La magistrada Patricia Solano Castro continuará durante ocho años más en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, después de que el oficialismo no consiguiera los votos necesarios para impedir su reelección durante una sesión del Plenario Legislativo marcada por fuertes enfrentamientos políticos.

La votación se realizó este miércoles 4 de noviembre de 2026, apenas dos días antes de que venciera su nombramiento actual. Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se pronunciaron contra su continuidad, mientras que las bancadas de oposición respaldaron su permanencia.

La moción para impedir la reelección obtuvo 30 votos, por debajo de los 38 requeridos constitucionalmente. Como resultado, Solano continuará en el cargo hasta 2034.

El resultado responde a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, que dispone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por periodos de ocho años y se consideran automáticamente reelegidos, salvo que al menos dos terceras partes de los diputados acuerden lo contrario.

Oficialismo cuestionó desempeño de la magistrada

Durante la discusión, la fracción oficialista defendió su posición contra la continuidad de Solano, argumentando que existían razones relacionadas con su gestión para impedir que permaneciera en el cargo.

“Nos oponemos categórica y rotundamente a su continuidad en el cargo”, manifestó la diputada oficialista Marta Esquivel.

La legisladora aseguró que la posición de su bancada estaba respaldada por un análisis técnico presentado ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, cuyo informe de mayoría recomendó no reelegir a la magistrada.

Esquivel también cuestionó los argumentos de quienes defendían la independencia judicial como razón para respaldar a Solano.

“Confunden la verdadera independencia judicial con la impunidad corporativa y con la alcahuetería institucional”, expresó.

La recomendación de la comisión había sido aprobada el 21 de octubre, con los votos de cuatro diputados oficialistas, frente a tres representantes de oposición que respaldaron la continuidad de Solano.

Oposición denuncia motivaciones políticas

Los diputados opositores rechazaron los cuestionamientos y defendieron que la evaluación de los magistrados debe realizarse con criterios objetivos relacionados con su desempeño.

Durante el debate, representantes del Frente Amplio, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana respaldaron la permanencia de Solano.

Uno de los principales argumentos fue que la reelección no debe depender de la posición de los magistrados frente a asuntos de interés para el Gobierno.

Un representante opositor cuestionó que se vinculara la continuidad de integrantes de la Corte con decisiones relacionadas con solicitudes para levantar la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves.

También se defendieron los resultados de la magistrada. Según cifras expuestas durante el debate, su despacho reportó 1,946 asuntos terminados frente a 2,026 asignados, datos que la oposición presentó como evidencia favorable de su desempeño.

Los opositores también cuestionaron la utilización de videos de comparecencias de Solano durante el proceso legislativo y sostuvieron que algunos materiales no guardaban relación con sus funciones como magistrada.

Solano continuará hasta noviembre de 2034

Patricia Solano fue nombrada magistrada de la Sala Tercera el 6 de noviembre de 2018 y comunicó formalmente a la Asamblea Legislativa su intención de continuar en el cargo el pasado 21 de septiembre.

Su proceso de reelección estuvo acompañado de tensiones con el oficialismo, particularmente por sus posiciones sobre la independencia judicial y los recursos presupuestarios destinados al funcionamiento del Poder Judicial.

La magistrada ha cuestionado decisiones del Ejecutivo relacionadas con el financiamiento institucional, mientras diputados de Pueblo Soberano han planteado críticas sobre su gestión.

La votación de este miércoles representa otro revés legislativo para el oficialismo en materia de reelección de magistrados, después de que tampoco lograra impedir la continuidad de Julia Varela, de la Sala Segunda, y Jorge Araya, de la Sala Constitucional.

Con el resultado, Solano permanecerá otros ocho años en uno de los principales órganos judiciales encargados de conocer asuntos penales en Costa Rica.

La decisión también deja en evidencia las diferencias entre oficialismo y oposición sobre los criterios que deben utilizarse para evaluar la continuidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 presentado por el Gobierno de El Salvador asciende a USD 12,421 millones, lo que supone un aumento de USD 1,865.4 millones frente a los USD 10,555.5 millones aprobados para 2026.

La mayor diferencia está en Educación, cuya partida crecería en más de USD 1,016 millones, mientras Seguridad Pública y Defensa Nacional tendrían recortes de USD 20 millones cada una.

La propuesta, entregada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, aún debe pasar por el análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto antes de una eventual aprobación. El gasto previsto para 2027 representa un incremento de 17.7% respecto al presupuesto vigente.

El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología pasaría de USD 1,683.3 millones aprobados para 2026 a USD 2,700.1 millones en 2027. El alza de USD 1,016.8 millones equivale a más del 60% de aumento y explica buena parte de la expansión del presupuesto del Órgano Ejecutivo.

Según Posada, la propuesta destina USD 3,416 millones al área educativa, al incluir programas, inversiones y transferencias vinculadas con el sector.

El funcionario afirmó que el proyecto contempla recursos para infraestructura escolar, computadoras, conectividad e incorporación de inteligencia artificial en el aprendizaje.

Salud también tendría un incremento relevante, de USD 147.6 millones: pasaría de USD 1,345.4 millones a USD 1,493.1 millones. Obras Públicas y Transporte recibiría USD 1,057.7 millones, USD 72.4 millones más que en 2026. Economía aumentaría USD 69.7 millones, lo que significa que tendrá un toral de USD 134.2 millones.

Gobernación y Desarrollo Territorial subiría de USD 280.9 millones a USD 397.4 millones, una diferencia de USD 116.5 millones. Presidencia de la República tendría USD 217.8 millones, USD 24.8 millones más que en 2026; Hacienda, USD 103.1 millones, con una reducción de USD 17.6 millones; y Relaciones Exteriores, USD 53.6 millones, USD 3.1 millones adicionales.

También crecerían las asignaciones para Cultura, con USD 21.9 millones más; Agricultura y Ganadería, con USD 304.055 adicionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales, con USD 1.2 millones más; Turismo, con USD 5.5 millones adicionales; y Trabajo y Previsión Social, con un aumento de USD 1 millón.

El ramo de Seguridad Pública y Justicia bajaría de USD 702.5 millones a USD 682.5 millones. Defensa Nacional pasaría de USD 334.5 millones a USD 314.5 millones. En conjunto, ambas carteras perderían USD 40 millones.

Posada ha sostenido que los recursos serán trasladados a Educación y que la medida responde a los resultados de la estrategia de seguridad. “Esta reasignación de recursos se realiza considerando los resultados de la estrategia de seguridad, lo que permite reorientar fondos que eran para armamento y municiones a formación de niños y jóvenes”, afirmó durante la presentación en septiembre pasado.

Vivienda reduciría su presupuesto en USD 23,061, hasta USD 13.5 millones. Desarrollo Local sufriría una baja mayor, de USD 25.4 millones, y quedaría con USD 13.6 millones.

El Órgano Legislativo y el Órgano Judicial conservarían las mismas asignaciones de 2026: USD 46 millones y USD 369.2 millones, respectivamente. En el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República (FGR) subiría USD 3.6 millones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibiría USD 1 millón más. La Procuraduría General de la República (PGR) se mantendría sin cambios.

La deuda pública subiría USD 413.2 millones

El presupuesto para deuda pública aumentaría de USD 2,433.6 millones a USD 2,846.8 millones, lo que representa un incremento de USD 413.2 millones. Las transferencias varias crecerían USD 54.6 millones, mientras las obligaciones generales del Estado disminuirían USD 8.4 millones.

Posada afirmó que el proyecto no incluye nuevos gravámenes ni aumentos a los tributos vigentes. “No hay planes de incremento de impuestos, no hay planes de creación de nuevos impuestos”, declaró tras la entrega del documento. Hacienda proyecta ingresos corrientes por USD 10.419 millones y una brecha presupuestaria de USD 515 millones para 2027.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formalizó este jueves la inscripción de doce candidatos a diputados para la representación de los salvadoreños en el exterior, en un acto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El partido informó que nueve de los postulantes residen fuera de El Salvador y que ocho son mujeres.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el instituto político fue el primero en presentar sus candidaturas a escala nacional. Sostuvo que la inscripción cumple con la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral y los estatutos internos del partido.

“La participación de los compatriotas en el exterior no está en El Salvador, está fuera”, dijo Flores, quien envió un mensaje a los salvadoreños que podrán votar desde los países donde residen. Según expuso, el proceso electoral habilita el sufragio en 92 lugares fuera del territorio nacional.

La presentación estuvo encabezada por el candidato presidencial del partido, Rafael Aguirre, y la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos. Ambos destacaron la presencia de aspirantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suecia y otros países.

Aguirre señaló que nueve de las doce personas inscritas viven en el extranjero, una condición que, según dijo, permite que conozcan de primera mano las necesidades de las comunidades migrantes.

Durante la conferencia fueron mencionados Julio Galareño, residente en Canadá; Carlos Cardona, desde Italia; Isela Sánchez y Marlene Ávalos, desde Suecia; Carolina Arteaga y Félix Cardona, desde España; Pilar Gálvez y Sofía Cortés, desde Estados Unidos. También fueron presentados Carlos Castaneda, Yesenia Leiva y Susi Bonilla, quienes participan desde El Salvador.

El candidato presidencial afirmó que la lista busca diferenciarse de postulaciones que, según su planteamiento, representan a la diáspora sin residir fuera del país. “Ellos realmente representan a nuestros compatriotas en el exterior”, expresó.

Pilar Gálvez, migrante salvadoreña radicada en Estados Unidos, pidió el respaldo para la planilla y señaló que el grupo pretende representar a familias desempleadas, trabajadores del sector informal, pueblos indígenas, mujeres y profesionales.

“Estamos aquí, no como víctimas, sino como luchadores sociales”, afirmó Gálvez. La candidata también dijo que la fórmula reúne representantes de El Salvador, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suecia y Perú.

La planilla planteó cambios en la atención consular y en la política migratoria

La doctora Sofía Cortés, residente en Los Ángeles, California, adelantó algunos de los temas que, según indicó, buscarán incorporar a la plataforma electoral del FMLN para los salvadoreños en el exterior.

Entre ellos mencionó una eventual revisión de la red consular, con el objetivo de ampliar la atención a los migrantes y facilitar trámites de documentación. También propuso estudiar mecanismos de apoyo para la repatriación de salvadoreños fallecidos fuera del país.

Cortés cuestionó la respuesta del Gobierno ante asuntos migratorios como el Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS. “No hay un acompañamiento” a las comunidades salvadoreñas que enfrentan esos procesos, afirmó.

La aspirante también planteó la necesidad de establecer garantías jurídicas y económicas para vincular al país con profesionales, empresarios y técnicos salvadoreños que viven en el extranjero.

Por su parte, Carlos Castaneda sostuvo que las comunidades migrantes deben tener representación legislativa propia y calculó que más de tres millones de salvadoreños viven fuera del país. Señaló que Estados Unidos concentra la mayor parte de esa población, aunque también existen comunidades en decenas de naciones.

Seis escaños estarán destinados a la circunscripción del exterior

Durante el acto, Aguirre recordó que las reformas electorales establecieron una circunscripción específica para que los salvadoreños en el extranjero elijan de forma directa a seis diputados de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los datos citados por el candidato, el padrón electoral de residentes en el exterior ronda las 962 mil personas, según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Los seis escaños provienen de la reducción de cinco diputaciones en San Salvador y una en La Libertad, con lo cual el Congreso mantendrá 60 integrantes.

Aguirre indicó que el FMLN presentará en las próximas semanas su plan de gobierno y sus propuestas electorales. Añadió que la agrupación aspira a competir por cargos legislativos, municipales y la Presidencia en las elecciones de 2027.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy martes 28 de octubre una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 100 millones provenientes de préstamos externos, destinados a cubrir obligaciones operativas y prioridades institucionales durante el último trimestre del ejercicio fiscal.

La iniciativa, presentada por el presidente de la República a través del ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, obtuvo el respaldo de 57 diputados presentes. Antes de votar el fondo, el pleno aprobó dispensar el trámite legislativo con 57 votos a favor y dos en contra.

Tras la votación definitiva, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que “con 57 votos a favor, queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza uno A”.

La modificación presupuestaria incorpora fondos de un préstamo de USD 100 millones suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Grupo Banco Mundial.

El financiamiento corresponde a la operación denominada Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador, con una opción de desembolso diferido ante catástrofes.

El decreto recuerda que el crédito fue autorizado en agosto de 2025 y ratificado en septiembre de ese año. Sus recursos pueden utilizarse para responder a emergencias y desastres, además de financiar prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, necesidades de liquidez y transferencias institucionales.

La primera secretaria de la Asamblea, Elisa Rosales, leyó el proyecto enviado por el Ministerio de Hacienda. En el documento, el Ejecutivo señaló que varias instituciones requieren cobertura presupuestaria “para atender obligaciones estratégicas y prioritarias durante el último trimestre del presente ejercicio fiscal 2026”.

La reforma incrementa el rubro de endeudamiento público dentro de los ingresos del Gobierno Central y distribuye los USD 100 millones entre 10 instituciones y ramos del Estado.

Salud recibirá USD 47 millones para hospitales y Doctor SV

El sector salud concentrará USD 47 millones, distribuidos entre la Red Nacional de Hospitales y el Hospital Nacional El Salvador.

El ramo de Hacienda recibirá USD 30 millones para transferirlos a la Red Nacional de Hospitales. Los recursos financiarán compromisos relacionados con medicamentos, productos farmacéuticos, insumos médicos, material de laboratorio, instrumental y servicios de apoyo institucional.

El ramo de Salud contará con USD 17 millones, que serán transferidos al Hospital Nacional El Salvador. De esa cantidad, USD 7 millones se destinarán a gastos de funcionamiento, compra de medicamentos e insumos, mantenimiento de equipo médico y alimentación de pacientes.

Los USD 10 millones restantes financiarán el fortalecimiento del programa estatal Doctor SV, según la lectura del decreto legislativo.

La distribución también contempla USD 160,000 para el Instituto de Acceso a la Información Pública, destinados a gastos de funcionamiento de diciembre; USD 7 millones para el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; y USD 1,2 millones para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Obras Públicas tendrá USD 25 millones para inversión y residuos

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte dispondrá de USD 25 millones. De ese total, USD 20 millones financiarán la continuidad de proyectos estratégicos de inversión pública.

Los otros USD 5 millones serán transferidos a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para garantizar su funcionamiento institucional. El decreto también modifica las asignaciones de ingresos y gastos de esa entidad descentralizada.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería recibirá USD 7.87 millones. La mayor parte, USD 6.43 millones, se utilizará para infraestructura e insumos del Hospital Veterinario Chivo Pet. Además, se asignaron USD 750,000 para semillas de frijol y maíz, y USD 685,000 para mantenimiento, logística, transporte, alimentación del personal y otros gastos operativos.

El Ministerio de Cultura contará con USD 5 millones para la Biblioteca Nacional de El Salvador, la Banda de El Salvador, la Escuela Nacional de Música y otras dependencias, además de iniciar la readecuación de las instalaciones del ex Zoológico Nacional.

Turismo, economía y cultura también recibirán fondos

El Ministerio de Turismo tendrá USD 4.07 millones. De ellos, USD 1.87 millones cubrirán gastos de funcionamiento y eventos turísticos previstos entre noviembre y diciembre, mientras que USD 2.2 millones serán transferidos a la Corporación Salvadoreña de Turismo para actividades deportivas, publicidad y promoción turística.

El Ministerio de Economía recibirá USD 2.7 millones para necesidades vinculadas a inversiones, innovación productiva y transformación digital. El decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial.

El Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó el lunes una reforma para modificar el trámite de denuncias contra diputados por violencia política hacia las mujeres, con un procedimiento previo de investigación que busca evitar que el órgano que resolverá el caso adelante criterio antes de conocer los hechos.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 25,862, obtuvo 44 votos a favor y ninguno en contra. Seis diputaciones no participaron en la votación y, tras la aprobación, la Presidencia del Congreso ordenó publicar el texto, según Diario Extra.

El cambio central recae en una comisión especial que deberá investigar cada denuncia antes de que llegue al Plenario. Ese órgano podrá recibir y valorar pruebas, escuchar a las partes y entregar un informe con conclusiones y recomendaciones, aunque la decisión final continuará bajo responsabilidad de los legisladores reunidos en Plenario.

Hasta ahora, el Plenario debía decidir desde las etapas iniciales si conformaba una comisión investigadora. Durante el debate, se advirtió que ese mecanismo podía hacer que los diputados adoptaran una posición anticipada sobre el fondo de una acusación sin que antes se hubiera desarrollado la investigación.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, sostuvo que esa fue una de las fallas que la reforma buscó corregir. “Inevitablemente, como el Plenario es el órgano decisor, el Plenario es el único que puede tomar una decisión de este tipo, de alguna manera ese procedimiento que tenemos ahora no es práctico porque implica que el órgano decisor, el Plenario, de alguna manera ya adelanta criterio sobre el fondo del asunto”, explicó el funcionario en declaraciones recogidas por Diario Extra.

Cuando se reciba una denuncia, la Presidencia legislativa deberá solicitar a las jefaturas de fracción que designen a sus representantes para integrar la comisión especial. El grupo deberá incluir representación de las fracciones parlamentarias, tener una cantidad impar de integrantes y respetar las reglas de paridad y alternancia de género.

La comisión contará con un plazo máximo de tres meses para presentar su informe. El procedimiento también deberá resguardar la recepción y valoración de las pruebas, el derecho de las partes a ser escuchadas, la confidencialidad, la no revictimización y el debido proceso.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, defendió un mecanismo que atienda las denuncias sin convertir las propias normas en una barrera. “Nuestro deber siempre va a ser asegurar que las denuncias se tramiten de manera eficiente, responsable y que este reglamento se convierta en una verdadera herramienta efectiva y de aplicación rápida que nosotros tengamos a la mano para poder aplicar cuando se den situaciones de violencia contra las mujeres”, manifestó la funcionaria, según consignó Diario Extra.

Sanciones públicas y registro electoral durante diez años

La reforma establece que, si el Plenario determina la responsabilidad de un diputado por violencia contra las mujeres en la política, impondrá una amonestación ética pública. La resolución deberá comunicarse al Tribunal Supremo de Elecciones, que llevará un registro público de las sanciones firmes.

La información sobre esas sanciones permanecerá asentada durante diez años, mientras que los datos personales y sensibles de las víctimas deberán mantenerse protegidos. La normativa también habilita medidas cautelares para ordenar a la persona denunciada que no perturbe a la denunciante ni interfiera en el ejercicio de sus derechos políticos, sin afectar las funciones constitucionales de una diputación.

Villalta indicó que el texto aprobado fue resultado de conversaciones entre las distintas bancadas. “En general estamos satisfechos con el texto, creemos que ha habido un diálogo importante. Quiero reconocer el trabajo de las asesorías de fracción de todas las bancadas legislativas que hicieron aportes para tener un texto que nos permita llegar con este consenso al Plenario”, declaró.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, también respaldó el acuerdo. “La Asamblea Legislativa tiene que dar el ejemplo en Costa Rica es muy importante que en este espacio no se afecte a las mujeres y a ninguna persona realmente a través de estas formas de violencia política”, afirmó.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes dictamen favorable para ampliar en USD 50 millones la garantía soberana destinada a una línea de crédito del Fondo Social para la Vivienda, que alcanzaría un monto total de hasta USD 103,7 millones.

La medida respalda la modificación de la línea global de crédito suscrita entre el Fondo Social para la Vivienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El objetivo planteado es dar continuidad al financiamiento de créditos hipotecarios y contribuir a reducir el déficit habitacional.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes en la comisión durante la sesión del 26 de octubre. La iniciativa deberá continuar su trámite en el pleno legislativo.

La línea de crédito alcanzaría USD 103,7 millones

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó que la línea de crédito había sido contratada inicialmente por USD 53,7 millones y ya contaba con garantía del Estado.

El incremento de USD 50 millones fue autorizado previamente mediante el Decreto Legislativo 665, aprobado el 23 de septiembre de 2026. La modificación del contrato de garantía fue suscrita el 19 de octubre entre el Ministerio de Hacienda y el BCIE.

Según la exposición presentada ante la comisión, la garantía respalda los recursos que el Fondo Social para la Vivienda utilizará en sus programas de financiamiento habitacional. La línea tendría un plazo de hasta 136 meses, con posibilidad de renovación por períodos de hasta 36 meses, a decisión del banco.

Los recursos respaldarían créditos para vivienda nueva, usada y apartamentos

Reyes señaló que los préstamos financiados con esta línea se orientan a viviendas de interés social y pueden tener plazos de entre 25 y 30 años, según el programa y las condiciones del solicitante.

Los créditos de los programas habituales del Fondo Social para la Vivienda pueden llegar hasta USD 45.000 por beneficiario. La institución también dispone de líneas con montos superiores para algunos segmentos.

Entre los programas mencionados están vivienda nueva, Crédito Casa Joven, Vivienda Cercana, Casa Mujer y vivienda en altura. Los dos últimos esquemas específicos con límites superiores son Crédito Casa Joven y vivienda en altura, cuyos financiamientos pueden alcanzar hasta USD 100.000.

Crédito Casa Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años para la compra de vivienda nueva o usada. Casa Mujer se enfoca en mujeres jefas de hogar, solteras, viudas o en situación de vulnerabilidad. Vivienda Cercana está destinada a salvadoreños residentes en el exterior o a familias que reciben ingresos de parientes fuera del país.

El pleno legislativo deberá decidir sobre la garantía soberana

El dictamen sostiene que la ampliación de la garantía estatal permitirá que el Fondo Social para la Vivienda mantenga la disponibilidad de recursos para otorgar créditos hipotecarios a familias salvadoreñas.

Durante la lectura del documento, la Comisión de Hacienda afirmó que la iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de los hogares mediante el acceso a soluciones habitacionales. La aprobación definitiva del contrato de garantía soberana quedará en manos del pleno de la Asamblea Legislativa.

Un grupo de diputadas de Costa Rica aprobó eliminar la anticoncepción de emergencia de un proyecto de ley que busca garantizar atención médica y apoyo a las personas que han sufrido una violación sexual.

La decisión fue tomada durante una sesión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, donde seis legisladoras votaron a favor del cambio y una se manifestó en contra.

El medicamento, conocido popularmente como pastilla del día después, se utiliza para prevenir un embarazo luego de una relación sexual sin protección, incluida una agresión sexual.

La modificación fue respaldada por las diputadas oficialistas Kattia Calvo, Kattia Mora, Ana Ruth Esquivel y Mayuli Ortega, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como por Karen Alfaro y Andrea Valverde, del Partido Liberación Nacional (PLN).

La única legisladora que votó en contra fue Vianey Mora, del Frente Amplio, quien cuestionó que se retirara el medicamento de una iniciativa destinada a proteger a las víctimas.

¿Qué estaban cambiando las diputadas?

El proyecto, identificado con el expediente 23.633, pretende convertir en ley el llamado Protocolo de las 72 Horas.

Este protocolo establece cómo deben actuar las autoridades para atender a una persona durante las primeras horas después de sufrir una violación sexual.

Incluye atención médica, apoyo psicológico, medicamentos para prevenir infecciones, protección y recolección de pruebas que puedan utilizarse en una investigación judicial.

La propuesta original también contemplaba entregar anticonceptivos de emergencia cuando la víctima los solicitara, después de recibir información sobre su uso.

Sin embargo, esa parte fue eliminada del nuevo texto aprobado en comisión.

Diputadas quieren exigir una prueba de embarazo

Tras las críticas, Kattia Calvo, presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que las diputadas oficialistas están dispuestas a volver a incluir el medicamento.

No obstante, plantearon una condición: que la víctima se realice una prueba de embarazo antes de recibirlo.

Calvo señaló que la preocupación de su fracción es que una mujer pudiera estar embarazada antes de sufrir la agresión.

“Estamos dispuestas a volver a incluir la pastilla contraceptiva en las mociones que correspondan cuando se retrotraiga a comisión”, afirmó.

La propuesta de exigir una prueba todavía no está aprobada y deberá discutirse durante las siguientes etapas del trámite legislativo.

¿La pastilla del día después provoca un aborto?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que las pastillas anticonceptivas de emergencia no provocan abortos ni interrumpen un embarazo existente.

Su función principal consiste en evitar o retrasar la liberación de un óvulo, con lo que se reduce la posibilidad de un embarazo.

Además, la organización señala que no es necesario realizar una prueba de embarazo antes de administrar estos medicamentos.

La anticoncepción de emergencia puede utilizarse hasta cinco días después de una relación sexual, dependiendo del método, aunque su eficacia suele ser mayor cuanto antes se utilice.

Por esa razón, especialistas han advertido que agregar requisitos innecesarios puede retrasar la atención.

Organizaciones médicas rechazan la decisión

La Fundación Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría cuestionaron la modificación.

Las organizaciones consideran que las personas que sufren violencia sexual necesitan recibir atención rápida y que no deberían enfrentar trámites adicionales sin justificación médica.

También solicitaron que el proyecto vuelva a incluir expresamente la anticoncepción de emergencia, especialmente para proteger a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación.

¿Las víctimas ya no podrán recibir el medicamento?

No. La decisión no elimina el acceso actual a la pastilla del día después.

El medicamento continúa contemplado dentro de los procedimientos médicos vigentes para atender a víctimas de violación sexual.

Lo que hicieron las diputadas fue quitar del proyecto de ley la obligación expresa de garantizarlo.

Esto significa que todavía no existe una prohibición ni una modificación definitiva de la atención que ofrecen los centros de salud.

El proyecto deberá seguir su discusión en la Asamblea Legislativa, donde podría modificarse nuevamente antes de convertirse en ley.

Por ahora, las diputadas oficialistas mantienen su intención de reincorporar el medicamento con una prueba de embarazo previa, mientras organizaciones de salud insisten en que las víctimas deben recibir atención oportuna y sin requisitos que puedan retrasarla.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este miércoles que su Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley para reformar el sector eléctrico nacional, después de que la Asamblea Legislativa rechazara la iniciativa de armonización del mercado eléctrico, una propuesta que el Poder Ejecutivo consideraba fundamental para atender las necesidades energéticas del país.

La mandataria aseguró que no renunciará a impulsar cambios en el sistema eléctrico y adelantó que su equipo trabaja en una alternativa legislativa que pueda aprobarse mediante una mayoría de 29 votos.

“Estamos trabajando ya con el equipo de gobierno en un nuevo proyecto de ley que requiera veintinueve votos para su aprobación”, manifestó Fernández.

La presidenta explicó que la estrategia pretende aprovechar el respaldo de los 31 diputados que identificó como oficialistas, con el objetivo de evitar que la nueva iniciativa enfrente los mismos obstáculos políticos que provocaron el rechazo del proyecto anterior.

Según explicó, el Gobierno buscará realizar los ajustes necesarios para presentar una propuesta que permita avanzar en materia energética sin depender de negociaciones con los partidos que se opusieron a la legislación.

Presidenta responsabiliza a Liberación Nacional y Frente Amplio

Durante su intervención, Fernández lanzó fuertes cuestionamientos contra el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), a los que responsabilizó por impedir la aprobación de una reforma que, según su criterio, era necesaria para el desarrollo económico del país.

“Creo que esta es la evidencia más clara que tenemos de la irresponsabilidad del Partido Liberación Nacional. El Partido Liberación Nacional no solamente le falla al pueblo de Costa Rica, sino que demuestra que está verdaderamente hincado a los intereses del Frente Amplio”, afirmó.

La mandataria también cuestionó la posición de una legisladora vinculada al Partido Acción Ciudadana (PAC) y aseguró que la oposición antepuso intereses políticos a las necesidades del sector productivo nacional.

Fernández sostuvo que algunos legisladores habrían condicionado su respaldo a la reforma eléctrica a un incremento de los recursos destinados a las universidades públicas, situación que calificó como una forma de presión política.

“Yo no negocio con terroristas políticos”, expresó la presidenta al referirse a las supuestas condiciones que, según denunció, se plantearon para conseguir votos.

Gobierno advierte sobre necesidades energéticas del país

Uno de los principales argumentos expuestos por Fernández es la necesidad de garantizar suficiente electricidad para atender la demanda de industrias, empresas y nuevos proyectos productivos.

La presidenta mencionó particularmente regiones como Limón, Puntarenas, la zona sur y la zona norte, donde considera indispensable fortalecer la disponibilidad energética para impulsar inversiones y nuevas oportunidades laborales.

“Lo que estamos avanzando no se va a poder consolidar si el país no tiene la suficiente carga eléctrica en Limón, en Puntarenas, en la zona sur, en la zona norte”, advirtió.

Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, la reforma busca establecer condiciones que permitan sostener el crecimiento económico y evitar que las limitaciones del sistema eléctrico se conviertan en un obstáculo para la competitividad.

Nueva propuesta buscará respaldo del sector privado

La mandataria también dirigió un mensaje a los representantes del sector privado, a quienes aseguró que su administración mantendrá abiertas las puertas para revisar y ajustar la nueva propuesta.

“Tienen en mí a una presidente que siempre ha sido clarísima en apoyar los proyectos de desarrollo que benefician la competitividad nacional”, manifestó.

Fernández indicó que el equipo gubernamental encargado de energía trabajará en la preparación del nuevo texto legislativo, aunque no precisó una fecha para su presentación ni detalló las modificaciones que contendrá.

Finalmente, defendió su decisión de no vincular el trámite de la reforma eléctrica con concesiones presupuestarias a otras instituciones.

“Yo no voy a renunciar a hacer lo que es correcto por este país”, sostuvo.

El anuncio abre un nuevo escenario de discusión sobre el futuro del mercado eléctrico costarricense, después del rechazo de una iniciativa que, según la presidenta, acumulaba 30 años de discusión.

El proyecto de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas destinadas a transformar la infraestructura del sector público costarricense, volvió al centro del debate legislativo tras la comparecencia de la ministra de Planificación, Karla Morales, ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Durante la audiencia, la jerarca defendió la propuesta que busca concentrar inicialmente a 35 instituciones públicas en un complejo ubicado en el centro de San José, con el propósito de disminuir la dependencia de edificios privados y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Según las estimaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la iniciativa permitiría generar un ahorro de aproximadamente 26 millones de dólares anuales en alquileres, uno de los principales argumentos utilizados para justificar su desarrollo.

El proyecto contempla una infraestructura de 153,000 metros cuadrados, con capacidad para albergar a unos 10,700 funcionarios públicos, quienes actualmente laboran en distintas instalaciones.

Sin embargo, el mecanismo de financiamiento provocó cuestionamientos entre los legisladores, especialmente por las obligaciones económicas que asumiría el Estado durante las próximas décadas.

La propuesta establece que el complejo se desarrollaría mediante un contrato de arrendamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un plazo inicial de hasta 30 años.

Durante la discusión, uno de los diputados cuestionó si los ahorros proyectados ya contemplaban los pagos que el Gobierno tendría que realizar al organismo financiero o si esas obligaciones deberían descontarse de los beneficios anunciados.

Ante las consultas, Morales reconoció que las proyecciones financieras todavía requieren ajustes y que será necesario avanzar en otras etapas para determinar con mayor precisión los costos y beneficios económicos.

“Esa es una estimación que se tiene que afinar, porque precisamente para eso necesitamos este proceso, para poder avanzar a las etapas subsiguientes”, explicó la ministra.

La funcionaria señaló que durante una primera etapa las instituciones deberán continuar realizando desembolsos equivalentes a los alquileres actuales, aunque posteriormente estos pagos estarían vinculados con la operación del nuevo complejo.

Además, distinguió entre una fase inicial de inversión y otra relacionada con el mantenimiento de los edificios a largo plazo.

Cuestionamientos por millonarios alquileres del Estado

Otro de los temas abordados durante la audiencia fue el elevado gasto histórico del Estado costarricense en el arrendamiento de inmuebles privados.

Durante su intervención, la legisladora oficialista, Zaira Murillo, hizo referencia a investigaciones de medios como La Nación y Semanario Universidad, que han documentado contratos en los cuales las instituciones terminaron pagando cantidades considerablemente superiores al valor de los edificios alquilados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Torre Mercedes, donde, según lo expuesto en la comisión, los pagos acumulados habrían alcanzado los 13,500 millones de colones (USD 29 millones), equivalentes a aproximadamente 6,5 veces el valor del inmueble.

También recordó que, de acuerdo con cifras atribuidas a la Contraloría General de la República, el gasto estatal en alquileres superaba los 104,000 millones de colones (USD 227 millones) anuales en 2020.

Frente a estos señalamientos, Morales sostuvo que Ciudad Gobierno pretende cambiar el modelo tradicional de ocupación de inmuebles y reducir la dispersión institucional.

“El proyecto lo que propone es eso precisamente, es revertir no solo esta dispersión en la ubicación, sino en el uso de los recursos”, manifestó.

Terreno del Liceo de Costa Rica genera discusión

La audiencia también abordó la situación de un terreno vinculado al Liceo de Costa Rica, cuya propiedad se pretende reintegrar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para desarrollar parte de las obras.

Según explicó la ministra, actualmente el inmueble se encuentra en desuso para actividades educativas y funciona como estacionamiento.

No obstante, diputados expresaron preocupación por la ausencia de medidas de compensación claramente establecidas para la comunidad estudiantil, considerando que el terreno podría aprovecharse para futuras ampliaciones.

La jerarca aseguró que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha mantenido conversaciones con la junta administrativa y la dirección del colegio para atender necesidades de mantenimiento, mejoras y eventuales ampliaciones de las instalaciones existentes.

De concretarse, Ciudad Gobierno se levantaría en los terrenos que actualmente ocupa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el centro de San José, con la expectativa de concentrar servicios públicos, reducir gastos de funcionamiento y modificar el modelo de infraestructura institucional del país.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de la medida de emergencia que rige la seguridad pública, en una sesión que coincidió con la revelación oficial de que la justicia dictó sentencia contra más de 10 mil pandilleros.

Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados respaldaron la extensión número 56 de este marco normativo, implementado en marzo de 2022 para combatir las estructuras criminales.

El respaldo parlamentario reafirmó el curso de la estrategia de seguridad pública impulsada por el Gobierno. Durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, el diputado del partido Nuevas Ideas, Walter Alemán, defendió la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción y sostuvo que la medida devolvió la paz y la tranquilidad a la población salvadoreña.

Alemán afirmó que la estrategia de seguridad permitió superar 20 años bajo el asedio de las pandillas y posicionó al país como un referente internacional. Según expuso, los resultados en el combate a la delincuencia facilitaron avances en otros rubros, entre ellos el crecimiento del turismo y la proyección de inversión educativa para el presupuesto de 2027.

En la misma línea, el diputado Reinaldo Carballo, tercer secretario de la Asamblea, ratificó el apoyo de su fracción tras asegurar que la medida devolvió la tranquilidad a los salvadoreños.

La Fiscalía confirmó 10,561 miembros de maras ya fueron condenados

El balance de los procesos penales quedó al descubierto durante la comparecencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. El funcionario expuso ante los legisladores la ejecución financiera de la institución y presentó el desglose judicial acumulado desde mayo de 2021 hasta el 16 de octubre.

De acuerdo con el reporte oficial, el Ministerio Público consiguió el veredicto de culpabilidad para 9,213 adultos y 1,348 menores de edad, lo que suma un total de 10,561 resoluciones contra integrantes de grupos ilícitos.

La mayor parte de los procesados pertenecía a las dos facciones criminales hegemónicas en el territorio:

• La Mara Salvatrucha (MS-13)
• La pandilla Barrio 18.

Delgado enfatizó la efectividad de las causas que ya concluyeron la vista pública en sede judicial. “Del total de imputados con sentencia, el 98% ha sido condenado, es decir, solo un pequeño margen de estas personas son las que actualmente han quedado en libertad”, explicó el fiscal general en San Salvador.

El titular del ente acusador precisó que las estadísticas corresponden estrictamente a expedientes que llegaron a la etapa de juicio, y anticipó que los registros numéricos aumentarán según los tribunales desarrollen las audiencias pendientes.

El Gobierno eliminó beneficios de excarcelación y mantiene los operativos

A la par de las cifras judiciales, el Ejecutivo ratificó que no otorgará ningún tipo de concesión procesal a los detenidos. El ministro Villatoro, sostuvo que la legislación actual clausuró de manera definitiva cualquier opción de liberación anticipada o beneficio penitenciario para los condenados.

Villatoro explicó que las patrullas conjuntas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada continúan desplegadas en asentamientos urbanos y áreas rurales para ubicar a prófugos de la justicia.

Las autoridades detectaron que diversos sospechosos intentaron burlar las inspecciones mediante la alteración o el borrado de sus tatuajes, así como a través de escondites en templos religiosos. El ministro aseveró que las redadas continuarán de manera sostenida hasta localizar al último miembro de estas estructuras criminales en suelo nacional.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictámenes favorables para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de endurecer las sanciones por conducción peligrosa, en especial cuando involucre transporte colectivo de pasajeros o vehículos de carga.

La propuesta plantea que conducir bajo los efectos del alcohol, sin importar la concentración detectada, continúe como delito de conducción peligrosa. También incorpora como conducta penalmente sancionable manejar un bus o un vehículo de carga sin la licencia correspondiente para esa categoría.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó que la conducción peligrosa tendría una pena de dos a cinco años de prisión. Cuando el hecho ocurra al mando de un vehículo destinado al transporte público colectivo o de carga, la pena se elevaría de cinco a 10 años.

Si la conducta provoca lesiones o muertes, las penas por lesiones culposas u homicidio culposo podrían llegar hasta 15 años de prisión cuando el responsable conduzca un bus o un vehículo de carga. La eventual condena incluiría la suspensión del derecho a conducir durante el mismo plazo de la pena impuesta.

La reforma define la conducción peligrosa como un delito de peligro abstracto. Esto implica que la Fiscalía General de la República podrá iniciar el proceso con la sola comprobación de una de las conductas previstas, sin que sea necesario que exista una víctima lesionada o fallecida.

Entre esas conductas figuran la conducción con presencia de alcohol, bajo efectos de drogas que reduzcan las capacidades para manejar, la participación en competencias de velocidad sin autorización y la conducción de transporte colectivo o de carga sin la habilitación requerida.

Prisión para propietarios que entreguen vehículos a conductores no autorizados

La iniciativa incorpora un nuevo delito para los propietarios, poseedores o encargados de buses y vehículos de carga de ocho toneladas o más que los entreguen a personas sin la licencia correspondiente.

Según la propuesta, quienes permitan esa práctica podrían recibir penas de cinco a 10 años de prisión. La sanción aumentaría si el conductor causa lesiones o muertes.

El propietario y el conductor responderían de forma solidaria por los daños y perjuicios que se determinen en el proceso judicial. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que la medida se dirige a los responsables de entregar unidades de transporte de pasajeros o carga a personas que no cuentan con la capacitación o autorización necesaria.

Reparación a las víctimas sin extinción de la acción penal

Las reformas al Código Procesal Penal buscan limitar las salidas alternas en los casos vinculados con conducción peligrosa. La conciliación, la mediación y la reparación integral del daño ya no extinguirían la acción penal cuando haya homicidios o lesiones derivados de esa conducta.

La comisión modificó la redacción inicial de la iniciativa para precisar que las lesiones culposas cometidas mediante conducción peligrosa serán perseguidas de oficio. El resto de los casos de lesiones culposas mantendría el régimen actual, que requiere la instancia de la víctima para iniciar la investigación.

Delgado afirmó que la restricción a la conciliación no elimina el derecho de las víctimas a recibir una compensación. La diferencia es que un acuerdo económico no detendría el proceso penal ni impediría que el Estado busque una condena contra el responsable.

El fiscal señaló que la Fiscalía deberá investigar desde el inicio los daños materiales, el lucro cesante y el daño moral para solicitar una reparación civil concreta ante los tribunales.

Retención preventiva de vehículos con fallas de seguridad

La propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgaría nuevas facultades al Viceministerio de Transporte (VMT) y a sus gestores para retener preventivamente vehículos que incumplan las condiciones mínimas de seguridad.

La medida alcanzaría a unidades sin tarjeta de circulación vigente, con llantas desgastadas o con fallas en los sistemas de iluminación, entre otras irregularidades. Cuando se detecte la posible comisión de un delito, el decomiso correspondería a la Policía Nacional Civil.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, indicó que la reforma también permitiría al VMT realizar directamente revisiones técnicas vehiculares. El funcionario recordó que el Gobierno ya exige ese control para camiones articulados fabricados en 1999 o antes y para las volquetas, y anticipó que la medida se extenderá al resto del transporte de carga.

Durante la sesión, Delgado afirmó que entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 se registraron 16.809 accidentes de tránsito y 1.083 fallecidos en El Salvador. Reyes añadió que 67 personas murieron ese año en siniestros que involucraron vehículos de carga.

Los dictámenes favorables quedaron listos para su discusión en el pleno legislativo, donde los diputados definirán si las reformas entran en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dio aval este lunes a una amnistía fiscal para 2026 que elimine multas, intereses y recargos, aunque mantenga intacta la obligación de pagar el capital adeudado por impuestos, derechos aduaneros y sanciones de tránsito.

Marvin Esaú Sorto, director general de Impuestos Internos, expuso ante la comisión que la medida tendría vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026 y permitiría regularizar obligaciones acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año. El beneficio alcanzaría a personas naturales, empresas, cooperativas, asociaciones y sociedades de acciones simplificadas, según explicó el funcionario.

Sorto afirmó que el proyecto no busca favorecer a quienes evadieron impuestos, sino facilitar la regularización de contribuyentes que no lograron cumplir con sus obligaciones tributarias. “No venimos a pedir que se exonere el capital adeudado”, sostuvo durante la sesión. “Lo que venimos a pedir es que se le exonere de aquel castigo” correspondiente a multas, intereses y recargos.

La medida incluye deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito

La propuesta permitiría que los contribuyentes paguen el impuesto principal sin asumir las penalidades acumuladas por declaraciones omitidas, pagos incompletos, saldos a favor improcedentes o declaraciones presentadas sin cancelar el monto liquidado.

El alcance también incluye casos en fiscalización, procedimientos de audiencia y apertura a pruebas, recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, procesos en la jurisdicción contencioso-administrativa, expedientes ante la Fiscalía General de la República y acciones de amparo constitucional, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el decreto.

Según Sorto, los contribuyentes con procesos judiciales podrán desistir de manera total o parcial de sus reclamos para acogerse al beneficio. En esos casos, deberán presentar el desistimiento ante la instancia correspondiente y luego tramitar un acuerdo de pago ante la Dirección General de Tesorería.

La iniciativa abarca además obligaciones aduaneras. Podrán acogerse quienes no presentaron declaraciones de mercancías, incurrieron en omisiones o inexactitudes, o dejaron pendientes el pago de derechos arancelarios a la importación y otros tributos vinculados con operaciones de comercio exterior.

El proyecto también contempla las retenciones y percepciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios —el IVA— y las retenciones del impuesto sobre la renta. Sorto señaló que, en esos casos, la normativa prevé multas equivalentes al 100% de los montos retenidos y no enterados al fisco.

Las multas de tránsito no se eliminarían, pero sí sus recargos

La amnistía no perdonaría la multa impuesta por una violación a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El beneficio se limitaría a los intereses y recargos generados por el impago de esas sanciones. La misma regla aplicaría a multas establecidas por otras instituciones públicas: el infractor deberá pagar el monto principal, aunque podría quedar exento de cargos adicionales.

“En ningún momento el Ministerio de Hacienda está solicitando la exoneración de multas a los que han sido infraccionados”, afirmó Sorto. La cartera prevé coordinar la aplicación de la medida con el Viceministerio de Transporte, la Dirección General de Tesorería y otras entidades que intervienen en el cobro de sanciones.

El pago podrá hacerse en nueve cuotas sin intereses

Los contribuyentes que no dispongan de recursos para cancelar la deuda en un solo pago podrán solicitar un plan de hasta nueve cuotas mensuales. La primera deberá equivaler al 10% del impuesto complementario adeudado y el saldo se distribuirá en ocho pagos sucesivos.

Durante ese período, el acuerdo no generaría multas ni intereses, a diferencia de los planes ordinarios de pago previstos en el Código Tributario. Si el contribuyente incumple una de las cuotas, perderá el beneficio de la amnistía y Hacienda reactivará el cobro de las penalidades, explicó Sorto.

La medida también permitiría regularizar sociedades inactivas, entidades que no presentaron declaraciones en cero y empresas que necesitan actualizar datos ante la administración tributaria, como el domicilio para notificaciones o el nombramiento de un auditor fiscal.

Sorto señaló que un emprendedor que omitió declaraciones por desconocimiento, un trabajador que no presentó su primera declaración de renta o un pequeño negocio que no enteró retenciones podrán ponerse al día mediante este mecanismo.

Hacienda atribuye el mayor alcance de la amnistía a pequeños contribuyentes

La amnistía fiscal de 2025 benefició a 56.195 contribuyentes, indicó Sorto. Según los datos expuestos ante la comisión, el 71% de la recaudación obtenida durante esa medida provino de pequeños contribuyentes; el 15%, de medianos, y el 14%, de grandes contribuyentes.

El funcionario también afirmó que la amnistía anterior dejó “más de $ 60 millones” que, según la visión del Ministerio de Hacienda, los beneficiarios destinaron a la economía nacional en lugar de pagar multas e intereses.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó este lunes 19 de octubre de 2026, en segundo y último debate, el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales iniciativas de reforma energética promovidas por el Gobierno, después de que no consiguiera los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva.

El expediente 23.414 recibió 31 votos a favor y 23 en contra, resultado que provocó su archivo y puso fin a un proceso legislativo de casi cuatro años, marcado por diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el futuro del mercado eléctrico costarricense.

La propuesta, presentada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y respaldada por el actual Gobierno de Laura Fernández Delgado, buscaba transformar las reglas de generación y comercialización de electricidad, ampliar la participación de empresas privadas y modificar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dentro del sistema nacional.

Aunque la iniciativa había sido aprobada en primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos favorables y 24 negativos, la segunda votación requería una mayoría calificada que el oficialismo no consiguió reunir.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes rechazaron el proyecto?

La votación evidenció las diferencias entre las principales fuerzas políticas del Congreso.

Los 30 diputados presentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO) respaldaron la iniciativa, junto con Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien fue la única legisladora ajena al oficialismo que votó favorablemente.

Por el contrario, los 15 diputados presentes del Partido Liberación Nacional (PLN), los siete representantes del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se pronunciaron en contra.

Tres legisladores estuvieron ausentes.

La propuesta necesitaba al menos 38 votos porque contemplaba la creación de una nueva institución autónoma, lo que exige el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.

Por esa razón, pese a recibir más votos favorables que negativos, la iniciativa no pudo convertirse en ley.

¿Qué pretendía cambiar la armonización eléctrica?

El proyecto buscaba introducir modificaciones profundas en la organización del sector energético mediante la creación de un Mercado Eléctrico Nacional (MEN).

Esta estructura habría permitido que empresas públicas, generadores privados, cooperativas, comercializadoras, distribuidoras y grandes consumidores participaran en operaciones de compra y venta de electricidad, bajo condiciones legales y regulatorias.

Uno de los principales cambios consistía en que determinados consumidores de gran tamaño pudieran negociar directamente el suministro eléctrico con generadores autorizados.

Asimismo, contemplaba la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una institución autónoma que asumiría funciones de coordinación, operación y administración del sistema eléctrico actualmente concentradas en el ICE.

Sus promotores defendían la propuesta como una oportunidad para incrementar la competitividad, atraer inversión privada, diversificar las fuentes de generación y responder al crecimiento de la demanda energética.

Sin embargo, sectores opositores cuestionaban la posible pérdida de atribuciones del ICE y advertían sobre riesgos para las tarifas y el modelo de acceso universal a la electricidad.

