Javier Milei presidirá esta noche la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A las 21, en horario prime time, comenzará a esbozar una lectura de los movimientos que hizo como Presidente en los últimos dos años y adelantará cómo buscará seguir el resto de su gestión. El concepto que va a guiar sus lineamientos será la batalla cultural, algo que comenzó a obsesionarlo más que la propia economía.

¿Qué va a decir el Presidente? Hasta ahora, fuentes oficiales hicieron trascender que será un discurso de tres partes. Una estará vinculada a la herencia que recibió de la anterior administración y las primeras medidas que hizo el Gobierno para poder superar ese estado de cosas. El 2025 también tendrá una mención particular: fue ahí donde su gestión miró hacia el abismo hasta que llegó el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent. Pero lo importante estará en la mirada prospectiva: qué sentido le dará a su gestión en este año sin elecciones, pero condicionado por las del 2027.

“Tiene que vender futuro y compromiso para que los aliados acompañen. Sin ellos las reformas no se pueden sacar, pero somos la única fuerza que tiene capacidad de proponer algo en este contexto político”, afirman cerca suyo.

Para ejemplificar el sentido de época actual y la importancia de hacer reformas, Milei le dará una particular importancia a lo sucedido con el caso de Techint y a los elevados precios de los neumáticos que vendían productores locales. El libertario los llama ”empresaurios”, uno de los términos famosos que creó en los últimos años para describir a uno de los sectores que considera el status quo o el partido del Estado.

Así, Milei ponderará el período de las extraordinarias, mencionará los proyectos pendientes e intentará vender un paquete de iniciativas que todavía no fueron dadas a conocer en su integralidad. Está el objetivo de sacar la reforma electoral, la del Código Penal y algunas vinculadas al Pacto de Mayo firmado dos años atrás.

En la próxima estación de la ruta reformista también aparece la reforma tributaria, aunque dos miembros de la mesa política creen que no es momento de impulsarla por el impacto fiscal que podría tener. La cuestión es: si no es ahora, ¿cuando? La pregunta no es menor, porque Milei la considera una medida indispensable para en 2028 -si es reelecto- proponer la reforma previsional.

Hay integrantes de La Libertad Avanza que no descartan que haya un importante anuncio por fuera de lo que trascendió en los últimos días, pero todo esto forma parte de las especulaciones que circulan en ocasiones como estas.

El martes de esta semana Milei encabezó la primera reunión de Gabinete y dio una suerte de speech que puede entenderse como un adelanto de lo que dirá hoy a la noche. “Nos dio su visión de las cosas para lo que se viene”, confirmó uno de los integrantes del encuentro a Infobae, que decidió no adelantar ningún aspecto más del discurso por miedo a recibir represalias.

Y es que Milei se toma muy en serio este tipo de asuntos. “Él redacta los discursos y, en todo caso, va a generando un ida y vuelta con quienes considera necesario”, afirman en su entorno. El principal es el asesor presidencial, Santiago Caputo, ideólogo de la narrativa libertaria desde su primera incursión electoral en 2021.

Posiblemente se trate del discurso más importante que dé en el año. La ocasión no podía ser mejor.

Tiene que dar un mensaje de firmeza y certidumbre a los mercados en medio de una semana que promete ser volatil por el ataque de Estados Unidos e Israel al ayatollah Ali Khamenei, lider supremo de Irán. Sobre todas las cosas, debe hablarle a la plaza local: al Gobierno le está costando mantenerse por debajo de la marca de los 500 puntos básicos de Riesgo País y las acciones no marcan subas sustanciales, todo lo contrario.

La economía real mostró un repunte en diciembre pero bajo una dinámica heterogenea: el agro y la intermediación financiera se dispararon positivamente, pero en detrimento de la industria y el comercio. La cuestión sobre el empleo, la capacidad adquisitiva y la dinámica de la actividad predominan la agenda, pese a que los números oficiales permiten dar visiones dispares.

En ese marco, La Libertad Avanza mantuvo en el mes de febrero la mejor racha legislativa desde que es oficialismo, con la aprobación de leyes de amplísimo caracter reformista. La única que quedó con media sanción fue la Ley de Glaciares, que seguramente logre aprobación en Diputados.

Es decir, se verificó que el mecanismo de coordinación política que tiene el Gobierno, materializado en la mesa política, distribuyó bien las tareas de negociación con diferentes de actores de la oposición. Ese esquema vino acompañado por más bancas propias en ambas Cámaras y la fragmentación de la oposición, que deja al oficialismo con mayores facilidades para negociar con los gobernadores, incluso aquellos peronistas.

Con la algarabía del viernes por la noche, con la reforma laboral sancionada, varios integrantes del Gobierno dijeron en público que, aprovechando el dulce momento político, ahora se vendrá una profundización de la agenda reformista.

¿Esto lo que dicen en privado? En varios casos, no.

Para continuar con su sendero reformista deberá pedir la colaboración de los aliados que consiguió acercar en estas últimas semanas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”, se sinceró a mitad de semana un importantísimo integrante del Gobierno a Infobae. Coincidentemente, una figura de La Libertad Avanza en el Senado razonó de la misma manera: “Me tranquiliza que en la cúpula del Gobierno lo vean de esta manera, porque acá tengo mis serias dudas”.

¿A qué viene esa preocupación de ciertos actores? Por un lado, es una lectura casi unánime entre los operadores del Gobierno: la oposición se va a abroquelar en una postura intransigente hacia el segundo semestre del año. “Ahí se nos va a empastar todo”, afirman un miembro de uno de los campamentos libertarios. En otro indican: “Van a perder incentivos para colaborar en la medida que el horizonte de las elecciones provinciales se vea cada vez más cerca”.

Un integrante del bloque del Senado de La Libertad Avanza opinó que el balance de las sesiones extraordinarias fue, en los papeles, excelente; pero que deja una preocupación hacia adelante. “Creo que pagamos muy caro algunas cosas”, afirmó, para luego ejemplificar: “Mirá cómo votaron Alejandra Vigo (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy), la Unión Cívica Radical y el PRO. Ninguno de ellos nos votó todo completo. Son vínculos que pueden ser circunstanciales y provisorios”, marca.

Otro integrante de ese espacio considera que la negociación de las vicepresidencias salieron caras y que comprometen otros vinculos con aliados que quedaron insatisfechos hacia adelante. En otros sectores no coinciden en absoluto con esto: refutan esta idea diciendo que, en rigor, el Gobierno consiguió mayor fragmentación del interbloque peronista. Quienes iniciaron el movimiento para que tres senadores federales se pasaran a un bloque propio fueron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Algo que podría abonar reforzar la posición de quienes defienden este último punto es que La Libertad Avanza podría evitar que estos jefes provinciales se retoben si les garantizan que La Libertad Avanza no competirá en sus distritos el año próximo. “No es una locura que, por ejemplo, en Tucumán, podamos corrernos de la disputa si es que nos conviene”, afirman en el Gobierno. La Libertad Avanza prácticamente no tiene referentes en provincias como Catamarca y Jalil demostró ser de los más útiles para la gobernabilidad violeta. Asimismo, si en la campaña pasada a la entonces candidata a senadora por Salta, Emilia Orozco, se le prohibió hablar negativamente de la gestión de Sáenz, ¿por qué no habría de ocurrir esto de vuelta?

Son todas especulaciones que empezarán a florecer en los próximos meses, pero que Milei tiene posibilidades de dar pistas en su discurso de este año. “Javier demostró ser uno de los tipos más brillantes en términos políticos. Una cosa es lo que dice de la boca hacia afuera y otra cosa es lo que hace puertas adentro. Es más pragmático de lo que se piensa”, indica una persona que lo conoce bien.

El Gobierno puede haber mejorado su coordinación política y amplificado su número de legisladores para poder impulsar reformas, pero no tiene asegurado que el Congreso se convierta en una escribanía para todo este año. La cantidad de bancas que tiene no dista mucho de las que tenía Alberto Fernández durante su gestión: se trata de que los actores con poder de veto (es decir, aquellos legisladores y gobernadores que el Gobierno necesita sí o sí para poder aprobar un proyecto o juntar quórum) puedan ser interpelados y de que el oficialismo siga logrando consensos.

No es casual que se haya escuchado a una importante voz del Gobierno afirmar esta semana que “el consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo” y que “no tiene un valor per se cuando el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo”. La Casa Rosada demostró ser lo suficientemente pragmática para negociar la reforma laboral y quitar apartados importantes de la misma en negociaciones con la oposición, los gobernadores, los sindicatos y las cámaras empresarias.

Este sábado, una de las principales espadas legislativas que tiene La Libertad Avanza coincidía con la postura de que el Congreso puede convertirse en un territorio pantanoso hacia adelante. “¿Vale la pena hacer lo mismo que hicimos con la reforma labora por cada proyecto que podamos impulsar? ¿O vale la pena esperar más para que a partir de 2027 estas puedan salir con los apartados que queremos?“. Son algunas de las interrogantes que circulan. Otros prefieren ser más optimistas y apostar a una agenda plena de reformas: “El éxito te consolida y permite que puedas aprobar más reformas”.

Funcionarios que hablaron con el Presidente este jueves informan que el discurso será de una hora, aproximadamente. En su debut en su primera Asamblea Legislativa, el líder libertario había hablado durante 70 minutos. El año pasado superó esa marca solo por dos minutos. No se prevé un cambio sustantivo en la duración para esta ocasión.

La transmisión comenzará con el arribo de Milei al Palacio del Congreso y se espera que el contacto que vaya a tener con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reduzca al mínimo posible. Hay quienes hablan de que debería ser a cero, pero hay cuestiones protocolares -como la firma de las actas- que lo podrían impedir.

Lo interesante es lo que sucederá con la transmisión, que replicará componentes de la del año pasado. “No está en los planes que se muestre a la oposición. La idea es que se lo muestre a Javier la mayor cantidad de tiempo con algunos pocos paneos”, informa una fuente al tanto del operativo.

Tal y como hizo en 2024 y 2025, Milei volverá a dar su discurso parado, con su vicepresidente detrás y la banda presidencial puesta. Sus antecesores siempre hablaron sentados en el estrado, al lado de sus vicepresidentes, y sin la banda colocada. En el arranque de la transmisión del último marzo, el rating televisivo alcanzó los 17 puntos, pero a lo largo de la transmisión, fue descendiendo, estableciéndose primero en 8,1 puntos. Luego, la baja continuó hasta tocar cifras como 5 puntos.

El presidente Javier Milei organizará una cena en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, tras la ceremonia, a la que invitó a los bloques aliados del oficialismo. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, ya confirmó su participación junto a otros seis diputados de su espacio, mientras que integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) recibieron invitaciones específicas, aunque el MID anticipó que no asistirá por desacuerdos recientes.

Legisladores de la UCR, encabezados por Pamela Verasay, aseguraron que estarán presentes, aunque reconocieron posibles ausencias por las dificultades derivadas de los paros de controladores aéreos que afectan los vuelos desde las provincias.

La convocatoria a la residencia presidencial fue gestionada por Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza en Diputados, con el objetivo de reforzar los vínculos políticos previo a un año de fuerte agenda legislativa. Aunque inicialmente se consideró ofrecer un asado, fuentes próximas a Milei aclararon que el menú no está definido y que podría incluir empanadas u otras alternativas.

La Lengua de Señas Costarricense (LESCO) podría alcanzar uno de los mayores reconocimientos en su historia si prospera un proyecto de reforma constitucional presentado por integrantes de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor y el Grupo de Mujeres Parlamentarias.

La iniciativa propone modificar el artículo 76 de la Constitución Política para declarar el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica, además de establecer el deber del Estado de protegerlo, preservarlo, promover su enseñanza y garantizar su desarrollo como parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda.

El proyecto surge con el respaldo de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), intérpretes, educadores y diversas organizaciones que durante años han impulsado el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta población.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada oficialista, Anna Katharina Müller, destacó que el reconocimiento trasciende el ámbito legal y representa un paso hacia una sociedad más inclusiva.

“Es un tema de sensibilidad, de querer comprender a las demás personas y de saber que siempre le hemos enseñado a los niños que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Todos somos diferentes y por eso estamos todos aquí juntos, porque nos necesitamos todos”, expresó.

Por su parte, la diputada María Eugenia Román aseguró que existe un compromiso entre distintas fracciones legislativas para impulsar rápidamente la iniciativa.

“Hay un compromiso de las distintas fracciones parlamentarias de avanzar pronto con una iniciativa tan importante y hacer realidad la inclusión plena de las personas sordas en nuestra sociedad”, afirmó.

En la misma línea, otros legisladores señalaron que el reconocimiento constitucional contribuiría a eliminar las barreras físicas, sociales y de comunicación que históricamente han limitado la participación plena de las personas sordas.

“Como sociedad costarricense debemos ir derribando las barreras físicas, las barreras sociales y las barreras de comunicación que han hecho que ustedes no se integren a la sociedad de una forma plena”, manifestó la diputada liberacionista Karol Matamoros.

Desde la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica enfatizaron que el reconocimiento del LESCO en la Constitución representaría mucho más que un cambio de redacción.

“No queremos mantener esas barreras y poder romperlas. Es muy importante que la LESCO tenga este reconocimiento dentro de la Constitución Política. Significa un compromiso del Estado y de la sociedad para eliminar todas estas barreras”, señalaron representantes de la organización.

De aprobarse la reforma, el Estado asumiría el compromiso constitucional de fortalecer la enseñanza del LESCO y desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas sordas.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá seguir un procedimiento especial. En una primera etapa será asignado a una comisión legislativa, donde iniciará su análisis y discusión. Posteriormente deberá superar las votaciones requeridas en el plenario legislativo para continuar su trámite hasta una eventual aprobación definitiva.

Los impulsores de la iniciativa consideran que el reconocimiento constitucional del LESCO colocaría a Costa Rica entre los países que han dado rango constitucional o legal al reconocimiento de las lenguas de señas, fortaleciendo el acceso a la educación, la información, los servicios públicos y la participación de la comunidad sorda en igualdad de condiciones.

La presidenta de la República, Laura Fernández, y diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) acudieron este lunes a la Corte Suprema de Justicia para presentar una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, luego de que ese órgano ordenara prorrogar temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa completa su proceso de elección.

La acción judicial fue presentada contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría de cuatro votos que avaló mantener a los suplentes en funciones hasta que el Congreso designe a sus reemplazos.

La llegada de Fernández y de la fracción oficialista ocurrió cerca de las 10:38 a. m. en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde fueron recibidos por diputados oficialistas, miembros del gabinete y simpatizantes del movimiento político, indicó La Nación.

La querella había sido anunciada días atrás por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien sostuvo que la resolución de la Sala Constitucional representaba una invasión de competencias del Poder Legislativo y una violación al principio de separación de poderes.

El delito de prevaricato, establecido en el artículo 357 del Código Penal, sanciona a funcionarios judiciales o administrativos que dicten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. La pena establecida va de dos a seis años de prisión, aunque puede aumentar en casos específicos.

Disputa entre poderes del Estado

El conflicto surgió luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo presentado ante la falta de nombramiento de los nueve magistrados suplentes del tribunal constitucional.

En su resolución, los magistrados ordenaron mantener temporalmente a los suplentes mientras la Asamblea Legislativa realiza las designaciones pendientes con base en la lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia.

Además, el fallo obligó al Congreso a someter nuevamente la nómina de aspirantes al conocimiento del Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.

La decisión fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. En contra votaron los magistrados Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.

Tras conocerse la resolución, la presidenta Laura Fernández acusó a un sector del Poder Judicial de intentar realizar un “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa y afirmó que la Sala Constitucional asumió atribuciones que, según su criterio, corresponden únicamente al Congreso.

Bloqueo legislativo

La disputa ocurre en medio de un prolongado bloqueo político para elegir a los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La Asamblea Legislativa ha realizado 11 rondas de votación sin lograr alcanzar los 38 votos necesarios para completar los nombramientos. En varias ocasiones, la bancada oficialista decidió no respaldar a los candidatos incluidos en la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso también devolvió en dos ocasiones la lista de aspirantes a la Corte Plena, una decisión cuestionada por el Poder Judicial al considerar que no existían razones suficientes para rechazar la nómina.

La Sala Constitucional posteriormente anuló esa devolución y ordenó continuar con el proceso de elección.

Trámite podría enfrentar obstáculos

Aunque la querella fue presentada formalmente, abogados penalistas advirtieron a Amelia Rueda que el proceso podría enfrentar dificultades debido precisamente a la falta de magistrados suplentes.

En caso de que avance una investigación y sea necesario analizar un eventual levantamiento del fuero de los magistrados señalados, la decisión correspondería a la Corte Plena.

Sin embargo, los cuatro magistrados denunciados tendrían que inhibirse de participar en el proceso, lo que impediría alcanzar la integración completa del máximo órgano judicial mientras no existan suplentes habilitados para ocupar esos espacios.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial mantiene abierta una de las mayores tensiones institucionales de los últimos años, con cuestionamientos cruzados sobre los límites de las competencias de cada poder del Estado.

La Sala Constitucional dio un giro al prolongado conflicto entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa por la designación de magistrados suplentes al ordenar la prórroga temporal de los nombramientos vencidos desde diciembre de 2025 y obligar al Congreso a continuar el proceso de elección con la misma nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia 2026-13498, correspondiente al expediente 26-13498-0007-CO, luego de que un ciudadano presentara un recurso de amparo alegando que la ausencia de magistraturas suplentes impedía integrar adecuadamente el tribunal constitucional para resolver varios procesos en los que figura como recurrente.

De acuerdo con la resolución, la falta de suplentes había provocado un impacto directo sobre el acceso a la justicia constitucional. Con corte al 14 de julio, al menos 123 expedientes permanecían pendientes de resolución debido a inhibitorias o recusaciones de magistrados propietarios, situación que impedía conformar el quórum necesario para emitir sentencias.

La votación estuvo dividida. Los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera respaldaron la declaratoria con lugar del recurso de amparo, mientras que Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto y consideraron que el recurso debía rechazarse.

Como parte de la resolución, la Sala dejó sin efecto los acuerdos adoptados por la Asamblea Legislativa mediante los cuales se pretendía devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de aspirantes a magistrados suplentes y solicitar una nueva lista de candidatos.

Además, ordenó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez Fallas, coordinar las acciones necesarias para que el Plenario Legislativo conozca nuevamente esa nómina “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros fijados por la sentencia.

La Sala aclaró que la prórroga de los nombramientos no implica un restablecimiento pleno e indefinido de las suplencias. Los magistrados suplentes únicamente podrán ser convocados en los casos considerados urgentes e indispensables, particularmente cuando un magistrado propietario no pueda participar por incapacidad, recusación o alguna otra causa legal de impedimento.

Los funcionarios cuyos nombramientos fueron prorrogados de manera temporal son Alejandro Delgado Faith, Huberth Fernández Argüello, Ana María Picado Brenes, Ileana Isabel Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, Alexandra Alvarado Paniagua, Ana Cristina Fernández Acuña, Aracelly Pacheco Salazar, Fernando Lara Gamboa, Jorge Isaac Solano Aguilar, Rosibel Jara Velásquez y José Roberto Garita Navarro.

El conflicto institucional se originó luego de que la Corte Plena enviara el 15 de octubre de 2025 una nómina integrada por 18 candidatos para llenar nueve de las doce plazas de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Sin embargo, después de once rondas de votación, la Asamblea Legislativa no logró elegir a ninguno de los aspirantes.

Posteriormente, la mayoría legislativa impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano promovió la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que los nombres propuestos no reunían el consenso político suficiente para alcanzar las mayorías requeridas.

La Corte Plena rechazó esa decisión y remitió nuevamente la misma nómina al Congreso. Meses después, el oficialismo optó por archivar el expediente sin continuar las votaciones, una actuación que ahora fue anulada por la Sala Constitucional.

El tribunal recordó que el artículo 164 de la Constitución Política establece que, una vez recibida la comunicación correspondiente, la Asamblea Legislativa debe realizar el nombramiento de magistrados suplentes en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre.

Asimismo, la sentencia cita como precedente la resolución 11083-2013, mediante la cual la propia Sala Constitucional ya había establecido que el Congreso carece de potestad para devolver la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia o negarse a efectuar los nombramientos, por tratarse de una obligación constitucional.

En esa oportunidad, la Sala sostuvo que la Asamblea está obligada a escoger a los magistrados suplentes entre las personas incluidas en la lista enviada por la Corte Plena, criterio que ahora fue reiterado por la mayoría del tribunal constitucional.

El fallo también condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por la vulneración acreditada, montos que deberán determinarse posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tras conocerse la resolución, diputados de oposición celebraron el fallo. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, afirmó que la decisión protege el derecho de cientos de personas que esperaban una resolución de la Sala Constitucional y responsabilizó al oficialismo por el retraso en los nombramientos.

Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, sostuvo que la sentencia confirma que la Asamblea tenía el deber constitucional de elegir a los magistrados suplentes utilizando la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el legislador del Frente Amplio, Antonio Trejos, recordó que desde el inicio de la discusión había advertido que devolver la lista de candidatos era una actuación contraria a la Constitución Política.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció que el próximo lunes 3 de agosto presentará una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, acusándolos de excederse en sus atribuciones al prorrogar los nombramientos de magistrados suplentes cuyo periodo concluyó en diciembre de 2025.

La denuncia estará dirigida contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes, según la acusación, dictaron una resolución contraria a la ley y vulneraron la división de poderes.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sostuvo que la medida judicial adoptada por los magistrados constituye una violación al artículo 158 de la Constitución Política de Costa Rica, que señala que los magistrados deben ser elegidos por un periodo de ocho años y que la potestad de nombramiento recae exclusivamente en el Poder Legislativo.

La querella, que será presentada ante la Secretaría de la Corte Plena, busca que se investiguen las responsabilidades penales y disciplinarias de los magistrados señalados. Además, la presidenta de la Asamblea Legislativa advirtió que el proceso judicial pretende restituir el equilibrio institucional y reafirmar la autoridad de la Asamblea en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Contexto de la crisis institucional

El conflicto institucional surgió tras una resolución de la Sala Constitucional (Sala Cuarta), que decidió prorrogar en sus cargos a magistrados suplentes cuyo mandato había finalizado el 16 de diciembre de 2025.

La decisión fue calificada como “ilegal e inconstitucional” por la presidenta de la República, Laura Fernández, quien consideró el acto como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Fernández argumentó que la Sala Constitucional ha asumido facultades que la Constitución y los tratados internacionales no le otorgan.

Según el Ejecutivo, la resolución vulnera diversos artículos constitucionales, incluyendo el 9, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164. El artículo 164, citado por la presidenta, establece que solo la ley puede fijar el periodo y las condiciones de los magistrados propietarios y suplentes, en tanto que el artículo 121 otorga al Legislativo la competencia exclusiva para el nombramiento y destitución de magistrados.

Por lo que, el el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, respaldó la postura del Ejecutivo y señaló que la decisión judicial fractura el Estado de derecho.

Repercusiones y división de poderes

La controversia ha reavivado el debate sobre la separación de poderes en Costa Rica. La Constitución Política define que la Asamblea Legislativa es la única instancia con autoridad para designar y remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La prórroga decidida por la Sala Constitucional ha generado críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos, que advierten sobre el riesgo de un precedente que pueda debilitar la estructura democrática y los equilibrios institucionales.

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han insistido en que el fallo de la Sala Constitucional transgrede los límites legales y afecta la legitimidad del sistema democrático. En declaraciones reproducidas por La Nación, la presidenta Fernández subrayó que la independencia de poderes resulta indispensable para garantizar la estabilidad democrática, y que cualquier extralimitación judicial pone en peligro ese fundamento.

De acuerdo con analistas consultados por La Nación, la disputa refleja tensiones acumuladas en la relación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta desafíos significativos. La agudización de este conflicto institucional ocurre en un momento en que la imagen del Poder Judicial ya estaba bajo escrutinio público.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para la ratificación del acuerdo bilateral entre El Salvador e Italia que permitirá el reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

Esta medida beneficiará a más de 80,000 salvadoreños residentes en ese país, facilitando su inserción laboral y movilidad dentro del país europeo, según confirmaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la sesión.

El dictamen, aprobado ayer por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, será discutido por los parlamentarios en la sesión plenaria (con la participación de los 60 diputados) posterior a las vacaciones de agosto. La propuesta fue enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y fue revisada en la Comisión con la participación de funcionarios de ambas carteras.

El acuerdo entre El Salvador y Italia establece un marco de cooperación para que los titulares de licencias de conducir no provisionales, expedidas por las autoridades de cualquiera de los dos países, puedan realizar la conversión y validación de sus documentos en el país de residencia. Según el documento oficial analizado por la comisión, el instrumento consta de once artículos y cuatro anexos técnicos que detallan procedimientos, requisitos, modelos de licencias, mecanismos de verificación y la protección de datos personales.

Durante la sesión, el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que el acuerdo permitirá a los salvadoreños en Italia utilizar sus licencias sin la necesidad de realizar exámenes adicionales, salvo en circunstancias especiales. Añadió que la medida facilitará la inserción en el mercado laboral, ya que muchos empleos requieren la acreditación de una licencia válida, y al mismo tiempo contribuirá a la movilidad y seguridad jurídica de los beneficiarios.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, especificó que, cuando el acuerdo sea aprobado por el pleno legislativo, su entrada en vigor estará sujeta al intercambio de notas diplomáticas entre ambos gobiernos. “El instrumento entrará en vigencia sesenta días después de la recepción de la segunda comunicación entre las partes”, detalló Góchez, citado por la comisión. Además, tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de iniciar negociaciones para su prórroga un año antes de su vencimiento.

Infobae reportó que, según datos oficiales, actualmente residen en Italia alrededor de 80,363 salvadoreños, quienes constituyen una de las comunidades más numerosas de la diáspora salvadoreña en Europa. El acuerdo también prevé la reciprocidad para los italianos residentes en El Salvador, quienes podrán validar sus licencias de conducción bajo el mismo procedimiento.

La diputada Evelin Merlos, integrante de la Comisión, resaltó que el mecanismo establecido por el acuerdo permitirá a los beneficiarios convertir sus licencias sin tener que pasar por todo el proceso administrativo nuevamente, lo que reduce trámites y otorga certeza jurídica tanto para quienes trabajan, como para los que estudian o se reencuentran con sus familias. Además, subrayó que el acuerdo fortalece los vínculos bilaterales y la cooperación entre ambos países.

El dictamen favorable de la comisión destaca que el acuerdo no implica un reconocimiento automático de las licencias, sino que establece procedimientos sujetos al cumplimiento de requisitos previamente acordados por las partes, garantizando así el control de las autoridades y la seguridad vial. Este enfoque fue respaldado por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador y por sus homólogos italianos, quienes participaron en el proceso de negociación y revisión del instrumento.

De ser aprobado en la sesión plenaria, tras las vacaciones de agosto, el acuerdo entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador, posteriormente a la notificación diplomática entre ambos gobiernos. El instrumento busca facilitar la integración social y económica de los migrantes salvadoreños en Italia, en línea con la política exterior de protección de la diáspora y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, según expusieron los diputados al concluir la sesión.

La Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.461, una reforma integral a la Ley de Radio de 1954 que actualiza el marco jurídico para las concesiones de radio y televisión en Costa Rica, modifica el sistema de cobro por el uso del espectro radioeléctrico y crea un nuevo régimen de sanciones para quienes operan estos servicios.

La aprobación fue posible luego de un acuerdo político entre las fracciones de Liberación Nacional y el oficialismo, que permitió retirar 110 mociones de fondo y destrabar el avance del proyecto en el Plenario. La iniciativa también contó con el respaldo del Frente Amplio.

Como parte del consenso alcanzado, los legisladores acordaron impulsar posteriormente dos reformas adicionales. La primera buscará ajustar el canon a la realidad económica de las emisoras de radio, mientras que la segunda pretende garantizar que un eventual retiro de una concesión esté sustentado exclusivamente en criterios técnicos.

Durante el debate, diputados que respaldaron el proyecto insistieron en la importancia de que la reforma sea sometida a una consulta de constitucionalidad, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los concesionarios y evitar eventuales cuestionamientos que puedan comprometer la aplicación de la nueva normativa.

Los defensores de la iniciativa sostuvieron que el país necesitaba modernizar una legislación con más de siete décadas de vigencia, al considerar que las condiciones económicas y tecnológicas del sector han cambiado de forma significativa desde que fue promulgada.

Uno de los principales cambios consiste en la actualización del canon que deberán pagar los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico, un recurso considerado de dominio público. Hasta ahora, los operadores cancelaban un monto fijo establecido hace más de 70 años, una situación que, según los impulsores del proyecto, ya no respondía al valor económico que representa la explotación comercial de las frecuencias.

Con la reforma, el canon pasará a calcularse sobre los ingresos brutos obtenidos por el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas. En el caso de las empresas de televisión, la tarifa máxima será de un 7.73 %, mientras que para las emisoras de radiodifusión sonora alcanzará hasta un 3.13 %, dependiendo del nivel de ingresos de cada concesionario.

Precisamente este nuevo esquema de cobro generó cuestionamientos durante la discusión legislativa. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sobre las pequeñas radioemisoras regionales, familiares y comunitarias.

Según advirtió, estos medios operan con márgenes financieros mucho más reducidos que las grandes cadenas nacionales y cumplen un papel fundamental en la comunicación de las comunidades, especialmente durante emergencias, campañas de salud, cierres de carreteras, actividades comunales e información de interés local.

La legisladora alertó además sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones puedan favorecer una mayor concentración del mercado, debilitando el pluralismo y la diversidad informativa en el país si algunas emisoras no logran asumir las nuevas cargas económicas.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto corresponde al destino de los recursos obtenidos mediante el cobro del canon. La reforma establece que el 50 % de lo recaudado será destinado al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para la administración, planificación y gestión del espectro radioeléctrico.

El otro 50 % financiará el Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual, un mecanismo creado para impulsar la producción audiovisual costarricense y apoyar el desarrollo de proyectos relacionados con la industria cultural y creativa del país.

Con la aprobación del expediente 24.461, el Congreso da un paso hacia la modernización del marco regulatorio de la radiodifusión en Costa Rica. Sin embargo, los propios diputados reconocieron que aún quedan ajustes pendientes para equilibrar el impacto económico sobre los concesionarios y garantizar que la nueva legislación ofrezca reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que favorezcan tanto la competencia como la pluralidad de los medios de comunicación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió este martes la solicitud de ratificación del acuerdo con Italia sobre el reconocimiento recíproco para la conversión de licencias de conducir. El instrumento, firmado el 19 de junio de 2026, fue enviado a las comisiones de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno para su estudio.

El acuerdo habilita a los titulares de licencias de conducir no provisionales emitidas en ambos países a convertirlas para su uso en el territorio de la otra parte sin realizar pruebas adicionales, salvo en situaciones específicas. La medida alcanza a salvadoreños residentes en Italia y a italianos residentes en El Salvador que necesiten validar su permiso para fines laborales o personales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la disposición facilitará la movilidad y la inserción laboral, al permitir el uso legítimo y seguro de las licencias en ambos territorios. También establece que los conductores estarán sujetos a la normativa de tránsito local.

¿Qué prevé el acuerdo?

El reconocimiento recíproco de las licencias de conducir está previsto para quienes fijen su residencia en el otro país. La conversión de licencias reducirá trámites y evitará pruebas adicionales para los beneficiarios.

Para acceder a la conversión de licencias se exige tener menos de seis años de residencia en Italia. También será necesario presentar la licencia salvadoreña original y los documentos requeridos por la normativa vigente, incluida una certificación en idioma italiano.

Los solicitantes deberán cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades de ambos países: en Italia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte; en El Salvador, el Viceministerio de Transporte.

El trámite en la Asamblea

La ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill remitió el acuerdo a la Asamblea Legislativa y solicitó su ratificación. La documentación enviada incluye el acuerdo original, sus anexos, la certificación de autorización presidencial y un resumen ejecutivo.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno revisará el instrumento internacional antes de que sea sometido a votación en el pleno.

El alcance para los salvadoreños en Italia

En junio de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el acuerdo permitirá que los connacionales hagan valer su licencia salvadoreña conforme a la normativa italiana, con impacto en la movilidad y en las oportunidades de inserción laboral de hasta 80 mil salvadoreños en sectores donde conducir es un requisito, como transporte, logística, construcción, servicios y asistencia domiciliaria.

El convenio fue firmado por Alexandra Hill y el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini. Durante la firma, Hill señaló: “Culminar este proceso es para nosotros sumamente importante, esto es más que un trámite, es transformar la diplomacia en oportunidades”.

La funcionaria agregó: “para muchos podría tratarse únicamente de una licencia de conducir. Sin embargo, para miles de salvadoreños significa acceso a mejores oportunidades laborales, menos trámites, menos gastos y más tranquilidad para sus familias”.

Salvini sostuvo que “esta firma representa un cambio para familias enteras, una firma que cambia la vida de muchas personas”. El canciller italiano Antonio Tajani destacó que “este acuerdo representa una oportunidad de integración de la comunidad salvadoreña en Italia”.

El acuerdo también permitirá que los salvadoreños cuenten con documentación válida y actualizada conforme a la legislación italiana, con menos costos y cargas administrativas gracias a los servicios de renovación de licencias que ya ofrecen los consulados salvadoreños en Roma y Milán.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

Con esta decisión, el Órgano Legislativo sumó la prórroga número 53 a una medida que ha transformado la vida pública salvadoreña y que sigue generando controversia a nivel nacional e internacional. La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría oficialista liderada por el partido Nuevas Ideas.

El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, entre ellas la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho a la defensa.

Desde el inicio de esta estrategia las fuerzas de seguridad han realizado más de 92 mil detenciones de personas vinculadas, según el Gobierno, a estructuras de pandillas.

El Ejecutivo sostiene que la medida ha permitido una reducción histórica en los índices de homicidios y extorsiones en todo el territorio salvadoreño.

La aprobación de la nueva extensión, con 57 votos a favor, se realizó en el pleno de la Asamblea Legislativa en San Salvador.

Los legisladores del bloque oficialista defendieron la continuidad de la política argumentando que es necesario mantener activas estas medidas para evitar que las organizaciones criminales puedan volver a operar en el país.

Según cifras presentadas por los diputados en diferentes ocasiones, la tasa de homicidios en El Salvador ha caído a niveles mínimos en comparación con años previos a la medida.

“Que nunca olvidemos las fronteras invisibles. Nuestros jóvenes obligados a escoger entre huir o unirse a una pandilla. Ahora nuestro compromiso como diputados es fortalecer esa paz y fortalecer el Estado de Derecho, y que las nuevas generaciones conozcan ese pasado por los libros de historia, nunca por experiencia propia”, dijo el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado que bajo el régimen se han registrado detenciones arbitrarias, desapariciones y muertes bajo custodia policial. El Ejecutivo, sin embargo, asegura que todas las acciones se realizan en el marco de la ley y que los casos de abusos se investigan de manera interna en las instituciones pertinentes.

Para el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, no se debe perder de vista el país “que nos heredaron los gobiernos anteriores”. Mencionó que los diputados están comprometido en seguir legislando en favor de todos los salvadoreños, “para que esas transformaciones de país continúen”, dando “herramientas a niñas, niños y jóvenes de El Salvador”, permitiendo que tengan educación de calidad, escuelas renovadas y que no se pierda una generación más por causa de la delincuencia e inseguridad.

A nivel nacional, la respuesta social al régimen se encuentra dividida. Sectores empresariales y muchas familias han manifestado que la estrategia permite recuperar espacios públicos y reactivar la economía local en comunidades previamente controladas por grupos criminales.

Por otro lado, víctimas de detenciones injustificadas, así como abogados defensores y organizaciones no gubernamentales, señalan que la suspensión prolongada de derechos fundamentales ha generado un clima de temor y vulnerabilidad jurídica.

El régimen de excepción fue decretado inicialmente en marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos principales pandillas que han operado en el país. Desde entonces, la medida se ha renovado de forma mensual, un hecho que ha convertido a El Salvador en uno de los países con mayor restricción de libertades civiles en la región.

La prórroga aprobada este martes se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la percepción de seguridad para seguir impulsando diversos proyectos. El oficialismo ha reiterado en diferentes ocasiones que la estrategia continuará “el tiempo que sea necesario” para garantizar la seguridad y el orden público.

La aprobación de la prórroga número 53 del régimen de excepción mantiene vigente un marco legal que ha modificado profundamente la estructura institucional salvadoreña y que sigue bajo la observación atenta de la comunidad internacional.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió por unanimidad, el 27 de julio de 2026 en San Salvador, dictámenes favorables para incorporar financiamiento externo y refuerzos presupuestarios destinados a telemedicina y educación, durante la sesión de este lunes.

Entre las medidas avaladas figuran recursos para Doctor SV, el Programa de Modernización del Sistema Educativo, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos para paquetes escolares de 2027, de acuerdo con la exposición de representantes del Ministerio de Hacienda ante los diputados.

Representantes del Ministerio de Hacienda detallaron las solicitudes durante la sesión y atribuyeron los refuerzos presupuestarios a excedentes de recaudación tributaria obtenidos hasta junio de 2026.

Refuerzos para telemedicina y salud

Entre los proyectos aprobados figura el refuerzo para el programa Doctor SV, iniciativa de telemedicina que opera a través del Hospital Nacional El Salvador.

Según explicó Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el financiamiento de USD 46,1 millones proviene de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento y permitirá fortalecer la plataforma digital, adquirir licencias y equipos, contratar personal especializado y ampliar la cobertura para consultas, exámenes de laboratorio y dispensación de medicamentos.

La subdirectora general de Presupuesto, Laura Michelle Arce, precisó que Doctor SV atiende actualmente unas 18,000 llamadas diarias y cuenta con más de 1.5 millones de usuarios registrados, con tres millones de citas médicas agendadas y más de dos millones de recetas emitidas.

El objetivo, según la funcionaria, es asegurar el acceso gratuito y permanente a servicios de salud digital en todo el territorio.

En materia de salud, también se reforzó el presupuesto con USD 62 millones adicionales para ampliar la cobertura de Doctor SV y asegurar la continuidad de los servicios de telemedicina y atención a distancia.

Fondos para educación y jóvenes

La sesión también aprobó la incorporación de recursos por USD 14.3 millones para el Programa de Modernización del Sistema Educativo, ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El financiamiento está destinado a la contratación de consultorías, capacitación docente, adquisición de equipos tecnológicos y desarrollo de plataformas digitales de aprendizaje.

Este refuerzo presupuestario forma parte de un préstamo mayor con la Corporación Andina de Fomento y se suma a otras asignaciones previas para la modernización pedagógica y tecnológica de los centros educativos públicos.

En paralelo, la comisión avaló la autorización para suscribir un préstamo de USD 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes.

El plan busca incrementar el acceso a la educación postsecundaria, fortalecer las capacidades académicas y socioemocionales, y otorgar becas y apoyos económicos a estudiantes en situación de vulnerabilidad, incluidos migrantes retornados, jóvenes con maternidad temprana y personas con discapacidad. La Dirección de Integración será la responsable de ejecutar este programa, que aspira a beneficiar a unos 60,000 jóvenes.

Paquetes escolares e infraestructura

Los dictámenes incluyeron, además, la asignación de USD 69 millones para garantizar los paquetes escolares del ciclo lectivo 2027, con la disponibilidad anticipada de útiles para estudiantes de escuelas públicas y el pago a micro y pequeñas empresas que confeccionan estos insumos.

De acuerdo con la exposición de los representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos también permitirán financiar proyectos de infraestructura, cubrir obligaciones por derechos de vía y ejecutar obras en los ámbitos vial, social, educativo, deportivo y turístico.

La sesión concluyó con la aprobación de todos los dictámenes sometidos a votación, sin objeciones de los diputados presentes.

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes en la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley con los que pretende fortalecer el combate contra el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y endurecer las herramientas del Estado frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato.

Durante una exposición de más de una hora, la mandataria aseguró que las iniciativas son el resultado del trabajo desarrollado por el equipo de Fuerza Élite, instancia que, según explicó, analiza semanalmente la situación de seguridad del país para identificar vacíos legales que obstaculizan la persecución del delito.

Fernández afirmó que Costa Rica enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y recursos que en décadas anteriores, por lo que consideró indispensable actualizar una legislación que calificó como “obsoleta” frente a las nuevas modalidades delictivas.

"No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico“, manifestó durante su intervención.

Reformar el proceso penal para acelerar la justicia

El primer proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio.

Según explicó la presidenta, la intención es reducir la duplicidad de trámites, acortar los tiempos de resolución de los expedientes y disminuir los costos operativos del Poder Judicial, sin afectar las garantías del debido proceso.

Fernández sostuvo que actualmente existen causas penales que tardan tantos años en llegar a juicio que incluso algunos testigos olvidan detalles de los hechos investigados.

Durante ese apartado también criticó al Poder Judicial por, según dijo, concentrarse en solicitar mayores recursos económicos en lugar de impulsar reformas para hacer más eficiente el sistema de justicia. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de la Corte en una reunión previa convocada para analizar las iniciativas.

Extradición para más delitos graves

Otra de las principales propuestas consiste en una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses por delitos vinculados con el crimen organizado transnacional.

La iniciativa contempla incluir delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, sicariato, homicidios relacionados con estructuras criminales, cibercrimen y participación en organizaciones criminales internacionales.

La presidenta aclaró que la extradición seguiría siendo una medida excepcional, sujeta a resolución de los tribunales costarricenses y al cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que la conducta sea considerada delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.

Tobilleras electrónicas para quienes obtengan beneficios carcelarios

Uno de los proyectos que Fernández calificó como prioritarios plantea el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico para personas condenadas que reciban beneficios de ejecución de la pena y puedan salir de prisión antes de cumplir totalmente su sentencia.

La mandataria utilizó como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al afirmar que si una legislación similar hubiera existido años atrás, el presunto líder criminal no habría permanecido prófugo durante una década.

Según explicó, el objetivo es sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente por un sistema de vigilancia permanente mediante tobilleras electrónicas que permita conocer la ubicación del beneficiario y reducir el riesgo de reincidencia.

La propuesta también pretende fortalecer los controles sobre los jueces de ejecución y endurecer los requisitos para acceder a regímenes de confianza.

