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, condenado a 5 años, 10 meses y 27 días de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

“Por medio de la presente se le informa que a través de auto interlocutorio N° 152 de la fecha, este juzgado concedió libertad condicional al señor Carlos José Mattos Barrero (...). Por lo tanto, sírvase de dejarlo en libertad, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad", se lee en el documento del Consejo Superior de la Judicatura, firmado por la jueza Terán Suárez.

El empresario condenado está recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Bosque, a donde fue remitida la boleta de libertad expedida por la jueza de Ejecución de Penas.

La reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la togada, advirtiendo presuntos actos de corrupción en la Rama Judicial. Aseguró que ante esta problemática convendría impulsar una asamblea nacional constituyente –que permite reformar la Constitución Política– para combatir la corrupción en el país.

“La corrupción en el poder judicial es similar al resto de poderes públicos. Contra la corrupción la sociedad debe apretarse a una asamblea nacional constituyente, elegida por la misma sociedad, con el fin exclusivo de eliminar el sistema de corrupción que hay en Colombia que se genera de su mismo sistema político que es clientelar y de intercambio de favores”, aseveró.

Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, informó que, conforme a lo ordenado por la togada, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dejará en libertad a Mattos. “El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla otorgó libertad condicional al señor Carlos Mattos, el @INPEC_Colombia cumple la orden judicial y procede a dejarlo en libertad“, detalló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

El caso de Carlos Mattos

Según la Fiscalía General de la Nación, el empresario en cuestión hizo llegar $100 millones a una jueza civil de Bogotá para que emitiera medidas cautelares a partir de las cuales favorecería a la empresa Hyundai. La determinación le permitiría la comercialización de vehículos en Colombia.

Además, según otro proceso que se realizó en su contra, “en octubre de 2015, Mattos Barrero pagó dádivas a varios funcionarios del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, con el propósito de que alteraran el sistema de reparto y direccionaran a un despacho específico una demanda que había interpuesto en representación de su empresa automotriz”, precisó el ente acusador.

Por eso, en mayo de 2022 fue condenado a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático, los cuales aceptó. Y en noviembre de 2022, un juez penal del circuito de Bogotá ratificó una condena proferida en su contra por el delito de cohecho por dar u ofrecer y determinó que no incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, estableció una multa equivalente a 131 salarios mínimos mensuales legales vigentes y le impuso una inhabilidad de 108 meses para ejercer derechos y funciones públicas. De igual manera, también se le aplicó otra multa por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad durante 96 meses.

“Este nuevo fallo es respuesta a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, luego de revisar la condena inicial contra Mattos Barrero, ordenó realizar las verificaciones necesarias para establecer si el procesado obtuvo un incremento patrimonial injustificado producto de las determinaciones judiciales que lo favorecieron”, precisó la Fiscalía.

El proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente impulsado por sectores afines al Gobierno colombiano ha alcanzado cerca de un millón de firmas.

Así lo notificó Javier García Felizzola, miembro del comité promotor que, en declaraciones a Semana, especificó que la convocatoria ya tendría la mitad de los apoyos ciudadanos requeridos legalmente en el país, que son más de dos millones de rúbricas, respectivamente.

La propuesta ha tenido gran acogida por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial.

De hecho, en el consejo de ministros desarrollado el 24 de febrero en Cartagena, el mandatario nacional junto a sus ministros —entre ellos Nhora Mondragón Ortiz (Departamento Administrativo de la Presidencia), José Raúl Moreno (jefe de despacho), Edwin Palma (ministro de Minas), Daniel Rojas (Educación), Helga María Rivas (Vivienda), Yannai Kadamani (Culturas), Diana Morales (Comercio) y Germán Ávila (Hacienda)— firmaron la solicitud.

Adicionalmente, el vocero del comité promotor publicó una fotografía en sus redes sociales en donde se observa el respaldo a la iniciativa ciudadana por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se reunió con el comité para manifestar el apoyo de la actual administración.

En dicho encuentro, según reveló García Felizzola en una publicación de Facebook, se abordaron temas como la ratificación del respaldo del Ejecutivo a la propuesta, así como la notificación de una movilización en apoyo al proceso ciudadano que se realizará el viernes 1 de mayo de 2026, que conmemora el día internacional del Trabajo.

“Se confirma el apoyo de los movimientos políticos y el gobierno nacional; lo cual se constituye en un parte de Victoria para el cambio de Colombia...que tanto anhelan los sectores populares”, manifestó el representante de la iniciativa ciudadana.

Al mismo tiempo, actividades de coordinación con brigadas de recolección de apoyos avanzaron en Antioquia y otros departamentos, con la participación de la senadora Isabel Cristina Zuleta.

Esta decisión se produce en el contexto de un aparente “bloqueo institucional” que, según Petro, ha dificultado la aplicación de sus reformas sociales, y coincide con la organización de varios eventos electorales clave en el país.

Iván Cepeda no respaldará la Asamblea Nacional Constituyente

Mientras que el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la iniciativa, la campaña electoral del Pacto Histórico ha mostrado un distanciamiento estratégico hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De hecho, el propio candidato presidencial de la colectividad oficialista Iván Cepeda dejó en claro que priorizará un “acuerdo nacional” antes que impulsar la propuesta ciudadana.

El senador, en entrevista con el programa El Reporte Coronell que dirige el periodista colombiano Daniel Coronell, señaló que el diálogo entre diversos sectores será el mecanismo central de su política para afrontar desafíos como el narcotráfico, la corrupción y la transición energética, destacando que las reformas estructurales deben ser precedidas por consensos amplios.

“No es una prioridad una Asamblea Nacional Constituyente (…) lo que debe ocurrir en el país es un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

A su vez, Cepeda enfatizó que, para el periodo legislativo de 2026 a 2030, la bancada del Pacto Histórico contará con 66 congresistas en el Congreso de la República, cifra que constituye la más numerosa de la historia del movimiento y que será estratégica para impulsar la agenda de reformas.

“Yo creo que lo que debe ocurrir en el país es un diálogo y un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico. Hemos tocado aquí en esta conversación al menos dos o tres de ellos: el problema de la corrupción, el problema de la transición energética, pero podríamos sumar a ellos el problema del narcotráfico, el problema de cómo hacemos para transformar los territorios”, complementó.

Para el candidato, que se encuentra liderando las encuestas, la única justificación para promover una asamblea constituyente surgiría de un consenso posterior. “Si como parte de esa concertación surge un consenso o por lo menos un mínimo acuerdo de que la forma de implementar eso a lo que lleguemos como consenso nacional es una Asamblea Constituyente, perfecto, pero no al contrario”, puntualizó.

El gobierno del presidente Gustavo Petro estableció una ruptura con la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro directores respaldaran el incremento en 100 puntos básicos (pbs) de la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en un 11,25%. De acuerdo con el primer mandatario, el banco central no está actuando con autonomía e independencia respecto de los banqueros.

“La mayoría de la junta del Banco de la República y algunos decanos solo defienden el pensamiento neoliberal dañino y anacrónico; en mi opinión, son libres de tomar esas posiciones, pero no tienen el derecho de imponer como pensamiento único el neoliberalismo”, precisó el jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

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En consecuencia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, planteó una propuesta: analizar la autonomía y las funciones del Banco de la República a través de una asamblea nacional constituyente. El presidente Gustavo Petro ha mostrado su respaldo a la ejecución de ese mecanismo, que permite la reforma de la Constitución Política de Colombia.

El jefe de la cartera aclaró que ciertas modificaciones quedarían descartadas, como la revocatoria del Congreso de la República elegido el 8 de marzo de 2026 –en el que el Pacto Histórico tiene una amplia representación tanto en Senado como en Cámara– y la modificación de las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, con la que el primer mandatario ha tenido fuertes diferencias.

“Así está aclarado en el proyecto de ley de iniciativa popular con el que se está recolectando firmas para convocarla”, precisó.

Por otro lado, considera que una verificación de la manera como se toman las decisiones en el Banco de la República sí tiene cabida en una constituyente. “La autonomía y funciones del Banco de la República SI merecen una gran discusión y revisión. ¿Los recientes acontecimientos no lo justifican? ¿Qué les parece?”, indicó el ministro de Trabajo.

El expresidente del Senado Ernesto Macías se unió a la discusión sobre el tema, advirtiendo que, contrario a lo que explicó el ministro, una asamblea nacional constituyente sí permitiría hacer cambios en el Congreso y en las altas cortes.

“Infórmese excongresista y ministro @AntonioSanguino, la asamblea constituyente no tiene límites, es un órgano elegido para redactar una nueva Constitución, luego, podría revocar el Congreso y reformar las Cortes. Por el contrario, una asamblea constitucional suele tener límites, establecidos por la Constitución”, aseguró.

En una publicación anterior, el jefe de la cartera respaldó la decisión del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, de haberse retirado abruptamente de la reunión que se llevó a cabo el 31 de marzo con la junta directiva del Banco de la República, ante el anuncio del incremento de la tasa de interés.

De acuerdo con Sanguino, la mayoría de los directores que conforman la junta están actuando como políticos opositores al Gobierno Petro, desconociendo resultados favorables que, a su juicio, ha alcanzado la administración en materia económica.

“Cierra los ojos ante las evidentes del buen desempeño de nuestra economía como resultados de las políticas económicas y salariales, y de reformas como la laboral del Gobierno del Cambio, obliga a nuestro retiro”, expresó el ministro, calificando de “obtuso” el aumento establecido por la junta y advirtiendo consecuencias nefastas para la población.

Por su parte, el Banco de la República defendió la decisión de aumentar la tasa de interés, argumentando que se debe buscar que la inflación vuelva a tener una tendencia decreciente. Esto, teniendo en cuenta que en enero y febrero de 2026, la inflación se situó en 5,4% y 5,3%, respectivamente, lo que quiere decir que aumentó en comparación con el cierre de 2025, que se ubicó en un 5,1%.

La relación política entre la candidata presidencial Claudia López y el exministro Juan Fernando Cristo registró un giro reciente, pasando de una posible convergencia a un enfrentamiento público.

El desacuerdo se produjo en medio del debate sobre la eventual convocatoria de una asamblea nacional constituyente y la recolección de firmas en actividades asociadas a la campaña del también candidato presidencial Iván Cepeda.

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El intercambio se originó luego de que Cristo, que ha manifestado su respaldo al aspirante del Pacto Histórico, afirmara en su cuenta de X: “Por milésima vez: la campaña de Iván Cepeda no está recogiendo firmas para una Constituyente”. Con este mensaje, el exministro buscó desmentir versiones que circulaban sobre actividades de recolección de apoyos para impulsar una eventual reforma constitucional por esa vía.

La respuesta de Claudia López se produjo en la misma red social, en un tono crítico frente a lo expuesto por Cristo. “Iván Cepeda es el candidato del Pacto histórico, del Presidente y su gabinete, quienes firmaron y recogen firmas para una Constituyente, para meter el articulito (veneno) de la reelección. Pueden decirlo como quieran. Pero no pueden pretender que los demás somos idiotas o cínicos”, señaló la exmandataria.

Posturas sobre un “acuerdo nacional” y críticas cruzadas

En otra publicación, Juan Fernando Cristo se refirió a las reacciones de distintos sectores frente a la posición de Iván Cepeda en relación con la constituyente. “Algunos candidatos y sectores políticos lucen decepcionados por la decisión de @IvanCepedaCast de priorizar la búsqueda de un acuerdo nacional sobre una eventual constituyente. Parece que se quedan sin tema para generar miedo a los colombianos en la campaña”, afirmó.

En el mismo mensaje agregó: “Son los mismos catastrofistas que hace un año aseguraban que no habría elecciones y que el presidente Gustavo Petro se quedaría ilegal y arbitrariamente en el poder”.

El debate también incluyó un intercambio entre Cristo y el exministro Alejandro Gaviria, quien cuestionó la viabilidad del llamado a un acuerdo nacional. Gaviria sostuvo: “El llamado a un ‘acuerdo nacional’ que proponen @CristoBustos y otros es vacío y falaz”, y enumeró una serie de argumentos relacionados con la relación del actual gobierno con sus contradictores, el manejo institucional y la situación fiscal del país.

Entre sus planteamientos, Gaviria indicó: “No puede haber un acuerdo nacional con un gobierno (y una línea política) que llama vampiros, carroñeros y corruptos a todos sus contradictores” y agregó: “Tampoco con una línea política (lo demostró Petro) que no tolera la menor diferencia”.

Frente a esas afirmaciones, Juan Fernando Cristo respondió también a través de su cuenta en X, rechazando los señalamientos del exministro. “Ni vacío ni falaz querido @agaviriau. Comprendo y respeto tu apoyo a la derecha, pero confundes peras con manzanas”, escribió.

En su pronunciamiento, el exministro explicó su posición sobre el acuerdo nacional y la diferencia con el escenario de una constituyente. “Las circunstancias entonces son distintas y el propósito que acordamos y coincidimos con @IvanCepedaCast es avanzar hoy en un acuerdo nacional que es urgente e indispensable y NO en constituyente”, afirmó.

Asimismo, detalló algunos de los temas que, según su planteamiento, deberían abordarse mediante ese acuerdo: “Desafíos como el de superar la crisis de salud, recuperar la seguridad, luchar contra la corrupción, enfrentar la crisis fiscal y profundizar las reformas sociales, necesitan un gran acuerdo nacional”.

Cristo también hizo referencia a intentos previos de avanzar en esa dirección durante su paso por el gobierno: “En mi paso por el gobierno buscamos, con el respaldo del presidente y del propio senador @IvanCepedaCast, sentar las bases de un Acuerdo Nacional, pero algunos sectores políticos e instituciones se negaron a avanzar”.

Finalmente, señaló que el contexto actual presenta diferencias frente a ese momento y subrayó la necesidad de consensos: “El momento es distinto, el procedimiento para construir el acuerdo también y el presidente será otro. Punto central de los consensos debe ser el respeto a la institucionalidad existente y el cabal funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos”, concluyó, invitando a distintos sectores a participar en ese proceso.

Iván Cepeda, candidato por el Pacto Histórico, habló sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en caso de llegar a la Presidencia de Colombia.

En entrevista con El Reporte Coronell, Cepeda afirmó que no impulsará una constituyente, sino que promoverá un “acuerdo nacional”.

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“No es una prioridad una Asamblea Nacional Constituyente (…) lo que debe ocurrir en el país es un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Cepeda señaló que lo importante es centrarse en acabar la corrupción, enfrentar el narcotráfico y revisar la transición energética.

“Yo creo que lo que debe ocurrir en el país es un diálogo y un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico. Hemos tocado aquí en esta conversación al menos dos o tres de ellos: el problema de la corrupción, el problema de la transición energética, pero podríamos sumar a ellos el problema del narcotráfico, el problema de cómo hacemos para transformar los territorios, en fin”, señaló a El Reporte Coronell.

Para el candidato presidencial, que lidera las encuestas, esos temas son los que requieren políticas “más ambiciosas de reforma social”, motivo por el cual insistió en un diálogo en todos los sectores políticos, económicos y sociales.

“Yo propongo que haya un diálogo en el que estén sectores políticos, económicos, sociales, incluyendo al movimiento social, por supuesto, que nos permitan encontrar una concertación”, afirmó.

Y agregó: “Si como parte de esa concertación surge un consenso o por lo menos un mínimo acuerdo de que la forma de implementar eso a lo que lleguemos como consenso nacional es una Asamblea Constituyente, perfecto, pero no al contrario. No vamos a comenzar a discutir si es o no es la Asamblea Constituyente sin haber discutido lo que está, a mi modo de ver, a la base, que son los problemas que tiene el país”.

Iván Cepeda aseguró que la manera correcta de realizar las cosas es buscando un diálogo, destacando el trabajo que tendrá el Pacto Histórico como bancada en el Congreso de la República

“Creo que ese es el mecanismo y la manera en como hay que hacerlo. Ahora, nosotros hemos elegido en el Congreso de la República la bancada más numerosa. Tenemos hoy sesenta y seis congresistas del Pacto Histórico. Bueno, tenemos que utilizar ese escenario político para el cual hemos trabajado en estos meses para elegir una bancada que tanto en Cámara como en Senado nos permita avanzar”, indicó el candidato en El Reporte Coronell.

Por tal motivo, afirmó que en el periodo 2026-2030 no puede ocurrir lo que pasó en el actual Congreso, que, según el candidato, sectores han sido realmente un “obstáculo” para las reformas.

“Entonces, por supuesto, hay que dejar que esa bancada actúe y que intentemos que no se repita, espero yo, lo que ha ocurrido con este Congreso. Y es que sectores del mismo han sido realmente el obstáculo para esas reformas y han tirado al piso la posibilidad de avanzar en cuestiones tan serias como la reforma a la salud, por ejemplo, de la que hablábamos anteriormente”, expresó.

Esta declaración de Iván Cepeda remite a la que realizó durante la adhesión de Juan Fernando Cristo a su campaña presidencial, el 19 de marzo de 2026, en la que afirmó que no buscará constituyente, pero no descartó la posibilidad de hacer reformas a la Constitución de 1991.

“Seguiremos luchando por la defensa de la Constitución de 1991, por sus principios, por la idea esencial de que la soberanía reside en el pueblo, lo cual no significa esa defensa cerrada de la Constitución que no podamos avanzar concertadamente en su reforma y en su implementación plena y absoluta. Por eso hoy afirmamos con claridad que es mucho más lo que nos une de aquello que nos divide”, indicó Cepeda en ese momento.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y actual jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, se refirió nuevamente a la propuesta de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, un aspecto que ha sido cuestionado por diferentes sectores del país.

La congresista, en declaraciones a los medios de comunicación, recordó que existe una iniciativa ciudadana de recolección de firmas para la convocatoria de la misma, en respuesta a las reformas sociales radicadas por la actual administración de Gustavo Petro pero que no han tenido su respaldo en el Congreso.

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Sin embargo, dejó entrever la posibilidad de que el progresismo no acoja la petición, argumentando que si se aprueban los proyectos liderados por el Ejecutivo, podrían descartar del todo la posible convocatoria.

“Si las reformas sociales se materializan, si los colombianos ven cómo hay una materialización de sus derechos y se avanza en una reforma política, hoy más urgente que nunca, después de lo sucedido en estas elecciones y una reforma electoral, pues estaríamos en un escenario diferente”, dijo Pizarro a la prensa nacional.

Además, la senadora del Pacto Histórico subrayó que, mientras el legislativo no respalde sus iniciativas, permanecerán en dicho camino.

“Por ahora nosotros acompañamos la necesidad de que se materialicen las reformas sociales, lo intentamos inclusive al inicio de este gobierno y seguirá siendo un principio nuestro el diálogo, y el diálogo incluyo un acuerdo nacional”, puntualizó.

Es importante recordar que Iván Cepeda, en una entrevista concedida a Cambio, enfatizó en que, de llegar a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, impulsaría su llamado a un Acuerdo Nacional por encima de una convocatoria que pretende modificar lo estipulado en la Carta Magna.

“El ejemplo chileno es muestra de que lo primero es el acuerdo y luego el mecanismo. No sería útil llegar al mecanismo para llegar a un acuerdo. Ese no sería el mecanismo más pacífico y tal vez sería el menos exitoso (...) En el orden de prioridades, la Asamblea Constituyente no es el primer punto, pero no niego la posibilidad de que se discuta la convocatoria a una Constituyente. No estoy de acuerdo en que se impida esa discusión”, expresó el senador y candidato del Pacto Histórico al citado medio de comunicación.

Gobierno Petro firmó iniciativa de constituyente

En febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro y la totalidad de su gabinete firmaron la solicitud formal para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, un paso que se ejecuta en paralelo al calendario electoral de 2026 con el objetivo de reunir más de dos millones de firmas para dar curso al proceso.

Esta decisión se enmarca en el contexto de un aparente “bloqueo institucional” que, según Petro, ha dificultado la aplicación de sus reformas sociales, y coincide con la organización de varios eventos electorales clave en el país.

El registro quedo captado en el Consejo de Ministros desarrollado el 24 de febrero en Cartagena; allí, mientras el gabinete abordaba medidas para enfrentar el frente frío que afecta a diversas regiones, el mandatario colombiano y sus ministros —entre ellos Nhora Mondragón Ortiz (Departamento Administrativo de la Presidencia), José Raúl Morneo (jefe de despacho), Edwin Palma (ministro de Minas), Daniel Rojas (Educación), Helga María Rivas (Vivienda), Yannai Kadamani (Culturas), Diana Morales (Comercio) y Germán Ávila (Hacienda)— suscribieron la solicitud.

El comité dispone de un plazo de seis meses para recolectar los apoyos, aunque puede finalizar antes si logra la cifra necesaria. Una vez finalizada esta etapa, la Registraduría se encargará de verificar la autenticidad de las firmas y revisar los estados contables del proceso.

Si se valida la legitimidad de los apoyos, se emitirá una certificación oficial. Este documento será presentado ante el Congreso en la fecha de instalación del nuevo periodo legislativo.

Cabe recordar que el presidente ha sido promotor del proyecto, declarando que es una necesidad popular que tiene que ser una prioridad para el futuro del país.

“Cualquier ciudadano podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”, fueron las palabras del mandatario en uno de los discursos en los que habló sobre la posibilidad de que se convoque una constituyente en Colombia.

El tema de la convocatoria a una nueva asamblea nacional constituyente provocó una serie de opiniones encontradas entre los actores políticos colombianos; esta vez, el enfrentamiento ocurrió entre la congresista Catherine Juvinao y el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, tras las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en Medellín.

Sanguino estuvo en la ciudad para promocionar la recolección de firmas que apoyen la propuesta de una asamblea constituyente. En su discurso, destacó que la convocatoria no es una iniciativa del Gobierno nacional, sino un esfuerzo ciudadano.

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De hecho, el jefe de la cartera destacó la importancia de contar con una reforma constitucional que aborde temas como la justicia, los estatutos laborales y el ordenamiento territorial. Para él, la nueva Carta Magna busca “completar la obra democrática de la Constitución de 1991”.

No obstante, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del Partido Verde, no tardó en expresar su rechazo, por lo que por medio de su cuenta en la red social X compartió un mensaje en el que dejó clara su postura.

“Sigan jugando con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente y verán que en menos de nada nos devuelven a 1886. Están más que advertidos. Sigan haciendo politiquería y manipulando electores con este asunto y verán hasta a dónde nos podemos regresar. Irresponsables (sic)”.

Para Juvinao, la Constitución de 1991 es un logro crucial para la democracia colombiana y su propuesta de reforma no es más que un riesgo de retroceder en los avances sociales y políticos alcanzados.

La respuesta de Juvinao no quedó sin contestación, porque Carlos Carrillo, en un acto que sorprendió a muchos, intervino en el debate con una pregunta directa: “¿Cuántos votos tuvo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990?”.

Esta interrogante hacía referencia a uno de los momentos más importantes en la historia de Colombia, que fue la movilización popular de la llamada “Séptima Papeleta”, que impulsó la creación de la actual Constitución.

Y es que el director de la Ungrd recordó cómo, en 1990, más de 2 millones de colombianos apoyaron la propuesta de una Asamblea Constituyente mediante una papeleta adicional en las elecciones, lo que obligó al gobierno de Virgilio Barco a tomar medidas.

La movilización popular culminó con la elección de los delegados a la asamblea, que contó con una representación plural de diferentes sectores políticos, sociales y hasta entonces guerrilleros del M-19.

Además, en diciembre de 1990, se eligieron a los 70 delegados de la Asamblea Constituyente, que fue un espacio plural con representantes de diversos sectores: conservadores, liberales, guerrilleros del M-19, indígenas y movimientos sociales. Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff encabezaron la Asamblea, al reflejar la diversidad política de la época.

El 4 de julio de 1991 se promulgó la Constitución de 1991, que transformó a Colombia: se creó la acción de tutela, se reconoció la diversidad étnica y cultural, se establecieron instituciones clave como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

El cambio que trajo para Colombia la Constitución de 1991

La Constitución de 1886 fue una carta política altamente centralista, en la que el poder estaba concentrado en el gobierno central, con un sistema de soberanía nacional que recayó sobre la nación misma; este enfoque limitaba la autonomía de las regiones y mantenía un estado confesional, donde la Iglesia Católica tenía un papel preeminente en la vida pública y el Estado.

Además, el modelo político era de democracia representativa, donde los ciudadanos ejercían su poder a través del sufragio sin una participación directa en la toma de decisiones. Por su parte, la Constitución de 1991, tras un proceso de renovación impulsado por el pueblo, cambió radicalmente el enfoque político del país, al favorecer un modelo descentralizado que otorga mayor autonomía a las regiones.

También instauró la soberanía popular, en la cual el poder reside en el pueblo, y promovió una democracia participativa con mecanismos como el voto, el plebiscito y la consulta popular.

Además, transformó al Estado en uno laico, lo que garantizó la libertad de cultos y separó la Iglesia del poder político.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre su postura frente a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente que el presidente Gustavo Petro impulsó con su firma y la de algunos miembros de su gabinete, durante el Consejo de Ministros que se realizó el 24 de febrero, en Cartagena.

En declaraciones desde la capital de Bolívar, donde se lleva a cabo la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Icarrd+20), el jefe de cartera dejó claro que no suscribió el documento que formaliza la solicitud para convocar a la Constituyente.

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Cuervo explicó que la cuestión no debe considerarse un enfrentamiento con el presidente Petro ni con los demás miembros del gabinete; aseguró que es un tema “polémico” y que, por su naturaleza política, prefiere centrarse en su trabajo técnico en el Ministerio de Justicia, apartándose de controversias que no corresponden a su función: “Es algo casi anecdótico. Ya había hablado de esto con el presidente y no lo veo como un conflicto”.

Durante el encuentro del gabinete en Cartagena, varios de los jefes de carteras más cercanos a Petro, como el de Minas y Energía (Edwin Palma), Defensa (Pedro Sánchez), Educación (Daniel Rojas Medellín), Vivienda (Helga María Rivas), de las Culturas (Yannai Kadamani), Comercio (Diana Marcela Morales) y Hacienda (Germán Avila), también suscribieron la iniciativa, al respaldar la decisión de llevar el proceso constitucional a otro nivel.

No obstante, Jorge Iván Cuervo dejó claro que no respaldó la propuesta, aunque reconoció que ya había planteado sus observaciones al presidente en su momento.

“Le planteé mis observaciones, no manifestó mayor inquietud y ahora que ya inició el proceso, he manifestado que no acompaño el proceso, pero no es un enfrentamiento”, aseguró ante los micrófonos de Blu Radio.

Según el ministro, no existió ninguna orden explícita de firmar el documento. De hecho, explicó que “el ministro Sanguino, en el contexto de un consejo de ministros, hizo la petición, pero no hubo ninguna instrucción de firmar”.

A pesar de no ser parte de la convocatoria, el líder del Ministerio de Justicia aclaró que su posición no implica un desacuerdo fundamental con las políticas del presidente Petro: “Yo creo que incluso le viene bien al Gobierno que se entienda que puede haber personas en el gabinete que no estén de acuerdo con todo. En lo que sí tengo plena afinidad con el presidente es en las políticas del Gobierno”.

Para Cuervo, esta postura refleja la diversidad de opiniones que existe dentro del Ejecutivo, algo que, según él, fortalece la capacidad del Ejecutivo para abordar temas complejos.

“Se ha tomado con muchísima naturalidad y tranquilidad. Es una postura que habla bien del Gobierno y del presidente, porque muestra que en un tema tan complejo pueden existir distintas posturas”, añadió. De acuerdo con el ministro, las diferencias de opiniones deben ser vistas como un reflejo de la pluralidad dentro del gabinete, algo que contribuye a una gestión más enriquecedora y respetuosa.

Ministro de Justicia también habló de la Ley de Jurisdicción Agraria

Además, el ministro expresó su preocupación por un “cuello de botella” que podría retrasar la aprobación de la ley, especialmente debido al rol de la Agencia Nacional de Tierras y los jueces que se encargan de clarificar la propiedad de las tierras. Cuervo señaló que el proyecto es fundamental para resolver los problemas de propiedad rural en el país y destacó la necesidad de una solución consensuada en el Congreso.

“Estamos dispuestos a escuchar, a ceder, pero también a exigir que los otros entiendan lo que está en juego. Si la jurisdicción agraria se aprueba, ganará el país”, afirmó el alto funcionario, al hacer un llamado a la colaboración en el legislativo.

La representante a la Cámara por el Partido Verde Katherine Miranda expresó su rechazo absoluto ante la decisión del presidente Gustavo Petro y su gabinete de firmar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, durante el Consejo de Ministros del 24 de febrero, en Cartagena.

En una férrea crítica, Katherine Miranda señaló que este paso es una clara muestra del irrespeto del Gobierno hacia la Constitución de 1991, una promesa que había sido central en su campaña presidencial, pero que ahora parece esfumarse.

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El presidente Petro firmó un documento en el que formaliza la solicitud para convocar la constituyente, un paso que se centra en su afán de avanzar con una agenda reformista ante las dificultades que encontró en el Congreso y los altos tribunales.

Durante el Consejo de Ministros, varios de los jefes de carteras más cercanos a Petro, como el de Minas y Energía (Edwin Palma), Defensa (Pedro Sánchez), Educación (Daniel Rojas Medellín), Vivienda (Helga María Rivas), de las Culturas (Yannai Kadamani), Comercio (Diana Marcela Morales) y Hacienda (Germán Avila), también suscribieron la iniciativa, al respaldar la decisión de llevar el proceso constitucional a otro nivel.

Miranda, que inicialmente fue una de las principales impulsoras de Petro en su camino hacia la Presidencia de la República, no dudó en señalar su firme oposición a lo que considera una “traición” a los principios de la Constitución de 1991.

En su cuenta de X, la congresista escribió: “Prometieron respetar la Constitución. Hoy quieren cambiarla porque no les salió el experimento. Después preguntan por qué el ‘cambio’ salió chimbo. Incoherencia total. No es reforma, es capricho. Y vamos a dar la pelea para frenar esa constituyente. No lo vamos a permitir”.

La crítica de Miranda se centró en lo que considera una contradicción entre los compromisos de campaña del presidente y las acciones tomadas por su Gobierno. Según la congresista, la promesa de “respetar la Constitución” fue una de las banderas que llevó a Petro al poder, pero ahora, al buscar el camino correcto, el Gobierno muestra su “falta de coherencia” hacia la carta magna.

El proceso legal para la convocatoria de una asamblea constituyente: es un camino largo

El camino legal que ahora se inicia para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente es claro, aunque largo y complicado. Según las disposiciones vigentes, los promotores del proceso tienen un plazo de seis meses para recolectar al menos el 5% de los respaldos del censo electoral nacional, lo que se traduce en más de dos millones de firmas válidas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Solo entonces se podrá formalizar la solicitud y, eventualmente, avanzar con la creación de una nueva carta magna.

Y es que la Registraduría dio luz verde al comité ciudadano encargado de recolectar firmas para convocar la constituyente, lo que permitió el inicio formal de esta fase a finales de enero (misma que firmó el presidente y su gabinete). A pesar de este paso, aún no convoca oficialmente a la constituyente ni se conoce un articulado específico sobre los cambios que se buscan hacer.

Este proyecto provocó una división de opiniones entre las distintas ramas del poder público. Si el comité logra alcanzar el umbral requerido de firmas, el proyecto será presentado al Congreso de la República, que decidirá si es pertinente abrir un debate sobre la convocatoria. Si el Legislativo lo aprueba, será el pueblo el que decida, mediante un referéndum, si se instala una asamblea.

En este sentido, la congresista del Partido Verde afirmó que será una de las principales opositoras a este proyecto y que no permitirá que avance.

La actividad se llevó a cabo mientras se abordaban medidas para atender el frente frío que afecta algunas regiones del país. Durante la sesión, el gabinete presidencial también suscribió la solicitud.

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A través de las redes sociales de la Presidencia de la República, se dio a conocer que, además del mandatario, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón Ortiz; el jefe de despacho, José Raúl Morneo; y los ministros de Minas (Edwin Palma), Educación (Daniel Rojas), Vivienda (Helga María Rivas), Culturas (Yannai Kadamani), Comercio (Diana Morales) y Hacienda (Germán Ávila), firmaron la iniciativa.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha respaldado la propuesta desde su inicio. En el acto de inscripción del comité ante la Registraduría Nacional, Sanguino afirmó que la iniciativa contaría con el respaldo del “Gobierno del Cambio”, y se prevé que con la instalación del nuevo Congreso se presente formalmente el proyecto para avanzar con la convocatoria.

Procedimiento y recolección de firmas

El comité ciudadano encargado de la iniciativa fue aprobado por la Registraduría el pasado 30 de enero, lo que permitió iniciar la recolección de firmas. Para que la convocatoria sea aprobada se requiere aproximadamente 2′050.000 apoyos, equivalentes al 5% del censo electoral nacional. La meta planteada por los promotores es alcanzar tres millones de firmas, mientras que el presidente Petro ha propuesto que se alcancen hasta diez millones.

Desde hace varios meses, el presidente Petro ha promovido la idea de una asamblea constituyente, argumentando la existencia de un “bloqueo institucional” que, según él, obstaculiza su administración y limita la implementación de reformas sociales. El mandatario ha indicado que el proceso sería de “iniciativa popular”, en el que cualquier ciudadano “podría hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.

No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos debido a su coincidencia con el calendario electoral de 2026. Durante la recolección de firmas se llevarán a cabo las elecciones legislativas del 8 de marzo, donde también se votarán la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones, así como la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo y, en caso de ser necesaria, la segunda vuelta el 21 de junio.

Alcance jurídico de la constituyente

En entrevista con Infobae Colombia, el abogado constitucionalista Vicente Benítez, doctor en Ciencias Jurídicas y Teoría del Derecho de la Universidad de Nueva York, explicó que la Constitución de 1991 contempla tres vías para convocar una asamblea: “Puede ser una iniciativa ciudadana, del Congreso o del presidente”, confirmando que la propuesta del Ejecutivo tiene respaldo legal.

Benítez detalló el procedimiento que debe seguirse: “Debe aprobarse por mayoría absoluta de las dos cámaras y pasar por el control de la Corte Constitucional. Luego, una tercera parte del censo electoral debe votar ‘sí’ a la convocatoria y, posteriormente, se eligen los delegatarios por voto popular”. Según el jurista, esto garantiza un doble filtro democrático —legislativo y ciudadano— antes de conformar la asamblea.

El abogado también destacó la necesidad de respetar la separación de poderes: “Desde lo jurídico, no. Existe un principio fundamental que es la separación de poderes. Las decisiones profundas deben tomarse con el concurso de las demás ramas del poder. Si no se logra ese consenso, no se puede. Si se logra, muy bien, como ha pasado con iniciativas gubernamentales ya aprobadas. El punto es que no puede ser la voluntad de uno”.

En cuanto al argumento de un posible “bloqueo institucional”, Benítez señaló que, en la jurisprudencia, los desacuerdos legislativos no constituyen automáticamente un obstáculo jurídico: “Sin embargo, no hay ninguna regla que señale que, si ha habido una deliberación suficiente y transparente y aun así no se logran mayorías, eso constituye un bloqueo. Eso es democracia”. Para él, las diferencias políticas dentro del Congreso forman parte del funcionamiento natural del sistema representativo.

Finalmente, el jurista alertó sobre los riesgos de modificar la Constitución vigente sin consenso: “El principal riesgo es eliminar el proyecto político y jurídico más importante que quizás ha tenido Colombia en su historia: la Constitución de 1991. Ese fue un proceso amplio y democrático en donde, en una de las pocas ocasiones admirables de este país, personas con ideas muy distintas se sentaron a dialogar y llegaron a consensos”.

Apenas 12 días después de asumir como ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo ya se distanció del principal proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su gabinete que buscan modificar los poderes políticos del país a través de una asamblea nacional constituyente.

Aunque el jefe de Estado ha insistido a lo largo de su mandato en que se debe sentir el ‘poder constituyente’, el nuevo ministro, y quizás el último antes de que Petro ceda su puesto al nuevo mandatario, aseguró que es un tema en el que prefiere mantenerse alejado, al menos, mientras se encuentre en el Ejecutivo.

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“No, no la he firmado y no creo que la firme”, afirmó sobre la planilla de la Asamblea Nacional Constituyente en una entrevista concedida a la revista Cambio.

Cuervo precisó que su decisión obedece tanto a convicciones personales como a un análisis institucional del papel que corresponde al ministerio que ahora lidera.

“Esta constituyente la promueve un grupo de ciudadanos. El hecho de que la firmen otros ministerios no la vuelve un proyecto oficial. Sigue siendo promovido por un comité ciudadano, usted puede decir: ‘Sí, cercano al gobierno’. Yo no he recibido ninguna orden del presidente, y no va a pasar, de que eso hay que hacerlo”, explicó el nuevo ministro.

Además, Cuervo destacó que todo el gabinete ministerial cuenta con una autonomía para decidir sobre proyectos que puedan interferir en las labores del Ejecutivo, aunque el mandatario tenga fuertes intereses sobre ellos.

“Dentro del gobierno hay margen y eso lo he descubierto en estos seis días de apreciación. Que los ministros tenemos cierta autonomía frente a este tema. Entonces yo, como ministro de Justicia, ¿qué pienso sobre esto? Ya está en marcha la constituyente, ya el Consejo de Estado, incluso, sacó un auto diciendo que querían tumbar el comité promotor y lo aceptó. Se están recogiendo las firmas, se presenta el 20 de julio y el Congreso de la República dirá si, de acuerdo con la Constitución, se aprueba o no la convocatoria”, detalló Cuervo en conversación con Cambio.

El ministro también manifestó reparos frente a la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la suspensión de leyes y decretos, cuestión que, según él, trae consigo inquietudes sobre la seguridad jurídica.

“La Corte Constitucional dijo que la posibilidad de suspender estados de excepción, y los decretos que los declaran, no era una facultad de la Corte Constitucional. Esa fue una sentencia de Sala Plena. Y en el año 2023 se abre la puerta con un auto. Ni siquiera con una sentencia de Sala Plena. Y ahí se abrió una alerta. Los constitucionalistas dijeron: ‘mucho cuidado con eso porque esa función no la tiene la Corte ni por Constitución, ni por ley, ni en la ley estatutaria, ni nada’”, argumentó Cuervo.

Al referirse a las consecuencias de esta nueva orientación judicial, expresó que la presunta ‘intromisión’ de la corte podría traer graves consecuencias para la seguridad jurídica del país.

“Eso va a producir una enorme inseguridad jurídica, porque la Corte se puede tomar en serio que ellos tienen la facultad de suspender, en un momento determinado, la vigencia de una ley. Eso me parece que es complicadísimo en términos de seguridad jurídica y en términos del proceso legislativo, que finalmente lo consolidan dos órganos de origen democrático: los congresistas y el presidente de la República”, señaló el ministro.

Con relación al reciente auto del Consejo de Estado sobre el decreto del salario mínimo vital, Cuervo defendió la medida del presidente, aunque también aclaró que el alto tribunal tenía razones de peso para suspenderlo provisionalmente.

“Lo que hizo el Consejo de Estado es decir: ‘demuéstreme cómo fue que usted llegó a la cifra de 23,7%’. Sobre todo, demuestre la parte técnica, cómo mezcló, cómo ponderó la productividad, la inflación esperada, la inflación del año pasado y le dijo: ‘muéstrame de más’. Pero no le puso un límite, no le dijo: ‘no puede pasar de 23,7%, ni de otro’. No. Le dijo: ‘en el margen discrecional que tiene el gobierno, usted puede poner el porcentaje que quiera, pero susténtelo mejor’”, precisó a la revista.

El ministro consideró relevante que el Consejo de Estado haya reconocido el concepto constitucional de salario mínimo vital. “Al hacer referencia a eso, y a la sentencia de la Corte Constitucional, le dio margen de maniobra para que el Gobierno se mantuviera en la cifra de 23,7%, pero ya sustentado bajo el criterio del salario mínimo vital, que no es una invención del Gobierno sino que está en la Constitución, y la Corte Constitucional lo reforzó”, afirmó en su entrevista con Cambio.

Sobre la gobernabilidad y el régimen presidencialista, Cuervo analizó la fragmentación política y el recurso a los estados de excepción, asegurando que el bloqueo constitucional al que ha hecho referencia Gustavo Petro sí existe, pero no con intención.

“El gobierno, cuando yo no estaba, entendió que, quizás por las derrotas políticas que tenía en el Congreso de la República y por el ambiente, se le estaban agotando las herramientas de gobernabilidad. Y bueno, eso no es ilegal. Ahí está en la Constitución, ahí están los requisitos. Algunas se las han dejado, algunas se las han tumbado. El gobierno, más allá de las reacciones, siempre ha acatado los fallos”, señaló.

Para los meses restantes de su gestión, Cuervo apuntó como prioridades la agenda de justicia agraria, la normalización de las relaciones entre el Ejecutivo y la rama judicial y afrontar los desafíos en el sistema penitenciario.

“Hay muchos desafíos. Primero, no quiero irme sin que quede aprobada la ley ordinaria de la jurisdicción agraria y avanzar, hasta donde más se pueda, en el famoso marco jurídico para la paz, que no se va a alcanzar a aprobar en esta legislatura, pero ojalá encontremos una forma de que eso quede bien. Segundo, dejar normalizadas las relaciones entre el gobierno y la rama judicial. Tercero, ocuparme de alguna de las cosas del sistema penitenciario, hay tres desafíos muy importantes”, comentó el ministro.

Cuervo destacó finalmente la importancia de garantizar el acceso a la justicia en todo el país y de reforzar su presencia en los territorios con menor cobertura, convencido de que estos avances, aunque discretos, transforman la vida de la ciudadanía.

“Cómo comandante supremo de la fuerza pública [...]. Yo desde aquí quiero ordenarle a la Policía de nuevo, debe hacerse una reunión de generales y comandantes de distrito y de región de la policía de Colombia. Porque delante o al frente del presidente de Colombia deben recibir una orden personal como comandante supremo que soy de la Fuerza Pública de Colombia, según la Constitución”, señaló.