Negociaciones políticas fracasaron antes de la votación

En los días previos al segundo debate, el oficialismo intentó conseguir el respaldo de diputados liberacionistas para alcanzar los votos necesarios.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y el subjefe Juan Manuel Quesada afirmaron que habían mantenido conversaciones con siete diputados del PLN y que existían entendimientos sobre modificaciones futuras al sistema eléctrico.

Entre los planteamientos discutidos figuraban reformas relacionadas con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) y mecanismos de solidaridad tarifaria.

Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando Liberación Nacional condicionó su continuidad a que el Gobierno atendiera los reclamos por los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, negó que existiera un acuerdo firmado que comprometiera los votos de sus diputados.

Finalmente, ninguno de los congresistas verdiblancos presentes respaldó el expediente.

Oficialismo responsabiliza a la oposición por el fracaso

Tras conocerse el resultado, Nogui Acosta cuestionó duramente a los partidos que rechazaron la reforma.

“Hoy queda claramente establecido quiénes están a favor del progreso del país y quiénes defienden el status quo”, manifestó el jefe de fracción oficialista.

El legislador sostuvo que la reforma era necesaria para mejorar la capacidad energética del país y atraer empresas internacionales.

Desde la perspectiva del oficialismo, el rechazo representa una oportunidad perdida para fortalecer la competitividad, generar empleos y ampliar las opciones de abastecimiento eléctrico.

Acosta también rechazó que la propuesta buscara debilitar al ICE, argumentando que la institución continuaría desempeñando un papel relevante como generadora de electricidad.

Diputada que votó a favor también criticó al Gobierno

Una de las reacciones más llamativas fue la de Abril Gordienko, quien, pese a respaldar la iniciativa, responsabilizó al Ejecutivo por no conseguir los acuerdos necesarios.

“Si hoy no hay armonización, los únicos responsables son el gobierno de doña Laura Fernández y la fracción de Pueblo Soberano”, declaró la legisladora.

Gordienko cuestionó que el oficialismo no mostrara suficiente disposición para incorporar observaciones de otras bancadas, pese a que sí había negociado modificaciones en otros proyectos.

La congresista también manifestó preocupación por las condiciones del sistema eléctrico y la necesidad de fortalecer la planificación energética del país.

Liberación Nacional plantea una reforma alternativa

Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, defendió la decisión de su bancada y sostuvo que rechazar el expediente no significa oponerse a la modernización del sistema energético.

El partido presentó cuatro proyectos alternativos para reformar el sector eléctrico, con el propósito de mantener al ICE como eje del modelo nacional y permitir cambios que, según la agrupación, protejan la solidaridad y la sostenibilidad.

Entre estas propuestas figura el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional.

Los liberacionistas plantean continuar las conversaciones para construir una reforma que consiga mayor respaldo legislativo.

¿Qué ocurrirá ahora con el sistema eléctrico costarricense?

El rechazo significa que no entrarán en vigor las modificaciones contempladas en el expediente 23.414.

Por lo tanto, no se creará el Mercado Eléctrico Nacional bajo el modelo propuesto ni el Ecosen, y el ICE conservará las funciones que la iniciativa pretendía trasladar.

Esto no implica que Costa Rica se quede sin suministro eléctrico ni que las tarifas aumenten automáticamente por el resultado de la votación. Los precios y la seguridad del abastecimiento dependen de múltiples factores, entre ellos la generación disponible, los costos operativos y las condiciones climáticas.

La discusión sobre la modernización del sistema energético podrá continuar mediante nuevas iniciativas legislativas.

Con esta decisión, el Congreso cerró uno de los debates económicos y políticos más relevantes del año, mientras permanece abierta la discusión sobre cómo garantizar electricidad suficiente, confiable y a precios competitivos para los hogares y las empresas costarricenses.

La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió para estudio una iniciativa del Gobierno central que propone una ley especial y transitoria para facilitar el pago de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas. El proyecto plantea exonerar intereses, recargos y, en determinados casos, multas, aunque mantiene la obligación de cancelar los impuestos y montos principales adeudados.

La propuesta, denominada Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas, tendría vigencia desde su publicación en el Diario Oficial hasta el 11 de diciembre de 2026.

El texto fundamenta la iniciativa en la existencia de contribuyentes con procesos abiertos ante la Administración Tributaria, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, la jurisdicción contencioso-administrativa y la Fiscalía General de la República. También incluye deudas en fase de cobro judicial, con límites para los casos que tengan sentencia definitiva.

La iniciativa incluye deudas tributarias, aduaneras y multas de tránsito

El proyecto abarca obligaciones administradas por el Ministerio de Hacienda, entre ellas declaraciones tributarias no presentadas, impuestos declarados pero no pagados, pagos inferiores a los legalmente exigibles y saldos a favor informados por encima de lo permitido.

También contempla a contribuyentes que estén bajo fiscalización, en etapas de audiencia y apertura a pruebas, o que aún tengan plazos para impugnar resoluciones de tasación de impuestos y multas.

La medida alcanzaría, además, obligaciones aduaneras vinculadas con declaraciones de mercancías que presenten omisiones, inexactitudes o liquidaciones inferiores a las correspondientes. El documento incorpora casos de vehículos ingresados con permisos temporales vencidos y mercancías sujetas a regímenes de importación temporal, siempre que los responsables regularicen su situación bajo las condiciones previstas.

En materia de tránsito, la iniciativa permitiría eliminar recargos de multas impuestas bajo la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El beneficio se extendería a sanciones sin convenio de pago y a aquellas con compromisos o resoluciones de pago a plazos que hayan sido incumplidos.

Los contribuyentes deberán pagar el tributo pendiente para acceder al beneficio

La exoneración no implica la eliminación general de las deudas. El proyecto establece que quienes busquen acogerse a la normativa deberán pagar el impuesto, derecho arancelario, multa principal o saldo que corresponda, según el tipo de obligación.

Para los casos en que exista una deuda líquida, firme y exigible, la propuesta prevé la dispensa de intereses y recargos. En varias situaciones, también se eliminarían las multas, en especial si no se emitió una liquidación de oficio o si el contribuyente regulariza voluntariamente su situación.

El beneficio cubriría incluso expedientes enviados a la Fiscalía General de la República, siempre que no exista una sentencia definitiva, formal y materialmente notificada. En esos casos, el solicitante deberá desistir o renunciar al proceso abierto ante la autoridad administrativa o judicial que conozca el expediente.

El proyecto señala que, cuando existan recursos de apelación, demandas contencioso-administrativas o procesos de amparo pendientes, los contribuyentes deberán presentar constancia de su desistimiento antes de solicitar la resolución de pago o un plan de cuotas ante la Dirección General de Tesorería.

El proyecto permite pagar en hasta nueve cuotas mensuales

La iniciativa habilita a la Dirección General de Tesorería para conceder planes de pago de hasta nueve cuotas mensuales, incluida una primera cuota equivalente al 10% de la deuda. Las ocho restantes se pagarían de forma mensual y sucesiva.

La posibilidad de pagar a plazos aplicaría a deudas tributarias, multas de tránsito y sanciones determinadas por instituciones de la Administración Pública, con excepción de las municipalidades. El documento también contempla ese mecanismo para contribuyentes que no pagaron el impuesto sobre la renta tras recibir el mandamiento de pago correspondiente.

El incumplimiento de una resolución de pago a plazos provocaría la pérdida de los beneficios. En ese supuesto, se reactivarían las multas, intereses y recargos en proporción al monto pendiente, además de la aplicación de los mecanismos ordinarios de cobro.

La norma retoma un régimen aprobado en 2025

En las consideraciones, el Gobierno señala que el último mecanismo de este tipo fue aprobado en octubre de 2025. Esa normativa creó otra ley transitoria para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y de tránsito.

Según la nueva solicitud, aquel régimen permitió regularizar deudas pendientes y elevar la recaudación de impuestos y multas. El Ejecutivo sostiene que aún existe un segmento de contribuyentes con expedientes abiertos o deudas pendientes de resolución, por lo que plantea una nueva ventana para normalizar esas obligaciones.

La Asamblea Legislativa deberá analizar la iniciativa en su Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El Gobierno de Costa Rica enfrenta un cierre de año marcado por dificultades en la recaudación de ingresos públicos, luego de que el Ministerio de Hacienda reportara una reducción cercana a los ₡400,000 millones (USD 882,5 millones), situación que obligó a las autoridades a preparar ajustes presupuestarios para los últimos meses de 2026.

La disminución de recursos llevó al Ejecutivo a presentar un presupuesto extraordinario que contempla ajustes en el gasto por aproximadamente ₡167,000 millones (USD 368,4 millones), así como movimientos entre partidas, recortes en distintas instituciones y medidas de ahorro relacionadas con plazas vacantes.

Los detalles fueron expuestos por los viceministros de Hacienda, Luis Molina y Víctor Julio Carvajal, durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, instancia encargada de analizar la propuesta presupuestaria.

Durante la discusión, las autoridades defendieron la necesidad de reducir determinados gastos para responder a la caída de los ingresos, mientras legisladores de oposición cuestionaron la planificación financiera del Gobierno y expresaron preocupación por las posibles consecuencias sobre instituciones públicas y programas sociales.

Diputados cuestionan si los recortes reflejan problemas de planificación

Las explicaciones del Ministerio de Hacienda generaron cuestionamientos entre diputados de oposición, quienes señalaron que la disminución de recursos debe analizarse también desde la perspectiva de la planificación presupuestaria.

“Totalmente de acuerdo que hay que venir haciendo ajustes. Si ingresan menos recursos, pues hay que hacer ajustes y hay cosas que ya no se pueden hacer”, manifestó Diana Murillo, diputada liberacionista.

Sin embargo, cuestionó que el Gobierno recurra repetidamente a reducciones presupuestarias de montos elevados.

“Pero cuando esto es repetitivo y en los montos en los que estamos viendo, es cuando uno se pregunta: ¿hay mala planificación? ¿Qué es lo que está pasando?”, agregó.

La legisladora también señaló que presentar una reducción del gasto puede resultar más sencillo que desarrollar alternativas para evitar los faltantes presupuestarios.

“Me parece que ustedes están haciendo la parte más fácil, porque la parte más fácil es venir acá y proponernos un recorte. Eso es más fácil, aquí lo aprueban y tienen mayoría y listo. Lo difícil aquí es presentarnos una propuesta para evitar eso”, afirmó.

Preocupación por los recortes al Poder Judicial

Diputados de oposición expresaron preocupación por las reducciones de recursos y las limitaciones propuestas para cubrir plazas vacantes, en momentos en que la institución enfrenta una carga importante de trabajo.

María Eugenia Román, diputada del Frente Amplio, cuestionó que se exijan mayores resultados al sistema judicial mientras se plantean restricciones presupuestarias que podrían afectar su capacidad operativa.

“Me sigue sonando muy irónico cuando reclamamos que el Poder Judicial no ha resuelto, que tiene una traba de setecientos expedientes aproximadamente”, manifestó.

La diputada vinculó esa preocupación con las disposiciones presupuestarias propuestas para 2027, las cuales, según señaló, podrían limitar la posibilidad de realizar nuevos nombramientos.

Programas sociales también generan inquietud entre legisladores

Además de los cuestionamientos sobre el Poder Judicial, los diputados manifestaron preocupación por las posibles reducciones presupuestarias en programas sociales.

La discusión se concentró en la necesidad de determinar si los recortes podrían afectar servicios destinados a poblaciones que dependen de recursos estatales.

El debate refleja una de las principales dificultades que enfrentan las autoridades cuando deben reducir el gasto público: determinar qué partidas pueden ajustarse sin comprometer servicios prioritarios.

Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las decisiones presupuestarias y la forma en que Hacienda pretende distribuir las reducciones.

La propuesta deberá continuar su análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios antes de que se adopten las decisiones legislativas correspondientes.

¿Qué sigue con el presupuesto extraordinario de 2026?

El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda continuará bajo análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán revisar los ajustes propuestos y sus posibles consecuencias.

El principal desafío para Hacienda será demostrar que las modificaciones permiten enfrentar la disminución de ingresos sin comprometer de manera desproporcionada las funciones de las instituciones públicas.

Por su parte, los diputados de oposición han insistido en la necesidad de revisar la planificación financiera y establecer con claridad las consecuencias de las reducciones sobre el Poder Judicial, los programas sociales y la disponibilidad de personal.

El debate también ocurre en un contexto en el que las autoridades buscan controlar el endeudamiento y evitar la creación de nuevos compromisos permanentes de gasto sin fuentes suficientes de financiamiento.

La decisión final dependerá del avance del procedimiento legislativo y de las modificaciones que puedan introducirse durante el análisis de la propuesta.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.311, una reforma a la Ley General de Policía que permitirá establecer una póliza destinada a cubrir los gastos de representación legal de funcionarios policiales que enfrenten acusaciones, demandas o procesos judiciales relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa incorpora un nuevo inciso al artículo 79 de la Ley General de Policía, con el propósito de brindar respaldo económico y jurídico a los agentes que deban defender sus actuaciones ante instancias judiciales, siempre que hayan cumplido con los procedimientos y protocolos institucionales correspondientes.

El proyecto busca responder a una demanda histórica de distintos sectores policiales, cuyos funcionarios pueden enfrentar procesos penales o civiles como consecuencia de intervenciones realizadas durante el desempeño de sus responsabilidades.

De acuerdo con la información divulgada durante la sesión legislativa, la cobertura de la póliza estará condicionada a que el oficial haya ejecutado sus funciones conforme a las instrucciones, protocolos o procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos.

La disposición establece además exclusiones expresas para evitar que el mecanismo sea utilizado para financiar la defensa de actuaciones contrarias a la legislación.

Entre ellas se encuentran los actos cometidos con dolo o culpa grave, las decisiones de carácter administrativo y cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y recibió apoyo de diputados de diferentes agrupaciones políticas, quienes destacaron la importancia de ofrecer mayor protección a los cuerpos policiales en un contexto de enfrentamiento con estructuras del crimen organizado.

¿Qué gastos cubrirá la nueva póliza para policías?

La reforma permitirá que el Estado suscriba una póliza para cubrir determinados riesgos derivados del ejercicio de las funciones policiales.

Según lo explicado durante el debate legislativo, el mecanismo contempla la responsabilidad patrimonial en las vías contencioso-administrativa, civil o penal, así como los gastos de representación legal cuando un funcionario resulte acusado, imputado o demandado por hechos vinculados directamente con su trabajo.

Esto incluye situaciones relacionadas con el ejercicio de funciones policiales propiamente dichas y labores conexas contempladas en la legislación.

Uno de los objetivos principales es evitar que los oficiales tengan que asumir personalmente todos los costos de contratación de abogados cuando enfrentan denuncias como consecuencia de actuaciones realizadas conforme a sus responsabilidades institucionales.

Una iniciativa impulsada por dos administraciones

Durante la sesión legislativa también se destacó que el proyecto fue promovido desde el Poder Ejecutivo y recibió impulso durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles, así como de la actual presidenta, Laura Fernández Delgado.

Uno de los diputados recordó que la propuesta enfrentó cuestionamientos relacionados con las competencias de otras instituciones del Estado en materia de representación legal de funcionarios públicos.

Sin embargo, sus defensores sostuvieron que era necesario establecer una protección específica para los integrantes de los cuerpos policiales.

La aprobación del expediente se produce en un contexto en el que el Gobierno ha planteado la necesidad de fortalecer las condiciones laborales, operativas y jurídicas de los agentes que participan en labores de seguridad ciudadana.

El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales se ha convertido en uno de los temas de discusión en Costa Rica, donde dos proyectos de ley buscan establecer edades mínimas para utilizar estas plataformas, en medio de la creciente preocupación por los riesgos que enfrentan las personas menores de edad en Internet.

Las propuestas legislativas pretenden limitar la exposición al ciberacoso, el grooming, los contenidos perjudiciales y la presión social, fenómenos que han intensificado el debate internacional sobre la necesidad de establecer mayores controles en el entorno digital.

Sin embargo, la Fundación La Casa de los Niños advierte que fijar una edad mínima no necesariamente garantiza la protección de los menores, debido a que muchos de los riesgos también están presentes en videojuegos, sitios web, aplicaciones y contenidos audiovisuales que pueden utilizarse sin necesidad de crear una cuenta.

La organización considera que el desafío debe abordarse mediante una combinación de regulación, educación digital, acompañamiento familiar y responsabilidad de las empresas tecnológicas, en lugar de concentrar todos los esfuerzos en prohibir determinadas plataformas.

La psicóloga Catalina Chaves, directora de la fundación, sostiene que la tecnología forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones y que la prevención debe incluir herramientas para reconocer situaciones peligrosas.

“Ninguna ley puede cubrir todos estos espacios. Por eso, la herramienta más amplia y duradera es enseñar a niños y adolescentes, desde pequeños, a reconocer la información falsa y la manipulación digital”, explicó.

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se encuentran en discusión dos iniciativas que plantean establecer límites de edad para el acceso a plataformas de interacción social.

La primera corresponde al expediente 25.805, presentado recientemente, que propone fijar una edad mínima de 15 años para crear y mantener cuentas en determinadas redes sociales.

La iniciativa también contempla obligaciones para los proveedores de estas plataformas, con el objetivo de impedir que personas menores de esa edad mantengan cuentas activas.

Por otra parte, el expediente 25.336, presentado en diciembre de 2025, plantea establecer una edad mínima de 14 años para la creación y utilización de cuentas en servicios digitales que permiten la interacción social.

Aunque ambas propuestas buscan fortalecer la protección de niños y adolescentes, presentan diferencias en el límite de edad que consideran adecuado.

La discusión legislativa se desarrolla mientras distintos países evalúan mecanismos para reducir la exposición de los menores a contenidos violentos, interacciones riesgosas y otras situaciones que pueden afectar su bienestar.

Australia restringió las redes a menores de 16 años, pero muchos continuaron utilizándolas

El debate costarricense coincide con decisiones adoptadas en otros países, donde las autoridades han establecido restricciones más estrictas para el acceso de menores a determinadas plataformas.

Uno de los casos es Australia, que comenzó a aplicar en diciembre de 2025 restricciones dirigidas a impedir que menores de 16 años crearan o mantuvieran cuentas en determinadas redes sociales.

Sin embargo, una evaluación publicada en 2026 en la revista médica The BMJ, citada por la Fundación La Casa de los Niños, encontró resultados que ponen en discusión la efectividad inmediata de estas prohibiciones.

Según el estudio, aproximadamente tres meses después de la entrada en vigor de las restricciones, más del 85% de los adolescentes menores de 16 años que participaron en la investigación reconoció haber utilizado plataformas sujetas a la medida.

La evaluación también identificó mecanismos mediante los cuales los usuarios podían evadir los controles de edad.

Los resultados no permiten establecer que todas las restricciones sean ineficaces, pero sí evidencian dificultades para impedir completamente el acceso de adolescentes a estas plataformas.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido que las restricciones por edad, aplicadas de manera aislada, no garantizan la seguridad de niños y adolescentes en Internet.

La organización internacional también reconoce que las herramientas digitales pueden ofrecer oportunidades relacionadas con aprendizaje, comunicación, entretenimiento, expresión y participación social.

Desde esta perspectiva, la protección infantil requiere considerar tanto los riesgos como los beneficios que pueden ofrecer los espacios digitales.

Los riesgos también están presentes en videojuegos y contenidos infantiles

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la Fundación La Casa de los Niños es que las redes sociales representan solamente una parte del entorno digital al que pueden acceder los menores.

La organización advierte que existen riesgos en juegos en línea, donde niños y adolescentes pueden interactuar con personas desconocidas, participar en conversaciones privadas o enfrentar presiones para realizar compras dentro de las aplicaciones.

También identifica posibles peligros en videos, caricaturas y contenidos audiovisuales que aparentan estar dirigidos a públicos infantiles, pero incluyen mensajes inadecuados o escenas violentas.

A estos espacios se suman sitios web de acceso libre y plataformas que permiten consumir contenidos sin necesidad de registrar una cuenta personal.

Por esta razón, establecer una edad mínima para determinadas redes sociales no impediría automáticamente que los menores entren en contacto con contenidos o interacciones perjudiciales en otros servicios.

Catalina Chaves considera que la prevención debe centrarse también en desarrollar habilidades para identificar información falsa, reconocer comportamientos manipuladores y solicitar ayuda cuando surjan situaciones de riesgo.

La especialista señala que durante la adolescencia existen factores que pueden aumentar la vulnerabilidad frente a plataformas diseñadas para captar la atención de los usuarios.

Entre ellos menciona la necesidad de aceptación social y el desarrollo todavía incompleto del control de impulsos, condiciones que pueden influir en la forma en que los adolescentes interactúan con los contenidos digitales.

La fundación advierte que una prohibición sin acompañamiento podría provocar que algunos menores utilicen estas herramientas a escondidas, dificultando la intervención de padres, madres o encargados cuando enfrenten situaciones peligrosas.

¿Cómo pueden los padres proteger mejor a sus hijos en Internet?

La organización plantea que la protección digital debe construirse mediante un proceso gradual, adaptado a la edad y madurez de cada niño o adolescente.

Uno de sus principales planteamientos es promover la autonomía progresiva, de manera que el acceso a herramientas tecnológicas comience bajo supervisión adulta y evolucione hacia mayores niveles de independencia.

Este proceso debe acompañarse de acuerdos claros sobre el tiempo de uso, las aplicaciones disponibles y las situaciones que requieren consultar con una persona adulta.

Otro aspecto fundamental es fortalecer la confianza dentro de las familias.

La fundación considera importante que los menores puedan comunicar experiencias incómodas o peligrosas sin temor a recibir castigos automáticos, ya que el miedo a perder el acceso a sus dispositivos podría dificultar que denuncien situaciones de acoso o contacto inapropiado.

También recomienda mantener conversaciones frecuentes sobre las experiencias digitales, en lugar de limitar la interacción familiar al establecimiento de prohibiciones.

Preguntar cómo se sienten al utilizar videojuegos, redes sociales o plataformas de video puede ayudar a identificar preocupaciones y desarrollar criterios para reconocer contenidos perjudiciales.

Además, los adultos deben prestar atención a determinados cambios de comportamiento.

Alteraciones en el sueño, aislamiento, irritabilidad o secretismo repentino pueden representar motivos para iniciar una conversación sobre lo que está ocurriendo en el entorno digital.

No obstante, estas conductas no constituyen por sí mismas pruebas de que exista una situación de violencia o acoso en Internet.

Los jueces podrían valorar los vínculos de una persona investigada con organizaciones criminales al decidir una prisión preventiva, según una reforma al Código Procesal Penal propuesta por la Sala Tercera del Poder Judicial.

La iniciativa busca establecer si esas estructuras pueden facilitar una fuga o interferir en la causa, según informó El Observador.

La modificación no implicaría que toda persona relacionada con el crimen organizado deba permanecer detenida. Para dictar la prisión preventiva, los jueces tendrían que contar con elementos objetivos que prueben el vínculo y explicar de qué manera los recursos de la organización aumentan los riesgos para el proceso judicial.

Las propuestas de las tres salas de la Corte Suprema de Justicia aún deberán pasar por un proceso de análisis, observaciones y consultas. Recién después podrían convertirse en proyectos de ley para su discusión en la Asamblea Legislativa.

Los recursos de una organización podrían influir en la prisión preventiva

El cambio planteado para el artículo 240 incorporaría nuevos criterios para evaluar el peligro de fuga. Los juzgadores podrían considerar la capacidad económica, los medios de transporte, los contratos y la logística que una organización criminal tiene a disposición.

Según la iniciativa, esos recursos pueden permitir que la persona investigada eluda la acción de la Justicia. La vinculación con una estructura delictiva pasaría así a figurar de manera expresa entre los factores que pueden sostener ese riesgo.

La propuesta también alcanza al artículo 241, que regula el peligro de obstaculización de la investigación. En ese caso, el análisis incluiría la posibilidad de que el sospechoso cuente con una red capaz de influir sobre testigos, modificar pruebas o interferir en diligencias.

El Código Procesal Penal ya contempla la prisión preventiva ante riesgos como la fuga o la alteración de elementos probatorios. La reforma añadiría el acceso a recursos, contactos y medios de organizaciones criminales como una circunstancia que los jueces pueden valorar, siempre que exista una justificación concreta.

“Las transformaciones experimentadas por la criminalidad en los últimos años plantean nuevos desafíos para el sistema de justicia penal”, sostiene el documento presentado por la Sala Tercera, de acuerdo con El Observador.

El texto no establece una presunción automática contra las personas investigadas. La propuesta exige que el nexo con una organización esté acreditado mediante información objetiva y que la resolución judicial detalle cómo esa relación afecta el desarrollo de la causa.

La propuesta también amplía las cautelares contra funcionarios investigados

La reforma incorpora cambios para los funcionarios públicos sometidos a una investigación penal. La normativa vigente permite suspenderlos cuando se les atribuye un delito relacionado con sus tareas.

La nueva redacción habilitaría esa medida cuando haya elementos objetivos que demuestren que la permanencia del funcionario en su puesto eleva algún riesgo para la investigación o para el proceso judicial.

El criterio obligaría a evaluar la relación entre el cargo y la posible afectación de la causa. La suspensión no dependería solo del delito atribuido, sino de la posibilidad de que la continuidad en funciones tenga consecuencias sobre las diligencias judiciales.

Por su parte, la Sala Primera y la Sala Segunda presentaron iniciativas orientadas a limitar la reinstalación de funcionarios públicos despedidos por actos de corrupción o por vínculos con organizaciones criminales.

Las tres propuestas forman parte de un proceso previo a una eventual discusión legislativa. Antes de llegar a la Asamblea Legislativa, deberán ser sometidas a revisión y recibir observaciones y consultas.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el jueves 8 de octubre de 2026 la creación de una comisión especial investigadora que examinará posibles vínculos entre el narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales con el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales de 2022 y 2026.

La decisión fue respaldada por 52 diputados, en una votación unánime que se produjo después de varias horas de discusiones y del rechazo de dos propuestas anteriores, presentadas por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Aunque el resultado final contó con el respaldo de todas las bancadas presentes, la jornada estuvo marcada por fuertes diferencias sobre el alcance de las investigaciones, particularmente acerca de la necesidad de esclarecer los posibles vínculos de Guobin Tam Zhang, conocido como “Juan Carlos Tam”, con figuras políticas nacionales.

El empresario, de origen chino y naturalizado costarricense, fue detenido recientemente a solicitud de autoridades estadounidenses que lo requieren por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero. Su aparición en fotografías de actividades políticas vinculadas con el oficialismo generó cuestionamientos de diputados opositores.

A esa controversia se sumó el caso Éxodo, investigación judicial por presunta legitimación de capitales en la que fueron detenidos los productores de conciertos Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza.

Dos mociones rechazadas antes de alcanzar un acuerdo

La sesión legislativa estuvo marcada por las diferencias entre Pueblo Soberano y Liberación Nacional sobre cuáles hechos debían incluirse en las investigaciones.

La primera propuesta del PLN buscaba crear una comisión enfocada en las posibles relaciones políticas de Guobin Tam Zhang, sus sociedades y las organizaciones presuntamente vinculadas con sus actividades.

El texto pretendía establecer si existieron nexos con agrupaciones partidarias, estructuras de campaña o funcionarios públicos, así como posibles operaciones relacionadas con evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico.

Sin embargo, la moción fue rechazada con los votos de la bancada de Pueblo Soberano, que argumentó que las investigaciones no debían concentrarse exclusivamente en una persona o agrupación política.

Posteriormente, Liberación Nacional presentó otra iniciativa orientada a investigar el financiamiento de los partidos durante el proceso electoral de 2026.

Esta segunda propuesta también fue rechazada por los legisladores oficialistas.

Finalmente, el Congreso aprobó una tercera moción impulsada por Pueblo Soberano, que amplió el período de investigación para incluir las campañas de 2021-2022 y 2025-2026.

El texto recibió el respaldo de todas las fracciones presentes, pese a las diferencias manifestadas durante la discusión.

La decisión significa que la nueva comisión no estará limitada a las donaciones recibidas en la última elección presidencial, sino que podrá examinar posibles irregularidades en las dos campañas.

Oficialismo defiende incluir la campaña de Rodrigo Chaves de 2022

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, aseguró que su bancada no tiene inconvenientes en investigar el financiamiento de diferentes procesos electorales, independientemente de las agrupaciones políticas que puedan resultar involucradas.

Durante la sesión, el legislador insistió en que cualquier investigación debe abarcar a todos los partidos y no concentrarse únicamente en las actividades vinculadas con el oficialismo.

“Ahora que hablaba con la campaña anterior (la de 2022), entrémosle a esa campaña, aquí no hay miedo. No tenemos ningún problema con las investigaciones”, manifestó Acosta.

El diputado también hizo referencia a fotografías en las que aparece Don Stockwell junto a figuras de Liberación Nacional, entre ellas el actual jefe de bancada, Álvaro Ramírez.

Acosta cuestionó públicamente esas relaciones y planteó la necesidad de esclarecer cualquier vínculo que pudiera resultar relevante para la investigación legislativa.

La bancada oficialista defendió que el nuevo órgano investigador pueda examinar las contribuciones y relaciones de diferentes agrupaciones, con el propósito de evitar que las pesquisas se limiten a señalamientos contra un solo sector político.

Liberación Nacional cuestiona rechazo de investigación sobre empresario detenido

Desde la oposición, el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, criticó la decisión inicial del oficialismo de rechazar una comisión específicamente orientada a investigar los presuntos vínculos de Guobin Tam Zhang con figuras políticas.

El legislador sostuvo que la investigación debe permitir a la ciudadanía conocer si existieron relaciones que pudieran comprometer la transparencia del financiamiento electoral o la independencia de las instituciones públicas.

“No es un tema de hacer circo, es de darle a los costarricenses respuestas. Nos interesa que se establezcan las responsabilidades”, expresó Ramírez durante el debate parlamentario.

El jefe de bancada también cuestionó la reacción de los diputados oficialistas ante la propuesta de investigar al empresario requerido por la justicia estadounidense.

Los señalamientos surgieron después de que trascendieran fotografías de Tam Zhang durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández, realizada el 1 de febrero de 2026 en el Hotel Aurola, en San José.

También se divulgaron imágenes de otra actividad política en la que coincidió con Rodrigo Chaves, Laura Fernández y legisladores oficialistas.

La oposición recuerda que la campaña de 2022 ya fue investigada

La decisión de incluir las elecciones de 2022 también provocó cuestionamientos de diputados opositores, quienes recordaron que una comisión legislativa anterior ya investigó el financiamiento de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.

La diputada liberacionista Janice Sandí sostuvo que aquella investigación permitió documentar presuntas irregularidades relacionadas con una estructura paralela de financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“Millones de colones invirtió esta Asamblea en una comisión que investigó la campaña de 2022 y el informe de mayoría fue trasladado a la fiscalía”, manifestó Sandí, quien cuestionó que el Congreso vuelva a dedicar recursos a hechos examinados anteriormente.

La legisladora también afirmó que las investigaciones penales relacionadas con ese financiamiento enfrentan dificultades debido a la inmunidad de algunas personas investigadas.

Entre los nombres mencionados durante el debate figuraron Rodrigo Chaves y el diputado Stephan Brunner, vinculados a investigaciones sobre el financiamiento de aquella campaña.

Una comisión de nueve diputados con mayoría oficialista

El órgano especial aprobado este jueves estará integrado por nueve legisladores, distribuidos entre las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa.

Pueblo Soberano tendrá cinco representantes, mientras que el Partido Liberación Nacional contará con dos. El Frente Amplio dispondrá de un puesto y las fracciones unipersonales tendrán un representante.

Esta composición otorgará al oficialismo la mayoría dentro del órgano investigador, una circunstancia que generó preocupaciones entre legisladores de oposición respecto de cómo se definirán las comparecencias y las diligencias de investigación.

La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió que la mayoría oficialista tome en consideración las posiciones de las minorías cuando se decida a cuáles personas se convocará para rendir explicaciones.

La comisión tendrá un plazo inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga, para elaborar y presentar sus conclusiones ante el Plenario Legislativo.

Además de examinar posibles vínculos entre el crimen organizado y las campañas presidenciales, podrá incorporar hechos relacionados que surjan durante sus investigaciones y formular recomendaciones para fortalecer los controles sobre el financiamiento político.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este jueves 8 de octubre de 2026, en primer debate, el controvertido proyecto de ley que permitiría establecer jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas diarias, bajo la modalidad conocida como 4x3, una reforma que ha generado profundas divisiones políticas, empresariales y sociales por sus posibles consecuencias sobre las condiciones de trabajo.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente legislativo 24.290, obtuvo 31 votos a favor y 19 en contra, durante una sesión extraordinaria del Congreso que marcó el cierre de una extensa discusión parlamentaria.

El resultado representa una victoria para el oficialismo, aunque el proyecto todavía no se convierte en ley y deberá superar nuevas etapas antes de entrar en vigor.

El respaldo provino de 30 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de Abril Gordienko, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra votaron 11 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 7 del Frente Amplio (FA) y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La votación se produjo después de que el Congreso superara el trámite de más de 5,000 mociones y dedicara las sesiones del 7 y 8 de octubre a discutir el fondo de la propuesta. Los defensores de la reforma sostienen que permitirá atraer inversiones y generar oportunidades laborales, mientras sus detractores advierten que podría extender las jornadas de trabajo sin garantías suficientes para las personas asalariadas.

Cómo funcionarán las jornadas 4x3 y quiénes podrán utilizarlas

El texto aprobado introduce en el Código de Trabajo la figura de la jornada excepcional ampliada, que permitiría organizar determinados puestos laborales bajo esquemas diferentes de los horarios tradicionales.

Para las jornadas diurnas y mixtas, los empleados podrían trabajar hasta 12 horas por día durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días libres. En el caso de las jornadas nocturnas, el esquema contempla tres días de trabajo de hasta 12 horas y cuatro días de descanso.

Esto significa que las jornadas diurnas podrían alcanzar 48 horas semanales, mientras que las nocturnas llegarían a 36 horas, sin considerar el trabajo extraordinario permitido bajo condiciones específicas.

La reforma no sustituiría la jornada ordinaria de ocho horas diarias. Su aplicación estaría limitada a actividades del sector privado que cumplan los criterios establecidos para situaciones excepcionales.

Entre las actividades que podrían acogerse se encuentran la manufactura tecnificada de operación continua, la industria de dispositivos médicos, determinados servicios de apoyo a estos procesos y servicios corporativos que operan de forma ininterrumpida en distintas zonas horarias.

Por el contrario, la propuesta excluye expresamente al sector público, las actividades agrícolas, agropecuarias y de construcción, así como los trabajos pesados, peligrosos o insalubres.

También prohíbe aplicar estas jornadas a menores de edad, mujeres embarazadas y trabajadoras en período de lactancia.

Salarios, horas extra y descansos: las condiciones que establece el proyecto

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la remuneración de quienes acepten incorporarse a la modalidad excepcional.

El proyecto establece que los trabajadores de jornadas diurnas o mixtas deberán recibir, como mínimo, un salario por hora equivalente al mínimo correspondiente a su categoría ocupacional, más un 17% adicional.

Para quienes desempeñen jornadas nocturnas, el incremento establecido es del 25.5%, calculado sobre el salario mínimo horario ajustado para esa modalidad.

Estos porcentajes no deben interpretarse como aumentos automáticos sobre todos los salarios actuales, sino como componentes del piso de remuneración previsto en el proyecto.

Además, las empresas deberán garantizar al menos 90 minutos diarios destinados a alimentación, descanso y recreación, considerados tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, remunerados.

La iniciativa también obliga a establecer medidas de prevención de la fatiga laboral, efectuar evaluaciones periódicas de salud ocupacional y facilitar transporte cuando los horarios de entrada o salida no coincidan con la disponibilidad del servicio público.

La polémica por la posibilidad de trabajar durante los días libres

Una de las discusiones más intensas de este jueves surgió alrededor de la posibilidad de que los empleados sean requeridos para trabajar durante parte de los días que, en principio, deberían corresponder al descanso.

El diputado oficialista Gerald Bogantes, del Partido Pueblo Soberano, defendió el contenido de la reforma y aseguró que existe una interpretación equivocada sobre la eliminación del pago de horas extraordinarias.

Durante su intervención, el legislador explicó que las 12 horas de la jornada excepcional pasarían a formar parte del horario ordinario de ese régimen, por lo que no generarían automáticamente el mismo pago extraordinario que tendrían bajo una jornada convencional.

Sin embargo, sostuvo que eso no significa que desaparezca por completo el reconocimiento de horas extra.

La discusión cobró importancia porque el proyecto contempla la posibilidad de trabajar, de manera excepcional y voluntaria, durante alguno de los días libres, con un recargo salarial del 50%, sin exceder 12 horas adicionales por semana.

También establece un descanso absoluto mínimo de 24 horas después de completar la jornada semanal, que no puede utilizarse para ese trabajo adicional.

Desde la oposición, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó que esa posibilidad pueda debilitar la promesa de disponer de tres días completos para descansar.

Los opositores también sostienen que el cambio en la clasificación de las horas trabajadas podría representar una pérdida de ingresos para algunos empleados que actualmente reciben pagos extraordinarios.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la reforma establece un régimen diferente, con compensaciones salariales y períodos de descanso propios.

El oficialismo celebra una victoria legislativa

Tras la votación, el Partido Pueblo Soberano celebró el avance del proyecto, considerado una de las prioridades de la administración de la presidenta Laura Fernández.

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, destacó que la iniciativa superó una extensa discusión parlamentaria y defendió su importancia para la actividad económica.

“Costa Rica no puede seguir esperando”, afirmó el legislador, al insistir en que la reforma busca proteger puestos de trabajo, ampliar oportunidades laborales y facilitar la llegada de inversión.

El subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, también sostuvo que la reforma permitirá brindar mayor seguridad jurídica a las compañías que necesitan operar durante las 24 horas del día.

Según los representantes oficialistas, contar con reglas específicas para las jornadas excepcionales podría favorecer la instalación y expansión de empresas vinculadas con sectores productivos especializados.

La bancada también reprochó a las agrupaciones opositoras la presentación de miles de mociones que prolongaron el trámite legislativo.

Liberación Nacional rechaza el proyecto por eliminar la votación de trabajadores

El Partido Liberación Nacional (PLN) justificó su oposición en uno de los cambios introducidos durante el proceso parlamentario: la eliminación de un mecanismo que habría permitido a los trabajadores decidir, mediante una votación secreta y vinculante, si una empresa podía solicitar la implementación de las jornadas excepcionales.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, sostuvo que la bancada no se opone necesariamente a las modalidades de trabajo flexibles, pero considera indispensable equilibrar la competitividad empresarial con las garantías laborales.

La versión que había sido negociada durante la anterior integración de la Asamblea Legislativa contemplaba una consulta colectiva a las personas trabajadoras antes de autorizar el cambio.

No obstante, la mayoría parlamentaria impulsó posteriormente un texto que eliminó ese requisito.

Aunque la iniciativa actual mantiene la disposición de que cada trabajador debe aceptar voluntariamente el cambio y firmar una modificación de su contrato, los legisladores verdiblancos consideran que esto no sustituye una decisión colectiva.

El PLN también manifestó preocupaciones sobre las repercusiones de los horarios prolongados para personas que estudian, tienen responsabilidades de cuido o presentan condiciones de salud que dificultan permanecer durante 12 horasen el trabajo.

Frente Amplio anuncia que llevará la reforma a la Sala Constitucional

El enfrentamiento político no terminó con la votación.

Minutos después de conocerse el resultado, el Frente Amplio anunció su intención de presentar una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, para cuestionar tanto el procedimiento legislativo como el contenido de la reforma.

José María Villalta, jefe de la bancada, afirmó que el partido considera la iniciativa perjudicial para los derechos laborales.

“Este proyecto es un retroceso para las personas trabajadoras”, expresó el diputado, quien aseguró que su agrupación continuará utilizando los mecanismos legales para cuestionar la propuesta.

Entre los argumentos que pretende presentar el Frente Amplio figuran posibles incumplimientos del procedimiento parlamentario, particularmente relacionados con la suspensión y posterior reanudación del trámite de vía rápida.

La fracción también cuestiona la compatibilidad de las jornadas excepcionales con compromisos internacionales de Costa Rica en materia laboral, incluidos instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra preocupación es la capacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para fiscalizar la aplicación efectiva de las nuevas jornadas y garantizar que la aceptación de los empleados sea verdaderamente voluntaria.

Para presentar esta consulta se requieren las firmas de al menos 10 diputados. Debido a que el Frente Amplio cuenta con 7 legisladores, necesita respaldo de otras fracciones. Tanto esa agrupación como el PLN han anunciado su intención de acudir al tribunal constitucional.

Si la consulta se presenta y cumple los requisitos de admisibilidad, el avance legislativo quedará suspendido mientras los magistrados resuelven los cuestionamientos planteados.

Más de 20 años de discusión y miles de mociones

La aprobación de este jueves constituye un nuevo capítulo de un debate que se ha extendido durante más de dos décadasen Costa Rica.

Las propuestas para flexibilizar las jornadas laborales han sido promovidas por distintos sectores empresariales y gobiernos, pero también han enfrentado resistencia de organizaciones sindicales y agrupaciones políticas preocupadas por la protección de los derechos laborales.

En agosto de 2023, una propuesta anterior, tramitada bajo el expediente 21.182, superó el primer debate legislativo, pero su avance quedó frustrado después de que la Sala Constitucional identificara vicios en el procedimiento.

La versión actual, correspondiente al expediente 24.290, recibió un procedimiento abreviado durante 2025, con el propósito de acelerar su discusión en el Congreso.

No obstante, la presentación de miles de mociones prolongó el trámite, que incluso debió ser retomado por una nueva integración parlamentaria.

Durante 2026, el oficialismo impulsó sesiones extraordinarias para completar las votaciones pendientes, proceso que culminó el 17 de septiembre.

Posteriormente, tras cumplir las consultas requeridas, los diputados iniciaron la discusión de fondo el 7 de octubre y realizaron la votación definitiva de primer debate durante la mañana de este jueves.

Uno de los cambios más importantes de esa etapa fue la decisión de regresar a un texto sin el mecanismo de votación colectiva de los trabajadores, lo que terminó por profundizar las diferencias entre el oficialismo y el PLN.

¿Qué ocurrirá ahora y cuándo podrían entrar en vigor las jornadas 4x3?

Pese a la aprobación alcanzada este jueves, las jornadas excepcionales todavía no pueden implementarse de manera general con fundamento en la nueva legislación, porque el proyecto aún no es ley.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, fijó inicialmente el martes 13 de octubre de 2026 como fecha para celebrar el segundo debate del expediente.

Sin embargo, la consulta anunciada por el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional podría modificar ese calendario.

Los magistrados de la Sala Constitucional deberán analizar los cuestionamientos que eventualmente sean presentados y determinar si existen vicios que impidan continuar con el trámite legislativo.

De superar las etapas pendientes, el proyecto requerirá la aprobación definitiva, la sanción correspondiente y su publicación oficial para adquirir fuerza de ley, conforme a las reglas aplicables.

Posteriormente, las autoridades deberán desarrollar los mecanismos de autorización, reglamentación y fiscalización necesarios para determinar cuáles empresas y puestos podrán acogerse legalmente a las jornadas excepcionales.

El Ministerio de Trabajo tendrá un papel central en ese proceso, pues deberá intervenir en la autorización y vigilancia de las modalidades permitidas, mientras las empresas estarán obligadas a respetar las garantías salariales, de descanso, salud ocupacional y voluntariedad establecidas en la normativa.

Así, el 8 de octubre de 2026 quedará registrado como una fecha decisiva para el futuro de las jornadas laborales en Costa Rica. La mayoría parlamentaria consiguió superar la primera votación, pero la controversia continuará en el terreno jurídico y político, mientras el país debate cómo conciliar la competitividad económica con la protección de los derechos de las personas trabajadoras.

El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley que plantea cerrar formalmente el Ministerio de Gobernación y Policía y redistribuir entre otras instituciones las competencias que permanecían bajo esa cartera.

La iniciativa corresponde al expediente 24.719, denominado Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas, y fue aprobada durante la sesión del 6 de octubre de 2026 con el respaldo de 51 diputados, mientras seis legisladores estuvieron ausentes. No se registraron votos en contra en esa votación.

El proyecto todavía debe superar el segundo debate antes de completar su trámite legislativo y convertirse en ley, por lo que la aprobación alcanzada hasta ahora no significa que el Ministerio haya desaparecido jurídicamente de forma inmediata.

La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo el 25 de noviembre de 2024 y parte de la premisa de que la estructura del Ministerio de Gobernación perdió progresivamente relevancia dentro del aparato estatal, mientras varias de sus funciones pasaron a ser desempeñadas o respaldadas por otras instituciones.

Una cartera dirigida desde hace décadas por Seguridad Pública

Uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reforma es que, desde la década de 1990, la dirección del Ministerio de Gobernación y Policía ha recaído en la misma jerarquía del Ministerio de Seguridad Pública.

La exposición que acompañó el proyecto señala que esa situación produjo una disminución progresiva del papel de Gobernación, hasta el punto de que la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad Pública terminó brindándole apoyo para su funcionamiento.

El Gobierno también argumentó que varias de las competencias asociadas históricamente con Gobernación ya son atendidas por otras instituciones públicas o pueden ser asumidas por entidades existentes.

En lugar de crear nuevas estructuras para sustituirlo, el proyecto redistribuye sus principales órganos entre diferentes ministerios.

¿Qué pasará con Migración, Dinadeco y la Imprenta Nacional?

Uno de los principales cambios recaerá sobre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Tribunal Administrativo Migratorio, que pasarán al Ministerio de Seguridad Pública.

El texto dispone que Migración funcionará como un órgano de desconcentración mínima, mientras que el Tribunal Administrativo Migratorio tendrá desconcentración máxima dentro de Seguridad Pública.

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) será trasladada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Esta dependencia tiene entre sus funciones la relación institucional con las organizaciones comunales y la aplicación del marco establecido para el desarrollo de las comunidades.

El proyecto también modifica las referencias legales necesarias para adaptar la estructura de Dinadeco a su nueva ubicación dentro del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Imprenta Nacional y sus competencias pasarán al Ministerio de la Presidencia. Según el texto analizado durante el trámite legislativo, quedará constituida como un órgano de desconcentración mínima de esa cartera.

De esta manera, la reforma no plantea la eliminación de Migración, Dinadeco, el Tribunal Administrativo Migratorio o la Imprenta Nacional, sino su traslado hacia otras estructuras ministeriales.

Proyecto fue presentado en 2024

El expediente 24.719 ingresó a la corriente legislativa el 25 de noviembre de 2024 por iniciativa del Poder Ejecutivo.

Posteriormente fue analizado por la Comisión de Gobierno y Administración, mientras durante su tramitación también surgieron criterios distintos sobre la forma en que debían reorganizarse algunas de las instituciones alcanzadas por la propuesta. La propia Asamblea Legislativa reportó en junio de 2025 que el traslado y los cambios de funciones generaron posiciones divididas durante su análisis en la Comisión de Reforma del Estado.

El expediente recibió un dictamen afirmativo de mayoría el 11 de diciembre de 2025 y posteriormente tuvo textos actualizados el 29 de junio y el 12 de agosto de 2026, antes de llegar a la votación en primer debate.

El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para emitir hasta USD 515 millones en títulos valores de crédito, una operación que busca cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

La iniciativa ya fue admitida y pasará al análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El proyecto faculta al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a obtener los recursos mediante emisiones en el mercado nacional o internacional.

El texto establece que los fondos deberán destinarse al financiamiento integral requerido para el Presupuesto de 2027 y que no podrán cubrirse con ingresos corrientes ordinarios.

