La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes una prórroga para la transición hacia la economía azul.

El dictamen responde a una iniciativa del gobierno central, presentada a través del Ministerio de Economía y plantea una reforma al artículo 24 de la ley vigente. Según la correspondencia y el dictamen de la comisión, la Comisión de Transición estará integrada por tres representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tres de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), designados por los titulares de cada entidad.

Ese organismo coordinará la transferencia de bienes, derechos, infraestructura y recursos humanos, además de garantizar la continuidad de los servicios y proyectos en curso en el sector pesquero y acuícola.

Dificultades en el traspaso de funciones

Durante la sesión, el director ejecutivo de la ASEA, Edgar Fermán Palacios López, expuso las dificultades del proceso de migración institucional. Entre los principales obstáculos mencionó la falta de cuentas bancarias propias, la necesidad de contratar personal clave en áreas financieras y administrativas y la complejidad legal por la coexistencia de responsabilidades presupuestarias entre el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador (CENDEPESCA) y la nueva autoridad.

“Aunque vamos paso a paso cumpliendo con todos los requisitos, no tenemos todavía las cuentas bancarias a las cuales se tiene que depositar”, declaró Palacios López en la comisión.

El director de la ASEA explicó que la ampliación del plazo permitirá que el MAG administre temporalmente los recursos y realice adquisiciones en beneficio de la nueva entidad, para evitar la interrupción de programas, inversiones y compromisos nacionales e internacionales del sector. El dictamen también faculta al ministerio a mantener la gestión contractual y presupuestaria hasta que la ASEA acredite capacidades plenas para asumir funciones directas.

¿Qué prevé la reforma?

Según la lectura del dictamen, la reforma da flexibilidad legal para que la transición no ponga en riesgo la ejecución de inversiones ni la estabilidad laboral en el sector. La normativa, aprobada inicialmente en febrero de 2026, busca establecer un marco institucional para políticas de pesca y acuicultura con criterios de sostenibilidad, seguridad alimentaria y crecimiento económico a través del enfoque de la economía azul.

De aprobarse en el pleno, este entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El proceso concluirá cuando la ASEA demuestre capacidad plena para operar de manera autónoma y la comisión de transición suscriba las actas de cierre y el traspaso definitivo de bienes, contratos y expedientes.

López afirmó que la migración de competencias no ha afectado los servicios y proyectos, y anunció que El Salvador será sede del Congreso Mundial de Acuacultura en octubre, con participación de actores internacionales y respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Vale destacar que el Banco Mundial define a este modelo como el “uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al tiempo que se preserva la salud del ecosistema”.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) respaldó la reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos, aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de junio, al considerar que moderniza la comercialización de lácteos en El Salvador.

En su comunicado, la gremial informó que en 2025 las exportaciones del rubro lácteo llegaron a USD 67,5 millones y que ese resultado implicó un alza de 14,1% frente al año anterior.

La ASI sostuvo que el cambio legal elimina restricciones que limitaban la comercialización de productos lácteos y que armoniza el marco regulatorio salvadoreño con la legislación de la región centroamericana. También señaló que la apertura comercial mantendrá estándares de calidad, inocuidad y etiquetado.

La gremial, que dijo representar a 27 sectores industriales y agroindustriales, felicitó el trabajo conjunto del gobierno central y la Asamblea Legislativa. En el pronunciamiento afirmó: “Es una muestra más de un Gobierno que toma decisiones valientes en favor del crecimiento económico del país”.

La reforma a la normativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

EL decreto consignó que la medida generaría beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

Sin embargo, el pasado 19 de junio, la gremial PROLECHE pidió en El Salvador un etiquetado visible que distinga la leche fresca de los productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador sostuvo en un comunicado que la reforma abre interrogantes sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización. La entidad reclamó respuestas concretas sobre cómo se resguardará a quienes sostienen la producción local frente a una eventual preferencia industrial por la leche en polvo.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) reconoció la aprobación de la reforma, considerándola un avance relevante para fortalecer la competitividad exportadora del sector lácteo nacional.

COEXPORT señaló que la reforma facilita la integración del sector a cadenas regionales e internacionales, incrementando las oportunidades de exportación y generando beneficios para los productores nacionales de leche. Entre 2020 y 2025, las exportaciones lácteas salvadoreñas crecieron 42 %, pasando de US$40,6 millones a US$57,6 millones, con presencia en diez mercados, incluidos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos.

La corporación consideró que la nueva normativa refuerza la capacidad del sector para competir en mercados más exigentes y diversificados, impulsando el desarrollo del sector lácteo y la generación de divisas para el país.

Los productores reclaman controles y una estrategia para proteger la producción local

El punto central del reclamo del sector es que el consumidor pueda diferenciar con facilidad entre leche fresca y productos reconstituidos. Para la gremial, esa distinción no solo ordena el mercado, sino que protege el derecho a recibir información clara y transparente al momento de comprar.

La asociación también subrayó que la confianza del consumidor depende de sistemas sólidos de vigilancia. Por eso pidió mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de calidad y de etiquetado.

En su pronunciamiento, la gremial insistió en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca. La publicación señaló que el sector exige saber qué medidas se aplicarán para fortalecer la producción nacional ante el uso de leche en polvo y cómo se fiscalizará el cumplimiento de las reglas ahora que la venta de esos productos ya está permitida.

Mientras tanto, en El Salvador ya pueden comercializarse productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para incorporar USD 118 millones a varias instituciones públicas, con USD 30 millones destinados al ramo de salud y asignaciones para agricultura, economía, cultura, obras públicas, la Presidencia y deportes.

Según representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos provienen de “excedentes de ingresos tributarios obtenidos hasta mayo” y serán incorporados al presupuesto de distintas entidades públicas. La comisión aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 tras escuchar las justificaciones técnicas y a representantes de las instituciones involucradas.

En salud, los recursos se destinarán a la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas contra el VPH, contratación de servicios médicos y de laboratorio, además del fortalecimiento de los servicios integrales para la población salvadoreña. La medida responde a compromisos surgidos durante el primer semestre de 2026.

Con esos fondos, el Gobierno busca mantener y ampliar la capacidad operativa del sistema de salud pública y dar continuidad a la transformación digital y tecnológica de los servicios, con plataformas como Doctor SV.

Durante la sesión, diputados señalaron que la asignación permitirá avanzar en atención médica, infraestructura hospitalaria y dotación de recursos esenciales. “Los 30 millones de dólares se van a utilizar en la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas del VPH y contratación de servicios médicos y de laboratorio”, explicó el diputado William Soriano durante la transmisión.

El dictamen también establece que USD 37 millones serán dirigidos al ramo de agricultura y ganadería. Los recursos se utilizarán para “fortalecer la resiliencia del sector agropecuario y mejorar la logística de las 61 sedes de los agromercados del país".

La sesión de la comisión también abordó recursos para otras áreas. Se asignaron USD 17 millones al Ministerio de Economía para cobertura de servicios tecnológicos y protección de activos digitales; USD 6 millones al ramo de cultura para renovación de equipos, adquisición de libros y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional. Entre los proyectos que serán fortalecidos, según la diputada Suecy Callejas, la programación de la Vía Navideña y el desfile de la Banda El Salvador del 1 de enero.

Además, se destinaron USD 10 millones para obras públicas y transporte; USD 16 millones para la Presidencia de la República, y USD 2 millones para el Instituto Nacional de los Deportes.

Aprobación legislativa y control de los recursos

La comisión aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Presupuesto 2026 luego de escuchar las justificaciones técnicas del Ministerio de Hacienda y recibir a representantes de las instituciones involucradas. La distribución de los recursos incorpora controles de seguimiento y auditoría para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia en la ejecución de los fondos.

Según los dictámenes leídos durante la sesión, “la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos”, y se subraya que la reforma presupuestaria permitirá atender compromisos prioritarios e impostergables en el sector público.

Se espera que estas disposiciones reciban la aprobación en el pleno durante la sesión plenaria ordinaria convocada para realizarse el miércoles 24 de junio.

Productores de leche fresca en El Salvador solicitaron a las autoridades la implementación de un etiquetado claro que permita diferenciar la leche fresca de la reconstituida, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos. La modificación, aprobada este 18 de junio de 2026, elimina la prohibición, vigente desde 1960, de comercializar leche, crema y quesos elaborados mediante la reconstitución o recombinación de leche en polvo.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la producción nacional y el derecho de los consumidores a recibir información clara y transparente. Según PROLECHE, la reforma requiere respuestas sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización.

El comunicado señala que los productores de leche fresca reconocen la importancia de que la industria cuente con herramientas para responder a las demandas del mercado, pero advierten que cualquier cambio en el marco regulatorio debe considerar el impacto sobre los miles de productores que sostienen la producción local. PROLECHE cuestiona qué medidas concretas se implementarán para fortalecer al sector nacional frente a la eventual preferencia de la industria por la leche en polvo, que podría limitar la compra de leche fresca producida en el país.

En la sesión plenaria del 18 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma con 57 votos a favor y tres en contra. La enmienda elimina la parte del artículo 21 de la ley que prohibía la comercialización de productos lácteos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo. Se mantiene, no obstante, la prohibición de comercializar productos adulterados, disposición que ya estaba vigente. El decreto aprobado argumenta que la reforma busca armonizar la normativa salvadoreña con regulaciones técnicas centroamericanas, aumentar la competencia y asegurar el abastecimiento nacional de productos lácteos.

Ante el pleno legislativo se propuso que los productos lácteos elaborados total o parcialmente con leche en polvo deban indicarlo de forma clara y visible en su etiquetado, para que los consumidores puedan diferenciar entre leche fresca y reconstituida. Sin embargo, la propuesta solo obtuvo tres votos y no fue incorporada en la reforma final, lo que ha generado inquietud en el sector productor y entre asociaciones de consumidores sobre la transparencia y el derecho a la información.

La reforma fue impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para plantear la necesidad de eliminar obstáculos a la comercialización de productos lácteos y de armonizar la legislación con el resto de la región. No obstante, representantes del sector ganadero señalaron que la iniciativa se aprobó sin consultar a los productores nacionales y advirtieron sobre los riesgos que podría implicar para la sostenibilidad y el crecimiento del sector productor local.

El pronunciamiento de PROLECHE subraya la importancia de la confianza del consumidor, que depende de la existencia de sistemas sólidos de vigilancia para garantizar que se cumpla la normativa y los estándares de calidad. La asociación insiste en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca y reclama mecanismos de supervisión y control que permitan verificar que los productos comercializados cumplan con los estándares de calidad y etiquetado establecidos.

El sector productor exige respuestas claras sobre cómo se fortalecerá la producción nacional ante el uso de leche en polvo, cómo se garantizará la transparencia para el consumidor y qué mecanismos de control se implementarán para asegurar el cumplimiento de las normas. Mientras tanto, la reforma ya permite la venta en el país de productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios e inocuidad establecidos.

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa autorización para firmar un préstamo de hasta USD 185 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar mejoras en el sistema de agua potable Guluchapa, con obras previstas en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz.

La iniciativa, impulsada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), busca ampliar el acceso al agua potable con obras de modernización, ampliación y monitoreo en tiempo real del sistema.

Según la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda el 18 de junio de 2026, el proyecto contempla la construcción y rehabilitación de 25 puntos de captación de agua subterránea y superficial, además de una nueva planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo.

¿Qué obras incluye el proyecto?

El plan también prevé la modernización y automatización de estaciones de bombeo y rebombeo, la instalación de 37,4 kilómetros de tubería de distribución, la construcción de siete tanques de almacenamiento y la habilitación de 7,5 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

De acuerdo con el BCIE, la intervención permitirá habilitar 25.000 nuevas conexiones domiciliarias equipadas con micromedidores. La entidad detalló que el sistema integral de telemetría y telecontrol facilitará el monitoreo en tiempo real de caudales, presiones y calidad del agua.

¿A quiénes alcanzará la intervención?

El área de influencia del sistema Guluchapa abarca los municipios de Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos, Olocuilta y San Francisco Chinameca.

Según estimaciones del BCIE, el proyecto beneficiará a más de 156.000 habitantes, de los cuales el 52,8% son mujeres, y elevará la cobertura de agua potable del 61,5% al 100% en los distritos involucrados.

Condiciones del préstamo

El decreto presentado a la Asamblea Legislativa establece que el préstamo tendrá un plazo de hasta 20 años, con un máximo de cinco años de gracia.

El capital será amortizado en cuotas semestrales, conforme al calendario que establezca el BCIE. La tasa de interés estará compuesta por la tasa de referencia del banco, revisable semestralmente, más un margen inicial de 235 puntos básicos, ajustable trimestralmente durante la vigencia del préstamo. También se incluyen comisiones de compromiso y de administración equivalentes a un cuarto del uno por ciento sobre los saldos no desembolsados y sobre el monto total del préstamo, respectivamente.

Impacto previsto y trámite legislativo

Durante la fase de construcción se prevé la generación de 2.684 empleos temporales, según datos del BCIE.

El Ministerio de Hacienda, en nombre del Ejecutivo, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el sector de agua y saneamiento, contribuir a mejorar el desempeño de ANDA, asegurar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada y mejorar la eficiencia del sistema de Guluchapa.

La aprobación definitiva del contrato de préstamo queda condicionada a la validación de la Asamblea Legislativa, conforme a los procedimientos legales vigentes en El Salvador. La solicitud la recibió este jueves el pleno y pasará a estudio de los diputados de los diputados de la Comisión de Hacienda.

Ernesto Castro buscará la reelección como diputado en las internas de Nuevas Ideas. El presidente de la Asamblea Legislativa confirmó que participará en el proceso del partido y dijo que su inscripción está programada para el 28 de junio para optar a un nuevo período como legislador propietario.

Castro, quien cursa su segundo período legislativo entre 2021-2024 y 2024-2027, dijo este jueves a medios de comunicación que ya inició la presentación de los documentos requeridos para su precandidatura. También señaló que el partido realizará una evaluación interna para definir quiénes seguirán en el proceso.

Entre los requisitos para los aspirantes a diputaciones figura la presentación de una declaración jurada. En ese documento, el precandidato debe manifestar bajo juramento su voluntad de participar en las internas y declarar que no está comprendido en ninguna de las inhabilidades contempladas por la Constitución de la República o la ley salvadoreña, además de afirmar que no tiene impedimentos para postularse.

Requisitos e inhabilidades para aspirar a una diputación

La Constitución de El Salvador establece, entre otros requisitos, que los diputados deben ser mayores de 25 años, salvadoreños por nacimiento y no haber perdido sus derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección, según el Art. 126.

También fija inhabilidades específicas, como la prohibición de participar para quienes hayan administrado fondos públicos sin obtener finiquito, contratistas de obras públicas y parientes del presidente de la República en grados cercanos, entre otros casos detallados en el Artículo 127.

La postulación de Castro en el proceso interno

En sus declaraciones, Castro afirmó que cumple con todas las condiciones establecidas y que está a la espera de la evaluación interna que definirá a los candidatos oficiales del partido para la próxima legislatura.

Trayectoria política

El perfil político de Ernesto Castro ha estado estrechamente vinculado a la figura de Nayib Bukele. Entre 2012 y 2015, Castro se desempeñó como secretario y asesor privado del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán. Continuó en ese rol durante la gestión de Bukele en San Salvador entre 2015 y 2018. El 1 de junio de 2019, asumió el cargo de Secretario Privado del presidente Bukele, consolidando su presencia en el primer círculo del poder Ejecutivo.

En las legislativas de 2021, Castro fue elegido diputado por San Salvador y, desde el 1 de mayo de ese año, ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que alcanzó con el apoyo de 64 de los 84 legisladores.

Bajo la presidencia de Castro, la Asamblea Legislativa impulsó una serie de reformas que modificaron el marco legal y administrativo del país entre 2021 y 2027. Una de las medidas más relevantes fue la aprobación y prórroga del Régimen de Excepción para combatir a las pandillas, junto a reformas que endurecieron penas por delitos de agrupaciones ilícitas.

La administración de Castro promovió la reducción del número de diputados de 84 a 60 y disminuyó los municipios de 262 a 44, con el argumento de optimizar el uso de recursos estatales. Además, el presupuesto de la Asamblea para 2026 se fijó en 46.9 millones de dólares, registrando una baja de 11.3 millones respecto a 2020.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes tres dictámenes favorables sobre instrumentos internacionales relacionados con la protección de marcas, patentes y diseños industriales. La decisión, adoptada por unanimidad entre los diputados miembros de la comisión, responde a iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según lo expuesto durante la sesión, los dictámenes corresponden a la ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, la aprobación del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Los tres instrumentos están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y buscan simplificar, armonizar y modernizar los procedimientos relacionados con la protección de la propiedad intelectual en El Salvador.

En el caso del Acta de Ginebra, adoptada en Suiza en 1999, la comisión avaló su incorporación al marco normativo nacional. De acuerdo con el dictamen leído por el diputado Walter Amílcar Alemán Hernández, del partido oficialista, este instrumento “permite a los titulares de dibujos y modelos industriales gestionar la protección de sus creaciones en múltiples países mediante una solicitud única”, optimizando la eficiencia administrativa y reduciendo costos para los usuarios salvadoreños.

Sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes, la comisión destacó que la medida “fortalece y armoniza el marco jurídico aplicable a los procedimientos de solicitud, tramitación y mantenimiento de patentes”, facilitando el acceso de inventores y empresas a un sistema internacional de protección. El documento señala que El Salvador se convertiría en el primer país de la región centroamericana en adherirse a este tratado.

Por último, la comisión respaldó la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, cuyo objetivo principal es simplificar y unificar los procedimientos administrativos relacionados con el registro, renovación y gestión de marcas comerciales. De acuerdo con los testimonios recogidos en la sesión, la adhesión a este instrumento “favorecerá la modernización institucional y la seguridad jurídica para los titulares de marcas salvadoreños”.

Durante el debate, los diputados consultaron a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Centro Nacional de Registros (CNR) sobre los beneficios y alcances de cada instrumento. El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que "la adhesión a estos tratados reduce trámites y costos, y facilita el acceso de personas naturales y jurídicas salvadoreñas a sistemas internacionales de protección“. Añadió que estos mecanismos permiten que una solicitud presentada ante la OMPI sea válida en todos los países miembros, sin necesidad de duplicar procesos.

Por su parte, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, quien también asistió a la Comisión, explicó el “Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales”, y destacó los beneficios de esta, entre ellos señaló la eficiencia operativa, seguridad jurídica internacional, flexibilidad comercial y secreto industrial.

La presidenta de la comisión, Ana Magdalena Figueroa Figueroa, también del partido oficialista, afirmó que la aprobación de estos dictámenes posiciona a El Salvador en un nivel de vanguardia regional en materia de propiedad intelectual, beneficiando a creadores, inventores y empresas interesadas en proteger sus activos a nivel internacional.

Los dictámenes aprobados serán remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa para su discusión y votación final, cumpliendo los procedimientos previstos en la legislación salvadoreña. La sesión plenaria de esta semana está programada para el 18 de junio.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, sostuvieron este martes una reunión de trabajo que marcó un nuevo acercamiento institucional entre los dos principales poderes del Estado costarricense. El encuentro permitió a ambas autoridades intercambiar criterios sobre una amplia agenda de temas prioritarios para el país, con énfasis en la seguridad ciudadana, las reformas al sistema penal, el fortalecimiento del régimen disciplinario judicial, la agilización de audiencias penales y el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes.

Durante la conversación, Orlando Aguirre reiteró el compromiso del Poder Judicial de brindar acompañamiento técnico en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia. El magistrado señaló que la colaboración se enfocará especialmente en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de los procesos judiciales. “Durante el encuentro, reiteré la disposición del Poder Judicial de brindar colaboración técnica en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia, particularmente aquellos orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de la gestión judicial”, expresó Aguirre tras la reunión.

La presidenta de la Asamblea Legislativa subrayó la importancia de mantener espacios de coordinación entre ambos poderes, en especial en el contexto de los desafíos que enfrenta el país en materia de criminalidad y eficiencia judicial. La agenda común contempla también el análisis de reformas al régimen disciplinario del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar transparencia y eficacia en la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos.

En relación con la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, Aguirre explicó que el Poder Judicial actuó conforme a las competencias que le otorga la Constitución Política y mediante un proceso de selección riguroso. “En cuanto a la integración de la nómina para los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el Poder Judicial actuó en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución Política mediante un proceso de selección riguroso, orientado a garantizar la idoneidad y probidad de las personas postuladas”, afirmó Aguirre. El presidente de la Corte Suprema añadió que corresponde ahora a la Asamblea Legislativa ejercer la atribución constitucional de realizar la elección respectiva.

El funcionario judicial hizo hincapié en el compromiso de la Corte con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos. Además, remarcó la disposición del Poder Judicial de suministrar la información institucional que corresponda a través de los canales oficiales establecidos, asegurando así el acceso a datos relevantes para el debate parlamentario y para la ciudadanía.

El proceso de elección de magistrados suplentes ha cobrado especial interés en los últimos días, luego de que la Asamblea Legislativa devolviera la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia, alegando falta de consenso en el seno del Congreso. Este episodio subraya la importancia de la colaboración y el respeto recíproco entre ambos poderes para garantizar la continuidad y eficacia de la justicia constitucional en Costa Rica.

La presidencia de la Corte Suprema expresó su confianza en que las instituciones continuarán actuando en el marco de sus competencias constitucionales y reiteró la voluntad de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. “Considero que estos espacios de coordinación y diálogo son importantes para fortalecer la institucionalidad democrática y contribuir a una mejor prestación de los servicios de justicia en beneficio de la ciudadanía”, concluyó Aguirre.

El encuentro entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre representa un paso relevante en la construcción de consensos y en el desarrollo de una agenda compartida que responda a las demandas de seguridad, eficacia y transparencia planteadas por la sociedad costarricense.

La Corte Plena de Costa Rica acordó devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de personas candidatas a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, tras una votación de 16 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Esta decisión responde a la solicitud de la Asamblea Legislativa, que había pedido la apertura de un nuevo concurso para cubrir nueve puestos de suplencia, luego de no alcanzar el consenso necesario para elegir a los candidatos propuestos.

El contexto de esta devolución se remonta a la sesión del Plenario Legislativo del 11 de junio, cuando, tras once procesos de votación sin lograr los 38 votos requeridos para designar magistrados suplentes, la Asamblea optó por devolver la lista de 18 postulantes a la Corte Suprema de Justicia.

La votación quedó 29 a favor y 26 en contra, reflejando la división interna y la incapacidad de los diputados para lograr un acuerdo amplio sobre los nombres remitidos.

Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista, defendió la moción afirmando que el objetivo era garantizar un proceso participativo y transparente, en el que todos los partidos representados en la Comisión de Nombramientos tuvieran la oportunidad de analizar y cuestionar las credenciales de los aspirantes.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la justificación del rechazo y se advirtió sobre el riesgo de bloquear el funcionamiento del máximo tribunal constitucional. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas (…) Han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita”, reclamó el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

Frente a la gestión legislativa, la Corte Plena analizó la petición y concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida.

Según el acta judicial, el proceso de selección se desarrolló conforme a los procedimientos previstos y atravesó rigurosas etapas de evaluación, diseñadas para garantizar la idoneidad, la capacidad y la experiencia profesional de los candidatos.

Los magistrados enfatizaron que la transparencia y la imparcialidad fueron ejes centrales de la evaluación, y que cualquier objeción formal debería estar debidamente fundamentada.

La devolución de la nómina a la Asamblea Legislativa marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso para completar la integración de la Sala Constitucional. El reglamento interno del Congreso exige una mayoría calificada de 38 votos para la elección, lo que, ante la fragmentación política, complica la designación y retrasa la incorporación de suplentes necesarios para la operatividad del máximo tribunal.

El acuerdo de la Corte Plena, respaldado por la mayoría de sus miembros, señala que la lista de suplentes cumple con todos los requisitos legales y que la apertura de un nuevo concurso solo estaría justificada ante objeciones concretas y objetivas. El documento oficial destaca que la continuidad institucional y el respeto por los procedimientos deben prevalecer para evitar retrocesos innecesarios que impacten la administración de justicia.

Ahora, corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si acepta la nómina devuelta o si insiste en la reapertura del concurso. Mientras tanto, la definición de los suplentes de la Sala Constitucional permanece en suspenso, en un contexto de tensiones políticas y demandas de mayor transparencia y eficiencia en los procesos de selección de altos cargos judiciales.

Las próximas semanas serán clave para determinar el desenlace de este episodio, que evidencia la complejidad de alcanzar consensos en la designación de magistrados y la importancia de garantizar la autonomía y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho en Costa Rica.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este fin de semana que este lunes 15 de junio presentará ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley con los que busca “limpiar” el Poder Judicial.

Según la mandataria, el paquete incluye propuestas para tipificar como delito la pertenencia a bandas criminales, endurecer sanciones por reincidencia delictiva y establecer medidas más estrictas para quienes agreden a integrantes de la Fuerza Pública. Fernández declaró en la cadena del domingo: “Me indigna ver a nuestro pueblo vivir con miedo”, y recalcó que el Gobierno busca devolver la paz y la seguridad a nuestras comunidades.

El viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, afirmó en la misma transmisión que “nuestras leyes se quedaron con la delincuencia de los años setenta”. Explicó que el paquete propone castigos para quienes formen parte de organizaciones delictivas, lo que actualmente no se encuentra contemplado en la legislación costarricense. Barrantes también subrayó la necesidad de “castigar a aquellas personas que atacan y agreden a los policías”.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, detalló que las autoridades han identificado “doscientas sesenta estructuras criminales organizadas” con más de ochocientos miembros. Campos aseguró que estos grupos se encuentran plenamente identificados y serán perseguidos hasta lograr su detención y condena.

Entre las medidas propuestas se encuentra la prohibición del “ocio en las cárceles” y el endurecimiento del control de objetos y actividades dentro de los centros penitenciarios. Barrantes explicó que se busca restringir el ingreso de aparatos electrónicos, drogas y armas, así como eliminar actividades que faciliten negocios ilícitos en prisión.

En el ámbito del combate al narcotráfico, el Gobierno presentó una iniciativa para aumentar las penas contra quienes construyan o faciliten pistas clandestinas para aeronaves, con el objetivo de limitar el tráfico de drogas a través del territorio nacional.

La mandataria advirtió que la reincidencia recibirá sanciones más severas y ratificó el compromiso de su administración para buscar el respaldo del Poder Legislativo. “No podemos enfrentar el crimen del siglo veintiuno con herramientas del siglo pasado. Llegó el momento de poner primero a Costa Rica”, afirmó Fernández.

El paquete legislativo será presentado oficialmente este lunes a las once de la mañana, en una sesión que el Gobierno considera prioritaria para responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

El sábado en el evento en el que fue reconocida la mandataria, Fernández cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y afirmó que hay personas vinculadas a hechos criminales que permanecen en centros penitenciarios sin mayores restricciones. “Cómo es posible que criminales del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo”, dijo durante su discurso.

Fernández dirigió críticas al Poder Judicial y a las condenas impuestas a personas involucradas en actividades delictivas. “No puede ser posible que en nuestra amada Costa Rica hayan delincuentes asesinando personas y que el Poder Judicial les dé condenas ridículas. No es posible que delincuentes del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo. No es posible que delincuentes que han acabado con la vida de un ser querido, que puede ser cualquiera de nosotros, les reduzcan las condenas a plazos que son absolutamente ofensivos”, sostuvo, según difundió Central Noticias.

La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir de cerca el trabajo de la Asamblea Legislativa. “Yo hoy, como su presidente, los convoco a estar atentos, a estar despiertos, a estar vigilantes de que la Asamblea Legislativa haga su trabajo, porque yo estoy haciendo el mío”, declaró.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió el 10 de junio una propuesta de reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio impulsada por el Ejecutivo para modificar la normativa sobre leche y productos lácteos. La iniciativa busca eliminar la restricción a la comercialización de productos elaborados con leche en polvo y mantener la prohibición sobre los adulterados.

El escrito fue remitido por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez Ruiz, por instrucciones del presidente de la República. La propuesta apunta a armonizar la legislación nacional con las normativas centroamericanas.

Según el proyecto, la reforma modifica el artículo 21 de la normativa vigente. Hoy, esa disposición prohíbe la venta de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución o recombinación de leche en polvo, así como la comercialización de productos lácteos adulterados.

¿Qué cambiaría en la ley?

La iniciativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

En la correspondencia oficial, Domínguez Ruiz señaló que el objetivo central de la reforma es eliminar obstáculos a la comercialización de leche y productos lácteos, facilitar el comercio y la competitividad del sector, y armonizar las regulaciones locales con los instrumentos normativos de la integración centroamericana.

Los argumentos del Ejecutivo

Según el escrito, la medida beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

El documento también recuerda que la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio fue emitida en 1960 con el fin de incrementar la producción y elaboración higiénica de leche y productos derivados, y regular su expendio para proteger la salud pública.

El marco vigente y el trámite

La normativa actual establece requisitos y procedimientos para la operación de plantas lecheras e industrializadoras, la distribución y venta de productos, y sanciones para quienes incumplan los parámetros higiénicos o de calidad.

Entre sus disposiciones figuran la prohibición de comercializar productos provenientes de la recombinación o reconstitución de leche en polvo y aquellos adulterados, además de multas y otras medidas administrativas para quienes infrinjan la ley.

El proceso legislativo aún debe ser discutido por las comisiones correspondientes antes de pasar al pleno para su eventual aprobación.

El pleno legislativo determinó que sean los diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente quienes estudien la solicitud para determinar si se emitirá un dictamen favorable.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente está convocada a reunirse el lunes 15 de junio a las 14:00 horas (dos de la tarde, como se identifica en el territorio local).

Con una votación de veintinueve a veintiséis, el Plenario Legislativo acordó devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de dieciocho candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional, tras realizar once procesos de votación en los que ninguno de los postulantes alcanzó los treinta y ocho votos requeridos para ser electo. La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de nombramientos en el máximo tribunal constitucional del país.

La medida fue impulsada principalmente por la bancada oficialista, cuyo jefe justificó la devolución de la lista y la solicitud de un nuevo proceso. “Vamos a tener la oportunidad de cumplir con los objetivos que de una u otra manera el reglamento de la Asamblea Legislativa establece. Por eso, esta moción busca crear el espacio necesario y darnos a todos la oportunidad de hacer un proceso que nos conste a todos y cada uno de nosotros. Que cada uno pueda participar, eh, representado en la Comisión de Nombramientos, cada uno de los partidos políticos, que podamos analizar los nombres que la Corte envía, que podamos nosotros de primera mano saber quiénes son, cuáles son sus atestados, pero particularmente nos va a dar a nosotros la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas que se requieren para poder saber quiénes van a ser elegidos”, indicó Nogui Acosta.

Desde la oposición, representantes de distintos partidos cuestionaron la forma en que se procedió y expresaron preocupación por la falta de avance en el proceso de selección. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas. Hubo un procedimiento y aquí estamos en ese procedimiento. Pero en lugar de eso, han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y impedir que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita para conocer las causas de millones de costarricenses que asistimos al Poder Judicial”, reclamó Antonio Trejos del Frente Amplio.

Otro de los representantes de la oposición dejó constancia en el acta legislativa de su preocupación tras la decisión adoptada. “Dejo constancia de nuestra preocupación por lo que acaba de pasar. Dejo constancia de nuestra, eh, de nuestro reclamo por la falta de, por la falta que se ha hecho el reglamento y, eh, tomaremos las acciones que correspondan en adelante. Gracias”, afirmó durante su intervención, Álvaro Ramirez, del Partido Liberación Nacional.

El proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional exige una mayoría calificada de treinta y ocho votos. La falta de consenso y el reiterado fracaso en las votaciones evidenciaron el grado de fragmentación política y la complejidad que caracteriza el actual panorama legislativo. Según la dinámica establecida, la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia abre dos caminos posibles: que la Corte decida reenviar la misma nómina de dieciocho postulantes o que, en su lugar, convoque un nuevo concurso para remitir una lista alternativa a la Asamblea Legislativa.

Este episodio resalta el peso del reglamento interno de la Asamblea, que establece procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas en la designación de magistrados. La Comisión de Nombramientos, integrada por representantes de los diferentes partidos, tendrá un papel central si la Corte opta por reiniciar el proceso.

La incertidumbre respecto al desenlace y los próximos pasos de la Corte Plena mantiene en pausa la definición de los suplentes en la Sala Constitucional, mientras el Poder Judicial continúa a la espera de completar su integración y atender las causas pendientes de millones de ciudadanos.

El gobierno central de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para ampliar por cinco años el plazo del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE). La propuesta fue enviada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, encargado del despacho y busca mantener las condiciones de apoyo al sector cafetalero, según la correspondencia admitida este miércoles en el pleno.

El documento remitido a la Asamblea Legislativa señala que el Estado, conforme al artículo 101 de la Constitución, debe promover el desarrollo económico y social, incrementar la producción y la productividad, y fomentar los sectores productivos, entre ellos la caficultura. También indica que el sector cafetalero, desde el cultivo hasta la agroindustria, tiene un papel en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Fundamentos de la prórroga del FICAFE

Pese a los beneficios derivados del FICAFE desde su creación, el sector ha enfrentado desafíos como la volatilidad de precios internacionales, el impacto de enfermedades como la roya, la presión de las sequías y los efectos del cambio climático, que han afectado la producción y la calidad del café.

El texto agrega que la adaptación a nuevas condiciones ambientales requiere apoyo financiero y legal.

“El sector cafetalero, si bien resultó beneficiado desde la constitución del FICAFE, se ha enfrentado a cambios en los precios internacionales, así como las variaciones en las temperaturas y patrones de lluvias que afectan los ciclos de cultivo y la calidad del café; todo lo cual conlleva que la adaptación del sector a estas nuevas condiciones continúe requiriendo de apoyo en inversiones y condiciones favorables para el cumplimiento de obligaciones en materia crediticia”, expone las consideraciones.

¿Cómo funciona el fideicomiso?

El FICAFE fue creado como un mecanismo de apoyo financiero para el sector cafetalero, al permitir la emisión de certificados fiduciarios respaldados por créditos y carteras de crédito orientados a la producción y exportación de café.

El fideicomiso es administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL). Su marco regulatorio original estipulaba un plazo de hasta 25 años, cuyo vencimiento está previsto para julio de 2026.

Lo que establece la propuesta de ley

La iniciativa plantea prorrogar de forma excepcional ese plazo por cinco años adicionales para dar continuidad a los beneficios del fideicomiso y a la estabilidad del sector ante las condiciones del mercado y del clima.

La propuesta establece en su primera disposición en la ampliación del plazo del FICAFE, con lo que el sector cafetalero mantendría el acceso a los beneficios del fideicomiso bajo los términos ya previstos en la legislación vigente.

La segunda disposición que se plantea es que, al finalizar el nuevo plazo, los bienes y derechos fideicomitidos retornarán a sus fideicomitentes o se transferirán conforme lo determine la normativa aplicable. Finalmente, le autoriza a los fideicomitentes, en coordinación con el fiduciario, a realizar las adecuaciones jurídicas y financieras necesarias para adoptar la ampliación del fideicomiso.

El estudio de la medida se le asignó a los diputados que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, convocada a sesionar el lunes.

En 2013 el Gobierno aprobó una ley transitoria que suspendió embargos y pagos de deudas del sector productor de café para apoyar su recuperación tras la caída de precios internacionales y el impacto de la roya del café. La normativa detuvo el pago de capital e intereses de obligaciones con el FICAFE y el FEC hasta el 31 de diciembre de 2018. Más tarde, la medida se prorrogó hasta diciembre de 2021.

En 2022 se aprobó una nueva ley transitoria ante una crisis más profunda, atribuida al endeudamiento y a daños por el cambio climático. Esa vigencia se fijó del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y luego se extendió hasta el 1 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el inicio del proceso de elección del presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República, tras la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. La decisión, adoptada en la sesión del 10 de junio de 2026, contó con el respaldo mayoritario del pleno y se fundamentó en las disposiciones legales y constitucionales que rigen la designación de los máximos responsables del ente fiscalizador.

La solicitud de Nuevas Ideas invocó el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea y artículos clave de la Constitución de la República.

El documento destaca que la función de la Corte de Cuentas de la República es fiscalizar la hacienda pública y garantizar la legalidad en la gestión de los fondos estatales. Se subrayó que el proceso de selección responde al próximo vencimiento del periodo de los actuales magistrados, que finaliza el 27 de agosto de 2026.

En la intervención ante el pleno, los diputados de Nuevas Ideas recordaron que la Asamblea tiene la atribución de elegir, mediante votación nominal y pública, a los magistrados de la Corte de Cuentas. La legislación vigente exige que los postulantes posea los siguientes requisitos:

• Ser salvadoreños por nacimiento
• Mayores de treinta años, con honradez y competencias notorias
• Los postulantes tienen que tener haber ejercido sus derechos de ciudadanía en los tres años previos a la elección
• Deben acreditar idoneidad, capacidad técnica y probidad.

La convocatoria se hará pública a través de los canales oficiales y redes sociales de la Asamblea Legislativa, invitando a los profesionales interesados a postularse. Las solicitudes podrán entregarse hasta el 26 de junio de 2026 en la recepción de correspondencia oficial del órgano legislativo, en horario hábil, junto con la hoja de vida y documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

La pieza de correspondencia presentada por el diputado Christian Guevara, también precisó que los documentos a presentar incluyen la certificación reciente de partida de nacimiento y copia certificada del documento de identidad. Aquellos que hayan ocupado cargos en instituciones como la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o el Tribunal Supremo de Elecciones, deberán consignarlo en su postulación.

Votación y aprobación del proceso

El pleno otorgó 58 votos para ratificar la aprobación del proceso, y enfatizó que la normativa establece que las propuestas deberán recibirse al menos sesenta días antes de la conclusión del periodo de los actuales magistrados, en línea con el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Este plazo busca asegurar un proceso ordenado y transparente, evitando vacancias en los cargos y garantizando la continuidad de las funciones de la Corte de Cuentas. La apertura del proceso coincide con la proximidad de la renovación de otras instituciones clave, como la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que refuerza el clima político de definiciones institucionales en el país.

La convocatoria ha sido recibida con interés por distintos sectores profesionales y políticos, quienes consideran que la transparencia en la selección de los magistrados resulta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones de control estatal. El proceso, regido por los parámetros jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional, podrá ser seguido por la ciudadanía a través de los canales informativos de la Asamblea.

Hasta el 26 de junio de 2026 se recibirán las postulaciones, y se prevé que las entrevistas y evaluaciones técnicas de los aspirantes se realicen en sesiones posteriores, antes de la votación final en el pleno legislativo.

El Gobierno de El Salvador obtuvo este 10 de junio la aprobación legislativa para suscribir un préstamo de hasta 3 millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a 9,689.609,51 dólares, con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

Estos recursos financiarán la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, ubicada en el municipio de La Libertad, con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

La decisión se adoptó de manera unánime en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y fue ratificada en sesión plenaria ordinaria con 56 votos a favor. El dictamen establece que el Ministerio de Hacienda será el encargado de suscribir el contrato de préstamo, el cual tendrá un plazo de 25 años y contemplará tres años de gracia, bajo una tasa de interés fija de 2.5 % anual.

Según explicó el diputado William Soriano, los fondos permitirán impulsar la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en la matriz energética nacional. Por lo que, la inversión busca “contribuir a satisfacer la demanda nacional eléctrica y fortalecer la resiliencia ante los riesgos del cambio climático”.

Según el parlamentario, la planta generará energía limpia que se canalizará directamente hacia la red de distribución eléctrica para consumo masivo.

El proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías contempla la instalación de paneles solares terrestres, estaciones de inversores, una subestación equipada con dos transformadores, la conexión con la red nacional, vías de acceso y edificaciones destinadas a control y operación.

Las obras iniciales incluirán la habilitación de accesos, la colocación de un cerco perimetral y la preparación del terreno. Posteriormente, se ejecutarán trabajos de canalización subterránea para el cableado eléctrico, nivelación y compactación de la zona, así como la construcción de infraestructura hidráulica para el manejo de aguas pluviales y estructuras para el montaje de los equipos.

Es decir la energía solar constituye un recurso limpio, constante y con un alto potencial de desarrollo en el país. El impulso a proyectos de esta naturaleza se alinea con el objetivo de incrementar la proporción de energía renovable en la matriz nacional, reducir la dependencia de fuentes fósiles y generar nuevas oportunidades de empleo en el sector.

Estándares internacionales y tecnología avanzada en la construcción de la planta

El préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno por diversificar las fuentes de financiamiento internacionales y responder a los compromisos de sostenibilidad ambiental. El Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe es una entidad financiera internacional con experiencia en la financiación de proyectos de infraestructura energética en países en desarrollo.

La Planta Solar Fotovoltaica, según documentos oficiales, transformará la radiación solar en electricidad a gran escala mediante el efecto fotovoltaico. La energía generada será inyectada a la red nacional, aportando al abastecimiento del consumo eléctrico del país y contribuyendo a la mitigación de emisiones contaminantes.

El proceso de construcción prevé la ejecución de obras civiles y eléctricas bajo estándares internacionales de eficiencia y seguridad. Entre los componentes clave figuran la instalación de inversores, transformadores y salas eléctricas, así como la integración de sistemas de monitoreo y control para optimizar el funcionamiento de la planta.