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El primer mandatario también subrayó que discutirán medidas para abordar el fenómeno de la compra de votos vinculado a grupos criminales y mafiosos en el territorio nacional, donde se utiliza la violencia y coerción para obligar a la población a sufragar por un político que no es afín a sus ideales, sino a los intereses de otras figuras de poder.

“El propietario del territorio, cualquiera que sea, no es la ciudadanía que está allí... es quien tiene las armas. Sean legales o sean ilegales. Y quien domina una población a través de las armas es un dictador. Eso no se llama democracia”. Este señalamiento apuntó a diferencias en el sistema político entre regiones del país.

Gustavo Petro agregó: “Eso no es poder popular, eso no es, como gritan allá, gobierno popular. Y comienza aquí, en el punto local donde se habla y donde se actúa y donde se vive; todos tenemos, quizá yo al menos, un punto local donde se vive. Y uno cree que hay que irse a otro lugar para tener una mejor vida; hay que transformar este lugar”.

Además, el jefe de Estado enfatizó que hay una conexión entre el lavado de dinero y la compra de votos: “El que lava dólares es el mismo que recibe un dinero para comprar los votos”, afirmó, calificando de igual manera a las estructuras que silencian el delito electoral. Petro alertó que esta dinámica “arroja a la nación una manera de ser del poder” que lo llama “el poder mafioso”.

Por lo tanto, ordenó a la Policía Nacional “perseguir hasta el último tramo de este país a los compradores de dólares de votos y su silencio, que son los mismos. Son los mismos”.

Gustavo Petro negó ser “el peor presidente” de la historia de Colombia

Durante su intervención, el presidente Petro defendió el desempeño económico de su Gobierno, subrayando una reducción significativa del desempleo en Colombia y la adopción de políticas salariales que, según él, marcan un avance en equidad económica y justicia laboral para sectores históricamente marginados.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en diciembre de 2025 fue de 8,0%, cifra que representa un descenso de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, cuando la tasa alcanzó el 9,1%. Esta variación permitió que la ocupación laboral llegara al 59,2%, levemente superior al 58,5% registrado en diciembre de 2024.

El primer mandatario argumentó que estos avances han sido especialmente favorables para mujeres y jóvenes. Sostuvo que la ampliación del acceso al trabajo contribuye a disminuir desigualdades y consolidar la base económica nacional. Petro recordó el incremento del salario mínimo al 23,7%, estableciéndolo en $2.000.000 (con un salario base de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095).

En su análisis, rechazó las afirmaciones que califican su gestión como la peor en la historia de Colombia y consideró injustas las críticas sobre supuestos derroches y administraciones deficientes de recursos públicos. En palabras del gobernante: “El trabajo es la base de la riqueza. Es como nunca en la historia de Colombia, así hay que decírselo; están tirando, están tratando de detener el proceso económico que ha dado los mejores datos de la historia de Colombia y muchos, del siglo que estamos viviendo”. Añadió también: “Por tanto, no es cierto que este es el peor Gobierno y que es el peor presidente, ¿cómo se les ocurre?”.

La Junta Directiva del Banco de la República aprobó por mayoría un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, situándola en 10,25%, su mayor nivel en varios años. La medida, anunciada en Bogotá por Leonardo Villar, gerente general, responde a la persistente presión inflacionaria y a previsiones que apuntan a un posible registro superior a 5,4% en los próximos meses.

La entidad busca reencauzar la inflación hacia una tendencia descendente y estabilizar las expectativas de precios, consideradas aún un riesgo para la economía. Las cifras recientes refuerzan esta preocupación: en diciembre de 2025, la inflación llegó a 5,1%.

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El resultado de la votación expuso la división interna en la Junta: cuatro miembros apoyaron el endurecimiento monetario, mientras que dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno propuso mantener la tasa en 9,25%. Esta decisión implicó una postura más restrictiva de lo anticipado por el mercado.

Durante la conferencia de prensa, Villar recalcó que el propósito es “que se retome la senda de decrecimiento de esa inflación”. Germán Ávila, ministro de Hacienda, acompañó el anuncio, que se da en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el banco central.

En reacción a la medida del Banco de la República, el presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad, señalando que, bajo su gestión, las tasas de desocupación se redujeron a mínimos históricos, lo que tiene una incidencia en el desarrollo del país.

“Solo mostrando los datos últimos de 2025, muchos los mejores del siglo y otros muchos, de la historia, demostramos lo acertado de nuestra política: la tasa de desocupación que está bajando a casi a dos millones de personas, la tasa de ocupación que es de más de 24.400.00 de personas: verdadera medida de la riqueza real de Colombia, su gente que trabaja (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Solo con mostrar que tenemos la tasa de desocupación más baja de la historia en las mujeres, o del siglo en la tasa de desocupación juvenil o de Bogotá dónde más impacta el ascenso real del salario mínimo, la menor tasa de desocupación en su historia estadística: 6,2%, o que en diciembre logramos crear de cada diez empleos, 9 formales, o que en el último año creamos 771.000 puestos de trabajo (sic)”.

El primer mandatario señaló a los directivos de la autoridad monetaria de impulsar acciones anticonstitucionales que, según su perspectiva, colocan en riesgo la democracia y la institucionalidad del Estado social de derecho.

“Ya sabemos que la mayoría de la Junta directiva del Banco de la República, está en las cavernas económicas dictando atrocidades teóricas y prácticas, como hizo la mayoría de la Corte constitucional al cometer la atrocidad jurídica de contradecir la constitución y las sentencias de hace décadas deñ constituyente y de una corte constitucional muchísimo más democrática. Es un golpe jurídico a la constitución de 1991 el que dieron ayer por simple codicia, y es un golpe contra el mandato del presidente elegido y es una estocada suicida la que da hoy, la junta del Banco de la República. Sus instituciones se preservarán, pero sus contenidos no, si el pueblo lo decide (sic)”, expuso Petro.

En su extenso mensaje, el primer mandatario señaló que sectores políticos representados por varios miembros de la junta directiva del Banco de la República buscan culparlo de la crisis económica del país.

“Nos tratarán de echar la culpa porque subimos el salario vital, pero si la oligarquía lo rebaja no solo hunden a Colombia en la recesión sino que hacen estallar la sociedad. Salarios vitales y bonos pensionales quieren tumbarlos para equilibrar las finanzas que ellos mismos no quieren equilibrar para no pagar un centavo de los más ricos del país (sic)”.

Así las cosas, Petro convocó al pueblo colombiano a apoyar su propuesta de constituyente con el fin de reformar instituciones públicas, citando el Banco de la República.

“Demuestro al pueblo, al estudiantado de economía y al mundo con los datos del año 2025, que la economía para la vida es el antídoto a la economía de la codicia Como presidente de Colombia le pido a la ciudadanía no dejarse enntrampar en la violencia. La respuesta a la codicia en contra del pueblo es el poder constituyente que está a punto de ir a las urnas. Hermano(a)s cambian las instituciones cavernarias, votando por quienes van a elegir nuevos miembros de la Corte constitucional y del Banco de la república. Llenemos de gente del pueblo trabajador el Congreso. Se necesita una reforma constitucional para que los constituidos obedezcan al mandato popular y no a la mafia. Firmemos la convocatoria a la constituyente (sic)”, concluyó el gobernante de los colombianos.

A pesar de que durante su campaña como candidatoprometió que no convocaría a una asamblea nacional constituyente, el presidente Gustavo Petro ha mencionado en más de una ocasión la necesidad de que en el país se adelnate la iniciativa.

Al respecto, el 30 de enero, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó a través de su cuenta de X que la Registraduría Nacional reconoció al comité promotor e inició formalmente la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

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“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos. El Gobierno del Cambio del presidente respalda este ejercicio de participación popular como una expresión legítima del poder constituyente. ¡Es la hora del poder constituyente!“, escribió Sanguino al respecto.

Detalles del reconocimiento

Cabe recordar que el comité fue presentado por un grupo de estudiantes en diciembre de 2025; en ese momento estuvieron acompañados por el ministro Sanguino, que ha declarado que el Gobierno nacional respalda la iniciativa.

Además del comité, el Gobierno Petro ya tenía preparado el borrador de un proyecto de ley que sería presentado el 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de la República.

En el documento de reconocimiento, la Registraduría mencionó que el comité cumple con los requisitos necesarios para comenzar la recolección de las firmas, que tendrán que ser más de dos millones.

“La solicitud para la iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de Ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y que el comité promotor ha denominado “Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia” cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015″.

En el documento también se reconoció a Armando Custodio Wouriyu Valbuena como el “vocero de la iniciativa”, por lo que tendrá la responsabilidad de todo lo ligado a las actividades de la recolección de las firmas.

Cabe recordar que el presidente ha sido promotor del proyecto, declarando que es una necesidad popular que tiene que ser una prioridad para el futuro del país.

“Cualquier ciudadano podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”, fueron las palabras del mandatario en uno de los discursos en los que habló sobre la posibilidad de que se convoque una constituyente en Colombia.

Tras la presentación de la resolución por parte de la Registraduría, la organización electoral entregará al comité los formularios requeridos para iniciar la recolección de firmas.

Para que el proceso avance, se necesitan aproximadamente 2.050.000 apoyos, equivalentes al 5% del censo nacional. El objetivo de los ciudadanos que promovieron la convocatoria es alcanzar tres millones de firmas, mientras que el presidente propuso una meta de diez millones.

El comité dispone de un plazo de seis meses para recolectar los apoyos, aunque puede finalizar antes si logra la cifra necesaria. Una vez finalizada esta etapa, la Registraduría se encargará de verificar la autenticidad de las firmas y revisar los estados contables del proceso. Si se valida la legitimidad de los apoyos, se emitirá una certificación oficial. Este documento será presentado ante el Congreso en la fecha de instalación del nuevo periodo legislativo. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre el reconocimiento que recibió el comité.

El estudio contó con 2.202 participantes distribuidos en 56 municipios de Colombia. La encuesta arroja un margen de error del 2,9% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados muestran que el 48,8% de los encuestados tiene una percepción positiva de la gestión de Petro, frente a un 42,1% que la evalúa negativamente. Un 9,1 % mantiene una posición indecisa respecto al desempeño del presidente.

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Según el análisis realizado por la firma encuestadora, que expuso el medio citado, este avance en la imagen de Petro se atribuye, en buena parte, a decisiones políticas adoptadas en el cierre de 2025 y comienzo de 2026: entre ellas resaltan el aumento del salario mínimo, la reducción del precio de la gasolina y un decreto con el que se redujo sensiblemente la remuneración de los congresistas.

Estas medidas han polarizado la opinión de la sociedad, con sectores que las celebran y otros que mantienen críticas. La estrategia territorial del mandatario colombiano también recibe singular atención en el reporte del CNC. Aunque la exposición política de Petro desciende en grandes ciudades, se potencia en regiones periféricas y ciudades intermedias, donde, según la consultora, las políticas de inclusión social obtienen mayor reconocimiento y efecto tangible para la población.

Tras conocerse los resultados de la encuesta del CNC, el presidente Petro sacó pecho por su buena imagen, asegurando que si fuese candidato para las elecciones de 2026 ganaría en primera vuelta. Sin embargo, sostuvo que gracias a Juan Manuel Santos, expresidente de la República, que eliminó la reelección presidencial en Colombia mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, ya no puede aspirar a mantenerse en la Casa de Nariño. Entre otros temas, el jefe de Estado ahondó en su propuesta de convocar una constituyente en marzo de 2026.

“Bueno, en las encuestas dicen que, si hubiera reelección, que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe. Y no más. Entonces, sería sobrado presidente de Colombia, de lejos. Yo creo... Creo que en primera vuelta. Entonces, dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no ha, no ha insistido, como sí otros, en el articulito. Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente”, dijo en el evento de apertura del Hospital San Juan de Dios.

Para Petro, esta herramienta de participación ciudadana tiene como propósito que los colombianos decidan si las reformas que el Congreso de la República no aprobó se puedan aplicar. El primer mandatario acusó a los legisladores de no tener voluntad política para hacer los cambios que necesita el país.

“Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. ¿Habrá? Ojalá una mayoría en el Congreso pronto, un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada, sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo”, afirmó.

Incluso, durante su intervención, aseveró que los congresistas actúan por intereses personales y no por el bien de los colombianos, por lo que pidió a la población no vender su voto.

(...) “como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares, de necesidades de compra devotos, si no so-- no salen elegidos. Por eso la orden del presidente a cada ciudadano y ciudadana de Colombia, pobre o rico, es no venda el voto porque se vuelve esclavo y lo matan los mismos esclavistas. Es un asunto de libertad, como decía Bolívar. Y en esto no cejo, así como no cedí en defender este hospital veintiocho años llevo. Me nacieron las canas. No las tenía cuando comencé y ahora sí. Y en el camino de veintiocho años, muchísima gente trabajadora de este hospital o se mató a sí misma o murió. Muchísimos de los defensores del San Juan de Dios... murieron”, expuso el mandatario de los colombianos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el decreto presidencial que designó a Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia, al establecer que su nombramiento infringió la cuota de género obligatoria en el gabinete.

Aunque Montealegre presentó su renuncia en octubre de 2025, la decisión judicial resalta que la designación violó la proporción mínima de participación femenina que exige la ley, situando a la administración de Gustavo Petro en el centro del debate sobre equidad de género en la alta función pública.

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La sentencia puntualiza que la llegada de Montealegre dejó en nueve el número de mujeres ministras sobre un total de 19, lo que representa un 47,36%, cifra inferior al 50% dispuesto por la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024.

El Tribunal subrayó que esta proporción no cumple con el mandato legal y que la paridad no admite términos intermedios: “No se trata de que los nombramientos sean lo más cercano posible al 50%, sino que este constituye de manera categórica el porcentaje mínimo a suplir”.

Según la Sala, esa omisión se configura “sin importar que con posterioridad el presidente haya dado cumplimiento a la norma”.

El fallo, con ponencia del magistrado Fabio Afanador, remarca que la cuota femenina quedó en el 47,4% frente al 52,6% de los hombres, y para cumplir la legislación debían ser al menos 10 mujeres ocupando cargos ministeriales.

De acuerdo con el Tribunal, el análisis del expediente reveló que el gobierno aceptó la renuncia de tres ministras y las suplió por hombres, afectando así de modo directo la composición de género en el gabinete.

La nulidad del Decreto 0647 del 13 de junio de 2025, que oficializó el nombramiento de Montealegre, fue solicitada en demandas interpuestas por los ciudadanos Marco Adrián Artunduaga Gómez, Samuel Alejandro Ortíz Mancipe y Juan Manuel López Molina. Este último, además, promovió un recurso de nulidad electoral ante el Consejo de Estado poco después de la designación.

En la defensa presentada ante el tribunal, el Gobierno y las entidades involucradas señalaron que al momento del nombramiento de Montealegre no había una reglamentación específica acerca de los cargos sujetos a la Ley de cuotas, dado que el parágrafo 2 del artículo 4 ordenaba su reglamentación.

La Sala desestimó este argumento y ratificó que la obligación era directa sobre los 19 ministerios: “El concepto de máximo nivel decisorio fue claramente señalado desde el año 2000… Una interpretación diferente dejaría en el vacío la aplicación de la Ley 581 durante más de 25 años”, sostuvo el Tribunal.

El tribunal también citó la jurisprudencia del Consejo de Estado, señalando que el presidente de la República tiene plena capacidad constitucional para ajustar el gabinete y garantizar la paridad de género, sin que esto implique afectar derechos adquiridos.

En ese entorno, precisó que la exigencia de paridad ordenada en la ley y validada por sentencia constitucional lleva en vigor más de 24 años, de modo que no corresponde postergar su cumplimiento ni interpretarla como una meta gradual.

La composición ministerial al momento de la designación de Montealegre incluía a Laura Sarabia en Relaciones Exteriores, Lena Estrada en el Ministerio de Ambiente, Martha Carvajalino en Agricultura, Diana Morales en Comercio, Helga Rivas en Vivienda, María Fernanda Rojas en Transporte, Yannai Kadamani en Cultura, Patricia Duque en Deporte y Yesenia Olaya en Ciencia, lo que evidenció el déficit de representación femenina.

En el proceso, el Dapre cuestionó el alcance inmediato de la ley, aludiendo a que la reglamentación correspondiente aún no estaba lista.

No obstante, la Sala concluyó que esto no eximía al Ejecutivo de la obligación de respetar la cuota de género, dado que el “porcentaje mínimo debía aplicarse de manera directa a los 19 ministerios existentes”.

El Tribunal recordó que, en primera instancia, no se decretó la suspensión provisional del nombramiento por falta de pruebas, situación corregida al revisar el expediente en profundidad y constatar el quebranto de las normas constitucionales y legales correspondientes.

La Sala recalcó que este incumplimiento, respaldado por un “material probatorio obrante en los expedientes acumulados”, valida la nulidad del acto demandado.

La Registraduría Nacional del Estado Civil será el ente encargado de definir si la iniciativa del comité promotor que impulsa la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia es viable o no. Todo esto, en medio de los cuestionamientos al presidente de la República, Gustavo Petro, que había prometido en sus últimas campañas que no convocaría a este mecanismo para reformar la Constitución Política, vigente desde 1991.

En la presente semana, la entidad bajo la dirección de Hernán Penagos deberá emitir un concepto clave sobre el proceso, de acuerdo con la información replicada con El Espectador. Se trata de un caso que ha despertado un intenso debate, ya que la iniciativa cuenta con el respaldo del jefe de Estado e, incluso, ha sido acompañada de cerca por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que estuvo presente el día en que se radicó la intención de ir por las rúbricas.

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En efecto, el 26 de diciembre de 2025 el grupo ciudadano formalizó la solicitud ante el organismo, con la participación de organizaciones sociales y sindicales. En ese acto, Sanguino asistió como delegado del Gobierno, frente al trámite que exige que, una vez verificados los requisitos legales, se expidan los formularios oficiales que permitirán dar inicio a la recolección de firmas, en un periodo que habla de 15 días hábiles para que se emita un concepto sobre el particular.

El Gobierno aspira a que el proceso logre 10 millones de firmas, aunque la normativa vigente establece un mínimo de 2,5 millones para que la iniciativa pueda avanzar. “Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean 10 millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente para que el próximo Congreso de la República examine esta iniciativa popular legislativa”, dijo Sanguino.

El funcionario enfatizó que el objetivo es dotar de legitimidad al proceso y que la iniciativa cuente con un respaldo amplio de la ciudadanía, pese a que desde diferentes sectores remarcaron, de hecho, que Petro había firmado sobre mármol, como ocurrió en la campaña electoral de 2018, que no propondría la realización de una asamblea constituyente; pues en ese entonces -y ahora- era visto como una manera de prolongar su estancia en la Casa de Nariño.

Las controversias detrás de la convocatoria a una asamblea constituyente en Colombia

La presencia de funcionarios del Ejecutivo en la ceremonia de radicación causó críticas desde varios sectores. Aunque el Ejecutivo insiste en que no puede intervenir directamente en la recolección de firmas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proceso solo avanzará tras la entrega de los formularios y que el periodo para recolectar apoyos será de tres meses; es decir, según el titular de la cartera, no coincidirá con el periodo electoral.

En ese orden de ideas, el ministro Benedetti indicó que la presentación ante el Congreso quedaría para después del 20 de julio, cuando se haya instalado el nuevo legislativo y se hayan adelantado las elecciones presidenciales. Como era de esperarse, el tema ha avivado las tensiones políticas, como la postura del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que se opuso de manera férrea a que se cambie la Carta Magna, que según él sería lo que buscaría Petro con esta intención.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, señaló Uribe, al que se han sumado, si se quiere, otras voces de rechazo, como la del defensora del Pueblo, Iris Marín, que con un extenso mensaje en sus redes sociales hizo un claro llamado a respaldar la institucionalidad creada tras la promulgación de la Constitución.

El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir investigaciones ante la posible participación indebida en política de altos funcionarios del Gobierno Nacional, que, según él, han promovido públicamente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente al inicio del ciclo preelectoral de 2026.

En una carta dirigida al procurador general Gregorio Eljach, Pinzón manifestó su profunda preocupación por la protección del orden constitucional y por la integridad del sistema democrático en el país.

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El exfuncionario se refirió a la inscripción, el 26 de diciembre de 2025, de un comité promotor de la Constituyente, impulsado y defendido por ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.

“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, advirtió Pinzón.

El también exministro destacó que estas actuaciones coinciden con el inicio del calendario electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que genera interrogantes sobre el cumplimiento del deber de neutralidad por parte de los servidores públicos.

Recordó que el artículo 127 de la Constitución prohíbe a los funcionarios utilizar su cargo para incidir en campañas políticas o participar en controversias políticas antes de una elección.

Además, mencionó la Directiva 013 de 2025 de la misma Procuraduría, que refuerza tales restricciones y advierte sobre el uso indebido de recursos públicos y de la infraestructura estatal con fines proselitistas.

Qué le pidió Pinzón a la Procuraduría

Pinzón solicitó a la Procuraduría tres acciones específicas: investigar si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, emitir un pronunciamiento institucional sobre los límites de actuación de los servidores públicos ante reformas constitucionales en periodo preelectoral y ejercer vigilancia estricta para evitar el uso de recursos y bienes del Estado con fines políticos.

“Defender la Constitución, la neutralidad del Estado y las reglas de la democracia no es un asunto ideológico, es una obligación institucional. La Procuraduría está llamada a actuar con firmeza para garantizar que ningún funcionario utilice su cargo para inclinar el escenario electoral”, afirmó Pinzón.

Al referirse al llamado de una Constituyente por parte del Gobierno Nacional, el exministro sostuvo que “reformar la constitución es algo que forma parte de la vida de los países, pero reformar la constitución por ánimo de rabieta o como herramienta para mantener el poder, sea de manera directa o indirecta a través de un heredero, es un tema muy grave”.

Juan Carlos Pinzón acusó a Petro de debilitar la seguridad y confirmó aspiración presidencial

Pinzón criticó de manera contundente la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de cambiar la cúpula militar en Colombia, calificando la medida como una “rabieta” presidencial que debilita las Fuerzas Armadas y agrava la crisis de seguridad nacional.

En entrevista con Cambio, Pinzón afirmó que el país atraviesa la peor situación de inseguridad en tres décadas y sostuvo que es el candidato con mayor experiencia para enfrentar los desafíos que se avecinan en 2026.

Pinzón denunció que el gobierno de Petro ha retirado a cerca de 100 generales y almirantes con reconocida trayectoria, lo que, a su juicio, ha reducido las capacidades operativas y morales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“Ha sido una agenda de este Gobierno desde el principio: golpear a las Fuerzas Armadas”, declaró el exministro durante la entrevista.

El precandidato, además, detalló que el cambio de la cúpula militar coincidió con el anuncio presidencial de una asamblea constituyente y la declaración de una emergencia económica, lo que, según Pinzón, incrementa los riesgos y las preocupaciones para el inicio del año 2026.

“La mala noticia es que quien pierde con esto es el pueblo colombiano. Hoy vivimos quizá la peor crisis de seguridad en 30 años”, afirmó el candidato, que también señaló que la expansión de las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, ha alcanzado niveles históricos.

Las discusiones en la escena política de Colombia adquirieron mayor fuerza después de que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, alertara sobre las implicancias de una eventual convocatoria a una asamblea constituyente, iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Petro actúa, como lo hacen los dictadores”, aseveró el mandatario paisa en una publicación de X.

En ese contexto, la senadora perteneciente a la coalición de Gobierno Isabel Zuleta respondió a los cuestionamientos del mandatario paisa a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde le expresó: “El verdadero dictador es usted”.

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En su mensaje, Federico Gutiérrez cuestionó al presidente Gustavo Petro, señalando que sus acciones ponen en riesgo la estabilidad institucional del país, según su opinión.

El alcalde de Medellín acusó al mandatario de actuar por desesperación y de promover una reforma tributaria a través de decretos, además de insistir en la convocatoria a una asamblea constituyente en un momento en que la Corte Constitucional no está en funciones. Gutiérrez hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad para defender las instituciones.

“Petro actúa, como lo hacen los dictadores. Muestra su desespero en sus últimos meses de desgobierno. Una reforma tributaria vía decreto que afecta gravemente al país y nuevamente vuelve con la constituyente, y lo hace cuando la Corte Constitucional se encuentra en sus días de descanso. Convoco a todos los ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y academia a unirnos para proteger las instituciones”, comentó en su mensaje de X el alcalde de la capital de Antioquia.

Y concluyó diciendo: “Si lo logra perdemos el país. Depende de todo un país impedirlo”.

Isabel Zuleta respondió a Federico Gutiérrez desde su cuenta de X, acusándolo de defender los intereses de los sectores financieros y de oponerse a una mayor carga impositiva para los más ricos. La senadora cuestionó el papel del alcalde en el debate tributario, sugiriendo que su postura no representa un acto de justicia social.

“El verdadero dictador es usted, se disfraza pero ya todos lo conocemos ¿Desde cuándo la labor de un alcalde es proteger a los bancos y sector financiero para que no paguen más impuestos? Claro usted prefiere que el pobre sea el que siga pagando y no estas entidades, aumentar los impuestos a los ricos no es de dictadores sino de justicia esa de la que usted no tiene ni la mejor idea”, escribió en su publicación de X la legisladora afín con el Gobierno nacional perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

En relación con la constituyente mencionada por Gutiérrez, el Ejecutivo manifestó apoyo a la conformación de un grupo ciudadano que busca impulsar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Nueve integrantes de este comité acudieron a la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar su solicitud, acompañados por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien asistió al acto de registro.

“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991″, señaló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

Este proceso exige la recolección de más de tres millones de firmas y la revisión por parte del Congreso, con el objetivo de impulsar cambios en la Constitución de Colombia.

Distintas figuras del ámbito político expresaron su desaprobación ante la inscripción del comité y el apoyo brindado por el gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia llamó a la sociedad a proteger la Carta Magna.

Sanguino informó que se requiere de un respaldo de más de tres millones de firmas, por lo cual, según explicó, la asamblea será impulsada por líderes sociales del país.

Vicky Dávila, precandidata presidencial, se refirió nuevamente a la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente por parte del Gobierno nacional y afirmó que este mecanismo busca, según ella, que el presidente Gustavo Petro permanezca en el poder.

“La constituyente de Petro no es para arreglar el país, es para perpetuarse en el poder. Cuando un gobierno pretende cambiar las reglas de juego, es porque no quiere someterse a ellas”, afirmó Dávila.

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En sus declaraciones, la periodista aseguró que así iniciaron otros regímenes en la región, tomando como ejemplo a Venezuela, donde, según ella, iniciaron “debilitando los controles, concentrando el poder y silenciando a quienes piensan distinto, a la oposición”, señaló Dávila.

Por tal motivo, aseveró que en Colombia no puede suceder ese tipo de cosas, explicando que “la Constitución se respeta, no se manosea para satisfacer ambiciones personales”.

“Defender la Constitución y hacerla cumplir es nuestro compromiso, no cambiar las reglas, sino fortalecer las instituciones, exigir resultados, corregir lo que no funciona con leyes y reformas puntuales dentro del marco constitucional”, aseveró la precandidata presidencial.

En otra publicación, Vicky Dávila señaló que la constituyente promovida por el Gobierno nacional es una “venganza” contra el Banco de la República y la Corte Constitucional.

“¡Peligro! Petro y Cepeda, contra la Corte Constitucional y el Banco de la República. Y, obvio, a favor de los bandidos”, afirmó la periodista.

Y agregó: “La constituyente de este gobierno corrupto y del heredero es una venganza contra el Banco de la República. Le quieren quitar su independencia. Para manejar la economía como les dé la gana”.

La precandidata presidencial aseguró que el Gobierno quiere supuestamente cambiar la Corte Constitucional por “un tribunal constitucional autónomo”.

Qué dijo Gustavo Petro

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro entregó detalles de la asamblea nacional constituyente y afirmó que no se realizará en época electoral.

El mandatario colombiano aseguró que hasta ahora se está dando inicio a la recolección de firmas y que durará tres meses.

El jefe de Estado señaló que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.

“La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: "Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después (sic)“.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro insistió en que la constituyente, sus reuniones y su elección no se llevarán a cabo durante las “actuales elecciones”.

“Propongo que se reúna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses (sic)”, afirmó el presidente Petro.

Además, explicó que unos de los objetivos de la constituyente es realizar las reformas que se han hundido en el Congreso. Estas incluyen la reforma pensional, la modificación del sistema de salud, ajustes al código minero y cambios en los servicios públicos para garantizar su universalidad, eficiencia y tarifas basadas en costos reales.

La discusión sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de 1991 alcanzó un nuevo nivel de tensión política en Colombia; mientras que el mandatario insiste en que su intención no es redactar una nueva Carta Magna, sino llevar a cabo reformas puntuales, su llamado encontró una firme oposición en diversos sectores de la sociedad.

Entre los opositores más destacados se encuentran los miembros de la ‘Gran Consulta por Colombia’, una coalición política que se alista para presentar candidatos de centro-derecha en las elecciones legislativas de marzo de 2026, el 8 de marzo.

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La ‘Gran Consulta por Colombia’, integrada por figuras como Vicky Dávila, Paloma Valencia, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, expresó su desacuerdo con la iniciativa presidencial a través de un comunicado público.

El mensaje resalta el compromiso de este grupo con la defensa de la Constitución de 1991 y critica la propuesta de Petro como una maniobra que, según ellos, polariza aún más a la sociedad colombiana y debilita las instituciones democráticas.

En el comunicado, la ‘Gran Consulta’ hace un llamado a la estabilidad democrática, justo en un momento electoral, y señala que el país no necesita un cambio radical en su marco constitucional: “En defensa de la Constitución de 1991, en plena época electoral, cuando Colombia necesita reglas claras y estabilidad democrática, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a plantear la idea de una Asamblea Constituyente”.

Para la coalición, la propuesta de Petro pone en peligro la estabilidad política

Los miembros de la coalición se refieren a la Carta Magna como el “mayor acuerdo democrático de nuestra historia reciente”, al destacar que fue el resultado de un pacto político y social que permitió la ampliación de derechos y el fortalecimiento de la participación política. Además, la ‘Gran Consulta’ señala que la Constitución fue clave para la incorporación de actores armados a la democracia, un proceso que también incluyó a los miembros del grupo al que pertenecía el presidente Petro en su juventud.

El comunicado también cuestiona la consistencia de Petro, quien en su campaña presidencial había asegurado que no impulsaría una Asamblea Constituyente: “Resulta paradójico y preocupante que quien en campaña aseguró que no promovería una constituyente, hoy reabra ese debate”.

En cuanto a la viabilidad de una reforma constitucional, el grupo recalca que la actual Constitución ya ofrece suficientes mecanismos para avanzar en temas como la justicia social y las reformas profundas: “La Constitución del 91 ofrece herramientas suficientes para avanzar en justicia social y reformas profundas. Cuando un Gobierno no logra consensos dentro de ese marco, el problema no es la Carta Política, sino la incapacidad de gobernar con todas las fuerzas de la sociedad”.

Para los miembros de la ‘Gran Consulta’, la propuesta de Petro no solo carece de una justificación sólida, sino que también pone en peligro la estabilidad política del país. Insisten en que plantear una constituyente en medio de un proceso electoral es una “maniobra” que no busca el verdadero diálogo democrático, más bien agudiza las divisiones en la sociedad.

“Plantear una constituyente en medio de un proceso electoral no es un debate sincero: es una maniobra que polariza, debilita las instituciones y genera incertidumbre, cuyos costos siempre los termina pagando la ciudadanía”, afirman en el comunicado.

El texto de la coalición concluye con un firme mensaje en defensa de la estabilidad constitucional: “Colombia no necesita atajos ni refundaciones oportunistas. Necesita liderazgo democrático y respeto por el pacto constitucional que nos une”, dejaron en claro su postura sobre los retos políticos que el país enfrentará en los próximos meses.

El presidente Petro, por su parte, defendió su propuesta, al aclarar que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no se realizará durante el actual periodo electoral y que, antes de avanzar, se llevará a cabo una recolección de firmas ciudadanas en un proceso que durará tres meses.

Según el mandatario, este procedimiento dará paso a la presentación formal del proyecto ante el nuevo Congreso de la República: “La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses, y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo”.

A finales de 2025, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en un tema central de la política colombiana. El mandatario argumenta que la iniciativa es necesaria para implementar reformas clave en áreas como la salud, las pensiones y la justicia, que, según él, enfrentaron bloqueos en el Congreso y las cortes; sin embargo, Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, no dudó en criticarla con dureza, calificándola de un “engaño” y un “espejismo”.

A través de su cuenta en X, Cepeda escribió: “En el ocaso desastroso de su mandato, Petro se sigue burlando de los colombianos al inscribir el comité promotor de una constituyente imposible de convocar antes de agosto de 2026. Con inseguridad récord, escándalos y promesas incumplidas, pretende engañar y movilizar a votantes confundidos con este espejismo para distraer del fracaso”.

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El senador también señaló que no hay tiempo suficiente para estudiar, recolectar firmas ni ejecutar la constituyente antes de las elecciones de 2026, y consideró que todo se trata de una “cortina de humo” para ocultar los problemas reales del Gobierno nacional.

Petro defendió la constituyente como una forma de garantizar la implementación de sus reformas, especialmente en un contexto donde su administración enfrentó dificultades para avanzar en el Congreso.

Además, argumentó que una reforma profunda de la justicia y el modelo económico solo es posible mediante una modificación constitucional. El presidente busca, entre otras cosas, una mayor autonomía para las regiones y la transformación del modelo económico hacia una economía productiva.

La propuesta ganó relevancia a fines de 2025, cuando el mandato formalizó la inscripción de un comité promotor para recolectar firmas. A pesar de las dificultades legales y políticas, Petro sigue presionando por la constituyente, mientras la oposición lo califica como un intento de distraer de los problemas de ejecución en su Gobierno; según Cepeda, la propuesta carece de viabilidad, y el presidente ha cometido un “gran error” al subestimar a los colombianos.

Cepeda concluyó en su mensaje: “El gran error de Petro fue menospreciar a los colombianos y pensar que los puede distraer con espejismos una y otra vez. Se equivoca y se lo vamos a demostrar en las elecciones”.

De esta manera, la oposición se prepara para enfrentar esta propuesta en las urnas, mientras el debate sobre la viabilidad de la Asamblea Constituyente es un tema divisivo en la política colombiana.

Aunque la propuesta sigue en pie, la oposición considera un error que el presidente, a tan solo ocho meses de finalizar su mandato, intente llevar a cabo una acción que contradice lo que dijo al postularse en 2022, cuando aseguró que no tenía intención de convocar una constituyente.

El futuro de la constituyente de Petro depende del apoyo popular

El futuro de la convocatoria a la constituyente dependerá de la capacidad del gobierno para movilizar apoyo popular y político en los próximos meses, mientras las tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial continúan escalando.; las elecciones de 2026 podrían ser determinantes para el rumbo político del país.

Por el momento, el presidente indicó que, aunque su iniciativa se llevará a cabo, no será durante los esperados comicios legislativos y presidenciales: “La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses, y se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo”.

De igual manera, el presidente afirmó que los temas que se tratarían en una posible Asamblea Constituyente ya están incluidos en el proyecto de ley que se someterá a la firma de los ciudadanos, y que se refieren a reformas que han estado estancadas en el Congreso por más de 30 años.

Un grupo de nueve ciudadanos acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para registrar formalmente un comité que impulsa la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. La administración central manifestó su apoyo a este procedimiento. Durante la inscripción, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompañó a los integrantes del comité.

El registro del comité promotor de la asamblea nacional constituyente continúa provocando opiniones diversas. En este contexto, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, expresó su desacuerdo con la propuesta. Ante su postura, la exfiscal y aspirante al Senado Angélica Monsalve le respondió: “te doy argumentos para que no estés en contra”.

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Martín Santos respondió a una publicación de una cuenta en X que consultaba: “Como están las cosas en este gobierno y que vienen elecciones ¿Está a favor o en contra de una asamblea nacional constituyente?”. Ante la pregunta, Santos escribió: “En contra”.

Angélica Monsalve, contestó a la declaración de Martín Santos mediante una publicación en X, donde además difundió un video en el que expone sus razones a favor de la asamblea nacional constituyente. En su mensaje, Monsalve invitó a Santos a considerar sus argumentos y cuestionó su negativa.

“Martin, yo te doy argumentos para que no estés en contra, si no te convencen, es porque te gusta la corrupción y odias a los colombianos”, escribió la candidata al Senado de la República.

En el metraje la exfiscal Monsalve afirmó que “Colombia no necesita parches, necesita una transformación profunda de la justicia”. Sostuvo que una asamblea constituyente permitiría que “las altas cortes no se sigan eligiendo entre ellas” y que se cambie “de raíz la forma de elección de los organismos de control”. También planteó la necesidad de eliminar la inmunidad de los poderosos y de “ponerle límites reales al fiscal de turno”.

Monsalve agregó que una constituyente serviría para que “el Consejo Nacional Electoral deje de ser una cuota de los partidos políticos”, hacer que “la corrupción estatal sea imprescriptible” y suprimir la reelección de congresistas y de cualquier cargo de elección popular.

Insistió en la importancia de permitir la revocatoria del mandato de funcionarios corruptos, habilitar al pueblo para convocar una constituyente sin autorización del Senado y “quitarle a los congresistas la facultad de manosear la Constitución a su antojo”. Concluyó: “Eso es una constituyente. Devolverle la justicia y el poder al pueblo y quitárselo a las élites”.

Por otro lado, después de decir que estaba en contra de una constituyente, en otra de sus publicaciones , Martín Santos criticó al petrismo. En su mensaje señaló: “El petrismo se la está poniendo muy fácil al uribismo”.

En relación con la iniciativa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien participó en la inscripción, señaló que este mecanismo representa una alternativa para introducir modificaciones que la administración buscaba concretar mediante sus proyectos de reforma social. Varias de estas propuestas no avanzaron en el Congreso, donde algunos parlamentarios manifestaron reservas y las consideraron inconvenientes para el país.

“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, detalló el ministro ante la prensa, a las afueras de la Registraduría.

Antonio Sanguino indicó que para avanzar con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente será necesario reunir más de tres millones de firmas, un desafío que estará en manos de distintos líderes sociales.

Entre quienes conforman el comité promotor figuran personas con trayectorias diversas, como Carlos Alfonso Rosero, quien ocupó el cargo de ministro de Igualdad y Equidad, y Lían Ghelly Herrera Montealegre, reconocida por su trabajo en el Valle del Cauca. También participan Armando Custodio Wouriyu Valbuena, representante de comunidades indígenas, y Javier Eduardo García, periodista y comunicador.

El grupo se completa con Over Dorado Cardona, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y exdirectivo de Fecode; Carlos Arturo García Marulanda, vinculado al Partido Comunista Colombiano; José Luis Silva Maestre y Yesenia Moreno Rodríguez, ambos ciudadanos comprometidos con la iniciativa, y Luis Alfredo Grimaldo Mejía, quien se desempeña como tesorero de Fecode.

Gustavo Petro negó las afirmaciones que lo señalan de intentar mantenerse indefinidamente en la presidencia y volvió a descartar cualquier inclinación hacia un modelo de gobierno autoritario. Estas declaraciones surgen tras la controversia por la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Constituyente en la Registraduría, un proceso que ha sido puesto en duda por el aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo.

Catherine Juvinao intervino en el debate entre Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo, respondiendo directamente al presidente. Aludió a los proyectos que el Congreso ha aprobado durante su administración y planteó: “¿De qué bloqueo está hablando?” tras la polémica sobre la propuesta de la constituyente.

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“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó Petro, en respuesta a las críticas del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

En otro apartado de su mensaje en X, Gustavo Petro expresó que considera imprescindible avanzar en cambios profundos para transformar el país.

Señaló que, a su juicio, solo mediante la participación directa de la ciudadanía será posible llevar a cabo las reformas que el Congreso no ha realizado en más de tres décadas.

“Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en treinta y cuatro años para volver realidad su texto: el Estado Social de Derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos. Derechos de campesinos, de mujeres, de jóvenes y de trabajadores en general”, escribió el primer mandatario del país en su mensaje de X.

Catherine Juvinao respondió al mensaje de Gustavo Petro señalando que, a su entender, el Congreso sí ha dado trámite a varias de las propuestas impulsadas durante su gobierno. Juvinao enfatizó que el Legislativo aprobó una docena de leyes y reformas, además de haber respaldado la elección de altos funcionarios del Estado, por lo que cuestionó la idea de un supuesto bloqueo institucional planteado por el presidente.

“Presidente @petrogustavo: el Congreso le aprobó DOCE leyes y reformas y le aprobó la elección de magistrados, procurador, defensora y Fiscal (esta última por la Corte Suprema). ¿De qué bloqueo habla usted?“, escribió la representante a la Cámara perteneciente al Partido Alianza Verde en respuesta al mandatario.

Juvinao sostuvo que el Congreso sí ha respaldado la agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro, detallando que varias de sus iniciativas más importantes han sido aprobadas. Entre ellas mencionó el “Plan Nacional de Desarrollo”, la “Reforma tributaria”, la ley que dio origen al “Ministerio de Igualdad”, la “Ley de Paz Total”, y la “Reforma al código electoral”.

También señaló la aprobación de la “Reforma pensional” en dos ocasiones, la “Reforma laboral”, la creación de la “Jurisdicción Agraria y rural”, la reforma que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, la modificación al “Sistema General de Participaciones”, la ley que prohíbe las corridas de toros y la reforma a la ley 30 que incrementa los recursos para la educación superior.

Además, Juvinao subrayó que el Congreso eligió a los magistrados postulados por Petro, así como a la defensora del Pueblo y al procurador general, y que la fiscal general —también ternada por el presidente— fue seleccionada por la Corte Suprema de Justicia. Según su argumentación, estos hechos demuestran que la rama legislativa no ha obstaculizado el avance de las políticas del actual Gobierno.

Juvinao cerró su respuesta sugiriendo al presidente que concentre sus esfuerzos en cumplir los compromisos asumidos durante su campaña. Señaló que, en su opinión, el gobierno muestra retrasos en el cumplimiento de sus metas y advirtió sobre el tiempo limitado que resta del mandato.