Endurecer penas por minería ilegal

El cuarto proyecto está dirigido a combatir la explotación minera ilegal, particularmente en Crucitas, San Carlos.

La reforma aumentaría las penas de prisión por extracción ilegal de minerales, elevaría las sanciones para quienes financien o promuevan estas actividades y permitiría el decomiso de maquinaria, dinero y bienes utilizados en la actividad ilícita.

Fernández aseguró que las penas actuales resultan insuficientes para combatir este fenómeno y afirmó que existen personas detenidas en múltiples ocasiones por minería ilegal que recuperan rápidamente la libertad debido a la baja penalidad contemplada en la legislación vigente.

Pensiones alimentarias y nueva estructura policial

El quinto proyecto plantea sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico para deudores de pensión alimentaria, con el fin de que puedan mantener un empleo y generar ingresos para cumplir con sus obligaciones, bajo supervisión judicial.

No obstante, la mandataria aclaró que quienes incumplan nuevamente o manipulen el dispositivo perderían el beneficio y serían enviados al sistema penitenciario.

Finalmente, el sexto proyecto propone modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y sargento, además de establecer concursos públicos para ascensos y requisitos académicos y de experiencia para ocupar puestos de mando.

Fernández sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la carrera policial, eliminar nombramientos discrecionales y homologar la nomenclatura utilizada por las policías costarricenses con la empleada por cuerpos policiales internacionales.

Las negociaciones entre las distintas fracciones legislativas comienzan a dar resultados en la discusión del proyecto de ley que pretende atender la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos. Luego de semanas de estancamiento, los diputados confirmaron que cerca de 150 mociones de fondo ya fueron retiradas como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en la etapa de discusión de mociones de fondo. En total, se habían presentado más de 600 enmiendas, lo que había ralentizado significativamente su avance dentro de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores que participan en las negociaciones señalaron que existe un ambiente de mayor apertura entre las bancadas para construir un texto de consenso que permita atender no solo la minería ilegal, sino también los problemas de seguridad y desarrollo que enfrenta la zona norte del país.

El diputado oficialista Nogui Acosta aseguró que el proceso ha evolucionado positivamente y destacó la disposición de las distintas fracciones para ceder en algunos puntos.

“Hay que responderle a los sancarleños, sobre todo a la gente de Crucitas. Hemos logrado incorporar algunas mociones de Liberación Nacional y otras del Frente Amplio. Ya hemos visto la voluntad de las diferentes fracciones retirando mociones y esperamos que la próxima semana podamos empezar a trabajar directamente sobre el proyecto”, afirmó.

Desde el Partido Liberación Nacional también destacaron avances importantes en la negociación. El jefe de fracción, Alvaro Ramírez, informó que su bancada retiró más de 70 mociones, lo que representa alrededor del 40 % de las propuestas que habían presentado al expediente.

Según explicó, la decisión responde al trabajo desarrollado en una mesa de diálogo impulsada por esa fracción, en la que participan representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno.

Ramírez indicó que parte de los acuerdos incluye el compromiso del Poder Ejecutivo de convocar un proyecto de ley que tipifique la minería ilegal como un delito vinculado al crimen organizado, además de incorporar varias de las propuestas presentadas por Liberación Nacional al texto que actualmente se negocia.

“Estamos demostrando que existe compromiso con el país y con la zona de San Carlos para resolver este problema de manera integral. También hemos cumplido con los compromisos adquiridos dentro de esa mesa de trabajo”, señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, insistió en que uno de los principales vacíos del proyecto impulsado por el Gobierno es que no aborda con suficiente fuerza el componente de seguridad ni el combate a las estructuras criminales que operan detrás de la extracción ilegal de oro.

El legislador destacó la importancia de que el Ejecutivo haya convocado una iniciativa presentada por su partido para que la minería ilegal pueda ser investigada y perseguida bajo la legislación contra el crimen organizado.

Según Araya, actualmente las autoridades concentran sus esfuerzos en detener a los coligalleros, quienes realizan la extracción de oro de manera artesanal, mientras que las organizaciones que financian y controlan la actividad permanecen fuera del alcance de la justicia.

“Se persigue al coligallero, pero él es la mano de obra barata y descartable. A quienes están detrás comprando el oro y suministrando los insumos prácticamente no se les toca. Revisar este tema como crimen organizado es fundamental”, afirmó.

El diputado también reiteró sus críticas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la propuesta no resolverá el problema que enfrenta Crucitas.

A juicio del legislador frenteamplista, la iniciativa carece de medidas suficientes para enfrentar la inseguridad que se ha incrementado alrededor de la actividad minera ilegal y no ofrece una respuesta integral para la zona.

Las fracciones coinciden en que todavía quedan mociones por discutir; sin embargo, consideran que el retiro de aproximadamente 150 enmiendas representa un avance significativo para agilizar el trámite legislativo.

Si las negociaciones continúan al ritmo actual, los diputados esperan que durante las próximas semanas el proyecto pueda entrar en una etapa de discusión más expedita y acercarse a su eventual votación en el Plenario Legislativo.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres proyectos de ley con el que pretende fortalecer la recaudación de impuestos, combatir distintas modalidades de fraude fiscal y hacer más eficiente la recuperación de recursos adeudados al Estado.

El viceministro de Hacienda, Victor Julio Carvajal, explicó que las iniciativas forman parte de una reforma fiscal enfocada en cerrar portillos utilizados para la evasión de impuestos y mejorar los mecanismos con los que cuenta la administración tributaria para hacer cumplir las obligaciones fiscales.

La primera propuesta está dirigida al impuesto que pagan los cigarrillos. Según explicó el jerarca, la intención es eliminar la denominada “base mínima impositiva”, un mecanismo que actualmente toma como referencia el precio de la cajetilla de cigarrillos de mayor venta en el país para calcular el impuesto que deben cancelar otros productos del mercado.

De acuerdo con Hacienda, este esquema provoca que incluso las cajetillas de menor precio terminen tributando con base en el valor del producto de referencia, lo que en algunos casos genera cargas tributarias que superan el 400% del costo original de la cajetilla.

El viceministro sostuvo que esa diferencia entre el costo del producto y la carga impositiva ha convertido el contrabando de cigarrillos en una actividad altamente rentable para las organizaciones dedicadas al comercio ilegal.

Como ejemplo, recordó un operativo realizado la semana anterior en el que las autoridades decomisaron 28 millones de cigarrillos. Según los cálculos de Hacienda, únicamente por concepto de impuestos dejados de pagar, el perjuicio para el Estado superó los tres millones de dólares.

La segunda iniciativa se concentra en el combate de las llamadas facturas falsas, un mecanismo que, según datos del Ministerio de Hacienda, ya supera los ¢700,000 millones (USD 1.56 mil millones) en montos facturados.

El viceministro aclaró que no se trata de documentos falsificados, sino de facturas electrónicas que cumplen con todos los requisitos tecnológicos y son validadas por el sistema de Hacienda, pero que no corresponden a una transacción económica real entre las partes.

El objetivo de estas operaciones simuladas, explicó, es permitir que los contribuyentes que reciben esas facturas apliquen créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los que no tienen derecho y, además, registren gastos inexistentes que afectan el cálculo del impuesto sobre la renta.

Para Hacienda, este tipo de prácticas representa una afectación directa a las finanzas públicas, ya que disminuye la recaudación mediante mecanismos de evasión sustentados en documentación aparentemente válida.

Como parte del proyecto, el Ministerio propone facultar a la administración tributaria para bloquear durante cinco años del sistema de facturación electrónica a las empresas que sean detectadas realizando transacciones simuladas o comercializando este tipo de comprobantes.

La medida también contempla que ese bloqueo pueda aplicarse de forma inmediata como una medida cautelar mientras avanzan los procedimientos administrativos correspondientes, con el propósito de impedir que continúe la emisión de facturas utilizadas para cometer fraude tributario.

El tercer proyecto de ley busca modificar el esquema de cobro judicial establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con el fin de acelerar la recuperación de las deudas pendientes con el Estado.

Actualmente, explicó el viceministro, la Oficina de Apremio Tributario debe acudir al Poder Judicial para presentar las demandas necesarias antes de solicitar embargos sobre bienes de los contribuyentes morosos.

La propuesta plantea que, una vez agotadas todas las etapas de apelación —incluyendo el Tribunal Fiscal Administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa— y cuando la deuda ya sea líquida y exigible, funcionarios especialmente designados por el Ministerio de Hacienda puedan ejecutar directamente diversas actuaciones administrativas.

Entre esas facultades se incluyen realizar anotaciones registrales y efectuar notificaciones sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial, lo que permitiría reducir tiempos y agilizar significativamente la recuperación de recursos para el Estado.

Con este paquete de proyectos, Hacienda apuesta por modernizar herramientas de fiscalización, fortalecer el combate contra la evasión y el fraude tributario, y hacer más eficiente la gestión de cobro de las obligaciones fiscales, en momentos en que el Gobierno busca incrementar la efectividad de la recaudación sin recurrir a la creación de nuevos impuestos.

Los proyectos presentados entrarán a la agenda Legislativa para ser votados en el plenario, por los 57 diputados.

El gobierno pidió incorporar USD 90.935 al presupuesto de 2026 para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de financiar actividades de promoción económica en el exterior y reforzar capacidades operativas de la Cancillería. La solicitud fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda.

La petición, remitida por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, responde a instrucciones de la Presidencia de la República. El documento plantea que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de esos fondos al presupuesto vigente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga de recursos adicionales durante el ejercicio fiscal.

“Se requiere incorporar en el presupuesto vigente de 2026 la cantidad de US$90,935.00 con el objetivo de financiar actividades estratégicas de promoción económica en el exterior, así como una compra local complementaria de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de Office, destinados a fortalecer las capacidades operativas de esa institución; que sumado al monto programado en el ejercicio vigente por US$200,000.00, totaliza la cantidad de US$290,935.00″, justifica el documento.

Marco legal y origen de los fondos

La correspondencia entregada a la Asamblea Legislativa detalla que en julio de 2023, la Asamblea avaló un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta USD 75 millones, para financiar el “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador”, ejecutado por los ramos de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores.

Dentro de ese programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina el proyecto de inversión 8551, denominado “Programa de fortalecimiento de oficinas económicas comerciales para atracción de inversionistas del extranjero, promoción y turismo – Componente tres, MIREX – CAF”.

Para ese proyecto ya se asignaron USD 995.213, con una ejecución acumulada en 2024 y 2025 de USD 393.199, y para 2026 se programaron USD 200.000. Tras esas asignaciones, queda un saldo disponible de USD 402.014 para el mismo programa.

Cómo se distribuirán los recursos

El Ministerio de Hacienda sostiene que, de ese saldo, es necesario incorporar al presupuesto vigente de 2026 la cantidad de USD 90.935. Según la solicitud, esos fondos permitirán financiar actividades de promoción económica internacional y cubrir la adquisición local de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de software para reforzar las capacidades operativas de la Cancillería.

Con esa incorporación, la suma total de recursos programados para estas acciones en 2026, incluidos los fondos ya presupuestados, ascenderá a USD 290.935.

Alcance de la reforma presupuestaria

El proyecto de decreto legislativo establece que, en la Sección A del Presupuesto General del Estado, en el apartado de ingresos del Gobierno Central, se incrementará la fuente de financiamiento de organismos multilaterales con los USD 90.935 provenientes del préstamo con la CAF.

En el apartado de gastos, esos recursos serán asignados a la Unidad Presupuestaria 05, Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, en la línea de trabajo relativa a la transformación del clima de negocios, bajo la fuente de financiamiento de préstamos externos.

La solicitud también instruye a la Asamblea Legislativa a incorporar la pieza de correspondencia al proceso formal de formación de ley y a tramitar la iniciativa conforme a derecho, para que la reforma sea aprobada en tiempo oportuno.

La solicitud de Hacienda fue admitida en el pleno y pasará a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial dedicada a los asuntos de la provincia de Guanacaste, en un contexto marcado por un fuerte desacuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a la utilidad de estos órganos parlamentarios.

Según informó delfino.cr, la moción impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 29 votos en contra y 24 a favor, impidiendo así la conformación del grupo propuesto.

De acuerdo con un reporte de Delfino.cr, la iniciativa planteaba que la comisión funcionara hasta el 30 de abril de 2030, con el objetivo de investigar, analizar, dictaminar y fiscalizar temas vinculados al desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional de Guanacaste.

Además, se habría encargado de dar seguimiento a proyectos de inversión pública, ejecución presupuestaria, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, gestión del agua, turismo y ordenamiento territorial.

El diseño de la comisión preveía la participación de nueve diputaciones: cinco del partido oficialista Pueblo Soberano, dos del PLN, una del Frente Amplio (FA) y una representante de una fracción unipersonal.

Karol Matamoros y Ronald Campos, diputados del PLN, defendieron la moción al considerar que permitiría agilizar proyectos para la provincia y escuchar las demandas de municipalidades, asociaciones comunales, agricultores, pescadores y otros sectores productivos de la región.

“Los aniversarios se celebran, pero los pactos se honran”, expresó Campos, en alusión al 202 aniversario de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica, según recogió delfino.cr.

Campos remarcó que la propuesta garantizaba mayoría al oficialismo y evitaba que la comisión se convirtiera en un instrumento de control político. Por su parte, Matamoros sostuvo que la creación de este espacio permitiría construir una agenda provincial articulada y evitaría que cada diputación gestionara de forma individual ante las instituciones estatales.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, reiteró el rechazo de su bancada a la formación de comisiones provinciales. Argumentó que las diputaciones tienen la capacidad de atender las necesidades de las comunidades mediante visitas, reuniones y aprovechando los órganos legislativos ya existentes. “No ocupamos una comisión para darle respuesta a los guanacastecos”, señaló Acosta Jaén, de acuerdo con delfino.cr.

A estas críticas se sumaron los diputados oficialistas José Miguel Villalobos Umaña, Nayuribe Guadamuz y Daniel Siézar Cárdenas, quienes cuestionaron la propuesta al considerar que la labor territorial forma parte de las obligaciones ordinarias de las diputaciones y advirtieron sobre el riesgo de “comisionitis”, por la proliferación de nuevos órganos legislativos.

Villalobos además acusó a los promotores de presentar la moción pocos días antes del 25 de julio para obtener réditos políticos, mientras Guadamuz puso en duda los resultados alcanzados por la comisión provincial que existió el periodo legislativo anterior.

Matamoros y Campos rechazaron tales críticas, defendiendo que su iniciativa buscaba unir a las diputaciones alrededor de las prioridades de Guanacaste.

La propuesta recibió, en cambio, el respaldo de representantes del Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana, mismos que argumentaron que las desigualdades territoriales justifican la existencia de espacios especializados para evitar que los asuntos de las provincias costeras queden relegados dentro de las agendas de las comisiones permanentes. La diputada frenteamplista Vianey Mora Vega afirmó que estas comisiones permiten visibilizar las demandas de las organizaciones provinciales, mientras la socialcristiana Abril Gordienko López indicó que el modelo de desarrollo del país está concentrado en el Valle Central.

El rechazo a la creación de la comisión para Guanacaste se suma a decisiones similares adoptadas en semanas recientes, cuando también fracasaron iniciativas para conformar foros dedicados a la provincia de Cartago y a la infraestructura pública, según detalló delfino.cr.

Ninguno de estos proyectos alcanzó el respaldo del oficialismo y quedaron archivados. Durante la sesión legislativa de ayer tampoco se votaron proyectos de ley ni reformas constitucionales, y las comisiones dictaminadoras no sesionaron.

La diputada Claudia Dobles respondió a la presidenta de la República, Laura Fernández, luego de que la mandataria defendiera la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo para evaluar a los ministros de Estado y cuestionara los señalamientos realizados por la legisladora contra varios integrantes del gabinete.

El intercambio se originó después de que Dobles criticara públicamente la gestión de dos jerarcas del Gobierno. La diputada aseguró que el ministro de la Presidencia ha mantenido una participación insuficiente en la conducción política entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, al tiempo que cuestionó al ministro de Hacienda por impulsar una propuesta que contempla gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) parte de la canasta básica. Ambos puesto asumidos por el expresidente, Rodrigo Chaves.

Las declaraciones de la legisladora provocaron una respuesta de la presidenta Laura Fernández, quien durante la conferencia de prensa semanal defendió la labor de sus ministros y afirmó que corresponde únicamente a la Presidencia de la República valorar el desempeño de quienes integran el gabinete.

“Cuando doña Claudia sea la presidenta de la República, que evalúe y juzgue a los ministros del Gobierno. Mientras yo sea la presidenta de la República, ese es mi trabajo”, manifestó la mandataria.

Tras esas declaraciones, Dobles utilizó sus redes sociales para responder y reiterar que sus cuestionamientos forman parte de las atribuciones que la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa en materia de control político.

“Doña Laura, estoy segura de que conoce el artículo 121, incisos 23 y 24, de la Constitución Política. Usted nombra y evalúa a sus ministros; la Asamblea los investiga, interpela y fiscaliza. Estoy haciendo mi trabajo. Haga usted el suyo: menos show, menos venta de humo y más resultados”, escribió la diputada.

En la misma publicación, Dobles insistió en sus críticas al Gobierno y afirmó que “hasta ahora tenemos un ministro de la Presidencia ausente y un ministro de Hacienda que pretende gravar la canasta básica”, reforzando los señalamientos que habían motivado la respuesta presidencial.

El artículo 121 de la Constitución Política, citado por la legisladora, establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa la posibilidad de investigar asuntos de interés público, interpelar a los ministros de Gobierno y ejercer funciones de fiscalización sobre la administración pública. Precisamente en esas facultades fundamentó Dobles su derecho a cuestionar la gestión de los jerarcas del Poder Ejecutivo.

Desde la perspectiva del Gobierno, sin embargo, la designación, permanencia y evaluación de los ministros constituye una competencia exclusiva de la Presidencia de la República. Bajo ese argumento, Laura Fernández sostuvo que corresponde al Ejecutivo determinar el desempeño de los integrantes de su gabinete y decidir eventuales cambios dentro del Consejo de Gobierno.

El intercambio refleja el ambiente de confrontación política que se ha intensificado en las últimas semanas entre el Gobierno y sectores de oposición en la Asamblea Legislativa, especialmente en temas relacionados con la conducción política del Ejecutivo y las medidas económicas impulsadas por la administración.

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la propuesta impulsada desde el Ministerio de Hacienda para modificar el tratamiento tributario de algunos productos de la canasta básica, iniciativa que ha generado cuestionamientos tanto de diputados como de diversos sectores sociales y productivos.

A ello se suma la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde la oposición ha criticado en varias ocasiones la estrategia política del Gobierno para construir acuerdos legislativos, señalando una limitada interlocución con las diferentes fracciones parlamentarias.

El episodio representa un nuevo capítulo en las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición legislativa, en momentos en que diversos proyectos de ley y decisiones económicas mantienen un elevado nivel de confrontación política dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) redoblaron la presión sobre la Asamblea Legislativa para que retome el texto original del proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4x3, al considerar que las modificaciones introducidas durante la legislatura anterior desvirtuaron el objetivo de la iniciativa y reducen su impacto sobre la competitividad del país.

El llamado de los empresarios se produce en un contexto de desaceleración del régimen especial de zonas francas, uno de los principales motores del crecimiento económico costarricense.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 3,4% en abril de 2026, cifra que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y marca la primera ocasión en el año en que la economía crece por debajo del 4%.

Según la autoridad monetaria, esta moderación responde principalmente al comportamiento de los regímenes especiales, cuyo crecimiento se desaceleró en 12,3 puntos porcentuales en comparación con abril de 2025.

Ante ese escenario, Azofras sostiene que el país necesita herramientas que permitan mantener su atractivo frente a otras economías que compiten por captar inversión extranjera.

“Azofras hace un llamado a retomar el espíritu inicial del proyecto, con el objetivo de garantizar que el mismo pueda cumplir su propósito”, señaló la organización en un pronunciamiento.

La agrupación considera indispensable recuperar el texto base del expediente 24.290, denominado Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales para Casos Determinados que sean Excepcionales y Muy Calificados, pues afirma que las modificaciones aprobadas durante el período legislativo anterior incorporaron requisitos, procedimientos y restricciones que dificultan su aplicación.

Además, sostiene que se añadieron limitaciones para determinados sectores y condiciones adicionales que reducen considerablemente el número de empresas que podrían acogerse al régimen excepcional.

“El texto actual se aleja del objetivo con el que se presentó originalmente y pierde eficacia como instrumento para responder tanto a las necesidades del sector productivo como de los trabajadores”, indicó Azofras.

Para la organización, la versión original del proyecto permitiría fortalecer la seguridad jurídica tanto para las empresas como para los trabajadores, al establecer reglas claras para actividades productivas que requieren procesos continuos de operación.

Los empresarios sostienen que la aprobación de una legislación sobre jornadas excepcionales contribuiría a atraer nuevas inversiones, incentivar la reinversión de compañías que ya operan en el país y generar más empleo formal, especialmente en industrias de alto valor agregado como dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios globales.

En esa misma línea, la Uccaep manifestó que el proyecto ha sido impulsado desde hace varios años como una herramienta para fortalecer la competitividad nacional sin dejar de respetar los derechos laborales ni los estándares constitucionales.

No obstante, considera que las reformas aprobadas durante la legislatura anterior “hacen prácticamente imposible su aplicación”.

“El texto original del proyecto logró construir un equilibrio razonable entre la protección de los trabajadores y las necesidades del sector productivo, pero las modificaciones posteriores rompieron ese equilibrio”, afirmó la organización empresarial.

Ambas cámaras argumentan que otros países continúan modernizando sus marcos regulatorios para ofrecer condiciones más atractivas a empresas multinacionales, por lo que Costa Rica corre el riesgo de perder competitividad si mantiene un marco legal que consideran poco flexible.

Según Azofras, la discusión trasciende el tema laboral y tiene implicaciones directas sobre la capacidad del país para responder a un entorno internacional cada vez más competitivo en la captación de inversión.

Mientras tanto, el proyecto permanece estancado en la Asamblea Legislativa, en medio de la oposición del Frente Amplio y de la falta de una posición definida por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional.

Las organizaciones empresariales insistieron en que los diputados tienen la oportunidad de recuperar el texto original antes de la votación definitiva del expediente, al considerar que ello permitiría fortalecer la productividad, impulsar el crecimiento económico y preservar el atractivo de Costa Rica como destino para empresas de alta tecnología y servicios especializados.

El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, solicitó la autorización a la Asamblea Legislativa para suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta US $100 millones. El objetivo principal es financiar el “Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador”, enfocado en impulsar la continuidad educativa de jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la educación media y postsecundaria para estudiantes del sector público.

Detalles del préstamo y condiciones

La solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa estipula que el préstamo será por un monto de hasta US$100 millones, con un plazo de hasta 23 años a partir de la firma del contrato. La primera cuota de amortización deberá pagarse a los 90 meses desde la entrada en vigor del contrato, y el resto de las cuotas serán semestrales hasta la cancelación total de la deuda.

El contrato establece el pago de intereses conformados por una tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de convertirlo a tasa fija o cualquier otra disponible. Además, incluye una comisión sobre el saldo no desembolsado, que no podrá exceder el 0,75% por año y que comenzará a devengarse 60 días después de la firma del contrato.

El programa contempla un aporte local de hasta US$10 millones, de acuerdo con lo estipulado en el contrato con el BID.

Objetivos del programa

Según la correspondencia remitida a la Asamblea Legislativa, los fondos se destinarán a “fortalecer e incrementar el acceso a servicios de apoyo para el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales de estudiantes de educación media“, tal como detalla la propuesta. El programa también busca ampliar el acceso a la educación postsecundaria para jóvenes del sector público y migrantes retornados, así como fortalecer las capacidades institucionales del país para el monitoreo y acompañamiento de trayectorias educativas postsecundarias.

Financiamiento adicional y características del proyecto

El BID también otorgará un financiamiento adicional no reembolsable de hasta US$4 millones para este programa, según la iniciativa presentada por el Ejecutivo. El proyecto ha sido clasificado como de impacto ambiental y social “Categoría C”, lo que indica que probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental o social negativo.

Aprobado el 24 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en etapa de implementación y se enmarca en el subsector de transición de la escuela al trabajo, bajo la modalidad de operación de inversión específica.

Proceso legislativo y formalización

La solicitud fue presentada por el Ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada. En la correspondencia oficial, se indica que la finalidad es que la Asamblea Legislativa conozca y apruebe el proyecto, permitiendo así la formalización del contrato de préstamo y el inicio de las intervenciones previstas.

El documento fue admitido en la plenaria ordinaria de este miércoles y el proceso continúa con la revisión y aprobación legislativa del decreto, así como la posterior firma del contrato con el BID y la inyección de los fondos a las certeras gubernamentales correspondientes.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una flota de nuevos vehículos institucionales, cuya asignación podría beneficiar a distintas fracciones parlamentarias según las necesidades de trabajo.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien detalló que la información sobre la compra estará disponible en el portal de transparencia en los próximos días.

Según el funcionario, estos automóviles no están destinados a la junta directiva ni a diputados específicos, sino que serán utilizados para tareas administrativas y operativas de la institución.

El presidente de la Asamblea expresó que la distribución de los vehículos responde a criterios de funcionalidad y apoyo logístico. “Los automóviles adquiridos son pickups para labores institucionales y, en algunos casos, podrán ser asignados a fracciones que los requieran para el trabajo legislativo. Además, se incluyeron algunos microbuses para el traslado de personal”, aseguró.

Esto abre la puerta a que las distintas fracciones legislativas puedan solicitar vehículos para fortalecer su labor, siempre que justifiquen la necesidad ante las autoridades administrativas.

El funcionario aseguró que los datos sobre la adquisición estarán disponibles esta semana en el portal de transparencia. “No tenemos nada reservado; simplemente, los datos se publican una vez finalizados los procesos. En este caso, ya finalizó el proceso y esta semana se recibieron los vehículos”, afirmó Castro.

El presidente legislativo subrayó que la flota adquirida está compuesta, principalmente, por pickups y algunos microbuses, destinados al traslado de personal y a labores institucionales. “Se trata de vehículos de trabajo, no de lujo”, puntualizó.

La adquisición forma parte de una serie de cambios implementados en la Asamblea Legislativa, que incluyen remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario. Entre los trabajos en curso se encuentra la mejora de la zona de parqueos, que presentaba deficiencias estructurales y complicaciones para el tránsito interno, especialmente en época de lluvias. “Estamos remodelando la zona de los parqueos, que antes tenía baches y dificultaba el acceso. Todo eso se está solucionando”, recordó Castro.

Durante las declaraciones a medios, previo el inicio de la plenaria de este día, Castro también se refirió a otras iniciativas en marcha para la comunidad salvadoreña en el exterior. Explicó que se han realizado cambios para facilitar el regreso de los salvadoreños que residen en otros países, incluyendo incentivos como facilidades para el menaje de casa y estímulos para quienes decidan invertir en El Salvador.

“Cuando se toma una decisión de este tipo, no se implementa de forma inmediata, sino que existe un período de transición en el que la Asamblea Legislativa brinda apoyo para que los salvadoreños puedan reincorporarse, si así lo requieren”, sostuvo.

En ese sentido, el presidente de la Asamblea manifestó su expectativa sobre la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos. “Esperamos que la situación migratoria de los salvadoreños en el exterior se resuelva de forma positiva y que el estatus temporal que poseen se prorrogue”, señaló.

Sobre otras iniciativas en discusión dentro del órgano legislativo, Castro indicó que algunos temas todavía se encuentran en revisión y que su avance depende del calendario institucional. Precisamente al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, el funcionario dijo que “el tema aún está en revisión”.

“Se continuará con el proceso en las próximas semanas. La próxima semana está contemplada en el calendario legislativo, (pero) luego se realizará la vacación de agosto. Después de ese receso, la iniciativa volverá a ser considerada y discutida. Si el pleno lo requiere, también se someterá a aprobación”, concluyó.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles con 59 votos a favor y durante la Sesión Plenaria Ordinaria N° 119 la prórroga de la validez de las placas de vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

La decisión, adoptada tras la presentación de una iniciativa por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, tiene como propósito evitar un impacto económico adicional en los hogares salvadoreños al posponer la renovación obligatoria de matrículas.

La iniciativa aprobada extiende los efectos del Decreto Legislativo número 622, originalmente emitido en diciembre de 2022, y extiende la validez de las matrículas que vencían en 2017.

De acuerdo con la documentación legislativa, el objetivo principal consiste en garantizar la continuidad legal de la circulación vehicular en todo el país, así como mitigar el gasto que representaría para la población la emisión inmediata de nuevas placas.

Según la exposición de motivos, la medida ofrece un alivio financiero directo a las familias, al evitar un desembolso imprevisto por la adquisición de nuevas matrículas.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial analizó el expediente 679-7-2026-1, en el que se detalla que la prórroga permitirá al Ejecutivo un periodo prudencial para realizar una evaluación técnica y financiera del proceso de cambio de placas.

Durante el análisis, se destacó que la extensión también contribuye a una planificación presupuestaria eficiente, ya que posterga el traslado de cargas financieras adicionales a los ciudadanos mientras se estudian alternativas para la modernización del parque vehicular.

El decreto establece que la nueva prórroga entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial, condición necesaria para su aplicación. De esta forma, las placas con formato 2011 mantendrán su validez legal hasta el 31 de agosto de 2027. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte continuará evaluando alternativas para una eventual emisión de nuevas matrículas, priorizando la estabilidad financiera de la población.

El marco legal de esta extensión se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, emitida en 1993 y reformada en múltiples ocasiones para adaptarse a las necesidades económicas y administrativas del país.

En el dictamen se menciona que es necesario realizar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar recursos en la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.

«Coadyuva a la estabilidad financiera nacional al programar de forma eficiente la modernización del parque de placas», indica el dictamen aprobado en el pleno.

El periodo de validez de las placas había sido prorrogado previamente en 2017, 2021, 2024 y 2025, en respuesta a distintos factores, incluida la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Esta nueva prórroga da continuidad a una serie de disposiciones transitorias que buscan mantener la certeza jurídica en el tránsito vehicular y proteger el patrimonio de los salvadoreños.

La plenaria, realizada este 22 de julio de 2026, se llevó a cabo sin intervenciones en contra de la iniciativa. Al cerrarse la votación, la aprobación de la prórroga se formalizó como parte de una estrategia de alivio fiscal y administrativa para la ciudadanía.

El Órgano Legislativo de El Salvador avanzó este martes con la ratificación del Acuerdo Marco para el Establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA) tras emitir un dictamen favorable en comisión. La solicitud formal fue presentada el 10 de julio de 2026 por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez.

La medida, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá al país acceder a cooperación técnica, financiamiento internacional y programas de conservación enfocados en los felinos silvestres de su territorio, según documentos oficiales disponibles en el portal legislativo.

El acuerdo entró en vigor a escala internacional el 23 de enero de 2025 y, para El Salvador, su aplicación será efectiva 15 días después del depósito del instrumento legal correspondiente.

Alcance del acuerdo y especies alcanzadas

El objetivo central del acuerdo es promover la cooperación internacional para la protección de siete grandes felinos a nivel mundial: tigre, león, leopardo, leopardo de las nieves, puma, jaguar y guepardo.

El enfoque salvadoreño, según explicó Diego Góchez director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta a canalizar recursos y conocimientos hacia la protección de especies nativas como el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el gato zonto o yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). “Para El Salvador no se centra la prioridad en especies exóticas, sino en proporcionar impacto en las especies nativas locales y el ecosistema propio del país”, puntualizó Góchez durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa.

El documento oficial señala que la IBCA busca “abordar los desafíos comunes para la protección y conservación de siete grandes felinos principales del mundo para asegurar el futuro socioecológico y apoyar la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático”.

Monitoreo, capacitación y cooperación técnica

En la sesión, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicaron que el país utiliza tres estaciones de fototrampeo en áreas naturales protegidas para monitorear la fauna silvestre desde 2022.

Con la adhesión a la IBCA, esperan ampliar los mecanismos de vigilancia, acceder a software especializado para el monitoreo y fortalecer la capacitación técnica del personal a cargo de la conservación. Entre los beneficios identificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores figuran la posibilidad de implementar sistemas de alerta temprana, fortalecer las capacidades de los guardaparques y adoptar técnicas avanzadas para prevenir la caza furtiva.

El acuerdo también promueve la elaboración de estrategias para la convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre, ante el aumento de desplazamientos de animales por efectos del cambio climático.

Trámite legislativo y contenido institucional

El contenido del acuerdo abarca principios rectores, programas, funciones de la asamblea y la secretaría, presupuesto, recursos financieros, membresía, privilegios, inmunidades, derechos de propiedad intelectual, solución de controversias, enmiendas y entrada en vigor.

Durante la discusión legislativa, el diputado Raúl Chamagua sostuvo que el instrumento muestra el impacto de la cooperación diplomática en la protección del medio ambiente y se suma a los compromisos del Estado salvadoreño en materia de conservación.

La formalización del proceso incluyó la intervención del notario Diego José Góchez Aragón, quien presentó la documentación para la traducción y el depósito del acuerdo, de acuerdo con los requisitos legales salvadoreños. La adhesión se concretará tras cumplir esos procedimientos ante las instancias internacionales.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica informó este martes que fue objeto de un intento de ciberataque contra sus sistemas informáticos, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos para proteger la infraestructura tecnológica del Congreso.

La información fue dada a conocer por la presidenta del Directorio Legislativo, Yara Jiménez, quien explicó que el incidente ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Tras detectar el intento de vulneración, las áreas de Seguridad y Tecnologías de la Información intervinieron de inmediato para impedir que los atacantes lograran acceder a los sistemas institucionales.

Según explicó la jerarca, ya solicitó un informe detallado a ambas dependencias para conocer el alcance del incidente y las acciones ejecutadas durante la atención de la emergencia.

“Entre anoche y hoy en la madrugada la Asamblea Legislativa sufrió una especie de ciberataque. He pedido un informe a la Gerencia de Seguridad y a Tecnologías de la Información de la Asamblea Legislativa”, manifestó.

De acuerdo con la explicación brindada, el objetivo de los responsables era vulnerar los sistemas de información del Congreso. Sin embargo, la respuesta inmediata de los equipos especializados permitió activar los mecanismos de protección antes de que se concretara un acceso no autorizado.

La presidenta del Congreso indicó que, como parte del protocolo de respuesta, fue necesario desactivar temporalmente los sistemas informáticos.

“Trataron de vulnerar nuestros sistemas de información y eso hizo que tuvieran que intervenir los señores de seguridad de la Asamblea Legislativa para evitar que vulneraran, evidentemente, nuestros sistemas de información”, señaló.

Añadió que este tipo de incidentes obliga a priorizar la protección de la información institucional sobre la disponibilidad inmediata de los servicios tecnológicos.

“Cuando eso sucede, por supuesto que hay protocolos y el protocolo fue justamente desactivar los sistemas para evitar que los intrusos que intentaron vulnerarlos entraran en nuestro sistema”, explicó.

La interrupción temporal de algunos servicios también obligó a modificar la forma en que se comunicó la agenda legislativa del día.

Con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y que los diputados tuvieran acceso oportuno a la convocatoria de la sesión, la Asamblea Legislativa decidió publicar el orden del día mediante un alcance del diario oficial La Gaceta.

“Ante una situación como esa, aquí prima la continuidad de la gestión pública y fue por eso que la opción que nosotros tomamos fue publicar el orden del día en el Diario Oficial La Gaceta, en un alcance, para que ustedes tuvieran acceso al orden del día”, indicó la presidenta del Congreso.

Hasta el momento, las autoridades legislativas no han informado si el intento de ataque provocó filtraciones de información, pérdida de datos o afectaciones permanentes en la infraestructura tecnológica de la institución.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el origen del intento de intrusión ni sobre los responsables, aspectos que formarán parte del informe solicitado a las áreas técnicas y de seguridad.

El incidente ocurre en un contexto en el que las instituciones públicas del país han reforzado sus medidas de ciberseguridad tras diversos ataques informáticos registrados en los últimos años, por lo que la Asamblea Legislativa aseguró que continuará aplicando los protocolos establecidos para resguardar sus sistemas y garantizar la continuidad de sus funciones.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley 24,079, una reforma que amplía las competencias de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para desarrollar actividades relacionadas con combustibles producidos a partir de fuentes distintas del petróleo, entre ellos los biocombustibles y el hidrógeno verde. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados presentes, con 54 votos a favor, ninguno en contra y tres ausencias.

El proyecto, presentado originalmente por el exdiputado Manuel Morales durante el período legislativo anterior, fue objeto de modificaciones durante su trámite en el Congreso, lo que permitió obtener el respaldo de todas las fracciones legislativas.

Con la aprobación en segundo debate, el texto queda a la espera de la firma de la presidenta de la República, Laura Fernández, y de su publicación para entrar en vigencia.

La reforma modifica el artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo e incorpora nuevas facultades para que la empresa pueda investigar, adquirir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar a granel hidrocarburos, derivados y subproductos obtenidos de fuentes distintas del petróleo.

Entre estas alternativas se incluyen los biocombustibles y el hidrógeno verde destinados al uso energético.

La normativa establece que estas actividades deberán realizarse bajo el marco regulatorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y en condiciones de competencia. Asimismo, autoriza a Recope a establecer alianzas público-públicas y público-privadas dentro de sus competencias, incluso con productores de hidrocarburos, derivados y combustibles provenientes de fuentes diferentes al petróleo.

Antes de ejecutar procesos relacionados con la adquisición, importación, almacenamiento o comercialización de estos nuevos productos, la empresa deberá presentar al ente rector los estudios técnicos y operativos que demuestren la oportunidad y conveniencia de cada iniciativa, así como su conformidad con la política energética nacional.

La reforma también incorpora un nuevo artículo 6 bis, mediante el cual el Estado reafirma el compromiso de promover la transición hacia energías provenientes de fuentes renovables. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, fortalecer la seguridad y resiliencia energética del país y garantizar un abastecimiento sostenible para la población y los sectores productivos.

El texto aprobado establece además que las actividades relacionadas con la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas natural por parte de Recope no podrán utilizarse como argumento para retrasar, sustituir o disminuir las inversiones destinadas al desarrollo y aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

Como parte de la reforma, también se actualizan las funciones de la Aresep, que incorporará expresamente la regulación del suministro de gas natural, hidrógeno verde, biocombustibles, asfaltos y naftas, tanto en los planteles de distribución como en los productos destinados al consumidor final.

La entidad reguladora también será responsable de fijar las tarifas correspondientes al transporte utilizado para el abastecimiento nacional de estos productos.

La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, calificó la aprobación de la iniciativa como uno de los cambios más relevantes para la institución desde la promulgación de su ley constitutiva. Según indicó, la reforma responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico de la empresa para adaptarlo a la evolución del mercado energético y a los desafíos que enfrenta el país en materia de transición hacia fuentes de energía más limpias.

“Durante muchos años existió la convicción de que Costa Rica necesitaba actualizar la legislación para responder a los cambios que vive el sector energético. Hoy ese esfuerzo finalmente se concreta con una ley que fortalece la seguridad energética del país y nos permite prepararnos para los retos de las próximas décadas”, afirmó Montero.

La jerarca agregó que la reforma no modifica la responsabilidad principal de Recope de garantizar el abastecimiento nacional de combustibles, sino que amplía las herramientas disponibles para incorporar nuevas alternativas energéticas bajo criterios técnicos, regulatorios y de política pública.

La empresa señaló que la aprobación del proyecto pone fin a más de una década de intentos legislativos para modernizar su ámbito de acción. Durante ese período fueron presentados varios expedientes con objetivos similares, sin que lograran completar el proceso legislativo.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para prorrogar hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, una medida impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT). La iniciativa pretende reducir la carga financiera de los propietarios de vehículos, evitando la necesidad de adquirir nuevas matrículas en el corto plazo.

La propuesta fue presentada por el gobierno de El Salvador a través del ministro de Obras Públicas y de Transporte, con el objetivo de “continuar garantizando la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 y contribuir con la economía de los salvadoreños”. El dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

El viceministro de Transporte, Nelson Eduardo Reyes Rivas, expuso ante la comisión los fundamentos técnicos de la prórroga. Aclaró que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Ley de Derechos Fiscales establecen la obligación de que los vehículos cuenten con placas vigentes.

Reyes explicó que la extensión responde a dos razones principales: permitir la preparación de un nuevo sistema de placas con mayores elementos de seguridad tecnológica, y evitar que los ciudadanos deban asumir el costo de una renovación inmediata.

“El Ejecutivo busca que las acciones sean lo menos gravosas para la sociedad. Esta decisión representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no tendrán que erogar fondos adicionales este año para el cambio de placas”, sostuvo Reyes.

Añadió que el proceso de prórroga otorga al MOPT un plazo suficiente para avanzar en los estudios técnicos y financieros requeridos para una futura modernización del parque vehicular.

Uno de los puntos destacados por el viceministro fue que la población no deberá realizar ningún trámite adicional. “Las personas pueden seguir realizando sus gestiones habituales de ingreso de vehículos tal como lo han hecho hasta ahora. Los vehículos ya inscritos y los que se incorporen al sistema continuarán utilizando el tiraje vigente”, precisó Reyes.

Según el análisis de la comisión, la medida constituye un alivio financiero directo para los hogares, ya que evita el gasto imprevisto en nuevas matrículas y permite una planificación presupuestaria institucional más eficiente. El dictamen también señala que la extensión permitirá una evaluación minuciosa de los costos operativos y la eventual adquisición de nuevas placas, sin trasladar cargos adicionales a los usuarios.

Francisco Menjívar, diputado presente en la sesión, subrayó que la prórroga otorga certeza jurídica a la circulación vehicular y contiene el impacto de la inflación en la economía familiar.

La comisión concluyó que la decisión cumple con el mandato constitucional de proteger el patrimonio de la población y facilita la modernización futura del sistema de identificación vehicular.