Las autoridades estiman que el proyecto fortalecerá la seguridad energética y permitirá responder a la creciente demanda de electricidad, al tiempo que favorecerá la transición hacia un modelo energético más sostenible. De acuerdo con lo expuesto en la sesión legislativa, el crédito deberá ser cancelado en un plazo de 25 años, con tres años de periodo de gracia, lo cual permitirá gestionar el repago conforme al flujo de ingresos esperados por la operación de la planta.

La apuesta por la energía solar se presenta como una alternativa estratégica para enfrentar los desafíos del cambio climático y potenciar el desarrollo económico de El Salvador, al integrar tecnología de última generación en la producción de electricidad.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un recorte de ₡40,000 millones (USD 86.8 millones) al presupuesto asignado para 2026 a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI). La decisión, que contó con el respaldo de ocho diputados, forma parte del primer presupuesto extraordinario de la República para el presente año y se justifica por la necesidad de cubrir el déficit presupuestario de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa fue impulsada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) se opusieron a la medida. La bancada liberacionista argumentó que el recorte tendrá consecuencias negativas sobre los sectores más vulnerables, particularmente la niñez que depende de los servicios de los CEN-CINAI.

El órgano legislativo también aprobó una moción adicional que reduce en ₡30,000 millones (USD 65,1 millones) los recursos que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) gira al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), lo que afecta directamente la financiación de programas de vivienda social y apoyo familiar.

La diputada Ángela Aguilar, vocera del PLN en la Comisión, advirtió que la rebaja de fondos representa el 28,7% del presupuesto 2026 destinado a los CEN-CINAI. “Me preocupa porque los CEN-CINAI enfrentan situaciones relacionadas con órdenes sanitarias y otras necesidades. Además, brindan atención y cuido a niños y niñas”, señaló Aguilar durante la sesión. La legisladora insistió en que el impacto de este recorte podría traducirse en una disminución de cobertura y calidad en la atención que reciben miles de menores en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta (PPSO), defendió la decisión y sostuvo que no se deben reducir los recursos destinados a los pensionados del RNC, subrayando que la propuesta cumple con la legalidad vigente. Acosta explicó que el Estado enfrenta una presión fiscal significativa y que, ante la urgencia de financiar las pensiones del régimen no contributivo, se recurrió a la redistribución de partidas presupuestarias. El diputado oficialista enfatizó que se trata de una medida responsable y que el gobierno mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población en situación de pobreza extrema.

La fracción del Partido Liberación Nacional consideró que la moción aprobada evidencia una deficiente planificación presupuestaria y cuestionó el procedimiento seguido en la Comisión, al señalar que la aprobación no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Legislativo. Además, los opositores recalcaron que la decisión afectará de manera directa a los programas de nutrición, educación y cuido infantil, así como a las familias beneficiarias de proyectos de vivienda social.

El recorte a los CEN-CINAI generó preocupación en organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la infancia, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en la atención integral a la niñez y la reducción de oportunidades para familias en comunidades vulnerables. Los CEN-CINAI ofrecen servicios fundamentales como alimentación, educación y cuidado a miles de niños y niñas en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y urbanas de alta exclusión social.

Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Nacional de CEN-CINAI no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el impacto que tendrá esta disminución presupuestaria. Diversos sectores sociales y políticos han solicitado una revisión de la medida y la búsqueda de alternativas que no impliquen recortes en programas sociales esenciales para el bienestar infantil y el acceso a la vivienda.

El debate legislativo en torno a la distribución de recursos públicos continúa en un contexto de restricciones fiscales, donde la prioridad del Ejecutivo se centra en asegurar el pago de pensiones y cumplir con las obligaciones del Estado en materia de seguridad social. La discusión sobre el financiamiento de los programas sociales y la protección de los sectores más vulnerables se mantendrá en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas.

El Salvador experimenta un aumento sin precedentes en la cantidad de trámites registrales en cinco departamentos, que encabezan el crecimiento a nivel nacional, según datos presentados por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. Las cifras, reveladas durante una sesión de trabajo, confirman una tendencia al alza en la actividad registral que impacta tanto en el sector inmobiliario como en el comercial y de propiedad intelectual.

De acuerdo con lo expuesto por Camilo Trigueros, el CNR reporta que Cabañas, Morazán y Cuscatlán se destacan con incrementos de hasta 29% en la cantidad de trámites realizados respecto al año anterior. Estos departamentos, junto a San Vicente y Chalatenango, que también muestran porcentajes de crecimiento de doble dígito, reflejan la expansión de la actividad registral más allá de la capital, marcando una dispersión geográfica que, según el funcionario, evidencia el dinamismo económico en distintas regiones del país.

Durante su comparecencia, Trigueros explicó que el crecimiento en los trámites del CNR abarca las cinco áreas que administra la institución: el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas, el Registro de Comercio, el Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual (ISPI), el Registro de Garantías Mobiliarias y el Instituto Geográfico Nacional. En su intervención, el director subrayó que “en todos los departamentos tenemos doble dígito de crecimiento”, señalando que el desarrollo no se concentra únicamente en San Salvador sino que se encuentra extendido en todo el territorio nacional.

El reporte presentado ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión detalla que el número de trámites totales en el país prácticamente duplicó el volumen registrado en 2018.

En 2025, el CNR cerró con casi un millón y medio de gestiones, mientras que solamente en lo que va de 2026, hasta el 31 de mayo, la institución ya registra un crecimiento del 18% frente al mismo periodo del año anterior. Según la información oficial, “los trámites de compraventa de inmuebles y la creación de nuevas empresas están rompiendo récords históricos”.

El funcionario atribuyó este desempeño al proceso de modernización y simplificación de trámites implementado por el CNR en los últimos años. Entre las medidas destacadas se encuentra la digitalización de servicios como la emisión de certificaciones extractadas y literales, que ahora pueden solicitarse y recibirse en minutos a través de plataformas electrónicas. Además, la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ha permitido que miles de personas formalicen nuevas empresas de manera ágil, sin necesidad de notario y sin costo de registro.

En su exposición, Trigueros puntualizó que el incremento en los trámites no solo responde a la demanda de grandes empresarios, sino que ha facilitado la formalización de micro y pequeños emprendimientos en todos los departamentos del país. “Las oportunidades de negocio encuentran hoy un entorno más accesible y seguro para operar en El Salvador”, aseguró el funcionario ante los diputados presentes en la comisión.

El informe también resalta que la descentralización del crecimiento registral ha llevado a departamentos tradicionalmente menos activos a liderar el aumento de trámites, lo que, según el CNR, evidencia una transformación en la distribución de la inversión y la actividad económica. El caso de Cabañas, Morazán y Cuscatlán se presenta como ejemplo del impacto de las reformas legales y tecnológicas impulsadas en los últimos años.

La sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión concluyó con la participación de los diputados y el agradecimiento al CNR por la información proporcionada. Las cifras y testimonios presentados por Trigueros servirán como insumo para el análisis de la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, que actualmente se encuentra en estudio en el órgano legislativo.

Camilo Trigueros expuso este lunes ante la Asamblea Legislativa los avances del Centro Nacional de Registros (CNR) en digitalización, tiempos de respuesta y apoyo a la inversión en El Salvador.

El director del CNR informó sobre el aumento de la demanda de servicios, la creación de empresas y la reducción de plazos en trámites registrales.

Trigueros compareció ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa para emitir sus consideraciones sobre una nueva normativa de asocios públicos privados, pero no desaprovechó para emitir una breve rendición laboral.

Según expuso, el CNR administra cinco grandes registros: Propiedad Raíz e Hipotecas, Comercio, Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual (ISPI), Garantías Mobiliarias e Instituto Geográfico Nacional. Añadió que la institución gestiona cerca de 470 trámites, desde compraventas de inmuebles hasta la inscripción de marcas y garantías mobiliarias.

Creación de empresas y actividad inmobiliaria

En el registro de comercio, Trigueros informó sobre la creación de más de 4,000 nuevas empresas en lo que va del año, un crecimiento del 32% respecto de 2025.

Atribuyó ese resultado al modelo de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que permite constituir empresas sin notario, sin pago de derechos de registro y en menos de cuatro horas. Agregó que la plataforma CreaEmpresa integra trámites con otras entidades, como el Ministerio de Hacienda, Seguro Social y la Superintendencia de Registro Sanitario, y permite la constitución y formalización empresarial de manera virtual.

El director del CNR dijo además que el valor de las transferencias de dominio inmobiliario ya suma USD 2,000 millones en 2026, equivalente a un crecimiento del 16% respecto del año anterior.

Propiedad intelectual, garantías y cartografía

Trigueros señaló que el CNR incorporó innovaciones en el registro de garantías mobiliarias para que activos como paneles solares, marcas y acciones societarias puedan utilizarse como respaldo para acceder a financiamiento.

En propiedad intelectual, afirmó que la creación del ISPI y la nueva ley sectorial permitieron un aumento del 16% en el registro de marcas nuevas y una reducción de costos para microempresarios, estudiantes y emprendedores. En ese punto, sostuvo: “El Salvador sí logró disminuir los costos de propiedad intelectual”.

También presentó los resultados del proyecto El Salvador Maps, que permitió levantar imágenes de alta precisión de los 20.000 kilómetros cuadrados del país y compartirlas con plataformas internacionales como Google.

Digitalización de servicios y atención presencial

Según Trigueros, todos los departamentos registraron un crecimiento de doble dígito en trámites, con casos como Cabañas y Morazán con incrementos de hasta el 29%.

La modernización institucional incluye la automatización de servicios como la matrícula de empresas, la digitalización de 156 trámites y la entrega de más de un millón de documentos con firma electrónica y 250,000 con sello electrónico.

Añadió que el tiempo máximo de espera para atención presencial se redujo a 25 minutos, para atender a usuarios sin acceso digital.

Durante la sesión, los diputados reconocieron el impacto de las reformas y la simplificación de procesos impulsados por el CNR en la dinámica económica nacional. Trigueros dijo que la experiencia y capacidad del organismo facilitarán la implementación de la futura ley de alianzas público-privadas para ofrecer seguridad jurídica y eficiencia a inversionistas nacionales y extranjeros.

Demanda de servicios y reducción de plazos

Trigueros sostuvo que la modernización normativa y el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo impulsaron un crecimiento del 18% en la demanda de servicios en 2026 respecto del año anterior, con una proyección de cierre anual con cifras récord.

También indicó que, aunque el número de trámites pasó de 900,000 en 2018 a casi 1.5 millones en 2025, los tiempos de respuesta y atención bajaron. Explicó: “a mayor número de servicios, una disminución en el tiempo de respuesta”, a partir de la implementación de mecanismos electrónicos y servicios en línea.

Como ejemplo, señaló que trámites como certificaciones extractadas o literales inmobiliarias, que antes demoraban de tres a cinco días, ahora pueden resolverse en tres minutos y de forma digital, siete días a la semana, 24 horas al día.

La Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cumplió un año de vigencia en El Salvador. Aprobada en junio de 2025 por la Asamblea Legislativa (de manera exprés), la norma fijó reglas para el endeudamiento, la transparencia y la disciplina fiscal, y estableció metas para la deuda del sector público en 2030, 2035 y el largo plazo.

La ley crea normas y lineamientos para la estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo. El texto contempla una regla fiscal con objetivos explícitos de endeudamiento para el sector público, el desarrollo de un Marco Fiscal de Mediano Plazo y la publicación periódica de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas.

La aplicación de la norma alcanza a todas las entidades del Sector Público No Financiero, entre ellas el Gobierno Central, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, instituciones descentralizadas, empresas públicas no financieras y municipalidades.

También incluye a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las obligaciones vinculadas al sistema de pensiones.

Fija obligaciones para las instituciones públicas

Uno de los puntos centrales es la obligación de las instituciones públicas de suministrar al Ministerio de Hacienda toda la información requerida para consolidar el balance fiscal nacional.

El ministerio es la entidad rectora y responsable de coordinar la ejecución y supervisión de la norma, y puede emitir lineamientos técnicos obligatorios y establecer criterios de consistencia fiscal para las distintas entidades estatales.

El ministerio también debe publicar mensualmente el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, incluida la deuda previsional, desglosada por tipo de acreedor, instrumento y plazo.

La elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo se convierte en una herramienta para la gestión y la toma de decisiones sobre política fiscal. El instrumento incluye lineamientos de política, proyecciones económicas, metas anuales de deuda y análisis de riesgos fiscales, así como la evolución de las finanzas de las empresas públicas.

El marco debe cubrir cinco años y publicarse cada año en el Portal de Transparencia Fiscal.

Metas de deuda

La ley fija límites al endeudamiento del Sector Público No Financiero con el objetivo de que, en el largo plazo, la deuda con pensiones no supere el 70% del Producto Interno Bruto. Para alcanzarlo, el balance primario del sector público debe reflejar una tendencia continua de reducción en la relación deuda-PIB.

La norma establece que la deuda no podrá superar el 80% del PIB en 2030 y el 75% en 2035, mientras que la meta de largo plazo está prevista para 2045. Los ajustes y revisiones de estos parámetros pueden hacerse cada 10 años, siempre con justificación técnica del Ejecutivo y aprobación legislativa.

¿Qué prevé ante situaciones excepcionales?

La normativa también contempla mecanismos de flexibilidad ante eventos excepcionales. La Cláusula de Suspensión permite modificar temporalmente las metas de deuda frente a emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o caídas pronunciadas del PIB.

En esos casos, el Ministerio de Hacienda debe justificar y publicar cualquier suspensión, y definir una nueva senda fiscal para volver a los límites establecidos.

Durante este primer año, la publicación de reportes fiscales y la elaboración de los marcos fiscales anuales permitieron un mayor seguimiento del desempeño presupuestario. El gobierno informó avances en la consolidación de información financiera y en la identificación de riesgos asociados a las finanzas públicas.

La divulgación de los activos y pasivos de todos los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa de El Salvador quedó completada tras la publicación de la declaración patrimonial de Reinaldo Alcides Carballo Carballo, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Con este registro, el sitio web del Ministerio de Hacienda proporciona información patrimonial de los 60 legisladores elegidos para el periodo 2024-2027, un hecho que marca el cierre de una etapa de transparencia institucional impulsada por exigencias internacionales y normativas anticorrupción.

El Ministerio de Hacienda habilitó el portal de activos y pasivos a finales de mayo, desde entonces se podían consultar las declaraciones de 58 de los 60 diputados propietarios. La incorporación de los datos de Carballo permite completar el listado de este órgano del Estado.

De acuerdo con los datos oficiales, el diputado Carballo, quien también ocupa el cargo de secretario general del PDC, declaró activos por $5,612,675.96 y pasivos por $1,470,414.36, lo que sitúa su patrimonio neto en $4,142,261.60, el más elevado entre los actuales miembros de la Asamblea Legislativa.

El funcionario lidera así la tabla patrimonial, por encima de figuras como Claudia Carolina Toledo de Morán, con un patrimonio de $1,887,000.00, y Reynaldo Antonio López Cardoza, con $1,606,880.07. Estos datos pueden consultarse abiertamente en el sitio del Ministerio de Hacienda, digitando el nombre completo del legislador y la institución correspondiente.

Otros diputados como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, mantiene activos por $321,580 y pasivos por $89,205; es decir, tiene un patrimonio de $232,375. Mientras que la vicepresidenta legislativa, Suecy Beverley Callejas Estrada, tiene activos por $223,278 y pasivos por $172,813, reportando así un patrimonio de $50,465.

El listado completo, disponible en el portal gubernamental, muestra que la suma de activos de los 60 diputados asciende a $23,843,387, mientras que los pasivos llegan a $8,294,853. El patrimonio neto conjunto de la legislatura se ubica en $15,548,533.74.

El proceso de publicación de estos datos responde a compromisos internacionales y a la reciente legislación nacional. El Gobierno de El Salvador asumió, ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), la obligación de robustecer la transparencia fiscal y el control del enriquecimiento ilícito. El acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI, por $1,400 millones, incluyó entre sus condiciones la implementación de mecanismos como la divulgación patrimonial y la rendición de cuentas de los funcionarios.

En ese contexto, la Ley Especial de Combate a la Corrupción y Extinción de Dominio, aprobada por mayoría oficialista, estableció la obligación para todos los funcionarios de presentar declaraciones de activos y pasivos.

La normativa indica que el incumplimiento de este deber conlleva la destitución inmediata del cargo, además de posibles sanciones administrativas y penales para quienes falseen u oculten información. De acuerdo con el texto legal, la Superintendencia de Integridad y Ética Gubernamental es la entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento y de trasladar eventuales irregularidades al Ministerio Público.

El avance en la transparencia patrimonial tiene antecedentes complejos. En 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales presentadas por los funcionarios serían consideradas confidenciales. A partir de esa decisión, la información sobre variaciones en el patrimonio de los funcionarios públicos quedó reservada.

Actualmente, la consulta de la información patrimonial de los diputados es directa: los interesados deben ingresar el nombre completo del legislador y la institución “Asamblea Legislativa” en el sistema digital oficial. Esta apertura permite conocer los bienes reportados de cada diputado propietario, aunque las adendas y justificaciones de incrementos patrimoniales permanecen fuera del alcance público.

La publicación de estos datos representa un paso relevante en materia de transparencia y control del patrimonio público en El Salvador. Con esta información patrimonial se consolida el cumplimiento de los compromisos asumidos ante el FMI por las autoridades salvadoreñas.

Las diputadas Claudia Dobles Camargo y Abril Gordienko López presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tras considerar que una reciente decisión vulneró sus derechos parlamentarios y sentó un precedente peligroso para la democracia costarricense.

Ambas legisladoras solicitaron formalmente realizar una permuta entre sus participaciones en las comisiones legislativas permanentes especiales.

Argumentaron que el Reglamento de la Asamblea Legislativa reconoce expresamente este derecho y no impone restricciones en cuanto a la pertenencia a diferentes fracciones legislativas.

Sin embargo, la Presidencia Legislativa denegó la solicitud bajo el argumento de que las permutas no pueden realizarse entre diputadas de fracciones distintas, lo que las legisladoras calificaron como una interpretación arbitraria y carente de fundamento legal.

Según el comunicado, la resolución impugnada excede las competencias de la Presidencia Legislativa y crea una restricción inexistente en la normativa interna, lo que constituye una afectación directa a los derechos fundamentales de representación política.

Dobles y Gordienko sostienen que la permuta propuesta cumplía con todos los requisitos: ambas son titulares en sus respectivas comisiones, la solicitud se presentó en el plazo reglamentario y ninguna ostenta la presidencia de las comisiones involucradas.

Además, el intercambio no alteraría la representación partidaria ni la paridad de género, ya que se trata de una permuta entre dos mujeres.

La controversia cobra relevancia pública porque las comisiones legislativas son espacios esenciales donde se discuten y dictaminan proyectos de impacto nacional. Impedir de manera arbitraria la participación de representantes electos, según las diputadas, debilita la representación democrática y el respeto al Estado de Derecho.

La Sala Constitucional ha reiterado en resoluciones anteriores que la permuta es un derecho parlamentario funcional y que la Presidencia Legislativa no puede vetarlo por criterios políticos siempre y cuando se cumplan los requisitos formales. Al desconocer dicha jurisprudencia, la Asamblea Legislativa podría exponerse a una condena constitucional con consecuencias institucionales y patrimoniales.

La diputada Abril Gordienko López advirtió que la decisión afecta especialmente a las fracciones unipersonales, que solo pueden ejercer el derecho de permuta con legisladores de otros partidos. Negar esta posibilidad genera una desigualdad injustificada y vulnera el principio de igualdad parlamentaria. Claudia Dobles Camargo, por su parte, subrayó que “no se puede permitir que interpretaciones arbitrarias vacíen de contenido los derechos que la ley garantiza a las diputaciones, ya que ello sienta un precedente peligroso para el funcionamiento democrático del Parlamento”.

Ambas legisladoras manifestaron que seguirán participando activamente en las comisiones y cumpliendo sus responsabilidades, pero defenderán por todas las vías legales el respeto a la Constitución, el Reglamento Legislativo y los derechos de todas las diputaciones. “Defender estos derechos, concluyeron, es también defender el derecho de la ciudadanía a una Asamblea Legislativa plural, respetuosa de la ley y libre de abusos desde la Presidencia legislativa”.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 53 votos, su primer calendario de recesos del período 2026-2027, una decisión que suspenderá sesiones y plazos entre julio de 2026 y marzo de 2027 y que deja definidos desde el primer mes de trabajo los días libres del Congreso para medio año, fin de año y Semana Santa.

La moción fija 16 días de receso y suma tres feriados, para un total de cuatro semanas sin actividad legislativa. Durante esos períodos se suspenden los plazos legales y reglamentarios, así como las sesiones del plenario y de las comisiones.

El acuerdo fue votado antes del cierre de la sesión del plenario de este jueves 28 de mayo. Dos diputaciones se opusieron: el liberacionista Eder Hernández Ulloa y la diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

Otros dos legisladores no estaban presentes al momento de la votación, por lo que la moción recibió el respaldo de 53 congresistas de un total de 57.

El primer receso coincidirá con las vacaciones escolares de julio

Según la moción leída por Gerald Bogantes Rivera, primer secretario del directorio legislativo, el primer receso irá del 6 al 10 de julio de 2026. Ese tramo coincide con la primera semana de vacaciones de medio período del calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, previstas del 6 al 17 de julio.

El segundo receso abarcará del 21 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el texto aprobado, el último día laboral del año será el viernes 18 de diciembre y los diputados retomarán sus funciones el lunes 4 de enero de 2027.

La tercera pausa quedó programada del 22 al 24 de marzo de 2027. A esos tres días se agregan los feriados de Jueves y Viernes Santos, 25 y 26 de marzo, por lo que la actividad legislativa se reanudará el lunes 29 de marzo.

La votación llegó cuando el Congreso cerraba su primer mes de funciones

La definición del calendario de recesos se produjo cuando concluía el primer mes de trabajo de los diputados electos en febrero y que comenzaron funciones el 1 de mayo. La Asamblea cumple un mes de labores a inicios de junio.

El acuerdo mantiene una práctica que ya venía del período anterior, cuando los recesos de Días Santos, medio año y Navidad y Año Nuevo se aprobaron cada año. En esta ocasión, los nuevos diputados dejaron resueltas sus vacaciones de los próximos meses apenas iniciado el período 2026-2030.

Según la moción de orden sometida al plenario, durante los recesos cesará toda la actividad legislativa. Eso incluye tanto las sesiones del plenario como las de comisiones y la suspensión de todos los plazos legales y reglamentarios.

La nueva circunscripción para la diáspora salvadoreña ya está vigente en El Salvador desde el 23 de mayo de 2026, tras una reforma al Código Electoral publicada el 15 de mayo en el Diario Oficial y divulgada el 28 de mayo. El cambio crea seis escaños para votantes en el exterior y reacomoda la representación en la Asamblea Legislativa.

El texto legal asigna seis diputados a “en el extranjero” y los descuenta de los dos departamentos con más población, de acuerdo con el censo nacional de 2024: San Salvador baja de 16 a 11 curules y La Libertad de siete a seis, según la normativa.

La reforma también modifica reglas de votación y partidos de cara a las elecciones de 2027, al incluir cambios sobre documentos de identidad, postulación de salvadoreños fuera del país, financiamiento privado, prohibiciones para afiliación y propaganda, y un piso de participación femenina en planillas.

Distribución de los 60 escaños legislativos

Con la redistribución, la Asamblea Legislativa queda conformada por 60 escaños. San Salvador tendrá 11 diputados (antes 16) y La Libertad seis (antes siete), con base en la población consignada por el censo de 2024: 1.563.371 habitantes en San Salvador y 765.879 en La Libertad, según el detalle incluido en la reforma.

Distribución de los 60 escaños legislativos:

• San Salvador: 11 diputados (antes 16) – Población: 1,563,371
• La Libertad: 6 diputados (antes 7) – Población: 765,879
• Santa Ana: 5 diputados – Población: 552,938
• San Miguel: 5 diputados – Población: 447,634
• Sonsonate: 5 diputados – Población: 470,455
• Usulután: 4 diputados – Población: 325,494
• Ahuachapán: 3 diputados – Población: 348,880
• La Paz: 3 diputados – Población: 318,374
• La Unión: 2 diputados – Población: 224,375
• Cuscatlán: 2 diputados – Población: 244,901
• Chalatenango: 2 diputados – Población: 185,930
• Morazán: 2 diputados – Población: 169,784
• San Vicente: 2 diputados – Población: 161,857
• Cabañas: 2 diputados – Población: 143,049
• En el extranjero: 6 diputados

El nuevo artículo 13 del Código Electoral dispone que la cantidad de escaños para el exterior se integrará mediante la redistribución desde los departamentos con mayor población, con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de representación proporcional, según el texto publicado en el Diario Oficial.

Otras reformas electorales y cambios en la Ley de Partidos Políticos

La misma reforma introduce cambios en la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y en la Ley de Partidos Políticos. Entre las disposiciones, el texto establece que para votar en 2027 no será necesaria la vigencia de los documentos de identidad.

También define que el voto de salvadoreños en el extranjero se asignará a la circunscripción nacional o, para la Asamblea Legislativa, a la circunscripción en el extranjero si el domicilio está fuera del país, de acuerdo con la redacción aprobada. La norma reconoce, además, el derecho de salvadoreños en el exterior a postularse a cargos de elección popular si cumplen los requisitos legales, según el articulado.

En materia partidaria, la reforma fija nuevos términos para postular candidaturas y para recibir financiamiento privado, exige contabilidad formal y obliga a presentar informes detallados sobre fondos privados, según los cambios introducidos a la Ley de Partidos Políticos.

El texto prohíbe afiliar a ministros religiosos, miembros activos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, y restringe el uso de símbolos patrios en propaganda. También prohíbe recurrir a la violencia, afectar el funcionamiento estatal o la imagen de candidatos, de acuerdo con la normativa.

En cuanto a integración de planillas, establece que las candidaturas a diputaciones y concejos municipales deberán incluir al menos 30% de mujeres, y habilita que los partidos pacten coaliciones en todos los niveles, incluidas las circunscripciones en el extranjero.

Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 27 de mayo, en la sesión ordinaria número 111, la prórroga número 51 del régimen de excepción. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, se ha consolidado como el principal recurso del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y mantener los niveles de seguridad pública.

Con esta nueva ampliación, el régimen de excepción se mantendrá vigente durante 30 días más, extendiendo la suspensión de ciertas garantías constitucionales con el objetivo declarado de consolidar los avances logrados en la lucha contra el crimen organizado.

Tras la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro justificó que la continuidad se debe a la reducción significativa de homicidios y la captura de más de 90 mil pandilleros, afirmando que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos a un referente en seguridad regional.

“Hoy, cuatro años después, los resultados hablan por sí solos. El Salvador ha pasado de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en referente internacional en materia de seguridad”, abogó el parlamentario.

De igual manera, el diputado Reynaldo Cardoza manifestó un respaldo total y reiterado al régimen de excepción, asegurando que su partido (PCN) ha apoyado la medida desde el inicio y continuará haciéndolo cada vez que sea necesario.

Cardoza afirmó que El Salvador ahora es un país libre de violencia, sin asesinatos en el transporte público ni crímenes atroces contra menores, situaciones que según expuso eran frecuentes en el pasado.

“Queremos reafirmar nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y decirte que vamos a seguir votando cuantas veces sean necesarias para tener un país libre, totalmente de maras, para tener un país en tranquilidad, un país en paz, tal y como lo estamos viviendo en estos momentos”, expuso Cardoza.

La postura del órgano legislativo frente a la continuidad de la medida ya había sido adelantada con firmeza por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. En una reciente entrevista concedida al espacio Frente a Frente, el legislador fue categórico al declarar que “el régimen de excepción va a ser prorrogado las veces que sea necesario”.

Castro defendió que cada votación en el salón azul no es una decisión aislada, sino un mandato directo y respaldado por la ciudadanía que exige mantener la tranquilidad lograda en los barrios y colonias del país.

Durante su intervención, Castro destacó que la articulación entre la Presidencia, el gabinete de seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República ha permitido alcanzar logros inimaginables en el pasado.

El funcionario detalló que bajo la actual administración se acumulan más de 1,200 días sin homicidios, de los cuales más de 100 corresponden al transcurso del presente año 2026. Para la bancada oficialista, estas estadísticas rompen con décadas de violencia social y sustentan la legalidad legítima de las prórrogas.

Récord de aprobación a Bukele y aval ciudadano a su política de seguridad, según CID Gallup

La nueva extensión se produce en una jornada marcada por la presentación de los resultados de la última encuesta de la firma CID Gallup, la cual revela un respaldo sin precedentes históricos hacia la gestión del presidente Nayib Bukele y sus políticas de control de la violencia criminal.

El gerente general de CID Gallup, Luis Haug, presentó los datos del estudio basado en 1,200 entrevistas telefónicas realizadas a nivel nacional. La medición confirma que la agenda política y social del país sigue dictada por el éxito de las estrategias contra las pandillas.

Según el reporte, el mandatario alcanza un 93% de aprobación a su imagen y un histórico 98% de satisfacción ciudadana respecto al abordaje gubernamental en seguridad. Haug subrayó que estos niveles de aceptación representan un hito en la región, consolidando las acciones locales como una experiencia única en Latinoamérica.

El impacto directo en la vida cotidiana de la población se refleja en que el 97% de los salvadoreños encuestados afirmó no haber sido víctima de ningún crimen en los últimos cuatro meses.

Asimismo, el 95% avaló la estrategia directa contra las estructuras criminales y un 83% se mostró a favor de aplicar medidas más estrictas para los reclusos y aquellos delincuentes que aún están pendientes de captura.

Estos indicadores justifican la continuidad de la herramienta legal en el Parlamento, donde el bloque oficialista defendió la necesidad de no dar marcha atrás.

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de armonización del mercado eléctrico con 27 votos, una iniciativa que amplía la participación privada en la generación y comercialización de energía, pero que aún no reúne los 38 apoyos requeridos para superar el segundo debate por la creación del nuevo Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional.

El texto recibió 25 votos en contra: 16 diputados del Partido Liberación Nacional, los siete del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. La oposición además anunció que enviará la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional y que no dará los 38 votos necesarios para la aprobación final.

La votación se realizó antes de las 22:00 de este martes porque funcionarios del Congreso acumulaban más de 12 horas de trabajo y la ley lo prohíbe, después de un reclamo del diputado del Frente Amplio José María Villalta a la presidenta legislativa Yara Jiménez. La discusión en el plenario se extendió durante seis horas.

El proyecto abre el mercado y crea un nuevo ente autónomo

La iniciativa permitiría que, además del Instituto Costarricense de Electricidad, empresas privadas, cooperativas y otros actores generen y vendan electricidad dentro de un esquema regulado por el Estado. Hoy, toda la energía privada solo puede ser adquirida por el ICE bajo un sistema de cuotas.

El cambio institucional central es la creación del Ecosen, una nueva institución autónoma que coordinaría técnicamente el sistema y administraría el mercado eléctrico, también asumiría funciones de operación, planificación y administración que hoy recaen en el ICE.

Según la propuesta, la planificación del sistema eléctrico quedaría bajo las políticas del Ministerio de Ambiente y Energía. El Ecosen elaboraría el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la Transmisión Nacional y su funcionamiento se financiaría mediante un canon eléctrico.

El proyecto también plantea flexibilizar la compra y contratación de electricidad entre distribuidoras y generadores privados, fortalecer la generación distribuida, permitir la permanencia de pequeñas plantas dentro del sistema nacional y abrir el acceso al Sistema Eléctrico Nacional a personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos técnicos y legales.

La necesidad de una mayoría calificada surgió por un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que concluyó que el expediente requiere al menos 38 votos por crear una institución autónoma. Esa exigencia convierte el segundo debate en el principal obstáculo del proyecto.

La oposición cuestiona el impacto sobre el ICE y las tarifas

El jefe de fracción del PLN Álvaro Ramírez sostuvo que la iniciativa afectaría el “modelo solidario” del sistema eléctrico y no garantiza una reducción en las tarifas para hogares y pequeños comercios. También afirmó que la creación del Ecosen restaría protagonismo al ICE y abriría espacio a una mayor injerencia política al quedar bajo influencia del Minae.

El Frente Amplio afirmó que la aprobación del proyecto generaría “tarifazos”, apagones y aumentos en los recibos eléctricos por el alza en los precios derivada de la competencia entre productores. La diputada Sigrid Segura, del FA, sostuvo que el oficialismo no ha dado “ni un solo argumento” de por qué esa ley no implicaría una desmantelación del sistema eléctrico.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, señaló que el país debe modernizar su sistema eléctrico, pero que ese proceso no debe traducirse en un socavamiento de las entidades públicas. A las objeciones parlamentarias se sumaron protestas de sindicatos, movimientos estudiantiles y otros grupos a las afueras del Congreso y en la barra del público.

El oficialismo defendió la modernización del sistema

Durante la discusión, los diputados oficialistas defendieron que el país necesita modernizar el sistema eléctrico y ampliar la participación de otros actores en la generación de energía. La diputada Nayuribe Guadamuz, indicó: “No vamos a permitir que, en nombre de una falsa modernización, desmonten en silencio el modelo del país que tantos costarricenses construyen con esfuerzo. Este proyecto mantiene la rectoría del Estado, mantiene la regulación tarifaria de la Aresep, mantiene la transmisión y distribución reguladas, mantiene el principio de solidaridad y mantiene al ICE como actor estratégico del sistema eléctrico costarricense”.

El primer debate dejó aprobado el expediente con 27 votos a favor y 24 en contra. Pese a ese aval inicial, la iniciativa todavía depende de una mayoría reforzada que la oposición ya adelantó que no respaldará en el plenario.

El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una de las principales apuestas del Gobierno de Laura Fernández, enfrenta este martes un escenario político cuesta arriba en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que la diputada Claudia Dobles y la fracción del Partido Liberación Nacional anunciaran oficialmente su voto en contra de la iniciativa.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 23.414, pretende transformar el modelo eléctrico costarricense mediante cambios en la participación estatal y privada dentro del mercado energético. Sin embargo, sus críticos sostienen que el texto debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), rompe el principio solidario del sistema y podría terminar elevando las tarifas para hogares y pequeñas empresas.

La posición del Partido Liberación Nacional (PLN) se oficializó este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de fracción, Álvaro Ramírez, y el excandidato presidencial Álvaro Ramos. La bancada verdiblanca confirmó que sus 17 diputados votarán negativamente el proyecto, una decisión que prácticamente deja sin posibilidades matemáticas al oficialismo de alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar la reforma.

“El país necesita un ICE fuerte y este proyecto lo debilita”, afirmó Ramírez al justificar la decisión del partido. La agrupación sostuvo además que Costa Rica sí requiere modernizar su sistema eléctrico, pero bajo un modelo distinto al planteado por el Gobierno.

Claudia Dobles endureció la oposición al proyecto

Horas antes del anuncio liberacionista, la diputada Claudia Dobles también confirmó públicamente que votará en contra del expediente, una decisión que terminó consolidando un bloque opositor suficiente para bloquear la iniciativa.

En un video divulgado durante el fin de semana, Dobles aseguró que el proyecto “no garantiza el modelo solidario y universal” que actualmente sostiene el sistema eléctrico nacional y advirtió que podría incrementar el precio de la electricidad para las familias y pequeños negocios.

La legisladora, quien llegó al Congreso mediante la coalición Agenda Ciudadana, afirmó además que el texto contiene “deficiencias importantes” y deja al ICE “sin herramientas pero con todas las responsabilidades”. Según explicó, la propuesta genera conflictos de interés institucionales y no asegura cobertura equitativa para todo el territorio nacional.

La posición de Dobles resultó especialmente relevante debido a que, hasta hace pocos días, distintos sectores políticos mantenían dudas sobre el sentido final de su voto. Su rechazo terminó alineándose con la postura ya anunciada por el Frente Amplio, que también confirmó oposición al expediente.

El Gobierno pierde margen político en la Asamblea

La reforma eléctrica requiere al menos 38 votos en el Congreso debido a cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la autonomía constitucional del ICE y a la creación de nueva institucionalidad autónoma. Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que el proyecto entra en el ámbito de los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, lo que obliga a una mayoría calificada.

Sin el apoyo del PLN y con la oposición ya confirmada del Frente Amplio y Claudia Dobles, el oficialismo quedó matemáticamente lejos de los votos necesarios. Actualmente, el Gobierno y sus aliados suman cerca de 31 apoyos legislativos, insuficientes para sacar adelante la iniciativa.

El exministro de Hacienda y figura clave del oficialismo, Nogui Acosta, reconoció este lunes que el Gobierno no esperaba el rechazo liberacionista.

Mientras tanto, sectores empresariales y cámaras industriales han defendido la propuesta argumentando que Costa Rica necesita mayor capacidad de generación eléctrica, tarifas más competitivas y herramientas para enfrentar el crecimiento de la demanda energética.

El debate ocurre además en medio de advertencias sobre posibles riesgos de racionamientos, aumento del consumo eléctrico y presión sobre la infraestructura energética nacional.

El modelo eléctrico vuelve al centro de la disputa política

La discusión alrededor del proyecto terminó convirtiéndose en uno de los principales choques políticos del inicio de la nueva legislatura.

Para el oficialismo, la armonización eléctrica representa una modernización necesaria para responder al crecimiento económico y tecnológico del país. Pero para sus opositores, el expediente abre la puerta a una transformación estructural que podría debilitar el modelo solidario construido históricamente alrededor del ICE.

El PLN anunció incluso que impulsará una propuesta alternativa denominada “ley de emergencia y seguridad energética”, enfocada en evitar eventuales racionamientos sin modificar profundamente el modelo actual.

La votación está programada para este martes en el plenario legislativo y se anticipa como una de las discusiones más tensas del año político.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, debutó este miércoles con un nuevo formato de conferencias semanales desde Casa Presidencial, en una jornada cargada de anuncios políticos, económicos y de infraestructura, donde el tema central fue el avance del proyecto del tren eléctrico “Tibby”, recientemente aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Fernández aprovechó su primera conferencia de prensa de los miércoles para marcar el tono de su administración: confrontación con proyectos anteriores, defensa de la obra pública y presión política para acelerar iniciativas consideradas prioritarias por el Gobierno.

La actividad arrancó con un mensaje contundente sobre el financiamiento del tren eléctrico, proyecto que recibió respaldo unánime de los 57 diputados y que, según la mandataria, representa una solución histórica para los problemas de congestión vial en la Gran Área Metropolitana.

“Es un día de alegría para todo el pueblo de Costa Rica. Hoy vamos a firmar esta importante ley que le va a dar los recursos al INCOFER para poder tener en el menor tiempo posible esta solución a las grandes presas”, afirmó Fernández durante el acto oficial de firma junto al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, y el presidente ejecutivo del INCOFER, Álvaro Bermúdez.

El Gobierno aprovechó además para lanzar críticas contra el proyecto ferroviario impulsado en la administración anterior por la hoy diputada Claudia Dobles. Durante uno de los videos proyectados en la conferencia, se desmintieron varios cuestionamientos hechos por Dobles sobre el plan “Tibby”, particularmente relacionados con tarifas, pasos a desnivel y costos por kilómetro.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo, el nuevo proyecto tendría un costo de 800 millones de dólares para 52 kilómetros, frente a los 1,500 millones de dólares que habría requerido el tren planteado por la administración anterior para 86 kilómetros.

Fernández aseguró que el nuevo Congreso ha mostrado “vientos de cambio” y celebró la relación política con la actual Asamblea Legislativa, liderada por la bancada oficialista y la presidenta legislativa Yara Jiménez.

La mandataria incluso estrenó un nuevo segmento denominado “De la mano con el Congreso”, donde el Ejecutivo repasó los proyectos aprobados o avanzados durante las primeras semanas legislativas. Entre ellos destacó el financiamiento del tren eléctrico, programas para reconstrucción de infraestructura afectada por emergencias, recursos para el agro, reformas al PANI y la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.

“¿Se dan cuenta que sí podíamos? ¿Se dan cuenta de lo increíble que es trabajar en equipo cuando se suman fuerzas y nuevos bríos al servicio del pueblo de Costa Rica?”, expresó Fernández.

Durante la conferencia también participó el jefe de fracción oficialista, Nogu Acosta, quien afirmó que “bien valió su voto”, al señalar que el oficialismo ahora cuenta con una mayoría legislativa que permite impulsar proyectos estratégicos del Ejecutivo.

Otro de los anuncios relevantes giró en torno a la economía y el turismo. El Gobierno informó que Costa Rica recibió más de 1,195 millones de turistas por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año, lo que representa un crecimiento del 10,5% respecto al mismo periodo del 2025.

Fernández destacó además el aumento en las frecuencias de vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa, que pasará de tres a cinco vuelos semanales hacia Costa Rica.

En materia económica, el Ejecutivo resaltó que el Instituto Nacional de Seguros alcanzó un capital social superior al billón de colones y anunció el impulso de un nuevo seguro paramétrico para productores de café afectados por sequías o exceso de lluvias.

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, explicó que este mecanismo permite activar pagos automáticos sin necesidad de inspecciones presenciales cuando se registran condiciones climáticas extremas previamente definidas.

“El agricultor puede pronto tener su dinero y volver a sembrar”, señaló Chacón.

Otro de los momentos más celebrados por el oficialismo fue la actualización sobre el avance de la carretera a San Carlos, específicamente en la llamada “punta sur”, obra que Fernández describió como una deuda histórica con la zona norte y Occidente del país.