“Póngase a trabajar más bien a ver si llega a las metas que prometió. Va bastante atrasado y le quedan 6 meses”, escribió le legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de X.

El Ejecutivo manifestó su apoyo al registro de un grupo impulsor de la asamblea nacional constituyente. Esta propuesta partió de un grupo de ciudadanos, compuesto por nueve individuos, que acudieron a la Registraduría Nacional del Estado Civil para formalizar el procedimiento. Antonio Sanguino, titular de la cartera laboral, acompañó la inscripción.

Dicha inscripción continúa generando reacciones y comentarios en distintos sectores. Las críticas se intensificaron especialmente entre los opositores al Gobierno, quienes aprovecharon el debate para recordar mensajes previos de figuras políticas afines al presidente Gustavo Petro. En redes sociales, circulan publicaciones antiguas en las que estos dirigentes se mostraban en contra de una constituyente.

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En ese contexto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, trajo a colación una publicación de María José Pizarro.

Dicho mensaje de la senadora estaba acompañada de una imagen de Pizarro durante un debate de candidatos al Senado en 2022, acompañada de una cita textual en la que la congresista expresó: “No apoyamos una asamblea constituyente. Cumplamos la CPC del 91″.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también intervino en la discusión. Cabal compartió varias publicaciones de figuras como Iván Cepeda, Cielo Rusinque y Armando Benedetti.

“Antes rechazaban una constituyente, hoy la impulsan. Así opera la izquierda, por conveniencia, no por convicción”, escribió en su mensaje la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Una de las publicaciones que compartió fue una del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti quien en 2018 con respecto a una constituyente escribió lo siguiente: “Cuidado y mañana el presidente electo se posesióna anunciando una Constituyente. Sería una amenaza velada para el Congreso y las Cortes. Antes andaban en referéndum. ¿Por qué el desespero? ¿Muy dictatoriales?“.

El exministro de Justicia durante el Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, también se sumó a las críticas recordando una antigua publicación de Iván Cepeda. Ruiz cuestionó el impulso de la asamblea constituyente y advirtió sobre los riesgos que, según él, representa la izquierda para la democracia en Colombia. En su mensaje expresó:

“La constituyente que impulsa Petro será continuada por @IvanCepedaCast. Antes lo negaban y hoy buscan aferrarse al poder, poniendo en riesgo a Colombia. La izquierda representa un peligro real para la democracia y no lo vamos a permitir. Colombia no se arrodilla ni acepta autoritarismos. ¡Firmes por la patria!“, escribió el exfuncionario público en su mensaje de X.

En dicho mensaje del año 2019 el senador Iván Cepeda comentó: “Que nadie se engañe: la extrema derecha, encabezada por Uribe, sigue presionando para la conmoción interior y una constituyente golpista. Un ‘fujimorazo’, producto del desespero por su crisis de legitimidad y el afianzamiento del proceso de paz”.

Con respecto a la iniciativa de una constituyente, el ministro Sanguino en su cuenta de X comentó esto: “El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991″.

A través de este mecanismo, para el cual se deberá hacer una recolección de más de tres millones de firmas y que tendrá que pasar por el Congreso de la República, el Gobierno espera que se hagan modificaciones en la Constitución Política de Colombia.

En redes sociales, el país político colombiano rechazó la inscripción del comité y el respaldo de la administración del presidente Gustavo Petro. Así lo expuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que instó a la ciudadanía a defender la Constitución.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la asamblea nacional constituyente y afirmó que no se realizará en época electoral.

En respuesta a Humberto de la Calle, el mandatario colombiano aseguró que hasta ahora se está dando inicio a la recolección de firmas y que durará tres meses.

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El jefe de Estado señaló que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.

“La constituyente no se hará en época electoral. Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Y agregó: "Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después (sic)“.

En su publicación, el presidente Gustavo Petro insistió en que la constituyente, sus reuniones y su elección no se llevarán a cabo durante las “actuales elecciones”.

“Propongo que se reúna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo Congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses (sic)”, afirmó el presidente Petro.

Además, explicó que unos de los objetivos de la constituyente es realizar las reformas que se han hundido en el Congreso. Estas incluyen la reforma pensional, la modificación del sistema de salud, ajustes al código minero y cambios en los servicios públicos para garantizar su universalidad, eficiencia y tarifas basadas en costos reales.

También contempló una reforma educativa centrada en la financiación y el avance hacia una sociedad del conocimiento, así como la protección de la soberanía sobre los datos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Otro de los enfoques señalados por el mandatario colombiano es la realización de una reforma agraria profunda y la garantía de acceso a tierra fértil para todos los campesinos en el país.

En materia de organización territorial, el presidente propuso un nuevo ordenamiento que otorgue más autonomía a las regiones, con mecanismos de control ciudadano, inclusión de territorialidades indígenas y afrodescendientes, y la eliminación de exclusiones por motivos de raza, género o sexo.

El proyecto contempló un régimen especial para San Andrés, el fortalecimiento de la participación ciudadana a nivel municipal y la reorganización de los recursos públicos, priorizando el agua y la expansión de espacios públicos y reservas naturales.

En cuanto al sistema judicial, la propuesta indica que solo la Corte Constitucional se mantendrá sin modificaciones, mientras que el resto del poder judicial deberá desvincularse de los intereses políticos y particulares, incrementando su cercanía y control por parte de la ciudadanía.

El plan de la constituyente también incluyó una reforma política destinada a revisar el sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el voto libre y obligatorio, los mecanismos de revocatoria y el control de los procesos electorales mediante software y árbitros independientes.

Dentro de los temas a tratar figuran la implementación inmediata de los acuerdos de paz y el tratamiento del narcotráfico, así como la seguridad integral y la definición del papel de Colombia en el ámbito internacional.

Gustavo Petro propuso la creación de una confederación de naciones grancolombianas, la defensa de los recursos marítimos, el control del espectro electromagnético y la exploración espacial por parte de la fuerza aérea.

El Ejecutivo manifestó su apoyo a la conformación de un grupo impulsor para la asamblea nacional constituyente. Esta propuesta partió de un grupo de ciudadanos, integrado por nueve personas, que realizaron el procedimiento correspondiente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Antonio Sanguino, titular de la cartera de Trabajo, acompañó el acto de inscripción.

Debido a lo anterior el jefe de cartera Sanguino ha sido objeto de diversas críticas y cuestionamientos. Entre las voces que se pronunciaron se encuentra la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien desde su cuenta de X hizo referencia a una publicación del 2019 en la que Sanguino había expresado reparos sobre la convocatoria a una constituyente.

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La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la postura actual de Antonio Sanguino frente a la asamblea nacional constituyente, recordando que en el año 2019 el hoy ministro de Trabajo consideró “inconveniente” la convocatoria y la calificó como un “fetichismo constitucional”. Cabal le reprochó el aparente cambio de posición y puso en duda la coherencia del Gobierno.

“Sanguino, en 2019 usted mismo calificó como ‘inconveniente’ el aspaviento de una constituyente, señalando que era un ‘fetichismo constitucional’. Hoy, es usted quien promueve esa misma idea. ¿Qué cambió? ¿La coherencia también es negociable en el ‘gobierno del cambio’?”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de X.

En relación con la publicación de 2019 que la senadora María Fernanda Cabal trajo a colación, Antonio Sanguino expresó en ese momento su rechazo a la idea de convocar una constituyente.

El actual ministro de Trabajo consideró que dicha propuesta era innecesaria y defendió la vigencia de la Constitución de 1991, junto con el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

“El aspaviento de una constituyente es inconveniente! En un aparente derroche de ingenio acude al fetichismo constitucional! Cumplamos la del 91, incluyendo el Acuerdo de Paz!”, comentó en aquel entonces el hoy funcionario público de la administración liderada por el presidente Gustavo Petro.

Recientemente, en su cuenta de X, el ministro Antonio Sanguino se refirió a la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente.

En su mensaje, manifestó el respaldo del Gobierno a la iniciativa, destacando que surge de la ciudadanía y de representantes de varios sectores sociales, y subrayó la necesidad de superar los obstáculos institucionales para avanzar con los cambios planteados desde la Constitución de 1991.

“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991”, escribió en su cuenta de X el jefe de la cartera de trabajo.

Por otro lado, en una de sus publicaciones sobre la constituyente, la senadora María Fernanda Cabal advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría la propuesta impulsada por el Gobierno. Señaló que se busca crear un Tribunal Constitucional con facultades legislativas para actuar en caso de desacuerdo con el Congreso y ampliar tanto la jurisdicción como el periodo de funcionamiento de la JEP. Según Cabal, esto representaría una amenaza al equilibrio de poderes.

“#LaConstituyenteDePetro Pretenden crear un Tribunal Constitucional que legisle cuando el Congreso no obedezca, y que amplíe la jurisdicción como el tiempo de operación de la JEP. Es una vía directa para eliminar el equilibrio de poderes”, escribió Cabal en dicho mensaje.

El proceso previsto contempla la recolección de más de tres millones de firmas y requerirá la aprobación del Congreso de la República. A través de este procedimiento, el Ejecutivo busca introducir cambios en la Constitución Política de Colombia.

En el ámbito digital, diversas figuras políticas expresaron su rechazo tanto a la inscripción del comité como al apoyo brindado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellas, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia hizo un llamado a la población para proteger la actual Carta Magna.

El gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, dio un nuevo paso para impulsar una asamblea nacional constituyente en Colombia, al inscribir ante la Registraduría Nacional un comité promotor que busca reactivar la iniciativa bajo la figura de iniciativa popular.

Esta maniobra se presenta en un escenario marcado por la frustración en el avance de las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo en el Congreso de la República y responde al diagnóstico oficial de un “bloqueo institucional y omisiones legislativas” que, de acuerdo con el documento fundacional, restringieron la garantía de derechos fundamentales y deteriorado la confianza ciudadana.

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En las fases iniciales del proceso, el Gobierno nacional inscribió formalmente el comité, compuesto por nueve integrantes, en un acto liderado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El funcionario explicó que, al recurrir a este mecanismo, el Ejecutivo aspira a alcanzar los resultados que las vías legislativas convencionales no posibilitaron, en un contexto en que restan tan solo ocho meses para la transición presidencial en la Casa de Nariño. Según analistas citados por El Colombiano, este proceso enfrenta serios cuestionamientos sobre su viabilidad.

El texto integral del proyecto, al que tuvo acceso el medio citado, detalla los fundamentos del llamado a una constituyente. Entre las iniciativas centrales, el Gobierno propone modificar el modelo económico, suprimir la autonomía del Banco de la República, institución cuya independencia el presidente ha cuestionado insistentemente.

“Colombia necesita un nuevo modelo económico que, sin desconocer la economía formal privada mixta y productiva con creación de zonas especiales donde el Estado tenga la mayor participación en la producción y el reparto de las ganancias, fomente la economía popular, asociativa, cooperativa y solidaria. Así mismo, se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral. Finalmente, el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía”.

La propuesta busca establecer un Tribunal Constitucional Autónomo en reemplazo de la actual Corte Constitucional. Esto, refleja temas reiterados en la oratoria de Petro desde el inicio de su mandato y constituyen parte de los cambios estructurales que el Ejecutivo promueve.

“Igualmente, se ha planteado robustecer la jurisdicción constitucional, quizá mediante un Tribunal Constitucional autónomo con facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas estructurales, en los términos que defina el poder constituyente, emitir sentencias con efectos modulados y ordenar políticas públicas en casos de violación masiva de derechos. Tales innovaciones pretenden que la justicia deje de ser un instrumento de retaliación política o de impunidad encubierta, y se convierta en un pilar para la paz y la protección efectiva de los derechos ciudadanos”.

El texto también desglosa meticulosamente los motivos que, según el comité, justificarían la convocatoria a una asamblea constituyente por voto popular. Aunque este primer paso otorga a la propuesta una nueva dimensión formal, el inicio del trámite parlamentario aún no se ha concretado, quedando la iniciativa en un estado incipiente a la espera de su desarrollo en la escena política nacional.

Petro descartó ser dictador por proponer una constituyente

El presidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica las acusaciones sobre supuestas intenciones de perpetuarse en el poder y reiteró su rechazo a un régimen autoritario, en medio de la polémica generada por el registro del Comité Promotor de Asamblea Constituyente ante la Registraduría, cuestionado por el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo.

“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó Petro, subrayando que su proyecto se centra en reformas profundas del sistema y no en la concentración del poder.

En su intervención, el mandatario contrastó su gestión con la de gobiernos anteriores. “Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido?”, cuestionó Petro.

El reciente registro del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, con el respaldo del presidente Gustavo Petro, provocó una respuesta inmediata por parte de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia.

Desde Villa del Rosario, en Norte de Santander, los seis aspirantes a la Casa de Nariño (Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo) manifestaron de manera enfática su rechazo a la iniciativa que busca reemplazar la Constitución de 1991, defendiendo el Estado de Derecho y la democracia colombiana.

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Los líderes políticos de Avanza Colombia, Unidos, Nuevo Liberalismo, Movimiento Valientes y Con Toda por Colombia coincidieron en una posición unificada frente a la propuesta constituyente. Para estos precandidatos, la Constitución de 1991 representa un marco democrático incluyente, y todo intento de sustituirla pone en riesgo la institucionalidad vigente.

Esta postura común fue expuesta en un acto público y a través de declaraciones donde enfatizaron la importancia de fortalecer la legalidad y exigir respeto hacia la norma fundamental del país.

Mauricio Cárdenas, líder de Avanza Colombia, sintetizó esta oposición al expresar: “No a la Asamblea Nacional Constituyente, sí a la Constitución actual. Colombia necesita un nuevo gobierno, no una nueva Constitución”.

Aníbal Gaviria, de Unidos, subrayó su compromiso con la legalidad y los valores democráticos al manifestar: “Lo que Colombia necesita es un presidente que respete la Constitución y respete la ley, y que las haga respetar”, resaltó durante su mensaje.

David Luna sostuvo que la carta magna vigente es “la carta más incluyente y más liberal que ha tenido Colombia”.

Por su parte, Vicky Dávila, representante del Movimiento Valientes, fue enfática: “Defendemos la Constitución. No necesitamos un dictador. Necesitamos un demócrata”, insistiendo en la preservación del sistema democrático.

El candidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, recordó que su colectividad aportó al capítulo de derechos de la actual carta política y envió un mensaje a las Fuerzas Militares y de Policía: “Les decimos desde aquí a nuestras Fuerzas Militares y de Policía que las acompañamos en respetar y respaldar la Constitución de 1991”.

Juan Daniel Oviedo, de Con Toda por Colombia, respaldó la defensa del Estado de Derecho, manifestando su apoyo a las instituciones y la supremacía de la ley en la vida política del país.

El comité promotor está conformado por nueve activistas de izquierda que, junto al Gobierno nacional, tienen como objetivo recolectar más de tres millones de firmas para respaldar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, el presidente Petro aspira a alcanzar más de diez millones de apoyos ciudadanos para legitimar la propuesta. El proceso, actualmente en etapa inicial tras la inscripción del comité ante la Registraduría, representa uno de los mayores retos institucionales recientes.

En la parte final de sus intervenciones, tanto Galán como Oviedo recalcaron que defender la Constitución implica mantener el respeto por la ley y exhortaron a las Fuerzas Armadas a cumplir su función bajo la autoridad legal vigente. De esta manera, los precandidatos reafirmaron que la preeminencia de la ley es la base sobre la que descansa la autoridad del Estado, esencial para la protección del orden democrático.

La propuesta de asamblea constituyente impulsada en Colombia genera inmediatas reacciones políticas

El Gobierno nacional respaldó la conformación de un comité promotor de la asamblea nacional constituyente en Colombia, una propuesta impulsada por nueve ciudadanos que formalizaron el trámite ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó que este apoyo busca destrabar el bloqueo institucional y avanzar en reformas originadas en la Constitución de 1991. Para llevar esta iniciativa al Congreso, serán necesarias más de tres millones de firmas, requisito indispensable antes de discutir eventuales cambios constitucionales.

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, denunció que el actual gobierno está intentando “destruir los equilibrios de poder” y estatalizar sectores clave de la economía.

Subrayó que su partido defenderá “la libertad que está en la Constitución del 91“. En una línea similar, Abelardo de la Espriella sostuvo que el propósito de la constituyente sería “la permanencia en el poder con una constituyente espuria, que carece de base legal”, y tildó a la iniciativa y sus impulsores como “tristes remedos de golpistas”.

La senadora María Fernanda Cabal recordó que el presidente Gustavo Petro había prometido no avanzar en dicha asamblea constituyente y lo acusó de actuar de manera autoritaria al insistir en el tema.

Luego de las reacciones que dejó en el país político el anuncio de respaldo por parte del Gobierno nacional a la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a pronunciarse al respecto luego de advertir que dicha acción es para él “una estrategia electoral”.

Ahora, y pasadas las 6:20 a. m. del sábado 27 de diciembre, el exmandatario colombiano aseguró que no romperá “la norma de no referirme a la familia de Petro”.

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En el mismo mensaje que dejó en su cuenta de X Uribe Vélez calificó al jefe de Estado como un “aventajado” al expresar que “Petro manipula la justicia”.

El expresidente también se refirió a la condena a 28 años de cárcel en contra de su hermano Santiago Uribe por paramilitarismo, como un recurso de Petro para ocultar actos en su mandato: “Aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno”.

Y para dar algunos ejemplos de dichas polémicas durante el Gobierno Petro, Uribe escribió que además de los robos, el presidente busca “tapar” polémicas como: “La plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”

Y es que este nuevo mensaje de Uribe Vélez se suma a la citación a un debate de control político de los ministros de Petro ante el Congreso de la República, luego de la aprobación a la solicitud hecha por parte del senador de Cambio Radical Carlos Eduardo Motoa en medio de la sesión extraordinaria virtual que se llevó a cabo el viernes 26 de diciembre.

Además de lo anterior, en la agenda legislativa se tocaron los ascensos militares y el decreto de emergencia económica que anunció Petro en víspera de Navidad durante su alocución presidencial del martes 23 de diciembre.

Ahora, el Gobierno nacional expresó su apoyo a una iniciativa que, según el expresidente Álvaro Uribe Vélez, busca modificar la Constitución.

Qué debe ocurrir para que la asamblea constituyente de Petro sea una realidad

El 26 de diciembre de 2025, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, nueve representantes de organizaciones y movimientos de la sociedad civil formalizaron la inscripción del comité.

Este grupo debe reunir más de 3 millones de firmas para que la propuesta avance y llegue al Congreso de la República, órgano encargado de decidir sobre su viabilidad.

La presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en el acto reforzó el respaldo oficialista a la convocatoria.

Además, durante los últimos meses el presidente Petro impulsó la idea de la asamblea constituyente desde sus redes sociales y en actos públicos.

El mandatario argumentó que el mecanismo permitiría introducir cambios en la Constitución Política que, a su juicio, impiden avances en temas fundamentales.

“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, afirmó Sanguino ante medios de comunicación.

Las declaraciones oficiales hicieron hincapié en que la asamblea constituiría un instrumento clave para destrabar las reformas sociales promovidas por el Ejecutivo.

El Gobierno ve en la iniciativa una oportunidad para modificar aspectos normativos que han frenado su agenda.

Por otra parte, el expresidente Uribe Vélez publicó un video en su cuenta de X en el que cuestionó el respaldo del Ejecutivo a la propuesta.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral, la Constitución que ellos, como guerrilla, el M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar; el sucesor, la cumbre moral de las Farc”, afirmó Uribe.

El exmandatario sostiene que la constituyente funcionaría como “la disculpa” del Gobierno Petro, marcado —a su juicio— por escándalos y una gestión deficiente.

Entre los señalamientos del exjefe de Estado, figura el aumento de la violencia: “En 2010 se registraron 10 masacres, mientras que en 2025 la cifra alcanzó 75. Además, los secuestros han aumentado de manera exponencial, pasando de 120 en 2010, a más de 575 en el año en curso”, argumentó Uribe.

El líder del partido Centro Democrático también cuestionó el manejo de los recursos públicos y la gestión en áreas sensibles como salud y educación.

Según su perspectiva, el derroche de fondos y la corrupción impactan negativamente en la población más vulnerable.

“Dejaron a los pobres sin medicamentos, les acabaron la salud. El buen acceso solamente lo pueden tener aquellos colombianos, pocos, por cierto, con la posibilidad de comprar una póliza privada de salud”, expresó Uribe.

En materia educativa, el exmandatario señaló la disminución de créditos del Icetex y la reducción de opciones de ingreso a la universidad como efectos adversos de la administración actual.

De paso, el dirigente político antioqueño sostuvo que los jóvenes colombianos enfrentan limitaciones que los empujan a emigrar o a integrarse a actividades informales e ilegales.

Además, advirtió sobre el incremento de cultivos ilícitos, sobre todo de hoja de coca, como un síntoma de la crisis.

El Gobierno nacional expresó su respaldo a la inscripción de un comité promotor de la asamblea nacional constituyente, que surgió como una iniciativa ciudadana representada en nueve personas que se presentaron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para hacer el trámite. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, estuvo presente en el proceso de inscripción.

“El Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y de representantes de los principales sectores sociales del país, quienes envían un mensaje claro: es hora de superar el bloqueo institucional que frena a Colombia y de avanzar en las transformaciones que abrió la Constitución de 1991″, señaló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

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A través de este mecanismo, para el cual se deberá hacer una recolección de más de tres millones de firmas y que tendrá que pasar por el Congreso de la República, el Gobierno espera que se hagan modificaciones en la Constitución Política de Colombia.

En redes sociales, el país político colombiano rechazó la inscripción del comité y el respaldo de la administración del presidente Gustavo Petro. Así lo expuso la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, que instó a la ciudadanía a defender la Constitución.

“En un Gobierno que desprecia los equilibrios de los poderes, en un Gobierno que ha tratado de entregarle por todos los medios el territorio de los ilegales, en un Gobierno que lo único que piensa es estatizar. Acuérdense que el heredero Iván Cepeda ya dijo que todos los sectores fundamentales de la economía tenían que ser estatales”, señaló la congresista.

Aunado a ello, aseguró que el Gobierno nacional “irá por la banca” y por la minería, tras haber hecho modificaciones en la salud y en el sistema pensional. “Tenemos que defender la libertad, la libertad que está en la Constitución del 91. Yo soy Paloma Valencia y seré tu próxima presidenta”, dijo.

El precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella hizo lo propio indicando que la constituyente, aunque es una iniciativa ciudadanía, sería una ficha clave para el Gobierno, que tendría intenciones de mantener su proyecto político en el poder.

“Petro y (Iván) Cepeda saben que en las urnas vamos a derrotarlos y por eso buscan dinamitar la Democracia y perpetuarse en el poder con una constituyente espuria, que carece de base legal. Tristes remedos de golpistas… eso fue lo que terminaron siendo”, aseveró el abogado.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, recordó que el presidente Petro prometió no impulsar una asamblea nacional constituyente y que incluso dio su palabra y la plasmó en mármol. “Hoy en su autoritarismo embarca al país en ese delirio”, indicó.

El precandidato presidencial Sergio Fajardo calificó la iniciativa como una “trampa” con la que se incrementaría la polarización. Además, aseguró que serviría para ocultar lo que considera son fracasos del Gobierno nacional. “Petro, que prometió un cambio, que no pasó del despelote, el caos y la corrupción”, señaló.

La congresista del Centro Democrático Paola Holguín se unió a las críticas haciendo énfasis en la gestión de la administración Petro en más de tres años en Colombia. “Pasamos de los decretazos a la Constituyente, lo que sea menos gobernar con eficacia, eficiencia y transparencia… ahora les estorba la Constitución”, sostuvo.

Andrés Gaviria, aspirante a la Cámara por Antioquia, explicó que convocar una constituyente derivaría en incertidumbre para la población, justo en un momento crucial en el que requiere de confianza y estabilidad. Aseguró, además, que no es necesario hacer cambios en la carta magna, toda vez que lo que se requiere es ejecución por parte de los gobiernos.

“Hablar de “bloqueo institucional” es confundir los límites de la democracia con un capricho de poder. Las reglas no se cambian cada vez que un gobierno no logra imponer su agenda. Si realmente quieren transformar a Colombia, empiecen por respetar las instituciones que nos sostienen y hagan que el gobierno funcione y sea honorable”, precisó.

La congresista Angélica Lozano expuso un ejemplo en el que el deseo de hacer cambios en la Constitución terminó en fracaso, por lo que insistió en la necesidad de defenderla. "A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la constitución. No pudieron. Desgastaron el gobierno. Acá quieren reemplazar la constitución que lideraron @navarrowolff #AlvaroGómez @HoracioSerpa. No pasarán. La constitución del 91 se respeta!”, indicó.

El excongresista Ernesto Macías, por su parte, calificó la posible convocatoria de una constituyente como una “cortina populista” presuntamente utilizada por el Gobierno para desviar la atención de la opinión pública, enfocada en sus escándalos. “No hallan cómo tapar los escándalos de corrupción”, señaló.

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, comparte la misma visión de otros políticos y asegura que la constituyente es una carta que aseguraría al Gobierno la permanencia en el poder. Incluso, advirtió sobre una supuesta alianza con el dictador venezolano Nicolás Maduro para establecer un régimen.

“Mantenerse en el poder es su único objetivo. Por eso, Sandino radica el sueño dorado de Petro: la Constituyente. ¡Debemos salvar la patria (...). En muchas regiones, las elecciones serán a punta de fusil, y los violentos –como ya anunciaron– impulsarán a Iván Cepeda. Harán lo que sea para perpetuarse e imponer una dictadura aliada con Maduro”, indicó.

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, respalda la propuesta de la ciudadanía. De hecho, durante meses, el primer mandatario estuvo impulsando la iniciativa a través de sus redes sociales y en eventos públicos, indicando que una constituyente servirá para modificar la Constitución Política en aspectos que, a su juicio, impiden el avance del país.

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En palabras del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que estuvo presente en la inscripción del comité promotor, la asamblea constituyente será útil para destrabar las reformas sociales oficialistas.

“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, indicó el jefe de la cartera ante los medios de comunicación.

Crítica del expresidente Uribe al Gobierno Petro

A través de un video publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó abiertamente el respaldo del Gobierno Petro a la asamblea nacional constituyente promovida por la ciudadanía. Desde su perspectiva, esta sería una estrategia netamente electoral para hacer modificaciones en la carta magna a su conveniencia.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral, la Constitución que ellos, como guerrilla, el M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar; el sucesor, la cumbre moral de las Farc”, precisó.

Según el exmandatario, la constituyente es “la disculpa” del Gobierno Petro, envuelto en múltiples escándalos y en una gestión que, a su juicio, es negativa. Para sustentar su punto de vista, Uribe hizo énfasis en el notable aumento de la violencia en el país, al indicar que en 2010 –año en el que terminó su Gobierno– se registraron 10 masacres, mientras que 2025 la cifra alcanzó 75. Además, aseguró que los secuestros han aumentado de manera exponencial, pasando de 120 en 2010, a más de 575 en el año en curso.

De igual manera, afirmó que la administración actual tuvo un mal manejo de los recursos del Estado, optando por el derroche. Esto, según explicó, está afectando gravemente a la población, que está teniendo problemas para garantizar la satisfacción de sus derechos fundamentales.

Como ejemplo, mencionó la crisis que se evidencia en el sistema de salud, señalando al Gobierno de haber dejado sin acceso a medicamentos a la población con menos poder adquisitivo del país. “Dejaron a los pobres sin medicamentos, les acabaron la salud. El buen acceso solamente lo pueden tener aquellos colombianos, pocos, por cierto, con la posibilidad de comprar una póliza privada de salud”, aclaró.

Asimismo, aseguró que las decisiones del Gobierno en tres años de trabajo también han impactado la educación. Aseguró que ahora los estudiantes afrontan la falta de créditos del Icetex y tienen opciones limitadas de acceso a la universidad, mientras que jóvenes del país se ven obligados a emigrar o vincularse a actividades ilegales y al comercio informal para sostenerse.

Uribe atribuyó la difícil situación a los malos manejos del dinero, a “la corrupción y los viajes” del actual Gobierno, y advirtió sobre el crecimiento de la siembra de cultivos de uso ilícito, sobre todo de hoja de coca, que empeora la situación.

Un grupo de ciudadanos inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el comité promotor de la asamblea nacional constituyente, que durante meses el presidente Gustavo Petro estuvo promoviendo en eventos públicos y en redes sociales, a pesar de las críticas que surgieron al respecto.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que acompañó y apoyó la inscripción, este mecanismo servirá para hacer cambios que el Gobierno esperaba lograr a través de sus reformas sociales; algunas de ellas no prosperaron en el Congreso de la República, al ser consideradas por algunos legisladores como problemáticas para el país.

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“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, detalló el ministro ante la prensa, a las afueras de la Registraduría.

Sanguino informó que se requiere de un respaldo de más de tres millones de firmas, por lo cual, según explicó, la asamblea será impulsada por líderes sociales del país. Por eso, quienes integran el comité promotor para la convocatoria son:

• Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad y Equidad.
• Lían Ghelly Herrera Montealegre, líder del Valle del Cauca.
• Armando Custodio Wouriyu Valbuena, representante indígena.
• Javier Eduardo García, periodista y comunicador.
• Over Dorado Cardona, secretario general de CE-CUT y exdirectivo de Fecode.
• Carlos Arturo García Marulanda, del Partido Comunista Colombiano
• El ciudadano José Luis Silva Maestre
• La ciudadana Yesenia Moreno Rodríguez
• Luis Alfredo Grimaldo Mejía, tesorero de Fecode.

La idea es que el próximo Congreso, que se elegirá en marzo de 2026, examine la iniciativa. “Un congreso proconstituyente o preconstituyente, examine y le dé vía libre a la convocatoria al pueblo colombiano a una asamblea nacional constituyente. A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de nueve personas, arranca el proceso de recolección de firmas”, indicó.

A través de su cuenta de X, Over Dorado Cardona compartió una fotografía del comité promotor, acompañado del ministro de Trabajo. Indicó que el objetivo de la asamblea constituyente es avanzar en un pacto social caracterizado por la democracia y el bienestar.

“Continuamos en la construcción del nuevo Pacto Social del pueblo colombiano en donde la democracia, el bienestar social, popular y la soberanía nacional con autodeterminación como pueblos estén y se vean reflejadas”, precisó Cardona.

Por su parte, Armando Custodio Wouriyu Valbuena indicó ante los medios de comunicación que, el desarrollo económico, social y político que está teniendo Colombia en este momento está afectando a la población más vulnerable del país e incentivando las confrontaciones armadas entre grupos al margen de la ley. Además, aseguró que hay más de 15 millones de personas en el país que no tienen derecho a la tierra.

En ese sentido, insistió en la necesidad de ser “contemporáneos” con la Constitución Política de Colombia. “Es necesario y fundamental 90 días de una asamblea nacional constituyente con la recolección de más de tres millones de firmas para poder realizar la radicación de este proyecto de ley el 20 de julio del 2026. Hay que ser contemporáneos con la geopolítica”, dijo ante la prensa.

El presidente Petro ha respaldado en múltiples ocasiones la idea de convocar una asamblea constituyente que permita la modificación de la Constitución Política. Desde la oposición indicaron que sería una estrategia del primer mandatario para perpetuarse en el poder; sin embargo, el jefe de Estado aseguró que no está interesado en ser presidente de Colombia por más tiempo del reglamentario.

Durante la alocución del martes 23 de diciembre, en la que se tenía previsto que se refiriera al aumento del salario mínimo para 2026, sin hacerlo, y defendiera la declaratoria de emergencia económica, con el fin de sacar adelante una serie de tributos para recolectar 16,3 billones de pesos, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la necesidad de impulsar una asamblea nacional constituyente para evitar lo que llamó “bloqueos institucionales”.

Petro, que no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos a su antecesor, Iván Duque Márquez, también enfiló sus críticas al Congreso, que no aprobó la reforma tributaria 3.0, que intentó tramitar sin éxito, además de otras reformas, como la de la salud, que volvió a hundirse en la Comisión Séptima del Senado. Asimismo, atacó al Consejo de Estado, por las decisiones que ha tomado en contra de su administración, a la que le resta 227 días.

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“El Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe... porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente (...) y vamos, porque presentaremos la ley al Congreso, que ya está hecha”, expresó Petro en cadena nacional, frente a uno de sus viejos anhelos: el de reformar las instituciones que se han convertido en una especie de freno a sus iniciativas, conforme al ordenamiento democrático del país.

Asamblea constituyente se discutiría por el nuevo Congreso de la República, según Petro

En sus declaraciones, el primer mandatario precisó que el debate que se avecina con esa intención no se desarrollará en el actual periodo legislativo, sino en el siguiente. “Se vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo Congreso. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo en la asamblea constituyente o la vota. Y eso dependerá de ustedes“, agregó el gobernante.

En ese sentido, aprovechó para hacer un llamado a los votantes para que, según él, ejerzan un derecho “inteligente” con las necesidades del país y el plan trazado por su administración en diferentes frentes, pese a las denuncias de corrupción que sacuden sus bases. “Ya el Congreso frenó la mayoría de las reformas. No voten por un congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, remató en ese apartado Petro en la referida alocución.

De esta manera, Petro expresó su molestia con el accionar no solo con el legislativo sino con las altas cortes. De la Corte Constitucional, que confirmó en la jornada del 23 de diciembre que no romperá con la vacancia judicial para empezar el estudio de legalidad de la declaratoria de emergencia, el primer mandatario conminó al alto tribunal a que revise el decreto y determine, en consecuencia, si el país continúa -según él- en el “camino de la recuperación” o no.

No es la primera vez en que Petro pone sobre la mesa su deseo de promover constituyente. La primera vez que la idea salió de su boca como presidente fue el 15 de marzo del 2024 en Cali (Valle) y desde entonces las referencias a este asunto han sido más bien frecuentes. “Si un gobierno elegido democráticamente no puede aplicar la Constitución debido a la resistencia que lo rodea, entonces Colombia debe considerar una asamblea nacional constituyente”, expresó.

Como era de esperarse, el anuncio del jefe de Estado volvió a encender la controversia en las plataformas digitales frente a su plan de que se discuta y se apruebe una asamblea constituyente, pues en el pasado se ha asociado esta idea con la posibilidad de prolongar su mandato; aunque el presidente se ha encargado de negar tales informaciones.

Durante la madrugada del lunes 1 de diciembre, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta oficial de X para responder algunas críticas a su gobierno, especialmente, a una columna de opinión que lo tildó de “dictador” en medio de las tensiones por las elecciones de 2026.

Sin embargo, el mandatario nacional aseguró que, pese al supuesto apoyo que tiene por parte de la ciudadanía, no permanecerá en el poder más allá del 7 de agosto de 2026, cuando deba entregarle la Casa de Nariño al nuevo presidente electo.

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“Este es un hombre muy inteligente, magnífico, piensa como yo, pero me cree dictador. Que contrasentido tan brutal. Tal cual sus palabras es lo que hago: defender y construir un estado social de derecho. Ese fue el proyecto democrático del M19 (sic)″, señaló.

En su mensaje, el presidente aseguró que, pese a la gran campaña desplegada en 2022 para llegar al cargo político más importante del país y que le trajo una seria investigación por violación de los topes de financiación, no disfruta del poder que le otorga ser el jefe de Estado.

“A mí no me gusta el poder, siempre he considerado que el poder es la peor droga de todas. Es más adictiva que el fentanilo, y mata mucho más, mata a millones, porque los adictos al poder son genocidas. El gran problema de la adicción al poder es el genocidio, por eso es mejor disminuir el poder que se privatiza o se hace ego en dictadores”, continuó.

Finalmente, Petro aseguró que el propósito de su gobierno, que ya está ad portas de terminar, es empoderar a la ciudadanía para que decidan sobre las situaciones del país y no permitan que sean unos pocos quienes decidan el rumbo económico y social del país.

Sin embargo, en su frase final, el jefe de Estado no descartó la posibilidad de regresar nuevamente a las altas esferas de la política, reviviendo la polémica por la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

“El poder debe dispersarse en el pueblo para que el pueblo tenga el poder. Un pueblo poderoso de seres libres inteligentes y estudiados.Tranquilo Martín, que el 7 de agosto me iré, no tengo claro a dónde, cuando joven eso no me preocupaba, sabía que una familia pobre me ofrecería un espacio para mi. Si vuelvo al poder será en el poder constituyente del pueblo (sic)”, concluyó el mandatario.

Las palabras del presidente Gustavo Petro se dan después de que el abogado colombiano Martín Eduardo Botero plantera una tesis sobre la crisis institucional de Colombia y la necesidad de un liderazgo excepcional, pero estrictamente sometido a la Constitución.

“Solo un hombre del pueblo, con la Constitución en la mano, puede salvar la República”, señaló el experto.

En su análisis publicado en X, Botero sostuvo que la palabra dictadura ha sufrido una transformación histórica: “Hay palabras que nacen nobles y mueren infames. Dictadura es una de ellas”.

Al trasladar esta reflexión a la Colombia actual, Botero argumentó que el país atraviesa una crisis tan profunda que “la tentación de soñar con un ‘hombre fuerte’ empieza a asomar en las conversaciones privadas”. El autor describió un panorama de instituciones “corroídas”, territorios dominados por el narcotráfico, crimen organizado más eficiente que el Estado, élites políticas que han convertido la Constitución en “decorado” y un presidente que “insulta al árbitro electoral que se atreve a sancionar su campaña”. En este contexto, muchos colombianos, según Botero, piensan que “solo un hombre con poder excepcional podría salvar la democracia y el Estado de Derecho”.

El autor rechazó la idea de que la solución pase por repetir a las élites y partidos que han “podrido el sistema”. Durante décadas, afirmó, estos actores “cambiaron de siglas, de colores y de discursos, pero mantuvieron intacta la misma lógica: usar el Estado como botín, repartirse cargos, comprar conciencias, blindar sus privilegios”. Botero señaló que la izquierda en el poder “terminó haciendo lo mismo, con otra retórica y peores resultados”, lo que ha generado una “repulsión visceral hacia el ‘más de lo mismo’”.

Frente a la tentación del “caudillismo tropical”, el autor propuso una alternativa: “un hombre del pueblo, sí, pero con la Constitución en la mano y no en el bolsillo”. Este ciudadano, según Botero, debe llegar “sin la marca de las viejas castas, que no deba su ascenso a los pactos oscuros de siempre, y que use el mandato popular no para saltarse las instituciones, sino para obligarlas a funcionar”.

El autor definió este modelo como una suerte de “dictador romano” en el único sentido aceptable hoy: “alguien que asume el encargo de aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias y luego se retira, sin querer eternizarse”.

El presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta en X, el inicio de la campaña por la asamblea nacional constituyente tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su movimiento político, decisión que, según el mandatario, responde a intereses que buscan debilitar a su Gobierno y privar de personería jurídica al que considera el movimiento político más grande de Colombia.

Como respuesta, el jefe de Estado convocó a la ciudadanía a respaldar la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, subrayando la necesidad de recolectar firmas y obtener mayorías en el Congreso para avanzar en este proceso.

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“La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”, declaró, marcando así el inicio de una nueva etapa política tras la decisión del CNE.

Así mismo, el mandatario expresó que la investigación del CNE sobre la campaña presidencial de 2022 no logró demostrar la existencia de aportes ilegales ni vínculos con el narcotráfico.

El presidente enfatizó en que “lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal. Hice una campaña transparente y decente, sin trampas”.

De este modo, defendió la legalidad y transparencia de su equipo durante el proceso electoral, reiterando que los señalamientos en su contra carecen de fundamento.

El mandatario criticó con dureza la actuación de los magistrados y conjueces que participaron en la definición del caso, señalando especialmente al abogado Majer Nayi Abushihab.

En sus palabras, “que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia”.

Para Petro, la decisión del organismo electoral evidencia un sesgo que, en su opinión, impide que existan garantías democráticas plenas en el país.

En su mensaje, el presidente también denunció que la investigación no tuvo en cuenta la defensa presentada por su equipo y que los supuestos “sobretopes” señalados por el CNE no corresponden a la realidad.

“Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”, afirmó, insistiendo en que la sanción carece de sustento jurídico y responde a motivaciones políticas.

El jefe de Estado fue más allá al advertir que detrás de la controversia existen intereses de poder que buscan restablecer la influencia de sectores que, según él, representan a la oligarquía y las mafias.

“Ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder. El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos Pa’lante a una Colombia Libre de mafias e injusticias”, manifestó.

CNE sanciona a campaña Petro Presidente 2022 por irregularidades financieras

La sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña Petro Presidente 2022 marca un precedente en la historia política de Colombia, al convertirse en la primera vez que se penaliza a los responsables de la financiación de una campaña presidencial en el país.

La decisión, adoptada por la sala plena del CNE el 27 de noviembre, se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en los procesos electorales, a pocos años de las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El CNE determinó que la campaña de Gustavo Petro en 2022 superó los topes de financiación permitidos por más de $3.500 millones, además de recibir aportes de fuentes prohibidas, entre las que se encuentran Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) y la empresa Ingenial Media.

La ponencia aprobada por el organismo electoral establece una multa superior a $5.000 millones para Ricardo Roa, que ejerció como gerente de la campaña. Junto a él, también fueron sancionados otros actores clave en la estructura financiera de la campaña, como Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto, auditora. Las sanciones alcanzan igualmente a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.

El fallo del CNE no incluye sanciones directas contra el entonces candidato y actual presidente Gustavo Petro, en cumplimiento de una disposición de la Corte Constitucional. No obstante, el mandatario continuará bajo investigación por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara, y la decisión del CNE podría derivar en el envío de copias del expediente a esa instancia legislativa, que deberá evaluar la posible responsabilidad del presidente en los hechos investigados.

Entre las irregularidades detectadas, el CNE identificó omisiones en el reporte de gastos correspondientes a la primera vuelta electoral.

Destaca la supuesta donación de Fecode por $500 millones, que habría ingresado a la campaña a través del partido Colombia Humana, cuyo representante legal en ese momento era el exsuperintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga. Además, se reporta un crédito de $500 millones otorgado por el Polo a la campaña.

