La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su mandato este 8 de mayo firmando tres decretos ejecutivos clave durante su primer Consejo de Gobierno, formalizando así el comienzo de su administración, que se extenderá hasta 2030. Estas primeras acciones, anunciadas en una ceremonia pública en el Estadio Nacional de San José, buscan marcar un punto de inflexión tanto en la política penitenciaria como en la agenda legislativa bajo control estatal.

Un elemento distintivo de este conjunto de decretos es el nuevo reglamento carcelario que establece que “el año carcelario es de 360 días”, una reforma que elimina la modalidad anterior en la que el cómputo se realizaba en ocho meses, y que según Fernández no dejará “espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad”. Con este cambio, las autoridades judiciales verán acotada su discrecionalidad para anticipar la liberación de personas privadas de libertad, una medida que la mandataria justificó como respuesta directa al crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico: “No los queremos en Costa Rica, y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico”, afirmó Fernández.

El nuevo régimen penitenciario y su impacto

El decreto que redefine el año carcelario se convierte en la directriz más estricta en materia de política criminal de los últimos años. El texto elimina la posibilidad de que los jueces reduzcan el cómputo anual de la pena a ochos meses, como permitía la interpretación vigente hasta este cambio. “Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses el año”, declaró Fernández durante la presentación pública del decreto, enfatizando la intención de fortalecer el sistema de justicia penal.

La medida forma parte de una estrategia para disuadir a redes de criminalidad organizada y limitar los beneficios penitenciarios, buscando restaurar la confianza en el aparato judicial. La presidenta insistió en que “a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”, reforzando así la literalidad del cumplimiento de condenas como efecto disuasivo ante delitos de alto impacto.

Reorganización del Poder Ejecutivo y agenda legislativa controlada

El primer decreto de la jornada regula la nueva estructura del Poder Ejecutivo, delimitando las funciones de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. Entre los puntos abordados figura la distribución de competencias sectoriales, desde Ambiente y Educación hasta Seguridad y sus respectivas instituciones. Fernández busca establecer “cómo se integrarán los distintos sectores y qué instituciones los conformarán”, sentando así las bases para una gestión gubernamental más jerarquizada.

El tercer decreto corresponde a la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mediante el cual el Gobierno toma el control de la agenda legislativa durante tres meses en comisiones y plenario, algo permitido en periodos de transición y que otorga a la presidenta la facultad de priorizar iniciativas estratégicas. Fernández expresó su entusiasmo particular por esta medida, ya que incluirá proyectos que, en su opinión, fueron bloqueados por “mezquindad política” durante la administración previa. Entre las propuestas convocadas se encuentran la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, la aprobación del megaproyecto Ciudad Gobierno, y la explotación minera de Crucitas. Todas fueron impulsadas sin éxito por Rodrigo Chaves Robles —exmandatario hoy juramentado como ministro de la Presidencia y designado como enlace directo entre Congreso y Casa Presidencial— y requieren mayoría simple (29 votos) para su aprobación.

La presidenta anunció que “los proyectos que no fueron aprobados en los últimos cuatro años, a partir de hoy quedan convocados a la Asamblea Legislativa”. El paquete legislativo recupera discusiones que fracasaron en el Congreso anterior, en ocasiones señaladas como inviables o contrarias a la Constitución, abriendo un nuevo escenario político bajo el liderazgo de Fernández.

En una ceremonia marcada por el simbolismo democrático y la continuidad institucional, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, ofreció un discurso cargado de respaldo político hacia Laura Fernández Delgado durante el acto oficial de traspaso de poderes presidenciales en Costa Rica.

Desde el inicio de su intervención, Jiménez subrayó el valor histórico y republicano de la transmisión pacífica del poder, calificándola como uno de los actos “más solemnes y significativos” de la vida democrática costarricense. Frente a representantes de los Supremos Poderes, autoridades religiosas, ministros, diputados e invitados especiales, la jerarca legislativa destacó la estabilidad institucional del país y la continuidad del orden constitucional como pilares fundamentales de la democracia nacional.

“Hoy los costarricenses se reúnen en uno de los actos más solemnes y significativos de nuestra vida republicana: la transmisión pacífica del poder, la reafirmación de nuestra democracia y la continuidad institucional que ha distinguido nuestra nación ante el mundo”, expresó Jiménez en el arranque de su mensaje.

La presidenta del Congreso aprovechó la ocasión para reconocer la gestión saliente encabezada por Rodrigo Chaves Robles, señalando que asumió el Gobierno en un momento “particularmente complejo”, marcado por incertidumbre económica, desconfianza institucional y demandas ciudadanas de cambio profundo.

Sin embargo, el eje central del discurso estuvo dirigido hacia la figura de Laura Fernández, a quien presentó como la continuidad de una nueva forma de gobernar respaldada por la mayoría de los costarricenses.

“Su investidura marca el inicio de una etapa que nace de la esperanza, de la confianza renovada y de una ciudadanía que ha decidido continuar avanzando”, afirmó Jiménez, quien además describió el resultado electoral como la consolidación de una transformación institucional y política en el país.

En uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia, la presidenta legislativa aseguró que Fernández no solo ganó una elección presidencial, sino también “el corazón palpitante de un pueblo” que cree posible impulsar desarrollo económico sin abandonar a los sectores más vulnerables.

“Ese respaldo es significativo y de gran profundidad”, enfatizó.

Durante su discurso, Jiménez insistió en que la nueva presidenta recibe una responsabilidad histórica: ampliar el camino hacia el futuro y continuar con una ruta de cambios iniciada en los últimos años mediante “decisiones firmes”, “resultados concretos” y una visión de Estado que, según dijo, rompió inercias históricas que limitaban el desarrollo del país.

Además de resaltar la preparación técnica y experiencia de Laura Fernández en la gestión pública, la titular del Congreso enumeró las expectativas que, a su juicio, tiene la ciudadanía sobre la nueva administración: serenidad ante las críticas, integridad frente a las tentaciones del poder y sensibilidad hacia quienes durante años se sintieron excluidos.

“El pueblo espera que usted continúe gobernando para quienes más lo necesitan”, manifestó.

Jiménez también hizo referencia a las prácticas políticas del pasado, al señalar que otros sectores sucumbieron “sin medir el daño que causaron” al bienestar colectivo. Aunque no mencionó nombres ni agrupaciones específicas, sus declaraciones fueron interpretadas como una defensa del modelo político impulsado por el oficialismo durante los últimos años.

La presidenta legislativa calificó a Laura Fernández como “la persona correcta para recibir este legado” y aseguró que el país vive actualmente “una distinta forma de ejercer el poder con resultados, cercanía y responsabilidad con las personas”.

En la parte final de su mensaje, Yara Jiménez dirigió un llamado directo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Afirmó que el resultado electoral obliga al Congreso a actuar con “coherencia y responsabilidad”, dejando atrás “discusiones infundadas” que han frenado el avance nacional.

“Nos corresponde convertir el debate en soluciones y en ideas que se transformen en leyes que impulsen el desarrollo nacional”, declaró.

Asimismo, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de trabajar junto al Ejecutivo en un marco de respeto institucional, diálogo y equilibrio entre poderes, insistiendo en que la coordinación resulta indispensable cuando está en juego el interés nacional.

“Costa Rica clama por resultados concretos basados en el diálogo franco y constructivo”, señaló.

La intervención cerró con un tono optimista y profundamente simbólico. Jiménez aseguró que Costa Rica inicia una nueva etapa sin partir de cero, sino construyendo sobre avances reales y aprendizajes acumulados, respaldados por una ciudadanía que decidió confiar nuevamente en un proyecto político orientado a hacer las cosas “de una manera distinta”.

“Que el norte de esta administración sea servir con integridad y transformar con hechos la vida de todas las personas”, concluyó.

El discurso fue recibido con aplausos en distintos momentos y marcó uno de los mensajes políticos más contundentes de la jornada de traspaso de poderes, consolidando públicamente el respaldo institucional de la Asamblea Legislativa hacia el nuevo Gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la ratificación de una reforma constitucional que posibilita la creación de una circunscripción electoral exclusiva para los salvadoreños en el exterior, con lo cual este sector de la población podrá elegir de manera directa a sus representantes en el Órgano Legislativo.

La votación obtuvo un respaldo mayoritario y marca un cambio en la forma de representación política para la diáspora, estimada en más de tres millones de ciudadanos.

De acuerdo con la discusión de los parlamentarios, la reforma modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución, de modo que se establece que las circunscripciones electorales se definirán tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Hasta ahora, los votos emitidos fuera del país no contaban con una circunscripción propia ni con diputados que representaran de manera exclusiva a los salvadoreños residentes fuera de las fronteras nacionales.

Cristian Guevara, diputado del partido Nuevas Ideas, explicó ante el pleno que la reforma implica que, además de las catorce circunscripciones actuales, se sumará una número quince, destinada específicamente a la diáspora.

“Así como actualmente hay catorce circunscripciones y los salvadoreños pueden escoger por cualquiera de esas circunscripciones, estamos discutiendo la posibilidad de crear una nueva circunscripción, la número quince, para que representen a los salvadoreños que viven en el exterior. Esta es la única discusión que estamos teniendo hoy, es decir, darle la posibilidad a los salvadoreños del exterior que tengan sus propios candidatos y que estos voten por ellos”, explicó.

Según los datos presentados durante la sesión, más de 950,000 salvadoreños poseen su domicilio registrado fuera del país, lo que evidencia la magnitud de la comunidad en el exterior.

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, destacó la relevancia del cambio y solicitó la votación para ratificar el acuerdo de reforma constitucional número siete, aprobado por el pleno.

Durante la discusión, la diputada Alexia Rivas, también de Nuevas Ideas, dio lectura al dictamen favorable y subrayó que la propuesta responde a la necesidad de garantizar representación efectiva y cumplimiento del principio de igualdad del voto.

“De ellos, más de novecientos cincuenta mil tienen domicilio registrado fuera del país. Este dato refleja la dimensión de una comunidad que ya participa en el sistema político del país y que hoy merece un reconocimiento estructural, con una representación específica por primera vez en la Asamblea Legislativa, con diputados a quienes podrán elegir en elecciones libres”, sostuvo.

En la plenaria, se mencionó que los representantes del Viceministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas Naturales y el Tribunal Supremo Electoral comparecieron ante la Comisión Política para aportar insumos técnicos y destacar la importancia de la reforma. Durante esos encuentros, las autoridades del Registro Nacional informaron que, en las elecciones celebradas en 2024, 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero ejercieron el voto, cifra que contrasta con los 3,808 participantes en procesos anteriores.

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, sostuvo que la creación de una circunscripción electoral para la diáspora “permitirá que la diáspora elija directamente a sus representantes, así como la nueva forma de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”.

Durante el debate parlamentario, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, afirmó que la medida representa un avance fundamental para el fortalecimiento democrático.

“Con lo que vamos a aprobar, estamos diciendo no solamente a nuestros ciudadanos salvadoreños, sino que al mundo entero, que El Salvador es un Estado que le sigue apostando al fortalecimiento de la democracia. Porque nuestra Constitución dice que todo ciudadano salvadoreño debe de tener derecho al voto y de ser representado”.

La reforma establece que “en el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero, el registro electoral”.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que para la circunscripción número 15 sería ideal restarle diputados a los departamentos que registran los mayores índices de migración; es decir, La Unión, Cabañas, Chalatenango, San Miguel, Morazán y Usulután; no así a los departamentos de San Salvador y La Libertad, cuyas estadísticas de migración no son las más altas.

La aprobación fue respaldada por la mayoría de diputados presentes, consolidando un cambio normativo que responde a una demanda histórica de la diáspora salvadoreña y que redefine la estructura de representación política en el país.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este miércoles el análisis de la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas, presentada por el Ejecutivo para establecer un nuevo marco regulatorio para la colaboración entre el Estado y el sector privado en infraestructura y servicios públicos. A la sesión asistió Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), quien expuso los aportes técnicos y la visión de la institución respecto al proyecto.

La propuesta busca definir de manera precisa la diferencia entre una alianza público-privada y un proceso de privatización. Ayala explicó que, bajo estos esquemas, la propiedad de los bienes estatales involucrados permanece bajo control público, mientras que su explotación temporal corresponde al privado a cambio de inversiones y mejoras tecnológicas. “En ningún momento una alianza público-privada es una privatización”, afirmó el titular de Invest ante los diputados.

El proyecto pretende reducir la burocracia e integrar en una sola dirección la custodia y el proceso técnico de las alianzas, con el fin de agilizar los procedimientos y garantizar la transparencia. Según la propuesta, hasta la fecha solo se ha concretado un convenio de este tipo desde la aprobación de la normativa original en 2013, y las autoridades consideran que los trámites excesivos han sido una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.

Ayala indicó que Invest participó en las mesas técnicas que dieron forma al proyecto; sin embargo, señaló que, tras la nueva ley, las atribuciones que recaían sobre la agencia pasarán a la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Invest mantendrá su rol enfocado en la promoción de inversión extranjera directa y nacional, sin intervenir en la gestión de alianzas público-privadas. “No hay ninguna duplicidad de deberes”, remarcó Ayala.

Un tema relevante del debate fue la eliminación de la oficina de fiscalización de alianzas público-privadas, contemplada en la legislación anterior. Legisladores de la oposición cuestionaron que esta medida pudiera debilitar los controles y la supervisión sobre el cumplimiento de los contratos.

Ante estas inquietudes, Ayala y el equipo técnico del Ministerio de Hacienda manifestaron que la función de control permanece bajo la nueva dirección y que las instituciones contratantes y la Fiscalía General de la República conservan las atribuciones legales para supervisar la correcta ejecución de los proyectos. “El interés de la dirección es el bien público, no el privado”, destacó Ayala.

Otro punto central fue la posible exclusión de los sectores de salud, educación y recursos hídricos del alcance de la ley. Ayala manifestó que no existen proyectos en curso para alianzas público-privadas en estas áreas y aclaró que la rectoría de la educación y la salud sigue bajo control estatal conforme a la Constitución. Algunos diputados expresaron inquietud por la ausencia de una prohibición explícita en la ley que podría permitir futura intervención privada en estos servicios.

Durante la sesión, Ayala destacó el impacto de otros marcos normativos recientes, como la ley de expansión empresarial: según datos de Invest, se han generado más de 233 millones de dólares en reinversión y más de 1.400 empleos directos en el primer trimestre de vigencia.

La comisión acordó citar al ministro de Hacienda, Gerson Posada, en la próxima sesión para profundizar en el rol de su cartera en la implementación de la ley y resolver dudas técnicas de los diputados. El debate continuará para definir los mecanismos de control y la cobertura de la nueva normativa.

En un discurso cargado de cifras, confrontación política y apelaciones emocionales, el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, presentó su último informe de labores ante la Asamblea Legislativa, marcando el cierre de una administración que, según afirmó, transformó profundamente al país. “Me presento con la frente en alto y la tranquilidad del deber cumplido”, dijo al iniciar su intervención, en la que defendió su legado y proyectó continuidad bajo el próximo gobierno.

El mandatario afirmó que Costa Rica “no es la misma de hace cuatro años” y aseguró que su gobierno logró rescatar al país de una situación cercana al colapso económico, enfrentando, según su versión, la resistencia de sectores políticos, institucionales y mediáticos.

De la crisis al crecimiento: el eje económico

Uno de los pilares del discurso fue la recuperación económica. Chaves destacó que su administración recibió un país con una deuda equivalente al 67% del PIB, desempleo del 12% e inflación del 8,7%, y que ahora entrega una economía “sana, próspera y estable”.

Según detalló, la deuda se redujo al 58,3% del PIB, mientras que la inflación no solo fue contenida, sino que llegó a niveles negativos en algunos momentos. Además, destacó un crecimiento económico sostenido en los últimos años: 5,5% en 2022, 4,8% en 2023, 4,1% en 2024 y 4,6% en 2025, en línea con estimaciones de la OCDE.

El mandatario también subrayó la atracción de más de 19,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y el fortalecimiento del régimen de zonas francas, que calificó como uno de los motores clave del desarrollo. “Detrás de cada cifra hay un costarricense que vive mejor”, afirmó, respondiendo a las críticas sobre el impacto real de la macroeconomía en la vida cotidiana.

Reducción de pobreza y empleo: “no regalamos pescado”

En materia social, el presidente aseguró que más de 113,000 hogares, equivalentes a unas 414,000 personas, salieron de la pobreza durante su gestión. Según los datos presentados, la tasa pasó de 23% a 15,2% al cierre de 2025.

También destacó la reducción de la pobreza multidimensional de 14,3% a 9,9%, así como la disminución del desempleo hasta el 6,3%, una de las cifras más bajas en la historia reciente del país.

El programa BRETE y las reformas en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) fueron señalados como claves en esta estrategia. “No regalamos pescado, enseñamos a pescar”, expresó, al tiempo que defendió un cambio en el enfoque de subsidios hacia generación de oportunidades.

En vivienda, el gobierno reportó más de 2,700 familias con casa propia, además de inversiones millonarias en bonos habitacionales y soluciones en territorios indígenas.

Infraestructura: obras como bandera política

Otro de los ejes centrales del informe fue la infraestructura. Chaves afirmó que su administración invirtió más de 2,500 millones de dólares en obras públicas, incluyendo carreteras, educación, agua potable y transporte.

Entre los proyectos destacados mencionó el avance de la carretera San José-San Ramón, el cierre del anillo de Circunvalación tras décadas de atraso, y mejoras en la ruta 32, clave para el comercio exterior.

También resaltó el programa PROERE, con más de 500 obras ejecutadas, así como la entrega de 685 proyectos educativos y cerca de 1.000 en ejecución.

En agua potable, el gobierno reportó 71 acueductos construidos o mejorados, mientras que en territorios indígenas aseguró haber invertido más de 12.000 millones de colones en infraestructura, vivienda y electrificación.

Seguridad: cifras récord y mano dura

El combate al crimen organizado ocupó un espacio relevante en el discurso. El presidente defendió una estrategia basada en tecnología, fortalecimiento policial y reformas al sistema penitenciario.

Indicó que durante su gobierno se incautaron más de 191,000 kilos de droga y que Costa Rica se posicionó como el sexto país de América Latina en decomisos de cocaína en 2025.

Asimismo, destacó la implementación de escáneres en puertos y fronteras, asegurando que el país se convirtió en “el primero del mundo en escanear todo lo que sale de sus fronteras”.

En términos de seguridad interna, afirmó que los delitos contra la propiedad se redujeron en un 24% y que los homicidios registraron tres años consecutivos de disminución.

El fortalecimiento policial también fue parte del balance: más de 17,400 oficiales activos, aumento salarial para 19,000 agentes y la construcción de nuevas delegaciones.

Confrontación política y críticas a instituciones

Más allá de los números, el discurso estuvo marcado por un fuerte tono político. Chaves denunció la existencia de una “vieja casta” que, según dijo, intentó frenar su gobierno mediante bloqueos legislativos, decisiones judiciales y campañas mediáticas.

Cuestionó abiertamente al Poder Judicial, al que pidió una “reforma profunda”, y criticó a la Asamblea Legislativa anterior por obstaculizar proyectos clave. “Confundir oposición con obstrucción es una perversión”, afirmó, en uno de los momentos más duros de su intervención.

También aseguró haber enfrentado intentos de “golpes de Estado judiciales” y defendió su estilo confrontativo como una necesidad frente a lo que calificó como una estructura institucional resistente al cambio.

Un cierre con mensaje político y simbólico

En la parte final de su discurso, el presidente celebró la continuidad del oficialismo tras las elecciones y expresó su respaldo a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, a quien instó a “no aflojar, sino apretar más duro”.

Además, destacó hitos simbólicos como el primer Congreso con mayoría femenina y el hecho de que una mujer entregue la banda presidencial a otra, en referencia a Yara Jiménez Fallas.

El mandatario cerró con un tono emotivo, apelando a la imagen de una familia costarricense compartiendo la cena como símbolo del verdadero impacto de su gestión. “Es ahí donde se mide si todo valió la pena”, dijo.

Balance de una gestión marcada por resultados y polarización

El último informe de Rodrigo Chaves no solo defendió los logros en economía, reducción de pobreza, infraestructura y seguridad, sino también evidenció una relación tensa con otros poderes del Estado y sectores políticos.

Con una aprobación que ronda el 77%, el presidente cierra su mandato convencido de haber iniciado una transformación estructural. “Dejo un país sustancialmente mejor”, afirmó y concluyó diciendo q“no es un gobierno ni un presidente, sino una luz que debe seguir encendida”.

La abogada y notaria Yara Jiménez Fallas fue electa como presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, consolidando un ascenso político que la llevó, en pocos años, de funciones técnicas en el Poder Ejecutivo a ocupar la máxima jerarquía del Congreso.

Con 52 años, madre de tres hijos y con más de dos décadas de matrimonio, Jiménez representa una figura clave del oficialismo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que logró la mayoría necesaria para colocarla al frente del Directorio Legislativo en el inicio del periodo 2026-2030.

De Desamparados al liderazgo del Congreso

Nacida en Desamparados, San José, Jiménez creció en una familia numerosa y desde temprana edad mostró interés por el Derecho, una vocación que marcaría su trayectoria profesional.

Su formación académica incluye una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica y una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Pisa, en Italia, un paso poco común entre figuras políticas nacionales y que le dio un perfil técnico con proyección internacional.

Antes de incursionar en la política electoral, desarrolló una extensa carrera en el sector público. Inició en el Banco Central de Costa Rica y posteriormente ocupó distintos cargos en el Ministerio de Hacienda, donde trabajó en áreas jurídicas y administrativas.

El salto a la política

El punto de inflexión en su carrera llegó con la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, donde fue designada como secretaria del Consejo de Gobierno entre 2022 y 2026.

Desde esa posición, considerada estratégica dentro del Ejecutivo, Jiménez coordinaba aspectos legales, administrativos y logísticos de las sesiones del gabinete, lo que la colocó en el centro de la toma de decisiones del Gobierno.

Su cercanía con el oficialismo y su experiencia técnica la convirtieron en una figura de confianza, lo que facilitó su salto a la política electoral como candidata a diputada por la provincia de Cartago, donde resultó electa para el periodo 2026-2030.

A diferencia de otros liderazgos tradicionales, Jiménez llegó a la presidencia legislativa sin una larga carrera partidaria o trayectoria previa en cargos de elección popular.

Su designación como candidata del oficialismo fue prácticamente determinante, dado que el PPSO contaba con 31 votos en el Congreso, superando el mínimo requerido para elegir al Directorio Legislativo.

Finalmente, fue electa con esa misma cifra, imponiéndose a la oposición y consolidando el control del oficialismo sobre el primer poder de la República en el arranque del nuevo periodo legislativo.

Quinta mujer en presidir el Congreso

Con su elección, Jiménez se convirtió en la quinta mujer en la historia de Costa Rica en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa, en un Congreso que además destaca por ser el más paritario en más de dos siglos de vida republicana.

Su nombramiento también marcó el regreso de la provincia de Cartago a la presidencia legislativa después de más de una década sin ocupar ese cargo.

Estilo de liderazgo y prioridades

Durante sus primeras intervenciones, Jiménez ha planteado un estilo de liderazgo “negociador, pero exigente”, enfocado en mejorar la productividad legislativa, reducir el obstruccionismo y recuperar la legitimidad del Congreso ante la ciudadanía.

Su elección se da en un contexto político en el que el oficialismo busca impulsar reformas y consolidar su agenda, lo que coloca a la nueva presidenta del Legislativo en una posición estratégica para la gobernabilidad del país.

La reforma constitucional que crea una circunscripción electoral para los salvadoreños en el exterior fue respaldada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer la representación política de la diáspora. Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores, indicó que la modificación responde a una deuda histórica y se fundamenta en la vinculación económica, cultural y familiar de los migrantes con el país.

De acuerdo con Mira, la presencia de más de tres millones de salvadoreños en el exterior tiene un impacto directo sobre la economía nacional, ya que las remesas que envían representan entre el 22% y el 25% del producto interno bruto (PIB). Esta contribución económica se suma a la participación activa de la diáspora en la vida social y cultural de El Salvador. “Nuestra diáspora no es una población pequeña, es un grupo importante de nuestra población en general”, precisó la funcionaria, quien señaló que la reforma busca garantizar derechos civiles y políticos a este segmento.

Según la viceministra, la reforma constitucional profundiza la apertura iniciada en 2021 con la Ley de Voto en el Exterior. En las elecciones más recientes, más de 300.000 salvadoreños residentes en otros países participaron en los comicios, un dato que contrasta con los registros previos, donde apenas 4.000 personas pudieron ejercer el sufragio fuera del territorio nacional. Durante la comisión se comunicó que este avance representa mayor inclusión y reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes.

La nueva circunscripción electoral se fundamenta también en el vínculo cultural y familiar que mantienen los salvadoreños en el exterior. El Salvador reconoce la doble nacionalidad y mantiene los lazos legales con quienes emigraron, a diferencia de otros estados que exigen la renuncia a la nacionalidad de origen. “Esta es una nacionalidad que no se pierde”, afirmó Mira, al remarcar que la legislación nacional permite a los connacionales mantener su identidad y derechos sin importar el lugar de residencia.

En lo referente a políticas públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha diseñado programas para mantener informada y conectada a la diáspora. A partir de 2025, la Ley de Movilidad Humana otorgará beneficios para quienes deseen retornar al país, invertir, trasladar bienes o acogerse a procesos de migración laboral regular. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una parte significativa de la diáspora salvadoreña muestra interés en invertir y regresar al país, en sectores como turismo, infraestructura y construcción.

La funcionaria citó ejemplos de otros países de América Latina y Europa donde se reconoce la participación política de los migrantes: “Podemos poner ejemplos concretos como Ecuador, República Dominicana, Francia, Portugal y España”, dijo Mira, añadiendo que en esas naciones la diáspora es considerada un motor de desarrollo.

Desde el gobierno central, la política es fortalecer la red consular y diplomática para facilitar servicios y acortar la distancia con los salvadoreños en el exterior. El Ministerio ha puesto en marcha consulados móviles y expandido su presencia en regiones como áfrica y Medio Oriente. “Nos sentimos muy honrados de poder aportar a esa confianza que ellos tienen y que se renueva en esta administración”, destacó la viceministra.

La implementación de la circunscripción electoral permitirá que los salvadoreños en el extranjero elijan representantes propios en la Asamblea Legislativa.

Aún no se conocen detalles sobre los mecanismos de ejecución de esta medida, ya que el presidente de la Comisión y de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, explicó que esto podría empezar a evaluarse en los próximos 15 días: “Lo que estamos haciendo en esta comisión es viendo decretos de reformas a la Constitución y específicamente ratificación a los decretos. ¿Cuántos diputados van a ser, de dónde van a salir, cómo se van a consignar los votos? Eso se va a hacer después de la ratificación, porque esto no está dentro de la Constitución, esto está en el Código Electoral, incluso en la Ley de Partidos Políticos. Eso es una discusión que vendrá después, la próxima semana, en los próximos 15 días”.