Según datos presentados por el MOPT, durante el último mes se removieron 190 mil metros cúbicos de tierra y uno de los tramos ya supera el 73% de excavación. Además, el Gobierno informó sobre la construcción del que sería el viaducto más largo de Costa Rica, con más de 300 metros de longitud.

“Si fuera fácil, otros lo habrían hecho hace mucho. Nosotros decidimos comernos la bronca y estamos cumpliendo”, afirmó uno de los videos institucionales proyectados durante la conferencia.

La jornada también incluyó anuncios sobre pruebas prácticas de manejo sin cita previa en el Estadio Nacional, la restauración del histórico Teatro Variedades y la feria de empleo Talent de PROCOMER, que reunió a más de 11,La400 personas.

Con este nuevo formato semanal, Laura Fernández busca consolidar un espacio permanente de comunicación política y rendición de cuentas, combinando anuncios de Gobierno, propaganda institucional y mensajes dirigidos tanto a la oposición como a la ciudadanía.

Una nueva interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta redefine los criterios para la deducción de costos y gastos empresariales, incorporando cambios clave en la documentación y admisibilidad de las mermas y pérdidas a partir del 19 de mayo de 2026.

La Asamblea Legislativa aprobó una interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que entra en vigor este 19 de mayo, según el decreto publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo.

El nuevo texto reitera la interpretación de 2019, pero incorpora dos disposiciones centrales que impactan la contabilidad y los registros de las empresas.

El nuevo marco establece que se considerarán costos y gastos necesarios para la producción de la renta todos aquellos que sean indispensables y propios del negocio, siempre destinados exclusivamente al cumplimiento de su finalidad.

Esto incluye mermas, pérdidas o gastos incurridos, tanto para la producción de renta como para la conservación de su fuente, siempre que tengan un costo real y razonable, sean inherentes a la actividad y estén debidamente documentados.

La reforma agrega que la merma o pérdida, para ser deducible, debe estar registrada en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente, eliminando el requisito previo de que fueran reconocidas por organismos reguladores.

Según el texto oficial, “la merma, pérdida, gasto o costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible toda vez que los valores reclamados estén debidamente documentados y registrados en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente según corresponda”.

Otra modificación relevante especifica que no será necesario que resulte impuesto computado para que el costo o gasto sea admitido como deducible al establecer la renta imponible.

De acuerdo con el decreto, “para que sea admisible como deducible este costo o gasto al momento de establecerse la renta imponible del ejercicio en que se incurre, no será necesario que resulte impuesto computado”.

El texto, que queda incorporado al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, aplica a todos los sectores económicos, incluyendo industria, comercio y servicios, y menciona ejemplos como la comercialización de bienes perecederos, bienes de consumo, textiles, industria eléctrica y sector hidrocarburos.

Además, la disposición faculta a la Dirección General de Impuestos Internos para emitir instrucciones, resoluciones y guías administrativas que aseguren la correcta aplicación de la interpretación. El decreto señala que la interpretación será de carácter definitivo y deroga la anterior interpretación de 2019, la cual perderá vigencia al momento de la entrada en vigor de la nueva disposición.

La medida buscaría dar certidumbre sobre los criterios de deducción en la determinación de la renta neta y establece parámetros claros sobre la documentación y justificación requerida para los costos y gastos que se reportan como deducibles ante la administración tributaria.

“Que sin perjuicio de la referida interpretación, se ha advertido que, desde la aprobación de la misma, a la fecha, existen algunos aspectos , que demandan de la imperiosa necesidad de ser aclarados, a través de una interpretación auténtica al artículo 28 de la referida ley, con la finalidad de definir los reales alcances, de la citada disposición legal, para que tanto su aplicador, como el sujeto a quien se le aplica, tenga de una manera clara los reales alcances del contenido”, se justificó.

La fracción legislativa del Frente Amplio presentó una moción en el Plenario Legislativo para crear una comisión especial mixta enfocada en reformar y fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial costarricense.

La iniciativa surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la mora judicial, el atraso en casos de corrupción de alto perfil y las dificultades de acceso a la justicia que enfrentan distintos sectores de la población.

El diputado Antonio Trejos Mazariegos aseguró que la propuesta pretende demostrar que es posible impulsar cambios profundos dentro del sistema judicial sin debilitar la institucionalidad democrática ni la independencia de poderes.

“Costa Rica necesita una justicia más pronta, transparente y accesible. La ciudadanía está cansada de grandes casos de corrupción que no avanzan y de problemas estructurales que afectan el acceso a la justicia. Frente a eso, propondremos soluciones serias, democráticas y técnicamente responsables”, afirmó el legislador frenteamplista.

Comisión buscará acuerdos para modernizar la justicia

La propuesta, impulsada junto a diputados de otras bancadas legislativas, plantea la creación de un espacio de análisis, investigación y construcción de acuerdos orientados a atender problemas estructurales del sistema de administración de justicia.

Entre los principales temas que abordaría la comisión destacan la mora judicial, la sobrecarga de expedientes, la transparencia institucional y la digitalización de procesos judiciales.

Además, el grupo analizaría el fortalecimiento de la carrera judicial, el uso de nuevas tecnologías y las barreras que enfrentan poblaciones vulnerables para acceder a servicios de justicia.

La intención es que la comisión también pueda estudiar y dictaminar proyectos de ley relacionados directamente con la modernización del sistema judicial costarricense.

Expertos y sociedad civil participarían en el proceso

Uno de los puntos centrales de la propuesta es incorporar participación de sectores externos al Congreso.

La comisión incluiría audiencias y espacios de consulta con especialistas en derecho, organizaciones de sociedad civil, trabajadores judiciales y entidades vinculadas al sistema de justicia.

Según el Frente Amplio, el objetivo es generar recomendaciones concretas y propuestas legislativas técnicamente fundamentadas que permitan modernizar el Poder Judicial y mejorar la atención a la ciudadanía.

Debate sobre independencia judicial

La iniciativa aparece en un contexto de tensión política alrededor del Poder Judicial y de constantes cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento de tribunales y fiscalías.

En ese escenario, Trejos Mazariegos insistió en que reformar el sistema no debe confundirse con debilitar la independencia judicial.

“Defender la independencia judicial no implica negar los problemas existentes dentro del sistema, sino asumir con responsabilidad la tarea de reformarlo y fortalecerlo sin caer en ataques que debiliten la separación de poderes o abran espacio a presiones políticas sobre la justicia”, señaló.

El legislador agregó que Costa Rica necesita un Poder Judicial “independiente, fuerte, moderno, transparente y democrático”, capaz de garantizar justicia pronta y cumplida para toda la población.

Mora judicial sigue siendo uno de los principales reclamos

La mora judicial se ha convertido en uno de los problemas más señalados por distintos sectores sociales y empresariales en Costa Rica.

Procesos que tardan años en resolverse, investigaciones de corrupción sin sentencia y retrasos en distintas materias judiciales forman parte de las principales críticas que enfrenta el sistema.

Diversos informes institucionales y organismos internacionales han advertido durante los últimos años sobre la necesidad de acelerar procesos, fortalecer herramientas digitales y mejorar la eficiencia administrativa del Poder Judicial.

La propuesta del Frente Amplio abre ahora un nuevo debate político sobre cómo reformar el sistema judicial sin comprometer la independencia de los jueces ni alterar el equilibrio entre poderes del Estado.

Con la finalidad de armonizar el sistema electoral para los salvadoreños que residen fuera del país y en concordancia con la reciente reforma constitucional, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que establece cómo será la asignación del voto de la diáspora salvadoreña para tener representación legislativa.

La reforma define con precisión la distribución del voto tomando como base el Documento único de Identidad (DUI) y el pasaporte de los salvadoreños en el exterior. En ese sentido, el artículo cuatro de la ley reformada establece la asignación del sufragio conforme con el tipo de elección de la siguiente manera:

• Elección de Presidente y Vicepresidente: Todos los votos emitidos por salvadoreños en el extranjero se asignarán a la circunscripción nacional, independientemente del domicilio registrado en el DUI.

• Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa: Se aplicarán criterios diferenciados según el domicilio consignado en el DUI:

• Si el domicilio en el documento de identidad está registrado fuera del territorio nacional, el voto se asignará a la circunscripción en el extranjero.

• Si el domicilio según el DUI corresponde a un lugar dentro del territorio nacional, el voto se asignará al municipio o departamento que figure en ese documento.

• Si el votante ejerce el sufragio usando pasaporte, el voto se asignará a la circunscripción en el extranjero, sin importar si el pasaporte fue emitido dentro o fuera de El Salvador.

Con esta disposición, la residencia declarada en el DUI o el uso del pasaporte determinarán el destino del voto. Además, para el proceso electoral de 2027, no será necesario que el DUI esté vigente para ejercer el derecho al sufragio en el extranjero.

El cambio fue aprobado con 57 votos a favor, en su mayoría con votos del partido oficialista, después de haber reformado el Código Electoral tras una acalorada discusión parlamentaria entre diputados de Nuevas Ideas y las diputadas de oposición, Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Claudia Ortíz, del partido VAMOS.

Posteriormente, los parlamentarios aprobaron también reformas a la Ley de Partidos Políticos, con el propósito de adecuar la organización electoral a los nuevos parámetros constitucionales y garantizar mayor transparencia y control en la vida interna de estos institutos.

Los principales puntos de la reforma incluyen el reconocimiento de la existencia de cuatro tipos de circunscripciones para la elección de autoridades y candidatos a cargos de elección popular: nacional, departamental, municipal y en el extranjero. Los miembros o afiliados de los partidos podrán elegir y postular candidaturas en la circunscripción correspondiente. Asimismo, se establece que los partidos deben realizar elecciones internas libres, directas, igualitarias y secretas para la selección de sus candidatos y autoridades, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

La reforma establece la obligación para los partidos de llevar contabilidad formal, contar con auditoría interna, informar sobre el uso de fondos privados y detallar los montos de financiamiento privado. Toda esta información deberá estar disponible para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de Hacienda, así como para autoridades que la requieran en procesos judiciales. Entre los cambios también se prohíbe a los partidos afiliar a ministros de culto religioso, miembros activos de la Fuerza Armada o la Policía Nacional Civil (PNC), recurrir a la violencia, impedir el funcionamiento de instituciones del Estado y dañar la imagen personal de candidatos y familiares.

Sobre las coaliciones, se regula el derecho de pactar coaliciones entre partidos en todos los niveles de circunscripción, estableciendo requisitos claros para su inscripción y funcionamiento, así como las consecuencias en caso de no alcanzar el porcentaje de votos válidos. Un punto a destacar es que los partidos deberán integrar en sus planillas al menos un 30% de candidatas mujeres para las diputaciones y concejos municipales, incluyendo la circunscripción en el extranjero.

Con estas reformas, el sistema electoral salvadoreño avanza hacia la inclusión plena de la diáspora, la transparencia en la vida partidaria y la modernización de los procesos de representación política, según los diputados, permitiendo que los salvadoreños en el exterior tengan una participación efectiva y representativa en la vida democrática del país.

La reforma constitucional que habilita una circunscripción electoral especial para los salvadoreños residentes en el exterior entrará en vigencia el 15 de mayo de 2025, según consigna la última edición del Diario Oficial de El Salvador. A partir de esa fecha, estos ciudadanos podrán ejercer el derecho al voto por representantes propios en la Asamblea Legislativa. Además, se consolidarán cambios en la composición y en el método de designación del Tribunal Supremo Electoral, dirigidos a reducir la influencia de los partidos políticos en su integración.

El nuevo marco constitucional surge tras la modificación de los artículos 79 y 208 de la Constitución de la República. Hasta ahora, la participación electoral de la diáspora salvadoreña estaba regulada por la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada en 2022.

El decreto legislativo oficializado en el Diario Oficial señala que en las elecciones de 2024, los votantes en el exterior que eligieron la modalidad remota por Internet tenían sus votos asignados automáticamente a diputados por el departamento de San Salvador, sin poder elegir representantes de su departamento de origen.

En los comicios de 2027, quienes cuenten con un Documento Único de Identidad (DUI) con dirección internacional podrán votar directamente por candidatos de una circunscripción específica para salvadoreños en el extranjero, formalizando la representación directa de esta comunidad en el Órgano Legislativo nacional.

Esta medida se ratificó sin conocerse que se mantendrían en 60 en total de diputaciones y que se restarían representantes a los departamentos de San Salvador y La Libertad, para otorgarlos a la diáspora salvadoreña.

En la redacción final del artículo 79, la Constitución establece: “En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero el registro electoral”, según el Diario Oficial de El Salvador. Esta disposición adapta la distribución de escaños y la estructura de la representación parlamentaria a la realidad demográfica de los salvadoreños fuera del país.

La reforma constitucional también introduce un cambio fundamental en la conformación del Tribunal Supremo Electoral. La modificación del artículo 208 reemplaza el sistema anterior, en el que tres de los cinco magistrados eran propuestos por los partidos con mayor caudal de votos y la presidencia era definida por la fuerza con más apoyos. Bajo la nueva disposición, tres magistrados serán seleccionados mediante un proceso general y público coordinado por una comisión.

Los dos restantes se elegirán de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia; en ambos casos, se exige no afiliación partidista y el respaldo mínimo de dos tercios de los diputados electos. Además, la presidencia del Tribunal será designada por la Asamblea Legislativa, eliminando la intervención directa de propuestas partidarias.

La reforma dirigida a la despartidización del Tribunal busca fortalecer su autonomía y profesionalización. El decreto indica que el inciso tercero del artículo 208 establece que “el magistrado presidente de dicho organismo colegiado será elegido por la Asamblea Legislativa”, poniendo fin a la tradición de vincular la presidencia del órgano electoral al partido o coalición con mayoría presidencial.

Estos cambios normativos transforman el sistema electoral salvadoreño y amplían la participación política de la diáspora, además de reformular la composición del organismo encargado de supervisar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma integral al Código Electoral que modifica aspectos clave del proceso electoral y de la representación política, incluyendo la creación de una circunscripción especial para salvadoreños residentes en el extranjero.

La decisión, respaldada por la mayoría oficialista y tras un intenso debate parlamentario, responde a iniciativas presentadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

El dictamen favorable, leído en la sesión plenaria por la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Alexia Rivas, para su aprobación, fue acompañado por exposiciones de distintos actores institucionales y generó posiciones divergentes entre los partidos.

Según informó la propia Rivas al inicio de la plenaria, las reformas buscan “armonizar y adecuar la legislación secundaria a las recientes reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa”, con el objetivo de dotar al sistema electoral salvadoreño de mecanismos acordes con la nueva configuración constitucional del Estado.

Entre los puntos más relevantes, se elimina el Parlamento Centroamericano como cargo de elección popular, se fortalece el derecho al sufragio en la elección presidencial y se establece una circunscripción electoral para el extranjero.

El nuevo modelo introduce cambios en el proceso de inscripción y asignación del voto exterior. El Documento Único de Identidad (DUI) será la base para que los salvadoreños residentes fuera del país participen en la elección de sus representantes.

La reforma contempla 35 artículos del Código Electoral y deroga otros, así como disposiciones relativas al Parlamento Centroamericano en leyes generales y especiales.

Entre los principales cambios, se redefine la integración de la Asamblea Legislativa, que seguirá contando con sesenta diputados, de los cuales seis corresponderán a la circunscripción en el extranjero.

El número de diputados por circunscripción se determinará dividiendo la población por el cociente nacional, calculado a partir del último censo nacional, y redistribuyendo los escaños restantes a los departamentos con mayor residuo de población.

Cada circunscripción en el extranjero será independiente para la elección de sus diputados, quienes se integrarán mediante la redistribución de escaños asignados a los dos departamentos con mayor población.

En la discusión, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, defendió la iniciativa. “Estamos habilitando esta circunscripción para crear seis escaños para los salvadoreños que residen fuera del país”, dijo.

Según Chamagua, el principal objetivo es garantizar el derecho a la representación directa de la diáspora, equiparando sus derechos políticos con los de quienes residen en El Salvador. “Lo que buscamos es fortalecer la democracia, habilitándole más derechos a los ciudadanos salvadoreños”, agregó durante su intervención.

El paquete de reformas también establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará compuesto por cinco magistrados, tres elegidos mediante un proceso público y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia y aprobados por la Asamblea Legislativa. El periodo de duración será de seis años y quienes integren el TSE deberán cumplir nuevos requisitos, entre ellos no tener afiliación partidista.

El debate incluyó críticas de la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, quien cuestionó la metodología utilizada para asignar los escaños y la proporcionalidad de la representación.

“Según las reformas, hay una gran disparidad porque los escaños reflejados se basan en el censo de 2004 y la ley establece que debe estar basado en el último censo, que es el de 2024”, manifestó durante la plenaria. Villatoro señaló que la redistribución de escaños “deja a casi medio millón de personas sin representación en el departamento de San Salvador” y reclamó mayor rigor técnico en el cálculo de la nueva distribución.

Entre otras modificaciones, la reforma introduce cambios en los plazos de inscripción y cierre del registro electoral, la integración de las juntas electorales, el escrutinio y la emisión de credenciales para quienes resulten electos.

Además, se derogan artículos relacionados con la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, eliminando formalmente este órgano del sistema de representación salvadoreño.

El nuevo marco legal prevé que las reformas entren en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó la magnitud de la actualización normativa y la importancia de adecuar la legislación a la realidad política y social del país.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica contará con una de las mayores inversiones en infraestructura y fortalecimiento operativo de los últimos años luego de que la Asamblea Legislativa aprobara por unanimidad el expediente N.° 24.761, correspondiente al “Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima”.

La iniciativa, respaldada mediante un empréstito de 350 millones de dólares provenientes del Banco Mundial, permitirá al país ejecutar una serie de obras estratégicas enfocadas en mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, reducir riesgos asociados a fenómenos naturales y fortalecer la protección de comunidades vulnerables.

Entre los principales proyectos destacan la construcción de 39 bodegas modulares en distintos puntos del territorio nacional y el acondicionamiento de 46 edificios que funcionan como albergues temporales durante situaciones de emergencia.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, señaló que estas obras permitirán disminuir significativamente los tiempos de respuesta ante desastres naturales, especialmente en regiones frecuentemente afectadas por inundaciones, deslizamientos y fuertes lluvias.

Actualmente, uno de los principales retos que enfrenta la institución es la logística para movilizar suministros y coordinar la atención de personas damnificadas durante eventos climáticos extremos. Con las nuevas bodegas regionales, la entidad podrá distribuir ayuda humanitaria y equipos de forma más rápida y eficiente.

Además de las bodegas y los albergues, el proyecto contempla por primera vez la construcción de un edificio inteligente destinado a albergar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), considerado el principal espacio de coordinación interinstitucional del país durante emergencias nacionales.

La nueva infraestructura permitirá garantizar la continuidad operativa de las instituciones de primera respuesta incluso durante eventos extremos, gracias a condiciones tecnológicas y estructurales diseñadas para operar sin interrupciones.

El programa también incluye la construcción de cinco salas de situación distribuidas estratégicamente en las diferentes regiones del país, con el objetivo de descentralizar la coordinación y mejorar la capacidad de monitoreo y toma de decisiones en tiempo real.

Otro de los componentes prioritarios del empréstito será la modernización de 40 Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ubicados en cuencas propensas a inundaciones. Según estimaciones de la CNE, más de 1,3 millones de personas se beneficiarán directamente con estas mejoras.

Los sistemas permitirán fortalecer la vigilancia hidrometeorológica, el análisis de riesgos y la emisión de alertas preventivas, factores considerados clave para salvar vidas y reducir daños materiales durante eventos climáticos severos.

Costa Rica enfrenta cada año importantes afectaciones provocadas por inundaciones y deslizamientos asociados a lluvias intensas, especialmente durante la temporada lluviosa y la influencia de fenómenos como ondas tropicales y huracanes.

En ese contexto, las autoridades consideran que la inversión aprobada representa una herramienta estratégica para aumentar la resiliencia climática del país y responder de manera más eficiente ante futuros desastres.

El proyecto también contempla la reconstrucción de más de 50 obras que resultaron afectadas durante los últimos cinco años por eventos naturales.

Entre ellas destacan trabajos de estabilización de taludes en la Ruta Nacional N.° 32, una de las principales carreteras que conecta el Valle Central con la provincia de Limón y que históricamente ha enfrentado cierres y deslizamientos debido a las lluvias.

Asimismo, se desarrollarán obras de protección contra inundaciones en la cuenca del río Coto Colorado, una zona que recurrentemente genera afectaciones en comunidades de los cantones de Golfito y Corredores, en la Zona Sur del país.

Las intervenciones incluirán muros de protección, obras fluviales y trabajos de mitigación orientados a disminuir el impacto de las crecidas de ríos y proteger tanto viviendas como infraestructura pública.

Desde la CNE señalaron que el empréstito no solo permitirá atender emergencias de forma más rápida, sino también avanzar hacia un modelo preventivo y de planificación territorial más resiliente frente al cambio climático.

La aprobación unánime en el Congreso fue vista por las autoridades como un respaldo político a una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas por la institución en materia de gestión del riesgo y atención de desastres.

Con esta inversión, Costa Rica busca fortalecer su capacidad de reacción ante emergencias futuras y reducir la vulnerabilidad de miles de personas que habitan en zonas de alto riesgo alrededor del territorio nacional.

El gobierno de Laura Fernández arrancó el actual periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con una ambiciosa convocatoria de 62 proyectos de ley que abarcan seguridad, economía, infraestructura, reformas constitucionales y modernización del Estado.

La agenda legislativa presentada por el Poder Ejecutivo marca las prioridades que la administración buscará impulsar durante las próximas semanas en el Congreso y refleja un fuerte énfasis en temas relacionados con seguridad pública, reorganización institucional y desarrollo económico.

Entre las iniciativas convocadas destacan varios proyectos orientados al combate del crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico, una de las principales preocupaciones del país durante los últimos años debido al incremento de la violencia y las actividades ilícitas asociadas al tráfico internacional de drogas.

La convocatoria incluye propuestas para fortalecer la lucha contra el robo de combustibles, mejorar la protección marítima y endurecer acciones contra la extracción ilegal de oro, actividad que ha generado preocupación en distintas zonas del territorio nacional por sus impactos ambientales y vínculos con estructuras criminales.

El Ejecutivo también colocó como prioridad varios expedientes vinculados con el sector energético y la infraestructura nacional.

Uno de los proyectos más relevantes es el expediente 23,414, relacionado con la apertura y armonización del mercado eléctrico costarricense, una iniciativa que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y sindicales debido a sus posibles implicaciones sobre el modelo energético del país.

La propuesta busca introducir cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico nacional y forma parte de las iniciativas que el gobierno considera estratégicas para mejorar la competitividad y atraer inversión.

En materia económica, la convocatoria también contempla proyectos relacionados con la emisión de títulos valores en mercados internacionales, así como financiamiento para obras de infraestructura y programas de desarrollo.

Entre ellos figuran iniciativas vinculadas al tren eléctrico, proyectos educativos y propuestas orientadas al desarrollo sostenible.

El Poder Ejecutivo también incluyó reformas dirigidas a la modernización y reorganización de instituciones públicas, en línea con la estrategia gubernamental de reducción y transformación del aparato estatal.

Uno de los proyectos que más atención genera es el expediente 24,719, que plantea el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía como parte de un proceso de restructuración administrativa.

La convocatoria incorpora además reformas al sistema de contratación pública mediante el expediente 24,099, iniciativa que busca modificar mecanismos de compras estatales y procedimientos administrativos.

También se incluyen cambios relacionados con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Contraloría General de la República.

En el apartado de reformas constitucionales y supremos poderes, el gobierno convocó proyectos que pretenden modificar normas relacionadas con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Los expedientes 24,620 y 25,387 contienen cambios vinculados a requisitos y reglas para estos altos cargos del sistema institucional costarricense.

La agenda legislativa también contempla propuestas para impedir que una persona pueda aspirar simultáneamente a la Presidencia de la República y a una diputación, además de iniciativas relacionadas con candidaturas independientes.

Estas propuestas forman parte de un grupo de reformas políticas y electorales que buscan modificar reglas de participación dentro del sistema democrático costarricense.

Con esta amplia convocatoria, el gobierno intenta marcar el rumbo político y legislativo de los próximos meses, en un escenario donde la negociación con las distintas fracciones parlamentarias será clave para avanzar en proyectos considerados prioritarios por Casa Presidencial.

La definición de la agenda ocurre además en un contexto donde temas como seguridad ciudadana, reactivación económica y reforma institucional dominan el debate público nacional.

Ahora corresponderá a los diputados discutir, priorizar y eventualmente aprobar las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante este periodo extraordinario de sesiones.

Esta mañana, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un dictamen favorable para la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI), aplicado únicamente a los documentos cuya fecha de vencimiento sea entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

La medida, de carácter especial y transitorio, busca facilitar el acceso a la identificación personal a más de 400,000 ciudadanos en un contexto de alta demanda y con la proximidad de las elecciones nacionales.

Según informó la propia comisión durante la sesión, la iniciativa fue presentada por el presidente de la República, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y tiene como objetivo principal eliminar barreras económicas para la renovación del DUI.

El trámite se podrá realizar en cualquier Duicentro del país o a través de la plataforma electrónica habilitada por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). No se requerirán documentos ni trámites adicionales.

La diputada Ana Figueroa, presidenta de la comisión, subrayó que la medida permitirá que 404,085 personas puedan renovar su documento de forma ágil y sin costo, lo que representa aproximadamente el 25% del total de duis que expiran en el periodo de renovación masiva, comprendido entre enero de 2026 y marzo de 2027.

Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN, explicó ante los diputados que este año la institución enfrenta dos retos simultáneos:

1. Una novación masiva de documentos
2. La preparación para el año preelectoral

De acuerdo con Velasco, el vencimiento del DUI ocurre cada ocho años, lo que genera ciclos en los que el número de renovaciones aumenta de forma exponencial. Para el periodo mencionado, se calcula un incremento de hasta 400% en la demanda ordinaria.

El funcionario detalló que la coincidencia de la renovación masiva con el cierre de la inscripción del padrón electoral, previsto para el 29 de noviembre de 2026, hace necesaria la gratuidad y la anticipación del trámite.

“Si el padrón se cerrara sin una renovación anticipada, más de un millón de ciudadanos quedarían con datos desactualizados en el registro electoral”, expuso Velasco durante su intervención.

El Estado asumirá el costo total de la renovación del DUI

El dictamen aprobado establece que el trámite de renovación gratuita estaría disponible hasta el 28 de noviembre de 2026. La norma aclara que el beneficio aplica únicamente a quienes realicen el trámite dentro del territorio salvadoreño y en el periodo señalado.

“El Estado absorberá el costo de la renovación, que actualmente asciende a 10.31 dólares por documento”, sostuvo el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, durante el estudio de la comisión.

Se prevé además el refuerzo presupuestario del RNPN por parte del Ministerio de Hacienda para cubrir todos los costos operativos que implique la medida. El RNPN, por su parte, ha implementado una red de 23 Duicentros, 19 permanentes y cuatro temporales, distribuidos a nivel nacional, con horarios extendidos y la posibilidad de habilitar atención dominical para responder al aumento de la demanda.

Velasco reiteró que el decreto beneficia exclusivamente a quienes tengan vencimiento de DUI dentro de las fechas establecidas, independientemente de si el documento fue extraviado.

Otro de los aspectos abordados fue la actualización de datos en el DUI, como el domicilio, el estado civil o la profesión, especialmente relevante para quienes residen en el extranjero y desean modificar la circunscripción electoral.

Sobre este punto, Velasco explicó que, según las reformas discutidas, el cambio de domicilio podrá realizarse hasta seis meses antes de la elección, en una fecha que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinará en el calendario oficial.

El proyecto de tren rápido de pasajeros del Gran área Metropolitana de Costa Rica logró la aprobación unánime de los diputados para acceder a un crédito de USD 800 millones. Este respaldo parlamentario permitirá la construcción de dos líneas ferroviarias eléctricas, de cincuenta y dos kilómetros a doble vía, entre Paraíso y Alajuela, y marca un avance estratégico en la modernización del sistema de transporte público del país.

La infraestructura contempla la instalación de veintiséis estaciones, la adquisición de veintiocho trenes nuevos, la reconstrucción de veintinueve puentes ferroviarios y la mejora integral de las estaciones del Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago. El proyecto también prevé la implementación de avanzados sistemas tecnológicos destinados al control de la operación, el acceso en estaciones, la comunicación, la señalización y la información a los usuarios.

Uno de los aspectos destacados del financiamiento es su composición internacional. Los fondos provienen de varias fuentes multilaterales: USD 550 millones serán canalizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica; USD 178 millones llegarán a través del Fondo Verde; y USD 250 millones los aportará el Banco Europeo de Inversión. Esta dispersión de apoyos busca diversificar el riesgo financiero y acelerar la ejecución de las obras.

El precio del pasaje y los desafíos de equidad en el transporte

El precio de las tarifas genera debate en la Asamblea Legislativa. El costo estimado del pasaje es de 1.500 colones (USD 3) por viaje, lo que implica un desembolso de 60,000 colones mensuales (USD 110) para quienes requieran el servicio todos los días. Esta cifra, según la diputada Claudia Dobles, resulta inalcanzable para estudiantes, operarios y personas con bajos ingresos, especialmente “miles de mujeres jefas de hogar”.

Varios parlamentarios aseguran que fiscalizarán la correcta contratación de la obra y velarán por que la estructura tarifaria priorice la capacidad de pago de la población. Subrayan que el diseño de tarifas debe “poner a los usuarios en el centro” y anticipan que los ajustes necesarios serán discutidos durante la reglamentación.

Nuevas líneas de financiamiento para gestión de riesgos y desarrollo agrícola

Paralelamente al tren rápido, la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento de USD 350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo es reforzar la capacidad institucional del país para recuperar infraestructura dañada por desastres y fortalecer la gestión del riesgo climático, una necesidad que resaltan representantes de zonas rurales. Ronald Campos, de Liberación Nacional, indicó: “Detrás de cada puente destruido hay familias aisladas, productores perdiendo sus cosechas y niños que no pueden llegar a la escuela”.

También se aprobó un préstamo de 134 millones de euros, destinado a financiar el programa de agricultura sostenible y competitiva. La iniciativa beneficiará a cerca de 10.500 pequeños y medianos productores, mediante asistencia técnica, infraestructura de riego, red de frío para productos perecederos y sistemas de trazabilidad digital. Los fondos se emplearán para modernizar el sector agropecuario, fortalecer los laboratorios del rubro y facilitar prácticas sostenibles, según lo debatido en el Congreso.

Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, sostuvo que este paquete crediticio permitirá “impulsar una transformación amplia del tan golpeado sector agropecuario productivo y busca integrar a pequeños y medianos productores en el desarrollo del sector”.

La etapa final: promulgación y ejecución de los fondos

Tras la aprobación en el Congreso, el proceso queda a la espera de la firma de la mandataria costarricense para que los créditos se conviertan en ley de la República y pueda iniciarse la ejecución de los recursos.

El reciente avance impulsado por Nayib Bukele ha generado un debate intenso en la política salvadoreña: la reforma constitucional que habilita una circunscripción especial para la diáspora salvadoreña en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea ratificó una reforma al artículo 79 de la Constitución que permitirá a partir de 2027 que salvadoreños residentes en el exterior elijan directamente a sus representantes en el Parlamento, mediante la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora.

Esta medida garantiza, por primera vez, la representación directa de la diáspora en el órgano legislativo, según información oficial publicada en asamblea.gob.sv

El diseño de la nueva circunscripción, que será la número 15, obliga a redistribuir los actuales 60 escaños de la Asamblea Legislativa para incluir a los diputados electos por los salvadoreños en el extranjero.

El peso de la representación de la diáspora se calculará en proporción al total de votantes inscritos en ese segmento del padrón electoral, que, según cifras del Tribunal Supremo Electoral, suma actualmente más de 950,000 salvadoreños con domicilio registrado fuera del país.

Hasta ahora, los sufragios emitidos desde el exterior se contabilizaban en el departamento de San Salvador, sin una circunscripción ni representación propia.

La diputada Marcela Villatoro, representante del partido Arena, advirtió sobre las implicancias de restar escaños a departamentos para asignarlos a la diáspora. Según su visión, de concretarse este ajuste, “se dejaría sin representación a un grupo de esa población de cualquiera de estos departamentos”.

Bukele defiende los cambios en la Asamblea

El presidente Nayib Bukele utilizó este lunes su cuenta de X para expresar: “la oposición dice que no se le debe dar representación política a la diáspora porque ‘no viven en el país’”.

Agregó que estos sectores “abogan por que se haga lo que dicen los personeros de las ONG internacionales, que ni siquiera conocen nuestro país”.

En términos prácticos, la reforma implica que la Asamblea Legislativa debe modificar el Código Electoral antes de las elecciones generales de febrero de 2027. Solo así los salvadoreños en el exterior podrán elegir a sus representantes en la próxima contienda.

Actualmente, el padrón electoral registra 960,928 personas residentes fuera del país, aunque la diáspora total ronda los tres millones según cifras oficiales.

La gran mayoría vive en Estados Unidos y es considerada la principal fuente de remesas, vitales para la economía salvadoreña.

La creación de esta circunscripción responde a una petición directa del presidente Bukele y busca reconocer la importancia económica y social de la diáspora salvadoreña, especialmente por su aporte mediante remesas y su participación creciente en procesos electorales.

La reciente reforma otorgará a la diáspora la posibilidad de escoger directamente a sus diputados en la Asamblea Legislativa a partir de las próximas elecciones generales, transformando el modo en que se construye la representación política salvadoreña y abriendo interrogantes sobre el futuro de la oposición en el Parlamento.

La medida no es aislada: en 2023, el oficialismo ya había impulsado una reducción de 84 a 60 escaños y cambios en la fórmula de distribución de votos, todo en la antesala de las elecciones de 2024.

Estas disposiciones han modificado el escenario político nacional, generando tensiones y debates sobre la representación y la equidad en el sistema electoral.

El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que todos los partidos, incluidos Arena, FMLN, Vamos, PDC, PCN y Nuevas Ideas, podrán presentar candidatos para la circunscripción de la diáspora a través de sus procesos internos.

Ernesto Castro presidente de la Asamblea Legislativa destacó que la reforma constitucional permitirá que seis diputados representen a los salvadoreños en el exterior, elegidos exclusivamente por quienes residen fuera del país.

Explicó que podrán postularse tanto salvadoreños que vivan en El Salvador como en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos legales, y subrayó que no existe ninguna restricción de residencia para ser candidato.

Castro consideró que este esquema abre una oportunidad para todas las fuerzas políticas y subrayó que la decisión final sobre los representantes recaerá únicamente en la diáspora.

“La decisión la van a tomar los salvadoreños que viven en el exterior”, afirmó. Además, explicó que los nuevos escaños se restarán a los departamentos de San Salvador y La Libertad, ajustando la representación interna para que los connacionales cuenten con delegados directos en la Asamblea Legislativa.

Con la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución, los salvadoreños residentes en el extranjero podrán elegir a quienes los representaran en el pleno, algo que para Castro supone un cambio en la composición de la Asamblea.

Despartidización del Tribunal Supremo Electoral

Al abordar la reforma del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Castro explicó que la intención es sacar a los partidos políticos del proceso de integración de este organismo.

Detalló que en el esquema vigente hasta la reforma, el TSE estaba compuesto por cinco magistrados propietarios: tres de ellos eran propuestos por los partidos políticos y dos por la Corte Suprema de Justicia.

Los partidos con mayor votación en la última elección presidencial —primero, segundo y tercer lugar— designaban un magistrado cada uno, y la presidencia del Tribunal recaía de manera automática en el partido que obtuvo el primer lugar.

Castro señaló que, bajo este sistema, los partidos que no quedaban entre los tres primeros no tenían “ni voz ni voto” en el Tribunal. Actualmente, por ejemplo, Nuevas Ideas tenía un representante, igual que Arena y el FMLN. El presidente legislativo sostuvo que la reforma elimina ese mecanismo: “Te estoy hablando de Arena, del FMLN y de Nuevas Ideas. O sea, afuera”, remarcó.

Con el nuevo modelo, la selección de magistrados para el TSE se realizará del mismo modo que se eligen cargos como el fiscal general, el presidente de la Corte de Cuentas o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Cualquier salvadoreño que cumpla los requisitos legales podrá aspirar a ser magistrado del TSE, sin necesidad de pertenecer o ser postulado por un partido político.

El presidente de la Asamblea remarcó que todos los ciudadanos que quieran y cumplan con los requisitos tendrán la oportunidad de postularse. En sus palabras: “Así como se elige fiscal, así como se elige presidente de Corte de Cuentas, así como se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así, de la misma manera”.

En la parte final de la entrevista, Castro confirmó que buscará la reelección como diputado por San Salvador y descartó que vaya a postularse por la circunscripción de la diáspora.

El régimen de excepción en El Salvador seguirá vigente mientras las autoridades lo consideren necesario para garantizar la seguridad y será prorrogado tantas veces como lo requiera la situación del país, sin que existan planes inmediatos para reemplazarlo por otro sistema legal.

Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien subrayó que todas las reformas y medidas adoptadas continuarán enfocadas en mantener los niveles de tranquilidad logrados en los últimos años y en priorizar la protección de la población frente a cualquier presión, tanto interna como externa, durante una entrevista en Frente a Frente.

Castro defendió que cada prórroga aprobada en la Asamblea representa una decisión respaldada por la ciudadanía, y aseguró que las medidas impulsadas desde marzo de 2022 han generado resultados concretos en materia de seguridad pública.

Entre estos, destacó que bajo el gobierno de Nayib Bukele se han alcanzado más de 1,200 días sin homicidios en el país, una cifra que atribuyó al trabajo conjunto entre la Presidencia, el gabinete de seguridad, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.

En el transcurso de 2026, según detalló el funcionario, ya se han contabilizado más de 100 días sin homicidios. Además, recalcó que la Asamblea Legislativa ha respaldado 50 extensiones del régimen de excepción, reflejando la voluntad de la ciudadanía en cada votación.

Para Castro, este respaldo es una muestra del consenso en torno a la necesidad de mantener las políticas de seguridad actuales.

El presidente legislativo también sostuvo que las reformas y políticas adoptadas responden a una demanda social clara.

Crímenes y testimonios

En la entrevista, Castro describió el impacto que tuvieron las pandillas en la vida cotidiana de los salvadoreños antes de la implementación del régimen de excepción.

Señaló que varios líderes criminales enfrentan procesos judiciales por cifras elevadas de homicidios, incluyendo el caso de “El Sierra”, quien está vinculado a más de 100 asesinatos cometidos en Santa Tecla.

Enumeró otros cabecillas a quienes se les atribuyen cantidades aún mayores de delitos, entre ellos homicidios agravados y otros crímenes de alto impacto que, según dijo, marcaron a numerosas comunidades.

El funcionario hizo referencia a testimonios recogidos en distintas zonas del país, donde familiares de víctimas han relatado episodios de violencia extrema, desapariciones y asesinatos que dejaron una huella profunda en barrios y municipios.

Mencionó el caso de una madre que perdió a su hija después de que miembros de una pandilla la sacaran de su casa en la madrugada y nunca volvió a verla, subrayando la impotencia que experimentaban las víctimas ante la falta de justicia y el control que ejercían las estructuras criminales.

Respuestas sobre detenciones

Consultado sobre las inquietudes respecto a posibles detenciones de personas inocente durante el régimen de excepción, Castro señaló que corresponde al sistema judicial analizar y resolver estos casos conforme a la ley.

“Ahí está el sistema judicial. Dejemos que el sistema trabaje”, expresó, y agregó que las instituciones están dando respuestas de acuerdo con los procedimientos legales.

El presidente legislativo mencionó que parte de las observaciones provienen de organizaciones no gubernamentales y de actores internacionales.

Destacó que, a pesar de las opiniones externas, las decisiones sobre la continuidad de las políticas de seguridad seguirán siendo tomadas por los representantes electos del pueblo salvadoreño, manteniendo el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la percepción de seguridad en el país.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su mandato este 8 de mayo firmando tres decretos ejecutivos clave durante su primer Consejo de Gobierno, formalizando así el comienzo de su administración, que se extenderá hasta 2030. Estas primeras acciones, anunciadas en una ceremonia pública en el Estadio Nacional de San José, buscan marcar un punto de inflexión tanto en la política penitenciaria como en la agenda legislativa bajo control estatal.

Un elemento distintivo de este conjunto de decretos es el nuevo reglamento carcelario que establece que “el año carcelario es de 360 días”, una reforma que elimina la modalidad anterior en la que el cómputo se realizaba en ocho meses, y que según Fernández no dejará “espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad”. Con este cambio, las autoridades judiciales verán acotada su discrecionalidad para anticipar la liberación de personas privadas de libertad, una medida que la mandataria justificó como respuesta directa al crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico: “No los queremos en Costa Rica, y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico”, afirmó Fernández.

El nuevo régimen penitenciario y su impacto

El decreto que redefine el año carcelario se convierte en la directriz más estricta en materia de política criminal de los últimos años. El texto elimina la posibilidad de que los jueces reduzcan el cómputo anual de la pena a ochos meses, como permitía la interpretación vigente hasta este cambio. “Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses el año”, declaró Fernández durante la presentación pública del decreto, enfatizando la intención de fortalecer el sistema de justicia penal.