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia enfrenta una nueva fase de reestructuración interna tras la decisión del ministro encargado Andrés Idárraga de solicitar la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción.

La medida, confirmada por Caracol Radio, afecta a asesores, directores y viceministros, y se produce en un momento de interinidad y recientes cambios en la dirección de la cartera.

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De acuerdo con información del medio mencionado la instrucción de Idárraga se comunicó la noche anterior a las 8:30 p. m., mediante un mensaje dirigido a los altos funcionarios del ministerio.

En el texto, se les pidió presentar su renuncia protocolaria al día siguiente, considerando las particularidades de cada caso, como encargos y comisiones.

Esta solicitud se fundamenta en la facultad del ministro encargado para realizar ajustes en el equipo directivo, con el objetivo de fortalecer la gestión en la etapa final del actual gobierno.

Idárraga, quien también es secretario de Transparencia, explicó a Caracol Radio los motivos de la decisión.

“En medio de tantos movimientos al interior del ministerio este año, es preciso recomponer y, aún siendo, por ahora, algo temporal mi estadía en esta cartera, debo darle resultados al presidente y se tiene que hacer con un equipo conocido, de confianza y articulado. De ninguna manera es una descalificación al personal actual. Tan solo son ajustes, que están por determinarse, para este cierre de gobierno”, afirmó el ministro encargado.

Consultado sobre la posibilidad de permanecer en el cargo de manera definitiva, Idárraga precisó que su continuidad depende del presidente Gustavo Petro.

“Mi permanencia, la determina el señor Presidente. Comenzamos empalme. Luego de establecer el estado administrativo y misional de cumplimiento del Ministerio y del sector justicia, se lo transmitiré al presidente Petro y se tomarán decisiones a propósito de los pasos a seguir”, indicó en diálogo con la emisora.

El Ministerio de Justicia ha experimentado varios cambios de titular durante el actual gobierno.

Desde el 27 de octubre, cuando se aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre, la cartera permanece vacante en cuanto a un titular en propiedad. Previamente, Néstor Osuna y Angela María Buitrago también dejaron el cargo.

Aunque el presidente Petro designó a César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte Suprema, este rechazó el nombramiento por motivos de salud. Posteriormente, Augusto Ocampo asumió como encargado durante casi un mes, hasta la reciente llegada de Idárraga en la misma condición.

El próximo titular del Ministerio de Justicia deberá afrontar retos inmediatos, entre ellos la gestión de dos proyectos legislativos de alto impacto: la iniciativa para convocar a una asamblea Nacional Constituyente y la Ley de Sometimiento de grupos criminales.

Además, la cartera tendrá que trabajar en la recomposición de la relación con la rama judicial y abordar la crisis del sistema penitenciario y carcelario, según detalló Caracol Radio.

En este contexto, quien asuma la dirección en propiedad del Ministerio de Justicia tendrá la tarea de liderar reformas clave y responder a las expectativas del gobierno y la sociedad, en un escenario marcado por la transición y los desafíos institucionales.

César Julio Valencia Copete rechaza ser ministro de Justicia por motivos de salud

El exmagistrado César Julio Valencia Copete rechazó la designación como ministro de Justicia de Colombia, decisión que comunicó al presidente Gustavo Petro mediante una carta en la que argumentó motivos de salud como razón principal para no asumir el cargo.

En el documento, conocido por la periodista Cecilia Orozco y citado por Infobae, Valencia Copete explicó que, tras consultar con sus dos médicos neumólogos, recibió la recomendación de no aceptar responsabilidades de tiempo completo. El exmagistrado precisó que, aunque su capacidad intelectual permanece intacta, su estado físico requiere atención y cuidados constantes.

“No obstante que mi área cognitiva se encuentra al 100%, no sucede igual con mi salud y actual condición física”, expresó en la misiva. Además, subrayó la necesidad de continuar su tratamiento médico “con total cuidado y de manera ininterrumpida”.

La renuncia de Valencia Copete deja al Ministerio de Justicia bajo la dirección interina de Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, quien asumió el despacho tras la salida de Eduardo Montealegre el 25 de octubre. Montealegre presentó su dimisión menos de 24 horas después de proponer la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Durante su intervención en el Segundo Encuentro de la Jurisdicción Penal, realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá, el magistrado resaltó la necesidad de proteger el pacto constitucional que, según dijo, consolidó la democracia y la independencia judicial en el país.

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El pronunciamiento se dio pocos días después de que el Gobierno nacional presentara, el 23 de octubre de 2025, el borrador del proyecto de ley que busca convocar una asamblea constituyente compuesta por 71 delegados —en igual número de hombres y mujeres— con facultades para reformar la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso.

De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 376 de la Carta Política, la convocatoria debe ser aprobada por el Congreso, revisada por la Corte Constitucional y luego sometida a referendo. Para que sea válida, se necesitarían al menos 13 millones de votos afirmativos. La Constitución, sin embargo, no autoriza la sustitución total de sus principios fundacionales, lo cual ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en la Sentencia C-551 de 2003.

Defensa del equilibrio institucional y la independencia judicial

Ante este contexto, el presidente de la Corte Suprema recordó que la Constitución de 1991 no puede entenderse como un texto jurídico modificable a voluntad política, sino como un pacto social que define los límites y equilibrios del Estado. “En medio de las discusiones actuales sobre posibles reformas a la Constitución, es necesario recordar que esa Constitución del 91 no es un simple texto jurídico, es el pacto colectivo que cimentó la democracia moderna en Colombia, el que reconoció los derechos fundamentales, la separación de poderes y la independencia judicial como pilares del Estado Social de Derecho”, señaló Tejeiro.

El magistrado advirtió que cualquier intento de modificar ese equilibrio debe hacerse con responsabilidad y respeto por los principios que han guiado el desarrollo institucional del país. “Proteger la Constitución del 91 es proteger la libertad, la justicia y la dignidad de todos los colombianos”, añadió.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Suprema hizo énfasis en la necesidad de preservar la autonomía judicial frente a presiones externas. “Preservar la independencia de los jueces es garantizar que ninguna presión se interponga entre la ley y el ciudadano. La justicia sólo puede ser libre si sus jueces lo son”, manifestó.

El magistrado dedicó parte de su discurso a rechazar los ataques y descalificaciones dirigidos contra la justicia. Según dijo, esas acciones buscan debilitar la legitimidad de las instituciones judiciales y erosionar la confianza ciudadana. “Hoy, la justicia enfrenta cuestionamientos, ataques y descalificaciones que buscan debilitar su legitimidad. A quienes pretenden minar la confianza ciudadana en la justicia, debemos decirles con serenidad, pero con firmeza: la justicia no se intimida, no se provoca y no se somete a intereses ajenos a la ley”, afirmó.

Tejeiro reconoció que las críticas al sistema judicial son legítimas cuando buscan fortalecerlo, pero advirtió que se vuelven perjudiciales cuando pretenden deslegitimarlo. “Las críticas son legítimas cuando buscan construir, pero peligrosas cuando buscan destruir. Y quienes servimos a la justicia sabemos que nuestro deber no es complacer, sino cumplir el ordenamiento legal”, puntualizó.

Reflexión sobre el holocausto del Palacio de Justicia

En la misma intervención, el magistrado Tejeiro se refirió al 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, al que calificó como un hecho que sigue siendo objeto de estudio y reflexión dentro del ámbito penal colombiano.

Señaló que el episodio continúa generando debate sobre las sanciones aplicadas y la manera en que se ha interpretado la responsabilidad de los actores involucrados. “Desde el punto de vista penal, en el interior de la estructura donde se concentraba la administración de justicia, se cometieron atroces crímenes que nos tocan el corazón y nos conmueven hasta despertar sentimientos de rabia y desconsuelo”, expresó.

Tejeiro planteó interrogantes sobre la forma en que deben sancionarse quienes participaron en hechos de esa magnitud y cómo generar conciencia para evitar que situaciones similares se repitan. “Se le ha reclamado a la justicia la ausencia de penas apropiadas para quienes actuaron u omitieron actuar directamente durante las veintiocho horas en que se cometieron toda clase de agresiones. Y las sanciones o penas impuestas también son material de estudio para analizar la evolución del concepto de la pena, de los delitos y de la propia jurisprudencia”, explicó.

El presidente de la Corte Suprema recordó además que la desaparición forzada, reconocida por comisiones de la verdad y por la Sala de Casación Penal, fue uno de los delitos más graves cometidos durante el asalto. En su discurso, comparó la reflexión jurídica que suscita el caso del Palacio de Justicia con los análisis internacionales de hechos como el Holocausto nazi o la masacre de Ruanda de 1994.

El 23 de octubre de 2025, el Gobierno nacional presentó el borrador del proyecto de ley que busca convocar una asamblea nacional constituyente.

La propuesta plantea la creación de una asamblea conformada por 71 delegados, hombres y mujeres en igual número, con un periodo de sesiones de tres meses y la facultad de reformar la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso de la República. Sin emabergo, el anuncio generó una amplia controversia jurídica y política que se intensificó tras un intercambio entre el presidente Gustavo Petro y el constitucionalista Mauricio Gaona.

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De acuerdo con la Constitución Política, el Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso, que definirá los temas y el mandato de la asamblea. La iniciativa debe ser aprobada por mayoría en ambas cámaras, revisada por la Corte Constitucional y posteriormente sometida a votación popular. Para que la convocatoria sea válida, se requieren al menos 13 millones de votos afirmativos.

En este contexto jurídico, Mauricio Gaona advirtió en sus redes sociales que la propuesta del Gobierno podría implicar una sustitución del orden constitucional, al modificar elementos estructurales como la separación de poderes. En una publicación en su cuenta de X, el académico señaló que “sin él, no hay democracia, solo dictadura constitucional”.

El presidente Gustavo Petro respondió directamente a Gaona, cuestionando su apreciación. En su mensaje, escribió: “¿De dónde tanta ignorancia jurídica? La constituyente solo hará garantía real de los derechos fundamentales construidos por la Constitución de 1991 (sic)”. La declaración del mandatario reavivó el debate sobre los límites de una eventual reforma constitucional y provocó una respuesta de Gaona.

“Sus insultos son como su gobierno, intrascendentes”: la respuesta de Gaona

A través de su cuenta de X, el constitucionalista replicó al jefe de Estado afirmando: “Sus insultos son como su gobierno, intrascendentes. La ‘garantía real’ de cualquier constitución se ejerce respetándola, no cambiándola. El orden constitucional no se disfraza con asambleas. La Constitución y la ley se respetan: no habrá dictadura constitucional en Colombia”.

Durante una entrevista concedida a W Radio, el experto amplió su análisis sobre el proyecto de ley del Ejecutivo. Explicó que “existe una necesidad constitucional, internacional e institucional de mantener una congruencia mínima entre el motivo para hacer una ley o reformarla y el texto que se propone”, principio que denominó “congruencia constitucional”. Según indicó, este concepto garantiza que cualquier modificación mantenga coherencia con el espíritu del constituyente de 1991.

Gaona advirtió que el proyecto no plantea una asamblea nacional constituyente tradicional, sino una “asamblea popular constituyente” que podría convocarse mediante un mecanismo simplificado. “No hay un momento histórico en la nación que convoque esa reforma. Utilizan una exposición de motivos para reemplazar ese momento histórico, diferente a lo que ocurrió en el 91”, afirmó.

Riesgos de concentración del poder

El profesor señaló que la exposición de motivos del proyecto hace referencia a un “Gobierno unido”, entendido como aquel en el que la misma mayoría política controla el Ejecutivo y el Legislativo. A su juicio, esa concepción podría conducir a “pasar de un autoritarismo constitucional a una dictadura constitucional plena”, ya que el presidente terminaría ejerciendo control sobre los tres poderes públicos.

Gaona sostuvo que, bajo ese esquema, el Congreso podría transformarse “en un departamento más del Gobierno”, al quedar sujeto al control de las mayorías legislativas del Ejecutivo. En ese escenario, advirtió, “el presidente se convierte en la máxima autoridad constitucional del Estado”.

El constitucionalista respaldó sus argumentos citando los artículos 113, 121 y 4 de la Constitución Política. El primero establece la separación de poderes entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial; el segundo regula la legitimidad de la función pública; y el tercero consagra la supremacía constitucional. Según su análisis, el proyecto “termina eliminando el 113 y cambiando la legitimidad del 121”, lo que concentraría el poder en el Ejecutivo.

En su conclusión, Gaona expresó: “Lo que estamos presenciando es el ascenso a una dictadura constitucional utilizando el concepto de amalgama democrática. Se utiliza la asamblea popular constituyente para impulsar una dictadura constitucional“.

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza al constitucionalista Mauricio Gaona, el cual afirmó que la propuesta de una asamblea nacional constituyente impulsada por el Gobierno implicaría una sustitución del orden constitucional.

La reacción del jefe de Estado se produjo tras una publicación de Gaona en la que advirtió que la propuesta del Gobierno no cambiaría únicamente la Constitución, sino también principios escenciales como el de separación de poderes. En el mismo mensaje, el académico señaló que “sin él, no hay democracia, solo dictadura constitucional”.

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“¿De dónde tanta ignorancia jurídica? La constituyente solo hará garantía real de los derechos fundamentales construidos por la Constitución de 1991 (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X, en respuesta a Gaona y desatando un nuevo debate jurídico y político sobre el alcance de la iniciativa.

Los cuestionamientos de Gaona sobre la constituyente de Petro

Mauricio Gaona, reconocido experto en derecho constitucional, amplió sus argumentos durante una entrevista concedida a W Radio, en la que analizó los alcances del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. El académico señaló que “existe una necesidad constitucional, internacional e institucional de mantener una congruencia mínima entre el motivo para hacer una ley o reformarla y el texto que se propone”, lo que denominó “congruencia constitucional”. Según Gaona, este principio garantiza que las reformas respeten el espíritu original del constituyente primario.

En su intervención, advirtió que el proyecto del Gobierno no propone una Asamblea Nacional Constituyente tradicional, sino una “Asamblea Popular Constituyente” con un mecanismo simplificado de convocatoria. “No hay un momento histórico en la nación que convoque esa reforma. Utilizan una exposición de motivos para reemplazar ese momento histórico, diferente a lo que ocurrió en el 91”, afirmó.

El profesor agregó que la exposición de motivos alude a la idea de un “Gobierno unido”, definida como aquel en el cual la misma mayoría política controla el Ejecutivo y el Legislativo. A su juicio, ese planteamiento equivaldría a “pasar de un autoritarismo constitucional a una dictadura constitucional plena”, dado que el Presidente terminaría ejerciendo control sobre los tres poderes públicos.

Posibles riesgos de concentración de poder

Gaona explicó que, bajo ese modelo, el Congreso podría convertirse “en un departamento más del Gobierno”, ya que el Ejecutivo controlaría las mayorías legislativas y tendría poder sobre los nombramientos de magistrados y funcionarios. En ese escenario, dijo, “el Presidente se convierte en la máxima autoridad constitucional del Estado”.

Para sustentar su análisis, se refirió al artículo 113 de la Constitución, que establece la separación de poderes entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial; al artículo 121, que regula la legitimidad de la función pública; y al artículo 4, que consagra la supremacía constitucional. En su concepto, el proyecto “termina eliminando el 113 y cambiando la legitimidad del 121”, lo que daría paso a una forma de gobierno concentrada en el Ejecutivo.

Gaona advirtió: “Lo que estamos presenciando es el ascenso a una dictadura constitucional utilizando el concepto de amalgama democrática. Se utiliza la asamblea popular constituyente para impulsar una dictadura constitucional”. Según dijo, el país pasaría de ser una “república unitaria, democrática y pluralista” a un régimen donde una mayoría controla los otros poderes.

El jurista también destacó que la propuesta prevé dos límites normativos: no revocar el Congreso y respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, consideró que esos límites serían insuficientes: “Solo hay un límite: la no revocatoria del Congreso. Es una asamblea popular constituyente ilimitada sobre la cual se están eliminando no la Constitución solamente, sino el orden constitucional que la soporta”, sostuvo.

El proyecto gubernamental y los límites al poder de reforma

El 23 de octubre de 2025, el Gobierno nacional presentó el borrador del proyecto de ley que busca convocar una asamblea nacional constituyente. El texto propone una asamblea integrada por 71 delegados, hombres y mujeres en igual número, que sesionaría durante tres meses y tendría la facultad de reformar la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso.

El procedimiento previsto por la Constitución Política establece que el Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso, el cual definirá el mandato y los temas a discutir. La iniciativa deberá ser aprobada por mayorías en ambas cámaras y posteriormente revisada por la Corte Constitucional, antes de someterse a votación popular. Para que la convocatoria sea válida, se requerirían al menos 13 millones de votos afirmativos.

La Constitución de 1991 contempla mecanismos de reforma, pero no autoriza la sustitución total de sus principios fundacionales. En su artículo 376, dispone que una asamblea constituyente solo puede convocarse mediante una ley aprobada por el Congreso y sometida a referendo, en el que se especifiquen su composición, duración y temas de deliberación.

En la Sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional desarrolló la doctrina de la sustitución de la Constitución, estableciendo que el poder de reforma no equivale a un poder ilimitado. Según esa jurisprudencia, las autoridades pueden modificar normas específicas, pero no reemplazar los pilares esenciales que dan identidad al Estado colombiano.

El presidente Gustavo Petro reaccionó el pasado 26 de octubre con una serie de comentarios en sus redes sociales a las críticas surgidas tras los resultados de la consulta del Pacto Histórico, en la que el senador Iván Cepeda fue escogido como candidato presidencial del movimiento para las elecciones de 2026.

Los mensajes del mandatario respondieron directamente a informes y titulares de distintos medios que compararon la votación de 2025 con la de 2022, destacando una reducción de participación.

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Petro, en cambio, insistió en que el contexto actual no es equiparable, ya que la consulta reciente se realizó fuera de una jornada electoral oficial.

1. “Que bestias, por eso no entienden al pueblo colombiano…”

El último mensaje fue una respuesta al medio Valora Analitik, que publicó una nota titulada “En tres años, el Pacto Histórico pierde más de la mitad de votos tras consulta”.

En dicha publicación, el medio recordó que en 2022 el Pacto Histórico obtuvo más de 5,5 millones de votos, mientras que en la reciente jornada del 26 de octubre de 2025, la participación fue de un poco más de 2 millones de votantes. Valora Analitik concluyó que, según esos datos, el movimiento oficialista habría perdido cerca del 50 % de su respaldo electoral.

Ante esto, el presidente escribió: “Que bestias, por eso no entienden al pueblo colombiano. ¿Qué análisis pueden hacer de los mercados sino entienden a la gente? El mercado es una interacción entre seres humanos usando mercancías.”

Con esta frase, Petro criticó directamente la forma en que algunos medios y analistas interpretan las cifras políticas y sociales, sosteniendo que su análisis desconoce la naturaleza popular y ciudadana de las decisiones políticas. El mandatario remarcó que la consulta fue un ejercicio libre y voluntario, sin el impulso de una elección general.

2. “Que brutos y como embrutecen…”

En un segundo mensaje, Petro se dirigió al medio El Colombiano, que publicó una nota bajo el título “Votación del Pacto Histórico 59% menos que en consulta de 2022”.

El artículo señalaba que, según los datos de la Registraduría Nacional, la consulta de 2025 registró 2.373.310 votantes, frente a los más de 5,8 millones de 2022. Para el medio, la disminución reflejaba una pérdida de fuerza electoral del petrismo.

La respuesta del presidente fue contundente: “Que brutos y como embrutecen… la consulta del 2022 fue en fecha de elecciones masivas, esta consulta es fuera de ellas.”

Petro enfatizó que comparar ambos ejercicios es metodológicamente incorrecto, ya que en 2022 la consulta coincidió con las elecciones legislativas, lo que generó una movilización electoral mucho mayor. En cambio, la reciente jornada fue una votación autónoma, sin la logística ni el contexto de un proceso electoral nacional.

3. “Llorar y llorar…”

Después de conocerse los datos oficiales de la Registraduría Nacional, que confirmaron una participación superior a dos millones de votantes, el presidente publicó un tercer mensaje celebrando el resultado y reafirmando la fuerza del movimiento:

“Llorar y llorar, porque nadie en Colombia en consulta al pueblo y sin ser día de elecciones, mueve un electorado de más de dos millones de personas libres. Quédense con sus encuestas raquíticas, aquí hay puro pueblo de verdad y es libertario.”

En este mensaje, Petro resaltó la autonomía y autenticidad de los votantes que participaron en la jornada, defendiendo que la cifra obtenida no puede considerarse baja si se tiene en cuenta que la consulta no coincidió con otras elecciones.

El mandatario también cuestionó las encuestas tradicionales, afirmando que los estudios de opinión no logran reflejar el verdadero respaldo popular del movimiento que representa. Según su planteamiento, el Pacto Histórico conserva una base sólida y movilizada, que responde al llamado de manera voluntaria.

4. “Comparar peras con manzanas…”

En su primer mensaje del día, el jefe de Estado respondió al comentario del usuario Mateo Amaya Quimbayo, quien escribió que la consulta mostraba un declive de la izquierda colombiana al no superar el millón y medio de votos.

Petro replicó: “Comparar peras con manzanas, el ejercicio ingenuo del diletante. El resultado de hoy significa que sin ser aún elecciones, el Pacto Histórico tiene más electores que la mayoría de los partidos políticos en fechas de reales elecciones. Imaginen lo que viene.”

En este trino, el mandatario no solo defendió el desempeño del movimiento, sino que proyectó un escenario político futuro en el que el Pacto Histórico podría consolidar una mayoría parlamentaria y, según su visión, avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente que garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

En el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, Juan Manuel Santos abrió el debate al compartir en sus redes sociales una serie de advertencias sobre cómo identificar a un populista o un tirano entre los candidatos. El expresidente y Nobel de Paz, en un video difundido en redes sociales, expuso lo que considera señales inequívocas que deberían alertar a los votantes y guiar su decisión en las urnas.

En su mensaje, Santos enfatizó que no pretendía recomendar nombres específicos, sino ofrecer herramientas para que los ciudadanos puedan reconocer comportamientos y actitudes que, a su juicio, ponen en riesgo la democracia.

“Ya empezaron las campañas y, más allá de recomendar un nombre u otro, hoy quiero dejarles diez señales para identificar a un tirano o a un populista, sin importar si es de izquierda o de derecha. Si responde ‘sí’ a varias de estas observaciones, no hay nada que dudar: déjalo ir”, expresó Santos en su publicación en X.

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Entre los principales indicios que mencionó, el exmandatario destacó la intención de modificar la Constitución Política de 1991 como una de las primeras alertas. Según sus palabras, “el primero promete cambiar o eliminar la Constitución para salvar el país”. A esto, sumó el expediente de enfrentamientos con la prensa, señalando que “el segundo tiene un historial de ataques a la prensa, fácilmente comprobables”. Para Santos, estos comportamientos reflejan una falta de confiabilidad en quienes los exhiben.

Otra característica que subrayó es la tendencia a considerar enemigos a quienes piensan diferente. “En tercer lugar, todo aquel que piense distinto es considerado un enemigo”, afirmó el expresidente. A propósito, advirtió sobre la preferencia por los ataques personales en lugar de la discusión de ideas, y la costumbre de deslegitimar la justicia cuando no favorece los intereses propios.

“La cuarta señal: prefiere los ataques personales llenos de adjetivos antes que la discusión de las ideas. El quinto indicio: la justicia es buena solo cuando lo favorece, pero es comprada cuando le es adversa”, argumentó Santos.

El Nobel de Paz también hizo referencia a la importancia del sentido del humor en un líder, sugiriendo que la incapacidad de aceptar la sátira o la crítica es un síntoma preocupante. “Cuando carece de humor, no aguanta una caricatura o una sátira, ni es capaz de burlarse de sí mismo. Niega su pasado, borrando sus fotos con quienes antes lo acompañaban”, expuso Santos.

La experiencia y la preparación para ejercer la Presidencia constituyen, en opinión del exmandatario, otro aspecto fundamental. Advirtió sobre las promesas grandilocuentes y poco realistas, así como la tendencia a la confrontación constante. “Promete trenes elevados eléctricos o millones de lavadoras gratis. Además, le gusta pelear mucho y propone poco. Por último, y lo más importante: ¿tiene experiencia en el manejo del Estado?”, argumentó.

Para Juan Manuel Santos, estas señales resultan determinantes al momento de elegir a quien dirigirá el país. Cerró su intervención con una recomendación directa: “Por el bien de la democracia, si la respuesta a muchas de estas preguntas es ‘sí’, adiós, no más, déjalo ir”.

En paralelo, el ex jefe de Estado habló sobre las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estaos Unidos. Para el Nobel de Paz, el rifirrafe entre mandatarios y las sanciones a la Nación traen problemas y consecuencias al pueblo colombianos.

“Adoptar esas actitudes agresivas a un año de dejar el poder solo va a traer problemas y costos para el pueblo colombiano. La forma de abordar este tipo de cosas y problemas es usando las herramientas constitucionales, a la diplomacia privada, no la política de micrófono agresivo, que le gusta a Petro y también a Trump”.

Durante la jornada del miércoles 22 de octubre de 2025, y en respuesta a las políticas sancionatorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump a Colombia, el mandatario Gustavo Petro convocó a la ciudadanía capitalina a una movilización en favor de su gobierno, durante la jornada del viernes, 24 de octubre de 2025.

La movilización también contará con un propósito ulterior y es impulsar el activismo en favor de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo borrador del proyecto de ley fue publicado el 23 de octubre del 2025 por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

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De la misma manera, el presidente colombiano quiere congregar a sus simpatizantes, luego de que un juez del Tribunal Superior de Bogotá dictara un fallo absolutorio de segunda instancia en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Momentos después de que se conociera la sentencia, Petro publicó en sus redes: “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

Alcalde Galán rechaza hechos de violencia en manifestaciones en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció tras los enfrentamientos registrados en el centro de Bogotá durante las marchas convocadas por el Gobierno nacional el viernes 24 de octubre. “Rechazo los hechos de violencia dirigidos contra algunos de los que se manifestaban hoy en Bogotá”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Según Galán, los choques ocurrieron hacia las 5:00 p. m., a la altura de la calle 12, cerca de la Plaza de Bolívar, cuando “algunos actores llegaron a chocar de manera violenta con quienes se manifestaban”.

El alcalde informó que equipos de gestores de convivencia intervinieron de inmediato para separar a los grupos y evitar una escalada del conflicto. “A esta hora, ya se controlaron los choques”, confirmó.

Las autoridades mantienen presencia reforzada en el centro histórico de la capital para garantizar la seguridad de los manifestantes y el orden público en el cierre de la jornada.

Petro le manda advertencia a los empresarios

Durante su intervención en la Marcha por la soberanía en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa al sector empresarial del país. En medio de los aplausos de miles de manifestantes, el mandatario anunció que ha dado instrucciones al Ministerio de Trabajo para actuar con firmeza frente a compañías que vulneren los derechos laborales.

“Le he pedido al ministro de Trabajo que sancione cualquier empresa que esté afectando a los trabajadores”, afirmó Petro desde la tarima principal.

Declaraciones de Gustavo Petro

En medio de la creciente tensión diplomática con Washington, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este viernes desde la Plaza de Bolívar, donde participa en la Marcha por la soberanía. El mandatario criticó con dureza la decisión del gobierno de Estados Unidos de recortar las ayudas económicas a Colombia, afirmando que la política antidrogas norteamericana “es, en realidad, un programa de control colonial”.

“La excusa de la lucha contra las drogas, que no ha disminuido un solo gramo de consumo en las grandes ciudades de Estados Unidos, es en realidad un programa de control colonial”, señaló Petro ante miles de asistentes que coreaban su nombre.

El comentario, recibido con aplausos por la multitud, refuerza el discurso del presidente sobre la necesidad de replantear la relación bilateral en materia de cooperación y soberanía. En el lugar se mantienen estrictas medidas de seguridad, mientras la concentración continúa desarrollándose de forma pacífica en el centro de Bogotá.

Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar

En medio de una multitud que llegó a la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro hizo su llegada pasadas las 6:00 p. m. a la movilización convocada por su Gobierno bajo el lema “Marcha por la soberanía”. El mandatario fue recibido entre aplausos, banderas y consignas que coreaban su nombre mientras avanzaba hacia la tarima principal.

Vestido con camiseta roja con el mensaje de “El pueblo es soberano” y acompañado por varios de sus ministros, Petro saludó a los asistentes y agradeció la presencia de quienes acudieron desde distintos puntos del país.

Embajada de EE. UU. cerró sus puertas

La sede de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en Bogotá permanece cerrada mientras miles de manifestantes, convocados por Gustavo Petro, se concentran en la Plaza de Bolívar. La medida preventiva busca garantizar la seguridad ante la afluencia masiva de ciudadanos que se movilizan para respaldar las políticas del mandatario

Manifestantes se dirigen a la Plaza de Bolívar

El ambiente en las principales avenidas de Bogotá comienza a intensificarse con la llegada de miles de manifestantes que se dirigen hacia la Plaza de Bolívar, epicentro de la movilización convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Banderas, pancartas y tambores acompañan el avance de grupos provenientes de distintos puntos de la ciudad.

Entre las voces más visibles de la jornada se encuentra la del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, que a través de su cuenta de X envió un mensaje de respaldo al mandatario:

“Ya estamos en las calles, caminando con la fuerza del pueblo que defiende su historia, su soberanía y su dignidad. Hoy la palabra se hace paso, la voz se hace multitud. Nos vemos en la Plaza de Bolívar, para seguir respaldando a nuestro presidente @petrogustavo, porque el pueblo despierto nunca vuelve a dormir. ✊🏽✨ #MarchaPorLaSoberania #Dignidad #AquiNoHayReyes”.

El funcionario, una de las figuras más cercanas al movimiento social que apoya al presidente Petro, señaló el carácter pacífico y simbólico de la movilización, que busca reafirmar la “soberanía nacional” y el respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno.

Mientras tanto, las autoridades locales mantienen operativos de seguridad y control de tránsito en los alrededores del centro de la capital, donde se prevé la mayor concentración en las próximas horas.

A esta hora en la Plaza de Bolívar

Así está la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. El lugar ya empieza a recibir a ciudadanos convocados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para una gran movilización que busca respaldar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. La movilización, prevista para las 4:00 p.m., generó cierres viales, rutas alteradas de transporte público y un fuerte despliegue de autoridades.

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Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos cumplió con lo anunciado: incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, manejada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro.

Además del jefe de Estado, su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, actualmente investigado por la justicia colombiana, también parecen en el listado.

Junto con ellos está el ministro del Interior, Armando Benedetti, que se ha unido a las críticas que ha hecho el presidente Petro en contra del primer mandatario estadounidense Donald Trump.

Presidencia y ministerios convocan a la ciudadanía de todo el país a los protestas en apoyo a la constituyente

La Presidencia de Colombia, oficialmente, publicó una imagen para extender la participación de los simpatizantes de Gustavo Petro de todo el país a la movilización del viernes 24 de octubre.

“La dignidad de Colombia se defiende en las calles. Este 24 de octubre marchemos juntos por la Paz, la soberanía y la democracia”, es el mensaje oficial.

Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación publicó un video en apoyo a la movilización propuesta por Gustavo Petro.

De la misma manera, el Ministerio a la Igualdad y el Ministerio de Educación

Trabajadores se unen a las marchas

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respaldó el objetivo declarado de la movilización en favor del presidente Gustavo Petro y rechazar las recientes declaraciones de Donald Trump, quien calificó al mandatario colombiano como “líder del narcotráfico”.

De acuerdo con Citytv, la Central Unitaria de Trabajadores subrayó que la convocatoria responde a la defensa de la soberanía nacional y al apoyo a la propuesta del Gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, afirmó que las actuales instituciones del país han generado obstáculos que frenan las reformas sociales impulsadas por la administración Petro. Arias reconoció los contenidos garantistas de la Constitución de 1991, aunque cuestionó la permanencia de artículos de enfoque neoliberal que permitieron privatizaciones, sobre todo en servicios públicos. Por este motivo, señaló la necesidad de modificar la carta magna para facilitar los cambios planteados desde el Ejecutivo.

La misma CUT anunció también su respaldo al paro nacional convocado por Fecode el próximo 30 de octubre. Esta movilización, que partirá del Parque Nacional y concluirá en la Plaza de Bolívar, buscará exigir la aplicación del nuevo modelo de salud para los docentes, así como la promoción ante el Congreso de una Ley Orgánica que garantice derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso al agua potable y el saneamiento básico.

Así está la movilidad en Bogotá

En la tarde de este viernes, Bogotá enfrenta una jornada marcada por marchas y manifestaciones que afectan de manera significativa la movilidad en el centro de la ciudad.

Las autoridades han advertido sobre posibles cierres de estaciones de Transmilenio en puntos estratégicos como la carrera Décima, el Eje Ambiental y la calle 26, así como retrasos en la operación de rutas TransMizonal y troncales.

Además, se prevén dificultades para el tránsito vehicular en la calle 26 y la carrera Séptima, dos de los principales corredores viales de la capital.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el inicio de las movilizaciones está programado para las 2:00 p. m., momento a partir del cual se espera que parte de los manifestantes recorran la calle 26 y la carrera Séptima en dirección a la Plaza de Bolívar.

Este desplazamiento podría generar interrupciones temporales en el flujo habitual de pasajeros y vehículos, especialmente en las zonas aledañas a los puntos de concentración.

La SDM ha recomendado a los ciudadanos planificar sus recorridos con antelación y mantenerse informados sobre el estado de las vías, ya que la magnitud de las marchas podría derivar en afectaciones puntuales en el servicio de transporte público y en la circulación general.

Entre las medidas preventivas, se contempla la suspensión temporal de estaciones de Transmilenio y la modificación de rutas para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los usuarios habituales del sistema.

Tres manifestaciones están programadas para el sábado 25 de octubre en Bogotá

Bogotá vivirá tres manifestaciones de carácter cultural y social el sábado 25 de octubre, que impactarán en distintos puntos de la ciudad, según informó la Secretaría Distrital de Gobierno. Las actividades empezarán desde tempranas horas y motivarán medidas de acompañamiento y control para mitigar posibles afectaciones viales.

La primera concentración se desarrollará en la Universidad Nacional, desde las 8:00 a. m., donde el colectivo Derecho a la Ciudad y al Territorio convocó un evento cultural por la defensa de los barrios.

Una hora después, está prevista una jornada artística en la estación Centro Memoria de TransMilenio bajo el lema: “La memoria no se borra: se pinta, se nombra y se defiende”.

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la programación incluye una posible caravana denominada “rodada de Halloween”, organizada por el grupo Gonobikerreas, cuyos detalles de horario y punto de partida continuaban en proceso de confirmación, como reportó la página oficial de la administración distrital.

Gobierno alienta a los ciudadanos a movilizarse

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino protagonizó un video en el que invita a la ciudadanía y los trabajadores a participar en el evento en favor de la constituyente, para “defender la soberanía nacional”, y que se congregue a las 4:00 p. m., en la Plaza de Bolívar.

“No te quedes en casa. Viernes, 24 de octubre, cuatro de la tarde, Plaza de Bolívar, en Bogotá. Todas y todos vamos junto con el presidente Gustavo Petro a defender la soberanía nacional, que el poder constituyente se exprese y hable con toda la fuerza que requiere la defensa de esta patria de todas y de todos. Ya sabes. Viernes, 24 de octubre, cuatro de la tarde, plaza de Bolívar. Allá nos vemos”, dijo.

Las primeras imágenes de las manifestaciones, sobre la Caracas con calle 43 sur

En cadenas de WhatsApp y en redes sociales ya comienzan a circular clips e imágenes de las primeras marchas, especialmente, en el sur de Bogotá, con destino al corazón de la ciudad.

Accidente fatal sobre la Caracas alteró la movilidad capitalina, antes de las movilizaciones

Sobre las 6:30 a. m., las autoridades comunicaron que se presentó un accidente fatal en la calle 44 sur que dio lugar al cierre de al menos 10 estaciones de Transmilenio.

“Por procedimiento de Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur las estaciones Olaya, calle 40 sur, Santa Lucia, Consuelo, Socorro, Molinos, Danubio, Parque Tunal, Biblioteca Tunal. Portal Tunal y P. Usme, dejan de prestar servicio. Se cancela alimentación Usme - Tunal - Molinos Cll40 sur”.

No obstante, tras el levantamiento del cuerpo y los procedimientos de gestión del flujo vehicular, cerca de las 7:00 a. m., se conoció que “a la hora habilitan el paso de la flota troncal que retoma sus recorridos. Retomamos operación en las estaciones Olaya, calle 40 sur, Santa Lucia, Consuelo, Socorro, Molinos, Danubio, Parque Tunal, Biblioteca Tunal. Portal Tunal y Portal Usme. Se Comienza de nuevo el servicio de alimentación en Usme - Tunal - Molinos Cll40 sur”.

Alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al presidente Petro que “haga un llamado” para evitar la violencia

Uno de los mensajes que abrió la jornada de protestas fue el pronunciamiento del mismo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que, antes que a la ciudadanía, le pidió al jefe de Estado garantizar la seguridad durante las movilizaciones.

A través de redes sociales divulgó esta solicitud: “Presidente @petrogustavo, le pido que usted, como convocante de las manifestaciones de hoy, haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, para que lo hagan de forma pacífica y evitar, a toda costa, actos de violencia y destrucción”.

La comunicación oficial emitida por el burgomaestre pidió que la eventualidad suceda sin desmanes, como ocurrió durante la jornada de movilización del 7 de octubre, cuando ciudadanos vandalizaron varios puntos comerciales del norte de la capital con un mensaje en favor de Palestina.

“Bogotá será escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República Gustavo Petro, la manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas“, comentó Galán.

Asimismo, el jefe del Distrito le pidió al jefe de Estado que, “como Comandante de las Fuerzas Armadas le pido respaldar la labor de la Fuerza Pública y garantizar que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional”.

El debate sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente cobró renovada fuerza en el escenario político colombiano, impulsado por la insistencia del presidente Gustavo Petro en promover este mecanismo, a pesar de que el tiempo restante de su mandato dificulta su materialización.

La controversia se intensificó tras recientes declaraciones del mandatario en redes sociales, donde defendió la necesidad de respetar la Carta Magna a través del poder constituyente y criticó a quienes, según él, obstaculizan el progreso del pueblo:

“La Constitución de Colombia se respeta con el poder constituyente. Ustedes, los del privilegio y la rosca, no pueden impedir las oportunidades y el progreso del pueblo”, escribió Petro en la madrugada del viernes 24 de octubre de 2025.

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En entrevista con Semana, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara del partido Dignidad y Compromiso, analizó el uso recurrente del tema constituyente por parte del Gobierno. Según la congresista, la propuesta se utiliza estratégicamente para desviar la atención pública y generar temor. “La constituyente se ha vuelto como el coco, la vieja confiable, que el Gobierno y el presidente sacan cada vez que necesitan poner a la opinión pública a hablar de un tema como este. Para mí, esto de la asamblea nacional constituyente es la vieja confiable que el presidente se saca de la manga para asustar a todo el país, porque asusta”, afirmó.

La representante consideró que la iniciativa resulta inoportuna y contraria a los principios de la actual Constitución Política. En su intervención, sostuvo que la coyuntura nacional e internacional representa una amenaza para los logros alcanzados en materia de libertades individuales desde la promulgación de la Constitución de 1991.

“Yo creo que esta es una propuesta impertinente, porque la correlación de fuerzas que tenemos al día de hoy a nivel global y en Colombia, pienso que amenazan los avances importantes que contempla la Constitución del 91 en lo que se refiere a las libertades individuales”, agregó Pedraza.

La congresista también interpretó la insistencia presidencial como una estrategia electoral de cara a los próximos comicios. Según su análisis, el presidente Petro recurre a la narrativa de la obstrucción institucional para movilizar a sus bases y justificar los resultados de su gestión.

“Esta es la narrativa más cómoda del presidente Petro desde que era alcalde de Bogotá. Le fue supermal, sale y dice: ‘ay, no me dejaron gobernar’. Lo mismo, como presidente de la República: ‘ay, no me dejaron gobernar’. La verdad es que la mayoría de proyectos de ley que ha presentado el Gobierno nacional, que han sido un montón, se ha aprobado por el Congreso de la República”, señaló Pedraza en el mismo espacio.

En su intervención, Pedraza instó al presidente Petro a asumir la responsabilidad política por los incumplimientos y fracasos de su administración, así como por las promesas sin ejecutar por figuras vinculadas con el poder. La congresista mencionó el caso de Armando Benedetti, que ocupó cargos de ministro del Interior y presidente encargado, y cuestionó la coherencia del oficialismo al presentarse como abanderado del cambio social.

“Armando Benedetti, siendo ministro del Interior y presidente encargado, y ahora pretenden decirle a la gente que siguen representando una bandera y apuesta social de cambio”, expresó Pedraza en la entrevista.

En paralelo, señaló que el jefe de Estado está rodeado de personajes corruptos. Incluso, sostuvo que Armando Benedetti, ministro del Interior, es la persona que está liderando el país.

Sin embargo, el objetivo declarado del sector afín al primer mandatario es recolectar más de tres millones de firmas para iniciar el proceso que, según Petro, permitiría convocar a una constituyente.

La inminente convocatoria a una asamblea nacional constituyente en Colombia se entrelaza con la estrategia política del presidente de la República, Gustavo Petro, que decidió iniciar la recolección de firmas en un acto público en la plaza de Bolívar de Bogotá. Este evento, programado para las 4:00 p. m. del viernes 24 de octubre de 2025, marca el primer paso concreto hacia la materialización de la iniciativa constituyente, que se proyecta como un eje central en el escenario electoral de 2026, cuando el país elegirá el Congreso y la Presidencia.

La decisión de Petro de avanzar con la constituyente generó una ola de críticas desde diversos sectores políticos. A pesar de estos cuestionamientos, el mandatario optó por convocar a la ciudadanía a una marcha en la emblemática plaza capitalina, donde, según sus propias palabras, comenzará la recolección de firmas necesarias para impulsar el proceso. El presidente utilizó sus redes sociales para reforzar el llamado, subrayando la importancia de la participación popular en la definición del rumbo nacional.