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio este viernes un contundente discurso en señal de apoyo al gobierno de La Libertad Avanza durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados provincial.

“Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica”, expresó durante la primera parte de su discurso, en un claro guiño hacia el modelo nacional. Y agregó: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando. Lo hace porque el ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión, para que el sector privado recupere capacidad de decisión y se abran oportunidades reales de crecimiento”, afirmó.

Además señaló que Mendoza alcanzó un récord en obra pública a pesar de la caída nacional, y que la inversión estatal representará en 2026 la mayor proporción del gasto en la historia reciente provincial. “La obra pública provincial alcanza el 14,5% del total de gastos, la presión fiscal continúa su sendero de baja, habiendo devuelto más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes luego de años de baja de impuestos distorsivos”, anunció.

Durante su discurso, Cornejo planteó, además, la necesidad de reformas continuas para lograr mayor eficiencia estatal y asignar mejor los recursos públicos. Y puso como ejemplo el Fondo del Resarcimiento. “Dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, expresó.

El mandatario señaló también que Mendoza mantuvo una política modelo de vivienda y en el desarrollo de la minería moderna. “La Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”. Y que “gracias a la planificación estatal, el rol de EMESA y un clima de negocios estable” la provincia se consolidó en cuanto a proyectos de energía solar.

Empleo, turismo y seguridad

El discurso remarcó la baja tasa de desocupación en la provincia. Además, relacionó el crecimiento con la marca provincial y la mejora en la conectividad aérea, y puntualizó que el potencial turístico y productivo depende del cuidado ambiental.

“Mendoza registra una desocupación del 6,7%, que la ubica por debajo del promedio nacional y del de Buenos Aires y Córdoba”, dijo Cornejo como así también posicionó a la provincia como un “destino posicionado a nivel nacional e internacional, apoyado en sus recursos naturales”.

En cuanto al plano turístico, engarzó su discurso alrededor del cuidado del medio ambiente. “Cuidar el entorno es inseparable de cuidar a las personas. Y cuidar a las personas es, ante todo, garantizar su derecho a la salud, no hay aprendizaje posible sin bienestar”, subrayó.

El gobernador reafirmó la prioridad del orden y la seguridad, con tolerancia cero frente al delito y respaldo a las fuerzas de seguridad cuando actúan dentro de la ley. “En Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, enfatizó.

Y agregó: “Nuestro plan está mostrando resultados. Sabemos que detrás de cada cifra hay una víctima; por eso los datos no son para celebrar, sino para medir avances y reconocer lo que falta.”

El cierre del discurso puso el acento en el protagonismo colectivo para una nueva etapa de crecimiento y en la responsabilidad del Estado de crear condiciones para el futuro. “No se trata de que el Estado elija ganadores. Se trata de que toda la provincia –sus empresas, sus productores, sus universidades, sus trabajadores y sus emprendedores– pueda ser simultáneamente protagonista de una nueva etapa de crecimiento”, dijo.

Y cerró: “Que quede claro: no estamos esperando condiciones ideales, sino creando condiciones posibles para construir futuro. Porque atreverse a construir futuro es el verdadero cambio de fondo”.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica inició el período 2026-2030 con la elección de Yara Jiménez Fallas como nueva presidenta del Congreso, tras una votación en la que la bancada del Partido Pueblo Soberano consolidó su dominio con 31 votos frente a los 26 obtenidos por la candidata de oposición, Diana Murillo Murillo. Este resultado refleja la correlación de fuerzas que marcará la agenda legislativa, anticipando una dinámica de mayorías claras en las decisiones clave, en medio de fragmentación política y una agenda multipartidista.

En el mismo proceso, la oficialista Esmeralda Britton González fue elegida vicepresidenta con el respaldo unánime de su bancada. Britton, con más de 40 años de experiencia en tecnologías de la información, gestión pública y transformación digital, presidió la Junta de Protección Social (JPS) entre 2018 y 2025, donde destinó recursos a más de 450 organizaciones y 500 programas sociales, según información de Teletica.com. Además, la fracción oficialista destacó su experiencia como ministra de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, así como su papel en la digitalización de la lotería y en la lucha contra el crimen organizado relacionado con el juego ilegal.

El Partido Pueblo Soberano ocupa la presidencia y la mayoría del Directorio Legislativo

La votación confirmó la hegemonía del Partido Pueblo Soberano no solo en la presidencia del Congreso, sino también en los principales cargos del Directorio Legislativo. Gerald Bogantes Rivera y Reynaldo Arias Mora, ambos oficialistas, fueron electos como primer y segundo secretario, cada uno con los 31 votos de la mayoría oficialista, desplazando las postulaciones de la oposición.

Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción oficialista, sostuvo que Jiménez Fallas cuenta con “experiencia en el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional”, además de haber ocupado cargos en despachos ministeriales y en la secretaría general del Consejo de Gobierno bajo la administración de Rodrigo Chaves.

Jiménez Fallas es la quinta mujer en la historia de Costa Rica en presidir el Congreso, sumándose a Rosemary Karpinsky (1986-1987), Rina Contreras (2000-2001), Carolina Hidalgo (2018-2019) y Silvia Hernández (2021-2022). El Congreso actual es el más paritario en 205 años de historia, con la integración de 30 diputadas.

Gerald Bogantes Rivera, licenciado y máster en Derecho, fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y asesor legislativo. Por su parte, Reynaldo Arias Mora, con más de 26 años de trayectoria como abogado y notario, mantiene un vínculo destacado con el desarrollo municipal y comercial de Limón.

El bloque de oposición firmó una agenda común y mantuvo la exclusión de reformas que afecten derechos fundamentales

Frente a la mayoría oficialista, 26 diputaciones de los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana suscribieron la mañana de este 1 de mayo un pacto legislativo enfocado en promover diálogo, articulación y responsabilidad política en un contexto de alta polarización del debate público.

Entre los principales puntos del acuerdo figuran la defensa del Estado social de derecho, la independencia de los poderes, la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos humanos. El compromiso incluye fortalecer la educación pública, la salud y la transparencia institucional, así como inmovilizar capitales del crimen organizado mediante la extinción de dominio y reformas a los sistemas judicial y penitenciario.

Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de Agenda Ciudadana, explicó a medios nacionales: “La ciudadanía no quiere confrontación permanente, sino soluciones”, resaltando que la alianza opositora surge de la necesidad de consensos en un electorado dividido. A su vez, Abril Gordienko López, jefa del PUSC, afirmó: “Costa Rica necesita una Asamblea Legislativa que actúe con responsabilidad, respeto y visión de largo plazo para el país”.

El acuerdo establece una hoja de ruta para el periodo 2026-2030 en siete ejes: democracia, seguridad y justicia, desarrollo social, desarrollo económico y competitividad, transparencia y probidad, así como funcionamiento parlamentario.

Limitaciones a las reformas constitucionales y defensa de los contrapesos institucionales

El bloque opositor impuso límites explícitos a la acción política conjunta. Durante una conferencia previa a la elección del Directorio Legislativo, los líderes opositores advirtieron, que no avalarán reformas constitucionales que impliquen recortes de derechos, reducción de garantías sociales ni cambios en el equilibrio de poderes. También rechazarán propuestas que debiliten la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Supremo de Elecciones.

El acuerdo incluye el rechazo a la concentración de poder en el Ejecutivo y a todo debilitamiento de organismos de control. La agenda opositora mantiene el compromiso con la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en el sistema democrático.

En materia de políticas públicas, el pacto prioriza alcanzar una inversión en educación equivalente al 8% del producto interno bruto y reforzar la Caja Costarricense de Seguro Social. En el eje ambiental, las bancadas opositoras analizarán alternativas para hacer frente a la crisis derivada del proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos.

Entre las propuestas, destaca una ley para sancionar a diputados que incumplan con la probidad y la regulación del lobby parlamentario.

Jornada legislativa marcada por movilizaciones sociales y consignas de trabajadores

Mientras se conformaba el nuevo Congreso, miles de ciudadanos participaron en la tradicional marcha del Día Internacional de los Trabajadores en San José. El recorrido, desde el parque de La Merced hasta la Plaza de la Democracia, reunió a sindicatos, estudiantes, pensionados y representantes de partidos políticos que exigieron mejoras en educación, salud y seguridad, así como incrementos salariales, defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y descongelamiento de las pensiones del magisterio, según reportó Teletica.com.

Durante la plenaria de esta tarde en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó a los diputados y al pueblo salvadoreño sobre una solicitud oficial remitida por la Casa Presidencial, en la que el presidente Nayib Bukele insta a los legisladores a impulsar una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República. La propuesta busca otorgar por primera vez representación directa en este Órgano del Estado a los salvadoreños residentes en el exterior, mediante la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora.

El objetivo es garantizar los principios de igualdad del voto y representación proporcional, permitiendo que la diáspora elija a sus propios representantes en el Parlamento y que estos, a su vez, participen en la toma de decisiones legislativas, en lugar de que sus votos sean asignados al departamento de San Salvador, como ocurre actualmente.

El comunicado oficial difundido por la Casa Presidencial subraya que esta reforma constituye un avance en el proceso de inclusión política promovido por el Gobierno. La medida permitirá que los salvadoreños en el exterior, quienes ya pueden ejercer su derecho al voto con Documento Único de Identidad (DUI), cuenten con diputados específicos, elegidos en proporción al peso que la diáspora tiene dentro del padrón electoral.

De los salvadoreños fuera del país, más de 950 mil tienen actualmente su domicilio registrado en el extranjero, lo que evidencia la magnitud de la comunidad a la que se busca dar representación propia.

El procedimiento para la reforma constitucional fue detallado por el presidente de la Asamblea Legislativa. La iniciativa, según Castro, requiere inicialmente la firma de al menos diez diputados para ser presentada formalmente ante el pleno. Luego, debe ser discutida y aprobada por mayoría simple (la mitad más uno de los diputados). Posteriormente, el acuerdo de reforma debe ser ratificado, con el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los legisladores, siguiendo el proceso establecido por la Constitución.

“Debemos darle iniciativa a la ratificación de este acuerdo de reforma y que este siga el proceso de formación de ley para ser aprobada por esta misma Asamblea con tres cuartas partes de los votos de este pleno”, afirmó Castro tras ser informado sobre la solicitud.

La reforma no altera la configuración actual de la Asamblea Legislativa y se orienta a equilibrar la distribución de la representación, otorgando a la diáspora un espacio propio. Con esta medida, el Ejecutivo sostiene que se inicia una nueva etapa en la relación entre el Estado salvadoreño y sus ciudadanos residentes en el exterior, integrando plenamente a millones de salvadoreños en la vida política y en la construcción del futuro del país.

El presidente Bukele, a través del comunicado, destacó que la historia de El Salvador se ha escrito tanto dentro como fuera de sus fronteras, subrayando el aporte diario de quienes, desde cualquier parte del mundo, conservan su identidad y vínculo con la nación.

“Instruyo al equipo técnico elaborar las pieza, esta pieza de correspondencia que es necesaria a efecto de formalizar esta iniciativa de reforma constitucional y someterla a conocimiento de este pleno legislativo. Esto conforme al procedimiento establecido en nuestra Carta Magna”, puntualizó Castro.

En ese sentido, la Asamblea Legislativa iniciará el trámite correspondiente para la elaboración de la pieza de correspondencia y sometiéndola a consideración del pleno, conforme a los procedimientos legales. La medida ha sido presentada como un reconocimiento histórico a los salvadoreños en el exterior para la plena participación política.

El Congreso de Costa Rica finalizó su periodo constitucional 2022-2026 en medio de una parálisis inédita provocada por la ausencia de diputados, lo que impidió realizar la última sesión legislativa prevista para este martes, dejando sin resolución la sanción política contra Fabricio Alvarado Muñoz y sin votar proyectos de ley clave, entre ellos el millonario préstamo internacional para el Tren Rápido de Pasajeros.

La falta de quórum se repitió por segundo día consecutivo, pues al plenario solo acudieron 35 de los 57 legisladores, cuando el reglamento exige un mínimo de 38 presentes para abrir formalmente sesión. El hecho sella un cierre de ciclo sin antecedentes recientes: nunca antes la Asamblea Legislativa costarricense había quedado inoperante en los días finales de funciones por ausencia masiva de miembros.

La imposibilidad de sesionar tuvo consecuencias directas sobre dos cuestiones centrales. En primer lugar, no fue posible analizar ni votar los tres informes realizados por una comisión especial sobre el supuesto caso de abuso y hostigamiento sexual, atribuido a Alvarado, líder del partido Nueva República, en perjuicio de la exlegisladora y asesora Marulin Azofeifa. La sanción disciplinaria propuesta solo podía aplicarse mientras el aludido mantuviera su condición de diputado; el final abrupto de la legislatura clausuró, en la práctica, esta vía de resolución interna.

En términos de agenda nacional, quedaron también postergados de manera indefinida los segundos y últimos debates de 24 proyectos de ley, entre los que destaca el crédito de USD 800 millones destinado al Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como “Tibi”, en la Gran Área Metropolitana. Este proyecto contemplaba financiamiento ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción y operación de las líneas 1 y 2.

Por primera vez en la historia reciente, el Congreso no sesionó en sus dos últimos días

El quórum se rompió en dos jornadas sucesivas. El lunes, la inasistencia ya había impedido avanzar, anticipando un desenlace accidentado para el periodo. Este martes, la situación se agravó: la ausencia masiva de diputados del oficialismo y de sus aliados, incluida la bancada completa de Nueva República, miembros de Progreso Social y varios de la Unidad Social Cristiana, así como algunos independientes, imposibilitó abrir la sesión definitiva.

Entre los ausentes que solicitaron permiso formal figuran Pilar Cisneros y Paola Nájera de Progreso Social; María Marta Carballo, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles del PUSC; así como Rosalía Brown, de Nueva República. Otros legisladores, sin permiso registrado, acompañaron a Rodrigo Chaves, presidente de la República, en actividades oficiales fuera del recinto parlamentario.

El resultado fue el “entierro” político del caso Fabricio Alvarado en el ámbito parlamentario; ahora, la única vía de resolución pendiente es la instancia penal, adonde Azofeifa ya presentó denuncia.

La imagen del periodo legislativo: pendientes sin resolver y sesiones vacías

La presidencia legislativa había avalado una moción para adelantar la última sesión al 28 de abril, con el fin de facilitar los preparativos administrativos para el cambio de legislatura el 1 de mayo, fecha en que asumirán las nuevas autoridades para el periodo 2026-2030. Sin embargo, la gestión concluyó sin que el plenario se reuniera en sus últimos dos días, impidiendo el cierre formal y dejando múltiples asuntos, legislativos y disciplinarios, sin decisión.

La presidenta electa de la Asamblea, Laura Fernández, se había comprometido ante el Partido Liberación Nacional a garantizar la presencia oficialista en la última jornada, promesa que no fue cumplida.

Como resultado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica cerró funciones este martes sin poder ejecutar el trámite final de su periodo constitucional ni resolver una de las denuncias disciplinarias más sensibles de su historia reciente.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron la incorporación de los pañales desechables para niños y adultos mayores en la canasta básica de Costa Rica con el objetivo de reducir el impuesto al valor agregado (IVA) de trece a uno por ciento sobre su venta.

Esta modificación, que busca equilibrar el acceso a un producto considerado indispensable para sectores vulnerables, será remitida a discusión en el Plenario Legislativo, donde sea evaluado por los 57 diputados.

Francisco Nicolas, uno de los impulsores del proyecto subrayó la necesidad de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluya los pañales dentro de los insumos que se proporcionan a menores y adultos mayores con necesidades médicas documentadas.

Argumentó que “los pañales hoy por hoy son un elemento indispensable en la calidad de vida de estas dos poblaciones”.

La diputada oficialista Pilar Cisneros manifestó su oposición a iniciativas que disminuyen los ingresos fiscales del Estado y advirtió sobre la acumulación de exoneraciones sin compensación presupuestaria.

Además, el Ministerio de Hacienda expresó objeciones formales al señalar la falta de claridad sobre el alcance efectivo del beneficio y la presencia de “problemas técnicos” en la definición de este producto como integrante de la canasta básica, de acuerdo con el testimonio recogido en la comisión.

La Comisión de Asuntos Hacendarios, en la misma sesión, avaló un proyecto que reconoce a las empresas la posibilidad de deducir del pago del impuesto sobre la renta un porcentaje adicional por cada trabajador mayor de cincuenta y cinco años contratado.

Esta deducción sigue una escala progresiva: parte de un cinco por ciento del salario para trabajadores de cincuenta y cinco años y alcanza hasta un cincuenta y cinco por ciento cuando se trata de trabajadores de sesenta y cinco años o más.

La diputada del PUSC, Vanessa Castro, destacó el impacto de este estímulo: cada adulto mayor que permanece activo laboralmente contribuye a reducir su dependencia de las pensiones y subsidios estatales, generando un ahorro potencial para el fisco que podría superar el gasto público generado por el incentivo. Añadió que “el trabajador mayor activo paga impuestos sobre la renta, cotiza a Seguridad Social y consume más bienes y servicios”, lo que favorece la expansión de la base fiscal y dinamiza la economía interna.

El cobro del marchamo y la polémica sobre el valor fiscal de los vehículos

En el cierre de la sesión, los diputados también aprobaron el dictamen afirmativo del expediente 24.724, que busca impedir el cobro considerado abusivo del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones por parte del Ministerio de Hacienda. La controversia surgió a raíz de la entrada en vigor de una nueva metodología para el cobro del marchamo, lo que resultó en el aumento del valor fiscal de diversas unidades, según el criterio de Hacienda.

El proyecto establece que el monto base para el cálculo del impuesto debe fijarse según el valor CIF (costo de compra y gastos de importación), mientras que la administración tributaria venía considerando la inscripción del vehículo en el Registro Nacional, la cual puede contener elementos adicionales que incrementan el importe final del tributo.

Las tres iniciativas legislativas aprobadas en comisión—la inclusión de los pañales en la canasta básica con IVA reducido, el incentivo fiscal por contratación de adultos mayores y la regulación sobre el cobro de impuestos a automotores—serán debatidas en las próximas sesiones del Plenario Legislativo de Costa Rica, donde se determinará su aprobación definitiva.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el expediente 25,291, que autoriza los contratos de préstamo suscritos entre el Estado, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La iniciativa recibió un amplio respaldo legislativo, con 48 votos a favor, ningún voto en contra y la ausencia de nueve diputados, lo que refleja un consenso político significativo en torno a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país en las últimas décadas.

Un proyecto clave para la movilidad en la GAM

El plan contempla la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido, un sistema ferroviario moderno que busca transformar la movilidad urbana en la GAM, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica de Costa Rica.

El financiamiento aprobado asciende a $800 millones, provenientes de préstamos internacionales gestionados con el BCIE y el BEI, dos de los principales organismos multilaterales que han respaldado proyectos de infraestructura en la región. A estos recursos se suman aportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como apoyo del Fondo Verde del Clima, lo que refuerza el enfoque ambiental del proyecto.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente, sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles, en línea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

Impacto esperado: menos presas y menor contaminación

El Tren Rápido de Pasajeros se proyecta como una solución estructural a los problemas de congestión vial que afectan diariamente a miles de costarricenses en la GAM. Actualmente, el crecimiento urbano y la alta dependencia del transporte privado han generado importantes desafíos en movilidad, tiempos de traslado y calidad de vida.

Con la implementación de este sistema ferroviario, se espera reducir significativamente los tiempos de viaje, mejorar la conectividad entre los principales centros urbanos y disminuir la presión sobre la red vial existente.

Además, el proyecto tiene un componente ambiental clave, ya que busca contribuir a la reducción de emisiones contaminantes mediante el uso de transporte eléctrico masivo. Esto se alinea con la matriz energética del país, caracterizada por un alto porcentaje de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

Financiamiento internacional y respaldo climático

El respaldo del BCIE y el BEI no solo garantiza el financiamiento del proyecto, sino que también representa un aval técnico y financiero para su ejecución. Ambas entidades han participado en iniciativas similares en América Latina y Europa, lo que podría aportar experiencia en la implementación del sistema ferroviario.

Por su parte, el apoyo del Fondo Verde del Clima evidencia el componente sostenible del proyecto, orientado a mitigar el impacto ambiental del transporte y promover soluciones de movilidad más limpias.

Las autoridades han señalado que este tipo de financiamiento permite acceder a condiciones favorables, como tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, lo que facilita la viabilidad del proyecto en el mediano y largo plazo.

Próximos pasos: segundo debate y ejecución

Tras su aprobación en primer debate, el expediente deberá ser votado nuevamente en segundo debate antes de convertirse en ley. De recibir el aval definitivo, el país avanzará hacia la fase de ejecución del proyecto, que incluye procesos de licitación, construcción e implementación del sistema.

El Tren Rápido de Pasajeros ha sido considerado históricamente como una de las principales apuestas para modernizar el transporte público en Costa Rica, aunque su desarrollo ha enfrentado retrasos y desafíos en distintas administraciones.

Con este avance legislativo, el proyecto da un paso clave hacia su materialización, en medio de expectativas sobre su impacto en la movilidad, el desarrollo urbano y la sostenibilidad del país.

El Gobierno de Costa Rica dio por cerradas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) este 21 de abril de 2026, tras un fuerte desacuerdo con los rectores de las universidades públicas, quienes plantearon un aumento que el Ejecutivo calificó como “irracional y abusivo”.

El conflicto gira en torno a la propuesta presentada por las universidades, que planteaba un incremento del 2.94% sobre la base presupuestaria. Esto representa más de ₡17,000 millones adicionales (USD 37,4 millones), que se suman a cerca de ₡11,000 millones (USD 24,2 millones) ya incorporados previamente, elevando el ajuste total a casi ₡30,000 millones (USD 66 millones)

Desde el Gobierno, la posición fue clara: mantener el presupuesto sin crecimiento, es decir, con un ajuste del 0%, argumentando que esta decisión responde al comportamiento de la inflación y a las limitaciones fiscales del país.

Ante la falta de consenso en la Comisión de Enlace —instancia encargada de negociar el FEES—, el proceso ahora pasa a la Asamblea Legislativa, donde se definirá el monto final en el marco de la discusión del Presupuesto Ordinario de la República.

Este procedimiento está respaldado por el artículo 85 de la Constitución Política, que regula el financiamiento de la educación superior estatal y establece que, en ausencia de acuerdo entre las partes, corresponde al Congreso tomar la decisión final.

El FEES es el principal mecanismo de financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica, incluyendo la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, este fondo forma parte del mandato constitucional más amplio contenido en el artículo 78, que establece que el Estado debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en los últimos años esta meta no se ha cumplido, y la inversión ha mostrado una tendencia a la baja.

Datos recientes evidencian que el financiamiento educativo ha disminuido en términos relativos, pasando de alrededor de un 5,7% del PIB en 2023 a cerca de un 5% en 2025, lo que ha generado preocupación en el sector académico.

En el caso específico del FEES, el crecimiento también ha sido limitado. Para 2025, el fondo rondó los ₡587,000 millones (USD 1,29 mil millones), mientras que para 2026 se ubicó cerca de ₡593,000 millones (USD 1,30 mil millones), lo que representa incrementos modestos que, según las universidades, no compensan el impacto de la inflación ni el aumento en los costos operativos.

Los rectores han defendido su propuesta señalando que el ajuste es necesario para sostener la calidad de la educación superior pública, financiar la investigación científica, mantener programas de becas y atender el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Asimismo, han advertido que, en términos reales, el FEES ha perdido poder adquisitivo en los últimos años, lo que podría afectar la capacidad de las universidades para responder a las necesidades del país.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que el contexto fiscal obliga a la contención del gasto público, en línea con las restricciones impuestas por la regla fiscal y la necesidad de mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

La Comisión de Enlace, donde se desarrollaron las negociaciones, está integrada por representantes del Gobierno, entre ellos los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, así como por los rectores de las universidades públicas y una representación estudiantil.

El cierre sin acuerdo refleja las tensiones persistentes entre el Gobierno y el sector universitario sobre el papel del financiamiento estatal en la educación superior, en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y demandas crecientes por acceso a la educación.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde los diputados deberán definir el monto final del FEES, una decisión que impactará directamente a miles de estudiantes y al desarrollo académico, científico y social de Costa Rica.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica advirtió que la aprobación en segundo debate de dos proyectos de ley relacionados con el régimen electoral por parte de la Asamblea Legislativa tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían anular las normas, según informó el órgano en un comunicado. El TSE detalló que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa mantienen la facultad de corregir el error mediante un veto fundado por inconstitucionalidad o devolviendo los proyectos al punto en que se presentó el vicio, conforme lo establecen los procedimientos legales.

La advertencia ocurre porque la Asamblea Legislativa votó los proyectos número 24.248 y 22.242 antes de junio de 2026, pese a que el artículo 97 de la Constitución Política establece que durante los seis meses previos y los cuatro meses posteriores a una elección popular, el Congreso no puede convertir en ley un proyecto objetado formalmente por el órgano electoral. El TSE sostuvo que esto configura un segundo vicio de procedimiento, además del de inconexidad, lo que intensifica la inconstitucionalidad de ambas normas.

Detalles y objeciones sobre los proyectos de ley

Sobre el fondo de las iniciativas, el TSE señaló que el proyecto 24.248 pretendía en su versión inicial adelantar la fecha para la inscripción de candidaturas, una medida aceptada por la institución. Sin embargo, la Asamblea modificó el texto final e introdujo nuevos requisitos para candidatos a cargos municipales. Estos requisitos añadidos no guardaban una relación directa con el objetivo original sobre plazos de inscripción, lo que motivó la objeción formal del TSE. El tribunal puntualizó que la adición de requisitos no es incompatible per se, pero requiere una reforma legal específica acompañada de ajustes en sistemas informáticos, manuales y procedimientos administrativos, así como una evaluación del impacto sobre los partidos de cara a las elecciones municipales de 2028.

El proyecto 22.242 tenía como propósito inicial establecer un plazo de prescripción para que los partidos políticos puedan acceder a fondos estatales destinados al reembolso de gastos de organización y capacitación, un criterio ya delimitado en la jurisprudencia y avalado por el TSE. Sin embargo, en la versión aprobada se agregó una norma transitoria que permite el desembolso directo de estos recursos a bancos acreedores de los partidos, incluso cuando las agrupaciones no hayan renovado sus estructuras, un requisito constitucional. Para el tribunal, esta medida compromete el cumplimiento de obligaciones orientadas a proteger el principio democrático y se introdujo de modo incorrecto, pues, aunque se denomina “transitoria”, su vigencia es indefinida y no responde a una situación excepcional y temporal, como fundamentó el TSE en su objeción.

Consecuencias y escenarios legales

El TSE destacó que la Asamblea Legislativa sometió a votación el proyecto sin añadir al expediente la objeción presentada por el órgano electoral, lo que agrava el vicio de inconstitucionalidad.