La medida forma parte de una estrategia para disuadir a redes de criminalidad organizada y limitar los beneficios penitenciarios, buscando restaurar la confianza en el aparato judicial. La presidenta insistió en que “a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”, reforzando así la literalidad del cumplimiento de condenas como efecto disuasivo ante delitos de alto impacto.

Reorganización del Poder Ejecutivo y agenda legislativa controlada

El primer decreto de la jornada regula la nueva estructura del Poder Ejecutivo, delimitando las funciones de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. Entre los puntos abordados figura la distribución de competencias sectoriales, desde Ambiente y Educación hasta Seguridad y sus respectivas instituciones. Fernández busca establecer “cómo se integrarán los distintos sectores y qué instituciones los conformarán”, sentando así las bases para una gestión gubernamental más jerarquizada.

El tercer decreto corresponde a la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mediante el cual el Gobierno toma el control de la agenda legislativa durante tres meses en comisiones y plenario, algo permitido en periodos de transición y que otorga a la presidenta la facultad de priorizar iniciativas estratégicas. Fernández expresó su entusiasmo particular por esta medida, ya que incluirá proyectos que, en su opinión, fueron bloqueados por “mezquindad política” durante la administración previa. Entre las propuestas convocadas se encuentran la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, la aprobación del megaproyecto Ciudad Gobierno, y la explotación minera de Crucitas. Todas fueron impulsadas sin éxito por Rodrigo Chaves Robles —exmandatario hoy juramentado como ministro de la Presidencia y designado como enlace directo entre Congreso y Casa Presidencial— y requieren mayoría simple (29 votos) para su aprobación.

La presidenta anunció que “los proyectos que no fueron aprobados en los últimos cuatro años, a partir de hoy quedan convocados a la Asamblea Legislativa”. El paquete legislativo recupera discusiones que fracasaron en el Congreso anterior, en ocasiones señaladas como inviables o contrarias a la Constitución, abriendo un nuevo escenario político bajo el liderazgo de Fernández.

En una ceremonia marcada por el simbolismo democrático y la continuidad institucional, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, ofreció un discurso cargado de respaldo político hacia Laura Fernández Delgado durante el acto oficial de traspaso de poderes presidenciales en Costa Rica.

Desde el inicio de su intervención, Jiménez subrayó el valor histórico y republicano de la transmisión pacífica del poder, calificándola como uno de los actos “más solemnes y significativos” de la vida democrática costarricense. Frente a representantes de los Supremos Poderes, autoridades religiosas, ministros, diputados e invitados especiales, la jerarca legislativa destacó la estabilidad institucional del país y la continuidad del orden constitucional como pilares fundamentales de la democracia nacional.

“Hoy los costarricenses se reúnen en uno de los actos más solemnes y significativos de nuestra vida republicana: la transmisión pacífica del poder, la reafirmación de nuestra democracia y la continuidad institucional que ha distinguido nuestra nación ante el mundo”, expresó Jiménez en el arranque de su mensaje.

La presidenta del Congreso aprovechó la ocasión para reconocer la gestión saliente encabezada por Rodrigo Chaves Robles, señalando que asumió el Gobierno en un momento “particularmente complejo”, marcado por incertidumbre económica, desconfianza institucional y demandas ciudadanas de cambio profundo.

Sin embargo, el eje central del discurso estuvo dirigido hacia la figura de Laura Fernández, a quien presentó como la continuidad de una nueva forma de gobernar respaldada por la mayoría de los costarricenses.

“Su investidura marca el inicio de una etapa que nace de la esperanza, de la confianza renovada y de una ciudadanía que ha decidido continuar avanzando”, afirmó Jiménez, quien además describió el resultado electoral como la consolidación de una transformación institucional y política en el país.

En uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia, la presidenta legislativa aseguró que Fernández no solo ganó una elección presidencial, sino también “el corazón palpitante de un pueblo” que cree posible impulsar desarrollo económico sin abandonar a los sectores más vulnerables.

“Ese respaldo es significativo y de gran profundidad”, enfatizó.

Durante su discurso, Jiménez insistió en que la nueva presidenta recibe una responsabilidad histórica: ampliar el camino hacia el futuro y continuar con una ruta de cambios iniciada en los últimos años mediante “decisiones firmes”, “resultados concretos” y una visión de Estado que, según dijo, rompió inercias históricas que limitaban el desarrollo del país.

Además de resaltar la preparación técnica y experiencia de Laura Fernández en la gestión pública, la titular del Congreso enumeró las expectativas que, a su juicio, tiene la ciudadanía sobre la nueva administración: serenidad ante las críticas, integridad frente a las tentaciones del poder y sensibilidad hacia quienes durante años se sintieron excluidos.

“El pueblo espera que usted continúe gobernando para quienes más lo necesitan”, manifestó.

Jiménez también hizo referencia a las prácticas políticas del pasado, al señalar que otros sectores sucumbieron “sin medir el daño que causaron” al bienestar colectivo. Aunque no mencionó nombres ni agrupaciones específicas, sus declaraciones fueron interpretadas como una defensa del modelo político impulsado por el oficialismo durante los últimos años.

La presidenta legislativa calificó a Laura Fernández como “la persona correcta para recibir este legado” y aseguró que el país vive actualmente “una distinta forma de ejercer el poder con resultados, cercanía y responsabilidad con las personas”.

En la parte final de su mensaje, Yara Jiménez dirigió un llamado directo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Afirmó que el resultado electoral obliga al Congreso a actuar con “coherencia y responsabilidad”, dejando atrás “discusiones infundadas” que han frenado el avance nacional.

“Nos corresponde convertir el debate en soluciones y en ideas que se transformen en leyes que impulsen el desarrollo nacional”, declaró.

Asimismo, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de trabajar junto al Ejecutivo en un marco de respeto institucional, diálogo y equilibrio entre poderes, insistiendo en que la coordinación resulta indispensable cuando está en juego el interés nacional.

“Costa Rica clama por resultados concretos basados en el diálogo franco y constructivo”, señaló.

La intervención cerró con un tono optimista y profundamente simbólico. Jiménez aseguró que Costa Rica inicia una nueva etapa sin partir de cero, sino construyendo sobre avances reales y aprendizajes acumulados, respaldados por una ciudadanía que decidió confiar nuevamente en un proyecto político orientado a hacer las cosas “de una manera distinta”.

“Que el norte de esta administración sea servir con integridad y transformar con hechos la vida de todas las personas”, concluyó.

El discurso fue recibido con aplausos en distintos momentos y marcó uno de los mensajes políticos más contundentes de la jornada de traspaso de poderes, consolidando públicamente el respaldo institucional de la Asamblea Legislativa hacia el nuevo Gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la ratificación de una reforma constitucional que posibilita la creación de una circunscripción electoral exclusiva para los salvadoreños en el exterior, con lo cual este sector de la población podrá elegir de manera directa a sus representantes en el Órgano Legislativo.

La votación obtuvo un respaldo mayoritario y marca un cambio en la forma de representación política para la diáspora, estimada en más de tres millones de ciudadanos.

De acuerdo con la discusión de los parlamentarios, la reforma modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución, de modo que se establece que las circunscripciones electorales se definirán tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Hasta ahora, los votos emitidos fuera del país no contaban con una circunscripción propia ni con diputados que representaran de manera exclusiva a los salvadoreños residentes fuera de las fronteras nacionales.

Cristian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas, explicó ante el pleno que la reforma implica que, además de las catorce circunscripciones actuales, se sumará una número quince, destinada específicamente a la diáspora.

“Así como actualmente hay catorce circunscripciones y los salvadoreños pueden escoger por cualquiera de esas circunscripciones, estamos discutiendo la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la número quince, para que representen a los salvadoreños que viven en el exterior. Esta es la única discusión que estamos teniendo hoy, es decir, darle la posibilidad a los salvadoreños del exterior que tengan sus propios candidatos y que estos voten por ellos”, explicó.

Según los datos presentados durante la sesión, más de 950,000 salvadoreños poseen su domicilio registrado fuera del país, lo que evidencia la magnitud de la comunidad en el exterior.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, destacó la relevancia del cambio y solicitó la votación para ratificar el acuerdo de reforma constitucional número siete, aprobado por el pleno.

Durante la discusión, la diputada Alexia Rivas, también de Nuevas Ideas, dio lectura al dictamen favorable y subrayó que la propuesta responde a la necesidad de garantizar representación efectiva y cumplimiento del principio de igualdad del voto.

“De ellos, más de novecientos cincuenta mil tienen domicilio registrado fuera del país. Este dato refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político del país y que hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación específica por primera vez en la Asamblea Legislativa, con diputados a quienes podrán elegir en elecciones libres”, sostuvo.

En la plenaria, se mencionó que los representantes del Viceministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral comparecieron ante la Comisión Política para aportar insumos técnicos y destacar la importancia de la reforma. Durante esos encuentros, las autoridades del Registro Nacional informaron que, en las elecciones celebradas en 2024, 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero ejercieron el voto, cifra que contrasta con los 3,808 participantes en procesos anteriores.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, sostuvo que la creación de una circunscripción electoral para la diáspora “permitirá que la diáspora elija directamente a sus representantes, así como la nueva forma de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.

Durante el debate parlamentario, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, afirmó que la medida representa un avance fundamental para el fortalecimiento democrático.

“Con lo que vamos a aprobar, estamos diciendo no solamente a nuestros ciudadanos salvadoreños, sino que al mundo entero, que El Salvador es un Estado que le sigue apostando al fortalecimiento de la democracia. Porque nuestra Constitución dice que todo ciudadano salvadoreño debe de tener derecho al voto y de ser representado”.

La reforma establece que “en el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero, el registro electoral”.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que para la circunscripción número 15 sería ideal restarle diputados a los departamentos que registran los mayores índices de migración; es decir, La Unión, Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán y Usulután; no así a los departamentos de San Salvador y La Libertad, cuyas estadísticas de migración no son las más altas.

La aprobación fue respaldada por la mayoría de diputados presentes, consolidando un cambio normativo que responde a una demanda histórica de la diáspora salvadoreña y que redefine la estructura de representación política en el país.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este miércoles el análisis de la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas, presentada por el Ejecutivo para establecer un nuevo marco regulatorio para la colaboración entre el Estado y el sector privado en infraestructura y servicios públicos. A la sesión asistió Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), quien expuso los aportes técnicos y la visión de la institución respecto al proyecto.

La propuesta busca definir de manera precisa la diferencia entre una alianza público-privada y un proceso de privatización. Ayala explicó que, bajo estos esquemas, la propiedad de los bienes estatales involucrados permanece bajo control público, mientras que su explotación temporal corresponde al privado a cambio de inversiones y mejoras tecnológicas. “En ningún momento una alianza público-privada es una privatización”, afirmó el titular de Invest ante los diputados.

El proyecto pretende reducir la burocracia e integrar en una sola dirección la custodia y el proceso técnico de las alianzas, con el fin de agilizar los procedimientos y garantizar la transparencia. Según la propuesta, hasta la fecha solo se ha concretado un convenio de este tipo desde la aprobación de la normativa original en 2013, y las autoridades consideran que los trámites excesivos han sido una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.

Ayala indicó que Invest participó en las mesas técnicas que dieron forma al proyecto; sin embargo, señaló que, tras la nueva ley, las atribuciones que recaían sobre la agencia pasarán a la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Invest mantendrá su rol enfocado en la promoción de inversión extranjera directa y nacional, sin intervenir en la gestión de alianzas público-privadas. “No hay ninguna duplicidad de deberes”, remarcó Ayala.

Un tema relevante del debate fue la eliminación de la oficina de fiscalización de alianzas público-privadas, contemplada en la legislación anterior. Legisladores de la oposición cuestionaron que esta medida pudiera debilitar los controles y la supervisión sobre el cumplimiento de los contratos.

Ante estas inquietudes, Ayala y el equipo técnico del Ministerio de Hacienda manifestaron que la función de control permanece bajo la nueva dirección y que las instituciones contratantes y la Fiscalía General de la República conservan las atribuciones legales para supervisar la correcta ejecución de los proyectos. “El interés de la dirección es el bien público, no el privado”, destacó Ayala.

Otro punto central fue la posible exclusión de los sectores de salud, educación y recursos hídricos del alcance de la ley. Ayala manifestó que no existen proyectos en curso para alianzas público-privadas en estas áreas y aclaró que la rectoría de la educación y la salud sigue bajo control estatal conforme a la Constitución. Algunos diputados expresaron inquietud por la ausencia de una prohibición explícita en la ley que podría permitir futura intervención privada en estos servicios.

Durante la sesión, Ayala destacó el impacto de otros marcos normativos recientes, como la ley de expansión empresarial: según datos de Invest, se han generado más de 233 millones de dólares en reinversión y más de 1.400 empleos directos en el primer trimestre de vigencia.

La comisión acordó citar al ministro de Hacienda, Gerson Posada, en la próxima sesión para profundizar en el rol de su cartera en la implementación de la ley y resolver dudas técnicas de los diputados. El debate continuará para definir los mecanismos de control y la cobertura de la nueva normativa.

En un discurso cargado de cifras, confrontación política y apelaciones emocionales, el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, presentó su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa, marcando el cierre de una administración que, según afirmó, transformó profundamente al país. “Me presento con la frente en alto y la tranquilidad del deber cumplido”, dijo al iniciar su intervención, en la que defendió su legado y proyectó continuidad bajo el próximo gobierno.

El mandatario afirmó que Costa Rica “no es la misma de hace cuatro años” y aseguró que su gobierno logró rescatar al país de una situación cercana al colapso económico, enfrentando, según su versión, la resistencia de sectores políticos, institucionales y mediáticos.

De la crisis al crecimiento: el eje económico

Uno de los pilares del discurso fue la recuperación económica. Chaves destacó que su administración recibió un país con una deuda equivalente al 67% del PIB, desempleo del 12% e inflación del 8,7%, y que ahora entrega una economía “sana, próspera y estable”.

Según detalló, la deuda se redujo al 58,3% del PIB, mientras que la inflación no solo fue contenida, sino que llegó a niveles negativos en algunos momentos. Además, destacó un crecimiento económico sostenido en los últimos años: 5,5% en 2022, 4,8% en 2023, 4,1% en 2024 y 4,6% en 2025, en línea con estimaciones de la OCDE.

El mandatario también subrayó la atracción de más de 19,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y el fortalecimiento del régimen de zonas francas, que calificó como uno de los motores clave del desarrollo. “Detrás de cada cifra hay un costarricense que vive mejor”, afirmó, respondiendo a las críticas sobre el impacto real de la macroeconomía en la vida cotidiana.

Reducción de pobreza y empleo: “no regalamos pescado”

En materia social, el presidente aseguró que más de 113,000 hogares, equivalentes a unas 414,000 personas, salieron de la pobreza durante su gestión. Según los datos presentados, la tasa pasó de 23% a 15,2% al cierre de 2025.

También destacó la reducción de la pobreza multidimensional de 14,3% a 9,9%, así como la disminución del desempleo hasta el 6,3%, una de las cifras más bajas en la historia reciente del país.

El programa BRETE y las reformas en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) fueron señalados como claves en esta estrategia. “No regalamos pescado, enseñamos a pescar”, expresó, al tiempo que defendió un cambio en el enfoque de subsidios hacia generación de oportunidades.

En vivienda, el gobierno reportó más de 2,700 familias con casa propia, además de inversiones millonarias en bonos habitacionales y soluciones en territorios indígenas.

Infraestructura: obras como bandera política

Otro de los ejes centrales del informe fue la infraestructura. Chaves afirmó que su administración invirtió más de 2,500 millones de dólares en obras públicas, incluyendo carreteras, educación, agua potable y transporte.

Entre los proyectos destacados mencionó el avance de la carretera San José-San Ramón, el cierre del anillo de Circunvalación tras décadas de atraso, y mejoras en la ruta 32, clave para el comercio exterior.

También resaltó el programa PROERE, con más de 500 obras ejecutadas, así como la entrega de 685 proyectos educativos y cerca de 1.000 en ejecución.

En agua potable, el gobierno reportó 71 acueductos construidos o mejorados, mientras que en territorios indígenas aseguró haber invertido más de 12.000 millones de colones en infraestructura, vivienda y electrificación.

Seguridad: cifras récord y mano dura

El combate al crimen organizado ocupó un espacio relevante en el discurso. El presidente defendió una estrategia basada en tecnología, fortalecimiento policial y reformas al sistema penitenciario.

Indicó que durante su gobierno se incautaron más de 191,000 kilos de droga y que Costa Rica se posicionó como el sexto país de América Latina en decomisos de cocaína en 2025.

Asimismo, destacó la implementación de escáneres en puertos y fronteras, asegurando que el país se convirtió en “el primero del mundo en escanear todo lo que sale de sus fronteras”.

En términos de seguridad interna, afirmó que los delitos contra la propiedad se redujeron en un 24% y que los homicidios registraron tres años consecutivos de disminución.

El fortalecimiento policial también fue parte del balance: más de 17,400 oficiales activos, aumento salarial para 19,000 agentes y la construcción de nuevas delegaciones.

Confrontación política y críticas a instituciones

Más allá de los números, el discurso estuvo marcado por un fuerte tono político. Chaves denunció la existencia de una “vieja casta” que, según dijo, intentó frenar su gobierno mediante bloqueos legislativos, decisiones judiciales y campañas mediáticas.

Cuestionó abiertamente al Poder Judicial, al que pidió una “reforma profunda”, y criticó a la Asamblea Legislativa anterior por obstaculizar proyectos clave. “Confundir oposición con obstrucción es una perversión”, afirmó, en uno de los momentos más duros de su intervención.

También aseguró haber enfrentado intentos de “golpes de Estado judiciales” y defendió su estilo confrontativo como una necesidad frente a lo que calificó como una estructura institucional resistente al cambio.

Un cierre con mensaje político y simbólico

En la parte final de su discurso, el presidente celebró la continuidad del oficialismo tras las elecciones y expresó su respaldo a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, a quien instó a “no aflojar, sino apretar más duro”.

Además, destacó hitos simbólicos como el primer Congreso con mayoría femenina y el hecho de que una mujer entregue la banda presidencial a otra, en referencia a Yara Jiménez Fallas.

El mandatario cerró con un tono emotivo, apelando a la imagen de una familia costarricense compartiendo la cena como símbolo del verdadero impacto de su gestión. “Es ahí donde se mide si todo valió la pena”, dijo.

Balance de una gestión marcada por resultados y polarización

El último informe de Rodrigo Chaves no solo defendió los logros en economía, reducción de pobreza, infraestructura y seguridad, sino también evidenció una relación tensa con otros poderes del Estado y sectores políticos.

Con una aprobación que ronda el 77%, el presidente cierra su mandato convencido de haber iniciado una transformación estructural. “Dejo un país sustancialmente mejor”, afirmó y concluyó diciendo q“no es un gobierno ni un presidente, sino una luz que debe seguir encendida”.

La abogada y notaria Yara Jiménez Fallas fue electa como presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, consolidando un ascenso político que la llevó, en pocos años, de funciones técnicas en el Poder Ejecutivo a ocupar la máxima jerarquía del Congreso.

Con 52 años, madre de tres hijos y con más de dos décadas de matrimonio, Jiménez representa una figura clave del oficialismo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que logró la mayoría necesaria para colocarla al frente del Directorio Legislativo en el inicio del periodo 2026-2030.

De Desamparados al liderazgo del Congreso

Nacida en Desamparados, San José, Jiménez creció en una familia numerosa y desde temprana edad mostró interés por el Derecho, una vocación que marcaría su trayectoria profesional.

Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Pisa, en Italia, un paso poco común entre figuras políticas nacionales y que le dio un perfil técnico con proyección internacional.

Antes de incursionar en la política electoral, desarrolló una extensa carrera en el sector público. Inició en el Banco Central de Costa Rica y posteriormente ocupó distintos cargos en el Ministerio de Hacienda, donde trabajó en áreas jurídicas y administrativas.

El salto a la política

El punto de inflexión en su carrera llegó con la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, donde fue designada como secretaria del Consejo de Gobierno entre 2022 y 2026.

Desde esa posición, considerada estratégica dentro del Ejecutivo, Jiménez coordinaba aspectos legales, administrativos y logísticos de las sesiones del gabinete, lo que la colocó en el centro de la toma de decisiones del Gobierno.

Su cercanía con el oficialismo y su experiencia técnica la convirtieron en una figura de confianza, lo que facilitó su salto a la política electoral como candidata a diputada por la provincia de Cartago, donde resultó electa para el periodo 2026-2030.

A diferencia de otros liderazgos tradicionales, Jiménez llegó a la presidencia legislativa sin una larga carrera partidaria o trayectoria previa en cargos de elección popular.

Su designación como candidata del oficialismo fue prácticamente determinante, dado que el PPSO contaba con 31 votos en el Congreso, superando el mínimo requerido para elegir al Directorio Legislativo.

Finalmente, fue electa con esa misma cifra, imponiéndose a la oposición y consolidando el control del oficialismo sobre el primer poder de la República en el arranque del nuevo periodo legislativo.

Quinta mujer en presidir el Congreso

Con su elección, Jiménez se convirtió en la quinta mujer en la historia de Costa Rica en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, en un Congreso que además destaca por ser el más paritario en más de dos siglos de vida republicana.

Su nombramiento también marcó el regreso de la provincia de Cartago a la presidencia legislativa después de más de una década sin ocupar ese cargo.

Estilo de liderazgo y prioridades

Durante sus primeras intervenciones, Jiménez ha planteado un estilo de liderazgo “negociador, pero exigente”, enfocado en mejorar la productividad legislativa, reducir el obstruccionismo y recuperar la legitimidad del Congreso ante la ciudadanía.

Su elección se da en un contexto político en el que el oficialismo busca impulsar reformas y consolidar su agenda, lo que coloca a la nueva presidenta del Legislativo en una posición estratégica para la gobernabilidad del país.

La reforma constitucional que crea una circunscripción electoral para los salvadoreños en el exterior fue respaldada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer la representación política de la diáspora. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, indicó que la modificación responde a una deuda histórica y se fundamenta en la vinculación económica, cultural y familiar de los migrantes con el país.

De acuerdo con Mira, la presencia de más de tres millones de salvadoreños en el exterior tiene un impacto directo sobre la economía nacional, ya que las remesas que envían representan entre el 22% y el 25% del producto interno bruto (PIB). Esta contribución económica se suma a la participación activa de la diáspora en la vida social y cultural de El Salvador. “Nuestra diáspora no es una población pequeña, es un grupo importante de nuestra población en general”, precisó la funcionaria, quien señaló que la reforma busca garantizar derechos civiles y políticos a este segmento.

Según la viceministra, la reforma constitucional profundiza la apertura iniciada en 2021 con la Ley de Voto en el Exterior. En las elecciones más recientes, más de 300.000 salvadoreños residentes en otros países participaron en los comicios, un dato que contrasta con los registros previos, donde apenas 4.000 personas pudieron ejercer el sufragio fuera del territorio nacional. Durante la comisión se comunicó que este avance representa mayor inclusión y reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes.

La nueva circunscripción electoral se fundamenta también en el vínculo cultural y familiar que mantienen los salvadoreños en el exterior. El Salvador reconoce la doble nacionalidad y mantiene los lazos legales con quienes emigraron, a diferencia de otros estados que exigen la renuncia a la nacionalidad de origen. “Esta es una nacionalidad que no se pierde”, afirmó Mira, al remarcar que la legislación nacional permite a los connacionales mantener su identidad y derechos sin importar el lugar de residencia.

En lo referente a políticas públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha diseñado programas para mantener informada y conectada a la diáspora. A partir de 2025, la Ley de Movilidad Humana otorgará beneficios para quienes deseen retornar al país, invertir, trasladar bienes o acogerse a procesos de migración laboral regular. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una parte significativa de la diáspora salvadoreña muestra interés en invertir y regresar al país, en sectores como turismo, infraestructura y construcción.

La funcionaria citó ejemplos de otros países de América Latina y Europa donde se reconoce la participación política de los migrantes: “Podemos poner ejemplos concretos como Ecuador, República Dominicana, Francia, Portugal y España”, dijo Mira, añadiendo que en esas naciones la diáspora es considerada un motor de desarrollo.

Desde el gobierno central, la política es fortalecer la red consular y diplomática para facilitar servicios y acortar la distancia con los salvadoreños en el exterior. El Ministerio ha puesto en marcha consulados móviles y expandido su presencia en regiones como áfrica y Medio Oriente. “Nos sentimos muy honrados de poder aportar a esa confianza que ellos tienen y que se renueva en esta administración”, destacó la viceministra.

La implementación de la circunscripción electoral permitirá que los salvadoreños en el extranjero elijan representantes propios en la Asamblea Legislativa.

Aún no se conocen detalles sobre los mecanismos de ejecución de esta medida, ya que el presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que esto podría empezar a evaluarse en los próximos 15 días: “Lo que estamos haciendo en esta comisión es viendo decretos de reformas a la Constitución y específicamente ratificación a los decretos. ¿Cuántos diputados van a ser, de dónde van a salir, cómo se van a consignar los votos? Eso se va a hacer después de la ratificación, porque esto no está dentro de la Constitución, esto está en el Código Electoral, incluso en la Ley de Partidos Políticos. Eso es una discusión que vendrá después, la próxima semana, en los próximos 15 días”.

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio este viernes un contundente discurso en señal de apoyo al gobierno de La Libertad Avanza durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados provincial.

“Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”, expresó durante la primera parte de su discurso, en un claro guiño hacia el modelo nacional. Y agregó: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando. Lo hace porque el ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión, para que el sector privado recupere capacidad de decisión y se abran oportunidades reales de crecimiento”, afirmó.

Además señaló que Mendoza alcanzó un récord en obra pública a pesar de la caída nacional, y que la inversión estatal representará en 2026 la mayor proporción del gasto en la historia reciente provincial. “La obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos, la presión fiscal continúa su sendero de baja, habiendo devuelto más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes luego de años de baja de impuestos distorsivos”, anunció.

Durante su discurso, Cornejo planteó, además, la necesidad de reformas continuas para lograr mayor eficiencia estatal y asignar mejor los recursos públicos. Y puso como ejemplo el Fondo del Resarcimiento. “Dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, expresó.

El mandatario señaló también que Mendoza mantuvo una política modelo de vivienda y en el desarrollo de la minería moderna. “La Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”. Y que “gracias a la planificación estatal, el rol de EMESA y un clima de negocios estable” la provincia se consolidó en cuanto a proyectos de energía solar.

Empleo, turismo y seguridad

El discurso remarcó la baja tasa de desocupación en la provincia. Además, relacionó el crecimiento con la marca provincial y la mejora en la conectividad aérea, y puntualizó que el potencial turístico y productivo depende del cuidado ambiental.

“Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba”, dijo Cornejo como así también posicionó a la provincia como un “destino posicionado a nivel nacional e internacional, apoyado en sus recursos naturales”.

En cuanto al plano turístico, engarzó su discurso alrededor del cuidado del medio ambiente. “Cuidar el entorno es inseparable de cuidar a las personas. Y cuidar a las personas es, ante todo, garantizar su derecho a la salud, no hay aprendizaje posible sin bienestar”, subrayó.

El gobernador reafirmó la prioridad del orden y la seguridad, con tolerancia cero frente al delito y respaldo a las fuerzas de seguridad cuando actúan dentro de la ley. “En Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, enfatizó.

Y agregó: “Nuestro plan está mostrando resultados. Sabemos que detrás de cada cifra hay una víctima; por eso los datos no son para celebrar, sino para medir avances y reconocer lo que falta.”

El cierre del discurso puso el acento en el protagonismo colectivo para una nueva etapa de crecimiento y en la responsabilidad del Estado de crear condiciones para el futuro. “No se trata de que el Estado elija ganadores. Se trata de que toda la provincia –sus empresas, sus productores, sus universidades, sus trabajadores y sus emprendedores– pueda ser simultáneamente protagonista de una nueva etapa de crecimiento”, dijo.

Y cerró: “Que quede claro: no estamos esperando condiciones ideales, sino creando condiciones posibles para construir futuro. Porque atreverse a construir futuro es el verdadero cambio de fondo”.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica inició el período 2026-2030 con la elección de Yara Jiménez Fallas como nueva presidenta del Congreso, tras una votación en la que la bancada del Partido Pueblo Soberano consolidó su dominio con 31 votos frente a los 26 obtenidos por la candidata de oposición, Diana Murillo Murillo. Este resultado refleja la correlación de fuerzas que marcará la agenda legislativa, anticipando una dinámica de mayorías claras en las decisiones clave, en medio de fragmentación política y una agenda multipartidista.

En el mismo proceso, la oficialista Esmeralda Britton González fue elegida vicepresidenta con el respaldo unánime de su bancada. Britton, con más de 40 años de experiencia en tecnologías de la información, gestión pública y transformación digital, presidió la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2025, donde destinó recursos a más de 450 organizaciones y 500 programas sociales, según información de Teletica.com. Además, la fracción oficialista destacó su experiencia como ministra de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, así como su papel en la digitalización de la lotería y en la lucha contra el crimen organizado relacionado con el juego ilegal.

El Partido Pueblo Soberano ocupa la presidencia y la mayoría del Directorio Legislativo

La votación confirmó la hegemonía del Partido Pueblo Soberano no solo en la presidencia del Congreso, sino también en los principales cargos del Directorio Legislativo. Gerald Bogantes Rivera y Reynaldo Arias Mora, ambos oficialistas, fueron electos como primer y segundo secretario, cada uno con los 31 votos de la mayoría oficialista, desplazando las postulaciones de la oposición.

Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción oficialista, sostuvo que Jiménez Fallas cuenta con “experiencia en el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional”, además de haber ocupado cargos en despachos ministeriales y en la secretaría general del Consejo de Gobierno bajo la administración de Rodrigo Chaves.

Jiménez Fallas es la quinta mujer en la historia de Costa Rica en presidir el Congreso, sumándose a Rosemary Karpinsky (1986-1987), Rina Contreras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022). El Congreso actual es el más paritario en 205 años de historia, con la integración de 30 diputadas.

Gerald Bogantes Rivera, licenciado y máster en Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y asesor legislativo. Por su parte, Reynaldo Arias Mora, con más de 26 años de trayectoria como abogado y notario, mantiene un vínculo destacado con el desarrollo municipal y comercial de Limón.

El bloque de oposición firmó una agenda común y mantuvo la exclusión de reformas que afecten derechos fundamentales

Frente a la mayoría oficialista, 26 diputaciones de los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana suscribieron la mañana de este 1 de mayo un pacto legislativo enfocado en promover diálogo, articulación y responsabilidad política en un contexto de alta polarización del debate público.

Entre los principales puntos del acuerdo figuran la defensa del Estado social de derecho, la independencia de los poderes, la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos. El compromiso incluye fortalecer la educación pública, la salud y la transparencia institucional, así como inmovilizar capitales del crimen organizado mediante la extinción de dominio y reformas a los sistemas judicial y penitenciario.

Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de Agenda Ciudadana, explicó a medios nacionales: “La ciudadanía no quiere confrontación permanente, sino soluciones”, resaltando que la alianza opositora surge de la necesidad de consensos en un electorado dividido. A su vez, Abril Gordienko López, jefa del PUSC, afirmó: “Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa que actúe con responsabilidad, respeto y visión de largo plazo para el país”.

El acuerdo establece una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 en siete ejes: democracia, seguridad y justicia, desarrollo social, desarrollo económico y competitividad, transparencia y probidad, así como funcionamiento parlamentario.

Limitaciones a las reformas constitucionales y defensa de los contrapesos institucionales

El bloque opositor impuso límites explícitos a la acción política conjunta. Durante una conferencia previa a la elección del Directorio Legislativo, los líderes opositores advirtieron, que no avalarán reformas constitucionales que impliquen recortes de derechos, reducción de garantías sociales ni cambios en el equilibrio de poderes. También rechazarán propuestas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones.

El acuerdo incluye el rechazo a la concentración de poder en el Ejecutivo y a todo debilitamiento de organismos de control. La agenda opositora mantiene el compromiso con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en el sistema democrático.

En materia de políticas públicas, el pacto prioriza alcanzar una inversión en educación equivalente al 8% del producto interno bruto y reforzar la Caja Costarricense de Seguro Social. En el eje ambiental, las bancadas opositoras analizarán alternativas para hacer frente a la crisis derivada del proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos.

Entre las propuestas, destaca una ley para sancionar a diputados que incumplan con la probidad y la regulación del lobby parlamentario.

Jornada legislativa marcada por movilizaciones sociales y consignas de trabajadores

Mientras se conformaba el nuevo Congreso, miles de ciudadanos participaron en la tradicional marcha del Día Internacional de los Trabajadores en San José. El recorrido, desde el parque de La Merced hasta la Plaza de la Democracia, reunió a sindicatos, estudiantes, pensionados y representantes de partidos políticos que exigieron mejoras en educación, salud y seguridad, así como incrementos salariales, defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y descongelamiento de las pensiones del magisterio, según reportó Teletica.com.

Durante la plenaria de esta tarde en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó a los diputados y al pueblo salvadoreño sobre una solicitud oficial remitida por la Casa Presidencial, en la que el presidente Nayib Bukele insta a los legisladores a impulsar una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República. La propuesta busca otorgar por primera vez representación directa en este Órgano del Estado a los salvadoreños residentes en el exterior, mediante la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora.

El objetivo es garantizar los principios de igualdad del voto y representación proporcional, permitiendo que la diáspora elija a sus propios representantes en el Parlamento y que estos, a su vez, participen en la toma de decisiones legislativas, en lugar de que sus votos sean asignados al departamento de San Salvador, como ocurre actualmente.

El comunicado oficial difundido por la Casa Presidencial subraya que esta reforma constituye un avance en el proceso de inclusión política promovido por el Gobierno. La medida permitirá que los salvadoreños en el exterior, quienes ya pueden ejercer su derecho al voto con Documento Único de Identidad (DUI), cuenten con diputados específicos, elegidos en proporción al peso que la diáspora tiene dentro del padrón electoral.

De los salvadoreños fuera del país, más de 950 mil tienen actualmente su domicilio registrado en el extranjero, lo que evidencia la magnitud de la comunidad a la que se busca dar representación propia.

El procedimiento para la reforma constitucional fue detallado por el presidente de la Asamblea Legislativa. La iniciativa, según Castro, requiere inicialmente la firma de al menos diez diputados para ser presentada formalmente ante el pleno. Luego, debe ser discutida y aprobada por mayoría simple (la mitad más uno de los diputados). Posteriormente, el acuerdo de reforma debe ser ratificado, con el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los legisladores, siguiendo el proceso establecido por la Constitución.

“Debemos darle iniciativa a la ratificación de este acuerdo de reforma y que este siga el proceso de formación de ley para ser aprobada por esta misma Asamblea con tres cuartas partes de los votos de este pleno”, afirmó Castro tras ser informado sobre la solicitud.

La reforma no altera la configuración actual de la Asamblea Legislativa y se orienta a equilibrar la distribución de la representación, otorgando a la diáspora un espacio propio. Con esta medida, el Ejecutivo sostiene que se inicia una nueva etapa en la relación entre el Estado salvadoreño y sus ciudadanos residentes en el exterior, integrando plenamente a millones de salvadoreños en la vida política y en la construcción del futuro del país.

El presidente Bukele, a través del comunicado, destacó que la historia de El Salvador se ha escrito tanto dentro como fuera de sus fronteras, subrayando el aporte diario de quienes, desde cualquier parte del mundo, conservan su identidad y vínculo con la nación.

“Instruyo al equipo técnico elaborar las pieza, esta pieza de correspondencia que es necesaria a efecto de formalizar esta iniciativa de reforma constitucional y someterla a conocimiento de este pleno legislativo. Esto conforme al procedimiento establecido en nuestra Carta Magna”, puntualizó Castro.

En ese sentido, la Asamblea Legislativa iniciará el trámite correspondiente para la elaboración de la pieza de correspondencia y sometiéndola a consideración del pleno, conforme a los procedimientos legales. La medida ha sido presentada como un reconocimiento histórico a los salvadoreños en el exterior para la plena participación política.

El Congreso de Costa Rica finalizó su periodo constitucional 2022-2026 en medio de una parálisis inédita provocada por la ausencia de diputados, lo que impidió realizar la última sesión legislativa prevista para este martes, dejando sin resolución la sanción política contra Fabricio Alvarado Muñoz y sin votar proyectos de ley clave, entre ellos el millonario préstamo internacional para el Tren Rápido de Pasajeros.

La falta de quórum se repitió por segundo día consecutivo, pues al plenario solo acudieron 35 de los 57 legisladores, cuando el reglamento exige un mínimo de 38 presentes para abrir formalmente sesión. El hecho sella un cierre de ciclo sin antecedentes recientes: nunca antes la Asamblea Legislativa costarricense había quedado inoperante en los días finales de funciones por ausencia masiva de miembros.

La imposibilidad de sesionar tuvo consecuencias directas sobre dos cuestiones centrales. En primer lugar, no fue posible analizar ni votar los tres informes realizados por una comisión especial sobre el supuesto caso de abuso y hostigamiento sexual, atribuido a Alvarado, líder del partido Nueva República, en perjuicio de la exlegisladora y asesora Marulin Azofeifa. La sanción disciplinaria propuesta solo podía aplicarse mientras el aludido mantuviera su condición de diputado; el final abrupto de la legislatura clausuró, en la práctica, esta vía de resolución interna.

En términos de agenda nacional, quedaron también postergados de manera indefinida los segundos y últimos debates de 24 proyectos de ley, entre los que destaca el crédito de USD 800 millones destinado al Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como “Tibi”, en la Gran Área Metropolitana. Este proyecto contemplaba financiamiento ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción y operación de las líneas 1 y 2.

Por primera vez en la historia reciente, el Congreso no sesionó en sus dos últimos días

El quórum se rompió en dos jornadas sucesivas. El lunes, la inasistencia ya había impedido avanzar, anticipando un desenlace accidentado para el periodo. Este martes, la situación se agravó: la ausencia masiva de diputados del oficialismo y de sus aliados, incluida la bancada completa de Nueva República, miembros de Progreso Social y varios de la Unidad Social Cristiana, así como algunos independientes, imposibilitó abrir la sesión definitiva.

Entre los ausentes que solicitaron permiso formal figuran Pilar Cisneros y Paola Nájera de Progreso Social; María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles del PUSC; así como Rosalía Brown, de Nueva República. Otros legisladores, sin permiso registrado, acompañaron a Rodrigo Chaves, presidente de la República, en actividades oficiales fuera del recinto parlamentario.

El resultado fue el “entierro” político del caso Fabricio Alvarado en el ámbito parlamentario; ahora, la única vía de resolución pendiente es la instancia penal, adonde Azofeifa ya presentó denuncia.

La imagen del periodo legislativo: pendientes sin resolver y sesiones vacías

La presidencia legislativa había avalado una moción para adelantar la última sesión al 28 de abril, con el fin de facilitar los preparativos administrativos para el cambio de legislatura el 1 de mayo, fecha en que asumirán las nuevas autoridades para el periodo 2026-2030. Sin embargo, la gestión concluyó sin que el plenario se reuniera en sus últimos dos días, impidiendo el cierre formal y dejando múltiples asuntos, legislativos y disciplinarios, sin decisión.

La presidenta electa de la Asamblea, Laura Fernández, se había comprometido ante el Partido Liberación Nacional a garantizar la presencia oficialista en la última jornada, promesa que no fue cumplida.

Como resultado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica cerró funciones este martes sin poder ejecutar el trámite final de su periodo constitucional ni resolver una de las denuncias disciplinarias más sensibles de su historia reciente.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron la incorporación de los pañales desechables para niños y adultos mayores en la canasta básica de Costa Rica con el objetivo de reducir el impuesto al valor agregado (IVA) de trece a uno por ciento sobre su venta.

Esta modificación, que busca equilibrar el acceso a un producto considerado indispensable para sectores vulnerables, será remitida a discusión en el Plenario Legislativo, donde sea evaluado por los 57 diputados.

Francisco Nicolas, uno de los impulsores del proyecto subrayó la necesidad de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluya los pañales dentro de los insumos que se proporcionan a menores y adultos mayores con necesidades médicas documentadas.

Argumentó que “los pañales hoy por hoy son un elemento indispensable en la calidad de vida de estas dos poblaciones”.

La diputada oficialista Pilar Cisneros manifestó su oposición a iniciativas que disminuyen los ingresos fiscales del Estado y advirtió sobre la acumulación de exoneraciones sin compensación presupuestaria.

Además, el Ministerio de Hacienda expresó objeciones formales al señalar la falta de claridad sobre el alcance efectivo del beneficio y la presencia de “problemas técnicos” en la definición de este producto como integrante de la canasta básica, de acuerdo con el testimonio recogido en la comisión.

La Comisión de Asuntos Hacendarios, en la misma sesión, avaló un proyecto que reconoce a las empresas la posibilidad de deducir del pago del impuesto sobre la renta un porcentaje adicional por cada trabajador mayor de cincuenta y cinco años contratado.

Esta deducción sigue una escala progresiva: parte de un cinco por ciento del salario para trabajadores de cincuenta y cinco años y alcanza hasta un cincuenta y cinco por ciento cuando se trata de trabajadores de sesenta y cinco años o más.