La solicitud señala que el Gobierno requiere una fuente de recursos complementaria para responder a gastos y obligaciones estatales durante el próximo ejercicio fiscal. El decreto plantea que el Ministerio de Hacienda actúe en representación del Estado en las operaciones de colocación de valores, previa autorización legislativa.

Títulos a colocarse con descuento, premio o rendimiento variable

La propuesta establece que las condiciones financieras de los títulos se definirán al momento de cada transacción, según las prácticas del mercado. Los instrumentos podrán colocarse con descuento o con premio y tendrán rendimientos determinados en cada operación.

Los valores podrán emitirse a mediano o largo plazo. El monto nominal podrá amortizarse con pagos periódicos, mediante un único pago al vencimiento o en una fecha establecida previamente.

El documento también prevé que el valor nominal y los rendimientos de los títulos queden exentos de impuestos, tasas y contribuciones. Las ganancias de capital derivadas de la compraventa estarán sujetas al tratamiento tributario previsto en la legislación vigente.

Hacienda podrá contratar bancos, agentes y servicios financieros

El proyecto autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones necesarias para concretar las operaciones, con base en las condiciones existentes en los mercados de capitales.

También habilita la contratación de bancos de inversión, agentes y otros servicios financieros requeridos para estructurar y ejecutar las emisiones.

La iniciativa contempla la exención de tributos para esos servicios, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La norma aclara que la exoneración no elimina las retenciones de impuestos cuando los servicios se contraten con personas o entidades domiciliadas en El Salvador.

El Banco Central de Reserva de El Salvador actuaría como agente financiero del Estado. Para ese fin, el Ministerio de Hacienda podrá suscribir el contrato respectivo con la institución.

Posibilidad de colocar deuda en el mercado estadounidense

El texto prevé que los títulos puedan colocarse en los mercados local, regional o internacional. Para las emisiones externas, Hacienda podrá utilizar mecanismos de registro ante la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos, conocida como SEC, o esquemas previstos en las reglas 144A y Regulación S de ese organismo.

El Ministerio de Hacienda quedaría facultado para presentar declaraciones de registro y otros documentos ante la SEC, así como para ejecutar reformas, certificaciones y trámites vinculados con la colocación de los valores.

La propuesta también habilita la contratación de coberturas frente a riesgos asociados con las tasas de interés y el pago de costos vinculados con operaciones ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos, conocida como Finra, si la emisión se concreta.

Con 59 votos a favor y un voto en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio durante un plazo de seis meses para atender los impactos de la sequía meteorológica y agrícola provocada por el fenómeno climático conocido como El Súper Niño.

La iniciativa fue aprobada en la sesión plenaria 129 mediante una dispensa de trámite presentada por el diputado del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, en atención a una solicitud formal enviada por el presidente Nayib Bukele. Esta medida busca facilitar:

• La movilización de fondos públicos
• Coordinar la asistencia humanitaria internacional
• Proteger la producción de alimentos frente a la falta de precipitaciones.

El decreto legislativo toma como base legal el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, así como los principios constitucionales que imponen al Estado el deber de velar por la vida, la salud y la seguridad alimentaria de los habitantes.

La resolución parlamentaria sigue a la declaración de alerta roja emitida por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial el 25 de agosto de 2026, documento que confirmó la gravedad del déficit de lluvias sobre los cultivos de subsistencia en el país.

Por lo que, la entrada en vigor de la normativa el gobierno salvadoreño queda facultado para realizar transferencias presupuestarias entre distintas carteras de Estado con el propósito de mitigar los efectos de la crisis climática.

Las disposiciones imponen la activación de las comisiones departamentales y municipales del Sistema Nacional de Protección Civil. La Dirección General de esta entidad deberá rendir informes diarios a la Presidencia de la República sobre las acciones ejecutadas, la distribución de la ayuda y los recursos recibidos de la cooperación internacional.

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería liderará las acciones de resguardo alimentario, la gestión de la nutrición comunitaria y el almacenamiento de insumos básicos.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional asumirá el control logístico de la ayuda humanitaria, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y los cuerpos de socorro. En tanto, la gestión de fondos y donaciones extranjeras estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la coordinación, gestión y canalización de todos los recursos procedentes de la cooperación internacional durante la vigencia de esta medida.

La Cancillería salvadoreña trabajará de forma conjunta con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para articular la recepción de fondos financieros, donaciones en especie y asistencia técnica brindada por organismos multilaterales y países aliados, con el objetivo de encauzar el auxilio hacia las comunidades más castigadas por los efectos del Super El Niño.

El déficit hídrico mantiene a El Salvador bajo alerta roja

El fenómeno de El Niño ha desatado una grave sequía generalizada en El Salvador durante 2026, una condición adversa que provocó fuertes mermas en las siembras de maíz, frijol y otros granos básicos, además de perjudicar a la ganadería por la falta prolongada de pastizales.

Pequeños agricultores han informado en los últimos meses sobre la destrucción de la mayor parte de sus parcelas, lo cual generó una reducción estimada de hasta un 50% en la producción de alimentos en múltiples comunidades rurales.

Los impactos más agudos del déficit hídrico y de las temperaturas récord registradas en agosto se concentran en zonas de la región paracentral y oriental del territorio salvadoreño, principalmente en municipios como San Esteban Catarina, dentro del departamento de San Vicente, y Tecoluca, ubicado en La Paz, donde la ausencia de lluvias paralizó las actividades del campo.

Esta crisis climática mantiene al país bajo alerta roja por sequía meteorológica y agrícola, al tiempo que los ganaderos enfrentan serias dificultades para alimentar a sus animales por la pérdida de forraje disponible.

Ante esta coyuntura, organismos internacionales como Unicef advirtieron que miles de familias e infantes del Corredor Seco enfrentan un riesgo elevado de malnutrición e inseguridad alimentaria, mientras que la baja oferta en los cultivos amenaza con incrementar de forma notable los precios de los productos esenciales en los mercados locales.

La inmunidad constitucional dejaría de impedir o retrasar investigaciones penales por delitos sexuales contra diputados y otros integrantes de los supremos poderes si prospera un proyecto presentado esta semana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 25.825, plantea modificar los artículos 110, 121 inciso 9), 143 y 151 de la Constitución Política. Su objetivo es establecer una excepción expresa al fuero constitucional cuando se investiguen hechos relacionados con abuso sexual, acoso sexual u otros delitos de naturaleza sexual.

La reforma es impulsada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y tiene como principal firmante al jefe de fracción, Álvaro Ramírez Bogantes. También aparece respaldada por legisladores como Iztarú Alfaro Guerrero, Rafael Ángel Vargas Brenes, Andrea Valverde Palavicini, Marco Francisco Badilla Chavarría, Diana Murillo Murillo, Karen Alfaro Jiménez, Janice Sandí Morales, Mangell Mc Lean Villalobos, Norjelens Lobo Vargas, Karol Matamoros Montoya, Ronald Campos Villegas, Salvador Padilla Villanueva, Víctor Manuel Hidalgo Solís, Ángela Aguilar Vargas y Eder Hernández Ulloa.

El cambio no eliminaría la inmunidad parlamentaria ni el fuero constitucional de manera general. La protección se mantendría para otros tipos de procesos, pero dejaría de operar como requisito previo para iniciar o continuar una causa penal relacionada con delitos sexuales.

Actualmente, determinados altos funcionarios cuentan con protecciones constitucionales que obligan a seguir procedimientos especiales antes de que puedan ser sometidos a ciertas causas judiciales. En algunos casos, la Asamblea Legislativa debe decidir previamente si levanta el fuero o si existe lugar a formación de causa.

No solo alcanzaría a los diputados

Aunque buena parte de la discusión pública se ha concentrado en la inmunidad de los legisladores, el alcance del proyecto es más amplio.

La reforma al artículo 110 modificaría las reglas aplicables a diputados; el cambio al artículo 143 alcanzaría a ministros, mientras que la modificación al artículo 151 permitiría investigar penalmente a quien ocupe la Presidencia o una Vicepresidencia de la República por delitos sexuales sin que previamente exista una declaratoria de formación de causa por parte del Congreso.

El artículo 121 inciso 9) también sería reformado para introducir la excepción en la competencia que actualmente tiene la Asamblea Legislativa para admitir acusaciones contra determinados integrantes de los supremos poderes.

El proyecto señala que la eliminación de ese requisito en delitos sexuales no significaría una declaración anticipada de culpabilidad.

Las personas investigadas mantendrían sus garantías de defensa, el derecho a conocer los cargos en su contra, controvertir las pruebas y ser representadas por una defensa técnica. La responsabilidad penal continuaría siendo determinada por los tribunales.

Para los proponentes, el fuero constitucional tiene como finalidad proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas frente a posibles persecuciones políticas, no impedir investigaciones relacionadas con conductas sexuales presuntamente delictivas.

Álvaro Ramírez sostuvo que “hemos visto con mucha preocupación cómo se usa la inmunidad de los jerarcas de los supremos poderes como un escudo de impunidad frente a casos graves”, y mencionó específicamente delitos de naturaleza sexual.

El legislador agregó que el propósito es modificar las reglas para que esos casos puedan ser conocidos directamente por las autoridades judiciales sin depender previamente de una decisión política dentro del Congreso.

La discusión surge tras denuncias contra legisladores

La presentación de la iniciativa ocurre después de varias controversias relacionadas con denuncias de presunto hostigamiento sexual contra diputados.

En septiembre, legisladoras del Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) solicitaron al diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), renunciar a su inmunidad para enfrentar denuncias por presunto acoso sexual. El Ministerio Público confirmó entonces la existencia de denuncias contra el congresista, quien conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.

Posteriormente, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, conformó una comisión especial de cinco diputados, uno por cada fracción legislativa, para investigar una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Obaldía bajo el reglamento interno del Congreso.

El proyecto presentado por Liberación Nacional hace referencia al debate generado por situaciones recientes dentro de la propia Asamblea Legislativa. Ramírez también mencionó públicamente el caso de Obaldía al explicar las razones de la propuesta.

Meses antes, el Congreso también había abordado una investigación por hostigamiento sexual contra el entonces diputado Fabricio Alvarado Muñoz. En abril, 33 legisladores aprobaron una amonestación ética pública dentro de ese procedimiento. En mayo, una moción que buscaba revertir el archivo del expediente fue rechazada por 29 votos contra 24.

Proyecto requerirá una mayoría calificada

Debido a que se trata de una reforma parcial de la Constitución Política, la iniciativa no seguirá el mismo procedimiento que un proyecto de ley ordinario.

La propuesta deberá superar las etapas constitucionales correspondientes y requerirá una mayoría calificada. Para avanzar, necesitaría el respaldo de al menos 38 diputados, equivalentes a dos terceras partes del total de integrantes de la Asamblea Legislativa.

El expediente se encuentra en la etapa de admisibilidad de reforma constitucional y todavía no registra votaciones.

El texto también utiliza cifras judiciales para justificar la necesidad de modificar el marco actual. Durante 2024 se registraron 15,562 mujeres ofendidas por ilícitos de naturaleza sexual, equivalentes al 87% del total consignado en la fuente utilizada por los proponentes.

La discusión legislativa determinará ahora si existe el respaldo suficiente para introducir por primera vez una excepción expresa a la inmunidad constitucional por delitos sexuales.

Ramírez aseguró que la bancada inició conversaciones con otras fracciones y resumió el objetivo de la iniciativa al señalar que “lo importante es cambiar las reglas del juego y que las reglas del juego reflejen el compromiso político y ético que tenemos”.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF aprobó un crédito de 224 millones de dólares para Bolivia destinado a reactivar y concluir 12 proyectos viales en seis de los nueve departamentos del país.

El préstamo permitirá intervenir 469 kilómetros de la Red Vial Fundamental, según informó el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán. Sin embargo, los recursos todavía no están disponibles porque queda pendiente la aprobación del contrato de crédito en la Asamblea Legislativa.

La negociación del financiamiento se produjo durante una reunión del directorio de CAF en Montevideo, Uruguay, con la participación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales.

El denominado Programa Nacional de Reactivación Vial contempla recursos adicionales para completar proyectos que ya contaban con financiamiento y que quedaron paralizados o enfrentaron dificultades para continuar debido, entre otros factores, a problemas de liquidez y al incremento de los costos de construcción.

La CAF señaló que el programa beneficiará directamente a unos 3,86 millones de personas y permitirá completar 469 kilómetros de infraestructura vial. La Red Vial Fundamental es estratégica para la economía boliviana porque por sus carreteras circula más del 80% de la carga nacional.

El financiamiento también contempla un mecanismo para aliviar las obligaciones de las gobernaciones y municipios que deben aportar recursos de contraparte para algunas de las obras. Según Farfán, citado en un comunicado de prensa, esas entidades podrán incorporar sus compromisos al esquema de financiamiento y ampliar los plazos de pago hasta entre 15 y 20 años.

“En vez de pagar su contraparte en uno o dos años, se van a sumar al crédito en las mismas condiciones que el Gobierno central”, explicó.

En tanto, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó la importancia de la infraestructura vial para la integración económica del país. “Bolivia tiene en su red vial una de sus principales herramientas para integrarse, producir y competir”, afirmó, al señalar que el organismo busca acompañar al país “en un momento desafiante”.

El crédito es parte de un paquete de préstamos internacionales que negocia el Gobierno de Rodrigo Paz con el objetivo de devolver la estabilidad financiera al país y reactivar inversiones en infraestructura, en medio de restricciones que han afectado la ejecución de obras públicas.

Hace poco más de una semana, el presidente informó que se había logrado negociar en total cerca de 10 mil millones de dólares de crédito proveniente de diferentes organismos. Sin embargo, no se detallaron montos, organizaciones ni proyectos a los que estarían destinados.

Los tramos

Entre las obras que serán reactivadas figuran la doble vía Challapata-Oruro y el tramo La Joya-Chuquichambi, en Oruro; la doble vía Santa Cruz-Warnes, en Santa Cruz; y proyectos en La Paz como Unduavi-Chulumani, Puente Sacambaya, Puente Mapiri, Puentes Río Seque-Río Seco y sus accesos, y Escoma-Pacobamba.

También están contemplados el tramo Porvenir-Puerto Rico, en Pando, y tres proyectos cuyos costos fueron actualizados: Okinawa-Los Troncos, en Santa Cruz; El Salto-Puente Limón, en Chuquisaca; y Uyuni-Hito LX, en Potosí.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para prorrogar por cinco años la ley que permite legalizar inmuebles adquiridos a PROCADES, cuyos compradores no recibieron en su momento las escrituras de sus viviendas.

La iniciativa, promovida por la Presidencia de la República por medio de la ministra de Vivienda, Michelle Martha Sol, busca extender la vigencia de la normativa hasta el 12 de octubre de 2031. La ley actual vence el próximo 11 de octubre.

El proyecto permitirá al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), entidad estatal de crédito habitacional, continuar con la transferencia en donación de los inmuebles a las familias que pagaron total o parcialmente su valor a la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES). También permitirá solicitar el desembargo de propiedades que no fueron adjudicadas a la institución.

96 inmuebles pendientes de regularización

Representantes de FONAVIPO expusieron ante los diputados que el caso se remonta a 1998, cuando PROCADES incumplió obligaciones financieras con la institución. Durante el proceso judicial para recuperar la deuda, FONAVIPO encontró que varios inmuebles embargados ya habían sido vendidos a familias, aunque la asociación no había formalizado las escrituras correspondientes.

La situación abarca 245 lotes distribuidos en 12 comunidades del país, ubicadas en municipios de San Vicente, La Libertad, Usulután, La Paz y San Salvador, según explicó Carlos Daniel Ayala, representante de la unidad jurídica de FONAVIPO y delegado del Ministerio de Vivienda durante la sesión.

“De estos 245 inmuebles que en principio teníamos para ser entregados en donación, todavía faltan 96 inmuebles para ser entregados”, afirmó Ayala ante la comisión al justificar la necesidad de ampliar el plazo de vigencia de la ley especial.

La normativa fue aprobada el 5 de octubre de 2021 y publicada seis días después. Desde entonces, FONAVIPO informó que 149 familias ya recibieron sus instrumentos legales y cuentan con escrituras inscritas a su nombre.

El proyecto de decreto menciona que alrededor de 95 familias aún requieren un plazo adicional para completar los requisitos y acceder a la legalización de los inmuebles. La diferencia de un caso respecto de la cifra expuesta por FONAVIPO durante la comisión no fue explicada en la sesión.

Gestiones pendientes para completar las transferencias

Karla Urrutia, jefa de la Unidad de Contribuciones y Gestión Social de FONAVIPO, indicó que varias familias ya recibieron sus expedientes para continuar con la formalización de las escrituras mediante abogados particulares. También señaló que existen lotes con dificultades legales, entre ellos casos en los que murió el adjudicatario y los familiares deben completar procesos de cesión de derechos.

El dictamen, aprobado por unanimidad, sostiene que la ampliación del plazo permitirá que las instituciones y las familias completen las gestiones registrales, judiciales y administrativas pendientes sin que caduque la normativa especial.

La propuesta establece que la prórroga entrará en vigencia el 12 de octubre de 2026, previa publicación en el Diario Oficial. El texto deberá pasar al pleno legislativo para su discusión y eventual aprobación.

La educación quedó en el centro del debate presupuestario en El Salvador tras la propuesta de asignar $3,416 millones al sector educativo en 2027, una cifra que, según lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, equivaldría al 8.1% del producto interno bruto (PIB). El sindicato docente ANDES 21 de Junio respaldó la medida y pidió que los recursos se ejecuten con controles y resultados verificables.

El secretario general de la organización, Israel Montano, afirmó que la asignación supera las expectativas que el gremio sostuvo durante décadas. El dirigente señaló que el incremento permitiría fortalecer programas de infraestructura, formación docente, tecnología, atención a la primera infancia y becas para estudios superiores.

Las declaraciones fueron tomadas de la entrevista Diálogo 21, donde Montano y el secretario de Cultura y Educación de ANDES 21 de Junio, Francisco Cruz, expresaron su respaldo a la propuesta presupuestaria presentada por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa hace una semana.

“Para nosotros, lo que tenemos que hacer es agradecer, respaldar, apoyar y sumarnos a este esfuerzo”, sostuvo Montano. El dirigente agregó que la inversión educativa ha sido una de las principales demandas históricas del sindicato y afirmó que el objetivo debe ser que El Salvador también sea reconocido por sus avances en educación.

El sindicato pide controles sobre la ejecución de los fondos

Cruz planteó que el presupuesto debe traducirse en mejoras concretas para estudiantes, docentes y centros educativos. Previamente se dio a conocer que la propuesta contempla el 27.5% del presupuesto general de la nación y que los recursos podrían reforzar iniciativas de conectividad, entrega de tecnología, becas universitarias e infraestructura escolar.

“De nada sirve hacer una asignación millonaria si al final no se va a ejecutar”, señaló Cruz. El representante sindical consideró necesario establecer mecanismos de fiscalización, indicadores de cumplimiento y controles internos para verificar el uso de los fondos.

Montano coincidió en que la ejecución será un punto determinante. Indicó que organismos financieros internacionales que respaldan proyectos educativos suelen exigir supervisión sobre el destino de los recursos. “Como organización magisterial, nosotros estamos completamente de acuerdo que debe de haber un proceso de fiscalización”, afirmó.

El sindicato también planteó que una parte de la inversión debe contemplar la dignificación del magisterio. Cruz mencionó la necesidad de reforzar áreas como salud, presupuesto escolar y condiciones para docentes que se acercan al retiro. Montano explicó que el sindicato ha presentado propuestas a las autoridades, aunque evitó detallar su contenido porque, según afirmó, permanecen en proceso de diálogo.

Las pruebas PISA y la capacitación docente

Durante la entrevista, los dirigentes también se refirieron a los resultados de una experiencia piloto vinculada a las pruebas PISA y al uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en las aulas. Montano sostuvo que los resultados fueron favorables respecto de mediciones anteriores y que motivaron la ampliación del proyecto hacia más centros escolares.

“Estamos saliendo del rezago que teníamos en el tema de educación”, dijo Montano, quien atribuyó los avances al trabajo coordinado y programas de acompañamiento tecnológico.

Cruz señaló que la inteligencia artificial debe utilizarse como apoyo para el trabajo pedagógico y no como reemplazo de los maestros. “El docente no puede ser sustituido. La inteligencia artificial es una herramienta fundamental que viene a darle acompañamiento al docente”, afirmó.

Los dirigentes coincidieron en que la inversión proyectada para 2027 deberá reflejarse en mejores condiciones de aprendizaje, capacitación docente, infraestructura y acceso a recursos educativos. La propuesta presupuestaria aún debe ser analizada y aprobada por la Asamblea Legislativa.

La detención del fiscal Roger Mariaca está generando incertidumbre jurídica sobre el mando en la Fiscalía General de Bolivia. Mariaca, elegido en 2024 por un mandato de seis años, fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto de Santa Cruz por indicios de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

Al día siguiente, cerca de las 06:00 de la mañana, el fiscal superior Luis Montaño convocó a los medios locales y se presentó como el titular interino de la Fiscalía ante la ausencia de Mariaca. Alegó que es el fiscal más antiguo y citó algunas normas y artículos. Casi en paralelo, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que reconocía la titularidad de Montaño.

Esta presentación tomó por sorpresa al Gobierno. Cerca de las 8:30 de la mañana, el vocero presidencial José Luis Gálvez, manifestó con prudencia que había que “esperar a que se pronuncien las autoridades del caso” y pidió paciencia. Ocho horas más tarde, a las 16:27, ya había fijado una posición: calificó la presentación de Montaño como ilegal y advirtió con detenerlo.

“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones autodeclarándose como fiscal general”, afirmó Gálvez en conferencia de prensa y lo acusó de intentar destituir fiscales y de cerrar el sistema para no recibir denuncias.

“Pido al pueblo boliviano que se manifieste en contra de estas autoridades”, exclamó y dijo que “está persona está siendo buscada y será detenida porque también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”.

La ley establece que ante la ausencia temporal del fiscal general asume el de mayor antigüedad. Sin embargo, dos abogados constitucionalistas explicaron a Infobae que la suplencia actual responde a un hecho extraordinario y corresponde que la Asamblea Legislativa designe a su sucesor.

En ese sentido, el presidente del Senado, Diego Ávila, convocó a una sesión a la Asamblea Legislativa este viernes para debatir sobre la continuidad de Mariaca en el cargo y su eventual sucesión.

La sesión de esta tarde se puede convertir en escenario de medición de fuerzas entre el Gobierno y el fiscal Mariaca, quien en las últimas semanas dirigió investigaciones relacionadas al asesor presidencial Fernando Cerimedo que podían afectar al presidente Rodrigo Paz y su entorno.

“Esto es blanco y negro, aquí ya no hay gris”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, citado por el portal Visión360. El Gobierno acusa a Mariaca de liderar una “organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Las bancadas están evaluando su postura. La senadora de oposición de oposición Tomasa Yarhui afirmó que “si hubiera un vacío de poder en la Fiscalía”, la Asamblea Legislativa tiene que hacer elegir lo antes posible a un nuevo titular y “devolverle la crediblidad” al Ministerio Público para que no esté sometido “a ningún gobierno”.

La detención de Mariaca y de otros tres fiscales, se produjo dos días después de que el Departamento de Estado de Donald Trump revocara sus visas por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Luego de las aprehensiones que la defensa de los fiscales califica como ilegal, tanto el Departamento de Estado como el Escudo de las Américas expresaron su respaldo al Gobierno de Paz.

El Gobierno de El Salvador propone destinar $ 3,416 millones al ramo de educación en 2027, una asignación equivalente al 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el próximo año.

El monto forma parte del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, que la Asamblea Legislativa recibió el miércoles 30 de septiembre y que comenzará a analizar el 7 de octubre.

La propuesta, presentada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, asciende a $12,421 millones. Según las cifras expuestas por el funcionario, Educación concentraría el 27.5% del total previsto para el próximo ejercicio fiscal.

Previamente, el presidente Nayib Bukele había adelantado durante un evento con jóvenes que la inversión anual superaría los $3,000 millones. “Tres mil millones de dólares al año, que es el triple, tres veces lo que invertían todos los gobiernos anteriores”, afirmó ante los asistentes.

Bukele sostuvo que la asignación supera el 8% del PIB y la vinculó con la formación de niños y jóvenes. “Más del 8% de nuestra economía en ustedes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestro futuro”, declaró.

Bukele afirmó que El Salvador sería “El país que más invierte de su economía en educación en toda Latinoamérica. No habrá ningún solo país en toda Latinoamérica que invierta un presupuesto más alto en educación que El Salvador.”

El proyecto todavía debe ser remitido a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Esa instancia deberá estudiar el texto y emitir un dictamen antes de que el pleno decida sobre su aprobación.

La propuesta triplica la asignación aprobada para Educación en 2026

El presupuesto aprobado para el ramo de Educación en 2026 fue de $1,683.3 millones, un aumento de $142,9 millones frente a la asignación de 2025. La propuesta para 2027 supera en más de $1,700 millones ese monto.

La inversión abarca programas y acciones de varias instituciones, no solo los recursos administrados por el Ministerio de Educación.

Entre los proyectos anunciados figura una partida de $ 562 millones para infraestructura escolar. De esa suma, $112 millones serían ejecutados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) a través del programa Dos escuelas por Día.

El documento también contempla $117.6 millones para Mi Nueva Escuela, $23 millones para reducir la brecha digital y $90 millones para becas universitarias. El objetivo declarado es ampliar la renovación de centros educativos, el acceso a herramientas tecnológicas y el apoyo a la continuidad de estudios superiores.

Posada informó, además, que $40 millones previstos inicialmente para Seguridad y Defensa serán reorientados hacia Educación. El ministro afirmó que el cambio se realizará tras evaluar los resultados de las políticas de seguridad y “sin afectar los logros alcanzados en seguridad”.

Gasto publico en la educación centroamericana

La propuesta salvadoreña se ubica por encima de las asignaciones educativas conocidas en el resto de Centroamérica, aunque las cifras no son plenamente homogéneas porque cada país incluye partidas distintas y reporta presupuestos o ejecuciones con metodologías propias.

Para 2025, Panamá estableció por ley una asignación de 7% del PIB para Educación. Aunque organismos como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) y análisis locales indican que la inversión real suele situarse por debajo de este mandato.

En Honduras, la Secretaría de Educación recibió L42,755.7 millones, (aproximadamente $1.593 millones) una suma equivalente a cerca de 5% del PIB proyectado.

En Costa Rica, la inversión pública educativa presupuestada para 2025 fue calculada en 4.92% del PIB, sin incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje. La Constitución costarricense establece una meta de 8%. Durante los últimos años Costa Rica a experimentado una tendencia a la reducción en dicha cartera de Estado pasando de 6.4% en 2015.

En Nicaragua, el Ministerio de Educación recibió 18,642 millones córdobas (aproximadamente $ 506 mil) y las universidades y centros de educación técnica superior obtuvieron 9.523,8 millones de córdobas. Ambas partidas representan alrededor de 3.7% del PIB estimado para 2025.

Guatemala asignó 25,649.9 millones de Quetzales a su Ministerio de Educación en 2025, que ronda el 3.1% del PIB mientras que el último dato disponible para Belice situó el gasto público educativo en torno a 4.6% del PIB según el Banco Mundial hasta 2024.

El presupuesto salvadoreño para 2027 plantea una proporción superior a esos registros, aunque su dimensión final dependerá de la aprobación legislativa y de la ejecución de los recursos durante el próximo año fiscal.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este miércoles el proyecto de Presupuesto General del Estado 2027, una iniciativa que prevé gastos por USD 12,421 millones, según expuso el Ministerio de Hacienda durante el acto de entrega. La propuesta supone un aumento de USD 1,865 millones, equivalente al 17.7%, frente al presupuesto aprobado para 2026.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el documento ante diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, acompañado por el viceministro Luis Sánchez y otros funcionarios de la cartera. La primera vicepresidenta del Legislativo, Suecy Callejas, informó que el texto será enviado al pleno y que su estudio comenzará en la comisión el miércoles 7 de octubre.

Posada sostuvo que el principal componente de la propuesta es la asignación para educación, que ascendería a USD 3,416 millones, el 27.5% del total presupuestado. De acuerdo con el funcionario, esa cifra equivale al 8.1% del producto interno bruto estimado para 2027.

Educación concentraría US 3,416 millones del gasto previsto

El proyecto contempla USD 415 millones para computadoras, tabletas, conectividad de alta velocidad e incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en procesos de aprendizaje, de acuerdo con la exposición oficial.

También prevé USD 562 millones para infraestructura educativa. De esa cantidad, USD 350 millones corresponderían al Ministerio de Educación, USD 100 millones al Ministerio de Obras Públicas y USD 112 millones a la Dirección de Obras Municipales para el programa Dos Escuelas por Día.

La iniciativa incorpora además USD 134 millones para uniformes, zapatos y útiles escolares destinados a estudiantes del sistema público. El programa Mi Nueva Escuela El Salvador tendría una asignación de USD 117.6 millones, mientras que el plan de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático recibiría USD 55.3 millones.

Entre las partidas anunciadas figuran USD 90 millones para becas universitarias, USD 33 millones para conectividad escolar, USD 23 millones para reducir la brecha digital y USD 53 millones para iniciativas de cultura y arte.

Según Posada, el Gobierno plantea trasladar USD 40 millones desde los ramos de seguridad y defensa hacia educación. El ministro afirmó que esa reorientación no afectaría los beneficios del personal policial, militar y administrativo ni las asignaciones necesarias para mantener las políticas de seguridad.

Salud tendría USD 1,493.1 millones y Justicia y Defensa USD 997.2 millones

Posada detalló que el ramo de Salud contaría con USD 1,493.1 millones, lo que representaría un incremento de USD 147 millones respecto de 2026.

Para Justicia y Defensa, el proyecto prevé USD 997.2 millones. Esta partida incorpora la reducción de USD 40 millones que el Ejecutivo anunció para reforzar el gasto educativo.

El texto presupuestario también incluye recursos para obras de infraestructura. Entre ellas aparecen USD 69 millones para la continuidad de la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera Los Chorros; USD 103 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero; y USD 58.97 millones para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

La propuesta destina además USD 31 millones al bypass de Apopa, USD 22 millones a Surf City fase II y USD 146 millones al programa de obras municipales bajo responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales. El programa Doctor SV tendría una partida de USD 150 millones.

Hacienda prevé ingresos corrientes por USD 10,419 millones

Posada indicó que los ingresos corrientes proyectados para 2027 alcanzan los USD 10,419 millones, con un alza de USD 1,266 millones, un 13.8% más que en 2026. Los ingresos tributarios se estiman en USD 9,569 millones, con un incremento previsto de USD 1,220 millones.

El funcionario aseguró que la propuesta no incluye nuevos impuestos ni aumentos en los tributos vigentes. Atribuyó la proyección de ingresos al crecimiento económico, la recaudación y las medidas de modernización tributaria, entre ellas la facturación electrónica y la digitalización de trámites.

El proyecto establece una brecha presupuestaria de USD 515 millones, que el Ministerio de Hacienda vinculó con la ampliación de recursos para gastos prioritarios, en especial para educación.

La propuesta garantiza USD 258.9 millones en subsidios: USD 124 millones para gas propano, USD 64.1 millones para energía eléctrica y USD 70.7 millones para transporte colectivo. También dispone USD 60.8 millones para agromercados y centrales de abasto, además de USD 59 millones para el bono agrícola.

El documento incorpora USD 40 millones para el presupuesto especial extraordinario de las elecciones de 2027 y USD 2.1 millones para el voto en el exterior. Hacienda señaló que el proyecto cubre los compromisos de deuda interna, externa y previsional.

La legisladora Callejas afirmó que la Asamblea remitirá el proyecto a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que convocará a ministros y funcionarios para explicar sus planes de gasto. La diputada indicó que el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, pidió que el presupuesto sea aprobado antes de que termine 2026.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica volvió a aplazar este martes la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de que una mayoría de diputados aprobara devolver a la Comisión de Nombramientos la nómina vigente de candidatos.

La moción fue presentada por el diputado oficialista José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y recibió 27 votos a favor y 23 en contra. El planteamiento consiste en que la comisión revise nuevamente la lista y determine cuáles de las personas incluidas mantienen interés en ocupar una de las plazas de magistratura suplente.

Actualmente, la nómina está integrada por 18 aspirantes, aunque inicialmente había sido remitida para cubrir las suplencias pendientes de la Sala IV. El oficialismo sostiene que la lista debe completarse hasta alcanzar 24 candidaturas para poder escoger a 12 magistrados suplentes, mientras que las fracciones opositoras han cuestionado que esa interpretación sea utilizada para seguir postergando los nombramientos.

Villalobos señaló que la bancada oficialista no respaldará las designaciones mientras no cuente con la nómina completa y defendió la necesidad de verificar si los aspirantes presentados hace cerca de un año todavía desean continuar en el proceso.

La decisión de este martes agrega un nuevo episodio a un proceso que se arrastra desde el período legislativo anterior y que ya acumula múltiples rondas de votación sin que el Congreso logre completar los nombramientos.

Un proceso marcado por 11 rondas fallidas

La elección comenzó con una lista de 18 aspirantes y atravesó inicialmente seis rondas de votación sin que ninguno alcanzara los 38 votos requeridos. Posteriormente se realizaron otras cinco rondas, para un total de 11 votaciones sin resultado.

La sesión de este martes estaba prevista precisamente para retomar el proceso y efectuar la ronda número 12, luego de que las jefaturas de fracción acordaran dedicar una sesión extraordinaria al expediente relacionado con la elección de nueve magistrados suplentes.

Sin embargo, antes de avanzar con los nombramientos, la mayoría aprobó la moción para regresar el expediente a la Comisión de Nombramientos.

El tema ha generado una prolongada confrontación entre el PPSO y las bancadas de oposición. Durante varias rondas anteriores, los diputados oficialistas optaron por votar en blanco y también impulsaron devoluciones de la lista a la Corte Suprema de Justicia.

En junio, por ejemplo, el Plenario aprobó devolver la nómina de 18 candidatos y solicitar una nueva lista. La Corte Plena, sin embargo, decidió reenviar la misma nómina sin modificaciones, tras considerar que no existían razones objetivas suficientes para sustituirla.

Sala IV había anulado la devolución de la lista

El conflicto llegó posteriormente a la propia Sala Constitucional.

El 30 de julio, el tribunal resolvió por mayoría un recurso de amparo y dejó sin efecto los acuerdos legislativos utilizados para devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia. Además, ordenó que la lista fuera conocida por el Plenario en la siguiente oportunidad posible.

La sentencia también prorrogó de manera provisional los nombramientos de los magistrados suplentes cuyo período había vencido en diciembre de 2025, mientras la Asamblea Legislativa completa las nuevas designaciones.

La medida respondió a las dificultades que estaba enfrentando el tribunal para integrarse en determinados expedientes cuando magistrados propietarios debían inhibirse o ausentarse.

Al notificarse integralmente la sentencia en septiembre, los suplentes quedaron habilitados para atender 142 asuntos pendientes que no habían podido resolverse por problemas de integración del tribunal.

La resolución también estableció un mecanismo para impedir que los votos blancos o nulos sean utilizados para bloquear indefinidamente el nombramiento. Según la interpretación incorporada al fallo, esos votos deben sumarse al aspirante que obtenga la mayor cantidad de apoyos en cada ronda, conforme al procedimiento legislativo aplicable.

Oposición anuncia nueva gestión ante la Sala IV

La decisión tomada este martes generó una reacción inmediata de las fracciones de oposición.

Diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) anunciaron que presentarán una gestión ante la Sala Constitucional al considerar que el oficialismo está incumpliendo el fallo que ordenó continuar con la elección.

Desde esas bancadas se cuestiona que la devolución a comisión termine produciendo un efecto similar al de las anteriores devoluciones a la Corte, que ya fueron invalidadas por el tribunal constitucional.

El oficialismo, por su parte, defiende que la situación es distinta porque la nómina no fue enviada nuevamente al Poder Judicial, sino remitida a una comisión interna del Congreso para revisar su vigencia y completar el procedimiento.

La nueva devolución mantiene así abierto un conflicto institucional que involucra a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, y que todavía no tiene una fecha definitiva para concluir con la elección de las magistraturas pendientes.

Por ahora, la nómina regresará a la Comisión de Nombramientos, mientras continúan las diferencias sobre si el Congreso debe votar inmediatamente con la lista disponible o esperar a que el proceso incluya a la totalidad de aspirantes que reclama el oficialismo.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 para mantener la estabilidad de las tarifas del transporte público colectivo y masivo, una medida que extiende por un año más el marco legal vigente para evitar cambios en los precios autorizados a los pasajeros.

La reforma modifica la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo, creada en diciembre de 2021.

El decreto también prolonga hasta la misma fecha la vigencia de la inscripción de las cajas únicas registradas ante la Dirección General de Transporte Terrestre.

La norma mantendrá el esquema tarifario durante todo 2027

La iniciativa llegó a la Asamblea a petición del presidente de la República, por medio del ministro de Obras Públicas y de Transporte, Edgar Romeo Rodríguez Herrera.

En la nota remitida al Parlamento, fechada el 28 de septiembre, el funcionario pidió la aprobación del proyecto para dar continuidad a las disposiciones que buscan proteger la economía de quienes utilizan el transporte colectivo y masivo.

El texto aprobado establece que los efectos de la ley transitoria, previstos hasta el 31 de diciembre de este año, continuarán hasta el último día de 2027.

La normativa dispone mecanismos para preservar las tarifas autorizadas y prevé una fuente de financiamiento para la compensación vinculada al servicio.

La propuesta sostiene que la extensión apunta a garantizar que el transporte de pasajeros mantenga condiciones de continuidad, regularidad y uniformidad, sin modificar los precios habilitados para los usuarios.

Las cajas únicas conservarán su inscripción hasta fin de 2027

Uno de los artículos de la reforma modifica el artículo 17-A de la legislación vigente y extiende la validez de las cajas únicas inscritas en el Registro de Caja Única de la Dirección General de Transporte Terrestre hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ese registro forma parte del esquema contemplado por la ley para el funcionamiento del sistema de compensación destinado al transporte público. La prolongación de la inscripción busca mantener vigente la herramienta administrativa durante el nuevo período de aplicación de la norma.

La reforma entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, según el artículo final del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa.

La ley fue creada en 2021 y ya acumula tres extensiones

La Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 257, del 22 de diciembre de 2021, y publicada al día siguiente en el Diario Oficial. En su versión inicial, la vigencia llegaba hasta el 31 de diciembre de 2022.

Desde entonces, el Parlamento aprobó nuevas prórrogas mediante los decretos legislativos 617, de diciembre de 2022; 1000, de abril de 2024; y 387, de agosto de 2025. Con la decisión adoptada este martes, el régimen de estabilización tarifaria se mantendrá vigente hasta finales de 2027.

La documentación enviada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte señala que la continuidad de la normativa responde al interés de mantener la protección económica de las personas que usan el transporte público de pasajeros.

Crisis en el transporte

El aumento del diésel y el atraso en el pago de la compensación económica han llevado al transporte público salvadoreño a una situación de presión financiera que, según empresarios del sector, amenaza con reducir aún más la cantidad de unidades en circulación.

Este mes la Mesa Nacional del Transporte pidió al Gobierno instalar un espacio de diálogo para buscar medidas que reduzcan las pérdidas operativas.

El Poder Judicial de Costa Rica advirtió que la reclasificación de 63 jueces necesaria para aplicar la reforma procesal penal tendría un costo de ¢ 290 millones (USD 640,468). La estimación, elaborada por la Dirección de Planificación, forma parte de las observaciones al proyecto que impulsa el Gobierno de Laura Fernández, según publicó El Observador.

La iniciativa busca reemplazar las actuales audiencias preliminares por una única etapa anterior al juicio. El Poder Judicial sostuvo que el cambio exigiría más personal, recursos técnicos y una redistribución de funciones entre los jueces penales y los tribunales de juicio.

La reforma del Código Procesal Penal propone que una sola audiencia resuelva las medidas alternas y el control de la acusación, tareas que hoy se tratan durante la etapa intermedia. Después de ese trámite, el juicio quedaría en condiciones de programarse de inmediato, con el objetivo de reducir la duración de los procesos y sus costos.

La reforma trasladaría decisiones del juez penal al Tribunal de Juicio

La modificación concentraría en el Tribunal de Juicio atribuciones que actualmente ejerce el juez penal. Entre ellas figura la valoración de eventuales medidas alternas y la revisión de si corresponde admitir una acusación pública, privada o una querella.

La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, planteó que esa modificación altera la distribución de competencias dentro del sistema. La magistrada observó que el nuevo esquema obligaría a resolver cuestiones distintas dentro de un único acto procesal.

“Tiene un serio inconveniente”, afirmó Solano al referirse a la convocatoria de una sola audiencia. La magistrada indicó que allí deberían analizarse tanto las salidas alternas como la procedencia de la acusación o de la querella, cuando corresponda.

La jueza también cuestionó que la propuesta no contemple observaciones específicas sobre las querellas en los expedientes donde ese mecanismo procede. Su planteamiento apuntó a las consecuencias prácticas que tendría reunir decisiones que hoy se distribuyen en una fase previa al debate oral.

La presencia de testigos podría exceder la capacidad de los tribunales

Uno de los reparos señalados por Solano se relaciona con la convocatoria de los testigos. La magistrada alertó que todos deberían acudir a la audiencia previa, aun cuando posteriormente el caso avanzara hacia el juicio.

“No hay capacidad de plantas físicas”, sostuvo la presidenta de la Sala de Casación Penal ante El Observador. Según explicó, los edificios judiciales podrían no contar con espacio suficiente para recibir a todas las personas citadas en causas complejas.

El problema alcanzaría a los expedientes con numerosos testigos, partes y representantes legales. La advertencia se centra en la infraestructura disponible y en la organización que demandaría concentrar esas comparecencias antes del debate oral.

La información divulgada por el medio también recogió que la transformación requeriría ajustes en áreas que participan de la administración de justicia. La Defensa Pública, el Ministerio Público y otros órganos auxiliares enfrentarían efectos derivados de la nueva dinámica procesal.

El Poder Judicial pidió considerar los recursos para la aplicación

La Dirección de Planificación calculó el costo asociado al ascenso de los jueces de la categoría 3 a la 4. Esa medida aparece vinculada a la reasignación de tareas que plantea el proyecto de ley.

El cálculo no contempla únicamente el cambio de categoría de los juzgadores. El Poder Judicial indicó que la aplicación de la reforma también requeriría contrataciones de personal y herramientas técnicas para sostener el funcionamiento del sistema.

La magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, respaldó la intención de acortar los plazos de la justicia penal. Consideró que la iniciativa modifica competencias existentes, sin crear figuras ni atribuciones nuevas.

“El proyecto es de celebrarlo”, expresó Rojas. No obstante, la magistrada subrayó que la Asamblea Legislativa debe conocer el compromiso presupuestario necesario para que la modificación pueda ejecutarse.

Su posición combina el respaldo a una justicia penal más rápida con una advertencia sobre las condiciones materiales requeridas. Para la magistrada, el objetivo de una respuesta judicial pronta y cumplida debe ir acompañado de recursos que permitan sostener el cambio.

La Asamblea Legislativa deberá definir el futuro del proyecto

El Gobierno presentó la reforma a finales de julio como parte de un paquete orientado a reducir el tiempo de los procesos judiciales y los costos de su tramitación. La presidenta Fernández defendió el texto al afirmar que el sistema penal demora demasiado en llegar a una resolución.

“El proceso penal toma demasiado tiempo”, señaló la mandataria. Su argumento se apoya en la necesidad de evitar que las causas atraviesen etapas prolongadas antes de llegar a juicio.

La discusión legislativa tendrá un requisito constitucional adicional. El artículo 167 de la Constitución Política dispone que la Asamblea Legislativa necesitará 38 votos si decide apartarse del criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia sobre la reforma.

El Gobierno de El Salvador remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone un régimen especial para la ejecución de proyectos nacionales de inteligencia artificial, robótica y tecnologías similares, bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

La iniciativa fue enviada el 21 de septiembre de 2026 por la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, con una solicitud para que los diputados la estudien y aprueben. El documento fue aprobado por la Asamblea Legislativa.

El texto plantea reglas particulares para las adquisiciones, contrataciones, incorporación de personal extranjero, permisos y eventual acceso a incentivos fiscales vinculados con proyectos que la ANIA impulse o coordine.

La ANIA podrá definir los proyectos que recibirán el régimen especial

Se establece que serán considerados Proyectos Nacionales de Inteligencia Artificial, Robótica y otras tecnologías similares las iniciativas orientadas a la investigación, desarrollo, capacitación, evaluación, adopción, implementación, transferencia o aplicación de sistemas, modelos, plataformas y soluciones tecnológicas.

También podrán abarcar obras e infraestructura, como equipos de cómputo, centros de datos, laboratorios, sistemas de energía, refrigeración e interconexión.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial determinará, mediante una resolución motivada, qué obras e iniciativas quedarán comprendidas en esa categoría. La resolución deberá establecer el objeto, alcance, componentes y etapas de cada proyecto.

Se indica que las modificaciones que no alteren de manera sustancial esos elementos podrán incorporarse al expediente administrativo sin una nueva resolución. Si cambian el objeto, el alcance o los componentes definidos originalmente, será necesaria una actualización formal.

El proyecto habilita contrataciones directas fuera de la Ley de Compras Públicas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que las adquisiciones y contrataciones necesarias para ejecutar los proyectos nacionales quedarían excluidas de la aplicación de la Ley de Compras Públicas.

En su lugar, la ANIA utilizaría un mecanismo denominado Contratación Directa, que deberá documentarse en un expediente administrativo. La entidad deberá verificar la capacidad e idoneidad del proveedor, las condiciones técnicas y económicas, la razonabilidad del precio y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de competencia y medio ambiente.

La selección del proveedor requerirá una resolución motivada del director ejecutivo de la ANIA o de su suplente. Las negociaciones podrán formalizarse mediante contratos, órdenes de compra, aceptación de ofertas u otros instrumentos que dejen constancia del objeto, el precio, las condiciones y la aceptación de las partes.

La contratación directa podría utilizarse para servicios especializados que no estén disponibles en el país; proveedores únicos; adquisiciones que requieran compatibilidad con sistemas, modelos, datos o infraestructura ya utilizados; insumos para investigación científica; y expertos nacionales o extranjeros.

El texto también contempla esta vía cuando haya una cantidad limitada de proveedores o cuando la vinculación con una empresa, marca o ecosistema tecnológico vuelva impracticable la competencia por motivos técnicos, operativos o económicos.

Los proyectos con financiamiento externo podrán ajustarse a las condiciones de los prestamistas

La iniciativa prevé que los proyectos de inteligencia artificial y robótica puedan financiarse total o parcialmente con préstamos, créditos, garantías u otros instrumentos otorgados por Estados, organismos internacionales, agencias oficiales u operadores privados.

En esos casos, las compras y contrataciones quedarán sujetas a las condiciones que exija la contraparte internacional. El documento menciona criterios de elegibilidad de proveedores, origen o contenido nacional de bienes y servicios, selección de exportadores, experiencia técnica, interoperabilidad y continuidad tecnológica.

Cuando exista una contrapartida estatal o recursos propios de la ANIA, las contrataciones financiadas con esos fondos también podrían sujetarse a las condiciones del financiamiento externo si ello resulta necesario para preservar la unidad técnica, operativa o contractual del proyecto.

Facilidades para contratar expertos extranjeros

El proyecto distingue entre el personal que mantenga una relación laboral con la ANIA y los profesionales contratados sin vínculo laboral para tareas específicas.

En el primer caso, la contratación se regirá por el régimen de personal de la institución. Para servicios requeridos por proyectos nacionales, la ANIA podrá contratar expertos, asesores, investigadores, instructores, jurados, mentores, conferencistas y otros especialistas nacionales o extranjeros conforme al régimen especial.