La consecuencia inmediata es que la validez de ambas normas queda en suspenso. El Poder Ejecutivo puede vetar los proyectos por inconstitucionalidad o la Asamblea Legislativa tiene la opción de corregir el error y retrotraer los textos al momento procesal en que surgió la irregularidad. En caso de que ninguna de estas medidas se adopte y los proyectos se publiquen como leyes de la República, el TSE anunció que, en virtud de los argumentos presentados y los que se valoren llegado el caso, presentará las correspondientes acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.

La iniciativa de una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas se encuentra e estudio legislativo. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía y con un papel central del Ministerio de Hacienda, prevé no solo ampliar la capacidad estatal para ejecutar grandes emprendimientos, sino también incrementar la seguridad jurídica y la confianza de las inversiones extranjeras, según expusieron representantes del Ejecutivo en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión este lunes.

El marco legal que se discute prevé contratos de hasta 50 años, diseñados para dar viabilidad a proyectos de infraestructura o servicios que no podrían realizarse con recursos exclusivos del Estado. De acuerdo con el anteproyecto presentado por Clarisa Margarita Valdebrán, directora de Inversiones del Ministerio de Economía, la ley contempla dos grandes categorías de contratos: los autosostenibles, financiados únicamente a través de las tarifas pagadas por los usuarios, y los cofinanciados, que incluyen aportes directos o garantías estatales.

En ambos casos, la oportunidad para que empresas nacionales o extranjeras propongan proyectos de inversión representa un cambio estratégico. Según explicó Valdebrán a los diputados, “la identificación de la necesidad la puede hacer tanto una entidad pública como una entidad privada”, lo que implica que no solo el Estado, sino también actores privados, podrán detectar vacíos en infraestructura y proponer soluciones ante la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP).

El país aún enfrenta una brecha significativa en infraestructura, un problema que, según la DAP, la ley busca subsanar permitiendo que “el gobierno se apoye en inversión privada”, reduciendo riesgos fiscales y ampliando los controles y la trazabilidad en la ejecución de los proyectos, se expuso en el desarrollo de la comisión.

Una nueva dirección técnica para evaluar, aprobar y fiscalizar los proyectos

La propuesta de ley crea la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP), adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica para identificar sectores estratégicos, registrar contratos y evaluar la viabilidad administrativa, técnica y financiera de las iniciativas. Sus atribuciones incluyen requerir información de todas las entidades públicas, coordinar la asistencia técnica necesaria, emitir lineamientos para la estructuración de proyectos y aprobar los estudios de factibilidad.

Dentro del proceso, la DAPP puede declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada, lo que formaliza su pertinencia nacional y abre el camino para un escrutinio fiscal exhaustivo. La entidad también revisa la admisibilidad de cada iniciativa, marca las etapas de licitación y otorga su aprobación para que los contratos avancen a revisión legislativa.

El Ministerio de Hacienda desempeñará la supervisión, asegurando la sostenibilidad fiscal de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta cartera no solo emite un dictamen fiscal preliminar sobre cada propuesta, sino que se encarga de elaborar el informe fiscal definitivo una vez aprobado el estudio de factibilidad, tal como lo señala la propuesta. También debe asegurarse de que las instituciones públicas reserven en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con los futuros compromisos contractuales.

Derechos, obligaciones y garantías para los agentes privados

La propuesta de ley detalla el régimen de derechos y obligaciones de los agentes privados. Entre los derechos, se incluye la percepción de ingresos por servicios o tarifas, la posibilidad de obtener financiamiento, ceder contratos (con autorización estatal), subcontratar a terceros y solicitar prórrogas ante retrasos imputables al Estado.

El diputado que presidió la sesión, William Soriano, destacó que la ley propone “construir bases muy fuertes para la estabilidad jurídica”. Valdebrán remarcó que el nuevo cuerpo legal dotará al país de “la robustez que ya tienen países con proyectos exitosos en la región y dará todo el respaldo legal para inversiones de esta envergadura”.

El Salvador avanza en su transformación digital y fortalece su infraestructura educativa y sanitaria mediante la aprobación de nuevos préstamos internacionales que movilizarán cientos de millones de dólares hacia programas estratégicos en salud, educación y conectividad.

Las iniciativas, dictaminadas favorablemente este lunes por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador, priorizan la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y la ampliación de infraestructura tecnológica en beneficio de la población.

Uno de los proyectos de mayor envergadura es la aprobación del contrato de préstamo por USD 501.253.133 suscrito por el Ministerio de Hacienda con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.

Esta operación, autorizada el 9 de abril de 2026 y formalizada dos días después, implica un financiamiento a 25 años con cinco años de gracia y se ejecutará bajo la modalidad basada en resultados, según el dictamen. De esta manera, los desembolsos estarán condicionados a la consecución de metas específicas, como la mejora en los aprendizajes de matemáticas y lectura, el fortalecimiento del monitoreo y la gestión de datos educativos, así como la expansión tecnológica en las aulas.

El programa, que ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se estructura en tres áreas de resultados. Primero, busca aumentar el porcentaje de estudiantes —desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato— que logran niveles suficientes en matemáticas y lectura, implementando una plataforma digital de aprendizaje que debe alcanzar al menos al 70% de estos alumnos.

Segundo, apuesta a sistemas de evaluación y plataformas robustas de gestión de datos, instaladas al menos en el 80% de las escuelas bajo el programa. Tercero, impulsa la dotación de computadoras y tabletas y la integración de herramientas de inteligencia artificial, fijando el objetivo de equipar con hardware y conectividad el 60% de las aulas comprendidas.

De acuerdo con el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, los cambios impulsados por el Ministerio de Educación se extienden más allá de la infraestructura escolar, involucrando prácticas pedagógicas y gobernanza educativa, como remarcó a los diputados: “No solo se han centralizado en infraestructura, mejora de centros escolares en todos los niveles, sino también en todos los planes educativos”.

La importancia de esta inversión educativa radica en que da continuidad a una política integral de modernización del sistema público, reconocida internacionalmente a través del crédito del BIRF, y constituye una herramienta financiera cuya ejecución está estrictamente vinculada al cumplimiento de metas cuantificables en el avance educativo nacional.

Incorporación de recursos para salud digital y fortalecimiento de conectividad

También hubo dictamen favorable a la aprobación del contrato de préstamo entre el Ministerio de Hacienda y la Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a dar continuidad a la segunda fase del programa Doctor SV. Esta iniciativa, desarrollada en alianza con Google y la CAF, busca transformar la atención médica mediante inteligencia artificial y una infraestructura de telemedicina que amplía el acceso y optimiza la gestión del sistema público de salud.

En esta etapa, se prevé consolidar la red nacional de 400 quioscos dispensadores de medicamentos y telemedicina, con capacidad para atender hasta 30.000 consultas diarias —un aumento respecto a las 18.000 actuales—, y centralizar servicios médicos con sistemas interoperables y seguros.

Los fondos financiarán también la capacitación de personal sanitario, el mantenimiento de la plataforma, la expansión de servicios externos asociados —como farmacias y laboratorios— y la mejora de la cobertura para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. El préstamo, por hasta USD 75 millones, fue autorizado inicialmente el 18 de febrero de 2026 mediante Decreto Legislativo 513, y con su ratificación se completa el proceso para su ejecución.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dio su aval a un crédito por 800 millones de dólares destinado a la construcción del tren rápido de pasajeros, un proyecto que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana.

La iniciativa contempla el desarrollo de una línea férrea de aproximadamente 52 kilómetros de longitud, que conectará el cantón de Paraíso con Alajuela, atravesando los principales núcleos urbanos del país. El diseño incluye una vía doble a lo largo del recorrido, lo que permitiría un flujo continuo y eficiente de trenes en ambas direcciones.

El proyecto ferroviario prevé la construcción de 26 nuevas estaciones, así como la adquisición de 28 trenes modernos. Además, contempla la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y mejoras en estaciones ya existentes como Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, con el fin de modernizar la infraestructura actual.

Dentro de las características técnicas también se incluyen sistemas tecnológicos avanzados para el control de operaciones, acceso en estaciones, señalización, comunicación e información al usuario, con estándares que apuntan a un servicio de transporte público más eficiente y seguro.

Durante la discusión en comisión, los diputados manifestaron su respaldo a la iniciativa, destacando su potencial para convertirse en una solución estructural a los problemas de movilidad que enfrenta el país. En ese contexto, se subrayó que el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular han generado una presión sostenida sobre la red vial, provocando congestionamientos recurrentes.

El proyecto es financiado en su mayoría con recursos internacionales. Del total aprobado, 550 millones de dólares provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras que otros fondos incluyen 178 millones de dólares del Fondo Verde y 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones.

Adicionalmente, para la ejecución de la obra será necesario llevar a cabo aproximadamente 145 expropiaciones, cuyo costo se estima en 24 millones de dólares. Estos recursos serán asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El tren rápido de pasajeros forma parte de los proyectos estratégicos planteados para modernizar el transporte público en Costa Rica, particularmente en el Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la comisión, la iniciativa permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado, ofrecer una alternativa al uso del vehículo particular y contribuir a mejorar la competitividad del país. Asimismo, se destacó su impacto potencial en la calidad de vida de los habitantes, al disminuir las horas invertidas en desplazamientos diarios.

El proyecto también responde a la necesidad de contar con un sistema de transporte colectivo más eficiente, en un contexto donde muchos usuarios enfrentan limitaciones para acceder a opciones cercanas a sus lugares de trabajo o estudio, lo que incrementa la dependencia del automóvil.

Otro de los elementos señalados durante el análisis es la particular configuración geográfica del país, donde varios centros de provincia se ubican a distancias relativamente cortas entre sí. Esta condición ha sido considerada como una oportunidad para implementar un sistema ferroviario que conecte puntos estratégicos en un radio reducido, facilitando el traslado de miles de personas diariamente.

Con el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el proyecto avanza ahora a la etapa de discusión en el Plenario Legislativo, donde los diputados deberán decidir en definitiva sobre la aprobación del financiamiento.

La iniciativa del tren rápido de pasajeros se perfila como una de las inversiones más relevantes en infraestructura de transporte en el país en los últimos años, en medio de un debate sobre las soluciones necesarias para enfrentar la congestión vial y mejorar la movilidad urbana.

La fracción legislativa del Frente Amplio para el periodo 2026-2030 definió la integración de sus diputaciones en las distintas comisiones de la Asamblea Legislativa, de cara al arranque del nuevo año legislativo que iniciará el próximo 1 de mayo.

Según detallaron en un comunicado oficial, la bancada buscará tener representación en seis comisiones permanentes ordinarias y en 14 comisiones permanentes especiales, como parte de su estrategia de trabajo parlamentario para el primer año de labores.

En el caso de las comisiones ordinarias, la distribución quedó establecida de la siguiente manera: el diputado José María Villalta asumirá la comisión de Asuntos Jurídicos; María Eugenia Román integrará la comisión de Hacendarios; Edgardo Araya estará en Agropecuarios; mientras que Joselyn Sáenz y Vianey Mora participarán en la comisión de Asuntos Sociales.

Por su parte, Sigrid Segura formará parte de la comisión de Asuntos Económicos y Antonio Trejos integrará la comisión de Gobierno y Administración.

Participación en comisiones especiales

Además de las comisiones ordinarias, la fracción frenteamplista también definió su presencia en comisiones permanentes especiales, que abordan temas específicos y de interés nacional.

En ese sentido, José María Villalta participará en las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, así como en la de Derechos Humanos. María Eugenia Román estará en Consultas de Constitucionalidad y en la comisión de Discapacidad y Adulto Mayor.

Edgardo Araya integrará la comisión de Ambiente y también la de Redacción, mientras que Vianey Mora participará en la comisión de la Mujer y en la de Turismo.

Antonio Trejos estará en las comisiones de Asuntos Municipales y Nombramientos; Sigrid Segura en Ingreso y Gasto, así como en Ciencia, Tecnología y Educación; y Joselyn Sáenz en Relaciones Internacionales y en Juventud, Niñez y Adolescencia.

Proceso de integración y representación proporcional

De acuerdo con el artículo 67 del reglamento legislativo, la conformación de las comisiones debe responder a un criterio de proporcionalidad, tomando en cuenta la cantidad de diputados que integran cada fracción parlamentaria.

Esto implica que la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá integrar formalmente las comisiones con base en las propuestas presentadas por las jefaturas de fracción, respetando ese equilibrio en la representación política.

En ese contexto, la bancada del Frente Amplio manifestó su expectativa de que la integración final refleje también una mayor paridad de género, considerando la composición de la próxima Asamblea Legislativa.

Según se detalla en el comunicado, por primera vez el Congreso contará con una mayoría de mujeres diputadas frente a los hombres, con una relación de 30 a 27.

Compromiso de trabajo legislativo

El jefe de fracción, José María Villalta, aseguró que el equipo legislativo mantendrá una línea de trabajo enfocada en el análisis riguroso de los proyectos de ley y en la atención de las principales necesidades del país.

“La ciudadanía puede estar segura de que la fracción del Frente Amplio continuará trabajando como un equipo bien coordinado, estudioso y responsable en cada proyecto que se discuta en el Plenario y en las comisiones, respondiendo a las necesidades y preocupaciones de las y los habitantes de este país”, señaló Villalta.

La definición de estas representaciones marca uno de los primeros pasos de organización interna de las fracciones legislativas previo al inicio del nuevo periodo, en el que las comisiones jugarán un papel clave en el trámite de iniciativas de ley, control político y discusión de temas de interés nacional.

El gobierno de El Salvador ha remitido a la Asamblea Legislativa una solicitud para aprobar un préstamo de USD 75.000.000 suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo destino es la financiación del Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II.

La autorización legislativa para este financiamiento quedó establecida en el Decreto Legislativo No. 513 del 18 de febrero de 2026, según lo publicado en el Diario Oficial No. 36, Tomo No. 450 el 20 de febrero de 2026, acto que habilitó al Ejecutivo a formalizar el contrato con la CAF.

El Ministro de Hacienda firmó el contrato de préstamo el 8 de abril de 2026 conforme a la potestad otorgada por el mencionado decreto legislativo. Vale mencionar que en febrero de 2026 la Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de préstamo. De aprobarse, posteriormente, se deberá aprobar la ratificación del mismo.

“En razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas por nuestra legislación, con la presente me permito enviar a ustedes el proyecto de Decreto de Aprobación y original del Contrato de Préstamo denominado ‘Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II’“, justificó en la solicitud el ministro de Hacienda Jerson Rogelio Posada.

La segunda fase de Doctor SV

La segunda fase de esta aplicación tecnológica tendrá un acceso descentralizado a los medicamentos, debido a que se prevé la instalación de 400 kioscos dispensadores, los cuales serán colocados en puntos estratégicos que tengan mayor núcleo poblacional.

La aprobación del préstamo con el CAF es parte del respaldo que los diputados han brindado a este proyecto, pues el 11 de noviembre de 2025, el pleno legislativo aprobó un dictamen a favor de que se le incorporaran a la cartera de Salud Pública $11,097,000 —provenientes de un préstamo suscrito en 2023 con el CAF por $77,000,000— con el propósito de implementar el programa de telemedicina.

Una parte de ese dinero se utilizó para contratar servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de la conectividad en red, así como para consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del programa. También se invirtió en mobiliario, equipo informático y servicios de auditoría externa para verificar el buen uso de los recursos.

La noche de este 14 de abril, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, mencionó junto con los encargados del programa en una conversación transmitida en cadena nacional que Doctor SV utilizará la Inteligencia Artificial (IA)para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

El segmento incluye a quienes padecen enfermedades como: hipertensión, diabetes y afecciones renales, que requieren un seguimiento médico especializado.

En dicha conversación se divulgó que el programa informa a los pacientes sobre medicación, controles, análisis y, en caso de inasistencia, alerta a un equipo de profesionales para intervención directa y prevención del abandono terapéutico.

Al mismo tiempo, se anunció que, en la nueva etapa, se incorporan medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, incluyendo insulina y fármacos destinados al control de la hipertensión.

La Asamblea Legislativa de El Salvador eligió este martes a tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, en una sesión marcada por la aprobación mayoritaria de la bancada oficialista. Las designaciones se realizaron a través de votación nominal y pública en el pleno, con 57 votos a favor, dos diputados ausentes y un voto en contra, emitido por la diputada suplente Cesia Leonor Rivas, del partido VAMOS.

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, abrió el proceso tras recibir la solicitud del grupo parlamentario Nuevas Ideas para proceder con la elección de los magistrados suplentes. La diputada y primera secretaria, Elisa Rosales, leyó la pieza de correspondencia que fundamentó la propuesta, basada en los artículos 131, 133, 173 y 186 de la Constitución y en el artículo 99 del Reglamento Interior de la Asamblea.

Según lo expuesto, la Comisión Política constató que los candidatos cumplen con los requisitos constitucionales y el perfil exigido, con énfasis en la moralidad y competencias notorias. El listado de abogados elegibles fue remitido previamente por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), conforme a la ley, con postulaciones válidas por tres años para cubrir eventuales vacantes.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, argumentó la necesidad de elegir magistrados suplentes para asegurar la continuidad de la Sala de lo Constitucional y otras salas de la Corte Suprema de Justicia en caso de ausencias por fuerza mayor. Propuso la elección de Claus Arthur Flores Acosta como magistrado suplente designado a la Sala de lo Constitucional para el periodo que finaliza el 15 de noviembre de 2027, y de Joaquín Omar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García como magistrados suplentes hasta el 23 de septiembre de 2033.

De acuerdo con la información presentada en el pleno, los candidatos seleccionados tienen experiencia tanto en el ámbito judicial como académico. Sus credenciales incluyen desempeño como jueces, formación en derecho y participación en distintas instancias del sistema judicial salvadoreño.

En ese sentido, se informó que Claus Arthur Flores Acosta ha ejercido como magistrado de la Cámara de Familia de Occidente, juez en juzgados civiles y de menores, y posee estudios de posgrado en derechos humanos y educación para la paz. Joaquín Omar Vallejos Díaz es abogado y notario con experiencia como juez de paz y formación en docencia universitaria. Mientras que Jesús Ulises García cuenta con una trayectoria que se remonta a 1981 como formador en la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta fue sometida a votación para cada candidato por separado. El procedimiento se desarrolló con el pase de lista nominal y pública, donde la mayoría de los diputados presentes apoyó las designaciones. La única objeción quedó registrada por parte de la diputada suplente Cesia Leonor Rivas, del partido VAMOS, mientras que ningún otro partido presentó propuestas alternativas.

Los magistrados suplentes tienen la función de cubrir vacantes o sustituir a magistrados propietarios cuando resulte necesario durante el periodo para el que han sido designados. Tras la aprobación de la Asamblea, los nuevos funcionarios prestaron la protesta de ley y asumieron formalmente sus cargos.

Durante el acto protocolario, el presidente del órgano legislativo dirigió la toma de protesta a los abogados electos, recordándoles su compromiso con la Constitución y las leyes de la República. “Protestan bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen”, expresó Ernesto Castro.

La elección de los magistrados suplentes se enmarca en el proceso de renovación parcial de la Corte Suprema de Justicia, tal como establecen las normas constitucionales y reglamentarias en El Salvador.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió la conformación del Directorio Legislativo que dirigirá la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo 2026-2027, así como la distribución de sus diputados en las principales comisiones legislativas, tanto ordinarias como especiales permanentes.

La información fue divulgada mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la diputada electa por Cartago, Yara Jiménez, será la candidata de la bancada oficialista para asumir la presidencia del Congreso a partir del 1.º de mayo.

El resto de los cargos del Directorio Legislativo también fueron definidos por el PPSO. La vicepresidencia recaerá en Esmeralda Britton, expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS). La Primera Secretaría será ocupada por Gerald Bogantes, mientras que la Segunda Secretaría estará a cargo de Reynaldo Arias.

En las prosecretarías, el partido designó a Kattia Mora como Primera Prosecretaria y a Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura destituida durante la actual administración, como Segunda Prosecretaria.

El oficialismo podrá elegir la totalidad del Directorio Legislativo sin necesidad de negociar con otras fracciones, debido a que cuenta con 31 votos en el plenario, superando la mayoría simple de 29 diputados requerida para estos nombramientos.

Además, el exministro de Hacienda Nogui Acosta fue designado como jefe de fracción del PPSO, mientras que Juan Manuel Quesada asumirá como subjefe de la bancada.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya entregó las credenciales a los 57 diputados que asumirán funciones el próximo 1.º de mayo. Asimismo, el órgano electoral designó un directorio provisional encabezado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual será el encargado de iniciar la sesión solemne de ese día, previo a la elección del nuevo Directorio Legislativo.

En paralelo a la definición de la papeleta del Directorio, la fracción oficialista también acordó de forma unánime la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas, consideradas espacios clave para el análisis, dictamen de proyectos de ley y control político.

Entre las comisiones ordinarias permanentes, el PPSO ubicó a varios de sus principales representantes en órganos estratégicos. En la Comisión de Asuntos Hacendarios participarán Nogui Acosta, Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos estarán José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattia Calvo. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Económicos contará con la participación de Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias.

Otras comisiones ordinarias como Asuntos Sociales, Gobierno y Administración y Agropecuarios también fueron integradas con diputados del oficialismo, incluyendo figuras como Esmeralda Britton, Juan Manuel Quesada, Kattia Mora y Gonzalo Ramírez.

En cuanto a las comisiones especiales permanentes, el PPSO también definió sus representantes en áreas como Mujer, Educación, Seguridad y Narcotráfico, Ambiente, Turismo y Derechos Humanos, entre otras.

Por ejemplo, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público participarán Antonio Barzuna, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner y Nogui Acosta. En la Comisión de Nombramientos estarán Marta Esquivel, Gerald Bogantes, Antonio Barzuna y Yara Jiménez.

Asimismo, la Comisión de Relaciones Internacionales será integrada por José Miguel Villalobos, Cindy Murillo, Mayuli Ortega y Juan Manuel Quesada, mientras que en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico participarán Gonzalo Ramírez, Marta Esquivel, Daniel Siezer y Kattia Calvo.

La definición de estas integraciones se da en un contexto donde el Directorio Legislativo tiene la potestad de formalizar la conformación de las comisiones y distribuir los espacios según la proporción de cada bancada, lo que otorga al oficialismo un margen amplio en la organización del trabajo parlamentario.

Con esta estructura, el Partido Pueblo Soberano concentrará tanto la dirección del Congreso como una presencia relevante en las principales comisiones, de cara al inicio del periodo legislativo 2026-2030.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, en sesión plenaria, el proyecto de decreto que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de hasta USD 501.253.133,00. El proyecto ingresó con dispensa de trámite y recibió el respaldo de 56 votos a favor, lo que permitió su aprobación en el mismo día de su presentación.

Los fondos obtenidos mediante este préstamo serán destinados a financiar el “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”, una iniciativa que busca fortalecer y acelerar el aprendizaje en la educación básica a nivel nacional. El programa tiene como propósito central continuar impulsando acciones orientadas al perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas y la promoción del uso de tecnología en el sistema educativo. Según lo detallado en documento aprobado, el Gobierno de El Salvador reconoce la importancia de mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo mediante la incorporación de nuevas herramientas digitales y la actualización de los métodos de enseñanza.

El contrato autorizado establece que el monto total de hasta USD 501,2 millones será otorgado bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, en reconocimiento a los avances y esfuerzos realizados por el país en materia educativa. El plazo del préstamo es de hasta veinticinco años, incluyendo un período de gracia de cinco años. La amortización se realizará a través de pagos semestrales consecutivos y, en la medida de lo posible, iguales, hasta la total cancelación del capital.

En cuanto a los intereses, el decreto estipula que se aplicará una tasa de referencia más un margen variable, ajustándose automáticamente cada vez que los desembolsos sean iguales o superiores a USD 50,125.313. Además, se establece el pago de una comisión inicial y una comisión de compromiso, cada una equivalente a un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto total del préstamo y del saldo no desembolsado, respectivamente. Ambas comisiones serán financiadas con los propios fondos del préstamo.

De acuerdo con el articulado del decreto, los recursos provenientes del contrato de préstamo podrán ser utilizados para apoyar acciones estratégicas del Gobierno impulsadas en el ámbito educativo. También se contempla la posibilidad de destinarlos a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y transferencias varias, siempre en coherencia con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y la innovación en la educación básica.

Procedimiento legislativo y respaldo

La iniciativa de ley fue remitida a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en cumplimiento de instrucciones del presidente de la República. El documento, que ingresó con fecha de 8 de abril de 2026, fue tratado con dispensa de trámite para agilizar su discusión y aprobación, dada la relevancia estratégica del programa para el sistema educativo nacional.

Durante la sesión plenaria, la pieza fue conocida y aprobada con 56 votos a favor, reflejando un amplio respaldo por parte de los diputados presentes. El acuerdo responde al compromiso del Estado salvadoreño de impulsar reformas y acciones orientadas a mejorar la capacidad del país para enfrentar los retos educativos, especialmente en el contexto de la transformación digital y la necesidad de fortalecer la educación básica.

La entrega de credenciales a las 57 diputaciones electas para el periodo 2026-2030 por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no solo oficializa los resultados de las elecciones nacionales, sino que activa el inicio de un nuevo ciclo político con efectos directos en la vida de la población.

El acto, realizado en el auditorio del TSE, dejó formalmente habilitados a los nuevos legisladores que integrarán la Asamblea Legislativa de Costa Rica a partir del próximo 1 de mayo. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes, es la conformación del directorio legislativo provisional, encargado de conducir los primeros pasos del Congreso.

De acuerdo con lo establecido en el reglamento legislativo, este directorio está integrado por las seis diputaciones de mayor edad que encabezaron sus respectivas papeletas. Su función será clave durante la sesión inaugural, ya que tendrán la responsabilidad de verificar el quórum, juramentar a los legisladores y dirigir el proceso para elegir el directorio definitivo.

Para este periodo, el directorio provisional quedó conformado de la siguiente manera:

• Presidencia: Ronald Alberto Campos Villegas (PLN)
• Vicepresidencia: Janice Patricia Sandí Morales (PLN)
• Primera secretaría: José Miguel Villalobos Umaña (PPSO)
• Segunda secretaría: María Eugenia Román Mora (FA)
• Primera prosecretaría: Eugenia Esquivel Rodríguez (PPSO)
• Segunda prosecretaría: Nogui Acosta Jaén (PPSO)

Aunque su permanencia es temporal, el papel de este grupo es determinante para garantizar una transición ordenada y transparente en el inicio del nuevo periodo legislativo. Para la ciudadanía, esto se traduce en estabilidad institucional, un elemento clave en un país donde las decisiones políticas impactan directamente el acceso a servicios, la economía y la confianza en las instituciones.

El correcto desarrollo de esta primera sesión tiene implicaciones concretas. Un proceso fluido permite que el Congreso arranque sin atrasos, lo que facilita la continuidad del funcionamiento del Estado. Por el contrario, eventuales conflictos o falta de acuerdos podrían retrasar decisiones administrativas y políticas que afectan la vida cotidiana de los costarricenses.