La diputada del PUSC, Vanessa Castro, destacó el impacto de este estímulo: cada adulto mayor que permanece activo laboralmente contribuye a reducir su dependencia de las pensiones y subsidios estatales, generando un ahorro potencial para el fisco que podría superar el gasto público generado por el incentivo. Añadió que “el trabajador mayor activo paga impuestos sobre la renta, cotiza a Seguridad Social y consume más bienes y servicios”, lo que favorece la expansión de la base fiscal y dinamiza la economía interna.

El cobro del marchamo y la polémica sobre el valor fiscal de los vehículos

En el cierre de la sesión, los diputados también aprobaron el dictamen afirmativo del expediente 24.724, que busca impedir el cobro considerado abusivo del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones por parte del Ministerio de Hacienda. La controversia surgió a raíz de la entrada en vigor de una nueva metodología para el cobro del marchamo, lo que resultó en el aumento del valor fiscal de diversas unidades, según el criterio de Hacienda.

El proyecto establece que el monto base para el cálculo del impuesto debe fijarse según el valor CIF (costo de compra y gastos de importación), mientras que la administración tributaria venía considerando la inscripción del vehículo en el Registro Nacional, la cual puede contener elementos adicionales que incrementan el importe final del tributo.

Las tres iniciativas legislativas aprobadas en comisión—la inclusión de los pañales en la canasta básica con IVA reducido, el incentivo fiscal por contratación de adultos mayores y la regulación sobre el cobro de impuestos a automotores—serán debatidas en las próximas sesiones del Plenario Legislativo de Costa Rica, donde se determinará su aprobación definitiva.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el expediente 25,291, que autoriza los contratos de préstamo suscritos entre el Estado, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La iniciativa recibió un amplio respaldo legislativo, con 48 votos a favor, ningún voto en contra y la ausencia de nueve diputados, lo que refleja un consenso político significativo en torno a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país en las últimas décadas.

Un proyecto clave para la movilidad en la GAM

El plan contempla la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido, un sistema ferroviario moderno que busca transformar la movilidad urbana en la GAM, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica de Costa Rica.

El financiamiento aprobado asciende a $800 millones, provenientes de préstamos internacionales gestionados con el BCIE y el BEI, dos de los principales organismos multilaterales que han respaldado proyectos de infraestructura en la región. A estos recursos se suman aportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como apoyo del Fondo Verde del Clima, lo que refuerza el enfoque ambiental del proyecto.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente, sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles, en línea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

Impacto esperado: menos presas y menor contaminación

El Tren Rápido de Pasajeros se proyecta como una solución estructural a los problemas de congestión vial que afectan diariamente a miles de costarricenses en la GAM. Actualmente, el crecimiento urbano y la alta dependencia del transporte privado han generado importantes desafíos en movilidad, tiempos de traslado y calidad de vida.

Con la implementación de este sistema ferroviario, se espera reducir significativamente los tiempos de viaje, mejorar la conectividad entre los principales centros urbanos y disminuir la presión sobre la red vial existente.

Además, el proyecto tiene un componente ambiental clave, ya que busca contribuir a la reducción de emisiones contaminantes mediante el uso de transporte eléctrico masivo. Esto se alinea con la matriz energética del país, caracterizada por un alto porcentaje de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

Financiamiento internacional y respaldo climático

El respaldo del BCIE y el BEI no solo garantiza el financiamiento del proyecto, sino que también representa un aval técnico y financiero para su ejecución. Ambas entidades han participado en iniciativas similares en América Latina y Europa, lo que podría aportar experiencia en la implementación del sistema ferroviario.

Por su parte, el apoyo del Fondo Verde del Clima evidencia el componente sostenible del proyecto, orientado a mitigar el impacto ambiental del transporte y promover soluciones de movilidad más limpias.

Las autoridades han señalado que este tipo de financiamiento permite acceder a condiciones favorables, como tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, lo que facilita la viabilidad del proyecto en el mediano y largo plazo.

Próximos pasos: segundo debate y ejecución

Tras su aprobación en primer debate, el expediente deberá ser votado nuevamente en segundo debate antes de convertirse en ley. De recibir el aval definitivo, el país avanzará hacia la fase de ejecución del proyecto, que incluye procesos de licitación, construcción e implementación del sistema.

El Tren Rápido de Pasajeros ha sido considerado históricamente como una de las principales apuestas para modernizar el transporte público en Costa Rica, aunque su desarrollo ha enfrentado retrasos y desafíos en distintas administraciones.

Con este avance legislativo, el proyecto da un paso clave hacia su materialización, en medio de expectativas sobre su impacto en la movilidad, el desarrollo urbano y la sostenibilidad del país.

El Gobierno de Costa Rica dio por cerradas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) este 21 de abril de 2026, tras un fuerte desacuerdo con los rectores de las universidades públicas, quienes plantearon un aumento que el Ejecutivo calificó como “irracional y abusivo”.

El conflicto gira en torno a la propuesta presentada por las universidades, que planteaba un incremento del 2.94% sobre la base presupuestaria. Esto representa más de ₡17,000 millones adicionales (USD 37,4 millones), que se suman a cerca de ₡11,000 millones (USD 24,2 millones) ya incorporados previamente, elevando el ajuste total a casi ₡30,000 millones (USD 66 millones)

Desde el Gobierno, la posición fue clara: mantener el presupuesto sin crecimiento, es decir, con un ajuste del 0%, argumentando que esta decisión responde al comportamiento de la inflación y a las limitaciones fiscales del país.

Ante la falta de consenso en la Comisión de Enlace —instancia encargada de negociar el FEES—, el proceso ahora pasa a la Asamblea Legislativa, donde se definirá el monto final en el marco de la discusión del Presupuesto Ordinario de la República.

Este procedimiento está respaldado por el artículo 85 de la Constitución Política, que regula el financiamiento de la educación superior estatal y establece que, en ausencia de acuerdo entre las partes, corresponde al Congreso tomar la decisión final.

El FEES es el principal mecanismo de financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica, incluyendo la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, este fondo forma parte del mandato constitucional más amplio contenido en el artículo 78, que establece que el Estado debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en los últimos años esta meta no se ha cumplido, y la inversión ha mostrado una tendencia a la baja.

Datos recientes evidencian que el financiamiento educativo ha disminuido en términos relativos, pasando de alrededor de un 5,7% del PIB en 2023 a cerca de un 5% en 2025, lo que ha generado preocupación en el sector académico.

En el caso específico del FEES, el crecimiento también ha sido limitado. Para 2025, el fondo rondó los ₡587,000 millones (USD 1,29 mil millones), mientras que para 2026 se ubicó cerca de ₡593,000 millones (USD 1,30 mil millones), lo que representa incrementos modestos que, según las universidades, no compensan el impacto de la inflación ni el aumento en los costos operativos.

Los rectores han defendido su propuesta señalando que el ajuste es necesario para sostener la calidad de la educación superior pública, financiar la investigación científica, mantener programas de becas y atender el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Asimismo, han advertido que, en términos reales, el FEES ha perdido poder adquisitivo en los últimos años, lo que podría afectar la capacidad de las universidades para responder a las necesidades del país.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que el contexto fiscal obliga a la contención del gasto público, en línea con las restricciones impuestas por la regla fiscal y la necesidad de mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

La Comisión de Enlace, donde se desarrollaron las negociaciones, está integrada por representantes del Gobierno, entre ellos los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, así como por los rectores de las universidades públicas y una representación estudiantil.

El cierre sin acuerdo refleja las tensiones persistentes entre el Gobierno y el sector universitario sobre el papel del financiamiento estatal en la educación superior, en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y demandas crecientes por acceso a la educación.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde los diputados deberán definir el monto final del FEES, una decisión que impactará directamente a miles de estudiantes y al desarrollo académico, científico y social de Costa Rica.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica advirtió que la aprobación en segundo debate de dos proyectos de ley relacionados con el régimen electoral por parte de la Asamblea Legislativa tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían anular las normas, según informó el órgano en un comunicado. El TSE detalló que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa mantienen la facultad de corregir el error mediante un veto fundado por inconstitucionalidad o devolviendo los proyectos al punto en que se presentó el vicio, conforme lo establecen los procedimientos legales.

La advertencia ocurre porque la Asamblea Legislativa votó los proyectos número 24.248 y 22.242 antes de junio de 2026, pese a que el artículo 97 de la Constitución Política establece que durante los seis meses previos y los cuatro meses posteriores a una elección popular, el Congreso no puede convertir en ley un proyecto objetado formalmente por el órgano electoral. El TSE sostuvo que esto configura un segundo vicio de procedimiento, además del de inconexidad, lo que intensifica la inconstitucionalidad de ambas normas.

Detalles y objeciones sobre los proyectos de ley

Sobre el fondo de las iniciativas, el TSE señaló que el proyecto 24.248 pretendía en su versión inicial adelantar la fecha para la inscripción de candidaturas, una medida aceptada por la institución. Sin embargo, la Asamblea modificó el texto final e introdujo nuevos requisitos para candidatos a cargos municipales. Estos requisitos añadidos no guardaban una relación directa con el objetivo original sobre plazos de inscripción, lo que motivó la objeción formal del TSE. El tribunal puntualizó que la adición de requisitos no es incompatible per se, pero requiere una reforma legal específica acompañada de ajustes en sistemas informáticos, manuales y procedimientos administrativos, así como una evaluación del impacto sobre los partidos de cara a las elecciones municipales de 2028.

El proyecto 22.242 tenía como propósito inicial establecer un plazo de prescripción para que los partidos políticos puedan acceder a fondos estatales destinados al reembolso de gastos de organización y capacitación, un criterio ya delimitado en la jurisprudencia y avalado por el TSE. Sin embargo, en la versión aprobada se agregó una norma transitoria que permite el desembolso directo de estos recursos a bancos acreedores de los partidos, incluso cuando las agrupaciones no hayan renovado sus estructuras, un requisito constitucional. Para el tribunal, esta medida compromete el cumplimiento de obligaciones orientadas a proteger el principio democrático y se introdujo de modo incorrecto, pues, aunque se denomina “transitoria”, su vigencia es indefinida y no responde a una situación excepcional y temporal, como fundamentó el TSE en su objeción.

Consecuencias y escenarios legales

El TSE destacó que la Asamblea Legislativa sometió a votación el proyecto sin añadir al expediente la objeción presentada por el órgano electoral, lo que agrava el vicio de inconstitucionalidad.

La consecuencia inmediata es que la validez de ambas normas queda en suspenso. El Poder Ejecutivo puede vetar los proyectos por inconstitucionalidad o la Asamblea Legislativa tiene la opción de corregir el error y retrotraer los textos al momento procesal en que surgió la irregularidad. En caso de que ninguna de estas medidas se adopte y los proyectos se publiquen como leyes de la República, el TSE anunció que, en virtud de los argumentos presentados y los que se valoren llegado el caso, presentará las correspondientes acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.

La iniciativa de una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas se encuentra e estudio legislativo. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía y con un papel central del Ministerio de Hacienda, prevé no solo ampliar la capacidad estatal para ejecutar grandes emprendimientos, sino también incrementar la seguridad jurídica y la confianza de las inversiones extranjeras, según expusieron representantes del Ejecutivo en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión este lunes.

El marco legal que se discute prevé contratos de hasta 50 años, diseñados para dar viabilidad a proyectos de infraestructura o servicios que no podrían realizarse con recursos exclusivos del Estado. De acuerdo con el anteproyecto presentado por Clarisa Margarita Valdebrán, directora de Inversiones del Ministerio de Economía, la ley contempla dos grandes categorías de contratos: los autosostenibles, financiados únicamente a través de las tarifas pagadas por los usuarios, y los cofinanciados, que incluyen aportes directos o garantías estatales.

En ambos casos, la oportunidad para que empresas nacionales o extranjeras propongan proyectos de inversión representa un cambio estratégico. Según explicó Valdebrán a los diputados, “la identificación de la necesidad la puede hacer tanto una entidad pública como una entidad privada”, lo que implica que no solo el Estado, sino también actores privados, podrán detectar vacíos en infraestructura y proponer soluciones ante la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP).

El país aún enfrenta una brecha significativa en infraestructura, un problema que, según la DAP, la ley busca subsanar permitiendo que “el gobierno se apoye en inversión privada”, reduciendo riesgos fiscales y ampliando los controles y la trazabilidad en la ejecución de los proyectos, se expuso en el desarrollo de la comisión.

Una nueva dirección técnica para evaluar, aprobar y fiscalizar los proyectos

La propuesta de ley crea la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP), adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica para identificar sectores estratégicos, registrar contratos y evaluar la viabilidad administrativa, técnica y financiera de las iniciativas. Sus atribuciones incluyen requerir información de todas las entidades públicas, coordinar la asistencia técnica necesaria, emitir lineamientos para la estructuración de proyectos y aprobar los estudios de factibilidad.

Dentro del proceso, la DAPP puede declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada, lo que formaliza su pertinencia nacional y abre el camino para un escrutinio fiscal exhaustivo. La entidad también revisa la admisibilidad de cada iniciativa, marca las etapas de licitación y otorga su aprobación para que los contratos avancen a revisión legislativa.

El Ministerio de Hacienda desempeñará la supervisión, asegurando la sostenibilidad fiscal de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta cartera no solo emite un dictamen fiscal preliminar sobre cada propuesta, sino que se encarga de elaborar el informe fiscal definitivo una vez aprobado el estudio de factibilidad, tal como lo señala la propuesta. También debe asegurarse de que las instituciones públicas reserven en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con los futuros compromisos contractuales.

Derechos, obligaciones y garantías para los agentes privados

La propuesta de ley detalla el régimen de derechos y obligaciones de los agentes privados. Entre los derechos, se incluye la percepción de ingresos por servicios o tarifas, la posibilidad de obtener financiamiento, ceder contratos (con autorización estatal), subcontratar a terceros y solicitar prórrogas ante retrasos imputables al Estado.

El diputado que presidió la sesión, William Soriano, destacó que la ley propone “construir bases muy fuertes para la estabilidad jurídica”. Valdebrán remarcó que el nuevo cuerpo legal dotará al país de “la robustez que ya tienen países con proyectos exitosos en la región y dará todo el respaldo legal para inversiones de esta envergadura”.

El Salvador avanza en su transformación digital y fortalece su infraestructura educativa y sanitaria mediante la aprobación de nuevos préstamos internacionales que movilizarán cientos de millones de dólares hacia programas estratégicos en salud, educación y conectividad.

Las iniciativas, dictaminadas favorablemente este lunes por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador, priorizan la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y la ampliación de infraestructura tecnológica en beneficio de la población.

Uno de los proyectos de mayor envergadura es la aprobación del contrato de préstamo por USD 501.253.133 suscrito por el Ministerio de Hacienda con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.

Esta operación, autorizada el 9 de abril de 2026 y formalizada dos días después, implica un financiamiento a 25 años con cinco años de gracia y se ejecutará bajo la modalidad basada en resultados, según el dictamen. De esta manera, los desembolsos estarán condicionados a la consecución de metas específicas, como la mejora en los aprendizajes de matemáticas y lectura, el fortalecimiento del monitoreo y la gestión de datos educativos, así como la expansión tecnológica en las aulas.

El programa, que ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se estructura en tres áreas de resultados. Primero, busca aumentar el porcentaje de estudiantes —desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato— que logran niveles suficientes en matemáticas y lectura, implementando una plataforma digital de aprendizaje que debe alcanzar al menos al 70% de estos alumnos.

Segundo, apuesta a sistemas de evaluación y plataformas robustas de gestión de datos, instaladas al menos en el 80% de las escuelas bajo el programa. Tercero, impulsa la dotación de computadoras y tabletas y la integración de herramientas de inteligencia artificial, fijando el objetivo de equipar con hardware y conectividad el 60% de las aulas comprendidas.

De acuerdo con el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, los cambios impulsados por el Ministerio de Educación se extienden más allá de la infraestructura escolar, involucrando prácticas pedagógicas y gobernanza educativa, como remarcó a los diputados: “No solo se han centralizado en infraestructura, mejora de centros escolares en todos los niveles, sino también en todos los planes educativos”.

La importancia de esta inversión educativa radica en que da continuidad a una política integral de modernización del sistema público, reconocida internacionalmente a través del crédito del BIRF, y constituye una herramienta financiera cuya ejecución está estrictamente vinculada al cumplimiento de metas cuantificables en el avance educativo nacional.

Incorporación de recursos para salud digital y fortalecimiento de conectividad

También hubo dictamen favorable a la aprobación del contrato de préstamo entre el Ministerio de Hacienda y la Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a dar continuidad a la segunda fase del programa Doctor SV. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con Google y la CAF, busca transformar la atención médica mediante inteligencia artificial y una infraestructura de telemedicina que amplía el acceso y optimiza la gestión del sistema público de salud.

En esta etapa, se prevé consolidar la red nacional de 400 quioscos dispensadores de medicamentos y telemedicina, con capacidad para atender hasta 30.000 consultas diarias —un aumento respecto a las 18.000 actuales—, y centralizar servicios médicos con sistemas interoperables y seguros.

Los fondos financiarán también la capacitación de personal sanitario, el mantenimiento de la plataforma, la expansión de servicios externos asociados —como farmacias y laboratorios— y la mejora de la cobertura para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. El préstamo, por hasta USD 75 millones, fue autorizado inicialmente el 18 de febrero de 2026 mediante Decreto Legislativo 513, y con su ratificación se completa el proceso para su ejecución.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio su aval a un crédito por 800 millones de dólares destinado a la construcción del tren rápido de pasajeros, un proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana.

La iniciativa contempla el desarrollo de una línea férrea de aproximadamente 52 kilómetros de longitud, que conectará el cantón de Paraíso con Alajuela, atravesando los principales núcleos urbanos del país. El diseño incluye una vía doble a lo largo del recorrido, lo que permitiría un flujo continuo y eficiente de trenes en ambas direcciones.

El proyecto ferroviario prevé la construcción de 26 nuevas estaciones, así como la adquisición de 28 trenes modernos. Además, contempla la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y mejoras en estaciones ya existentes como Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, con el fin de modernizar la infraestructura actual.

Dentro de las características técnicas también se incluyen sistemas tecnológicos avanzados para el control de operaciones, acceso en estaciones, señalización, comunicación e información al usuario, con estándares que apuntan a un servicio de transporte público más eficiente y seguro.

Durante la discusión en comisión, los diputados manifestaron su respaldo a la iniciativa, destacando su potencial para convertirse en una solución estructural a los problemas de movilidad que enfrenta el país. En ese contexto, se subrayó que el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular han generado una presión sostenida sobre la red vial, provocando congestionamientos recurrentes.

El proyecto es financiado en su mayoría con recursos internacionales. Del total aprobado, 550 millones de dólares provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras que otros fondos incluyen 178 millones de dólares del Fondo Verde y 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones.

Adicionalmente, para la ejecución de la obra será necesario llevar a cabo aproximadamente 145 expropiaciones, cuyo costo se estima en 24 millones de dólares. Estos recursos serán asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El tren rápido de pasajeros forma parte de los proyectos estratégicos planteados para modernizar el transporte público en Costa Rica, particularmente en el Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la comisión, la iniciativa permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, ofrecer una alternativa al uso del vehículo particular y contribuir a mejorar la competitividad del país. Asimismo, se destacó su impacto potencial en la calidad de vida de los habitantes, al disminuir las horas invertidas en desplazamientos diarios.

El proyecto también responde a la necesidad de contar con un sistema de transporte colectivo más eficiente, en un contexto donde muchos usuarios enfrentan limitaciones para acceder a opciones cercanas a sus lugares de trabajo o estudio, lo que incrementa la dependencia del automóvil.

Otro de los elementos señalados durante el análisis es la particular configuración geográfica del país, donde varios centros de provincia se ubican a distancias relativamente cortas entre sí. Esta condición ha sido considerada como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario que conecte puntos estratégicos en un radio reducido, facilitando el traslado de miles de personas diariamente.

Con el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el proyecto avanza ahora a la etapa de discusión en el Plenario Legislativo, donde los diputados deberán decidir en definitiva sobre la aprobación del financiamiento.

La iniciativa del tren rápido de pasajeros se perfila como una de las inversiones más relevantes en infraestructura de transporte en el país en los últimos años, en medio de un debate sobre las soluciones necesarias para enfrentar la congestión vial y mejorar la movilidad urbana.

La fracción legislativa del Frente Amplio para el periodo 2026-2030 definió la integración de sus diputaciones en las distintas comisiones de la Asamblea Legislativa, de cara al arranque del nuevo año legislativo que iniciará el próximo 1 de mayo.

Según detallaron en un comunicado oficial, la bancada buscará tener representación en seis comisiones permanentes ordinarias y en 14 comisiones permanentes especiales, como parte de su estrategia de trabajo parlamentario para el primer año de labores.

En el caso de las comisiones ordinarias, la distribución quedó establecida de la siguiente manera: el diputado José María Villalta asumirá la comisión de Asuntos Jurídicos; María Eugenia Román integrará la comisión de Hacendarios; Edgardo Araya estará en Agropecuarios; mientras que Joselyn Sáenz y Vianey Mora participarán en la comisión de Asuntos Sociales.

Por su parte, Sigrid Segura formará parte de la comisión de Asuntos Económicos y Antonio Trejos integrará la comisión de Gobierno y Administración.

Participación en comisiones especiales

Además de las comisiones ordinarias, la fracción frenteamplista también definió su presencia en comisiones permanentes especiales, que abordan temas específicos y de interés nacional.

En ese sentido, José María Villalta participará en las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, así como en la de Derechos Humanos. María Eugenia Román estará en Consultas de Constitucionalidad y en la comisión de Discapacidad y Adulto Mayor.

Edgardo Araya integrará la comisión de Ambiente y también la de Redacción, mientras que Vianey Mora participará en la comisión de la Mujer y en la de Turismo.

Antonio Trejos estará en las comisiones de Asuntos Municipales y Nombramientos; Sigrid Segura en Ingreso y Gasto, así como en Ciencia, Tecnología y Educación; y Joselyn Sáenz en Relaciones Internacionales y en Juventud, Niñez y Adolescencia.

Proceso de integración y representación proporcional

De acuerdo con el artículo 67 del reglamento legislativo, la conformación de las comisiones debe responder a un criterio de proporcionalidad, tomando en cuenta la cantidad de diputados que integran cada fracción parlamentaria.

Esto implica que la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá integrar formalmente las comisiones con base en las propuestas presentadas por las jefaturas de fracción, respetando ese equilibrio en la representación política.

En ese contexto, la bancada del Frente Amplio manifestó su expectativa de que la integración final refleje también una mayor paridad de género, considerando la composición de la próxima Asamblea Legislativa.

Según se detalla en el comunicado, por primera vez el Congreso contará con una mayoría de mujeres diputadas frente a los hombres, con una relación de 30 a 27.

Compromiso de trabajo legislativo

El jefe de fracción, José María Villalta, aseguró que el equipo legislativo mantendrá una línea de trabajo enfocada en el análisis riguroso de los proyectos de ley y en la atención de las principales necesidades del país.

“La ciudadanía puede estar segura de que la fracción del Frente Amplio continuará trabajando como un equipo bien coordinado, estudioso y responsable en cada proyecto que se discuta en el Plenario y en las comisiones, respondiendo a las necesidades y preocupaciones de las y los habitantes de este país”, señaló Villalta.

La definición de estas representaciones marca uno de los primeros pasos de organización interna de las fracciones legislativas previo al inicio del nuevo periodo, en el que las comisiones jugarán un papel clave en el trámite de iniciativas de ley, control político y discusión de temas de interés nacional.

El gobierno de El Salvador ha remitido a la Asamblea Legislativa una solicitud para aprobar un préstamo de USD 75.000.000 suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo destino es la financiación del Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II.

La autorización legislativa para este financiamiento quedó establecida en el Decreto Legislativo No. 513 del 18 de febrero de 2026, según lo publicado en el Diario Oficial No. 36, Tomo No. 450 el 20 de febrero de 2026, acto que habilitó al Ejecutivo a formalizar el contrato con la CAF.

El Ministro de Hacienda firmó el contrato de préstamo el 8 de abril de 2026 conforme a la potestad otorgada por el mencionado decreto legislativo. Vale mencionar que en febrero de 2026 la Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de préstamo. De aprobarse, posteriormente, se deberá aprobar la ratificación del mismo.

“En razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas por nuestra legislación, con la presente me permito enviar a ustedes el proyecto de Decreto de Aprobación y original del Contrato de Préstamo denominado ‘Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II’“, justificó en la solicitud el ministro de Hacienda Jerson Rogelio Posada.

La segunda fase de Doctor SV

La segunda fase de esta aplicación tecnológica tendrá un acceso descentralizado a los medicamentos, debido a que se prevé la instalación de 400 kioscos dispensadores, los cuales serán colocados en puntos estratégicos que tengan mayor núcleo poblacional.

La aprobación del préstamo con el CAF es parte del respaldo que los diputados han brindado a este proyecto, pues el 11 de noviembre de 2025, el pleno legislativo aprobó un dictamen a favor de que se le incorporaran a la cartera de Salud Pública $11,097,000 —provenientes de un préstamo suscrito en 2023 con el CAF por $77,000,000— con el propósito de implementar el programa de telemedicina.

Una parte de ese dinero se utilizó para contratar servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de la conectividad en red, así como para consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del programa. También se invirtió en mobiliario, equipo informático y servicios de auditoría externa para verificar el buen uso de los recursos.

La noche de este 14 de abril, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, mencionó junto con los encargados del programa en una conversación transmitida en cadena nacional que Doctor SV utilizará la Inteligencia Artificial (IA)para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

El segmento incluye a quienes padecen enfermedades como: hipertensión, diabetes y afecciones renales, que requieren un seguimiento médico especializado.

En dicha conversación se divulgó que el programa informa a los pacientes sobre medicación, controles, análisis y, en caso de inasistencia, alerta a un equipo de profesionales para intervención directa y prevención del abandono terapéutico.

Al mismo tiempo, se anunció que, en la nueva etapa, se incorporan medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, incluyendo insulina y fármacos destinados al control de la hipertensión.

La Asamblea Legislativa de El Salvador eligió este martes a tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, en una sesión marcada por la aprobación mayoritaria de la bancada oficialista. Las designaciones se realizaron a través de votación nominal y pública en el pleno, con 57 votos a favor, dos diputados ausentes y un voto en contra, emitido por la diputada suplente Cesia Leonor Rivas, del partido VAMOS.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, abrió el proceso tras recibir la solicitud del grupo parlamentario Nuevas Ideas para proceder con la elección de los magistrados suplentes. La diputada y primera secretaria, Elisa Rosales, leyó la pieza de correspondencia que fundamentó la propuesta, basada en los artículos 131, 133, 173 y 186 de la Constitución y en el artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Según lo expuesto, la Comisión Política constató que los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y el perfil exigido, con énfasis en la moralidad y competencias notorias. El listado de abogados elegibles fue remitido previamente por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), conforme a la ley, con postulaciones válidas por tres años para cubrir eventuales vacantes.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, argumentó la necesidad de elegir magistrados suplentes para asegurar la continuidad de la Sala de lo Constitucional y otras salas de la Corte Suprema de Justicia en caso de ausencias por fuerza mayor. Propuso la elección de Claus Arthur Flores Acosta como magistrado suplente designado a la Sala de lo Constitucional para el periodo que finaliza el 15 de noviembre de 2027, y de Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García como magistrados suplentes hasta el 23 de septiembre de 2033.

De acuerdo con la información presentada en el pleno, los candidatos seleccionados tienen experiencia tanto en el ámbito judicial como académico. Sus credenciales incluyen desempeño como jueces, formación en derecho y participación en distintas instancias del sistema judicial salvadoreño.

En ese sentido, se informó que Claus Arthur Flores Acosta ha ejercido como magistrado de la Cámara de Familia de Occidente, juez en juzgados civiles y de menores, y posee estudios de posgrado en derechos humanos y educación para la paz. Joaquín Omar Vallejos Díaz es abogado y notario con experiencia como juez de paz y formación en docencia universitaria. Mientras que Jesús Ulises García cuenta con una trayectoria que se remonta a 1981 como formador en la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta fue sometida a votación para cada candidato por separado. El procedimiento se desarrolló con el pase de lista nominal y pública, donde la mayoría de los diputados presentes apoyó las designaciones. La única objeción quedó registrada por parte de la diputada suplente Cesia Leonor Rivas, del partido VAMOS, mientras que ningún otro partido presentó propuestas alternativas.

Los magistrados suplentes tienen la función de cubrir vacantes o sustituir a magistrados propietarios cuando resulte necesario durante el periodo para el que han sido designados. Tras la aprobación de la Asamblea, los nuevos funcionarios prestaron la protesta de ley y asumieron formalmente sus cargos.

Durante el acto protocolario, el presidente del órgano legislativo dirigió la toma de protesta a los abogados electos, recordándoles su compromiso con la Constitución y las leyes de la República. “Protestan bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen”, expresó Ernesto Castro.

La elección de los magistrados suplentes se enmarca en el proceso de renovación parcial de la Corte Suprema de Justicia, tal como establecen las normas constitucionales y reglamentarias en El Salvador.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió la conformación del Directorio Legislativo que dirigirá la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo 2026-2027, así como la distribución de sus diputados en las principales comisiones legislativas, tanto ordinarias como especiales permanentes.

La información fue divulgada mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la diputada electa por Cartago, Yara Jiménez, será la candidata de la bancada oficialista para asumir la presidencia del Congreso a partir del 1.º de mayo.

El resto de los cargos del Directorio Legislativo también fueron definidos por el PPSO. La vicepresidencia recaerá en Esmeralda Britton, expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS). La Primera Secretaría será ocupada por Gerald Bogantes, mientras que la Segunda Secretaría estará a cargo de Reynaldo Arias.

En las prosecretarías, el partido designó a Kattia Mora como Primera Prosecretaria y a Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura destituida durante la actual administración, como Segunda Prosecretaria.

El oficialismo podrá elegir la totalidad del Directorio Legislativo sin necesidad de negociar con otras fracciones, debido a que cuenta con 31 votos en el plenario, superando la mayoría simple de 29 diputados requerida para estos nombramientos.

Además, el exministro de Hacienda Nogui Acosta fue designado como jefe de fracción del PPSO, mientras que Juan Manuel Quesada asumirá como subjefe de la bancada.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya entregó las credenciales a los 57 diputados que asumirán funciones el próximo 1.º de mayo. Asimismo, el órgano electoral designó un directorio provisional encabezado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual será el encargado de iniciar la sesión solemne de ese día, previo a la elección del nuevo Directorio Legislativo.

En paralelo a la definición de la papeleta del Directorio, la fracción oficialista también acordó de forma unánime la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas, consideradas espacios clave para el análisis, dictamen de proyectos de ley y control político.

Entre las comisiones ordinarias permanentes, el PPSO ubicó a varios de sus principales representantes en órganos estratégicos. En la Comisión de Asuntos Hacendarios participarán Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos estarán José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Económicos contará con la participación de Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.

Otras comisiones ordinarias como Asuntos Sociales, Gobierno y Administración y Agropecuarios también fueron integradas con diputados del oficialismo, incluyendo figuras como Esmeralda Britton, Juan Manuel Quesada, Kattia Mora y Gonzalo Ramírez.

En cuanto a las comisiones especiales permanentes, el PPSO también definió sus representantes en áreas como Mujer, Educación, Seguridad y Narcotráfico, Ambiente, Turismo y Derechos Humanos, entre otras.

Por ejemplo, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público participarán Antonio Barzuna, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner y Nogui Acosta. En la Comisión de Nombramientos estarán Marta Esquivel, Gerald Bogantes, Antonio Barzuna y Yara Jiménez.

Asimismo, la Comisión de Relaciones Internacionales será integrada por José Miguel Villalobos, Cindy Murillo, Mayuli Ortega y Juan Manuel Quesada, mientras que en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico participarán Gonzalo Ramírez, Marta Esquivel, Daniel Siezer y Kattia Calvo.

La definición de estas integraciones se da en un contexto donde el Directorio Legislativo tiene la potestad de formalizar la conformación de las comisiones y distribuir los espacios según la proporción de cada bancada, lo que otorga al oficialismo un margen amplio en la organización del trabajo parlamentario.

Con esta estructura, el Partido Pueblo Soberano concentrará tanto la dirección del Congreso como una presencia relevante en las principales comisiones, de cara al inicio del periodo legislativo 2026-2030.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, en sesión plenaria, el proyecto de decreto que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta USD 501.253.133,00. El proyecto ingresó con dispensa de trámite y recibió el respaldo de 56 votos a favor, lo que permitió su aprobación en el mismo día de su presentación.

Los fondos obtenidos mediante este préstamo serán destinados a financiar el “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”, una iniciativa que busca fortalecer y acelerar el aprendizaje en la educación básica a nivel nacional. El programa tiene como propósito central continuar impulsando acciones orientadas al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas y la promoción del uso de tecnología en el sistema educativo. Según lo detallado en documento aprobado, el Gobierno de El Salvador reconoce la importancia de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales y la actualización de los métodos de enseñanza.

El contrato autorizado establece que el monto total de hasta USD 501,2 millones será otorgado bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, en reconocimiento a los avances y esfuerzos realizados por el país en materia educativa. El plazo del préstamo es de hasta veinticinco años, incluyendo un período de gracia de cinco años. La amortización se realizará a través de pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, iguales, hasta la total cancelación del capital.

En cuanto a los intereses, el decreto estipula que se aplicará una tasa de referencia más un margen variable, ajustándose automáticamente cada vez que los desembolsos sean iguales o superiores a USD 50,125.313. Además, se establece el pago de una comisión inicial y una comisión de compromiso, cada una equivalente a un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto total del préstamo y del saldo no desembolsado, respectivamente. Ambas comisiones serán financiadas con los propios fondos del préstamo.

De acuerdo con el articulado del decreto, los recursos provenientes del contrato de préstamo podrán ser utilizados para apoyar acciones estratégicas del Gobierno impulsadas en el ámbito educativo. También se contempla la posibilidad de destinarlos a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y transferencias varias, siempre en coherencia con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y la innovación en la educación básica.

Procedimiento legislativo y respaldo

La iniciativa de ley fue remitida a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República. El documento, que ingresó con fecha de 8 de abril de 2026, fue tratado con dispensa de trámite para agilizar su discusión y aprobación, dada la relevancia estratégica del programa para el sistema educativo nacional.

Durante la sesión plenaria, la pieza fue conocida y aprobada con 56 votos a favor, reflejando un amplio respaldo por parte de los diputados presentes. El acuerdo responde al compromiso del Estado salvadoreño de impulsar reformas y acciones orientadas a mejorar la capacidad del país para enfrentar los retos educativos, especialmente en el contexto de la transformación digital y la necesidad de fortalecer la educación básica.

La entrega de credenciales a las 57 diputaciones electas para el periodo 2026-2030 por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no solo oficializa los resultados de las elecciones nacionales, sino que activa el inicio de un nuevo ciclo político con efectos directos en la vida de la población.

El acto, realizado en el auditorio del TSE, dejó formalmente habilitados a los nuevos legisladores que integrarán la Asamblea Legislativa de Costa Rica a partir del próximo 1 de mayo. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes, es la conformación del directorio legislativo provisional, encargado de conducir los primeros pasos del Congreso.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento legislativo, este directorio está integrado por las seis diputaciones de mayor edad que encabezaron sus respectivas papeletas. Su función será clave durante la sesión inaugural, ya que tendrán la responsabilidad de verificar el quórum, juramentar a los legisladores y dirigir el proceso para elegir el directorio definitivo.

Para este periodo, el directorio provisional quedó conformado de la siguiente manera:

• Presidencia: Ronald Alberto Campos Villegas (PLN)
• Vicepresidencia: Janice Patricia Sandí Morales (PLN)
• Primera secretaría: José Miguel Villalobos Umaña (PPSO)
• Segunda secretaría: María Eugenia Román Mora (FA)
• Primera prosecretaría: Eugenia Esquivel Rodríguez (PPSO)
• Segunda prosecretaría: Nogui Acosta Jaén (PPSO)

Aunque su permanencia es temporal, el papel de este grupo es determinante para garantizar una transición ordenada y transparente en el inicio del nuevo periodo legislativo. Para la ciudadanía, esto se traduce en estabilidad institucional, un elemento clave en un país donde las decisiones políticas impactan directamente el acceso a servicios, la economía y la confianza en las instituciones.

El correcto desarrollo de esta primera sesión tiene implicaciones concretas. Un proceso fluido permite que el Congreso arranque sin atrasos, lo que facilita la continuidad del funcionamiento del Estado. Por el contrario, eventuales conflictos o falta de acuerdos podrían retrasar decisiones administrativas y políticas que afectan la vida cotidiana de los costarricenses.

Otro elemento destacado de esta renovación legislativa es su composición: por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, el Congreso estará integrado mayoritariamente por mujeres, con 30 diputadas frente a 27 diputados. Este cambio representa un avance significativo en términos de representación y podría incidir en la agenda y prioridades del Poder Legislativo.

Paralelamente, durante la misma ceremonia, el TSE realizó la devolución del mando de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo, una potestad que había asumido desde octubre de 2025 como parte del proceso electoral. Este acto reafirma la normalidad institucional tras las elecciones y el respeto al orden democrático.

La entrega de credenciales y la conformación del directorio provisional no son simples formalidades: son el punto de partida de un engranaje institucional que impactará de manera directa en la vida diaria de los costarricenses durante los próximos cuatro años.

Costa Rica dio un paso decisivo hacia la modernización de una de sus rutas más transitadas, pero el beneficio para miles de usuarios aún enfrenta un obstáculo clave: la falta de financiamiento para las expropiaciones necesarias.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, con el voto unánime de 42 diputados, el expediente 25,183 que autoriza un crédito por $770 millones para la ampliación y mejoramiento del corredor vial entre San José y San Ramón, sobre la Ruta 1.

Se trata de una de las obras de infraestructura más esperadas en el país, no solo por su impacto en la movilidad, sino por su potencial para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de miles de personas que utilizan esta vía a diario.

El financiamiento se divide en $600 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, lo que convierte este proyecto, de aproximadamente 56 kilómetros, en el más costoso y complejo en la historia reciente del país.

Sin embargo, más allá del avance legislativo, el impacto directo en la población dependerá de un factor crítico: la ejecución de más de 500 expropiaciones necesarias para ampliar la carretera, un proceso que aún no cuenta con recursos dentro del crédito aprobado.

Un alivio esperado para miles de usuarios

Para quienes transitan diariamente entre San José y el occidente del país, la ampliación de esta ruta representa una mejora tangible en su vida cotidiana.

La actual carretera es conocida por sus altos niveles de congestión, lo que se traduce en largas horas en presa, mayores costos de transporte, desgaste vehicular y menor tiempo disponible para actividades personales o familiares.

Con la ampliación, se espera reducir significativamente los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de bienes y servicios, lo que podría impactar positivamente en sectores como el comercio, el turismo y la producción.

Además, la obra tiene un efecto indirecto en la economía de los hogares, ya que una movilidad más eficiente puede traducirse en menores gastos en combustible y mayor productividad.

El riesgo que podría retrasar los beneficios

A pesar de estos potenciales beneficios, el proyecto enfrenta un desafío estructural: las expropiaciones.

Según datos presentados durante la discusión legislativa, se requieren al menos 503 expropiaciones, con un costo estimado superior a los $113 millones. Este monto no está contemplado dentro del crédito aprobado, lo que obliga al Gobierno a financiarlo con recursos del presupuesto nacional.

Este punto generó preocupación entre los diputados, especialmente de oposición, quienes advirtieron que sin estos recursos la obra podría retrasarse o incluso estancarse.

El plan del Ejecutivo contempla realizar entre 100 y 120 expropiaciones por año hasta 2031, lo que implicaría una inversión promedio de $28 millones anuales. Esto significa que los beneficios completos del proyecto no se verían de inmediato, sino de forma progresiva.

Para la población, esto se traduce en incertidumbre: aunque el proyecto ya cuenta con financiamiento para su construcción, su ejecución efectiva dependerá de la capacidad del Estado para adquirir los terrenos necesarios.

Mayor control y transparencia

El texto aprobado incorpora mecanismos que buscan garantizar una mejor ejecución del proyecto, lo que también tiene impacto directo en la ciudadanía.

Entre los cambios introducidos por los diputados destaca la obligación de utilizar tecnologías modernas para la planificación, construcción y supervisión de la obra, con el objetivo de asegurar eficiencia, sostenibilidad y transparencia.

Asimismo, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) deberá presentar informes semestrales ante la Comisión de Hacendarios, lo que permitirá un seguimiento constante del avance del proyecto.

Estos mecanismos responden a experiencias pasadas en el país, donde grandes obras de infraestructura han enfrentado retrasos, sobrecostos o cuestionamientos en su ejecución.

Decisiones técnicas que influirán en el resultado

Otro de los elementos clave del proyecto es que la entidad encargada podrá definir el material de construcción —asfalto o cemento— en función de criterios económicos, sociales y ambientales.

Esta decisión tendrá un impacto directo en la durabilidad de la obra, los costos de mantenimiento y la calidad del servicio que recibirán los usuarios en el largo plazo.

Un proyecto estratégico, pero con retos

La ampliación de la carretera San José-San Ramón forma parte de los proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno y respaldados por el Congreso en las últimas semanas.