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En el trasfondo de esta convocatoria, Petro vinculó el acto con la tensa relación diplomática que mantiene con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario colombiano denunció públicamente que Trump, en alianza con figuras políticas locales como Álvaro Uribe Vélez, estaría promoviendo sanciones en su contra por haber expuesto supuestas conexiones entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Petro afirmó: “Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”.

El gobernante de los colombianos también se refirió a investigaciones en curso dentro de la Comisión de Acusaciones, sugiriendo que algunos de sus adversarios políticos estarían buscando un golpe de Estado. En el mismo mensaje, Petro enfatizó: “En la Comisión de Acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de Estado. Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá, este viernes, para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.

La convocatoria, hecha apenas el martes (21 de octubre) de la misma semana, suscitó dudas sobre la capacidad de movilización del presidente, dado el escaso margen para organizar un evento de tal magnitud. Diversos sectores cuestionaron si será posible llenar la plaza de Bolívar en tan corto tiempo, considerando los desafíos logísticos y de convocatoria que implica.

Frente a la posibilidad de una asistencia limitada, Petro recurrió a una estrategia adicional para incentivar la participación. A pocas horas del evento, el mandatario anunció a través de sus redes sociales la realización de un concierto con la presencia de varios artistas, una medida que podría atraer a un público más amplio y asegurar una mayor concurrencia en el punto de encuentro.

Se prevé que el presidente Gustavo Petro pronuncie un discurso desde la tarima instalada en la plaza de Bolívar, donde abordará no solo la propuesta de la asamblea nacional constituyente, sino la disputa diplomática con Trump y otros temas de actualidad nacional.

Previo a la intervención de Petro en la plaza de Bolívar, Estados Unidos anunció que el jefe de Estado fue incluido en la Lista Clinton por sus presuntos nexos con el narcotráfico. En reacción, el mandatario colombiano expuso en su cuenta de X: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

Y agregó: “Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína (sic)”.

La apertura a una jornada de manifestaciones convocada por el presidente Gustavo Petro para el viernes 24 de octubre de 2025 estuvo protagonizada por una impetuosa citación por parte de todas las instituciones del Gobierno nacional a la ciudadanía para que apoye la iniciativa de una asamblea nacional constituyente.

El evento es liderado desde varios puntos de Bogotá, para que finalmente los simpatizantes se encuentren en la plaza de Bolívar a las 4:00 p. m.

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Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a primera hora, en lugar de llamar a los manifestantes a participar de la jornada en paz, le mandó un mensaje al presidente Gustavo Petro, como “convocante”, para que él mismo garantice que las marchas se realicen en completa paz y sin hechos que alteren el orden público.

En los primeros instantes de la jornada, Galán dijo que la capital garantiza la manifestación pacífica y el respeto de derechos, tanto para quienes protestan como para quienes no participan en las marchas, según detalló la Alcaldía.

“Bogotá será escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro. La manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas”, declaró Galán.

A su vez, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, informa que la ciudad ya enfrenta afectaciones debido a marchas y manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional en el centro de la ciudad.

Parte de los manifestantes se desplazan por la calle 26 y la carrera Séptima con destino a la Plaza de Bolívar. La Secretaría, incluso, informó que estas movilizaciones pueden generar cierres de estaciones de Transmilenio en la carrera Décima, el Eje Ambiental y la calle 26, así como retrasos en la operación de rutas TransMizonal y troncales.

Además, se reportan dificultades en la movilidad sobre la calle 26 y la carrera Séptima debido a la presencia de manifestantes sobre estos corredores viales. El inicio de las marchas está programado para las 2:00 p. m.

Movilizaciones en Bogotá del 20 al 26 de octubre: agenda y recomendaciones oficiales

Bogotá experimenta un fin de semana agitado desde el viernes 24 de octubre, con múltiples manifestaciones y actividades ciudadanas hasta el 26 de octubre de 2025, según información oficial del Gobierno de Bogotá.

Diversas organizaciones sociales y comunitarias han convocado acciones en distintos puntos de la ciudad, lo que impacta directamente en la movilidad y el uso del espacio público.

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció el acompañamiento de sus equipos de diálogo social y derechos humanos en cada movilización. El objetivo principal es garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia durante todas las actividades, detalló la entidad en sus canales institucionales.

La agenda sigue el viernes 24 de octubre a la 1:00 p. m., cuando se realizará un plantón ante el Ministerio de Ambiente por el agua, la justicia ambiental y la unidad de los pueblos en resistencia. Este evento está organizado por Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global.

Luego, a las 4:00 p. m., se prevé la llegada de los manifestantes a favor de la asamblea nacional constituyente a la Plaza de Bolívar, en donde el presidente Petro dará un discurso.

El sábado 25 se realizarán actividades culturales con contenido reivindicativo en la Universidad Nacional de Colombia, promovidas por la Red por el Derecho a la Ciudad y al Territorio desde las 8:00 a. m. Cerca de las 9:00 a. m., se llevará a cabo otro evento titulado “La memoria no se borra: se pinta, se nombra y se defiende” frente a la Estación Centro Memoria de Transmilenio.

Además, está en proceso de confirmación una caravana o rodada de Halloween convocada por Gonobikerreas.

Siete años atrás, en el 2018, cuando Gustavo Petro se había lanzado a la Presidencia tras la salida de Juan Manuel Santos, y en competencia con Iván Duque, la coalición de la Colombia Humana firmó unas tablas de la ley con doce compromisos.

Esta tabla —alusiva a las tablas de la Ley de Moisés, con sus Diez Mandamientos— fue controversial en el momento, debido a que con ella buscaban “firmar sobre mármol” una serie de compromisos con Colombia, de la misma manera en la que el expresidente Santos había firmado sobre una placa de mármol no subir los impuestos en su gestión.

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Pero ya siendo presidente, Gustavo Petro está firme con la intención de propiciar una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que en esas tablas se talló, en el segundo punto, una de sus promesas que ahora parece que no es vigente: “No convocaré a una Asamblea Constituyente”.

Esas tablas están siendo recordadas en redes por un amplio grupo de opositores, que no dejan de lado las fuertes críticas contra el mandatario, cuyo gobierno, durante el 23 de octubre de 2025, oficializó la publicación del articulado de una constituyente, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynnet.

Las críticas han venido de varios opositores que le recuerdan al presidente sus promesas de campaña.

Una de ellas es la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial y opositora de Petro, que en sus redes sociales escribió: “Sus ‘compromisos’ en mármol resultaron tan inútiles como su propia gestión”, a la vez que mostró una publicación de Petro del 2018, en la que se leyó:

“Mis compromisos escritos en mármol estarán en el despacho del presidente. Compromisos con la ciudadanía con Mockus, con Claudia López, con la decencia en toda Colombia”.

Otra de las críticas fue la representante a la Cámara Marelén Castillo, que escribió: “El presidente @petrogustavo dijo que quería trascender… y lo logró: trascendió los límites del mal gobierno, la improvisación y la división nacional. En este momento, con su idea de una constituyente, busca reformular la Constitución justo cuando la nación se viene abajo. Lo recordarán, sí, pero como la advertencia de lo que un país no debe repetir.#NoALaConstituyente".

De hecho, el 9 de junio de 2018, el ahora jefe de Estado publicó este mensaje cuando fue candidato presidencial por primera vez:

“La tablas del compromiso ciudadano adquirido y firmado en mármol estarán en el despacho del Presidente de la República. En la nueva política la palabra empeñada se cumple, como lo demostramos en nuestra vida. Palabra que sí“, escribió Petro.

Petro insiste en no “impedir el progreso” con una constituyente: qué tan viable es

El Gobierno de Petro ha decidido impulsar en el Congreso de Colombia un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el tramo final de su mandato.

El Ministerio de Justicia presentó la propuesta legislativa el jueves 23 de octubre, y abrió el debate sobre la viabilidad política y jurídica de modificar la Constitución en el último año de gobierno.

Sin embargo, la coyuntura actual ha llevado al Ejecutivo a reconsiderar este mecanismo, que permitiría introducir reformas estructurales en el sistema legal colombiano.

Cuál es el paso a paso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente

El proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia está regulado por la Constitución y exige el cumplimiento de varios requisitos legales y políticos.

Entre ellos, se encuentra la aprobación de una ley en el Congreso que defina los alcances, la composición y los límites de la asamblea, así como la posterior convocatoria a un referendo popular. La viabilidad de este proceso en el último año de gobierno plantea interrogantes sobre los tiempos legislativos y la capacidad de construir consensos en un escenario político fragmentado.

La senadora Angélica Lozano, que estuvo en la firma de las tablas de mármol acompañando a Petro, es ahora una opositora que explicó qué debería suceder para que pase una constituyente:

“El presidente debe radicar ante el Congreso un proyecto de ley que convoque a la Constituyente. Tiene que aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso. Pasaría a la Corte Constitucional. Si la Corte le da el visto bueno, llegaría a las urnas. Ese primer día de elecciones habrían dos tarjetones, el mismo día. Uno que le diga SÍ a la Constituyente. Trece millones seiscientas mil personas tendrían que decir SÍ, aparte de los que votemos NO. En el otro tarjetón tendrían que escoger los temas para los que sería esa constituyente. La segunda elección, meses después, sería para elegir a las personas que conformarían esa constituyente”.

A pesar de que no hacerlo fue una de las promesas de campaña, el presidente Gustavo Petro ha indicado lo positivo que sería convocar una asamblea constituyente para Colombia.

Al respecto, el 23 de octubre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó un borrador del proyecto con el que el Gobierno nacional buscará convocar a una asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución Política de 1991.

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En rasgos generales, la propuesta establece que la asamblea estaría conformada por 71 delegatarios, con representación equitativa entre hombres y mujeres, e incluiría diversos sectores sociales como campesinos, obreros, mujeres cabeza de familia, gitanos, jóvenes, víctimas del conflicto, afrocolombianos e indígenas.

El periodo de sesiones se limitaría a tres meses, y la asamblea tendría atribuciones para modificar la Constitución Nacional, sin disolver el Congreso de la República. El proyecto establece que deberán respetarse los tratados internacionales sobre derechos humanos y no podrá haber retrocesos en materia de derechos fundamentales y sociales.

Debido a las reacciones que se han generado al respecto en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en estudios jurídicos, políticos e internacionales y docente de la Universidad de la Sabana Sergio Morales, entregó un análisis sobre los aspectos generales del borrador.

En primer lugar, el experto analizó el contexto en el que se registró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y porque en ese momento era una necesidad para el país.

“La Constitución de 1986 tenía un perfil conservador, centralista y confesional. El catolicismo ocupaba un lugar institucional importante. Es por ello que la del 1991 es el resultado de un proceso democrático, pluralista, la respuesta a una crisis institucional”.

Al respecto, destacó los cambios más notorios que hasta la fecha siguen beneficiando a la población y que representan algunas características de la nación ante el mundo.

“Elevó a rango constitucional otros mecanismos, se produjo un viraje en libertad religiosa, pasamos de ser un Estado confesional a un Estado laico que protege y garantiza en condiciones de igualdad a todos los cultos”.

Al hablar del borrador expuesto por el Gobierno nacional, indicó que este no ofrece soluciones reales, sino que busca modificar por completo algo que no está mal.

“La reforma constitucional que propone el presidente Petro no resuelve por sí misma los problemas de la implementación. Como Estado Social de Derecho, la carta reconoce que hay necesidades básicas y satisfechas y que el Estado no siempre tiene la capacidad económica o administrativa para garantizarlo todo. Nos deja en puertas de los contextos completamente distintos. Uno social con necesidades reales de cambios institucionales y acá hay es uno político y con poca claridad argumentativa”.

Para argumentar su postura, Morales explicó qué se debe denominar como un problema constitucional, reafirmando que lo expuesto por el ministro de Justicia no debería ser calificado de esa forma.

“Lo que el discurso reconoce es la insuficiencia o la ineficacia de la acción gubernamental para ejecutar políticas, no una falta del texto constitucional que exija una refundación. Ese patrón se va redefiniendo en otras áreas porque la carta trae principios, instrumentos y esa diferencia la marcan la ejecución administrativa, la gobernanza interinstitucional y las mayorías democráticas, esto es competencia del Ejecutivo”.

Para el experto, una constituyente que actualice el texto de 1991 podría tener varios aspectos positivos por los cambios que se han registrado en la sociedad desde entonces.

“En el lado positivo, un proceso constituyente puede visibilizar demandas de grupos sociales marginados; actualizar el texto a nuevas realidades como, por ejemplo, las tecnologías, la inteligencia artificial, la protección de datos”.

Sin embargo, luego de nombrar los escenarios positivos de una asamblea nacional constituyente, argumentó por qué lo que propone el Gobierno Petro no es favorable para el país en estos momentos.

“Recordemos que el mandato del presidente en este momento no es actualizar el texto, es precisamente derogarlo completamente y hacer uno nuevo. Hay riesgos evidentes. Primero, usar la constitución para destrabar bloqueos políticos ordinarios, como la falta de mayorías en el congreso. Eso desnaturaliza las reglas del juego democrático, porque hay que entender que a veces se gana y a veces se pierde. No es el pueblo el que está haciendo la asamblea, es el ministro de Justicia, el Gobierno nacional, que pone en manos del pueblo de Colombia un instrumento para materializar esa iniciativa que realmente están teniendo ellos. Eso es una contra muy grande”, puntualizó.

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) manifestó su rechazo categórico al anuncio del Ministerio de Justicia de un proyecto para convocar una asamblea nacional constituyente, y reafirmó su compromiso con la protección del orden constitucional vigente.

En un comunicado, recordó que la Carta Política de 1991 “es producto de un gran acuerdo nacional que permitió superar décadas de violencia política y exclusión social”, y resaltó que su adopción representó un hito en la consolidación de la democracia y en la garantía de derechos fundamentales para todos los ciudadanos.

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La fundación también destacó que la Constitución ha servido como marco de estabilidad institucional, permitiendo el desarrollo de políticas públicas de largo plazo y la protección de los principios democráticos.

Defensa de la Constitución de 1991

De acuerdo con el comunicado, la Constitución de 1991 ha significado “conquistas históricas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales”, los cuales se garantizan a través de mecanismos como la acción de tutela. La fundación señaló que este marco constitucional ya incluye los procedimientos democráticos necesarios para su reforma, entre ellos los actos legislativos, los referendos y la propia asamblea nacional constituyente, los cuales permiten modificar la Carta dentro del orden jurídico vigente y con respeto a la separación de poderes.

Además, resaltó que estos mecanismos aseguran la participación ciudadana, el debate público y el control de constitucionalidad, elementos fundamentales para preservar el Estado social de derecho.

La fundación enfatizó que el texto constitucional ha permitido importantes avances en materia de justicia, equidad de género, descentralización, participación ciudadana y control del poder. Según FEDe. Colombia, “algunos de los desafíos urgentes del país pueden enfrentarse dentro del marco constitucional actual”, por lo cual no existe vacío normativo ni bloqueo institucional que justifique abrir un nuevo proceso constituyente. Subrayó que el respeto por la Constitución garantiza estabilidad, certidumbre jurídica y continuidad de las políticas públicas en todo el territorio nacional.

Riesgos para la estabilidad institucional

La fundación advirtió que promover una asamblea constituyente en vísperas del proceso electoral de 2026 representa un grave riesgo para la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Según el comunicado, la propuesta del Gobierno introduce incertidumbre sobre las reglas del juego democrático, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y podría interpretarse como un intento de modificar el marco constitucional de cara a los comicios. La convocatoria anticipada podría generar tensiones políticas y sociales, afectando la normalidad de los procesos electorales y la gobernabilidad.

El documento añade que esta discusión podría afectar la independencia de los organismos electorales, desincentivar la participación política de algunos sectores y abrir espacio a la demagogia y a la manipulación de la ciudadanía. FEDe. Colombia subrayó su preocupación por “el uso demagógico de la idea del ‘poder constituyente del pueblo’”, al considerar que este tipo de planteamientos podrían justificar rupturas institucionales y dar paso a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales.

Para la fundación, este tipo de escenarios amenazaría la estabilidad democrática, el modelo económico y el propio Estado de Derecho, pilares que —según remarcó— han sido fundamentales para el desarrollo político e institucional del país desde 1991.

Llamado al respeto de los mecanismos constitucionales

El comunicado concluye con un llamado al Ejecutivo y al Congreso de la República para respetar y fortalecer los mecanismos constitucionales existentes, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes. “La defensa de la Constitución es la defensa del Estado de Derecho”, afirmó la fundación.

FEDe. Colombia exhortó a las autoridades nacionales a que las reformas sociales y económicas se tramiten dentro del marco constitucional vigente, con participación ciudadana, debate público y control de constitucionalidad. Además, reiteró que la legitimidad de la Constitución de 1991 “no radica en la unanimidad, sino en la aceptación colectiva de las reglas democráticas”, y que abrir un proceso constituyente en el contexto actual podría poner en riesgo el pacto básico de la democracia.

El jueves 23 de octubre, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno nacional busca abrir el camino hacia una asamblea nacional constituyente, iniciativa anunciada meses atrás por el presidente Gustavo Petro.

La presentación del texto reavivó en redes sociales un debate jurídico realizado el 18 de junio, entre Montealegre y el reconocido abogado constitucionalista Mauricio Gaona, en un espacio conjunto organizado por W Radio, Caracol Radio y El País (España).

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Los usuarios recordaron los argumentos de ambos juristas sobre el “bloqueo institucional” que, según el ministro, impide la implementación de reformas sociales, y la respuesta de Gaona, que defendió que la discrepancia entre poderes es un elemento esencial de la democracia.

El argumento sobre “bloqueo institucional” de Montealegre

Durante aquel debate, Montealegre sostuvo que el diseño constitucional de 1991 no ofrece mecanismos suficientes para resolver las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso en el trámite de grandes reformas. “En este momento, existe un bloqueo. Estamos ante una sociedad bloqueada, una sociedad que no puede lograr grandes avances con el diseño constitucional que hay”, afirmó el ministro, al justificar la necesidad de acudir al constituyente primario.

Explicó que la consulta popular es, a su juicio, un instrumento válido para destrabar esas diferencias. “El número uno de los mecanismos de desbloqueo es, por ejemplo, la consulta. Es un mecanismo que se utiliza cuando hay una discrepancia profunda entre el Ejecutivo y el Congreso. Se acude al pueblo”, señaló.

Montealegre argumentó que los gobiernos elegidos popularmente, en especial los que buscan transformaciones sociales, requieren herramientas adicionales cuando enfrentan resistencias legislativas. En ese sentido, planteó que la asamblea constituyente podría ser la vía para actualizar el marco jurídico del Estado Social de Derecho y dar salida a proyectos estancados en el Congreso.

La contundente réplica de Gaona: “Es el precio de la democracia”

El constitucionalista Mauricio Gaona respondió que el concepto de “bloqueo institucional” no puede interpretarse como una falla del sistema democrático, sino como una manifestación natural del equilibrio de poderes. “Permítame recordarle que el ‘bloqueo institucional’ al que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llaman ‘oposición’. Permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia”, señaló durante el intercambio.

Gaona advirtió que la manera en que se reforman las constituciones determina la naturaleza del régimen político y expresó preocupación por el uso de figuras diferentes a la asamblea nacional constituyente prevista en la Constitución de 1991.

A este respecto, dijo que “la diferencia estructural en el diálogo y la dialéctica evolutiva con la que usted quiere disfrazar el proyecto del Gobierno, el trasfondo real es una palabra que la gente no ha detectado: ustedes le llaman a esto asamblea popular constituyente, no asamblea nacional constituyente. La diferencia de la forma en este caso es vital, el ministro lo sabe”. El abogado explicó que las asambleas populares utilizan cuórums relativos más bajos, empleados históricamente en experiencias de gobiernos autoritarios, y advirtió que una consulta popular convocada sin el consentimiento del Congreso podría carecer de validez constitucional.

En su intervención, Gaona dirigió también un llamado a los magistrados de la Corte Constitucional, al registrador nacional y al Consejo de Estado para que garanticen el cumplimiento del orden constitucional.

La discusión de la actual propuesta del Gobierno Petro fue retomada por varios analistas, juristas y usuarios que, en redes sociales, citan el intercambio como antecedente del actual debate sobre la legitimidad de una eventual asamblea constituyente.

El Ministerio de Justicia informó que el borrador del proyecto, que incluye la estructura del proceso, las condiciones de participación ciudadana y las posibles preguntas para una consulta, será sometido a revisión antes de su radicación oficial.

En todo caso, su trámite dependerá de la interpretación constitucional sobre la competencia del Ejecutivo para presentar la iniciativa, el papel del Congreso en su aprobación y el control posterior que ejerza la Corte Constitucional.

Su declaración se da en medio de la discusión pública generada por la presentación del borrador del proyecto de ley que busca convocar dicho mecanismo.

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A través de su cuenta de X, Barbosa escribió: “Advertí sobre la constituyente de Petro el 21 de abril de 2023 en Barranquilla como fiscal General. Dije que Petro plantearía la Constituyente porque las instituciones ya no le servían. En ese momento, muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba. Hoy son los primeros en decir que lo que hace el presidente Petro es una locura que ataca el sistema constitucional. Acá no queda más que recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total y de relativismo frente al sistema jurídico”.

Junto a su mensaje, el exfiscal compartió el video del evento en el que hizo la advertencia. En la grabación, Barbosa señaló: “Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió a la Fiscalía, de que no le sirvió a la Procuraduría, de que no le sirvió el Congreso de la República, de que no le sirvieron las Cortes y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. Ojo con eso, porque en ese sentido si eso se produce todos tenemos que hacer un frente común para proteger las instituciones colombianas”.

Pronunciamiento frente a la propuesta actual

El mensaje del exfuncionario se conoció pocas horas después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentara desde Shanghái (China) el borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno propone consultar al pueblo colombiano sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Este texto desarrolla el procedimiento establecido en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política, que regulan las reformas a la Carta Magna.

En otra publicación en X, Barbosa se refirió nuevamente al tema y cuestionó el contenido del proyecto: “Son unos desvergonzados. Están desesperados por hacer una constituyente que prohíba la extradición y acabe la separación de poderes. Además, quieren meterle mano a la justicia para nombrar jueces y magistrados dóciles. Este proyecto delincuencial es similar a la ley habilitante del dictador y golpista Hugo Chávez en 1999, inicio del fin de la democracia en Venezuela. Colombia en sus peores horas con unos forajidos y bellacos en el poder. A resistir”.

El borrador presentado por Montealegre plantea que la eventual asamblea constituyente estaría conformada por 71 delegatarios elegidos por votación popular, incluyendo representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, víctimas del conflicto armado, sindicatos, jóvenes, población Lgbtiq+, madres cabeza de familia y colombianos en el exterior. De acuerdo con el texto, la mitad de los delegatarios de cada grupo deberá ser mujer.

El documento del Ministerio de Justicia establece que la asamblea tendría la competencia para reformar la totalidad de la Constitución, aunque con límites expresos. Entre las justificaciones del proyecto, se argumenta la necesidad de dotar al territorio de “garantías constitucionales más claras y eficientes” y de crear “una estructura institucional que permita su cumplimiento”, debido a lo que considera una “ausencia de interés del Legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas”.

Asimismo, el borrador sugiere fortalecer la lucha contra la corrupción mediante una reforma a la Contraloría General para convertirla en un ente investigativo y plantea cambios en la Procuraduría orientados hacia un enfoque de justicia restaurativa. También incluye propuestas de reforma al Congreso, a los partidos políticos y al sistema judicial, para “garantizar una representación más equitativa y meritocrática“.

El pronunciamiento de Barbosa reaviva las tensiones políticas alrededor de la propuesta del Ejecutivo. Desde que se conoció el borrador, distintos sectores han cuestionado los alcances del proyecto y la posibilidad de que se interprete como una sustitución de la Constitución vigente.

Por su parte, el documento del Ministerio de Justicia sostiene que la iniciativa “justifica la necesidad jurídica, ética y política de convocar al pueblo para que decida sobre la implementación de este mecanismo de reforma”, enfatizando que su desarrollo se ajusta a los procedimientos constitucionales existentes.

El debate sobre la viabilidad de la propuesta continuará en el Congreso, que deberá definir si da trámite al proyecto para que sea sometido a control constitucional previo y, eventualmente, a consulta popular.

Desde Shanghái (China), el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el borrador del proyecto de ley para convocar una asamblea nacional constituyente, iniciativa anunciada meses atrás por el presidente Gustavo Petro. “El Constituyente será el espacio para impulsar el programa social que ‘la caverna’ no ha dejado avanzar en el primer gobierno de izquierda de nuestra historia”, señala el documento.

El borrador propone una asamblea integrada por 71 delegados —hombres y mujeres en igual número— que sesionaría durante tres meses; y tendría la facultad de reformar la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso.

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El proceso de convocatoria, sin embargo, exige varios pasos constitucionales: el Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso, que definirá el mandato y los temas a discutir; la iniciativa debe obtener mayorías en ambas cámaras y ser revisada por la Corte Constitucional antes de una eventual votación popular, que requeriría al menos 13 millones de votos afirmativos.

Pero, más allá de los tiempos y las dificultades políticas, el debate de fondo gira en torno a los límites jurídicos del poder constituyente.

El poder de reformar, no de sustituir

La Constitución de 1991 prevé mecanismos para su reforma, pero no autoriza una sustitución total de sus fundamentos. El artículo 376 establece que una asamblea constituyente solo puede convocarse mediante una ley aprobada por el Congreso y sometida a referendo popular, en el que se especifiquen su composición, el período de sesiones y los temas sobre los cuales deliberará.

A partir de esa disposición, la Corte Constitucional ha construido una doctrina consistente que impide que las reformas desconozcan los ejes definitorios del Estado colombiano. En la Sentencia C-551 de 2003, el tribunal introdujo la figura de la sustitución de la Constitución, al advertir que el poder de reforma no equivale a un poder ilimitado: las autoridades pueden modificar normas, pero no reemplazar los principios esenciales que dan identidad a la Carta de 1991.

Los principios intocables del orden constitucional

La Corte ha identificado varios pilares considerados intangibles o “núcleo esencial” del texto constitucional, los cuales no pueden ser eliminados ni sustituidos, incluso, por una asamblea constituyente. Entre ellos destacan:

• El Estado Social de Derecho, que impone límites al poder público y garantiza que toda autoridad esté sometida a la ley y a la protección efectiva de los derechos humanos.
• La separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, base de la independencia entre las ramas del poder público.
• La democracia participativa y pluralista, que reconoce al pueblo como titular de la soberanía, pero dentro de un marco institucional.
• La protección de los derechos fundamentales, cuyo núcleo mínimo no puede ser restringido ni desconocido.
• El bloque de constitucionalidad, compuesto por los tratados internacionales de derechos humanos y normas de ius cogens (de derecho imperativo), que fijan un límite infranqueable a las reformas regresivas.

La jurisprudencia ha reiterado que cualquier intento de reforma que altere estos principios implicaría una sustitución de la Constitución, lo cual es jurídicamente inadmisible.

¿Puede una asamblea constituyente superar esos límites?

El debate actual enfrenta dos visiones. De un lado, quienes sostienen que una asamblea constituyente representa el poder constituyente originario, expresión directa de la soberanía popular, y, por tanto, no estaría sometida a los controles de la institucionalidad existente. De otro, los juristas que advierten que incluso ese poder debe actuar dentro del marco del Estado de derecho, respetando los compromisos internacionales y los valores fundantes de la Constitución de 1991.

La Corte Constitucional, en pronunciamientos como la Sentencia C-1040 de 2005, ha precisado que sí puede examinar la ley que convoca la asamblea, para garantizar que no se desborde el procedimiento ni se violen los límites materiales. Sin embargo, no le corresponde controlar los actos propios de la asamblea una vez instalada, lo que deja un margen de indeterminación jurídica que históricamente ha generado tensiones.

Entre la soberanía y la legalidad

En términos prácticos, una eventual asamblea constituyente —como la que propone el Gobierno— tendría que sujetarse a las reglas del artículo 376 y a los principios intangibles definidos por la jurisprudencia. No podría, por ejemplo, eliminar la figura del Estado Social de Derecho, suprimir los controles judiciales ni restringir derechos fundamentales, pues ello supondría sustituir la Constitución, no reformarla.

El debate, por tanto, no solo es jurídico, sino político: se trata de definir hasta dónde puede llegar la voluntad popular sin romper el marco que garantiza los derechos de todos. Como lo han recordado constitucionalistas y magistrados, la legitimidad de cualquier proceso constituyente dependerá de su fidelidad a los valores de 1991: democracia, justicia y respeto por la dignidad humana.

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que el proceso estuvo bajo la dirección de diferentes sectores sociales y dará inicio, según Montealegre, el viernes 24 de junio de 2024.

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“Bajo la dirección de una amplia gama de actores sociales —campesinos, obreros, mujeres cabeza de familia, comunidades gitanas, jóvenes, víctimas del conflicto, población afrodescendiente e indígena— y en la plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia dará inicio mañana a un proceso que busca un avance en la dignidad humana“, indicó Eduardo Montealegre.

El funcionario aseguró que algunas “disposiciones” de la Constitución de 1991 han quedado “rezagadas” en el territorio nacional, motivo por el cual afirmó que la situación debe “superarse”.

“Un proceso autónomo, sin imposiciones externas ni humillaciones internacionales. Comenzaremos una iniciativa constituyente dirigida a transformar el país y dotarlo de instituciones acordes a las necesidades del siglo XXI. Algunas disposiciones establecidas en 1991 han quedado rezagadas, otras han sido usadas por sectores contrarios al cambio social para obstaculizar los avances. Esta situación debe superarse”, puntualizó el ministro Montealegre.

El ministro de Justicia aseguró que la asamblea estaría conformada por 71 delegados y contaría con la representación de “sectores con identidades de géneros diversas”.

“Como ministro de Justicia y del Derecho del Gobierno de Gustavo Petro, presento hoy al pueblo de Colombia un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente de carácter social. Esta asamblea estaría compuesta por setenta y un delegados, con paridad de género y representación para sectores con identidades de género diversas, más allá de las categorías tradicionales de la filosofía occidental”, afirmó el funcionario.

Y agregó: “Con este proyecto buscamos sentar las bases para que la sociedad delibere sobre su futuro. Corresponde a la ciudadanía decidir sobre su destino político, tal como ocurrió en la antigua democracia ateniense. El texto presentado hoy a los sectores sociales es un punto de partida para construir el modelo de transformación que el país requiere. A través del debate de ideas, sin recurrir a la violencia ni a imposiciones de quienes se han beneficiado de la guerra, se proyecta la construcción de una Colombia diferente. La asamblea constituyente será el espacio para desarrollar el programa social que históricamente no ha podido avanzar bajo otros gobiernos.”.

Puntos del articulado

El proyecto de ley planteó que la ciudadanía decida, por medio de consulta popular, la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de reformar la Constitución Política de Colombia.

El documento, presentado por Eduardo Montealegre, expuso como principal argumento la supuesta presencia de bloqueos institucionales que impidieron, según el texto, la aprobación de reformas sociales en derechos laborales, salud, vivienda, autonomía indígena y protección ambiental. El diagnóstico indicó que estas situaciones limitaron la garantía efectiva de los derechos fundamentales y afectaron la confianza en los órganos legislativos.

La propuesta determina que la Asamblea estuviera compuesta por 71 delegatarios elegidos a través del voto popular. El mecanismo de elección incluiría criterios de paridad de género y escaños dirigidos a sectores históricamente excluidos, como comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, víctimas del conflicto armado, sindicatos, jóvenes, población Lgbtq+, madres cabeza de familia y colombianos residentes en el exterior. La inclusión de estos grupos tenía como propósito garantizar una representación diversa en el proceso de reforma constitucional.

El proyecto definió límites para la competencia de la Asamblea Constituyente. Se indicó que no estaría facultada para revocar al Congreso ni para suprimir derechos fundamentales o sociales.

Además, estableció la obligación de respetar los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos y no adoptar medidas que implicaran retrocesos en estos ámbitos. El texto especifica la necesidad de un control constitucional previo a la convocatoria, además de la realización de la consulta popular, como pasos esenciales del proceso.

Según el documento, el modelo presidencialista y la dinámica legislativa actual resultaron en escenarios de bloqueo y dificultades para avanzar en reformas estructurales. La propuesta mencionó que, si es aprobaba en el Congreso, la consulta popular definiría si la ciudadanía avalaba o no la conformación de la Asamblea y los alcances de sus competencias.

La aprobación final de la iniciativa, así como la reglamentación de la consulta, quedaron sujetas al trámite legislativo y a los procedimientos legales establecidos.

El debate sobre una nueva asamblea nacional constituyente volvió al centro de la agenda política luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentara en la mañana del jueves 23 de octubre, el borrador del proyecto de ley que busca convocarla, siguiendo la intención anunciada por el presidente Gustavo Petro desde hace varios meses.

El documento propone una asamblea con 71 delegados —en igual número de hombres y mujeres— que sesionaría durante tres meses y tendría la facultad de reformar toda la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso.

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Según el texto, los límites del proceso serían los tratados internacionales de derechos humanos, las normas del ius cogens (derecho imperativo) y la prohibición de retrocesos en materia de derechos fundamentales y sociales.

Además, plantea que la asamblea se instalaría 30 días después de la elección de los delegatarios y otorgaría al presidente facultades extraordinarias por seis meses para definir los mecanismos de participación. La presentación del borrador ocurre mientras el Gobierno convoca a movilizaciones para el viernes 24 de octubre en Bogotá, con el fin de respaldar la iniciativa y comenzar la recolección de firmas ciudadanas.

Análisis jurídico de la propuesta: viabilidad

En entrevista con Infobae Colombia, el abogado constitucionalista Vicente Benítez, doctor en Ciencias Jurídicas y Teoría del Derecho de la Universidad de Nueva York, analizó el alcance jurídico de la propuesta y los posibles impactos sobre el orden constitucional vigente.

El jurista explicó que la Carta Política contempla tres vías para la convocatoria: “Puede ser una iniciativa ciudadana, del Congreso o del presidente”, confirmando que la iniciativa del Ejecutivo tiene sustento legal. Sobre el procedimiento, señaló: “Debe aprobarse por mayoría absoluta de las dos cámaras y pasar por el control de la Corte Constitucional. Luego, una tercera parte del censo electoral debe votar ‘sí’ a la convocatoria y, posteriormente, se eligen los delegatarios por voto popular”, precisó Benítez. Este procedimiento, según agregó, garantiza un doble filtro democrático —legislativo y ciudadano— antes de que se conforme una asamblea.

Sin embargo, el abogado señaló que el avance del proyecto dependerá de la obtención de mayorías en el Congreso, un escenario complejo debido a la composición actual del Senado, donde el Gobierno no cuenta con una bancada dominante. También indicó que los tiempos legales podrían impedir que el proceso se concrete dentro del periodo presidencial, dado que cada fase requiere amplias deliberaciones y controles judiciales.

Posibles riesgos para la separación de poderes y el consenso político

Benítez subrayó la importancia de mantener el principio de separación de poderes en cualquier intento de transformación institucional. “Desde lo jurídico, no. Existe un principio fundamental que es la separación de poderes. Las decisiones profundas deben tomarse con el concurso de las demás ramas del poder. Si no se logra ese consenso, no se puede. Si se logra, muy bien, como ha pasado con iniciativas gubernamentales ya aprobadas. El punto es que no puede ser la voluntad de uno”, afirmó.

El abogado también abordó el argumento del “bloqueo institucional” que ha mencionado el Gobierno para justificar la convocatoria. Según explicó, “en la jurisprudencia lo más cercano es que la oposición abuse del procedimiento legislativo para obstaculizar, de mala fe, ciertas iniciativas. Sin embargo, no hay ninguna regla que señale que, si ha habido una deliberación suficiente y transparente y aun así no se logran mayorías, eso constituye un bloqueo. Eso es democracia”. Para el experto, las discrepancias políticas dentro del Congreso forman parte del funcionamiento natural de un sistema representativo.

Experiencias internacionales y riesgo para la Constitución del 91

El constitucionalista comparó la iniciativa colombiana con procesos similares en otros países. “En Chile lo impulsó el presidente, en Sudáfrica Mandela, y en Colombia Gaviria en el 91. Pero hay una diferencia fundamental: en estos procesos, aunque impulsaba el Ejecutivo, siempre existía un grado muy amplio de consenso. Consenso que, en el caso de Chile, se quebró en la fase de aprobación ciudadana y por eso fracasaron los dos proyectos”, explicó Benítez.

El jurista manifestó que no identifica actualmente una necesidad nacional que justifique una transformación total del texto constitucional. “No creo que haya la mayoría de un tercio del censo para aprobarla. Los cambios, incluso radicales, pueden hacerse en el marco de la Constitución. Un ejemplo reciente de esto fueron las reformas del proceso de paz con las Farc”, señaló.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo que representaría alterar los fundamentos del pacto de 1991. “El principal riesgo es eliminar el proyecto político y jurídico más importante que quizás ha tenido Colombia en su historia: la Constitución de 1991. Ese fue un proceso amplio y democrático en donde, en una de las pocas ocasiones admirables de este país, personas con ideas muy distintas se sentaron a dialogar y llegaron a consensos”, expresó. Recordó que en aquella asamblea participaron diversos sectores sociales y políticos, desde conservadores y liberales hasta movimientos de izquierda, comunidades religiosas y organizaciones campesinas.

“Eso se puede perder con esta propuesta que busca crear una nueva Constitución, bien sea con un nuevo texto o con múltiples reformas a todo el articulado”, concluyó Benítez, al advertir que cualquier intento por reemplazar el consenso de 1991 podría fragmentar nuevamente el equilibrio político alcanzado hace más de tres décadas.

El titular de la cartera de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó este jueves 23 de octubre el proyecto normativo que propone convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia.

El anuncio se realizó mientras el ministro cumplía compromisos institucionales en la ciudad china de Shanghái.

El plan establece que la asamblea estaría formada por 71 integrantes, distribuidos por igual entre mujeres y hombres, para asegurar la equidad de género en su composición.

Luego del anuncio, varios sectores recordaron un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que expone las condiciones necesarias para que una asamblea nacional constituyente sea posible.

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En el citado informe, la MOE explica que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben sancionar una ley que permita consultar a la población sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

Para que esta ley sea aprobada, se necesita el respaldo de la mayoría de los miembros de ambas cámaras legislativas.

A su vez, subrayó que cualquier proyecto avalado por el Congreso deberá contemplar cinco elementos fundamentales: el mecanismo para poner en marcha la Asamblea Constituyente, la cantidad de delegados que la conformarán, el método para elegirlos, los asuntos que estarán bajo debate y el inicio y duración del funcionamiento de la Asamblea.

Después de la aprobación de la ley por parte del Congreso, el texto debe ser sometido a sanción presidencial. Solo tras este paso, el presidente de la República enviará la ley a la Corte Constitucional para su revisión.

Si la Corte Constitucional da su visto bueno a la ley que convoca la Asamblea Constituyente, el proceso debe realizarse en un plazo de dos a seis meses.

El tarjetón electoral incluirá: “Opciones de voto ‘Sí’ y ‘No’ a la convocatoria, pregunta que deberá ser lo suficientemente clara” y “Listado de los temas que se tratarán en la Asamblea”.

En el documento también se precisa lo siguiente: “La convocatoria de la Asamblea Constituyente será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente. Teniendo en cuenta el censo actual se necesitarían al menos 12.988.505 votos por el Sí”.

El informe también aclara que, “luego de aprobarse la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y los temas de su competencia, dentro de los dos a seis meses siguientes se llamará a la elección de sus integrantes”. Asimismo, señala que “una vez conformada la Asamblea se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado”.

El análisis concluye señalando que la Asamblea tendrá la responsabilidad de debatir y aprobar, durante el tiempo establecido, los asuntos que le sean asignados. Además, deja abierta la posibilidad de que, al finalizar su labor, la Asamblea consulte a la ciudadanía sobre el texto final o eventuales reformas constitucionales mediante un referendo.

“La Asamblea deliberará y aprobará durante el período por el cual fue convocada los temas de su competencia. Es posible que la Asamblea decida convocar a la ciudadanía para que apruebe el nuevo texto o reformas constitucionales a través de un referendo”, explicó la MOE en su documento hablando del tema.

Con respecto al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, esta propuesta figura como uno de los mecanismos centrales que el Ejecutivo considera para modificar la Constitución, junto al referendo y el acto legislativo. La iniciativa fue presentada públicamente por Gustavo Petro en marzo de 2024 durante un evento desarrollado en la ciudad de Cali.

El ministro Montealegre afirmó que el texto legal presentado “es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia”. También destacó la importancia del debate democrático al expresar: “A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia, pensaremos un nuevo país”.

El proyecto legislativo dado a conocer por Montealegre contempla la formación de una Asamblea Nacional Constituyente compuesta por setenta y un representantes, garantizando la participación igualitaria de mujeres y hombres.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio a conocer este jueves 23 de octubre el texto legal que impulsa la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

El funcionario comunicó la iniciativa durante su estancia oficial en Shanghái, China. La propuesta contempla conformar dicha Asamblea con setenta y un delegados, garantizando una representación igualitaria de hombres y mujeres.

La iniciativa del Gobierno generó diversas reacciones, especialmente entre los sectores que se oponen al Ejecutivo. Las voces críticas expresaron inquietudes e incertidumbre ante la posibilidad de modificar la Carta Magna bajo este mecanismo.

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La periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila expresó preocupación ante el proyecto planteado por el Gobierno Petro. Dávila advirtió que esta iniciativa representa un peligro para el sistema democrático y alertó sobre las posibles intenciones del presidente de extender su mandato aprovechando el clima político actual.

“La Constituyente de Petro es una amenaza contra la democracia. Ojo con los planes de Petro, quiere perpetuar su poder en medio de una tormenta. Sigan pensando que está loco”, escribió la comunicadora en un mensaje de X.

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, manifestó su rechazo frente a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente presentada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Briceño consideró que la iniciativa busca “acabar” la Constitución vigente, advirtió el peligro de que esto derive en un intento de permanecer en el poder y llamó a la ciudadanía a defender la democracia en las próximas elecciones.