La nueva prórroga entrará en vigor una vez aprobada en el pleno, sea publicada en el Diario Oficial y establece que las placas con formato 2011 mantendrán su validez hasta el 31 de agosto de 2027. Durante este periodo, el Ejecutivo continuará evaluando alternativas para un eventual cambio de matrículas, priorizando la estabilidad financiera de los salvadoreños.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encendió las alertas sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte a su presupuesto para el próximo año. La presidenta del órgano electoral, María Eugenia Zamora, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde advirtió que cualquier disminución en los recursos asignados comprometería la organización del proceso electoral municipal previsto para el 2028.

La comparecencia tuvo como eje el recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Hacienda, que implicaría una reducción cercana a los ₡19,300 millones (USD 42 millones) para el presupuesto institucional del 2027.

Durante su intervención, Zamora explicó que Hacienda solicitó al Tribunal disminuir en un 5% su presupuesto tanto para el 2026 como para el 2027. Sin embargo, indicó que la institución presentó una propuesta alternativa con el fin de evitar afectaciones al proceso electoral.

Según detalló, el TSE planteó devolver durante el presente año un monto superior al solicitado inicialmente por Hacienda, lo que permitiría compensar los ajustes previstos para ambos períodos presupuestarios.

“Si el Ministerio acepta la propuesta que ha hecho el Tribunal, saldríamos adelante con un presupuesto muy ajustado, pero revisado cuidadosamente para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó la magistrada presidenta.

Diputados expresan preocupación

Durante la audiencia, legisladores de distintas fracciones consultaron cuáles serían las funciones que podrían verse comprometidas si finalmente se concreta el recorte.

Entre las inquietudes planteadas estuvo el impacto sobre la fiscalización de las asambleas partidarias, el proceso de inscripción de candidaturas municipales y el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Tribunal durante la organización de las elecciones.

Los diputados señalaron que estas tareas son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral, especialmente en una elección municipal donde participan cientos de candidaturas en todo el país.

El aumento del presupuesto tiene una explicación

Durante la comparecencia también surgieron cuestionamientos sobre el incremento registrado en el presupuesto institucional para el 2026, luego de varios años con montos similares.

Ante ello, funcionarios del TSE aclararon que el crecimiento no responde a un aumento en el gasto operativo de la institución, sino al dinero correspondiente a la contribución estatal para los partidos políticos.

Explicaron que esos recursos forman parte del presupuesto del Tribunal únicamente porque la ley establece que la institución administra esos fondos, aunque el dinero está destinado exclusivamente a las agrupaciones políticas que cumplen con los requisitos legales para recibir la contribución estatal.

Además, recordaron que durante los años marcados por la pandemia la Asamblea Legislativa redujo el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, razón por la cual los presupuestos anteriores fueron menores.

Discusión continuará

La propuesta de recorte continuará siendo analizada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene su posición de que un ajuste en los recursos destinados al 2027 podría afectar la planificación de las elecciones municipales del 2028, uno de los procesos más complejos que organiza la institución debido a la cantidad de cargos y candidaturas que deben ser administrados en todo el territorio nacional.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador presentaron una solicitud formal para otorgar un Reconocimiento Especial a Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos, árbitros salvadoreños que han alcanzado los más altos niveles del arbitraje internacional.

La propuesta destaca su desempeño en escenarios deportivos de relevancia mundial, como las Copas Mundiales de la FIFA y otras competencias avaladas por FIFA y CONCACAF.

Los diputados prevén emitirles un diploma para reconocer su participación en el evento.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió partidos de alta exigencia, entre ellos la semifinal entre Francia y España, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Además, se convirtió en el primer árbitro en la historia del fútbol global en aplicar firmemente la nueva normativa disciplinaria de la FIFA relativa a conductas antideportivas, marcando un precedente normativo tras expulsar a un jugador por insultos en el partido entre Turquía y Paraguay.

En el ámbito académico, Barton fue admitido en un programa de Maestría en Dirección y Administración de Empresas en España, reflejando su compromiso con la formación continua y la excelencia profesional.

Iván Barton, originario de Santa Ana, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador. Desde 2018, tras obtener el gafete FIFA, ha dirigido encuentros en los principales torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Oro, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Su desempeño lo llevó a integrar el grupo de árbitros centrales en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumando un récord histórico de siete partidos dirigidos como árbitro central en citas mundialistas.

David Morán es Árbitro Asistente Internacional FIFA desde 2015. Se ha distinguido por su precisión técnica, análisis táctico y agudeza visual, cualidades que lo han consolidado como el máximo referente histórico del arbitraje asistente salvadoreño.

Su trayectoria incluye participaciones en las Copas Mundiales de la FIFA Catar 2022 y 2026, la Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial Sub-17 y múltiples ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF.

Morán ha permanecido más de una década en el listado oficial de Árbitros Asistentes Internacionales de la FIFA, proyectando una imagen positiva de El Salvador en el ámbito deportivo internacional y convirtiéndose en ejemplo de perseverancia para la juventud salvadoreña.

Hito para el arbitraje salvadoreño

Ambos oficiales integraron la terna arbitral designada por la FIFA para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho sin precedentes para el deporte nacional y que posiciona a El Salvador en la élite del arbitraje mundial.

La solicitud de los diputados subraya que los logros de Barton y Morán constituyen un testimonio del talento, disciplina y perseverancia que distinguen al pueblo salvadoreño, proyectando el nombre del país en los escenarios deportivos más exigentes del mundo.

La petición de Reconocimiento Especial se fundamenta en la contribución de ambos árbitros al prestigio internacional de El Salvador, su trayectoria ejemplar y su impacto como referentes del arbitraje en la región centroamericana y a nivel global.

En un importante esfuerzo por fortalecer el desarrollo deportivo y modernizar la infraestructura nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 que permite la incorporación de US$1,140,514 destinados específicamente para la ejecución de proyectos de inversión deportiva.

Estos fondos serán gestionados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en el marco de la fase 11 del “Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE 11)”.

Esta aprobación responde a la iniciativa presentada por el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de dotar al INDES de los recursos necesarios para la adecuada gestión, administración y ejecución de proyectos deportivos en todo el país.

El monto autorizado permitirá financiar rubros operativos, administrativos y de inversión, fortaleciendo de manera significativa el ecosistema deportivo nacional.

El financiamiento de este proyecto proviene del contrato de préstamo No. 2362, firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un total de hasta US$150 millones, específicamente orientados a la modernización y rescate de escenarios deportivos distribuidos en diversos departamentos del país.

De este gran paquete financiero, el monto recién autorizado constituye el primer impulso para echar a andar la administración y unidad ejecutora del programa PRODEPORTE 11.

Este crédito permitirá no solo mejorar la cobertura territorial de la infraestructura deportiva, sino también consolidar los avances logrados en los últimos años en materia de espacios para la práctica deportiva, favoreciendo tanto a atletas de alto rendimiento como a comunidades que históricamente han carecido de instalaciones adecuadas.

Según el decreto aprobado, los recursos estarán dirigidos a la Unidad Presupuestaria “Infraestructura”, dentro del INDES, y específicamente a la línea de trabajo “Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase 11”.

Entre las principales metas se encuentran:

Modernización, rehabilitación y construcción de gimnasios, canchas, estadios y demás instalaciones deportivas con estándares internacionales.

Garantía de acceso y condiciones adecuadas para atletas, entrenadores, delegaciones deportivas y público general.

Capacidad de albergar competencias nacionales e internacionales, posicionando a El Salvador como un referente regional en organización de eventos deportivos de alto nivel.

La reforma presupuestaria permite además un aumento en las asignaciones de gastos de capital y la provisión de fondos para gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora, asegurando que las inversiones se manejen eficientemente y con transparencia.

Argumentos y respaldo institucional

Durante el proceso de aprobación, representantes del Ministerio de Hacienda defendieron la iniciativa resaltando la importancia de mejorar la infraestructura deportiva como factor clave para la cohesión social, la prevención de la violencia y la promoción de hábitos saludables.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de analizar la propuesta, consideró pertinente y urgente la asignación, emitiendo un dictamen favorable que permite al INDES disponer del crédito presupuestario necesario para ejecutar las acciones planificadas en 2026.

Esta decisión legislativa marca un paso fundamental en la política de Estado orientada al fortalecimiento del deporte como motor de desarrollo. La modernización de escenarios y la expansión de la cobertura a más departamentos del país generarán un impacto positivo en la calidad de vida, el desarrollo de la juventud y el surgimiento de nuevos talentos deportivos.

Además, la inyección de estos recursos se reflejará en la dinamización económica local, la generación de empleos directos e indirectos y la potenciación de El Salvador como destino atractivo para el turismo deportivo.

En conclusión, la aprobación de US$1,140,514 para proyectos deportivos bajo el paraguas de PRODEPORTE 11 representa un compromiso renovado con el deporte y el deporte, la juventud y la sana convivencia, sentando bases firmes para un El Salvador más saludable, competitivo y orgulloso de su infraestructura deportiva.

La discusión sobre el futuro de la Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para explicar el procedimiento de elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes, pero la sesión estuvo marcada por cuestionamientos del oficialismo y por un abierto debate sobre la independencia judicial.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando el diputado del Partido Pueblo Soberano, Wilson Jiménez, le preguntó directamente si consideraba adecuados los cargos vitalicios dentro del Poder Judicial.

La respuesta de Aguirre fue contundente.

“En el Poder Judicial y en la magistratura, sí”, respondió el magistrado, quien integra la Corte desde 1989.

La afirmación provocó la reacción inmediata del legislador oficialista, quien aseguró que esa postura le daba “pena” e incluso invitó al presidente de la Corte a dar “un paso al lado” para permitir el ingreso de nuevas generaciones que, según dijo, puedan renovar el Poder Judicial.

Lejos de retractarse, Aguirre defendió la permanencia prolongada de los magistrados como un elemento indispensable para garantizar la independencia de los jueces y la estabilidad del sistema democrático.

Según explicó, la seguridad jurídica depende de que quienes imparten justicia no estén expuestos a presiones o eventuales represalias políticas derivadas del contenido de sus resoluciones.

“El Poder Judicial es independiente, es la base del sistema democrático y también de la seguridad jurídica del país”, afirmó durante su intervención.

A juicio del magistrado, la permanencia de quienes integran la Corte permite mantener una línea jurisprudencial estable que brinda certeza tanto a los ciudadanos como a las instituciones.

Choque por la elección de magistrados suplentes

La comparecencia también estuvo marcada por el conflicto que mantiene enfrentados al Poder Judicial y al oficialismo respecto a la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Actualmente la Asamblea Legislativa mantiene pendiente el nombramiento de nueve suplentes incluidos en una nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia. La bancada de Pueblo Soberano se ha negado a votar por cualquiera de los 18 candidatos enviados, al considerar que la lista no responde a sus expectativas.

Durante la audiencia, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, cuestionó que la Corte haya insistido en remitir la misma nómina pese a que el Parlamento había solicitado una nueva.

Aguirre respondió apelando directamente a lo establecido en la Constitución Política.

“La letra de la Constitución es clara. Le encomienda a la Corte hacer la lista y después dice que la Asamblea nombrará de esa lista. El procedimiento es bien claro”, señaló.

El presidente de la Corte sostuvo que el retraso en los nombramientos no responde a una falla del Poder Judicial, sino al incumplimiento de las competencias constitucionales por parte del Legislativo.

“Es un problema de responsabilidad en el cumplimiento de las competencias que la Constitución nos ha dado”, afirmó.

Jiménez rechazó esa interpretación y sostuvo que el Congreso no puede verse obligado a escoger candidatos con los que no está de acuerdo.

“La responsabilidad nos la están achacando a nosotros y parece que nos están obligando a que nos guste lo que a ellos les gusta”, respondió la jerarca legislativa.

La polémica por una nómina “incompleta”

Otro de los cuestionamientos provino del diputado Ariel Mora, quien preguntó por qué la Corte no remitió una lista de 24 candidatos para llenar las 12 plazas de magistrados suplentes.

Actualmente el Poder Judicial envió una primera nómina con 18 aspirantes para elegir nueve puestos y mantiene abierto un segundo concurso destinado a completar las otras tres vacantes con seis candidatos adicionales.

Aguirre defendió ese procedimiento al explicar que los concursos públicos no siempre permiten completar todas las plazas debido a la cantidad y calidad de los participantes.

“No es incompleta, no necesariamente. Los concursos no siempre dan para mandar una lista completa”, respondió.

Además indicó que la Constitución permite realizar designaciones parciales conforme se concluyen los procesos de selección.

Respecto al segundo concurso, explicó que cerca de 40 personas participaron y que actualmente se realizan investigaciones y estudios sociales previos a las entrevistas que deberá efectuar la Sala Constitucional antes de enviar la nueva nómina al Congreso.

Aunque reconoció que el proceso anterior tardó alrededor de diez meses, aseguró haber solicitado prioridad para acelerar esta nueva selección.

Más de un centenar de casos siguen sin resolverse

El enfrentamiento institucional ocurre mientras la Sala Constitucional enfrenta dificultades operativas por la ausencia de magistrados suplentes.

La propia Sala IV informó que actualmente existen 123 expedientes pendientes de resolución definitiva debido a la falta de integración completa del tribunal.

La mayor parte corresponde a 99 recursos de amparo, mecanismo utilizado para proteger derechos fundamentales de manera expedita.

Además permanecen sin resolver 21 acciones de inconstitucionalidad, tres consultas constitucionales o judiciales y un recurso de hábeas corpus.

La situación incrementa la presión sobre la Asamblea Legislativa para concretar los nombramientos pendientes, mientras el Poder Judicial insiste en que el procedimiento seguido se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política.

Por ahora, el pulso entre ambos poderes mantiene paralizada una decisión que no solo ha abierto un debate sobre la independencia judicial y la permanencia de los magistrados, sino que también impacta directamente el funcionamiento de la Sala Constitucional y la resolución de decenas de casos vinculados con los derechos fundamentales de los costarricenses.

El Congreso de Costa Rica dio el primer visto bueno al primer presupuesto extraordinario del ejercicio económico 2026, en una votación que volvió a evidenciar la división entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre las prioridades del gasto público.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,589, fue aprobada en primer debate con 30 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de la fracción oficialista.En contraste, las bancadas opositoras rechazaron el proyecto al considerar que desatiende áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los programas sociales.

El presupuesto extraordinario es un instrumento que permite al Estado modificar el presupuesto vigente para redistribuir recursos, incorporar nuevos ingresos o atender necesidades específicas que surgen durante el año.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, defendió el proyecto y explicó que la principal finalidad de la iniciativa es garantizar la continuidad de programas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Según detalló, una parte importante de los recursos permitirá asegurar el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como mantener el pago de las becas Avancemos, administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Este presupuesto asegura los recursos para las pensiones del Régimen No Contributivo y también permite garantizar los fondos para el IMAS, particularmente las becas Avancemos”, explicó Acosta durante el debate.

Además de esos programas, el proyecto incorpora recursos para impulsar varias iniciativas de inversión pública promovidas por el Gobierno.

Entre ellas figura el financiamiento para el tren eléctrico, fondos destinados a fortalecer la resiliencia agrícola y recursos para la reconstrucción del dique de Coto 47, una obra considerada estratégica para proteger comunidades vulnerables frente a inundaciones en la Zona Sur.

Sin embargo, la oposición sostuvo que el proyecto prioriza inversiones específicas mientras reduce recursos destinados a programas sociales de atención directa.

Durante el debate, la diputada Claudia Dobles criticó que el presupuesto no refleje el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad.

“Ese presupuesto no prioriza en seguridad, a pesar de que una y otra y otra vez se dice que hay una priorización para mejorar la seguridad”, afirmó.

La legisladora también cuestionó los ajustes planteados para programas dirigidos a la niñez y las familias en condición de vulnerabilidad.

Según señaló, la iniciativa contempla reducciones presupuestarias que afectarían a los CEN-CINAI, al sistema nacional de cuido y a los programas de vivienda de interés social.

“No prioriza ningún tipo de programa social. Lejos de eso, disminuye el presupuesto de los CEN-CINAI y también el destinado a vivienda de interés social”, manifestó durante la discusión.

Para la oposición, esos recortes podrían impactar especialmente a miles de familias encabezadas por mujeres trabajadoras que dependen de los servicios de cuido para poder mantenerse en el mercado laboral.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto busca atender compromisos financieros impostergables sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años.

La votación también refleja la correlación de fuerzas que ha caracterizado las primeras semanas de la nueva administración, donde el oficialismo ha logrado sacar adelante varias iniciativas gracias al apoyo de otras fracciones legislativas.

Tras superar el primer debate, el presupuesto extraordinario quedó listo para su discusión definitiva en el Plenario Legislativo.

Si obtiene el respaldo necesario en el segundo debate, los recursos podrán incorporarse oficialmente al presupuesto nacional y comenzar a ejecutarse durante el segundo semestre del 2026.

El Salvador aprobó una reforma que otorga representación legislativa a los salvadoreños en el exterior, pero aún no ha regulado los aspectos clave para garantizar una participación efectiva de la diáspora, según reportó el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana en su más reciente informe.

A pesar de la reforma constitucional al artículo 79 y la asignación de seis escaños en la Asamblea Legislativa para ciudadanos fuera del país, el estudio advierte sobre importantes vacíos en la normativa y la logística electoral.

La reforma, ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en abril de 2026, estableció una circunscripción especial para la diáspora, extrayendo los nuevos escaños de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

A juicio de Acción Ciudadana, si bien el país reconoce políticamente a sus ciudadanos en el exterior, no se ha definido cómo se implementará esta representación en la práctica.

El informe, difundido por el Centro de Monitoreo Político, detalla que persisten interrogantes sobre los requisitos de residencia para candidatos, la modalidad de participación en plenarias y comisiones, y la organización de campañas y votaciones en el extranjero.

El documento, titulado “Representación legislativa de ciudadanos en el exterior. Análisis comparado”, comparó el caso salvadoreño con la experiencia de países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Francia, Italia, Portugal, Rumania y Croacia, identificando patrones y desafíos comunes para la representación de la diáspora.

Uno de los puntos destacados en el informe de Acción Ciudadana es que la mayoría de los países evaluados han optado por circunscripciones específicas que agrupan a los migrantes por regiones geográficas amplias.

Además, casi todos exigen residencia comprobada en el extranjero para quienes se postulan como candidatos por la circunscripción exterior, un requisito que El Salvador aún no ha incorporado y que, según el estudio, podría afectar la autenticidad de la representación.

La integración de los diputados electos en el exterior al trabajo parlamentario ordinario también plantea desafíos para El Salvador, ya que no se ha regulado si su participación será presencial o remota. En otros países, los legisladores de la diáspora suelen gozar de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, sumándose plenamente a las sesiones y comisiones.

El informe advierte que la falta de definición sobre este punto podría dificultar la defensa de los intereses de los migrantes y su integración a la labor legislativa.

Otro reto señalado es la baja participación electoral registrada históricamente entre los migrantes. Según datos recogidos por el Centro de Monitoreo Político, factores como la dispersión geográfica, la escasa información y los obstáculos logísticos suelen limitar la movilización de votantes en el exterior, incluso cuando existen escaños transnacionales.

En materia de proporcionalidad, El Salvador asignó a la diáspora una relación de aproximadamente 417,000 electores por diputado, cifra que el informe compara con los modelos de Ecuador y República Dominicana. No obstante, el estudio subraya la ausencia de un criterio matemático claro para la reasignación de escaños y la estandarización de la circunscripción exterior en la legislación salvadoreña.

La ausencia de una exigencia de residencia en el extranjero para las candidaturas abre la posibilidad de que políticos en territorio nacional busquen estos escaños por menor competencia, desdibujando la representatividad genuina de la diáspora, advierte el informe de Acción Ciudadana. Además, la falta de definiciones sobre la modalidad de participación de los futuros diputados electos en el exterior refleja la urgencia de normar estos aspectos antes de los próximos comicios.

En sus recomendaciones, el informe plantea que la reforma debe complementarse con normas claras sobre los requisitos de postulación, la modalidad de presencia —física o remota— en el parlamento, y la logística electoral que facilite el acceso y la información a los salvadoreños en el extranjero.

De no hacerlo, concluye el Centro de Monitoreo Político, existe el riesgo de que la reforma quede como un mecanismo formal, sin impacto real en la representación política transnacional.

El estancamiento en la elección de magistrados suplentes ha provocado que 123 expedientes permanezcan sin resolución en la Sala Constitucional de Costa Rica.

El propio tribunal informó este martes que la imposibilidad de integrar el pleno por razones de inhibitoria mantiene suspendida la tramitación de estos casos.

Entre los expedientes afectados figuran recursos de amparo y procesos vinculados a la protección de derechos fundamentales, salud, empleo público y pensiones.

Según datos de CR Hoy, la mayoría de los casos pendientes corresponde a amparos, aunque también se incluyen asuntos de control constitucional y otras materias de interés público.

El atraso abarca expedientes relacionados con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), reformas fiscales, mora judicial, retardo de justicia y temas municipales, con más de diez casos pendientes en cada área.

La falta de suplentes impide reemplazar a los magistrados titulares cuando deben apartarse de un expediente por recusaciones, incapacidades, vacaciones o conflictos de interés.

Actualmente, la Sala Constitucional requiere 12 suplentes para operar con normalidad. Sin estos nombramientos, la acumulación de expedientes sin resolución aumenta, ya que la ausencia de sustitutos imposibilita conformar el quórum necesario. El tribunal ha señalado que la carencia de suplentes genera retrasos y afecta la emisión de resoluciones que involucran derechos fundamentales.

Freno legislativo y falta de consenso

En el ámbito legislativo, la decisión de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de no elegir a los magistrados suplentes y devolver la nómina de 18 candidatos a la Corte Suprema de Justicia ha profundizado la problemática.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, declaró que “no tiene sentido” someter a votación la lista actual de postulantes.

El Poder Judicial remitió la nómina completa el 15 de junio. Un día después, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicó que se analizaría la propuesta, pero posteriormente el oficialismo modificó su postura y Acosta reiteró que no se respaldaría el listado, aludiendo a la falta de consenso sobre los nombres.

Actualmente, la Asamblea Legislativa tramita el nombramiento de nueve suplentes entre los 18 candidatos, mientras el Poder Judicial realiza un segundo concurso para escoger a los tres suplentes restantes. En otra publicación de CR Hoy se apuntó que la falta de acuerdo entre los diputados y la Corte ha detenido el avance del proceso.

Consecuencias para la ciudadanía y advertencias del tribunal

La presidencia de la Sala Constitucional ha advertido que la falta de suplentes incrementa la acumulación de expedientes sin resolver. Se ha remarcado que “conforme pasan los días y no hay magistrados suplentes, se van acumulando más asuntos sin resolver en el tribunal”. Se recuerda que cada expediente representa a personas a la espera de una decisión judicial pronta y cumplida.

La carencia de suplentes ha impedido resolver asuntos de salud, pensiones y empleo público, afectando a quienes esperan la protección de sus derechos. Desde la Sala se anticipa que el número de casos pendientes continuará en aumento mientras no se concrete la designación de sustitutos en la Asamblea Legislativa.

El Poder Judicial y la Sala Constitucional insisten en la urgencia de superar el bloqueo legislativo para garantizar el acceso efectivo a la justicia y evitar el incremento de la mora judicial. La elección de los suplentes sigue considerada una prioridad pendiente en la agenda legislativa, necesaria para el funcionamiento regular del tribunal y la protección de los derechos ciudadanos.

El partido Frente Amplio presentó ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley que elevaría las multas por maltrato animal hasta 50 salarios base, equivalentes a USD 50,853, y crearía una escala de infracciones leves, graves y muy graves. La iniciativa fue suscrita por la diputada María Eugenia Román.

La iniciativa, identificada como expediente 25,645, busca modificar la Ley de Bienestar de los Animales vigente. Según el texto, la norma actual lleva más de tres décadas sin una actualización de fondo, mientras el ordenamiento jurídico costarricense y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanzaron hacia el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

El proyecto también incorpora una definición: “Se entiende por derechos de los animales su derecho al buen trato, respeto y protección, inherentes y derivados de su naturaleza de seres sintientes”. La formulación recoge criterios de la Sala Constitucional y de la Corte IDH.

Qué propone el expediente 25,645

El proyecto reformaría la ley en tres frentes: la regulación de la reproducción forzada de animales con fines comerciales, las condiciones de operación de albergues y casas cuna, y el régimen sancionatorio.

Sobre el primer punto, el artículo 15 de la iniciativa exigiría que todo establecimiento dedicado a la cría lucrativa de animales cuente con una regencia veterinaria permanente y opere bajo las normas del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Hoy esa obligación no existe de forma explícita en la ley.

“Los animales no son objetos, son seres capaces de sentir dolor, miedo y angustia, y la ley que los protege tiene más de tres décadas sin actualizarse a esa realidad”, afirmó Román al presentar la propuesta.

Por qué la ley actual resulta insuficiente

Los datos aportados por la propia proponente ilustran el problema: en 2019, el Senasa registró 6,244 denuncias por tenencia irresponsable de animales. Los casos abarcaban desde la falta de agua y alimento hasta criaderos ilegales, perros agresivos, acumulación de ejemplares y animales enfermos sin atención veterinaria.

La ley vigente fue reformada en 2017, cuando la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un paquete de sanciones que incluía penas de cárcel de hasta tres años por causar la muerte de un animal doméstico. Esa reforma dejó vacíos en materia de reproducción comercial y en los estándares mínimos que deben cumplir los refugios y las casas cuna, los dos puntos que el expediente 25.645 busca modificar.

Cómo quedarían las multas

El proyecto clasifica las infracciones en tres categorías y fija los montos con base en el salario base vigente, que el Consejo Superior del Poder Judicial fijó en ₡462.200 para 2026.

Las infracciones leves acarrearían multas de entre un salario base y tres salarios base: de USD 1,017 a USD 3,051.

Las graves implicarían entre tres y cinco salarios base, es decir, de USD 3,051 a USD 5,085.

En esta categoría entran conductas como el uso de métodos violentos en el adiestramiento, la administración de sustancias que alteren el comportamiento del animal, su uso como premio o rifa, el robo de animales, su participación en actividades culturales o festivas prohibidas y mantener perros o gatos de forma permanente en terrazas, sótanos o vehículos.

Las muy graves escalarían hasta 50 salarios base, es decir, hasta cerca de USD 50,853. Quedarían en esta categoría actos como causar dolosamente la muerte de un animal doméstico, practicar la eutanasia con medios inadecuados o por personal no calificado, adiestrar animales para peleas o violar las disposiciones sobre experimentación.

El debate legislativo

El expediente 25.645 llega en un momento en que el debate sobre los derechos de los animales gana terreno en el Congreso. En abril pasado, la bancada del Frente Amplio impulsó otro proyecto, aprobado en primer debate con 47 votos a favor, que obliga a incluir pasos de fauna silvestre en los proyectos de infraestructura vial.

“Queremos regular los refugios, las casas cuna, pero también establecer sanciones graduales, leves, graves y muy graves, de manera tal que se pueda tomar en cuenta la gravedad del acto cometido contra estas mascotas”, subrayó Román a Diario El Observador.

El proyecto deberá superar el trámite en comisión y dos debates en el plenario antes de convertirse en ley.

Los diputados que integran la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa acordaron abrir una ronda de comparecencias con las máximas autoridades del Poder Judicial para profundizar en los criterios que deben prevalecer en los procesos de elección de magistrados. La iniciativa busca recabar insumos técnicos y jurídicos que sirvan de referencia para futuras designaciones que corresponden al Congreso.

La primera audiencia se realizará este miércoles 15 de julio, a las 9:00 a. m., con la comparecencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Posteriormente, el jueves 16 de julio, acudirán el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, y el presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez. Se espera que, en las próximas semanas, también sean convocados los presidentes de las demás Salas que conforman el Poder Judicial.

Según la moción aprobada por la comisión legislativa, el propósito de estas audiencias es conocer cuáles son los perfiles profesionales, académicos, éticos y personales que, desde la perspectiva de los propios jerarcas judiciales, resultan indispensables para ejercer una magistratura. Asimismo, los diputados buscan comprender cuáles son los parámetros utilizados dentro del Poder Judicial para valorar el desempeño de quienes ocupan esos cargos y cuáles competencias consideran prioritarias para fortalecer la administración de justicia.

La decisión de convocar a los magistrados se produce en un momento de especial sensibilidad política, debido a la controversia que ha acompañado los recientes procesos de elección de magistrados y magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa. En los últimos meses, el tema ha provocado una confrontación entre el oficialismo y las bancadas de oposición, que mantienen posiciones encontradas sobre la forma en que deben realizarse estos nombramientos.

El Partido Pueblo Soberano ha cuestionado las nóminas remitidas por la Comisión de Nombramientos, al considerar que el proceso debe revisarse para garantizar una mayor transparencia y un análisis más exhaustivo de los candidatos.

Los legisladores oficialistas han sostenido que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de revisar con detenimiento los perfiles antes de realizar cualquier designación y han defendido la posibilidad de solicitar nuevas nóminas cuando consideren que existen aspectos por mejorar en el procedimiento. A su criterio, fortalecer los mecanismos de evaluación contribuiría a incrementar la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos de nombramiento.

Sin embargo, esa posición ha sido rechazada por las fracciones de oposición, cuyos diputados sostienen que la Comisión de Nombramientos ya realiza un proceso amplio de revisión de atestados, entrevistas y análisis de antecedentes antes de remitir las listas al Plenario Legislativo. Además, han señalado que insistir en devolver las nóminas podría generar atrasos innecesarios e incluso interpretarse como un intento de influir en la integración del Poder Judicial.

Las diferencias políticas han impedido que el Congreso concrete la designación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que ha prolongado un proceso considerado clave para garantizar el funcionamiento de ese tribunal cuando alguno de sus magistrados propietarios debe ausentarse por vacaciones, incapacidades, inhibiciones o cualquier otra causa prevista por la ley.

El debate también ha reavivado la discusión sobre la independencia judicial y el delicado equilibrio entre las competencias de la Asamblea Legislativa para nombrar magistrados y la autonomía del Poder Judicial. Diversos sectores han insistido en la importancia de que los procesos de selección respondan a criterios técnicos, de mérito y experiencia profesional, evitando que las decisiones estén marcadas por intereses políticos.

En ese contexto, las comparecencias de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas Salas adquieren una relevancia particular, ya que permitirán a los diputados conocer la visión de quienes dirigen los principales órganos jurisdiccionales del país sobre las capacidades, la trayectoria y las condiciones que debe reunir una persona para ejercer una magistratura.

Los insumos que surjan de estas audiencias podrían convertirse en un referente para futuras discusiones legislativas sobre nombramientos de magistrados, especialmente en momentos en que la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial atraviesa uno de sus episodios de mayor escrutinio en los últimos años. Asimismo, permitirán a los diputados contrastar los criterios técnicos del Poder Judicial con las valoraciones políticas que, por mandato constitucional, corresponden al Congreso al momento de elegir a quienes integrarán las más altas instancias de la justicia costarricense.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad emitir un dictamen para un contrato de garantía entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) por hasta USD 100 millones, destinado a facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y apoyar la creación de empleo. El dictamen fue respaldado el 13 de julio en el Palacio Legislativo.

Según lo expuesto por Delia Reyes, subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el acuerdo permitirá a BANDESAL canalizar nuevas líneas de crédito a través de bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito, con condiciones adaptadas a las necesidades de las mipymes. El instrumento contempla 18 años y medio de plazo, con cinco años de gracia.

El diseño del préstamo comprende tres componentes: una línea de crédito multidestino para mipymes, un fondo de garantía parcial de crédito para reducir requisitos tradicionales y un bloque de asistencia técnica orientado a capacitación y fortalecimiento empresarial. El objetivo es mejorar el acceso al financiamiento, dinamizar capital de trabajo y favorecer inversiones fijas, sobre todo en empresas lideradas por mujeres y en sectores productivos y turísticos.

Apoyo al crédito para mipymes

El dictamen favorable de la Comisión señala que el Gobierno busca elevar la capacidad y productividad de las empresas, además de abrir ventanas de liquidez por medio de fondos de garantías.

Durante la sesión, los diputados se refirieron al impacto del acuerdo. Caleb Navarro dijo que “el problema de los bancos a veces es la falta de liquidez para seguir con la intermediación financiera” y valoró que el programa priorice el financiamiento de mipymes del sector turismo y empresas lideradas por mujeres.

La diputada Dania González añadió que estas herramientas permitirán que “la población tenga acceso a líneas de crédito más inclusivas y competitivas”. También señaló que el turismo cerró el año anterior con 4,1 millones de visitantes extranjeros y proyecta 4,4 millones en 2026.

Reformas presupuestarias avaladas

La Comisión también otorgó dictamen favorable a dos reformas presupuestarias orientadas a fortalecer la inversión pública. Una contempla la incorporación de USD 208.445 al Ramo de Desarrollo Local para la construcción del área administrativa y laboratorio en la bodega de la División de Asistencia Alimentaria del MINDEL en San Miguel.

La otra prevé la incorporación de USD 1.140.514 al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para el proyecto de administración y ejecución de la segunda fase del programa PRODEPORTE II, enfocado en modernizar y rescatar escenarios deportivos en nueve departamentos.

Destino de los recursos

En la presentación técnica, Reyes explicó que la inversión en infraestructura alimentaria responde a deficiencias estructurales en las instalaciones de MINDEL, lo que impacta en la calidad y seguridad de los servicios a la población vulnerable.

En el caso del INDES, los recursos permitirán la contratación de personal, adquisición de equipos y vehículos, y la gestión de la reconstrucción de 13 escenarios deportivos, incluidos estadios en Santa Ana, San Miguel, La Unión y Chalatenango.

William Soriano señaló que “la visión del Gobierno es facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con apoyos concretos y expandir la infraestructura deportiva nacional”, y remarcó que el beneficio se extiende a los sectores productivos, turísticos y deportivos, así como a la atención alimentaria de la población vulnerable.

El partido oficialista Nuevas Ideas definió a sus seis candidatos para la circunscripción exterior, en cumplimiento de la reforma constitucional que permite designar seis diputaciones para la diáspora.

Los candidatos inscritos y sus porcentajes de respaldo durante el proceso interno fueron: Alexia Rivas (71.73% del total de marcas), Wilber Francisco Alabi (59.36%), Alejandra González (49.12% del escrutinio en el exterior), Diana Mendoza (47.35% de respaldo), Jerson Amaya (44.52% de las marcas computadas) y Luis Domínguez (38.52%).

Según el especialista en migración Óscar Díaz, por primera vez los salvadoreños residentes en el extranjero contarán con representación directa en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa aprobó la reforma que habilita estos seis escaños para salvadoreños fuera del país.

Díaz explicó en Diálogo que este proceso plantea el reto de responder a las demandas de aproximadamente tres millones de salvadoreños distribuidos en diferentes regiones del mundo.

Aclaró que garantizar una representación efectiva será un desafío para quienes ocupen estos cargos, pues no debe limitarse a la gestión de trámites o ayudas puntuales.

Óscar Díaz señaló que la diáspora salvadoreña está compuesta por comunidades grandes en Estados Unidos y otras consolidadas en Australia, Canadá, Suecia, Milán, Italia y España.

Explicó que esta variedad hace que las necesidades y prioridades sean diferentes según el país y la historia migratoria de cada grupo. Indicó que, si bien existe un interés común por ejercer derechos políticos, las realidades de cada comunidad dependen de su contexto y grado de integración en el país de destino.

Destacó que la misión de los diputados debe ser la defensa de derechos y la construcción de vínculos reales con los migrantes.

Díaz remarcó que los diputados designados para la diáspora deben priorizar la elaboración de leyes y la fiscalización, no la prestación de servicios administrativos ni la resolución de trámites individuales.

Se recordó que la gestión de obras públicas corresponde a las autoridades locales y no a los legisladores. El papel del diputado de la diáspora, según Díaz, es articular demandas colectivas en el ámbito legislativo y no asumir funciones administrativas.

Evaluación, perfil de los diputados y desafíos

Consultado sobre cómo evaluar el trabajo de los nuevos diputados, Díaz señaló que lo primero será conocer su plataforma y compromisos. Explicó que los comités organizados en el exterior podrán exigir a sus representantes acciones concretas, como la defensa de derechos o la promoción de leyes específicas. Según Díaz, la pluralidad de la diáspora obliga a los diputados a ser sensibles a contextos y necesidades diversas.

Díaz abordó el debate sobre el perfil de quienes representarán la circunscripción exterior. Señaló que la ley no exige residencia en el extranjero, lo que ha generado distintas opiniones.

Indicó que la experiencia migratoria directa aporta empatía y conocimiento sobre los desafíos reales. En la lista de Nuevas Ideas, explicó, al menos dos candidatos residen fuera de El Salvador, mientras que los demás viven en el país y han representado circunscripciones departamentales.

Díaz consideró que la combinación de perfiles puede ser útil si se complementan conocimientos y experiencias.

Óscar Díaz afirmó que el reto principal para los diputados electos será definir una agenda y prioridades claras. Recomienda escuchar activamente a la comunidad migrante y construir una agenda legislativa basada en sus necesidades.

Agenda legislativa pendiente y particularidades de la diáspora

Díaz mencionó que la creación de una ley de diáspora y movilidad humana es uno de los temas pendientes para la agenda legislativa. Además, planteó la importancia de abordar la inclusión financiera de las remesas, señalando que este debate se mantiene desde hace más de veinticinco años.

El experto puntualizó que el flujo de remesas representa una fuente constante para la economía familiar y nacional, pero que aún no existe un mecanismo efectivo para canalizar esos recursos hacia el desarrollo productivo.

Díaz aclaró que, al tratarse de dinero privado, establecer un uso obligatorio mediante ley es complicado y que no se conoce una experiencia internacional exitosa para replicar.

El especialista expuso ejemplos de la migración salvadoreña, como la comunidad de Milán, Italia, formada por mujeres de Chalatenango que emigraron en los años setenta para trabajar en el servicio doméstico.

Indicó que esta migración ha evolucionado y mantiene vínculos activos. Recordó que Australia, Canadá y Suecia ofrecieron programas específicos durante el conflicto armado, aunque actualmente la migración a estos países solo es posible a través de la reunificación familiar. Subrayó que estas comunidades tienen necesidades distintas de las de los salvadoreños en Estados Unidos.

Afiliados del partido Nuevas Ideas iniciaron este domingo un proceso de votación interna para definir a sus candidatos a presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes para las elecciones de 2027. El evento se desarrolla en las 14 sedes departamentales del partido oficialista, donde los votantes residentes en El Salvador utilizan dispositivos electrónicos para sufragar, mientras que quienes residen en el extranjero participan a través de una modalidad remota.

El proceso de Nuevas Ideas abarca todo el territorio nacional y permanece abierto hasta las 5:00 de la tarde. La cifra exacta de afiliados habilitados para votar aún no ha sido revelada por el partido, que mantiene bajo reserva la actualización de su padrón. Las sedes reportan una afluencia constante de militantes desde las primeras horas de la jornada.

Uno de los puntos de mayor actividad se registró en la sede departamental de San Salvador, donde Mario Durán, actual alcalde de la capital, ratificó su candidatura como planilla única para buscar un tercer período consecutivo al frente de la comuna central. La postulación quedó formalizada tras emitir su voto en el marco del proceso interno, con vistas a consolidar su liderazgo en la administración municipal para el próximo ciclo electoral.

En declaraciones públicas, Durán remarcó la dimensión del partido y la participación ciudadana. “Nos sentimos orgullosos, somos el partido más grande de todos los tiempos en El Salvador; la historia así lo dice. Ver a todas estas personas desde temprano lo llena de alegría y el corazón palpita más rápido. Los proyectos se ven y el cambio en el país es evidente”, manifestó durante la jornada. La declaración, pronunciada ante la militancia, buscó destacar el respaldo y la organización del proceso interno.

El sistema de votación implementado por Nuevas Ideas contempla tecnología para agilizar el conteo y garantizar la transparencia. El partido no ha detallado el número de precandidatos inscritos para cada cargo, aunque la expectativa se centra en definir una oferta electoral robusta para las elecciones generales de 2027. La participación de los salvadoreños en el exterior se considera uno de los elementos distintivos de esta convocatoria, pues el mecanismo remoto amplía el espectro de inclusión de la diáspora.

Durante la jornada, observadores internos y representantes de la dirección nacional supervisan el desarrollo del proceso. El partido no ha reportado incidentes mayores ni irregularidades hasta el momento. El proceso de selección de candidatos se perfila como uno de los más amplios.

Sindicalista se postula como candidato presidencial

En paralelo al proceso de Nuevas Ideas, otras agrupaciones políticas también activaron sus mecanismos internos este domingo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formalizó la inscripción de Rafael Aguirre, médico y secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), como precandidato presidencial para los comicios de 2027. La inscripción tuvo lugar a las 11:00 de la mañana en la sede central del partido, acompañada de una conferencia de prensa para oficializar la apertura del proceso. La dirigencia del FMLN resaltó el respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos al aspirante. En cuanto a la fórmula vicepresidencial, Aguirre mencionó que existen varias opciones, entre ellas Efraín Benítez Andrade, aunque será la militancia quien defina el acompañante en la contienda.

Vamos llamó a elecciones virtuales

De manera simultánea, el partido Vamos convocó a su militancia para participar en las elecciones internas que se realizarán el 12 de julio para los residentes en El Salvador y el 26 de julio para los salvadoreños en el exterior. El proceso tiene como objetivo elegir 60 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, sus respectivos suplentes y 17 candidatos a alcaldes con sus respectivas planillas de concejales. El partido Vamos limitará su participación a 17 municipios, entre los que figuran Santa Ana Centro, Sonsonate Oeste, La Libertad Costa, San Salvador Centro, San Salvador Norte, San Salvador Sur, San Salvador Este y Cabañas Oeste, entre otros. No se ha especificado la cantidad de afiliados aptos para votar en el proceso de selección interna.

De forma paralela el Partido de Concertación Nacional (PCN) convocó a su militancia para llevar a cabo las elecciones internas en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste y la planilla a Diputados del Sonsonate para los comicios del 2027.

Este año, El Salvador ha dado un paso relevante al incorporar a su ordenamiento jurídico la representación legislativa de los salvadoreños residentes en el exterior. Sin embargo, más allá de este gesto normativo y político, las reglas concretas para definir la circunscripción exterior y para integrar efectivamente en la vida parlamentaria a los futuros diputados electos por la diáspora permanecen poco claras y alejadas de estándares internacionales ya consolidados en otras democracias, según un análisis de Acción Ciudadana.