Su aprobación representa un avance significativo en materia de infraestructura, pero también deja en evidencia las limitaciones estructurales del país para ejecutar obras de gran escala.

Para los costarricenses, el impacto será claro: menos presas, mayor seguridad y mejor conectividad. Pero estos beneficios dependerán de que el Estado logre superar los retos pendientes, especialmente en materia de expropiaciones y ejecución presupuestaria.

Por ahora, el proyecto queda a la espera de la firma del presidente de la República para su entrada en vigencia. A partir de ahí, comenzará una nueva etapa donde la promesa de una mejor carretera deberá traducirse en resultados concretos para la población.

El informe ejecutivo presentado por Joaquín Montano, director general de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda de El Salvador, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa este martes, destacó una ejecución del 96 % en los ingresos y del 97 % en los gastos del presupuesto estatal para el año fiscal 2025.

El reporte expuesto ante los diputados detallaría los resultados financieros consolidados de 140 entidades del sector público y resalta avances en recaudación tributaria, disciplina fiscal y reducción de la dependencia del endeudamiento externo, según el representante de Hacienda.

Según explicó Montano, el informe se fundamenta en el artículo 168, ordinal sexto, de la Constitución de la República, que exige la presentación anual de la cuenta general del presupuesto y del estado demostrativo del tesoro público, así como en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La cobertura del reporte abarca tanto el gobierno central como instituciones descentralizadas, hospitales nacionales, empresas públicas y entidades con presupuestos especiales.

La ejecución presupuestaria de ingresos del presupuesto general del Estado para 2025 fue de 8.092 millones de dólares, sobre un presupuesto aprobado de 8.434 millones, reflejando un cumplimiento del 96 %.

Dentro de este monto, los ingresos tributarios alcanzaron 7.794 millones, mientras que ingresos no tributarios, contribuciones a la seguridad social, ventas de bienes y servicios y transferencias completaron el resto del total.

“Esto es un gran logro que se ha tenido a través del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, con sus planes de recaudación y la facturación electrónica”, afirmó Montano ante la comisión.

El funcionario atribuyó estos resultados a una mayor conciencia de ciudadanos y empresas respecto al pago de impuestos y al impacto de las políticas públicas recientes.

En cuanto a los egresos, de los 7.135 millones de dólares presupuestados para gastos corrientes, se ejecutaron 6.911 millones, lo que equivale a un 97 % de cumplimiento.

Según la exposición de Montano, los gastos de consumo o gestión operativa de las entidades sumaron 3.379,2 millones, el gasto financiero fue de 1.506,8 millones, y las transferencias corrientes alcanzaron los 2.025 millones.

La ejecución de ingresos permitió cubrir prácticamente la totalidad de los gastos, lo que, según el funcionario, se traduce en mejoras visibles en áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura y turismo.

El estado demostrativo de la situación del tesoro público y del patrimonio fiscal mostró un balance consolidado de activos por 26.744 millones de dólares, con activos corrientes y no corrientes distribuidos en fondos, inversiones financieras y bienes de uso.

Los pasivos corrientes sumaron 5.994,5 millones, mientras que los pasivos no corrientes, de largo plazo, ascendieron a 30.513 millones. El balance final equipara activos y patrimonio con los pasivos, conforme a los principios de contabilidad gubernamental.

Entre las conclusiones del informe, Montano señaló que el crecimiento sostenido de la recaudación tributaria refleja también un crecimiento económico del país, impulsado por estrategias como el Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando.

“El Salvador ahora está haciendo esfuerzos concretos para no depender más, o depender lo menos posible, del endeudamiento externo y financiar su propio desarrollo con recursos propios que sean sostenibles”, sostuvo el director de Contabilidad Gubernamental.

El gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, está obligado por Constitución (artículo 168 ordinal sexto) y por la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley AFI, artículo 105 literal K) a rendir este informe.

La diputada oficialista Diana Romero, esposa del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, está en el ojo de la tormenta por ausencias recurrentes a la Cámara de Diputados.

En la última semana, la diputada faltó a dos sesiones —el 25 y 26 de marzo— porque se encontraba en México, a donde fue invitada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para ver el partido clasificatorio de Bolivia contra Surinam para el Mundial. Según denunciaron públicamente algunos legisladores, con estas ausencias Romero acumularía al menos diez faltas desde que inició su gestión en noviembre pasado.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, anunció un proceso disciplinario para establecer si la diputada incumplió con el reglamento de licencias y, en ese caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Sin embargo, la normativa de la Asamblea Legislativa es generosa porque no establece un límite de licencias y permite a los legisladores gozar del 100% de su remuneración cuando faltan con permiso.

Según el reglamento interno, los diputados pueden solicitar indefinidas licencias por motivos personales (como matrimonio o el fallecimiento de un familiar), de fuerza mayor (como accidentes o la imposibilidad de llegar a la sesión), convocatorias a otras instancias públicas, invitaciones relacionadas con la función parlamentaria, baja médica o viajes nacionales e internacionales, pero no reglamenta el motivo de los desplazamientos.

La denuncia formal contra Romero la presentó la diputada opositora Sofía Rocha, quien sostiene que su colega justificó las inasistencias con bajas médicas para realizar viajes a Brasil y México. La Comisión de Ética, conformada este martes, analizará las solicitudes realizadas para analizar si se cumplió con el reglamento de licencias o si su ausencia se considera abandono de funciones.

El Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados incluye como “falta gravísima” la figura de “abandono injustificado” de funciones cuando se contabilizan más de seis días continuos u once discontinuos en el año. En ese caso, la sanción implica la pérdida de mandato, pero no se registran precedentes recientes de la aplicación de esta figura.

La diputada de oposición Adriana Aguirre manifestó que al margen de las acciones contra Romero, se debería investigar a los funcionarios que aceptaron los documentos y autorizaron el permiso. “La evaluación interna de la justificación del permiso la desconozco, pero debería ser muy rígida”, explicó a Infobae.

La primera polémica en torno al cumplimiento de las funciones legislativas de la diputada Romero surgió en el inicio de su gestión, cuando no asistió a la primera sesión de la Cámara de Diputados porque se encontraba en Brasil. El vicepresidente Lara justificó la ausencia alegando motivos de salud y reveló que su esposa tenía un tumor en la cabeza que le produce fuertes dolores y desmayos.

Mientras algunos sectores consideran que las críticas contra Romero responden a una fiscalización legítima del trabajo parlamentario, otros advierten un posible uso político del tema.

En una perspectiva mayor, su caso genera un debate más amplio sobre la asistencia de los legisladores, los mecanismos de control dentro de la Asamblea Legislativa y la rendición de cuentas de las autoridades electas.

Diana Romero, de 39 años, fue electa diputada de Santa Cruz por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El 3 de abril, El Salvador pondrá en vigor la prisión perpetua para quienes sean condenados por homicidio, terrorismo, violación y feminicidio, tras la reciente reforma del Artículo 27 de la Constitución. La medida convierte al país centroamericano en uno de los pocos en la región con este tipo de sanción para delitos graves, tal como consta en la edición del Diario Oficial del 26 de marzo, última edición disponible.

La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de la reforma el jueves pasado, tras un acuerdo impulsado por el Gobierno de El Salvador y promovido por el partido Nuevas Ideas. El texto constitucional, tras la modificación, estipula: “Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”. La ratificación contó con 58 votos, provenientes de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y una diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El partido Vamos se opuso a la iniciativa.

Durante la sesión, Ernesto Castro, presidente del Órgano Legislativo, defendió la reforma y rechazó los informes de expertos internacionales que han denunciado presuntos abusos cometidos en el marco del régimen de excepción. “Nosotros aquí no los respetamos, señores, entiendan. Lo que ustedes digan y las conclusiones que ustedes lleguen en esas 289 páginas a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que dicen los salvadoreños en las comunidades”, afirmó Castro durante su intervención.

Las cifras oficiales indican que en 2025 las autoridades de Seguridad de El Salvador registraron 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional, datos que han sido presentados como argumento para justificar la severidad de la nueva legislación.

Vale recordar el debate sobre la prisión perpetua, durante la aprobación de la ratificación, se enmarca en el contexto de una política de seguridad más estricta, implementada por el gobierno salvadoreño frente al accionar de grupos criminales y pandillas. La reforma representa un giro en la respuesta penal del Estado ante delitos considerados especialmente graves y ocurre en medio de cuestionamientos internacionales sobre las restricciones a derechos fundamentales en el país.

La entrada en vigor de la disposición plantea un nuevo escenario para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, con la expectativa puesta en la aplicación de las nuevas condenas para los delitos de homicidio, terrorismo, violación y feminicidio.

Más de 180 países aplican cadena perpetua

El Salvador se suma a los más de 180 países a nivel mundial en implementar la pena de cadena perpetua. Diversas naciones la aplican, ya sea como prisión vitalicia o revisable.

Estados Unidos, China, Reino Unido, India y Sudáfrica aplican esta pena máxima de carácter definitivo. A nivel Latinoamérica, El Salvador será el noveno país en contemplar este castigo en su legislación, al igual que México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Cuba y Colombia.

Armonía de leyes secundarias

Estas nuevas disposiciones, informadas en el documento legislativo, alteran al menos 10 artículos del Código Penal, incluidas las enmiendas establecen que los crímenes de homicidio simple, homicidio agravado, violación —incluyendo la perpetrada contra menores o personas incapaces— y agresión sexual agravada tendrán como única pena la prisión perpetua.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres también fue modificada. Según lo informado, las reformas a los artículos 45 y 46 de esta ley ahora exigen que el feminicidio y el feminicidio agravado sean castigados con cadena perpetua, reemplazando las penas anteriores que iban desde 20 hasta 50 años según el grado de gravedad. Además, se introduce una jurisdicción especializada en género, que será responsable de aplicar estos nuevos tipos penales.

Otra de las áreas más afectadas por las renovaciones normativas es la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Las reformas a los artículos 4 y 13 amplían la definición de organizaciones terroristas y endurecen los castigos para los integrantes de pandillas y líderes de estas estructuras. Conforme al texto presentado, la pena para los miembros pasa de un rango de 15 a 20 años de prisión a uno de 20 a 30 años. En el caso de los jefes y dirigentes, la condena máxima aumenta de 40 a 60 años de cárcel.

En cuanto al Código Procesal Penal, el inciso segundo del artículo 8 elimina el límite máximo de duración de la detención provisional para los delitos de homicidio, violación y terrorismo, permitiendo que una persona permanezca privada de libertad sin plazo fijo durante la fase de investigación. Esta medida sustituye las restricciones previas a la detención preventiva en casos considerados de extrema gravedad.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el crédito por USD 770 millones para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón, una intervención estratégica cuya meta es resolver graves problemas de congestión y seguridad vial, reducir sustancialmente los tiempos de traslado y fortalecer la competitividad nacional.

Esta vía, de acuerdo con los datos que se manejaron durante la discusión legislativa, sostiene la movilidad diaria de miles de personas, conecta zonas productivas e industriales e incide de manera directa en la calidad de vida, así como en las oportunidades económicas de regiones enteras del país.

El empréstito aprobado se compone de dos tramos: USD 600 millones serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica en un plazo de veinte años, mientras que los restantes USD 170 millones provendrán de fondos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La Asamblea informó que alcaldes de la zona occidental celebraron la aprobación de este crédito, resaltando el impacto sobre más de 96,900 habitantes solo en el cantón de San Ramón.

La ruta nacional uno, eje central del proyecto, enlaza San José con San Ramón y cumple un rol fundamental por su volumen vehicular, su carácter interprovincial y su vinculación con centros logísticos clave como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y las principales vías de exportación e importación. Según la diputada liberacionista, Paulina Ramirez, la infraestructura vial actual en la ruta se caracteriza por “altos niveles de congestión, condiciones de riesgo en seguridad vial y limitaciones que impactan negativamente la eficiencia del transporte”. Para la población de Palmares, cuyos habitantes suelen desplazarse a diario hacia la Gran Área Metropolitana por motivos laborales, la congestión implica “cuatro horas de viaje, tiempo que podrían pasar en familia”, indicó.

El rezago en infraestructura acentúa los problemas sociales y económicos

Miembros del Congreso recordaron en la sesión el rezago prolongado en inversión pública e infraestructura que enfrenta Costa Rica en comparación con países de la región. Este escenario, conforme expuso Jonathan Acuña del Frente Amplio, limita tanto el bienestar ciudadano como la llegada de inversión extranjera, en particular en zonas de crecimiento como las zonas francas del occidente. El legislador expuso que “Costa Rica tiene unos niveles de gasto de capital bajo respecto a países semejantes en la región”, lo cual repercute en que "no tiene un servicio de transporte público de calidad" ni “las carreteras necesarias para la movilidad de la ciudadanía”.

La historia del corredor San José-San Ramón ha estado marcada por controversias y años de incertidumbre. El intento de instaurar un modelo concesionario que supondría pagos muy elevados para los usuarios generó protestas ciudadanas, la retirada del esquema propuesto y el pago de una indemnización millonaria a una empresa después investigada y condenada por corrupción en otros países, sin que se ejecutaran las obras previstas.

Impacto directo en la población y en la competitividad nacional

El proyecto busca atender necesidades inmediatas de la población. María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón subrayó que la obra “mejorará la calidad de vida, la salud, el tiempo en familia y la inversión para la región de occidente”. Funcionarios municipales precisaron que el trayecto actual, susceptible de extenderse hasta cuatro horas en días de máximo tránsito, será radicalmente optimizado, lo que devolverá tiempo valioso a las familias y reducirá costos logísticos para los sectores productivos.

La relevancia de este corredor vial no reside únicamente en la mejora de la movilidad, sino también en su contribución para superar una de las principales limitaciones estructurales del país.

El proyecto de ley ahora avanzará al segundo debate en la Asamblea Legislativa, instancia en la que podría convertirse en ley de la República y dar inicio a una de las inversiones en infraestructura más esperadas de las últimas décadas.

La discusión sobre el final de la vida volvió al centro del debate público en Costa Rica tras la reciente presentación, ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de un proyecto de ley que busca regular la llamada “muerte digna” para pacientes con enfermedades terminales. En ese contexto, la Alianza Evangélica Costarricense expresó un rechazo contundente a la iniciativa, al considerar que abre la puerta a prácticas cercanas a la eutanasia y plantea dilemas éticos profundos.

El proyecto fue impulsado por un grupo de diputados liderados por el liberacionista Danny Vargas y pretende establecer un marco legal para que personas en fase terminal puedan decidir sobre su muerte en condiciones específicas, incluyendo el rechazo de tratamientos y la posibilidad de intervenciones médicas para aliviar el sufrimiento.

Se trata de un nuevo intento legislativo en una discusión que no es nueva en el país. Propuestas similares han sido planteadas en años anteriores sin éxito, en medio de un debate que mezcla consideraciones jurídicas, médicas, religiosas y de derechos humanos.

“Una carga moral extremadamente delicada”

En un pronunciamiento, la Alianza Evangélica manifestó su “profunda preocupación” por el contenido del proyecto, al considerar que, más allá de su intención de aliviar el sufrimiento, introduce disposiciones que trasladan a médicos y familiares una responsabilidad moral compleja: decidir el momento de la muerte de una persona.

“La legislación podría abrir espacio a presiones, explícitas o implícitas, sobre personas vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos o pacientes en condición terminal”, advirtió la organización en el documento.

Además, señalaron que el texto contempla elementos que generan inquietud, como la posibilidad de desistir de tratamientos vitales, suscribir decisiones anticipadas para rechazar intervenciones médicas y establecer que ciertos actos realizados por médicos “por motivos de piedad” no sean punibles.

Para la agrupación religiosa, esta combinación “no solo genera ambigüedad jurídica”, sino que coloca sobre los profesionales de la salud y las familias una responsabilidad que trasciende lo médico y entra en el terreno ético y moral.

Debate sobre eutanasia y marco legal

El proyecto de “muerte digna” busca reconocer el derecho de pacientes con enfermedades irreversibles a tener un final sin dolor, lo que en la práctica ha generado interpretaciones sobre la eventual inclusión de formas de eutanasia, tanto pasiva como activa.

Actualmente, en Costa Rica la eutanasia activa no está permitida y puede ser sancionada bajo la figura de “homicidio por piedad”, mientras que el ordenamiento jurídico sí contempla derechos como el rechazo a tratamientos médicos y el acceso a cuidados paliativos.

La iniciativa legislativa pretende precisamente regular estos escenarios, incluyendo el derecho a decidir sobre procedimientos médicos al final de la vida, en línea con discusiones que han avanzado en otros países. Sin embargo, el tema sigue siendo altamente polarizante en la sociedad costarricense.

Llamado a fortalecer cuidados paliativos

Lejos de limitarse a una oposición, la Alianza Evangélica hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a promover una legislación que fortalezca el acceso universal a cuidados paliativos de calidad.

“Creemos en el acompañamiento compasivo, en el alivio del dolor y en la atención integral del paciente en todas sus dimensiones”, señala el pronunciamiento.

En esa línea, insistieron en que Costa Rica debe avanzar en humanidad, compasión y cuidado, pero “sin cruzar la línea que compromete el valor sagrado de la vida”.

También subrayaron la importancia del acompañamiento familiar y espiritual como parte del proceso de atención a pacientes terminales.

“La vida es un don de Dios”

El documento concluye con una posición basada en principios religiosos: la vida humana es un don divino cuyo valor no depende de la condición de salud, la edad o la percepción de calidad de vida.

“La vida humana es siempre sagrada, desde su gestación hasta la muerte natural”, afirmó la organización, que además aseguró que defenderá este principio “hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, reiteraron su oposición al proyecto de ley y a cualquier iniciativa que, a su juicio, atente contra la existencia humana en cualquiera de sus etapas.

Un debate que apenas comienza

El proyecto de “muerte digna” deberá ahora seguir el trámite legislativo correspondiente, que incluye su análisis en comisión y eventuales discusiones en el plenario de la Asamblea Legislativa, donde los diputados tendrán la última palabra.

Mientras tanto, el tema ya genera posiciones encontradas entre sectores políticos, médicos, académicos y religiosos, anticipando un debate amplio en el país sobre el derecho a morir, el papel del Estado y los límites éticos de la medicina.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictámenes favorables para ratificar una reforma constitucional que habilita la prisión perpetua para delitos como terrorismo, violación, homicidio y feminicidio, y para armonizar la legislación secundaria correspondiente.

El avance legislativo responde a la intención de endurecer el castigo para quienes sean encontrados culpables de los delitos más graves, buscando con ello fortalecer la política de seguridad del país y establecer penas ejemplares en el marco legal vigente, según declararon los diputados en la Comisión.

En el desarrollo de la sesión, el diputado Caleb Navarro propuso modificaciones específicas al Código Penal, enfatizando la necesidad de igualar la pena entre autores y cómplices en los delitos que conllevan prisión perpetua.

De acuerdo con la intervención de Navarro recogida en la exposición ante la Comisión, planteó que “la pena para los cómplices en los delitos cuya pena sea prisión perpetua será la misma que se imponga a los autores”. Posteriormente, el legislador justificó el cambio y explicó: “Porque aquel que ayudó y que su ayuda fue imprescindible para cometer el delito tiene que recibir la misma, la misma pena”.

La moción abordó además la distinción entre tipos de cómplices, un aspecto que fue recalibrado tras el debate parlamentario. Navarro realizó una precisión basada en el artículo 36 del Código Penal, que define a los cómplices como aquellos que brindan una cooperación necesaria para la comisión del delito, detallando: “Cuando nosotros estamos haciendo esta propuesta, me estoy refiriendo al cómplice necesario. Es decir, el que está estableciendo que sin la cooperación de este no hubiese sido posible el delito”. El diputado ejemplificó el alcance de la reforma con un caso donde una persona proporciona un arma utilizada en un homicidio, subrayando que sin esa participación el crimen no se habría concretado.

La diputada Marcela Villatoro solicitó puntualizar la redacción para delimitar el concepto de “cómplice necesario”, señalando que existen individuos que colaboran bajo coacción o amenazas. Esa aclaración fue incorporada finalmente en el texto para distinguir la responsabilidad de quienes participan sin una decisión plenamente voluntaria.

Durante el análisis, Navarro también precisó las diferencias entre un cómplice necesario y un simple colaborador, como aquellos que alertan a las pandillas sobre operativos policiales. Explicó que este último grupo no recibe la misma pena y mantiene acceso a programas de reinserción social, como el “Cero Ocio”, conforme lo establece la Constitución nacional, aunque igualmente debe cumplir una condena privativa de libertad.

Sobre el clima social y político, el diputado José Chamagua defendió la reforma y aseguró que: “No es ningún tipo de populismo punitivo. La misma población respalda los esfuerzos en seguridad que se han hecho”, de acuerdo con la documentación oficial de la sesión parlamentaria.

Las reformas legales igualan las penas para autores y cómplices necesarios en delitos con prisión perpetua

El acuerdo avalado por la Comisión Política modifica los artículos 66 y 68 del Código Penal. Según el nuevo texto, tanto los autores como los cómplices necesarios en delitos con prisión perpetua enfrentarán la misma sanción.

En el caso de los delitos tentados —cuando la acción delictiva no se consuma—, la pena se establecerá desde la mitad del plazo hasta la primera revisión estipulada para la prisión perpetua, siempre conforme a lo dispuesto en el artículo 92B del mismo Código, según la enmienda propuesta por Navarro.

Estos cambios legales distinguen expresamente entre el cómplice necesario, cuya participación es imprescindible para consumar el delito, y otras formas de cooperación consideradas de menor gravedad según el Código Penal.

La aplicación diferenciada de las penas responde a la exigencia de proporcionalidad jurídica y a la demanda social creciente por mecanismos más estrictos contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto, tal como expusieron los legisladores presentes durante el debate.

La reforma ratificada por la Comisión Política culmina tras un proceso de discusión técnica y responde a la ampliación de la política criminal del Estado salvadoreño. Los dictámenes podrán incluirse en el desarrollo de la sesión plenaria convocada para este jueves 26 de marzo.

El diputado Danny Vargas Serrano, del Partido Liberación Nacional, presentó junto a un grupo de congresistas el proyecto de ley “Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal”, que busca reconocer en Costa Rica el derecho de las personas con enfermedades incurables a decidir el final de su vida sin intervenciones médicas obligadas ni medidas artificiales que extiendan su sufrimiento.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,455, plantea que el derecho a la vida debe armonizarse con la libertad individual, la dignidad humana y la autonomía personal, sentando las bases para un marco jurídico que permita a los pacientes terminales rechazar tratamientos o solicitar la suspensión del soporte vital en condiciones estrictas y rigurosamente supervisadas.

Una de las disposiciones centrales del proyecto consiste en que el reconocimiento de la muerte digna está diseñado para casos en que la persona afronte una enfermedad irreversible, con pronóstico de vida menor a seis meses o un deterioro crónico y progresivo; esta situación debe diagnosticarse por un médico especialista.

El proyecto excluye explícitamente la eutanasia activa y distingue entre este concepto y la “muerte digna”, si bien se reconoce la superposición de términos en el debate público, el expediente precisa que “no está contemplado” provocar de manera intencional una muerte indolora al paciente por acción directa del facultativo o por el llamado suicidio asistido.

La propuesta fue formalmente suscrita por siete legisladores: Jonathán Acuña Soto, Ariel Robles Barrantes, Rocío Alfaro Molina y Priscilla Vindas Salazar del Frente Amplio; Monserrat Ruiz Guevara del Partido Liberación Nacional; Kattia Cambronero Aguiluz, diputada independiente, y el propio Vargas Serrano, líder del impulso. El proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa y será remitido a una comisión legislativa para iniciar su estudio.

La pieza legislativa establece que las personas con enfermedades terminales tienen derecho a una atención y fallecimiento dignos y sin dolor, acceso garantizado a cuidados paliativos y sedación adecuada, así como el derecho a recibir información completa sobre su diagnóstico, opciones terapéuticas y los riesgos asociados a rechazar tratamientos. El artículo 2 otorga al paciente, o a sus allegados en caso de incapacidad, la potestad de desistir voluntariamente de procedimientos invasivos, uso de equipos y medios que prolonguen su vida, siempre bajo supervisión médica.

En los menores de 14 años, la decisión corresponde a sus padres o personas responsables; si se trata de adolescentes, se les consulta directamente como parte del proceso; para adultos inconscientes o en coma, la decisión recae primero en el cónyuge e hijos mayores de edad, luego en los padres y, sucesivamente, en los familiares consanguíneos más próximos.

Comisión Honoraria y protección penal a médicos tratantes

El texto prevé la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes. Este órgano será el encargado de velar por el cumplimiento de los requisitos médicos y legales en cada caso.

El proyecto introduce un cambio en el artículo 116 del Código Penal relativo al homicidio por piedad, añadiendo un párrafo que determina: “No será punible la muerte por motivos de piedad, realizada por el médico tratante, de conformidad con lo establecido en la ley”. Esta modificación representa una protección específica para los profesionales de la salud que, acogiendo la ley y bajo los supuestos detallados, respeten la voluntad de personas en situación terminal.

El derecho a la autodeterminación y antecedentes internacionales

El fundamento jurídico de la iniciativa parte del artículo 46 del Código Civil, que reconoce la posibilidad de negarse a tratamientos médicos, y enlaza el derecho a la muerte digna con el acceso a tratamientos que alivien el dolor, cuidados paliativos y la opción, mediante testamento vital, de rechazar futuras intervenciones consideradas innecesarias. .

Los impulsores del proyecto mencionan como referencia experiencias legislativas de Uruguay, país que cuenta con una normativa específica para estos procedimientos. La propuesta retoma elementos de iniciativas previamente tramitadas en Costa Rica, que no prosperaron en su momento, y aspira a abrir una discusión nacional desde una perspectiva de derechos humanos, salud pública y respeto al libre albedrío.

El trámite parlamentario recién se inicia y, con la remisión a comisión, se abrirá el proceso de debate para determinar el futuro del acceso legal a la muerte digna en Costa Rica.

El plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.158, una reforma al Código Penal que elimina la posibilidad de cumplir arresto domiciliario con brazalete electrónico en casos de delitos cometidos con armas. La medida representa un giro en la política penal del país y responde al creciente contexto de violencia armada que enfrentan las autoridades.

La iniciativa modifica el inciso 2 del artículo 57 bis del Código Penal, con el objetivo de impedir que personas imputadas o condenadas por delitos que involucren armas de fuego, armas punzocortantes o contundentes puedan acceder a este beneficio alternativo a la prisión preventiva o la privación de libertad.

Según se expuso durante la discusión legislativa, la reforma también alcanza el artículo 244 del Código Procesal Penal, en un intento por cerrar portillos legales que anteriormente permitían la aplicación de este tipo de medidas cautelares en delitos de alta peligrosidad.

Un ajuste a la legislación vigente

Los diputados que respaldaron el proyecto señalaron que la iniciativa busca corregir una omisión introducida por una ley previa, la 10.517, aprobada por el mismo Congreso, la cual había eliminado la restricción para el uso del brazalete electrónico en este tipo de delitos.

Con la nueva reforma, el Legislativo pretende restablecer la prohibición en un contexto marcado por el aumento de la violencia armada en Costa Rica, donde los delitos con armas han generado preocupación tanto en la ciudadanía como en las autoridades de seguridad.

Durante el debate, el diputado proponente Fabricio Alvarado explicó que la medida apunta directamente a fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mayor protección a las víctimas, al evitar que personas vinculadas con hechos violentos permanezcan fuera de centros penitenciarios bajo medidas menos restrictivas.

“El objetivo es claro: cerrar un vacío legal que debilitaba la respuesta del Estado frente a delitos graves y devolver coherencia al sistema penal”, indicó.

Debate sobre sanción y prevención

No obstante, la discusión también abrió espacio a cuestionamientos sobre el enfoque de la política criminal en el país. Algunos legisladores advirtieron que endurecer las sanciones, por sí solo, no resolverá el problema de fondo si no se acompaña de estrategias integrales de prevención.

En ese sentido, se enfatizó la necesidad de que exista coherencia entre la imposición de sanciones y la ejecución de las penas, así como un equilibrio entre castigo y políticas públicas orientadas a reducir la criminalidad.

“Las sanciones deben ser proporcionales a la conducta, pero también deben ir de la mano con acciones preventivas que han sido prácticamente nulas en los últimos años”, aseguró la diputada Gloria Navas.

Un mensaje político en materia de seguridad

La aprobación del expediente 25.158 envía una señal clara sobre la postura del Congreso frente a la criminalidad violenta. En medio de un escenario donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones nacionales, los legisladores optaron por endurecer las condiciones para quienes cometan delitos con armas.

La reforma deberá ahora seguir el proceso correspondiente para su entrada en vigencia, pero desde ya marca un precedente en la discusión sobre el uso de medidas alternativas a la prisión en Costa Rica.

Con este cambio, el país busca reforzar su marco normativo y responder con mayor firmeza a los desafíos que plantea la delincuencia armada, en un intento por recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia y garantizar una mayor protección a la población.

El primer apoyo legislativo al expediente 25.158 fue respaldado por 41 diputados, luego de superar el proceso de mociones de reiteración, todas rechazadas, pese a la oposición de cinco legisladores: Alejandra Larios y Danny Vargas por Liberación Nacional; Rocío Alfaro y Priscilla Vindas del Frente Amplio; y la independiente Gloria Navas, según consignó El Observador.

El texto, presentado en agosto de 2023 por Fabricio Alvarado Muñoz, diputado de Nueva República, promueve una reforma al inciso 2 del artículo 157 bis del Código Penal, así como al artículo 244 del Código Procesal Penal, para prohibir el uso de la vigilancia electrónica en casos donde el delito incluyó armas de fuego, blancas o cualquier objeto contundente.

El cambio propuesto responde a una omisión ocurrida durante la promulgación de la Ley 10.517. La exposición de motivos del proyecto, citada por El Observador, advierte que esta omisión “no respondió a un cambio de criterio de política criminal y su corrección resulta indispensable para restituir el estándar de protección y seguridad pública vigente antes de dicha reforma”. El texto subraya que la disposición original ya impedía el uso del brazalete electrónico en este tipo de crímenes, pero fue excluida involuntariamente durante el proceso legislativo anterior.

Según el texto que acompaña la reforma, la urgencia de reinstalar esta restricción obedece a que “informes oficiales del Ministerio de Justicia en años recientes han detectado fallas operativas en el sistema de vigilancia electrónica, con desconexiones y fugas que atentan contra la credibilidad del mecanismo, especialmente en casos de alta peligrosidad, lo que permite la reincidencia de los sujetos beneficiados con esta medida cautelar”.

La normativa en trámite establece que no podrán recibir el beneficio del brazalete electrónico quienes hayan sido condenados por delitos que califiquen como delincuencia organizada, delitos sexuales contra menores de edad, delitos cometidos con armas de fuego, armas contundentes o armas punzocortantes, ni los contemplados en los artículos 59 y 74 de la Ley 7786 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998).

La votación en segundo debate se realizará el próximo 7 de abril, lo que definirá la entrada en vigencia de la reforma y su impacto real en el sistema de justicia penal.

El proyecto precisa que la extensión de la prohibición abarca cualquier tipo de arma conforme a lo definido por la Ley de Armas y Explosivos (Ley 7530), no sólo armas de fuego o punzocortantes. Así se elimina el trato diferenciado entre conductas igualmente lesivas y se garantiza, de acuerdo con el texto de la iniciativa recogido por El Observador, “un marco sancionatorio uniforme, coherente y ajustado al riesgo social que representan”.

La reforma cuenta con el respaldo de toda la bancada de Nueva República y, en caso de ser aprobada en el segundo debate, será remitida a comisión legislativa para el inicio de su trámite ordinario.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer la declaratoria oficial de las 57 diputaciones que integrarán la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo constitucional comprendido entre el 1.º de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2030.

La resolución, emitida tras los comicios del pasado 1.º de febrero, no solo define la nueva composición del Congreso, sino que marca un hito en la historia democrática del país: por primera vez, la Asamblea estará integrada mayoritariamente por mujeres, quienes ocuparán 30 curules, frente a 27 escaños en manos de hombres.

Un Congreso con mayoría oficialista

El nuevo plenario legislativo estará conformado por cinco agrupaciones políticas. El partido Pueblo Soberano se consolida como la principal fuerza, al obtener 31 de las 57 diputaciones.

Le sigue el Partido Liberación Nacional con 17 escaños, mientras que el Frente Amplio contará con 7 representantes. Por su parte, la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana tendrán una curul cada una.

Esta distribución configura un Congreso con un claro predominio de una sola agrupación, pero que igualmente requerirá negociaciones para la aprobación de proyectos clave.

Distribución por provincias

La asignación de diputaciones responde a criterios poblacionales basados en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). San José concentra la mayor cantidad de escaños con 18, seguido por Alajuela con 12. Cartago y Puntarenas cuentan con seis cada una, mientras que Heredia, Guanacaste y Limón tienen cinco diputaciones cada provincia.

Diputados electos por provincia

San José (18):

Nogui Acosta Jaen; Kattia Alejandra Mora Montoya; Stephan Brunner Neibig; Mayuli del Carmen Ortega Guzmán; Gonzalo Alberto Ramírez Zamora; Anna Katharina Muller Castro; Antonio Barzuna Thompson; Sadie Esmeralda Britton González (Pueblo Soberano).

Álvaro Ramírez Bogantes; Iztarú Alfaro Guerrero; Rafael Ángel Vargas Brenes; Andrea Patricia Valverde Palavicini; Marco Francisco Badilla Chavarría (Liberación Nacional).

José María Villalta Flórez-Estrada; Vianey Briyith Mora Vega; Antonio Trejos Mazariegos (Frente Amplio).

Claudia Vanessa Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana).

Abril Gordienko López (Unidad Social Cristiana).

Alajuela (12):

José Miguel Villalobos Umaña; Zaira Murillo Marín; Gerardo Bogantes Rivera; Grethel María Ávila Vargas; Wilson Alfredo Jiménez Cordero; Kattia María Ulate Alvarado; Fernando Obaldía Álvarez (Pueblo Soberano).

Diana Murillo Murillo; Eder Francisco Hernández Ulloa; Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Liberación Nacional).

Edgardo Vinicio Araya Sibaja; Sigrid Violeta Segura Artavia (Frente Amplio).

Cartago (6):

Cindy María Blanco González; Robert Johsan Barrantes Camacho; Yara Vanessa Jiménez Fallas (Pueblo Soberano).

Janice Patricia Sandi Morales; Salvador Padilla Villanueva (Liberación Nacional).

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Frente Amplio).

Heredia (5):

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez; Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano).

Víctor Manuel Hidalgo Solís; Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional).

María Eugenia Román Mora (Frente Amplio).

Guanacaste (5):

Nayuribe Guadamuz Rosales; Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas; Cindy Dayana Murillo Artavia (Pueblo Soberano).

Ronald Alberto Campos Villegas; Karol Vanessa Matamoros Montoya (Liberación Nacional).

Puntarenas (6):

Royner Mora Ruiz; María Isabel Camareno Camareno; Ariel Alfonso Mora Fallas; Ana Ruth Esquivel Medrano (Pueblo Soberano).

Norjelens María Lobo Vargas; Jesús Antonio Calderón Calderón (Liberación Nacional).

Limón (5):

Osvaldo Artavia Carballo; Kristel Lizeth Ward Hudson; Reynaldo Arias Mora; Kathia Calvo Cruz (Pueblo Soberano).

Mangell Mc Lean Villalobos (Liberación Nacional).

Entrega de credenciales y arranque del nuevo periodo

El TSE informó que la entrega oficial de credenciales a las diputaciones electas se realizará el próximo 8 de abril a las 10:00 a. m., en el auditorio institucional Francisco Sáenz Meza.

A partir de ese momento, los legisladores quedarán formalmente habilitados para asumir sus funciones el 1.º de mayo, cuando dará inicio el nuevo periodo legislativo.

Un cambio histórico en la representación

Más allá de la distribución política, la conformación del nuevo Congreso marca un avance significativo en materia de equidad de género. La mayoría femenina representa un hecho sin precedentes en la historia del país y refleja cambios en la participación política de las mujeres.

Este nuevo escenario plantea también retos y expectativas sobre el rumbo que tomará la agenda legislativa en los próximos cuatro años, en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y políticos.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, presentó el pasado 17 de marzo ante la Asamblea Legislativa, una propuesta para reformar el artículo 27 de la Constitución de la República, para aplicar la condena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas en El Salvador.

En este contexto, los abogados penalistas Rosina Valiente y Miguel Ángel Cárcamo; y el abogado constitucionalista Alberto Alfaro Alvarado aclararon, en entrevista con Infobae, diversas dudas sobre el cambio constitucional y su aplicación en materia de derecho.

¿En qué consiste la reforma al artículo 27?

Alfaro Alvarado: Esta disposición históricamente respondía a una tradición constitucional que tenía su arraigo en principios de dignidad humana y reinserción social, y esto digamos, es parte del constitucionalismo salvadoreño de posguerra. Con la reforma aprobada al artículo 27, se introduce una excepción a la prohibición, porque se mantiene, en términos generales, la regla, pero se establece que la pena perpetua podrá imponerse cuando el delito cometido sea homicidio, violación o terrorismo.

Es una excepción que se puede considerar de catálogo cerrado, puesto que se enumeran taxativamente cuáles son los delitos que habilitan a ese tipo de penas perpetuas.

¿Cuáles son las implicaciones al reformar este artículo?

Cárcamo: El Salvador, desde hace tiempo, viene optando por un derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Hay dos formas de derecho penal o dos corrientes. Una es el clásico, que es un derecho penal garantista, y el derecho penal del enemigo, que tiene la finalidad de neutralizar y sacar de la sociedad al delincuente. Entonces, cuando se hace este tipo de reforma, lo que se está haciendo es habilitando la posibilidad de que se pueda neutralizar a las personas que cometen este tipo de delitos a través del sistema judicial con la imposición de una condena.

¿Qué vamos a entender por una pena perpetua?

Alfaro: Pena perpetua es una pena indeterminada, en primer lugar, porque se impone de por vida y se considera, la pena como tal, se considera una venganza de parte del Estado.

¿Qué significa el término terrorista?

Cárcamo: La Sala de lo Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En esta sentencia, la sala dio un concepto de terrorismo y dijo que es el ejercicio sistemático y organizado de la violencia con la finalidad de infundir terror en la población y arrogarse funciones inherentes al Estado. En esa sentencia, la sala califica que las pandillas imperantes aquí en El Salvador eran catalogadas como terroristas.

Alfaro: El legislador es quien va a tener el margen para definir estos actos de terrorismo y va a estar vinculado por un concepto constitucional de delito que desde luego va a limitar el poder punitivo del Estado.

Si revisamos la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, pues vamos a ver que es una ley que ya tiene alguna vigencia y ahí se define como organizaciones terroristas aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura y que de ella nacen vínculos que de alguna medida se puedan considerar como estables o permanentes, que tienen una jerarquía y una disciplina, y que cuentan con medios entendidos como idóneos y son pretendidos para la utilización de métodos violentos o inhumanos, con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los estados o incluso afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países.

Con la reforma a la Constitución que ya se hizo, ¿Cómo es ahora el proceso de ratificación?

Alfaro: Ya está establecido que se pueda ratificar con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos, sin necesidad de esperar una siguiente legislatura.

¿A partir de cuándo los jueces podrán imponer esta condena? ¿Cuándo podría entrar en vigencia la reforma?

Alfaro: aparecerá publicado en el Diario Oficial número 53, tomo número 450, correspondiente al mismo 17 de marzo; entonces, la reforma entra en vigencia con posterioridad al 17 de marzo (ocho días después), en este caso se cuentan días calendario.

Actualmente se está viendo que la Fiscalía impone hasta 400 años como condena. ¿Qué va a cambiar con esta reforma?

Alfaro: Según un doctrinario denominado Gary Becker, las penas de 200, 300 o 400 años que los tribunales puedan imponer van a ser producto de acumulación aritmética de condenas por múltiples delitos; entonces, son penas numéricamente determinadas, que no se pueden ejecutar, porque una vida humana es imposible que pueda cumplir 400 años de cárcel; entonces cumplen más bien una función simbólica de registro de la gravedad acumulada de la conducta, pero en términos de privación efectiva de libertad, equivalen a la muerte en prisión.

En ese contexto, la pena perpetua introduce una diferencia de naturaleza jurídica, porque no necesariamente va a tener una duración práctica, porque tienen una duración indeterminada, perpetua.

En este momento hay reos que están esperando juicio, para ellos podría aplicar la cadena perpetua; es decir, ¿se podrá aplicar para los procesos que ya están abiertos?

Cárcamo: La doctrina establece principios. Principio de legalidad, por ejemplo. Una persona no puede ser juzgada por un hecho que no sea delito en el momento que lo cometió. Y si es delito, se le debe aplicar la ley de comisión, o la ley del hecho, o la ley del tiempo en que se cometió el delito, por principio de legalidad.

En el caso de las leyes penales, solo puede tener efecto retroactivo, es decir, hacia atrás, cuando es en beneficio del procesado o del condenado. Eso está en la Constitución.

Con la reforma a la Constitución también se reformarán otras leyes secundarias, ¿sabe qué artículos exactamente podrían modificarse de estas leyes?