“Hoy Petro y Montealegre le presentan al país la propuesta para acabar con la constitución de 1991 a través de una Asamblea Constituyente. En 2026 debemos salir a defender la democracia, la institucionalidad y el país mismo. Quieren acabar con todo, para perpetuarse”, aseveró.

El excongresista Juan Manuel Galán cuestionó convocar una cosntituyente en tiempos cercanos a elecciones presidenciales, advirtiendo que resulta imprudente y jurídicamente inviable. Además, señaló que utilizar la Constitución de 1991 como argumento electoral es una afrenta al Estado de Derecho.

“Jugar con una Constituyente a meses de una elección presidencial es incendiar la democracia con fósforos electorales. Convocarla ahora no solo es inviable, es una imprudencia monumental. El procedimiento legal es largo: ley del Congreso, revisión de la Corte y dos votaciones populares. Pretender hacerlo hoy es burlarse del Estado de Derecho. @petrogustavo no puede usar la Constitución del 91 como excusa de campaña. Si Colombia quiere una transformación, debe empezar por cambiar al gobierno que confunde poder con refundación”, opinó el líder político del partido Nuevo Liberalismo.

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana también rechazó la propuesta. Según Pastrana, esta iniciativa no solo carece de fundamento constitucional y resulta innecesaria, sino que también la considera una distracción para desviar la atención de otros asuntos relevantes. Exigió al presidente aclarar su presunta relación con el cártel de los soles y el Pacto de la Picota antes de seguir adelante con este tipo de propuestas.

“La nueva propuesta de Asamblea Nacional Constituyente de @petrogustavo para cambiar toda la Constitución, es inconstitucional, es inconveniente, es innecesaria y solo es otra cortina de humo del gobierno. En vez de hablar de este despropósito, Petro le debe al país la aclaración sobre su relación con el cártel de los soles de @NicolasMaduro y con el Pacto de la Picota”, comentó el exmandatario colombiano en su cuenta de X.

La senadora Angélica Lozano criticó la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en los meses finales del actual gobierno, señalando que enfocarse en esta iniciativa solo busca allanar el camino hacia la reelección presidencial en 2030. Lozano cuestionó la viabilidad del proceso y la falta de respaldo suficiente entre la ciudadanía para llevarlo a cabo.

“¿Cómo usar los nueve meses que quedan de gobierno? ¿En buscar constituyente para que en 2030 se reelija el presidente? No! ❌ Aquí explico cada paso necesario para esa pésima idea. ¿Hay más de trece millones de colombianos que le digan sí a un constituyente? No”, aseveró la legisladora.

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en el eje central del discurso político del presidente de la República, Gustavo Petro, quien el 3 de octubre de 2025, frente a una multitud en Ibagué, delineó su visión para el futuro inmediato de Colombia.

El jefe de Estado no solo defendió la necesidad de profundizar las reformas sociales, sino que también presentó un plan concreto para movilizar a la ciudadanía en torno a la recolección de dos millones y medio de firmas, requisito indispensable para activar el mecanismo constituyente.

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Durante su intervención, Petro abordó de manera directa el panorama electoral de 2026, asegurando que los gobiernos de derecha supuestamente han sido incapaces de resolver los problemas fundamentales de la población.

El mandatario afirmó con contundencia que, de presentarse como candidato en las próximas elecciones, superaría ampliamente a cualquier representante de ese sector: “Ellos saben que si yo me lanzara a elecciones los barrería de lejos. Pónganme a Paloma, a Vicky o a De la Espriella y les gano a todos juntos”, declaró Petro frente a la multitud. Añadió que la imposibilidad de su candidatura responde al temor que genera en sus adversarios: “No me dejan porque les da mieditis que yo sea candidato”.

El jefe de Estado propuso entonces una alternativa: “Reelijamos el proyecto y volvamos a reelegir de dos maneras”, invitando a sus seguidores a respaldar la continuidad de su agenda política a través de otros mecanismos.

En este sentido, anticipó que en octubre o marzo se elegirá un candidato capaz de profundizar las reformas iniciadas durante su mandato, subrayando la importancia de contar con una bancada mayoritaria en el Congreso dela República para garantizar la viabilidad de estos cambios.

El tema del poder constituyente ocupó un lugar destacado en el discurso. Petro explicó que la soberanía reside en el pueblo y no en figuras individuales, y detalló el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“El rey no es soberano, el pueblo es soberano y decidirá”, afirmó el mandatario, quien insistió en la necesidad de conformar un comité promotor encargado de recolectar las firmas necesarias. “¿Ustedes creen que no podemos? Eso solo en las manifestaciones lo hacemos”, expresó Petro, alentando a sus simpatizantes a adoptar una actitud activa y no limitarse a la participación electoral tradicional.

En cuanto a los plazos, el mandatario precisó que el proceso podría completarse en tres meses, ya que no se trata de redactar una nueva Constitución, sino de habilitar al pueblo para impulsar las reformas sociales que no han sido aprobadas hasta ahora.

“Solo se necesitan tres meses, porque no necesitamos hacer una nueva Constitución. La actual sirve. Lo que necesitamos es que lo que no hizo la nueva constitución, ni el congreso, porque se llenó de ‘paracos’ y politiqueros, permita que sea el pueblo el que haga las reformas sociales en tres meses, las que no se aprueben por ahora y otras”, explicó el presidente.

En relación con su futuro político, Petro aclaró que su propuesta supuestamente no busca su propia reelección, aunque no descartó participar en los próximos comicios.

“Lo que el presidente le propone a Colombia no es reelegirse él, aunque participaré de las elecciones”, manifestó, y añadió en tono distendido: “Tengo que hacer algo, no voy a hacer la de Uribe porque le salió mal”.

Petro ‘sacó pecho’ por los logros de su Gobierno

El gobernante de los colombianos aprovechó la ocasión para destacar el reconocimiento internacional que, según él, ha alcanzado Colombia bajo su liderazgo. “Ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo lo reciben en Washington. Y el pueblo norteamericano debe saberlo. Aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro”, afirmó Petro.

A propósito, sostuvo que su gobierno ha llenado de orgullo al país y que la convocatoria masiva en las plazas se ha vuelto una constante. “Nosotros estamos llenando de orgullo a Colombia”, aseguró, y añadió que la recepción de sus discursos a nivel global ha sido positiva:

“Les sonó a rock. Les sonó algo moderno que habla de la crisis climática ... Petro ahora se conoce porque les denunció que ese discurso contra la migración es para volvernos a nosotros los latinoamericanos, otra vez esclavos, otra vez siervos, ahora del norte, no de España”, resaltó el mandatario.

Todo está listo para que el presidente Gustavo Petro aparezca en la ciudad de Ibagué con el propósito de presionar para que en el país se adelante una asamblea nacional constituyente y, desde ya, su aparición enfrenta problemas.

De hecho, a través de un video publicado en su cuenta de X, la representante a la cámara por el partido Cambio Radical Lina María Garrido promovió una acción contra el jefe de Estado.

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Según comentó la congresista, los ciudadanos tendrán la oportunidad de hacer presencia en el acto público del presidente en la capital del Tolima para expresar sus molestias contra el Gobierno nacional.

En su mensaje, la representante se despachó en insultos contra la apariencia física de Petro e, incluso, hizo comparaciones con una de las comidas típicas del departamento: el tamal tolimense.

“Este es el único copete que me gusta, el del tamal tolimense. No como el de Petro, implantado, feo, desordenado, que solo demuestra que es un traidor y mentiroso. Mañana va a estar aquí en Ibagué y todos vamos a salir a decirle: «Fuera Petro»“, señaló Garrido.

Entretanto, con miras a la próxima visita del presidente Gustavo Petro a Ibagué, la Gobernación del Tolima puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las medidas de seguridad del evento previsto para este viernes en la Plaza Manuel Murillo Toro.

En la instalación de este dispositivo participaron la Casa Militar, fuerzas de seguridad, organismos de socorro y autoridades territoriales, quienes acordaron adoptar la alerta amarilla hospitalaria y expedir un decreto municipal con pautas logísticas y restricciones específicas.

La decisión de declarar la alerta amarilla hospitalaria fue tomada de manera conjunta por las diferentes entidades involucradas. “De manera muy articulada con la presencia de la Casa Militar de la Presidencia de la República, con el liderazgo del Gobierno Departamental, Alcaldía de Ibagué, organismos de socorro, hemos avanzado en todo lo que corresponde a decretar una alerta amarilla”, precisó Alfredo Bocanegra, secretario de Convivencia Ciudadana del Tolima, en declaraciones recogidas por los medios. El funcionario indicó que el decreto incluirá restricciones al transporte de ciertos elementos en las horas previas a la concentración.

A pesar de la escala de la organización prevista, las autoridades locales no contemplan reforzar el número de efectivos en el dispositivo de seguridad. Bocanegra puntualizó que “en el Tolima tenemos capacidades suficientes y lo van a hacer bajo la dirección del Comando de la Metropolitana de Ibagué”. Al despliegue habitual de la Policía del Tolima se sumarán equipos de tránsito, socorro y emergencias.

El objetivo de este operativo, subrayó Bocanegra, es ofrecer garantías para el normal desarrollo del encuentro y la convivencia en el área circundante a la plaza.

Según el secretario, “esperamos ser muy buenos anfitriones de un evento que queremos que se caracterice por el respeto por los demás y por la propiedad de quienes viven o trabajan en los alrededores de la plaza Manuel Murillo Toro”. El evento contará también con la asistencia de varios ministros del gabinete nacional.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que no asistirá a los actos públicos del presidente Gustavo Petro en Ibagué el próximo 3 de octubre de 2025, ya que cumplirá compromisos oficiales en el municipio de Chaparral.

La mandataria anunció que ese día supervisará proyectos de infraestructura y del sector social, con una inversión superior a 100.000 millones de pesos, y presentará nuevas inversiones para zonas rurales como El Davis y La Marina.

La movilización ciudadana convocada por Petro en la Plaza Murillo Toro de Ibagué, programada para las 3:00 p. m., cobra relevancia tras la reciente revocatoria de su visa estadounidense y la denuncia presentada en su contra en Estados Unidos por el excanciller Álvaro Leyva.

Aunque antes de ser elegido como presidente se comprometió a no convocar una asamblea nacional constituyente, Gustavo Petro ha hablado en varias ocasiones sobre esta posibilidad.

Cabe recordar que una constituyente en Colombia es una asamblea extraordinaria integrada por representantes elegidos, que tiene el mandato exclusivo de redactar, reformar o reemplazar la Constitución Política. Esta asamblea actúa por encima de otros poderes públicos y sus decisiones prevalecen sobre las leyes y reglamentos existentes mientras ejerza su función.

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Su convocatoria suele realizarse en contextos donde se considera necesario adelantar reformas profundas al ordenamiento jurídico, responder a crisis políticas o sociales, o garantizar una mayor legitimidad y participación en la estructuración del marco legal fundamental. Para su activación se requiere de un procedimiento especial que, según la Constitución de 1991, debe contar con la aprobación popular mediante referendo o por otras vías legales establecidas.

Petro insistió en su idea de una constituyente

Desde La Dorada, Caldas, Petro volvió a referirse sobre la posibilidad de mejorar la vida de los campesinos en el país, momento en el que volvió a sacar al ruedo la posibilidad de convocar una constituyente.

“Empecemos a hablar de ambas cosas: de cómo se crea una asociación campesina, cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia, y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la constitución establece, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó el primer mandatario.

Y agregó que hay varios aspectos de la Constitución Nacional actual que sirven, pero aseguró que es necesario modificarla para que se cumpla lo que está escrito en ella.

“Hacer una constitución que garantice, no la nueva, que ya la tenemos, algunas cosas hay que modificar; pero que garantice -y que se haga realidad-, que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de derecho que termina siendo un Estado mafioso”, destacó el presidente.

En ese sentido, el mandatario mencionó que la Carta Magna de 1991 fue tramitada con “trampa” para facilitar una “gobernanza paramilitar” que, en su postura, fue responsable de la mayoría de muertes durante el conflicto armado que afronta el país.

Por último, Petro anunció que la decisión sobre convocar o no una constituyente servirá para que sea una realidad todo lo que promete la constitución.

“Ahora es el Estado social de derecho, en la práctica, en la realidad viva del país cotidiano, no simplemente en una frase”, puntualizó el presidente.

¿Cuál es el procedimiento para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente?

Para convocar una constituyente en Colombia, el procedimiento inicia con la aprobación de una ley por parte del Senado y la Cámara de Representantes y ambos cuerpos legislativos deben respaldar la ley por mayoría absoluta.

Esta ley debe precisar la convocatoria, el número de integrantes, el sistema de elección y los temas que tratará la asamblea, así como la fecha de inicio y el período de sesiones.

Luego de la aprobación legislativa, la ley pasa para la sanción presidencial y, luego de firmado el respectivo documento, el mandatario remite la ley a la Corte Constitucional, que revisa su legalidad. Si el alto tribunal la aprueba, se lleva a cabo una consulta a la ciudadanía entre dos y seis meses después, en la que se pregunta de manera clara si se convoca o no a la asamblea constituyente y se enumeran los temas a tratar.

La convocatoria se considerará aprobada si al menos una tercera parte del censo electoral vota de forma afirmativa. Si esto ocurre, en los siguientes dos a seis meses se elegirán los miembros de la asamblea y durante el funcionamiento de este órgano, el Congreso perderá la facultad de reformar la constitución sobre los temas asignados.

La propuesta de una asamblea nacional constituyente ha estado rondando los pronunciamientos de diversos personajes públicos que señalan la inconveniencia de la iniciativa, que pretende redactar una nueva carta política para el país. No obstante, desde sectores afines al Gobierno nacional han expresado que esta figura es necesaria para consolidar el proyecto político del Pacto Histórico.

Entre las figuras de la izquierda que han asegurado su respaldo a la convocatoria para redactar una constitución se destacan los precandidatos presidenciales Daniel Quintero y Gustavo Bolívar. Este último ha declarado su intención de conformar la “primera bancada proconstituyente” en el Congreso de la República.

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Con dicho fin, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social sumó cerca de 25 respaldos a su aspiración por parte de precandidatos al Legislativo de la coalición de la que hace parte el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el aspirante a la Casa de Nariño aseguró que respalda la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, así como el resto de iniciativas que desde el Ejecutivo se han impulsado para, según él, materializar las reformas que necesita el país en beneficio de todos los colombianos.

En su mensaje también incluyó una carta firmada por los precandidatos que le expresaron su respaldo. En la misiva aseguraron que la bancada que pretenden conformar a su llegada al Capitolio Nacional será la base de la “profundización del cambio” que permita construir la paz que necesitan los habitantes de las regiones del país.

“Esa será la base de un Congreso Constituyente, que profundizará el cambio y realizará las reformas sociales que Colombia necesita para construir una sociedad de paz, democracia verdadera, vida digna, justicia social y ambiental, y disminución de las brechas de desigualdad“, argumentaron los aspirantes.

Incluso, señalaron que el Gobierno Petro no ha podido materializar las reformas por no contar con mayorías en el Congreso que vayan en sintonía con las ideas propuestas desde la Casa de Nariño, por lo que aseguraron que para que ese objetivo se cumpla, desde los sectores de izquierda se deben consolidar los apoyos suficientes para polémica convocatoria.

En esta misma línea, quienes respaldaron al precandidato Bolívar hicieron un llamado a los sectores políticos que apoyan la convocatoria de una asamblea constituyente a que se sumen a la candidatura del exdirector del DPS para unir fuerzas en torno a los que llamaron la “transformación de fondo que exige Colombia”.

“Reconocemos que, sin una mayoría legislativa comprometida con el cambio, este propósito no será posible. Por ello, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales que comparten la necesidad de reformar la Constitución en aquellos capítulos que han impedido las transformaciones de fondo que exige Colombia, a sumar esfuerzos y voluntades en torno a este proyecto“, expresaron en el documento.

Por su parte, el aspirante al primer cargo de la nación afirmó que dicha unión de precandidatos es el apoyo a la propuesta del presidente Gustavo Petro para materializar las reformas constitucionales que necesita el país y que, según aseguró Bolívar, el Congreso que históricamente ha estado cooptado por la corrupción no ha permitido lograr.

A la par, se sumó a lo expresado por sus precandidatos, que se mostraron convencidos de que la izquierda seguirá ocupando la Casa de Nariño en 2026, a la vez que destacó que la consolidación de mayorías en el Legislativo es el único camino para consolidar las propuestas gubernamentales.

“Nos declaramos en bancada constituyente, en apoyo a la propuesta del Presidente Petro de llamar al pueblo para que con su firma y su voto materialicen las Reformas Constitucionales que necesita Colombia en 2026 y que un Congreso cooptado por la corrupción y las élites económicas se han negado a hacer”, indicó el precandidato.

La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a la necesidad de una reforma constitucional. El jefe de Estado afirmó que la composición del Congreso elegido en 2022 dificulta avanzar en reformas profundas y sugirió que solo un proceso constituyente podría permitir cambios sustanciales en el país.

Además, el mandatario criticó la elección de Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo, como magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado de la República, lo que provocó un intenso debate sobre la independencia judicial.

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Miranda respondió tajantemente a estas propuestas a través de sus redes sociales, al señalar que el verdadero objetivo detrás de la presión para elegir a Camargo es la creación de una constituyente a medida del Gobierno. “Lo sabíamos, la verdadera intención detrás de la presión en la elección de magistrados era allanar el camino a una constituyente a la medida del petrismo”, escribió la congresista, al destacar que la Constitución de 1991 es suficientemente garantista y que no se necesita modificarla para cumplir los fines del presidente.

En cuanto a la elección de Camargo, Miranda expresó su preocupación por la perpetuación del clientelismo en el sistema judicial, aunque aclaró que la solución no pasa por una reforma constitucional impulsada por la administración de Petro.

Según la congresista, es necesario reformar los mecanismos de selección de los magistrados, pero sin caer en el riesgo de utilizar la reforma constitucional como una herramienta para fines políticos: “Con este tipo de nombramientos, lo que se evidencia es que el sistema de selección de magistrados sigue siendo un refugio del clientelismo”.

La representante defendió la actual Constitución, al asegurar que Colombia no necesita una nueva carta magna, sino cumplir con la que ya existe: “Lo que se necesita es cumplir la Constitución, no torcerla para fines personales”. Además, rechazó el llamado del presidente a una reforma constitucional, calificándolo de un intento de imponer un cambio estructural que responda solo a intereses políticos del Gobierno nacional, “esto no es un clamor popular, es un capricho autoritario”.

Petro propone un proceso constituyente tras la elección de Carlos Camargo

Las declaraciones de Miranda se producen luego del mensaje del presidente Gustavo Petro tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que volvió a encender la polémica con una serie de declaraciones sobre el sistema político y judicial del país.

En su mensaje, el mandatario no solo cuestionó la elección de Camargo, que vinculó con el “cartel de la Toga” y lo acusó de haber coptado a sus electores en la Corte Suprema, sino que reiteró su propuesta de convocar una reforma constitucional para abordar lo que considera las fallas estructurales de Colombia.

Petro destacó que la composición del Congreso elegido en 2022 fue un obstáculo para avanzar en reformas más profundas. Según el presidente, la forma clientelista en la que se elige el Congreso paralizó reformas esenciales como la reforma a la salud, que no se logró concretar debido a la influencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y su modelo asegurador.

“La elección de magistrados como esta, marcada por el clientelismo, demuestra la necesidad urgente de una reforma constitucional. El nuevo magistrado no se atrevió ni a pronunciarse sobre la reforma pensional, y la Corte sigue paralizando temas cruciales para la justicia social en el país”, señaló Petro a través de sus redes sociales.

A raíz de estas críticas, Petro insistió en que la única forma de implementar los cambios estructurales que necesita el país es a través de un proceso constituyente. Según el presidente, la reforma constitucional debería abordar temas como los derechos sociales, la justicia, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la impunidad.

“El pueblo aprendió del proceso. Avanzamos bastante, a pesar del ocultamiento de la prensa, pero aún queda mucho por hacer. Es necesario avanzar más en la construcción del Estado Social de Derecho”, declaró Petro.

El mandatario también descartó cualquier interés en la reelección presidencial, a pesar de las especulaciones al respecto, y sostuvo que ya no hay tiempo para tramitar esta posibilidad en la presente legislatura.

“Cada vez que hablo de la constituyente, sacan a relucir el tema de la reelección, pero ya no hay tiempo para ello”, afirmó Petro, al señalar que lo prioritario es avanzar en la reforma del sistema político y judicial del país.

Así, el presidente Petro dejó claro que la viabilidad de la reforma constitucional dependerá de la movilización ciudadana y del próximo Congreso. En su mensaje, indicó que la recolección de firmas será clave para impulsar el proceso y aseguró que apoyará una lista de congresistas comprometidos con la causa: “Me preguntan a quién apoyo: yo apoyo una lista proconstituyente para que la voluntad del pueblo se haga realidad”.

Su intervención se dio en un contexto de debate público sobre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro impulse un mecanismo de este tipo.

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Gómez Méndez recordó que en la historia política del país ya se había planteado un escenario similar, cuando en la década de 1990 se habló de bloqueo institucional como argumento para abrir la puerta a una Constituyente. En ese momento, explicó, la discusión generó controversias jurídicas y la intervención del Consejo de Estado.

Durante su intervención en Bucaramanga, el exprocurador afirmó: “Debe ser como argumento el bloqueo institucional y ojo con eso que se utilizó en el 90 porque eso lo puede usar Petro ahorita. Petro puede decir que las cortes se le están atravesando, que fue en parte lo que se dijo en ese entonces y ya había habido un enseño por esa vía y el Consejo de Estado dijo no, ese proceso va hacia desconocer la Constitución y es cierto”.

El pronunciamiento se suma a otros que ya había realizado el exfiscal general en meses recientes sobre la misma materia. A mediados de junio, Gómez Méndez habló del Decreto 0639 de 2025, firmado el 11 de junio por el presidente Petro, con el cual se convocaba a una consulta popular. Dicho decreto fue radicado en la Registraduría Nacional el 13 de junio.

El objetivo del Gobierno con esa consulta era que el 7 de agosto los colombianos respondieran doce preguntas enfocadas en la reforma laboral. La iniciativa surgió tras una excepción de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo debido a presuntas irregularidades en la votación del Senado del 14 de mayo.

Sin embargo, el presidente Petro derogó posteriormente el decreto después de que el Congreso aprobara la reforma laboral. Sobre este punto, Gómez Méndez señaló en entrevista con W Radio: “Lo que dice la Constitución es que el presidente de la República puede someter a consulta de los colombianos asuntos de interés nacional (...) la consulta no está establecida para ser un reemplazo permanente del Congreso, es decir, que cada vez que a un presidente no le guste una decisión del Senado, entonces amenaza con el ‘coco’ de la consulta popular”.

Alfredo Saade propuso una Constituyente para reelegir a Petro

En paralelo al debate sobre la Constituyente, Alfredo Saade, ex jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, anunció que participará como precandidato en la consulta presidencial del Pacto Histórico en 2026. El dirigente político planteó que insistirá en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para habilitar la reelección del actual presidente. “Una vez sea elegido presidente de Colombia buscaré una constituyente que permita el regreso de Petro reelegido”, afirmó.

Además de la propuesta de reelección, Saade expresó que considera necesario un proceso de reforma que modifique de fondo el funcionamiento de las instituciones y de los medios de comunicación.

Entre sus planteamientos indicó que “la Procuraduría hay que cerrarla y los empresarios encontrarán en mí un aliado más no un empleado, el poder popular será quien me dirija y será el pueblo quien después de Dios el que me sostenga, el Congreso tendrá que trabajar de frente con el pueblo o será cerrado”.

El precandidato también se refirió a temas de seguridad y justicia. Manifestó que en su eventual gobierno no existirán diálogos con grupos armados ilegales: “no habrá negociaciones con terroristas, serán sometidos por el poder militar de la nación. La justicia tiene que ser reformada para que esté al servicio verdaderamente del pueblo, no de los poderosos. La historia que comenzó a escribir el presidente Petro continúa sin ambigüedades”, concluyó.

El Pacto Histórico definirá su candidato único a los comicios presidenciales de 2026 por medio de una consulta interna que tendrá lugar el 26 de octubre de 2025, en la que participarán cerca de 10 candidatos, entre los que resuena una polémica propuesta con la que se iniciaría nuevamente el ordenamiento político del país.

El cierre del Congreso de la República y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente son dos iniciativas que han cobrado relevancia entre los aspirantes de los sectores considerados “progresistas” al primer cargo de la nación. No obstante, no todos han manifestado estar de acuerdo con estas propuestas radicales, que podrían ir en contra de los principios democráticos del país.

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Una de las precandidatas que se ha mostrado al margen de las iniciativas que despiertan las pasiones políticas de los ciudadanos es la senadora María José Pizarro, de la coalición de izquierda a fin al Gobierno nacional, que respondió en los canales digitales de Semana sobre las polémicas iniciativas.

En el diálogo con ese medio de comunicación, Pizarro aseguró que la Constitución Política que rige al país es producto de iniciativas progresistas que lograron unir en los años 90 a buena parte de los sectores políticos de la época y que consolidaron acuerdos programáticos que dieron lugar a un “nuevo contrato social”.

La congresista señaló que la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla del M-19 en marzo de 1990 y el movimiento estudiantil de la séptima papeleta son dos logros que construyeron los sectores progresistas de la época y cuyo legado se ve reflejado en el ordenamiento del país.

“Aquí se trata de acuerdos programáticos, aquí se trata de una visión de país y aquí se trata de lo que ha construido el progresismo a lo largo de estas décadas. Nosotros hemos, además, no solamente participado y propiciado la constitución de 1991. La firma del Acuerdo de Paz con el M-19 hace 35 años facilitó, junto con el movimiento estudiantil por la séptima papeleta, la construcción y la convocatoria a una nueva constituyente en nuestro país, que es un nuevo contrato social", expresó Pizarro al medio citado.

También manifestó que no está de acuerdo con le cierre del Legislativo y, por consiguiente, tampoco con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para instaurar la reelección presidencial, pero sí para que los derechos sociales de los colombianos sean cumplidos.

En la misma línea, precisó que la idea de reelegir mandatarios no le entusiasma, dado que el país tiene antecedentes de que esa iniciativa puede conducir a la corrupción de los miembros de la Rama Legislativa, por lo que aseveró que en lugar de esa propuesta, el país debe fortalecer su democracia.

“Lo que creo es que la constitución debe cumplirse y si una constituyente hace falta para que se cumplan los derechos sociales de los colombianos, bienvenida, pero no para la reelección presidencial. Yo creo que tenemos experiencias muy tristes en nuestro país de lo que ha significado la compra y venta de votos y de congresistas, para la reelección de un mandato presidencial. Colombia en este momento debe fortalecer la democracia y ese es el camino en el que debemos estar”, explicó la aspirante a ser la sucesora de Gustavo Petro al medio mencionado.

Finalmente, afirmó que quien sea el candidato de los sectores progresista debe tener en cuenta las “diferencias programáticas” entre los precandidatos, sobre lo que destacó que quien no esté dispuesto a profundizar, estaría emprendiendo su aspiración a nombre personal.

No obstante, fue enfática en que su intención no es vetar a ninguno de sus compañeros, pero sí sentar un precedente en torno a las diferentes formas de hacer política desde los sectores de izquierda que buscaran consolidar el legado del hoy mandatario.

“Aquí no se trata de personalismo, se trata de un proyecto político que tiene madurez y que ha hecho esfuerzos inmensos para consolidarse. Yo no estoy en la posición de vetar a nadie, pero por supuesto sí puedo plantear diferencias en términos de lo que yo considero es un estilo de hacer política, una forma de hacer política desde el progresismo”, puntualizó Pizarro.

Las tensiones en el escenario político colombiano aumentaron tras las recientes declaraciones de Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, quien insistió en que las candidaturas para las elecciones presidenciales 2026 deben estar libres de cualquier imputación o cuestionamiento judicial.

Bolívar fue directo al referirse a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y también aspirante presidencial, quien enfrenta un proceso judicial, junto a varios exfuncionarios de su administración.

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El precandidato subrayó que, de encontrarse en una situación similar, no continuaría en la contienda, pues considera que el país necesita líderes en quienes la ciudadanía pueda confiar.

Además, señaló que corresponde al Comité de Ética del Pacto Histórico pronunciarse sobre la permanencia de Quintero en el proceso interno de selección de candidatos.

Las declaraciones de Bolívar fueron dadas a Caracol Radio ante la pregunta de cuál sería su posición ante el hipotético caso de que deba apoyar a Quintero:

“Esa es una pregunta muy difícil, deberíamos irnos a comerciales. Pero bueno, vamos a contestar. Lo que pasa es que es difícil, porque cuando uno suscribe un acuerdo (...) Nosotros para poder ir a esa consulta, tenemos que suscribir un acuerdo todos los candidatos y ahí hay dos puntos claros: uno, es que todos los que pierdan tienen que apoyar al que gane. Todos. O si no, uno no se mete. Y el segundo, es que uno tampoco se puede ir después a otro partido, ni a buscar otra aspiración, por otro lado, en caso de que uno pierda acá”.

Bolívar se sostuvo en que los acuerdos al interior de la colectividad deben respetarse, haciendo hincapié en el caso de Quintero Calle:

“Entonces, uno tiene que tomar esas decisiones antes de inscribirse. Pero si yo me inscribo y ahí hay esas personas y alguna de ellas llega a ganar, pues ahí está la dificultad; o me toca, me toca cumplir. Uno tiene que ser caballero en esos acuerdos, pero esa es la democracia y esta no es perfecta”.

Daniel Quintero responde a las acusaciones y defiende su candidatura

Ante estas afirmaciones, Daniel Quintero respondió públicamente, defendiendo su derecho a participar en la carrera presidencial y cuestionando la naturaleza de la imputación en su contra.

En entrevista con Caracol Radio, Quintero sostuvo que, tras aparecer en los primeros lugares de una encuesta reciente, se ha intentado crear una crisis política para forzar su retiro de la contienda.

Según su versión, algunos sectores han utilizado el argumento de la imputación y su supuesta falta de pertenencia a la izquierda para deslegitimar su candidatura.

“En lo que se refiere a la imputación, yo he presentado públicamente pruebas suficientes de que se trata de una persecución para sacarme de la campaña a la presidencia”, afirmó el exalcalde, que también defendió su gestión social y la protección del patrimonio público como evidencia de su perfil progresista.

Quintero explicó que la imputación judicial que enfrenta, junto a 36 exfuncionarios de su administración en Medellín, no está relacionada con actos de corrupción, sino con la terminación de un contrato que, según él, se realizó conforme a la ley.

El precandidato hizo una distinción entre imputación y acusación en el sistema judicial colombiano, señalando que la primera corresponde a una etapa de investigación en la que la Fiscalía identifica posibles irregularidades, pero no implica una condena ni la existencia de pagos indebidos o beneficiarios ilegales.

Además, argumentó que la Fiscalía lo responsabiliza por decisiones tomadas por un secretario, pese a que dichas actuaciones, asegura, se ajustaron a la normativa vigente.

Para Quintero, todo el proceso responde a una estrategia de persecución política destinada a excluirlo de la competencia presidencial.

Propuestas políticas de Quintero: Asamblea Constituyente y cierre del Congreso

En el plano programático, Quintero presentó propuestas que han generado debate, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el cierre del Congreso, al que calificó como “una banda criminal”.

El exalcalde atribuyó a la “derecha mafiosa y corrupta” la intención de mantener estructuras políticas que, a su juicio, perpetúan la corrupción.

Planteó la necesidad de una transformación profunda del sistema político, comparando la situación con la reparación de un motor averiado en lugar de limitarse a cambiar al conductor.

Entre sus propuestas adicionales, Quintero mencionó la eliminación de notarías y redes de favores que, según él, afectan al país, así como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante tecnología y liderazgo militar para mejorar la seguridad y las oportunidades. También recordó que durante su gestión en Medellín se logró una reducción en los índices de homicidios.

Quintero concluyó reafirmando su confianza en que podrá demostrar su inocencia ante la justicia y sostuvo que las pruebas presentadas serán suficientes para respaldar su versión de los hechos.

Quintero también dijo que, para cuando el Pacto Histórico se consolide como partido “tendré mi carnet, siendo el presidente Petro el primero en recibirlo; yo seré el segundo”, ratificando su intención de mantenerse en el partido de Gobierno.

Pese a que el presidente Gustavo Petro ha explicado en más de una ocasión que no está interesado en continuar en el cargo por más de los cuatro años reglamentarios, su jefe de Despacho, Alfredo Saade, continúa promoviendo la idea de que la figura de la reelección reviva en beneficio del jefe de Estado.

Así lo expuso en su cuenta de X, luego de que se conociera que en El Salvador la reelección presidencial indefinida quedó aprobada por el Legislativo, lo cual permite a Nayib Bukele, actual presidente, continuar en el poder por el tiempo que establezca la población. Según Saade, Colombia debería tomar ese mismo rumbo.

“Lo mismo pasará en Colombia, que bien”, escribió.

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El 20 de julio de 2025, en la instalación del Congreso de la República, el funcionario volvió a incentivar la reelección del presidente con una arenga a la que se sumaron varios legisladores, que gritaban al unísono: “¡Reelección!”. Y, en conversación con El Espectador, explicó que lo ideal sería que el mandatario Gustavo Petro permaneciera en el cargo por dos décadas, para garantizar la implementación de cambios en el país.

“Yo creo que al presidente Gustavo Petro el país debería tenerlo no menos de 20 años en el Gobierno, por eso yo hablo de la repostulación del presidente; por ahí me tienen denunciado, pero ellos no quieren que yo opine, y es mi opinión”, detalló al medio citado.

El exministro de Comercio, Industria y Turismo y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) Luis Carlos Reyes criticó la postura del jefe de Despacho y aseguró que para que prospere el progresismo de izquierda que representa el presidente, es necesario que se deje atrás el petrismo.

“No puede ser que esta sea la mano derecha del presidente de la República. El único camino posible para el progresismo es el post-petrismo”, señaló.

A su comentario se unió el de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que pasó de apoyar al primer mandatario a ser una de las políticas que se opone firmemente a su Gobierno. En la misma red social, cuestionó el hecho de que se rechacen las políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador, pero se respalde la figura de la reelección.

“No les gustan las cárceles para criminales, pero sí les gusta la reelección indefinida de Bukele!”, aseveró.

Insistió entonces en que Gustavo Petro está buscando mantenerse en el poder a como dé lugar, por lo que, como aspirante a la Presidencia, aseguró que centrará sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de los colombianos por medio de la resolución de las principales problemáticas que los aquejan.

El escenario de la reelección: una modificación de la Constitución

El artículo 197 de la Constitución Política de Colombia establece que ninguna persona que haya sido elegida como presidente o presidenta de la República podrá volver a ocupar ese cargo. Esto no aplica para el vicepresidente que haya ejercido por menos de tres meses.

En ese sentido, para poder cambiar estar normativa, y permitir nuevamente que los presidentes tengan un nuevo mandato, se debe hacer una transformación de la Constitución Política de Colombia, para lo cual solo hay dos mecanismos de participación ciudadana posibles.

“La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”, indica la carta magna en su artículo 197.

El presidente Gustavo Petro afirmó que espera impulsar una asamblea nacional constituyente por medio de la inclusión de una papeleta en las elecciones de 2026, con el fin de hacer modificaciones en la Constitución. Y, aunque niega que la prohibición de la reelección sea algo que desee cambiar, desde la oposición advierten que esos podrían ser sus planes políticos a futuro.

La supuesta reelección del presidente Gustavo Petro tiene dividida a la opinión pública, al país político y a funcionarios y personas afines al Gobierno nacional. El jefe de Despacho Presidencial, Alfredo Saade, insiste en la necesidad de que el mandatario se postule nuevamente para el cargo y que la ciudadanía lo apoye para que cumpla con un nuevo periodo presidencial, pero el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, derrumbó la idea.

De acuerdo con el exfuncionario y aspirante a la Presidencia de Colombia, aunque hay personas que quisieran que el jefe de Estado permaneciera en el poder por otros cuatro años, lo cierto es que no es posible lograrlo. Esto, debido a que se tendría que ir en contra de lo establecido en la Constitución Política.

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“Mucha gente quisiera que Gustavo Petro siguiera, pero constitucionalmente es imposible. Y para que él siguiera, tocaría romper la Constitución y ni Gustavo Petro está dispuesto a hacerlo, ni personas proinstitucionalidad como nosotros, a secundarlo”, explicó Bolívar, en conversación con la revista Semana.

Según el precandidato, para que se elimine la prohibición de la figura de la reelección se debe llevar a cabo una asamblea nacional constituyente –propuesta que el mismo presidente ha expuesto–. Con ella, se podría reformar el artículo 197 de la carta magna, en el que se prohíbe a cualquier ciudadano ser elegido nuevamente como presidente de la República.

En ese caso, sería necesario que la Registraduría Nacional de Estado Civil acepte contar una papeleta incluida en unas elecciones y que la Corte Constitucional dé su visto bueno. No obstante, cabe aclarar que el procedimiento detallado por el exfuncionario no contempla la deliberación y votación del Congreso de la República, también contempladas en la Constitución como parte del proceso.

En ese sentido, según el exdirector, la convocatoria y todo lo que implica tardarían mucho tiempo en llevarse a cabo y Petro no alcanzaría a beneficiarse de ella, en caso de que tuviera los resultados esperados. “Eso no pasa en menos de dos años. Y Gustavo Petro para entonces ya se ha ido porque él se va ahorita en 12 meses. No es probable”, precisó.

Teniendo en cuenta este panorama, aunque Saade continuara impulsando la reelección del presidente Petro, no podría efectuarse. “Él puede gritar y quererlo y sentirlo y ser auténtico en eso (…). Una cosa es lo que uno quiere en política y una cosa es lo que puede, y más en temas jurídicos”, aclaró al medio de comunicación citado.

Polémica tras reelección impulsada por Alfredo Saade

En la instalación del Congreso de la República, el jefe de Despacho, Alfredo Saade, causó malestar y enojo entre los senadores y representantes a la Cámara, por salir del recinto gritando: “¡Reelección!”. Esto, luego de que el primer mandatario diera su discurso y decidiera irse sin escuchar en su totalidad las declaraciones de la oposición.

Su respaldo a la figura de la reelección va en contra de lo que dice el mismo primer mandatario, que en más de una oportunidad ha negado estar interesado en alargar su periodo presidencial. En el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela recurrió a acciones penales para que el funcionario del Gobierno sea investigado. De acuerdo con el ex servidor público, la denuncia que hizo se fundamenta en la vulneración de la Constitución Política.

“Radicamos la denuncia penal ante la Fiscalía contra Alfredo Saade por promover la reelección de Gustavo Petro. La imparcialidad de la función pública, no está en juego. No vamos a permitir que se pisotee la Constitución. La defendemos con hechos. Le cumplimos al país: aquí nadie está por encima de la ley”, informó.

La admisión de la tutela por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado dio inicio a un nuevo capítulo en el debate sobre la viabilidad y legalidad de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente de la República, Gustavo Petro, al tiempo que pone en el centro de la discusión la protección de los derechos fundamentales de participación y debido proceso.

El documento expedido por el alto tribunal detalla que, de acuerdo con información proporcionada por el propio Gobierno nacional, la convocatoria se planea para marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones al Congreso de la República.

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En este escenario, el demandante Germán Calderón España, abogado constitucionalista, solicitó la adopción de medidas cautelares que obliguen al presidente Petro abstenerse de entregar la mencionada papeleta en los próximos comicios.

“Que estos se encuentran amenazados con ocasión del anuncio que hizo el primer mandatario en alocución televisada el 11 de junio de 2025, en la cual informó que sería entregada una papeleta para convocar una asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones, anuncio que fue ratificado por el Ministro de Justicia el 12 de junio siguiente, en medios de comunicación”, se lee en el auto del magistrado José Roberto Cardona Sáchica Méndez.

Por su parte, la Corte Constitucional negó la implementación de medidas cautelares en contra del primer mandatario y el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, por proponer la constituyente en las elecciones de marzo de 2026. La razón radica en que la solicitud es improcedente, ya que aún no hay riesgo de que dichas acciones ocurran.

“No hay lugar a decretar la medida provisional deprecada, toda vez que no se advierte una situación urgente e inminente que requiera una intervención temprana del juez constitucional en procura de la protección o cautela de un derecho fundamental. No se evidencia que, durante el término legalmente previsto para decidir la acción de tutela, pueda ocurrir una afectación a los derechos fundamentales invocados que no sea susceptible de ser reparada”.

Con la admisión de la Corte, la tutela deberá seguir con el trámite legal para “recaudar los elementos necesarios para establecer si existe o no la amenaza que origina la interposición de la acción constitucional y, de ser procedente, adoptar las medidas que correspondan”.

Presidente Petro rechazó críticas por intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

El 25 de junio de 2025, durante la sanción de la Reforma Laboral, el presidente Gustavo Petro dijo que no hizo la convocatoria vía decreto, sino que expuso la posibilidad de que los colombianos sean los que la exijan.

Incluso, señaló que el expresidente César Gaviria “el mismo que convocó por decreto la asamblea nacional constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo”; sin embargo, “yo no la he convocado por decreto”.

Y agregó: “Simplemente, he hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el Constituyente puede convocarse”.

Bajo la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la idea de una constituyente busca atender las críticas de miles de colombianos, que expresan su inconformidad con el Gobierno nacional.

“Es claro que cuando uno recorre el país, uno encuentra un malestar bastante grande en la sociedad colombiana desde el punto de vista de los derechos, de los deberes, de la parte social y la seguridad”, introdujo el jefe de la cartera política.

De igual manera, sostuvo que la propuesta no tiene la intención de desconocer la Constitución Política de 1991. Además, mencionó que tampoco busca mantener a Petro en el poder.

“El presidente Petro, y así lo interpreto yo, lo que dice es que en las próximas elecciones la ciudadanía exprese, mediante una papeleta, si quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente. No es para la reelección del presidente, ni para que el haga la constitución, es para que el nuevo gobierno la haga, de eso se trata”, explicó.