La propuesta dispone que el personal extranjero contratado trabaje de forma exclusiva para la ANIA. Los profesionales con títulos acreditados en sus países de origen podrían ejercer en El Salvador sin completar el proceso de homologación académica o de obtención de credenciales previsto en otras normas, siempre que presenten la documentación correspondiente y tengan un contrato vigente con la institución.

Además, los trabajadores extranjeros con contrato podrán solicitar residencia temporal para ellos y su grupo familiar. La residencia tendría una vigencia de hasta dos años y podría prorrogarse, según el texto remitido a los diputados.

La Dirección General de Migración y Extranjería deberá extender ese permiso de manera expedita. El proyecto habilita luego la posibilidad de solicitar residencia definitiva bajo las reglas de la Ley Especial de Migración y Extranjería.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles, con 58 votos, una disposición transitoria que exime del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a artistas salvadoreños por los ingresos que reciban de los servicios artísticos o por la venta de obras de arte. La medida tendrá una vigencia de cinco años y fija topes distintos para personas naturales y jurídicas.

La disposición establece que las personas naturales podrán acceder al beneficio por rentas anuales desde USD 0.01 hasta USD 15,000. En el caso de las personas jurídicas vinculadas con actividades artísticas, la exoneración comprenderá ingresos desde USD 0.01 hasta USD 25,000.

Dicha medida se aplicará al cierre de cada ejercicio fiscal, cuando corresponda liquidar el impuesto, y no de forma individual sobre cada factura, pago o presentación. De ese modo, el cálculo tomará en cuenta la ganancia anual de los contribuyentes alcanzados por la normativa.

Además, uno de los cambios previstos consiste en que quienes contraten servicios artísticos o compren obras no deberán practicar retenciones del Impuesto sobre la Renta cuando el artista acredite su condición. Las entidades pagadoras, de todos modos, deberán informar a la Administración Tributaria los montos abonados mediante los formularios que disponga esa institución.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, recordó que en 2021 se aprobó una norma para que los integrantes del sector artístico solicitaran la devolución de las retenciones efectuadas sobre sus ingresos, luego de presentar la declaración tributaria correspondiente.

“El sector artístico debe ser considerado como una actividad profesional”, sostuvo Callejas durante el debate legislativo. La diputada señaló que detrás de cada presentación, concierto u obra existen años de formación, disciplina, inversión y esfuerzo.

La exención alcanzará a servicios y venta de obras de arte

El beneficio abarca los ingresos derivados de actividades artísticas desarrolladas por salvadoreños en sus distintas especialidades. Entre los beneficiarios se encuentran músicos, productores, bailarines, gestores culturales, escritores, actores, directores y payasos, de acuerdo con la información divulgada por el órgano legislativo.

La iniciativa busca que los artistas dispongan de una mayor proporción de sus recursos para financiar su preparación, impulsar proyectos y sostener la producción cultural. También plantea que la actividad artística tiene incidencia en el desarrollo económico y cultural de El Salvador.

La diputada Sharon Salazar afirmó que la medida permitirá que el gremio cuente con mayor disponibilidad de recursos para continuar su formación y mantener activa la creación artística en el país.

El documento aprobado sustituye la disposición transitoria emitida en 2021, que también concedía un beneficio fiscal al sector. La nueva normativa incorpora un esquema que define los montos máximos de la exoneración y establece que los contratantes o compradores deberán informar los pagos realizados, aunque no apliquen retenciones.

La disposición tendrá una duración de cinco años a partir de su entrada en vigencia. La misma comenzará después de su publicación en el Diario Oficial, paso necesario para que la exoneración pueda aplicarse en los ejercicios fiscales correspondientes.

La norma se apoya en el reconocimiento de que la riqueza artística forma parte del patrimonio cultural salvadoreño y plantea la necesidad de generar condiciones para la profesionalización y sostenibilidad de quienes trabajan en el sector.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles reformas que habilitan el pago del aguinaldo desde el 1 de octubre y eximen de la retención del Impuesto sobre la Renta a montos de hasta USD 1,500. Las medidas alcanzan a trabajadores de los sectores público y privado, pensionados, beneficiarios de pensiones alimenticias y empleados estatales que reciben compensaciones adicionales en efectivo.

Los cinco cambios legislativos recibieron 60 votos y amplían los períodos para la entrega de prestaciones que hasta ahora tenían fechas de pago más cercanas a diciembre. La iniciativa busca que los beneficiarios puedan contar antes con esos recursos para cubrir obligaciones y gastos del cierre de año.

Una de las reformas modifica los artículos 197, 200 y 202 del Código de Trabajo. El cambio principal adelanta el inicio del período habilitado para pagar el aguinaldo, que hasta ahora comenzaba el 20 de octubre.

Con la nueva disposición, los empleadores podrán entregar la prestación desde el 1 de octubre. La fecha límite para el pago se mantiene en diciembre, según el marco legal que regula este beneficio.

La reforma también fija el 12 de diciembre como fecha de referencia para calcular el aguinaldo proporcional. Ese criterio se aplicará a quienes no hayan completado el tiempo de servicio necesario para acceder al monto íntegro.

Las modificaciones aprobadas preservan, además, el derecho al pago proporcional para los trabajadores que no cumplan el período exigido o que sean despedidos en las circunstancias previstas por la ley.

Otras reformas

Los diputados también reformaron los artículos 97 y 153 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones. La modificación permitirá adelantar el pago de la pensión de Navidad y del beneficio adicional anual destinado a los jubilados.

A partir de la entrada en vigor de los cambios, esos montos podrán pagarse desde el primer día hábil de octubre hasta el quinto día hábil de diciembre. La medida amplía el lapso disponible para que las personas pensionadas accedan a los recursos de fin de año.

Otra reforma alcanza el Decreto Legislativo N.° 140, aprobado el 6 de noviembre de 1997, que regula la retención de aguinaldos por obligaciones de pensiones alimenticias. La norma permite que el descuento del 30% se realice desde el 1 de octubre y que la entrega a los beneficiarios ocurra hasta el 20 de diciembre.

De esa forma, los hijos y otras personas con derecho a recibir cuotas alimenticias podrán acceder antes a la parte correspondiente de la prestación anual.

La cuarta iniciativa modifica la Ley sobre la Compensación Adicional en Efectivo, que contempla una prestación para empleados públicos. Con el cambio, las instituciones del Estado podrán pagar ese beneficio entre el 1 de octubre y el 20 de diciembre.

La ampliación del plazo pretende dar margen a las entidades públicas para organizar sus desembolsos, al tiempo que permite a los trabajadores disponer de la compensación antes de las fechas habituales de diciembre.

Aguinaldo exento del impuesto sobre la renta hasta USD 1,500

La Asamblea aprobó además disposiciones transitorias para declarar como renta no gravable los aguinaldos y las compensaciones adicionales en efectivo de hasta USD 1,500.

Esto implica que los trabajadores recibirán el monto completo cuando la prestación no supere ese límite. Si el aguinaldo o la compensación exceden esa cifra, la retención del Impuesto sobre la Renta se aplicará únicamente sobre el excedente.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes, por 55ª vez, una nueva prórroga del régimen de excepción, promovida por los diputados del partido oficialista bajo el argumento de que “todavía existen conductas vinculadas a las pandillas”.

La medida mantendrá suspendidas tres garantías constitucionales durante otros 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2026.

Los legisladores incorporaron la iniciativa a la agenda de la sesión plenaria 127 y aprobaron su tratamiento con dispensa de trámite. La propuesta, enviada por el presidente de la República mediante el Consejo de Ministros, obtuvo 57 votos para modificar la agenda y la misma cantidad para dispensar el trámite legislativo.

La nueva extensión se basa en la existencia de actividades que, según el decreto, buscan sostener o reactivar estructuras criminales. El documento señala acciones ligadas al tráfico de drogas como una de las fuentes de financiamiento de las pandillas.

Durante la plenaria los funcionarios señalaron que se han detectado intentos de reclutamiento de jóvenes para incorporarlos a estos grupos y la colocación de símbolos alusivos a pandillas en inmuebles de algunos territorios.

Las autoridades sostienen que esas acciones justifican la continuidad de las operaciones de seguridad para evitar la reorganización de estas estructuras.

La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales

El régimen de excepción fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022, mediante el Decreto Legislativo 333. La Asamblea lo avaló en un contexto de aumento de homicidios que el Gobierno atribuyó a las pandillas y lo presentó como un mecanismo extraordinario para enfrentar a estas organizaciones.

En su versión inicial, la medida suspendió garantías relacionadas con la libertad de asociación, el derecho de defensa, el plazo de detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

Con las prórrogas posteriores, el alcance quedó limitado a tres garantías: el derecho de defensa, el plazo ordinario de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia.

La extensión aprobada esta semana mantiene esas suspensiones en todo el territorio salvadoreño.

La medida permite ampliar el tiempo de detención de una persona antes de su presentación ante un juez. También habilita la intervención de comunicaciones bajo las disposiciones previstas en el régimen.

Previamente el Consejo de Ministros afirmó que estas facultades continúan siendo necesarias para las tareas de investigación criminal, patrullajes, registros preventivos y capturas de personas señaladas de integrar o colaborar con pandillas.

El Gobierno informó más de 93 mil capturas desde marzo de 2022

La iniciativa leída ante el pleno indicó que, desde el inicio del régimen de excepción, las autoridades han capturado a más de 93,162 personas vinculadas con estructuras criminales.

Según el documento presentado, entre los detenidos hay presuntos integrantes de pandillas en distintos roles y personas con antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, robo, agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.

La propuesta también incluyó referencias a la cooperación con autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos para localizar y entregar a El Salvador a personas requeridas por la justicia o relacionadas con estructuras criminales.

La prórroga anterior vence el 27 de septiembre. El nuevo período comenzará el 28 de septiembre, después de la publicación del decreto en el Diario Oficial, y permanecerá vigente hasta el 27 de octubre de 2026.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes un dictamen favorable para ampliar en USD 50 millones la garantía soberana vinculada a una línea de crédito del Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La medida permitirá elevar el monto de la línea global de crédito de USD 53,7 millones a un máximo de USD 103.7 millones. El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, solicitó autorización para modificar el contrato de garantía soberana que respalda esa operación.

Los recursos están destinados a sostener créditos hipotecarios para vivienda de interés social a través de programas del FSV, entre ellos Vivienda Nueva en Condiciones Especiales, Casa Joven, Vivienda Cercana, Casa Mujer y Vivienda en Altura.

El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó ante la comisión que el incremento responde a la ejecución de la línea vigente y a la necesidad de mantener disponibles fondos para nuevos desembolsos durante un plazo de hasta 36 meses.

Casa Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años que buscan comprar una vivienda nueva o usada. Vivienda Cercana apunta a salvadoreños residentes en el exterior y a personas que reciben ingresos desde otros países. Casa Mujer contempla créditos para mujeres jefas de hogar, madres solteras, mujeres solteras y viudas en condición de vulnerabilidad, mientras que Vivienda en Altura financia apartamentos nuevos o usados.

La línea de crédito cuenta con garantía soberana desde 2023. La modificación debe acompañar el aumento autorizado por el BCIE para que el FSV pueda suscribir la ampliación del financiamiento.

Cabañas recibirá USD 2,2 millones para obras en un camino terciario

La comisión también emitió un dictamen favorable a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 2,235,021 al ramo de Obras Públicas y de Transporte.

Los fondos provienen de un convenio de crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España y se asignarán al proyecto 7004, que prevé mejorar el camino terciario entre el desvío El Zapote, el desvío del caserío La Danta y el Puente de Integración, en la frontera con Honduras.

La obra se desarrolla en el distrito de Victoria, departamento de Cabañas, e incluye la intervención de 14 kilómetros de vía. Según la exposición de Hacienda, los recursos cubrirán el anticipo para la construcción y la supervisión, con trabajos de movimiento de tierra, limpieza, desmonte, nivelación, drenajes, obras de protección y accesos peatonales y vehiculares.

El crédito con el ICO fue aprobado en 2018 por un monto de hasta USD 30 millones para el programa de caminos rurales progresivos y mejoramiento de vías a escala nacional. El organismo extendió el período de desembolsos hasta el 30 de junio de 2028.

Otros USD 11,2 millones reforzarán la reconstrucción de los mercados de San Miguel y Santa Ana

El dictamen N.º 263, también aprobado por unanimidad, avala incorporar USD 11,249,597 al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) con fondos del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo multilateral de desarrollo del Grupo Banco Mundial.

La mayor parte de la asignación se distribuirá entre dos proyectos de reconstrucción de mercados municipales. El mercado de San Miguel recibirá USD 5,013,080 y el de Santa Ana, USD 5,728,686. Otros USD 507,831 se destinarán al fortalecimiento institucional y a la adquisición de bienes y servicios para la unidad ejecutora.

En San Miguel, el proyecto contempla un edificio de tres niveles con capacidad para aproximadamente 1,367 locales comerciales. La intervención en Santa Ana incluye dos edificios de dos niveles, con terraza, para hasta 2.387 puestos de venta, además de áreas administrativas, zonas de carga y descarga y accesos inclusivos.

Los recursos financiarán avances de obra, entre ellos excavaciones, rellenos estructurales, sistemas de recolección de aguas lluvias, fundaciones, losas, columnas, vigas y tabiquería. La partida para fortalecimiento institucional cubrirá equipo informático, licencias de software, auditoría externa y vehículos para supervisar las obras.

Los tres dictámenes deberán pasar al pleno legislativo para su discusión y eventual aprobación.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró constitucional la prohibición de que los reincidentes habituales accedan a la conciliación o mediación penal, al concluir que esa restricción no vulnera la garantía contra el doble juzgamiento prevista en la Constitución.

La decisión, remitida a la Asamblea Legislativa de El Salvador, analiza una demanda contra el inciso segundo del artículo 38 del Código Procesal Penal (CPP).

La norma impide aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos a quienes tengan la condición de reincidentes habituales, pertenezcan a agrupaciones ilícitas o hayan recurrido a la conciliación o mediación en los cinco años previos por delitos incluidos en el catálogo legal.

El demandante sostuvo que la disposición imponía una nueva consecuencia desfavorable por condenas anteriores y que, por ese motivo, transgredía un principio, que prohíbe procesar o condenar más de una vez a una persona por los mismos hechos.

La Sala rechazó ese planteamiento. En su resolución, señaló que la conciliación y la mediación constituyen salidas anticipadas del proceso penal y que no implican un pronunciamiento sobre la responsabilidad del imputado. Por ello, afirmó que restringir esos mecanismos a una persona con antecedentes no equivale a una nueva condena ni a una agravación de la pena.

Diferencia entre salidas alternas y sentencia penal

El tribunal explicó que para configurar una vulneración a la prohibición de doble juzgamiento debe existir identidad de sujeto, objeto y fundamento entre procesos o sanciones. Según la resolución, esa condición no se presenta cuando una persona enfrenta una nueva causa penal por hechos distintos a los que originaron condenas previas.

La sentencia sostiene que la condición de reincidente habitual no se utiliza como agravante de una pena ni abre una persecución penal adicional por delitos ya juzgados. Su efecto se limita a impedir el acceso a determinadas vías de terminación anticipada del proceso.

No obstante, la Sala reconoció que la medida sí genera una consecuencia procesal desfavorable para el imputado, porque vincula el acceso a la conciliación y la mediación con antecedentes penales ya sancionados. A partir de esa premisa, el tribunal sometió la norma a un examen de proporcionalidad.

La Asamblea Legislativa argumentó que la restricción busca proteger a las víctimas y evitar que los mecanismos restaurativos se apliquen en situaciones en las que el legislador considera insuficiente una reparación acordada entre las partes. El fiscal general de la República también defendió la disposición.

La protección de la víctima en el análisis constitucional

La Corte sostuvo que los derechos fundamentales no tienen carácter absoluto y que pueden ser objeto de restricciones cuando estas persiguen una finalidad legítima y superan un análisis de proporcionalidad.

En este caso, consideró que la exclusión de los reincidentes habituales de la conciliación y la mediación responde a fines constitucionales vinculados con la protección de la víctima, la preservación del modelo legal de justicia restaurativa y la potestad de la Asamblea para regular el proceso penal.

El fallo recuerda que la justicia restaurativa procura reparar el daño causado por el delito y propiciar acuerdos entre víctima e imputado. Sin embargo, precisa que esos instrumentos tienen límites, sobre todo frente a delitos violentos, hechos de especial relevancia social y personas que han reincidido de manera habitual.

La resolución añade que la conciliación y la mediación no forman parte del contenido esencial de un derecho fundamental autónomo. Su aplicación depende de una decisión legislativa expresa y tiene un peso constitucional menor que garantías como la libertad personal, el derecho de defensa, el debido proceso o la presunción de inocencia.

La Sala también indicó que la prohibición no deja a las víctimas sin herramientas para reclamar una reparación económica.

Sin inconstitucionalidad: el fallo y sus efectos

En la parte resolutiva, la Corte declaró, “de un modo general y obligatorio”, que no existe la inconstitucionalidad alegada respecto de la prohibición de conciliar o mediar en delitos cometidos por reincidentes habituales.

El tribunal concluyó que la medida supera los requisitos de idoneidad y necesidad, pues busca evitar que personas con una reiteración comprobada de conductas delictivas accedan a mecanismos que requieren buena fe y cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las víctimas.

La decisión mantiene vigente el artículo 38 del CPP y confirma que los procesos contra reincidentes habituales deberán continuar por la vía penal ordinaria, sin posibilidad de acogerse a las salidas alternas restringidas por la ley.

Ernesto Castro llamó este jueves a los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos a buscar orientación especializada para evaluar las alternativas que les permitan regularizar su situación migratoria de forma permanente.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador afirmó que la continuidad del permiso temporal, sin una fecha de vencimiento definida, da a los beneficiarios más margen para analizar sus opciones. “Esos días son importantes y los tepesianos deben de acercarse, asesorarse, tener un buen asesoramiento”, sostuvo.

Castro se refirió al TPS después de que una periodista le consultara sobre la falta de un plazo definido. Aunque señaló que la decisión corresponde al Gobierno estadounidense y responde a sus políticas migratorias, consideró que la medida representa un alivio para los salvadoreños beneficiados.

“Qué bueno. Deberíamos de estar contentos o por lo menos la mayoría de salvadoreños acompañamos la alegría que seguramente tienen los tepesianos en estos momentos”, declaró.

Más tiempo para buscar una regularización

El presidente legislativo señaló que el permiso temporal habilita un periodo adicional para que los salvadoreños que viven en Estados Unidos puedan revisar vías legales hacia una residencia permanente.

“Hoy por hoy cuenta con más tiempo, con más espacio para que nuestros hermanos tepesianos logren ver qué pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen”, expresó.

Castro dijo haber conversado con personas que anteriormente estuvieron cubiertas por el TPS y que, según su relato, lograron obtener un estatus migratorio permanente tras cumplir con las leyes de Estados Unidos.

El legislador no precisó cuáles son los mecanismos migratorios a los que podrían recurrir los beneficiarios ni las condiciones particulares que deben cumplir. Su recomendación se centró en que cada persona consulte su caso con asesores especializados.

Expectativa en el gobierno estadounidense

El diputado insistió en que la decisión anunciada por las autoridades de Estados Unidos debe interpretarse como una oportunidad para los salvadoreños bajo ese régimen migratorio. “Independientemente de que ahora no hay un plazo de término, esos días son importantes”, remarcó.

También expresó su expectativa de que el Gobierno estadounidense valore la situación de los ciudadanos salvadoreños que viven en ese país. En ese punto, sostuvo que El Salvador estaría entre los pocos países que aún mantienen ese permiso temporal, aunque formuló esa afirmación con reservas.

“No sé si me equivoco, por favor corríjanme, creo que ahora somos el único país en el mundo que tenemos, o por lo menos de los países que contaban con eso, somos dos países los que seguimos contando con ese permiso temporal”, dijo.

“Hay que aprovecharlo”

El titular de la Asamblea Legislativa reiteró que los beneficiarios del TPS deben aprovechar el tiempo disponible para recibir asesoramiento y determinar si cumplen los requisitos para acceder a otra categoría migratoria.

“Hay que aprovecharlo”, afirmó Castro este jueves previo a la plenaria ordinaria 126, quien volvió a mencionar a salvadoreños que, de acuerdo con sus conversaciones, pasaron de contar con el permiso temporal a obtener una situación permanente en Estados Unidos.

El llamado se dirigió a los salvadoreños amparados por el TPS que, según planteó, tienen ante sí un periodo adicional para revisar sus alternativas dentro de las normas migratorias estadounidenses.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley para la Protección de Datos Personales que elimina la obligación para las empresas de nombrar a un delegado especializado en la materia.

Durante la sesión plenaria ordinaria, el parlamento aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con 57 votos a favor y uno en contra, tras otorgar una dispensa de trámites a la propuesta que presentó la bancada del partido Nuevas Ideas.

El proyecto ingresó a la sede parlamentaria en San Salvador con la firma del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, a partir de instrucciones directas del presidente de la República.

La modificación normativa busca flexibilizar la gestión organizativa de las instituciones públicas y privadas que tratan datos de los ciudadanos, sin alterar las garantías constitucionales de intimidad y autodeterminación informativa de las personas naturales.

El cambio principal aprobado por los diputados radica en la supresión del carácter obligatorio del delegado de protección de datos para el sector privado. A través de este ajuste, la Asamblea Legislativa derogó los artículos 15 y 17 de la legislación, disposiciones que exigían a comercios y corporaciones contar con un especialista dedicado de forma exclusiva a supervisar el tratamiento de la información personal.

El diputado Walter Coto, integrante de la bancada de Nuevas Ideas, explicó en el pleno que la ley mantiene vigentes sus principios rectores y que la medida no representa un margen de impunidad. “La ley sigue manteniendo todos sus estándares y todos sus principios”, afirmó el legislador, quien subrayó que no va a ser ninguna barra abierta para nadie para incumplir la ley.

Coto destacó que la exigencia de un delegado generaba incertidumbre técnica y costos financieros elevados para los pequeños, micro y medianos empresarios. Si bien las empresas pueden mantener dicha figura de manera optativa dentro de sus organigramas, la legislación ya no establece la obligación legal ni sanciones por no contratar a un profesional dedicado a ese cargo.

Los plazos de respuesta y los trámites de derechos ARCOPOL sufren ajustes en la normativa

La reforma también reestructura los procedimientos administrativos que deben seguir los ciudadanos para hacer valer sus derechos sobre la información personal. Las entidades públicas y privadas mantendrán la obligación de gestionar las solicitudes relativas a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación, conocidos bajo el acrónimo de derechos ARCOPOL.

De acuerdo con el articulado modificado, la entidad que reciba una petición dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para entregar una respuesta al titular de la información. Este periodo podrá extenderse por un lapso idéntico de 20 días hábiles adicionales, siempre que existan causas justificadas para la prórroga y se emita una resolución debidamente motivada.

En los casos donde la solicitud no cumpla con los requisitos o requiera información adicional, la institución o empresa formulará una prevención por una sola ocasión. El ciudadano contará con un término de 10 días hábiles para subsanar las omisiones.

Si el usuario no responde en ese lapso, la autoridad archivará el escrito, aunque el interesado conservará el derecho de presentar un nuevo trámite. Asimismo, si la entidad receptora advierte que no es la competente para resolver el caso, devolverá la petición dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción.

El Ejecutivo designará al director responsable de los procedimientos en la agencia de ciberseguridad

En el ámbito del sector público, el decreto establece que los organismos estatales deberán nombrar a un delegado de protección de datos personales. Para optimizar las estructuras existentes, la normativa autoriza que dicha responsabilidad recaiga en el mismo oficial de información que labora en la institución correspondiente, evitando la creación de nuevas plazas.

Por otra parte, la modificación ajusta el funcionamiento de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (ACE). El presidente de la República nombrará a un director de protección de datos personales por un periodo de tres años. Este funcionario tramitará los procedimientos administrativos e impondrá las sanciones previstas en la ley.

A su vez, podrá delegar la instrucción y sustanciación de los expedientes en personal de la institución, aunque la facultad sancionadora continuará bajo su atribución exclusiva. El decreto legislativo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por unanimidad un dictamen favorable para ratificar el acuerdo que permitirá el regreso del programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos al país, suspendido desde 2016 por las condiciones de seguridad.

El expediente, promovido por el gobierno central por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, pasó a la comisión tras la aprobación del acuerdo ejecutivo el 9 de septiembre de 2026. El instrumento bilateral fue firmado en San Salvador el 7 de septiembre de 2023.

La decisión de la comisión, adoptada el 16 de septiembre, deja el acuerdo listo para su discusión y votación en el pleno legislativo. Según la sesión, la Asamblea tenía prevista una plenaria para el 17 de septiembre.

El programa volvería tras una década de suspensión

El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados de la Cancillería salvadoreña, Lisandro Alberto Landaverde, señaló que el retorno del Cuerpo de Paz abre una tercera etapa de actividades de la agencia federal estadounidense en el país.

El programa inició sus tareas en El Salvador en 1962. Sus operaciones se interrumpieron en 1979, en el contexto de la crisis política y el inicio del conflicto armado interno. Volvió en 1993, tras los Acuerdos de Paz, aunque suspendió nuevamente sus actividades en 2016 por la situación de seguridad.

Durante el debate, los integrantes de la comisión vincularon la reactivación con el cambio en las condiciones de seguridad. La diputada Ana Figueroa sostuvo que el país cuenta ahora con un entorno que permitiría recibir a los voluntarios estadounidenses en comunidades salvadoreñas.

Landaverde afirmó que la seguridad figura entre los elementos que favorecieron el interés de la agencia por volver al país. “Gracias a ese clima de seguridad es que Peace Corps o Cuerpo de Paz nuevamente dijo: ‘Okey, quiero retornar a El Salvador’”, expresó durante la sesión.

Más de 2.300 voluntarios trabajaron en los 14 departamentos

El dictamen aprobado por la comisión indica que más de 2.300 voluntarios del programa prestaron servicios previamente en los 14 departamentos de El Salvador.

Las actividades incluyeron proyectos de agricultura, salud, desarrollo económico comunitario, formación de jóvenes y fortalecimiento municipal. El nuevo acuerdo prevé que los voluntarios desarrollen labores solicitadas por el Gobierno salvadoreño y aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos.

La Cancillería indicó que todavía no se definieron las áreas que recibirán primero a los voluntarios. Landaverde mencionó como posibles campos de trabajo la agricultura, la educación, la salud, el medio ambiente, el liderazgo comunitario y el desarrollo de la juventud.

El funcionario señaló que el objetivo será fortalecer capacidades ya existentes en las comunidades y en instituciones locales, tanto públicas como privadas, que participen en la ejecución de las iniciativas.

El texto establece que el Gobierno de Estados Unidos aportará el financiamiento para el voluntariado y los programas de cooperación. La parte salvadoreña deberá facilitar condiciones administrativas, migratorias, aduaneras y tributarias para las actividades previstas.

El representante de la Cancillería explicó que los compromisos locales podrían relacionarse con exenciones tributarias para equipos, suministros o proyectos que el programa requiera. Agregó que cualquier gasto adicional dependerá de los acuerdos específicos que surjan durante la ejecución.

El convenio entrará en vigor tras el intercambio de notas entre ambos gobiernos

La ratificación legislativa no bastará por sí sola para activar el programa. El acuerdo entrará en vigor cuando El Salvador y Estados Unidos intercambien las comunicaciones oficiales que confirmen el cumplimiento de sus procedimientos internos.

El instrumento no fija un período de vigencia. Cualquiera de los dos gobiernos podrá denunciarlo, con un plazo de 90 días para que deje de surtir efecto.

La comisión concluyó que la ratificación actualizará el marco jurídico que regulaba el programa desde 1961 y ofrecerá certeza para el retorno de los voluntarios. El proyecto de decreto establece que, una vez aprobado por el pleno y publicado en el Diario Oficial, entrará en vigencia ocho días después.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica activó formalmente el procedimiento interno contra el diputado oficialista Fernando Obaldía, luego de las denuncias presentadas en su contra por presunto acoso sexual y laboral, lo que abre una investigación paralela a las diligencias que ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que el Directorio Legislativo dio curso al caso el miércoles 9 de septiembre, de conformidad con el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

“Ya hemos iniciado el protocolo. Es un tema confidencial, entonces no me voy a referir al respecto”, afirmó Jiménez durante una sesión del Plenario Legislativo, luego de que la diputada socialcristiana Abril Gordienko solicitara activar los mecanismos correspondientes y evitar eventuales represalias o procesos de revictimización.

La apertura del procedimiento implica que el caso deberá pasar ahora a una comisión investigadora, cuya integración será sometida a votación del Plenario.

La normativa establece que ese órgano puede estar compuesto por tres o cinco diputados y tendrá a su cargo la instrucción del procedimiento hasta emitir un informe con sus respectivas recomendaciones.

El proceso deberá desarrollarse bajo confidencialidad, tanto para proteger a quienes presentaron las denuncias como para resguardar las garantías del diputado investigado.

De acuerdo con el reglamento, la investigación interna pretende garantizar el derecho a denunciar y desarrollar las diligencias bajo las reglas del debido proceso. En caso de determinarse responsabilidad por hostigamiento sexual, la normativa contempla una amonestación ética pública al legislador.

Una comisión deberá investigar el caso

La activación del protocolo establece una hoja de ruta inmediata dentro del Congreso.

Después de que el Directorio conociera la denuncia el miércoles 9 de septiembre, la Presidencia legislativa deberá incorporar una moción para conformar la comisión investigadora dentro del plazo previsto en el reglamento.

Según la información publicada sobre el procedimiento, esa moción deberá llegar al Plenario, a más tardar, el lunes 14 de septiembre.

Antes de su conformación, el Directorio deberá consultar a las distintas fracciones legislativas cuáles tienen interés en formar parte del órgano.

Una vez constituida, la comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses para completar la investigación y rendir el informe correspondiente, período que puede ampliarse una única vez por 15 días naturales adicionales.

Posteriormente, sus conclusiones deberán ser conocidas por el Plenario, que será el encargado de determinar si procede o no una sanción contra el legislador.

El reglamento fue aprobado por el Congreso en 2021, con el objetivo de llenar un vacío existente respecto al tratamiento de denuncias por hostigamiento sexual contra diputados. En ese momento, la Asamblea señaló que la normativa buscaba establecer un procedimiento específico para investigar a legisladores y eventualmente aplicarles sanciones.

Obaldía sería el segundo diputado sometido a este procedimiento desde su creación. El antecedente corresponde al exlegislador Fabricio Alvarado, quien fue investigado durante el período legislativo anterior tras una denuncia presentada por quien entonces se desempeñaba como asesora de Nueva República.

Investigación paralela en la Fiscalía

El procedimiento interno ocurre mientras Fernando Obaldía, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfrenta además denuncias ante el Ministerio Público.

Una asesora de su propio despacho acudió a la Fiscalía para denunciar hechos que se investigan como un presunto delito de acoso predatorio, mientras que también se han presentado denuncias relacionadas con supuesto acoso laboral.

El Ministerio Público confirmó además la recepción de una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el legislador e indicó que el caso se encontraba en estudio para determinar las actuaciones correspondientes.

La situación ha provocado cuestionamientos dentro del Congreso y llamados de diputadas de oposición para que Obaldía renuncie voluntariamente a su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar las diligencias judiciales sin esa protección constitucional.

Hasta ahora, el Pueblo Soberano no ha anunciado públicamente que vaya a solicitar al diputado renunciar a su fuero.

La misma denuncia laboral atribuye a Obaldía una serie de 14 hechos, entre ellos presuntas descalificaciones, mensajes enviados fuera del horario habitual de trabajo y el supuesto uso de cámaras de seguridad legislativas para conocer los movimientos de funcionarias, según documentación citada por medios costarricenses.

Por ahora, el procedimiento legislativo apenas entra en su primera etapa y sus detalles permanecerán bajo reserva.

Con la activación del protocolo, el siguiente momento clave será la integración de la comisión que tendrá a su cargo investigar los hechos y determinar si existe mérito para recomendar una sanción al diputado Fernando Obaldía.

La magistrada Julia Varela Araya continuará durante ocho años más en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, luego de que la Asamblea Legislativa no alcanzara este miércoles los 38 votos necesarios para impedir su reelección.

La votación terminó con 25 diputados a favor de su continuidad y 31 en contra. Aunque una mayoría se manifestó contra la permanencia de Varela, la Constitución Política establece que para rechazar la reelección de una persona magistrada se requiere una mayoría calificada de 38 votos, por lo que la falta de siete adhesiones adicionales permitió su permanencia en el cargo.

La decisión estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y las bancadas que integran el denominado bloque democrático, que defendieron la continuidad de Varela y acusaron al oficialismo de intentar debilitar o generar condiciones para paralizar distintas instancias del Poder Judicial.

A favor de la permanencia se pronunciaron diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Uno de los argumentos centrales fue que, en condiciones ordinarias, la salida de una magistrada debería ir acompañada de la designación oportuna de una persona sustituta. Sin embargo, legisladores opositores aseguraron que la situación actual dentro del Poder Judicial obliga a valorar el riesgo de dejar vacantes.

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, afirmó que la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional constituye una “anomalía” y sostuvo que ese antecedente debía tomarse en cuenta al decidir sobre la continuidad de Varela.

Villalta acusó al oficialismo de utilizar una “táctica para paralizar al Poder Judicial” y sostuvo que la falta de suplentes podría impedir que la Corte atienda determinados asuntos relacionados con integrantes de los Supremos Poderes.

“Se trata de una táctica para paralizar al Poder Judicial, para que la Corte Plena no pueda conocer los casos que están en trámite de miembros de los Supremos Poderes que tienen acusaciones”, afirmó el legislador.

Oficialismo cuestionó sus años en el cargo

La bancada de Pueblo Soberano, por su parte, reconoció durante el debate la trayectoria y experiencia de Varela, pero centró su oposición en la necesidad de una renovación dentro del Poder Judicial.

La diputada oficialista Marta Esquivel sostuvo que la experiencia no debería convertirse en un argumento para hacer permanente un puesto que constitucionalmente tiene periodos definidos.

“La renovación institucional del Poder Judicial debe ser un elemento legítimo dentro de la valoración que corresponde hacer por parte de esta Asamblea Legislativa”, afirmó Esquivel, quien defendió el principio de alternancia y rechazó que la independencia judicial pueda entenderse como “inamovilidad”.

La magistrada podrá permanecer en el puesto hasta 2034, cuando tendría 83 años.

Defensores destacan reducción de expedientes pendientes

Los diputados que respaldaron la reelección también utilizaron cifras sobre el desempeño de la Sala Segunda para justificar su voto.

La legisladora liberacionista Janice Sandí destacó que el circulante general de esa Sala pasó de 5.180 expedientes en 2021 a 1.666 en julio de 2026, lo que representa una reducción del 68%.

La trayectoria de la magistrada se remonta a 1977, cuando inició su carrera dentro del Poder Judicial. Ha ocupado cargos en juzgados laborales, tribunales de trabajo y otras dependencias judiciales antes de llegar a la magistratura.

Durante su gestión también participó en la construcción y consolidación del proyecto que dio origen al Código Procesal de Familia y colaboró en la Reforma Procesal Laboral, además de liderar procesos de capacitación para su implementación.

Varela es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), notaria pública desde 1985, cuenta con especialización y maestría en Derecho Público y realiza estudios de doctorado en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La magistrada ocupa el puesto desde septiembre de 2002 y esta votación representa su cuarta reelección.

La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió una solicitud para crear una ley transitoria que permitiría dispensar multas e intereses moratorios por deudas de impuestos municipales. La iniciativa ingresó este miércoles 9 de septiembre en la sesión plenaria ordinaria y será remitida la próxima semana a la Comisión de Hacienda para su estudio.

El proyecto lleva por nombre Ley Especial Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Sustantivas y Formales en Materia de Impuestos Municipales. Su objetivo es establecer un régimen excepcional para que contribuyentes de los 44 municipios regularicen obligaciones tributarias pendientes.

La propuesta plantea que los beneficiarios paguen el tributo principal, mientras quedarían exentos de multas e intereses por mora. La cobertura incluiría obligaciones declaradas y no pagadas, impuestos municipales omitidos al momento de presentar declaraciones y sanciones vinculadas con incumplimientos formales, como la falta de documentación o la actualización de información requerida.

Vale destacar que el concejo municipal de cada alcaldía tiene la potestad para aprobar esta clase de regímenes transitorios y en la mayoría de ediciones del Diario Oficial, aparecen estas disposiciones transitorias.

El beneficio abarcaría deudas hasta el 31 de diciembre de 2025

El texto establece que la dispensa se aplicaría a multas e intereses generados por incumplimientos tributarios desde el origen de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2025.

Podrían acogerse contribuyentes o responsables con obligaciones comprendidas en el régimen. Quedarían fuera quienes hayan sido sancionados mediante un procedimiento de determinación tributaria de oficio y aquellos contra quienes la municipalidad ya haya iniciado acciones judiciales para cobrar impuestos, intereses o multas.

Los interesados tendrían que presentarse en los puntos de atención habilitados por las municipalidades. El proyecto también contempla pagos mediante transferencia bancaria, siempre que los fondos ingresen a las cuentas autorizadas durante la vigencia de la normativa.

Los contribuyentes tendrían que reconocer la deuda

La adhesión al régimen implicaría el reconocimiento de las deudas tributarias incluidas en la solicitud. Si existieran procesos administrativos o judiciales en curso por esas obligaciones, el contribuyente tendría que desistir de forma expresa y por escrito.

La iniciativa indica que la falta de constancia de ese desistimiento ante la instancia respectiva impediría la aplicación de la dispensa. Además, quienes se acojan no podrían reclamar la devolución de los montos pagados por las deudas reconocidas.

El plazo general para cancelar el tributo sería el período de vigencia de la ley. El proyecto, no obstante, habilita a las municipalidades a conceder planes de pago.

Los planes de pago exigirían un anticipo de al menos 30%

Para suscribir un convenio, el contribuyente debería tener una deuda activa generada, como máximo, durante el ejercicio 2025 y pagar una prima mínima equivalente al 30% del monto del tributo adeudado, sin incluir las multas ni los intereses que serían dispensados.

Los saldos pendientes devengarían intereses conforme al Código Municipal hasta su cancelación. El incumplimiento de una cuota, o de la última cuota del acuerdo, haría que el contribuyente pierda el beneficio y permitiría a la administración tributaria municipal exigir el total de la deuda por la vía judicial.

El documento fija que los planes formalizados no podrían extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. También faculta a las municipalidades a emitir manuales, instructivos, procedimientos o reglamentos para aplicar la eventual ley.

La propuesta tendría una vigencia de 120 días a partir de su publicación en el Diario Oficial, aunque los planes de pago suscritos durante ese período mantendrían su obligación aun después de que expire el régimen transitorio.

La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este miércoles una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 97 millones destinados a reforzar las asignaciones de 13 instituciones públicas, con el objetivo de atender compromisos previstos para los últimos meses del ejercicio fiscal.

La modificación fue aprobada con 57 diputados durante la sesión plenaria número 125, según la información proporcionada por el órgano legislativo. El Ministerio de Hacienda indicó que los recursos proceden de una disponibilidad de emisión de títulos valores.

El refuerzo contempla partidas para gastos de funcionamiento, compromisos institucionales, programas sociales, logística, seguridad, gestión ambiental y promoción turística. Por una parte, la mayor asignación corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá USD 37 millones para fortalecer los agromercados y cubrir necesidades logísticas.

Mientras que, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia tendrá una incorporación de USD 31,189,835. Los fondos estarán dirigidos a la gestión del proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad y al cumplimiento de condiciones mínimas durante las detenciones.

La cartera de Gobernación y Desarrollo Territorial contará con USD 19 millones para acciones de fortalecimiento institucional y territorial vinculadas a la ejecución de políticas públicas.

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) recibirá USD 2.7 millones para atender compromisos relacionados con litigios internacionales y con el funcionamiento de la institución.

El Ministerio de Turismo dispondrá de USD 3,085,165 para financiar eventos internacionales y respaldar iniciativas del sector turístico. El Ministerio de Economía tendrá USD 1.5 millones para obligaciones institucionales, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte recibirá USD 1.3 millones con el mismo fin.

La reforma también prevé USD 1,225,000 para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esa partida estará destinada a gastos de funcionamiento vinculados con prevención de riesgos y educación ambiental.

Cinco entidades descentralizadas también tendrán refuerzos

Entre las instituciones descentralizadas incluidas figura la Dirección de Integración, que contará con USD 10 millones para el programa “Florecimiento Salvadoreño”. La asignación cubrirá servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá USD 1,189,835 para sostener el proyecto de emisión gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para quienes realizan el trámite por primera vez.

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) tendrá USD 1.5 millones para fortalecimiento institucional. La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos obtendrá USD 1.3 millones para asegurar la continuidad de sus operaciones en materia de gestión integral de desechos.

Por último, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) contará con un monto de USD 2 millones para ejecutar acciones de promoción del país como destino turístico y atraer visitantes e inversionistas.

La información oficial señala que la reforma aprobada distribuye USD 97 millones. Ese monto coincide con la suma de las ocho asignaciones destinadas a la FGR y a los ministerios de Agricultura y Ganadería; Seguridad Pública y Justicia; Gobernación y Desarrollo Territorial; Obras Públicas y de Transporte; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Turismo.

El diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, representante de Alajuela por el partido Pueblo Soberano, enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por el aparente delito de acoso predatorio, además de señalamientos por presunto acoso laboral formulados dentro de la Asamblea Legislativa.

La denuncia fue presentada este lunes por una asesora de su despacho, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Posteriormente, la funcionaria acudió a la Dirección Ejecutiva del Congreso para formalizar también una queja en sede administrativa.

“La Fiscalía General confirmó que recibió una denuncia en contra de un diputado de apellido Obaldía, por el aparente delito de acoso predatorio, en perjuicio de una persona mayor de edad”, indicó la institución.

El caso quedó registrado bajo el expediente 26-000088-0033-PE.

A la situación se suma una denuncia por supuesto acoso laboral, presentada contra Obaldía por la misma funcionaria y otra asesora de su despacho.

Entre los hechos incluidos en la queja laboral se señala que el legislador habría solicitado acceso a grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio legislativo para revisar los recorridos realizados por las funcionarias y conocer qué estaban haciendo durante sus horas de trabajo.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser analizadas dentro de los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes.

Obaldía, por su parte, no se ha referido públicamente al fondo de las acusaciones. Medios nacionales han solicitado una reacción al legislador y a la oficina de comunicación de la fracción, pero se ha indicado que no hará declaraciones mientras el asunto se encuentre judicializado.

¿Qué se investiga como acoso predatorio?

El concepto de acoso predatorio está contemplado en la legislación penal costarricense y sanciona determinadas conductas reiteradas de hostigamiento o persecución que afecten la intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas de una persona.

Entre las conductas contempladas se encuentran vigilar, merodear, perseguir o procurar cercanía física, intentar establecer contacto de manera insistente o interferir en dispositivos o datos personales.

La normativa establece penas que pueden ir de tres a 18 meses de prisión o de 100 a 200 días multa, dependiendo de la valoración judicial de los hechos.

En el caso de Obaldía, será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para continuar con una investigación penal y establecer si las conductas denunciadas encajan dentro de esa figura delictiva.

Hasta ahora, no existe una resolución que determine responsabilidad del legislador.

Asamblea Legislativa deberá activar procedimiento interno

La denuncia presentada en el Congreso también abre un procedimiento administrativo independiente.

El Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa establece que, una vez recibida una denuncia, la Dirección Ejecutiva debe darle trámite y no puede rechazarla por defectos de forma.

Posteriormente, debe conformarse una comisión investigadora, integrada por profesionales de áreas como recursos humanos, psicología, medicina y derecho.

Ese órgano tiene entre sus funciones recopilar evidencia, recibir declaraciones de las partes y garantizar el debido proceso durante la investigación.

El reglamento también contempla la aplicación de medidas cautelares para proteger a la persona denunciante mientras avanza el procedimiento y prohíbe expresamente cualquier intento de conciliación entre las partes.

Una vez concluida la recepción de pruebas, la comisión debe elaborar un informe con sus conclusiones y una recomendación.

En términos generales, las sanciones por hostigamiento sexual dentro de la institución pueden ir desde una amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados.

Sin embargo, cuando se trata de un diputado, el régimen sancionatorio es distinto y la eventual consecuencia administrativa se limita a una amonestación verbal.

Pueblo Soberano dice que no minimizará la denuncia

La fracción de Pueblo Soberano afirmó que tratará el caso con seriedad, aunque recalcó que deben respetarse los procedimientos establecidos.

“Como fracción, tomamos con absoluta seriedad cualquier denuncia que se presente. No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza y seremos firmes ante cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas”, señaló la bancada.

El oficialismo agregó que no adelantará criterios mientras los procedimientos continúen abiertos.

“Existen procedimientos establecidos que deben respetarse, así como el derecho de todas las partes al debido proceso. Esto no significa indiferencia ni falta de firmeza, sino actuar con responsabilidad y sobre hechos debidamente comprobados”, indicó.

La fracción añadió que evitará referirse a detalles de la denuncia debido a la confidencialidad del proceso y con el objetivo de prevenir cualquier posible revictimización.

Un antecedente dentro del despacho

La actual denuncia ocurre después de que trascendiera un episodio anterior relacionado con otra funcionaria que manifestó disconformidad con el trato recibido dentro del despacho del diputado.

Esa asesora se reunió con el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para solicitar que fuera trasladada a otra dependencia.

Finalmente, la funcionaria fue asignada a labores de la jefatura de fracción.

El pasado 9 de junio, Acosta aseguró que no tenía conocimiento de una denuncia por acoso sexual relacionada con ese caso, aunque confirmó que se había producido un movimiento de plaza solicitado por la propia funcionaria.

Quién es Fernando Obaldía

Fernando Obaldía Álvarez, de 66 años, fue electo diputado por la provincia de Alajuela en la papeleta de Pueblo Soberano.

En su currículum se presenta como empresario y contador con más de 42 años de experiencia en el sector privado y figura además como coordinador territorial del partido en Alajuela.

Su trayectoria profesional incluye actividades vinculadas con construcción, acabados, instalación de vidrios, cerámica y pintura.

Ahora, el legislador deberá enfrentar paralelamente el avance de una investigación en el Ministerio Público y el procedimiento interno que corresponda dentro de la Asamblea Legislativa, en un caso en el que las autoridades deberán determinar si los hechos denunciados pueden ser acreditados y si derivan en alguna responsabilidad penal o administrativa.

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa modificar la Ley de Presupuesto de 2026 para distribuir USD 97 millones que permanecían disponibles de dos emisiones de deuda en títulos valores de crédito.

La iniciativa, presentada el 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, plantea reforzar varias partidas.

El proyecto sostiene que las asignaciones permitirán atender obligaciones “prioritarias e ineludibles” durante el segundo semestre de 2026.

Faltará que la solicitud sea revisada por la comisión legislativa de Hacienda y Especial del presupuesto, convocada para sesionar este lunes 7 por la mañana.

Seguridad Pública concentraría la mayor asignación

El ramo de Seguridad Pública y Justicia recibiría USD 31.189.835, el mayor monto contemplado en la reforma. De esa cifra, USD 30 millones se destinarían al proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

El documento señala que esa partida busca garantizar una gestión eficiente en los centros penales y el cumplimiento de condiciones mínimas de detención. No ofrece un desglose adicional sobre obras, programas o adquisiciones que financiaría ese monto.

Los USD 1.189.835 restantes pasarían al Registro Nacional de las Personas Naturales, con el propósito de cubrir la emisión gratuita del Documento Único de Identidad para personas de bajos recursos.