Valiente: Empecemos por el Código Penal, tiene que cambiarse en el artículo 158, que establece la violación. En cuanto al homicidio, el 129 y 128. Las agravantes podría que tuvieran una modificación. La Ley Especial de Actos de Terrorismo, va a ser modificada. ¿Quién va a con ser considerado terrorista? Va a tener que haber una nueva definición para mí, porque no solo el que altere el orden público y el que genere caos y terror en la población, porque ya sabemos quiénes.

La Ley Especial integral para una Vida Libre de Violencia Contra la Mujer. Entonces, pudiera haber una reforma en La ley Penal juvenil también.

Cárcamo: Habría que ver específicamente si se va a aplicar la pena perpetua al homicidio simple y al agravado o solo al agravado. Ahí va a ser cuestión ya del legislador. La violación, si va a ser para todos los casos de violación o en algunos casos en específico.

La Ley Penal juvenil, hay que ver en qué casos específicos se va a considerar o aplicar la pena perpetua. Y en el caso de la Ley especial contra actos de terrorismo, ya las penas son bastante severas, creería yo que vamos a tener que seleccionar en qué casos se va a aplicar, porque no todos los delitos van a ser objeto de pena perpetua.

¿A un menor de edad se le podrá dar cadena perpetua con el cambio a las leyes secundarias?

Alfaro: Sí, de hecho, el estándar internacional lo permite. Litigios similares han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Valiente: Desde los 11 años se considera que es un menor. Hay niños que fueron reclutados por las pandillas desde los siete años y no les podían aplicar la ley porque eran menores. El equipo era muy condescendiente cuando el niño era, era el responsable y te decían: “Mire, cometió un homicidio, pero yo me voy a hacer cargo de él”. Y hay muchos de estos menores que incluso quedaron sin juzgar, porque salieron de esa pena y ya no más. Entonces, habría que analizar cada caso.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este viernes al fiscal general, Rodolfo Delgado, para estudiar la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en el país centroamericano por los delitos de homicidio, violación y terrorismo.

Tras la aprobación de 59 diputados en la plenaria 102 del Órgano Legislativo para modificar el artículo 27 de la Constitución y establecer la cadena perpetua, la Comisión Política, dirigida por Enesto Castro, continuó la tercera jornada del análisis.

Durante la sesión, el fiscal general defendió que la reforma constitucional representa un avance imprescindible para que el sistema judicial salvadoreño responda a las demandas sociales de justicia y sanción proporcional de los crímenes más graves.

“La reforma favorece a un sistema duro, exigente y civilizado. Lo que se busca es, y como fiscal general me va tocar aplicarlas, de que las penas sean sujetas a una revisión. Además, favorece a que los enemigos de la sociedad no consigan libertad porque cumplieron con una condena que determinó un juez sino que regresen cuando criminológicamente se logren establecer bajo un nuevo sistema penitenciario y que ya no presenten un riesgo social”, apuntó Delgado durante su discurso.

Delgado destacó que es necesario que el nuevo sistema entre vigencia, resaltando que la ratificación de las penas perpetuas es totalmente compatible con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

Asimismo, el titular del Ministerio Público, expuso que este es un buen momento para implementar la reforma, debido a que el sistema de justicia podría responder mejor.

“La cadena perpetua sería la pena principal para los delitos de naturaleza más grave en contra de homicidas y violadores y miembros de grupos terroristas, porque los violadores y homicidas no son necesariamente parte de un grupo terrorista”, expresó.

Delgado recordó que los centros penales del pasado no estaban preparados para mantener a estas personas privadas de libertad por largos periodos, lo que incluso habría resultado contraproducente, debido a la falta de condiciones de seguridad y control. Añadió que en ese entonces los niveles de impunidad eran elevados, llegando a rondar el 95 % en la investigación de homicidios.

Por su parte, Castro afirmó que en el pasado no existía consenso para defender a la población salvadoreña; sin embargo, sostuvo que la actual legislatura ha brindado la gobernabilidad necesaria al presidente Nayib Bukele para transformar la realidad del país.

“Lo que queremos es que no salgan de la cárcel, tenemos que asegurar a las futuras generaciones porque es nuestra responsabilidad, ya basta de ver por los asesinos y olvidarnos de la víctimas”, afirmó el presidente de la asamblea y comisión política .

Comisión legislativa inicirá consultas a la Corte Suprema

El análisis de la reforma proseguirá con una cuarta jornada el próximo 23 de marzo, cuando comparecerá el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Mejía, para exponer la posición oficial del órgano Judicial sobre la instauración de la cadena perpetua como sanción penal en legislación salvadoreña.

El pasado 19 de marzo, los parlamentarios recibieron al Gabinete de Seguridad, liderado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro y al ministro de Defensa Francis Merino Monroy.

El cronograma divulgado por la Comisión Política establece que la revisión finalizará el 24 de marzo, día en que, en sesión final, los legisladores decidirán si emiten los cinco dictámenes favorables.

Según el pleno legislativo, la cadena perpetua existe en más de 180 países, ya sea como prisión vitalicia o revisable.

La Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de forma definitiva un proyecto de ley que obligará a los empleadores a habilitar espacios físicos adecuados para la extracción de leche y el amamantamiento durante la jornada laboral.

La iniciativa, que únicamente requiere la firma del Poder Ejecutivo para convertirse en ley, introduce cambios relevantes en el Código de Trabajo y redefine el alcance de los derechos de las madres trabajadoras, en el marco de una política pública orientada a fortalecer la lactancia materna.

El proyecto, identificado como expediente 24.481 y denominado “Ley para proteger, promover y apoyar la lactancia materna”, fue impulsado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio, junto a toda su bancada.

Un nuevo estándar para la lactancia en el trabajo

La reforma, aprobada con el respaldo unánime de los 13 legisladores de la comisión, establece como periodo mínimo de lactancia el primer año de vida del menor. Además, abre la posibilidad de prorrogar este plazo en periodos de tres meses, siempre que exista certificación médica que confirme que el niño continúa siendo alimentado con leche materna.

Este cambio representa una ampliación significativa respecto a la normativa vigente, ya que también incorpora a las madres adoptivas dentro del beneficio, quienes podrán acceder a este derecho mediante certificación profesional.

Uno de los puntos centrales de la ley es la incorporación del artículo 97 bis al Código de Trabajo, que fija obligaciones concretas para los empleadores. Entre ellas, se establece que las empresas deberán garantizar al menos 25 minutos cada tres horas para la extracción de leche durante la jornada laboral.

Estos espacios de tiempo serán considerados como trabajo efectivo, por lo que deberán ser remunerados y no podrán ser acumulados ni utilizados para otros fines. No obstante, la normativa contempla que estos periodos puedan ajustarse según las necesidades fisiológicas de la madre, siempre que exista respaldo médico.

Flexibilidad en el uso del tiempo de lactancia

La legislación mantiene intacto el esquema de licencia de maternidad vigente en el país: un mes previo al parto y tres meses posteriores al nacimiento, con salario completo.

Sin embargo, introduce mayor flexibilidad en el uso del tiempo de lactancia, permitiendo que las trabajadoras elijan cómo distribuir la hora diaria asignada. Entre las opciones contempladas se encuentran: quince minutos cada dos horas, dos bloques de media hora al día o una hora completa que puede utilizarse para ingresar más tarde o retirarse antes del trabajo.

La modalidad deberá ser acordada entre la persona empleadora y la trabajadora, buscando la alternativa más conveniente para ambas partes.

En el caso de jornadas extraordinarias, la ley establece que se otorgarán 15 minutos adicionales por cada tres horas trabajadas, los cuales se sumarán al tiempo de lactancia correspondiente a la jornada ordinaria. Este beneficio será remunerado y aplicará por cada menor lactante a cargo.

Enfoque en la salud materno-infantil

De acuerdo con el texto aprobado, la reforma tiene como objetivo central proteger la salud tanto del recién nacido como de la madre. En esa línea, se contemplan distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de interrumpir la lactancia en caso de fallecimiento del menor.

En esos casos, la madre podrá solicitar el tiempo necesario para detener el proceso, siempre que presente la certificación médica correspondiente, sin que esto afecte sus derechos laborales.

El articulado también reconoce diversas modalidades de lactancia, incluyendo la directa, mixta, diferida y procesos de relactación, ampliando así el alcance de la normativa a diferentes realidades familiares.

Asimismo, se establece que los certificados médicos requeridos para prórrogas o para iniciar el proceso en casos de adopción podrán ser emitidos tanto por profesionales del sistema público como del sector privado.

Un paso más en la política social

La aprobación de esta ley se enmarca en una serie de esfuerzos por fortalecer las políticas de protección social en Costa Rica, particularmente en lo relacionado con la niñez y la maternidad.

Con esta reforma, el país avanza hacia estándares más amplios en materia de derechos laborales y salud pública, alineándose con recomendaciones internacionales que promueven la lactancia materna como un factor clave en el desarrollo infantil.

De concretarse su promulgación en los próximos días, la normativa marcará un cambio significativo en las condiciones laborales de miles de mujeres en el país, al tiempo que obligará a las empresas a adaptar sus espacios y políticas internas para garantizar el cumplimiento de este derecho.

El Gobierno salvadoreño solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una modificación de USD 100 mil al presupuesto del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para financiar a la Organización Nacional Antidopaje (ONAD-ES) en 2026.

La creación de la ONAD-ES en 2025 respondió a la aprobación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y la Lucha contra el Dopaje, que estableció la necesidad de un órgano técnico especializado e independiente con potestad para controlar y sancionar el uso de sustancias prohibidas dentro del deporte cuscatleco.

El artículo 4 establece la creación de la ONAD-ES como el órgano técnico principal en materia de prevención, control y sanción del dopaje en el deporte en El Salvador, teniendo autonomía técnica, administrativa y operativa para ejecutar sus funciones y emitir resoluciones.

Según la propuesta, la reforma pretende “promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio del juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y, principalmente, la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en competiciones o eventos deportivos; así como, prevenir, controlar y sancionar el dopaje a nivel nacional”.

El documento remitido por iniciativa del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio Hacienda, señala que del Fondo General aportará el total de USD 100 mil, de los cuales USD 46,350 se destinarán a remuneraciones, USD 51,850 a la adquisición de bienes y servicios y USD 1,800 a inversiones en activos fijos.

La entidad funcionará como desconcentrado del INDES, con autonomía técnica, administrativa y operativa. El comité supervisor incluirá representantes del INDES, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la Comisión Nacional Antidrogas y el Comité Olímpico de El Salvador.

El Salvador desarrolla una estrategia constante para combatir el dopaje en el ámbito deportivo, respondiendo de manera activa a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje. Las autoridades deportivas trabajan en la implementación y vigilancia de las normas establecidas por este código, que constituye el marco internacional para la regulación de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

Por medio de un claro proceso, el país centroamericano busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los atletas, reforzando el compromiso del país con la integridad y la ética en las competencias deportivas.

ONAD-ES refuerza acciones educativas en todas las ramas del deporte

Desde su fundación, ONAD-ES desarrolla charlas educativas y preventivas dirigidas a deportistas nacionales de diversas disciplinas, como parte de las acciones impulsadas INDES.

Estas actividades ya se ofrecieron a los equipos de remo, natación y patinaje, con el objetivo de fortalecer el conocimiento en materia antidopaje entre los atletas salvadoreños. De igual forma con padres, entrenadores y paratletas del Comité Paralímpico de El Salvador (Copesa).

En noviembre de 2025, se realizó la juramentación del Comité Supervisor de la ONAD-ES para el período 2025-2029, integrado por Karla Díaz (presidenta y viceministra de Operaciones en Salud), Enrique Rodríguez Rivera, Roberto Carlos Calderón Escobar, Jairo Ernesto Benítez, Gustavo Adolfo Salgado, Jessica Durán, Eduardo Loyola, Carmen de García, Gilberto López y Marta Natalia Méndez.

El Gobierno de El Salvador impulsa una reforma para que el delito de Feminicidio sea castigado con prisión perpetua, según una iniciativa enviada por el presidente a la Asamblea Legislativa a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia.

La propuesta modifica los artículos 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), conforme a la Constitución de la República en materia penal.

La entrada en vigor de la medida depende de que los diputados ratifiquen una reforma constitucional. Si esto sucede, la legislación secundaria requerirá la aprobación final de la Asamblea Legislativa para oficializar que quien cause la muerte a una mujer por odio o menosprecio reciba la máxima sanción establecida.

Los cambios en discusión establecen que tanto el Feminicidio simple como el Feminicidio agravado serán sancionados con pena de prisión perpetua, según el texto sometido a estudio parlamentario.

Actualmente, esta normativa establece que quien mate por odio o menosprecio a una mujer, es decir, cometa el delito de feminicidio será condenado a pasar en prisión entre 20 a 35 años. En el caso de feminicidio agravado, actualmente se imponen penas de 30 a 50 años de cárcel.

La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en la reforma constitucional que introduce la prisión perpetua para quienes resulten condenados por delitos de terrorismo, homicidio agravado o violación.

En la sesión del miércoles 18 de la Comisión Política Legislativa, realizada apenas un día después de la introducción exprés de la medida durante la plenaria 102, se dio por recibida la lista de reformas a las leyes secundarias sobre la incorporación de la prisión perpetua como nuevo castigo principal, entre ellas la de modificar la LEIV para que esté en concordancia con esta reforma.

Casos en El Salvador

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) registró un total de 26 casos de feminicidios, muertes violentas y suicidios feminicidas en El Salvador.

De estos, la mitad de las víctimas, es decir, 13 mujeres, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, el 46% de los casos, equivalente a 12 víctimas, correspondió a feminicidios o muertes violentas, mientras que el 4% restante, una víctima, fue catalogado como suicidio feminicida.

Respecto a los métodos o causas de muerte, el 36,6% de los casos involucró el uso de armas blancas, seguido por armas de fuego en un 30,7%. También se identificaron otros mecanismos como llave cruz, piedra, arma blanca junto a golpes y estrangulación, cada uno con un 3,8%. El envenenamiento representó el 7,6% y en el 11,5% de los casos no se determinó la causa de muerte.

En cuanto a la distribución geográfica, el 54% de los feminicidios ocurrieron en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Usulután. San Salvador reportó siete casos, La Libertad cuatro y Usulután tres.

El registro mensual muestra variaciones a lo largo del año, con picos en marzo, septiembre y octubre, meses en los que se documentaron cuatro casos cada uno. Estos datos reflejan la persistencia de la violencia letal contra las mujeres en El Salvador y subrayan la importancia del monitoreo y la denuncia, como lo realiza ORMUSA.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dio un paso clave en el debate sobre el uso de los fondos de pensión en Costa Rica, tras avalar dos proyectos de ley que buscan permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Se trata de los expedientes 24.984 y 24.972, impulsados por la diputada oficialista Ada Acuña y la legisladora del Frente Amplio Rocío Alfaro, respectivamente.

Ambas iniciativas, aunque con diferencias en su enfoque, coinciden en abrir la posibilidad de que ciertos grupos de la población accedan de forma anticipada a los recursos acumulados en sus cuentas individuales, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años por sus posibles implicaciones económicas y sociales.

El proyecto presentado por Acuña plantea dos mecanismos diferenciados para el retiro de los fondos. Por un lado, establece la posibilidad de un retiro total para aquellas personas cuya pensión mensual sea inferior a 746.000 colones.

Por otro, propone un esquema de retiro programado que permitiría a los beneficiarios acceder a sus recursos en un plazo que oscila entre los dos y los 15 años.

Esta propuesta busca, según sus impulsores, ofrecer una alternativa flexible que se adapte a las necesidades de los pensionados, especialmente aquellos con ingresos más bajos, quienes podrían requerir liquidez inmediata para enfrentar gastos básicos o deudas acumuladas.

En paralelo, la iniciativa de la diputada Alfaro propone una modificación a un transitorio de la ley vigente, con el fin de permitir que las personas ya pensionadas o próximas a pensionarse puedan retirar la totalidad de sus ahorros en un periodo de dos años. Este planteamiento pone el foco en un grupo específico de la población que, según la legisladora, se ha visto particularmente afectado por las condiciones actuales del sistema.

Durante la discusión en comisión, algunos legisladores recordaron los cuestionamientos históricos en torno a la creación del ROP, vigente desde el año 2000, especialmente sobre quiénes se han beneficiado del manejo de estos recursos y cuáles han sido los destinos de los fondos administrados por las operadoras de pensiones.

En ese contexto, se planteó la necesidad de analizar con detenimiento los criterios económicos asociados a las propuestas de retiro anticipado. Según se expuso, incluso en el peor de los escenarios, el impacto de estas medidas sería reducido en relación con el tamaño total del fondo, que asciende a aproximadamente 14 billones de colones.

“Tenemos que entender y analizar que hay criterios económicos vertidos sobre las propuestas de retiro, que el peor de los escenarios alcanzaría un porcentaje ínfimo sobre un fondo de catorce billones de colones”, señaló Acuña.

El respaldo a las iniciativas también se ha sustentado en la idea de que los proyectos mantienen la viabilidad financiera del sistema. Algunos diputados argumentaron que las condiciones planteadas permitirían la entrega de los recursos sin generar un impacto significativo en la estabilidad económica del régimen.

Por su parte, defensores de la propuesta han insistido en que el objetivo central es brindar alivio financiero a las personas que han enfrentado dificultades económicas, permitiéndoles utilizar sus propios ahorros para salir de deudas, mejorar su calidad de vida o incluso invertir.

“Lo que busca el proyecto de ley es que precisamente ese sector de la población que fue afectado se le pueda devolver en un rango de dos años, de manera que también las operadoras no tengan ningún desbalance”, explicó Alfaro.

Además, se destacó que los montos acumulados en muchas cuentas individuales no han crecido de forma significativa, lo que refuerza el argumento de que permitir su retiro podría tener un impacto positivo inmediato en la economía de los beneficiarios sin comprometer el sistema en el largo plazo.

El debate, sin embargo, no ha estado exento de preocupaciones. Expertos y sectores técnicos han advertido en ocasiones anteriores sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de ahorro para la vejez, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los sistemas de pensiones.

¿Qué es el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)?

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es un fondo de ahorro complementario en Costa Rica, creado en el año 2000, que se acumula mediante aportes patronales y de los trabajadores, gestionado por operadoras de pensiones (OPC) para mejorar la pensión básica (IVM) al jubilarse. Se financia principalmente con el 3.25% de aporte patronal.

Con los dictámenes afirmativos de la Comisión de Asuntos Sociales, ambas propuestas pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde deberán enfrentar la discusión final y la eventual votación por parte de los diputados.

El avance de estos proyectos marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del ROP en Costa Rica, en medio de un equilibrio complejo entre la necesidad de proteger el ahorro para la jubilación y la urgencia de brindar soluciones inmediatas a quienes enfrentan dificultades económicas.

En la actualidad, el régimen de excepción implementado en El Salvador se extiende desde hace cuatro años, permitiendo que las fuerzas de seguridad ejerzan facultades extraordinarias en la lucha contra la criminalidad. En este contexto, la administración encabezada por Nayib Bukele ha presentado ante la Asamblea Legislativa una propuesta que busca introducir la cadena perpetua en el marco legal del país, según consignó el medio Europa Press.

La iniciativa presentada por el Gobierno salvadoreño implica una reforma a la Constitución nacional para permitir la imposición de la cadena perpetua específicamente en casos de homicidio, violación y terrorismo. De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, acompañado del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, detalló que la propuesta se centra en la modificación del segundo inciso del artículo 27 de la Constitución. En la redacción actual, este artículo prohíbe la presión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La modificación que plantea el Ejecutivo incluiría la salvedad de que “solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

El alcance de la iniciativa no se limita únicamente a la reforma constitucional, sino que comprende también un paquete de ajustes legislativos. Según explicó Europa Press, el plan contempla cambios al Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley contra Actos de Terrorismo y a otras disposiciones pertinentes, con el objetivo de homologar las sanciones y asegurar la aplicación efectiva de la cadena perpetua en los casos indicados.

Durante la presentación de la propuesta, Villatoro argumentó que esta medida responde a las condiciones derivadas del estado de excepción vigente en el país, que originalmente se impulsó para hacer frente a las organizaciones criminales. Según reportó Europa Press, el ministro declaró: “Hemos tenido todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales también, que defienden a criminales violentos, donde se nos ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”.

La reforma se presenta como una respuesta directa a las demandas de seguridad de la ciudadanía y como una estrategia para disuadir la comisión de delitos graves. Europa Press citó a Villatoro cuando sostuvo que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, así como su afirmación de que la meta es evitar la presencia de homicidas y violadores en las comunidades. Villatoro explicó que la cadena perpetua representa una política coherente con lo que denominó “el rescate mismo del derecho penal”.

El presidente Nayib Bukele se pronunció de inmediato sobre la propuesta a través de sus perfiles en redes sociales. Reproduciendo palabras publicadas por Europa Press, Bukele planteó: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

Desde la declaración del régimen de excepción, diferentes organismos y representantes de la sociedad civil han mostrado preocupación por la contundencia de las medidas adoptadas, incluyendo la aplicación masiva de detenciones y la aplicación de castigos severos. Sin embargo, representantes del Ejecutivo han insistido en la legitimidad del uso del régimen excepcional como herramienta para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio.

La propuesta, cuya discusión recae ahora en la Asamblea Legislativa, reabre el debate acerca de los límites a la sanción penal en El Salvador. En los últimos años, el país ha sido escenario de intensas controversias judiciales y políticas sobre la constitucionalidad de las sanciones, el debido proceso y la efectividad de las penas para disuadir el crimen organizado y los delitos de alto impacto.

El medio Europa Press indicó que la aprobación de una reforma constitucional de este alcance requeriría mayorías calificadas y posteriores períodos de revisión, conforme al diseño institucional salvadoreño. La atención ahora se dirige tanto al proceso legislativo como a las reacciones políticas y sociales que pudiera suscitar la adopción de la cadena perpetua para los delitos mencionados.

Las reformas sugeridas por el Ejecutivo buscan adaptar el sistema jurídico a las nuevas realidades en materia de seguridad, según expusieron los funcionarios en las comparecencias recientes. La administración de Bukele ha destacado la utilidad práctica de reforzar penas como mecanismo para asegurar la paz interna y como componente clave en la política estatal de “tolerancia cero” ante los delitos que generan mayor alarma social, un posicionamiento que, según Europa Press, mantiene al país en un punto de inflexión alrededor de los derechos y garantías fundamentales.

La discusión que se abre en El Salvador plantea posibles consecuencias sobre el sistema de justicia penal y la protección de derechos, según se desprende del seguimiento de los acontecimientos hechos por Europa Press. La reforma y el paquete legislativo asociado continuarán atravesando etapas de análisis parlamentario y debate público, lo que permitirá observar la evolución institucional ante los desafíos que en materia de seguridad enfrenta la nación centroamericana.

El presidente Nayib Bukele comunicó en su cuenta de X que su gabinete de seguridad ha presentado este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta de reforma constitucional que permitiría la cadena perpetua —hasta ahora prohibida en la legislación salvadoreña— para quienes sean condenados por asesinato, violación o terrorismo.

Bukele explicó: “En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas”.

En el mismo anuncio, Bukele desafió a los legisladores con una pregunta clave sobre el futuro de esta medida: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

El Salvador plantea cadena perpetua para delitos graves tras régimen de excepción

La administración de Bukele sostiene que durante el régimen de excepción, que ha superado los cuatro años de vigencia, la estrategia de seguridad transformó profundamente la situación del país, permitiendo neutralizar —según el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro— la “amenaza permanente y continua” que mantuvieron las estructuras criminales durante dos décadas. El funcionario subrayó frente a la Asamblea que esta reforma implica un cambio irreversible y afirmó que más de “seis millones de salvadoreños” respaldan el proceso, en representación de la soberanía popular.

Villatoro proporcionó un bloque de datos históricos: en los últimos veinte años, las maras y grupos criminales habrían sido responsables de unas “120.000 muertes”, de las cuales “por lo menos cuarenta mil” se atribuyen a un sistema de justicia que —en palabras del ministro— “llevó al paredón de fusilamiento a miles de víctimas, a miles de testigos” mediante el amedrentamiento de ciudadanos y la falta de confianza en las instituciones.

La propuesta oficial se presenta acompañada por un paquete legislativo que modifica el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo, además de otras normativas. Villatoro detalló que el propósito es “homologar las leyes secundarias con el artículo veintisiete, inciso segundo, de nuestra Constitución”, alineando así la estructura penal del país para reforzar el castigo sobre homicidas, violadores y terroristas. Tal como indicó el ministro ante el Pleno, la “pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, mientras se mantiene la prohibición para otros casos como la prisión por deudas o delitos infames.

Cruce con organizaciones internacionales y defensa de soberanía

En su intervención, el titular de Seguridad mantuvo un tono confrontativo al referirse a las organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales críticas del régimen. “Ya se quitaron recientemente la máscara. Ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”, afirmó Villatoro al presentar la reforma, anticipando la resistencia de actores que, en su opinión, defienden a los “criminales violentos”.

Al contextualizar la reforma a escala regional, Villatoro vinculó los problemas de seguridad y legislación penal de El Salvador con el resto de Hispanoamérica. Aseguró que “estas leyes inútiles para enfrentar amenazas graves, delitos violentos, no solo las tenemos nosotros como salvadoreños; las tienen todos los países de Hispanoamérica”. El ministro reclamó que, en las últimas tres décadas, los movimientos por los derechos de las víctimas habrían tergiversado la agenda jurídica, invirtiendo “la víctima y el victimario, un agente de autoridad”.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó este martes una iniciativa para modificar la Constitución y permitir la imposición de cadena perpetua a quienes cometan homicidio, violación o actos terroristas.

La propuesta, impulsada por el presidente Nayib Bukele y anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue recibida por la Asamblea Legislativa y podría avanzar con rapidez, según confirmaron las autoridades legislativas.

Durante la presentación oficial, Villatoro explicó que la petición se centra en modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que actualmente prohíbe expresamente las penas perpetuas. “La propuesta del señor presidente para la que estamos pidiendo su apoyo como Gabinete de Seguridad quedaría de la siguiente manera: ‘Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas’”, sostuvo el ministro.

La solicitud presentada también incluye un paquete de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas, con el objetivo de ajustar la legislación secundaria a la reforma constitucional propuesta.

Villatoro justificó la iniciativa en el contexto de los cuatro años de régimen de excepción que vive el país, un periodo en el que, afirmó, se han enfrentado ataques de organizaciones criminales y críticas internacionales.

“Han sido cuatro años donde, independientemente de los millones que han gastado en estas subcampañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños”, expresó el funcionario.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, una medida implementada por el gobierno de Bukele para combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia. Las autoridades sostienen que el país es ahora “el más seguro del hemisferio occidental”, un argumento central en la defensa de la reforma constitucional. “El país que anhelamos requiere que en nuestras sociedades no existan homicidas ni violadores, en ninguna de nuestras comunidades, en ninguna de nuestras colonias. Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, aseveró Villatoro durante su intervención.

En el acto, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, confirmó que la iniciativa será sometida de inmediato a consideración del pleno. “Recibimos esta solicitud, ministro, y de manera inmediata la vamos a conocer en la Asamblea Legislativa, en plenaria. Vamos a solicitar al menos el acompañamiento de diez firmas de diputados para luego someterla a discusión. Si los sesenta diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día”, explicó el legislador. De aprobarse en el pleno, la reforma pasaría a estudio de la Comisión Política, donde se convocará a los ministros de Seguridad y Justicia y a otros invitados para profundizar en los motivos de la ratificación.

El paquete de reformas abarca la homologación de leyes secundarias vinculadas al sistema de justicia penal, con el fin de que la aplicación de la cadena perpetua esté respaldada a nivel legal. Villatoro señaló que la reforma busca rescatar el derecho penal y revertir décadas de impunidad y desconfianza en el sistema judicial. “Esta reforma es importante, porque más allá de marcar un antes y un después en materia de derecho penal, estamos rescatando el derecho penal, un derecho donde solo los servidores públicos entendían y confiaban, porque nadie en su sano juicio iba a denunciar a un pandillero violador”, afirmó el ministro.

Las autoridades rechazaron de forma tajante las críticas de organizaciones internacionales y de derechos humanos que cuestionan la dureza de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador. “Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”, dijo Villatoro.

Por su parte, Castro enfatizó que la iniciativa responde a la voluntad del pueblo salvadoreño y agradeció al Gabinete de Seguridad, a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada por el trabajo realizado. El presidente de la Asamblea declaró: “Seguiremos firmes dando ese acompañamiento a las medidas del presidente Nayib Bukele, porque los resultados ahí están. Ahora estamos viviendo en un país totalmente diferente, en un país en paz, en donde la reconstrucción en todos los ámbitos del país ha iniciado”.

El trámite de la reforma constitucional contempla su paso por la plenaria, el estudio en la Comisión Política y una eventual ratificación. Las autoridades esperan que la cadena perpetua pueda aplicarse próximamente a quienes cometan delitos de homicidio, violación o terrorismo, una vez que concluyan los procedimientos legislativos previstos.

Legisladores de la oposición en Bolivia iniciaron el trámite para interpelar a tres ministros de Gobierno sobre la polémica en relación con los billetes que transportaba el avión militar accidentado en El Alto el pasado 27 de febrero.

A poco de cumplirse dos semanas del siniestro, la bancada de Libre —liderada por el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002)— solicitó interpelar a los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Defensa, Marcelo Salinas; y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Es fundamental para el país, para que puedan esclarecer todo el tema de billetes en el siniestro de la ciudad de El Alto”, manifestó la senadora Yomasa Yarhui en una conferencia de prensa. “Esperemos que de verdad vengan estos ministros y le hablen al país y, sobre todo, solucionen todos los temas ocurridos hasta el momento”, agregó.

Yarhui y otros legisladores pidieron al presidente del Senado, el oficialista Diego Ávila, que envíe la solicitud al vicepresidente Edmand Lara, para que convoque al pleno de la Asamblea Legislativa a una sesión de fiscalización.

La iniciativa surge luego de que un avión militar de carga —modelo Lockheed C-130 Hércules— cargado con billetes destinados al Banco Central de Bolivia sufriera un accidente en la ciudad de El Alto, cuando tras el aterrizaje perdió el control de los frenos, se salió de la pista del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida de la ciudad, provocando 24 fallecidos y cerca de 40 heridos.

La aeronave llevaba 17 millones de piezas de billetes de la serie B por un monto superior a los 423 millones de bolivianos (equivalente a unos 60 millones de dólares). Tras el siniestro, varios grupos de personas —entre cinco mil y 15 mil, según la estimación de diversas fuentes— se acercaron a la zona del accidente para sustraer los billetes que quedaron esparcidos en medio de los escombros y los heridos. Las autoridades estiman que el 30% del dinero fue robado y el resto fue incinerado para evitar la aglomeración de personas y continuar con el trabajo de rescate.

En medio de contradicciones entre altas autoridades del Estado sobre la legalidad de los billetes, el Banco Central dispuso anular la serie y numeración de las piezas que estaban en la aeronave para evitar su circulación y habilitó una aplicación digital para que los usuarios verifiquen la validez del dinero antes de realizar una transacción. Esta decisión provocó que choferes y algunos comercios de La Paz rechacen todo tipo de billetes ante la incertidumbre sobre su valor, y se generen filas en el Banco Central de personas que buscan cambiar su dinero por otros cortes o monedas.

En ese marco, además de la interpelación que plantea la bancada de Libre, surgieron otras iniciativas como un proyecto legislativo para autorizar la circulación de los billetes sustraídos al considerar que el monto es poco significativo. “Esto es una calamidad pública para millones de ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver con el hurto y robo de una pequeña cantidad de billetes, comparada con la inmensa masa monetaria de la serie B”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, que impulsa el proyecto de ley.

Por lo pronto, la administración de Rodrigo Paz ha rechazado la propuesta de validar los billetes sustraídos bajo el argumento de que “no se puede legalizar lo robado”. Sin embargo, el ministro de Economía afirmó que la Asamblea es “libre de hacer eso”.

La realidad política y social de El Salvador obliga a los partidos políticos a desarrollar estrategias creativas para enfrentar las elecciones de 2027, marcadas por internas cerradas, ajustes en la representación y un entorno de competencia cada vez más exigente. Así lo destacaron los panelistas de Dialógo 21, de Grupo Megavisión, quienes analizaron las transformaciones internas de los institutos políticos y los retos que plantea el modelo electoral vigente.

De acuerdo con el analista político Vladimir Melara, las circunstancias actuales fuerzan a los partidos a ir más allá de la letra de la ley y de sus propios estatutos. “La situación electoral, la situación interna de los partidos políticos, incluso la situación social, obliga a los partidos políticos a ser creativos”, afirmó Melara en el espacio televisivo. Esta creatividad se traduce en la búsqueda de mecanismos para satisfacer a un electorado exigente y lograr que los procesos internos sean percibidos como legítimos y democráticos.

El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel ángel Cardoza, explicó que la Ley de Partidos Políticos obliga a los institutos a organizar sus internas mediante una Comisión Nacional Electoral, responsable de garantizar elecciones libres, voto directo, igualitario y secreto. El TSE supervisa únicamente el cumplimiento de las normas al recibir las actas finales, sin intervenir en el proceso interno. Según Cardoza, “el Tribunal tiene la obligación de revisar que efectivamente se respeten las reglas que establece”.

Las internas cerradas limitan la participación a los afiliados, una decisión que si bien fortalece la autonomía partidaria, ha generado debates sobre transparencia y representatividad. Melara detalló que en el caso del FMLN, los inconformes pueden recurrir a la Comisión Nacional Electoral y al Tribunal de Ética del partido. Esta estructura interna busca canalizar las disputas, aunque no siempre logra disipar tensiones o evitar el surgimiento de controversias tras el proceso electoral.

El desafío central para los partidos será alcanzar la Asamblea Legislativa, considerada por Melara como el espacio estratégico para los cambios en el país. “La pugna por el Poder Legislativo creo que es el desafío principal de los partidos políticos”, sostuvo el analista. Cardoza agregó que algunos partidos optarán por centrar esfuerzos en concejos municipales o en la elección presidencial, pero la competencia por el legislativo concentrará la mayor atención.

La legislación exige una cuota mínima del 30% de representación femenina en las candidaturas, lo que obliga a los partidos a ajustar sus listas y fortalecer la inclusión. Cardoza subrayó que la logística electoral requiere más de 8,600 juntas receptoras de votos y un número similar de vigilantes, lo que implica una movilización de recursos y personal a nivel nacional.

La eliminación del financiamiento público representa una dificultad adicional. Melara advirtió que, salvo el partido en el gobierno, las fuerzas políticas enfrentan obstáculos para financiar campañas y cubrir la logística electoral. Esta situación obliga a los partidos a buscar nuevas fuentes de recursos y a fortalecer la fiscalización interna para cumplir con las exigencias legales y la supervisión ciudadana.

La presión por cumplir con las leyes, que establecen la obligatoriedad del voto libre, directo, igualitario y secreto, se suma a la necesidad de mostrar apertura democrática. Melara consideró que las controversias forman parte de la normalidad organizativa y estimulan la mejora de los procesos.

La contienda de 2027 estará marcada por la adaptación de los partidos al entorno legal, la creatividad en la captación del electorado y la capacidad para montar una logística eficiente que garantice la transparencia y la legitimidad de las candidaturas.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso más en la discusión de reformas dirigidas a fortalecer el sistema de pensiones del país. La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó positivamente un proyecto de ley que propone trasladar parte del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal al régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se trata del expediente legislativo 27.727, una iniciativa que busca reforzar financieramente el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal sistema público de pensiones del país. La propuesta plantea que el 50% del aporte patronal que hoy se dirige al Banco Popular sea trasladado al IVM, como una medida para fortalecer la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población y las presiones financieras que enfrenta.

El dictamen favorable en comisión no implica la aprobación definitiva del proyecto, pero sí permite que la iniciativa avance al plenario legislativo, donde deberá ser discutida y votada por el conjunto de los diputados.

Un intento por fortalecer el principal régimen de pensiones

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social es el sistema que garantiza las pensiones a la mayoría de trabajadores del sector público y privado en Costa Rica. En los últimos años, expertos y autoridades han advertido sobre los desafíos financieros que enfrenta debido a factores como el aumento de la esperanza de vida, la informalidad laboral y cambios demográficos.

Ante ese escenario, diferentes propuestas legislativas han buscado identificar nuevas fuentes de financiamiento o ajustes en la estructura de aportes para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

El proyecto que avanzó en la comisión legislativa apunta precisamente a redirigir parte de recursos existentes dentro del sistema financiero estatal hacia el fondo de pensiones.

Actualmente, una porción del aporte patronal que realizan los empleadores se destina al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, una entidad pública creada para promover el ahorro y el acceso al crédito para trabajadores. Con la iniciativa, la mitad de ese aporte pasaría a fortalecer el fondo del IVM.

Otros proyectos vinculados a la Caja también avanzaron

Durante la misma sesión, la Comisión de Asuntos Sociales también dictaminó positivamente el expediente 24.701, que busca garantizar el giro de recursos provenientes del impuesto al tabaco y del impuesto a dispositivos electrónicos de administración de nicotina hacia la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según se expuso en la discusión legislativa, estos tributos se han convertido en una fuente relevante de financiamiento para proyectos de salud pública y para el sostenimiento de la seguridad social.

Sin embargo, algunos diputados cuestionaron la forma en que esos recursos se han transferido en los últimos años.

Durante el debate se señaló un supuesto incumplimiento en los traslados de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera de la seguridad social.

De acuerdo con los datos mencionados en la comisión, la recaudación de estos impuestos aumentó entre 2022 y 2023, al pasar de aproximadamente ₡22 millones a ₡27 millones. No obstante, las transferencias realizadas habrían sido menores a los montos recaudados.

Para algunos legisladores, esa situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que garanticen que esos recursos lleguen efectivamente a la Caja.

Debate sobre el uso de impuestos ligados a la nicotina

La discusión también abrió un debate sobre el uso de los recursos provenientes de impuestos a productos de nicotina, en particular los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, conocidos popularmente como vapeadores.

La diputada oficialista Ada Acuña manifestó su oposición al proyecto al señalar que, en su criterio, el país debería priorizar políticas más estrictas para eliminar estos dispositivos, en lugar de utilizarlos como fuente de financiamiento para otros programas.

Según indicó, las estadísticas sanitarias empiezan a mostrar efectos preocupantes en jóvenes, lo que a su juicio exige reforzar la regulación y el control sobre estos productos.

Próximo paso: el debate en el plenario

Tras recibir el dictamen favorable, el proyecto para trasladar parte del aporte patronal al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte deberá ahora superar el debate en el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

De aprobarse, la reforma representaría un cambio en la distribución de recursos dentro del sistema financiero estatal, con el objetivo de reforzar el principal fondo de pensiones del país.

La discusión se produce en un momento en que el futuro del sistema de pensiones se mantiene como uno de los temas centrales del debate económico y social en Costa Rica, debido a las advertencias sobre la necesidad de garantizar su sostenibilidad para las próximas décadas.

El impulso a la micro y pequeña empresa en El Salvador avanza hacia una nueva etapa con la propuesta de reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, actualmente en estudio por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. El objetivo de esta actualización es adaptar el marco legal para fortalecer el desarrollo sostenible e inclusivo de este sector, considerado el verdadero motor de la economía nacional por su impacto en la generación de empleo y la dinamización productiva, según dictaminó la comisión este lunes.

Uno de los datos que genera mayor atención en el debate legislativo es que el 99.6 % de los empresarios en El Salvador son micro y pequeños. Así lo explicó Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), al precisar que solo existen 990 empresas grandes y 2,830 medianas, mientras el país cuenta con más de 17,000 pequeñas empresas, cerca de 290,000 microempresas que emplean entre cuatro y diez personas y 840,000 microempresas con menos de cuatro empleados.

A este escenario se agrega que, según datos del Seguro Social, el 89.5 % de todos los patronos formales activos en 2024 también pertenece a micros y pequeños. Estas cifras han crecido en los años recientes y reflejan una política orientada a fortalecer la base económica del país.

Un elemento central, contemplado en la reforma, es que para calificar a un préstamo de Fideicomiso Especial para la Micro y Pequeña Empresa (FECAMYPE), se exige haber sido rechazado por la banca privada. Para la línea de créditos dirigida a mujeres, destaca la tasa de mora superior a noventa días de solo 0.02 %, frente al 4.5 % en el sector privado. Steiner enfatizó: “sabemos también que las empresas lideradas por mujeres emplean más personas y les pagan mejor”.

Reformas en categorías empresariales

La propuesta de reforma plantea una revisión de las categorías y topes que definen los tamaños empresariales. Para la microempresa, el límite anual de ventas incrementa a aproximadamente USD 220,000 (unos 500 salarios mínimos), manteniendo el máximo de diez empleados. Las pequeñas empresas verán aumentado su tope a casi USD 2.5 millones (5,000 salarios mínimos) y hasta 50 empleados.

Se suman nuevas subcategorías: subsistencia, acumulación y expansión. Un 67 % a 68 % de las microempresas se clasifica como de subsistencia, generando ingresos diarios para cubrir necesidades inmediatas; apenas un 6.6 % se encuentra en expansión y accede con mayor facilidad al crédito. El enfoque es orientar políticas diferenciadas para cada etapa de desarrollo, ya que, en palabras de Steiner, “la gran mayoría de la microempresa es la que le da de comer a la mayoría del salvadoreño”.