La resolución 60474, suscrita por el ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, representa quizá el hito más negativo en la Fuerza Armada de los últimos tiempos, con la decisión de Nicolás Maduro de ascender al primer general de Brigada técnico en la Fuerza Armada de Venezuela, específicamente en la Aviación Militar, causando un rechazo silencioso en los oficiales de comando, uno de los cuales le dijo a Infobae “están regresando la institución a una montonera”.

El mes de julio es la época de ascensos, cambios militares y la celebración del 5 de Julio de 1811, Declaración de la Independencia de Venezuela. Este año en los ascensos resalta el del grado de general de Brigada en la categoría “técnico” de Fidel Ernesto Hernández Figueroa, el primero de los oficiales técnicos en llegar al generalato.

La Ley Constitucional, que fue aprobada por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 2017, establece, en la cuarta de las disposiciones transitorias y finales que el ascenso a generales de Brigada y de División “para el Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010”.

Un alto oficial de la Aviación, en conversación con Infobae, revela lo que considera “una bofetada al mancillar el grado de General” porque el ahora general de Brigada Hernández Figueroa es egresado de la Escuela Técnica de la FAV en el año 1993. “Tiene 32 años de servicio”.

Explica que Hernández es ingeniero de vuelo de C-130, de manera que “la Fuerza Aérea perdió un técnico y ganó un general, que no ayuda en nada a la institución. Es una irresponsabilidad de los otros 3 SOPC que lo ascendieron”.

Indignado el general expresa que “la cúpula militar permite esta aberración, que solo logrará que ese oficial técnico, Fidel Hernández, sea rechazado por sus compañeros y por los oficiales generales egresados de los institutos de formación de oficiales, porque está claro que lo que se busca es desmoralizar a la Fuerza Armada”.

El general que habló con Infobae dice que “una de las decisiones más perversas que tomó el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue haber homologado la antigüedad de los SOPC (Suboficiales Profesionales de Carrera) en vez de haberlo hecho sobre los sueldos”.

General de tablitas

“De ahí sobrevino la repartición de grados, relajando la disciplina y subordinación entre los Oficiales graduados en las Escuelas Militares, ahora llamados Oficiales de Comando, y los entonces Sub-Oficiales que ahora llaman Oficiales técnicos”, dice lamentando el antecedente que está lesionando a la institución castrense.

A su juicio, lo que buscan quienes están en el poder político y militar en Venezuela es “seguir destruyendo la majestad del generalato. Porque si bien es cierto que la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, promulgada en el 2020, por la ilegal Asamblea Constituyente, contempla el ascenso para General de Brigada a los oficiales técnicos, es solo aplicable para los oficiales técnicos graduados a partir del 2010”.

Destacó que oyó a un oficial utilizar para casos como este la expresión “general de tablitas” como término coloquial y despectivo “usa principalmente en algunos países de América Latina, como el caso de Venezuela, para referirse a un militar que ha alcanzado un alto rango, pero no por méritos reales o experiencia en combate, sino más bien por favores políticos, influencias, lealtades partidistas o corrupción interna”.

“Se le llama ‘tablitas’ como referencia a las insignias o charreteras que llevan los militares en el uniforme para mostrar su rango. Así que un ‘general de tablitas’ es alguien que tiene el uniforme y las insignias, pero no el respeto o la trayectoria real que justifique su rango”.

“Es similar en sentido al uso del término ‘general de escritorio’, que se refiere a un alto oficial que no ha estado en combate, pero ocupa un cargo alto en la jerarquía”.

Los méritos

Un divisionario de la Aviación, en situación de retiro, le dijo a Infobae que en su caso para General de Brigada, “no solo egresé de la Academia Militar, la Escuela de Aviación Militar, también demostré cualidades de mando y conducción, planificación de operaciones y destacar en cursos, tanto en Venezuela como en el exterior”.

“Fui director de línea de grandes unidades de combate, estado mayores, cursos de auxiliar de Estado Mayor, básico de Estado Mayor y de Estado Mayor, comandante de brigadas”.

En una fuerza militar, “un general es un oficial de alto rango que dirige unidades militares más grandes que un regimiento, como brigadas, divisiones, cuerpos de ejército, o incluso ejércitos completos o grupos de ejércitos. Son los líderes estratégicos y tácticos de la Fuerza Armada, responsables de la dirección y supervisión de las operaciones militares y estrategias”.

Expresa que lamentablemente en Venezuela “ya no existe ni Fuerza Armada ni Institución Armada ni nada que se le asemeje. Es un cuerpo amorfo de agentes políticos uniformados, que los obligan al proselitismo forzado, que los vigilan, controlan y persiguen”.Agrega que “les dan con un palo a los que piensan y una chapa a los sapos y mediocres, solo por ser serviles canallas y arrastrados. Ellos violan la propia Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que es en sí misma inconstitucional”.

La decisión de Chávez de convertir en oficiales técnicos a los suboficiales trajo “consecuencias graves principalmente a la Aviación. Fuga de plataforma tecnológica de mano de obra calificada para las líneas de vuelo, para los talleres de mantenimiento, para la organización”.

Asevera que fueron “soluciones simplistas y nefastas, sacar a los recién oficiales técnicos de la Aviación, ya que se generaron conflictos fuertes de disciplina en las unidades. La aviación fue todo un desastre en el manejo y gestión de ese aspecto”.

Responsabiliza a quienes debieron asesorar apropiadamente al entonces presidente Hugo Chávez “por culpa de ese Alto Mando que no hizo su trabajo ocupándose de asesorar al presidente, que siendo militar entendería mucho más la situación y así evitar todo lo que ocurrió después”, dice el general en retiro.

“Vi oleadas de recién oficiales técnicos que la Aviación sacó de las unidades de vuelo y logísticas, para ponerlos a la orden del Comando Estratégico Operacional (CEO) en las recientemente creadas Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI)”.

Es así como “un suboficial, acostumbrado a trabajar en su línea de vuelo, en su taller de mantenimiento, servicio logístico, casi al lado de su casa, saliendo del trabajo antes de las 5 de la tarde, cuando no tenía una comisión especial o servicio de guardia, fue enviado a una REDI en otra región, pues pide la baja y se va con sus más de 15 años de servicio, su porcentaje de pensiones y su estrella. Eso fue lo que ocurrió”, finaliza diciendo

De acuerdo con el primer mandatario, su propuesta se centra en incluir una papeleta en las elecciones de 2026, sin contar con una deliberación en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Eso quiere decir que se estaría saltando el procedimiento planteado en la Constitución.

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Pese a las advertencias que han surgido al respecto por parte de expertos y congresistas de la oposición, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respalda la propuesta.

“Yo soy partidario de la tesis que lanzó el presidente, respecto a que Colombia necesita una asamblea constituyente. Creo que en este momento hay un bloqueo institucional”, explicó el funcionario en una alocución realizada el 12 de junio de 2025.

Aunque el jefe de la cartera lleva poco tiempo ejerciendo como tal, su postura con respecto a la asamblea constituyente ha derivado en críticas que incluyen una solicitud para que desista del cargo y dé un paso al costado. Así lo indicó el candidato al Senado Jorge Enrique Robledo en un video publicado en su cuenta de X.

Según el también exconcejal y exsenador, el ministro estaría apoyando una idea que no está contemplada en la normativa colombiana, puesto que busca que la asamblea en cuestión sea una iniciativa popular. Así lo expuso Montealegre en la alocución: “¿Qué tipo de constituyente? Una constituyente de iniciativa popular. Eso que dijo el presidente es muy importante”.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 376 de la Constitución, la asamblea puede ser convocada siempre y cuando sea una “ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara”. Además, el Legislativo es el responsable de disponer que la ciudadanía decida sobre la convocatoria, según la competencia, el período y la composición que se establezca en la ley.

“¿Por qué debe renunciar Eduardo Montealegre, el ministro de Justicia? Otro error muy grave del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Que anden con el engaño de hablar de realizar una Asamblea Popular Constituyente, figura que ni siquiera existe en la Constitución Nacional”, indicó el aspirante al Senado.

Según Robledo, la papeleta que anunció el presidente Gustavo Petro sería incluida en el proceso electoral para elegir a los próximos senadores y representantes a la Cámara, que tendrá lugar el 8 de marzo de 2025.

No obstante, aclaró que el registrador Nacional, hoy Hernán Penagos Giraldo, es el responsable de definir qué pasa ese día. Y, aunque el funcionario quisiera contar la papeleta en las elecciones, no sería posible porque serían “fraudulentas”.

En ese sentido, criticó el respaldo que está brindando el ministro de Justicia a la propuesta de una asamblea constituyente promovida sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. “El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tan charlatán e irresponsable como Gustavo Petro, en vez de no aceptarle al presidente su ilegalidad, se la respaldó, violando él también las leyes”, dijo.

Así las cosas, insistió en que el primer mandatario debería ser investigado por la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para indagar sobre la conducta del presidente de la República. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que el jefe de la cartera se abstenga de continuar liderando el ministerio.

“Montealegre debe renunciar a su cargo porque un ministro de Justicia no puede actuar de mala fe ni promover que se violen la Constitución y las leyes”, indicó.

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado en medio de la polémica al proponer que para las elecciones de marzo de 2026 se entregue una papeleta a los colombianos con el fin de que expresen su opinión frente a una eventual asamblea nacional constituyente.

En este contexto, el alcalde de Bogotá hizo un llamado enfático al respeto por lo establecido en la Carta Magna, por las instituciones, los medios de comunicación y el mandato popular que define tanto el Ejecutivo como el Legislativo.

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“Debo enviar un mensaje de esperanza, el país exige cambios pese al fracaso en conseguir la paz, nuestra constitución y Colombia viven. La Corte Constitucional ha cumplido con su rol de defender la Constitución de 1991. No es momento de dejarnos llevar por cantos de sirenas, sino que debemos actuar. A pesar de las dificultades, nuestras instituciones funcionan y la Constitución vive”, afirmó Carlos Fernando Galán durante la conmemoración del aniversario 34 de la Constitución de Colombia de 1991.

A lo largo de su intervención, Galán insistió en la importancia de que los gobernantes asuman el cumplimiento y respeto de la Constitución en cada decisión y acción. Subrayó que “la palabra más importante para quienes ocupamos cargos de poder sea la palabra: límites. Y eso es lo que representa la Constitución: límites de límites. A los gobernantes nos corresponde dirigir el barco, pero sin sobrepasar el mandato para el cual fuimos elegidos”. Esta reflexión se extendió al papel de los funcionarios públicos y la necesidad de honrar a quienes los eligieron.

El alcalde capitalino recalcó que el mandato conferido por la ciudadanía es limitado tanto en tiempo como en funciones. “El mandato es limitado, lo es en el tiempo y las funciones, somos elegidos por tiempo determinado, por un trabajo delimitado, fuimos elegidos para respetar las reglas de juego y no caer en cantos de sirenas, no es un mandato para saltarse las instituciones, las reglas y las formas. Que el pueblo haya votado por unas propuestas no implica que unas reformas puedan imponerse eliminando su discusión o modificación”, expresó. Añadió que “quienes somos elegidos por el pueblo no somos el pueblo, (…) es una distinción fundamental. El pueblo es quien elige al presidente, pero también al Congreso, al alcalde y al Concejo”.

En su discurso, Galán también defendió la importancia de la oposición y de quienes supervisan la labor de los gobernantes. Sostuvo que “no podemos permitir que tener una opinión distinta o informar los hechos lleve a ataques ni ponga en riesgo la independencia de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Las instituciones a veces fallan, pero esos fallos se deben corregir respetando las reglas, no sobrepasando los límites o cambiando el juego. Y ahí los gobernantes tenemos que liderar con el ejemplo, porque quienes gobernamos representamos al pueblo, pero quienes nos hacen oposición también nos representan”.

El mandatario local reconoció la necesidad de cambios en una sociedad en constante transformación, pero advirtió que estos deben realizarse dentro de los límites constitucionales. “Las sociedades evolucionan y deben hacerse cambios. No es momento de oír a las sirenas, cualquier cambio debe hacerse observando los límites y respetando las reglas. No hemos sido claros explicando qué son las instituciones, las instituciones no son entidades lejanas ni representan élites, representan el correcto funcionamiento del Estado. Son un triunfo de nuestro país”, afirmó.

Incluso, alertó sobre los riesgos que enfrentan las instituciones: “Han sufrido constantes ataques, nuestras instituciones están en riesgo, los avances que hemos tenido como país están en riesgo, y nuestro compromiso debe representarse en el respeto a las instituciones, tenemos que unirnos en un acuerdo común para defender los avances que tantos nos han costado”.

En el cierre de su intervención, Galán se refirió al atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, señalando que este hecho evocó épocas que se creían superadas, aunque insistió en que aún existe esperanza. Destacó que, pese a las dificultades, “nuestras instituciones funcionan y la Constitución vive”.

El 20 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que para las elecciones de marzo de 2026 se entregará papeleta para que los colombianos decidan si se convoca a una asamblea nacional constituyente.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones”, señaló en su cuenta de X.

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Frente a la propuesta del Gobierno Petro de cambiar la Constitución Política de 1991, abogados aclararon que es obligatorio que el Senado apruebe la constituyente en debate y luego sea estudiada por la Corte Constitucional, por lo que, desde su conocimiento, señalaron que no es procedente solo con una papeleta

Con el fin de evitar algún tipo de vicio por pate del Gobierno nacional, el abogado Germán Calderón España interpuso una tutela contra la propuesta de Petro, que fue admitida en el Consejo de Estado.

En la querella, el litigante señaló que la propuesta del primer mandatario amenaza el derecho fundamental al debido proceso, al principio de legalidad, a las reglas que regulan la asamblea nacional constituyente.

Así las cosas, solicitó al alto tribunal que “se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de legalidad, a las reglas que regulan la constituyente y la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana”, se lee en el documento.

Incluso, Calderón España pidió que se obligue al presidente Petro a no convocar la constituyente en las elecciones de marzo de 2026.

La pulla del presidente del Consejo de Estado a Petro

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, lanzó una pulla al jefe de Estado en el evento “Declaración de Principios de Ética Judicial de Colombia”, asegurando que las democracias de hoy se disuelven por cuenta de líderes que van por encima de la Constitución y la ley.

“Esta tarea tan fundamental del juez que encarna, repito, el paradigma y el referente social más importante en épocas de crisis. Las democracias de hoy no se disuelven como en las épocas de los años 60, 70, 80, porque hay golpes militares, sino porque al interior del sistema hay líderes que encarnan una visión de democracia por encima de la Constitución y de la ley”, indicó el magistrado.

A pesar de lo anterior, sostuvo que está orgulloso de trabajar en el sector público y contribuir a la protección de las leyes con el propósito de forjar una mejor sociedad en Colombia.

“Por eso yo como presidente del Consejo de Estado me siento muy honrado de participar de este evento y de suscribir un documento que va a significar, ni más ni menos, una hoja de ruta para que quienes vestimos la toga interpretemos que estamos llamados a hacer de esta sociedad una sociedad políticamente estable, económicamente viable y socialmente culta”.

Cabe recordar que Álvarez defendió el rol que tiene el Consejo de Estado como guardián de la separación de poderes por las polémicas que generaron dentro del Gobierno Petro las decisiones del alto tribunal de suspender el llamado a la consulta popular y los intentos de la actual administración de reducir las tarifas de servicios públicos vía decreto.

“En una coyuntura como la que vivimos genera de alguna manera ataques y descalificaciones descomedidas cuando una sentencia limita el poder, evita de alguna manera una agenda pública, es natural que haya una reacción, pero la justicia no se puede doblegar ni ante las presiones indebidas de cualquier rama del poder público, ni tampoco por los actores violentos, ni tampoco por los ataques que se dan por encima de esas consideraciones”, dijo el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, en medio del congreso de Andesco en Cartagena, Bolívar.

El congresista, que suele estar a favor de algunas de las propuestas oficialistas, puso en evidencia su preocupación ante el anuncio del jefe de Estado, que plantea la constituyente como vía para superar obstáculos legislativos y avanzar en reformas estructurales. De acuerdo con el legislador, aunque el Gobierno nacional ha enfrentado trabas para cumplir con sus funciones, no hay ninguna razón para justificar una reforma a la Constitución Política.

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“No hay justificación en este momento para tener una constituyente. Es cierto que muchos partidos no han dejado gobernar al presidente, que hay un bloqueo, pero todavía no estamos en un punto donde este país necesita una nueva Constitución e incluso hay puertas que no se deberían abrir”, precisó el congresista.

Aunado a ello, según Ávila, los tiempos para convocar una asamblea constituyente no dan, puesto que se necesitan por lo menos 18 meses, casi dos años, en llevarse a cabo. En ese sentido, no sería posible que se convocara para marzo o mayo de 2026, meses en los que se realizarán las elecciones al Congreso y a la Presidencia, respectivamente.

“Si lo que se busca es que en marzo o en mayo o en junio exista una papeleta como hecho político, puede ser, pero jurídicamente son dos años, así que no da”, precisó.

En todo caso, más allá de los tiempos, Ávila rechaza la idea de una asamblea constituyente, en la medida en que existe el riesgo de que se modifique la Constitución Política a tal punto que se evidencie un retroceso en derechos ya conquistados. “Abrir una Constitución ahorita es abrir una caja de Pandora”, dijo.

Concluyó: “Yo no voy a apoyar una constituyente. Respeto a todos los mecanismos de participación popular. Por eso estuve de acuerdo con la consulta. A mí no me da miedo la democracia, pero creo que una constituyente es un grave error”.

La primera demanda contra la asamblea constituyente

El miércoles 25 de junio de 2025, se conoció la primera acción de tutela presentada contra el Gobierno nacional tras el anuncio de una posible convocatoria a una asamblea nacional constituyente para 2026. El recurso fue interpuesto ante el Consejo de Estado por el abogado Germán Calderón España, que argumentó que las declaraciones del presidente Gustavo Petro representan una amenaza para la democracia.

En el documento, el profesional en Derecho explicó que presentó la tutela contra la Presidencia de la República y el Gobierno nacional por la supuesta violación de derechos fundamentales como el debido proceso, a las normas que regulan la asamblea nacional constituyente, entre otros.

“Por medio del presente escrito, interpongo acción de tutela contra la Presidencia de la República y/o Gobierno Nacional por la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de legalidad, a las reglas que regulan la asamblea nacional constituyente y la consulta popular para convocar una asamblea nacional constituyente como mecanismos de participación ciudadana y a mis derechos políticos, la cual sustento en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas”, se lee en el documento.

Desde la perspectiva de Calderón España, el Gobierno de Gustavo Petro estaría impulsando un proceso sin cumplir los procedimientos legales establecidos en la Constitución Política. También advirtió sobre la promoción de mecanismos fuera del marco legítimo al mencionar posibles consultas improvisadas o una imposición desde las calles.

“Creer en nuestras instituciones es defender la democracia colombiana, es permitir que cada uno de los órganos del poder ejerza su función en tranquilidad, pacíficamente, respetando la colaboración armónica entre los poderes”, precisó el líder del organismo de control e inspección en el evento.

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En ese sentido, insistió en que es necesario que las decisiones que se tomen en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial no impliquen una imposición. Deben trabajar en igualdad de condiciones y de manera independiente.

“Aquí las instituciones son las que están por delante. He dicho en diversos escenarios: es el momento de las instituciones, no de las personas. Es el momento de templar y saber de qué tanto es capaz la institucionalidad colombiana”, aclaró.

Asimismo, hizo un comentario relacionado con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente por medio de la entrega de una papeleta en las elecciones de 2026. Esto, sin pasar por el Congreso de la República, como lo establece la Constitución Política.

Según indicó, cuando llegó a Cartagena, se encontró con un ciudadano que le solicitó transmitir un mensaje en el evento, el cual muestra el rechazo a la convocatoria que espera hacer el jefe de Estado para que se reforme la carta magna.

“Un buen colombiano se acercó y me dijo: ‘Transmita este mensaje’. Y quiero que me disculpen que lo vaya a hacer con toda contundencia: No es con papeletas, tampoco con pataletas, es con elecciones. Muchas gracias”, dijo.

La senadora y precandidata a la Presidencia Paloma Valencia se unió a las declaraciones del procurador, explicando que una asamblea nacional constituyente es innecesaria, teniendo en cuenta que modificar algunos de los apartados de la Constitución Política no garantiza su cumplimiento y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Resulta que uno en el papel puede escribir lo que quiera y eso no modifica las realidades sociales de un país que necesita crecimiento económico”, precisó la congresista de la oposición en el evento.

Asimismo, insistió en que el presidente Gustavo Petro está enfocado en otras tareas diferentes a la inversión y que, además, pueden ser ejecutadas por congresistas. “Uno es presidente para invertir, para transformar a través de la inversión de los recursos públicos las realidades políticas de los colombianos (…). La plata se le está yendo en burocracia, sin transformar este país”, aseveró.

Según el primer mandatario, no ha convocado la asamblea constituyente por decreto, pero sí instó a la población a convocarla. Pues, la ciudadanía tendría esa facultad en caso de que los otros poderes fallen.

“Simplemente, ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse”, explicó el jefe de Estado en un acto oficial celebrado en la Quinta de Bolívar, en Bogotá, donde sancionó la reforma laboral.

Sin embargo, según el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia, la constituyente solo puede convocarse cuando la mayoría de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes apruebe la propuesta. En ese sentido, el Congreso podrá disponer que la ciudadanía decida si convoca o no la asamblea, con la competencia, el período y la composición que se precisen en la ley.

El expresidente Juan Manuel Santos dirigió sus críticas hacia la gestión política del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, especialmente en lo referente a la consulta popular, la constituyente y el llamado ‘decretazo’, que fue derogado.

El exmandatario calificó estas iniciativas como “globos” que distraen a la opinión pública y generan polarización. “Lo que hemos visto con la consulta y después con el famoso decretazo es que son distractores. Son globos que distraen y ponen al país a polemizar y polarizarse más, a sabiendas de que eso no es posible. La consulta popular desde el comienzo se sabía que no iba a prosperar y no prosperó”, dijo en entrevista con El Tiempo.

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“El decretazo, a sabiendas de que no iba a prosperar, se firmó el decreto y hoy se derogó. Lo mismo va a pasar con la papeleta de la constituyente, pero nos van a tener discutiendo para mantener al país en esa tensión política que a unos conviene política y electoralmente”, afirmó Santos, señalando que estas propuestas no tienen viabilidad real y solo buscan mantener el debate político.

El expresidente Santos también señaló que el jefe de Estado debería aprovechar su último año de mandato para trabajar por los colombianos en vez de buscar cambiar la Constitución Política del país.

“En lugar de inventarse constituyentes y consultas populares que se dedique a gobernar. Parte de gobernar es ejecutar las obras de infraestructura, el arte de gobernar es ejecutar. Y este gobierno se ha caracterizado, por lo contrario, por no ejecutar”, sentenció Santos, reiterando su crítica a la falta de ejecución de proyectos y a la tendencia a priorizar el debate político sobre la acción concreta.

La defensa de Santos a su administración

El premio Nobel de Paz en 2016 aprovechó para defender la gestión de su administración en materia de infraestructura. A su vez, reivindicó el impacto de las vías 4G y cuestionó la falta de continuidad en los proyectos de desarrollo, así como la proliferación de iniciativas como la constituyente, la consulta popular y el derogado ‘decretazo’, a las que calificó como mecanismos de distracción que mantienen al país en una discusión constante.

“Creamos planes muy ambiciosos y nos dedicamos a ejecutarlos. Hoy podemos decir que se cumplió casi que con creces el haber sido el Gobierno que más avanzó en la infraestructura en la historia reciente del país. Las cifras están ahí”, afirmó el exmandatario al medio citado.

De igual manera, enfatizó en que el éxito de estos proyectos dependía de la continuidad en las políticas públicas, una condición que, según su perspectiva, no se cumplió en los gobiernos posteriores. “Se necesita continuidad, construir sobre lo construido. Infortunadamente los gobiernos Duque y Petro se dedicaron uno a no hacer mucho y otro a sabotear lo que hicimos”, expresó Santos, aludiendo directamente a las gestiones de Iván Duque y Gustavo Petro. Para el expresidente, la falta de seguimiento y la tendencia a desmantelar lo realizado por administraciones anteriores frenó el avance de la infraestructura y, por ende, el desarrollo económico del país.

En su análisis, Santos identificó la incertidumbre como un factor determinante que paralizó la inversión en infraestructura. “La condición más importante para traer la inversión es la certidumbre, saber que las reglas de juego se van a respetar y decirle a los inversionistas para dónde van”, sostuvo. Esta reflexión apunta a la necesidad de un entorno estable y predecible para atraer capital y garantizar la ejecución de grandes proyectos, un aspecto que, según el exmandatario, se ha visto comprometido en los últimos años.

En ese sentido, el expresidente propuso que el país debe “retomar lo que funcionó” en materia de infraestructura, salvo que se presenten alternativas superiores. “Pero no comiencen a destruir, bajo el lema del cambio, lo que está bien sin tener una alternativa mejor. Eso es lo que ha sucedido, la costumbre de destruir todo lo que viene de atrás por razones políticas o de diferente índole”, agregó. Con estas palabras, Santos criticó la tendencia a desechar políticas y obras previas por motivos políticos, en lugar de fortalecer y mejorar lo ya existente.

El 25 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la reforma laboral en un acto oficial celebrado en la Quinta de Bolívar, en Bogotá.

Luego del protocolo, el gobernante de los colombianos habló sobre las ventajas de la nueva ley para los trabajadores del país. De igual manera, aseguró que para avanzar como sociedad es necesario que se promueva el aprendizaje en los espacios laborales

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A su vez, se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente que promoverá en las elecciones de 2026. En ese sentido, dijo que nunca hizo la convocatoria vía decreto, sino que expuso la posibilidad de que los colombianos sean los que la exijan.

Incluso, señaló que el expresidente César Gaviria “el mismo que convocó por decreto la asamblea nacional constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo, no la he convocado por decreto”.

Y agregó: “Simplemente, ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el Constituyente puede convocarse”.

De igual manera, profirió agudas críticas a los empresarios y gremios que se opusieron a la reforma, amenazando con no cumplir lo estipulado en la nueva ley.

Ante la negativa de este sector, el presidente Petro señaló que sus opositores son personas con poca inteligencia, a su juicio, no aprecian la importancia de la iniciativa enfocada en mejorar las condiciones laborales y dignificar el trabajo en Colombia. “Por eso quiero decirle a los empresarios que no van a aplicar la reforma laboral. No son inteligentes”.

Durante su intervención, hizo referencia a los congresistas que pusieron trabas a la reforma laboral a los que también tildó de poco inteligentes. Incluso, los acusó de haber intentado sabotear, en vano, los debates con el fin de perjudicar la propuesta impulsada por la actual administración.

“Ya sabemos quienes son, con nombres propios (...) intentaron sabotear los debates. No sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo, falto de ideas e inteligencia y ustedes saben eso que significa”, aseguró Petro.

Y agregó: “Los rumores ahí están y le corresponde a la justicia investigar, pero yo le pediría a esos congresistas que quisieron de primeras sabotear la reforma laboral, a sus grupos políticos y empresas que los financian que esta vez acuerden con el Gobierno y el pueblo en la Comisión Séptima salvar las EPS”.

Petro buscaría revivir Telecom

A propósito, el primer mandatario planteó la idea de revivir Telecom señalando que el Estado colombiano mantiene actualmente una participación en Movistar, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Movistar, a su vez, ha establecido recientemente una alianza con Tigo para operar una red unificada, lo que ha modificado el equilibrio de fuerzas en el sector.

El presidente explicó: “Adquirir a Telecom con unas acciones de Movistar. Telecom es del Gobierno nacional, pero solo tiene acciones sin poder decisorio. La gente de Medellín decidió vender su participación y el nuevo propietario de Tigo le comprará a Movistar. Entonces, tenemos una decisión que tomar”.

Según expuso, una de las alternativas en estudio consiste en la venta de las acciones actuales del Estado en Movistar, con el objetivo de fortalecer a Internexa, una empresa de infraestructura tecnológica. Petro planteó la posibilidad de convertir a Internexa en la nueva Telecom, dotándola de los recursos y capacidades necesarios para asumir un papel protagónico en el desarrollo de la red nacional. “Esa es una posibilidad que estamos estudiando”, afirmó el presidente, subrayando que el análisis aún se encuentra en una fase preliminar y que no se ha tomado una decisión definitiva.

Ante la propuesta del presidente Petro, se espera que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) avance en la presentación del proyecto para reactivar Telecom.

En la mañana del miércoles, 25 de junio de 2025, se conoció la primera demanda contra el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, por el anuncio de una posible convocatoria a una asamblea nacional constituyente para marzo de 2026.

La acción de tutela fue radicada ante el Consejo de Estado por el abogado Germán Calderón España, el cual aseguró que las declaraciones del primer mandatario son consideradas como una “amenaza” a la democracia.

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“Por medio del presente escrito, interpongo acción de tutela contra la Presidencia de la República y/o Gobierno Nacional por la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, al principio de legalidad, a las reglas que regulan la asamblea nacional constituyente y la consulta popular para convocar una asamblea nacional constituyente como mecanismos de participación ciudadana y a mis derechos políticos, la cual sustento en las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas”, se lee en el documento.

Aunque hasta el momento no existe un acto administrativo concreto que formalice la convocatoria, la sola manifestación del Gobierno ha generado inquietud en diversos sectores. Calderón España sostiene que el Gobierno estaría promoviendo un mecanismo que no ha seguido el trámite legal previsto en la Constitución Política.

“El presidente está promoviendo un camino por fuera de los mecanismos legítimos. No es menor que se esté hablando de papeletas, de consultas improvisadas o de una eventual imposición desde las calles”, advirtió el abogado.

De igual manera, el abogado argumenta que el debido proceso exige que cualquier reforma constitucional siga los pasos establecidos en la Carta Magna de 1991, que prevé procedimientos específicos para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Para el jurista, saltarse estos procedimientos vulnera el principio de legalidad y pone en riesgo la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones trascendentales para el país.

El recurso judicial interpuesto ante el Consejo de Estado se encuentra actualmente en etapa de revisión preliminar. Este proceso implica que el tribunal debe analizar si la tutela cumple con los requisitos formales y sustantivos para ser admitida y tramitada.

De ser aceptada, la acción podría sentar un precedente importante en la defensa de los mecanismos institucionales previstos para la reforma constitucional.

Además, la tutela podría convertirse en la primera de varias acciones legales orientadas a frenar el proyecto político del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en la necesidad de una nueva Constitución para permitir las transformaciones que, a su juicio, el país requiere.

Fecha tentativa de la Asamblea Constituyente

En un video divulgado en redes sociales, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que en el mes de marzo de 2026 los colombianos podrán decidir a favor o en contra sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.

En su intervención, el alto funcionario del Gobierno señaló que este mecanismo es necesario para promover los cambios sociales propuestos por el mandatario nacional.

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución (...) Por esa razón, en marzo del próximo año (2026), todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, dijo Montealegre.

Para el titular de la cartera, la asamblea constituyente “se trata de un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad sin ningún salto al vacío".

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro decidió impulsar este mecanismo, teniendo en cuenta que este se daría en el próximo mandato.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones“, manifestó Petro en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

El presidente Gustavo Petro anunció su intención de convocar a una asamblea nacional constituyente en Colombia, una propuesta que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de modificar la Constitución Política de 1991 para abordar temas como la educación y la reforma agraria.

Esta declaración surge poco después de que el Congreso de la República aprobara la reforma laboral, un hecho que revivió el debate sobre la viabilidad y el proceso necesario para llevar a cabo una transformación constitucional de tal magnitud.

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Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que la actual administración planea que la constituyente sea en marzo de 2026, junto con las elecciones al Congreso de la República.

Sin embargo, en entrevista con Caracol Radio, Luisa Fernanda García, profesora de la Universidad del Rosario y experta en derecho constitucional, y el abogado Miguel Galindez, coincidieron en que la asamblea nacional constituyente mencionada por el Gobierno Petro no podría desarrollarse en los próximos comicios.

El procedimiento para convocar una asamblea nacional constituyente comienza en el Congreso de la República. Es necesario que tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprueben la iniciativa con mayorías absolutas. Solo después de esta aprobación legislativa, la propuesta puede pasar a consulta popular, lo que implica incluir una papeleta en las elecciones para que los ciudadanos voten sobre los cambios propuestos. Este proceso, aunque claramente definido, presenta desafíos significativos en términos de tiempos y consensos políticos.

El abogado Miguel Galindez señaló la importancia del papel del Congreso en este proceso. En sus palabras, “el Congreso de la República es quien convoca y permite que a través de una norma se establezca la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Son los congresistas los que tienen la legitimidad para convocar esa asamblea, no el presidente de la República”. Esta afirmación pone de relieve que la iniciativa presidencial, por sí sola, no basta para activar el mecanismo constituyente; se requiere un respaldo institucional y democrático que solo el Congreso puede otorgar.

A pesar de la claridad del procedimiento, los expertos advirtieron que los tiempos políticos y electorales actuales dificultan la materialización de la propuesta antes de las próximas elecciones. La profesora García explicó que “esto requiere de unos tiempos, que realmente no alcanzan a darse debido a que las elecciones se avecinan el próximo año. Entonces no podrían meter una papeleta en las urnas de las elecciones”. Este análisis sugiere que, aunque el debate sobre la asamblea nacional constituyente pueda continuar, su implementación inmediata resulta inviable.

De igual manera, la abogada García expresó sus dudas sobre la justificación de este mecanismo, argumentando que las propuestas del presidente Petro ya han sido presentadas a través de reformas legislativas.

“En este momento realmente no amerita y no habría razones para hacer una urna para que se pongan unas papeletas y se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, aquí lo que vemos es que el presidente está pensando que una constituyente sería la solución a muchas cosas y habría que mirar cuáles son los temas que él propone, porque realmente no hay que reformar la Constitución para hacer reformas sociales. Eso se puede pasar por leyes que puede aprobar el Congreso”, precisó la docente al medio citado.

Bajo la misma línea, el abogado Galindez coincidió en la inviabilidad de la propuesta en el corto plazo, tanto por razones de tiempo como por la necesidad de aprobación legislativa. “Yo creería que sería inviable, no solamente por los tiempos, sino porque tiene que haber una aprobación del Congreso antes de convocar a la asamblea nacional constituyente”, afirmó el experto, reforzando la idea de que el proceso está sujeto a controles y equilibrios institucionales que no pueden soslayarse.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de proponer una papeleta en las elecciones de 2026 para convocar una asamblea nacional constituyente ha desatado un amplio debate político y jurídico.

El abogado y constitucionalista Mauricio Gaona ―que recientemente debatió con Eduardo Montealegre, ministro de Justicia―, el cual es hijo de Manuel Gaona Cruz, magistrado que falleció en la retoma del Palacio de Justicia, en entrevista con W Radio, lanzó duras advertencias sobre las implicaciones de esta iniciativa.

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Gaona cuestionó el fundamento político de la propuesta, sugiriendo que revela una tendencia preocupante de alterar las normas ante cada obstáculo. “Eso es lo que se denomina en la ciencia política y constitucional el camino hacia una ‘banana republic’. Y es que cada gobierno que enfrente un problema, cambia la ley en vez de resolver el problema”, señaló en los micrófonos del medio mencionado.

El jurista insistió en que el debate sobre una nueva constitución está anclado en lógicas del pasado: “Ustedes están enfrascados en una discusión del siglo XX”, afirmó, agregando que “Colombia ya llegó al siglo XXI, pero el Gobierno sigue en el siglo XX y eso va a tener un costo generacional”.

Si bien el Gobierno tiene facultades para proponer una asamblea, Gaona advirtió que estas deben sustentarse debidamente.

“El Gobierno tiene el poder de convocatoria constitucional, uno no puede convocar a cualquier cosa sin una justificación previa”, explicó.

Según su análisis, la iniciativa no se basa en una necesidad legal estructural, sino en una percepción de “bloqueo institucional”.

“El hecho político es que ellos quieren cambiar la constitución porque les parece que existe un bloqueo institucional, que yo demostré que se trata de la oposición”, afirmó en el medio mencionado.

Para Gaona, el uso de mecanismos constituyentes con fines políticos representa un grave riesgo para la democracia.

“Cuando se quiere cambiar un régimen para eliminar la oposición, lo que se quiere hacer es pasar del autoritarismo constitucional a la dictadura constitucional”, aseveró el jurista.

Al comparar el caso colombiano con el venezolano, fue contundente: “Lo que tenemos que comparar no es la constituyente del 2025 vs la séptima papeleta del 91, sino la constituyente de Colombia con el del régimen de Maduro que se parece más”, mencionó en diálogos con la W Radio.

Recordando la experiencia de 1991, Gaona explicó que la Corte Suprema de entonces autorizó el proceso constituyente mediante una sentencia que le otorgó amplios poderes.

“El poder de la Asamblea Constituyente es el más alto. Es más alto que el del Congreso, porque pueden cambiar el orden constitucional, no solo una constitución, el orden constitucional”, dijo al medio mencionado.

Sobre Venezuela, el jurista enumeró las acciones adoptadas por la Asamblea Constituyente instalada por Nicolás Maduro. “¿Qué decisiones tomó esa Asamblea Constituyente? Primero, cerrar el Congreso. ¿Cuál otra? Crear una corte paralela a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál otra? Despedir al fiscal general de la nación, que era incluso chavista, pero que era el último funcionario que logró oponerse a ese régimen”, relató.

Respecto al rol de la Registraduría en la formulación de la papeleta, Gaona alertó sobre presiones institucionales. “Puede quedar en una situación de ‘jaque temporal’”, dijo, advirtiendo que el Gobierno podría intentar reemplazar al registrador si no cumple con sus expectativas.

Frente a este escenario, sugirió que la entidad acuda al Consejo de Estado, aunque la Corte Constitucional tendría la última palabra.

Gaona expresó preocupación por el contenido abierto de la propuesta: “La papeleta en sí mismo lo que dice es que vamos a reformar la Constitución, ¿sí o no? Y si el pueblo responde que sí, pues todo lo que sigue es ciertamente incalculable”.

Advirtió que este proceso podría alterar principios fundamentales. “El principio de supremacía de pronto termina derogando el de separación de poderes públicos y terminen ustedes con una forma de estado que se parece más a una dictadura constitucional que a una democracia”.

El jurista recordó que el proceso constituyente de 1991 estuvo legitimado por factores como la violencia, el movimiento estudiantil y la presión social. “Ese movimiento fue el que legitimó esos procesos de reforma constitucional. Entonces, no era que viniera del gobierno”, señaló, contrastando ese contexto con el de 2025, donde “el mayor problema es la oposición”.

De acuerdo con el ex jefe de cartera, la idea del mandatario es polémica, pero no es nueva. Pues, también trató de ignorar al Senado de la República para impulsar una consulta popular que desde un inicio fue negada por los congresistas. Quiso convocarla vía decreto, pero tras la aprobación de la reforma laboral, anunció que la derogará y, de paso, informó que quiere una constituyente.

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“El Presidente de la República fue absolutamente derrotado con su idea de la consulta popular y fue derrotado porque eso iba en contra de la institucionalidad de la Constitución y de la ley. Habiendo sido derrotado, ahora se le ocurre otra genial idea”, dijo el exfuncionario en un video.

Según Restrepo Abondano, la propuesta de Gustavo Petro de hacer una constituyente por medio de una consulta, añadiendo una papeleta en el proceso electoral de 2026, es “legalmente es inviable”, puesto que, sin excepción, se necesita hacer un trámite legislativo en el Congreso. Además de eso, debe existir un control constitucional en la Corte Constitucional y el registrador Nacional del Estado Civil tiene que dar su aval. Es decir, hay varios requisitos por cumplir antes de hacer la convocatoria.

Aunado a ello, el exministro explicó que actualmente no existe la figura de una asamblea constituyente impulsada por consulta, mediante la introducción de una papeleta, como pasó en 1990. “Operativamente, ya no hay papeletas en el proceso electoral, no hay procesos electorales en paralelo que no sean autorizados o por la ley o validados por el registrador Nacional del Estado Civil”, precisó.

En consecuencia, a juicio de Restrepo Abondano, la iniciativa del presidente Gustavo Petro es un “pajarito en el aire” que surge en medio de una realidad compleja en el país, teniendo en cuenta los distintos problemas que se evidencian a nivel de seguridad, salud, economía y en materia fiscal. Desde su perspectiva, el anuncio de una constituyente está centrado en generar un nuevo debate y una controversia jurídica, alejando al Gobierno nacional de su trabajo: la entrega de resultados concretos y la atención de las necesidades de la población.

“Todo esto a lo que le apunta es a politizar la sociedad, a tener un permanente ánimo de debate político, pero no de ejecución, no de gobierno”, afirmó.

Así las cosas, instó al primer mandatario a abstenerse de lanzar “ideas al aire” de este tipo, las cuales considera inoportunas y con pocas probabilidades de ejecutarse. Por el contrario, pidió que se enfoque en las serias problemáticas que enfrenta el país.

“Colombia no necesita inventar mecanismos políticos artificiosos. Necesita diálogo institucional, soluciones a los problemas reales y respeto por su Constitución y la separación de poderes. ¡No le paremos bolas a ideas inútiles, indeseadas e inviables!!”, escribió el exministro en su cuenta de X.

¿Una asamblea constituyente por decreto?

Pese a las críticas y advertencias, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta, asegurando que, incluso, sería posible convocar una asamblea nacional constituyente por decreto. Según indicó, en 1990, la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia profirió una sentencia en la que se avala la convocatoria por decreto y sin recurrir al Congreso de la República.

“Quieren acabar con el concepto de “soberanía popular” para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”, añadió.

La exalcaldesa de Bogotá y ahora precandidata presidencial Claudia López se pronunció con contundencia frente al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, que planteó la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en las elecciones de 2026.

López, en una visita al Eje Cafetero, aseguró que el mandatario está enfocado únicamente en sus intereses políticos y no en las necesidades urgentes del país.