Mediante la reforma del artículo 79 de la Constitución de la República y la modificación del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, se crearon seis escaños en la Asamblea Legislativa dedicados a la diáspora, en una nueva circunscripción que restó representantes a San Salvador y La Libertad.

El análisis comparado elaborado por Acción Ciudadana, denominado Representación legislativa de ciudadanos en el exterior, indica que el país no ha estandarizado la circunscripción para la diáspora. De acuerdo con la reforma, el modelo adoptado es híbrido: parte de la ciudadanía en el exterior votará en la circunscripción especial, pero otra parte continuará votando por el departamento que aparece en su DUI, lo que genera distorsiones y una desigualdad de representación.

Según el análisis, en países como Ecuador, República Dominicana, Francia o Italia, el diseño de circunscripciones exteriores es claro: la diáspora vota por regiones o distritos internacionales organizados, agrupando votantes por grandes áreas geográficas y no por departamentos o subdivisiones nacionales. Esta falta de estandarización en El Salvador impide una asignación eficaz de los votos y limita la representatividad de los compatriotas en el extranjero.

El informe indica que debe haber claridad sobre el procedimiento de distribución de escaños. En otros países, la relación entre población migrante y número de escaños asignados es el resultado de cálculos demográficos, aunque muchas veces condicionados también por decisiones políticas. Por ejemplo, en Ecuador, hay un representante por cada 400,000 ciudadanos en el exterior, proporción similar a la de El Salvador, pero en esos países el criterio se explica y se vincula a un modelo normativo específico.

Un vacío señalado en el análisis se encuentra en los requisitos y mecanismos de postulación de candidaturas. Revelando que en la mayoría de países la diáspora puede elegir representantes que demuestran vinculación efectiva con la circunscripción exterior. En Colombia, Ecuador y República Dominicana, por ejemplo, hay exigencias de años mínimos de residencia fuera del país para quienes buscan ser candidatos de la diáspora.

En El Salvador, no existe tal requisito: cualquier candidato nacional, sin importar su grado de experiencia o conexión con la vida en el exterior, puede postularse por la circunscripción 15. Esta situación abre la puerta a que los futuros diputados de la diáspora sean, en realidad, figuras políticas sin arraigo en las comunidades migrantes, restando sentido a su misión de representación.

En cuanto a la integración legislativa, el informe sostiene que no está claro si los representantes de la diáspora podrán participar presencialmente, de manera remota o mediante mecanismos mixtos en las plenarias y comisiones de la Asamblea. Otros parlamentos, como el francés o el ecuatoriano, han regulado la participación virtual y la inclusión plena de la diáspora en las funciones ordinarias, asegurando igualdad de condiciones con los diputados del territorio nacional.

En ese sentido, El Salvador enfrenta el reto de actualizar y perfeccionar su legislación secundaria para que la representación de la diáspora trascienda el simbolismo y sea un canal real y efectivo para la participación política transnacional. Es fundamental estandarizar la circunscripción exterior, establecer mecanismos claros de integración legislativa, y exigir requisitos de residencia o vinculación real para las candidaturas. Así, los salvadoreños en el exterior podrán ejercer plenamente su derecho a elegir y ser representados por quienes realmente conocen y defienden sus intereses en la distancia.

El fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, lanzó una advertencia sobre el futuro democrático del país al denunciar presiones y ataques directos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público.

Díaz, quien se encuentra en los últimos meses de su gestión, aseguró que “si concentran el poder, la democracia se acaba”, en referencia a las iniciativas y señalamientos recientes desde la Presidencia y el oficialismo. La entrevista, transmitida por Radio UCR, expuso una escalada de tensiones inéditas en la relación entre los poderes del Estado.

Un fiscal bajo ataque: “He sido una piedra en el zapato”

Durante la conversación, Díaz relató cómo desde el allanamiento del caso Barranador en septiembre de 2024, las acusaciones y descalificaciones por parte del Ejecutivo se intensificaron.

“He sido quizás una piedra en el zapato”, afirmó, aludiendo a las investigaciones de corrupción que involucraron tanto al expresidente Rodrigo Chávez como a la actual presidenta Laura Fernández.

Según Díaz, el nivel de hostilidad superó lo experimentado por sus antecesores: “Nunca un cuestionamiento de un poder, en este caso el Ejecutivo, a la figura del fiscal general por sus actuaciones”.

El fiscal detalló que las acciones en su contra incluyeron marchas, ataques verbales y calificativos peyorativos, como “princeso” y “vergüenza nacional”.

“No tengo problema que la presidenta me diga vergüenza nacional. Eso yo lo tomo como vanidad”, expresó. Aseguró que el Ministerio Público continuará investigando los casos de corrupción sin ceder ante las presiones: “No vamos a taparle la corrupción a nadie”.

Independencia en riesgo y advertencia de autoritarismo

Para Carlos Díaz, el intento de modificar la forma de elección del fiscal general representa una amenaza directa a la independencia del Ministerio Público.

La propuesta legislativa para que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, asuma la designación del cargo, fue calificada por Díaz como una maniobra para “nombrar a la persona que nos sirva”.

En sus palabras: “No debe el Ministerio Público ser nombrado nunca por un órgano político, porque va a responder a esos intereses”.

Díaz vinculó estos movimientos con un proyecto político de concentración de poder: “El Ejecutivo quiso hacer las cosas como ellos querían, brincándose la ley. Y ahí es donde vienen los choques con la Contraloría y con la Fiscalía”.

El fiscal subrayó que los recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado y la violencia de género han sido recortados o retrasados, lo que, según indicó, forma parte de una estrategia para debilitar la capacidad del Ministerio Público.

Denuncias, juicios estancados y el futuro de la democracia

El fiscal general explicó que más de setenta causas contra el expresidente Rodrigo Chávez han sido desestimadas tras análisis objetivos, y solo dos casos llegaron a acusación formal. Sin embargo, los obstáculos institucionales han impedido que estos expedientes avancen a juicio: “No es por decisión de la fiscalía. La fiscalía ya hizo su trabajo y presentó las acusaciones. La corte no puede terminar su trabajo por la falta de suplentes”.

Al abordar la situación de la democracia en Costa Rica, Díaz manifestó su preocupación por el avance de las acciones del Ejecutivo: “Cuando usted ve que se descalifica a la fiscalía por investigar corrupción, eso es preocupante. Es concentrar el poder de manera absoluta. Si concentran estos tres poderes en Rodrigo Chávez, ya aquí no hay democracia, la democracia se acaba. Y lo que viene es autoritarismo, así de simple”.

La fe, los ataques y la decisión pendiente

En la entrevista, Carlos Díaz defendió su integridad profesional y moral, afirmando que todas las sanciones y denuncias en su contra han sido absueltas. También se refirió a su fe cristiana como un pilar personal durante su gestión, enfatizando que “yo respeto la autoridad de doña Laura, siempre respeté la de don Rodrigo”.

Respecto a su posible reelección como fiscal general, Díaz admitió que aún no ha tomado una decisión, debido a la presión constante y los ataques diarios: “Vivo el día a día y todos los días son persecuciones. No sé hasta cuándo uno podrá resistir. Lo que vale la pena es mantener nuestra democracia”.

El Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y el desafío institucional

Díaz reiteró que el Ministerio Público debe actuar objetivamente, sin someterse a presiones políticas ni de grupos de poder. Rechazó la utilización del polígrafo como herramienta determinante para medir la confiabilidad de funcionarios y denunció que “todo está relacionado” cuando se limitan recursos o se descalifica la labor de la fiscalía: “Ellos lo que no quieren es que nosotros atendamos el narcotráfico o a una población vulnerable”.

La entrevista concluyó con un llamado a preservar la democracia y la independencia de las instituciones, en un contexto marcado por la confrontación política y el riesgo de autoritarismo.

El debate sobre la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011 en El Salvador ha sumado un nuevo e importante capítulo. Aunque la normativa actual establece como fecha límite de circulación el próximo 31 de agosto de 2026, el Órgano Ejecutivo ya ha puesto en marcha una iniciativa legal para otorgar un año más de validez a estas estructuras.

Esto busca evitar que los conductores deban realizar un cambio de matrículas inmediato.

Ernesto Castro, notificó el ingreso oficial de la propuesta enviada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

La iniciativa solicita modificar de manera transitoria la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos con el propósito de prorrogar la validez de las placas 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

La relevancia de esta discusión radica directamente en la magnitud del parque vehicular salvadoreño. Citando las métricas más recientes provistas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles en circulación dentro del territorio nacional ya asciende a las 2,108,298 unidades.

Cualquier directriz técnica que dictamine la sustitución masiva del metal afectaría la planificación financiera de miles de familias y transportistas.

Por consiguiente, la propuesta gubernamental fue redirigida de inmediato a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para su respectivo análisis técnico. Se prevé que el debate formal en el seno de la comisión se desarrolle durante las próximas jornadas legislativas, aunque la junta directiva no precisó una fecha exacta para el dictamen final.

El historial de prórrogas que ha mantenido vigentes las placas de 2011

De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos (normativa que rige las directrices de tránsito desde el año 1993), el periodo de vida útil y validez regular de las placas en El Salvador es de cinco años. Tomando en cuenta este marco legal, el lote vehicular emitido en 2011 debió ser reemplazado obligatoriamente por los usuarios en 2017.

A pesar de la ley, las coyunturas económicas y sociales empujaron a la Asamblea Legislativa a emitir sucesivos decretos de excepción para congelar la renovación:

• Decreto N.° 630 (2017): Otorgó la primera extensión, postergando la vigencia general del formato hasta el 31 de diciembre de 2021.
• Decreto N.° 622 (2022): Aplazó el vencimiento hasta el 30 de abril de 2024, una estrategia adoptada para amortiguar las presiones financieras de la inflación global postpandemia.
• Decreto N.° 1001 (2024): Concedió un respiro adicional extendiendo el beneficio hasta el 31 de agosto de 2025.
• Disposición transitoria vigente: Ratificada bajo el Dictamen Favorable N.° 23, extendió los efectos legales del documento de identidad vehicular hasta el 31 de agosto de 2026.

La continuidad de estas prórrogas persigue un doble propósito institucional. Desde la perspectiva ciudadana, el decreto actúa como un escudo económico que exime a los propietarios de asumir las tasas correspondientes a la sustitución física de las placas en las ventanillas de los Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN).

Por otra parte, desde el punto de vista del Estado, la prórroga otorga un margen de tiempo sustancial para que las oficinas del MOPT y el Viceministerio de Transporte (VMT) puedan planificar y estructurar una transición de matrículas ordenada y paulatina, impidiendo el colapso operativo y la saturación en los sistemas de trámites públicos.

De recibir el respaldo de los diputados en la comisión y el pleno, las placas 2011 mantendrán su total respaldo legal por doce meses adicionales a partir del límite fijado.

El Salvador avanza con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, tras la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa para aprobar la garantía soberana del financiamiento. Los fondos están destinados a ampliar el crédito para las mipymes y apoyar la creación de empleo, dentro de un proceso que incluye aprobación y ratificación legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para aprobar el contrato de garantía soberana que respalda el préstamo, dentro del “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. La documentación oficial fue suscrita por el ministro interino de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina.

La garantía corresponde al préstamo identificado como No. 9958-SV. El contrato de garantía fue firmado el 9 de junio de 2026, mientras que el préstamo fue suscrito el 8 de mayo de 2026 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Grupo Banco Mundial, y el 29 de junio de 2026 por el representante del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).

Trámite legislativo y base legal

La autorización para suscribir el contrato de garantía se fundamenta en el Decreto Legislativo No. 580, publicado el 18 de mayo de 2026. El expediente enviado a la Asamblea incluye traducciones oficiales de los contratos y copias del decreto.

El proceso sigue lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República, que exige la intervención de la Asamblea para aprobar este tipo de garantías soberanas. Después de esa etapa, deberá realizarse la modificación presupuestaria para incorporar los fondos.

Alcance del proyecto y metas

En el texto presentado para la aprobación legislativa se indica que el préstamo financiará el “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”, orientado a ampliar el acceso a financiamiento de las mipymes salvadoreñas, en especial en sectores con potencial de generación de empleo, como el turismo.

Según el comunicado emitido por el Banco Mundial el 31 de marzo de 2026, el proyecto busca beneficiar a unas 5.000 mipymes y contribuir a la creación o mejora de aproximadamente 8.300 empleos. También prevé una perspectiva de inclusión de género, con una estimación de cerca del 30% de beneficiarios mujeres.

El plan contempla el fortalecimiento de la intermediación financiera mediante líneas de crédito de mayor plazo y la aplicación de esquemas de garantías parciales para reducir riesgos. También apunta a integrar a las mipymes en cadenas de valor globales, con el objetivo de aumentar la productividad y la formalización empresarial.

Ejecución y siguientes pasos

BANDESAL será la entidad encargada de la ejecución del proyecto, mientras que la Corporación Financiera Internacional, también parte del Grupo Banco Mundial, apoyará la inclusión financiera y la expansión productiva. El período de implementación se extenderá por cinco años.

La decisión de la Asamblea Legislativa permitirá avanzar con la ratificación y la incorporación de los fondos al presupuesto nacional, último paso del proceso para hacer efectivo el financiamiento y su despliegue en los sectores productivos del país.

Esta solicitud fue admitida en la plenaria ordinaria de este miércoles y se designó que pase al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Este mes se cumple un año desde la aprobación de la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, una norma temporal que elimina aranceles a 120 productos e insumos agrícolas para facilitar el acceso a alimentos y bienes esenciales.

La ley, impulsada por el Gobierno de El Salvador a través de los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura, también simplifica procedimientos de importación y asigna funciones de control a la Defensoría del Consumidor y a la Dirección General de Aduanas.

Según el Decreto Legislativo No. 51, la modificación del Arancel Centroamericano de Importación aplica solo para El Salvador y, una vez concluida su vigencia, restablecerá los aranceles y requisitos arancelarios previos a la emisión de la norma.

¿Qué productos abarca la ley?

La medida elimina aranceles a más de un centenar de productos de la canasta básica ampliada, además de insumos agrícolas y bienes esenciales de consumo.

Entre los rubros incluidos figuran carnes de res, cerdo, pollo y pavo; leche fluida; huevos; verduras; frutas; cereales; aceites vegetales; azúcar; alimentos infantiles y fertilizantes agrícolas.

El decreto incorpora códigos específicos de importación, lo que permite identificar los productos exentos del pago de derechos arancelarios. El alcance de la reforma comprende cortes de carne, lácteos, papas, tomates, cebollas, arroz, avena, aceites, cereales, pan, preparaciones a base de café, alimentos para animales, fertilizantes y agroquímicos.

Qué objetivo plantea la normativa

La ley establece como objetivo “garantizar el acceso directo y efectivo a los productos de la canasta básica, al mismo tiempo que promueve mayor competitividad y reduce distorsiones de mercado”.

El texto vincula la medida con la persistencia de factores externos, como la inflación internacional, el aumento de precios de fletes marítimos y la especulación, que impactaron en el costo final de los alimentos y otros bienes esenciales para la población salvadoreña.

¿Cómo cambia el proceso de importación?

Según el documento, los importadores de productos comprendidos en la ley no deberán presentar permisos previos, aunque sí tendrán que declarar que los productos cumplen con los requisitos de inocuidad y calidad exigidos por la legislación salvadoreña.

Ese procedimiento se aplicará principalmente a productos provenientes de países con estándares sanitarios iguales o superiores a los de El Salvador. El listado completo y los códigos SAC pueden consultarse en el decreto oficial.

Las funciones de vigilancia y control estarán a cargo de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección General de Aduanas. Ambas entidades coordinarán la supervisión sanitaria y la fiscalización posterior a la importación para garantizar que la reducción de aranceles se refleje en los precios finales al consumidor.

La Defensoría deberá monitorear y vigilar el mercado para asegurar que los beneficios de la ley sean percibidos por la población. A su vez, el Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de notificar la modificación a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en cumplimiento de los compromisos regionales.

¿Qué fundamentos expone el decreto?

El texto oficial señala que “los factores que incidieron para emitir la Ley… se han agravado, y con ello, se ha ocasionado distorsiones en el acceso de la población, para adquirir en condiciones adecuadas los productos básicos para sus hogares”.

La ley también faculta a los ministerios vinculados con su aplicación a emitir acuerdos, instructivos o resoluciones para implementar la normativa sin alterar los estándares de calidad e inocuidad exigidos por la legislación salvadoreña.

La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica anunciaron recortes en sus presupuestos para 2026 y 2027, en cumplimiento de la orden de reducción del 5% emitida por el Ministerio de Hacienda.

Las medidas buscan contener el gasto público, aunque las instituciones advierten sobre los retos que enfrentarán para garantizar la continuidad de sus servicios.

El Directorio de la Asamblea Legislativa acordó un recorte de ₡2,500 millones (USD 5,49 millones) en su presupuesto para 2026, decisión que fue comunicada públicamente por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el primer secretario, Gerald Bogantes.

Jiménez explicó que este ajuste responde al llamado del Ministerio de Hacienda y que el objetivo es mantener la continuidad del servicio parlamentario a la ciudadanía.

“Hoy el directorio legislativo, en atención al llamado a la contención del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, hemos aprobado el rebajo al presupuesto institucional de la Asamblea Legislativa 2026 por un monto de más de ₡2,500 millones, siempre garantizando de forma responsable la continuidad del servicio de este primer poder de la República en función de todos los ciudadanos”, afirmó la presidenta.

Por su parte, Bogantes subrayó que el ajuste refleja la responsabilidad del Congreso en la administración de los recursos públicos y la importancia de fortalecer la confianza en el Primer Poder de la República. Hasta el momento, el Directorio no ha detallado qué partidas serán objeto del recorte ni los montos exactos por unidad administrativa.

Además de la Asamblea Legislativa, la directriz de Hacienda fue acatada por el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes también aprobaron ajustes a sus presupuestos. La Defensoría, encabezada por su jerarca, comunicó que aplicará un ajuste de ₡120 millones (USD 264 mil) a su presupuesto vigente, cifra que representa menos de la mitad de lo solicitado por Hacienda.

El ente defensor señaló que este monto es el máximo posible sin afectar la prestación de servicios esenciales, y advirtió que la capacidad institucional para generar nuevas economías “está prácticamente agotada”.

La Defensoría también alertó sobre un déficit de ₡342,64 millones (USD 753 mil) para completar el nombramiento de plazas vacantes tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo que limita la atención de denuncias, el desarrollo de investigaciones y la formulación de recomendaciones, especialmente en casos relacionados con personas en condición de mayor vulnerabilidad.

Respecto al presupuesto para 2027, la Defensoría indicó que fue elaborado bajo el límite de gasto comunicado por Hacienda, priorizando el financiamiento de gastos ineludibles para garantizar la continuidad de operaciones, incluyendo remuneraciones, servicios públicos y contratos vigentes.

No obstante, advirtió que el monto nominal asignado no implica que la institución pueda atender todas sus obligaciones debido al aumento de costos asociados al funcionamiento institucional, por lo que se requerirá una mayor contención del gasto y la postergación de necesidades indispensables para fortalecer la prestación de servicios públicos.

La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Marta Acosta Zúñiga, informó que la reducción solicitada por Hacienda para su anteproyecto presupuestario de 2027 equivale a ₡1,055 millones (USD 2,32 millones), pero la entidad solo identificó ₡100,3 millones (USD 221 mil) que podrían recortarse sin afectar su operación.

Acosta advirtió que un recorte del 5% implicaría un “cierre técnico” de la institución y pondría en riesgo su independencia y capacidad para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

La Contraloría destacó que su presupuesto se ha mantenido prácticamente estancado en la última década, con un crecimiento del 1%, mientras que el Presupuesto Nacional aumentó un 57% en el mismo periodo. Además, la Contralora propuso a Hacienda revisar la reserva de liquidez del Gobierno y acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, dos medidas que, según señaló, podrían generar ahorros sin comprometer el funcionamiento de la Contraloría.

El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió devolver al Ministerio de Hacienda ₡6,825.2 millones (USD 15,03 millones) correspondientes a recursos no utilizados en el presente año. Esta devolución incluye fondos previstos para eventuales segundas rondas electorales, referendos, alquiler de equipo de cómputo y otros rubros del presupuesto.

El TSE subrayó que este ajuste supera la solicitud de recorte del 5% de Hacienda y permitirá evitar una disminución del plan de gasto para 2027, lo que podría afectar la organización del proceso electoral municipal de 2028.

El organismo electoral advirtió que una reducción anticipada de recursos para el próximo año podría comprometer la planificación de actividades logísticas y la prestación de servicios electorales y registrales, funciones que la Constitución y la Ley Orgánica del TSE le encomiendan.

Las autoridades de estas instituciones recalcaron que sus decisiones responden a la directriz de contención del gasto público, aunque insistieron en la necesidad de proteger los servicios esenciales y la operatividad institucional. Todas advirtieron que ajustes adicionales podrían impactar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, especialmente en áreas sensibles como la fiscalización, la protección de derechos ciudadanos y la organización de procesos electorales.

El Salvador oficializó una reforma a la ley que regula la producción y venta de lácteos para permitir la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada. La decisión entró en vigor el 27 de julio.

La medida fue publicada en el Diario Oficial del 19 de julio, última edición disponible, y modifica el artículo 21 de la Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio. El cambio elimina la frase que prohibía la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo, pero mantiene la prohibición sobre productos elaborados con adulterantes.

Según el decreto legislativo, la reforma busca “adecuar y simplificar” el contenido de ese artículo al eliminar la restricción sobre los derivados de leche en polvo y conservar únicamente la prohibición de comercializar productos adulterados. El texto también afirma que la modificación pretende garantizar que los lácteos sean elaborados a partir de leche y cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Los argumentos del Gobierno

El decreto y la argumentación oficial sostienen que la modificación reforzará la seguridad alimentaria y la inocuidad de los productos lácteos consumidos en el país, evitará el uso de sustancias que alteren su composición y calidad, y favorecerá precios más competitivos con un mejor abastecimiento.

La reforma también es presentada como una actualización de una regulación vigente desde 1960, con el objetivo de armonizarla con el Reglamento Técnico Centroamericano y eliminar obstáculos a la comercialización dentro del mercado regional. Ningún diputado que votó a favor se refirió durante la discusión a la eliminación expresa de la prohibición sobre la reconstitución de leche en polvo en los productos lácteos.

Como medida complementaria, el Ministerio de Agricultura anunció que incorporará al sector ganadero al Programa Aumento de la Producción. Esa estrategia incluye entrega de insumos al costo, asistencia veterinaria integral gratuita, mejoramiento genético, apoyo con maquinaria agrícola, semillas de pasto mejoradas y acceso a líneas de crédito preferenciales mediante el Banco de Fomento Agropecuario.

¿Cómo se llegó a esta disposición?

La solicitud fue enviada por el Gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que participó en la comisión legislativa para exponer los argumentos a favor de la enmienda. Después de emitido el dictamen, la Asamblea Legislativa votó el decreto en sesión plenaria.

En ese debate, el diputado del Partido de Concertación Nacional Serafín Orantes defendió la reforma con el argumento de que “el Ejecutivo está tratando de cuidar y respaldar la salud de los salvadoreños a través de vender productos con una inocuidad muy importante. Viene a contribuir la salud de todos los salvadoreños”. El legislador por Ahuachapán no detalló beneficios específicos de la leche en polvo frente a la leche de vaca.

La prohibición eliminada regía desde 2000, según expuso en el pleno la diputada Claudia Ortiz, quien sostuvo que esa restricción había sido diseñada para proteger a un sector integrado en un 80% por pequeños productores. Su propuesta para exigir un etiquetado visible en los productos elaborados total o parcialmente con leche en polvo solo obtuvo tres votos.

Salvador Gross, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), advirtió en que la nueva regulación, sin medidas de protección complementarias, podría afectar a cientos de pequeños y medianos ganaderos. De acuerdo con el directivo de Proleche, una de las principales demandas del sector es la creación de una normativa de etiquetado que obligue a los fabricantes a informar si un producto contiene leche en polvo o es elaborado únicamente con leche fluida nacional.

El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para sancionar e inhabilitar las pistas de aterrizaje clandestinas y no autorizadas en el país, así como para permitir el decomiso de bienes asociados a actividades ilícitas. Esta iniciativa responde al creciente uso de infraestructura aérea por parte del crimen organizado y el narcotráfico, fenómenos que han incrementado el riesgo para la seguridad nacional y la integridad territorial.

De acuerdo con el texto propuesto, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) asumirá la responsabilidad de emitir la declaratoria de ilegalidad respecto a las pistas sospechosas. La normativa establece que la clasificación de pistas clandestinas no solo incluirá aquellas que carecen de los permisos necesarios, sino también las que, pese a contar con autorización, presenten indicios de uso en actividades ilícitas. “No es solo la pista que carezca de permiso, sino también aquella que, aunque estando autorizada, muestre indicios de ser utilizada para actividades ilícitas que atenten contra la seguridad nacional”, explicaron al referirse a la amplitud de la ley.

El proyecto detalla un procedimiento administrativo que inicia con la notificación formal al propietario de la infraestructura señalada. Si el dueño no responde en un plazo de diez días hábiles, el Servicio de Vigilancia Aérea podrá proceder de inmediato con la inhabilitación, destrucción o demolición de la pista o sitio de atraque. Esta acción busca impedir la reactivación de puntos empleados por organizaciones criminales, que históricamente han aprovechado vacíos legales para operar en zonas rurales y costeras.

Respecto a las sanciones penales, la ley introduce penas de prisión de cinco a diez años para los propietarios, arrendatarios o administradores de terrenos que faciliten, toleren o construyan pistas o sitios de atraque no autorizados. La normativa contempla un agravante para quienes, tras la demolición o clausura oficial, opten por rehabilitar o reconstruir la infraestructura: en estos casos, las penas se elevarán a diez a quince años de prisión. Así, el Estado busca disuadir la reincidencia y cerrar el ciclo de reconstrucción que hasta ahora dificultaba el combate efectivo del tráfico aéreo ilegal.

Además de las penas de cárcel, el proyecto impone sanciones económicas. Operar aeronaves en aeródromos no autorizados acarreará una multa de cuarenta salarios mínimos para los propietarios, talleres o responsables de la aeronave involucrada. Esta disposición pretende desalentar la colaboración de terceros que puedan facilitar el uso de pistas clandestinas bajo la figura de servicios técnicos o de mantenimiento.

La ley también introduce la inmovilización registral de los terrenos involucrados en operaciones aéreas ilegales. Esto impedirá cualquier transacción, traspaso, herencia o gravamen sobre la propiedad mientras se encuentre bajo investigación, mecanismo destinado a evitar que los bienes cambien de manos durante procesos judiciales o administrativos. Además, las autoridades estarán facultadas para incautar de manera preventiva toda la maquinaria, vehículos, materiales y aeronaves utilizados en la construcción, rehabilitación o mantenimiento de pistas no autorizadas.

La propuesta busca dotar al Estado de herramientas efectivas para responder a la evolución de las tácticas del crimen organizado, que ha recurrido cada vez más a la aviación para el tráfico de estupefacientes, armas y otras actividades ilícitas. Las autoridades sostienen que la legislación actual presenta vacíos que dificultan el decomiso inmediato de bienes o la realización de demoliciones, lo que ha permitido que estas infraestructuras retornen rápidamente al servicio delictivo.

El Poder Ejecutivo subrayó que la aprobación de esta ley permitirá un accionar más coordinado entre los cuerpos policiales, Aviación Civil y los jueces encargados de los procesos, garantizando mayor agilidad en la respuesta estatal. La iniciativa también contempla la cooperación con organismos internacionales para el seguimiento y la persecución de redes transnacionales dedicadas al tráfico aéreo ilegal.

En el contexto de la presentación legislativa, autoridades recalcaron que la nueva regulación representa un paso fundamental para fortalecer la seguridad nacional y proteger la soberanía del espacio aéreo costarricense. El proyecto se encuentra actualmente en análisis de la comisión respectiva y se espera que inicie pronto el proceso de discusión en el plenario legislativo.

Un elevado porcentaje de los productos lácteos importados en El Salvador proviene de procesos en los cuales se ha empleado leche en polvo reconstituida, según reveló Luis Bonilla, vicepresidente de Asileche, en entrevista con 105.3 FM.

Este dato cobra relevancia luego de la reciente aprobación de reformas legislativas que permiten el uso de leche en polvo en la industria nacional, un debate que ha puesto en primer plano la composición real de los alimentos disponibles en el mercado.

Durante su participación radial, Bonilla explicó que, mientras la legislación salvadoreña prohibía a la industria local emplear leche en polvo, los productos importados, especialmente quesos, ingresaban al país elaborados bajo normativas más flexibles de otras naciones latinoamericanas.

“En toda Latinoamérica se permite el uso de leche en polvo para la producción de lácteos, ya sea leche, queso o yogur”, indicó el representante de Asileche.

Uno de los ejemplos más notorios mencionados fue el quesillo, insumo clave para las elaboración de pupusas, cuya importación, según Bonilla, está dominada por proveedores nicaragüenses.

“El noventa por ciento del quesillo utilizado en pupuserías procede de Nicaragua”, detalló el empresario, quien agregó que estos productos suelen fabricarse con leche en polvo comprada a precios internacionales, lo que reduce costos frente a la leche fluida nacional.

Bonilla señaló que la leche en polvo es una materia prima de alta calidad, normalmente grado A, que se deshidrata para su conservación y transporte.

Al reconstituirse con agua, puede usarse para fabricar quesos y otros derivados lácteos sin afectar el valor nutricional, aunque sí con algunos cambios en las características organolépticas, principalmente el sabor. “La leche en polvo es leche grado A, la misma que usamos para nuestro queso. Lo único que ocurre es que el sabor varía, no es igual al de la leche fluida”, puntualizó Bonilla.

El dirigente gremial también afirmó que las diferencias de precio en el mercado internacional de la leche en polvo, que funciona como commodity, permiten a los importadores aprovechar momentos de bajos costos para almacenar grandes volúmenes y abastecerse durante todo el año.

Esta dinámica, explicó, no está al alcance de los productores nacionales, quienes dependen de la leche fluida local y no pueden importar ni almacenar grandes reservas.

Según Bonilla, la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa permitirá que las industrias salvadoreñas puedan fabricar productos competitivos en precio y calidad, al igual que sus contrapartes extranjeras.

“No se trata de sustituir la leche fluida, sino de complementarla, especialmente en épocas de escasez derivadas de factores como el fenómeno de El Niño o la variabilidad climática”, destacó, recalcando que las empresas que opten por la leche en polvo deberán cumplir con los mismos controles sanitarios exigidos a los productos importados.

En cuanto al uso real de la leche en polvo en la producción nacional, el vicepresidente de Asileche aclaró que nunca se emplea en su totalidad. “Es un veinte por ciento máximo lo que se utiliza como complemento, el resto sigue siendo leche fluida”, sostuvo.

Esta mezcla ayuda a estandarizar las características del producto, como el contenido de proteínas y calcio, y facilita la producción de quesos con calidad homogénea, un reto cuando se depende exclusivamente de leche fluida que puede variar en su composición cada día.

Bonilla descartó que la incorporación de leche en polvo implique el desplazamiento de la producción nacional de leche fluida. “Nosotros vamos a continuar comprando la misma cantidad de leche fluida a los productores locales, porque no hay suficiente leche grado A en el país y el mercado sigue exigiendo esa calidad”, aseguró.

También subrayó que la reforma abre la puerta a nuevos productos, como quesos parrilleros y quesillos para pupuserías, que podrían fabricarse localmente con mayor competitividad.

Para el sector industrial, el acceso a la leche en polvo constituye una herramienta adicional para asegurar el abastecimiento y estabilizar precios, mientras que el desafío para los productores nacionales será continuar garantizando leche fluida de alta calidad y adaptarse a los nuevos parámetros del mercado.

La reciente aprobación legislativa que permite el uso de leche en polvo en la industria láctea ha generado inquietud entre los productores de leche de El Salvador, quienes solicitan una ley de etiquetado que brinde claridad a consumidores y proteja la producción local.

El cambio, impulsado por la Asamblea Legislativa en respuesta a la demanda de la industria y a la necesidad de enfrentar eventuales crisis de abastecimiento, ha abierto un debate entre procesadores y ganaderos sobre el futuro del sector.

Salvador Gross, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), advirtió en la entrevista Frente a Frente que la nueva regulación, sin medidas de protección complementarias, podría afectar a cientos de pequeños y medianos ganaderos.

“Si hay más oferta de leche que sustituya a la fluida que producimos en El Salvador, nos vamos a ver afectados en la recepción y en el precio de la leche”, afirmó Gross, quien confirmó la apertura de un diálogo directo con el Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con el directivo de Proleche, una de las principales demandas del sector es la creación de una normativa de etiquetado que obligue a los fabricantes a informar si un producto contiene leche en polvo o es elaborado únicamente con leche fluida nacional.

“El consumidor tiene que poder elegir y diferenciar, además de que debe haber una diferenciación de precio en el producto”, subrayó. El dirigente consideró indispensable que el precio de los productos lácteos elaborados con leche pura no quede atado al de los derivados de leche en polvo, dada la diferencia de costos y procesos.

La preocupación entre los ganaderos se centra en la posibilidad de que el acceso a leche en polvo, que suele ser más barata debido a excedentes internacionales, desplace la compra de leche fluida nacional.

Gross explicó que la leche en polvo, utilizada como insumo en otros países, proviene de excedentes de naciones con alta productividad, lo que permite ofrecerla a precios por debajo del mercado local.

En contraste, el sector industrial sostiene que la reforma busca nivelar el campo de juego frente a la fuerte presencia de lácteos importados, que ya emplean leche en polvo en sus procesos.

Luis Bonilla, gerente general de Quesos Petacones y vicepresidente de Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (Asileche), defendió la medida en entrevista con 105.3 FM.

“La ley de los años sesenta prohibía el uso de leche en polvo en cualquier producto lácteo nacional, pero sí permitía la importación de productos elaborados con leche en polvo”, explicó Bonilla.

En el espacio radial, el vicepresidente de Asileche puntualizó que para empresas como Quesos Petacones, que continuarán utilizando leche fluida grado A, la reforma no tendrá impacto en sus procesos ni en la demanda hacia los pequeños productores.

“Vamos a seguir comprando la misma cantidad de leche”, aseguró. El empresario reconoció que la leche en polvo es una alternativa útil para enfrentar periodos de escasez vinculados a factores climáticos, aunque subrayó que su empleo no elimina la necesidad de leche fluida, especialmente para mantener la calidad y el sabor característicos de los quesos tradicionales.

Desde Proleche, Gross insistió en la urgencia de políticas públicas que aseguren la compra de la producción nacional y garanticen un precio justo para los ganaderos.

“Las plantas no pueden dejar de recibir la leche de los productores porque pueden optar por la leche en polvo importada”, advirtió. El dirigente propuso que el Ministerio de Agricultura establezca reglas claras para la recepción y fijación de precios, además de promover la tecnificación del sector para mejorar la competitividad local frente a las importaciones.

El debate en torno a la reforma también involucra cuestiones de inocuidad y control sanitario. Gross destacó la necesidad de asegurar que la leche en polvo reconstituida cumpla con estándares adecuados de calidad y que se utilice agua purificada en los procesos, mientras que Bonilla recordó que los productos importados ya requieren certificaciones sanitarias para su ingreso al mercado salvadoreño.

En ese contexto, tanto procesadores como ganaderos coinciden en la importancia de fortalecer la producción nacional y aumentar los controles a los productos importados. “El desarrollo de la industria láctea en El Salvador debe ir de la mano con el de los ganaderos”, concluyó Gross, quien expresó confianza en que el diálogo abierto con las autoridades permita llegar a acuerdos que beneficien a toda la cadena productiva.

Por primera vez, los salvadoreños residentes en el exterior podrán elegir a diputados específicos que representen sus intereses en la Asamblea Legislativa. Este cambio, respaldado por reformas al Código Electoral, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y la Ley de Partidos Políticos, marca un hito en la historia política de El Salvador. La aprobación de estas enmiendas introduce la circunscripción 15, una zona electoral dedicada exclusivamente a la diáspora salvadoreña.

La creación de esta circunscripción permitirá que, a partir de 2027, seis legisladores defiendan de manera directa los intereses de los ciudadanos salvadoreños que viven fuera de las fronteras nacionales.

Según la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), este paso abre un debate necesario sobre el perfil, obligaciones y mecanismos de rendición de cuentas de quienes buscarán ese respaldo ciudadano.

Preguntas clave de la diáspora salvadoreña para quienes aspiren a representarlos

AAMES plantea cinco interrogantes fundamentales que deberían responder los futuros aspirantes. La primera pregunta apunta a un aspecto logístico y simbólico: “¿Dónde fijará su residencia si resulta electo?”. El lugar de residencia del diputado resulta esencial, ya que determina su nivel de inserción y cercanía con las realidades cotidianas de los migrantes. La organización señala que la representación debe reflejar la vida y los desafíos de quienes viven en el exterior, no solo en El Salvador.

En segundo lugar, la asociación interroga a los futuros candidatos sobre su compromiso comunicativo: “¿Cómo mantendrá comunicación permanente con los salvadoreños en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países?”. La diáspora salvadoreña se encuentra dispersa en diferentes regiones del mundo y enfrenta retos diversos. Mantener un canal abierto, fluido y constante de comunicación será esencial para garantizar una representación activa y genuina.

El tercer punto se refiere a los servicios que los legisladores ofrecerán: “¿Impulsará oficinas de atención para la diáspora?”. La puesta en marcha de espacios físicos o virtuales de atención permitiría que los migrantes reciban orientación, acompañamiento y soluciones a sus problemas específicos. Según AAMES, la existencia de estas oficinas contribuiría a fortalecer el vínculo entre los representantes y las comunidades, además de facilitar la gestión de trámites y el acceso a información relevante.

Otro aspecto crítico, destacando por la asociación, corresponde a la transparencia y la rendición de cuentas. “¿Presentará informes periódicos a las comunidades migrantes?” es la cuarta pregunta que destaca la organización. La presentación de reportes periódicos permitiría a los electores evaluar el desempeño de sus representantes y exigir resultados. La transparencia, afirman desde AAMES, es la base de la confianza y la legitimidad democrática.

Finalmente, la agenda ciudadana de la organización exige respuestas sobre la participación directa de la diáspora en la legislación: “¿Qué mecanismos propondrá para que la diáspora participe en la elaboración de iniciativas de ley?”. Para la asociación, la inclusión efectiva de los migrantes en la toma de decisiones legislativas fortalecería la democracia salvadoreña y permitiría que las leyes respondan a las verdaderas necesidades de quienes residen fuera del país.

La iniciativa de la Asociación no busca apoyar o cuestionar a ningún candidato. Su objetivo, según han hecho público, es promover una discusión amplia, crítica y constructiva sobre el tipo de representación que requiere la diáspora.

“No se trata de apoyar o cuestionar a ningún candidato. Se trata de promover una representación cercana, transparente y comprometida con millones de salvadoreños que continúan aportando al desarrollo del país desde el exterior”, señala la organización.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este miércoles que el gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de proyectos de ley enfocados en reforzar la seguridad nacional. El anuncio incluye cuatro iniciativas principales que buscan fortalecer la legislación y el sistema judicial ante los desafíos de la inseguridad en el país.

El segundo paquete legislativo, cuya presentación está prevista para el 27 de octubre, abarca la criminalización de la minería ilegal, el aumento de las causas de extradición, la obligatoriedad en el cumplimiento de condenas y la transformación del Poder Judicial. De igual manera, Fernández señaló que estas medidas responden a la demanda ciudadana de recuperar la tranquilidad mediante leyes más estrictas y un aparato judicial más eficiente.

En cuanto a la minería ilegal, el proyecto establece sanciones severas para quienes participen en actividades extractivas no autorizadas. Según el gobierno, la propuesta busca frenar el avance de la minería clandestina, proteger los recursos naturales y prevenir daños ambientales que afectan a diversas regiones del país, especialmente en la zona de Crucitas.

Transformación judicial y combate al crimen

Otra de las iniciativas contempla incrementar el número de causales que permiten la extradición de personas requeridas por la justicia internacional. El Ejecutivo considera que esta reforma resulta indispensable para combatir delitos transnacionales, como el narcotráfico y el crimen organizado, que aprovechan vacíos legales y la porosidad de las fronteras.

El tercer eje se enfoca en la ejecución efectiva de las sentencias. Fernández sostuvo que “las condenas deben cumplirse en su totalidad, sin excepciones ni interpretaciones que permitan eludir la responsabilidad penal”. El proyecto pretende eliminar brechas legales que han permitido la reducción o eludir el cumplimiento de penas, en respuesta a reclamos sociales sobre la aplicación de la justicia.

De igual manera, la transformación del Poder Judicial constituye el cuarto pilar de este paquete. El gobierno propone reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de respuesta del sistema judicial costarricense.

Fernández indicó que estas modificaciones buscan adaptar la administración de justicia a las exigencias de una sociedad que demanda resultados concretos en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, durante el anuncio, la mandataria señaló que la presentación de este segundo paquete no será la última, ya que el Ejecutivo continuará elaborando iniciativas adicionales conforme lo recomienden las autoridades especializadas y la unidad Fuerza Élite. “Se enviarán los paquetes necesarios y lo que haga falta, según las autoridades especializadas y ministros, vamos a continuar trabajando, presentaremos este paquete este 27 de octubre”, manifestó la funcionaria costarricense.

Por su parte, Fernández destacó que el gobierno mantendrá el trabajo coordinado con expertos y ministerios para ajustar y ampliar el marco normativo según las necesidades que surjan.

El Ejecutivo al mismo tiempo prevé entregar oficialmente el segundo paquete legislativo a la Asamblea el 27 de octubre, con la expectativa de que los diputados brinden un trámite expedito a las iniciativas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para la seguridad y la paz en la sociedad costarricense.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes dictámenes favorables a reformas que redistribuyen competencias en el sector eléctrico. Tras la exposición de Daniel Álvarez Campos, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGHM) y presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Lempa (CEL), la iniciativa traslada atribuciones energéticas.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Dania González, presentó los expedientes relativos a la ley de creación de la DGEHM y a la ley de creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Ambos buscan dar mayor claridad a las competencias estatales en el sector eléctrico y consolidar un marco institucional más integrado y ágil.