Pronta paga y alivio de trámites

La reforma incorpora medidas para garantizar el pago ágil; el artículo de pronta paga obliga a las instituciones públicas a liquidar facturas de micro y pequeñas empresas en menos de 30 días. Si se supera este plazo, corresponde pagar intereses por mora. La cartera de cuentas por pagar de CONAMYPE a la microempresa tiene un promedio de quince días de acuerdo con la práctica actual de la institución.

Dentro de las acciones complementarias se prevé la reducción de tarifas y requisitos para la microempresa. Por ejemplo, el Centro Nacional de Registros (CNR) permite el pago de la mitad del costo usual al inscribir un logo para empresas registradas MYPE, y la Superintendencia de Registro Sanitario (SRS) ofrece estudios gratuitos a quienes no pueden cubrirlos. La reducción de la tramitología busca eliminar la burocracia que desalienta la formalización.

Nueva integración de la junta directiva

En la discusión de comisión se dictaminó retirar de la junta directiva de CONAMYPE a los representantes universitarios. Steiner argumentó que la colaboración con el sector académico es “muy cercana” en la ejecución operativa con quince centros SEDEMIPES (centros de alianzas con universidades) asociados, pero la aportación estratégica ha sido escasa, siendo ahora clave la incorporación del Ministerio de Hacienda para robustecer las políticas de formalización.

Sobre la eliminación de la referencia a “mujeres” y “género” en la ley, Steiner señaló que el 68 % de las empresas en El Salvador están lideradas por mujeres, indicando que el énfasis se pone en fomentar la empresa sin distingos y fortalecer el acceso al crédito para todos, remarcando que la igualdad “debe articularse por ejecución de política pública más que por prescripción en la ley”. Guadalupe Jiménez, directora jurídica de CONAMYPE, aclaró que la reforma “no excluye a las mujeres” y que las áreas de apoyo para la empresarialidad femenina siguen vigentes y en fortalecimiento.

Formalización y acceso al crédito

En la actualidad, el 40 % de la población salvadoreña tiene acceso a servicios bancarios, según la última encuesta de inclusión financiera del Banco Central de Reserva. Steiner observó que si el crédito se mide por empresa y no por persona, el acceso es mucho más bajo, lo que conduce a muchos empresarios pequeños a optar por prestamistas informales.

El desafío para el gobierno y CONAMYPE es demostrar al sector financiero privado que es viable otorgar créditos responsables a la micro y pequeña empresa; así lo respalda la baja morosidad de la línea de crédito para mujeres empresarias. Steiner plantea: “el crecimiento económico solo puede ser sostenible si comienza de abajo para arriba”.

Se espera que la aprobación del dictamen se apruebe en el pleno en la sesión plenaria 101 convocada para este miércoles 11 de marzo por la mañana.

Una pareja de extranjeros celebró obtener la residencia temporal en El Salvador tras un trámite que se resolvió en solo cinco días, destacando la eficiencia institucional y el clima acogedor del país centroamericano. Este rápido proceso, que contrasta con experiencias habituales en otros sistemas migratorios, refleja las recientes reformas legales impulsadas bajo el gobierno de Nayib Bukele y anticipa un escenario de mayor atracción para nuevos residentes e inversionistas internacionales.

La tendencia de crecimiento en la entrega de residencias definitivas alcanzó su punto más alto en los últimos cinco años: en 2025, El Salvador otorgó 1,915 residencias definitivas a ciudadanos latinoamericanos y estadounidenses, lo que representó un incremento del 44,5 % respecto a 2024, cuando se concedieron 1,325. De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión Migratoria de la DGME, la progresión de estos permisos comenzó en 2021 con 905, subió a 1,113 en 2022, 1,277 en 2023 y culminó, tras años de ascenso, en la cifra récord de 2025.

La modificación más relevante ocurrió en mayo de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial de Migración y Extranjería. Se introdujo un nuevo inciso al artículo 152 que permite obtener residencia definitiva a extranjeros que se adhieran a programas promovidos por el Gobierno, sin necesidad de residencia temporal previa y exentos de lo regulado en el artículo 154.

Esta reforma otorga, por primera vez, la posibilidad de que quienes deseen invertir o participar en proyectos gubernamentales salvadoreños obtengan el estatus definitivo sin la obligación de residir previamente en el territorio nacional. Esta apertura normativa ha sido considerada como uno de los factores que coincide directamente con el aumento de nuevas residencias en 2025.

Países con mayor número de beneficiarios y condiciones para aplicar

El mayor número de residencias definitivas otorgadas en 2025 correspondió a ciudadanos de Honduras (487), Nicaragua (462), Guatemala (264), Colombia (141), Estados Unidos (88) y Venezuela (60). Este patrón refleja el interés regional, especialmente de los países vecinos, en los beneficios que ofrece la política migratoria renovada de El Salvador.

Para acceder a la residencia, los requisitos generales incluyen la identificación de la categoría migratoria (laboral, familiar o de inversión), completar el formulario de la DGME, presentar pasaporte vigente, antecedentes penales apostillados y una solvencia policial. Además, se exige documentación que respalde la actividad a realizar y pruebas de ingresos por al menos USD 1,460 en ciertos casos. La lista de documentos también contempla partida de nacimiento apostillada, certificación de salud y comprobante de domicilio en El Salvador.

Dependiendo del motivo de la solicitud, se requieren condiciones adicionales: para residencia laboral, una oferta de empleo de una empresa nacional; para residencia por matrimonio, certificado de enlace y, a veces, prueba de solvencia del cónyuge; para inversores, evidencia documental de los fondos y su origen.

El costo de la residencia temporal por primera vez para no centroamericanos se sitúa cerca de USD 140, aunque este monto puede variar por nacionalidad y tipo de solicitud.

Procedimiento y tiempos para la obtención de residencia

El proceso inicia con la identificación de la categoría migratoria. Luego, el solicitante debe recopilar, apostillar y traducir, en caso necesario, todos los documentos requeridos. Una vez reunidos, se presentan ante la DGME junto con el comprobante de pago de derechos. El carné de residencia temporal, con validez de uno o dos años dependiendo del caso, se entrega en un plazo que suele rondar los 45 días hábiles. Según la DGME, las personas interesadas deben verificar los requisitos específicos según su país de procedencia para completar el trámite sin contratiempos.

La reciente experiencia de extranjeros que han accedido a la residencia temporal fue difundida ampliamente en redes sociales, donde agradecieron el trato recibido y reconocieron la gestión del presidente Nayib Bukele. En palabras de uno de los solicitantes: "El futuro aquí se ve prometedor. Nayib Bukele, lo que estás construyendo se está notando“.

Los cambios legislativos y la agilidad en la gestión migratoria convierten a El Salvador en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan iniciar una nueva etapa en la región.

La presidenta electa Laura Fernández toma distancia de la idea de su asesor sobre bases militares de Estados Unidos en Costa Rica

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, descartó el jueves que la propuesta de su asesor técnico Fabián Silva sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en el país represente una posición oficial de su próximo gobierno.

Fernández destacó que cualquier iniciativa semejante tendría que superar una serie de obstáculos constitucionales y un extenso trámite en la Asamblea Legislativa, ya que Costa Rica abolió su ejército como institución permanente, lo que complica cualquier posible presencia militar extranjera.

En declaraciones al programa Por Tres Razones de la emisora Columbia, la también ministra de la Presidencia aclaró que a pesar de que celebra que se debatan “temas polémicos”, las opiniones emitidas por sus asesores no expresan su postura como mandataria ni corresponden a voces oficiales del gobierno entrante. Fernández subrayó: “Ellos ni son mis voceros, ni están hablando en nombre mío, ni mucho menos”.

La reflexión de la presidenta electa responde a las declaraciones públicas de Silva, quien integra un equipo técnico de cuatro abogados encargado de diseñar reformas legales prometidas durante la campaña electoral.

Silva, en el programa El Octavo Mandamiento del canal ¡Opa!, sugirió ubicar fuerzas armadas estadounidenses en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste con el objetivo de intensificar la lucha antidrogas en el país.

Silva, especialista en Derecho Constitucional, forma parte del reducido grupo legal que trabaja de forma “ad honorem” y voluntaria bajo la coordinación de Fernández.

Los otros miembros del equipo son María Lourdes Echandi, exprocuradora adjunta y especialista en derecho público; Fabián Volio, experto en derecho constitucional; y Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, manifestó recientemente su escepticismo ante la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en territorio costarricense como estrategia para combatir el crimen organizado.

Consultado al respecto por el periódico La Nación, Zamora declaró: “No necesariamente, porque los militares se dedican a otros asuntos y no a la lucha antidrogas”. Agregó sobre la idea presentada por Silva: “Respeto la posición individual. Me parece que es un tema que, en este momento, para siquiera ser considerado, tiene que ser en sede legislativa y pasar por toda una serie de requisitos”.

Zamora puntualizó que la cooperación con fuerzas extranjeras en materia de narcotráfico se concentra esencialmente en agencias como la DEA y el FBI, mientras que la instalación de bases militares no garantiza necesariamente el aumento de la disuasión criminal.

Según Zamora, las “bases policiales sí implican disuasión, y lo estamos logrando con el trabajo conjunto que tenemos con la extradición”. Añadió que “me parece que es una idea sugestiva, provocadora y que abre un debate como el que se ha venido dando en el país sobre ese tema”.

Cualquier proyecto sobre bases militares extranjeras choca con el marco constitucional de Costa Rica

La Constitución Política de Costa Rica prohíbe de manera explícita el mantenimiento de un ejército permanente y exige que tanto el ingreso como la permanencia de tropas extranjeras y naves de guerra sean aprobados por la Asamblea Legislativa, como ocurre actualmente bajo el Convenio de Patrullaje Conjunto.

Este requisito constitucional impone una barrera legal de gran magnitud ante cualquier intento de establecer bases militares extranjeras. Todo proyecto en esa dirección demandaría no solo una discusión legislativa amplia, sino también un debate público profundo sobre la viabilidad y los riesgos del cambio en la política histórica de neutralidad costarricense.

Fernández reiteró su agradecimiento y confianza en el aporte de los cuatro abogados que conforman su equipo: “Ya tuvimos reuniones para ver cómo nos dividimos las tareas y demás, y empezamos el trabajo para las reformas que se impulsarán en el periodo presidencial”, explicó la mandataria electa durante el programa Por Tres Razones según Columbia.

Las presiones del narcotráfico y el crimen organizado mantienen viva la discusión sobre los mecanismos de seguridad internacional en Costa Rica. La propuesta de Silva, aunque desmarcada por múltiples actores políticos, se suma al debate nacional sobre los modelos más efectivos para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia transnacional en la región.

Los diputados de la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que, bajo el expediente 23.908, obligará a las entidades bancarias a devolver el dinero sustraído de las cuentas de usuarios víctimas de estafas electrónicas. La iniciativa responde al aumento exponencial de fraudes informáticos en el país. Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 se registraron más de 13 mil casos, lo que equivale a un promedio de 38 robos diarios. El texto impone la responsabilidad directa sobre bancos y busca agilizar el resarcimiento a los afectados, invirtiendo la carga de la prueba y dejando en manos de las entidades demostrar que actuaron diligentemente.

El proceso legislativo exige a la banca indemnizar usuarios y cambia el trámite de reclamos

La ley aprobada, denominada oficialmente “Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica”, ordena a los bancos públicos y privados indemnizar a las víctimas de fraudes electrónicos siempre que los usuarios interpongan un reclamo y se compruebe el ilícito. La normativa fue respaldada por legisladores de Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, oficialismo e independientes.

El texto introduce una figura clave: la inversión de la carga de la prueba. Ahora serán las entidades quienes deberán probar que cumplieron con la normativa de seguridad emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que sus sistemas no fueron vulnerados. Solo podrán rechazar los reclamos si demuestran autofraude, dolo o transferencias entre cuentas del mismo titular.

El trámite para reclamar es preciso y acotado: los usuarios tendrán 30 días naturales para presentar la denuncia junto con la prueba ante la entidad financiera, que dispondrá de igual plazo para investigar, prorrogable por 10 días hábiles adicionales con notificación previa. Si el banco rechaza el reclamo, deberá justificar su determinación mediante análisis forense, remitir copia a la OIJ y a la Sugef, y notificar al cliente. La Sugef validará en un plazo de 10 días hábiles si la decisión está fundamentada. Si no ratifica el rechazo, el banco deberá reintegrar los fondos o reabrir la cuenta afectada en un plazo máximo de otros 10 días hábiles.

En los casos en que la entidad acepte el reclamo, deberá acreditar los fondos en un máximo de 10 días naturales, eliminar intereses o cargos aplicados por la estafa y devolver los montos con sus intereses. Además, será responsable de eventuales nuevas transacciones no autorizadas que ocurran después del reclamo.

La ley también contempla penas de prisión para quienes simulen ser víctimas con fines de lucro: entre dos meses y tres años si el monto defraudado no supera diez veces el salario base, hasta diez años si lo excede.

Debate legislativo, críticas y votaciones con objeciones explícitas

El respaldo legislativo se dio en medio de un intenso debate en la Asamblea. El diputado del PLN Óscar Izquierdo, autor del proyecto, afirmó durante la sesión que la ley “viene a proteger a los costarricenses contra los fraudes” y a establecer la responsabilidad de los bancos para blindar sus sistemas y evitar delitos. Para Izquierdo, las víctimas ya no tendrán que atravesar el “camino tortuoso” que representaba reclamar ante una estafa electrónica.

No obstante, la iniciativa fue objeto de críticas desde distintas fracciones. Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, solicitó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV por dudas técnicas y sugirió retirar el proyecto para fortalecerlo. La diputada del PUSC Daniela Rojas sostuvo que la ley “abriría un portillo” para nuevas estafas y cuestionó a las instituciones financieras por no controlar fugas de información interna. Pese a sus objeciones, tanto Pacheco como Rojas votaron a favor en segundo debate.

Durante la tramitación, se suprimió un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos por reclamos presentados antes de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, se incluyó un transitorio que permite a quienes estén en trámite de reclamo beneficiarse de la nueva normativa, como confirmó el jefe de bancada liberacionista.

La ley pasa ahora al Poder Ejecutivo para la firma del presidente Rodrigo Chaves y su publicación oficial.

Oposición intensa de la banca y la SUGEF, temor a aumento de fraudes

Las bancas públicas, como Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), anunciaron su renuncia inmediata a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) el 27 de febrero, motivadas por un quiebre de confianza tras el respaldo inicial de la ABC al proyecto.

La ABC, mediante declaraciones posteriores de su asesor económico Rodrigo Cubero, advirtió que el texto supone un “riesgo simplista para el sistema financiero” y podría incrementar la cantidad de fraudes, citando como antecedente la experiencia en Chile: una reforma similar impulsada en 2020 provocó un aumento exponencial de fraudes digitales, lo que forzó una reforma correctiva en 2024 para restringir el principio de responsabilidad automática.

Cubero advirtió: “Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”. Señaló también que la legislación costarricense ya prevé mecanismos para la protección del consumidor financiero y que el sector ha invertido durante años en el fortalecimiento de sistemas de seguridad y campañas de concientización.

La Sugef y otras autoridades técnicas también manifestaron su oposición al proyecto y recomendaron consultas jurídica y técnica adicionales antes de su entrada en vigor.

A partir del 1 de junio, comenzará a regir un nuevo reglamento de la Sugef que exigirá fortalecer los sistemas de prevención y mitigación de fraudes electrónicos, aumentando los requisitos para todas las instituciones financieras.

El gobierno de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de una modificación presupuestaria que implica la transferencia de USD 200.000 dentro del ejercicio fiscal de 2026, con el objetivo de destinar estos fondos al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología para financiar el subsidio a la Asociación para la Promoción Humana. Esta medida permitirá desarrollar un programa de becas cofinanciadas orientado a la formación integral de 376 niños y niñas en situación de vulnerabilidad del departamento de La Libertad, facilitando su acceso a oportunidades educativas y laborales, según se detalla en la correspondencia firmada por Jerson Rogelio Posada, ministro de Hacienda, enviada a la Asamblea Legislativa.

La solicitud fue recibida esta semana en la sesión plenaria cien.

El pedido de modificación presupuestaria parte de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada el 18 de diciembre de 2025, por un monto total de USD 10.555.580.928. De esta cifra, el Ejecutivo solicita que se reasignen USD 200.000 al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología para apoyar el desarrollo de proyectos con socios estratégicos, canalizados mediante la Unidad Presupuestaria 08 Apoyo a Otras Instituciones.

La propuesta, remitida por iniciativa del presidente a través del ministro de Hacienda, señala la necesidad de garantizar el acceso a la educación para niños y niñas de comunidades de escasos recursos de La Libertad. El objetivo es asegurar la continuidad educativa tras finalizar el sexto grado en escuelas públicas de la región, así como mejorar condiciones para la inserción laboral de los beneficiarios y, en consecuencia, su calidad de vida.

La Asociación para la Promoción Humana, entidad privada sin fines de lucro de carácter educativo y social, será la encargada de ejecutar el proyecto de becas cofinanciadas. De acuerdo con la solicitud oficial, estos recursos permitirán implementar el programa dirigido específicamente a 376 estudiantes en situación de vulnerabilidad que concluyen el sexto grado en centros educativos públicos del departamento de La Libertad.

El documento enviado a la Asamblea Legislativa indica que la asignación se integrará al “propósito correspondiente” y a la “Línea de Trabajo 01 Programas Educativos a través de Socios Estratégicos”, lo que incrementa el presupuesto asignado a entidades colaboradoras dentro del marco estatal.

Condiciones y detalles técnicos

El subsidio se otorgaría con cargo al Fondo General, bajo la modalidad de transferencia entre las partidas del Ramo de Hacienda y el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para responder a necesidades identificadas en el área. Esta dinámica presupuestaria sigue la política de apoyar intervenciones en alianza con instituciones de la sociedad civil, como la Asociación para la Promoción Humana, que prestan servicios gratuitos orientados al desarrollo humano y educativo en sectores con alta incidencia de vulnerabilidad.

El espíritu de la iniciativa, señala la correspondencia del ministro Posada, es “que la Asociación para la Promoción Humana pueda disponer de los recursos para la ejecución del proyecto antes descrito”. Esta intervención se articula en el contexto de la ley vigente y ofrece un mecanismo de solución inmediata para atender la demanda educativa en el departamento de La Libertad a partir del ejercicio fiscal 2026.

La propuesta podría ser estudiada por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto citada para reunirse este lunes 9 por la mañana.

Las asociaciones de cuidados paliativos que operan con menores recursos en Costa Rica recibirán un impulso financiero fundamental si prospera una iniciativa legislativa tramitada en la Asamblea Legislativa.

El proyecto busca, por primera vez, que el 20% de las utilidades obtenidas por la Junta de Protección Social (JPS) en la venta de loterías electrónicas se destine específicamente a asociaciones con presupuestos inferiores a 80.000 Unidades de Desarrollo Escalonado (UDES) del Banco Central de Costa Rica, reforzando su capacidad para sostener servicios esenciales destinados a personas con enfermedades avanzadas.

Esta modificación legal responde directamente a la disminución de recursos derivada de la baja en la venta de “raspaditas”, un escenario que amenaza la continuidad del acompañamiento clínico y social que brindan estos grupos, como lo consigna el texto presentado por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio y otros legisladores.

El financiamiento de las asociaciones de cuidados paliativos queda en riesgo tras la caída en ventas de loterías instantáneas

En palabras de las organizaciones afectadas, la reciente reducción en los aportes provenientes de la JPS, consecuencia directa del descenso en la comercialización de loterías instantáneas, ha tenido un efecto negativo alarmante en la operación diaria. Las asociaciones advierten que durante el año en curso “esta reducción implica serias dificultades financieras para brindar los servicios que requieren las personas atendidas”, una situación que pone en entredicho la cobertura para pacientes en condiciones avanzadas y sus familias.

Hasta ahora, la estructura de financiamiento establecida por la Ley 8718 determinaba que el 50 % de las utilidades netas obtenidas por la Junta de Protección Social a partir de loterías instantáneas debía distribuirse directamente a fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o control del dolor.

Tales entidades, además de estar conformadas como organizaciones sin fines de lucro e inscritas en el Registro Nacional, requieren cumplir estándares de calidad y someterse a fiscalizaciones periódicas, incluyendo la presentación de una liquidación semestral de los fondos recibidos.

Un alto porcentaje de estas asociaciones cuentan con certificaciones de servicios de cuidados paliativos por parte del Ministerio de Salud, la mayoría bajo la calificación de “Aprobación con Excelencia”, según recoge el argumento de exposición de motivos del proyecto legislativo. Además, poseen la declaratoria de idoneidad y utilidad pública emitida por el Ministerio de Justicia y Paz.

El nuevo esquema financiero propone criterios más favorables para organizaciones con menor presupuesto

El proyecto de ley introduce una modificación puntual al artículo 14 de la Ley 8718, con el objetivo de regular el “importe del plan de premios en la lotería electrónica” y su impacto en las asociaciones más vulnerables. Según el texto sometido, los recursos asignados se destinarán exclusivamente a cubrir “las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”, segmentando la asignación a favor de las clínicas con presupuestos más limitados.

Específicamente, el artículo dispone: “De las utilidades obtenidas del plan de premios en la lotería electrónica, se distribuirá un 20 % a las asociaciones clínicas de cuidados paliativos con presupuestos inferiores a 80.000 UDES del Banco Central de Costa Rica y el uso de estos recursos se destinará, en su totalidad, para la atención de las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”.

El diseño de este nuevo esquema intenta garantizar la viabilidad financiera de asociaciones que, de no contar con respaldo adicional, podrían ver comprometida la atención directa a personas en etapa terminal, lo cual tendría un impacto inmediato sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que enfrentaría una demanda considerablemente mayor.

Los promotores de la iniciativa recalcan que el trabajo realizado por estas asociaciones es sostenido por voluntarios y personal ad honorem, quienes cumplen un rol fundamental en el sistema de salud al ofrecer acompañamiento integral a pacientes y familias, especialmente cuando el sector público enfrenta limitaciones presupuestarias.

El proyecto ya fue presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su análisis y eventual aprobación.

Según explicó la diputada Dania Hernández ante la Asamblea Legislativa, la permanencia del artículo 10 de la Ley de Bancos desde 1999 representaba una barrera para el ingreso de nuevos actores financieros y para la integración de tecnologías innovadoras al sistema local. Hernández expresó que la derogación busca abrir el sector a nuevas oportunidades y facilitar la llegada de inversiones extranjeras, promoviendo mayores posibilidades para la población salvadoreña dentro del ámbito financiero.

La Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió, con 56 votos a favor, eliminar el artículo 10 de la mencionada ley, eliminando así las restricciones existentes sobre la propiedad extranjera en bancos. Según detalló el medio, esta decisión revoca la regulación que establecía que el 51% de las acciones bancarias debía encontrarse en manos de accionistas naturales o jurídicos de El Salvador o Centroamérica. Esta normativa, vigente durante 27 años, limitaba la participación directa de capital internacional y restringía la composición accionaria de las entidades salvadoreñas.

De acuerdo con la información publicada, los parlamentarios defendieron la medida argumentando que permitirá el acceso de nuevos capitales e inversiones al país y fomentará una mayor competencia entre intermediarios financieros. Con la derogación, autoridades esperan atraer a inversionistas de otras regiones y facilitar el establecimiento de bancos con participación extranjera, lo que, según los diputados, podría traducirse en un sistema más robusto y diversificado.

El medio señaló que el debate en la Asamblea subrayó la importancia de ajustar el marco legal para adaptarse a dinámicas globales y a necesidades del mercado salvadoreño. Los impulsores del cambio sostienen que brindar libertad a la entrada de capital foráneo fortalecerá la estructura financiera y creará mejores condiciones para el acceso al crédito, la bancarización y la digitalización de servicios.

La eliminación de restricciones, según manifestaron los legisladores citados por la misma fuente, busca generar un entorno más competitivo y dinámico en la economía salvadoreña. Destacaron que la apertura permitiría no solo la llegada de nuevas inversiones, sino también la posibilidad de implementar avances tecnológicos en la industria bancaria, aspectos que consideran claves para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

El Salvador, con esta medida, aspira a posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en el sector financiero, alentando a fondos e instituciones que antes encontraban trabas regulatorias. La Asamblea Legislativa argumentó que la existencia del artículo 10 ya no responde a las condiciones actuales del mercado ni a la visión de desarrollo económico planteada para los siguientes años.

Tal como publicó la fuente, la reforma impone la necesidad de actualizar otras normas relacionadas con la supervisión y el resguardo de la estabilidad financiera, aunque no se detallaron modificaciones específicas en otras regulaciones pendientes. Las autoridades legislativas señalaron su compromiso de continuar revisando el marco legal para mantener la confianza y la transparencia en el sector.

La derogación del artículo 10 marca un cambio relevante en la política financiera salvadoreña, concluyó la diputada Hernández durante su intervención, al reiterar que la modificación atiende a la demanda de nuevas condiciones para el crecimiento y la transformación de los servicios bancarios en el país.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador impulsa la incorporación de USD 580.849 en el Presupuesto General del Estado 2026 para reforzar el proyecto de construcción y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República. La medida requiere la modificación de la Ley de Presupuesto vigente con el objetivo de garantizar el equipamiento y suministro de mobiliario en el nuevo complejo institucional, en el marco de la ejecución de inversiones financiadas mediante préstamos multilaterales.

La solicitud de Hacienda fue recibida por el pleno de la Asamblea Legislativa este miércoles en la sesión plenaria número 100. Según la solicitud este refuerzo presupuestario se suma a la cantidad ya programada para el mismo ejercicio 2026, la cual asciende a USD 2.084.320. En conjunto, la dotación disponible para el Proyecto de Inversión 6093, orientado a la construcción, equipamiento y modernización de la sede central de la Fiscalía General de la República, alcanzaría los USD 2.665.169 para el año fiscal mencionado.

De acuerdo con la justificación emitida por el gobierno central, el origen de estos fondos está vinculado al Préstamo No. 2146 firmado entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 10 de febrero de 2015. El contrato original, ratificado por Decreto Legislativo en abril de 2015, contemplaba un monto total de USD 44.887.500 destinado exclusivamente a financiar la infraestructura central de la Fiscalía General.

Hasta la fecha, la ejecución acumulada del préstamo ha sumado USD 42.222.331, mientras que la programación vigente a inicios del ejercicio actual se situaba en USD 2.084.320. El saldo disponible por aplicar corresponde a los USD 580.849 cuya incorporación presupuestaria se tramita en la presente petición.

La propuesta detalla que la modificación afecta tanto los ingresos como los gastos consignados en la Ley de Presupuesto: primero, se incrementan los recursos provenientes de endeudamiento público a través de la cuenta específica para la contratación de empréstitos externos de organismos multilaterales; posteriormente, se refuerza la asignación dentro de la unidad presupuestaria dedicada a infraestructura física del organismo fiscal, en la línea de trabajo de construcción, equipamiento y modernización.

El planteamiento presentado responde a la necesidad de que la Fiscalía General de la República disponga del crédito presupuestario necesario para avanzar en la adquisición de mobiliario y equipo requerido para el funcionamiento del nuevo complejo.

Instituto Especializado de Educación Superior de la FGR

La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de febrero, con 60 votos, la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), una medida que busca fortalecer la preparación académica del personal del Ministerio Público.

Este nuevo instituto anuncia como proyecto principal la primera maestría en investigación criminal en Centroamérica y el Caribe, con la intención de formar profesionales altamente especializados que impacten positivamente en la calidad de las investigaciones y la gestión de justicia.

Además de la maestría, la iniciativa contempla programas actualizados en ciencias jurídicas, forenses y criminología, orientados a la modernización y profesionalización del capital humano encargado de enfrentar delitos cada vez más complejos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos, que exigía que al menos el 51% de las acciones de los bancos nacionales estuvieran en manos de salvadoreños o centroamericanos. Esta reforma, adoptada con 56 votos (de 60) durante la sesión plenaria número cien, busca eliminar obstáculos a la inversión extranjera, facilitar la entrada de capitales internacionales al sector y diversificar la oferta de crédito en el país.

La determinación parlamentaria se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por los diputados para “fomentar la gobernabilidad” con el Ejecutivo y asegurar mejores condiciones para la población. Con el cambio normativo, el mercado financiero salvadoreño queda abierto a la llegada de nuevos fondos internacionales, con el objetivo de incrementar la competencia financiera y responder a las necesidades de inversión.

Antes de la reforma, la legislación vigente desde 1999 establecía que el 51% de las acciones de los bancos debía pertenecer a personas naturales de El Salvador o de países centroamericanos, así como a bancos de la región o inversionistas extranjeros que cumplieran requisitos de regulación prudencial y clasificación de riesgo internacionalmente reconocida. La norma también exigía que, en el caso de bancos con capital extranjero, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) suscribiera acuerdos con las entidades matrices para garantizar la supervisión coordinada del sistema.

La derogatoria del artículo 10 elimina estas condiciones y, según los diputados que respaldaron el decreto, permite acceder a nuevos capitales y tecnologías que podrían traer beneficios directos tanto a las instituciones como a los usuarios del sistema bancario. La bancada legislativa mayoritaria de Nuevas Ideas destaca la posibilidad de ampliar la gama de productos y fuentes de acceso al crédito, así como mejorar la calidad de los servicios.

La diputada Dania Hernández expresó durante el debate: “Han pasado veintisiete años de haberse aprobado la Ley de Bancos y por eso es necesario una derogatoria del artículo 10, porque esa es una barrera que nos limita a traer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero”.

González subrayó durante su intervención que la reforma no afecta las competencias regulatorias vigentes: “No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”.

Con la nueva legislación, los requisitos regulatorios para la operación de nuevas instituciones bancarias quedan preservados en el artículo 11 de la Ley de Bancos, que continúa vigente. La diputada González resaltó que hasta ahora “al menos el 55% de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y afirmó que la reforma elimina obstáculos administrativos que impedían al país atraer a “nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

Otra aprobación hecha este miércoles por el pleno fue para que El Salvador tenga un mayor control aduanero para frenar la importación de productos vinculados a trabajo forzoso, explotación infantil y otras formas de explotación laboral en la cadena de suministro, a través de una reforma legal que fortalecería la fiscalización y sanción de estas prácticas.

El intento de eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes de Costa Rica fue bloqueado en la Asamblea Legislativa, tras una ajustada votación que impidió darle prioridad al debate de la iniciativa del Frente Amplio. Con 20 votos a favor y 21 en contra, la moción para agilizar el trámite del expediente 24,793 no alcanzó el respaldo necesario, posponiendo la discusión y dejando en el limbo la posibilidad de una reforma inmediata.

Solo siete expresidentes, una exprimera dama y dos causahabientes perciben esta pensión

Actualmente, siete expresidentes, una ex primera dama y dos causahabientes reciben este beneficio, hecho que la diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana, defendió resaltando el carácter de derecho adquirido que ampara a los actuales beneficiarios. La propuesta legislativa busca derogar el capítulo III del Régimen de Pensiones de Expresidentes de la República. Su aprobación afectaría tanto a quienes ocupen la Presidencia en el futuro como a quienes la ejercieran en el pasado, aunque el propio proyecto reconoce que los derechos adquiridos no pueden eliminarse con retroactividad, lo que blindaría a quienes ya disfrutan de la prestación.

El expediente también contempla disposiciones estrictas para el cobro: exige que los beneficiarios demuestren ingresos por debajo de tres salarios base (₡1,386,600) ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional. De superar este umbral, la persona perdería la pensión. Además, si el ingreso mensual del expresidente o beneficiario supera el doble del promedio nacional de ingresos familiares, la responsabilidad de reportarlo, y así suspender de inmediato el beneficio, recae en el propio beneficiario.

Apoyo dividido y argumentos cruzados en el Plenario Legislativo

El impulso por darle vía rápida al expediente fue liderado por Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, quien defendió la reforma señalando: “Eliminemos las pensiones de expresidentes, es una pensión de lujo. Si la definición que se utiliza para una pensión de lujo es una para la que no se ha aportado, esta es la mejor ejemplificación (…) Estos son vestigios monárquicos, de privilegios, de quienes se creen nobleza”.

El respaldo a la moción provino de toda la bancada del Frente Amplio, la mayoría de Liberación Nacional (PLN), integrantes del PUSC y legisladoras independientes como Gloria Navas y Kattia Cambronero. Votaron en contra el oficialismo, los bloques de Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP), la mayoría del PUSC, y los congresistas verdiblancos Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez.

La diputada Pilar Cisneros, jefa oficialista, cuestionó el momento de la moción e indicó que solo apoyará eliminar las pensiones de lujo si se abarcan todos los regímenes especiales, y no únicamente el de expresidentes: “Estamos en contra de las pensiones de lujo, pero las cosas hay que hacerlas bien y si les vamos a quitar las pensiones al presidente de ahora y a la que viene, se las vamos a quitar a los demás”.

El futuro de la reforma queda en manos del próximo Congreso

La derrota de la moción significa que el expediente 24,793 continuará su trámite en comisión, siguiendo la vía ordinaria. Esto implica que, salvo un cambio en la correlación de fuerzas, el debate probablemente quedará en manos del nuevo Congreso, en el que el oficialismo tendrá la mayoría. Las posiciones enfrentadas expresadas en el Plenario dejan en evidencia la complejidad del tema y la dificultad para alcanzar el mínimo de 38 votos requeridos para reformar el régimen de pensiones de los máximos exmandatarios del país.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, expresó Petri en una entrevista con TN, en relación a la actitud que tuvo Villarruel durante el discurso: en varias oportunidades, tomó su celular y contestó mensajes detrás del mandatario.

El legislador apuntó a la Vicepresidenta por su postura frente al oficialismo y la acusó de actuar en favor de la oposición en momentos clave del debate parlamentario.

“Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”, arremetió y repasó uno de los momentos álgidos de la ceremonia. “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Mientras Petri se explayaba, Villarruel le contestaba a través de X. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, cuestionó. Seguidamente, completó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", cerró.

Por su parte, el diputado mendocino insistió en que “si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”. Para él, la Vicepresidenta “fue funcional a la oposición”.

En este sentido, no dudó en asegurar: “Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”. Y consideró que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas".

En otra serie de mensajes, Villarruel señaló: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas”. Y completó con una respuesta a un usuario en X: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

Minutos más tarde, continuó con su descargo: “El que calla mientras un presidente acusa solo ejerce respeto. No es el ámbito de contradecir a nadie. Creo en la libertad y en que cada uno piense y diga lo que quiera, pero que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política y yo no represento el pasado”.

En otro intercambio, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”.

La relación entre Milei y su vice está completamente rota. De hecho, esto quedó en evidencia durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Todo comenzó con un frío saludo en la puerta de acceso al edificio entre ambos, lo que posteriormente terminó con un elocuente gesto por parte de Milei hacia Victoria Villarruel quien permanecía sentada detrás de él, durante el discurso.

En su alocución, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y planteó que esto derivó en “un ataque sin precedentes” contra la gestión. “Tomó su punto más álgido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, dijo en alusión a su vice.

El mandatario no limitó sus acusaciones a la interna oficialista. De hecho, apuntó directamente contra el Congreso, a quien atribuyó la sanción de “leyes irresponsables”, y a sectores empresarios que, en su visión, “apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”.

“Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto”, afirmó el presidente.

El discurso de apertura de las sesiones ordinarias. que el presidente Javier Milei pronunció este domingo en el Congreso de la Nación, estuvo cargado de acusaciones contra sectores de la oposición y empresarios, incluso contra Victoria Villarruel cuando habló de quienes soñaban con ocupar “el sillón de Rivadavia”. En este contexto, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a los cuestionamientos contra la Vicepresidenta, lo que motivó la respuesta de la titular del Senado en las redes.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, expresó el ex mininistro de Defensa de la Nación en una entrevista con TN al referir a la actitud que tuvo Villarruel durante el discurso: en varias oportunidades, tomó su celular y contestó mensajes detrás del mandatario.

El legislador apuntó a la Vicepresidenta por su postura frente al oficialismo y la acusó de actuar en favor de la oposición en momentos clave del debate parlamentario.

“Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”, arremetió y repasó uno de los momentos álgidos de la ceremonia. “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Mientras Petri se explayaba, Villarruel le contestaba a través de X. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, cuestionó. Seguidamente, completó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", cerró.

Por su parte, el diputado mendocino insistió en que “si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”. Para él, la Vicepresidenta “fue funcional a la oposición”.

En este sentido, no dudó en asegurar: “Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”. Y consideró que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas".

La relación entre Milei y su vice está completamente rota. De hecho, esto quedó en evidencia durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Todo comenzó con un frío saludo en la puerta de acceso al edificio entre ambos, lo que posteriormente terminó con un elocuente gesto por parte de Milei hacia Victoria Villarruel quien permanecía sentada detras de él, durante el discurso.

En su alocución, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y planteó que esto derivó en “un ataque sin precedentes” contra la gestión. “Tomó su punto más algido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, dijo en alusión a su vice.

El mandatario no limitó sus acusaciones a la interna oficialista. De hecho, apuntó directamente contra el Congreso, a quien atribuyó la sanción de “leyes irresponsables”, y a sectores empresarios que, en su visión, “apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”.

“Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto”, afirmó el presidente.

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero USD 92.32 millones, elevando el total acumulado a más de USD 11,333 millones, impulsado por la emisión de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El crecimiento de la deuda refleja la presión estructural sobre el sistema de jubilaciones y ocurre en momentos en los que hay una alta expectativa ante una inminente reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del BCR, la deuda creció desde los USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 hasta los USD 11,333.45 millones en enero de 2026. Sin embargo, comparada con el mismo mes del año anterior, cuando se situaba en USD 10,572.40 millones, la cifra representa un incremento de USD 761.05 millones o un 7.2%.

El ISP es responsable de emitir los títulos con los que el Estado financia el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022.

El Estado emite dos tipos de títulos: COP y CFT

La principal deuda corresponde a dos tipos de instrumentos. Por un lado, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) acumulan actualmente USD 2,939.26 millones. Estos títulos son adquiridos obligatoriamente por las administradoras de fondos de pensiones (AFP privadas) y se canalizan al pago de los pensionados del sistema previo a la reforma.

A esto se suman USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Tras una reforma aprobada a fines de 2022 por la Asamblea Legislativa, estos instrumentos dejaron de pagar tanto capital como intereses por cuatro años. Dicho período de gracia se vence el próximo año y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB (Producto Interno Bruto).

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, tras esta reforma, el 89% de los activos gestionados por las AFP —que en 2024 alcanzaron USD 14,900 millones— están invertidos en “títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, indica una nota de la agencia EFE.

El FMI advierte sobre el uso del fondo solidario para pagar pensiones

El organismo internacional subrayó que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a realizarse usando recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que respalda a los afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual.

El Fondo Monetario advirtió que este mecanismo refuerza la dependencia del sistema privado hacia los títulos de deuda pública y expone a los afiliados si los recursos comunes se agotan.

Los afiliados y jubilados salvadoreños esperan una nueva reforma del sistema previsional, una medida acordada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el Fondo Monetario Internacional. El plazo para presentar esta propuesta venció el 10 de febrero.

Con la actividad parlamentaria ya en marcha luego de la apertura oficial de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei planea definir esta semana cuáles serán las próximas reformas que enviará al Congreso del paquete de cerca de 90 proyectos que pidió que le preparen, tras lo cual retomará las negociaciones con los gobernadores.

El propio mandatario nacional confirmó que le solicitó a todos los Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas, las cuales se van a sumar a las que elaboró el Consejo de Mayo y a las que quedaron pendientes del verano.

En el primer día de trabajo formal en el recinto, el Senado le envió a la Cámara de Diputados el texto que establece modificaciones a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción.

Esta seria una de los debates iniciales en este periodo de ordinarias, ya que se viene discutiendo desde diciembre pasado, aunque todavía no hay fecha para su tratamiento, según anticiparon a Infobae fuentes del bloque de La Libertad Avanza.

En el objetivo de planificar la estrategia estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo para las reformas, como lo hizo en la previa de las últimas votaciones.

“La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias”, comentaron desde su entorno.

Por otra parte, según pudo relevar este medio, hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el Presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente, por lo que solo falta la redacción.

El mandatario no les puso una fecha límite para que cumplan con esta tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

Asimismo, están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Manuel Adorni-.

Este cuerpo estuvo compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.

Entre otros puntos, esta mesa impulsó una Ley de Libertad Educativa, que promueve cambios en la organización y funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario.

También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El listado incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política, destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos y eliminar las PASO, y del Código Penal, que amplía la cantidad de artículos, introduce delitos específicos y endurece penas para corrupción y terrorismo

En tanto, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente lo referido a las normas que se tienen que adaptar para cumplir con los puntos con los que la Argentina se comprometió.

Una de las prioridades es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso que figura entre las condiciones del convenio bilateral y que el Gobierno prometió aprobar en el Congreso antes del 30 de abril de este año.

Otro eje en ese Ministerio involucra la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país.

El temario incluye, además, modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica, así como una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

De manera paralela, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

El tratamiento de la reforma al Código Penal está a cargo de la senadora Bullrich, quien deberá definir el esquema de debate para un texto que supera los 900 artículos y apunta a endurecer las penas e introducir nuevas figuras delictivas.

Finalmente, la agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, Milei anunció que enviará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”.

Entre los puntos destacados figura la propuesta para instaurar el juicio por jurados en el fuero federal, tal como ya había sido planteado en el debate sobre la Ley Bases.