Otro elemento destacado de esta renovación legislativa es su composición: por primera vez en la historia democrática de Costa Rica, el Congreso estará integrado mayoritariamente por mujeres, con 30 diputadas frente a 27 diputados. Este cambio representa un avance significativo en términos de representación y podría incidir en la agenda y prioridades del Poder Legislativo.

Paralelamente, durante la misma ceremonia, el TSE realizó la devolución del mando de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo, una potestad que había asumido desde octubre de 2025 como parte del proceso electoral. Este acto reafirma la normalidad institucional tras las elecciones y el respeto al orden democrático.

La entrega de credenciales y la conformación del directorio provisional no son simples formalidades: son el punto de partida de un engranaje institucional que impactará de manera directa en la vida diaria de los costarricenses durante los próximos cuatro años.

Costa Rica dio un paso decisivo hacia la modernización de una de sus rutas más transitadas, pero el beneficio para miles de usuarios aún enfrenta un obstáculo clave: la falta de financiamiento para las expropiaciones necesarias.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, con el voto unánime de 42 diputados, el expediente 25,183 que autoriza un crédito por $770 millones para la ampliación y mejoramiento del corredor vial entre San José y San Ramón, sobre la Ruta 1.

Se trata de una de las obras de infraestructura más esperadas en el país, no solo por su impacto en la movilidad, sino por su potencial para dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de miles de personas que utilizan esta vía a diario.

El financiamiento se divide en $600 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, lo que convierte este proyecto, de aproximadamente 56 kilómetros, en el más costoso y complejo en la historia reciente del país.

Sin embargo, más allá del avance legislativo, el impacto directo en la población dependerá de un factor crítico: la ejecución de más de 500 expropiaciones necesarias para ampliar la carretera, un proceso que aún no cuenta con recursos dentro del crédito aprobado.

Un alivio esperado para miles de usuarios

Para quienes transitan diariamente entre San José y el occidente del país, la ampliación de esta ruta representa una mejora tangible en su vida cotidiana.

La actual carretera es conocida por sus altos niveles de congestión, lo que se traduce en largas horas en presa, mayores costos de transporte, desgaste vehicular y menor tiempo disponible para actividades personales o familiares.

Con la ampliación, se espera reducir significativamente los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de bienes y servicios, lo que podría impactar positivamente en sectores como el comercio, el turismo y la producción.

Además, la obra tiene un efecto indirecto en la economía de los hogares, ya que una movilidad más eficiente puede traducirse en menores gastos en combustible y mayor productividad.

El riesgo que podría retrasar los beneficios

A pesar de estos potenciales beneficios, el proyecto enfrenta un desafío estructural: las expropiaciones.

Según datos presentados durante la discusión legislativa, se requieren al menos 503 expropiaciones, con un costo estimado superior a los $113 millones. Este monto no está contemplado dentro del crédito aprobado, lo que obliga al Gobierno a financiarlo con recursos del presupuesto nacional.

Este punto generó preocupación entre los diputados, especialmente de oposición, quienes advirtieron que sin estos recursos la obra podría retrasarse o incluso estancarse.

El plan del Ejecutivo contempla realizar entre 100 y 120 expropiaciones por año hasta 2031, lo que implicaría una inversión promedio de $28 millones anuales. Esto significa que los beneficios completos del proyecto no se verían de inmediato, sino de forma progresiva.

Para la población, esto se traduce en incertidumbre: aunque el proyecto ya cuenta con financiamiento para su construcción, su ejecución efectiva dependerá de la capacidad del Estado para adquirir los terrenos necesarios.

Mayor control y transparencia

El texto aprobado incorpora mecanismos que buscan garantizar una mejor ejecución del proyecto, lo que también tiene impacto directo en la ciudadanía.

Entre los cambios introducidos por los diputados destaca la obligación de utilizar tecnologías modernas para la planificación, construcción y supervisión de la obra, con el objetivo de asegurar eficiencia, sostenibilidad y transparencia.

Asimismo, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) deberá presentar informes semestrales ante la Comisión de Hacendarios, lo que permitirá un seguimiento constante del avance del proyecto.

Estos mecanismos responden a experiencias pasadas en el país, donde grandes obras de infraestructura han enfrentado retrasos, sobrecostos o cuestionamientos en su ejecución.

Decisiones técnicas que influirán en el resultado

Otro de los elementos clave del proyecto es que la entidad encargada podrá definir el material de construcción —asfalto o cemento— en función de criterios económicos, sociales y ambientales.

Esta decisión tendrá un impacto directo en la durabilidad de la obra, los costos de mantenimiento y la calidad del servicio que recibirán los usuarios en el largo plazo.

Un proyecto estratégico, pero con retos

La ampliación de la carretera San José-San Ramón forma parte de los proyectos prioritarios impulsados por el Gobierno y respaldados por el Congreso en las últimas semanas.

Su aprobación representa un avance significativo en materia de infraestructura, pero también deja en evidencia las limitaciones estructurales del país para ejecutar obras de gran escala.

Para los costarricenses, el impacto será claro: menos presas, mayor seguridad y mejor conectividad. Pero estos beneficios dependerán de que el Estado logre superar los retos pendientes, especialmente en materia de expropiaciones y ejecución presupuestaria.

Por ahora, el proyecto queda a la espera de la firma del presidente de la República para su entrada en vigencia. A partir de ahí, comenzará una nueva etapa donde la promesa de una mejor carretera deberá traducirse en resultados concretos para la población.

El informe ejecutivo presentado por Joaquín Montano, director general de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda de El Salvador, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa este martes, destacó una ejecución del 96 % en los ingresos y del 97 % en los gastos del presupuesto estatal para el año fiscal 2025.

El reporte expuesto ante los diputados detallaría los resultados financieros consolidados de 140 entidades del sector público y resalta avances en recaudación tributaria, disciplina fiscal y reducción de la dependencia del endeudamiento externo, según el representante de Hacienda.

Según explicó Montano, el informe se fundamenta en el artículo 168, ordinal sexto, de la Constitución de la República, que exige la presentación anual de la cuenta general del presupuesto y del estado demostrativo del tesoro público, así como en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La cobertura del reporte abarca tanto el gobierno central como instituciones descentralizadas, hospitales nacionales, empresas públicas y entidades con presupuestos especiales.

La ejecución presupuestaria de ingresos del presupuesto general del Estado para 2025 fue de 8.092 millones de dólares, sobre un presupuesto aprobado de 8.434 millones, reflejando un cumplimiento del 96 %.

Dentro de este monto, los ingresos tributarios alcanzaron 7.794 millones, mientras que ingresos no tributarios, contribuciones a la seguridad social, ventas de bienes y servicios y transferencias completaron el resto del total.

“Esto es un gran logro que se ha tenido a través del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, con sus planes de recaudación y la facturación electrónica”, afirmó Montano ante la comisión.

El funcionario atribuyó estos resultados a una mayor conciencia de ciudadanos y empresas respecto al pago de impuestos y al impacto de las políticas públicas recientes.

En cuanto a los egresos, de los 7.135 millones de dólares presupuestados para gastos corrientes, se ejecutaron 6.911 millones, lo que equivale a un 97 % de cumplimiento.

Según la exposición de Montano, los gastos de consumo o gestión operativa de las entidades sumaron 3.379,2 millones, el gasto financiero fue de 1.506,8 millones, y las transferencias corrientes alcanzaron los 2.025 millones.

La ejecución de ingresos permitió cubrir prácticamente la totalidad de los gastos, lo que, según el funcionario, se traduce en mejoras visibles en áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura y turismo.

El estado demostrativo de la situación del tesoro público y del patrimonio fiscal mostró un balance consolidado de activos por 26.744 millones de dólares, con activos corrientes y no corrientes distribuidos en fondos, inversiones financieras y bienes de uso.

Los pasivos corrientes sumaron 5.994,5 millones, mientras que los pasivos no corrientes, de largo plazo, ascendieron a 30.513 millones. El balance final equipara activos y patrimonio con los pasivos, conforme a los principios de contabilidad gubernamental.

Entre las conclusiones del informe, Montano señaló que el crecimiento sostenido de la recaudación tributaria refleja también un crecimiento económico del país, impulsado por estrategias como el Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando.

“El Salvador ahora está haciendo esfuerzos concretos para no depender más, o depender lo menos posible, del endeudamiento externo y financiar su propio desarrollo con recursos propios que sean sostenibles”, sostuvo el director de Contabilidad Gubernamental.

El gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, está obligado por Constitución (artículo 168 ordinal sexto) y por la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley AFI, artículo 105 literal K) a rendir este informe.

La diputada oficialista Diana Romero, esposa del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, está en el ojo de la tormenta por ausencias recurrentes a la Cámara de Diputados.

En la última semana, la diputada faltó a dos sesiones —el 25 y 26 de marzo— porque se encontraba en México, a donde fue invitada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para ver el partido clasificatorio de Bolivia contra Surinam para el Mundial. Según denunciaron públicamente algunos legisladores, con estas ausencias Romero acumularía al menos diez faltas desde que inició su gestión en noviembre pasado.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, anunció un proceso disciplinario para establecer si la diputada incumplió con el reglamento de licencias y, en ese caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Sin embargo, la normativa de la Asamblea Legislativa es generosa porque no establece un límite de licencias y permite a los legisladores gozar del 100% de su remuneración cuando faltan con permiso.

Según el reglamento interno, los diputados pueden solicitar indefinidas licencias por motivos personales (como matrimonio o el fallecimiento de un familiar), de fuerza mayor (como accidentes o la imposibilidad de llegar a la sesión), convocatorias a otras instancias públicas, invitaciones relacionadas con la función parlamentaria, baja médica o viajes nacionales e internacionales, pero no reglamenta el motivo de los desplazamientos.

La denuncia formal contra Romero la presentó la diputada opositora Sofía Rocha, quien sostiene que su colega justificó las inasistencias con bajas médicas para realizar viajes a Brasil y México. La Comisión de Ética, conformada este martes, analizará las solicitudes realizadas para analizar si se cumplió con el reglamento de licencias o si su ausencia se considera abandono de funciones.

El Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados incluye como “falta gravísima” la figura de “abandono injustificado” de funciones cuando se contabilizan más de seis días continuos u once discontinuos en el año. En ese caso, la sanción implica la pérdida de mandato, pero no se registran precedentes recientes de la aplicación de esta figura.

La diputada de oposición Adriana Aguirre manifestó que al margen de las acciones contra Romero, se debería investigar a los funcionarios que aceptaron los documentos y autorizaron el permiso. “La evaluación interna de la justificación del permiso la desconozco, pero debería ser muy rígida”, explicó a Infobae.

La primera polémica en torno al cumplimiento de las funciones legislativas de la diputada Romero surgió en el inicio de su gestión, cuando no asistió a la primera sesión de la Cámara de Diputados porque se encontraba en Brasil. El vicepresidente Lara justificó la ausencia alegando motivos de salud y reveló que su esposa tenía un tumor en la cabeza que le produce fuertes dolores y desmayos.

Mientras algunos sectores consideran que las críticas contra Romero responden a una fiscalización legítima del trabajo parlamentario, otros advierten un posible uso político del tema.

En una perspectiva mayor, su caso genera un debate más amplio sobre la asistencia de los legisladores, los mecanismos de control dentro de la Asamblea Legislativa y la rendición de cuentas de las autoridades electas.

Diana Romero, de 39 años, fue electa diputada de Santa Cruz por el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El 3 de abril, El Salvador pondrá en vigor la prisión perpetua para quienes sean condenados por homicidio, terrorismo, violación y feminicidio, tras la reciente reforma del Artículo 27 de la Constitución. La medida convierte al país centroamericano en uno de los pocos en la región con este tipo de sanción para delitos graves, tal como consta en la edición del Diario Oficial del 26 de marzo, última edición disponible.

La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de la reforma el jueves pasado, tras un acuerdo impulsado por el Gobierno de El Salvador y promovido por el partido Nuevas Ideas. El texto constitucional, tras la modificación, estipula: “Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”. La ratificación contó con 58 votos, provenientes de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y una diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El partido Vamos se opuso a la iniciativa.

Durante la sesión, Ernesto Castro, presidente del Órgano Legislativo, defendió la reforma y rechazó los informes de expertos internacionales que han denunciado presuntos abusos cometidos en el marco del régimen de excepción. “Nosotros aquí no los respetamos, señores, entiendan. Lo que ustedes digan y las conclusiones que ustedes lleguen en esas 289 páginas a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que dicen los salvadoreños en las comunidades”, afirmó Castro durante su intervención.

Las cifras oficiales indican que en 2025 las autoridades de Seguridad de El Salvador registraron 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional, datos que han sido presentados como argumento para justificar la severidad de la nueva legislación.

Vale recordar el debate sobre la prisión perpetua, durante la aprobación de la ratificación, se enmarca en el contexto de una política de seguridad más estricta, implementada por el gobierno salvadoreño frente al accionar de grupos criminales y pandillas. La reforma representa un giro en la respuesta penal del Estado ante delitos considerados especialmente graves y ocurre en medio de cuestionamientos internacionales sobre las restricciones a derechos fundamentales en el país.

La entrada en vigor de la disposición plantea un nuevo escenario para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, con la expectativa puesta en la aplicación de las nuevas condenas para los delitos de homicidio, terrorismo, violación y feminicidio.

Más de 180 países aplican cadena perpetua

El Salvador se suma a los más de 180 países a nivel mundial en implementar la pena de cadena perpetua. Diversas naciones la aplican, ya sea como prisión vitalicia o revisable.

Estados Unidos, China, Reino Unido, India y Sudáfrica aplican esta pena máxima de carácter definitivo. A nivel Latinoamérica, El Salvador será el noveno país en contemplar este castigo en su legislación, al igual que México, Honduras, Nicaragua, Argentina, Chile, Perú, Cuba y Colombia.

Armonía de leyes secundarias

Estas nuevas disposiciones, informadas en el documento legislativo, alteran al menos 10 artículos del Código Penal, incluidas las enmiendas establecen que los crímenes de homicidio simple, homicidio agravado, violación —incluyendo la perpetrada contra menores o personas incapaces— y agresión sexual agravada tendrán como única pena la prisión perpetua.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres también fue modificada. Según lo informado, las reformas a los artículos 45 y 46 de esta ley ahora exigen que el feminicidio y el feminicidio agravado sean castigados con cadena perpetua, reemplazando las penas anteriores que iban desde 20 hasta 50 años según el grado de gravedad. Además, se introduce una jurisdicción especializada en género, que será responsable de aplicar estos nuevos tipos penales.

Otra de las áreas más afectadas por las renovaciones normativas es la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Las reformas a los artículos 4 y 13 amplían la definición de organizaciones terroristas y endurecen los castigos para los integrantes de pandillas y líderes de estas estructuras. Conforme al texto presentado, la pena para los miembros pasa de un rango de 15 a 20 años de prisión a uno de 20 a 30 años. En el caso de los jefes y dirigentes, la condena máxima aumenta de 40 a 60 años de cárcel.

En cuanto al Código Procesal Penal, el inciso segundo del artículo 8 elimina el límite máximo de duración de la detención provisional para los delitos de homicidio, violación y terrorismo, permitiendo que una persona permanezca privada de libertad sin plazo fijo durante la fase de investigación. Esta medida sustituye las restricciones previas a la detención preventiva en casos considerados de extrema gravedad.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el crédito por USD 770 millones para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón, una intervención estratégica cuya meta es resolver graves problemas de congestión y seguridad vial, reducir sustancialmente los tiempos de traslado y fortalecer la competitividad nacional.

Esta vía, de acuerdo con los datos que se manejaron durante la discusión legislativa, sostiene la movilidad diaria de miles de personas, conecta zonas productivas e industriales e incide de manera directa en la calidad de vida, así como en las oportunidades económicas de regiones enteras del país.

El empréstito aprobado se compone de dos tramos: USD 600 millones serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica en un plazo de veinte años, mientras que los restantes USD 170 millones provendrán de fondos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La Asamblea informó que alcaldes de la zona occidental celebraron la aprobación de este crédito, resaltando el impacto sobre más de 96,900 habitantes solo en el cantón de San Ramón.

La ruta nacional uno, eje central del proyecto, enlaza San José con San Ramón y cumple un rol fundamental por su volumen vehicular, su carácter interprovincial y su vinculación con centros logísticos clave como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y las principales vías de exportación e importación. Según la diputada liberacionista, Paulina Ramirez, la infraestructura vial actual en la ruta se caracteriza por “altos niveles de congestión, condiciones de riesgo en seguridad vial y limitaciones que impactan negativamente la eficiencia del transporte”. Para la población de Palmares, cuyos habitantes suelen desplazarse a diario hacia la Gran Área Metropolitana por motivos laborales, la congestión implica “cuatro horas de viaje, tiempo que podrían pasar en familia”, indicó.

El rezago en infraestructura acentúa los problemas sociales y económicos

Miembros del Congreso recordaron en la sesión el rezago prolongado en inversión pública e infraestructura que enfrenta Costa Rica en comparación con países de la región. Este escenario, conforme expuso Jonathan Acuña del Frente Amplio, limita tanto el bienestar ciudadano como la llegada de inversión extranjera, en particular en zonas de crecimiento como las zonas francas del occidente. El legislador expuso que “Costa Rica tiene unos niveles de gasto de capital bajo respecto a países semejantes en la región”, lo cual repercute en que "no tiene un servicio de transporte público de calidad" ni “las carreteras necesarias para la movilidad de la ciudadanía”.

La historia del corredor San José-San Ramón ha estado marcada por controversias y años de incertidumbre. El intento de instaurar un modelo concesionario que supondría pagos muy elevados para los usuarios generó protestas ciudadanas, la retirada del esquema propuesto y el pago de una indemnización millonaria a una empresa después investigada y condenada por corrupción en otros países, sin que se ejecutaran las obras previstas.

Impacto directo en la población y en la competitividad nacional

El proyecto busca atender necesidades inmediatas de la población. María Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón subrayó que la obra “mejorará la calidad de vida, la salud, el tiempo en familia y la inversión para la región de occidente”. Funcionarios municipales precisaron que el trayecto actual, susceptible de extenderse hasta cuatro horas en días de máximo tránsito, será radicalmente optimizado, lo que devolverá tiempo valioso a las familias y reducirá costos logísticos para los sectores productivos.

La relevancia de este corredor vial no reside únicamente en la mejora de la movilidad, sino también en su contribución para superar una de las principales limitaciones estructurales del país.

El proyecto de ley ahora avanzará al segundo debate en la Asamblea Legislativa, instancia en la que podría convertirse en ley de la República y dar inicio a una de las inversiones en infraestructura más esperadas de las últimas décadas.

La discusión sobre el final de la vida volvió al centro del debate público en Costa Rica tras la reciente presentación, ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de un proyecto de ley que busca regular la llamada “muerte digna” para pacientes con enfermedades terminales. En ese contexto, la Alianza Evangélica Costarricense expresó un rechazo contundente a la iniciativa, al considerar que abre la puerta a prácticas cercanas a la eutanasia y plantea dilemas éticos profundos.

El proyecto fue impulsado por un grupo de diputados liderados por el liberacionista Danny Vargas y pretende establecer un marco legal para que personas en fase terminal puedan decidir sobre su muerte en condiciones específicas, incluyendo el rechazo de tratamientos y la posibilidad de intervenciones médicas para aliviar el sufrimiento.

Se trata de un nuevo intento legislativo en una discusión que no es nueva en el país. Propuestas similares han sido planteadas en años anteriores sin éxito, en medio de un debate que mezcla consideraciones jurídicas, médicas, religiosas y de derechos humanos.

“Una carga moral extremadamente delicada”

En un pronunciamiento, la Alianza Evangélica manifestó su “profunda preocupación” por el contenido del proyecto, al considerar que, más allá de su intención de aliviar el sufrimiento, introduce disposiciones que trasladan a médicos y familiares una responsabilidad moral compleja: decidir el momento de la muerte de una persona.

“La legislación podría abrir espacio a presiones, explícitas o implícitas, sobre personas vulnerables, como adultos mayores, enfermos crónicos o pacientes en condición terminal”, advirtió la organización en el documento.

Además, señalaron que el texto contempla elementos que generan inquietud, como la posibilidad de desistir de tratamientos vitales, suscribir decisiones anticipadas para rechazar intervenciones médicas y establecer que ciertos actos realizados por médicos “por motivos de piedad” no sean punibles.

Para la agrupación religiosa, esta combinación “no solo genera ambigüedad jurídica”, sino que coloca sobre los profesionales de la salud y las familias una responsabilidad que trasciende lo médico y entra en el terreno ético y moral.

Debate sobre eutanasia y marco legal

El proyecto de “muerte digna” busca reconocer el derecho de pacientes con enfermedades irreversibles a tener un final sin dolor, lo que en la práctica ha generado interpretaciones sobre la eventual inclusión de formas de eutanasia, tanto pasiva como activa.

Actualmente, en Costa Rica la eutanasia activa no está permitida y puede ser sancionada bajo la figura de “homicidio por piedad”, mientras que el ordenamiento jurídico sí contempla derechos como el rechazo a tratamientos médicos y el acceso a cuidados paliativos.

La iniciativa legislativa pretende precisamente regular estos escenarios, incluyendo el derecho a decidir sobre procedimientos médicos al final de la vida, en línea con discusiones que han avanzado en otros países. Sin embargo, el tema sigue siendo altamente polarizante en la sociedad costarricense.

Llamado a fortalecer cuidados paliativos

Lejos de limitarse a una oposición, la Alianza Evangélica hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a promover una legislación que fortalezca el acceso universal a cuidados paliativos de calidad.

“Creemos en el acompañamiento compasivo, en el alivio del dolor y en la atención integral del paciente en todas sus dimensiones”, señala el pronunciamiento.

En esa línea, insistieron en que Costa Rica debe avanzar en humanidad, compasión y cuidado, pero “sin cruzar la línea que compromete el valor sagrado de la vida”.

También subrayaron la importancia del acompañamiento familiar y espiritual como parte del proceso de atención a pacientes terminales.

“La vida es un don de Dios”

El documento concluye con una posición basada en principios religiosos: la vida humana es un don divino cuyo valor no depende de la condición de salud, la edad o la percepción de calidad de vida.

“La vida humana es siempre sagrada, desde su gestación hasta la muerte natural”, afirmó la organización, que además aseguró que defenderá este principio “hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, reiteraron su oposición al proyecto de ley y a cualquier iniciativa que, a su juicio, atente contra la existencia humana en cualquiera de sus etapas.

Un debate que apenas comienza

El proyecto de “muerte digna” deberá ahora seguir el trámite legislativo correspondiente, que incluye su análisis en comisión y eventuales discusiones en el plenario de la Asamblea Legislativa, donde los diputados tendrán la última palabra.

Mientras tanto, el tema ya genera posiciones encontradas entre sectores políticos, médicos, académicos y religiosos, anticipando un debate amplio en el país sobre el derecho a morir, el papel del Estado y los límites éticos de la medicina.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictámenes favorables para ratificar una reforma constitucional que habilita la prisión perpetua para delitos como terrorismo, violación, homicidio y feminicidio, y para armonizar la legislación secundaria correspondiente.

El avance legislativo responde a la intención de endurecer el castigo para quienes sean encontrados culpables de los delitos más graves, buscando con ello fortalecer la política de seguridad del país y establecer penas ejemplares en el marco legal vigente, según declararon los diputados en la Comisión.

En el desarrollo de la sesión, el diputado Caleb Navarro propuso modificaciones específicas al Código Penal, enfatizando la necesidad de igualar la pena entre autores y cómplices en los delitos que conllevan prisión perpetua.

De acuerdo con la intervención de Navarro recogida en la exposición ante la Comisión, planteó que “la pena para los cómplices en los delitos cuya pena sea prisión perpetua será la misma que se imponga a los autores”. Posteriormente, el legislador justificó el cambio y explicó: “Porque aquel que ayudó y que su ayuda fue imprescindible para cometer el delito tiene que recibir la misma, la misma pena”.

La moción abordó además la distinción entre tipos de cómplices, un aspecto que fue recalibrado tras el debate parlamentario. Navarro realizó una precisión basada en el artículo 36 del Código Penal, que define a los cómplices como aquellos que brindan una cooperación necesaria para la comisión del delito, detallando: “Cuando nosotros estamos haciendo esta propuesta, me estoy refiriendo al cómplice necesario. Es decir, el que está estableciendo que sin la cooperación de este no hubiese sido posible el delito”. El diputado ejemplificó el alcance de la reforma con un caso donde una persona proporciona un arma utilizada en un homicidio, subrayando que sin esa participación el crimen no se habría concretado.

La diputada Marcela Villatoro solicitó puntualizar la redacción para delimitar el concepto de “cómplice necesario”, señalando que existen individuos que colaboran bajo coacción o amenazas. Esa aclaración fue incorporada finalmente en el texto para distinguir la responsabilidad de quienes participan sin una decisión plenamente voluntaria.

Durante el análisis, Navarro también precisó las diferencias entre un cómplice necesario y un simple colaborador, como aquellos que alertan a las pandillas sobre operativos policiales. Explicó que este último grupo no recibe la misma pena y mantiene acceso a programas de reinserción social, como el “Cero Ocio”, conforme lo establece la Constitución nacional, aunque igualmente debe cumplir una condena privativa de libertad.

Sobre el clima social y político, el diputado José Chamagua defendió la reforma y aseguró que: “No es ningún tipo de populismo punitivo. La misma población respalda los esfuerzos en seguridad que se han hecho”, de acuerdo con la documentación oficial de la sesión parlamentaria.

Las reformas legales igualan las penas para autores y cómplices necesarios en delitos con prisión perpetua

El acuerdo avalado por la Comisión Política modifica los artículos 66 y 68 del Código Penal. Según el nuevo texto, tanto los autores como los cómplices necesarios en delitos con prisión perpetua enfrentarán la misma sanción.

En el caso de los delitos tentados —cuando la acción delictiva no se consuma—, la pena se establecerá desde la mitad del plazo hasta la primera revisión estipulada para la prisión perpetua, siempre conforme a lo dispuesto en el artículo 92B del mismo Código, según la enmienda propuesta por Navarro.

Estos cambios legales distinguen expresamente entre el cómplice necesario, cuya participación es imprescindible para consumar el delito, y otras formas de cooperación consideradas de menor gravedad según el Código Penal.

La aplicación diferenciada de las penas responde a la exigencia de proporcionalidad jurídica y a la demanda social creciente por mecanismos más estrictos contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto, tal como expusieron los legisladores presentes durante el debate.

La reforma ratificada por la Comisión Política culmina tras un proceso de discusión técnica y responde a la ampliación de la política criminal del Estado salvadoreño. Los dictámenes podrán incluirse en el desarrollo de la sesión plenaria convocada para este jueves 26 de marzo.