La propuesta también asigna USD 19 millones al ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. De ese total, USD 9 millones reforzarían la capacidad institucional de la cartera y USD 10 millones serían transferidos a la Dirección de Integración. Según la iniciativa, esos fondos cubrirían transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas en el Programa de Florecimiento Salvadoreño.

Agricultura recibiría USD 37 millones

El ramo de Agricultura y Ganadería tendría la segunda mayor asignación, con USD 37 millones. La iniciativa establece que el dinero se orientaría al fortalecimiento de telecentros destinados a productores agropecuarios, además de gastos logísticos y operativos del ministerio.

El texto no especifica cuántos telecentros se crearían o ampliarían, ni en qué zonas del país se ejecutarían las inversiones. Tampoco detalla la proporción de recursos que se destinaría a equipos, conectividad, asistencia técnica o funcionamiento administrativo. Faltará una exposición de la medida de parte de los representantes de Hacienda.

El ramo de Obras Públicas y de Transporte obtendría USD 1,3 millones. La totalidad de esa partida se transferiría a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para financiar la continuidad de actividades vinculadas con la gestión integral de desechos.

A su vez, el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibiría USD 1.225.000 para gastos de funcionamiento institucional relacionados con prevención de riesgos y educación ambiental.

USD 2.7 millones para litigios internacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) tendría una partida de USD 2.7 millones. La justificación incluida en el expediente indica que los fondos permitirían atender compromisos por litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional.

El ramo de Economía recibiría USD 1,5 millones, que serían transferidos al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador. La iniciativa señala que el dinero reforzaría el funcionamiento de esa entidad durante el último trimestre de 2026.

Turismo para promoción y eventos internacionales

El ramo de Turismo sería beneficiado con USD 3.085.165. De esa cifra, USD 85,165 se destinarían a fortalecer la sostenibilidad del sector turístico.

Los USD 3 millones restantes pasarían a la Corporación Salvadoreña de Turismo, que financiaría la ejecución de acciones estratégicas de promoción del país y la organización de eventos internacionales de alto impacto, de acuerdo con el documento.

El Gobierno de Costa Rica incluyó en el presupuesto de 2027 la propuesta de crear 533 nuevos puestos en 13 instituciones públicas, según el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República. Más de la mitad de esas plazas se concentra en el Ministerio de Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El texto presupuestario que el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa asignó 271 plazas al Ministerio de Justicia y Paz y 76 al Tribunal Supremo de Elecciones, consigna la prensa local.

El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, confirmó a CR Hoy que las 271 plazas del Ministerio de Justicia y Paz se destinarían a la operación del nuevo Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), cuya apertura está prevista para fines de septiembre de 2026 en San Rafael de Alajuela.

Las plazas previstas en el proyecto

En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, el proyecto contempló plazas temporales por servicios especiales para cubrir el aumento de las cargas de trabajo ligado a la preparación de las elecciones municipales de 2028. Las tareas incluyen la inscripción de candidaturas y otros procesos operativos y administrativos.

El plan presupuestario también propuso eliminar 276 puestos, con la mayor reducción en el Poder Judicial, que perdería 229 cargos fijos, y en la Asamblea Legislativa, con 30. Además, planteó suprimir 12 puestos de servicios especiales del Consejo Nacional de Vialidad.

El financiamiento y el trámite legislativo

El presupuesto nacional asciende a ₡12,4 billones, equivalentes a unos USD 27.400 millones, y se financiará con ingresos tributarios y endeudamiento. El 62,3% provendrá de impuestos, como renta e impuesto al valor agregado (IVA), y el 37,7% de deuda.

Del gasto total, el 40% se asignará al servicio de la deuda pública, el 28,2% a transferencias corrientes y de capital, y el 24,7% a remuneraciones.

El proyecto, bajo el expediente 25.754, debe ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios a más tardar el 20 de octubre. Luego pasará al plenario para su discusión y votación en dos debates antes del 30 de noviembre.

La conversión se calculó con una cotización de referencia de ₡452,67 por dólar estadounidense, correspondiente al 1 de septiembre de 2026.

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027

El Gobierno de Costa Rica reducirá el presupuesto para 2027 un 3.1% frente al aprobado para 2026, en un escenario marcado por una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto. La propuesta fue presentada ante el Congreso. Hacienda prevé un gasto de 12.4 billones de colones, una cifra equivalente a unos USD 27,000 millones. Del total, el 40% se destinará al pago de obligaciones vinculadas con la deuda.

Costa Rica prevé reducir el gasto público en 2027 pese a que la deuda seguirá por encima del 60% del PIB, con una parte del presupuesto comprometida para atender ese pasivo. Hacienda estimó que la deuda pública continuará sobre ese umbral durante 2027 y recordó que el indicador se mantiene por encima de ese nivel desde 2020, salvo en 2024. Ese año se ubicó en 58,9% del PIB, pero al cierre del primer semestre de 2026 ya había subido a 61,1%.

La financiación del presupuesto combinará recursos propios y endeudamiento: según EFE, los ingresos del Estado cubrirán 62,3% del total y la deuda aportará el 37,7% restante.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, expresó preocupación por el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos y sostuvo que el debate no debe usarse con fines políticos, a pocos días del vencimiento previsto para el 9 de septiembre de 2026.

“Todos estamos preocupados”, afirmó Castro al ser consultado sobre el permiso migratorio. El legislador añadió que mantenía la expectativa de una resolución favorable para los beneficiarios y remarcó que la definición dependía exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

“Todos tenemos fe de que se tenga una decisión favorable. Como todos ustedes bien saben, esta es una decisión únicamente del Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Castro dijo que la Asamblea hizo “lo que se ha podido hacer”

El presidente del Órgano Legislativo sostuvo que la institución cumplió con las gestiones que estaban a su alcance. También aseguró que el Ejecutivo salvadoreño tomó medidas sobre el asunto, aunque no detalló cuáles fueron esas acciones.

“Nosotros hemos hecho lo que se ha podido hacer. El Gobierno, estoy seguro, que algo también ha hecho al respecto”, manifestó.

Castro cuestionó que dirigentes y sectores políticos introdujeran el TPS en disputas coyunturales. Según planteó, ese enfoque perjudicaba un tema que afectaba a miles de salvadoreños que residían en Estados Unidos bajo esa protección migratoria.

“No es como en las coyunturas políticas que han querido meter el tema, que eso es una lástima, que quieren politizar el tema. Y ahora estar queriendo especular las cosas”, dijo.

Castro indicó que correspondía esperar la determinación de Washington sobre un permiso que, según recordó, había sido prorrogado durante varios años por decisión de Estados Unidos. “Creo que hay que esperar cuál va a ser la decisión que el Gobierno de Estados Unidos va a tomar ante ese permiso temporal que ha venido prorrogando durante varios años, que también ha sido decisión únicamente de ellos”, señaló.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó el 12 de agosto que la designación del TPS para El Salvador y los beneficios asociados estaban previstos hasta el 9 de septiembre de 2026. La agencia indicó que algunos beneficiarios con trámites pendientes recibirán notificaciones sobre la vigencia de sus permisos de trabajo hasta esa fecha.

“Estados Unidos ha sido nuestro mejor aliado”, afirmó Castro

El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que la relación bilateral continuaría con independencia de la decisión sobre el TPS. Describió a Estados Unidos como el principal aliado histórico de El Salvador.

“Nosotros, independientemente de la decisión, vamos a continuar teniendo esas estrechas relaciones que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos. Es nuestro aliado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ha sido nuestro mejor aliado durante toda nuestra historia”, sostuvo.

No es la primera consideración

Castro, expresó en julio su expectativa de que Estados Unidos anuncie una nueva prórroga para el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 130.000 salvadoreños. La última extensión mantiene vigente el programa hasta el 9 de septiembre de 2026.

“Ojalá y primeramente Dios, las cosas sean positivas como han sido en años anteriores, que lo van prorrogando este estatus temporal”, expresó para en un primer momento.

La Legislatura de California envió al gobernador Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios.

Si los promulga, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2028 y reemplazarán el límite anual actual por criterios de necesidad laboral regional y desempeño institucional.

La ley vigente permite crear hasta 30 nuevos programas de licenciatura por año, siempre que no dupliquen ofertas de la California State University, la University of California o instituciones privadas de cuatro años.

Según el diario estadounidense Los Angeles Times, bajo ese esquema ya fueron aprobados más de 60 programas en áreas como cuidados respiratorios, ciberseguridad y gestión de recursos hídricos.

El senador demócrata de West Sacramento Christopher Cabaldon impulsó el proyecto SB 960. El AB 2694 fue presentado por los asambleístas demócratas David Alvarez, de San Diego, y Blanca Pacheco, de Downey.

Los cambios para ampliar la oferta local

Las medidas permitirían que un colegio comunitario ofrezca una licenciatura que se superponga con un programa cercano de la CSU si ese programa estatal lleva años con acceso restringido.

También podría hacerlo si las autoridades laborales del estado detectan una escasez local de trabajadores que la oferta de CSU no cubre.

Las propuestas también establecen diferencias según los resultados de cada institución. Los colegios comunitarios con mejores indicadores de graduación y transferencia de estudiantes podrían abrir más licenciaturas que aquellos con resultados más bajos.

Cabaldon dijo al diario que los colegios comunitarios son “una de las partes más ágiles de nuestro sistema de educación superior en California”.

Agregó que las iniciativas buscan que esas instituciones ayuden a cubrir necesidades laborales no satisfechas sin apartarse de su misión principal de ofrecer títulos asociados, certificados y vías de transferencia hacia licenciaturas.

Alvarez sostuvo en un comunicado que el sistema estatal de educación superior necesita actualizarse a la realidad de sus estudiantes.

“California construyó el mejor sistema público de educación superior del mundo”, afirmó. Añadió que la división de funciones entre los sistemas estatales, desarrollada en la década de 1960, debe responder a necesidades actuales.

“Muchos son adultos que trabajan, padres, cuidadores y estudiantes de primera generación que están arraigados en sus comunidades y no pueden mudarse ni recorrer largas distancias para obtener un título.”

La California State University abandonó su oposición a los proyectos, después de resistir intentos anteriores por temor a que las licenciaturas de menor costo de los colegios comunitarios atrajeran a estudiantes que, de otro modo, asistirían a sus campus.

El diario señaló que las iniciativas afectan sobre todo a CSU, que otorga más licenciaturas que UC, mientras que UC concentra una proporción mayor de las maestrías y los doctorados del sistema público estatal.

En una declaración, CSU afirmó: “Cuando existe una necesidad laboral clara, los proyectos permiten la duplicación de programas de licenciatura existentes de la CSU cuando los estudiantes locales no tienen un acceso razonable a los programas de la CSU en su región.”

La posición de UC y la decisión de Newsom

Cabaldon indicó que tanto CSU como UC habían expresado reparos sobre versiones anteriores de las propuestas, entre ellos el temor a que hubiera “miles” de nuevas licenciaturas abiertas sin control en todo el estado.

Según Los Angeles Times, ambos sistemas moderaron o retiraron su oposición a medida que se acercaba la aprobación legislativa.

La University of California retiró formalmente su oposición al AB 2694 el 28 de agosto tras un acuerdo entre Alvarez y Cabaldon, y no adoptó posición sobre el SB 960.

En otro comunicado, la universidad planteó que quiere trabajar con los legisladores para actualizar el Plan Maestro de Educación Superior creado en los años 60.

“Hoy la UC inscribe a más de seis veces el número de estudiantes que tenía cuando el Plan Maestro fue adoptado por primera vez”, señaló la universidad.

Agregó que rediseñar ese marco para las necesidades actuales permitiría construir un sistema en el que todos los estudiantes puedan avanzar en su educación y en sus carreras, sin abandonar los valores originales del plan: accesibilidad, asequibilidad y coordinación entre segmentos.

Newsom no anticipó cuál será su decisión. Desde 2024 vetó intentos previos para permitir que los colegios comunitarios otorgaran licenciaturas en enfermería, al advertir que esos cambios podían generar conflictos entre los tres sistemas de educación superior del estado.

Cabaldon sostuvo: “Fundamentalmente, esto trata de las oportunidades disponibles para los californianos de todas las edades”.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate, el expediente 24,461, una reforma que actualiza el monto que las empresas de radio y televisión deberán pagar al Estado por utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico.

El proyecto, presentado originalmente en 2024 durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, modifica parcialmente la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones y propone sustituir el sistema de montos nominales vigente desde hace más de siete décadas por un esquema de tarifas progresivas calculadas sobre los ingresos brutos anuales relacionados con el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas.

La iniciativa recibió 48 votos a favor y tres en contra. Se opusieron Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Otras seis diputaciones estuvieron ausentes.

No es la primera vez que el proyecto supera el primer debate. El 27 de julio ya había recibido aval legislativo, pero posteriormente el Plenario dejó sin efecto aquella votación y retrotrajo el expediente para incorporar modificaciones mediante un texto sustitutivo.

La reforma quedó ahora pendiente de una segunda votación en el Plenario, prevista para el próximo martes. Si recibe el aval definitivo, todavía deberá pasar por la sanción del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta antes de convertirse en ley.

Así funcionaría el nuevo cobro

Uno de los principales cambios consiste en abandonar las tarifas establecidas en la legislación de 1954, que actualmente contemplan pagos que, dependiendo del tipo y potencia de la estación, pueden oscilar entre apenas ₡100 (aproximadamente USD 0,22) y ₡3,000 (aproximadamente USD 6,56) anuales.

El nuevo esquema se calcularía por tramos.

Los concesionarios cuyos ingresos brutos anuales asociados al uso de la frecuencia no superen los 130 salarios de referencia quedarían exentos.

El texto utiliza como referencia un monto de ₡470,401 (aproximadamente USD 1,029), por lo que ese primer límite equivaldría aproximadamente a ₡61.15 millones (USD 133,800) anuales.

Entre los 130 y 216 salarios de referencia, equivalentes a ingresos de entre aproximadamente ₡61.15 millones (USD 133,800) y ₡101.61 millones (USD 222,300), las radioemisoras pagarían un 1.51% sobre el tramo correspondiente, mientras las televisoras cancelarían un 4.39%.

Para ingresos comprendidos entre 216 y 1,298 salarios de referencia, hasta aproximadamente ₡610.58 millones (USD 1.34 millones), las tasas subirían a 2.52% para radio y 6.17% para televisión.

Sobre el monto que exceda los ₡610.58 millones (USD 1.34 millones) se aplicaría el nivel más alto: 3.13% para las radios y 7.73% para las televisoras.

El cobro es progresivo, lo que significa que la tasa máxima no se aplicaría sobre la totalidad de los ingresos de una empresa, sino únicamente sobre el segmento que corresponda a cada tramo.

Además, el proyecto establece que las empresas deberán mantener una contabilidad separada para distinguir los ingresos provenientes específicamente del uso de la frecuencia de aquellos generados por otras actividades comerciales.

Exoneraciones para radios culturales y universidades

La propuesta también incorpora varias excepciones.

Quedarían exentas determinadas organizaciones religiosas y entidades sin fines de lucro de carácter informativo, cultural o recreativo. Para estas organizaciones tampoco se contabilizarían como ingresos comerciales las donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.

También quedarían fuera del pago las estaciones culturales que no generen ingresos comerciales, las emisoras pertenecientes a universidades públicas y aquellas administradas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La iniciativa establece además un nuevo destino para los recursos recaudados.

El 50% iría al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, mientras la otra mitad permanecería en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para actividades relacionadas con la administración del espectro y fiscalización de las concesiones.

Debate por libertad de prensa y sostenibilidad de los medios

La discusión estuvo marcada por cuestionamientos sobre el eventual impacto económico del nuevo canon y las garantías para preservar la independencia de los medios.

La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió que la iniciativa no regula los contenidos periodísticos.

“La libertad de prensa no está en discusión; los medios tienen todo el derecho de fiscalizar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial”, manifestó.

Guadamuz argumentó que el objetivo es únicamente actualizar cuánto deben pagar los concesionarios por utilizar un bien público.

“Este proyecto no establece qué puede decir un medio; lo que sí establece es cuánto corresponde pagar por aprovechar y hacer uso de una frecuencia pública, que le pertenece a todos los costarricenses. Eso es más razonable que seguir aplicando, en 2026, reglas aprobadas en 1954”, sostuvo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también defendió la actualización y señaló que debe existir una retribución adecuada por la utilización del espectro, pero acompañada de seguridad jurídica y garantías para los medios independientes.

“Consideramos que este proyecto le conviene al país y conviene actualizar los cánones y las tarifas para que pueda haber una retribución correcta del uso de un recurso importante que el Estado costarricense tiene y que esa actualización sea compatible con ese ejercicio de la libertad de prensa y de los medios independientes”, indicó.

Las críticas de Dobles y Gordienko

La diputada Claudia Dobles cambió su posición a última hora y terminó votando contra el proyecto.

Aunque respaldó la necesidad de modernizar el canon, cuestionó que los porcentajes no estuvieran sustentados, a su criterio, en estudios técnicos suficientes.

“El canon se debe actualizar, es lo justo y lo que necesita Costa Rica, pero esa actualización debe responder a ciencia y técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje”, afirmó.

Una posición más dura expresó Abril Gordienko, quien calificó el esquema como potencialmente “confiscatorio” y cuestionó que se aplique sobre ingresos brutos.

“Aquí no hay criterios técnicos, objetivos ni razonables y me parece un grave error fijar el canon sobre el ingreso bruto de los concesionarios”, sostuvo.

La legisladora agregó que, a su criterio, la reforma podría afectar no solo a grandes empresas, sino también a medios de menor tamaño y a ciudadanos que dependen de la radio y la televisión abierta como fuentes principales de información y entretenimiento.

Los empleados del sector público de Costa Rica quedarían fuera de la aplicación de las denominadas jornadas 4x3, que permitirían trabajar hasta 12 horas diarias durante cuatro días de la semana, a cambio de tres días consecutivos de descanso, si finalmente la reforma logra convertirse en ley.

Los diputados aprobaron una moción de fondo que incorpora de manera expresa la exclusión de los funcionarios públicos dentro de la iniciativa que reforma el Código de Trabajo, con lo que este tipo de jornada excepcional se concentraría en determinadas actividades del sector privado.

La decisión recibió respaldo de legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El cambio ocurre en medio de una prolongada discusión legislativa alrededor de un proyecto que busca flexibilizar los horarios laborales en empresas que mantienen ciclos productivos continuos durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

¿Cómo funcionarían las jornadas 4x3?

La propuesta busca habilitar jornadas excepcionales en las cuales un trabajador pueda laborar durante 12 horas al día durante cuatro días, para posteriormente contar con tres días de descanso.

El objetivo planteado por sus impulsores es que esta modalidad pueda ser utilizada por empresas privadas cuyos procesos productivos requieren mantenerse activos permanentemente.

Según el diputado oficialista Juan Manuel Quesada, la intención de la reforma es ofrecer mejores condiciones para sectores empresariales que operan bajo ciclos continuos, favorecer la atracción de inversión y generar nuevas oportunidades laborales.

“Mientras algunos siguen buscando excusas para frenar un proyecto que Costa Rica espera desde hace más de 20 años, nosotros seguimos avanzando, poniendo reglas claras y protegiendo a los trabajadores. Las 4x3 son para atraer inversión y generar empleo”, señaló.

La iniciativa ha generado durante su trámite una amplia confrontación entre quienes defienden una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo y sectores que cuestionan las consecuencias que jornadas de 12 horas podrían tener sobre las condiciones laborales.

La reciente modificación deja claro, al menos en el texto que continúa bajo discusión, que los funcionarios del Estado no estarían sujetos a esta modalidad.

Todavía quedan más de 2,000 solicitudes pendientes

Pese al avance conseguido con la moción, la iniciativa todavía enfrenta un extenso camino legislativo antes de llegar a una votación definitiva.

Previo a la decisión sobre el sector público, el plenario legislativo rechazó 131 solicitudes destinadas a reabrir la discusión de diferentes apartados del proyecto.

Sin embargo, todavía permanecen pendientes 2,071 solicitudes similares, que deberán ser conocidas antes de que el expediente pueda quedar listo para una eventual votación final.

La cantidad de recursos pendientes refleja la intensa discusión que ha acompañado el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa avanza bajo un procedimiento abreviado aprobado por el Congreso anterior, mecanismo que establece reglas especiales para el desarrollo del debate y busca limitar la extensión de la discusión parlamentaria.

Proyecto volvió a una de sus versiones anteriores

La discusión legislativa también ha provocado cambios recientes en el contenido de la propuesta.

Días antes, diputados de Pueblo Soberano y la legisladora Abril Gordienko, del PUSC, revirtieron dos modificaciones que habían sido incorporadas previamente por Liberación Nacional.

Una de las modificaciones eliminadas establecía la posibilidad de que los propios trabajadores decidieran mediante una votación secreta si la empresa en la que laboraban podía implementar las jornadas excepcionales de 12 horas.

Ese mecanismo ya no forma parte del texto después de la votación realizada por los legisladores.

Según lo señalado durante la discusión parlamentaria, la eliminación de esa consulta a los trabajadores había sido solicitada por representantes del sector empresarial.

La propuesta, por tanto, continúa evolucionando conforme los diputados analizan las múltiples mociones y solicitudes pendientes.

El debate sobre las jornadas 4x3 se ha prolongado durante años en Costa Rica y ha enfrentado posiciones contrapuestas entre organizaciones sindicales, sectores empresariales y agrupaciones políticas.

Sus defensores sostienen que la reforma permitiría al país adaptarse a sectores económicos que necesitan producción continua, mejorar su competitividad y atraer inversión extranjera.

Por otro lado, sus detractores han cuestionado especialmente la extensión de las jornadas hasta 12 horas diarias y sus posibles efectos sobre el descanso, la vida familiar y las condiciones de los trabajadores.

La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, presentó un proyecto de ley que busca reducir la cantidad de combustible asignada mensualmente a los integrantes de la Asamblea Legislativa y, al mismo tiempo, establecer nuevos mecanismos de fiscalización sobre el uso de ese recurso público.

La propuesta plantea disminuir de 500 a 300 litros mensuales la cuota de combustible que actualmente recibe cada diputación y delimitar expresamente su utilización a actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas.

El proyecto surge en medio de cuestionamientos sobre el monto de recursos públicos destinado a este beneficio. De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, durante el periodo legislativo 2022-2026 las diputaciones gastaron en conjunto ₡425,912,186 (USD 945 mil) en combustible.

Con la reforma, Sáenz pretende modificar no solo el volumen del beneficio, sino también la manera en que se controla su utilización.

De 500 a 300 litros por mes

Actualmente, cada una de las diputaciones tiene disponible una cuota mensual de 500 litros de combustible.

El proyecto presentado por la legisladora frenteamplista propone reducir esa asignación en 200 litros mensuales, lo que representa una disminución del 40% respecto de la cantidad vigente.

La iniciativa también establece que el combustible deberá ser utilizado únicamente para actividades relacionadas con las funciones propias del cargo legislativo, con el objetivo de impedir que sea destinado a propósitos ajenos al trabajo parlamentario.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer que la cuota tenga carácter no acumulable.

Esto significa que, si un diputado o diputada no utiliza la totalidad de los 300 litros disponibles durante determinado mes, el saldo restante no podrá trasladarse al periodo siguiente.

El texto también busca dejar expresamente establecido que este beneficio tendrá una naturaleza no salarial, por lo que no podría ser considerado como parte de la remuneración ordinaria de los legisladores.

Diputados tendrían que rendir cuentas cada mes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo periódico de rendición de cuentas.

En caso de aprobarse la reforma, cada diputada y diputado deberá presentar mensualmente un informe sobre el uso del combustible ante el Departamento de Proveeduría Institucional de la Asamblea Legislativa.

El documento permitiría conocer cómo fue utilizado el recurso asignado durante cada periodo y ofrecería a la administración legislativa una herramienta adicional para detectar posibles anomalías.

La propuesta incluye además consecuencias económicas en caso de comprobarse un uso indebido.

Si las autoridades determinan que el combustible fue utilizado para fines distintos a los autorizados, el monto correspondiente deberá rebajarse de la remuneración mensual de la persona legisladora.

De esta manera, el proyecto busca incorporar un mecanismo directo para recuperar recursos públicos cuando se compruebe que el beneficio fue utilizado de forma irregular.

Directorio Legislativo deberá fiscalizar

La iniciativa presentada por Sáenz también asigna responsabilidades al Directorio de la Asamblea Legislativa.

Según el proyecto, ese órgano deberá establecer mecanismos de seguimiento, control y detección de posibles irregularidades relacionadas con el uso de las cuotas de combustible.

La intención es que la fiscalización no dependa únicamente de los reportes individuales presentados por los legisladores, sino que exista además un sistema institucional encargado de revisar el comportamiento del beneficio y detectar eventuales usos fuera de las condiciones establecidas.

El proyecto se inserta en una discusión más amplia sobre los recursos y beneficios que reciben los diputados durante el ejercicio de sus cargos, así como sobre los mecanismos disponibles para determinar cómo son utilizados.

De acuerdo con Sáenz, el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que exista un mayor equilibrio entre las necesidades de movilidad propias de la función legislativa y el manejo responsable de los recursos provenientes del presupuesto público.

La legisladora busca con la reforma garantizar un uso “más razonable, transparente y fiscalizado de los recursos públicos”, además de fortalecer la rendición de cuentas dentro de la propia Asamblea Legislativa.

La discusión del proyecto deberá ahora seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que una eventual reducción de la cuota pueda entrar en vigencia.

De avanzar la iniciativa, cada legislador pasaría de disponer de 6,000 litros de combustible al año, bajo la cuota actual de 500 litros mensuales, a un máximo de 3,600 litros anuales, bajo la propuesta de 300 litros por mes.

Esto significaría una reducción potencial de 2,400 litros por diputado cada año, además de la incorporación de controles mensuales y la posibilidad de aplicar rebajos salariales cuando se determine que existió un uso irregular del recurso.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 26 de agosto una nueva extensión del régimen de Excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros. El decreto, que prolonga por treinta días más la suspensión de varias garantías constitucionales, fue respaldado por 57 votos a favor. El régimen, vigente desde marzo de 2022, continuará hasta el 27 de septiembre de 2026.

La medida implica que seguirán suspendidos los derechos establecidos en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución, que comprenden el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia. El Ejecutivo argumentó que esta prórroga responde a la persistencia de condiciones que originaron la declaración inicial del régimen, entre ellas la actividad de grupos criminales y la necesidad de mantener los niveles alcanzados en seguridad pública.

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, detalló que la solicitud fue tramitada con dispensa de trámite y se sometió de inmediato a votación. Según el dictamen favorable, el Consejo de Ministros basó su petición en los resultados que atribuyen al régimen, como la reducción del índice de homicidios y la captura de más de 92,959 personas vinculadas a estructuras criminales. Las autoridades consideran que, de levantarse la medida, existe el riesgo de un retroceso en los logros obtenidos.

El informe del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, presentado en la sesión 31 del Consejo, sostuvo que el país todavía enfrenta amenazas por parte de grupos terroristas y criminales que, según las autoridades, buscan recuperar presencia territorial. Entre los argumentos expuestos se incluyó la reciente detención de jóvenes implicados en actividades afines a pandillas, la incautación de drogas y dispositivos móviles con evidencias de nexos delictivos y la identificación de intentos de mantener símbolos y comunicaciones propias de las organizaciones.

El régimen de Excepción fue aprobado inicialmente el 27 de marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a pandillas. Desde entonces, ha sido renovado de manera ininterrumpida, con la justificación de que la amenaza persiste y que las medidas extraordinarias han permitido que El Salvador registre, de acuerdo con datos oficiales, más de 1,299 días sin homicidios durante la actual administración.

La Constitución salvadoreña establece que la suspensión de garantías no puede exceder de treinta días, aunque permite prórrogas sucesivas si persisten las circunstancias que motivaron la medida. El Ejecutivo recordó la existencia de jurisprudencia nacional que admite la prolongación sucesiva mientras subsistan las causas, siempre que se respete el límite temporal de los decretos.

Durante la plenaria de este día, se citó que el régimen ha facilitado la captura de integrantes de pandillas deportados desde países como Estados Unidos, México y Guatemala, lo que, según las autoridades, evidencia la dimensión transnacional del fenómeno criminal. Además, se mencionó la continuidad de estrategias de inteligencia para prevenir el reagrupamiento de estas estructuras en el país y en la región.

La nueva prórroga, que entrará en vigor el 29 de agosto, mantiene la suspensión únicamente de ciertos derechos, según lo aprobado en las últimas extensiones. El Ejecutivo insistió en que la medida resulta indispensable para sostener la acción estatal frente a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana.

El decreto establece que las garantías suspendidas se restablecerán automáticamente al concluir el plazo si no se emite una nueva extensión. El Gobierno reiteró su compromiso de mantener la protección de la vida y la integridad de la población, argumentando que las condiciones de seguridad alcanzadas requieren consolidación antes de considerar el levantamiento del régimen.

La discusión sobre las denominadas jornadas laborales 4x3 dio un nuevo giro en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que, con el voto de la fracción oficialista, fuera aprobada la moción 2,528 al expediente 24,290, conocido como proyecto de jornadas excepcionales.

La decisión implica dejar sin efecto modificaciones realizadas anteriormente a la iniciativa y regresar al texto original del proyecto, uno de los temas laborales que ha generado mayor confrontación política durante su trámite legislativo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de una disposición que contemplaba una consulta mediante votación secreta a los trabajadores de empresas que ya aplican modalidades similares, con el objetivo de que fueran ellos quienes definieran si querían acogerse o no a la jornada excepcional.

Esa consulta había sido incorporada durante la legislatura anterior tras una solicitud de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) como parte de las negociaciones para respaldar el avance del proyecto.

El nuevo texto mantiene, sin embargo, el principio de que la incorporación a estas jornadas deberá ser voluntaria para los trabajadores y establece que las compañías necesitarán una autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de implementarlas.

Durante la discusión, desde el oficialismo se defendió que el proyecto incorpora garantías para quienes decidan probar el nuevo esquema.

“Es un texto que va a permitir que estas jornadas sean voluntarias y eso sí, teniendo claro que requieren una autorización por parte del Ministerio de Trabajo previo a que las empresas lo puedan implementar”, señaló el diputado oficialista Juan Manuel Quesada.

La propuesta también permitiría que los trabajadores cuenten con un periodo de hasta tres meses para determinar si la nueva modalidad se adapta a sus necesidades.

“Si luego de esos tres meses consideran que no les es beneficioso, puedan devolverse a la jornada anterior”, se explicó durante la discusión.

Además, según la defensa realizada desde el oficialismo, el texto busca evitar afectaciones salariales para aquellos empleados que actualmente laboran bajo modalidades semejantes.

Liberación y Frente Amplio cuestionan el cambio

La eliminación de la consulta provocó críticas desde Liberación Nacional y el Frente Amplio, bancadas que advirtieron sobre un eventual debilitamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores.

Desde el PLN señalaron que la discusión debe mantener un equilibrio entre la seguridad jurídica requerida por las empresas y la protección de los derechos laborales.

“Si no hay ese equilibrio entre seguridad jurídica y derechos laborales, nosotros no podemos estar de acuerdo. El tema de la consulta y la participación directa de los trabajadores en la decisión es parte de ese equilibrio”, afirmó Álvaro Ramírez de Liberación Nacional.

El partido también sostuvo que eliminar ese mecanismo sería contrario al principio de no retroceso en materia de derechos laborales.

Las críticas fueron aún más fuertes desde el Frente Amplio, que acusó al Gobierno de romper acuerdos alcanzados durante el periodo legislativo anterior.

“El Gobierno sigue rompiendo los acuerdos que ellos mismos hicieron en el periodo pasado”, cuestionó José Maria Villalta.

Desde esa bancada también se mantiene una oposición de fondo al modelo de jornadas de 12 horas, al considerar que podría traducirse en condiciones laborales más exigentes y en una afectación al reconocimiento de horas extraordinarias.

“Lo que quieren hacer es volver al texto original del proyecto de ley, que es todavía más perjudicial para los trabajadores de este país, porque pretende establecer jornadas extenuantes de 12 horas sin el pago de horas extras”, señalaron desde la oposición.

Cuatro días de trabajo y tres de descanso

El proyecto busca permitir jornadas laborales excepcionales en determinadas actividades económicas caracterizadas por requerir procesos continuos de producción.

La normativa facultaría su aplicación en sectores como manufactura tecnificada, producción de dispositivos e implementos médicos y servicios corporativos, entre otros contemplados en la iniciativa.

Para la modalidad diurna se establece un esquema de cuatro días trabajados por tres días de descanso, con jornadas de hasta 12 horas.

En el caso de la modalidad nocturna, el esquema sería de tres días trabajados por cuatro días de descanso.

La propuesta incorpora además compensaciones salariales específicas. Para las jornadas diurnas se contempla un pago equivalente a 17% adicional sobre el salario básico, mientras que para quienes laboren bajo la modalidad nocturna el incremento sería de 25%.

Dentro de la Asamblea también existen sectores que consideran que la iniciativa podría convertirse en una herramienta para favorecer la atracción de inversión extranjera, principalmente en un contexto de desaceleración de algunos sectores asociados con las zonas francas.

Durante el debate, una de las voces favorables al proyecto destacó que, ante una reducción en el ritmo de crecimiento del régimen de zonas francas, las jornadas excepcionales podrían representar “un incentivo interesante para la inversión extranjera”.

Sin embargo, otras posiciones legislativas sostienen que las modificaciones realizadas durante el trámite no solucionan los problemas estructurales del proyecto.

“Nosotros consideramos que este proyecto es un proyecto que está mal hecho”, se afirmó desde una de las bancadas críticas.

Según esa posición, ninguna de las mociones discutidas hasta ahora consigue construir un marco jurídico suficientemente sólido tanto para empleadores como para trabajadores ante los cambios que experimenta el mercado laboral.

El proyecto todavía tiene camino por recorrer

Los diputados concluyeron la votación por el fondo de las 2.564 mociones presentadas al proyecto.

El siguiente paso será revisar la totalidad de esas mociones antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia su votación definitiva.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, confirmó además que las consultas correspondientes al proyecto se realizarán una vez finalizada la votación de todas las mociones de revisión.

Esto significa que, pese al avance registrado con la moción 2.528, el expediente 24,290 aún deberá superar varias etapas antes de convertirse en ley.

El debate continuará marcado por dos posiciones contrapuestas: quienes ven las jornadas excepcionales como una herramienta para modernizar el mercado laboral, mejorar la competitividad y atraer inversión, y quienes advierten que una jornada de hasta 12 horas podría representar un retroceso en las condiciones laborales si no existen garantías suficientes para proteger la voluntariedad, el salario y la capacidad de decisión de los trabajadores.

Este martes, un accidente laboral ocurrió en un sector adyacente a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo en San Salvador. El accidente tuvo lugar cerca de las 9:00 a.m. (hora local), cuando personal de MC Constructores realizaba labores de remoción de adoquines y excavaciones de aproximadamente 30 centímetros de profundidad, según la propia empresa.

Durante la ejecución de estos trabajos, se desplomaron dos árboles, lo que provocó lesiones a tres trabajadores: Samuel Flores, Elenilson Joya y Cristian Abrego. Las identidades de los lesionados fue confirmada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien expresó su preocupación ante la gravedad del suceso.

De igual manera, el titular manifestó que Cristian se encuentra en estado delicado, pero los médicos brindan lo mejor para darles asistencia.

Castro señaló que cuenta con documentación precisa sobre el accidente, incluidos los horarios y el desarrollo de los hechos. Además, señaló que, cuando la empresa MC Constructores se presentó en las instalaciones del Ministerio, los trabajadores afectados ya habían sido trasladados al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) para recibir atención médica de emergencia. “Actuamos con inmediatez por la gravedad de los daños.

El funcionario también denunció que el equipo de inspectores y técnicos del Ministerio de Trabajo no pudo ingresar al parlamento legislativo para realizar las diligencias correspondientes, debido a que el personal de seguridad de la institución impidió el acceso, a pesar de que la ley les otorga esa facultad en casos de accidentes laborales.

Respecto a la responsabilidad empresarial, Castro fue enfático: “Si la empresa va a responder o no, en este país desde la llegada del actual gobierno, ninguna empresa que incurra en estos hechos queda impune. Por ahora, la prioridad es la recuperación de nuestros compañeros y la vida de Cristian. El debido proceso se definirá conforme a la ley una vez superada la emergencia”.

Mientras que en una entrevista para medios locales, el director jurídico del Ministerio de Trabajo, Jorge Bolaños, informó que dos empleados regresaban de una misión y mientras permanecían dentro del automóvil, sucedió el trágico hecho.

Bolaños destacó que el accidente laboral, además de tener consecuencias legales, requiere que se garantice la recuperación de los trabajadores afectados y la aplicación estricta de la ley.

Comunicados oficiales

MC Constructores, mediante un comunicado, reconoció el accidente y asumió “la responsabilidad total por los daños humanos y materiales producto de este accidente”. La empresa aseguró que activó los protocolos de emergencia y seguridad de inmediato, y que está colaborando con las autoridades en las investigaciones pertinentes.

Por su parte, la Asamblea Legislativa lamentó el accidente y expresó solidaridad con las víctimas, elevando oraciones por la pronta y total recuperación de los lesionados. El Órgano Legislativo manifestó estar vigilante para que la constructora responda de manera ágil y justa por las afectaciones causadas.

También remarcó que una comitiva de la Asamblea, junto a personal de la empresa y de la Policía Nacional Civil, acudió al Ministerio de Trabajo para auxiliar a las víctimas y evaluar daños, pero el ingreso fue impedido por personal de seguridad de la institución afectada.

El incidente generó una rápida movilización de equipos de emergencia y autoridades, quienes trasladaron a las víctimas a un centro asistencial.

El percance se registró en horas de la mañana de este martes, cuando personas ajenas al Ministerio realizaban tareas de tala de árboles en un terreno que se encuentra junto a la Asamblea.

Durante el proceso, ramas de gran tamaño cayeron inesperadamente, impactando directamente a los tres empleados del Ministerio de Trabajo que se encontraban en el lugar desempeñando sus funciones.

Los trabajadores sufrieron heridas de consideración a nivel de la cabeza y extremidades superiores, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de socorro.

Tras el accidente, los afectados fueron estabilizados en el sitio por personal médico y posteriormente trasladados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde se les brinda atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento no se ha brindado información detallada sobre el estado de salud exacto de cada uno de los involucrados, pero se confirmó que las heridas fueron catalogadas como graves.

El Ministerio de Trabajo, a través de su titular, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades competentes para investigar el hecho. Además, hizo un llamado a las autoridades del ISSS para garantizar la atención médica de los trabajadores lesionados.

Las autoridades aún no han determinado si las personas encargadas de talar el árbol contaban con los permisos correspondientes para realizar la actividad en el interior de la Asamblea Legislativa ni si han sido detenidas a raíz del accidente.

La falta de información oficial sobre los permisos para la tala del árbol y la identidad de quienes ejecutaban la labor ha generado interrogantes en torno al cumplimiento de las normas de seguridad laboral y los procedimientos que debieron seguirse en un espacio de alta concurrencia institucional.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinar posibles responsabilidades.

El incidente ha puesto el foco sobre las condiciones de seguridad en los espacios laborales, especialmente en recintos oficiales donde convergen diversas instituciones. El traslado urgente de los trabajadores al ISSS evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de atención médica inmediata para las víctimas.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y testimonios en el lugar del accidente para reconstruir la secuencia de los hechos. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el avance de las investigaciones y el estado de salud de los trabajadores afectados.

La situación ha generado preocupación entre los empleados públicos que desempeñan sus funciones dentro de la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Trabajo, mientras se aguardan mayores detalles sobre lo ocurrido y las acciones que adoptarán las instituciones involucradas.

En El Salvador, la renovación de los cafetales enfrenta un obstáculo que amenaza con comprometer la recuperación de un sector históricamente clave para la economía nacional. Según el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), la limitada disponibilidad de plantas y semillas certificadas está impidiendo la modernización y ampliación del parque cafetalero en el país. Esta situación genera incertidumbre entre productores y técnicos agrícolas que buscan alternativas para sostener la producción frente a un escenario adverso.

El informe más reciente del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), que abarca el periodo de junio de 2025 a mayo de 2026, describe un panorama marcado por restricciones presupuestarias y una oferta insuficiente de material vegetal certificado en el mercado nacional. De acuerdo con el ISC, la falta de plantas adecuadas no solo retrasa la sustitución de cafetos envejecidos, sino que también frena el establecimiento de nuevas áreas productivas. El documento institucional subraya que estos factores han incidido directamente en la capacidad del sector para responder a las crecientes demandas de investigación, asistencia técnica y equipamiento.

La contracción del parque cafetalero ha sido significativa. Datos del V Censo Agropecuario del Banco Central de Reserva (BCR) consignan que el área destinada al cultivo de café en El Salvador pasó de 217,628 manzanas en el ciclo 2007-2008 a 105,741 manzanas en el ciclo 2023-2024. Este descenso representa una reducción del 51% en menos de dos décadas, un fenómeno que ha repercutido en la producción nacional y en los ingresos de miles de familias vinculadas a la caficultura.

El ISC señala que las limitaciones presupuestarias han restringido el alcance de los programas de investigación y validación de nuevas variedades de café. Aunque la institución ha impulsado acciones para promover la producción de materiales de interés para el sector, el avance ha resultado insuficiente frente a la magnitud de las necesidades actuales. El organismo destaca que la escasez de plantas y semillas certificadas afecta la calidad y la resiliencia de los nuevos cultivos frente a enfermedades como la roya, que golpeó con fuerza al parque cafetalero en el ciclo 2012-2013.

En la memoria de labores, el ISC detalla que la producción de café en el ciclo 2024-2025 cerró con 858,542 quintales oro-uva, una cifra que representa una disminución del 3.89% respecto al periodo anterior. A pesar de este descenso, el informe indica que al 31 de marzo de 2026 la producción acumulada del ciclo 2025-2026 ya sumaba 898,784 quintales, lo que supone un crecimiento del 7.9%. La institución aclara que estos datos aún no son definitivos, pues la cosecha seguía en desarrollo al cierre del documento.

El sector cafetalero también enfrenta otros desafíos estructurales. Los productores han señalado que la falta de financiamiento, los bajos precios internacionales y el alto nivel de endeudamiento limitan la capacidad de invertir en la renovación de los cafetales. A esto se suman los efectos del cambio climático, que impactan tanto la productividad como la viabilidad de los cultivos en zonas tradicionalmente cafetaleras. Plantas que datan de la década de 1980 siguen predominando en muchas fincas, lo que reduce el potencial de rendimiento y la competitividad del café salvadoreño en los mercados internacionales.

En abril de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café, que ahora requiere la inscripción obligatoria de semilleristas y viveristas en el ISC. Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la trazabilidad y la calidad del material vegetal disponible para los productores.

El impacto de la falta de plantas certificadas y semillas de calidad se refleja en la lenta recuperación de la producción tras el brote de roya que afectó al país hace más de una década. Las cosechas que superaban el millón de quintales siguen sin repetirse, mientras el sector busca alternativas para revertir la tendencia decreciente y recuperar su papel en la economía nacional.

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó no reelegir a Julia Zoraida Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en una cerrada votación que deberá ser resuelta finalmente por el Plenario Legislativo.

El resultado fue de cuatro votos a favor de la no reelección y tres votos a favor de mantenerla en el cargo, evidenciando posiciones divididas entre los legisladores sobre la continuidad de la magistrada y, de manera más amplia, sobre la necesidad de renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados que se inclinaron por la salida de Varela argumentaron que el Poder Judicial necesita “nuevos aires” y caras nuevas, mientras que quienes respaldaron su permanencia destacaron principalmente su experiencia y participación en importantes reformas del sistema judicial costarricense.

Entre los argumentos favorables a la magistrada estuvo su trayectoria en la implementación de la reforma procesal laboral y los procesos de modernización relacionados con la jurisdicción de familia.

Otro criterio favorable resaltado es que la magistrada “ha contribuido al fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia”mediante procesos de modernización vinculados tanto con la reforma procesal de familia como con la reforma procesal laboral.

Los argumentos para no reelegirla

Entre quienes rechazaron la continuidad de Varela apareció también un cuestionamiento sobre las funciones administrativas asumidas por los magistrados y los incentivos salariales relacionados con esas responsabilidades.

Durante la discusión, uno de los diputados recordó una respuesta brindada por la magistrada durante su entrevista ante la comisión.

Según relató el legislador, Varela consideró que los magistrados no deberían dedicar tiempo a labores administrativas, pero se mostró favorable a mantener el complemento salarial asociado con esas funciones.

“Mi disgusto es que cuando yo le digo que estoy de acuerdo en que los magistrados no deberían estar en eso, entonces quitémosles el plus salarial que se les paga por hacer gestiones administrativas, ahí dice que no, que el plus continúe”, expresó.

El diputado vinculó esa posición con su criterio de que la Corte requiere una renovación.

Proponen limitar a 24 años la permanencia en la Corte

La discusión sobre la continuidad de Varela coincide con una propuesta de mayor alcance que busca modificar las reglas mediante las cuales se eligen y reeligen los magistrados en Costa Rica.

La diputada Abril Gordienko presentó una propuesta de reforma constitucional que contempla cambios en los artículos 158 y 159 de la Constitución Política.

Uno de los principales cambios consiste en establecer un límite máximo de 24 años para ejercer una magistratura, distribuidos en un primer periodo de ocho años y hasta dos reelecciones adicionales.

Actualmente, la legislación no establece un número máximo de veces que un magistrado puede ser reelegido.

El proyecto también propone elevar de 35 a 50 años la edad mínima necesaria para ocupar una magistratura y aumentar de 10 a 15 años la experiencia requerida en el ejercicio profesional.

Gordienko defendió los cambios bajo el argumento de que la Corte necesita personas con una mayor trayectoria profesional antes de asumir estos puestos.

“Considero que para que tengamos magistraturas experimentadas e independientes debemos elevar la edad mínima para acceder a esa posición, ponerla en 50 años; actualmente es de 35”, explicó.

La legisladora también plantea incorporar requisitos relacionados con la probidad, trayectoria profesional, publicaciones académicas e idoneidad de quienes aspiren a integrar la Corte.

Oficialismo cuestiona límite de 24 años

La posibilidad de elevar la edad mínima genera coincidencias entre distintas fuerzas políticas, aunque existen diferencias sobre cuánto tiempo debería permanecer una persona como magistrada.

Desde el oficialismo consideran razonable discutir una edad mínima de 50 años, pero señalan que permitir una permanencia máxima de 24 años sería excesivo.

Una de las posiciones expresadas plantea como alternativa establecer un máximo de 16 años, correspondiente a dos periodos de ocho años.

Desde Liberación Nacional también se manifestó respaldo a poner límites a las reelecciones, aunque la agrupación planteó que el número definitivo debería establecerse con base en criterios técnicos y comparaciones internacionales.

Dos años sin litigar ante la misma Sala

La propuesta de Gordienko incluye además restricciones para los magistrados después de abandonar sus cargos.

El texto establece que quienes hayan ocupado una magistratura no podrán durante los dos años siguientes aceptar determinados cargos políticos de elección popular, puestos ministeriales o cargos de confianza política, ni podrán litigar ante la misma Sala en la que ejercieron.

El objetivo es reducir potenciales conflictos de intereses y evitar lo que algunos legisladores describieron como “puertas giratorias” entre altos cargos judiciales, la política y el ejercicio privado de la profesión.

La reforma también plantea que las personas candidatas sean de conocida probidad y que el procedimiento de selección garantice criterios de paridad de género, idoneidad, excelencia, profesionalidad, producción académica, igualdad y no discriminación.