Álvarez explicó que la reforma busca trasladar las atribuciones de la SIGET vinculadas con electricidad hacia la DGEHM, mediante cambios en los artículos uno y dos de la ley vigente. También detalló que se creará una comisión especial para coordinar la transición, con un plazo máximo de seis meses para trasladar expedientes, registros e información. “No se trata de centralizar el sector energético, sino de ordenarlo. El proceso permitirá dar mayor certeza jurídica a inversionistas y consolidar la diversificación de la matriz energética”, afirmó ante los diputados.

Alcance de la transición institucional

El funcionario señaló que, aunque la DGEHM asumirá nuevas responsabilidades, los procesos judiciales en materia de electricidad permanecerán bajo la SIGET. En cambio, los procedimientos administrativos en trámite pasarán a la dirección a partir de la vigencia del decreto.

Sobre la situación del personal, indicó que solo una parte será transferida, según las necesidades de la nueva estructura, y que la reforma prevé mecanismos para realizar esos cambios de forma ordenada. Las reformas también contemplan la transferencia de activos, archivos y recursos, así como la continuidad administrativa de los expedientes en trámite. El Ministerio de Hacienda deberá ajustar las asignaciones presupuestarias correspondientes.

Argumentos a favor y observaciones en comisión

Varios diputados respaldaron la iniciativa y plantearon la necesidad de adaptar las instituciones públicas y la regulación a los retos del sector energético. William Soriano, miembro de la comisión, sostuvo que la energía constituye la base del país y que la modernización y la claridad en las competencias estatales favorecen la inversión y el crecimiento económico. “Un sector de energía ordenado con reglas claras genera mayor certeza jurídica”, dijo.

El dictamen leído durante la comisión señala que las reformas se fundamentan en los artículos 101 y 102 de la Constitución, que establecen la promoción del desarrollo económico y social y la defensa del interés de los consumidores. El documento plantea evitar superposiciones funcionales y fortalecer la seguridad jurídica mediante la eliminación de disposiciones que ya no corresponden a la estructura institucional.

La comisión también abordó observaciones sobre la dualidad de cargos de Álvarez, quien dirige tanto la DGEHM como la CEL. Claudia Ortiz, diputada opositora, advirtió que la concentración de funciones regulatorias y de generación en una misma persona podría plantear posibles conflictos de interés, por lo que sugirió a la Asamblea dar seguimiento a esa situación.

Cambios para la SIGET y trámite legislativo

El segundo dictamen aprobado corresponde a la reforma de la ley de creación de la SIGET, que delimita su ámbito de actuación exclusivamente al sector de telecomunicaciones y excluye las competencias en electricidad.

De ese modo, la SIGET se enfocará en la regulación de las telecomunicaciones, mientras la DGEHM quedará a cargo de las atribuciones en el sector eléctrico. Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría y pasarán a consideración del pleno legislativo para su ratificación.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó reformas a la ley que regula la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), con el objetivo de delimitar sus competencias exclusivamente al sector de telecomunicaciones. La medida busca reorganizar el marco institucional estatal y transferir a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) las atribuciones en materia de electricidad.

Durante la sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, los diputados dieron luz verde a una propuesta que modifica el título de la ley para denominarla “Ley de Creación de la Superintendencia General de Telecomunicaciones”. El cambio establece que la SIGET solo ejercerá funciones regulatorias sobre el sector de las telecomunicaciones, mientras que las responsabilidades en electricidad pasarán a la DGEHM, entidad adscrita al Ministerio de Economía.

El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas y presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Alejandro Álvarez Campos, explicó ante la comisión que la reforma “traslada todas las atribuciones que tiene la SIGET en materia de electricidad únicamente, para consolidar un marco institucional más integrado y coherente con los objetivos estratégicos del sector”. Álvarez detalló que la transición se hará a través de una comisión especial y tendrá un plazo máximo de seis meses para completar el traslado de expedientes, registros y recursos.

En el debate, varios legisladores defendieron la iniciativa oficialista. El diputado William Soriano afirmó que “la energía es la columna vertebral de un país”, y consideró que la reforma “obedece también a la planificación que tiene el Gobierno del presidente Nayib Bukele”. Señaló que centralizar las competencias regulatorias en la DGEHM permitirá “mayor certeza jurídica para los inversionistas y reglas claras para el sector”.

La diputada Elisa Rosales leyó el dictamen favorable de la comisión, en el que se argumenta que “la propuesta fortalece la coordinación entre las instituciones públicas al evitar la duplicidad de funciones y optimizar el uso de los recursos del Estado”. El documento también subraya que la actualización legal busca “armonizar el contenido de la ley con la redistribución de competencias vigente, fortaleciendo la seguridad jurídica mediante la eliminación de disposiciones que ya no corresponden a la estructura institucional”.

El nuevo marco legal establece que la SIGET será responsable únicamente de la aplicación de normas internacionales y nacionales sobre telecomunicaciones, así como de la supervisión, regulación y control de ese sector. La entidad contará con autonomía administrativa y financiera, y tendrá la facultad de aprobar tarifas, dictar normas técnicas, dirimir conflictos y publicar información estadística sobre telecomunicaciones.

Por su parte, la DGEHM asumirá la regulación y supervisión del sector eléctrico, incluyendo la autorización de concesiones, la aprobación de cargos y tarifas, y la gestión del registro público de electricidad. La transferencia de funciones también contempla el traspaso de activos, archivos y personal técnico, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la propuesta.

Durante la discusión, la diputada Claudia Ortiz planteó inquietudes sobre el proceso y advirtió sobre un posible conflicto de intereses, al señalar que “el señor director de Hidrocarburos y Minas es también el presidente de la CEL, que es una generadora de energía. Entonces, la misma persona va a dirigir una institución que va a ser la que regule el sector y una institución que va a ser regulada”. Ortiz solicitó que la Asamblea vigile esta dualidad de funciones.

El dictamen aprobado también introduce nuevas reglas para la designación de directores en la SIGET, prohibiendo que quienes hayan ocupado ese cargo representen a operadores del sector durante los dos años posteriores a su gestión. Los reglamentos, resoluciones y normas emitidas por la SIGET en materia de electricidad mantendrán su vigencia hasta que la DGEHM dicte nuevas disposiciones.

El Ministerio de Hacienda deberá trasladar las asignaciones presupuestarias correspondientes, y los procedimientos administrativos en trámite pasarán a cargo de la DGEHM. Los procesos judiciales ya iniciados seguirán bajo la gestión de la SIGET.

La presidenta de la comisión, Dania González, al cierre de la sesión, indicó que “la claridad en la distribución de las competencias reduce cargas administrativas innecesarias, facilita la toma de decisiones y permite que cada entidad ejerza sus atribuciones dentro de un marco jurídico claramente definido”.

La Asamblea Legislativa de El Salvador se encuentra en la recta final para la recepción de propuestas de candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), órgano clave en la fiscalización de los fondos públicos. El proceso, que abrió el 10 de junio, permanecerá habilitado hasta mañana (26 de junio), en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La renovación de autoridades responde a la finalización del periodo actual (que será el 27 de agosto de 2026). La CCR es el ente encargado de la fiscalización superior de los recursos públicos en El Salvador. Sus funciones abarcan la auditoría de la gestión financiera de las instituciones estatales y la promoción de la transparencia en la administración pública. Desde su creación en 1945, la Corte se ha constituido como un pilar de control en el uso de los fondos del Estado y la rendición de cuentas, cumpliendo un papel esencial en el sistema democrático salvadoreño.

Los candidatos interesados para ser magistrados de esta institución deben presentar su solicitud acompañada de una serie de documentos, entre ellos la hoja de vida, constancias de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la propia Corte de Cuentas, certificación de no afiliación partidaria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), documentos del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), antecedentes penales y policiales, solvencia tributaria y copia certificada de partida de nacimiento y del Documento Único de Identidad (DUI).

Actualmente, la presidencia de la CCR recae en Walter Salvador Sosa Funes, quien asumió el cargo tras la renuncia de Roxana Soriano de Viaud el 26 de septiembre de 2024, quien fue electa ese mismo día como presidenta del TSE, cargo que originalmente concluía en 2029 pero cuya duración se reducirá tras las recientes reformas constitucionales que adelantan las elecciones presidenciales.

Sosa Funes, exjuez de Dulce Nombre de María y exjefe de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue electo a propuesta del partido Nuevas Ideas, con el respaldo de los diputados del PCN y el PDC. Por su parte, los magistrados Julio Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos fueron electos el 23 de agosto de 2023.

Bendek Panameño se desempeñó como procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos y asesor jurídico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Flores Ramos fue director propietario de la Corte Suprema de Justicia ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y asistente de la Sala de lo Constitucional.

Previo a la sesión plenaria del 24 de junio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en declaraciones a los medios en las que enfatizó la importancia de la transparencia en este proceso.

“Ya de manera oficial, cuando se venza el plazo, vamos a dar a conocer cuántas personas y quiénes se han presentado”, dijo. Aclaró que “muchas veces (los interesados) esperan hasta el último día para presentar su atestado”, por lo que la información oficial se hará pública tras el cierre de inscripciones. El legislador también destacó la necesidad de que los futuros funcionarios continúen el trabajo de fiscalización y auditoría para garantizar la transparencia en la gestión pública.

“Queremos ahorita que continúen con un buen trabajo, que den transparencia, que fiscalicen, que revisen, que es el trabajo de ellos, que es lo que se tiene que hacer. Los funcionarios públicos tenemos que estar abiertos a las auditorías de ellos para que al final de nuestro período todo quede en orden”, afirmó.

La Corte de Cuentas de la República tiene como función central la fiscalización de la Hacienda Pública y la vigilancia del uso correcto de los recursos estatales. Supervisa la ejecución presupuestaria, examina los estados financieros de las instituciones públicas y emite informes que pueden derivar en sanciones administrativas o judiciales. Su labor resulta esencial para el combate a la corrupción y la promoción de la integridad institucional en El Salvador.

El proceso de selección culminará con la revisión de los expedientes y el análisis de los perfiles por parte de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que evaluará la idoneidad de los aspirantes antes de someter la decisión al pleno. La elección de los nuevos magistrados definirá la conducción de la CCR en un momento marcado por la demanda de mayor transparencia y control en la gestión pública.

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.259, una reforma a la ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que autoriza a la institución a celebrar alianzas estratégicas orientadas a promover proyectos de inversión e infraestructura en la provincia de Limón. La aprobación se da tras varios meses de discusión y consenso entre las diversas fracciones legislativas, lo que permitió alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo del proyecto.

La reforma, que ahora continuará su trámite en la corriente legislativa para convertirse en ley de la República, representa un avance significativo para la región Caribe del país. Esta modificación normativa permitirá a JAPDEVA establecer alianzas con actores privados o públicos, bajo un marco legal más sólido, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo, fortalecer el turismo e impulsar iniciativas de desarrollo regional. El caso más emblemático que se menciona en el debate es el proyecto de la nueva marina de Limón, considerado estratégico para la dinamización del sector turístico y la economía local.

Uno de los principales ajustes incorporados durante el proceso legislativo fue la inclusión de un canon obligatorio que deben pagar los aliados estratégicos. Según el texto aprobado, los contratos de alianza deberán contemplar el pago de un canon que no podrá ser inferior al 1,5 % de los ingresos brutos generados por cada alianza, en línea con una observación de la Contraloría General de la República. Este canon está destinado a financiar la fiscalización y el seguimiento de los contratos, permitiendo a JAPDEVA contar con los recursos necesarios para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar prácticas lesivas para el interés público.

Durante la discusión parlamentaria, diversos legisladores destacaron que la nueva figura permitirá subsanar vacíos legales y administrativos que en el pasado dificultaron la ejecución de proyectos de infraestructura en la región. “Ese canon permitirá que haya una fiscalización, un seguimiento de las obligaciones contractuales y que no se repita historias tristes, que ustedes conocen bien, de otros contratos que se han hecho, que han sido desequilibrados y en los cuales los concesionarios andan por la libre”, afirmó José María Villalta, diputado del Frente Amplio. El consenso alcanzado también responde a la necesidad de establecer mecanismos claros de control y transparencia en el manejo de recursos públicos.

El proyecto, además, responde a una sentencia de la Sala Constitucional que exigía al Estado costarricense establecer definiciones y condiciones precisas para las alianzas estratégicas en el ámbito público. Hasta ahora, aunque existían reglamentos y condiciones previas, el marco legal no había sido robustecido, lo que limitaba la capacidad de JAPDEVA para atraer inversiones y compartir riesgos con sus socios estratégicos. “La relevancia de este proyecto radica en que representa el mejor mecanismo para compartir el riesgo y asegurar inversiones en la región”, explicó al asambleísta Nogui Acosta.

La aprobación de la reforma es vista como un paso fundamental para abordar parte de las deudas históricas que el Estado mantiene con la provincia de Limón. Los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la falta de empleo, las dificultades de acceso a servicios de salud y la ausencia de proyectos de infraestructura han marcado la vida de miles de habitantes de la región. “El sufrimiento de la gente que no tiene empleo, el sufrimiento de la gente que tiene que venir a hacerse quimioterapias a la gran área metropolitana, son deudas históricas del Estado costarricense”, sostuvo el diputado Mangell Mc Lean.

La reforma, además de abrir la puerta a la inversión privada y facilitar la ejecución dJe proyectos como la marina de Limón, establece un precedente para la gestión de futuras alianzas estratégicas en la administración pública. El expediente aprobado incluye disposiciones para asegurar la transparencia y el adecuado uso de los recursos, así como la fiscalización de todos los contratos celebrados bajo este nuevo esquema. El canon establecido se perfila como un instrumento clave para evitar que los concesionarios operen sin controles efectivos y para garantizar que los beneficios de las inversiones lleguen a la población local.

Con este paso legislativo, la provincia de Limón podría experimentar una transformación en su tejido productivo y social, a partir de la atracción de inversiones y el desarrollo de infraestructura. El proyecto continuará su curso en la Asamblea Legislativa, donde deberá superar las etapas finales antes de convertirse en ley de la República, con la expectativa de que pueda incidir positivamente en la calidad de vida de los limonenses y en la proyección económica del Caribe costarricense.

Con una amplia mayoría de 56 votos a favor y únicamente un voto en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 24 de junio de 2026, durante el desarrollo de la sesión ordinaria número 115, la prórroga número 52 del régimen de excepción.

Esta medida de carácter extraordinario, que se encuentra vigente en el país desde marzo de 2022, se ha consolidado definitivamente como el principal recurso del Órgano Ejecutivo para enfrentar a las estructuras pandilleras y sostener los niveles de seguridad pública en todo el territorio nacional.

Con esta nueva ampliación aprobada por el órgano de Estado, las directrices del régimen de excepción se mantendrán vigentes durante 30 días más. Esto significa la extensión de la suspensión de ciertas garantías constitucionales específicas, una acción que las autoridades defienden bajo el objetivo declarado de blindar y consolidar los avances históricos que se han logrado en la lucha frontal contra el crimen organizado.

Tras la votación en el salón azul, diferentes legisladores justificaron la necesidad de mantener la medida. El diputado de la bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, defendió la continuidad del decreto basándose en la drástica y significativa reducción de los homicidios a nivel nacional.

El parlamentario destacó que El Salvador registra una cifra histórica de 1,136 días sin homicidios desde el inicio del régimen de excepción, sumando 149 jornadas con cero asesinatos en lo que va de 2026 (22 de ellos en el mes de junio). Asimismo, subrayó que la tasa de criminalidad ha bajado a 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y que la captura de más de 91,000 pandilleros ha debilitado por completo la capacidad operativa de las estructuras criminales.

De igual manera, el diputado Walter Coto, reflexionó sobre los inicios del proyecto de seguridad del presidente Nayib Bukele y el impacto de las herramientas legales otorgadas por el Congreso. El legislador destacó que, según sus proyecciones matemáticas, la estrategia ha salvado miles de vidas al frenar el promedio de muertes diarias del pasado.

Navarro añadió que este cambio es el motivo por el cual “las personas desean que este proyecto político continúe”, ya que ahora los padres y madres de familia pueden ver a sus hijos salir a estudiar o trabajar sin temor a la violencia.

Encuesta avala que los salvadoreños aprueban el régimen de excepción

A pesar de los cuestionamientos de organismos internacionales, la gran mayoría de la población salvadoreña aprueba de forma contundente la continuidad del régimen de excepción. Así lo demuestran los datos obtenidos en los sondeos de opinión pública realizados por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop - UCA).

El respaldo ciudadano hacia esta política estatal se mantiene firme, aunque los estudios recientes revelan que existen matices importantes entre la población respecto al futuro y la aplicación de la medida:

• Apoyo a la prórroga: La encuesta más reciente del Iudop reveló que el 68.9% de los salvadoreños considera que el régimen de excepción debe seguir prorrogándose por más tiempo debido a los efectos inmediatos en sus colonias y barrios.

• Búsqueda de alternativas permanentes: Por otro lado, aproximadamente el 28% o 29% de los encuestados opinó que, tras cuatro años, ya es momento de buscar medidas alternativas de carácter permanente.

Este sector sugiere enfocar los esfuerzos en mejorar la investigación criminal fiscal y fortalecer la presencia policial y militar comunitaria, en lugar de depender indefinidamente de un decreto de emergencia.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes una prórroga para la transición hacia la economía azul.

El dictamen responde a una iniciativa del gobierno central, presentada a través del Ministerio de Economía y plantea una reforma al artículo 24 de la ley vigente. Según la correspondencia y el dictamen de la comisión, la Comisión de Transición estará integrada por tres representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tres de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), designados por los titulares de cada entidad.

Ese organismo coordinará la transferencia de bienes, derechos, infraestructura y recursos humanos, además de garantizar la continuidad de los servicios y proyectos en curso en el sector pesquero y acuícola.

Dificultades en el traspaso de funciones

Durante la sesión, el director ejecutivo de la ASEA, Edgar Fermán Palacios López, expuso las dificultades del proceso de migración institucional. Entre los principales obstáculos mencionó la falta de cuentas bancarias propias, la necesidad de contratar personal clave en áreas financieras y administrativas y la complejidad legal por la coexistencia de responsabilidades presupuestarias entre el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador (CENDEPESCA) y la nueva autoridad.

“Aunque vamos paso a paso cumpliendo con todos los requisitos, no tenemos todavía las cuentas bancarias a las cuales se tiene que depositar”, declaró Palacios López en la comisión.

El director de la ASEA explicó que la ampliación del plazo permitirá que el MAG administre temporalmente los recursos y realice adquisiciones en beneficio de la nueva entidad, para evitar la interrupción de programas, inversiones y compromisos nacionales e internacionales del sector. El dictamen también faculta al ministerio a mantener la gestión contractual y presupuestaria hasta que la ASEA acredite capacidades plenas para asumir funciones directas.

¿Qué prevé la reforma?

Según la lectura del dictamen, la reforma da flexibilidad legal para que la transición no ponga en riesgo la ejecución de inversiones ni la estabilidad laboral en el sector. La normativa, aprobada inicialmente en febrero de 2026, busca establecer un marco institucional para políticas de pesca y acuicultura con criterios de sostenibilidad, seguridad alimentaria y crecimiento económico a través del enfoque de la economía azul.

De aprobarse en el pleno, este entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El proceso concluirá cuando la ASEA demuestre capacidad plena para operar de manera autónoma y la comisión de transición suscriba las actas de cierre y el traspaso definitivo de bienes, contratos y expedientes.

López afirmó que la migración de competencias no ha afectado los servicios y proyectos, y anunció que El Salvador será sede del Congreso Mundial de Acuacultura en octubre, con participación de actores internacionales y respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Vale destacar que el Banco Mundial define a este modelo como el “uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al tiempo que se preserva la salud del ecosistema”.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) respaldó la reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos, aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de junio, al considerar que moderniza la comercialización de lácteos en El Salvador.

En su comunicado, la gremial informó que en 2025 las exportaciones del rubro lácteo llegaron a USD 67,5 millones y que ese resultado implicó un alza de 14,1% frente al año anterior.

La ASI sostuvo que el cambio legal elimina restricciones que limitaban la comercialización de productos lácteos y que armoniza el marco regulatorio salvadoreño con la legislación de la región centroamericana. También señaló que la apertura comercial mantendrá estándares de calidad, inocuidad y etiquetado.

La gremial, que dijo representar a 27 sectores industriales y agroindustriales, felicitó el trabajo conjunto del gobierno central y la Asamblea Legislativa. En el pronunciamiento afirmó: “Es una muestra más de un Gobierno que toma decisiones valientes en favor del crecimiento económico del país”.

La reforma a la normativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

EL decreto consignó que la medida generaría beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

Sin embargo, el pasado 19 de junio, la gremial PROLECHE pidió en El Salvador un etiquetado visible que distinga la leche fresca de los productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador sostuvo en un comunicado que la reforma abre interrogantes sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización. La entidad reclamó respuestas concretas sobre cómo se resguardará a quienes sostienen la producción local frente a una eventual preferencia industrial por la leche en polvo.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) reconoció la aprobación de la reforma, considerándola un avance relevante para fortalecer la competitividad exportadora del sector lácteo nacional.

COEXPORT señaló que la reforma facilita la integración del sector a cadenas regionales e internacionales, incrementando las oportunidades de exportación y generando beneficios para los productores nacionales de leche. Entre 2020 y 2025, las exportaciones lácteas salvadoreñas crecieron 42 %, pasando de US$40,6 millones a US$57,6 millones, con presencia en diez mercados, incluidos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos.

La corporación consideró que la nueva normativa refuerza la capacidad del sector para competir en mercados más exigentes y diversificados, impulsando el desarrollo del sector lácteo y la generación de divisas para el país.

Los productores reclaman controles y una estrategia para proteger la producción local

El punto central del reclamo del sector es que el consumidor pueda diferenciar con facilidad entre leche fresca y productos reconstituidos. Para la gremial, esa distinción no solo ordena el mercado, sino que protege el derecho a recibir información clara y transparente al momento de comprar.

La asociación también subrayó que la confianza del consumidor depende de sistemas sólidos de vigilancia. Por eso pidió mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de calidad y de etiquetado.

En su pronunciamiento, la gremial insistió en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca. La publicación señaló que el sector exige saber qué medidas se aplicarán para fortalecer la producción nacional ante el uso de leche en polvo y cómo se fiscalizará el cumplimiento de las reglas ahora que la venta de esos productos ya está permitida.

Mientras tanto, en El Salvador ya pueden comercializarse productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para incorporar USD 118 millones a varias instituciones públicas, con USD 30 millones destinados al ramo de salud y asignaciones para agricultura, economía, cultura, obras públicas, la Presidencia y deportes.

Según representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos provienen de “excedentes de ingresos tributarios obtenidos hasta mayo” y serán incorporados al presupuesto de distintas entidades públicas. La comisión aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 tras escuchar las justificaciones técnicas y a representantes de las instituciones involucradas.

En salud, los recursos se destinarán a la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas contra el VPH, contratación de servicios médicos y de laboratorio, además del fortalecimiento de los servicios integrales para la población salvadoreña. La medida responde a compromisos surgidos durante el primer semestre de 2026.

Con esos fondos, el Gobierno busca mantener y ampliar la capacidad operativa del sistema de salud pública y dar continuidad a la transformación digital y tecnológica de los servicios, con plataformas como Doctor SV.

Durante la sesión, diputados señalaron que la asignación permitirá avanzar en atención médica, infraestructura hospitalaria y dotación de recursos esenciales. “Los 30 millones de dólares se van a utilizar en la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas del VPH y contratación de servicios médicos y de laboratorio”, explicó el diputado William Soriano durante la transmisión.

El dictamen también establece que USD 37 millones serán dirigidos al ramo de agricultura y ganadería. Los recursos se utilizarán para “fortalecer la resiliencia del sector agropecuario y mejorar la logística de las 61 sedes de los agromercados del país".

La sesión de la comisión también abordó recursos para otras áreas. Se asignaron USD 17 millones al Ministerio de Economía para cobertura de servicios tecnológicos y protección de activos digitales; USD 6 millones al ramo de cultura para renovación de equipos, adquisición de libros y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional. Entre los proyectos que serán fortalecidos, según la diputada Suecy Callejas, la programación de la Vía Navideña y el desfile de la Banda El Salvador del 1 de enero.

Además, se destinaron USD 10 millones para obras públicas y transporte; USD 16 millones para la Presidencia de la República, y USD 2 millones para el Instituto Nacional de los Deportes.

Aprobación legislativa y control de los recursos

La comisión aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Presupuesto 2026 luego de escuchar las justificaciones técnicas del Ministerio de Hacienda y recibir a representantes de las instituciones involucradas. La distribución de los recursos incorpora controles de seguimiento y auditoría para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia en la ejecución de los fondos.

Según los dictámenes leídos durante la sesión, “la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos”, y se subraya que la reforma presupuestaria permitirá atender compromisos prioritarios e impostergables en el sector público.

Se espera que estas disposiciones reciban la aprobación en el pleno durante la sesión plenaria ordinaria convocada para realizarse el miércoles 24 de junio.

Productores de leche fresca en El Salvador solicitaron a las autoridades la implementación de un etiquetado claro que permita diferenciar la leche fresca de la reconstituida, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos. La modificación, aprobada este 18 de junio de 2026, elimina la prohibición, vigente desde 1960, de comercializar leche, crema y quesos elaborados mediante la reconstitución o recombinación de leche en polvo.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la producción nacional y el derecho de los consumidores a recibir información clara y transparente. Según PROLECHE, la reforma requiere respuestas sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización.

El comunicado señala que los productores de leche fresca reconocen la importancia de que la industria cuente con herramientas para responder a las demandas del mercado, pero advierten que cualquier cambio en el marco regulatorio debe considerar el impacto sobre los miles de productores que sostienen la producción local. PROLECHE cuestiona qué medidas concretas se implementarán para fortalecer al sector nacional frente a la eventual preferencia de la industria por la leche en polvo, que podría limitar la compra de leche fresca producida en el país.

En la sesión plenaria del 18 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma con 57 votos a favor y tres en contra. La enmienda elimina la parte del artículo 21 de la ley que prohibía la comercialización de productos lácteos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo. Se mantiene, no obstante, la prohibición de comercializar productos adulterados, disposición que ya estaba vigente. El decreto aprobado argumenta que la reforma busca armonizar la normativa salvadoreña con regulaciones técnicas centroamericanas, aumentar la competencia y asegurar el abastecimiento nacional de productos lácteos.

Ante el pleno legislativo se propuso que los productos lácteos elaborados total o parcialmente con leche en polvo deban indicarlo de forma clara y visible en su etiquetado, para que los consumidores puedan diferenciar entre leche fresca y reconstituida. Sin embargo, la propuesta solo obtuvo tres votos y no fue incorporada en la reforma final, lo que ha generado inquietud en el sector productor y entre asociaciones de consumidores sobre la transparencia y el derecho a la información.

La reforma fue impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para plantear la necesidad de eliminar obstáculos a la comercialización de productos lácteos y de armonizar la legislación con el resto de la región. No obstante, representantes del sector ganadero señalaron que la iniciativa se aprobó sin consultar a los productores nacionales y advirtieron sobre los riesgos que podría implicar para la sostenibilidad y el crecimiento del sector productor local.

El pronunciamiento de PROLECHE subraya la importancia de la confianza del consumidor, que depende de la existencia de sistemas sólidos de vigilancia para garantizar que se cumpla la normativa y los estándares de calidad. La asociación insiste en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca y reclama mecanismos de supervisión y control que permitan verificar que los productos comercializados cumplan con los estándares de calidad y etiquetado establecidos.

El sector productor exige respuestas claras sobre cómo se fortalecerá la producción nacional ante el uso de leche en polvo, cómo se garantizará la transparencia para el consumidor y qué mecanismos de control se implementarán para asegurar el cumplimiento de las normas. Mientras tanto, la reforma ya permite la venta en el país de productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios e inocuidad establecidos.

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa autorización para firmar un préstamo de hasta USD 185 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar mejoras en el sistema de agua potable Guluchapa, con obras previstas en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz.

La iniciativa, impulsada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), busca ampliar el acceso al agua potable con obras de modernización, ampliación y monitoreo en tiempo real del sistema.

Según la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda el 18 de junio de 2026, el proyecto contempla la construcción y rehabilitación de 25 puntos de captación de agua subterránea y superficial, además de una nueva planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo.

¿Qué obras incluye el proyecto?

El plan también prevé la modernización y automatización de estaciones de bombeo y rebombeo, la instalación de 37,4 kilómetros de tubería de distribución, la construcción de siete tanques de almacenamiento y la habilitación de 7,5 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

De acuerdo con el BCIE, la intervención permitirá habilitar 25.000 nuevas conexiones domiciliarias equipadas con micromedidores. La entidad detalló que el sistema integral de telemetría y telecontrol facilitará el monitoreo en tiempo real de caudales, presiones y calidad del agua.

¿A quiénes alcanzará la intervención?

El área de influencia del sistema Guluchapa abarca los municipios de Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos, Olocuilta y San Francisco Chinameca.

Según estimaciones del BCIE, el proyecto beneficiará a más de 156.000 habitantes, de los cuales el 52,8% son mujeres, y elevará la cobertura de agua potable del 61,5% al 100% en los distritos involucrados.

Condiciones del préstamo

El decreto presentado a la Asamblea Legislativa establece que el préstamo tendrá un plazo de hasta 20 años, con un máximo de cinco años de gracia.

El capital será amortizado en cuotas semestrales, conforme al calendario que establezca el BCIE. La tasa de interés estará compuesta por la tasa de referencia del banco, revisable semestralmente, más un margen inicial de 235 puntos básicos, ajustable trimestralmente durante la vigencia del préstamo. También se incluyen comisiones de compromiso y de administración equivalentes a un cuarto del uno por ciento sobre los saldos no desembolsados y sobre el monto total del préstamo, respectivamente.

Impacto previsto y trámite legislativo

Durante la fase de construcción se prevé la generación de 2.684 empleos temporales, según datos del BCIE.

El Ministerio de Hacienda, en nombre del Ejecutivo, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el sector de agua y saneamiento, contribuir a mejorar el desempeño de ANDA, asegurar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada y mejorar la eficiencia del sistema de Guluchapa.

La aprobación definitiva del contrato de préstamo queda condicionada a la validación de la Asamblea Legislativa, conforme a los procedimientos legales vigentes en El Salvador. La solicitud la recibió este jueves el pleno y pasará a estudio de los diputados de los diputados de la Comisión de Hacienda.

Ernesto Castro buscará la reelección como diputado en las internas de Nuevas Ideas. El presidente de la Asamblea Legislativa confirmó que participará en el proceso del partido y dijo que su inscripción está programada para el 28 de junio para optar a un nuevo período como legislador propietario.

Castro, quien cursa su segundo período legislativo entre 2021-2024 y 2024-2027, dijo este jueves a medios de comunicación que ya inició la presentación de los documentos requeridos para su precandidatura. También señaló que el partido realizará una evaluación interna para definir quiénes seguirán en el proceso.

Entre los requisitos para los aspirantes a diputaciones figura la presentación de una declaración jurada. En ese documento, el precandidato debe manifestar bajo juramento su voluntad de participar en las internas y declarar que no está comprendido en ninguna de las inhabilidades contempladas por la Constitución de la República o la ley salvadoreña, además de afirmar que no tiene impedimentos para postularse.

Requisitos e inhabilidades para aspirar a una diputación

La Constitución de El Salvador establece, entre otros requisitos, que los diputados deben ser mayores de 25 años, salvadoreños por nacimiento y no haber perdido sus derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección, según el Art. 126.

También fija inhabilidades específicas, como la prohibición de participar para quienes hayan administrado fondos públicos sin obtener finiquito, contratistas de obras públicas y parientes del presidente de la República en grados cercanos, entre otros casos detallados en el Artículo 127.

La postulación de Castro en el proceso interno

En sus declaraciones, Castro afirmó que cumple con todas las condiciones establecidas y que está a la espera de la evaluación interna que definirá a los candidatos oficiales del partido para la próxima legislatura.

Trayectoria política

El perfil político de Ernesto Castro ha estado estrechamente vinculado a la figura de Nayib Bukele. Entre 2012 y 2015, Castro se desempeñó como secretario y asesor privado del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán. Continuó en ese rol durante la gestión de Bukele en San Salvador entre 2015 y 2018. El 1 de junio de 2019, asumió el cargo de Secretario Privado del presidente Bukele, consolidando su presencia en el primer círculo del poder Ejecutivo.

En las legislativas de 2021, Castro fue elegido diputado por San Salvador y, desde el 1 de mayo de ese año, ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que alcanzó con el apoyo de 64 de los 84 legisladores.

Bajo la presidencia de Castro, la Asamblea Legislativa impulsó una serie de reformas que modificaron el marco legal y administrativo del país entre 2021 y 2027. Una de las medidas más relevantes fue la aprobación y prórroga del Régimen de Excepción para combatir a las pandillas, junto a reformas que endurecieron penas por delitos de agrupaciones ilícitas.

La administración de Castro promovió la reducción del número de diputados de 84 a 60 y disminuyó los municipios de 262 a 44, con el argumento de optimizar el uso de recursos estatales. Además, el presupuesto de la Asamblea para 2026 se fijó en 46.9 millones de dólares, registrando una baja de 11.3 millones respecto a 2020.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes tres dictámenes favorables sobre instrumentos internacionales relacionados con la protección de marcas, patentes y diseños industriales. La decisión, adoptada por unanimidad entre los diputados miembros de la comisión, responde a iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según lo expuesto durante la sesión, los dictámenes corresponden a la ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, la aprobación del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Los tres instrumentos están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y buscan simplificar, armonizar y modernizar los procedimientos relacionados con la protección de la propiedad intelectual en El Salvador.

En el caso del Acta de Ginebra, adoptada en Suiza en 1999, la comisión avaló su incorporación al marco normativo nacional. De acuerdo con el dictamen leído por el diputado Walter Amílcar Alemán Hernández, del partido oficialista, este instrumento “permite a los titulares de dibujos y modelos industriales gestionar la protección de sus creaciones en múltiples países mediante una solicitud única”, optimizando la eficiencia administrativa y reduciendo costos para los usuarios salvadoreños.

Sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes, la comisión destacó que la medida “fortalece y armoniza el marco jurídico aplicable a los procedimientos de solicitud, tramitación y mantenimiento de patentes”, facilitando el acceso de inventores y empresas a un sistema internacional de protección. El documento señala que El Salvador se convertiría en el primer país de la región centroamericana en adherirse a este tratado.

Por último, la comisión respaldó la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, cuyo objetivo principal es simplificar y unificar los procedimientos administrativos relacionados con el registro, renovación y gestión de marcas comerciales. De acuerdo con los testimonios recogidos en la sesión, la adhesión a este instrumento “favorecerá la modernización institucional y la seguridad jurídica para los titulares de marcas salvadoreños”.

Durante el debate, los diputados consultaron a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Centro Nacional de Registros (CNR) sobre los beneficios y alcances de cada instrumento. El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que "la adhesión a estos tratados reduce trámites y costos, y facilita el acceso de personas naturales y jurídicas salvadoreñas a sistemas internacionales de protección“. Añadió que estos mecanismos permiten que una solicitud presentada ante la OMPI sea válida en todos los países miembros, sin necesidad de duplicar procesos.

Por su parte, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, quien también asistió a la Comisión, explicó el “Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales”, y destacó los beneficios de esta, entre ellos señaló la eficiencia operativa, seguridad jurídica internacional, flexibilidad comercial y secreto industrial.

La presidenta de la comisión, Ana Magdalena Figueroa Figueroa, también del partido oficialista, afirmó que la aprobación de estos dictámenes posiciona a El Salvador en un nivel de vanguardia regional en materia de propiedad intelectual, beneficiando a creadores, inventores y empresas interesadas en proteger sus activos a nivel internacional.

Los dictámenes aprobados serán remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa para su discusión y votación final, cumpliendo los procedimientos previstos en la legislación salvadoreña. La sesión plenaria de esta semana está programada para el 18 de junio.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, sostuvieron este martes una reunión de trabajo que marcó un nuevo acercamiento institucional entre los dos principales poderes del Estado costarricense. El encuentro permitió a ambas autoridades intercambiar criterios sobre una amplia agenda de temas prioritarios para el país, con énfasis en la seguridad ciudadana, las reformas al sistema penal, el fortalecimiento del régimen disciplinario judicial, la agilización de audiencias penales y el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes.

Durante la conversación, Orlando Aguirre reiteró el compromiso del Poder Judicial de brindar acompañamiento técnico en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia. El magistrado señaló que la colaboración se enfocará especialmente en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de los procesos judiciales. “Durante el encuentro, reiteré la disposición del Poder Judicial de brindar colaboración técnica en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia, particularmente aquellos orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de la gestión judicial”, expresó Aguirre tras la reunión.

La presidenta de la Asamblea Legislativa subrayó la importancia de mantener espacios de coordinación entre ambos poderes, en especial en el contexto de los desafíos que enfrenta el país en materia de criminalidad y eficiencia judicial. La agenda común contempla también el análisis de reformas al régimen disciplinario del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar transparencia y eficacia en la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos.

En relación con la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, Aguirre explicó que el Poder Judicial actuó conforme a las competencias que le otorga la Constitución Política y mediante un proceso de selección riguroso. “En cuanto a la integración de la nómina para los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el Poder Judicial actuó en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución Política mediante un proceso de selección riguroso, orientado a garantizar la idoneidad y probidad de las personas postuladas”, afirmó Aguirre. El presidente de la Corte Suprema añadió que corresponde ahora a la Asamblea Legislativa ejercer la atribución constitucional de realizar la elección respectiva.

El funcionario judicial hizo hincapié en el compromiso de la Corte con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos. Además, remarcó la disposición del Poder Judicial de suministrar la información institucional que corresponda a través de los canales oficiales establecidos, asegurando así el acceso a datos relevantes para el debate parlamentario y para la ciudadanía.

El proceso de elección de magistrados suplentes ha cobrado especial interés en los últimos días, luego de que la Asamblea Legislativa devolviera la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia, alegando falta de consenso en el seno del Congreso. Este episodio subraya la importancia de la colaboración y el respeto recíproco entre ambos poderes para garantizar la continuidad y eficacia de la justicia constitucional en Costa Rica.

La presidencia de la Corte Suprema expresó su confianza en que las instituciones continuarán actuando en el marco de sus competencias constitucionales y reiteró la voluntad de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. “Considero que estos espacios de coordinación y diálogo son importantes para fortalecer la institucionalidad democrática y contribuir a una mejor prestación de los servicios de justicia en beneficio de la ciudadanía”, concluyó Aguirre.

El encuentro entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre representa un paso relevante en la construcción de consensos y en el desarrollo de una agenda compartida que responda a las demandas de seguridad, eficacia y transparencia planteadas por la sociedad costarricense.

La Corte Plena de Costa Rica acordó devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de personas candidatas a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, tras una votación de 16 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Esta decisión responde a la solicitud de la Asamblea Legislativa, que había pedido la apertura de un nuevo concurso para cubrir nueve puestos de suplencia, luego de no alcanzar el consenso necesario para elegir a los candidatos propuestos.

El contexto de esta devolución se remonta a la sesión del Plenario Legislativo del 11 de junio, cuando, tras once procesos de votación sin lograr los 38 votos requeridos para designar magistrados suplentes, la Asamblea optó por devolver la lista de 18 postulantes a la Corte Suprema de Justicia.

La votación quedó 29 a favor y 26 en contra, reflejando la división interna y la incapacidad de los diputados para lograr un acuerdo amplio sobre los nombres remitidos.

Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista, defendió la moción afirmando que el objetivo era garantizar un proceso participativo y transparente, en el que todos los partidos representados en la Comisión de Nombramientos tuvieran la oportunidad de analizar y cuestionar las credenciales de los aspirantes.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la justificación del rechazo y se advirtió sobre el riesgo de bloquear el funcionamiento del máximo tribunal constitucional. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas (…) Han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita”, reclamó el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

Frente a la gestión legislativa, la Corte Plena analizó la petición y concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida.

Según el acta judicial, el proceso de selección se desarrolló conforme a los procedimientos previstos y atravesó rigurosas etapas de evaluación, diseñadas para garantizar la idoneidad, la capacidad y la experiencia profesional de los candidatos.

Los magistrados enfatizaron que la transparencia y la imparcialidad fueron ejes centrales de la evaluación, y que cualquier objeción formal debería estar debidamente fundamentada.

La devolución de la nómina a la Asamblea Legislativa marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso para completar la integración de la Sala Constitucional. El reglamento interno del Congreso exige una mayoría calificada de 38 votos para la elección, lo que, ante la fragmentación política, complica la designación y retrasa la incorporación de suplentes necesarios para la operatividad del máximo tribunal.

El acuerdo de la Corte Plena, respaldado por la mayoría de sus miembros, señala que la lista de suplentes cumple con todos los requisitos legales y que la apertura de un nuevo concurso solo estaría justificada ante objeciones concretas y objetivas. El documento oficial destaca que la continuidad institucional y el respeto por los procedimientos deben prevalecer para evitar retrocesos innecesarios que impacten la administración de justicia.

Ahora, corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si acepta la nómina devuelta o si insiste en la reapertura del concurso. Mientras tanto, la definición de los suplentes de la Sala Constitucional permanece en suspenso, en un contexto de tensiones políticas y demandas de mayor transparencia y eficiencia en los procesos de selección de altos cargos judiciales.

Las próximas semanas serán clave para determinar el desenlace de este episodio, que evidencia la complejidad de alcanzar consensos en la designación de magistrados y la importancia de garantizar la autonomía y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho en Costa Rica.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este fin de semana que este lunes 15 de junio presentará ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley con los que busca “limpiar” el Poder Judicial.

Según la mandataria, el paquete incluye propuestas para tipificar como delito la pertenencia a bandas criminales, endurecer sanciones por reincidencia delictiva y establecer medidas más estrictas para quienes agreden a integrantes de la Fuerza Pública. Fernández declaró en la cadena del domingo: “Me indigna ver a nuestro pueblo vivir con miedo”, y recalcó que el Gobierno busca devolver la paz y la seguridad a nuestras comunidades.

El viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, afirmó en la misma transmisión que “nuestras leyes se quedaron con la delincuencia de los años setenta”. Explicó que el paquete propone castigos para quienes formen parte de organizaciones delictivas, lo que actualmente no se encuentra contemplado en la legislación costarricense. Barrantes también subrayó la necesidad de “castigar a aquellas personas que atacan y agreden a los policías”.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, detalló que las autoridades han identificado “doscientas sesenta estructuras criminales organizadas” con más de ochocientos miembros. Campos aseguró que estos grupos se encuentran plenamente identificados y serán perseguidos hasta lograr su detención y condena.

Entre las medidas propuestas se encuentra la prohibición del “ocio en las cárceles” y el endurecimiento del control de objetos y actividades dentro de los centros penitenciarios. Barrantes explicó que se busca restringir el ingreso de aparatos electrónicos, drogas y armas, así como eliminar actividades que faciliten negocios ilícitos en prisión.

En el ámbito del combate al narcotráfico, el Gobierno presentó una iniciativa para aumentar las penas contra quienes construyan o faciliten pistas clandestinas para aeronaves, con el objetivo de limitar el tráfico de drogas a través del territorio nacional.

La mandataria advirtió que la reincidencia recibirá sanciones más severas y ratificó el compromiso de su administración para buscar el respaldo del Poder Legislativo. “No podemos enfrentar el crimen del siglo veintiuno con herramientas del siglo pasado. Llegó el momento de poner primero a Costa Rica”, afirmó Fernández.

El paquete legislativo será presentado oficialmente este lunes a las once de la mañana, en una sesión que el Gobierno considera prioritaria para responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

El sábado en el evento en el que fue reconocida la mandataria, Fernández cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y afirmó que hay personas vinculadas a hechos criminales que permanecen en centros penitenciarios sin mayores restricciones. “Cómo es posible que criminales del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo”, dijo durante su discurso.

Fernández dirigió críticas al Poder Judicial y a las condenas impuestas a personas involucradas en actividades delictivas. “No puede ser posible que en nuestra amada Costa Rica hayan delincuentes asesinando personas y que el Poder Judicial les dé condenas ridículas. No es posible que delincuentes del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo. No es posible que delincuentes que han acabado con la vida de un ser querido, que puede ser cualquiera de nosotros, les reduzcan las condenas a plazos que son absolutamente ofensivos”, sostuvo, según difundió Central Noticias.

La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir de cerca el trabajo de la Asamblea Legislativa. “Yo hoy, como su presidente, los convoco a estar atentos, a estar despiertos, a estar vigilantes de que la Asamblea Legislativa haga su trabajo, porque yo estoy haciendo el mío”, declaró.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió el 10 de junio una propuesta de reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio impulsada por el Ejecutivo para modificar la normativa sobre leche y productos lácteos. La iniciativa busca eliminar la restricción a la comercialización de productos elaborados con leche en polvo y mantener la prohibición sobre los adulterados.

El escrito fue remitido por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez Ruiz, por instrucciones del presidente de la República. La propuesta apunta a armonizar la legislación nacional con las normativas centroamericanas.

Según el proyecto, la reforma modifica el artículo 21 de la normativa vigente. Hoy, esa disposición prohíbe la venta de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución o recombinación de leche en polvo, así como la comercialización de productos lácteos adulterados.

¿Qué cambiaría en la ley?

La iniciativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

En la correspondencia oficial, Domínguez Ruiz señaló que el objetivo central de la reforma es eliminar obstáculos a la comercialización de leche y productos lácteos, facilitar el comercio y la competitividad del sector, y armonizar las regulaciones locales con los instrumentos normativos de la integración centroamericana.

Los argumentos del Ejecutivo

Según el escrito, la medida beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

El documento también recuerda que la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio fue emitida en 1960 con el fin de incrementar la producción y elaboración higiénica de leche y productos derivados, y regular su expendio para proteger la salud pública.

El marco vigente y el trámite

La normativa actual establece requisitos y procedimientos para la operación de plantas lecheras e industrializadoras, la distribución y venta de productos, y sanciones para quienes incumplan los parámetros higiénicos o de calidad.

Entre sus disposiciones figuran la prohibición de comercializar productos provenientes de la recombinación o reconstitución de leche en polvo y aquellos adulterados, además de multas y otras medidas administrativas para quienes infrinjan la ley.

El proceso legislativo aún debe ser discutido por las comisiones correspondientes antes de pasar al pleno para su eventual aprobación.

El pleno legislativo determinó que sean los diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente quienes estudien la solicitud para determinar si se emitirá un dictamen favorable.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente está convocada a reunirse el lunes 15 de junio a las 14:00 horas (dos de la tarde, como se identifica en el territorio local).

Con una votación de veintinueve a veintiséis, el Plenario Legislativo acordó devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de dieciocho candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional, tras realizar once procesos de votación en los que ninguno de los postulantes alcanzó los treinta y ocho votos requeridos para ser electo. La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de nombramientos en el máximo tribunal constitucional del país.

La medida fue impulsada principalmente por la bancada oficialista, cuyo jefe justificó la devolución de la lista y la solicitud de un nuevo proceso. “Vamos a tener la oportunidad de cumplir con los objetivos que de una u otra manera el reglamento de la Asamblea Legislativa establece. Por eso, esta moción busca crear el espacio necesario y darnos a todos la oportunidad de hacer un proceso que nos conste a todos y cada uno de nosotros. Que cada uno pueda participar, eh, representado en la Comisión de Nombramientos, cada uno de los partidos políticos, que podamos analizar los nombres que la Corte envía, que podamos nosotros de primera mano saber quiénes son, cuáles son sus atestados, pero particularmente nos va a dar a nosotros la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas que se requieren para poder saber quiénes van a ser elegidos”, indicó Nogui Acosta.

Desde la oposición, representantes de distintos partidos cuestionaron la forma en que se procedió y expresaron preocupación por la falta de avance en el proceso de selección. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas. Hubo un procedimiento y aquí estamos en ese procedimiento. Pero en lugar de eso, han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y impedir que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita para conocer las causas de millones de costarricenses que asistimos al Poder Judicial”, reclamó Antonio Trejos del Frente Amplio.

Otro de los representantes de la oposición dejó constancia en el acta legislativa de su preocupación tras la decisión adoptada. “Dejo constancia de nuestra preocupación por lo que acaba de pasar. Dejo constancia de nuestra, eh, de nuestro reclamo por la falta de, por la falta que se ha hecho el reglamento y, eh, tomaremos las acciones que correspondan en adelante. Gracias”, afirmó durante su intervención, Álvaro Ramirez, del Partido Liberación Nacional.

El proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional exige una mayoría calificada de treinta y ocho votos. La falta de consenso y el reiterado fracaso en las votaciones evidenciaron el grado de fragmentación política y la complejidad que caracteriza el actual panorama legislativo. Según la dinámica establecida, la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia abre dos caminos posibles: que la Corte decida reenviar la misma nómina de dieciocho postulantes o que, en su lugar, convoque un nuevo concurso para remitir una lista alternativa a la Asamblea Legislativa.

Este episodio resalta el peso del reglamento interno de la Asamblea, que establece procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas en la designación de magistrados. La Comisión de Nombramientos, integrada por representantes de los diferentes partidos, tendrá un papel central si la Corte opta por reiniciar el proceso.

La incertidumbre respecto al desenlace y los próximos pasos de la Corte Plena mantiene en pausa la definición de los suplentes en la Sala Constitucional, mientras el Poder Judicial continúa a la espera de completar su integración y atender las causas pendientes de millones de ciudadanos.

El gobierno central de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para ampliar por cinco años el plazo del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE). La propuesta fue enviada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, encargado del despacho y busca mantener las condiciones de apoyo al sector cafetalero, según la correspondencia admitida este miércoles en el pleno.

El documento remitido a la Asamblea Legislativa señala que el Estado, conforme al artículo 101 de la Constitución, debe promover el desarrollo económico y social, incrementar la producción y la productividad, y fomentar los sectores productivos, entre ellos la caficultura. También indica que el sector cafetalero, desde el cultivo hasta la agroindustria, tiene un papel en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Fundamentos de la prórroga del FICAFE

Pese a los beneficios derivados del FICAFE desde su creación, el sector ha enfrentado desafíos como la volatilidad de precios internacionales, el impacto de enfermedades como la roya, la presión de las sequías y los efectos del cambio climático, que han afectado la producción y la calidad del café.

El texto agrega que la adaptación a nuevas condiciones ambientales requiere apoyo financiero y legal.

“El sector cafetalero, si bien resultó beneficiado desde la constitución del FICAFE, se ha enfrentado a cambios en los precios internacionales, así como las variaciones en las temperaturas y patrones de lluvias que afectan los ciclos de cultivo y la calidad del café; todo lo cual conlleva que la adaptación del sector a estas nuevas condiciones continúe requiriendo de apoyo en inversiones y condiciones favorables para el cumplimiento de obligaciones en materia crediticia”, expone las consideraciones.

¿Cómo funciona el fideicomiso?

El FICAFE fue creado como un mecanismo de apoyo financiero para el sector cafetalero, al permitir la emisión de certificados fiduciarios respaldados por créditos y carteras de crédito orientados a la producción y exportación de café.

El fideicomiso es administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL). Su marco regulatorio original estipulaba un plazo de hasta 25 años, cuyo vencimiento está previsto para julio de 2026.

Lo que establece la propuesta de ley

La iniciativa plantea prorrogar de forma excepcional ese plazo por cinco años adicionales para dar continuidad a los beneficios del fideicomiso y a la estabilidad del sector ante las condiciones del mercado y del clima.

La propuesta establece en su primera disposición en la ampliación del plazo del FICAFE, con lo que el sector cafetalero mantendría el acceso a los beneficios del fideicomiso bajo los términos ya previstos en la legislación vigente.

La segunda disposición que se plantea es que, al finalizar el nuevo plazo, los bienes y derechos fideicomitidos retornarán a sus fideicomitentes o se transferirán conforme lo determine la normativa aplicable. Finalmente, le autoriza a los fideicomitentes, en coordinación con el fiduciario, a realizar las adecuaciones jurídicas y financieras necesarias para adoptar la ampliación del fideicomiso.

El estudio de la medida se le asignó a los diputados que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, convocada a sesionar el lunes.

En 2013 el Gobierno aprobó una ley transitoria que suspendió embargos y pagos de deudas del sector productor de café para apoyar su recuperación tras la caída de precios internacionales y el impacto de la roya del café. La normativa detuvo el pago de capital e intereses de obligaciones con el FICAFE y el FEC hasta el 31 de diciembre de 2018. Más tarde, la medida se prorrogó hasta diciembre de 2021.

En 2022 se aprobó una nueva ley transitoria ante una crisis más profunda, atribuida al endeudamiento y a daños por el cambio climático. Esa vigencia se fijó del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y luego se extendió hasta el 1 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el inicio del proceso de elección del presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República, tras la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. La decisión, adoptada en la sesión del 10 de junio de 2026, contó con el respaldo mayoritario del pleno y se fundamentó en las disposiciones legales y constitucionales que rigen la designación de los máximos responsables del ente fiscalizador.

La solicitud de Nuevas Ideas invocó el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea y artículos clave de la Constitución de la República.

El documento destaca que la función de la Corte de Cuentas de la República es fiscalizar la hacienda pública y garantizar la legalidad en la gestión de los fondos estatales. Se subrayó que el proceso de selección responde al próximo vencimiento del periodo de los actuales magistrados, que finaliza el 27 de agosto de 2026.

En la intervención ante el pleno, los diputados de Nuevas Ideas recordaron que la Asamblea tiene la atribución de elegir, mediante votación nominal y pública, a los magistrados de la Corte de Cuentas. La legislación vigente exige que los postulantes posea los siguientes requisitos:

• Ser salvadoreños por nacimiento
• Mayores de treinta años, con honradez y competencias notorias
• Los postulantes tienen que tener haber ejercido sus derechos de ciudadanía en los tres años previos a la elección
• Deben acreditar idoneidad, capacidad técnica y probidad.

La convocatoria se hará pública a través de los canales oficiales y redes sociales de la Asamblea Legislativa, invitando a los profesionales interesados a postularse. Las solicitudes podrán entregarse hasta el 26 de junio de 2026 en la recepción de correspondencia oficial del órgano legislativo, en horario hábil, junto con la hoja de vida y documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

La pieza de correspondencia presentada por el diputado Christian Guevara, también precisó que los documentos a presentar incluyen la certificación reciente de partida de nacimiento y copia certificada del documento de identidad. Aquellos que hayan ocupado cargos en instituciones como la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o el Tribunal Supremo de Elecciones, deberán consignarlo en su postulación.

Votación y aprobación del proceso

El pleno otorgó 58 votos para ratificar la aprobación del proceso, y enfatizó que la normativa establece que las propuestas deberán recibirse al menos sesenta días antes de la conclusión del periodo de los actuales magistrados, en línea con el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Este plazo busca asegurar un proceso ordenado y transparente, evitando vacancias en los cargos y garantizando la continuidad de las funciones de la Corte de Cuentas. La apertura del proceso coincide con la proximidad de la renovación de otras instituciones clave, como la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que refuerza el clima político de definiciones institucionales en el país.

La convocatoria ha sido recibida con interés por distintos sectores profesionales y políticos, quienes consideran que la transparencia en la selección de los magistrados resulta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones de control estatal. El proceso, regido por los parámetros jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional, podrá ser seguido por la ciudadanía a través de los canales informativos de la Asamblea.

Hasta el 26 de junio de 2026 se recibirán las postulaciones, y se prevé que las entrevistas y evaluaciones técnicas de los aspirantes se realicen en sesiones posteriores, antes de la votación final en el pleno legislativo.

El Gobierno de El Salvador obtuvo este 10 de junio la aprobación legislativa para suscribir un préstamo de hasta 3 millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a 9,689.609,51 dólares, con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

Estos recursos financiarán la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, ubicada en el municipio de La Libertad, con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

La decisión se adoptó de manera unánime en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y fue ratificada en sesión plenaria ordinaria con 56 votos a favor. El dictamen establece que el Ministerio de Hacienda será el encargado de suscribir el contrato de préstamo, el cual tendrá un plazo de 25 años y contemplará tres años de gracia, bajo una tasa de interés fija de 2.5 % anual.

Según explicó el diputado William Soriano, los fondos permitirán impulsar la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en la matriz energética nacional. Por lo que, la inversión busca “contribuir a satisfacer la demanda nacional eléctrica y fortalecer la resiliencia ante los riesgos del cambio climático”.

Según el parlamentario, la planta generará energía limpia que se canalizará directamente hacia la red de distribución eléctrica para consumo masivo.

El proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías contempla la instalación de paneles solares terrestres, estaciones de inversores, una subestación equipada con dos transformadores, la conexión con la red nacional, vías de acceso y edificaciones destinadas a control y operación.

Las obras iniciales incluirán la habilitación de accesos, la colocación de un cerco perimetral y la preparación del terreno. Posteriormente, se ejecutarán trabajos de canalización subterránea para el cableado eléctrico, nivelación y compactación de la zona, así como la construcción de infraestructura hidráulica para el manejo de aguas pluviales y estructuras para el montaje de los equipos.

Es decir la energía solar constituye un recurso limpio, constante y con un alto potencial de desarrollo en el país. El impulso a proyectos de esta naturaleza se alinea con el objetivo de incrementar la proporción de energía renovable en la matriz nacional, reducir la dependencia de fuentes fósiles y generar nuevas oportunidades de empleo en el sector.

Estándares internacionales y tecnología avanzada en la construcción de la planta

El préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno por diversificar las fuentes de financiamiento internacionales y responder a los compromisos de sostenibilidad ambiental. El Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe es una entidad financiera internacional con experiencia en la financiación de proyectos de infraestructura energética en países en desarrollo.

La Planta Solar Fotovoltaica, según documentos oficiales, transformará la radiación solar en electricidad a gran escala mediante el efecto fotovoltaico. La energía generada será inyectada a la red nacional, aportando al abastecimiento del consumo eléctrico del país y contribuyendo a la mitigación de emisiones contaminantes.

El proceso de construcción prevé la ejecución de obras civiles y eléctricas bajo estándares internacionales de eficiencia y seguridad. Entre los componentes clave figuran la instalación de inversores, transformadores y salas eléctricas, así como la integración de sistemas de monitoreo y control para optimizar el funcionamiento de la planta.

Las autoridades estiman que el proyecto fortalecerá la seguridad energética y permitirá responder a la creciente demanda de electricidad, al tiempo que favorecerá la transición hacia un modelo energético más sostenible. De acuerdo con lo expuesto en la sesión legislativa, el crédito deberá ser cancelado en un plazo de 25 años, con tres años de periodo de gracia, lo cual permitirá gestionar el repago conforme al flujo de ingresos esperados por la operación de la planta.

La apuesta por la energía solar se presenta como una alternativa estratégica para enfrentar los desafíos del cambio climático y potenciar el desarrollo económico de El Salvador, al integrar tecnología de última generación en la producción de electricidad.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un recorte de ₡40,000 millones (USD 86.8 millones) al presupuesto asignado para 2026 a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI). La decisión, que contó con el respaldo de ocho diputados, forma parte del primer presupuesto extraordinario de la República para el presente año y se justifica por la necesidad de cubrir el déficit presupuestario de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa fue impulsada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) se opusieron a la medida. La bancada liberacionista argumentó que el recorte tendrá consecuencias negativas sobre los sectores más vulnerables, particularmente la niñez que depende de los servicios de los CEN-CINAI.

El órgano legislativo también aprobó una moción adicional que reduce en ₡30,000 millones (USD 65,1 millones) los recursos que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) gira al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), lo que afecta directamente la financiación de programas de vivienda social y apoyo familiar.

La diputada Ángela Aguilar, vocera del PLN en la Comisión, advirtió que la rebaja de fondos representa el 28,7% del presupuesto 2026 destinado a los CEN-CINAI. “Me preocupa porque los CEN-CINAI enfrentan situaciones relacionadas con órdenes sanitarias y otras necesidades. Además, brindan atención y cuido a niños y niñas”, señaló Aguilar durante la sesión. La legisladora insistió en que el impacto de este recorte podría traducirse en una disminución de cobertura y calidad en la atención que reciben miles de menores en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta (PPSO), defendió la decisión y sostuvo que no se deben reducir los recursos destinados a los pensionados del RNC, subrayando que la propuesta cumple con la legalidad vigente. Acosta explicó que el Estado enfrenta una presión fiscal significativa y que, ante la urgencia de financiar las pensiones del régimen no contributivo, se recurrió a la redistribución de partidas presupuestarias. El diputado oficialista enfatizó que se trata de una medida responsable y que el gobierno mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población en situación de pobreza extrema.

La fracción del Partido Liberación Nacional consideró que la moción aprobada evidencia una deficiente planificación presupuestaria y cuestionó el procedimiento seguido en la Comisión, al señalar que la aprobación no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Legislativo. Además, los opositores recalcaron que la decisión afectará de manera directa a los programas de nutrición, educación y cuido infantil, así como a las familias beneficiarias de proyectos de vivienda social.

El recorte a los CEN-CINAI generó preocupación en organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la infancia, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en la atención integral a la niñez y la reducción de oportunidades para familias en comunidades vulnerables. Los CEN-CINAI ofrecen servicios fundamentales como alimentación, educación y cuidado a miles de niños y niñas en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y urbanas de alta exclusión social.

Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Nacional de CEN-CINAI no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el impacto que tendrá esta disminución presupuestaria. Diversos sectores sociales y políticos han solicitado una revisión de la medida y la búsqueda de alternativas que no impliquen recortes en programas sociales esenciales para el bienestar infantil y el acceso a la vivienda.

El debate legislativo en torno a la distribución de recursos públicos continúa en un contexto de restricciones fiscales, donde la prioridad del Ejecutivo se centra en asegurar el pago de pensiones y cumplir con las obligaciones del Estado en materia de seguridad social. La discusión sobre el financiamiento de los programas sociales y la protección de los sectores más vulnerables se mantendrá en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas.

El Salvador experimenta un aumento sin precedentes en la cantidad de trámites registrales en cinco departamentos, que encabezan el crecimiento a nivel nacional, según datos presentados por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. Las cifras, reveladas durante una sesión de trabajo, confirman una tendencia al alza en la actividad registral que impacta tanto en el sector inmobiliario como en el comercial y de propiedad intelectual.

De acuerdo con lo expuesto por Camilo Trigueros, el CNR reporta que Cabañas, Morazán y Cuscatlán se destacan con incrementos de hasta 29% en la cantidad de trámites realizados respecto al año anterior. Estos departamentos, junto a San Vicente y Chalatenango, que también muestran porcentajes de crecimiento de doble dígito, reflejan la expansión de la actividad registral más allá de la capital, marcando una dispersión geográfica que, según el funcionario, evidencia el dinamismo económico en distintas regiones del país.

Durante su comparecencia, Trigueros explicó que el crecimiento en los trámites del CNR abarca las cinco áreas que administra la institución: el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, el Registro de Comercio, el Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual (ISPI), el Registro de Garantías Mobiliarias y el Instituto Geográfico Nacional. En su intervención, el director subrayó que “en todos los departamentos tenemos doble dígito de crecimiento”, señalando que el desarrollo no se concentra únicamente en San Salvador sino que se encuentra extendido en todo el territorio nacional.

El reporte presentado ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión detalla que el número de trámites totales en el país prácticamente duplicó el volumen registrado en 2018.

En 2025, el CNR cerró con casi un millón y medio de gestiones, mientras que solamente en lo que va de 2026, hasta el 31 de mayo, la institución ya registra un crecimiento del 18% frente al mismo periodo del año anterior. Según la información oficial, “los trámites de compraventa de inmuebles y la creación de nuevas empresas están rompiendo récords históricos”.

El funcionario atribuyó este desempeño al proceso de modernización y simplificación de trámites implementado por el CNR en los últimos años. Entre las medidas destacadas se encuentra la digitalización de servicios como la emisión de certificaciones extractadas y literales, que ahora pueden solicitarse y recibirse en minutos a través de plataformas electrónicas. Además, la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ha permitido que miles de personas formalicen nuevas empresas de manera ágil, sin necesidad de notario y sin costo de registro.

En su exposición, Trigueros puntualizó que el incremento en los trámites no solo responde a la demanda de grandes empresarios, sino que ha facilitado la formalización de micro y pequeños emprendimientos en todos los departamentos del país. “Las oportunidades de negocio encuentran hoy un entorno más accesible y seguro para operar en El Salvador”, aseguró el funcionario ante los diputados presentes en la comisión.

El informe también resalta que la descentralización del crecimiento registral ha llevado a departamentos tradicionalmente menos activos a liderar el aumento de trámites, lo que, según el CNR, evidencia una transformación en la distribución de la inversión y la actividad económica. El caso de Cabañas, Morazán y Cuscatlán se presenta como ejemplo del impacto de las reformas legales y tecnológicas impulsadas en los últimos años.

La sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión concluyó con la participación de los diputados y el agradecimiento al CNR por la información proporcionada. Las cifras y testimonios presentados por Trigueros servirán como insumo para el análisis de la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, que actualmente se encuentra en estudio en el órgano legislativo.

Camilo Trigueros expuso este lunes ante la Asamblea Legislativa los avances del Centro Nacional de Registros (CNR) en digitalización, tiempos de respuesta y apoyo a la inversión en El Salvador.

El director del CNR informó sobre el aumento de la demanda de servicios, la creación de empresas y la reducción de plazos en trámites registrales.

Trigueros compareció ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa para emitir sus consideraciones sobre una nueva normativa de asocios públicos privados, pero no desaprovechó para emitir una breve rendición laboral.

Según expuso, el CNR administra cinco grandes registros: Propiedad Raíz e Hipotecas, Comercio, Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual (ISPI), Garantías Mobiliarias e Instituto Geográfico Nacional. Añadió que la institución gestiona cerca de 470 trámites, desde compraventas de inmuebles hasta la inscripción de marcas y garantías mobiliarias.

Creación de empresas y actividad inmobiliaria

En el registro de comercio, Trigueros informó sobre la creación de más de 4,000 nuevas empresas en lo que va del año, un crecimiento del 32% respecto de 2025.

Atribuyó ese resultado al modelo de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que permite constituir empresas sin notario, sin pago de derechos de registro y en menos de cuatro horas. Agregó que la plataforma CreaEmpresa integra trámites con otras entidades, como el Ministerio de Hacienda, Seguro Social y la Superintendencia de Registro Sanitario, y permite la constitución y formalización empresarial de manera virtual.

El director del CNR dijo además que el valor de las transferencias de dominio inmobiliario ya suma USD 2,000 millones en 2026, equivalente a un crecimiento del 16% respecto del año anterior.

Propiedad intelectual, garantías y cartografía

Trigueros señaló que el CNR incorporó innovaciones en el registro de garantías mobiliarias para que activos como paneles solares, marcas y acciones societarias puedan utilizarse como respaldo para acceder a financiamiento.

En propiedad intelectual, afirmó que la creación del ISPI y la nueva ley sectorial permitieron un aumento del 16% en el registro de marcas nuevas y una reducción de costos para microempresarios, estudiantes y emprendedores. En ese punto, sostuvo: “El Salvador sí logró disminuir los costos de propiedad intelectual”.

También presentó los resultados del proyecto El Salvador Maps, que permitió levantar imágenes de alta precisión de los 20.000 kilómetros cuadrados del país y compartirlas con plataformas internacionales como Google.

Digitalización de servicios y atención presencial

Según Trigueros, todos los departamentos registraron un crecimiento de doble dígito en trámites, con casos como Cabañas y Morazán con incrementos de hasta el 29%.

La modernización institucional incluye la automatización de servicios como la matrícula de empresas, la digitalización de 156 trámites y la entrega de más de un millón de documentos con firma electrónica y 250,000 con sello electrónico.

Añadió que el tiempo máximo de espera para atención presencial se redujo a 25 minutos, para atender a usuarios sin acceso digital.

Durante la sesión, los diputados reconocieron el impacto de las reformas y la simplificación de procesos impulsados por el CNR en la dinámica económica nacional. Trigueros dijo que la experiencia y capacidad del organismo facilitarán la implementación de la futura ley de alianzas público-privadas para ofrecer seguridad jurídica y eficiencia a inversionistas nacionales y extranjeros.

Demanda de servicios y reducción de plazos

Trigueros sostuvo que la modernización normativa y el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo impulsaron un crecimiento del 18% en la demanda de servicios en 2026 respecto del año anterior, con una proyección de cierre anual con cifras récord.

También indicó que, aunque el número de trámites pasó de 900,000 en 2018 a casi 1.5 millones en 2025, los tiempos de respuesta y atención bajaron. Explicó: “a mayor número de servicios, una disminución en el tiempo de respuesta”, a partir de la implementación de mecanismos electrónicos y servicios en línea.

Como ejemplo, señaló que trámites como certificaciones extractadas o literales inmobiliarias, que antes demoraban de tres a cinco días, ahora pueden resolverse en tres minutos y de forma digital, siete días a la semana, 24 horas al día.

La Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cumplió un año de vigencia en El Salvador. Aprobada en junio de 2025 por la Asamblea Legislativa (de manera exprés), la norma fijó reglas para el endeudamiento, la transparencia y la disciplina fiscal, y estableció metas para la deuda del sector público en 2030, 2035 y el largo plazo.

La ley crea normas y lineamientos para la estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo. El texto contempla una regla fiscal con objetivos explícitos de endeudamiento para el sector público, el desarrollo de un Marco Fiscal de Mediano Plazo y la publicación periódica de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas.

La aplicación de la norma alcanza a todas las entidades del Sector Público No Financiero, entre ellas el Gobierno Central, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, instituciones descentralizadas, empresas públicas no financieras y municipalidades.

También incluye a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las obligaciones vinculadas al sistema de pensiones.

Fija obligaciones para las instituciones públicas

Uno de los puntos centrales es la obligación de las instituciones públicas de suministrar al Ministerio de Hacienda toda la información requerida para consolidar el balance fiscal nacional.

El ministerio es la entidad rectora y responsable de coordinar la ejecución y supervisión de la norma, y puede emitir lineamientos técnicos obligatorios y establecer criterios de consistencia fiscal para las distintas entidades estatales.

El ministerio también debe publicar mensualmente el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, incluida la deuda previsional, desglosada por tipo de acreedor, instrumento y plazo.

La elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo se convierte en una herramienta para la gestión y la toma de decisiones sobre política fiscal. El instrumento incluye lineamientos de política, proyecciones económicas, metas anuales de deuda y análisis de riesgos fiscales, así como la evolución de las finanzas de las empresas públicas.

El marco debe cubrir cinco años y publicarse cada año en el Portal de Transparencia Fiscal.

Metas de deuda

La ley fija límites al endeudamiento del Sector Público No Financiero con el objetivo de que, en el largo plazo, la deuda con pensiones no supere el 70% del Producto Interno Bruto. Para alcanzarlo, el balance primario del sector público debe reflejar una tendencia continua de reducción en la relación deuda-PIB.

La norma establece que la deuda no podrá superar el 80% del PIB en 2030 y el 75% en 2035, mientras que la meta de largo plazo está prevista para 2045. Los ajustes y revisiones de estos parámetros pueden hacerse cada 10 años, siempre con justificación técnica del Ejecutivo y aprobación legislativa.

¿Qué prevé ante situaciones excepcionales?

La normativa también contempla mecanismos de flexibilidad ante eventos excepcionales. La Cláusula de Suspensión permite modificar temporalmente las metas de deuda frente a emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o caídas pronunciadas del PIB.

En esos casos, el Ministerio de Hacienda debe justificar y publicar cualquier suspensión, y definir una nueva senda fiscal para volver a los límites establecidos.

Durante este primer año, la publicación de reportes fiscales y la elaboración de los marcos fiscales anuales permitieron un mayor seguimiento del desempeño presupuestario. El gobierno informó avances en la consolidación de información financiera y en la identificación de riesgos asociados a las finanzas públicas.

La divulgación de los activos y pasivos de todos los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa de El Salvador quedó completada tras la publicación de la declaración patrimonial de Reinaldo Alcides Carballo Carballo, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Con este registro, el sitio web del Ministerio de Hacienda proporciona información patrimonial de los 60 legisladores elegidos para el periodo 2024-2027, un hecho que marca el cierre de una etapa de transparencia institucional impulsada por exigencias internacionales y normativas anticorrupción.

El Ministerio de Hacienda habilitó el portal de activos y pasivos a finales de mayo, desde entonces se podían consultar las declaraciones de 58 de los 60 diputados propietarios. La incorporación de los datos de Carballo permite completar el listado de este órgano del Estado.

De acuerdo con los datos oficiales, el diputado Carballo, quien también ocupa el cargo de secretario general del PDC, declaró activos por $5,612,675.96 y pasivos por $1,470,414.36, lo que sitúa su patrimonio neto en $4,142,261.60, el más elevado entre los actuales miembros de la Asamblea Legislativa.

El funcionario lidera así la tabla patrimonial, por encima de figuras como Claudia Carolina Toledo de Morán, con un patrimonio de $1,887,000.00, y Reynaldo Antonio López Cardoza, con $1,606,880.07. Estos datos pueden consultarse abiertamente en el sitio del Ministerio de Hacienda, digitando el nombre completo del legislador y la institución correspondiente.

Otros diputados como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, mantiene activos por $321,580 y pasivos por $89,205; es decir, tiene un patrimonio de $232,375. Mientras que la vicepresidenta legislativa, Suecy Beverley Callejas Estrada, tiene activos por $223,278 y pasivos por $172,813, reportando así un patrimonio de $50,465.

El listado completo, disponible en el portal gubernamental, muestra que la suma de activos de los 60 diputados asciende a $23,843,387, mientras que los pasivos llegan a $8,294,853. El patrimonio neto conjunto de la legislatura se ubica en $15,548,533.74.

El proceso de publicación de estos datos responde a compromisos internacionales y a la reciente legislación nacional. El Gobierno de El Salvador asumió, ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), la obligación de robustecer la transparencia fiscal y el control del enriquecimiento ilícito. El acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI, por $1,400 millones, incluyó entre sus condiciones la implementación de mecanismos como la divulgación patrimonial y la rendición de cuentas de los funcionarios.

En ese contexto, la Ley Especial de Combate a la Corrupción y Extinción de Dominio, aprobada por mayoría oficialista, estableció la obligación para todos los funcionarios de presentar declaraciones de activos y pasivos.

La normativa indica que el incumplimiento de este deber conlleva la destitución inmediata del cargo, además de posibles sanciones administrativas y penales para quienes falseen u oculten información. De acuerdo con el texto legal, la Superintendencia de Integridad y Ética Gubernamental es la entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento y de trasladar eventuales irregularidades al Ministerio Público.

El avance en la transparencia patrimonial tiene antecedentes complejos. En 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales presentadas por los funcionarios serían consideradas confidenciales. A partir de esa decisión, la información sobre variaciones en el patrimonio de los funcionarios públicos quedó reservada.

Actualmente, la consulta de la información patrimonial de los diputados es directa: los interesados deben ingresar el nombre completo del legislador y la institución “Asamblea Legislativa” en el sistema digital oficial. Esta apertura permite conocer los bienes reportados de cada diputado propietario, aunque las adendas y justificaciones de incrementos patrimoniales permanecen fuera del alcance público.

La publicación de estos datos representa un paso relevante en materia de transparencia y control del patrimonio público en El Salvador. Con esta información patrimonial se consolida el cumplimiento de los compromisos asumidos ante el FMI por las autoridades salvadoreñas.

Las diputadas Claudia Dobles Camargo y Abril Gordienko López presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tras considerar que una reciente decisión vulneró sus derechos parlamentarios y sentó un precedente peligroso para la democracia costarricense.

Ambas legisladoras solicitaron formalmente realizar una permuta entre sus participaciones en las comisiones legislativas permanentes especiales.

Argumentaron que el Reglamento de la Asamblea Legislativa reconoce expresamente este derecho y no impone restricciones en cuanto a la pertenencia a diferentes fracciones legislativas.

Sin embargo, la Presidencia Legislativa denegó la solicitud bajo el argumento de que las permutas no pueden realizarse entre diputadas de fracciones distintas, lo que las legisladoras calificaron como una interpretación arbitraria y carente de fundamento legal.

Según el comunicado, la resolución impugnada excede las competencias de la Presidencia Legislativa y crea una restricción inexistente en la normativa interna, lo que constituye una afectación directa a los derechos fundamentales de representación política.

Dobles y Gordienko sostienen que la permuta propuesta cumplía con todos los requisitos: ambas son titulares en sus respectivas comisiones, la solicitud se presentó en el plazo reglamentario y ninguna ostenta la presidencia de las comisiones involucradas.

Además, el intercambio no alteraría la representación partidaria ni la paridad de género, ya que se trata de una permuta entre dos mujeres.

La controversia cobra relevancia pública porque las comisiones legislativas son espacios esenciales donde se discuten y dictaminan proyectos de impacto nacional. Impedir de manera arbitraria la participación de representantes electos, según las diputadas, debilita la representación democrática y el respeto al Estado de Derecho.

La Sala Constitucional ha reiterado en resoluciones anteriores que la permuta es un derecho parlamentario funcional y que la Presidencia Legislativa no puede vetarlo por criterios políticos siempre y cuando se cumplan los requisitos formales. Al desconocer dicha jurisprudencia, la Asamblea Legislativa podría exponerse a una condena constitucional con consecuencias institucionales y patrimoniales.

La diputada Abril Gordienko López advirtió que la decisión afecta especialmente a las fracciones unipersonales, que solo pueden ejercer el derecho de permuta con legisladores de otros partidos. Negar esta posibilidad genera una desigualdad injustificada y vulnera el principio de igualdad parlamentaria. Claudia Dobles Camargo, por su parte, subrayó que “no se puede permitir que interpretaciones arbitrarias vacíen de contenido los derechos que la ley garantiza a las diputaciones, ya que ello sienta un precedente peligroso para el funcionamiento democrático del Parlamento”.

Ambas legisladoras manifestaron que seguirán participando activamente en las comisiones y cumpliendo sus responsabilidades, pero defenderán por todas las vías legales el respeto a la Constitución, el Reglamento Legislativo y los derechos de todas las diputaciones. “Defender estos derechos, concluyeron, es también defender el derecho de la ciudadanía a una Asamblea Legislativa plural, respetuosa de la ley y libre de abusos desde la Presidencia legislativa”.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, su primer calendario de recesos del período 2026-2027, una decisión que suspenderá sesiones y plazos entre julio de 2026 y marzo de 2027 y que deja definidos desde el primer mes de trabajo los días libres del Congreso para medio año, fin de año y Semana Santa.

La moción fija 16 días de receso y suma tres feriados, para un total de cuatro semanas sin actividad legislativa. Durante esos períodos se suspenden los plazos legales y reglamentarios, así como las sesiones del plenario y de las comisiones.

El acuerdo fue votado antes del cierre de la sesión del plenario de este jueves 28 de mayo. Dos diputaciones se opusieron: el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Otros dos legisladores no estaban presentes al momento de la votación, por lo que la moción recibió el respaldo de 53 congresistas de un total de 57.

El primer receso coincidirá con las vacaciones escolares de julio

Según la moción leída por Gerald Bogantes Rivera, primer secretario del directorio legislativo, el primer receso irá del 6 al 10 de julio de 2026. Ese tramo coincide con la primera semana de vacaciones de medio período del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, previstas del 6 al 17 de julio.

El segundo receso abarcará del 21 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el texto aprobado, el último día laboral del año será el viernes 18 de diciembre y los diputados retomarán sus funciones el lunes 4 de enero de 2027.

La tercera pausa quedó programada del 22 al 24 de marzo de 2027. A esos tres días se agregan los feriados de Jueves y Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, por lo que la actividad legislativa se reanudará el lunes 29 de marzo.

La votación llegó cuando el Congreso cerraba su primer mes de funciones

La definición del calendario de recesos se produjo cuando concluía el primer mes de trabajo de los diputados electos en febrero y que comenzaron funciones el 1 de mayo. La Asamblea cumple un mes de labores a inicios de junio.

El acuerdo mantiene una práctica que ya venía del período anterior, cuando los recesos de Días Santos, medio año y Navidad y Año Nuevo se aprobaron cada año. En esta ocasión, los nuevos diputados dejaron resueltas sus vacaciones de los próximos meses apenas iniciado el período 2026-2030.

Según la moción de orden sometida al plenario, durante los recesos cesará toda la actividad legislativa. Eso incluye tanto las sesiones del plenario como las de comisiones y la suspensión de todos los plazos legales y reglamentarios.

La nueva circunscripción para la diáspora salvadoreña ya está vigente en El Salvador desde el 23 de mayo de 2026, tras una reforma al Código Electoral publicada el 15 de mayo en el Diario Oficial y divulgada el 28 de mayo. El cambio crea seis escaños para votantes en el exterior y reacomoda la representación en la Asamblea Legislativa.

El texto legal asigna seis diputados a “en el extranjero” y los descuenta de los dos departamentos con más población, de acuerdo con el censo nacional de 2024: San Salvador baja de 16 a 11 curules y La Libertad de siete a seis, según la normativa.

La reforma también modifica reglas de votación y partidos de cara a las elecciones de 2027, al incluir cambios sobre documentos de identidad, postulación de salvadoreños fuera del país, financiamiento privado, prohibiciones para afiliación y propaganda, y un piso de participación femenina en planillas.

Distribución de los 60 escaños legislativos

Con la redistribución, la Asamblea Legislativa queda conformada por 60 escaños. San Salvador tendrá 11 diputados (antes 16) y La Libertad seis (antes siete), con base en la población consignada por el censo de 2024: 1.563.371 habitantes en San Salvador y 765.879 en La Libertad, según el detalle incluido en la reforma.

Distribución de los 60 escaños legislativos:

• San Salvador: 11 diputados (antes 16) – Población: 1,563,371
• La Libertad: 6 diputados (antes 7) – Población: 765,879
• Santa Ana: 5 diputados – Población: 552,938
• San Miguel: 5 diputados – Población: 447,634
• Sonsonate: 5 diputados – Población: 470,455
• Usulután: 4 diputados – Población: 325,494
• Ahuachapán: 3 diputados – Población: 348,880
• La Paz: 3 diputados – Población: 318,374
• La Unión: 2 diputados – Población: 224,375
• Cuscatlán: 2 diputados – Población: 244,901
• Chalatenango: 2 diputados – Población: 185,930
• Morazán: 2 diputados – Población: 169,784
• San Vicente: 2 diputados – Población: 161,857
• Cabañas: 2 diputados – Población: 143,049
• En el extranjero: 6 diputados

El nuevo artículo 13 del Código Electoral dispone que la cantidad de escaños para el exterior se integrará mediante la redistribución desde los departamentos con mayor población, con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de representación proporcional, según el texto publicado en el Diario Oficial.

Otras reformas electorales y cambios en la Ley de Partidos Políticos

La misma reforma introduce cambios en la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y en la Ley de Partidos Políticos. Entre las disposiciones, el texto establece que para votar en 2027 no será necesaria la vigencia de los documentos de identidad.

También define que el voto de salvadoreños en el extranjero se asignará a la circunscripción nacional o, para la Asamblea Legislativa, a la circunscripción en el extranjero si el domicilio está fuera del país, de acuerdo con la redacción aprobada. La norma reconoce, además, el derecho de salvadoreños en el exterior a postularse a cargos de elección popular si cumplen los requisitos legales, según el articulado.

En materia partidaria, la reforma fija nuevos términos para postular candidaturas y para recibir financiamiento privado, exige contabilidad formal y obliga a presentar informes detallados sobre fondos privados, según los cambios introducidos a la Ley de Partidos Políticos.

El texto prohíbe afiliar a ministros religiosos, miembros activos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, y restringe el uso de símbolos patrios en propaganda. También prohíbe recurrir a la violencia, afectar el funcionamiento estatal o la imagen de candidatos, de acuerdo con la normativa.

En cuanto a integración de planillas, establece que las candidaturas a diputaciones y concejos municipales deberán incluir al menos 30% de mujeres, y habilita que los partidos pacten coaliciones en todos los niveles, incluidas las circunscripciones en el extranjero.

Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 27 de mayo, en la sesión ordinaria número 111, la prórroga número 51 del régimen de excepción. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, se ha consolidado como el principal recurso del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y mantener los niveles de seguridad pública.

Con esta nueva ampliación, el régimen de excepción se mantendrá vigente durante 30 días más, extendiendo la suspensión de ciertas garantías constitucionales con el objetivo declarado de consolidar los avances logrados en la lucha contra el crimen organizado.

Tras la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro justificó que la continuidad se debe a la reducción significativa de homicidios y la captura de más de 90 mil pandilleros, afirmando que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos a un referente en seguridad regional.

“Hoy, cuatro años después, los resultados hablan por sí solos. El Salvador ha pasado de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en referente internacional en materia de seguridad”, abogó el parlamentario.

De igual manera, el diputado Reynaldo Cardoza manifestó un respaldo total y reiterado al régimen de excepción, asegurando que su partido (PCN) ha apoyado la medida desde el inicio y continuará haciéndolo cada vez que sea necesario.

Cardoza afirmó que El Salvador ahora es un país libre de violencia, sin asesinatos en el transporte público ni crímenes atroces contra menores, situaciones que según expuso eran frecuentes en el pasado.

“Queremos reafirmar nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y decirte que vamos a seguir votando cuantas veces sean necesarias para tener un país libre, totalmente de maras, para tener un país en tranquilidad, un país en paz, tal y como lo estamos viviendo en estos momentos”, expuso Cardoza.

La postura del órgano legislativo frente a la continuidad de la medida ya había sido adelantada con firmeza por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. En una reciente entrevista concedida al espacio Frente a Frente, el legislador fue categórico al declarar que “el régimen de excepción va a ser prorrogado las veces que sea necesario”.

Castro defendió que cada votación en el salón azul no es una decisión aislada, sino un mandato directo y respaldado por la ciudadanía que exige mantener la tranquilidad lograda en los barrios y colonias del país.

Durante su intervención, Castro destacó que la articulación entre la Presidencia, el gabinete de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República ha permitido alcanzar logros inimaginables en el pasado.

El funcionario detalló que bajo la actual administración se acumulan más de 1,200 días sin homicidios, de los cuales más de 100 corresponden al transcurso del presente año 2026. Para la bancada oficialista, estas estadísticas rompen con décadas de violencia social y sustentan la legalidad legítima de las prórrogas.

Récord de aprobación a Bukele y aval ciudadano a su política de seguridad, según CID Gallup

La nueva extensión se produce en una jornada marcada por la presentación de los resultados de la última encuesta de la firma CID Gallup, la cual revela un respaldo sin precedentes históricos hacia la gestión del presidente Nayib Bukele y sus políticas de control de la violencia criminal.

El gerente general de CID Gallup, Luis Haug, presentó los datos del estudio basado en 1,200 entrevistas telefónicas realizadas a nivel nacional. La medición confirma que la agenda política y social del país sigue dictada por el éxito de las estrategias contra las pandillas.

Según el reporte, el mandatario alcanza un 93% de aprobación a su imagen y un histórico 98% de satisfacción ciudadana respecto al abordaje gubernamental en seguridad. Haug subrayó que estos niveles de aceptación representan un hito en la región, consolidando las acciones locales como una experiencia única en Latinoamérica.

El impacto directo en la vida cotidiana de la población se refleja en que el 97% de los salvadoreños encuestados afirmó no haber sido víctima de ningún crimen en los últimos cuatro meses.

Asimismo, el 95% avaló la estrategia directa contra las estructuras criminales y un 83% se mostró a favor de aplicar medidas más estrictas para los reclusos y aquellos delincuentes que aún están pendientes de captura.

Estos indicadores justifican la continuidad de la herramienta legal en el Parlamento, donde el bloque oficialista defendió la necesidad de no dar marcha atrás.

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de armonización del mercado eléctrico con 27 votos, una iniciativa que amplía la participación privada en la generación y comercialización de energía, pero que aún no reúne los 38 apoyos requeridos para superar el segundo debate por la creación del nuevo Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional.

El texto recibió 25 votos en contra: 16 diputados del Partido Liberación Nacional, los siete del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. La oposición además anunció que enviará la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional y que no dará los 38 votos necesarios para la aprobación final.

La votación se realizó antes de las 22:00 de este martes porque funcionarios del Congreso acumulaban más de 12 horas de trabajo y la ley lo prohíbe, después de un reclamo del diputado del Frente Amplio José María Villalta a la presidenta legislativa Yara Jiménez. La discusión en el plenario se extendió durante seis horas.

El proyecto abre el mercado y crea un nuevo ente autónomo

La iniciativa permitiría que, además del Instituto Costarricense de Electricidad, empresas privadas, cooperativas y otros actores generen y vendan electricidad dentro de un esquema regulado por el Estado. Hoy, toda la energía privada solo puede ser adquirida por el ICE bajo un sistema de cuotas.

El cambio institucional central es la creación del Ecosen, una nueva institución autónoma que coordinaría técnicamente el sistema y administraría el mercado eléctrico, también asumiría funciones de operación, planificación y administración que hoy recaen en el ICE.

Según la propuesta, la planificación del sistema eléctrico quedaría bajo las políticas del Ministerio de Ambiente y Energía. El Ecosen elaboraría el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la Transmisión Nacional y su funcionamiento se financiaría mediante un canon eléctrico.

El proyecto también plantea flexibilizar la compra y contratación de electricidad entre distribuidoras y generadores privados, fortalecer la generación distribuida, permitir la permanencia de pequeñas plantas dentro del sistema nacional y abrir el acceso al Sistema Eléctrico Nacional a personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos técnicos y legales.

La necesidad de una mayoría calificada surgió por un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que concluyó que el expediente requiere al menos 38 votos por crear una institución autónoma. Esa exigencia convierte el segundo debate en el principal obstáculo del proyecto.

La oposición cuestiona el impacto sobre el ICE y las tarifas

El jefe de fracción del PLN Álvaro Ramírez sostuvo que la iniciativa afectaría el “modelo solidario” del sistema eléctrico y no garantiza una reducción en las tarifas para hogares y pequeños comercios. También afirmó que la creación del Ecosen restaría protagonismo al ICE y abriría espacio a una mayor injerencia política al quedar bajo influencia del Minae.

El Frente Amplio afirmó que la aprobación del proyecto generaría “tarifazos”, apagones y aumentos en los recibos eléctricos por el alza en los precios derivada de la competencia entre productores. La diputada Sigrid Segura, del FA, sostuvo que el oficialismo no ha dado “ni un solo argumento” de por qué esa ley no implicaría una desmantelación del sistema eléctrico.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, señaló que el país debe modernizar su sistema eléctrico, pero que ese proceso no debe traducirse en un socavamiento de las entidades públicas. A las objeciones parlamentarias se sumaron protestas de sindicatos, movimientos estudiantiles y otros grupos a las afueras del Congreso y en la barra del público.

El oficialismo defendió la modernización del sistema

Durante la discusión, los diputados oficialistas defendieron que el país necesita modernizar el sistema eléctrico y ampliar la participación de otros actores en la generación de energía. La diputada Nayuribe Guadamuz, indicó: “No vamos a permitir que, en nombre de una falsa modernización, desmonten en silencio el modelo del país que tantos costarricenses construyen con esfuerzo. Este proyecto mantiene la rectoría del Estado, mantiene la regulación tarifaria de la Aresep, mantiene la transmisión y distribución reguladas, mantiene el principio de solidaridad y mantiene al ICE como actor estratégico del sistema eléctrico costarricense”.

El primer debate dejó aprobado el expediente con 27 votos a favor y 24 en contra. Pese a ese aval inicial, la iniciativa todavía depende de una mayoría reforzada que la oposición ya adelantó que no respaldará en el plenario.

El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales apuestas del Gobierno de Laura Fernández, enfrenta este martes un escenario político cuesta arriba en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que la diputada Claudia Dobles y la fracción del Partido Liberación Nacional anunciaran oficialmente su voto en contra de la iniciativa.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 23.414, pretende transformar el modelo eléctrico costarricense mediante cambios en la participación estatal y privada dentro del mercado energético. Sin embargo, sus críticos sostienen que el texto debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), rompe el principio solidario del sistema y podría terminar elevando las tarifas para hogares y pequeñas empresas.

La posición del Partido Liberación Nacional (PLN) se oficializó este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de fracción, Álvaro Ramírez, y el excandidato presidencial Álvaro Ramos. La bancada verdiblanca confirmó que sus 17 diputados votarán negativamente el proyecto, una decisión que prácticamente deja sin posibilidades matemáticas al oficialismo de alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma.

“El país necesita un ICE fuerte y este proyecto lo debilita”, afirmó Ramírez al justificar la decisión del partido. La agrupación sostuvo además que Costa Rica sí requiere modernizar su sistema eléctrico, pero bajo un modelo distinto al planteado por el Gobierno.

Claudia Dobles endureció la oposición al proyecto

Horas antes del anuncio liberacionista, la diputada Claudia Dobles también confirmó públicamente que votará en contra del expediente, una decisión que terminó consolidando un bloque opositor suficiente para bloquear la iniciativa.

En un video divulgado durante el fin de semana, Dobles aseguró que el proyecto “no garantiza el modelo solidario y universal” que actualmente sostiene el sistema eléctrico nacional y advirtió que podría incrementar el precio de la electricidad para las familias y pequeños negocios.

La legisladora, quien llegó al Congreso mediante la coalición Agenda Ciudadana, afirmó además que el texto contiene “deficiencias importantes” y deja al ICE “sin herramientas pero con todas las responsabilidades”. Según explicó, la propuesta genera conflictos de interés institucionales y no asegura cobertura equitativa para todo el territorio nacional.

La posición de Dobles resultó especialmente relevante debido a que, hasta hace pocos días, distintos sectores políticos mantenían dudas sobre el sentido final de su voto. Su rechazo terminó alineándose con la postura ya anunciada por el Frente Amplio, que también confirmó oposición al expediente.

El Gobierno pierde margen político en la Asamblea

La reforma eléctrica requiere al menos 38 votos en el Congreso debido a cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la autonomía constitucional del ICE y a la creación de nueva institucionalidad autónoma. Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que el proyecto entra en el ámbito de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, lo que obliga a una mayoría calificada.

Sin el apoyo del PLN y con la oposición ya confirmada del Frente Amplio y Claudia Dobles, el oficialismo quedó matemáticamente lejos de los votos necesarios. Actualmente, el Gobierno y sus aliados suman cerca de 31 apoyos legislativos, insuficientes para sacar adelante la iniciativa.

El exministro de Hacienda y figura clave del oficialismo, Nogui Acosta, reconoció este lunes que el Gobierno no esperaba el rechazo liberacionista.

Mientras tanto, sectores empresariales y cámaras industriales han defendido la propuesta argumentando que Costa Rica necesita mayor capacidad de generación eléctrica, tarifas más competitivas y herramientas para enfrentar el crecimiento de la demanda energética.

El debate ocurre además en medio de advertencias sobre posibles riesgos de racionamientos, aumento del consumo eléctrico y presión sobre la infraestructura energética nacional.

El modelo eléctrico vuelve al centro de la disputa política

La discusión alrededor del proyecto terminó convirtiéndose en uno de los principales choques políticos del inicio de la nueva legislatura.

Para el oficialismo, la armonización eléctrica representa una modernización necesaria para responder al crecimiento económico y tecnológico del país. Pero para sus opositores, el expediente abre la puerta a una transformación estructural que podría debilitar el modelo solidario construido históricamente alrededor del ICE.

El PLN anunció incluso que impulsará una propuesta alternativa denominada “ley de emergencia y seguridad energética”, enfocada en evitar eventuales racionamientos sin modificar profundamente el modelo actual.

La votación está programada para este martes en el plenario legislativo y se anticipa como una de las discusiones más tensas del año político.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, debutó este miércoles con un nuevo formato de conferencias semanales desde Casa Presidencial, en una jornada cargada de anuncios políticos, económicos y de infraestructura, donde el tema central fue el avance del proyecto del tren eléctrico “Tibby”, recientemente aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Fernández aprovechó su primera conferencia de prensa de los miércoles para marcar el tono de su administración: confrontación con proyectos anteriores, defensa de la obra pública y presión política para acelerar iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.

La actividad arrancó con un mensaje contundente sobre el financiamiento del tren eléctrico, proyecto que recibió respaldo unánime de los 57 diputados y que, según la mandataria, representa una solución histórica para los problemas de congestión vial en la Gran Área Metropolitana.

“Es un día de alegría para todo el pueblo de Costa Rica. Hoy vamos a firmar esta importante ley que le va a dar los recursos al INCOFER para poder tener en el menor tiempo posible esta solución a las grandes presas”, afirmó Fernández durante el acto oficial de firma junto al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, y el presidente ejecutivo del INCOFER, Álvaro Bermúdez.

El Gobierno aprovechó además para lanzar críticas contra el proyecto ferroviario impulsado en la administración anterior por la hoy diputada Claudia Dobles. Durante uno de los videos proyectados en la conferencia, se desmintieron varios cuestionamientos hechos por Dobles sobre el plan “Tibby”, particularmente relacionados con tarifas, pasos a desnivel y costos por kilómetro.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo, el nuevo proyecto tendría un costo de 800 millones de dólares para 52 kilómetros, frente a los 1,500 millones de dólares que habría requerido el tren planteado por la administración anterior para 86 kilómetros.

Fernández aseguró que el nuevo Congreso ha mostrado “vientos de cambio” y celebró la relación política con la actual Asamblea Legislativa, liderada por la bancada oficialista y la presidenta legislativa Yara Jiménez.

La mandataria incluso estrenó un nuevo segmento denominado “De la mano con el Congreso”, donde el Ejecutivo repasó los proyectos aprobados o avanzados durante las primeras semanas legislativas. Entre ellos destacó el financiamiento del tren eléctrico, programas para reconstrucción de infraestructura afectada por emergencias, recursos para el agro, reformas al PANI y la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.

“¿Se dan cuenta que sí podíamos? ¿Se dan cuenta de lo increíble que es trabajar en equipo cuando se suman fuerzas y nuevos bríos al servicio del pueblo de Costa Rica?”, expresó Fernández.

Durante la conferencia también participó el jefe de fracción oficialista, Nogu Acosta, quien afirmó que “bien valió su voto”, al señalar que el oficialismo ahora cuenta con una mayoría legislativa que permite impulsar proyectos estratégicos del Ejecutivo.

Otro de los anuncios relevantes giró en torno a la economía y el turismo. El Gobierno informó que Costa Rica recibió más de 1,195 millones de turistas por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año, lo que representa un crecimiento del 10,5% respecto al mismo periodo del 2025.

Fernández destacó además el aumento en las frecuencias de vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa, que pasará de tres a cinco vuelos semanales hacia Costa Rica.

En materia económica, el Ejecutivo resaltó que el Instituto Nacional de Seguros alcanzó un capital social superior al billón de colones y anunció el impulso de un nuevo seguro paramétrico para productores de café afectados por sequías o exceso de lluvias.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, explicó que este mecanismo permite activar pagos automáticos sin necesidad de inspecciones presenciales cuando se registran condiciones climáticas extremas previamente definidas.

“El agricultor puede pronto tener su dinero y volver a sembrar”, señaló Chacón.

Otro de los momentos más celebrados por el oficialismo fue la actualización sobre el avance de la carretera a San Carlos, específicamente en la llamada “punta sur”, obra que Fernández describió como una deuda histórica con la zona norte y Occidente del país.

Según datos presentados por el MOPT, durante el último mes se removieron 190 mil metros cúbicos de tierra y uno de los tramos ya supera el 73% de excavación. Además, el Gobierno informó sobre la construcción del que sería el viaducto más largo de Costa Rica, con más de 300 metros de longitud.

“Si fuera fácil, otros lo habrían hecho hace mucho. Nosotros decidimos comernos la bronca y estamos cumpliendo”, afirmó uno de los videos institucionales proyectados durante la conferencia.

La jornada también incluyó anuncios sobre pruebas prácticas de manejo sin cita previa en el Estadio Nacional, la restauración del histórico Teatro Variedades y la feria de empleo Talent de PROCOMER, que reunió a más de 11,La400 personas.

Con este nuevo formato semanal, Laura Fernández busca consolidar un espacio permanente de comunicación política y rendición de cuentas, combinando anuncios de Gobierno, propaganda institucional y mensajes dirigidos tanto a la oposición como a la ciudadanía.

Una nueva interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta redefine los criterios para la deducción de costos y gastos empresariales, incorporando cambios clave en la documentación y admisibilidad de las mermas y pérdidas a partir del 19 de mayo de 2026.

La Asamblea Legislativa aprobó una interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que entra en vigor este 19 de mayo, según el decreto publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo.

El nuevo texto reitera la interpretación de 2019, pero incorpora dos disposiciones centrales que impactan la contabilidad y los registros de las empresas.

El nuevo marco establece que se considerarán costos y gastos necesarios para la producción de la renta todos aquellos que sean indispensables y propios del negocio, siempre destinados exclusivamente al cumplimiento de su finalidad.

Esto incluye mermas, pérdidas o gastos incurridos, tanto para la producción de renta como para la conservación de su fuente, siempre que tengan un costo real y razonable, sean inherentes a la actividad y estén debidamente documentados.

La reforma agrega que la merma o pérdida, para ser deducible, debe estar registrada en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente, eliminando el requisito previo de que fueran reconocidas por organismos reguladores.

Según el texto oficial, “la merma, pérdida, gasto o costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible toda vez que los valores reclamados estén debidamente documentados y registrados en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente según corresponda”.

Otra modificación relevante especifica que no será necesario que resulte impuesto computado para que el costo o gasto sea admitido como deducible al establecer la renta imponible.

De acuerdo con el decreto, “para que sea admisible como deducible este costo o gasto al momento de establecerse la renta imponible del ejercicio en que se incurre, no será necesario que resulte impuesto computado”.

El texto, que queda incorporado al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, aplica a todos los sectores económicos, incluyendo industria, comercio y servicios, y menciona ejemplos como la comercialización de bienes perecederos, bienes de consumo, textiles, industria eléctrica y sector hidrocarburos.

Además, la disposición faculta a la Dirección General de Impuestos Internos para emitir instrucciones, resoluciones y guías administrativas que aseguren la correcta aplicación de la interpretación. El decreto señala que la interpretación será de carácter definitivo y deroga la anterior interpretación de 2019, la cual perderá vigencia al momento de la entrada en vigor de la nueva disposición.

La medida buscaría dar certidumbre sobre los criterios de deducción en la determinación de la renta neta y establece parámetros claros sobre la documentación y justificación requerida para los costos y gastos que se reportan como deducibles ante la administración tributaria.

“Que sin perjuicio de la referida interpretación, se ha advertido que, desde la aprobación de la misma, a la fecha, existen algunos aspectos , que demandan de la imperiosa necesidad de ser aclarados, a través de una interpretación auténtica al artículo 28 de la referida ley, con la finalidad de definir los reales alcances, de la citada disposición legal, para que tanto su aplicador, como el sujeto a quien se le aplica, tenga de una manera clara los reales alcances del contenido”, se justificó.

La fracción legislativa del Frente Amplio presentó una moción en el Plenario Legislativo para crear una comisión especial mixta enfocada en reformar y fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

La iniciativa surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la mora judicial, el atraso en casos de corrupción de alto perfil y las dificultades de acceso a la justicia que enfrentan distintos sectores de la población.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que la propuesta pretende demostrar que es posible impulsar cambios profundos dentro del sistema judicial sin debilitar la institucionalidad democrática ni la independencia de poderes.

“Costa Rica necesita una justicia más pronta, transparente y accesible. La ciudadanía está cansada de grandes casos de corrupción que no avanzan y de problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia. Frente a eso, propondremos soluciones serias, democráticas y técnicamente responsables”, afirmó el legislador frenteamplista.

Comisión buscará acuerdos para modernizar la justicia

La propuesta, impulsada junto a diputados de otras bancadas legislativas, plantea la creación de un espacio de análisis, investigación y construcción de acuerdos orientados a atender problemas estructurales del sistema de administración de justicia.

Entre los principales temas que abordaría la comisión destacan la mora judicial, la sobrecarga de expedientes, la transparencia institucional y la digitalización de procesos judiciales.

Además, el grupo analizaría el fortalecimiento de la carrera judicial, el uso de nuevas tecnologías y las barreras que enfrentan poblaciones vulnerables para acceder a servicios de justicia.

La intención es que la comisión también pueda estudiar y dictaminar proyectos de ley relacionados directamente con la modernización del sistema judicial costarricense.

Expertos y sociedad civil participarían en el proceso

Uno de los puntos centrales de la propuesta es incorporar participación de sectores externos al Congreso.

La comisión incluiría audiencias y espacios de consulta con especialistas en derecho, organizaciones de sociedad civil, trabajadores judiciales y entidades vinculadas al sistema de justicia.

Según el Frente Amplio, el objetivo es generar recomendaciones concretas y propuestas legislativas técnicamente fundamentadas que permitan modernizar el Poder Judicial y mejorar la atención a la ciudadanía.

Debate sobre independencia judicial

La iniciativa aparece en un contexto de tensión política alrededor del Poder Judicial y de constantes cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento de tribunales y fiscalías.

En ese escenario, Trejos Mazariegos insistió en que reformar el sistema no debe confundirse con debilitar la independencia judicial.

“Defender la independencia judicial no implica negar los problemas existentes dentro del sistema, sino asumir con responsabilidad la tarea de reformarlo y fortalecerlo sin caer en ataques que debiliten la separación de poderes o abran espacio a presiones políticas sobre la justicia”, señaló.

El legislador agregó que Costa Rica necesita un Poder Judicial “independiente, fuerte, moderno, transparente y democrático”, capaz de garantizar justicia pronta y cumplida para toda la población.

Mora judicial sigue siendo uno de los principales reclamos

La mora judicial se ha convertido en uno de los problemas más señalados por distintos sectores sociales y empresariales en Costa Rica.

Procesos que tardan años en resolverse, investigaciones de corrupción sin sentencia y retrasos en distintas materias judiciales forman parte de las principales críticas que enfrenta el sistema.

Diversos informes institucionales y organismos internacionales han advertido durante los últimos años sobre la necesidad de acelerar procesos, fortalecer herramientas digitales y mejorar la eficiencia administrativa del Poder Judicial.

La propuesta del Frente Amplio abre ahora un nuevo debate político sobre cómo reformar el sistema judicial sin comprometer la independencia de los jueces ni alterar el equilibrio entre poderes del Estado.

Con la finalidad de armonizar el sistema electoral para los salvadoreños que residen fuera del país y en concordancia con la reciente reforma constitucional, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que establece cómo será la asignación del voto de la diáspora salvadoreña para tener representación legislativa.

La reforma define con precisión la distribución del voto tomando como base el Documento único de Identidad (DUI) y el pasaporte de los salvadoreños en el exterior. En ese sentido, el artículo cuatro de la ley reformada establece la asignación del sufragio conforme con el tipo de elección de la siguiente manera:

• Elección de Presidente y Vicepresidente: Todos los votos emitidos por salvadoreños en el extranjero se asignarán a la circunscripción nacional, independientemente del domicilio registrado en el DUI.

• Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa: Se aplicarán criterios diferenciados según el domicilio consignado en el DUI:

• Si el domicilio en el documento de identidad está registrado fuera del territorio nacional, el voto se asignará a la circunscripción en el extranjero.

• Si el domicilio según el DUI corresponde a un lugar dentro del territorio nacional, el voto se asignará al municipio o departamento que figure en ese documento.

• Si el votante ejerce el sufragio usando pasaporte, el voto se asignará a la circunscripción en el extranjero, sin importar si el pasaporte fue emitido dentro o fuera de El Salvador.

Con esta disposición, la residencia declarada en el DUI o el uso del pasaporte determinarán el destino del voto. Además, para el proceso electoral de 2027, no será necesario que el DUI esté vigente para ejercer el derecho al sufragio en el extranjero.

El cambio fue aprobado con 57 votos a favor, en su mayoría con votos del partido oficialista, después de haber reformado el Código Electoral tras una acalorada discusión parlamentaria entre diputados de Nuevas Ideas y las diputadas de oposición, Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Claudia Ortíz, del partido VAMOS.

Posteriormente, los parlamentarios aprobaron también reformas a la Ley de Partidos Políticos, con el propósito de adecuar la organización electoral a los nuevos parámetros constitucionales y garantizar mayor transparencia y control en la vida interna de estos institutos.

Los principales puntos de la reforma incluyen el reconocimiento de la existencia de cuatro tipos de circunscripciones para la elección de autoridades y candidatos a cargos de elección popular: nacional, departamental, municipal y en el extranjero. Los miembros o afiliados de los partidos podrán elegir y postular candidaturas en la circunscripción correspondiente. Asimismo, se establece que los partidos deben realizar elecciones internas libres, directas, igualitarias y secretas para la selección de sus candidatos y autoridades, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

La reforma establece la obligación para los partidos de llevar contabilidad formal, contar con auditoría interna, informar sobre el uso de fondos privados y detallar los montos de financiamiento privado. Toda esta información deberá estar disponible para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de Hacienda, así como para autoridades que la requieran en procesos judiciales. Entre los cambios también se prohíbe a los partidos afiliar a ministros de culto religioso, miembros activos de la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil (PNC), recurrir a la violencia, impedir el funcionamiento de instituciones del Estado y dañar la imagen personal de candidatos y familiares.

Sobre las coaliciones, se regula el derecho de pactar coaliciones entre partidos en todos los niveles de circunscripción, estableciendo requisitos claros para su inscripción y funcionamiento, así como las consecuencias en caso de no alcanzar el porcentaje de votos válidos. Un punto a destacar es que los partidos deberán integrar en sus planillas al menos un 30% de candidatas mujeres para las diputaciones y concejos municipales, incluyendo la circunscripción en el extranjero.

Con estas reformas, el sistema electoral salvadoreño avanza hacia la inclusión plena de la diáspora, la transparencia en la vida partidaria y la modernización de los procesos de representación política, según los diputados, permitiendo que los salvadoreños en el exterior tengan una participación efectiva y representativa en la vida democrática del país.

La reforma constitucional que habilita una circunscripción electoral especial para los salvadoreños residentes en el exterior entrará en vigencia el 15 de mayo de 2025, según consigna la última edición del Diario Oficial de El Salvador. A partir de esa fecha, estos ciudadanos podrán ejercer el derecho al voto por representantes propios en la Asamblea Legislativa. Además, se consolidarán cambios en la composición y en el método de designación del Tribunal Supremo Electoral, dirigidos a reducir la influencia de los partidos políticos en su integración.

El nuevo marco constitucional surge tras la modificación de los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República. Hasta ahora, la participación electoral de la diáspora salvadoreña estaba regulada por la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada en 2022.

El decreto legislativo oficializado en el Diario Oficial señala que en las elecciones de 2024, los votantes en el exterior que eligieron la modalidad remota por Internet tenían sus votos asignados automáticamente a diputados por el departamento de San Salvador, sin poder elegir representantes de su departamento de origen.

En los comicios de 2027, quienes cuenten con un Documento Único de Identidad (DUI) con dirección internacional podrán votar directamente por candidatos de una circunscripción específica para salvadoreños en el extranjero, formalizando la representación directa de esta comunidad en el Órgano Legislativo nacional.

Esta medida se ratificó sin conocerse que se mantendrían en 60 en total de diputaciones y que se restarían representantes a los departamentos de San Salvador y La Libertad, para otorgarlos a la diáspora salvadoreña.

En la redacción final del artículo 79, la Constitución establece: “En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero el registro electoral”, según el Diario Oficial de El Salvador. Esta disposición adapta la distribución de escaños y la estructura de la representación parlamentaria a la realidad demográfica de los salvadoreños fuera del país.

La reforma constitucional también introduce un cambio fundamental en la conformación del Tribunal Supremo Electoral. La modificación del artículo 208 reemplaza el sistema anterior, en el que tres de los cinco magistrados eran propuestos por los partidos con mayor caudal de votos y la presidencia era definida por la fuerza con más apoyos. Bajo la nueva disposición, tres magistrados serán seleccionados mediante un proceso general y público coordinado por una comisión.

Los dos restantes se elegirán de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia; en ambos casos, se exige no afiliación partidista y el respaldo mínimo de dos tercios de los diputados electos. Además, la presidencia del Tribunal será designada por la Asamblea Legislativa, eliminando la intervención directa de propuestas partidarias.

La reforma dirigida a la despartidización del Tribunal busca fortalecer su autonomía y profesionalización. El decreto indica que el inciso tercero del artículo 208 establece que “el magistrado presidente de dicho organismo colegiado será elegido por la Asamblea Legislativa”, poniendo fin a la tradición de vincular la presidencia del órgano electoral al partido o coalición con mayoría presidencial.

Estos cambios normativos transforman el sistema electoral salvadoreño y amplían la participación política de la diáspora, además de reformular la composición del organismo encargado de supervisar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma integral al Código Electoral que modifica aspectos clave del proceso electoral y de la representación política, incluyendo la creación de una circunscripción especial para salvadoreños residentes en el extranjero.

La decisión, respaldada por la mayoría oficialista y tras un intenso debate parlamentario, responde a iniciativas presentadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

El dictamen favorable, leído en la sesión plenaria por la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Alexia Rivas, para su aprobación, fue acompañado por exposiciones de distintos actores institucionales y generó posiciones divergentes entre los partidos.

Según informó la propia Rivas al inicio de la plenaria, las reformas buscan “armonizar y adecuar la legislación secundaria a las recientes reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa”, con el objetivo de dotar al sistema electoral salvadoreño de mecanismos acordes con la nueva configuración constitucional del Estado.

Entre los puntos más relevantes, se elimina el Parlamento Centroamericano como cargo de elección popular, se fortalece el derecho al sufragio en la elección presidencial y se establece una circunscripción electoral para el extranjero.

El nuevo modelo introduce cambios en el proceso de inscripción y asignación del voto exterior. El Documento Único de Identidad (DUI) será la base para que los salvadoreños residentes fuera del país participen en la elección de sus representantes.

La reforma contempla 35 artículos del Código Electoral y deroga otros, así como disposiciones relativas al Parlamento Centroamericano en leyes generales y especiales.

Entre los principales cambios, se redefine la integración de la Asamblea Legislativa, que seguirá contando con sesenta diputados, de los cuales seis corresponderán a la circunscripción en el extranjero.

El número de diputados por circunscripción se determinará dividiendo la población por el cociente nacional, calculado a partir del último censo nacional, y redistribuyendo los escaños restantes a los departamentos con mayor residuo de población.

Cada circunscripción en el extranjero será independiente para la elección de sus diputados, quienes se integrarán mediante la redistribución de escaños asignados a los dos departamentos con mayor población.

En la discusión, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, defendió la iniciativa. “Estamos habilitando esta circunscripción para crear seis escaños para los salvadoreños que residen fuera del país”, dijo.

Según Chamagua, el principal objetivo es garantizar el derecho a la representación directa de la diáspora, equiparando sus derechos políticos con los de quienes residen en El Salvador. “Lo que buscamos es fortalecer la democracia, habilitándole más derechos a los ciudadanos salvadoreños”, agregó durante su intervención.

El paquete de reformas también establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará compuesto por cinco magistrados, tres elegidos mediante un proceso público y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia y aprobados por la Asamblea Legislativa. El periodo de duración será de seis años y quienes integren el TSE deberán cumplir nuevos requisitos, entre ellos no tener afiliación partidista.

El debate incluyó críticas de la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, quien cuestionó la metodología utilizada para asignar los escaños y la proporcionalidad de la representación.

“Según las reformas, hay una gran disparidad porque los escaños reflejados se basan en el censo de 2004 y la ley establece que debe estar basado en el último censo, que es el de 2024”, manifestó durante la plenaria. Villatoro señaló que la redistribución de escaños “deja a casi medio millón de personas sin representación en el departamento de San Salvador” y reclamó mayor rigor técnico en el cálculo de la nueva distribución.

Entre otras modificaciones, la reforma introduce cambios en los plazos de inscripción y cierre del registro electoral, la integración de las juntas electorales, el escrutinio y la emisión de credenciales para quienes resulten electos.

Además, se derogan artículos relacionados con la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, eliminando formalmente este órgano del sistema de representación salvadoreño.

El nuevo marco legal prevé que las reformas entren en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó la magnitud de la actualización normativa y la importancia de adecuar la legislación a la realidad política y social del país.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica contará con una de las mayores inversiones en infraestructura y fortalecimiento operativo de los últimos años luego de que la Asamblea Legislativa aprobara por unanimidad el expediente N.° 24.761, correspondiente al “Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima”.

La iniciativa, respaldada mediante un empréstito de 350 millones de dólares provenientes del Banco Mundial, permitirá al país ejecutar una serie de obras estratégicas enfocadas en mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, reducir riesgos asociados a fenómenos naturales y fortalecer la protección de comunidades vulnerables.

Entre los principales proyectos destacan la construcción de 39 bodegas modulares en distintos puntos del territorio nacional y el acondicionamiento de 46 edificios que funcionan como albergues temporales durante situaciones de emergencia.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, señaló que estas obras permitirán disminuir significativamente los tiempos de respuesta ante desastres naturales, especialmente en regiones frecuentemente afectadas por inundaciones, deslizamientos y fuertes lluvias.

Actualmente, uno de los principales retos que enfrenta la institución es la logística para movilizar suministros y coordinar la atención de personas damnificadas durante eventos climáticos extremos. Con las nuevas bodegas regionales, la entidad podrá distribuir ayuda humanitaria y equipos de forma más rápida y eficiente.

Además de las bodegas y los albergues, el proyecto contempla por primera vez la construcción de un edificio inteligente destinado a albergar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), considerado el principal espacio de coordinación interinstitucional del país durante emergencias nacionales.

La nueva infraestructura permitirá garantizar la continuidad operativa de las instituciones de primera respuesta incluso durante eventos extremos, gracias a condiciones tecnológicas y estructurales diseñadas para operar sin interrupciones.

El programa también incluye la construcción de cinco salas de situación distribuidas estratégicamente en las diferentes regiones del país, con el objetivo de descentralizar la coordinación y mejorar la capacidad de monitoreo y toma de decisiones en tiempo real.

Otro de los componentes prioritarios del empréstito será la modernización de 40 Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ubicados en cuencas propensas a inundaciones. Según estimaciones de la CNE, más de 1,3 millones de personas se beneficiarán directamente con estas mejoras.

Los sistemas permitirán fortalecer la vigilancia hidrometeorológica, el análisis de riesgos y la emisión de alertas preventivas, factores considerados clave para salvar vidas y reducir daños materiales durante eventos climáticos severos.

Costa Rica enfrenta cada año importantes afectaciones provocadas por inundaciones y deslizamientos asociados a lluvias intensas, especialmente durante la temporada lluviosa y la influencia de fenómenos como ondas tropicales y huracanes.

En ese contexto, las autoridades consideran que la inversión aprobada representa una herramienta estratégica para aumentar la resiliencia climática del país y responder de manera más eficiente ante futuros desastres.

El proyecto también contempla la reconstrucción de más de 50 obras que resultaron afectadas durante los últimos cinco años por eventos naturales.

Entre ellas destacan trabajos de estabilización de taludes en la Ruta Nacional N.° 32, una de las principales carreteras que conecta el Valle Central con la provincia de Limón y que históricamente ha enfrentado cierres y deslizamientos debido a las lluvias.

Asimismo, se desarrollarán obras de protección contra inundaciones en la cuenca del río Coto Colorado, una zona que recurrentemente genera afectaciones en comunidades de los cantones de Golfito y Corredores, en la Zona Sur del país.

Las intervenciones incluirán muros de protección, obras fluviales y trabajos de mitigación orientados a disminuir el impacto de las crecidas de ríos y proteger tanto viviendas como infraestructura pública.

Desde la CNE señalaron que el empréstito no solo permitirá atender emergencias de forma más rápida, sino también avanzar hacia un modelo preventivo y de planificación territorial más resiliente frente al cambio climático.

La aprobación unánime en el Congreso fue vista por las autoridades como un respaldo político a una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas por la institución en materia de gestión del riesgo y atención de desastres.

Con esta inversión, Costa Rica busca fortalecer su capacidad de reacción ante emergencias futuras y reducir la vulnerabilidad de miles de personas que habitan en zonas de alto riesgo alrededor del territorio nacional.

El gobierno de Laura Fernández arrancó el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con una ambiciosa convocatoria de 62 proyectos de ley que abarcan seguridad, economía, infraestructura, reformas constitucionales y modernización del Estado.

La agenda legislativa presentada por el Poder Ejecutivo marca las prioridades que la administración buscará impulsar durante las próximas semanas en el Congreso y refleja un fuerte énfasis en temas relacionados con seguridad pública, reorganización institucional y desarrollo económico.

Entre las iniciativas convocadas destacan varios proyectos orientados al combate del crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico, una de las principales preocupaciones del país durante los últimos años debido al incremento de la violencia y las actividades ilícitas asociadas al tráfico internacional de drogas.

La convocatoria incluye propuestas para fortalecer la lucha contra el robo de combustibles, mejorar la protección marítima y endurecer acciones contra la extracción ilegal de oro, actividad que ha generado preocupación en distintas zonas del territorio nacional por sus impactos ambientales y vínculos con estructuras criminales.

El Ejecutivo también colocó como prioridad varios expedientes vinculados con el sector energético y la infraestructura nacional.

Uno de los proyectos más relevantes es el expediente 23,414, relacionado con la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense, una iniciativa que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sindicales debido a sus posibles implicaciones sobre el modelo energético del país.

La propuesta busca introducir cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico nacional y forma parte de las iniciativas que el gobierno considera estratégicas para mejorar la competitividad y atraer inversión.

En materia económica, la convocatoria también contempla proyectos relacionados con la emisión de títulos valores en mercados internacionales, así como financiamiento para obras de infraestructura y programas de desarrollo.

Entre ellos figuran iniciativas vinculadas al tren eléctrico, proyectos educativos y propuestas orientadas al desarrollo sostenible.

El Poder Ejecutivo también incluyó reformas dirigidas a la modernización y reorganización de instituciones públicas, en línea con la estrategia gubernamental de reducción y transformación del aparato estatal.

Uno de los proyectos que más atención genera es el expediente 24,719, que plantea el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía como parte de un proceso de restructuración administrativa.

La convocatoria incorpora además reformas al sistema de contratación pública mediante el expediente 24,099, iniciativa que busca modificar mecanismos de compras estatales y procedimientos administrativos.

También se incluyen cambios relacionados con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Contraloría General de la República.

En el apartado de reformas constitucionales y supremos poderes, el gobierno convocó proyectos que pretenden modificar normas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Los expedientes 24,620 y 25,387 contienen cambios vinculados a requisitos y reglas para estos altos cargos del sistema institucional costarricense.

La agenda legislativa también contempla propuestas para impedir que una persona pueda aspirar simultáneamente a la Presidencia de la República y a una diputación, además de iniciativas relacionadas con candidaturas independientes.

Estas propuestas forman parte de un grupo de reformas políticas y electorales que buscan modificar reglas de participación dentro del sistema democrático costarricense.

Con esta amplia convocatoria, el gobierno intenta marcar el rumbo político y legislativo de los próximos meses, en un escenario donde la negociación con las distintas fracciones parlamentarias será clave para avanzar en proyectos considerados prioritarios por Casa Presidencial.

La definición de la agenda ocurre además en un contexto donde temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reforma institucional dominan el debate público nacional.

Ahora corresponderá a los diputados discutir, priorizar y eventualmente aprobar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante este periodo extraordinario de sesiones.

Esta mañana, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un dictamen favorable para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI), aplicado únicamente a los documentos cuya fecha de vencimiento sea entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

La medida, de carácter especial y transitorio, busca facilitar el acceso a la identificación personal a más de 400,000 ciudadanos en un contexto de alta demanda y con la proximidad de las elecciones nacionales.

Según informó la propia comisión durante la sesión, la iniciativa fue presentada por el presidente de la República, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y tiene como objetivo principal eliminar barreras económicas para la renovación del DUI.

El trámite se podrá realizar en cualquier Duicentro del país o a través de la plataforma electrónica habilitada por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). No se requerirán documentos ni trámites adicionales.

La diputada Ana Figueroa, presidenta de la comisión, subrayó que la medida permitirá que 404,085 personas puedan renovar su documento de forma ágil y sin costo, lo que representa aproximadamente el 25% del total de duis que expiran en el periodo de renovación masiva, comprendido entre enero de 2026 y marzo de 2027.

Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN, explicó ante los diputados que este año la institución enfrenta dos retos simultáneos:

1. Una novación masiva de documentos
2. La preparación para el año preelectoral

De acuerdo con Velasco, el vencimiento del DUI ocurre cada ocho años, lo que genera ciclos en los que el número de renovaciones aumenta de forma exponencial. Para el periodo mencionado, se calcula un incremento de hasta 400% en la demanda ordinaria.

El funcionario detalló que la coincidencia de la renovación masiva con el cierre de la inscripción del padrón electoral, previsto para el 29 de noviembre de 2026, hace necesaria la gratuidad y la anticipación del trámite.

“Si el padrón se cerrara sin una renovación anticipada, más de un millón de ciudadanos quedarían con datos desactualizados en el registro electoral”, expuso Velasco durante su intervención.

El Estado asumirá el costo total de la renovación del DUI

El dictamen aprobado establece que el trámite de renovación gratuita estaría disponible hasta el 28 de noviembre de 2026. La norma aclara que el beneficio aplica únicamente a quienes realicen el trámite dentro del territorio salvadoreño y en el periodo señalado.

“El Estado absorberá el costo de la renovación, que actualmente asciende a 10.31 dólares por documento”, sostuvo el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, durante el estudio de la comisión.

Se prevé además el refuerzo presupuestario del RNPN por parte del Ministerio de Hacienda para cubrir todos los costos operativos que implique la medida. El RNPN, por su parte, ha implementado una red de 23 Duicentros, 19 permanentes y cuatro temporales, distribuidos a nivel nacional, con horarios extendidos y la posibilidad de habilitar atención dominical para responder al aumento de la demanda.