El diputado Danny Vargas Serrano, del Partido Liberación Nacional, presentó junto a un grupo de congresistas el proyecto de ley “Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal”, que busca reconocer en Costa Rica el derecho de las personas con enfermedades incurables a decidir el final de su vida sin intervenciones médicas obligadas ni medidas artificiales que extiendan su sufrimiento.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,455, plantea que el derecho a la vida debe armonizarse con la libertad individual, la dignidad humana y la autonomía personal, sentando las bases para un marco jurídico que permita a los pacientes terminales rechazar tratamientos o solicitar la suspensión del soporte vital en condiciones estrictas y rigurosamente supervisadas.

Una de las disposiciones centrales del proyecto consiste en que el reconocimiento de la muerte digna está diseñado para casos en que la persona afronte una enfermedad irreversible, con pronóstico de vida menor a seis meses o un deterioro crónico y progresivo; esta situación debe diagnosticarse por un médico especialista.

El proyecto excluye explícitamente la eutanasia activa y distingue entre este concepto y la “muerte digna”, si bien se reconoce la superposición de términos en el debate público, el expediente precisa que “no está contemplado” provocar de manera intencional una muerte indolora al paciente por acción directa del facultativo o por el llamado suicidio asistido.

La propuesta fue formalmente suscrita por siete legisladores: Jonathán Acuña Soto, Ariel Robles Barrantes, Rocío Alfaro Molina y Priscilla Vindas Salazar del Frente Amplio; Monserrat Ruiz Guevara del Partido Liberación Nacional; Kattia Cambronero Aguiluz, diputada independiente, y el propio Vargas Serrano, líder del impulso. El proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa y será remitido a una comisión legislativa para iniciar su estudio.

La pieza legislativa establece que las personas con enfermedades terminales tienen derecho a una atención y fallecimiento dignos y sin dolor, acceso garantizado a cuidados paliativos y sedación adecuada, así como el derecho a recibir información completa sobre su diagnóstico, opciones terapéuticas y los riesgos asociados a rechazar tratamientos. El artículo 2 otorga al paciente, o a sus allegados en caso de incapacidad, la potestad de desistir voluntariamente de procedimientos invasivos, uso de equipos y medios que prolonguen su vida, siempre bajo supervisión médica.

En los menores de 14 años, la decisión corresponde a sus padres o personas responsables; si se trata de adolescentes, se les consulta directamente como parte del proceso; para adultos inconscientes o en coma, la decisión recae primero en el cónyuge e hijos mayores de edad, luego en los padres y, sucesivamente, en los familiares consanguíneos más próximos.

Comisión Honoraria y protección penal a médicos tratantes

El texto prevé la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes. Este órgano será el encargado de velar por el cumplimiento de los requisitos médicos y legales en cada caso.

El proyecto introduce un cambio en el artículo 116 del Código Penal relativo al homicidio por piedad, añadiendo un párrafo que determina: “No será punible la muerte por motivos de piedad, realizada por el médico tratante, de conformidad con lo establecido en la ley”. Esta modificación representa una protección específica para los profesionales de la salud que, acogiendo la ley y bajo los supuestos detallados, respeten la voluntad de personas en situación terminal.

El derecho a la autodeterminación y antecedentes internacionales

El fundamento jurídico de la iniciativa parte del artículo 46 del Código Civil, que reconoce la posibilidad de negarse a tratamientos médicos, y enlaza el derecho a la muerte digna con el acceso a tratamientos que alivien el dolor, cuidados paliativos y la opción, mediante testamento vital, de rechazar futuras intervenciones consideradas innecesarias. .

Los impulsores del proyecto mencionan como referencia experiencias legislativas de Uruguay, país que cuenta con una normativa específica para estos procedimientos. La propuesta retoma elementos de iniciativas previamente tramitadas en Costa Rica, que no prosperaron en su momento, y aspira a abrir una discusión nacional desde una perspectiva de derechos humanos, salud pública y respeto al libre albedrío.

El trámite parlamentario recién se inicia y, con la remisión a comisión, se abrirá el proceso de debate para determinar el futuro del acceso legal a la muerte digna en Costa Rica.

El plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el expediente 25.158, una reforma al Código Penal que elimina la posibilidad de cumplir arresto domiciliario con brazalete electrónico en casos de delitos cometidos con armas. La medida representa un giro en la política penal del país y responde al creciente contexto de violencia armada que enfrentan las autoridades.

La iniciativa modifica el inciso 2 del artículo 57 bis del Código Penal, con el objetivo de impedir que personas imputadas o condenadas por delitos que involucren armas de fuego, armas punzocortantes o contundentes puedan acceder a este beneficio alternativo a la prisión preventiva o la privación de libertad.

Según se expuso durante la discusión legislativa, la reforma también alcanza el artículo 244 del Código Procesal Penal, en un intento por cerrar portillos legales que anteriormente permitían la aplicación de este tipo de medidas cautelares en delitos de alta peligrosidad.

Un ajuste a la legislación vigente

Los diputados que respaldaron el proyecto señalaron que la iniciativa busca corregir una omisión introducida por una ley previa, la 10.517, aprobada por el mismo Congreso, la cual había eliminado la restricción para el uso del brazalete electrónico en este tipo de delitos.

Con la nueva reforma, el Legislativo pretende restablecer la prohibición en un contexto marcado por el aumento de la violencia armada en Costa Rica, donde los delitos con armas han generado preocupación tanto en la ciudadanía como en las autoridades de seguridad.

Durante el debate, el diputado proponente Fabricio Alvarado explicó que la medida apunta directamente a fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mayor protección a las víctimas, al evitar que personas vinculadas con hechos violentos permanezcan fuera de centros penitenciarios bajo medidas menos restrictivas.

“El objetivo es claro: cerrar un vacío legal que debilitaba la respuesta del Estado frente a delitos graves y devolver coherencia al sistema penal”, indicó.

Debate sobre sanción y prevención

No obstante, la discusión también abrió espacio a cuestionamientos sobre el enfoque de la política criminal en el país. Algunos legisladores advirtieron que endurecer las sanciones, por sí solo, no resolverá el problema de fondo si no se acompaña de estrategias integrales de prevención.

En ese sentido, se enfatizó la necesidad de que exista coherencia entre la imposición de sanciones y la ejecución de las penas, así como un equilibrio entre castigo y políticas públicas orientadas a reducir la criminalidad.

“Las sanciones deben ser proporcionales a la conducta, pero también deben ir de la mano con acciones preventivas que han sido prácticamente nulas en los últimos años”, aseguró la diputada Gloria Navas.

Un mensaje político en materia de seguridad

La aprobación del expediente 25.158 envía una señal clara sobre la postura del Congreso frente a la criminalidad violenta. En medio de un escenario donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones nacionales, los legisladores optaron por endurecer las condiciones para quienes cometan delitos con armas.

La reforma deberá ahora seguir el proceso correspondiente para su entrada en vigencia, pero desde ya marca un precedente en la discusión sobre el uso de medidas alternativas a la prisión en Costa Rica.

Con este cambio, el país busca reforzar su marco normativo y responder con mayor firmeza a los desafíos que plantea la delincuencia armada, en un intento por recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia y garantizar una mayor protección a la población.

El primer apoyo legislativo al expediente 25.158 fue respaldado por 41 diputados, luego de superar el proceso de mociones de reiteración, todas rechazadas, pese a la oposición de cinco legisladores: Alejandra Larios y Danny Vargas por Liberación Nacional; Rocío Alfaro y Priscilla Vindas del Frente Amplio; y la independiente Gloria Navas, según consignó El Observador.

El texto, presentado en agosto de 2023 por Fabricio Alvarado Muñoz, diputado de Nueva República, promueve una reforma al inciso 2 del artículo 157 bis del Código Penal, así como al artículo 244 del Código Procesal Penal, para prohibir el uso de la vigilancia electrónica en casos donde el delito incluyó armas de fuego, blancas o cualquier objeto contundente.

El cambio propuesto responde a una omisión ocurrida durante la promulgación de la Ley 10.517. La exposición de motivos del proyecto, citada por El Observador, advierte que esta omisión “no respondió a un cambio de criterio de política criminal y su corrección resulta indispensable para restituir el estándar de protección y seguridad pública vigente antes de dicha reforma”. El texto subraya que la disposición original ya impedía el uso del brazalete electrónico en este tipo de crímenes, pero fue excluida involuntariamente durante el proceso legislativo anterior.

Según el texto que acompaña la reforma, la urgencia de reinstalar esta restricción obedece a que “informes oficiales del Ministerio de Justicia en años recientes han detectado fallas operativas en el sistema de vigilancia electrónica, con desconexiones y fugas que atentan contra la credibilidad del mecanismo, especialmente en casos de alta peligrosidad, lo que permite la reincidencia de los sujetos beneficiados con esta medida cautelar”.

La normativa en trámite establece que no podrán recibir el beneficio del brazalete electrónico quienes hayan sido condenados por delitos que califiquen como delincuencia organizada, delitos sexuales contra menores de edad, delitos cometidos con armas de fuego, armas contundentes o armas punzocortantes, ni los contemplados en los artículos 59 y 74 de la Ley 7786 (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998).

La votación en segundo debate se realizará el próximo 7 de abril, lo que definirá la entrada en vigencia de la reforma y su impacto real en el sistema de justicia penal.

El proyecto precisa que la extensión de la prohibición abarca cualquier tipo de arma conforme a lo definido por la Ley de Armas y Explosivos (Ley 7530), no sólo armas de fuego o punzocortantes. Así se elimina el trato diferenciado entre conductas igualmente lesivas y se garantiza, de acuerdo con el texto de la iniciativa recogido por El Observador, “un marco sancionatorio uniforme, coherente y ajustado al riesgo social que representan”.

La reforma cuenta con el respaldo de toda la bancada de Nueva República y, en caso de ser aprobada en el segundo debate, será remitida a comisión legislativa para el inicio de su trámite ordinario.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer la declaratoria oficial de las 57 diputaciones que integrarán la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el periodo constitucional comprendido entre el 1.º de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2030.

La resolución, emitida tras los comicios del pasado 1.º de febrero, no solo define la nueva composición del Congreso, sino que marca un hito en la historia democrática del país: por primera vez, la Asamblea estará integrada mayoritariamente por mujeres, quienes ocuparán 30 curules, frente a 27 escaños en manos de hombres.

Un Congreso con mayoría oficialista

El nuevo plenario legislativo estará conformado por cinco agrupaciones políticas. El partido Pueblo Soberano se consolida como la principal fuerza, al obtener 31 de las 57 diputaciones.

Le sigue el Partido Liberación Nacional con 17 escaños, mientras que el Frente Amplio contará con 7 representantes. Por su parte, la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana tendrán una curul cada una.

Esta distribución configura un Congreso con un claro predominio de una sola agrupación, pero que igualmente requerirá negociaciones para la aprobación de proyectos clave.

Distribución por provincias

La asignación de diputaciones responde a criterios poblacionales basados en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). San José concentra la mayor cantidad de escaños con 18, seguido por Alajuela con 12. Cartago y Puntarenas cuentan con seis cada una, mientras que Heredia, Guanacaste y Limón tienen cinco diputaciones cada provincia.

Diputados electos por provincia

San José (18):

Nogui Acosta Jaen; Kattia Alejandra Mora Montoya; Stephan Brunner Neibig; Mayuli del Carmen Ortega Guzmán; Gonzalo Alberto Ramírez Zamora; Anna Katharina Muller Castro; Antonio Barzuna Thompson; Sadie Esmeralda Britton González (Pueblo Soberano).

Álvaro Ramírez Bogantes; Iztarú Alfaro Guerrero; Rafael Ángel Vargas Brenes; Andrea Patricia Valverde Palavicini; Marco Francisco Badilla Chavarría (Liberación Nacional).

José María Villalta Flórez-Estrada; Vianey Briyith Mora Vega; Antonio Trejos Mazariegos (Frente Amplio).

Claudia Vanessa Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana).

Abril Gordienko López (Unidad Social Cristiana).

Alajuela (12):

José Miguel Villalobos Umaña; Zaira Murillo Marín; Gerardo Bogantes Rivera; Grethel María Ávila Vargas; Wilson Alfredo Jiménez Cordero; Kattia María Ulate Alvarado; Fernando Obaldía Álvarez (Pueblo Soberano).

Diana Murillo Murillo; Eder Francisco Hernández Ulloa; Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Liberación Nacional).

Edgardo Vinicio Araya Sibaja; Sigrid Violeta Segura Artavia (Frente Amplio).

Cartago (6):

Cindy María Blanco González; Robert Johsan Barrantes Camacho; Yara Vanessa Jiménez Fallas (Pueblo Soberano).

Janice Patricia Sandi Morales; Salvador Padilla Villanueva (Liberación Nacional).

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Frente Amplio).

Heredia (5):

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez; Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano).

Víctor Manuel Hidalgo Solís; Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional).

María Eugenia Román Mora (Frente Amplio).

Guanacaste (5):

Nayuribe Guadamuz Rosales; Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas; Cindy Dayana Murillo Artavia (Pueblo Soberano).

Ronald Alberto Campos Villegas; Karol Vanessa Matamoros Montoya (Liberación Nacional).

Puntarenas (6):

Royner Mora Ruiz; María Isabel Camareno Camareno; Ariel Alfonso Mora Fallas; Ana Ruth Esquivel Medrano (Pueblo Soberano).

Norjelens María Lobo Vargas; Jesús Antonio Calderón Calderón (Liberación Nacional).

Limón (5):

Osvaldo Artavia Carballo; Kristel Lizeth Ward Hudson; Reynaldo Arias Mora; Kathia Calvo Cruz (Pueblo Soberano).

Mangell Mc Lean Villalobos (Liberación Nacional).

Entrega de credenciales y arranque del nuevo periodo

El TSE informó que la entrega oficial de credenciales a las diputaciones electas se realizará el próximo 8 de abril a las 10:00 a. m., en el auditorio institucional Francisco Sáenz Meza.

A partir de ese momento, los legisladores quedarán formalmente habilitados para asumir sus funciones el 1.º de mayo, cuando dará inicio el nuevo periodo legislativo.

Un cambio histórico en la representación

Más allá de la distribución política, la conformación del nuevo Congreso marca un avance significativo en materia de equidad de género. La mayoría femenina representa un hecho sin precedentes en la historia del país y refleja cambios en la participación política de las mujeres.

Este nuevo escenario plantea también retos y expectativas sobre el rumbo que tomará la agenda legislativa en los próximos cuatro años, en un contexto marcado por desafíos económicos, sociales y políticos.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, presentó el pasado 17 de marzo ante la Asamblea Legislativa, una propuesta para reformar el artículo 27 de la Constitución de la República, para aplicar la condena perpetua a los violadores, homicidas y terroristas en El Salvador.

En este contexto, los abogados penalistas Rosina Valiente y Miguel Ángel Cárcamo; y el abogado constitucionalista Alberto Alfaro Alvarado aclararon, en entrevista con Infobae, diversas dudas sobre el cambio constitucional y su aplicación en materia de derecho.

¿En qué consiste la reforma al artículo 27?

Alfaro Alvarado: Esta disposición históricamente respondía a una tradición constitucional que tenía su arraigo en principios de dignidad humana y reinserción social, y esto digamos, es parte del constitucionalismo salvadoreño de posguerra. Con la reforma aprobada al artículo 27, se introduce una excepción a la prohibición, porque se mantiene, en términos generales, la regla, pero se establece que la pena perpetua podrá imponerse cuando el delito cometido sea homicidio, violación o terrorismo.

Es una excepción que se puede considerar de catálogo cerrado, puesto que se enumeran taxativamente cuáles son los delitos que habilitan a ese tipo de penas perpetuas.

¿Cuáles son las implicaciones al reformar este artículo?

Cárcamo: El Salvador, desde hace tiempo, viene optando por un derecho penal que se llama derecho penal del enemigo. Hay dos formas de derecho penal o dos corrientes. Una es el clásico, que es un derecho penal garantista, y el derecho penal del enemigo, que tiene la finalidad de neutralizar y sacar de la sociedad al delincuente. Entonces, cuando se hace este tipo de reforma, lo que se está haciendo es habilitando la posibilidad de que se pueda neutralizar a las personas que cometen este tipo de delitos a través del sistema judicial con la imposición de una condena.

¿Qué vamos a entender por una pena perpetua?

Alfaro: Pena perpetua es una pena indeterminada, en primer lugar, porque se impone de por vida y se considera, la pena como tal, se considera una venganza de parte del Estado.

¿Qué significa el término terrorista?

Cárcamo: La Sala de lo Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. En esta sentencia, la sala dio un concepto de terrorismo y dijo que es el ejercicio sistemático y organizado de la violencia con la finalidad de infundir terror en la población y arrogarse funciones inherentes al Estado. En esa sentencia, la sala califica que las pandillas imperantes aquí en El Salvador eran catalogadas como terroristas.

Alfaro: El legislador es quien va a tener el margen para definir estos actos de terrorismo y va a estar vinculado por un concepto constitucional de delito que desde luego va a limitar el poder punitivo del Estado.

Si revisamos la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, pues vamos a ver que es una ley que ya tiene alguna vigencia y ahí se define como organizaciones terroristas aquellas agrupaciones provistas de cierta estructura y que de ella nacen vínculos que de alguna medida se puedan considerar como estables o permanentes, que tienen una jerarquía y una disciplina, y que cuentan con medios entendidos como idóneos y son pretendidos para la utilización de métodos violentos o inhumanos, con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogarse el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los estados o incluso afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países.

Con la reforma a la Constitución que ya se hizo, ¿Cómo es ahora el proceso de ratificación?

Alfaro: Ya está establecido que se pueda ratificar con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos, sin necesidad de esperar una siguiente legislatura.

¿A partir de cuándo los jueces podrán imponer esta condena? ¿Cuándo podría entrar en vigencia la reforma?

Alfaro: aparecerá publicado en el Diario Oficial número 53, tomo número 450, correspondiente al mismo 17 de marzo; entonces, la reforma entra en vigencia con posterioridad al 17 de marzo (ocho días después), en este caso se cuentan días calendario.

Actualmente se está viendo que la Fiscalía impone hasta 400 años como condena. ¿Qué va a cambiar con esta reforma?

Alfaro: Según un doctrinario denominado Gary Becker, las penas de 200, 300 o 400 años que los tribunales puedan imponer van a ser producto de acumulación aritmética de condenas por múltiples delitos; entonces, son penas numéricamente determinadas, que no se pueden ejecutar, porque una vida humana es imposible que pueda cumplir 400 años de cárcel; entonces cumplen más bien una función simbólica de registro de la gravedad acumulada de la conducta, pero en términos de privación efectiva de libertad, equivalen a la muerte en prisión.

En ese contexto, la pena perpetua introduce una diferencia de naturaleza jurídica, porque no necesariamente va a tener una duración práctica, porque tienen una duración indeterminada, perpetua.

En este momento hay reos que están esperando juicio, para ellos podría aplicar la cadena perpetua; es decir, ¿se podrá aplicar para los procesos que ya están abiertos?

Cárcamo: La doctrina establece principios. Principio de legalidad, por ejemplo. Una persona no puede ser juzgada por un hecho que no sea delito en el momento que lo cometió. Y si es delito, se le debe aplicar la ley de comisión, o la ley del hecho, o la ley del tiempo en que se cometió el delito, por principio de legalidad.

En el caso de las leyes penales, solo puede tener efecto retroactivo, es decir, hacia atrás, cuando es en beneficio del procesado o del condenado. Eso está en la Constitución.

Con la reforma a la Constitución también se reformarán otras leyes secundarias, ¿sabe qué artículos exactamente podrían modificarse de estas leyes?

Valiente: Empecemos por el Código Penal, tiene que cambiarse en el artículo 158, que establece la violación. En cuanto al homicidio, el 129 y 128. Las agravantes podría que tuvieran una modificación. La Ley Especial de Actos de Terrorismo, va a ser modificada. ¿Quién va a con ser considerado terrorista? Va a tener que haber una nueva definición para mí, porque no solo el que altere el orden público y el que genere caos y terror en la población, porque ya sabemos quiénes.

La Ley Especial integral para una Vida Libre de Violencia Contra la Mujer. Entonces, pudiera haber una reforma en La ley Penal juvenil también.

Cárcamo: Habría que ver específicamente si se va a aplicar la pena perpetua al homicidio simple y al agravado o solo al agravado. Ahí va a ser cuestión ya del legislador. La violación, si va a ser para todos los casos de violación o en algunos casos en específico.

La Ley Penal juvenil, hay que ver en qué casos específicos se va a considerar o aplicar la pena perpetua. Y en el caso de la Ley especial contra actos de terrorismo, ya las penas son bastante severas, creería yo que vamos a tener que seleccionar en qué casos se va a aplicar, porque no todos los delitos van a ser objeto de pena perpetua.

¿A un menor de edad se le podrá dar cadena perpetua con el cambio a las leyes secundarias?

Alfaro: Sí, de hecho, el estándar internacional lo permite. Litigios similares han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Valiente: Desde los 11 años se considera que es un menor. Hay niños que fueron reclutados por las pandillas desde los siete años y no les podían aplicar la ley porque eran menores. El equipo era muy condescendiente cuando el niño era, era el responsable y te decían: “Mire, cometió un homicidio, pero yo me voy a hacer cargo de él”. Y hay muchos de estos menores que incluso quedaron sin juzgar, porque salieron de esa pena y ya no más. Entonces, habría que analizar cada caso.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este viernes al fiscal general, Rodolfo Delgado, para estudiar la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en el país centroamericano por los delitos de homicidio, violación y terrorismo.

Tras la aprobación de 59 diputados en la plenaria 102 del Órgano Legislativo para modificar el artículo 27 de la Constitución y establecer la cadena perpetua, la Comisión Política, dirigida por Enesto Castro, continuó la tercera jornada del análisis.

Durante la sesión, el fiscal general defendió que la reforma constitucional representa un avance imprescindible para que el sistema judicial salvadoreño responda a las demandas sociales de justicia y sanción proporcional de los crímenes más graves.

“La reforma favorece a un sistema duro, exigente y civilizado. Lo que se busca es, y como fiscal general me va tocar aplicarlas, de que las penas sean sujetas a una revisión. Además, favorece a que los enemigos de la sociedad no consigan libertad porque cumplieron con una condena que determinó un juez sino que regresen cuando criminológicamente se logren establecer bajo un nuevo sistema penitenciario y que ya no presenten un riesgo social”, apuntó Delgado durante su discurso.

Delgado destacó que es necesario que el nuevo sistema entre vigencia, resaltando que la ratificación de las penas perpetuas es totalmente compatible con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

Asimismo, el titular del Ministerio Público, expuso que este es un buen momento para implementar la reforma, debido a que el sistema de justicia podría responder mejor.

“La cadena perpetua sería la pena principal para los delitos de naturaleza más grave en contra de homicidas y violadores y miembros de grupos terroristas, porque los violadores y homicidas no son necesariamente parte de un grupo terrorista”, expresó.

Delgado recordó que los centros penales del pasado no estaban preparados para mantener a estas personas privadas de libertad por largos periodos, lo que incluso habría resultado contraproducente, debido a la falta de condiciones de seguridad y control. Añadió que en ese entonces los niveles de impunidad eran elevados, llegando a rondar el 95 % en la investigación de homicidios.

Por su parte, Castro afirmó que en el pasado no existía consenso para defender a la población salvadoreña; sin embargo, sostuvo que la actual legislatura ha brindado la gobernabilidad necesaria al presidente Nayib Bukele para transformar la realidad del país.

“Lo que queremos es que no salgan de la cárcel, tenemos que asegurar a las futuras generaciones porque es nuestra responsabilidad, ya basta de ver por los asesinos y olvidarnos de la víctimas”, afirmó el presidente de la asamblea y comisión política .

Comisión legislativa inicirá consultas a la Corte Suprema

El análisis de la reforma proseguirá con una cuarta jornada el próximo 23 de marzo, cuando comparecerá el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Mejía, para exponer la posición oficial del órgano Judicial sobre la instauración de la cadena perpetua como sanción penal en legislación salvadoreña.

El pasado 19 de marzo, los parlamentarios recibieron al Gabinete de Seguridad, liderado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro y al ministro de Defensa Francis Merino Monroy.

El cronograma divulgado por la Comisión Política establece que la revisión finalizará el 24 de marzo, día en que, en sesión final, los legisladores decidirán si emiten los cinco dictámenes favorables.

Según el pleno legislativo, la cadena perpetua existe en más de 180 países, ya sea como prisión vitalicia o revisable.

La Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de forma definitiva un proyecto de ley que obligará a los empleadores a habilitar espacios físicos adecuados para la extracción de leche y el amamantamiento durante la jornada laboral.

La iniciativa, que únicamente requiere la firma del Poder Ejecutivo para convertirse en ley, introduce cambios relevantes en el Código de Trabajo y redefine el alcance de los derechos de las madres trabajadoras, en el marco de una política pública orientada a fortalecer la lactancia materna.

El proyecto, identificado como expediente 24.481 y denominado “Ley para proteger, promover y apoyar la lactancia materna”, fue impulsado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, del Frente Amplio, junto a toda su bancada.

Un nuevo estándar para la lactancia en el trabajo

La reforma, aprobada con el respaldo unánime de los 13 legisladores de la comisión, establece como periodo mínimo de lactancia el primer año de vida del menor. Además, abre la posibilidad de prorrogar este plazo en periodos de tres meses, siempre que exista certificación médica que confirme que el niño continúa siendo alimentado con leche materna.

Este cambio representa una ampliación significativa respecto a la normativa vigente, ya que también incorpora a las madres adoptivas dentro del beneficio, quienes podrán acceder a este derecho mediante certificación profesional.

Uno de los puntos centrales de la ley es la incorporación del artículo 97 bis al Código de Trabajo, que fija obligaciones concretas para los empleadores. Entre ellas, se establece que las empresas deberán garantizar al menos 25 minutos cada tres horas para la extracción de leche durante la jornada laboral.

Estos espacios de tiempo serán considerados como trabajo efectivo, por lo que deberán ser remunerados y no podrán ser acumulados ni utilizados para otros fines. No obstante, la normativa contempla que estos periodos puedan ajustarse según las necesidades fisiológicas de la madre, siempre que exista respaldo médico.

Flexibilidad en el uso del tiempo de lactancia

La legislación mantiene intacto el esquema de licencia de maternidad vigente en el país: un mes previo al parto y tres meses posteriores al nacimiento, con salario completo.

Sin embargo, introduce mayor flexibilidad en el uso del tiempo de lactancia, permitiendo que las trabajadoras elijan cómo distribuir la hora diaria asignada. Entre las opciones contempladas se encuentran: quince minutos cada dos horas, dos bloques de media hora al día o una hora completa que puede utilizarse para ingresar más tarde o retirarse antes del trabajo.

La modalidad deberá ser acordada entre la persona empleadora y la trabajadora, buscando la alternativa más conveniente para ambas partes.