Por tratarse de una modificación a la Constitución, el trámite es más complejo que el de una ley ordinaria. La iniciativa debe contar inicialmente con el respaldo de al menos 10 diputados y posteriormente someterse a tres lecturas en el Plenario, con intervalos de seis días, antes de decidir si se admite para discusión.

Si avanza, deberá pasar a una comisión especial que contará con un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir un dictamen. Posteriormente necesitará el respaldo de al menos 38 diputados.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 56 votos un préstamo de USD 100 millones con el BID que, según el comunicado oficial, busca garantizar a largo plazo el acceso a la educación superior para estudiantes de bachillerato de institutos nacionales a través del programa Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes Salvadoreños, en un esquema de financiamiento a 23 años, con siete años y medio de gracia y una tasa de 0.75% sobre saldo no desembolsado.

El anuncio llega cuando el programa ya reporta más de 14,000 beneficiados que estudian en cerca de 40 universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional de todo el país con las que la Dirección de Integración tiene convenios firmados.

Para el ciclo 01/2027, la proyección oficial es que ingresen más de 20,000 nuevos becados.

Ese volumen llevaría la matrícula de becarios a unas 35,000 personas para enero de 2027, de acuerdo con lo expresado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas.

La funcionaria sostuvo además que el trabajo de Alejandro Gutman con jóvenes no comenzó con la creación de la Dirección de Integración hace dos años, sino dos décadas atrás, cuando dirigía la organización Forever.

El préstamo asegura financiamiento para ampliar el acceso universitario

La medida aprobada por el órgano legislativo tiene como objetivo sostener el programa que implementa la Dirección de Integración y que está orientado a estudiantes del sistema público que desean continuar su formación después del bachillerato.

En el comunicado, Gutman afirmó que la ratificación fue “prácticamente el último paso” para obtener el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

El presidente de la Dirección de Integración definió la decisión como “un día histórico para El Salvador” y agregó: “Esto permitirá la sostenibilidad para que cada joven que estudia en las instituciones públicas y que quiera continuar con sus estudios tenga acceso a la educación superior y a un futuro distinto”.

En otra declaración incorporada al texto oficial, Gutman añadió: “Esto abre la posibilidad aun para los que todavía no han nacido”. También sostuvo que el programa puede convertir al país en “un referente” en esta materia.

El bloque central de la iniciativa es el llamado Proceso Formativo, presentado como el mecanismo que “abre la llave del acceso a la educación superior”.

Según Gutman, en la actualidad hay entre 22,000 y 24,000 jóvenes en esa etapa y, para el próximo año, habrá alrededor de 36,000 becas disponibles, una cifra superior a la cantidad de participantes que hoy transitan ese proceso.

El oficialismo y aliados vincularon la medida con una estrategia de país

Callejas señaló que estas acciones coinciden con la visión de país del presidente Nayib Bukele. La legisladora remarcó durante la sesión que “dato mata relato” y defendió el alcance inmediato del programa con las cifras de becarios actuales y proyectados.

Más diputados, según el comunicado, respaldaron la aprobación del financiamiento con el argumento de que la educación abre el camino hacia un mejor futuro y de que sus efectos no se limitan a los becarios, sino que alcanzan también a sus familias, comunidades y al país.

En esa línea, el diputado del PDC Reynaldo Carballo afirmó: “La riqueza de un pueblo está en su gente. Y la única forma de mejorar esa riqueza de este pueblo es a través de la educación”. Luego añadió: “Yo estoy cien por ciento convencido que la única herramienta para sacar de la pobreza a un joven, a una familia, a un pueblo y a un país, es la educación”.

Gutman también informó que Bukele celebrará el anuncio este domingo junto a más de 30,000 jóvenes salvadoreños en el evento Generación que Florece: los sueños se conquistan.

La convocatoria, siempre según el comunicado, reunirá a 6,000 becados y a más de 25,000 estudiantes de último año de bachillerato que forman parte de Proceso Formativo.

Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron una moción que pretendía habilitar una vía rápida para el proyecto de ley 25.003, iniciativa relacionada con la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

La votación terminó con 29 diputados en contra y 22 a favor, una diferencia que permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de acelerar el trámite de la propuesta y provocó fuertes cuestionamientos desde las bancadas de oposición.

El debate estuvo marcado principalmente por los señalamientos sobre la posición que mantuvo durante la campaña electoral la presidenta de la República, Laura Fernández, y la decisión que tomó ahora la bancada oficialista frente a una iniciativa para permitir la entrega de los recursos acumulados en el ROP.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, abrió su intervención precisamente con ese argumento. El legislador sostuvo que la mandataria había expresado durante la campaña su respaldo a la devolución de estos recursos y reclamó al oficialismo cumplir con esa posición.

“Llegó la hora de cumplir, la presidenta Fernández en campaña electoral dijo ‘estoy absolutamente de acuerdo con la devolución del ROP’”, afirmó Ramírez.

El diputado agregó que, desde su perspectiva, “si nosotros ofrecimos una cosa en campaña tenemos la obligación de cumplirla en gobierno”, al considerar que se trata de una promesa que la presidenta habría planteado a los electores.

Oposición acusa contradicciones al oficialismo

La discusión parlamentaria estuvo acompañada por la presencia de personas en las barras del Congreso que se manifestaban a favor de la devolución del ROP. Diputados del PLN y del Frente Amplio (FA) utilizaron esa presencia para reforzar sus argumentos a favor de acelerar la discusión del proyecto.

La diputada frenteamplista Vianey Mora pidió a los legisladores oficialistas “tocarse el corazón” y puso como ejemplo la situación de una adulta mayor que, según relató, podría perder su vivienda por una deuda de ¢3 millones (USD 6,600)

La legisladora también sostuvo que la devolución de estos recursos no pondría en peligro las finanzas, uno de los puntos de discusión entre quienes defienden y quienes cuestionan la posibilidad de entregar anticipadamente los fondos.

Ramírez, por su parte, calificó la devolución del ROP como un derecho que debía cumplirse y la presentó como una “causa de justicia social”.

El jefe de fracción liberacionista afirmó además que existen más de 90,000 personas esperando una respuesta de la Asamblea Legislativa.

Según su argumento, los recursos podrían ser utilizados para atender necesidades concretas de las personas, como financiar operaciones médicas, remodelar una vivienda o resolver otras necesidades económicas. Ramírez también recordó que el propósito original del ROP está relacionado con garantizar una mejor calidad de vida durante la vejez.

Nogui Acosta defiende rechazo y califica propuesta de populista

La defensa de la posición oficialista estuvo a cargo del jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, quien rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó la propuesta de devolución.

Acosta sostuvo una posición centrada en la naturaleza previsional de los recursos y rechazó la idea de que el ROP pueda ser entendido simplemente como un ahorro disponible para ser retirado.

“El hecho de que tengan una cuenta individual no representa que sea un ahorro. Nunca nació como un ahorro, nació como una pensión”, afirmó el diputado.

El legislador también consideró que algunos de los argumentos planteados durante el debate favorecían una visión que, a su criterio, debilitaría el objetivo del régimen.

Acosta llegó incluso a calificar de “populista” la propuesta defendida por sectores de la oposición.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Parte de la discusión se trasladó directamente a las declaraciones atribuidas a Laura Fernández durante la campaña electoral.

El jefe de fracción oficialista aseguró que la presidenta no prometió entregar el ROP y acusó a los legisladores opositores de poner palabras en boca de la mandataria.

La diputada del PLN Joselyn Sáenz y el legislador del Frente Amplio Antonio Trejos respondieron a Acosta y defendieron que Fernández sí había expresado durante la campaña una posición favorable a la entrega de los recursos.

De esta manera, el debate sobre el ROP terminó convertido también en una disputa política sobre qué fue lo que realmente ofreció la actual presidenta durante la campaña electoral.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dejará atrás una tradición que durante años implicó la compra de pines de oro para los diputados, luego de que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, decidiera poner fin a esta práctica y sustituir los distintivos por otros de menor costo.

La medida cuenta con el respaldo de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y busca reducir un gasto considerado innecesario dentro del presupuesto institucional, en línea con una política de mayor austeridad y uso responsable de los recursos públicos.

Durante distintas administraciones legislativas, cada diputado recibía un pin de oro como distintivo institucional. Según la información divulgada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el costo de cada una de estas piezas rondaba los ₡300,000 (aproximadamente US$664.75).

Ahora, esos distintivos serán reemplazados por un pin cuyo valor aproximado será de ₡22,000 (unos US$48.75) por unidad, lo que representa una reducción considerable en el costo asociado a este reconocimiento protocolario.

“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses y tenemos la obligación de administrarlos con responsabilidad”, afirmó la presidenta del Congreso.

Jiménez agregó que el ejercicio de la función legislativa no requiere de distintivos de alto valor económico para representar a la ciudadanía.

“No necesitamos un pin de oro de ₡300,000 (aproximadamente US$664,75) para representar dignamente a la ciudadanía”, sostuvo.

Un ahorro frente a un gasto protocolario

La compra de los pines de oro se mantuvo durante diferentes administraciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo períodos encabezados por fuerzas políticas como el Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Acción Ciudadana (PAC).

El costo individual de las piezas hizo que la práctica representara durante años un desembolso acumulado de cientos de millones de colones, según la información proporcionada por la Presidencia del Congreso.

Aunque se trataba de un distintivo institucional y protocolario, la nueva administración considera que el gasto no resulta necesario y puede ser reducido sin afectar las funciones sustantivas de la Asamblea Legislativa.

La sustitución implica mantener el concepto de un distintivo para los legisladores, pero modificar sustancialmente el valor de la pieza.

La diferencia entre ambos valores alcanza aproximadamente los ₡278,000 (unos US$616) por unidad, tomando como referencia los costos señalados por la Presidencia de la Asamblea y el tipo de cambio utilizado para las equivalencias.

El debate sobre el uso de recursos públicos

La eliminación de los pines de oro se suma a la discusión sobre cómo las instituciones públicas administran los recursos provenientes del presupuesto nacional.

El argumento central de la Presidencia de la Asamblea es que los fondos utilizados para adquirir estos distintivos provienen de recursos públicos y, por tanto, deben manejarse bajo criterios de responsabilidad y racionalidad del gasto.

El nuevo mecanismo mantiene el componente simbólico del pin, pero reduce significativamente su costo.

La medida también busca enviar un mensaje sobre las prioridades de la institución: los recursos públicos deben concentrarse en las funciones esenciales del Poder Legislativo y no en artículos protocolarios de alto valor.

La diferencia resulta especialmente significativa cuando se considera el número de diputados que integran el Congreso (57) y la continuidad de la práctica a través de distintas legislaturas.

La decisión de Yara Jiménez pone así fin a una tradición institucional y establece un nuevo criterio para la adquisición de estos distintivos: mantener la representación simbólica, pero con un costo considerablemente menor.

“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses”, reiteró la presidenta del Congreso, al justificar la decisión como parte de una administración más responsable de los fondos públicos.

La comisión legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó dictámenes de reformas presupuestarias por más de USD 100 millones para educación, salud, turismo, economía y agricultura, con el objetivo de atender compromisos prioritarios y apoyar el desarrollo nacional durante el segundo semestre de 2026. La decisión contó con el respaldo unánime de los diputados, quienes avalaron tanto la contratación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como la redistribución interna de fondos entre diferentes ministerios.

Entre las iniciativas aprobadas, se autorizó al Ministerio de Hacienda a suscribir un contrato de préstamo con el BID por hasta USD 100 millones. Este financiamiento respaldará el Programa de Integración Académica y Comunitaria para jóvenes, orientado a incrementar el acceso a la educación postsecundaria de estudiantes del sector público y migrantes retornados.

Según explicó Marlon Gabriel, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el programa contempla un modelo integral de atención que combina fortalecimiento institucional y la entrega de becas de apoyo económico a cerca de 60 mil jóvenes graduados de educación media. El préstamo tendrá un plazo de 23 años, con siete años y medio de gracia, y priorizará a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y migrantes retornados.

Alcance del programa educativo

De acuerdo con la exposición oficial, el programa también fortalecerá competencias académicas y socioemocionales, impulsará la orientación vocacional y facilitará la vinculación de la educación postsecundaria con el empleo formal. La Dirección de Integración será la entidad ejecutora, en coordinación técnica con el BID.

Otra reforma aprobada por la Asamblea consistió en la incorporación de USD 54,75 millones al presupuesto de varias instituciones del sector público, con la finalidad de cubrir compromisos urgentes identificados para el segundo semestre del año. Según detalló Laura Michelle Arce de Aguilar, subdirectora general de Presupuesto, el Ministerio de Salud recibirá USD 50 millones para fortalecer la atención integral, adquirir medicamentos, insumos médicos y modernizar la infraestructura sanitaria.

Fondos para turismo y economía

En el ámbito del turismo, el Ministerio de Turismo recibirá USD 2,75 millones destinados a consolidar la estrategia nacional Surf City, el Plan Nacional de Turismo 2030 y la estrategia institucional para destinos turísticos especializados. El país será sede del Día del Turismo a finales de septiembre y se prevé el inicio de la temporada de cruceros, según el texto.

El Ministerio de Economía también será beneficiado con USD 2 millones para facilitar inversiones, promover la transformación digital y fortalecer el clima de negocios. Según la presentación de Arce de Aguilar ante la comisión, estas reasignaciones se financian con recursos disponibles dentro del presupuesto vigente y no implican un aumento global del gasto público.

Transferencia para el sector agropecuario

En materia de agricultura, la reforma presupuestaria incluye la transferencia de USD 620.000 desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Banco de Fomento Agropecuario, destinados a fortalecer el patrimonio del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario. Este fondo se utiliza para garantizar créditos a productores y compensar la tasa de interés preferencial sobre los préstamos otorgados al sector ganadero.

Durante el análisis de los dictámenes, la Comisión de Hacienda subrayó que las acciones del Ministerio de Hacienda entre junio de 2025 y mayo de 2026 han estado orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, modernizar la infraestructura institucional y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. El informe de labores del ramo fue aprobado por unanimidad.

Reformas al FOVIAL

En paralelo, la Asamblea también dio luz verde a reformas en la ley del Fondo de Conservación Vial, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional y operativa de esta entidad, asegurar la sostenibilidad de sus actividades y permitir su participación en sociedades vinculadas a la infraestructura vial y la gestión de riesgos.

“La estrategia que emplea el Ejecutivo se apoya en la transformación digital, la atención primaria y la modernización del sistema sanitario”, destacó Arce de Aguilar durante su intervención, en declaraciones recogidas por la Comisión de Hacienda.

Costa Rica ha destinado más de 5,469 millones de colones (alrededor de 10.2 millones de dólares estadounidenses) en concepto de pensiones para sus expresidentes hasta julio de 2026, según datos divulgados en la más reciente cadena nacional.

La cifra, presentada al país el domingo, reavivó el debate sobre el costo y la legitimidad de estos beneficios, en un contexto en el que la presidenta Laura Fernández anunció una propuesta legislativa para suprimirlos de manera inmediata y definitiva.

El monto pagado a cada expresidente

De acuerdo con la información oficial, los expresidentes beneficiados han recibido, desde el momento en que dejaron el cargo hasta la fecha, los siguientes montos:

• Rafael Ángel Calderón: más de 972 millones de colones (unos 1.81 millones de dólares)
• José María Figueres: más de 936 millones de colones (aproximadamente 1.74 millones de dólares)
• Miguel Ángel Rodríguez: más de 906 millones de colones (cerca de 1.68 millones de dólares)
• Abel Pacheco: más de 830 millones de colones (alrededor de 1,55 millones de dólares)
• Óscar Arias Sánchez: más de 869 millones de colones (unos 1.62 millones de dólares)
• Laura Chinchilla: más de 578 millones de colones (1.08 millones de dólares)
• Luis Guillermo Solís: más de 376 millones de colones (702,000 dólares)

En total, la suma supera los 5,469 millones de colones (10.2 millones de dólares estadounidenses). Estos pagos equivalen a casi cuatro millones de colones mensuales por expresidente (alrededor de 7,460 dólares estadounidenses), sin que hayan cotizado para acceder a este beneficio, según explicó la mandataria.

Fernández agregó que algunos exmandatarios, como José María Figueres y Rafael Ángel Calderón, empezaron a percibir la pensión cuando tenían 43 y 45 años de edad, respectivamente, y que hay casos en los que un expresidente recibe hasta tres pensiones simultáneas.

Un privilegio cuestionado y el contraste social

La presidenta Laura Fernández enfatizó que el pago de estas pensiones recae directamente sobre la población. Señaló que mientras los expresidentes reciben sumas millonarias, miles de familias costarricenses esperan una pensión no contributiva de menos de 100,000 colones mensuales (aproximadamente 187 dólares estadounidenses).

“Eso lo pagamos todos los costarricenses. Ustedes, de su bolsillo, han financiado casi cinco mil quinientos millones de colones a expresidentes que no cotizaron y que no necesitan ese dinero para sobrevivir”, manifestó Fernández, según recogió la cadena nacional.

La mandataria también recordó que su lucha contra las pensiones de privilegio no es reciente. Cuando era ministra en el gobierno de Rodrigo Chaves, impulsó un proyecto de ley para eliminarlas, que fue archivado por la Asamblea Legislativa de entonces.

Según Fernández, el anterior congreso archivó o rechazó al menos cuatro iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por diputados oficialistas para terminar con este beneficio. Actualmente solo queda una propuesta pendiente de trámite en el parlamento.

La propuesta del Ejecutivo: “Cero Tolerancia”

Durante su mensaje, Laura Fernández anunció la presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto “Cero Tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes”, que busca terminar con este régimen especial.

“Lo digo claramente a todos los expresidentes: no más pensiones de privilegio, incluidas la de don Rodrigo Chaves y la que yo podría llegar a tener. Me pueden criticar por muchas cosas, pero nunca podrán decir que traicioné mis principios. Mi lucha por acabar con este odioso pago empezó hace muchos años”, declaró la presidenta.

Fernández criticó que otras propuestas legislativas, como la impulsada por el Frente Amplio, no suprimen realmente el beneficio, pues permitirían que un expresidente lo mantenga si declara ingresos inferiores a tres salarios base. En contraste, el nuevo proyecto del Gobierno establece que las pensiones de lujo para todos los expresidentes desaparecerán el mismo día en que la ley entre en vigor, sin excepciones, “sin filtros, sin declaraciones voluntarias que pueden amañarse fácilmente”.

La presidenta subrayó que la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos: “Cada persona debe recibir únicamente la pensión por la que cotizó, igual que cualquier otro costarricense. Eso es lo justo. Eso es frenar privilegios, áticos con corona, que este país ya no puede seguir tolerando más”.

Próximos pasos

La discusión sobre la eliminación de las pensiones de expresidentes continuará en la Asamblea Legislativa, donde el Ejecutivo espera que el nuevo proyecto impulse un cambio definitivo.

La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir el avance de su propuesta, que será abordada en una conferencia de prensa especial el miércoles 19 de agosto.

La polémica volvió a elevar la tensión dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde el intercambio de acusaciones entre oficialismo y oposición ha escalado durante las últimas semanas. Esta vez, el foco estuvo en las expresiones de la diputada de Pueblo Soberano (PPSO), Cindy Murillo, contra las legisladoras unipersonales Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Murillo calificó a ambas como “damas de compañía” al referirse al plantón por la democracia realizado la semana anterior en la Plaza de la Democracia, actividad que reunió a distintos sectores sociales y políticos.

En una entrevista la legisladora oficialista describió el encuentro como una especie de alianza entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), a la que agregó la participación de las dos diputadas opositoras.

La expresión utilizada por Murillo provocó cuestionamientos dentro y fuera de la bancada oficialista. El término “dama de compañía” suele utilizarse para describir a una persona contratada para acompañar a un cliente en actividades sociales y, dependiendo del contexto, también se emplea como eufemismo para referirse a servicios de prostitución o escort.

La controversia llegó este jueves al Plenario Legislativo, donde los diputados discutieron una moción para rechazar las declaraciones.

Finalmente, la Asamblea aprobó una moción que condenó “de manera categórica” las manifestaciones atribuidas a Murillo y señaló que este tipo de expresiones son incompatibles con el ejercicio de la función parlamentaria.

La moción estableció que las palabras utilizadas contra Dobles y Gordienko resultaron “ofensivas, denigrantes e incompatibles con el respeto y la dignidad que deben prevalecer en el ejercicio de la función parlamentaria”.

Dos diputados oficialistas rompieron la línea de Pueblo Soberano

Uno de los elementos que marcó la jornada fue que la moción consiguió votos afirmativos de integrantes de la propia bancada oficialista.

Los diputados José Miguel Villalobos y Antonio Barzuna, ambos de Pueblo Soberano, respaldaron la condena y se apartaron de la posición que mantenía la fracción.

El voto de Villalobos tuvo especial relevancia porque, según explicó el propio legislador, terminó siendo decisivo para inclinar la balanza a favor de la moción.

El diputado aseguró que tomó la decisión como un asunto de conciencia y sostuvo que no podía mantener una posición diferente después de haber cuestionado anteriormente expresiones consideradas ofensivas provenientes de otros legisladores.

“Lo ocurrido esta tarde es una de esas decisiones difíciles, decisiones que son de conciencia, y yo me prometí a mí mismo que sobre mi conciencia solamente mandan Dios y yo”, afirmó Villalobos durante la discusión.

El legislador también explicó que había intentado previamente que Murillo ofreciera una explicación o una disculpa, pero que la diputada decidió mantener su posición.

“No lo hice por afectar a nadie, se dio una oportunidad para una explicación y una disculpa y no se dio, y no me queda más, para mantener la tranquilidad de mi conciencia, haber votado a favor”, manifestó.

Villalobos agregó que estaba consciente de que su voto podía definir el resultado.

“Si fue mi voto el que definió esta votación, son de esas cosas que pasan en la vida”, dijo.

Murillo mantuvo sus palabras y no ofreció disculpas

A diferencia de la posición adoptada por algunos de sus compañeros de bancada, Cindy Murillo se negó a ofrecer una disculpa pública durante la sesión de este jueves y mantuvo sus declaraciones.

Incluso, el diputado José Miguel Villalobos le solicitó públicamente que se disculpara con las legisladoras señaladas, pero la petición no fue atendida.

La negativa de Murillo fue uno de los factores que precedieron la votación de la moción.

La situación llevó a que el propio jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, tuviera que ofrecer una disculpa en nombre de la bancada.

Acosta aseguró que el partido no avalaba las declaraciones de Murillo y pidió elevar el nivel de la discusión política en el Congreso.

“No avalamos los comentarios de doña Cindy Murillo. Creemos que fueron desafortunados y por eso ofrecemos una disculpa tanto a doña Claudia como a doña Abril, sino también a cada uno de los diputados”, manifestó.

Posteriormente, el partido emitió un comunicado en el que calificó las palabras de “desafortunadas”, aunque el pronunciamiento no mencionó directamente a Murillo.

Nogui Acosta cuestionó que la moción personalizara el rechazo

Pese a la disculpa ofrecida por el jefe de fracción, Acosta mantuvo una posición crítica frente a la moción aprobada por el Plenario.

El legislador sostuvo que su bancada no respaldaría una iniciativa que, a su criterio, personalizara el rechazo contra una diputada específica.

“No se vale personalizar, aquí todos tenemos techo de vidrio y con personalizar no se van a resolver los problemas”, afirmó Acosta.

El jefe del oficialismo vinculó la discusión con otro episodio ocurrido días atrás en el Plenario, cuando diputados de Pueblo Soberano cuestionaron expresiones del frenteamplista Édgar Araya dirigidas contra la presidenta Laura Fernández.

La tensión entre ambas bancadas se intensificó luego de un fuerte intercambio parlamentario en el que legisladoras oficialistas acusaron a Araya y a Dobles de ejercer supuesta violencia política contra Fernández y contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

El episodio se produjo después de que, el 5 de agosto, la diputada oficialista Kattia Calvo utilizara expresiones ofensivas durante una discusión parlamentaria, entre ellas los términos “chuchinga” y “maricón”, en medio del enfrentamiento político.

Por su parte, Gordienko respondió a los cuestionamientos posteriores señalando que ese tipo de calificativos no le afectan y que las palabras deben valorarse según quién las pronuncia.

La nueva controversia evidencia el clima de confrontación que se ha instalado en el Congreso costarricense, donde los cruces entre diputados oficialistas y opositores han dejado de limitarse al debate sobre proyectos de ley y han incorporado acusaciones personales, cuestionamientos sobre la capacidad de los funcionarios y calificativos considerados ofensivos.

La aprobación de la moción representa, además, un hecho poco habitual en el actual escenario legislativo: por primera vez, una votación logró imponerse sobre la línea del oficialismo con el respaldo de diputados de Pueblo Soberano.

Mientras la bancada oficialista intentó marcar distancia de las palabras de Murillo mediante una disculpa institucional, la diputada decidió no retractarse.

El episodio deja así una división dentro de Pueblo Soberano y vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre los límites del lenguaje utilizado por los diputados en el ejercicio de sus funciones y la responsabilidad política de quienes ocupan una curul en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa de El Salvador publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo N.º 624, que oficializa la prórroga de vigencia de las placas vehiculares con formato de 2011 hasta el 31 de agosto de 2027, por lo que oficializa su vigencia.

La medida, impulsada por el gobierno central, por medio del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), extiende el período de validez de las placas tras varias prórrogas emitidas en años recientes.

El decreto del Diario Oficial, fechado el 27 de julio de 2026, detalla que la decisión responde a la necesidad de continuar garantizando la validez de las placas actuales y de apoyar la economía de los salvadoreños.

El documento explica que la emisión de un nuevo lote de placas implicaría costos elevados para los propietarios de vehículos, por lo que se determinó mantener la vigencia de las actuales mientras se realiza una evaluación técnica sobre el proceso de renovación.

El texto legal establece que la disposición entra en vigor desde el momento de su publicación en el Diario Oficial.

Según la publicación, la historia de las prórrogas para las placas vehiculares comenzó en 2017, cuando se extendió por primera vez la validez del lote con formato 2011, que originalmente vencía ese año. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha emitido varios decretos ante distintas coyunturas, incluida la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, con el objetivo de reducir el impacto financiero que supondría la sustitución masiva de placas.

Antecedentes de las prórrogas

El Decreto Legislativo N.º 622, aprobado en diciembre de 2022, ya había extendido la vigencia hasta el 30 de abril de 2024. Posteriormente, el 31 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, nuevas disposiciones prorrogaron el uso de las placas vigentes. Ahora, con el Decreto N.º 624, la validez se extiende hasta finales de agosto de 2027 para todos los vehículos automotores con placas del lote de 2011.

La normativa se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, que establece que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas y que la validez de cada lote es de cinco años. No obstante, las circunstancias excepcionales han motivado a la Asamblea Legislativa a modificar este plazo en varias ocasiones.

Entre los considerandos del decreto, se señala que la prórroga facilita una evaluación minuciosa y permite planificar la reducción de costos asociados a la eventual emisión de nuevas placas. El gobierno sostiene que la medida contribuye a la estabilidad económica de los ciudadanos, al evitar gastos innecesarios mientras se estudian alternativas para el futuro del parque vehicular nacional.

Alta afluencia vehicular en el país

Acorde a los datos del Observatorio de Seguridad Vial, el parque vehicular vigente en El Salvador alcanza un total de 2.126.168 unidades, lo que representa un crecimiento o variación anual del 5,13% con respecto al período anterior.

En cuanto a la composición del parque automotor por tipo de transporte, el 65,19% corresponde a vehículos de cuatro o más ruedas (un total de 1.386.008 unidades), mientras que el 34,81% restante está integrado por motocicletas, sumando 740.160 unidades.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales extranjeros, en el marco del primer paquete de iniciativas para enfrentar la crisis económica nacional. La propuesta responde a demandas de sectores productivos que solicitaron reformas estructurales para modificar la imagen del país tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por los ex presidentes Luis Arce y Evo Morales.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca otorgar seguridad y previsibilidad a los inversionistas, además de organizar los incentivos y normas jurídicas existentes. El proyecto, según detalló Espinoza, se apoya en tres pilares que orientarán la política económica durante los próximos 20 años, con prioridad en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas —incluyendo hidrógeno y energía solar—, junto a aquellos donde Bolivia ya cuenta con capacidades productivas desarrolladas.

El objetivo de esta nueva estrategia es dejar atrás el modelo de los gobiernos anteriores, que privilegiaron la inversión estatal y nacionalizaron sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Espinoza sostuvo que “desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.

La iniciativa contempla la creación de un sistema de incentivos y regulación para ofrecer previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza tanto a inversores nacionales como extranjeros, respetando la Constitución Política del Estado.

Además, se prevé la conformación de una Agencia Nacional de Inversiones, que coordinará con instituciones, alcaldes y gobernadores para institucionalizar la regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones, detalló el ministro.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, afirmó a al canal Red Uno que, para que Bolivia recupere la confianza de los inversionistas, resulta fundamental garantizar “seguridad jurídica y previsibilidad normativa”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país recibió en 2025 una inversión extranjera directa de USD 620 millones, cifra equivalente al 0,3% del total regional.

El presidente Rodrigo Paz enfrenta el reto de negociar con una Asamblea Legislativa fragmentada. El mandatario se distanció recientemente de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Varios parlamentarios de la alianza no acompañaron la ruptura, aunque anticiparon que ejercerán funciones de fiscalización sobre las nuevas medidas del Ejecutivo.

Doria Medina criticó la demora en la respuesta ante la crisis económica que afecta al país, agravada por bloqueos y protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se manifiesta especialmente en el sostenido problema de abastecimiento de combustible, en particular de diésel. En medio de este panorama, Paz consiguió respaldo internacional y créditos de organismos multilaterales por un monto superior a USD 5.000 millones.

El costo de los conflictos en Bolivia

Bolivia atravesó una etapa crítica durante los bloqueos del mes pasado, manifestaciones que pedían la renuncia de Paz al Ejecutivo. Por este motivo, la coyuntura actual amenaza con agravar la crisis económica: la Cámara Nacional de Industria calculó pérdidas de al menos USD 2.000 millones y una caída de USD 500 millones en exportaciones.

El corte de carreteras también afectó el abastecimiento de alimentos y combustible en la capital boliviana, La Paz. La situación encareció los precios de productos básicos, generó interrupciones en el transporte público y obligó a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis social que derivó en una crisis económica.

(Con información de Associated Press)

La presidenta Laura Fernández ratificó sus cuestionamientos contra el Poder Judicial y aseguró que mantiene su afirmación de que se produjo un “golpe de Estado institucional” contra la institucionalidad costarricense. La mandataria hizo las declaraciones al ser consultada sobre las repercusiones que generaron sus palabras y las críticas recibidas durante el plantón realizado este jueves en San José.

Ante la pregunta de si se retractaría de sus afirmaciones o si continuaría con sus cuestionamientos al Poder Judicial, Fernández respondió cuestionando la existencia de datos concretos sobre eventuales afectaciones económicas derivadas de sus declaraciones.

“¿Usted tiene algún dato de cuáles son las empresas, las inversiones, las afectaciones o lo que está haciendo es una suposición de su parte?”, preguntó la presidenta.

La periodista de Teletica insistió en que medios internacionales habían informado sobre el tema y planteó si, desde su perspectiva, sus declaraciones podían generar incertidumbre política y económica.

Fernández rechazó esa interpretación y aseguró que los indicadores económicos que maneja su Gobierno muestran un escenario favorable.

“No, no me parece”, respondió la mandataria, antes de enumerar varios indicadores que, según afirmó, mantienen una evolución positiva.

“Los datos que yo tengo de crecimiento de las inversiones, de crecimiento del empleo, de crecimiento del turismo, de crecimiento de las exportaciones, de crecimiento del dinamismo de nuestra economía, gracias a Dios, van por buen camino”, sostuvo.

Sin embargo, la presidenta decidió profundizar en el concepto que había utilizado días atrás y aseguró que no se trataba de una expresión de la que pretendiera retractarse.

“Lo que yo dije de que se estaba dando un golpe de Estado a la institucionalidad de Costa Rica, es absolutamente cierto”, afirmó.

Fernández explicó que, desde su perspectiva como politóloga, pueden existir golpes institucionales cuando uno de los poderes del Estado utiliza sus atribuciones para afectar la independencia o autoridad de otro poder.

“Cuando los poderes del Estado, el Legislativo, el Judicial o el Ejecutivo, generan golpes utilizando las leyes, utilizando su propio poder, a la independencia o a la autoridad que cada uno de estos poderes debemos de tener, eso se llaman golpes de Estado institucionales”, argumentó.

La mandataria dirigió entonces su crítica hacia una decisión de cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a quienes cuestionó por una resolución que, según su interpretación, habría excedido las competencias establecidas por la Constitución y las leyes.

“Cuando cuatro magistrados de la Sala Cuarta generan un voto que viola abiertamente lo que pueden hacer según nuestra Constitución y según las leyes, eso es un golpe a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”, afirmó.

Fernández también vinculó su argumento con la legitimidad electoral de la actual composición del Congreso. Recordó que 31 diputados pertenecen a la fracción oficialista y fueron elegidos mediante elecciones que calificó de libres y democráticas.

La presidenta destacó además el nivel de participación registrado en las últimas elecciones y aseguró que el abstencionismo disminuyó en más de 10 puntos porcentuales.

“Hubo una participación enorme del pueblo de Costa Rica”, afirmó.

También sostuvo que, desde hace 44 años, ningún presidente de la República había contado con una fracción oficialista de un tamaño similar.

A partir de esos datos, Fernández defendió que su Gobierno tiene un mandato electoral que debe ser respetado y cuestionó que magistrados que no son elegidos directamente por la ciudadanía puedan adoptar decisiones que, según ella, interfieran con las competencias de los representantes electos.

“Cuando a mí me elige más de 1,2 millones de personas con una fracción legislativa de ese tamaño y vienen cuatro magistrados, que no los eligió el pueblo, a sacar una resolución que no se las permite la Constitución y ninguna ley de la República, por supuesto que yo, como presidente y persona que cree firmemente en la democracia y en la división de poderes, me preocupo”, declaró.

La mandataria insistió en que considera que levantar la voz frente a lo que interpreta como una amenaza a la división de poderes forma parte de sus responsabilidades.

“Es mi deber levantar la voz por lo que no está bien”, afirmó.

Fernández también rechazó las acusaciones de quienes participaron en el plantón realizado el día anterior y que, según relató, señalaban que ella pretende ejecutar un golpe contra el Poder Judicial.

La presidenta sostuvo que, por el contrario, su administración ha intentado mantener canales de diálogo con las autoridades judiciales.

“Yo he abierto las puertas de la Casa Presidencial”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó una reunión con Patricia Solano, cuya salida posterior, según Fernández, generó una versión de que el encuentro había sido hostil. También aseguró que posteriormente invitó nuevamente a representantes del Poder Judicial al Consejo Nacional de Seguridad, pero que dejaron las sillas vacías y no asistieron.

Fernández agregó que su Gobierno presentó 11 proyectos de ley relacionados con la lucha contra la delincuencia y cuestionó que representantes del Poder Judicial no hubieran participado, según su versión, en la elaboración de esas iniciativas.

La presidenta vinculó además la discusión con los esfuerzos de ajuste presupuestario que, según afirmó, han debido realizar todas las instituciones públicas.

“Lo que sí dicen que es un golpe a ellos es pedirles que se soquen la faja”, señaló.

Fernández sostuvo que ella misma fue la primera mandataria a la que se le pidió realizar un ajuste presupuestario y aseguró que su administración ya ha aplicado recortes en las instituciones gubernamentales.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la plata alcance”, manifestó.

Al cierre de sus declaraciones, la presidenta negó tener intención de atacar, cerrar o debilitar al Poder Judicial y aseguró que su posición responde a una defensa de la institucionalidad y de la división de poderes.

“Yo no tengo ningún deseo ni de atacar al Poder Judicial, ni de cerrarlo, ni de violar ninguna ley”, concluyó.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó iniciar el 10 de agosto las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en un proceso que se desarrollará en varias jornadas hasta la elección de los funcionarios que fiscalizarán la hacienda pública salvadoreña durante el período 2026-2029.

De acuerdo con Ernesto Castro, presidente de la comisión y del Órgano Legislativo, la convocatoria para recibir postulaciones concluirá con la participación de 18 profesionales que aspiran a los cargos de presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Los requisitos incluyen ser salvadoreño por nacimiento, ser mayor de 30 años, ser de reconocida honradez y competencia, y haber ejercido los derechos de ciudadano en los tres años previos al proceso de la elección.

Durante el desarrollo de la comisión, se informó que la Comisión Política revisará y evaluará las hojas de vida de los candidatos. La lista de postulantes incluye a Edgar Eliseo Alvarenga Funes (director propietario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte), Walter Salvador Sosa Funes (actual presidente), Karla Gabriela Siliezar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño (actualmente primer magistrado) y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla (quien ya corrió por el cargo en la última convocatoria), entre otros.

“Vamos a preguntarles si han cumplido su trabajo, porque aquí vinieron hace tres años a comprometerse con algo”, afirmó Caleb Navarro, diputado de la comisión.

Navarro y otros miembros remarcaron que las entrevistas serán públicas y retransmitidas a través de las plataformas oficiales y el Canal Legislativo. Según expresó Serafín Orantes, esto busca evitar prácticas de reparto de cuotas entre partidos.

Cronograma de entrevistas

El cronograma aprobado establece la realización de entrevistas en cuatro jornadas: el 10, 17, 24 y 25 de agosto. En cada sesión, los diputados interrogarán a los aspirantes sobre su trayectoria, visión institucional y cumplimiento de los compromisos asumidos en ejercicios anteriores, especialmente en el caso de quienes buscan la reelección.

Para este 10 de agosto: Edgar Eliseo Alvarenga, Walter Salvador Sosa, Karla Gabriela Siliézar, Julio Guillermo Bendek y Sigfredo Alexis Ventura. Para el 17 de agosto: José Rodrigo Flores, Julio Alberto Jule, Carlos Aníbal Cruz, José Arnoldo Gaitán y Arnoldo José Parada. Para el 24 de agosto: Gonzalo Octavio Ayala, Boris Romeo García, Luis Humberto Santos y Raúl Pareja. Y el 25 de agosto: Marcela Beatriz Iraeta, Carlos Orlando Lozano, José Luis Montalbán y Salvador Alexander Segovia.

Integración de la comisión y votación final

En la sesión se reiteró la invitación a la sociedad civil y a medios de comunicación para acompañar el proceso.

“La Corte de Cuentas son puestos muy importantes para el país, son los que deben auditar y controlar que los fondos públicos sean administrados según la ley”, subrayó Castro.

Una vez finalizadas las entrevistas, la Comisión Política emitirá un dictamen para que el pleno de la Asamblea Legislativa decida la conformación definitiva de la Corte de Cuentas de la República. Se prevé que la votación final se realice en la plenaria del 26 de agosto, cuando los 60 diputados elegirán a los tres magistrados titulares que asumirán funciones desde el 28 de agosto de este año hasta el 27 de agosto de 2029.

Javier Milei presidirá esta noche la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A las 21, en horario prime time, comenzará a esbozar una lectura de los movimientos que hizo como Presidente en los últimos dos años y adelantará cómo buscará seguir el resto de su gestión. El concepto que va a guiar sus lineamientos será la batalla cultural, algo que comenzó a obsesionarlo más que la propia economía.

¿Qué va a decir el Presidente? Hasta ahora, fuentes oficiales hicieron trascender que será un discurso de tres partes. Una estará vinculada a la herencia que recibió de la anterior administración y las primeras medidas que hizo el Gobierno para poder superar ese estado de cosas. El 2025 también tendrá una mención particular: fue ahí donde su gestión miró hacia el abismo hasta que llegó el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent. Pero lo importante estará en la mirada prospectiva: qué sentido le dará a su gestión en este año sin elecciones, pero condicionado por las del 2027.

“Tiene que vender futuro y compromiso para que los aliados acompañen. Sin ellos las reformas no se pueden sacar, pero somos la única fuerza que tiene capacidad de proponer algo en este contexto político”, afirman cerca suyo.

Para ejemplificar el sentido de época actual y la importancia de hacer reformas, Milei le dará una particular importancia a lo sucedido con el caso de Techint y a los elevados precios de los neumáticos que vendían productores locales. El libertario los llama ”empresaurios”, uno de los términos famosos que creó en los últimos años para describir a uno de los sectores que considera el status quo o el partido del Estado.

Así, Milei ponderará el período de las extraordinarias, mencionará los proyectos pendientes e intentará vender un paquete de iniciativas que todavía no fueron dadas a conocer en su integralidad. Está el objetivo de sacar la reforma electoral, la del Código Penal y algunas vinculadas al Pacto de Mayo firmado dos años atrás.

En la próxima estación de la ruta reformista también aparece la reforma tributaria, aunque dos miembros de la mesa política creen que no es momento de impulsarla por el impacto fiscal que podría tener. La cuestión es: si no es ahora, ¿cuando? La pregunta no es menor, porque Milei la considera una medida indispensable para en 2028 -si es reelecto- proponer la reforma previsional.

Hay integrantes de La Libertad Avanza que no descartan que haya un importante anuncio por fuera de lo que trascendió en los últimos días, pero todo esto forma parte de las especulaciones que circulan en ocasiones como estas.

El martes de esta semana Milei encabezó la primera reunión de Gabinete y dio una suerte de speech que puede entenderse como un adelanto de lo que dirá hoy a la noche. “Nos dio su visión de las cosas para lo que se viene”, confirmó uno de los integrantes del encuentro a Infobae, que decidió no adelantar ningún aspecto más del discurso por miedo a recibir represalias.

Y es que Milei se toma muy en serio este tipo de asuntos. “Él redacta los discursos y, en todo caso, va a generando un ida y vuelta con quienes considera necesario”, afirman en su entorno. El principal es el asesor presidencial, Santiago Caputo, ideólogo de la narrativa libertaria desde su primera incursión electoral en 2021.

Posiblemente se trate del discurso más importante que dé en el año. La ocasión no podía ser mejor.

Tiene que dar un mensaje de firmeza y certidumbre a los mercados en medio de una semana que promete ser volatil por el ataque de Estados Unidos e Israel al ayatollah Ali Khamenei, lider supremo de Irán. Sobre todas las cosas, debe hablarle a la plaza local: al Gobierno le está costando mantenerse por debajo de la marca de los 500 puntos básicos de Riesgo País y las acciones no marcan subas sustanciales, todo lo contrario.

La economía real mostró un repunte en diciembre pero bajo una dinámica heterogenea: el agro y la intermediación financiera se dispararon positivamente, pero en detrimento de la industria y el comercio. La cuestión sobre el empleo, la capacidad adquisitiva y la dinámica de la actividad predominan la agenda, pese a que los números oficiales permiten dar visiones dispares.

En ese marco, La Libertad Avanza mantuvo en el mes de febrero la mejor racha legislativa desde que es oficialismo, con la aprobación de leyes de amplísimo caracter reformista. La única que quedó con media sanción fue la Ley de Glaciares, que seguramente logre aprobación en Diputados.

Es decir, se verificó que el mecanismo de coordinación política que tiene el Gobierno, materializado en la mesa política, distribuyó bien las tareas de negociación con diferentes de actores de la oposición. Ese esquema vino acompañado por más bancas propias en ambas Cámaras y la fragmentación de la oposición, que deja al oficialismo con mayores facilidades para negociar con los gobernadores, incluso aquellos peronistas.

Con la algarabía del viernes por la noche, con la reforma laboral sancionada, varios integrantes del Gobierno dijeron en público que, aprovechando el dulce momento político, ahora se vendrá una profundización de la agenda reformista.

¿Esto lo que dicen en privado? En varios casos, no.

Para continuar con su sendero reformista deberá pedir la colaboración de los aliados que consiguió acercar en estas últimas semanas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”, se sinceró a mitad de semana un importantísimo integrante del Gobierno a Infobae. Coincidentemente, una figura de La Libertad Avanza en el Senado razonó de la misma manera: “Me tranquiliza que en la cúpula del Gobierno lo vean de esta manera, porque acá tengo mis serias dudas”.

¿A qué viene esa preocupación de ciertos actores? Por un lado, es una lectura casi unánime entre los operadores del Gobierno: la oposición se va a abroquelar en una postura intransigente hacia el segundo semestre del año. “Ahí se nos va a empastar todo”, afirman un miembro de uno de los campamentos libertarios. En otro indican: “Van a perder incentivos para colaborar en la medida que el horizonte de las elecciones provinciales se vea cada vez más cerca”.

Un integrante del bloque del Senado de La Libertad Avanza opinó que el balance de las sesiones extraordinarias fue, en los papeles, excelente; pero que deja una preocupación hacia adelante. “Creo que pagamos muy caro algunas cosas”, afirmó, para luego ejemplificar: “Mirá cómo votaron Alejandra Vigo (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy), la Unión Cívica Radical y el PRO. Ninguno de ellos nos votó todo completo. Son vínculos que pueden ser circunstanciales y provisorios”, marca.

Otro integrante de ese espacio considera que la negociación de las vicepresidencias salieron caras y que comprometen otros vinculos con aliados que quedaron insatisfechos hacia adelante. En otros sectores no coinciden en absoluto con esto: refutan esta idea diciendo que, en rigor, el Gobierno consiguió mayor fragmentación del interbloque peronista. Quienes iniciaron el movimiento para que tres senadores federales se pasaran a un bloque propio fueron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Algo que podría abonar reforzar la posición de quienes defienden este último punto es que La Libertad Avanza podría evitar que estos jefes provinciales se retoben si les garantizan que La Libertad Avanza no competirá en sus distritos el año próximo. “No es una locura que, por ejemplo, en Tucumán, podamos corrernos de la disputa si es que nos conviene”, afirman en el Gobierno. La Libertad Avanza prácticamente no tiene referentes en provincias como Catamarca y Jalil demostró ser de los más útiles para la gobernabilidad violeta. Asimismo, si en la campaña pasada a la entonces candidata a senadora por Salta, Emilia Orozco, se le prohibió hablar negativamente de la gestión de Sáenz, ¿por qué no habría de ocurrir esto de vuelta?

Son todas especulaciones que empezarán a florecer en los próximos meses, pero que Milei tiene posibilidades de dar pistas en su discurso de este año. “Javier demostró ser uno de los tipos más brillantes en términos políticos. Una cosa es lo que dice de la boca hacia afuera y otra cosa es lo que hace puertas adentro. Es más pragmático de lo que se piensa”, indica una persona que lo conoce bien.

El Gobierno puede haber mejorado su coordinación política y amplificado su número de legisladores para poder impulsar reformas, pero no tiene asegurado que el Congreso se convierta en una escribanía para todo este año. La cantidad de bancas que tiene no dista mucho de las que tenía Alberto Fernández durante su gestión: se trata de que los actores con poder de veto (es decir, aquellos legisladores y gobernadores que el Gobierno necesita sí o sí para poder aprobar un proyecto o juntar quórum) puedan ser interpelados y de que el oficialismo siga logrando consensos.

No es casual que se haya escuchado a una importante voz del Gobierno afirmar esta semana que “el consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo” y que “no tiene un valor per se cuando el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo”. La Casa Rosada demostró ser lo suficientemente pragmática para negociar la reforma laboral y quitar apartados importantes de la misma en negociaciones con la oposición, los gobernadores, los sindicatos y las cámaras empresarias.

Este sábado, una de las principales espadas legislativas que tiene La Libertad Avanza coincidía con la postura de que el Congreso puede convertirse en un territorio pantanoso hacia adelante. “¿Vale la pena hacer lo mismo que hicimos con la reforma labora por cada proyecto que podamos impulsar? ¿O vale la pena esperar más para que a partir de 2027 estas puedan salir con los apartados que queremos?“. Son algunas de las interrogantes que circulan. Otros prefieren ser más optimistas y apostar a una agenda plena de reformas: “El éxito te consolida y permite que puedas aprobar más reformas”.