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“Yo le quiero explicar a toda la gente de la cafetería de Colombia, al presidente no le importa Colombia, no le importa la seguridad, no le importa la gente, lo único que le importa es su campaña. El presidente está dedicado a hacer campaña, a ver qué se inventa, para tenernos hablando de él, para no arreglar los problemas del país, pero para que él saque votos y eventualmente se pueda reelegir cambiando la constitución", afirmó López durante su intervención.

Y añadió: “Y yo creo que nosotros no podemos seguir siendo unos bobos útiles de los engaños y las distracciones que pone el presidente”.

“Las instituciones ya frenaron al presidente”: López

La exalcaldesa resaltó que las instituciones democráticas del país han demostrado su capacidad para contener los intentos del presidente de avanzar con sus iniciativas políticas sin el debido respeto a la Constitución.

“Yo invito a toda la gente a que no caigamos en las distracciones del presidente, en las grandilocuencias. La constitución se va a respetar, de hecho esta semana que pasó la hicieron respetar el registrador nacional que es de esta tierra maravillosa, hizo respetar la constitución, paró al presidente, paró su detretazo. El Consejo de Estado también paró la tal consulta. Las instituciones funcionaron”, puntualizó López.

“Eso es lo que hay que hacer colombianos. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es concentrarnos en los derechos de la gente, lo que hay que hacer es concentrarnos en recuperar la seguridad, en mejorar la educación y el trabajo, en recuperar la salud, no en las distracciones de campaña política que nos va a poner todos los días el presidente”, agregó.

Además, valoró la reciente aprobación de la reforma laboral y la reforma pensional, resaltando que estas iniciativas devolverán derechos a los trabajadores y garantizarán mayor protección a los adultos mayores.

“Quiero celebrar también que el Senado dejó la arrogancia, porque una cosa son las diferencias que te dan con el presidente y otra cosa son los cambios y reformas que sí mete a la gente. Yo celebro que haya salido la reforma laboral del Congreso, que a los colombianos le hayan devuelto esos derechos, recargos nocturnos, dominicales y festivos que Álvaro Uribe les había quitado en el 2002 y se los quitó a los trabajadores diciendo que con eso iba a bajar la informalidad y a subir el empleo. Lo único que pasó fue que la gente perdió derechos y perdió platica en el bolsillo”, expresó.

Petro insiste en la constituyente

Las declaraciones de Claudia López se producen tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de junio de 2025, cuando informó a través de su cuenta en X que, tras la aprobación de la reforma laboral, derogaría el decreto que convocaba la consulta popular. No obstante, Petro reveló que su siguiente paso será promover la constituyente en los comicios de 2026.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones”, indicó el mandatario.

El presidente añadió que esta propuesta busca una transformación profunda del Estado: “Quieren acabar con el concepto de ‘soberanía popular’ para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”.

El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, en medio de las múltiples críticas que han surgido por pasar de intentar llevar a cabo una consulta popular, impulsada por decreto, a querer transformar la Constitución Política, presuntamente, sin contar con el Congreso de la República.

Su postura ha sido catalogada como un atropello a la separación de poderes y como una afrenta a la Constitución, cuyas normativas establecidas estaría ignorando. Así lo indicó un estudiante de la Universidad del Externado en la red social.

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El jefe de Estado respondió a los señalamientos del joven que se están formando en Derecho, asegurando que la división de poderes a la que se refiere, no es absoluta. Para soportar sus afirmaciones, citó a “los clásicos del liberalismo democrático del siglo XVII y XVIII”.

Según explicó, el jefe de Estado es el responsable de coordinar los poderes dentro del poder público. “Los poderes públicos, que son independientes entre sí, no son absolutamente autónomos, dependen de un solo poder, su poder relativo emana de un solo poder absoluto: el pueblo, la soberanía popular”, añadió.

De igual manera, afirmó que la corriente política y jurídica del país que rige actualmente va en contra de ese poder popular que asegura querer defender. También, se aleja del estado social de derecho y de la justicia social, puesto que domina “el gran capital”. Asimismo, insistió en que la gobernanza de las décadas anteriores a su administración estuvo permeada por el paramilitarismo. “El pueblo, el soberano, decidió el fin de la gobernanza paramilitar, votando por mí”, aseveró.

Una constituyente por decreto sería posible, según Petro

Con base en esa premisa, defendió su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, introduciendo una papeleta en las elecciones de 2026, sin presentar un proyecto al Congreso de la República, como se establece en el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia.

Indicó que se puede ignorar al Congreso, gracias a una decisión que tomó la Sala Constitucional de la Corte suprema en 1990. Según precisó, la sentencia avala al jefe de Estado para convocar una asamblea constituyente por medio de un decreto presidencial y sin pasar por el Congreso, pese a que en ese entonces, la Constitución Política de 1886 sí lo ordenaba.

Constitucionalistas niegan postura del presidente

Contrario a lo argumentado por el mandatario, expertos en Derecho Constitucional aseguran que no es posible convocar una asamblea nacional constituyente únicamente incluyendo una papeleta en un proceso electoral. De acuerdo con el abogado Juan Manuel Charry, no se puede omitir la deliberación que deben realizar senadores y representantes a la Cámara al respecto.

“Se debe decir que no es viable en el ordenamiento jurídico actual. Para convocar a una asamblea constituyente se requiere ley con mayorías absolutas de Cámara y Senado que establezca la composición, el periodo y el tema que va a abordar la constituyente”, precisó el jurista.

Así lo establece el artículo 376 de la Constitución: “Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral”.

Cabe resaltar que, al igual que está pasando con la propuesta de una constituyente, el presidente intentó convocar una consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión que tomó previamente el Senado de la república de rechazarla. Aunque la diferencia fue de apenas dos votos, los congresistas dieron un concepto desfavorable a la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana y, según la Constitución, se debe contar con el visto bueno de los legisladores para consultar a la población.

La reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República no solo marcó un hito en las discusiones legislativas del país, sino que también encendió un nuevo debate político tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una asamblea nacional constituyente.

La iniciativa presidencial contempla la entrega de una papeleta en las elecciones de 2026 para activar el mecanismo, lo que generó inmediatas y fuertes reacciones desde distintos sectores políticos, especialmente de los expresidentes de la República.

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Entre las voces más críticas se destacó la de Andrés Pastrana, que, a través de su cuenta en la red social X, calificó al presidente Petro de “dictadorzuelo” y puso en duda la legalidad y los móviles de la propuesta presidencial.

“¿La papeleta ilegal propuesta por el dictadorzuelo Gustavo Petro es otra cortina de humo para tapar el móvil político del atentado de Miguel Uribe Turbay?”, escribió el expresidente, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El anuncio del presidente

El presidente Gustavo Petro, tras la aprobación de la reforma laboral, señaló que el respaldo popular había sido clave para la decisión del Congreso y reiteró su intención de avanzar hacia una asamblea constituyente. “La constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del congreso. Sin pueblo no hay justicia social”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, a través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo: “Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”.

Más críticas de Andrés Pastrana

El pronunciamiento de Pastrana no fue un hecho aislado. El expresidente ya había lanzado severas acusaciones el 12 de junio, cuando señaló: “Cortinas de humo. Mientras usted Gustavo Petro no aclare la legitimidad de su título presidencial y el atentado a su opositor Miguel Uribe Turbay no tiene autoridad moral para convocar una consulta y, mucho menos, pretender reformar nuestra Constitución”.

En otro mensaje publicado en la misma red social, Pastrana añadió: “Gustavo Petro y el M-19 no han dejado a Colombia sino pobreza, muerte y narcotráfico. Mucha carreta y ni una obra para el pueblo. El golpe consulta, la declaratoria de guerra a muerte y la ‘investigación’ del atentado saboteada, son tres conspiraciones contra Colombia”.

Las palabras de Pastrana se sumaron a un ambiente político cada vez más tenso, en el que el debate sobre la viabilidad legal y el trasfondo político de la propuesta presidencial domina la agenda pública.

“No más abusos de poder”: Otro expresidente se pronunció

Otro de los expresidentes que reaccionó de forma categórica fue Iván Duque. El exmandatario, en un tono crítico y con ironía, llamó al presidente Petro “el principito” y cuestionó la legalidad de incluir una papeleta para convocar la constituyente en los próximos comicios. “Es importante que la organización electoral le diga al ‘principito’ que él no puede incluir papeletas o tarjetones en las elecciones de 2026. No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ y ‘constituyentes populares’ para amenazar a las instituciones“, expresó en su cuenta de X.

Duque también hizo referencia al trámite de la reforma laboral, recordando que el Ejecutivo tuvo que aceptar modificaciones al proyecto inicial. “Ya le tocó agachar la cabeza con el Congreso y tuvo que aceptar las modificaciones que le introdujeron a la mal llamada ‘reforma laboral’, que en realidad es una ‘reforma pro sindical’. No más abusos de poder: las instituciones se hacen respetar”, concluyó el exmandatario.

El 20 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República iba a derogar el decreto que instauraba la consulta popular. Sin embargo, dijo que su próximo movimiento político será convocar la asamblea nacional constituyente en las elecciones de 2026.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones, señaló en su cuenta de X.

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La revelación del gobernante de los colombianos generó una oleada de reacciones en redes sociales, los usuarios cuestionaron la idea calificándola como un ataque directo a las bases legales establecidas. Por lo anterior, Petro aclaró que la constituyente que propone no se realizará mientras sea presidente.

Así mismo, señaló que su propuesta tiene como objetivo proteger la soberanía del país y evitar que Colombia sea liderado por personas cercanas al paramilitarismo.

“Quieren acabar con el concepto de “soberanía popular” para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”.

Y agregó: “Hoy después de vivir en lo que va del siglo XXI, una gobernanza paramilitar, es decir una dictadura, donde los jefes políticos del paramilitarismo tenían control sobre los tres poderes, la refundación de la patria, dijeron, hecha de facto y a masacre extendida; la corte suprema resistió, hasta el cartel de la toga, y la corte constitucional supo poner punto final, al suspender la tercera reelección, y obligar a confesar la verdad a los paramilitares. El pueblo, el soberano, decidió el fin de la gobernanza paramilitar, votando por mi (sic)”.

Incluso, señaló que su iniciativa no busca perjudicar el Estado social de derecho y mucho menos imponer una dictadura en Colombia, sino que busca que el pueblo se pronuncie.

“Cuando dices que no respeto la independencia de poderes porque convoco la soberanía popular, te equivocas, si el pueblo se autoconvoca, nadie puede impedirlo, no tiene, ni persona natural ni institución constituida, el poder para ello, a menos que quiera imponer la dictadura”, señaló el primer mandatario.

Los cambios que quiere hacer Petro con su asamblea nacional constituyente

El presidente Petro fue señalado por un usuario de intentar eliminar la actual Constitución Política. “Recordaré a Petro como aquel personaje triste que por pura vanidad quiso sepultar la constitución del 91. Acabar con el pacto social más importante del país en su historia, solo por no haber sido protagonista del mismo. Petro es un experto en darle razón a la peor derecha”, escribió.

Frente al comentario, el jefe de Estado señaló que no tiene intención de que en el país se instaure una nueva constitución, pero que sí desea que se modifiquen ciertos puntos de la Carta Magna. Su propósito es incluir temas que no se pusieron sobre la mesa en 1991, como el cuidado del medio ambiente o la búsqueda de la paz en el territorio nacional.

“Mi estimado Camilo, quien le dijo que la próxima asamblea nacional constituyente derogaría la constitución de 1991? Yo no votaría por eso, pero sí para quitarle algunas contra reformas lesivas, pondría temas que no se estudiaron como la crisis climática, pero sobre todo volvería práctica la constitución de 1991, volviéndola realidad. Volver realidad cotidiana, el estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la constitución de 1991”, explicó el mandatario.

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de incluir una papeleta adicional en las elecciones de 2026, para consultar a los ciudadanos sobre una Asamblea Nacional Constituyente, desató un nuevo debate político en Colombia.

La discusión, que involucra tanto a sectores oficialistas como de oposición, gira en torno a la necesidad y pertinencia de modificar la Constitución de 1991, uno de los temas más sensibles en la coyuntura actual.

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Uno de los que se pronunció a favor fue el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, que sostiene que la Carta Magna requiere cambios sustanciales.

“La Constitución de Colombia debe tener unos cambios importantes. Por ejemplo, reformar la justicia, pero el Congreso no es capaz de hacerlo, le da susto reformar la Corte Suprema, el Consejo de Estado, etc. Tenemos una puerta giratoria”, expresó en una entrevista con W Fin De Semana.

Ocampo argumentó que el Legislativo demostró límites para auto reformarse y que solo una Asamblea Constituyente tendría la capacidad de abordar profundas transformaciones.

El congresista señaló que el Congreso no ha sido efectivo en modificar aspectos centrales como el sistema judicial ni en autolimitar sus privilegios.

“El Congreso no se va a bajar el salario ni se va a quitar los privilegios”, afirmó. En ese sentido, consideró que los cambios estructurales para enfrentar problemas como la corrupción y la ineficiencia institucional no vendrán de los mecanismos actuales.

“Necesitamos mecanismos efectivos para evitar la corrupción. El elemento estructural de la corrupción hace parte también de cómo crearon al Estado. La clase política no va a acabar la Constitución”, agregó Ocampo.

La propuesta presidencial de una Constituyente, intensificada por el anuncio de la consulta popular a través de una papeleta paralela en 2026, agudiza las diferencias.

El debate no solo abarca cuestiones técnicas, sino preocupaciones sobre el alcance y la motivación del proceso, el papel del Congreso y la división de poderes.

Por el lado opuesto, el congresista Julio César Triana, del partido Cambio Radical, rechazó la iniciativa y la calificó como parte de una “narrativa populista” para desviar la atención de los principales problemas del país.

Para Triana, hay mecanismos claros y legítimos para modificar la Constitución, los cuales, según la Carta vigente, pasan todos por el Congreso de la República.

“Claro que el presidente puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, solo que el presidente juró el día de la posesión, respetar y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia”, aseguró Triana en entrevista al medio citado.

Triana sostuvo que los mecanismos fueron definidos en la constituyente de 1991, estableciendo una ruta para la modificación legal de la Carta, y que intentar promover una Constituyente por fuera de ese marco sería incompatible con la institucionalidad.

El representante opositor agregó que la propuesta presidencial es una “cortina de humo” promovida por el Gobierno para desviar la discusión nacional.

“Cuando se hizo la del 91, en la que participó el M-19 como actor principal, se establecieron unos requisitos y hoy lanzan un globo al aire o una cortina de humo para sacarnos a los colombianos de las discusiones importantes”, dijo Triana.

También cuestionó los intentos del Ejecutivo de imponer su agenda sobre la división de poderes y denunció lo que interpreta como un esfuerzo persistente por debilitar los pesos y contrapesos democráticos.

“Desde el día uno del Gobierno Petro se ha atentado contra la división de poderes. Este presidente pareciera estar gobernando con la constitución de 1811”, sentenció.

El debate sobre la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente ha estado presente de manera intermitente desde hace varios años en la política colombiana.

La Constitución vigente, promulgada en 1991, introdujo mecanismos de participación y reforma, así como caminos institucionales para realizar cambios.

Sin embargo, sectores del Gobierno y algunos miembros del Legislativo consideran que el modelo actual es insuficiente para abordar retos contemporáneos en materia de justicia, corrupción y modernización del Estado.

Para Alejandro Ocampo, solo una Constituyente podría superar las resistencias del Congreso al auto reformarse e implementar cambios como la reducción de privilegios y una reforma a fondo del sistema judicial.

Frente a ese análisis, los críticos insisten en que las herramientas actuales son suficientes y advierten riesgos institucionales si se desconocen los procedimientos establecidos.

Mientras se acerca la fecha de las elecciones de 2026, el debate se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda política nacional.

Por el momento, la posibilidad de consultar en las urnas sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente abre interrogantes sobre el futuro del sistema político y la permanencia de los equilibrios institucionales en Colombia.

Luego de la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en el debate institucional del país al insistir en su intención de impulsar una asamblea nacional constituyente.

Con este anuncio, Petro estableció un vínculo directo entre el respaldo popular a su proyecto de reformas y la posibilidad de avanzar hacia cambios profundos en la estructura del Estado.

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El mandatario afirmó que la movilización ciudadana resultó clave para el logro de la reforma laboral y sostuvo que en las próximas elecciones se entregará una papeleta para activar la convocatoria de una asamblea constituyente.

“La constituyente ha sido ya convocada desde la Presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del Congreso. Sin pueblo no hay justicia social”, señaló Petro.

En sus redes sociales, el presidente amplió su mensaje, indicando que espera que “millones” tomen la decisión de respaldar el mandato de construir el Estado social de derecho y una “democracia profunda con las gentes”.

A la propuesta se sumó Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia, al compartir su respaldo en su cuenta personal de X. Explicó que el mecanismo de la “octava papeleta” sería una opción adicional que los colombianos incluirían en las urnas, obligando al Congreso a aceptar el llamado constituyente.

“El mismo presidente Petro acaba de sumarse a la propuesta de resetear la política en Colombia. Anunció la creación de un movimiento que se llamará el de la octava papeleta para llamar a una nueva constituyente en las próximas elecciones”, explicó a través de un video.

En sus declaraciones, Quintero criticó duramente al Legislativo y planteó que una nueva Constitución permitiría, entre otros puntos, reducir el número de congresistas, limitar sus salarios, dificultar la perpetuidad en el poder y reformar el sistema judicial.

“Una octava papeleta sería un papel que los colombianos literalmente llevaríamos a las urnas adicional y que introduciríamos a la hora de votar. Un mensaje claro: sí a la constituyente. Los jurados tendrían que contarlos y los nuevos congresistas quedarían en la obligación de aceptar el llamado constituyente si o si”, añadió en su explicación.

Quintero no dejó de lado sus reparos al legislativo, enfatizando en que debe cambiar su estructura, debido a lo “corrompido” que está, por ejemplo, el Congreso de la República.

“Colombia necesita un cambio. Estamos secuestrados por un congreso corrupto, que es una banda criminal, y una justicia podrida que no funciona sino para los de rosca. Una nueva constitución permitiría, por ejemplo, bajar el número de congresistas y su salario, evitar que se perpetúen en el poder; que escojan a sus propios jueces, acabar los impuestos ocultos como la notaría, las cámaras de comercio, acabar la corrupción, los monopolios, las roscas; llevar el país a una era de revolución tecnológica", sostuvo, puntualizando que va a ser uno de los que va a impulsar la iniciativa del jefe de Estado.

De hecho, su video estuvo acompañado con el mensaje: “Nunca me ha dado miedo hablar de resetear la política, cerrar el congreso y llamar a constituyente. Sí a la octava Papeleta”.

Al respecto, especialistas en derecho constitucional, como Juan Manuel Charry, afirman que la propuesta del presidente Petro para convocar una asamblea constituyente no se ajusta a la Constitución vigente.

Según el jurista, la convocatoria requiere una ley aprobada por mayorías absolutas en Cámara y Senado, control previo de constitucionalidad y elección directa de sus integrantes. Además, resaltó que intentar replicar el modelo de la séptima papeleta representa un error, ya que no es viable dentro del marco legal actual.

“Para convocar a una asamblea constituyente se requiere ley con mayorías absolutas de Cámara y Senado que establezca la composición, el periodo y el tema que va a abordar la Constituyente”, apuntó el abogado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las críticas surgidas tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una papeleta ciudadana en las próximas elecciones para consultar la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

Benedetti aseguró que no se busca alterar el orden institucional y que la iniciativa no pretende beneficiar al actual Gobierno.

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El anuncio de Petro se dio el viernes 20 de junio como respuesta a la aprobación en el Senado del proyecto de conciliación de la reforma laboral, que logró 59 votos a favor y 16 en contra. Con este paso, la iniciativa, que ya había recibido respaldo en la Cámara de Representantes, quedó lista para la sanción presidencial.

Sin embargo, la polémica se encendió al plantear el mandatario la posibilidad de incluir una papeleta para consultar al pueblo sobre la necesidad de un nuevo “tratado social” mediante una Constituyente.

Una consulta para el próximo gobierno, según Benedetti

A través de su cuenta de X, Benedetti precisó el alcance de la propuesta presidencial. “Yo interpreto que el Presidente no está convocado a una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo se podría expresar si quiere que el próximo gobierno y el próximo Congreso convoque o no a una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie ha hablado de reelección, ni de que quedarse en el poder. El que diga lo contrario quiere pantalla y likes”, escribió el ministro.

En declaración a los medios de comunicación, Benedetti enfatizó que la iniciativa busca conocer el sentir ciudadano sobre la posibilidad de una nueva Carta Política, pero aclaró que no se plantea que el actual gobierno lidere ese proceso. En palabras del ministro: “Yo la denomino como la octava papeleta. Esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno, entonces, lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente”.

El presidente del Congreso cuestionó legalidad del camino propuesto

Frente a la postura del Ejecutivo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, fue claro en señalar que cualquier convocatoria a una Constituyente debe ajustarse a lo previsto en la Constitución de 1991. “La Constitución es clara: la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar por el Congreso de la República. En primera instancia, no veo viable esa posibilidad, porque no se le puede hacer un atajo a la democracia, ni un atajo al Congreso”, declaró el senador.

Cepeda criticó además lo que considera un patrón del presidente Petro de buscar salidas por fuera del marco institucional. “El presidente está acostumbrado a hacerle atajos a la Constitución y a las leyes, como con ese decretazo abrupto que suspendió el Consejo de Estado”, señaló el presidente del Senado. Según indicó, su equipo jurídico evaluará el mecanismo de la papeleta sugerido por el mandatario, pero anticipó que no parece ser un camino viable.

El senador también recordó que ya se han negado tres consultas populares propuestas por el Ejecutivo, lo que, en su criterio, reafirma que no hay espacio para iniciativas que pretendan evadir los canales regulares. “Hemos negado tres consultas populares, de manera que ya no importa si la retira o no, porque están negadas”, dijo Cepeda.

El presidente, en su defensa de la propuesta, escribió en sus redes: “El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas”.

La convocatoria de una asamblea nacional constituyente por parte del presidente Gustavo Petro sumó una nueva controversia en el ambiente político, que ya estuvo permeado por la posibilidad de que realizara una consulta popular por medio de un decreto. Según el mandatario, su propuesta tiene como fin garantizar que tanto el Gobierno como el Congreso se centren en construir la justicia social, la paz y el Estado de derecho.

No obstante, según explicó la senadora y precandidata Paloma Valencia ante los medios de comunicación, la convocatoria que hará el mandatario entregando una papeleta en las elecciones de 2026 no es posible sin el visto bueno del Congreso de la República. Así está establecido en el artículo 376 de la Constitución Política.

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“El presidente vuelve a tratar de torpedear el orden jurídico y constitucional de este país. Los que reciban esa papeleta tienen que romperla para decirle a Colombia que aquí defendemos nuestras instituciones, que Colombia no va a ser Venezuela”, aseveró.

Desde la perspectiva del jefe de Estado, la petición de la senadora de romper la papeleta supone un golpe para la ciudadanía, que estaría siendo condenada a continuar viviendo en condiciones de esclavitud, aunque no especificó en qué escenarios se presentan.

“Paloma le pide al pueblo que decida seguir siendo esclavo. ¿Por qué le teme a que el pueblo tome los destinos de la nación?”, cuestionó.

Valencia continuó con la discusión, haciendo referencia a la situación actual de la población venezolana que, debido a los graves problemas económicos del país, han tenido que migrar a otros territorios para buscar mejor calidad de vida y recursos para sostener a sus familias. También mencionó a la ciudadanía de Cuba, asegurando que viven bajo un poder socialista.

“Esclavos los venezolanos dominados por la tiranía, los cubanos doblegados por el socialismo. Defenderemos de usted de todos los aspirantes a dictador nuestras instituciones. Colombia libre y democrática. Unidos y firmes”, indicó.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), cifras gubernamentales demuestran la gravedad de la crisis que afronta la población venezolana desde hace años, bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro. Hay casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo. Además, más de 1,3 millones han solicitado asilo en algún otro país.

Por otro lado, Cuba, controlada por el dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez, atraviesa una crisis económica y hay escasez de gas, que ha derivado en el incremento de la demanda eléctrica y en apagones.

Las pretensiones de Petro con la constituyente

Las alarmas se encendieron en el país tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente. El abogado y director de Vértigo Graffiti, Camilo Fidel López, advirtió que el mandatario estaría buscando “sepultar” la Constitución Política de 1991.

“Recordaré a Petro como aquel personaje triste que por pura vanidad quiso sepultar la constitución del 91. Acabar con el pacto social más importante del país en su historia, solo por no haber sido protagonista del mismo. Petro es un experto en darle razón a la peor derecha”, escribió en X.

Sin embargo, el jefe de Estado explicó que sus intenciones están lejos de eso. Aseguró que busca retirar normativas que considera problemáticas para el país y agregar temas cruciales para la actualidad, como por ejemplo, la crisis climática.

“Mi estimado Camilo, quien le dijo que la próxima asamblea nacional constituyente derogaría la constitución de 1991? Yo no votaría por eso, pero sí para quitarle algunas contra reformas lesivas (…). Volver realidad cotidiana el estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la constitución de 1991″, explicó.

El presidente Gustavo Petro generó una controversia nacional al plantear la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, una propuesta que ha encendido el debate político y social en el país.

El anuncio se produjo tras la aprobación de la reforma laboral, cuando el mandatario comunicó su intención de derogar el llamado ‘decretazo’ de la consulta popular y propuso que, en las próximas elecciones, se entregue una papeleta para que los ciudadanos decidan si desean o no la convocatoria de una constituyente.

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La reacción a esta iniciativa no se hizo esperar. Lina Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, expresó su preocupación por las verdaderas intenciones detrás de la propuesta presidencial. Según la congresista, el presidente Petro busca ejercer presión sobre el Congreso y condicionar la aprobación de sus proyectos, pasando por alto la autonomía de las demás ramas del poder público, en particular la Legislativa. Garrido calificó la actitud del mandatario como un “chantaje descarado”, argumentando que pretende someter las decisiones legítimas que toman los congresistas en un debate democrático.

“El presidente ha sido demasiado chantajista, es descarado el chantaje de querer someter las decisiones legítimas que toman en un debate democrático los congresistas”; señaló en entrevista con Semana.

En sus declaraciones, Garrido enfatizó que el presidente intenta “imponer su voluntad” y transformar al Congreso en un simple “notario” de sus decisiones. Incluso, recordó que, aunque la reforma laboral fue aprobada, el presidente no cumplió su palabra respecto al ‘decretazo’ de la consulta popular. “Sacaron adelante la reforma laboral y él no cumplió su palabra”, afirmó, subrayando la falta de confianza que existe actualmente entre el Gobierno y otros sectores políticos.

La congresista fue más allá al cuestionar la credibilidad del presidente. “Dígame quién cree en una persona que hace unos compromisos y no cumple. Ahora, pretenden decir que en un momento tan polarizado, en el que no hay ningún tipo de confianza con el Gobierno para sentarse y llegar a unos acuerdos, es necesario llamar a una asamblea nacional constituyente”, manifestó. Para Garrido, la propuesta de la constituyente representa “una trampa en la que los colombianos no pueden caer”, ya que, aunque se presenta como un derecho legítimo de participación, no se están siguiendo los procedimientos adecuados y existe, en su opinión, un objetivo oculto.

En su análisis, la representante sostuvo que el verdadero propósito de la iniciativa es “disfrazar de voluntad popular un deseo político y personalista de Gustavo Petro de perpetuarse en el poder”, dijo al medio citado. Esta acusación se apoya en el hecho de que, durante la campaña presidencial, Petro firmó un compromiso en el que aseguraba que no convocaría a una constituyente si llegaba a la Casa de Nariño.

Así las cosas, la legisladora afirmó que el presidente Petro está incumpliendo esa promesa, lo que contribuye a la creciente polarización política en Colombia. “Ya quedó más demostrado que no cumple las promesas que le hace al pueblo, que no cumple los acuerdos políticos y esta polarización va cada vez en ascenso”, concluyó la representante.

En contraste, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landinez, defendió la posición del presidente y desestimó las acusaciones de la oposición. Además, calificó las afirmaciones de Garrido como “absolutamente hipotéticas” y sostuvo que no existe evidencia de que el presidente busque perpetuarse en el poder. Según el representante, todas las acciones del jefe de Estado se han desarrollado dentro del “escenario democrático” y en estricto apego a la ley.

Landinez argumentó que el proceso propuesto por el primer mandatario se enmarca en el equilibrio de poderes y en los mecanismos de pesos y contrapesos que caracterizan al sistema político colombiano. “No podemos decir que es un deseo personalista y que se impondrá, es un escenario democrático en el que existe el equilibrio de los poderes y los pesos y contrapesos, tal y como está sucediendo en este caso”, afirmó el congresista.

El 20 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República iba a derogar el decreto que instauraba la consulta popular. Sin embargo, dijo que su próximo movimiento político será convocar la asamblea nacional constituyente en las elecciones de 2026.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones, señaló.

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El jefe de Estado dijo que irá a Medellín para participar en un evento sobre la Paz Urbana que se llevará a cabo el 21 de junio de 2025, a pesar de las diferencias que tiene con los líderes políticos del departamento de Antioquia, que experimenta problemas de seguridad.

“Vamos hacia Medellín el 21 de junio a movilizar las juventudes populares de las comunas, el pueblo trabajador antioqueño, la mujer libre y emprendedora, el arte de todos los colores. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Es la energía pura del pueblo que se desata”, anunció en sus redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, férreo opositor, que sostuvo que no recibió ningún tipo de invitación ni agenda de trabajo para tratar temas importantes como la salud, obras de infraestructura o seguridad.

Además de manifestar que Medellín va bien porque tanto él como el gobernador Andrés Julián Rendón, se han encargado de la seguridad de la ciudad y el departamento debido a la falta de medidas del Gobierno nacional. “Medellín y Antioquia no tienen presidente, pero tienen alcalde y gobernador que las defiendan. Y sobre todo tienen a su gente que todos los días trabaja por sacar el país adelante desde las regiones”.

A la par, el mandatario distrital aseguró que la idea de convocar una asamblea constituyente en las elecciones de 2026 hacen parte de su plan para mantenerse en el poder y perpetuar su proyecto político en el país, pasando por encima de las instituciones públicas y la separación de poderes.

Incluso, afirmó que trabajarán de manera incansable para impedir que el presidente Petro intente por vías ilegales afectar el futuro de Colombia.

“No crea que no nos hemos dado cuenta de que estos son distractores para cumplir con su plan inicial: hacer una constituyente que le permita perpetuarse en el poder y acabar con Colombia. No se lo vamos a permitir”.

El alcalde de Medellín fue más allá e indicó que, a su juicio, el discurso de Petro busca mostrarse como una víctima para generar divisiones. Además, aseveró que Petro contará con todas las medidas de seguridad.

“Petro, como siempre, haciéndose la víctima. Definitivamente, es lo que mejor saben hacer quienes han sido victimarios. Su presencia el día de mañana en Medellín cuenta con todas las garantías. A diferencia de las que usted nos da a quienes somos oposición”.

Y agregó: “Deje de amenazar a nuestros policías y soldados de la patria. Ellos se deben, ante todo, a la Constitución y la ley. Es su deber cuidar a Colombia y cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo. Y dejé también de intimidar a Jueces y Fiscales. Respete la institucionalidad, respete la Justicia. Se convirtió usted en el gran vocero de los peores criminales y corruptos”.

Según sus consideraciones, el primer mandatario debería invertir su tiempo en trabajar por todos los colombianos en vez de estar propagando discursos que afectan al territorio.

“Trabaje y verá que no le queda tanto tiempo para inventar bobadas, traiciones y generar tanto odio. Lástima que en 3 años de su “gobierno” solo viene a Medellín a insultar y a mentir”, anotó.

El jefe de cartera insistió en que la iniciativa no busca alterar el orden institucional vigente ni pretende que la asamblea sea convocada antes de 2026. Explicó que lo planteado es un mecanismo para medir el sentir de los ciudadanos frente a la necesidad de un nuevo “tratado social” en forma de Constitución, cuyo trámite correspondería al gobierno que resulte elegido en los próximos comicios.

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“Yo la denomino como la octava papeleta. Esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno, entonces, lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente”, afirmó Benedetti a los medios de comunicación.

El anuncio del presidente

El anuncio del presidente Petro se produjo el viernes 20 de junio, como reacción a la aprobación en el Senado de la conciliación de la reforma laboral. El proyecto, respaldado por 59 votos a favor frente a 16 en contra, y que ya había recibido el visto bueno en la Cámara de Representantes, está a un paso de convertirse en ley, pendiente únicamente de la sanción presidencial.

Petro calificó esta aprobación como “la primera victoria de la clase trabajadora en 34 años”. En su mensaje, también dejó en claro que desistirá de la consulta popular que había intentado impulsar mediante decreto y que fue suspendida por el Consejo de Estado. “Ya no es necesaria”, expresó, refiriéndose al decreto de convocatoria de la consulta, el cual anunció que será derogado.

Sin embargo, el mandatario aseguró que en las elecciones legislativas previstas para marzo de 2026 se entregará una papeleta adicional con la pregunta sobre la convocatoria de una asamblea constituyente.

“El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas”, afirmó el presidente a través de su cuenta en X.

Benedetti: “un mandato simbólico para el próximo gobierno”

Frente a la propuesta Benedetti también subrayó que no implica que el Ejecutivo actual promueva una ley ordinaria para convocar la asamblea. “Si usted va a hacer una asamblea nacional constituyente, tiene que hacer una ley ordinaria para entonces convocarla. Pero aquí no se quiere convocar, aquí lo que se quiere es buscar que el pueblo exprese que hay un desazón actualmente, hay un malestar en la sociedad colombiana en el cual tiene que ser reflejada en un nuevo tratado social que se llame Constitución para el próximo gobierno, para que el próximo gobierno lo haga”, señaló.

El ministro también enfatizó que no debe generarse alarma sobre posibles reformas inmediatas o sobre intenciones reeleccionistas. “No hay reelección. La asamblea nacional constituyente no es para este gobierno. No se va a tramitar una ley ordinaria para que exista asamblea constituyente. Lo que va a buscarse es que se dé una octava papeleta para que, posiblemente en las elecciones del Congreso de marzo, se meta ahí para que el próximo gobierno busque entonces bajo ese mandato. Si es que existe el mandato, una vez contados los votos, para que el gobierno nuevo, el próximo, sea el que convoque la asamblea nacional constituyente”, concluyó.

La idea de una “octava papeleta” no es nueva en Colombia. El término hace alusión a la consulta simbólica que se realizó durante las elecciones legislativas de marzo de 1990. En aquella ocasión, un movimiento ciudadano, impulsado en gran medida por estudiantes, promovió la inclusión de una papeleta no oficial en la que se preguntaba a los votantes si consideraban necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente. Este ejercicio fue el punto de partida para la Constitución de 1991, que actualmente rige al país.

Con esta referencia histórica, la propuesta del Gobierno busca, según Benedetti, que la ciudadanía exprese su opinión frente a la necesidad de una nueva carta política, sin que ello implique un cambio inmediato o una alteración del orden constitucional por parte del actual Ejecutivo.

Luego de que el Congreso de la República conciliara y aprobara el texto de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro anunció que desistirá de la consulta popular que había intentado impulsar mediante decreto.

Con esta decisión, Petro puso fin a una de las controversias jurídicas más recientes, que enfrentó al Ejecutivo con el Congreso, la Registraduría y varios magistrados. Estos actores institucionales coincidieron en que el decreto presidencial pretendía eludir una decisión que ya había tomado el Legislativo: negar la convocatoria a una consulta en plenaria del Senado.

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No obstante, el mandatario no dejó de lado su intención de impulsar un cambio de fondo a través de un proceso constituyente. Petro señaló que la nueva estrategia consistirá en promover una papeleta para que los ciudadanos respalden la convocatoria a una asamblea nacional constituyente durante las elecciones de 2026.

“No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo, quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas”, señaló el presidente en X.

Sin embargo, para que este mecanismo prospere, es necesario que el Congreso apruebe la iniciativa, tal como lo establece la Constitución.

“No más abusos de poder”: Iván Duque

El expresidente Iván Duque fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Petro. En un mensaje contundente, también publicado en X, Duque arremetió contra el mandatario a quien, de manera irónica, llamó “el principito”. Según el exmandatario, la intención de incluir una papeleta en las próximas elecciones para convocar la constituyente no tiene sustento legal.

“Es importante que la organización electoral le diga al ‘principito’ que él no puede incluir papeletas o tarjetones en las elecciones de 2026. No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ y ‘constituyentes populares’ para amenazar a las instituciones“, escribió Duque.

Las palabras del exmandatario se enmarcan en una creciente tensión política, en la que diversos sectores han expresado su rechazo a lo que consideran intentos del Ejecutivo de desbordar los procedimientos establecidos para la participación popular: “Ya le tocó agachar la cabeza con el Congreso y tuvo que aceptar las modificaciones que le introdujeron a la mal llamada ‘reforma laboral’, que en realidad es una ‘reforma pro sindical’. No más abusos de poder: las instituciones se hacen respetar”, concluyó en su mensaje el expresidente.

De acuerdo con las normas vigentes, una asamblea nacional constituyente solo puede ser convocada por el Congreso de la República. Si bien la Constitución contempla mecanismos de iniciativa popular, estos requieren del respaldo del Legislativo.

La cifra de respaldo ciudadano que ha mencionado el Gobierno —8 millones de firmas, equivalentes al 20% del censo electoral— podría respaldar una propuesta de iniciativa, pero para que la constituyente sea realidad se necesita la aprobación de al menos una tercera parte del censo electoral en votos positivos, es decir, más de 13,6 millones de ciudadanos.

El llamado en contraste de Ernesto Samper

Mientras las críticas arrecian desde sectores como el de Duque, el expresidente Ernesto Samper expresó un mensaje en tono conciliador. En su cuenta de X, Samper celebró la aprobación de la reforma laboral y defendió el uso de los mecanismos de participación previstos en la Constitución de 1991.

“La aprobación de la reforma laboral por el Congreso de la República es un gana-gana para toda la democracia que -en medio de tantos acontecimientos negativos como el atentado contra el senador Uribe Turbay- deberíamos celebrar. Gana el presidente Gustavo Petro porque consigue la aprobación de una reforma histórica en el campo social y laboral. Gana el Congreso porque demostró que, a pesar de la actitud ciega de los senadores que trataron de sabotear su trámite en la Comisión Séptima, sí pudo sacarla adelante. Ganó también la oposición que participó activamente en la búsqueda de esta salida y el gobierno, representado por el ministro Armando Benedetti, que manejó con serenidad y racionalidad el proceso de acuerdo. Pero, sobre todo, gana la institucionalidad del país que evitó lo que parecía un inevitable choque de trenes entre sus poderes alrededor de la legitimidad y oportunidad del llamado ‘decretazo’”, escribió.

Y finalizó diciendo: “Nos queda una moraleja hacia adelante: no le tengamos miedo a consultar y hacer uso de los mecanismos de participación directa que estableció la misma Constitución de 1991”.

Tras la aprobación de la reforma laboral y el anuncio de la derogación del decreto que convoca la consulta popular, el presidente Gustavo Petro agitó los ánimos en el país político al anunciar que espera convocar una asamblea nacional constituyente. A través de su cuenta de X, informó que entregará una papeleta en las próximas elecciones para cumplir con dicho objetivo.

“Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, precisó el mandatario.

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¿Una asamblea nacional inviable?

Sin embargo, de acuerdo con la representante a la Cámara Catherine Juvinao, el jefe de Estado no puede introducir una papeleta en las elecciones de 2026. Según explicó, el hacer implicaría ir en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia. “Esta es una propuesta abiertamente inconstitucional y temeraria que desconoce el sistema de pesos y contrapesos que protege nuestro régimen democrático”, indicó.

La congresista basó su argumento en lo estipulado en el artículo 376 de la Constitución Política sobre la convocatoria de la asamblea. Según la normativa, es necesario que el Gobierno nacional presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley para ese fin. Además, precisa la ley que este proceso democrático no puede coincidir con el desarrollo de unas elecciones.

“Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine (…). En acto electoral que no podrá coincidir con otro”, se lee en la Constitución.

Juvinao explicó que lo establecido en la carta magna tiene un objetivo: impedir que el Presidente de la República convoque por sí mismo una asamblea nacional constituyente, y así, evitar que se implementen cambios de manera dictatorial.

“La activación del poder constituyente requiere deliberación, controles institucionales y participación legítima, no imposiciones unilaterales ni maniobras políticas de presión popular”, expuso.

Desde su perspectiva, esta propuesta del primer mandatario demostraría que está “desesperado” por garantizar que en el próximo periodo presidencial el proyecto progresista se mantenga. Sin embargo, auguró que en esta ocasión, Gustavo Petro y su proyecto no tendrán la misma acogida que en 2022, cuando ganó la Presidencia.

“Esta vez no pasará, por más que el presidente saque de la manga propuestas que desconocen el principio de legalidad y la separación de poderes. Lo que sí deja claro esto es que el Congreso no puede ceder ante los chantajes de Petro. Para él nunca nada será suficiente”, concluyó.

Al igual que Juvinao, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó la propuesta del primer mandatario, calificándola como un “engendro”. Confirmó que cualquier asamblea de este tipo debe ser deliberada por el Congreso de la República.

El desconocimiento de Petro del Congreso de la República

No obstante, es importante recordar que el presidente Petro ha tenido serias diferencias con los legisladores, sobre todo en el Senado. Sus constantes discusiones y puntos de distanciamiento se hicieron más evidentes cuando decidió firmar el decreto para convocar la consulta popular.

Pues, los senadores dieron un concepto desfavorable a la convocatoria, y sin su visto bueno, no es posible llamar a la ciudadanía a las urnas. Pero, según el jefe de Estado, el Senado no se pronunció en ningún momento, porque no leyó una proposición –que no existió–, por lo que, junto con 19 ministros y ministras, firmó el cuestionado documento.

Anunció que lo derogará porque la reforma laboral fue aprobada en su etapa de conciliación, y el resultado es satisfactorio para el Gobierno.