Velasco reiteró que el decreto beneficia exclusivamente a quienes tengan vencimiento de DUI dentro de las fechas establecidas, independientemente de si el documento fue extraviado.

Otro de los aspectos abordados fue la actualización de datos en el DUI, como el domicilio, el estado civil o la profesión, especialmente relevante para quienes residen en el extranjero y desean modificar la circunscripción electoral.

Sobre este punto, Velasco explicó que, según las reformas discutidas, el cambio de domicilio podrá realizarse hasta seis meses antes de la elección, en una fecha que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinará en el calendario oficial.

El proyecto de tren rápido de pasajeros del Gran área Metropolitana de Costa Rica logró la aprobación unánime de los diputados para acceder a un crédito de USD 800 millones. Este respaldo parlamentario permitirá la construcción de dos líneas ferroviarias eléctricas, de cincuenta y dos kilómetros a doble vía, entre Paraíso y Alajuela, y marca un avance estratégico en la modernización del sistema de transporte público del país.

La infraestructura contempla la instalación de veintiséis estaciones, la adquisición de veintiocho trenes nuevos, la reconstrucción de veintinueve puentes ferroviarios y la mejora integral de las estaciones del Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago. El proyecto también prevé la implementación de avanzados sistemas tecnológicos destinados al control de la operación, el acceso en estaciones, la comunicación, la señalización y la información a los usuarios.

Uno de los aspectos destacados del financiamiento es su composición internacional. Los fondos provienen de varias fuentes multilaterales: USD 550 millones serán canalizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica; USD 178 millones llegarán a través del Fondo Verde; y USD 250 millones los aportará el Banco Europeo de Inversión. Esta dispersión de apoyos busca diversificar el riesgo financiero y acelerar la ejecución de las obras.

El precio del pasaje y los desafíos de equidad en el transporte

El precio de las tarifas genera debate en la Asamblea Legislativa. El costo estimado del pasaje es de 1.500 colones (USD 3) por viaje, lo que implica un desembolso de 60,000 colones mensuales (USD 110) para quienes requieran el servicio todos los días. Esta cifra, según la diputada Claudia Dobles, resulta inalcanzable para estudiantes, operarios y personas con bajos ingresos, especialmente “miles de mujeres jefas de hogar”.

Varios parlamentarios aseguran que fiscalizarán la correcta contratación de la obra y velarán por que la estructura tarifaria priorice la capacidad de pago de la población. Subrayan que el diseño de tarifas debe “poner a los usuarios en el centro” y anticipan que los ajustes necesarios serán discutidos durante la reglamentación.

Nuevas líneas de financiamiento para gestión de riesgos y desarrollo agrícola

Paralelamente al tren rápido, la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento de USD 350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo es reforzar la capacidad institucional del país para recuperar infraestructura dañada por desastres y fortalecer la gestión del riesgo climático, una necesidad que resaltan representantes de zonas rurales. Ronald Campos, de Liberación Nacional, indicó: “Detrás de cada puente destruido hay familias aisladas, productores perdiendo sus cosechas y niños que no pueden llegar a la escuela”.

También se aprobó un préstamo de 134 millones de euros, destinado a financiar el programa de agricultura sostenible y competitiva. La iniciativa beneficiará a cerca de 10.500 pequeños y medianos productores, mediante asistencia técnica, infraestructura de riego, red de frío para productos perecederos y sistemas de trazabilidad digital. Los fondos se emplearán para modernizar el sector agropecuario, fortalecer los laboratorios del rubro y facilitar prácticas sostenibles, según lo debatido en el Congreso.

Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, sostuvo que este paquete crediticio permitirá “impulsar una transformación amplia del tan golpeado sector agropecuario productivo y busca integrar a pequeños y medianos productores en el desarrollo del sector”.

La etapa final: promulgación y ejecución de los fondos

Tras la aprobación en el Congreso, el proceso queda a la espera de la firma de la mandataria costarricense para que los créditos se conviertan en ley de la República y pueda iniciarse la ejecución de los recursos.

El reciente avance impulsado por Nayib Bukele ha generado un debate intenso en la política salvadoreña: la reforma constitucional que habilita una circunscripción especial para la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea ratificó una reforma al artículo 79 de la Constitución que permitirá a partir de 2027 que salvadoreños residentes en el exterior elijan directamente a sus representantes en el Parlamento, mediante la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora.

Esta medida garantiza, por primera vez, la representación directa de la diáspora en el órgano legislativo, según información oficial publicada en asamblea.gob.sv

El diseño de la nueva circunscripción, que será la número 15, obliga a redistribuir los actuales 60 escaños de la Asamblea Legislativa para incluir a los diputados electos por los salvadoreños en el extranjero.

El peso de la representación de la diáspora se calculará en proporción al total de votantes inscritos en ese segmento del padrón electoral, que, según cifras del Tribunal Supremo Electoral, suma actualmente más de 950,000 salvadoreños con domicilio registrado fuera del país.

Hasta ahora, los sufragios emitidos desde el exterior se contabilizaban en el departamento de San Salvador, sin una circunscripción ni representación propia.

La diputada Marcela Villatoro, representante del partido Arena, advirtió sobre las implicancias de restar escaños a departamentos para asignarlos a la diáspora. Según su visión, de concretarse este ajuste, “se dejaría sin representación a un grupo de esa población de cualquiera de estos departamentos”.

Bukele defiende los cambios en la Asamblea

El presidente Nayib Bukele utilizó este lunes su cuenta de X para expresar: “la oposición dice que no se le debe dar representación política a la diáspora porque ‘no viven en el país’”.

Agregó que estos sectores “abogan por que se haga lo que dicen los personeros de las ONG internacionales, que ni siquiera conocen nuestro país”.

En términos prácticos, la reforma implica que la Asamblea Legislativa debe modificar el Código Electoral antes de las elecciones generales de febrero de 2027. Solo así los salvadoreños en el exterior podrán elegir a sus representantes en la próxima contienda.

Actualmente, el padrón electoral registra 960,928 personas residentes fuera del país, aunque la diáspora total ronda los tres millones según cifras oficiales.

La gran mayoría vive en Estados Unidos y es considerada la principal fuente de remesas, vitales para la economía salvadoreña.

La creación de esta circunscripción responde a una petición directa del presidente Bukele y busca reconocer la importancia económica y social de la diáspora salvadoreña, especialmente por su aporte mediante remesas y su participación creciente en procesos electorales.

La reciente reforma otorgará a la diáspora la posibilidad de escoger directamente a sus diputados en la Asamblea Legislativa a partir de las próximas elecciones generales, transformando el modo en que se construye la representación política salvadoreña y abriendo interrogantes sobre el futuro de la oposición en el Parlamento.

La medida no es aislada: en 2023, el oficialismo ya había impulsado una reducción de 84 a 60 escaños y cambios en la fórmula de distribución de votos, todo en la antesala de las elecciones de 2024.

Estas disposiciones han modificado el escenario político nacional, generando tensiones y debates sobre la representación y la equidad en el sistema electoral.

El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que todos los partidos, incluidos Arena, FMLN, Vamos, PDC, PCN y Nuevas Ideas, podrán presentar candidatos para la circunscripción de la diáspora a través de sus procesos internos.

Ernesto Castro presidente de la Asamblea Legislativa destacó que la reforma constitucional permitirá que seis diputados representen a los salvadoreños en el exterior, elegidos exclusivamente por quienes residen fuera del país.

Explicó que podrán postularse tanto salvadoreños que vivan en El Salvador como en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos legales, y subrayó que no existe ninguna restricción de residencia para ser candidato.

Castro consideró que este esquema abre una oportunidad para todas las fuerzas políticas y subrayó que la decisión final sobre los representantes recaerá únicamente en la diáspora.

“La decisión la van a tomar los salvadoreños que viven en el exterior”, afirmó. Además, explicó que los nuevos escaños se restarán a los departamentos de San Salvador y La Libertad, ajustando la representación interna para que los connacionales cuenten con delegados directos en la Asamblea Legislativa.

Con la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución, los salvadoreños residentes en el extranjero podrán elegir a quienes los representaran en el pleno, algo que para Castro supone un cambio en la composición de la Asamblea.

Despartidización del Tribunal Supremo Electoral

Al abordar la reforma del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Castro explicó que la intención es sacar a los partidos políticos del proceso de integración de este organismo.

Detalló que en el esquema vigente hasta la reforma, el TSE estaba compuesto por cinco magistrados propietarios: tres de ellos eran propuestos por los partidos políticos y dos por la Corte Suprema de Justicia.

Los partidos con mayor votación en la última elección presidencial —primero, segundo y tercer lugar— designaban un magistrado cada uno, y la presidencia del Tribunal recaía de manera automática en el partido que obtuvo el primer lugar.

Castro señaló que, bajo este sistema, los partidos que no quedaban entre los tres primeros no tenían “ni voz ni voto” en el Tribunal. Actualmente, por ejemplo, Nuevas Ideas tenía un representante, igual que Arena y el FMLN. El presidente legislativo sostuvo que la reforma elimina ese mecanismo: “Te estoy hablando de Arena, del FMLN y de Nuevas Ideas. O sea, afuera”, remarcó.

Con el nuevo modelo, la selección de magistrados para el TSE se realizará del mismo modo que se eligen cargos como el fiscal general, el presidente de la Corte de Cuentas o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Cualquier salvadoreño que cumpla los requisitos legales podrá aspirar a ser magistrado del TSE, sin necesidad de pertenecer o ser postulado por un partido político.

El presidente de la Asamblea remarcó que todos los ciudadanos que quieran y cumplan con los requisitos tendrán la oportunidad de postularse. En sus palabras: “Así como se elige fiscal, así como se elige presidente de Corte de Cuentas, así como se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así, de la misma manera”.

En la parte final de la entrevista, Castro confirmó que buscará la reelección como diputado por San Salvador y descartó que vaya a postularse por la circunscripción de la diáspora.

El régimen de excepción en El Salvador seguirá vigente mientras las autoridades lo consideren necesario para garantizar la seguridad y será prorrogado tantas veces como lo requiera la situación del país, sin que existan planes inmediatos para reemplazarlo por otro sistema legal.

Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien subrayó que todas las reformas y medidas adoptadas continuarán enfocadas en mantener los niveles de tranquilidad logrados en los últimos años y en priorizar la protección de la población frente a cualquier presión, tanto interna como externa, durante una entrevista en Frente a Frente.

Castro defendió que cada prórroga aprobada en la Asamblea representa una decisión respaldada por la ciudadanía, y aseguró que las medidas impulsadas desde marzo de 2022 han generado resultados concretos en materia de seguridad pública.

Entre estos, destacó que bajo el gobierno de Nayib Bukele se han alcanzado más de 1,200 días sin homicidios en el país, una cifra que atribuyó al trabajo conjunto entre la Presidencia, el gabinete de seguridad, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.

En el transcurso de 2026, según detalló el funcionario, ya se han contabilizado más de 100 días sin homicidios. Además, recalcó que la Asamblea Legislativa ha respaldado 50 extensiones del régimen de excepción, reflejando la voluntad de la ciudadanía en cada votación.

Para Castro, este respaldo es una muestra del consenso en torno a la necesidad de mantener las políticas de seguridad actuales.

El presidente legislativo también sostuvo que las reformas y políticas adoptadas responden a una demanda social clara.

Crímenes y testimonios

En la entrevista, Castro describió el impacto que tuvieron las pandillas en la vida cotidiana de los salvadoreños antes de la implementación del régimen de excepción.

Señaló que varios líderes criminales enfrentan procesos judiciales por cifras elevadas de homicidios, incluyendo el caso de “El Sierra”, quien está vinculado a más de 100 asesinatos cometidos en Santa Tecla.

Enumeró otros cabecillas a quienes se les atribuyen cantidades aún mayores de delitos, entre ellos homicidios agravados y otros crímenes de alto impacto que, según dijo, marcaron a numerosas comunidades.

El funcionario hizo referencia a testimonios recogidos en distintas zonas del país, donde familiares de víctimas han relatado episodios de violencia extrema, desapariciones y asesinatos que dejaron una huella profunda en barrios y municipios.

Mencionó el caso de una madre que perdió a su hija después de que miembros de una pandilla la sacaran de su casa en la madrugada y nunca volvió a verla, subrayando la impotencia que experimentaban las víctimas ante la falta de justicia y el control que ejercían las estructuras criminales.

Respuestas sobre detenciones

Consultado sobre las inquietudes respecto a posibles detenciones de personas inocente durante el régimen de excepción, Castro señaló que corresponde al sistema judicial analizar y resolver estos casos conforme a la ley.

“Ahí está el sistema judicial. Dejemos que el sistema trabaje”, expresó, y agregó que las instituciones están dando respuestas de acuerdo con los procedimientos legales.

El presidente legislativo mencionó que parte de las observaciones provienen de organizaciones no gubernamentales y de actores internacionales.

Destacó que, a pesar de las opiniones externas, las decisiones sobre la continuidad de las políticas de seguridad seguirán siendo tomadas por los representantes electos del pueblo salvadoreño, manteniendo el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la percepción de seguridad en el país.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su mandato este 8 de mayo firmando tres decretos ejecutivos clave durante su primer Consejo de Gobierno, formalizando así el comienzo de su administración, que se extenderá hasta 2030. Estas primeras acciones, anunciadas en una ceremonia pública en el Estadio Nacional de San José, buscan marcar un punto de inflexión tanto en la política penitenciaria como en la agenda legislativa bajo control estatal.

Un elemento distintivo de este conjunto de decretos es el nuevo reglamento carcelario que establece que “el año carcelario es de 360 días”, una reforma que elimina la modalidad anterior en la que el cómputo se realizaba en ocho meses, y que según Fernández no dejará “espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad”. Con este cambio, las autoridades judiciales verán acotada su discrecionalidad para anticipar la liberación de personas privadas de libertad, una medida que la mandataria justificó como respuesta directa al crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico: “No los queremos en Costa Rica, y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico”, afirmó Fernández.

El nuevo régimen penitenciario y su impacto

El decreto que redefine el año carcelario se convierte en la directriz más estricta en materia de política criminal de los últimos años. El texto elimina la posibilidad de que los jueces reduzcan el cómputo anual de la pena a ochos meses, como permitía la interpretación vigente hasta este cambio. “Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses el año”, declaró Fernández durante la presentación pública del decreto, enfatizando la intención de fortalecer el sistema de justicia penal.

La medida forma parte de una estrategia para disuadir a redes de criminalidad organizada y limitar los beneficios penitenciarios, buscando restaurar la confianza en el aparato judicial. La presidenta insistió en que “a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”, reforzando así la literalidad del cumplimiento de condenas como efecto disuasivo ante delitos de alto impacto.

Reorganización del Poder Ejecutivo y agenda legislativa controlada

El primer decreto de la jornada regula la nueva estructura del Poder Ejecutivo, delimitando las funciones de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. Entre los puntos abordados figura la distribución de competencias sectoriales, desde Ambiente y Educación hasta Seguridad y sus respectivas instituciones. Fernández busca establecer “cómo se integrarán los distintos sectores y qué instituciones los conformarán”, sentando así las bases para una gestión gubernamental más jerarquizada.

El tercer decreto corresponde a la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mediante el cual el Gobierno toma el control de la agenda legislativa durante tres meses en comisiones y plenario, algo permitido en periodos de transición y que otorga a la presidenta la facultad de priorizar iniciativas estratégicas. Fernández expresó su entusiasmo particular por esta medida, ya que incluirá proyectos que, en su opinión, fueron bloqueados por “mezquindad política” durante la administración previa. Entre las propuestas convocadas se encuentran la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, la aprobación del megaproyecto Ciudad Gobierno, y la explotación minera de Crucitas. Todas fueron impulsadas sin éxito por Rodrigo Chaves Robles —exmandatario hoy juramentado como ministro de la Presidencia y designado como enlace directo entre Congreso y Casa Presidencial— y requieren mayoría simple (29 votos) para su aprobación.

La presidenta anunció que “los proyectos que no fueron aprobados en los últimos cuatro años, a partir de hoy quedan convocados a la Asamblea Legislativa”. El paquete legislativo recupera discusiones que fracasaron en el Congreso anterior, en ocasiones señaladas como inviables o contrarias a la Constitución, abriendo un nuevo escenario político bajo el liderazgo de Fernández.

En una ceremonia marcada por el simbolismo democrático y la continuidad institucional, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, ofreció un discurso cargado de respaldo político hacia Laura Fernández Delgado durante el acto oficial de traspaso de poderes presidenciales en Costa Rica.

Desde el inicio de su intervención, Jiménez subrayó el valor histórico y republicano de la transmisión pacífica del poder, calificándola como uno de los actos “más solemnes y significativos” de la vida democrática costarricense. Frente a representantes de los Supremos Poderes, autoridades religiosas, ministros, diputados e invitados especiales, la jerarca legislativa destacó la estabilidad institucional del país y la continuidad del orden constitucional como pilares fundamentales de la democracia nacional.

“Hoy los costarricenses se reúnen en uno de los actos más solemnes y significativos de nuestra vida republicana: la transmisión pacífica del poder, la reafirmación de nuestra democracia y la continuidad institucional que ha distinguido nuestra nación ante el mundo”, expresó Jiménez en el arranque de su mensaje.

La presidenta del Congreso aprovechó la ocasión para reconocer la gestión saliente encabezada por Rodrigo Chaves Robles, señalando que asumió el Gobierno en un momento “particularmente complejo”, marcado por incertidumbre económica, desconfianza institucional y demandas ciudadanas de cambio profundo.

Sin embargo, el eje central del discurso estuvo dirigido hacia la figura de Laura Fernández, a quien presentó como la continuidad de una nueva forma de gobernar respaldada por la mayoría de los costarricenses.

“Su investidura marca el inicio de una etapa que nace de la esperanza, de la confianza renovada y de una ciudadanía que ha decidido continuar avanzando”, afirmó Jiménez, quien además describió el resultado electoral como la consolidación de una transformación institucional y política en el país.

En uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia, la presidenta legislativa aseguró que Fernández no solo ganó una elección presidencial, sino también “el corazón palpitante de un pueblo” que cree posible impulsar desarrollo económico sin abandonar a los sectores más vulnerables.

“Ese respaldo es significativo y de gran profundidad”, enfatizó.

Durante su discurso, Jiménez insistió en que la nueva presidenta recibe una responsabilidad histórica: ampliar el camino hacia el futuro y continuar con una ruta de cambios iniciada en los últimos años mediante “decisiones firmes”, “resultados concretos” y una visión de Estado que, según dijo, rompió inercias históricas que limitaban el desarrollo del país.

Además de resaltar la preparación técnica y experiencia de Laura Fernández en la gestión pública, la titular del Congreso enumeró las expectativas que, a su juicio, tiene la ciudadanía sobre la nueva administración: serenidad ante las críticas, integridad frente a las tentaciones del poder y sensibilidad hacia quienes durante años se sintieron excluidos.

“El pueblo espera que usted continúe gobernando para quienes más lo necesitan”, manifestó.

Jiménez también hizo referencia a las prácticas políticas del pasado, al señalar que otros sectores sucumbieron “sin medir el daño que causaron” al bienestar colectivo. Aunque no mencionó nombres ni agrupaciones específicas, sus declaraciones fueron interpretadas como una defensa del modelo político impulsado por el oficialismo durante los últimos años.

La presidenta legislativa calificó a Laura Fernández como “la persona correcta para recibir este legado” y aseguró que el país vive actualmente “una distinta forma de ejercer el poder con resultados, cercanía y responsabilidad con las personas”.

En la parte final de su mensaje, Yara Jiménez dirigió un llamado directo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Afirmó que el resultado electoral obliga al Congreso a actuar con “coherencia y responsabilidad”, dejando atrás “discusiones infundadas” que han frenado el avance nacional.

“Nos corresponde convertir el debate en soluciones y en ideas que se transformen en leyes que impulsen el desarrollo nacional”, declaró.

Asimismo, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de trabajar junto al Ejecutivo en un marco de respeto institucional, diálogo y equilibrio entre poderes, insistiendo en que la coordinación resulta indispensable cuando está en juego el interés nacional.

“Costa Rica clama por resultados concretos basados en el diálogo franco y constructivo”, señaló.

La intervención cerró con un tono optimista y profundamente simbólico. Jiménez aseguró que Costa Rica inicia una nueva etapa sin partir de cero, sino construyendo sobre avances reales y aprendizajes acumulados, respaldados por una ciudadanía que decidió confiar nuevamente en un proyecto político orientado a hacer las cosas “de una manera distinta”.

“Que el norte de esta administración sea servir con integridad y transformar con hechos la vida de todas las personas”, concluyó.

El discurso fue recibido con aplausos en distintos momentos y marcó uno de los mensajes políticos más contundentes de la jornada de traspaso de poderes, consolidando públicamente el respaldo institucional de la Asamblea Legislativa hacia el nuevo Gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la ratificación de una reforma constitucional que posibilita la creación de una circunscripción electoral exclusiva para los salvadoreños en el exterior, con lo cual este sector de la población podrá elegir de manera directa a sus representantes en el Órgano Legislativo.

La votación obtuvo un respaldo mayoritario y marca un cambio en la forma de representación política para la diáspora, estimada en más de tres millones de ciudadanos.

De acuerdo con la discusión de los parlamentarios, la reforma modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución, de modo que se establece que las circunscripciones electorales se definirán tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Hasta ahora, los votos emitidos fuera del país no contaban con una circunscripción propia ni con diputados que representaran de manera exclusiva a los salvadoreños residentes fuera de las fronteras nacionales.

Cristian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas, explicó ante el pleno que la reforma implica que, además de las catorce circunscripciones actuales, se sumará una número quince, destinada específicamente a la diáspora.

“Así como actualmente hay catorce circunscripciones y los salvadoreños pueden escoger por cualquiera de esas circunscripciones, estamos discutiendo la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la número quince, para que representen a los salvadoreños que viven en el exterior. Esta es la única discusión que estamos teniendo hoy, es decir, darle la posibilidad a los salvadoreños del exterior que tengan sus propios candidatos y que estos voten por ellos”, explicó.

Según los datos presentados durante la sesión, más de 950,000 salvadoreños poseen su domicilio registrado fuera del país, lo que evidencia la magnitud de la comunidad en el exterior.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, destacó la relevancia del cambio y solicitó la votación para ratificar el acuerdo de reforma constitucional número siete, aprobado por el pleno.

Durante la discusión, la diputada Alexia Rivas, también de Nuevas Ideas, dio lectura al dictamen favorable y subrayó que la propuesta responde a la necesidad de garantizar representación efectiva y cumplimiento del principio de igualdad del voto.

“De ellos, más de novecientos cincuenta mil tienen domicilio registrado fuera del país. Este dato refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político del país y que hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación específica por primera vez en la Asamblea Legislativa, con diputados a quienes podrán elegir en elecciones libres”, sostuvo.

En la plenaria, se mencionó que los representantes del Viceministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral comparecieron ante la Comisión Política para aportar insumos técnicos y destacar la importancia de la reforma. Durante esos encuentros, las autoridades del Registro Nacional informaron que, en las elecciones celebradas en 2024, 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero ejercieron el voto, cifra que contrasta con los 3,808 participantes en procesos anteriores.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, sostuvo que la creación de una circunscripción electoral para la diáspora “permitirá que la diáspora elija directamente a sus representantes, así como la nueva forma de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.

Durante el debate parlamentario, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, afirmó que la medida representa un avance fundamental para el fortalecimiento democrático.

“Con lo que vamos a aprobar, estamos diciendo no solamente a nuestros ciudadanos salvadoreños, sino que al mundo entero, que El Salvador es un Estado que le sigue apostando al fortalecimiento de la democracia. Porque nuestra Constitución dice que todo ciudadano salvadoreño debe de tener derecho al voto y de ser representado”.

La reforma establece que “en el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero, el registro electoral”.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que para la circunscripción número 15 sería ideal restarle diputados a los departamentos que registran los mayores índices de migración; es decir, La Unión, Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán y Usulután; no así a los departamentos de San Salvador y La Libertad, cuyas estadísticas de migración no son las más altas.

La aprobación fue respaldada por la mayoría de diputados presentes, consolidando un cambio normativo que responde a una demanda histórica de la diáspora salvadoreña y que redefine la estructura de representación política en el país.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este miércoles el análisis de la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas, presentada por el Ejecutivo para establecer un nuevo marco regulatorio para la colaboración entre el Estado y el sector privado en infraestructura y servicios públicos. A la sesión asistió Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), quien expuso los aportes técnicos y la visión de la institución respecto al proyecto.

La propuesta busca definir de manera precisa la diferencia entre una alianza público-privada y un proceso de privatización. Ayala explicó que, bajo estos esquemas, la propiedad de los bienes estatales involucrados permanece bajo control público, mientras que su explotación temporal corresponde al privado a cambio de inversiones y mejoras tecnológicas. “En ningún momento una alianza público-privada es una privatización”, afirmó el titular de Invest ante los diputados.

El proyecto pretende reducir la burocracia e integrar en una sola dirección la custodia y el proceso técnico de las alianzas, con el fin de agilizar los procedimientos y garantizar la transparencia. Según la propuesta, hasta la fecha solo se ha concretado un convenio de este tipo desde la aprobación de la normativa original en 2013, y las autoridades consideran que los trámites excesivos han sido una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.

Ayala indicó que Invest participó en las mesas técnicas que dieron forma al proyecto; sin embargo, señaló que, tras la nueva ley, las atribuciones que recaían sobre la agencia pasarán a la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Invest mantendrá su rol enfocado en la promoción de inversión extranjera directa y nacional, sin intervenir en la gestión de alianzas público-privadas. “No hay ninguna duplicidad de deberes”, remarcó Ayala.

Un tema relevante del debate fue la eliminación de la oficina de fiscalización de alianzas público-privadas, contemplada en la legislación anterior. Legisladores de la oposición cuestionaron que esta medida pudiera debilitar los controles y la supervisión sobre el cumplimiento de los contratos.

Ante estas inquietudes, Ayala y el equipo técnico del Ministerio de Hacienda manifestaron que la función de control permanece bajo la nueva dirección y que las instituciones contratantes y la Fiscalía General de la República conservan las atribuciones legales para supervisar la correcta ejecución de los proyectos. “El interés de la dirección es el bien público, no el privado”, destacó Ayala.

Otro punto central fue la posible exclusión de los sectores de salud, educación y recursos hídricos del alcance de la ley. Ayala manifestó que no existen proyectos en curso para alianzas público-privadas en estas áreas y aclaró que la rectoría de la educación y la salud sigue bajo control estatal conforme a la Constitución. Algunos diputados expresaron inquietud por la ausencia de una prohibición explícita en la ley que podría permitir futura intervención privada en estos servicios.

Durante la sesión, Ayala destacó el impacto de otros marcos normativos recientes, como la ley de expansión empresarial: según datos de Invest, se han generado más de 233 millones de dólares en reinversión y más de 1.400 empleos directos en el primer trimestre de vigencia.

La comisión acordó citar al ministro de Hacienda, Gerson Posada, en la próxima sesión para profundizar en el rol de su cartera en la implementación de la ley y resolver dudas técnicas de los diputados. El debate continuará para definir los mecanismos de control y la cobertura de la nueva normativa.

En un discurso cargado de cifras, confrontación política y apelaciones emocionales, el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, presentó su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa, marcando el cierre de una administración que, según afirmó, transformó profundamente al país. “Me presento con la frente en alto y la tranquilidad del deber cumplido”, dijo al iniciar su intervención, en la que defendió su legado y proyectó continuidad bajo el próximo gobierno.

El mandatario afirmó que Costa Rica “no es la misma de hace cuatro años” y aseguró que su gobierno logró rescatar al país de una situación cercana al colapso económico, enfrentando, según su versión, la resistencia de sectores políticos, institucionales y mediáticos.

De la crisis al crecimiento: el eje económico

Uno de los pilares del discurso fue la recuperación económica. Chaves destacó que su administración recibió un país con una deuda equivalente al 67% del PIB, desempleo del 12% e inflación del 8,7%, y que ahora entrega una economía “sana, próspera y estable”.

Según detalló, la deuda se redujo al 58,3% del PIB, mientras que la inflación no solo fue contenida, sino que llegó a niveles negativos en algunos momentos. Además, destacó un crecimiento económico sostenido en los últimos años: 5,5% en 2022, 4,8% en 2023, 4,1% en 2024 y 4,6% en 2025, en línea con estimaciones de la OCDE.

El mandatario también subrayó la atracción de más de 19,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y el fortalecimiento del régimen de zonas francas, que calificó como uno de los motores clave del desarrollo. “Detrás de cada cifra hay un costarricense que vive mejor”, afirmó, respondiendo a las críticas sobre el impacto real de la macroeconomía en la vida cotidiana.

Reducción de pobreza y empleo: “no regalamos pescado”

En materia social, el presidente aseguró que más de 113,000 hogares, equivalentes a unas 414,000 personas, salieron de la pobreza durante su gestión. Según los datos presentados, la tasa pasó de 23% a 15,2% al cierre de 2025.

También destacó la reducción de la pobreza multidimensional de 14,3% a 9,9%, así como la disminución del desempleo hasta el 6,3%, una de las cifras más bajas en la historia reciente del país.

El programa BRETE y las reformas en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) fueron señalados como claves en esta estrategia. “No regalamos pescado, enseñamos a pescar”, expresó, al tiempo que defendió un cambio en el enfoque de subsidios hacia generación de oportunidades.

En vivienda, el gobierno reportó más de 2,700 familias con casa propia, además de inversiones millonarias en bonos habitacionales y soluciones en territorios indígenas.

Infraestructura: obras como bandera política

Otro de los ejes centrales del informe fue la infraestructura. Chaves afirmó que su administración invirtió más de 2,500 millones de dólares en obras públicas, incluyendo carreteras, educación, agua potable y transporte.

Entre los proyectos destacados mencionó el avance de la carretera San José-San Ramón, el cierre del anillo de Circunvalación tras décadas de atraso, y mejoras en la ruta 32, clave para el comercio exterior.

También resaltó el programa PROERE, con más de 500 obras ejecutadas, así como la entrega de 685 proyectos educativos y cerca de 1.000 en ejecución.

En agua potable, el gobierno reportó 71 acueductos construidos o mejorados, mientras que en territorios indígenas aseguró haber invertido más de 12.000 millones de colones en infraestructura, vivienda y electrificación.

Seguridad: cifras récord y mano dura

El combate al crimen organizado ocupó un espacio relevante en el discurso. El presidente defendió una estrategia basada en tecnología, fortalecimiento policial y reformas al sistema penitenciario.

Indicó que durante su gobierno se incautaron más de 191,000 kilos de droga y que Costa Rica se posicionó como el sexto país de América Latina en decomisos de cocaína en 2025.

Asimismo, destacó la implementación de escáneres en puertos y fronteras, asegurando que el país se convirtió en “el primero del mundo en escanear todo lo que sale de sus fronteras”.

En términos de seguridad interna, afirmó que los delitos contra la propiedad se redujeron en un 24% y que los homicidios registraron tres años consecutivos de disminución.

El fortalecimiento policial también fue parte del balance: más de 17,400 oficiales activos, aumento salarial para 19,000 agentes y la construcción de nuevas delegaciones.

Confrontación política y críticas a instituciones

Más allá de los números, el discurso estuvo marcado por un fuerte tono político. Chaves denunció la existencia de una “vieja casta” que, según dijo, intentó frenar su gobierno mediante bloqueos legislativos, decisiones judiciales y campañas mediáticas.

Cuestionó abiertamente al Poder Judicial, al que pidió una “reforma profunda”, y criticó a la Asamblea Legislativa anterior por obstaculizar proyectos clave. “Confundir oposición con obstrucción es una perversión”, afirmó, en uno de los momentos más duros de su intervención.

También aseguró haber enfrentado intentos de “golpes de Estado judiciales” y defendió su estilo confrontativo como una necesidad frente a lo que calificó como una estructura institucional resistente al cambio.

Un cierre con mensaje político y simbólico

En la parte final de su discurso, el presidente celebró la continuidad del oficialismo tras las elecciones y expresó su respaldo a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, a quien instó a “no aflojar, sino apretar más duro”.

Además, destacó hitos simbólicos como el primer Congreso con mayoría femenina y el hecho de que una mujer entregue la banda presidencial a otra, en referencia a Yara Jiménez Fallas.

El mandatario cerró con un tono emotivo, apelando a la imagen de una familia costarricense compartiendo la cena como símbolo del verdadero impacto de su gestión. “Es ahí donde se mide si todo valió la pena”, dijo.

Balance de una gestión marcada por resultados y polarización

El último informe de Rodrigo Chaves no solo defendió los logros en economía, reducción de pobreza, infraestructura y seguridad, sino también evidenció una relación tensa con otros poderes del Estado y sectores políticos.

Con una aprobación que ronda el 77%, el presidente cierra su mandato convencido de haber iniciado una transformación estructural. “Dejo un país sustancialmente mejor”, afirmó y concluyó diciendo q“no es un gobierno ni un presidente, sino una luz que debe seguir encendida”.

La abogada y notaria Yara Jiménez Fallas fue electa como presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, consolidando un ascenso político que la llevó, en pocos años, de funciones técnicas en el Poder Ejecutivo a ocupar la máxima jerarquía del Congreso.

Con 52 años, madre de tres hijos y con más de dos décadas de matrimonio, Jiménez representa una figura clave del oficialismo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que logró la mayoría necesaria para colocarla al frente del Directorio Legislativo en el inicio del periodo 2026-2030.

De Desamparados al liderazgo del Congreso

Nacida en Desamparados, San José, Jiménez creció en una familia numerosa y desde temprana edad mostró interés por el Derecho, una vocación que marcaría su trayectoria profesional.

Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Pisa, en Italia, un paso poco común entre figuras políticas nacionales y que le dio un perfil técnico con proyección internacional.

Antes de incursionar en la política electoral, desarrolló una extensa carrera en el sector público. Inició en el Banco Central de Costa Rica y posteriormente ocupó distintos cargos en el Ministerio de Hacienda, donde trabajó en áreas jurídicas y administrativas.

El salto a la política

El punto de inflexión en su carrera llegó con la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, donde fue designada como secretaria del Consejo de Gobierno entre 2022 y 2026.

Desde esa posición, considerada estratégica dentro del Ejecutivo, Jiménez coordinaba aspectos legales, administrativos y logísticos de las sesiones del gabinete, lo que la colocó en el centro de la toma de decisiones del Gobierno.

Su cercanía con el oficialismo y su experiencia técnica la convirtieron en una figura de confianza, lo que facilitó su salto a la política electoral como candidata a diputada por la provincia de Cartago, donde resultó electa para el periodo 2026-2030.

A diferencia de otros liderazgos tradicionales, Jiménez llegó a la presidencia legislativa sin una larga carrera partidaria o trayectoria previa en cargos de elección popular.

Su designación como candidata del oficialismo fue prácticamente determinante, dado que el PPSO contaba con 31 votos en el Congreso, superando el mínimo requerido para elegir al Directorio Legislativo.

Finalmente, fue electa con esa misma cifra, imponiéndose a la oposición y consolidando el control del oficialismo sobre el primer poder de la República en el arranque del nuevo periodo legislativo.

Quinta mujer en presidir el Congreso

Con su elección, Jiménez se convirtió en la quinta mujer en la historia de Costa Rica en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, en un Congreso que además destaca por ser el más paritario en más de dos siglos de vida republicana.

Su nombramiento también marcó el regreso de la provincia de Cartago a la presidencia legislativa después de más de una década sin ocupar ese cargo.

Estilo de liderazgo y prioridades

Durante sus primeras intervenciones, Jiménez ha planteado un estilo de liderazgo “negociador, pero exigente”, enfocado en mejorar la productividad legislativa, reducir el obstruccionismo y recuperar la legitimidad del Congreso ante la ciudadanía.

Su elección se da en un contexto político en el que el oficialismo busca impulsar reformas y consolidar su agenda, lo que coloca a la nueva presidenta del Legislativo en una posición estratégica para la gobernabilidad del país.

La reforma constitucional que crea una circunscripción electoral para los salvadoreños en el exterior fue respaldada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer la representación política de la diáspora. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, indicó que la modificación responde a una deuda histórica y se fundamenta en la vinculación económica, cultural y familiar de los migrantes con el país.

De acuerdo con Mira, la presencia de más de tres millones de salvadoreños en el exterior tiene un impacto directo sobre la economía nacional, ya que las remesas que envían representan entre el 22% y el 25% del producto interno bruto (PIB). Esta contribución económica se suma a la participación activa de la diáspora en la vida social y cultural de El Salvador. “Nuestra diáspora no es una población pequeña, es un grupo importante de nuestra población en general”, precisó la funcionaria, quien señaló que la reforma busca garantizar derechos civiles y políticos a este segmento.

Según la viceministra, la reforma constitucional profundiza la apertura iniciada en 2021 con la Ley de Voto en el Exterior. En las elecciones más recientes, más de 300.000 salvadoreños residentes en otros países participaron en los comicios, un dato que contrasta con los registros previos, donde apenas 4.000 personas pudieron ejercer el sufragio fuera del territorio nacional. Durante la comisión se comunicó que este avance representa mayor inclusión y reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes.

La nueva circunscripción electoral se fundamenta también en el vínculo cultural y familiar que mantienen los salvadoreños en el exterior. El Salvador reconoce la doble nacionalidad y mantiene los lazos legales con quienes emigraron, a diferencia de otros estados que exigen la renuncia a la nacionalidad de origen. “Esta es una nacionalidad que no se pierde”, afirmó Mira, al remarcar que la legislación nacional permite a los connacionales mantener su identidad y derechos sin importar el lugar de residencia.

En lo referente a políticas públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha diseñado programas para mantener informada y conectada a la diáspora. A partir de 2025, la Ley de Movilidad Humana otorgará beneficios para quienes deseen retornar al país, invertir, trasladar bienes o acogerse a procesos de migración laboral regular. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una parte significativa de la diáspora salvadoreña muestra interés en invertir y regresar al país, en sectores como turismo, infraestructura y construcción.

La funcionaria citó ejemplos de otros países de América Latina y Europa donde se reconoce la participación política de los migrantes: “Podemos poner ejemplos concretos como Ecuador, República Dominicana, Francia, Portugal y España”, dijo Mira, añadiendo que en esas naciones la diáspora es considerada un motor de desarrollo.

Desde el gobierno central, la política es fortalecer la red consular y diplomática para facilitar servicios y acortar la distancia con los salvadoreños en el exterior. El Ministerio ha puesto en marcha consulados móviles y expandido su presencia en regiones como áfrica y Medio Oriente. “Nos sentimos muy honrados de poder aportar a esa confianza que ellos tienen y que se renueva en esta administración”, destacó la viceministra.

La implementación de la circunscripción electoral permitirá que los salvadoreños en el extranjero elijan representantes propios en la Asamblea Legislativa.

Aún no se conocen detalles sobre los mecanismos de ejecución de esta medida, ya que el presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que esto podría empezar a evaluarse en los próximos 15 días: “Lo que estamos haciendo en esta comisión es viendo decretos de reformas a la Constitución y específicamente ratificación a los decretos. ¿Cuántos diputados van a ser, de dónde van a salir, cómo se van a consignar los votos? Eso se va a hacer después de la ratificación, porque esto no está dentro de la Constitución, esto está en el Código Electoral, incluso en la Ley de Partidos Políticos. Eso es una discusión que vendrá después, la próxima semana, en los próximos 15 días”.

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio este viernes un contundente discurso en señal de apoyo al gobierno de La Libertad Avanza durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados provincial.

“Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”, expresó durante la primera parte de su discurso, en un claro guiño hacia el modelo nacional. Y agregó: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando. Lo hace porque el ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión, para que el sector privado recupere capacidad de decisión y se abran oportunidades reales de crecimiento”, afirmó.

Además señaló que Mendoza alcanzó un récord en obra pública a pesar de la caída nacional, y que la inversión estatal representará en 2026 la mayor proporción del gasto en la historia reciente provincial. “La obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos, la presión fiscal continúa su sendero de baja, habiendo devuelto más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes luego de años de baja de impuestos distorsivos”, anunció.

Durante su discurso, Cornejo planteó, además, la necesidad de reformas continuas para lograr mayor eficiencia estatal y asignar mejor los recursos públicos. Y puso como ejemplo el Fondo del Resarcimiento. “Dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, expresó.

El mandatario señaló también que Mendoza mantuvo una política modelo de vivienda y en el desarrollo de la minería moderna. “La Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”. Y que “gracias a la planificación estatal, el rol de EMESA y un clima de negocios estable” la provincia se consolidó en cuanto a proyectos de energía solar.

Empleo, turismo y seguridad

El discurso remarcó la baja tasa de desocupación en la provincia. Además, relacionó el crecimiento con la marca provincial y la mejora en la conectividad aérea, y puntualizó que el potencial turístico y productivo depende del cuidado ambiental.

“Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba”, dijo Cornejo como así también posicionó a la provincia como un “destino posicionado a nivel nacional e internacional, apoyado en sus recursos naturales”.

En cuanto al plano turístico, engarzó su discurso alrededor del cuidado del medio ambiente. “Cuidar el entorno es inseparable de cuidar a las personas. Y cuidar a las personas es, ante todo, garantizar su derecho a la salud, no hay aprendizaje posible sin bienestar”, subrayó.

El gobernador reafirmó la prioridad del orden y la seguridad, con tolerancia cero frente al delito y respaldo a las fuerzas de seguridad cuando actúan dentro de la ley. “En Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, enfatizó.

Y agregó: “Nuestro plan está mostrando resultados. Sabemos que detrás de cada cifra hay una víctima; por eso los datos no son para celebrar, sino para medir avances y reconocer lo que falta.”

El cierre del discurso puso el acento en el protagonismo colectivo para una nueva etapa de crecimiento y en la responsabilidad del Estado de crear condiciones para el futuro. “No se trata de que el Estado elija ganadores. Se trata de que toda la provincia –sus empresas, sus productores, sus universidades, sus trabajadores y sus emprendedores– pueda ser simultáneamente protagonista de una nueva etapa de crecimiento”, dijo.

Y cerró: “Que quede claro: no estamos esperando condiciones ideales, sino creando condiciones posibles para construir futuro. Porque atreverse a construir futuro es el verdadero cambio de fondo”.