Funcionarios que hablaron con el Presidente este jueves informan que el discurso será de una hora, aproximadamente. En su debut en su primera Asamblea Legislativa, el líder libertario había hablado durante 70 minutos. El año pasado superó esa marca solo por dos minutos. No se prevé un cambio sustantivo en la duración para esta ocasión.

La transmisión comenzará con el arribo de Milei al Palacio del Congreso y se espera que el contacto que vaya a tener con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reduzca al mínimo posible. Hay quienes hablan de que debería ser a cero, pero hay cuestiones protocolares -como la firma de las actas- que lo podrían impedir.

Lo interesante es lo que sucederá con la transmisión, que replicará componentes de la del año pasado. “No está en los planes que se muestre a la oposición. La idea es que se lo muestre a Javier la mayor cantidad de tiempo con algunos pocos paneos”, informa una fuente al tanto del operativo.

Tal y como hizo en 2024 y 2025, Milei volverá a dar su discurso parado, con su vicepresidente detrás y la banda presidencial puesta. Sus antecesores siempre hablaron sentados en el estrado, al lado de sus vicepresidentes, y sin la banda colocada. En el arranque de la transmisión del último marzo, el rating televisivo alcanzó los 17 puntos, pero a lo largo de la transmisión, fue descendiendo, estableciéndose primero en 8,1 puntos. Luego, la baja continuó hasta tocar cifras como 5 puntos.

El presidente Javier Milei organizará una cena en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, tras la ceremonia, a la que invitó a los bloques aliados del oficialismo. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, ya confirmó su participación junto a otros seis diputados de su espacio, mientras que integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) recibieron invitaciones específicas, aunque el MID anticipó que no asistirá por desacuerdos recientes.

Legisladores de la UCR, encabezados por Pamela Verasay, aseguraron que estarán presentes, aunque reconocieron posibles ausencias por las dificultades derivadas de los paros de controladores aéreos que afectan los vuelos desde las provincias.

La convocatoria a la residencia presidencial fue gestionada por Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza en Diputados, con el objetivo de reforzar los vínculos políticos previo a un año de fuerte agenda legislativa. Aunque inicialmente se consideró ofrecer un asado, fuentes próximas a Milei aclararon que el menú no está definido y que podría incluir empanadas u otras alternativas.

La Lengua de Señas Costarricense (LESCO) podría alcanzar uno de los mayores reconocimientos en su historia si prospera un proyecto de reforma constitucional presentado por integrantes de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor y el Grupo de Mujeres Parlamentarias.

La iniciativa propone modificar el artículo 76 de la Constitución Política para declarar el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica, además de establecer el deber del Estado de protegerlo, preservarlo, promover su enseñanza y garantizar su desarrollo como parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda.

El proyecto surge con el respaldo de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), intérpretes, educadores y diversas organizaciones que durante años han impulsado el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta población.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada oficialista, Anna Katharina Müller, destacó que el reconocimiento trasciende el ámbito legal y representa un paso hacia una sociedad más inclusiva.

“Es un tema de sensibilidad, de querer comprender a las demás personas y de saber que siempre le hemos enseñado a los niños que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Todos somos diferentes y por eso estamos todos aquí juntos, porque nos necesitamos todos”, expresó.

Por su parte, la diputada María Eugenia Román aseguró que existe un compromiso entre distintas fracciones legislativas para impulsar rápidamente la iniciativa.

“Hay un compromiso de las distintas fracciones parlamentarias de avanzar pronto con una iniciativa tan importante y hacer realidad la inclusión plena de las personas sordas en nuestra sociedad”, afirmó.

En la misma línea, otros legisladores señalaron que el reconocimiento constitucional contribuiría a eliminar las barreras físicas, sociales y de comunicación que históricamente han limitado la participación plena de las personas sordas.

“Como sociedad costarricense debemos ir derribando las barreras físicas, las barreras sociales y las barreras de comunicación que han hecho que ustedes no se integren a la sociedad de una forma plena”, manifestó la diputada liberacionista Karol Matamoros.

Desde la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica enfatizaron que el reconocimiento del LESCO en la Constitución representaría mucho más que un cambio de redacción.

“No queremos mantener esas barreras y poder romperlas. Es muy importante que la LESCO tenga este reconocimiento dentro de la Constitución Política. Significa un compromiso del Estado y de la sociedad para eliminar todas estas barreras”, señalaron representantes de la organización.

De aprobarse la reforma, el Estado asumiría el compromiso constitucional de fortalecer la enseñanza del LESCO y desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas sordas.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá seguir un procedimiento especial. En una primera etapa será asignado a una comisión legislativa, donde iniciará su análisis y discusión. Posteriormente deberá superar las votaciones requeridas en el plenario legislativo para continuar su trámite hasta una eventual aprobación definitiva.

Los impulsores de la iniciativa consideran que el reconocimiento constitucional del LESCO colocaría a Costa Rica entre los países que han dado rango constitucional o legal al reconocimiento de las lenguas de señas, fortaleciendo el acceso a la educación, la información, los servicios públicos y la participación de la comunidad sorda en igualdad de condiciones.

La presidenta de la República, Laura Fernández, y diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) acudieron este lunes a la Corte Suprema de Justicia para presentar una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, luego de que ese órgano ordenara prorrogar temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa completa su proceso de elección.

La acción judicial fue presentada contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría de cuatro votos que avaló mantener a los suplentes en funciones hasta que el Congreso designe a sus reemplazos.

La llegada de Fernández y de la fracción oficialista ocurrió cerca de las 10:38 a. m. en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde fueron recibidos por diputados oficialistas, miembros del gabinete y simpatizantes del movimiento político, indicó La Nación.

La querella había sido anunciada días atrás por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien sostuvo que la resolución de la Sala Constitucional representaba una invasión de competencias del Poder Legislativo y una violación al principio de separación de poderes.

El delito de prevaricato, establecido en el artículo 357 del Código Penal, sanciona a funcionarios judiciales o administrativos que dicten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. La pena establecida va de dos a seis años de prisión, aunque puede aumentar en casos específicos.

Disputa entre poderes del Estado

El conflicto surgió luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo presentado ante la falta de nombramiento de los nueve magistrados suplentes del tribunal constitucional.

En su resolución, los magistrados ordenaron mantener temporalmente a los suplentes mientras la Asamblea Legislativa realiza las designaciones pendientes con base en la lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia.

Además, el fallo obligó al Congreso a someter nuevamente la nómina de aspirantes al conocimiento del Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.

La decisión fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. En contra votaron los magistrados Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.

Tras conocerse la resolución, la presidenta Laura Fernández acusó a un sector del Poder Judicial de intentar realizar un “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa y afirmó que la Sala Constitucional asumió atribuciones que, según su criterio, corresponden únicamente al Congreso.

Bloqueo legislativo

La disputa ocurre en medio de un prolongado bloqueo político para elegir a los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La Asamblea Legislativa ha realizado 11 rondas de votación sin lograr alcanzar los 38 votos necesarios para completar los nombramientos. En varias ocasiones, la bancada oficialista decidió no respaldar a los candidatos incluidos en la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso también devolvió en dos ocasiones la lista de aspirantes a la Corte Plena, una decisión cuestionada por el Poder Judicial al considerar que no existían razones suficientes para rechazar la nómina.

La Sala Constitucional posteriormente anuló esa devolución y ordenó continuar con el proceso de elección.

Trámite podría enfrentar obstáculos

Aunque la querella fue presentada formalmente, abogados penalistas advirtieron a Amelia Rueda que el proceso podría enfrentar dificultades debido precisamente a la falta de magistrados suplentes.

En caso de que avance una investigación y sea necesario analizar un eventual levantamiento del fuero de los magistrados señalados, la decisión correspondería a la Corte Plena.

Sin embargo, los cuatro magistrados denunciados tendrían que inhibirse de participar en el proceso, lo que impediría alcanzar la integración completa del máximo órgano judicial mientras no existan suplentes habilitados para ocupar esos espacios.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial mantiene abierta una de las mayores tensiones institucionales de los últimos años, con cuestionamientos cruzados sobre los límites de las competencias de cada poder del Estado.

La Sala Constitucional dio un giro al prolongado conflicto entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa por la designación de magistrados suplentes al ordenar la prórroga temporal de los nombramientos vencidos desde diciembre de 2025 y obligar al Congreso a continuar el proceso de elección con la misma nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia 2026-13498, correspondiente al expediente 26-13498-0007-CO, luego de que un ciudadano presentara un recurso de amparo alegando que la ausencia de magistraturas suplentes impedía integrar adecuadamente el tribunal constitucional para resolver varios procesos en los que figura como recurrente.

De acuerdo con la resolución, la falta de suplentes había provocado un impacto directo sobre el acceso a la justicia constitucional. Con corte al 14 de julio, al menos 123 expedientes permanecían pendientes de resolución debido a inhibitorias o recusaciones de magistrados propietarios, situación que impedía conformar el quórum necesario para emitir sentencias.

La votación estuvo dividida. Los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera respaldaron la declaratoria con lugar del recurso de amparo, mientras que Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto y consideraron que el recurso debía rechazarse.

Como parte de la resolución, la Sala dejó sin efecto los acuerdos adoptados por la Asamblea Legislativa mediante los cuales se pretendía devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de aspirantes a magistrados suplentes y solicitar una nueva lista de candidatos.

Además, ordenó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez Fallas, coordinar las acciones necesarias para que el Plenario Legislativo conozca nuevamente esa nómina “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros fijados por la sentencia.

La Sala aclaró que la prórroga de los nombramientos no implica un restablecimiento pleno e indefinido de las suplencias. Los magistrados suplentes únicamente podrán ser convocados en los casos considerados urgentes e indispensables, particularmente cuando un magistrado propietario no pueda participar por incapacidad, recusación o alguna otra causa legal de impedimento.

Los funcionarios cuyos nombramientos fueron prorrogados de manera temporal son Alejandro Delgado Faith, Huberth Fernández Argüello, Ana María Picado Brenes, Ileana Isabel Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, Alexandra Alvarado Paniagua, Ana Cristina Fernández Acuña, Aracelly Pacheco Salazar, Fernando Lara Gamboa, Jorge Isaac Solano Aguilar, Rosibel Jara Velásquez y José Roberto Garita Navarro.

El conflicto institucional se originó luego de que la Corte Plena enviara el 15 de octubre de 2025 una nómina integrada por 18 candidatos para llenar nueve de las doce plazas de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Sin embargo, después de once rondas de votación, la Asamblea Legislativa no logró elegir a ninguno de los aspirantes.

Posteriormente, la mayoría legislativa impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano promovió la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que los nombres propuestos no reunían el consenso político suficiente para alcanzar las mayorías requeridas.

La Corte Plena rechazó esa decisión y remitió nuevamente la misma nómina al Congreso. Meses después, el oficialismo optó por archivar el expediente sin continuar las votaciones, una actuación que ahora fue anulada por la Sala Constitucional.

El tribunal recordó que el artículo 164 de la Constitución Política establece que, una vez recibida la comunicación correspondiente, la Asamblea Legislativa debe realizar el nombramiento de magistrados suplentes en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre.

Asimismo, la sentencia cita como precedente la resolución 11083-2013, mediante la cual la propia Sala Constitucional ya había establecido que el Congreso carece de potestad para devolver la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia o negarse a efectuar los nombramientos, por tratarse de una obligación constitucional.

En esa oportunidad, la Sala sostuvo que la Asamblea está obligada a escoger a los magistrados suplentes entre las personas incluidas en la lista enviada por la Corte Plena, criterio que ahora fue reiterado por la mayoría del tribunal constitucional.

El fallo también condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por la vulneración acreditada, montos que deberán determinarse posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tras conocerse la resolución, diputados de oposición celebraron el fallo. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, afirmó que la decisión protege el derecho de cientos de personas que esperaban una resolución de la Sala Constitucional y responsabilizó al oficialismo por el retraso en los nombramientos.

Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, sostuvo que la sentencia confirma que la Asamblea tenía el deber constitucional de elegir a los magistrados suplentes utilizando la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el legislador del Frente Amplio, Antonio Trejos, recordó que desde el inicio de la discusión había advertido que devolver la lista de candidatos era una actuación contraria a la Constitución Política.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció que el próximo lunes 3 de agosto presentará una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, acusándolos de excederse en sus atribuciones al prorrogar los nombramientos de magistrados suplentes cuyo periodo concluyó en diciembre de 2025.

La denuncia estará dirigida contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes, según la acusación, dictaron una resolución contraria a la ley y vulneraron la división de poderes.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sostuvo que la medida judicial adoptada por los magistrados constituye una violación al artículo 158 de la Constitución Política de Costa Rica, que señala que los magistrados deben ser elegidos por un periodo de ocho años y que la potestad de nombramiento recae exclusivamente en el Poder Legislativo.

La querella, que será presentada ante la Secretaría de la Corte Plena, busca que se investiguen las responsabilidades penales y disciplinarias de los magistrados señalados. Además, la presidenta de la Asamblea Legislativa advirtió que el proceso judicial pretende restituir el equilibrio institucional y reafirmar la autoridad de la Asamblea en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Contexto de la crisis institucional

El conflicto institucional surgió tras una resolución de la Sala Constitucional (Sala Cuarta), que decidió prorrogar en sus cargos a magistrados suplentes cuyo mandato había finalizado el 16 de diciembre de 2025.

La decisión fue calificada como “ilegal e inconstitucional” por la presidenta de la República, Laura Fernández, quien consideró el acto como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Fernández argumentó que la Sala Constitucional ha asumido facultades que la Constitución y los tratados internacionales no le otorgan.

Según el Ejecutivo, la resolución vulnera diversos artículos constitucionales, incluyendo el 9, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164. El artículo 164, citado por la presidenta, establece que solo la ley puede fijar el periodo y las condiciones de los magistrados propietarios y suplentes, en tanto que el artículo 121 otorga al Legislativo la competencia exclusiva para el nombramiento y destitución de magistrados.

Por lo que, el el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, respaldó la postura del Ejecutivo y señaló que la decisión judicial fractura el Estado de derecho.

Repercusiones y división de poderes

La controversia ha reavivado el debate sobre la separación de poderes en Costa Rica. La Constitución Política define que la Asamblea Legislativa es la única instancia con autoridad para designar y remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La prórroga decidida por la Sala Constitucional ha generado críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos, que advierten sobre el riesgo de un precedente que pueda debilitar la estructura democrática y los equilibrios institucionales.

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han insistido en que el fallo de la Sala Constitucional transgrede los límites legales y afecta la legitimidad del sistema democrático. En declaraciones reproducidas por La Nación, la presidenta Fernández subrayó que la independencia de poderes resulta indispensable para garantizar la estabilidad democrática, y que cualquier extralimitación judicial pone en peligro ese fundamento.

De acuerdo con analistas consultados por La Nación, la disputa refleja tensiones acumuladas en la relación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta desafíos significativos. La agudización de este conflicto institucional ocurre en un momento en que la imagen del Poder Judicial ya estaba bajo escrutinio público.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para la ratificación del acuerdo bilateral entre El Salvador e Italia que permitirá el reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

Esta medida beneficiará a más de 80,000 salvadoreños residentes en ese país, facilitando su inserción laboral y movilidad dentro del país europeo, según confirmaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la sesión.

El dictamen, aprobado ayer por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, será discutido por los parlamentarios en la sesión plenaria (con la participación de los 60 diputados) posterior a las vacaciones de agosto. La propuesta fue enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y fue revisada en la Comisión con la participación de funcionarios de ambas carteras.

El acuerdo entre El Salvador y Italia establece un marco de cooperación para que los titulares de licencias de conducir no provisionales, expedidas por las autoridades de cualquiera de los dos países, puedan realizar la conversión y validación de sus documentos en el país de residencia. Según el documento oficial analizado por la comisión, el instrumento consta de once artículos y cuatro anexos técnicos que detallan procedimientos, requisitos, modelos de licencias, mecanismos de verificación y la protección de datos personales.

Durante la sesión, el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que el acuerdo permitirá a los salvadoreños en Italia utilizar sus licencias sin la necesidad de realizar exámenes adicionales, salvo en circunstancias especiales. Añadió que la medida facilitará la inserción en el mercado laboral, ya que muchos empleos requieren la acreditación de una licencia válida, y al mismo tiempo contribuirá a la movilidad y seguridad jurídica de los beneficiarios.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, especificó que, cuando el acuerdo sea aprobado por el pleno legislativo, su entrada en vigor estará sujeta al intercambio de notas diplomáticas entre ambos gobiernos. “El instrumento entrará en vigencia sesenta días después de la recepción de la segunda comunicación entre las partes”, detalló Góchez, citado por la comisión. Además, tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de iniciar negociaciones para su prórroga un año antes de su vencimiento.

Infobae reportó que, según datos oficiales, actualmente residen en Italia alrededor de 80,363 salvadoreños, quienes constituyen una de las comunidades más numerosas de la diáspora salvadoreña en Europa. El acuerdo también prevé la reciprocidad para los italianos residentes en El Salvador, quienes podrán validar sus licencias de conducción bajo el mismo procedimiento.

La diputada Evelin Merlos, integrante de la Comisión, resaltó que el mecanismo establecido por el acuerdo permitirá a los beneficiarios convertir sus licencias sin tener que pasar por todo el proceso administrativo nuevamente, lo que reduce trámites y otorga certeza jurídica tanto para quienes trabajan, como para los que estudian o se reencuentran con sus familias. Además, subrayó que el acuerdo fortalece los vínculos bilaterales y la cooperación entre ambos países.

El dictamen favorable de la comisión destaca que el acuerdo no implica un reconocimiento automático de las licencias, sino que establece procedimientos sujetos al cumplimiento de requisitos previamente acordados por las partes, garantizando así el control de las autoridades y la seguridad vial. Este enfoque fue respaldado por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador y por sus homólogos italianos, quienes participaron en el proceso de negociación y revisión del instrumento.

De ser aprobado en la sesión plenaria, tras las vacaciones de agosto, el acuerdo entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador, posteriormente a la notificación diplomática entre ambos gobiernos. El instrumento busca facilitar la integración social y económica de los migrantes salvadoreños en Italia, en línea con la política exterior de protección de la diáspora y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, según expusieron los diputados al concluir la sesión.

La Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.461, una reforma integral a la Ley de Radio de 1954 que actualiza el marco jurídico para las concesiones de radio y televisión en Costa Rica, modifica el sistema de cobro por el uso del espectro radioeléctrico y crea un nuevo régimen de sanciones para quienes operan estos servicios.

La aprobación fue posible luego de un acuerdo político entre las fracciones de Liberación Nacional y el oficialismo, que permitió retirar 110 mociones de fondo y destrabar el avance del proyecto en el Plenario. La iniciativa también contó con el respaldo del Frente Amplio.

Como parte del consenso alcanzado, los legisladores acordaron impulsar posteriormente dos reformas adicionales. La primera buscará ajustar el canon a la realidad económica de las emisoras de radio, mientras que la segunda pretende garantizar que un eventual retiro de una concesión esté sustentado exclusivamente en criterios técnicos.

Durante el debate, diputados que respaldaron el proyecto insistieron en la importancia de que la reforma sea sometida a una consulta de constitucionalidad, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los concesionarios y evitar eventuales cuestionamientos que puedan comprometer la aplicación de la nueva normativa.

Los defensores de la iniciativa sostuvieron que el país necesitaba modernizar una legislación con más de siete décadas de vigencia, al considerar que las condiciones económicas y tecnológicas del sector han cambiado de forma significativa desde que fue promulgada.

Uno de los principales cambios consiste en la actualización del canon que deberán pagar los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico, un recurso considerado de dominio público. Hasta ahora, los operadores cancelaban un monto fijo establecido hace más de 70 años, una situación que, según los impulsores del proyecto, ya no respondía al valor económico que representa la explotación comercial de las frecuencias.

Con la reforma, el canon pasará a calcularse sobre los ingresos brutos obtenidos por el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas. En el caso de las empresas de televisión, la tarifa máxima será de un 7.73 %, mientras que para las emisoras de radiodifusión sonora alcanzará hasta un 3.13 %, dependiendo del nivel de ingresos de cada concesionario.

Precisamente este nuevo esquema de cobro generó cuestionamientos durante la discusión legislativa. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sobre las pequeñas radioemisoras regionales, familiares y comunitarias.

Según advirtió, estos medios operan con márgenes financieros mucho más reducidos que las grandes cadenas nacionales y cumplen un papel fundamental en la comunicación de las comunidades, especialmente durante emergencias, campañas de salud, cierres de carreteras, actividades comunales e información de interés local.

La legisladora alertó además sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones puedan favorecer una mayor concentración del mercado, debilitando el pluralismo y la diversidad informativa en el país si algunas emisoras no logran asumir las nuevas cargas económicas.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto corresponde al destino de los recursos obtenidos mediante el cobro del canon. La reforma establece que el 50 % de lo recaudado será destinado al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para la administración, planificación y gestión del espectro radioeléctrico.

El otro 50 % financiará el Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual, un mecanismo creado para impulsar la producción audiovisual costarricense y apoyar el desarrollo de proyectos relacionados con la industria cultural y creativa del país.

Con la aprobación del expediente 24.461, el Congreso da un paso hacia la modernización del marco regulatorio de la radiodifusión en Costa Rica. Sin embargo, los propios diputados reconocieron que aún quedan ajustes pendientes para equilibrar el impacto económico sobre los concesionarios y garantizar que la nueva legislación ofrezca reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que favorezcan tanto la competencia como la pluralidad de los medios de comunicación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió este martes la solicitud de ratificación del acuerdo con Italia sobre el reconocimiento recíproco para la conversión de licencias de conducir. El instrumento, firmado el 19 de junio de 2026, fue enviado a las comisiones de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno para su estudio.

El acuerdo habilita a los titulares de licencias de conducir no provisionales emitidas en ambos países a convertirlas para su uso en el territorio de la otra parte sin realizar pruebas adicionales, salvo en situaciones específicas. La medida alcanza a salvadoreños residentes en Italia y a italianos residentes en El Salvador que necesiten validar su permiso para fines laborales o personales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la disposición facilitará la movilidad y la inserción laboral, al permitir el uso legítimo y seguro de las licencias en ambos territorios. También establece que los conductores estarán sujetos a la normativa de tránsito local.

¿Qué prevé el acuerdo?

El reconocimiento recíproco de las licencias de conducir está previsto para quienes fijen su residencia en el otro país. La conversión de licencias reducirá trámites y evitará pruebas adicionales para los beneficiarios.

Para acceder a la conversión de licencias se exige tener menos de seis años de residencia en Italia. También será necesario presentar la licencia salvadoreña original y los documentos requeridos por la normativa vigente, incluida una certificación en idioma italiano.

Los solicitantes deberán cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades de ambos países: en Italia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte; en El Salvador, el Viceministerio de Transporte.

El trámite en la Asamblea

La ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill remitió el acuerdo a la Asamblea Legislativa y solicitó su ratificación. La documentación enviada incluye el acuerdo original, sus anexos, la certificación de autorización presidencial y un resumen ejecutivo.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno revisará el instrumento internacional antes de que sea sometido a votación en el pleno.

El alcance para los salvadoreños en Italia

En junio de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el acuerdo permitirá que los connacionales hagan valer su licencia salvadoreña conforme a la normativa italiana, con impacto en la movilidad y en las oportunidades de inserción laboral de hasta 80 mil salvadoreños en sectores donde conducir es un requisito, como transporte, logística, construcción, servicios y asistencia domiciliaria.

El convenio fue firmado por Alexandra Hill y el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini. Durante la firma, Hill señaló: “Culminar este proceso es para nosotros sumamente importante, esto es más que un trámite, es transformar la diplomacia en oportunidades”.

La funcionaria agregó: “para muchos podría tratarse únicamente de una licencia de conducir. Sin embargo, para miles de salvadoreños significa acceso a mejores oportunidades laborales, menos trámites, menos gastos y más tranquilidad para sus familias”.

Salvini sostuvo que “esta firma representa un cambio para familias enteras, una firma que cambia la vida de muchas personas”. El canciller italiano Antonio Tajani destacó que “este acuerdo representa una oportunidad de integración de la comunidad salvadoreña en Italia”.

El acuerdo también permitirá que los salvadoreños cuenten con documentación válida y actualizada conforme a la legislación italiana, con menos costos y cargas administrativas gracias a los servicios de renovación de licencias que ya ofrecen los consulados salvadoreños en Roma y Milán.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

Con esta decisión, el Órgano Legislativo sumó la prórroga número 53 a una medida que ha transformado la vida pública salvadoreña y que sigue generando controversia a nivel nacional e internacional. La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría oficialista liderada por el partido Nuevas Ideas.

El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, entre ellas la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho a la defensa.

Desde el inicio de esta estrategia las fuerzas de seguridad han realizado más de 92 mil detenciones de personas vinculadas, según el Gobierno, a estructuras de pandillas.

El Ejecutivo sostiene que la medida ha permitido una reducción histórica en los índices de homicidios y extorsiones en todo el territorio salvadoreño.

La aprobación de la nueva extensión, con 57 votos a favor, se realizó en el pleno de la Asamblea Legislativa en San Salvador.

Los legisladores del bloque oficialista defendieron la continuidad de la política argumentando que es necesario mantener activas estas medidas para evitar que las organizaciones criminales puedan volver a operar en el país.

Según cifras presentadas por los diputados en diferentes ocasiones, la tasa de homicidios en El Salvador ha caído a niveles mínimos en comparación con años previos a la medida.

“Que nunca olvidemos las fronteras invisibles. Nuestros jóvenes obligados a escoger entre huir o unirse a una pandilla. Ahora nuestro compromiso como diputados es fortalecer esa paz y fortalecer el Estado de Derecho, y que las nuevas generaciones conozcan ese pasado por los libros de historia, nunca por experiencia propia”, dijo el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado que bajo el régimen se han registrado detenciones arbitrarias, desapariciones y muertes bajo custodia policial. El Ejecutivo, sin embargo, asegura que todas las acciones se realizan en el marco de la ley y que los casos de abusos se investigan de manera interna en las instituciones pertinentes.

Para el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, no se debe perder de vista el país “que nos heredaron los gobiernos anteriores”. Mencionó que los diputados están comprometido en seguir legislando en favor de todos los salvadoreños, “para que esas transformaciones de país continúen”, dando “herramientas a niñas, niños y jóvenes de El Salvador”, permitiendo que tengan educación de calidad, escuelas renovadas y que no se pierda una generación más por causa de la delincuencia e inseguridad.

A nivel nacional, la respuesta social al régimen se encuentra dividida. Sectores empresariales y muchas familias han manifestado que la estrategia permite recuperar espacios públicos y reactivar la economía local en comunidades previamente controladas por grupos criminales.

Por otro lado, víctimas de detenciones injustificadas, así como abogados defensores y organizaciones no gubernamentales, señalan que la suspensión prolongada de derechos fundamentales ha generado un clima de temor y vulnerabilidad jurídica.

El régimen de excepción fue decretado inicialmente en marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos principales pandillas que han operado en el país. Desde entonces, la medida se ha renovado de forma mensual, un hecho que ha convertido a El Salvador en uno de los países con mayor restricción de libertades civiles en la región.

La prórroga aprobada este martes se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la percepción de seguridad para seguir impulsando diversos proyectos. El oficialismo ha reiterado en diferentes ocasiones que la estrategia continuará “el tiempo que sea necesario” para garantizar la seguridad y el orden público.

La aprobación de la prórroga número 53 del régimen de excepción mantiene vigente un marco legal que ha modificado profundamente la estructura institucional salvadoreña y que sigue bajo la observación atenta de la comunidad internacional.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió por unanimidad, el 27 de julio de 2026 en San Salvador, dictámenes favorables para incorporar financiamiento externo y refuerzos presupuestarios destinados a telemedicina y educación, durante la sesión de este lunes.

Entre las medidas avaladas figuran recursos para Doctor SV, el Programa de Modernización del Sistema Educativo, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos para paquetes escolares de 2027, de acuerdo con la exposición de representantes del Ministerio de Hacienda ante los diputados.

Representantes del Ministerio de Hacienda detallaron las solicitudes durante la sesión y atribuyeron los refuerzos presupuestarios a excedentes de recaudación tributaria obtenidos hasta junio de 2026.

Refuerzos para telemedicina y salud

Entre los proyectos aprobados figura el refuerzo para el programa Doctor SV, iniciativa de telemedicina que opera a través del Hospital Nacional El Salvador.

Según explicó Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el financiamiento de USD 46,1 millones proviene de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento y permitirá fortalecer la plataforma digital, adquirir licencias y equipos, contratar personal especializado y ampliar la cobertura para consultas, exámenes de laboratorio y dispensación de medicamentos.

La subdirectora general de Presupuesto, Laura Michelle Arce, precisó que Doctor SV atiende actualmente unas 18,000 llamadas diarias y cuenta con más de 1.5 millones de usuarios registrados, con tres millones de citas médicas agendadas y más de dos millones de recetas emitidas.

El objetivo, según la funcionaria, es asegurar el acceso gratuito y permanente a servicios de salud digital en todo el territorio.

En materia de salud, también se reforzó el presupuesto con USD 62 millones adicionales para ampliar la cobertura de Doctor SV y asegurar la continuidad de los servicios de telemedicina y atención a distancia.

Fondos para educación y jóvenes

La sesión también aprobó la incorporación de recursos por USD 14.3 millones para el Programa de Modernización del Sistema Educativo, ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El financiamiento está destinado a la contratación de consultorías, capacitación docente, adquisición de equipos tecnológicos y desarrollo de plataformas digitales de aprendizaje.

Este refuerzo presupuestario forma parte de un préstamo mayor con la Corporación Andina de Fomento y se suma a otras asignaciones previas para la modernización pedagógica y tecnológica de los centros educativos públicos.

En paralelo, la comisión avaló la autorización para suscribir un préstamo de USD 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes.

El plan busca incrementar el acceso a la educación postsecundaria, fortalecer las capacidades académicas y socioemocionales, y otorgar becas y apoyos económicos a estudiantes en situación de vulnerabilidad, incluidos migrantes retornados, jóvenes con maternidad temprana y personas con discapacidad. La Dirección de Integración será la responsable de ejecutar este programa, que aspira a beneficiar a unos 60,000 jóvenes.

Paquetes escolares e infraestructura

Los dictámenes incluyeron, además, la asignación de USD 69 millones para garantizar los paquetes escolares del ciclo lectivo 2027, con la disponibilidad anticipada de útiles para estudiantes de escuelas públicas y el pago a micro y pequeñas empresas que confeccionan estos insumos.

De acuerdo con la exposición de los representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos también permitirán financiar proyectos de infraestructura, cubrir obligaciones por derechos de vía y ejecutar obras en los ámbitos vial, social, educativo, deportivo y turístico.

La sesión concluyó con la aprobación de todos los dictámenes sometidos a votación, sin objeciones de los diputados presentes.

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes en la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley con los que pretende fortalecer el combate contra el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y endurecer las herramientas del Estado frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato.

Durante una exposición de más de una hora, la mandataria aseguró que las iniciativas son el resultado del trabajo desarrollado por el equipo de Fuerza Élite, instancia que, según explicó, analiza semanalmente la situación de seguridad del país para identificar vacíos legales que obstaculizan la persecución del delito.

Fernández afirmó que Costa Rica enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y recursos que en décadas anteriores, por lo que consideró indispensable actualizar una legislación que calificó como “obsoleta” frente a las nuevas modalidades delictivas.

"No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico“, manifestó durante su intervención.

Reformar el proceso penal para acelerar la justicia

El primer proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio.

Según explicó la presidenta, la intención es reducir la duplicidad de trámites, acortar los tiempos de resolución de los expedientes y disminuir los costos operativos del Poder Judicial, sin afectar las garantías del debido proceso.

Fernández sostuvo que actualmente existen causas penales que tardan tantos años en llegar a juicio que incluso algunos testigos olvidan detalles de los hechos investigados.

Durante ese apartado también criticó al Poder Judicial por, según dijo, concentrarse en solicitar mayores recursos económicos en lugar de impulsar reformas para hacer más eficiente el sistema de justicia. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de la Corte en una reunión previa convocada para analizar las iniciativas.

Extradición para más delitos graves

Otra de las principales propuestas consiste en una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses por delitos vinculados con el crimen organizado transnacional.

La iniciativa contempla incluir delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, sicariato, homicidios relacionados con estructuras criminales, cibercrimen y participación en organizaciones criminales internacionales.

La presidenta aclaró que la extradición seguiría siendo una medida excepcional, sujeta a resolución de los tribunales costarricenses y al cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que la conducta sea considerada delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.

Tobilleras electrónicas para quienes obtengan beneficios carcelarios

Uno de los proyectos que Fernández calificó como prioritarios plantea el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico para personas condenadas que reciban beneficios de ejecución de la pena y puedan salir de prisión antes de cumplir totalmente su sentencia.

La mandataria utilizó como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al afirmar que si una legislación similar hubiera existido años atrás, el presunto líder criminal no habría permanecido prófugo durante una década.

Según explicó, el objetivo es sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente por un sistema de vigilancia permanente mediante tobilleras electrónicas que permita conocer la ubicación del beneficiario y reducir el riesgo de reincidencia.

La propuesta también pretende fortalecer los controles sobre los jueces de ejecución y endurecer los requisitos para acceder a regímenes de confianza.

Endurecer penas por minería ilegal

El cuarto proyecto está dirigido a combatir la explotación minera ilegal, particularmente en Crucitas, San Carlos.

La reforma aumentaría las penas de prisión por extracción ilegal de minerales, elevaría las sanciones para quienes financien o promuevan estas actividades y permitiría el decomiso de maquinaria, dinero y bienes utilizados en la actividad ilícita.

Fernández aseguró que las penas actuales resultan insuficientes para combatir este fenómeno y afirmó que existen personas detenidas en múltiples ocasiones por minería ilegal que recuperan rápidamente la libertad debido a la baja penalidad contemplada en la legislación vigente.

Pensiones alimentarias y nueva estructura policial

El quinto proyecto plantea sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico para deudores de pensión alimentaria, con el fin de que puedan mantener un empleo y generar ingresos para cumplir con sus obligaciones, bajo supervisión judicial.

No obstante, la mandataria aclaró que quienes incumplan nuevamente o manipulen el dispositivo perderían el beneficio y serían enviados al sistema penitenciario.

Finalmente, el sexto proyecto propone modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y sargento, además de establecer concursos públicos para ascensos y requisitos académicos y de experiencia para ocupar puestos de mando.

Fernández sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la carrera policial, eliminar nombramientos discrecionales y homologar la nomenclatura utilizada por las policías costarricenses con la empleada por cuerpos policiales internacionales.

Las negociaciones entre las distintas fracciones legislativas comienzan a dar resultados en la discusión del proyecto de ley que pretende atender la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos. Luego de semanas de estancamiento, los diputados confirmaron que cerca de 150 mociones de fondo ya fueron retiradas como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en la etapa de discusión de mociones de fondo. En total, se habían presentado más de 600 enmiendas, lo que había ralentizado significativamente su avance dentro de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores que participan en las negociaciones señalaron que existe un ambiente de mayor apertura entre las bancadas para construir un texto de consenso que permita atender no solo la minería ilegal, sino también los problemas de seguridad y desarrollo que enfrenta la zona norte del país.

El diputado oficialista Nogui Acosta aseguró que el proceso ha evolucionado positivamente y destacó la disposición de las distintas fracciones para ceder en algunos puntos.

“Hay que responderle a los sancarleños, sobre todo a la gente de Crucitas. Hemos logrado incorporar algunas mociones de Liberación Nacional y otras del Frente Amplio. Ya hemos visto la voluntad de las diferentes fracciones retirando mociones y esperamos que la próxima semana podamos empezar a trabajar directamente sobre el proyecto”, afirmó.

Desde el Partido Liberación Nacional también destacaron avances importantes en la negociación. El jefe de fracción, Alvaro Ramírez, informó que su bancada retiró más de 70 mociones, lo que representa alrededor del 40 % de las propuestas que habían presentado al expediente.

Según explicó, la decisión responde al trabajo desarrollado en una mesa de diálogo impulsada por esa fracción, en la que participan representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno.

Ramírez indicó que parte de los acuerdos incluye el compromiso del Poder Ejecutivo de convocar un proyecto de ley que tipifique la minería ilegal como un delito vinculado al crimen organizado, además de incorporar varias de las propuestas presentadas por Liberación Nacional al texto que actualmente se negocia.

“Estamos demostrando que existe compromiso con el país y con la zona de San Carlos para resolver este problema de manera integral. También hemos cumplido con los compromisos adquiridos dentro de esa mesa de trabajo”, señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, insistió en que uno de los principales vacíos del proyecto impulsado por el Gobierno es que no aborda con suficiente fuerza el componente de seguridad ni el combate a las estructuras criminales que operan detrás de la extracción ilegal de oro.

El legislador destacó la importancia de que el Ejecutivo haya convocado una iniciativa presentada por su partido para que la minería ilegal pueda ser investigada y perseguida bajo la legislación contra el crimen organizado.

Según Araya, actualmente las autoridades concentran sus esfuerzos en detener a los coligalleros, quienes realizan la extracción de oro de manera artesanal, mientras que las organizaciones que financian y controlan la actividad permanecen fuera del alcance de la justicia.

“Se persigue al coligallero, pero él es la mano de obra barata y descartable. A quienes están detrás comprando el oro y suministrando los insumos prácticamente no se les toca. Revisar este tema como crimen organizado es fundamental”, afirmó.

El diputado también reiteró sus críticas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la propuesta no resolverá el problema que enfrenta Crucitas.

A juicio del legislador frenteamplista, la iniciativa carece de medidas suficientes para enfrentar la inseguridad que se ha incrementado alrededor de la actividad minera ilegal y no ofrece una respuesta integral para la zona.

Las fracciones coinciden en que todavía quedan mociones por discutir; sin embargo, consideran que el retiro de aproximadamente 150 enmiendas representa un avance significativo para agilizar el trámite legislativo.

Si las negociaciones continúan al ritmo actual, los diputados esperan que durante las próximas semanas el proyecto pueda entrar en una etapa de discusión más expedita y acercarse a su eventual votación en el Plenario Legislativo.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres proyectos de ley con el que pretende fortalecer la recaudación de impuestos, combatir distintas modalidades de fraude fiscal y hacer más eficiente la recuperación de recursos adeudados al Estado.

El viceministro de Hacienda, Victor Julio Carvajal, explicó que las iniciativas forman parte de una reforma fiscal enfocada en cerrar portillos utilizados para la evasión de impuestos y mejorar los mecanismos con los que cuenta la administración tributaria para hacer cumplir las obligaciones fiscales.

La primera propuesta está dirigida al impuesto que pagan los cigarrillos. Según explicó el jerarca, la intención es eliminar la denominada “base mínima impositiva”, un mecanismo que actualmente toma como referencia el precio de la cajetilla de cigarrillos de mayor venta en el país para calcular el impuesto que deben cancelar otros productos del mercado.

De acuerdo con Hacienda, este esquema provoca que incluso las cajetillas de menor precio terminen tributando con base en el valor del producto de referencia, lo que en algunos casos genera cargas tributarias que superan el 400% del costo original de la cajetilla.

El viceministro sostuvo que esa diferencia entre el costo del producto y la carga impositiva ha convertido el contrabando de cigarrillos en una actividad altamente rentable para las organizaciones dedicadas al comercio ilegal.

Como ejemplo, recordó un operativo realizado la semana anterior en el que las autoridades decomisaron 28 millones de cigarrillos. Según los cálculos de Hacienda, únicamente por concepto de impuestos dejados de pagar, el perjuicio para el Estado superó los tres millones de dólares.

La segunda iniciativa se concentra en el combate de las llamadas facturas falsas, un mecanismo que, según datos del Ministerio de Hacienda, ya supera los ¢700,000 millones (USD 1.56 mil millones) en montos facturados.

El viceministro aclaró que no se trata de documentos falsificados, sino de facturas electrónicas que cumplen con todos los requisitos tecnológicos y son validadas por el sistema de Hacienda, pero que no corresponden a una transacción económica real entre las partes.

El objetivo de estas operaciones simuladas, explicó, es permitir que los contribuyentes que reciben esas facturas apliquen créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los que no tienen derecho y, además, registren gastos inexistentes que afectan el cálculo del impuesto sobre la renta.

Para Hacienda, este tipo de prácticas representa una afectación directa a las finanzas públicas, ya que disminuye la recaudación mediante mecanismos de evasión sustentados en documentación aparentemente válida.

Como parte del proyecto, el Ministerio propone facultar a la administración tributaria para bloquear durante cinco años del sistema de facturación electrónica a las empresas que sean detectadas realizando transacciones simuladas o comercializando este tipo de comprobantes.

La medida también contempla que ese bloqueo pueda aplicarse de forma inmediata como una medida cautelar mientras avanzan los procedimientos administrativos correspondientes, con el propósito de impedir que continúe la emisión de facturas utilizadas para cometer fraude tributario.

El tercer proyecto de ley busca modificar el esquema de cobro judicial establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con el fin de acelerar la recuperación de las deudas pendientes con el Estado.

Actualmente, explicó el viceministro, la Oficina de Apremio Tributario debe acudir al Poder Judicial para presentar las demandas necesarias antes de solicitar embargos sobre bienes de los contribuyentes morosos.

La propuesta plantea que, una vez agotadas todas las etapas de apelación —incluyendo el Tribunal Fiscal Administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa— y cuando la deuda ya sea líquida y exigible, funcionarios especialmente designados por el Ministerio de Hacienda puedan ejecutar directamente diversas actuaciones administrativas.

Entre esas facultades se incluyen realizar anotaciones registrales y efectuar notificaciones sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial, lo que permitiría reducir tiempos y agilizar significativamente la recuperación de recursos para el Estado.

Con este paquete de proyectos, Hacienda apuesta por modernizar herramientas de fiscalización, fortalecer el combate contra la evasión y el fraude tributario, y hacer más eficiente la gestión de cobro de las obligaciones fiscales, en momentos en que el Gobierno busca incrementar la efectividad de la recaudación sin recurrir a la creación de nuevos impuestos.

Los proyectos presentados entrarán a la agenda Legislativa para ser votados en el plenario, por los 57 diputados.

El gobierno pidió incorporar USD 90.935 al presupuesto de 2026 para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de financiar actividades de promoción económica en el exterior y reforzar capacidades operativas de la Cancillería. La solicitud fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda.

La petición, remitida por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, responde a instrucciones de la Presidencia de la República. El documento plantea que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de esos fondos al presupuesto vigente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga de recursos adicionales durante el ejercicio fiscal.

“Se requiere incorporar en el presupuesto vigente de 2026 la cantidad de US$90,935.00 con el objetivo de financiar actividades estratégicas de promoción económica en el exterior, así como una compra local complementaria de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de Office, destinados a fortalecer las capacidades operativas de esa institución; que sumado al monto programado en el ejercicio vigente por US$200,000.00, totaliza la cantidad de US$290,935.00″, justifica el documento.

Marco legal y origen de los fondos

La correspondencia entregada a la Asamblea Legislativa detalla que en julio de 2023, la Asamblea avaló un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta USD 75 millones, para financiar el “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador”, ejecutado por los ramos de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores.

Dentro de ese programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina el proyecto de inversión 8551, denominado “Programa de fortalecimiento de oficinas económicas comerciales para atracción de inversionistas del extranjero, promoción y turismo – Componente tres, MIREX – CAF”.

Para ese proyecto ya se asignaron USD 995.213, con una ejecución acumulada en 2024 y 2025 de USD 393.199, y para 2026 se programaron USD 200.000. Tras esas asignaciones, queda un saldo disponible de USD 402.014 para el mismo programa.

Cómo se distribuirán los recursos

El Ministerio de Hacienda sostiene que, de ese saldo, es necesario incorporar al presupuesto vigente de 2026 la cantidad de USD 90.935. Según la solicitud, esos fondos permitirán financiar actividades de promoción económica internacional y cubrir la adquisición local de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de software para reforzar las capacidades operativas de la Cancillería.

Con esa incorporación, la suma total de recursos programados para estas acciones en 2026, incluidos los fondos ya presupuestados, ascenderá a USD 290.935.

Alcance de la reforma presupuestaria

El proyecto de decreto legislativo establece que, en la Sección A del Presupuesto General del Estado, en el apartado de ingresos del Gobierno Central, se incrementará la fuente de financiamiento de organismos multilaterales con los USD 90.935 provenientes del préstamo con la CAF.

En el apartado de gastos, esos recursos serán asignados a la Unidad Presupuestaria 05, Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, en la línea de trabajo relativa a la transformación del clima de negocios, bajo la fuente de financiamiento de préstamos externos.

La solicitud también instruye a la Asamblea Legislativa a incorporar la pieza de correspondencia al proceso formal de formación de ley y a tramitar la iniciativa conforme a derecho, para que la reforma sea aprobada en tiempo oportuno.

La solicitud de Hacienda fue admitida en el pleno y pasará a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial dedicada a los asuntos de la provincia de Guanacaste, en un contexto marcado por un fuerte desacuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a la utilidad de estos órganos parlamentarios.

Según informó delfino.cr, la moción impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 29 votos en contra y 24 a favor, impidiendo así la conformación del grupo propuesto.

De acuerdo con un reporte de Delfino.cr, la iniciativa planteaba que la comisión funcionara hasta el 30 de abril de 2030, con el objetivo de investigar, analizar, dictaminar y fiscalizar temas vinculados al desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional de Guanacaste.

Además, se habría encargado de dar seguimiento a proyectos de inversión pública, ejecución presupuestaria, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, gestión del agua, turismo y ordenamiento territorial.

El diseño de la comisión preveía la participación de nueve diputaciones: cinco del partido oficialista Pueblo Soberano, dos del PLN, una del Frente Amplio (FA) y una representante de una fracción unipersonal.

Karol Matamoros y Ronald Campos, diputados del PLN, defendieron la moción al considerar que permitiría agilizar proyectos para la provincia y escuchar las demandas de municipalidades, asociaciones comunales, agricultores, pescadores y otros sectores productivos de la región.

“Los aniversarios se celebran, pero los pactos se honran”, expresó Campos, en alusión al 202 aniversario de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica, según recogió delfino.cr.

Campos remarcó que la propuesta garantizaba mayoría al oficialismo y evitaba que la comisión se convirtiera en un instrumento de control político. Por su parte, Matamoros sostuvo que la creación de este espacio permitiría construir una agenda provincial articulada y evitaría que cada diputación gestionara de forma individual ante las instituciones estatales.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, reiteró el rechazo de su bancada a la formación de comisiones provinciales. Argumentó que las diputaciones tienen la capacidad de atender las necesidades de las comunidades mediante visitas, reuniones y aprovechando los órganos legislativos ya existentes. “No ocupamos una comisión para darle respuesta a los guanacastecos”, señaló Acosta Jaén, de acuerdo con delfino.cr.

A estas críticas se sumaron los diputados oficialistas José Miguel Villalobos Umaña, Nayuribe Guadamuz y Daniel Siézar Cárdenas, quienes cuestionaron la propuesta al considerar que la labor territorial forma parte de las obligaciones ordinarias de las diputaciones y advirtieron sobre el riesgo de “comisionitis”, por la proliferación de nuevos órganos legislativos.

Villalobos además acusó a los promotores de presentar la moción pocos días antes del 25 de julio para obtener réditos políticos, mientras Guadamuz puso en duda los resultados alcanzados por la comisión provincial que existió el periodo legislativo anterior.

Matamoros y Campos rechazaron tales críticas, defendiendo que su iniciativa buscaba unir a las diputaciones alrededor de las prioridades de Guanacaste.