En el caso de jornadas extraordinarias, la ley establece que se otorgarán 15 minutos adicionales por cada tres horas trabajadas, los cuales se sumarán al tiempo de lactancia correspondiente a la jornada ordinaria. Este beneficio será remunerado y aplicará por cada menor lactante a cargo.

Enfoque en la salud materno-infantil

De acuerdo con el texto aprobado, la reforma tiene como objetivo central proteger la salud tanto del recién nacido como de la madre. En esa línea, se contemplan distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de interrumpir la lactancia en caso de fallecimiento del menor.

En esos casos, la madre podrá solicitar el tiempo necesario para detener el proceso, siempre que presente la certificación médica correspondiente, sin que esto afecte sus derechos laborales.

El articulado también reconoce diversas modalidades de lactancia, incluyendo la directa, mixta, diferida y procesos de relactación, ampliando así el alcance de la normativa a diferentes realidades familiares.

Asimismo, se establece que los certificados médicos requeridos para prórrogas o para iniciar el proceso en casos de adopción podrán ser emitidos tanto por profesionales del sistema público como del sector privado.

Un paso más en la política social

La aprobación de esta ley se enmarca en una serie de esfuerzos por fortalecer las políticas de protección social en Costa Rica, particularmente en lo relacionado con la niñez y la maternidad.

Con esta reforma, el país avanza hacia estándares más amplios en materia de derechos laborales y salud pública, alineándose con recomendaciones internacionales que promueven la lactancia materna como un factor clave en el desarrollo infantil.

De concretarse su promulgación en los próximos días, la normativa marcará un cambio significativo en las condiciones laborales de miles de mujeres en el país, al tiempo que obligará a las empresas a adaptar sus espacios y políticas internas para garantizar el cumplimiento de este derecho.

El Gobierno salvadoreño solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una modificación de USD 100 mil al presupuesto del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para financiar a la Organización Nacional Antidopaje (ONAD-ES) en 2026.

La creación de la ONAD-ES en 2025 respondió a la aprobación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y la Lucha contra el Dopaje, que estableció la necesidad de un órgano técnico especializado e independiente con potestad para controlar y sancionar el uso de sustancias prohibidas dentro del deporte cuscatleco.

El artículo 4 establece la creación de la ONAD-ES como el órgano técnico principal en materia de prevención, control y sanción del dopaje en el deporte en El Salvador, teniendo autonomía técnica, administrativa y operativa para ejecutar sus funciones y emitir resoluciones.

Según la propuesta, la reforma pretende “promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio del juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y, principalmente, la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en competiciones o eventos deportivos; así como, prevenir, controlar y sancionar el dopaje a nivel nacional”.

El documento remitido por iniciativa del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio Hacienda, señala que del Fondo General aportará el total de USD 100 mil, de los cuales USD 46,350 se destinarán a remuneraciones, USD 51,850 a la adquisición de bienes y servicios y USD 1,800 a inversiones en activos fijos.

La entidad funcionará como desconcentrado del INDES, con autonomía técnica, administrativa y operativa. El comité supervisor incluirá representantes del INDES, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la Comisión Nacional Antidrogas y el Comité Olímpico de El Salvador.

El Salvador desarrolla una estrategia constante para combatir el dopaje en el ámbito deportivo, respondiendo de manera activa a las disposiciones del Código Mundial Antidopaje. Las autoridades deportivas trabajan en la implementación y vigilancia de las normas establecidas por este código, que constituye el marco internacional para la regulación de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

Por medio de un claro proceso, el país centroamericano busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los atletas, reforzando el compromiso del país con la integridad y la ética en las competencias deportivas.

ONAD-ES refuerza acciones educativas en todas las ramas del deporte

Desde su fundación, ONAD-ES desarrolla charlas educativas y preventivas dirigidas a deportistas nacionales de diversas disciplinas, como parte de las acciones impulsadas INDES.

Estas actividades ya se ofrecieron a los equipos de remo, natación y patinaje, con el objetivo de fortalecer el conocimiento en materia antidopaje entre los atletas salvadoreños. De igual forma con padres, entrenadores y paratletas del Comité Paralímpico de El Salvador (Copesa).

En noviembre de 2025, se realizó la juramentación del Comité Supervisor de la ONAD-ES para el período 2025-2029, integrado por Karla Díaz (presidenta y viceministra de Operaciones en Salud), Enrique Rodríguez Rivera, Roberto Carlos Calderón Escobar, Jairo Ernesto Benítez, Gustavo Adolfo Salgado, Jessica Durán, Eduardo Loyola, Carmen de García, Gilberto López y Marta Natalia Méndez.

El Gobierno de El Salvador impulsa una reforma para que el delito de Feminicidio sea castigado con prisión perpetua, según una iniciativa enviada por el presidente a la Asamblea Legislativa a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia.

La propuesta modifica los artículos 45 y 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), conforme a la Constitución de la República en materia penal.

La entrada en vigor de la medida depende de que los diputados ratifiquen una reforma constitucional. Si esto sucede, la legislación secundaria requerirá la aprobación final de la Asamblea Legislativa para oficializar que quien cause la muerte a una mujer por odio o menosprecio reciba la máxima sanción establecida.

Los cambios en discusión establecen que tanto el Feminicidio simple como el Feminicidio agravado serán sancionados con pena de prisión perpetua, según el texto sometido a estudio parlamentario.

Actualmente, esta normativa establece que quien mate por odio o menosprecio a una mujer, es decir, cometa el delito de feminicidio será condenado a pasar en prisión entre 20 a 35 años. En el caso de feminicidio agravado, actualmente se imponen penas de 30 a 50 años de cárcel.

La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en la reforma constitucional que introduce la prisión perpetua para quienes resulten condenados por delitos de terrorismo, homicidio agravado o violación.

En la sesión del miércoles 18 de la Comisión Política Legislativa, realizada apenas un día después de la introducción exprés de la medida durante la plenaria 102, se dio por recibida la lista de reformas a las leyes secundarias sobre la incorporación de la prisión perpetua como nuevo castigo principal, entre ellas la de modificar la LEIV para que esté en concordancia con esta reforma.

Casos en El Salvador

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) registró un total de 26 casos de feminicidios, muertes violentas y suicidios feminicidas en El Salvador.

De estos, la mitad de las víctimas, es decir, 13 mujeres, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Además, el 46% de los casos, equivalente a 12 víctimas, correspondió a feminicidios o muertes violentas, mientras que el 4% restante, una víctima, fue catalogado como suicidio feminicida.

Respecto a los métodos o causas de muerte, el 36,6% de los casos involucró el uso de armas blancas, seguido por armas de fuego en un 30,7%. También se identificaron otros mecanismos como llave cruz, piedra, arma blanca junto a golpes y estrangulación, cada uno con un 3,8%. El envenenamiento representó el 7,6% y en el 11,5% de los casos no se determinó la causa de muerte.

En cuanto a la distribución geográfica, el 54% de los feminicidios ocurrieron en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Usulután. San Salvador reportó siete casos, La Libertad cuatro y Usulután tres.

El registro mensual muestra variaciones a lo largo del año, con picos en marzo, septiembre y octubre, meses en los que se documentaron cuatro casos cada uno. Estos datos reflejan la persistencia de la violencia letal contra las mujeres en El Salvador y subrayan la importancia del monitoreo y la denuncia, como lo realiza ORMUSA.

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dio un paso clave en el debate sobre el uso de los fondos de pensión en Costa Rica, tras avalar dos proyectos de ley que buscan permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Se trata de los expedientes 24.984 y 24.972, impulsados por la diputada oficialista Ada Acuña y la legisladora del Frente Amplio Rocío Alfaro, respectivamente.

Ambas iniciativas, aunque con diferencias en su enfoque, coinciden en abrir la posibilidad de que ciertos grupos de la población accedan de forma anticipada a los recursos acumulados en sus cuentas individuales, un tema que ha generado amplio debate en los últimos años por sus posibles implicaciones económicas y sociales.

El proyecto presentado por Acuña plantea dos mecanismos diferenciados para el retiro de los fondos. Por un lado, establece la posibilidad de un retiro total para aquellas personas cuya pensión mensual sea inferior a 746.000 colones.

Por otro, propone un esquema de retiro programado que permitiría a los beneficiarios acceder a sus recursos en un plazo que oscila entre los dos y los 15 años.

Esta propuesta busca, según sus impulsores, ofrecer una alternativa flexible que se adapte a las necesidades de los pensionados, especialmente aquellos con ingresos más bajos, quienes podrían requerir liquidez inmediata para enfrentar gastos básicos o deudas acumuladas.

En paralelo, la iniciativa de la diputada Alfaro propone una modificación a un transitorio de la ley vigente, con el fin de permitir que las personas ya pensionadas o próximas a pensionarse puedan retirar la totalidad de sus ahorros en un periodo de dos años. Este planteamiento pone el foco en un grupo específico de la población que, según la legisladora, se ha visto particularmente afectado por las condiciones actuales del sistema.

Durante la discusión en comisión, algunos legisladores recordaron los cuestionamientos históricos en torno a la creación del ROP, vigente desde el año 2000, especialmente sobre quiénes se han beneficiado del manejo de estos recursos y cuáles han sido los destinos de los fondos administrados por las operadoras de pensiones.

En ese contexto, se planteó la necesidad de analizar con detenimiento los criterios económicos asociados a las propuestas de retiro anticipado. Según se expuso, incluso en el peor de los escenarios, el impacto de estas medidas sería reducido en relación con el tamaño total del fondo, que asciende a aproximadamente 14 billones de colones.

“Tenemos que entender y analizar que hay criterios económicos vertidos sobre las propuestas de retiro, que el peor de los escenarios alcanzaría un porcentaje ínfimo sobre un fondo de catorce billones de colones”, señaló Acuña.

El respaldo a las iniciativas también se ha sustentado en la idea de que los proyectos mantienen la viabilidad financiera del sistema. Algunos diputados argumentaron que las condiciones planteadas permitirían la entrega de los recursos sin generar un impacto significativo en la estabilidad económica del régimen.

Por su parte, defensores de la propuesta han insistido en que el objetivo central es brindar alivio financiero a las personas que han enfrentado dificultades económicas, permitiéndoles utilizar sus propios ahorros para salir de deudas, mejorar su calidad de vida o incluso invertir.

“Lo que busca el proyecto de ley es que precisamente ese sector de la población que fue afectado se le pueda devolver en un rango de dos años, de manera que también las operadoras no tengan ningún desbalance”, explicó Alfaro.

Además, se destacó que los montos acumulados en muchas cuentas individuales no han crecido de forma significativa, lo que refuerza el argumento de que permitir su retiro podría tener un impacto positivo inmediato en la economía de los beneficiarios sin comprometer el sistema en el largo plazo.

El debate, sin embargo, no ha estado exento de preocupaciones. Expertos y sectores técnicos han advertido en ocasiones anteriores sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de ahorro para la vejez, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre los sistemas de pensiones.

¿Qué es el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)?

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) es un fondo de ahorro complementario en Costa Rica, creado en el año 2000, que se acumula mediante aportes patronales y de los trabajadores, gestionado por operadoras de pensiones (OPC) para mejorar la pensión básica (IVM) al jubilarse. Se financia principalmente con el 3.25% de aporte patronal.

Con los dictámenes afirmativos de la Comisión de Asuntos Sociales, ambas propuestas pasarán ahora al Plenario Legislativo, donde deberán enfrentar la discusión final y la eventual votación por parte de los diputados.

El avance de estos proyectos marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del ROP en Costa Rica, en medio de un equilibrio complejo entre la necesidad de proteger el ahorro para la jubilación y la urgencia de brindar soluciones inmediatas a quienes enfrentan dificultades económicas.

En la actualidad, el régimen de excepción implementado en El Salvador se extiende desde hace cuatro años, permitiendo que las fuerzas de seguridad ejerzan facultades extraordinarias en la lucha contra la criminalidad. En este contexto, la administración encabezada por Nayib Bukele ha presentado ante la Asamblea Legislativa una propuesta que busca introducir la cadena perpetua en el marco legal del país, según consignó el medio Europa Press.

La iniciativa presentada por el Gobierno salvadoreño implica una reforma a la Constitución nacional para permitir la imposición de la cadena perpetua específicamente en casos de homicidio, violación y terrorismo. De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, acompañado del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, detalló que la propuesta se centra en la modificación del segundo inciso del artículo 27 de la Constitución. En la redacción actual, este artículo prohíbe la presión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La modificación que plantea el Ejecutivo incluiría la salvedad de que “solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

El alcance de la iniciativa no se limita únicamente a la reforma constitucional, sino que comprende también un paquete de ajustes legislativos. Según explicó Europa Press, el plan contempla cambios al Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley contra Actos de Terrorismo y a otras disposiciones pertinentes, con el objetivo de homologar las sanciones y asegurar la aplicación efectiva de la cadena perpetua en los casos indicados.

Durante la presentación de la propuesta, Villatoro argumentó que esta medida responde a las condiciones derivadas del estado de excepción vigente en el país, que originalmente se impulsó para hacer frente a las organizaciones criminales. Según reportó Europa Press, el ministro declaró: “Hemos tenido todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales también, que defienden a criminales violentos, donde se nos ha cuestionado el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños”.

La reforma se presenta como una respuesta directa a las demandas de seguridad de la ciudadanía y como una estrategia para disuadir la comisión de delitos graves. Europa Press citó a Villatoro cuando sostuvo que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, así como su afirmación de que la meta es evitar la presencia de homicidas y violadores en las comunidades. Villatoro explicó que la cadena perpetua representa una política coherente con lo que denominó “el rescate mismo del derecho penal”.

El presidente Nayib Bukele se pronunció de inmediato sobre la propuesta a través de sus perfiles en redes sociales. Reproduciendo palabras publicadas por Europa Press, Bukele planteó: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

Desde la declaración del régimen de excepción, diferentes organismos y representantes de la sociedad civil han mostrado preocupación por la contundencia de las medidas adoptadas, incluyendo la aplicación masiva de detenciones y la aplicación de castigos severos. Sin embargo, representantes del Ejecutivo han insistido en la legitimidad del uso del régimen excepcional como herramienta para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio.

La propuesta, cuya discusión recae ahora en la Asamblea Legislativa, reabre el debate acerca de los límites a la sanción penal en El Salvador. En los últimos años, el país ha sido escenario de intensas controversias judiciales y políticas sobre la constitucionalidad de las sanciones, el debido proceso y la efectividad de las penas para disuadir el crimen organizado y los delitos de alto impacto.

El medio Europa Press indicó que la aprobación de una reforma constitucional de este alcance requeriría mayorías calificadas y posteriores períodos de revisión, conforme al diseño institucional salvadoreño. La atención ahora se dirige tanto al proceso legislativo como a las reacciones políticas y sociales que pudiera suscitar la adopción de la cadena perpetua para los delitos mencionados.

Las reformas sugeridas por el Ejecutivo buscan adaptar el sistema jurídico a las nuevas realidades en materia de seguridad, según expusieron los funcionarios en las comparecencias recientes. La administración de Bukele ha destacado la utilidad práctica de reforzar penas como mecanismo para asegurar la paz interna y como componente clave en la política estatal de “tolerancia cero” ante los delitos que generan mayor alarma social, un posicionamiento que, según Europa Press, mantiene al país en un punto de inflexión alrededor de los derechos y garantías fundamentales.

La discusión que se abre en El Salvador plantea posibles consecuencias sobre el sistema de justicia penal y la protección de derechos, según se desprende del seguimiento de los acontecimientos hechos por Europa Press. La reforma y el paquete legislativo asociado continuarán atravesando etapas de análisis parlamentario y debate público, lo que permitirá observar la evolución institucional ante los desafíos que en materia de seguridad enfrenta la nación centroamericana.

El presidente Nayib Bukele comunicó en su cuenta de X que su gabinete de seguridad ha presentado este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador una propuesta de reforma constitucional que permitiría la cadena perpetua —hasta ahora prohibida en la legislación salvadoreña— para quienes sean condenados por asesinato, violación o terrorismo.

Bukele explicó: “En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas”.

En el mismo anuncio, Bukele desafió a los legisladores con una pregunta clave sobre el futuro de esta medida: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”.

El Salvador plantea cadena perpetua para delitos graves tras régimen de excepción

La administración de Bukele sostiene que durante el régimen de excepción, que ha superado los cuatro años de vigencia, la estrategia de seguridad transformó profundamente la situación del país, permitiendo neutralizar —según el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro— la “amenaza permanente y continua” que mantuvieron las estructuras criminales durante dos décadas. El funcionario subrayó frente a la Asamblea que esta reforma implica un cambio irreversible y afirmó que más de “seis millones de salvadoreños” respaldan el proceso, en representación de la soberanía popular.

Villatoro proporcionó un bloque de datos históricos: en los últimos veinte años, las maras y grupos criminales habrían sido responsables de unas “120.000 muertes”, de las cuales “por lo menos cuarenta mil” se atribuyen a un sistema de justicia que —en palabras del ministro— “llevó al paredón de fusilamiento a miles de víctimas, a miles de testigos” mediante el amedrentamiento de ciudadanos y la falta de confianza en las instituciones.

La propuesta oficial se presenta acompañada por un paquete legislativo que modifica el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo, además de otras normativas. Villatoro detalló que el propósito es “homologar las leyes secundarias con el artículo veintisiete, inciso segundo, de nuestra Constitución”, alineando así la estructura penal del país para reforzar el castigo sobre homicidas, violadores y terroristas. Tal como indicó el ministro ante el Pleno, la “pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, mientras se mantiene la prohibición para otros casos como la prisión por deudas o delitos infames.

Cruce con organizaciones internacionales y defensa de soberanía

En su intervención, el titular de Seguridad mantuvo un tono confrontativo al referirse a las organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales críticas del régimen. “Ya se quitaron recientemente la máscara. Ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”, afirmó Villatoro al presentar la reforma, anticipando la resistencia de actores que, en su opinión, defienden a los “criminales violentos”.

Al contextualizar la reforma a escala regional, Villatoro vinculó los problemas de seguridad y legislación penal de El Salvador con el resto de Hispanoamérica. Aseguró que “estas leyes inútiles para enfrentar amenazas graves, delitos violentos, no solo las tenemos nosotros como salvadoreños; las tienen todos los países de Hispanoamérica”. El ministro reclamó que, en las últimas tres décadas, los movimientos por los derechos de las víctimas habrían tergiversado la agenda jurídica, invirtiendo “la víctima y el victimario, un agente de autoridad”.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó este martes una iniciativa para modificar la Constitución y permitir la imposición de cadena perpetua a quienes cometan homicidio, violación o actos terroristas.

La propuesta, impulsada por el presidente Nayib Bukele y anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue recibida por la Asamblea Legislativa y podría avanzar con rapidez, según confirmaron las autoridades legislativas.

Durante la presentación oficial, Villatoro explicó que la petición se centra en modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que actualmente prohíbe expresamente las penas perpetuas. “La propuesta del señor presidente para la que estamos pidiendo su apoyo como Gabinete de Seguridad quedaría de la siguiente manera: ‘Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas’”, sostuvo el ministro.

La solicitud presentada también incluye un paquete de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas, con el objetivo de ajustar la legislación secundaria a la reforma constitucional propuesta.

Villatoro justificó la iniciativa en el contexto de los cuatro años de régimen de excepción que vive el país, un periodo en el que, afirmó, se han enfrentado ataques de organizaciones criminales y críticas internacionales.

“Han sido cuatro años donde, independientemente de los millones que han gastado en estas subcampañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños”, expresó el funcionario.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, una medida implementada por el gobierno de Bukele para combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia. Las autoridades sostienen que el país es ahora “el más seguro del hemisferio occidental”, un argumento central en la defensa de la reforma constitucional. “El país que anhelamos requiere que en nuestras sociedades no existan homicidas ni violadores, en ninguna de nuestras comunidades, en ninguna de nuestras colonias. Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, aseveró Villatoro durante su intervención.

En el acto, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, confirmó que la iniciativa será sometida de inmediato a consideración del pleno. “Recibimos esta solicitud, ministro, y de manera inmediata la vamos a conocer en la Asamblea Legislativa, en plenaria. Vamos a solicitar al menos el acompañamiento de diez firmas de diputados para luego someterla a discusión. Si los sesenta diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día”, explicó el legislador. De aprobarse en el pleno, la reforma pasaría a estudio de la Comisión Política, donde se convocará a los ministros de Seguridad y Justicia y a otros invitados para profundizar en los motivos de la ratificación.

El paquete de reformas abarca la homologación de leyes secundarias vinculadas al sistema de justicia penal, con el fin de que la aplicación de la cadena perpetua esté respaldada a nivel legal. Villatoro señaló que la reforma busca rescatar el derecho penal y revertir décadas de impunidad y desconfianza en el sistema judicial. “Esta reforma es importante, porque más allá de marcar un antes y un después en materia de derecho penal, estamos rescatando el derecho penal, un derecho donde solo los servidores públicos entendían y confiaban, porque nadie en su sano juicio iba a denunciar a un pandillero violador”, afirmó el ministro.

Las autoridades rechazaron de forma tajante las críticas de organizaciones internacionales y de derechos humanos que cuestionan la dureza de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador. “Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”, dijo Villatoro.

Por su parte, Castro enfatizó que la iniciativa responde a la voluntad del pueblo salvadoreño y agradeció al Gabinete de Seguridad, a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada por el trabajo realizado. El presidente de la Asamblea declaró: “Seguiremos firmes dando ese acompañamiento a las medidas del presidente Nayib Bukele, porque los resultados ahí están. Ahora estamos viviendo en un país totalmente diferente, en un país en paz, en donde la reconstrucción en todos los ámbitos del país ha iniciado”.

El trámite de la reforma constitucional contempla su paso por la plenaria, el estudio en la Comisión Política y una eventual ratificación. Las autoridades esperan que la cadena perpetua pueda aplicarse próximamente a quienes cometan delitos de homicidio, violación o terrorismo, una vez que concluyan los procedimientos legislativos previstos.

Legisladores de la oposición en Bolivia iniciaron el trámite para interpelar a tres ministros de Gobierno sobre la polémica en relación con los billetes que transportaba el avión militar accidentado en El Alto el pasado 27 de febrero.

A poco de cumplirse dos semanas del siniestro, la bancada de Libre —liderada por el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002)— solicitó interpelar a los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Defensa, Marcelo Salinas; y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Es fundamental para el país, para que puedan esclarecer todo el tema de billetes en el siniestro de la ciudad de El Alto”, manifestó la senadora Yomasa Yarhui en una conferencia de prensa. “Esperemos que de verdad vengan estos ministros y le hablen al país y, sobre todo, solucionen todos los temas ocurridos hasta el momento”, agregó.

Yarhui y otros legisladores pidieron al presidente del Senado, el oficialista Diego Ávila, que envíe la solicitud al vicepresidente Edmand Lara, para que convoque al pleno de la Asamblea Legislativa a una sesión de fiscalización.

La iniciativa surge luego de que un avión militar de carga —modelo Lockheed C-130 Hércules— cargado con billetes destinados al Banco Central de Bolivia sufriera un accidente en la ciudad de El Alto, cuando tras el aterrizaje perdió el control de los frenos, se salió de la pista del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida de la ciudad, provocando 24 fallecidos y cerca de 40 heridos.

La aeronave llevaba 17 millones de piezas de billetes de la serie B por un monto superior a los 423 millones de bolivianos (equivalente a unos 60 millones de dólares). Tras el siniestro, varios grupos de personas —entre cinco mil y 15 mil, según la estimación de diversas fuentes— se acercaron a la zona del accidente para sustraer los billetes que quedaron esparcidos en medio de los escombros y los heridos. Las autoridades estiman que el 30% del dinero fue robado y el resto fue incinerado para evitar la aglomeración de personas y continuar con el trabajo de rescate.

En medio de contradicciones entre altas autoridades del Estado sobre la legalidad de los billetes, el Banco Central dispuso anular la serie y numeración de las piezas que estaban en la aeronave para evitar su circulación y habilitó una aplicación digital para que los usuarios verifiquen la validez del dinero antes de realizar una transacción. Esta decisión provocó que choferes y algunos comercios de La Paz rechacen todo tipo de billetes ante la incertidumbre sobre su valor, y se generen filas en el Banco Central de personas que buscan cambiar su dinero por otros cortes o monedas.

En ese marco, además de la interpelación que plantea la bancada de Libre, surgieron otras iniciativas como un proyecto legislativo para autorizar la circulación de los billetes sustraídos al considerar que el monto es poco significativo. “Esto es una calamidad pública para millones de ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver con el hurto y robo de una pequeña cantidad de billetes, comparada con la inmensa masa monetaria de la serie B”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, que impulsa el proyecto de ley.

Por lo pronto, la administración de Rodrigo Paz ha rechazado la propuesta de validar los billetes sustraídos bajo el argumento de que “no se puede legalizar lo robado”. Sin embargo, el ministro de Economía afirmó que la Asamblea es “libre de hacer eso”.

La realidad política y social de El Salvador obliga a los partidos políticos a desarrollar estrategias creativas para enfrentar las elecciones de 2027, marcadas por internas cerradas, ajustes en la representación y un entorno de competencia cada vez más exigente. Así lo destacaron los panelistas de Dialógo 21, de Grupo Megavisión, quienes analizaron las transformaciones internas de los institutos políticos y los retos que plantea el modelo electoral vigente.

De acuerdo con el analista político Vladimir Melara, las circunstancias actuales fuerzan a los partidos a ir más allá de la letra de la ley y de sus propios estatutos. “La situación electoral, la situación interna de los partidos políticos, incluso la situación social, obliga a los partidos políticos a ser creativos”, afirmó Melara en el espacio televisivo. Esta creatividad se traduce en la búsqueda de mecanismos para satisfacer a un electorado exigente y lograr que los procesos internos sean percibidos como legítimos y democráticos.

El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel ángel Cardoza, explicó que la Ley de Partidos Políticos obliga a los institutos a organizar sus internas mediante una Comisión Nacional Electoral, responsable de garantizar elecciones libres, voto directo, igualitario y secreto. El TSE supervisa únicamente el cumplimiento de las normas al recibir las actas finales, sin intervenir en el proceso interno. Según Cardoza, “el Tribunal tiene la obligación de revisar que efectivamente se respeten las reglas que establece”.

Las internas cerradas limitan la participación a los afiliados, una decisión que si bien fortalece la autonomía partidaria, ha generado debates sobre transparencia y representatividad. Melara detalló que en el caso del FMLN, los inconformes pueden recurrir a la Comisión Nacional Electoral y al Tribunal de Ética del partido. Esta estructura interna busca canalizar las disputas, aunque no siempre logra disipar tensiones o evitar el surgimiento de controversias tras el proceso electoral.

El desafío central para los partidos será alcanzar la Asamblea Legislativa, considerada por Melara como el espacio estratégico para los cambios en el país. “La pugna por el Poder Legislativo creo que es el desafío principal de los partidos políticos”, sostuvo el analista. Cardoza agregó que algunos partidos optarán por centrar esfuerzos en concejos municipales o en la elección presidencial, pero la competencia por el legislativo concentrará la mayor atención.

La legislación exige una cuota mínima del 30% de representación femenina en las candidaturas, lo que obliga a los partidos a ajustar sus listas y fortalecer la inclusión. Cardoza subrayó que la logística electoral requiere más de 8,600 juntas receptoras de votos y un número similar de vigilantes, lo que implica una movilización de recursos y personal a nivel nacional.

La eliminación del financiamiento público representa una dificultad adicional. Melara advirtió que, salvo el partido en el gobierno, las fuerzas políticas enfrentan obstáculos para financiar campañas y cubrir la logística electoral. Esta situación obliga a los partidos a buscar nuevas fuentes de recursos y a fortalecer la fiscalización interna para cumplir con las exigencias legales y la supervisión ciudadana.

La presión por cumplir con las leyes, que establecen la obligatoriedad del voto libre, directo, igualitario y secreto, se suma a la necesidad de mostrar apertura democrática. Melara consideró que las controversias forman parte de la normalidad organizativa y estimulan la mejora de los procesos.

La contienda de 2027 estará marcada por la adaptación de los partidos al entorno legal, la creatividad en la captación del electorado y la capacidad para montar una logística eficiente que garantice la transparencia y la legitimidad de las candidaturas.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso más en la discusión de reformas dirigidas a fortalecer el sistema de pensiones del país. La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó positivamente un proyecto de ley que propone trasladar parte del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal al régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se trata del expediente legislativo 27.727, una iniciativa que busca reforzar financieramente el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal sistema público de pensiones del país. La propuesta plantea que el 50% del aporte patronal que hoy se dirige al Banco Popular sea trasladado al IVM, como una medida para fortalecer la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población y las presiones financieras que enfrenta.

El dictamen favorable en comisión no implica la aprobación definitiva del proyecto, pero sí permite que la iniciativa avance al plenario legislativo, donde deberá ser discutida y votada por el conjunto de los diputados.

Un intento por fortalecer el principal régimen de pensiones

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social es el sistema que garantiza las pensiones a la mayoría de trabajadores del sector público y privado en Costa Rica. En los últimos años, expertos y autoridades han advertido sobre los desafíos financieros que enfrenta debido a factores como el aumento de la esperanza de vida, la informalidad laboral y cambios demográficos.

Ante ese escenario, diferentes propuestas legislativas han buscado identificar nuevas fuentes de financiamiento o ajustes en la estructura de aportes para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

El proyecto que avanzó en la comisión legislativa apunta precisamente a redirigir parte de recursos existentes dentro del sistema financiero estatal hacia el fondo de pensiones.

Actualmente, una porción del aporte patronal que realizan los empleadores se destina al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, una entidad pública creada para promover el ahorro y el acceso al crédito para trabajadores. Con la iniciativa, la mitad de ese aporte pasaría a fortalecer el fondo del IVM.

Otros proyectos vinculados a la Caja también avanzaron

Durante la misma sesión, la Comisión de Asuntos Sociales también dictaminó positivamente el expediente 24.701, que busca garantizar el giro de recursos provenientes del impuesto al tabaco y del impuesto a dispositivos electrónicos de administración de nicotina hacia la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según se expuso en la discusión legislativa, estos tributos se han convertido en una fuente relevante de financiamiento para proyectos de salud pública y para el sostenimiento de la seguridad social.

Sin embargo, algunos diputados cuestionaron la forma en que esos recursos se han transferido en los últimos años.

Durante el debate se señaló un supuesto incumplimiento en los traslados de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera de la seguridad social.

De acuerdo con los datos mencionados en la comisión, la recaudación de estos impuestos aumentó entre 2022 y 2023, al pasar de aproximadamente ₡22 millones a ₡27 millones. No obstante, las transferencias realizadas habrían sido menores a los montos recaudados.

Para algunos legisladores, esa situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que garanticen que esos recursos lleguen efectivamente a la Caja.

Debate sobre el uso de impuestos ligados a la nicotina

La discusión también abrió un debate sobre el uso de los recursos provenientes de impuestos a productos de nicotina, en particular los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, conocidos popularmente como vapeadores.

La diputada oficialista Ada Acuña manifestó su oposición al proyecto al señalar que, en su criterio, el país debería priorizar políticas más estrictas para eliminar estos dispositivos, en lugar de utilizarlos como fuente de financiamiento para otros programas.

Según indicó, las estadísticas sanitarias empiezan a mostrar efectos preocupantes en jóvenes, lo que a su juicio exige reforzar la regulación y el control sobre estos productos.

Próximo paso: el debate en el plenario

Tras recibir el dictamen favorable, el proyecto para trasladar parte del aporte patronal al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte deberá ahora superar el debate en el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

De aprobarse, la reforma representaría un cambio en la distribución de recursos dentro del sistema financiero estatal, con el objetivo de reforzar el principal fondo de pensiones del país.

La discusión se produce en un momento en que el futuro del sistema de pensiones se mantiene como uno de los temas centrales del debate económico y social en Costa Rica, debido a las advertencias sobre la necesidad de garantizar su sostenibilidad para las próximas décadas.

El impulso a la micro y pequeña empresa en El Salvador avanza hacia una nueva etapa con la propuesta de reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, actualmente en estudio por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. El objetivo de esta actualización es adaptar el marco legal para fortalecer el desarrollo sostenible e inclusivo de este sector, considerado el verdadero motor de la economía nacional por su impacto en la generación de empleo y la dinamización productiva, según dictaminó la comisión este lunes.

Uno de los datos que genera mayor atención en el debate legislativo es que el 99.6 % de los empresarios en El Salvador son micro y pequeños. Así lo explicó Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), al precisar que solo existen 990 empresas grandes y 2,830 medianas, mientras el país cuenta con más de 17,000 pequeñas empresas, cerca de 290,000 microempresas que emplean entre cuatro y diez personas y 840,000 microempresas con menos de cuatro empleados.

A este escenario se agrega que, según datos del Seguro Social, el 89.5 % de todos los patronos formales activos en 2024 también pertenece a micros y pequeños. Estas cifras han crecido en los años recientes y reflejan una política orientada a fortalecer la base económica del país.

Un elemento central, contemplado en la reforma, es que para calificar a un préstamo de Fideicomiso Especial para la Micro y Pequeña Empresa (FECAMYPE), se exige haber sido rechazado por la banca privada. Para la línea de créditos dirigida a mujeres, destaca la tasa de mora superior a noventa días de solo 0.02 %, frente al 4.5 % en el sector privado. Steiner enfatizó: “sabemos también que las empresas lideradas por mujeres emplean más personas y les pagan mejor”.

Reformas en categorías empresariales

La propuesta de reforma plantea una revisión de las categorías y topes que definen los tamaños empresariales. Para la microempresa, el límite anual de ventas incrementa a aproximadamente USD 220,000 (unos 500 salarios mínimos), manteniendo el máximo de diez empleados. Las pequeñas empresas verán aumentado su tope a casi USD 2.5 millones (5,000 salarios mínimos) y hasta 50 empleados.

Se suman nuevas subcategorías: subsistencia, acumulación y expansión. Un 67 % a 68 % de las microempresas se clasifica como de subsistencia, generando ingresos diarios para cubrir necesidades inmediatas; apenas un 6.6 % se encuentra en expansión y accede con mayor facilidad al crédito. El enfoque es orientar políticas diferenciadas para cada etapa de desarrollo, ya que, en palabras de Steiner, “la gran mayoría de la microempresa es la que le da de comer a la mayoría del salvadoreño”.

Pronta paga y alivio de trámites

La reforma incorpora medidas para garantizar el pago ágil; el artículo de pronta paga obliga a las instituciones públicas a liquidar facturas de micro y pequeñas empresas en menos de 30 días. Si se supera este plazo, corresponde pagar intereses por mora. La cartera de cuentas por pagar de CONAMYPE a la microempresa tiene un promedio de quince días de acuerdo con la práctica actual de la institución.

Dentro de las acciones complementarias se prevé la reducción de tarifas y requisitos para la microempresa. Por ejemplo, el Centro Nacional de Registros (CNR) permite el pago de la mitad del costo usual al inscribir un logo para empresas registradas MYPE, y la Superintendencia de Registro Sanitario (SRS) ofrece estudios gratuitos a quienes no pueden cubrirlos. La reducción de la tramitología busca eliminar la burocracia que desalienta la formalización.

Nueva integración de la junta directiva

En la discusión de comisión se dictaminó retirar de la junta directiva de CONAMYPE a los representantes universitarios. Steiner argumentó que la colaboración con el sector académico es “muy cercana” en la ejecución operativa con quince centros SEDEMIPES (centros de alianzas con universidades) asociados, pero la aportación estratégica ha sido escasa, siendo ahora clave la incorporación del Ministerio de Hacienda para robustecer las políticas de formalización.

Sobre la eliminación de la referencia a “mujeres” y “género” en la ley, Steiner señaló que el 68 % de las empresas en El Salvador están lideradas por mujeres, indicando que el énfasis se pone en fomentar la empresa sin distingos y fortalecer el acceso al crédito para todos, remarcando que la igualdad “debe articularse por ejecución de política pública más que por prescripción en la ley”. Guadalupe Jiménez, directora jurídica de CONAMYPE, aclaró que la reforma “no excluye a las mujeres” y que las áreas de apoyo para la empresarialidad femenina siguen vigentes y en fortalecimiento.

Formalización y acceso al crédito

En la actualidad, el 40 % de la población salvadoreña tiene acceso a servicios bancarios, según la última encuesta de inclusión financiera del Banco Central de Reserva. Steiner observó que si el crédito se mide por empresa y no por persona, el acceso es mucho más bajo, lo que conduce a muchos empresarios pequeños a optar por prestamistas informales.

El desafío para el gobierno y CONAMYPE es demostrar al sector financiero privado que es viable otorgar créditos responsables a la micro y pequeña empresa; así lo respalda la baja morosidad de la línea de crédito para mujeres empresarias. Steiner plantea: “el crecimiento económico solo puede ser sostenible si comienza de abajo para arriba”.

Se espera que la aprobación del dictamen se apruebe en el pleno en la sesión plenaria 101 convocada para este miércoles 11 de marzo por la mañana.

Una pareja de extranjeros celebró obtener la residencia temporal en El Salvador tras un trámite que se resolvió en solo cinco días, destacando la eficiencia institucional y el clima acogedor del país centroamericano. Este rápido proceso, que contrasta con experiencias habituales en otros sistemas migratorios, refleja las recientes reformas legales impulsadas bajo el gobierno de Nayib Bukele y anticipa un escenario de mayor atracción para nuevos residentes e inversionistas internacionales.

La tendencia de crecimiento en la entrega de residencias definitivas alcanzó su punto más alto en los últimos cinco años: en 2025, El Salvador otorgó 1,915 residencias definitivas a ciudadanos latinoamericanos y estadounidenses, lo que representó un incremento del 44,5 % respecto a 2024, cuando se concedieron 1,325. De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión Migratoria de la DGME, la progresión de estos permisos comenzó en 2021 con 905, subió a 1,113 en 2022, 1,277 en 2023 y culminó, tras años de ascenso, en la cifra récord de 2025.

La modificación más relevante ocurrió en mayo de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial de Migración y Extranjería. Se introdujo un nuevo inciso al artículo 152 que permite obtener residencia definitiva a extranjeros que se adhieran a programas promovidos por el Gobierno, sin necesidad de residencia temporal previa y exentos de lo regulado en el artículo 154.

Esta reforma otorga, por primera vez, la posibilidad de que quienes deseen invertir o participar en proyectos gubernamentales salvadoreños obtengan el estatus definitivo sin la obligación de residir previamente en el territorio nacional. Esta apertura normativa ha sido considerada como uno de los factores que coincide directamente con el aumento de nuevas residencias en 2025.

Países con mayor número de beneficiarios y condiciones para aplicar

El mayor número de residencias definitivas otorgadas en 2025 correspondió a ciudadanos de Honduras (487), Nicaragua (462), Guatemala (264), Colombia (141), Estados Unidos (88) y Venezuela (60). Este patrón refleja el interés regional, especialmente de los países vecinos, en los beneficios que ofrece la política migratoria renovada de El Salvador.

Para acceder a la residencia, los requisitos generales incluyen la identificación de la categoría migratoria (laboral, familiar o de inversión), completar el formulario de la DGME, presentar pasaporte vigente, antecedentes penales apostillados y una solvencia policial. Además, se exige documentación que respalde la actividad a realizar y pruebas de ingresos por al menos USD 1,460 en ciertos casos. La lista de documentos también contempla partida de nacimiento apostillada, certificación de salud y comprobante de domicilio en El Salvador.

Dependiendo del motivo de la solicitud, se requieren condiciones adicionales: para residencia laboral, una oferta de empleo de una empresa nacional; para residencia por matrimonio, certificado de enlace y, a veces, prueba de solvencia del cónyuge; para inversores, evidencia documental de los fondos y su origen.

El costo de la residencia temporal por primera vez para no centroamericanos se sitúa cerca de USD 140, aunque este monto puede variar por nacionalidad y tipo de solicitud.

Procedimiento y tiempos para la obtención de residencia

El proceso inicia con la identificación de la categoría migratoria. Luego, el solicitante debe recopilar, apostillar y traducir, en caso necesario, todos los documentos requeridos. Una vez reunidos, se presentan ante la DGME junto con el comprobante de pago de derechos. El carné de residencia temporal, con validez de uno o dos años dependiendo del caso, se entrega en un plazo que suele rondar los 45 días hábiles. Según la DGME, las personas interesadas deben verificar los requisitos específicos según su país de procedencia para completar el trámite sin contratiempos.

La reciente experiencia de extranjeros que han accedido a la residencia temporal fue difundida ampliamente en redes sociales, donde agradecieron el trato recibido y reconocieron la gestión del presidente Nayib Bukele. En palabras de uno de los solicitantes: "El futuro aquí se ve prometedor. Nayib Bukele, lo que estás construyendo se está notando“.

Los cambios legislativos y la agilidad en la gestión migratoria convierten a El Salvador en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan iniciar una nueva etapa en la región.

La presidenta electa Laura Fernández toma distancia de la idea de su asesor sobre bases militares de Estados Unidos en Costa Rica

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, descartó el jueves que la propuesta de su asesor técnico Fabián Silva sobre la instalación de bases militares de Estados Unidos en el país represente una posición oficial de su próximo gobierno.

Fernández destacó que cualquier iniciativa semejante tendría que superar una serie de obstáculos constitucionales y un extenso trámite en la Asamblea Legislativa, ya que Costa Rica abolió su ejército como institución permanente, lo que complica cualquier posible presencia militar extranjera.

En declaraciones al programa Por Tres Razones de la emisora Columbia, la también ministra de la Presidencia aclaró que a pesar de que celebra que se debatan “temas polémicos”, las opiniones emitidas por sus asesores no expresan su postura como mandataria ni corresponden a voces oficiales del gobierno entrante. Fernández subrayó: “Ellos ni son mis voceros, ni están hablando en nombre mío, ni mucho menos”.

La reflexión de la presidenta electa responde a las declaraciones públicas de Silva, quien integra un equipo técnico de cuatro abogados encargado de diseñar reformas legales prometidas durante la campaña electoral.

Silva, en el programa El Octavo Mandamiento del canal ¡Opa!, sugirió ubicar fuerzas armadas estadounidenses en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste con el objetivo de intensificar la lucha antidrogas en el país.

Silva, especialista en Derecho Constitucional, forma parte del reducido grupo legal que trabaja de forma “ad honorem” y voluntaria bajo la coordinación de Fernández.

Los otros miembros del equipo son María Lourdes Echandi, exprocuradora adjunta y especialista en derecho público; Fabián Volio, experto en derecho constitucional; y Juan Diego Castro, abogado penalista y exministro de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, manifestó recientemente su escepticismo ante la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en territorio costarricense como estrategia para combatir el crimen organizado.

Consultado al respecto por el periódico La Nación, Zamora declaró: “No necesariamente, porque los militares se dedican a otros asuntos y no a la lucha antidrogas”. Agregó sobre la idea presentada por Silva: “Respeto la posición individual. Me parece que es un tema que, en este momento, para siquiera ser considerado, tiene que ser en sede legislativa y pasar por toda una serie de requisitos”.

Zamora puntualizó que la cooperación con fuerzas extranjeras en materia de narcotráfico se concentra esencialmente en agencias como la DEA y el FBI, mientras que la instalación de bases militares no garantiza necesariamente el aumento de la disuasión criminal.

Según Zamora, las “bases policiales sí implican disuasión, y lo estamos logrando con el trabajo conjunto que tenemos con la extradición”. Añadió que “me parece que es una idea sugestiva, provocadora y que abre un debate como el que se ha venido dando en el país sobre ese tema”.

Cualquier proyecto sobre bases militares extranjeras choca con el marco constitucional de Costa Rica

La Constitución Política de Costa Rica prohíbe de manera explícita el mantenimiento de un ejército permanente y exige que tanto el ingreso como la permanencia de tropas extranjeras y naves de guerra sean aprobados por la Asamblea Legislativa, como ocurre actualmente bajo el Convenio de Patrullaje Conjunto.

Este requisito constitucional impone una barrera legal de gran magnitud ante cualquier intento de establecer bases militares extranjeras. Todo proyecto en esa dirección demandaría no solo una discusión legislativa amplia, sino también un debate público profundo sobre la viabilidad y los riesgos del cambio en la política histórica de neutralidad costarricense.

Fernández reiteró su agradecimiento y confianza en el aporte de los cuatro abogados que conforman su equipo: “Ya tuvimos reuniones para ver cómo nos dividimos las tareas y demás, y empezamos el trabajo para las reformas que se impulsarán en el periodo presidencial”, explicó la mandataria electa durante el programa Por Tres Razones según Columbia.

Las presiones del narcotráfico y el crimen organizado mantienen viva la discusión sobre los mecanismos de seguridad internacional en Costa Rica. La propuesta de Silva, aunque desmarcada por múltiples actores políticos, se suma al debate nacional sobre los modelos más efectivos para enfrentar los desafíos que plantea la delincuencia transnacional en la región.

Los diputados de la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que, bajo el expediente 23.908, obligará a las entidades bancarias a devolver el dinero sustraído de las cuentas de usuarios víctimas de estafas electrónicas. La iniciativa responde al aumento exponencial de fraudes informáticos en el país. Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 se registraron más de 13 mil casos, lo que equivale a un promedio de 38 robos diarios. El texto impone la responsabilidad directa sobre bancos y busca agilizar el resarcimiento a los afectados, invirtiendo la carga de la prueba y dejando en manos de las entidades demostrar que actuaron diligentemente.

El proceso legislativo exige a la banca indemnizar usuarios y cambia el trámite de reclamos

La ley aprobada, denominada oficialmente “Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica”, ordena a los bancos públicos y privados indemnizar a las víctimas de fraudes electrónicos siempre que los usuarios interpongan un reclamo y se compruebe el ilícito. La normativa fue respaldada por legisladores de Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Partido Liberal Progresista (PLP), Nueva República, oficialismo e independientes.

El texto introduce una figura clave: la inversión de la carga de la prueba. Ahora serán las entidades quienes deberán probar que cumplieron con la normativa de seguridad emitida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que sus sistemas no fueron vulnerados. Solo podrán rechazar los reclamos si demuestran autofraude, dolo o transferencias entre cuentas del mismo titular.

El trámite para reclamar es preciso y acotado: los usuarios tendrán 30 días naturales para presentar la denuncia junto con la prueba ante la entidad financiera, que dispondrá de igual plazo para investigar, prorrogable por 10 días hábiles adicionales con notificación previa. Si el banco rechaza el reclamo, deberá justificar su determinación mediante análisis forense, remitir copia a la OIJ y a la Sugef, y notificar al cliente. La Sugef validará en un plazo de 10 días hábiles si la decisión está fundamentada. Si no ratifica el rechazo, el banco deberá reintegrar los fondos o reabrir la cuenta afectada en un plazo máximo de otros 10 días hábiles.

En los casos en que la entidad acepte el reclamo, deberá acreditar los fondos en un máximo de 10 días naturales, eliminar intereses o cargos aplicados por la estafa y devolver los montos con sus intereses. Además, será responsable de eventuales nuevas transacciones no autorizadas que ocurran después del reclamo.

La ley también contempla penas de prisión para quienes simulen ser víctimas con fines de lucro: entre dos meses y tres años si el monto defraudado no supera diez veces el salario base, hasta diez años si lo excede.

Debate legislativo, críticas y votaciones con objeciones explícitas

El respaldo legislativo se dio en medio de un intenso debate en la Asamblea. El diputado del PLN Óscar Izquierdo, autor del proyecto, afirmó durante la sesión que la ley “viene a proteger a los costarricenses contra los fraudes” y a establecer la responsabilidad de los bancos para blindar sus sistemas y evitar delitos. Para Izquierdo, las víctimas ya no tendrán que atravesar el “camino tortuoso” que representaba reclamar ante una estafa electrónica.

No obstante, la iniciativa fue objeto de críticas desde distintas fracciones. Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, solicitó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV por dudas técnicas y sugirió retirar el proyecto para fortalecerlo. La diputada del PUSC Daniela Rojas sostuvo que la ley “abriría un portillo” para nuevas estafas y cuestionó a las instituciones financieras por no controlar fugas de información interna. Pese a sus objeciones, tanto Pacheco como Rojas votaron a favor en segundo debate.

Durante la tramitación, se suprimió un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos por reclamos presentados antes de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, se incluyó un transitorio que permite a quienes estén en trámite de reclamo beneficiarse de la nueva normativa, como confirmó el jefe de bancada liberacionista.

La ley pasa ahora al Poder Ejecutivo para la firma del presidente Rodrigo Chaves y su publicación oficial.

Oposición intensa de la banca y la SUGEF, temor a aumento de fraudes

Las bancas públicas, como Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), anunciaron su renuncia inmediata a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) el 27 de febrero, motivadas por un quiebre de confianza tras el respaldo inicial de la ABC al proyecto.

La ABC, mediante declaraciones posteriores de su asesor económico Rodrigo Cubero, advirtió que el texto supone un “riesgo simplista para el sistema financiero” y podría incrementar la cantidad de fraudes, citando como antecedente la experiencia en Chile: una reforma similar impulsada en 2020 provocó un aumento exponencial de fraudes digitales, lo que forzó una reforma correctiva en 2024 para restringir el principio de responsabilidad automática.

Cubero advirtió: “Si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”. Señaló también que la legislación costarricense ya prevé mecanismos para la protección del consumidor financiero y que el sector ha invertido durante años en el fortalecimiento de sistemas de seguridad y campañas de concientización.

La Sugef y otras autoridades técnicas también manifestaron su oposición al proyecto y recomendaron consultas jurídica y técnica adicionales antes de su entrada en vigor.

A partir del 1 de junio, comenzará a regir un nuevo reglamento de la Sugef que exigirá fortalecer los sistemas de prevención y mitigación de fraudes electrónicos, aumentando los requisitos para todas las instituciones financieras.

El gobierno de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de una modificación presupuestaria que implica la transferencia de USD 200.000 dentro del ejercicio fiscal de 2026, con el objetivo de destinar estos fondos al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología para financiar el subsidio a la Asociación para la Promoción Humana. Esta medida permitirá desarrollar un programa de becas cofinanciadas orientado a la formación integral de 376 niños y niñas en situación de vulnerabilidad del departamento de La Libertad, facilitando su acceso a oportunidades educativas y laborales, según se detalla en la correspondencia firmada por Jerson Rogelio Posada, ministro de Hacienda, enviada a la Asamblea Legislativa.

La solicitud fue recibida esta semana en la sesión plenaria cien.

El pedido de modificación presupuestaria parte de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada el 18 de diciembre de 2025, por un monto total de USD 10.555.580.928. De esta cifra, el Ejecutivo solicita que se reasignen USD 200.000 al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología para apoyar el desarrollo de proyectos con socios estratégicos, canalizados mediante la Unidad Presupuestaria 08 Apoyo a Otras Instituciones.

La propuesta, remitida por iniciativa del presidente a través del ministro de Hacienda, señala la necesidad de garantizar el acceso a la educación para niños y niñas de comunidades de escasos recursos de La Libertad. El objetivo es asegurar la continuidad educativa tras finalizar el sexto grado en escuelas públicas de la región, así como mejorar condiciones para la inserción laboral de los beneficiarios y, en consecuencia, su calidad de vida.

La Asociación para la Promoción Humana, entidad privada sin fines de lucro de carácter educativo y social, será la encargada de ejecutar el proyecto de becas cofinanciadas. De acuerdo con la solicitud oficial, estos recursos permitirán implementar el programa dirigido específicamente a 376 estudiantes en situación de vulnerabilidad que concluyen el sexto grado en centros educativos públicos del departamento de La Libertad.

El documento enviado a la Asamblea Legislativa indica que la asignación se integrará al “propósito correspondiente” y a la “Línea de Trabajo 01 Programas Educativos a través de Socios Estratégicos”, lo que incrementa el presupuesto asignado a entidades colaboradoras dentro del marco estatal.

Condiciones y detalles técnicos

El subsidio se otorgaría con cargo al Fondo General, bajo la modalidad de transferencia entre las partidas del Ramo de Hacienda y el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para responder a necesidades identificadas en el área. Esta dinámica presupuestaria sigue la política de apoyar intervenciones en alianza con instituciones de la sociedad civil, como la Asociación para la Promoción Humana, que prestan servicios gratuitos orientados al desarrollo humano y educativo en sectores con alta incidencia de vulnerabilidad.

El espíritu de la iniciativa, señala la correspondencia del ministro Posada, es “que la Asociación para la Promoción Humana pueda disponer de los recursos para la ejecución del proyecto antes descrito”. Esta intervención se articula en el contexto de la ley vigente y ofrece un mecanismo de solución inmediata para atender la demanda educativa en el departamento de La Libertad a partir del ejercicio fiscal 2026.

La propuesta podría ser estudiada por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto citada para reunirse este lunes 9 por la mañana.

Las asociaciones de cuidados paliativos que operan con menores recursos en Costa Rica recibirán un impulso financiero fundamental si prospera una iniciativa legislativa tramitada en la Asamblea Legislativa.

El proyecto busca, por primera vez, que el 20% de las utilidades obtenidas por la Junta de Protección Social (JPS) en la venta de loterías electrónicas se destine específicamente a asociaciones con presupuestos inferiores a 80.000 Unidades de Desarrollo Escalonado (UDES) del Banco Central de Costa Rica, reforzando su capacidad para sostener servicios esenciales destinados a personas con enfermedades avanzadas.

Esta modificación legal responde directamente a la disminución de recursos derivada de la baja en la venta de “raspaditas”, un escenario que amenaza la continuidad del acompañamiento clínico y social que brindan estos grupos, como lo consigna el texto presentado por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio y otros legisladores.