La propuesta recibió, en cambio, el respaldo de representantes del Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana, mismos que argumentaron que las desigualdades territoriales justifican la existencia de espacios especializados para evitar que los asuntos de las provincias costeras queden relegados dentro de las agendas de las comisiones permanentes. La diputada frenteamplista Vianey Mora Vega afirmó que estas comisiones permiten visibilizar las demandas de las organizaciones provinciales, mientras la socialcristiana Abril Gordienko López indicó que el modelo de desarrollo del país está concentrado en el Valle Central.

El rechazo a la creación de la comisión para Guanacaste se suma a decisiones similares adoptadas en semanas recientes, cuando también fracasaron iniciativas para conformar foros dedicados a la provincia de Cartago y a la infraestructura pública, según detalló delfino.cr.

Ninguno de estos proyectos alcanzó el respaldo del oficialismo y quedaron archivados. Durante la sesión legislativa de ayer tampoco se votaron proyectos de ley ni reformas constitucionales, y las comisiones dictaminadoras no sesionaron.

La diputada Claudia Dobles respondió a la presidenta de la República, Laura Fernández, luego de que la mandataria defendiera la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo para evaluar a los ministros de Estado y cuestionara los señalamientos realizados por la legisladora contra varios integrantes del gabinete.

El intercambio se originó después de que Dobles criticara públicamente la gestión de dos jerarcas del Gobierno. La diputada aseguró que el ministro de la Presidencia ha mantenido una participación insuficiente en la conducción política entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, al tiempo que cuestionó al ministro de Hacienda por impulsar una propuesta que contempla gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) parte de la canasta básica. Ambos puesto asumidos por el expresidente, Rodrigo Chaves.

Las declaraciones de la legisladora provocaron una respuesta de la presidenta Laura Fernández, quien durante la conferencia de prensa semanal defendió la labor de sus ministros y afirmó que corresponde únicamente a la Presidencia de la República valorar el desempeño de quienes integran el gabinete.

“Cuando doña Claudia sea la presidenta de la República, que evalúe y juzgue a los ministros del Gobierno. Mientras yo sea la presidenta de la República, ese es mi trabajo”, manifestó la mandataria.

Tras esas declaraciones, Dobles utilizó sus redes sociales para responder y reiterar que sus cuestionamientos forman parte de las atribuciones que la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa en materia de control político.

“Doña Laura, estoy segura de que conoce el artículo 121, incisos 23 y 24, de la Constitución Política. Usted nombra y evalúa a sus ministros; la Asamblea los investiga, interpela y fiscaliza. Estoy haciendo mi trabajo. Haga usted el suyo: menos show, menos venta de humo y más resultados”, escribió la diputada.

En la misma publicación, Dobles insistió en sus críticas al Gobierno y afirmó que “hasta ahora tenemos un ministro de la Presidencia ausente y un ministro de Hacienda que pretende gravar la canasta básica”, reforzando los señalamientos que habían motivado la respuesta presidencial.

El artículo 121 de la Constitución Política, citado por la legisladora, establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa la posibilidad de investigar asuntos de interés público, interpelar a los ministros de Gobierno y ejercer funciones de fiscalización sobre la administración pública. Precisamente en esas facultades fundamentó Dobles su derecho a cuestionar la gestión de los jerarcas del Poder Ejecutivo.

Desde la perspectiva del Gobierno, sin embargo, la designación, permanencia y evaluación de los ministros constituye una competencia exclusiva de la Presidencia de la República. Bajo ese argumento, Laura Fernández sostuvo que corresponde al Ejecutivo determinar el desempeño de los integrantes de su gabinete y decidir eventuales cambios dentro del Consejo de Gobierno.

El intercambio refleja el ambiente de confrontación política que se ha intensificado en las últimas semanas entre el Gobierno y sectores de oposición en la Asamblea Legislativa, especialmente en temas relacionados con la conducción política del Ejecutivo y las medidas económicas impulsadas por la administración.

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la propuesta impulsada desde el Ministerio de Hacienda para modificar el tratamiento tributario de algunos productos de la canasta básica, iniciativa que ha generado cuestionamientos tanto de diputados como de diversos sectores sociales y productivos.

A ello se suma la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde la oposición ha criticado en varias ocasiones la estrategia política del Gobierno para construir acuerdos legislativos, señalando una limitada interlocución con las diferentes fracciones parlamentarias.

El episodio representa un nuevo capítulo en las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición legislativa, en momentos en que diversos proyectos de ley y decisiones económicas mantienen un elevado nivel de confrontación política dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) redoblaron la presión sobre la Asamblea Legislativa para que retome el texto original del proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4x3, al considerar que las modificaciones introducidas durante la legislatura anterior desvirtuaron el objetivo de la iniciativa y reducen su impacto sobre la competitividad del país.

El llamado de los empresarios se produce en un contexto de desaceleración del régimen especial de zonas francas, uno de los principales motores del crecimiento económico costarricense.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 3,4% en abril de 2026, cifra que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y marca la primera ocasión en el año en que la economía crece por debajo del 4%.

Según la autoridad monetaria, esta moderación responde principalmente al comportamiento de los regímenes especiales, cuyo crecimiento se desaceleró en 12,3 puntos porcentuales en comparación con abril de 2025.

Ante ese escenario, Azofras sostiene que el país necesita herramientas que permitan mantener su atractivo frente a otras economías que compiten por captar inversión extranjera.

“Azofras hace un llamado a retomar el espíritu inicial del proyecto, con el objetivo de garantizar que el mismo pueda cumplir su propósito”, señaló la organización en un pronunciamiento.

La agrupación considera indispensable recuperar el texto base del expediente 24.290, denominado Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales para Casos Determinados que sean Excepcionales y Muy Calificados, pues afirma que las modificaciones aprobadas durante el período legislativo anterior incorporaron requisitos, procedimientos y restricciones que dificultan su aplicación.

Además, sostiene que se añadieron limitaciones para determinados sectores y condiciones adicionales que reducen considerablemente el número de empresas que podrían acogerse al régimen excepcional.

“El texto actual se aleja del objetivo con el que se presentó originalmente y pierde eficacia como instrumento para responder tanto a las necesidades del sector productivo como de los trabajadores”, indicó Azofras.

Para la organización, la versión original del proyecto permitiría fortalecer la seguridad jurídica tanto para las empresas como para los trabajadores, al establecer reglas claras para actividades productivas que requieren procesos continuos de operación.

Los empresarios sostienen que la aprobación de una legislación sobre jornadas excepcionales contribuiría a atraer nuevas inversiones, incentivar la reinversión de compañías que ya operan en el país y generar más empleo formal, especialmente en industrias de alto valor agregado como dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios globales.

En esa misma línea, la Uccaep manifestó que el proyecto ha sido impulsado desde hace varios años como una herramienta para fortalecer la competitividad nacional sin dejar de respetar los derechos laborales ni los estándares constitucionales.

No obstante, considera que las reformas aprobadas durante la legislatura anterior “hacen prácticamente imposible su aplicación”.

“El texto original del proyecto logró construir un equilibrio razonable entre la protección de los trabajadores y las necesidades del sector productivo, pero las modificaciones posteriores rompieron ese equilibrio”, afirmó la organización empresarial.

Ambas cámaras argumentan que otros países continúan modernizando sus marcos regulatorios para ofrecer condiciones más atractivas a empresas multinacionales, por lo que Costa Rica corre el riesgo de perder competitividad si mantiene un marco legal que consideran poco flexible.

Según Azofras, la discusión trasciende el tema laboral y tiene implicaciones directas sobre la capacidad del país para responder a un entorno internacional cada vez más competitivo en la captación de inversión.

Mientras tanto, el proyecto permanece estancado en la Asamblea Legislativa, en medio de la oposición del Frente Amplio y de la falta de una posición definida por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional.

Las organizaciones empresariales insistieron en que los diputados tienen la oportunidad de recuperar el texto original antes de la votación definitiva del expediente, al considerar que ello permitiría fortalecer la productividad, impulsar el crecimiento económico y preservar el atractivo de Costa Rica como destino para empresas de alta tecnología y servicios especializados.

El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, solicitó la autorización a la Asamblea Legislativa para suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta US $100 millones. El objetivo principal es financiar el “Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador”, enfocado en impulsar la continuidad educativa de jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la educación media y postsecundaria para estudiantes del sector público.

Detalles del préstamo y condiciones

La solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa estipula que el préstamo será por un monto de hasta US$100 millones, con un plazo de hasta 23 años a partir de la firma del contrato. La primera cuota de amortización deberá pagarse a los 90 meses desde la entrada en vigor del contrato, y el resto de las cuotas serán semestrales hasta la cancelación total de la deuda.

El contrato establece el pago de intereses conformados por una tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de convertirlo a tasa fija o cualquier otra disponible. Además, incluye una comisión sobre el saldo no desembolsado, que no podrá exceder el 0,75% por año y que comenzará a devengarse 60 días después de la firma del contrato.

El programa contempla un aporte local de hasta US$10 millones, de acuerdo con lo estipulado en el contrato con el BID.

Objetivos del programa

Según la correspondencia remitida a la Asamblea Legislativa, los fondos se destinarán a “fortalecer e incrementar el acceso a servicios de apoyo para el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales de estudiantes de educación media“, tal como detalla la propuesta. El programa también busca ampliar el acceso a la educación postsecundaria para jóvenes del sector público y migrantes retornados, así como fortalecer las capacidades institucionales del país para el monitoreo y acompañamiento de trayectorias educativas postsecundarias.

Financiamiento adicional y características del proyecto

El BID también otorgará un financiamiento adicional no reembolsable de hasta US$4 millones para este programa, según la iniciativa presentada por el Ejecutivo. El proyecto ha sido clasificado como de impacto ambiental y social “Categoría C”, lo que indica que probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental o social negativo.

Aprobado el 24 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en etapa de implementación y se enmarca en el subsector de transición de la escuela al trabajo, bajo la modalidad de operación de inversión específica.

Proceso legislativo y formalización

La solicitud fue presentada por el Ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada. En la correspondencia oficial, se indica que la finalidad es que la Asamblea Legislativa conozca y apruebe el proyecto, permitiendo así la formalización del contrato de préstamo y el inicio de las intervenciones previstas.

El documento fue admitido en la plenaria ordinaria de este miércoles y el proceso continúa con la revisión y aprobación legislativa del decreto, así como la posterior firma del contrato con el BID y la inyección de los fondos a las certeras gubernamentales correspondientes.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una flota de nuevos vehículos institucionales, cuya asignación podría beneficiar a distintas fracciones parlamentarias según las necesidades de trabajo.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien detalló que la información sobre la compra estará disponible en el portal de transparencia en los próximos días.

Según el funcionario, estos automóviles no están destinados a la junta directiva ni a diputados específicos, sino que serán utilizados para tareas administrativas y operativas de la institución.

El presidente de la Asamblea expresó que la distribución de los vehículos responde a criterios de funcionalidad y apoyo logístico. “Los automóviles adquiridos son pickups para labores institucionales y, en algunos casos, podrán ser asignados a fracciones que los requieran para el trabajo legislativo. Además, se incluyeron algunos microbuses para el traslado de personal”, aseguró.

Esto abre la puerta a que las distintas fracciones legislativas puedan solicitar vehículos para fortalecer su labor, siempre que justifiquen la necesidad ante las autoridades administrativas.

El funcionario aseguró que los datos sobre la adquisición estarán disponibles esta semana en el portal de transparencia. “No tenemos nada reservado; simplemente, los datos se publican una vez finalizados los procesos. En este caso, ya finalizó el proceso y esta semana se recibieron los vehículos”, afirmó Castro.

El presidente legislativo subrayó que la flota adquirida está compuesta, principalmente, por pickups y algunos microbuses, destinados al traslado de personal y a labores institucionales. “Se trata de vehículos de trabajo, no de lujo”, puntualizó.

La adquisición forma parte de una serie de cambios implementados en la Asamblea Legislativa, que incluyen remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario. Entre los trabajos en curso se encuentra la mejora de la zona de parqueos, que presentaba deficiencias estructurales y complicaciones para el tránsito interno, especialmente en época de lluvias. “Estamos remodelando la zona de los parqueos, que antes tenía baches y dificultaba el acceso. Todo eso se está solucionando”, recordó Castro.

Durante las declaraciones a medios, previo el inicio de la plenaria de este día, Castro también se refirió a otras iniciativas en marcha para la comunidad salvadoreña en el exterior. Explicó que se han realizado cambios para facilitar el regreso de los salvadoreños que residen en otros países, incluyendo incentivos como facilidades para el menaje de casa y estímulos para quienes decidan invertir en El Salvador.

“Cuando se toma una decisión de este tipo, no se implementa de forma inmediata, sino que existe un período de transición en el que la Asamblea Legislativa brinda apoyo para que los salvadoreños puedan reincorporarse, si así lo requieren”, sostuvo.

En ese sentido, el presidente de la Asamblea manifestó su expectativa sobre la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos. “Esperamos que la situación migratoria de los salvadoreños en el exterior se resuelva de forma positiva y que el estatus temporal que poseen se prorrogue”, señaló.

Sobre otras iniciativas en discusión dentro del órgano legislativo, Castro indicó que algunos temas todavía se encuentran en revisión y que su avance depende del calendario institucional. Precisamente al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, el funcionario dijo que “el tema aún está en revisión”.

“Se continuará con el proceso en las próximas semanas. La próxima semana está contemplada en el calendario legislativo, (pero) luego se realizará la vacación de agosto. Después de ese receso, la iniciativa volverá a ser considerada y discutida. Si el pleno lo requiere, también se someterá a aprobación”, concluyó.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles con 59 votos a favor y durante la Sesión Plenaria Ordinaria N° 119 la prórroga de la validez de las placas de vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

La decisión, adoptada tras la presentación de una iniciativa por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, tiene como propósito evitar un impacto económico adicional en los hogares salvadoreños al posponer la renovación obligatoria de matrículas.

La iniciativa aprobada extiende los efectos del Decreto Legislativo número 622, originalmente emitido en diciembre de 2022, y extiende la validez de las matrículas que vencían en 2017.

De acuerdo con la documentación legislativa, el objetivo principal consiste en garantizar la continuidad legal de la circulación vehicular en todo el país, así como mitigar el gasto que representaría para la población la emisión inmediata de nuevas placas.

Según la exposición de motivos, la medida ofrece un alivio financiero directo a las familias, al evitar un desembolso imprevisto por la adquisición de nuevas matrículas.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial analizó el expediente 679-7-2026-1, en el que se detalla que la prórroga permitirá al Ejecutivo un periodo prudencial para realizar una evaluación técnica y financiera del proceso de cambio de placas.

Durante el análisis, se destacó que la extensión también contribuye a una planificación presupuestaria eficiente, ya que posterga el traslado de cargas financieras adicionales a los ciudadanos mientras se estudian alternativas para la modernización del parque vehicular.

El decreto establece que la nueva prórroga entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial, condición necesaria para su aplicación. De esta forma, las placas con formato 2011 mantendrán su validez legal hasta el 31 de agosto de 2027. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte continuará evaluando alternativas para una eventual emisión de nuevas matrículas, priorizando la estabilidad financiera de la población.

El marco legal de esta extensión se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, emitida en 1993 y reformada en múltiples ocasiones para adaptarse a las necesidades económicas y administrativas del país.

En el dictamen se menciona que es necesario realizar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar recursos en la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.

«Coadyuva a la estabilidad financiera nacional al programar de forma eficiente la modernización del parque de placas», indica el dictamen aprobado en el pleno.

El periodo de validez de las placas había sido prorrogado previamente en 2017, 2021, 2024 y 2025, en respuesta a distintos factores, incluida la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Esta nueva prórroga da continuidad a una serie de disposiciones transitorias que buscan mantener la certeza jurídica en el tránsito vehicular y proteger el patrimonio de los salvadoreños.

La plenaria, realizada este 22 de julio de 2026, se llevó a cabo sin intervenciones en contra de la iniciativa. Al cerrarse la votación, la aprobación de la prórroga se formalizó como parte de una estrategia de alivio fiscal y administrativa para la ciudadanía.

El Órgano Legislativo de El Salvador avanzó este martes con la ratificación del Acuerdo Marco para el Establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA) tras emitir un dictamen favorable en comisión. La solicitud formal fue presentada el 10 de julio de 2026 por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez.

La medida, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá al país acceder a cooperación técnica, financiamiento internacional y programas de conservación enfocados en los felinos silvestres de su territorio, según documentos oficiales disponibles en el portal legislativo.

El acuerdo entró en vigor a escala internacional el 23 de enero de 2025 y, para El Salvador, su aplicación será efectiva 15 días después del depósito del instrumento legal correspondiente.

Alcance del acuerdo y especies alcanzadas

El objetivo central del acuerdo es promover la cooperación internacional para la protección de siete grandes felinos a nivel mundial: tigre, león, leopardo, leopardo de las nieves, puma, jaguar y guepardo.

El enfoque salvadoreño, según explicó Diego Góchez director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta a canalizar recursos y conocimientos hacia la protección de especies nativas como el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el gato zonto o yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). “Para El Salvador no se centra la prioridad en especies exóticas, sino en proporcionar impacto en las especies nativas locales y el ecosistema propio del país”, puntualizó Góchez durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa.

El documento oficial señala que la IBCA busca “abordar los desafíos comunes para la protección y conservación de siete grandes felinos principales del mundo para asegurar el futuro socioecológico y apoyar la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático”.

Monitoreo, capacitación y cooperación técnica

En la sesión, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicaron que el país utiliza tres estaciones de fototrampeo en áreas naturales protegidas para monitorear la fauna silvestre desde 2022.

Con la adhesión a la IBCA, esperan ampliar los mecanismos de vigilancia, acceder a software especializado para el monitoreo y fortalecer la capacitación técnica del personal a cargo de la conservación. Entre los beneficios identificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores figuran la posibilidad de implementar sistemas de alerta temprana, fortalecer las capacidades de los guardaparques y adoptar técnicas avanzadas para prevenir la caza furtiva.

El acuerdo también promueve la elaboración de estrategias para la convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre, ante el aumento de desplazamientos de animales por efectos del cambio climático.

Trámite legislativo y contenido institucional

El contenido del acuerdo abarca principios rectores, programas, funciones de la asamblea y la secretaría, presupuesto, recursos financieros, membresía, privilegios, inmunidades, derechos de propiedad intelectual, solución de controversias, enmiendas y entrada en vigor.

Durante la discusión legislativa, el diputado Raúl Chamagua sostuvo que el instrumento muestra el impacto de la cooperación diplomática en la protección del medio ambiente y se suma a los compromisos del Estado salvadoreño en materia de conservación.

La formalización del proceso incluyó la intervención del notario Diego José Góchez Aragón, quien presentó la documentación para la traducción y el depósito del acuerdo, de acuerdo con los requisitos legales salvadoreños. La adhesión se concretará tras cumplir esos procedimientos ante las instancias internacionales.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica informó este martes que fue objeto de un intento de ciberataque contra sus sistemas informáticos, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos para proteger la infraestructura tecnológica del Congreso.

La información fue dada a conocer por la presidenta del Directorio Legislativo, Yara Jiménez, quien explicó que el incidente ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Tras detectar el intento de vulneración, las áreas de Seguridad y Tecnologías de la Información intervinieron de inmediato para impedir que los atacantes lograran acceder a los sistemas institucionales.

Según explicó la jerarca, ya solicitó un informe detallado a ambas dependencias para conocer el alcance del incidente y las acciones ejecutadas durante la atención de la emergencia.

“Entre anoche y hoy en la madrugada la Asamblea Legislativa sufrió una especie de ciberataque. He pedido un informe a la Gerencia de Seguridad y a Tecnologías de la Información de la Asamblea Legislativa”, manifestó.

De acuerdo con la explicación brindada, el objetivo de los responsables era vulnerar los sistemas de información del Congreso. Sin embargo, la respuesta inmediata de los equipos especializados permitió activar los mecanismos de protección antes de que se concretara un acceso no autorizado.

La presidenta del Congreso indicó que, como parte del protocolo de respuesta, fue necesario desactivar temporalmente los sistemas informáticos.

“Trataron de vulnerar nuestros sistemas de información y eso hizo que tuvieran que intervenir los señores de seguridad de la Asamblea Legislativa para evitar que vulneraran, evidentemente, nuestros sistemas de información”, señaló.

Añadió que este tipo de incidentes obliga a priorizar la protección de la información institucional sobre la disponibilidad inmediata de los servicios tecnológicos.

“Cuando eso sucede, por supuesto que hay protocolos y el protocolo fue justamente desactivar los sistemas para evitar que los intrusos que intentaron vulnerarlos entraran en nuestro sistema”, explicó.

La interrupción temporal de algunos servicios también obligó a modificar la forma en que se comunicó la agenda legislativa del día.

Con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y que los diputados tuvieran acceso oportuno a la convocatoria de la sesión, la Asamblea Legislativa decidió publicar el orden del día mediante un alcance del diario oficial La Gaceta.

“Ante una situación como esa, aquí prima la continuidad de la gestión pública y fue por eso que la opción que nosotros tomamos fue publicar el orden del día en el Diario Oficial La Gaceta, en un alcance, para que ustedes tuvieran acceso al orden del día”, indicó la presidenta del Congreso.

Hasta el momento, las autoridades legislativas no han informado si el intento de ataque provocó filtraciones de información, pérdida de datos o afectaciones permanentes en la infraestructura tecnológica de la institución.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el origen del intento de intrusión ni sobre los responsables, aspectos que formarán parte del informe solicitado a las áreas técnicas y de seguridad.

El incidente ocurre en un contexto en el que las instituciones públicas del país han reforzado sus medidas de ciberseguridad tras diversos ataques informáticos registrados en los últimos años, por lo que la Asamblea Legislativa aseguró que continuará aplicando los protocolos establecidos para resguardar sus sistemas y garantizar la continuidad de sus funciones.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley 24,079, una reforma que amplía las competencias de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para desarrollar actividades relacionadas con combustibles producidos a partir de fuentes distintas del petróleo, entre ellos los biocombustibles y el hidrógeno verde. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados presentes, con 54 votos a favor, ninguno en contra y tres ausencias.

El proyecto, presentado originalmente por el exdiputado Manuel Morales durante el período legislativo anterior, fue objeto de modificaciones durante su trámite en el Congreso, lo que permitió obtener el respaldo de todas las fracciones legislativas.

Con la aprobación en segundo debate, el texto queda a la espera de la firma de la presidenta de la República, Laura Fernández, y de su publicación para entrar en vigencia.

La reforma modifica el artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo e incorpora nuevas facultades para que la empresa pueda investigar, adquirir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar a granel hidrocarburos, derivados y subproductos obtenidos de fuentes distintas del petróleo.

Entre estas alternativas se incluyen los biocombustibles y el hidrógeno verde destinados al uso energético.

La normativa establece que estas actividades deberán realizarse bajo el marco regulatorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y en condiciones de competencia. Asimismo, autoriza a Recope a establecer alianzas público-públicas y público-privadas dentro de sus competencias, incluso con productores de hidrocarburos, derivados y combustibles provenientes de fuentes diferentes al petróleo.

Antes de ejecutar procesos relacionados con la adquisición, importación, almacenamiento o comercialización de estos nuevos productos, la empresa deberá presentar al ente rector los estudios técnicos y operativos que demuestren la oportunidad y conveniencia de cada iniciativa, así como su conformidad con la política energética nacional.

La reforma también incorpora un nuevo artículo 6 bis, mediante el cual el Estado reafirma el compromiso de promover la transición hacia energías provenientes de fuentes renovables. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, fortalecer la seguridad y resiliencia energética del país y garantizar un abastecimiento sostenible para la población y los sectores productivos.

El texto aprobado establece además que las actividades relacionadas con la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas natural por parte de Recope no podrán utilizarse como argumento para retrasar, sustituir o disminuir las inversiones destinadas al desarrollo y aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

Como parte de la reforma, también se actualizan las funciones de la Aresep, que incorporará expresamente la regulación del suministro de gas natural, hidrógeno verde, biocombustibles, asfaltos y naftas, tanto en los planteles de distribución como en los productos destinados al consumidor final.

La entidad reguladora también será responsable de fijar las tarifas correspondientes al transporte utilizado para el abastecimiento nacional de estos productos.

La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, calificó la aprobación de la iniciativa como uno de los cambios más relevantes para la institución desde la promulgación de su ley constitutiva. Según indicó, la reforma responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico de la empresa para adaptarlo a la evolución del mercado energético y a los desafíos que enfrenta el país en materia de transición hacia fuentes de energía más limpias.

“Durante muchos años existió la convicción de que Costa Rica necesitaba actualizar la legislación para responder a los cambios que vive el sector energético. Hoy ese esfuerzo finalmente se concreta con una ley que fortalece la seguridad energética del país y nos permite prepararnos para los retos de las próximas décadas”, afirmó Montero.

La jerarca agregó que la reforma no modifica la responsabilidad principal de Recope de garantizar el abastecimiento nacional de combustibles, sino que amplía las herramientas disponibles para incorporar nuevas alternativas energéticas bajo criterios técnicos, regulatorios y de política pública.

La empresa señaló que la aprobación del proyecto pone fin a más de una década de intentos legislativos para modernizar su ámbito de acción. Durante ese período fueron presentados varios expedientes con objetivos similares, sin que lograran completar el proceso legislativo.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para prorrogar hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, una medida impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT). La iniciativa pretende reducir la carga financiera de los propietarios de vehículos, evitando la necesidad de adquirir nuevas matrículas en el corto plazo.

La propuesta fue presentada por el gobierno de El Salvador a través del ministro de Obras Públicas y de Transporte, con el objetivo de “continuar garantizando la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 y contribuir con la economía de los salvadoreños”. El dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

El viceministro de Transporte, Nelson Eduardo Reyes Rivas, expuso ante la comisión los fundamentos técnicos de la prórroga. Aclaró que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Ley de Derechos Fiscales establecen la obligación de que los vehículos cuenten con placas vigentes.

Reyes explicó que la extensión responde a dos razones principales: permitir la preparación de un nuevo sistema de placas con mayores elementos de seguridad tecnológica, y evitar que los ciudadanos deban asumir el costo de una renovación inmediata.

“El Ejecutivo busca que las acciones sean lo menos gravosas para la sociedad. Esta decisión representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no tendrán que erogar fondos adicionales este año para el cambio de placas”, sostuvo Reyes.

Añadió que el proceso de prórroga otorga al MOPT un plazo suficiente para avanzar en los estudios técnicos y financieros requeridos para una futura modernización del parque vehicular.

Uno de los puntos destacados por el viceministro fue que la población no deberá realizar ningún trámite adicional. “Las personas pueden seguir realizando sus gestiones habituales de ingreso de vehículos tal como lo han hecho hasta ahora. Los vehículos ya inscritos y los que se incorporen al sistema continuarán utilizando el tiraje vigente”, precisó Reyes.

Según el análisis de la comisión, la medida constituye un alivio financiero directo para los hogares, ya que evita el gasto imprevisto en nuevas matrículas y permite una planificación presupuestaria institucional más eficiente. El dictamen también señala que la extensión permitirá una evaluación minuciosa de los costos operativos y la eventual adquisición de nuevas placas, sin trasladar cargos adicionales a los usuarios.

Francisco Menjívar, diputado presente en la sesión, subrayó que la prórroga otorga certeza jurídica a la circulación vehicular y contiene el impacto de la inflación en la economía familiar.

La comisión concluyó que la decisión cumple con el mandato constitucional de proteger el patrimonio de la población y facilita la modernización futura del sistema de identificación vehicular.

La nueva prórroga entrará en vigor una vez aprobada en el pleno, sea publicada en el Diario Oficial y establece que las placas con formato 2011 mantendrán su validez hasta el 31 de agosto de 2027. Durante este periodo, el Ejecutivo continuará evaluando alternativas para un eventual cambio de matrículas, priorizando la estabilidad financiera de los salvadoreños.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encendió las alertas sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte a su presupuesto para el próximo año. La presidenta del órgano electoral, María Eugenia Zamora, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde advirtió que cualquier disminución en los recursos asignados comprometería la organización del proceso electoral municipal previsto para el 2028.

La comparecencia tuvo como eje el recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Hacienda, que implicaría una reducción cercana a los ₡19,300 millones (USD 42 millones) para el presupuesto institucional del 2027.

Durante su intervención, Zamora explicó que Hacienda solicitó al Tribunal disminuir en un 5% su presupuesto tanto para el 2026 como para el 2027. Sin embargo, indicó que la institución presentó una propuesta alternativa con el fin de evitar afectaciones al proceso electoral.

Según detalló, el TSE planteó devolver durante el presente año un monto superior al solicitado inicialmente por Hacienda, lo que permitiría compensar los ajustes previstos para ambos períodos presupuestarios.

“Si el Ministerio acepta la propuesta que ha hecho el Tribunal, saldríamos adelante con un presupuesto muy ajustado, pero revisado cuidadosamente para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó la magistrada presidenta.

Diputados expresan preocupación

Durante la audiencia, legisladores de distintas fracciones consultaron cuáles serían las funciones que podrían verse comprometidas si finalmente se concreta el recorte.

Entre las inquietudes planteadas estuvo el impacto sobre la fiscalización de las asambleas partidarias, el proceso de inscripción de candidaturas municipales y el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Tribunal durante la organización de las elecciones.

Los diputados señalaron que estas tareas son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral, especialmente en una elección municipal donde participan cientos de candidaturas en todo el país.

El aumento del presupuesto tiene una explicación

Durante la comparecencia también surgieron cuestionamientos sobre el incremento registrado en el presupuesto institucional para el 2026, luego de varios años con montos similares.

Ante ello, funcionarios del TSE aclararon que el crecimiento no responde a un aumento en el gasto operativo de la institución, sino al dinero correspondiente a la contribución estatal para los partidos políticos.

Explicaron que esos recursos forman parte del presupuesto del Tribunal únicamente porque la ley establece que la institución administra esos fondos, aunque el dinero está destinado exclusivamente a las agrupaciones políticas que cumplen con los requisitos legales para recibir la contribución estatal.

Además, recordaron que durante los años marcados por la pandemia la Asamblea Legislativa redujo el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, razón por la cual los presupuestos anteriores fueron menores.

Discusión continuará

La propuesta de recorte continuará siendo analizada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene su posición de que un ajuste en los recursos destinados al 2027 podría afectar la planificación de las elecciones municipales del 2028, uno de los procesos más complejos que organiza la institución debido a la cantidad de cargos y candidaturas que deben ser administrados en todo el territorio nacional.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador presentaron una solicitud formal para otorgar un Reconocimiento Especial a Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos, árbitros salvadoreños que han alcanzado los más altos niveles del arbitraje internacional.

La propuesta destaca su desempeño en escenarios deportivos de relevancia mundial, como las Copas Mundiales de la FIFA y otras competencias avaladas por FIFA y CONCACAF.

Los diputados prevén emitirles un diploma para reconocer su participación en el evento.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió partidos de alta exigencia, entre ellos la semifinal entre Francia y España, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Además, se convirtió en el primer árbitro en la historia del fútbol global en aplicar firmemente la nueva normativa disciplinaria de la FIFA relativa a conductas antideportivas, marcando un precedente normativo tras expulsar a un jugador por insultos en el partido entre Turquía y Paraguay.

En el ámbito académico, Barton fue admitido en un programa de Maestría en Dirección y Administración de Empresas en España, reflejando su compromiso con la formación continua y la excelencia profesional.

Iván Barton, originario de Santa Ana, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador. Desde 2018, tras obtener el gafete FIFA, ha dirigido encuentros en los principales torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Oro, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Su desempeño lo llevó a integrar el grupo de árbitros centrales en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumando un récord histórico de siete partidos dirigidos como árbitro central en citas mundialistas.

David Morán es Árbitro Asistente Internacional FIFA desde 2015. Se ha distinguido por su precisión técnica, análisis táctico y agudeza visual, cualidades que lo han consolidado como el máximo referente histórico del arbitraje asistente salvadoreño.

Su trayectoria incluye participaciones en las Copas Mundiales de la FIFA Catar 2022 y 2026, la Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial Sub-17 y múltiples ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF.

Morán ha permanecido más de una década en el listado oficial de Árbitros Asistentes Internacionales de la FIFA, proyectando una imagen positiva de El Salvador en el ámbito deportivo internacional y convirtiéndose en ejemplo de perseverancia para la juventud salvadoreña.

Hito para el arbitraje salvadoreño

Ambos oficiales integraron la terna arbitral designada por la FIFA para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho sin precedentes para el deporte nacional y que posiciona a El Salvador en la élite del arbitraje mundial.

La solicitud de los diputados subraya que los logros de Barton y Morán constituyen un testimonio del talento, disciplina y perseverancia que distinguen al pueblo salvadoreño, proyectando el nombre del país en los escenarios deportivos más exigentes del mundo.

La petición de Reconocimiento Especial se fundamenta en la contribución de ambos árbitros al prestigio internacional de El Salvador, su trayectoria ejemplar y su impacto como referentes del arbitraje en la región centroamericana y a nivel global.

En un importante esfuerzo por fortalecer el desarrollo deportivo y modernizar la infraestructura nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 que permite la incorporación de US$1,140,514 destinados específicamente para la ejecución de proyectos de inversión deportiva.

Estos fondos serán gestionados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en el marco de la fase 11 del “Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE 11)”.

Esta aprobación responde a la iniciativa presentada por el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de dotar al INDES de los recursos necesarios para la adecuada gestión, administración y ejecución de proyectos deportivos en todo el país.

El monto autorizado permitirá financiar rubros operativos, administrativos y de inversión, fortaleciendo de manera significativa el ecosistema deportivo nacional.

El financiamiento de este proyecto proviene del contrato de préstamo No. 2362, firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un total de hasta US$150 millones, específicamente orientados a la modernización y rescate de escenarios deportivos distribuidos en diversos departamentos del país.

De este gran paquete financiero, el monto recién autorizado constituye el primer impulso para echar a andar la administración y unidad ejecutora del programa PRODEPORTE 11.

Este crédito permitirá no solo mejorar la cobertura territorial de la infraestructura deportiva, sino también consolidar los avances logrados en los últimos años en materia de espacios para la práctica deportiva, favoreciendo tanto a atletas de alto rendimiento como a comunidades que históricamente han carecido de instalaciones adecuadas.

Según el decreto aprobado, los recursos estarán dirigidos a la Unidad Presupuestaria “Infraestructura”, dentro del INDES, y específicamente a la línea de trabajo “Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase 11”.

Entre las principales metas se encuentran:

Modernización, rehabilitación y construcción de gimnasios, canchas, estadios y demás instalaciones deportivas con estándares internacionales.

Garantía de acceso y condiciones adecuadas para atletas, entrenadores, delegaciones deportivas y público general.

Capacidad de albergar competencias nacionales e internacionales, posicionando a El Salvador como un referente regional en organización de eventos deportivos de alto nivel.

La reforma presupuestaria permite además un aumento en las asignaciones de gastos de capital y la provisión de fondos para gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora, asegurando que las inversiones se manejen eficientemente y con transparencia.

Argumentos y respaldo institucional

Durante el proceso de aprobación, representantes del Ministerio de Hacienda defendieron la iniciativa resaltando la importancia de mejorar la infraestructura deportiva como factor clave para la cohesión social, la prevención de la violencia y la promoción de hábitos saludables.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de analizar la propuesta, consideró pertinente y urgente la asignación, emitiendo un dictamen favorable que permite al INDES disponer del crédito presupuestario necesario para ejecutar las acciones planificadas en 2026.

Esta decisión legislativa marca un paso fundamental en la política de Estado orientada al fortalecimiento del deporte como motor de desarrollo. La modernización de escenarios y la expansión de la cobertura a más departamentos del país generarán un impacto positivo en la calidad de vida, el desarrollo de la juventud y el surgimiento de nuevos talentos deportivos.

Además, la inyección de estos recursos se reflejará en la dinamización económica local, la generación de empleos directos e indirectos y la potenciación de El Salvador como destino atractivo para el turismo deportivo.

En conclusión, la aprobación de US$1,140,514 para proyectos deportivos bajo el paraguas de PRODEPORTE 11 representa un compromiso renovado con el deporte y el deporte, la juventud y la sana convivencia, sentando bases firmes para un El Salvador más saludable, competitivo y orgulloso de su infraestructura deportiva.

La discusión sobre el futuro de la Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para explicar el procedimiento de elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes, pero la sesión estuvo marcada por cuestionamientos del oficialismo y por un abierto debate sobre la independencia judicial.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando el diputado del Partido Pueblo Soberano, Wilson Jiménez, le preguntó directamente si consideraba adecuados los cargos vitalicios dentro del Poder Judicial.

La respuesta de Aguirre fue contundente.

“En el Poder Judicial y en la magistratura, sí”, respondió el magistrado, quien integra la Corte desde 1989.

La afirmación provocó la reacción inmediata del legislador oficialista, quien aseguró que esa postura le daba “pena” e incluso invitó al presidente de la Corte a dar “un paso al lado” para permitir el ingreso de nuevas generaciones que, según dijo, puedan renovar el Poder Judicial.

Lejos de retractarse, Aguirre defendió la permanencia prolongada de los magistrados como un elemento indispensable para garantizar la independencia de los jueces y la estabilidad del sistema democrático.

Según explicó, la seguridad jurídica depende de que quienes imparten justicia no estén expuestos a presiones o eventuales represalias políticas derivadas del contenido de sus resoluciones.

“El Poder Judicial es independiente, es la base del sistema democrático y también de la seguridad jurídica del país”, afirmó durante su intervención.

A juicio del magistrado, la permanencia de quienes integran la Corte permite mantener una línea jurisprudencial estable que brinda certeza tanto a los ciudadanos como a las instituciones.

Choque por la elección de magistrados suplentes

La comparecencia también estuvo marcada por el conflicto que mantiene enfrentados al Poder Judicial y al oficialismo respecto a la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Actualmente la Asamblea Legislativa mantiene pendiente el nombramiento de nueve suplentes incluidos en una nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia. La bancada de Pueblo Soberano se ha negado a votar por cualquiera de los 18 candidatos enviados, al considerar que la lista no responde a sus expectativas.

Durante la audiencia, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, cuestionó que la Corte haya insistido en remitir la misma nómina pese a que el Parlamento había solicitado una nueva.

Aguirre respondió apelando directamente a lo establecido en la Constitución Política.

“La letra de la Constitución es clara. Le encomienda a la Corte hacer la lista y después dice que la Asamblea nombrará de esa lista. El procedimiento es bien claro”, señaló.

El presidente de la Corte sostuvo que el retraso en los nombramientos no responde a una falla del Poder Judicial, sino al incumplimiento de las competencias constitucionales por parte del Legislativo.

“Es un problema de responsabilidad en el cumplimiento de las competencias que la Constitución nos ha dado”, afirmó.

Jiménez rechazó esa interpretación y sostuvo que el Congreso no puede verse obligado a escoger candidatos con los que no está de acuerdo.

“La responsabilidad nos la están achacando a nosotros y parece que nos están obligando a que nos guste lo que a ellos les gusta”, respondió la jerarca legislativa.

La polémica por una nómina “incompleta”

Otro de los cuestionamientos provino del diputado Ariel Mora, quien preguntó por qué la Corte no remitió una lista de 24 candidatos para llenar las 12 plazas de magistrados suplentes.

Actualmente el Poder Judicial envió una primera nómina con 18 aspirantes para elegir nueve puestos y mantiene abierto un segundo concurso destinado a completar las otras tres vacantes con seis candidatos adicionales.

Aguirre defendió ese procedimiento al explicar que los concursos públicos no siempre permiten completar todas las plazas debido a la cantidad y calidad de los participantes.

“No es incompleta, no necesariamente. Los concursos no siempre dan para mandar una lista completa”, respondió.

Además indicó que la Constitución permite realizar designaciones parciales conforme se concluyen los procesos de selección.

Respecto al segundo concurso, explicó que cerca de 40 personas participaron y que actualmente se realizan investigaciones y estudios sociales previos a las entrevistas que deberá efectuar la Sala Constitucional antes de enviar la nueva nómina al Congreso.

Aunque reconoció que el proceso anterior tardó alrededor de diez meses, aseguró haber solicitado prioridad para acelerar esta nueva selección.

Más de un centenar de casos siguen sin resolverse

El enfrentamiento institucional ocurre mientras la Sala Constitucional enfrenta dificultades operativas por la ausencia de magistrados suplentes.

La propia Sala IV informó que actualmente existen 123 expedientes pendientes de resolución definitiva debido a la falta de integración completa del tribunal.

La mayor parte corresponde a 99 recursos de amparo, mecanismo utilizado para proteger derechos fundamentales de manera expedita.

Además permanecen sin resolver 21 acciones de inconstitucionalidad, tres consultas constitucionales o judiciales y un recurso de hábeas corpus.

La situación incrementa la presión sobre la Asamblea Legislativa para concretar los nombramientos pendientes, mientras el Poder Judicial insiste en que el procedimiento seguido se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política.

Por ahora, el pulso entre ambos poderes mantiene paralizada una decisión que no solo ha abierto un debate sobre la independencia judicial y la permanencia de los magistrados, sino que también impacta directamente el funcionamiento de la Sala Constitucional y la resolución de decenas de casos vinculados con los derechos fundamentales de los costarricenses.

El Congreso de Costa Rica dio el primer visto bueno al primer presupuesto extraordinario del ejercicio económico 2026, en una votación que volvió a evidenciar la división entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre las prioridades del gasto público.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,589, fue aprobada en primer debate con 30 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de la fracción oficialista.En contraste, las bancadas opositoras rechazaron el proyecto al considerar que desatiende áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los programas sociales.

El presupuesto extraordinario es un instrumento que permite al Estado modificar el presupuesto vigente para redistribuir recursos, incorporar nuevos ingresos o atender necesidades específicas que surgen durante el año.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, defendió el proyecto y explicó que la principal finalidad de la iniciativa es garantizar la continuidad de programas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Según detalló, una parte importante de los recursos permitirá asegurar el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como mantener el pago de las becas Avancemos, administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Este presupuesto asegura los recursos para las pensiones del Régimen No Contributivo y también permite garantizar los fondos para el IMAS, particularmente las becas Avancemos”, explicó Acosta durante el debate.

Además de esos programas, el proyecto incorpora recursos para impulsar varias iniciativas de inversión pública promovidas por el Gobierno.

Entre ellas figura el financiamiento para el tren eléctrico, fondos destinados a fortalecer la resiliencia agrícola y recursos para la reconstrucción del dique de Coto 47, una obra considerada estratégica para proteger comunidades vulnerables frente a inundaciones en la Zona Sur.

Sin embargo, la oposición sostuvo que el proyecto prioriza inversiones específicas mientras reduce recursos destinados a programas sociales de atención directa.

Durante el debate, la diputada Claudia Dobles criticó que el presupuesto no refleje el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad.

“Ese presupuesto no prioriza en seguridad, a pesar de que una y otra y otra vez se dice que hay una priorización para mejorar la seguridad”, afirmó.

La legisladora también cuestionó los ajustes planteados para programas dirigidos a la niñez y las familias en condición de vulnerabilidad.

Según señaló, la iniciativa contempla reducciones presupuestarias que afectarían a los CEN-CINAI, al sistema nacional de cuido y a los programas de vivienda de interés social.

“No prioriza ningún tipo de programa social. Lejos de eso, disminuye el presupuesto de los CEN-CINAI y también el destinado a vivienda de interés social”, manifestó durante la discusión.

Para la oposición, esos recortes podrían impactar especialmente a miles de familias encabezadas por mujeres trabajadoras que dependen de los servicios de cuido para poder mantenerse en el mercado laboral.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto busca atender compromisos financieros impostergables sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años.

La votación también refleja la correlación de fuerzas que ha caracterizado las primeras semanas de la nueva administración, donde el oficialismo ha logrado sacar adelante varias iniciativas gracias al apoyo de otras fracciones legislativas.

Tras superar el primer debate, el presupuesto extraordinario quedó listo para su discusión definitiva en el Plenario Legislativo.

Si obtiene el respaldo necesario en el segundo debate, los recursos podrán incorporarse oficialmente al presupuesto nacional y comenzar a ejecutarse durante el segundo semestre del 2026.

El Salvador aprobó una reforma que otorga representación legislativa a los salvadoreños en el exterior, pero aún no ha regulado los aspectos clave para garantizar una participación efectiva de la diáspora, según reportó el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana en su más reciente informe.

A pesar de la reforma constitucional al artículo 79 y la asignación de seis escaños en la Asamblea Legislativa para ciudadanos fuera del país, el estudio advierte sobre importantes vacíos en la normativa y la logística electoral.

La reforma, ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en abril de 2026, estableció una circunscripción especial para la diáspora, extrayendo los nuevos escaños de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

A juicio de Acción Ciudadana, si bien el país reconoce políticamente a sus ciudadanos en el exterior, no se ha definido cómo se implementará esta representación en la práctica.

El informe, difundido por el Centro de Monitoreo Político, detalla que persisten interrogantes sobre los requisitos de residencia para candidatos, la modalidad de participación en plenarias y comisiones, y la organización de campañas y votaciones en el extranjero.

El documento, titulado “Representación legislativa de ciudadanos en el exterior. Análisis comparado”, comparó el caso salvadoreño con la experiencia de países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Francia, Italia, Portugal, Rumania y Croacia, identificando patrones y desafíos comunes para la representación de la diáspora.

Uno de los puntos destacados en el informe de Acción Ciudadana es que la mayoría de los países evaluados han optado por circunscripciones específicas que agrupan a los migrantes por regiones geográficas amplias.

Además, casi todos exigen residencia comprobada en el extranjero para quienes se postulan como candidatos por la circunscripción exterior, un requisito que El Salvador aún no ha incorporado y que, según el estudio, podría afectar la autenticidad de la representación.

La integración de los diputados electos en el exterior al trabajo parlamentario ordinario también plantea desafíos para El Salvador, ya que no se ha regulado si su participación será presencial o remota. En otros países, los legisladores de la diáspora suelen gozar de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, sumándose plenamente a las sesiones y comisiones.

El informe advierte que la falta de definición sobre este punto podría dificultar la defensa de los intereses de los migrantes y su integración a la labor legislativa.

Otro reto señalado es la baja participación electoral registrada históricamente entre los migrantes. Según datos recogidos por el Centro de Monitoreo Político, factores como la dispersión geográfica, la escasa información y los obstáculos logísticos suelen limitar la movilización de votantes en el exterior, incluso cuando existen escaños transnacionales.

En materia de proporcionalidad, El Salvador asignó a la diáspora una relación de aproximadamente 417,000 electores por diputado, cifra que el informe compara con los modelos de Ecuador y República Dominicana. No obstante, el estudio subraya la ausencia de un criterio matemático claro para la reasignación de escaños y la estandarización de la circunscripción exterior en la legislación salvadoreña.

La ausencia de una exigencia de residencia en el extranjero para las candidaturas abre la posibilidad de que políticos en territorio nacional busquen estos escaños por menor competencia, desdibujando la representatividad genuina de la diáspora, advierte el informe de Acción Ciudadana. Además, la falta de definiciones sobre la modalidad de participación de los futuros diputados electos en el exterior refleja la urgencia de normar estos aspectos antes de los próximos comicios.

En sus recomendaciones, el informe plantea que la reforma debe complementarse con normas claras sobre los requisitos de postulación, la modalidad de presencia —física o remota— en el parlamento, y la logística electoral que facilite el acceso y la información a los salvadoreños en el extranjero.

De no hacerlo, concluye el Centro de Monitoreo Político, existe el riesgo de que la reforma quede como un mecanismo formal, sin impacto real en la representación política transnacional.