El financiamiento de las asociaciones de cuidados paliativos queda en riesgo tras la caída en ventas de loterías instantáneas

En palabras de las organizaciones afectadas, la reciente reducción en los aportes provenientes de la JPS, consecuencia directa del descenso en la comercialización de loterías instantáneas, ha tenido un efecto negativo alarmante en la operación diaria. Las asociaciones advierten que durante el año en curso “esta reducción implica serias dificultades financieras para brindar los servicios que requieren las personas atendidas”, una situación que pone en entredicho la cobertura para pacientes en condiciones avanzadas y sus familias.

Hasta ahora, la estructura de financiamiento establecida por la Ley 8718 determinaba que el 50 % de las utilidades netas obtenidas por la Junta de Protección Social a partir de loterías instantáneas debía distribuirse directamente a fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o control del dolor.

Tales entidades, además de estar conformadas como organizaciones sin fines de lucro e inscritas en el Registro Nacional, requieren cumplir estándares de calidad y someterse a fiscalizaciones periódicas, incluyendo la presentación de una liquidación semestral de los fondos recibidos.

Un alto porcentaje de estas asociaciones cuentan con certificaciones de servicios de cuidados paliativos por parte del Ministerio de Salud, la mayoría bajo la calificación de “Aprobación con Excelencia”, según recoge el argumento de exposición de motivos del proyecto legislativo. Además, poseen la declaratoria de idoneidad y utilidad pública emitida por el Ministerio de Justicia y Paz.

El nuevo esquema financiero propone criterios más favorables para organizaciones con menor presupuesto

El proyecto de ley introduce una modificación puntual al artículo 14 de la Ley 8718, con el objetivo de regular el “importe del plan de premios en la lotería electrónica” y su impacto en las asociaciones más vulnerables. Según el texto sometido, los recursos asignados se destinarán exclusivamente a cubrir “las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”, segmentando la asignación a favor de las clínicas con presupuestos más limitados.

Específicamente, el artículo dispone: “De las utilidades obtenidas del plan de premios en la lotería electrónica, se distribuirá un 20 % a las asociaciones clínicas de cuidados paliativos con presupuestos inferiores a 80.000 UDES del Banco Central de Costa Rica y el uso de estos recursos se destinará, en su totalidad, para la atención de las distintas necesidades en recursos humanos, equipos, medicamentos y otros de los pacientes”.

El diseño de este nuevo esquema intenta garantizar la viabilidad financiera de asociaciones que, de no contar con respaldo adicional, podrían ver comprometida la atención directa a personas en etapa terminal, lo cual tendría un impacto inmediato sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad que enfrentaría una demanda considerablemente mayor.

Los promotores de la iniciativa recalcan que el trabajo realizado por estas asociaciones es sostenido por voluntarios y personal ad honorem, quienes cumplen un rol fundamental en el sistema de salud al ofrecer acompañamiento integral a pacientes y familias, especialmente cuando el sector público enfrenta limitaciones presupuestarias.

El proyecto ya fue presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su análisis y eventual aprobación.

Según explicó la diputada Dania Hernández ante la Asamblea Legislativa, la permanencia del artículo 10 de la Ley de Bancos desde 1999 representaba una barrera para el ingreso de nuevos actores financieros y para la integración de tecnologías innovadoras al sistema local. Hernández expresó que la derogación busca abrir el sector a nuevas oportunidades y facilitar la llegada de inversiones extranjeras, promoviendo mayores posibilidades para la población salvadoreña dentro del ámbito financiero.

La Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió, con 56 votos a favor, eliminar el artículo 10 de la mencionada ley, eliminando así las restricciones existentes sobre la propiedad extranjera en bancos. Según detalló el medio, esta decisión revoca la regulación que establecía que el 51% de las acciones bancarias debía encontrarse en manos de accionistas naturales o jurídicos de El Salvador o Centroamérica. Esta normativa, vigente durante 27 años, limitaba la participación directa de capital internacional y restringía la composición accionaria de las entidades salvadoreñas.

De acuerdo con la información publicada, los parlamentarios defendieron la medida argumentando que permitirá el acceso de nuevos capitales e inversiones al país y fomentará una mayor competencia entre intermediarios financieros. Con la derogación, autoridades esperan atraer a inversionistas de otras regiones y facilitar el establecimiento de bancos con participación extranjera, lo que, según los diputados, podría traducirse en un sistema más robusto y diversificado.

El medio señaló que el debate en la Asamblea subrayó la importancia de ajustar el marco legal para adaptarse a dinámicas globales y a necesidades del mercado salvadoreño. Los impulsores del cambio sostienen que brindar libertad a la entrada de capital foráneo fortalecerá la estructura financiera y creará mejores condiciones para el acceso al crédito, la bancarización y la digitalización de servicios.

La eliminación de restricciones, según manifestaron los legisladores citados por la misma fuente, busca generar un entorno más competitivo y dinámico en la economía salvadoreña. Destacaron que la apertura permitiría no solo la llegada de nuevas inversiones, sino también la posibilidad de implementar avances tecnológicos en la industria bancaria, aspectos que consideran claves para el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

El Salvador, con esta medida, aspira a posicionarse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa en el sector financiero, alentando a fondos e instituciones que antes encontraban trabas regulatorias. La Asamblea Legislativa argumentó que la existencia del artículo 10 ya no responde a las condiciones actuales del mercado ni a la visión de desarrollo económico planteada para los siguientes años.

Tal como publicó la fuente, la reforma impone la necesidad de actualizar otras normas relacionadas con la supervisión y el resguardo de la estabilidad financiera, aunque no se detallaron modificaciones específicas en otras regulaciones pendientes. Las autoridades legislativas señalaron su compromiso de continuar revisando el marco legal para mantener la confianza y la transparencia en el sector.

La derogación del artículo 10 marca un cambio relevante en la política financiera salvadoreña, concluyó la diputada Hernández durante su intervención, al reiterar que la modificación atiende a la demanda de nuevas condiciones para el crecimiento y la transformación de los servicios bancarios en el país.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador impulsa la incorporación de USD 580.849 en el Presupuesto General del Estado 2026 para reforzar el proyecto de construcción y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República. La medida requiere la modificación de la Ley de Presupuesto vigente con el objetivo de garantizar el equipamiento y suministro de mobiliario en el nuevo complejo institucional, en el marco de la ejecución de inversiones financiadas mediante préstamos multilaterales.

La solicitud de Hacienda fue recibida por el pleno de la Asamblea Legislativa este miércoles en la sesión plenaria número 100. Según la solicitud este refuerzo presupuestario se suma a la cantidad ya programada para el mismo ejercicio 2026, la cual asciende a USD 2.084.320. En conjunto, la dotación disponible para el Proyecto de Inversión 6093, orientado a la construcción, equipamiento y modernización de la sede central de la Fiscalía General de la República, alcanzaría los USD 2.665.169 para el año fiscal mencionado.

De acuerdo con la justificación emitida por el gobierno central, el origen de estos fondos está vinculado al Préstamo No. 2146 firmado entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 10 de febrero de 2015. El contrato original, ratificado por Decreto Legislativo en abril de 2015, contemplaba un monto total de USD 44.887.500 destinado exclusivamente a financiar la infraestructura central de la Fiscalía General.

Hasta la fecha, la ejecución acumulada del préstamo ha sumado USD 42.222.331, mientras que la programación vigente a inicios del ejercicio actual se situaba en USD 2.084.320. El saldo disponible por aplicar corresponde a los USD 580.849 cuya incorporación presupuestaria se tramita en la presente petición.

La propuesta detalla que la modificación afecta tanto los ingresos como los gastos consignados en la Ley de Presupuesto: primero, se incrementan los recursos provenientes de endeudamiento público a través de la cuenta específica para la contratación de empréstitos externos de organismos multilaterales; posteriormente, se refuerza la asignación dentro de la unidad presupuestaria dedicada a infraestructura física del organismo fiscal, en la línea de trabajo de construcción, equipamiento y modernización.

El planteamiento presentado responde a la necesidad de que la Fiscalía General de la República disponga del crédito presupuestario necesario para avanzar en la adquisición de mobiliario y equipo requerido para el funcionamiento del nuevo complejo.

Instituto Especializado de Educación Superior de la FGR

La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de febrero, con 60 votos, la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), una medida que busca fortalecer la preparación académica del personal del Ministerio Público.

Este nuevo instituto anuncia como proyecto principal la primera maestría en investigación criminal en Centroamérica y el Caribe, con la intención de formar profesionales altamente especializados que impacten positivamente en la calidad de las investigaciones y la gestión de justicia.

Además de la maestría, la iniciativa contempla programas actualizados en ciencias jurídicas, forenses y criminología, orientados a la modernización y profesionalización del capital humano encargado de enfrentar delitos cada vez más complejos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos, que exigía que al menos el 51% de las acciones de los bancos nacionales estuvieran en manos de salvadoreños o centroamericanos. Esta reforma, adoptada con 56 votos (de 60) durante la sesión plenaria número cien, busca eliminar obstáculos a la inversión extranjera, facilitar la entrada de capitales internacionales al sector y diversificar la oferta de crédito en el país.

La determinación parlamentaria se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por los diputados para “fomentar la gobernabilidad” con el Ejecutivo y asegurar mejores condiciones para la población. Con el cambio normativo, el mercado financiero salvadoreño queda abierto a la llegada de nuevos fondos internacionales, con el objetivo de incrementar la competencia financiera y responder a las necesidades de inversión.

Antes de la reforma, la legislación vigente desde 1999 establecía que el 51% de las acciones de los bancos debía pertenecer a personas naturales de El Salvador o de países centroamericanos, así como a bancos de la región o inversionistas extranjeros que cumplieran requisitos de regulación prudencial y clasificación de riesgo internacionalmente reconocida. La norma también exigía que, en el caso de bancos con capital extranjero, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) suscribiera acuerdos con las entidades matrices para garantizar la supervisión coordinada del sistema.

La derogatoria del artículo 10 elimina estas condiciones y, según los diputados que respaldaron el decreto, permite acceder a nuevos capitales y tecnologías que podrían traer beneficios directos tanto a las instituciones como a los usuarios del sistema bancario. La bancada legislativa mayoritaria de Nuevas Ideas destaca la posibilidad de ampliar la gama de productos y fuentes de acceso al crédito, así como mejorar la calidad de los servicios.

La diputada Dania Hernández expresó durante el debate: “Han pasado veintisiete años de haberse aprobado la Ley de Bancos y por eso es necesario una derogatoria del artículo 10, porque esa es una barrera que nos limita a traer a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero”.

González subrayó durante su intervención que la reforma no afecta las competencias regulatorias vigentes: “No afecta las competencias actuales que ya tiene la Superintendencia del Sistema Financiero, estas competencias quedan intactas”.

Con la nueva legislación, los requisitos regulatorios para la operación de nuevas instituciones bancarias quedan preservados en el artículo 11 de la Ley de Bancos, que continúa vigente. La diputada González resaltó que hasta ahora “al menos el 55% de las acciones de los bancos deben pertenecer a determinados inversionistas previamente definidos” y afirmó que la reforma elimina obstáculos administrativos que impedían al país atraer a “nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para todos los salvadoreños”.

Otra aprobación hecha este miércoles por el pleno fue para que El Salvador tenga un mayor control aduanero para frenar la importación de productos vinculados a trabajo forzoso, explotación infantil y otras formas de explotación laboral en la cadena de suministro, a través de una reforma legal que fortalecería la fiscalización y sanción de estas prácticas.

El intento de eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes de Costa Rica fue bloqueado en la Asamblea Legislativa, tras una ajustada votación que impidió darle prioridad al debate de la iniciativa del Frente Amplio. Con 20 votos a favor y 21 en contra, la moción para agilizar el trámite del expediente 24,793 no alcanzó el respaldo necesario, posponiendo la discusión y dejando en el limbo la posibilidad de una reforma inmediata.

Solo siete expresidentes, una exprimera dama y dos causahabientes perciben esta pensión

Actualmente, siete expresidentes, una ex primera dama y dos causahabientes reciben este beneficio, hecho que la diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana, defendió resaltando el carácter de derecho adquirido que ampara a los actuales beneficiarios. La propuesta legislativa busca derogar el capítulo III del Régimen de Pensiones de Expresidentes de la República. Su aprobación afectaría tanto a quienes ocupen la Presidencia en el futuro como a quienes la ejercieran en el pasado, aunque el propio proyecto reconoce que los derechos adquiridos no pueden eliminarse con retroactividad, lo que blindaría a quienes ya disfrutan de la prestación.

El expediente también contempla disposiciones estrictas para el cobro: exige que los beneficiarios demuestren ingresos por debajo de tres salarios base (₡1,386,600) ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional. De superar este umbral, la persona perdería la pensión. Además, si el ingreso mensual del expresidente o beneficiario supera el doble del promedio nacional de ingresos familiares, la responsabilidad de reportarlo, y así suspender de inmediato el beneficio, recae en el propio beneficiario.

Apoyo dividido y argumentos cruzados en el Plenario Legislativo

El impulso por darle vía rápida al expediente fue liderado por Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, quien defendió la reforma señalando: “Eliminemos las pensiones de expresidentes, es una pensión de lujo. Si la definición que se utiliza para una pensión de lujo es una para la que no se ha aportado, esta es la mejor ejemplificación (…) Estos son vestigios monárquicos, de privilegios, de quienes se creen nobleza”.

El respaldo a la moción provino de toda la bancada del Frente Amplio, la mayoría de Liberación Nacional (PLN), integrantes del PUSC y legisladoras independientes como Gloria Navas y Kattia Cambronero. Votaron en contra el oficialismo, los bloques de Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP), la mayoría del PUSC, y los congresistas verdiblancos Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez.

La diputada Pilar Cisneros, jefa oficialista, cuestionó el momento de la moción e indicó que solo apoyará eliminar las pensiones de lujo si se abarcan todos los regímenes especiales, y no únicamente el de expresidentes: “Estamos en contra de las pensiones de lujo, pero las cosas hay que hacerlas bien y si les vamos a quitar las pensiones al presidente de ahora y a la que viene, se las vamos a quitar a los demás”.

El futuro de la reforma queda en manos del próximo Congreso

La derrota de la moción significa que el expediente 24,793 continuará su trámite en comisión, siguiendo la vía ordinaria. Esto implica que, salvo un cambio en la correlación de fuerzas, el debate probablemente quedará en manos del nuevo Congreso, en el que el oficialismo tendrá la mayoría. Las posiciones enfrentadas expresadas en el Plenario dejan en evidencia la complejidad del tema y la dificultad para alcanzar el mínimo de 38 votos requeridos para reformar el régimen de pensiones de los máximos exmandatarios del país.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, expresó Petri en una entrevista con TN, en relación a la actitud que tuvo Villarruel durante el discurso: en varias oportunidades, tomó su celular y contestó mensajes detrás del mandatario.

El legislador apuntó a la Vicepresidenta por su postura frente al oficialismo y la acusó de actuar en favor de la oposición en momentos clave del debate parlamentario.

“Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”, arremetió y repasó uno de los momentos álgidos de la ceremonia. “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Mientras Petri se explayaba, Villarruel le contestaba a través de X. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, cuestionó. Seguidamente, completó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", cerró.

Por su parte, el diputado mendocino insistió en que “si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”. Para él, la Vicepresidenta “fue funcional a la oposición”.

En este sentido, no dudó en asegurar: “Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”. Y consideró que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas".

En otra serie de mensajes, Villarruel señaló: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas”. Y completó con una respuesta a un usuario en X: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

Minutos más tarde, continuó con su descargo: “El que calla mientras un presidente acusa solo ejerce respeto. No es el ámbito de contradecir a nadie. Creo en la libertad y en que cada uno piense y diga lo que quiera, pero que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política y yo no represento el pasado”.

En otro intercambio, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”.

La relación entre Milei y su vice está completamente rota. De hecho, esto quedó en evidencia durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Todo comenzó con un frío saludo en la puerta de acceso al edificio entre ambos, lo que posteriormente terminó con un elocuente gesto por parte de Milei hacia Victoria Villarruel quien permanecía sentada detrás de él, durante el discurso.

En su alocución, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y planteó que esto derivó en “un ataque sin precedentes” contra la gestión. “Tomó su punto más álgido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, dijo en alusión a su vice.

El mandatario no limitó sus acusaciones a la interna oficialista. De hecho, apuntó directamente contra el Congreso, a quien atribuyó la sanción de “leyes irresponsables”, y a sectores empresarios que, en su visión, “apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”.

“Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto”, afirmó el presidente.

El discurso de apertura de las sesiones ordinarias. que el presidente Javier Milei pronunció este domingo en el Congreso de la Nación, estuvo cargado de acusaciones contra sectores de la oposición y empresarios, incluso contra Victoria Villarruel cuando habló de quienes soñaban con ocupar “el sillón de Rivadavia”. En este contexto, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a los cuestionamientos contra la Vicepresidenta, lo que motivó la respuesta de la titular del Senado en las redes.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, expresó el ex mininistro de Defensa de la Nación en una entrevista con TN al referir a la actitud que tuvo Villarruel durante el discurso: en varias oportunidades, tomó su celular y contestó mensajes detrás del mandatario.

El legislador apuntó a la Vicepresidenta por su postura frente al oficialismo y la acusó de actuar en favor de la oposición en momentos clave del debate parlamentario.

“Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”, arremetió y repasó uno de los momentos álgidos de la ceremonia. “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Mientras Petri se explayaba, Villarruel le contestaba a través de X. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, cuestionó. Seguidamente, completó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", cerró.

Por su parte, el diputado mendocino insistió en que “si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”. Para él, la Vicepresidenta “fue funcional a la oposición”.

En este sentido, no dudó en asegurar: “Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”. Y consideró que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas".

La relación entre Milei y su vice está completamente rota. De hecho, esto quedó en evidencia durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Todo comenzó con un frío saludo en la puerta de acceso al edificio entre ambos, lo que posteriormente terminó con un elocuente gesto por parte de Milei hacia Victoria Villarruel quien permanecía sentada detras de él, durante el discurso.

En su alocución, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y planteó que esto derivó en “un ataque sin precedentes” contra la gestión. “Tomó su punto más algido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, dijo en alusión a su vice.

El mandatario no limitó sus acusaciones a la interna oficialista. De hecho, apuntó directamente contra el Congreso, a quien atribuyó la sanción de “leyes irresponsables”, y a sectores empresarios que, en su visión, “apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres”.

“Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto”, afirmó el presidente.

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero USD 92.32 millones, elevando el total acumulado a más de USD 11,333 millones, impulsado por la emisión de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El crecimiento de la deuda refleja la presión estructural sobre el sistema de jubilaciones y ocurre en momentos en los que hay una alta expectativa ante una inminente reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del BCR, la deuda creció desde los USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 hasta los USD 11,333.45 millones en enero de 2026. Sin embargo, comparada con el mismo mes del año anterior, cuando se situaba en USD 10,572.40 millones, la cifra representa un incremento de USD 761.05 millones o un 7.2%.

El ISP es responsable de emitir los títulos con los que el Estado financia el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022.

El Estado emite dos tipos de títulos: COP y CFT

La principal deuda corresponde a dos tipos de instrumentos. Por un lado, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) acumulan actualmente USD 2,939.26 millones. Estos títulos son adquiridos obligatoriamente por las administradoras de fondos de pensiones (AFP privadas) y se canalizan al pago de los pensionados del sistema previo a la reforma.

A esto se suman USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Tras una reforma aprobada a fines de 2022 por la Asamblea Legislativa, estos instrumentos dejaron de pagar tanto capital como intereses por cuatro años. Dicho período de gracia se vence el próximo año y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB (Producto Interno Bruto).

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, tras esta reforma, el 89% de los activos gestionados por las AFP —que en 2024 alcanzaron USD 14,900 millones— están invertidos en “títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, indica una nota de la agencia EFE.

El FMI advierte sobre el uso del fondo solidario para pagar pensiones

El organismo internacional subrayó que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a realizarse usando recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que respalda a los afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual.

El Fondo Monetario advirtió que este mecanismo refuerza la dependencia del sistema privado hacia los títulos de deuda pública y expone a los afiliados si los recursos comunes se agotan.

Los afiliados y jubilados salvadoreños esperan una nueva reforma del sistema previsional, una medida acordada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el Fondo Monetario Internacional. El plazo para presentar esta propuesta venció el 10 de febrero.

Con la actividad parlamentaria ya en marcha luego de la apertura oficial de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei planea definir esta semana cuáles serán las próximas reformas que enviará al Congreso del paquete de cerca de 90 proyectos que pidió que le preparen, tras lo cual retomará las negociaciones con los gobernadores.

El propio mandatario nacional confirmó que le solicitó a todos los Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas, las cuales se van a sumar a las que elaboró el Consejo de Mayo y a las que quedaron pendientes del verano.

En el primer día de trabajo formal en el recinto, el Senado le envió a la Cámara de Diputados el texto que establece modificaciones a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción.

Esta seria una de los debates iniciales en este periodo de ordinarias, ya que se viene discutiendo desde diciembre pasado, aunque todavía no hay fecha para su tratamiento, según anticiparon a Infobae fuentes del bloque de La Libertad Avanza.

En el objetivo de planificar la estrategia estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo para las reformas, como lo hizo en la previa de las últimas votaciones.

“La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias”, comentaron desde su entorno.

Por otra parte, según pudo relevar este medio, hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el Presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente, por lo que solo falta la redacción.

El mandatario no les puso una fecha límite para que cumplan con esta tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

Asimismo, están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Manuel Adorni-.

Este cuerpo estuvo compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.

Entre otros puntos, esta mesa impulsó una Ley de Libertad Educativa, que promueve cambios en la organización y funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario.

También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El listado incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política, destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos y eliminar las PASO, y del Código Penal, que amplía la cantidad de artículos, introduce delitos específicos y endurece penas para corrupción y terrorismo

En tanto, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente lo referido a las normas que se tienen que adaptar para cumplir con los puntos con los que la Argentina se comprometió.

Una de las prioridades es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso que figura entre las condiciones del convenio bilateral y que el Gobierno prometió aprobar en el Congreso antes del 30 de abril de este año.

Otro eje en ese Ministerio involucra la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país.

El temario incluye, además, modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica, así como una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

De manera paralela, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

El tratamiento de la reforma al Código Penal está a cargo de la senadora Bullrich, quien deberá definir el esquema de debate para un texto que supera los 900 artículos y apunta a endurecer las penas e introducir nuevas figuras delictivas.

Finalmente, la agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, Milei anunció que enviará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”.

Entre los puntos destacados figura la propuesta para instaurar el juicio por jurados en el fuero federal, tal como ya había sido planteado en el debate sobre la Ley Bases.

La campaña presidencial de 2027 empezó anoche.

No hay dudas.

Lo que debía ser la apertura formal del período legislativo terminó siendo otra cosa. Un ring. Un debate cuerpo a cuerpo. Un intercambio de agravios.

El Presidente pronunció dos discursos.

Uno, el redactado.

Otro, el improvisado.

El primero fue institucional.

El segundo fue político.

Demasiado político.

Hubo, según el recuento, 36 insultos directos.

“Delincuentes.”

“Chorros.”

“Manga de delincuentes.”

“Golpistas.”

“Kukas.”

“La jefa de la banda.”

“Defienden a los que roban en el zoológico.”

“La chilindrina troska.”

“Se ofendió el oligarca disfrazado de pordiosero.”

“Su ignorancia lastima.”

Y más.

Por momentos, el Presidente dejó de hablarle a la Asamblea y empezó a hablarles a ellos. A los kirchneristas. A la izquierda. A Juan Grabois.

Fue un cara a cara sin micrófonos cruzados. Pero con gritos.

La oposición tampoco ayudó.

Interrupciones.

Gestos.

Gritos.

Impresentable.

La escena fue impropia de una Asamblea Legislativa.

El Presidente dijo que les ganó “por goleada en el ballotage”. Les recordó que representan el 5%. Les dijo que “suman con dificultad”. Que son “los golpistas de siempre”. Que protagonizaron una “aventura golpista” que impactó en la economía.

Y celebró algo que ya es parte de su narrativa:

“Me encanta verlos llorar. Me encanta domarlos.”

Hay un sector social al que eso le divierte.

A otro le preocupa.

En el discurso escrito hubo otra cosa.

Defensa cerrada de su gestión.

Respaldo absoluto a Toto Caputo —“el mejor ministro de Economía del mundo”—.

Celebración de la desregulación para terminar con “curros” y “tongos”.

Promesa de que “la malaria se ha terminado”.

Anuncio de que estamos “a las puertas de un resurgimiento económico”.

Definición del actual como “el Congreso más reformista de la historia”.

También hubo acusaciones graves.

Habló de políticos corruptos asociados a empresarios corruptos.

Cuestionó el Memorándum con Irán.

Instó a “revisar la causa de la jefa de la banda”.

Señaló que la corrupción fue política de Estado.

Y volvió a su batalla cultural:

Capital humano es la gente.

La minería podría generar miles de puestos de trabajo si no fuera por “cavernícolas”.

Quiere argentinos produciendo, no “parásitos”.

El tono fue agresivo.

Quizás como nunca.

Ahora bien.

Una cosa es denunciar.

Otra es degradar la investidura.

El Presidente tiene derecho a defenderse.

Tiene derecho a confrontar.

Tiene derecho a señalar responsabilidades.

Pero no necesita ponerse a la altura de quienes gritan.

No necesita responder cada provocación.

No necesita transformar la Asamblea Legislativa en un debate de campaña.

Porque cuando el Presidente se iguala al griterío, la institución pierde.

Y cuando la oposición convierte la apertura del Congreso en un acto de barra brava, también pierde la República.

Anoche perdieron todos.

La oposición, por su comportamiento adolescente.

El oficialismo, por la sobreactuación.

El Congreso, por el espectáculo.

La política argentina sigue atrapada en la lógica del enemigo.

No del adversario.

Del enemigo.

Y eso es peligroso.

El Presidente ganó un ballotage. Es cierto.

Tiene legitimidad.

Tiene apoyo social.

Pero también tiene una responsabilidad institucional que excede la pelea diaria.

La Argentina necesita reformas.

Necesita crecimiento.

Necesita estabilidad.

No necesita más gritos.

La campaña empezó.

Demasiado temprano.

Demasiado ruidosa.

Y en el recinto que debería ser el templo de la República, lo que vimos fue un bochorno.

La política argentina todavía no entiende que la fuerza no se demuestra insultando.

Se demuestra gobernando.

Las calles de la zona del Congreso se vallaron a las 6 de la mañana. La Policía Federal, Prefectura, Ejército, Casa Militar y Prefectura empezaron desde temprano a saturar la zona y a realizar los cortes de calles que no cedían ante el reclamo de los vecinos que salían a hacer las compras de un domingo de sol. Pasadas las 17 comenzó la llegada de la militancia libertaria que tenía invitación para ingresar al recinto. Pero no fue hasta las 18:30 que pudieron ingresar. En ese momento, buena parte de los invitados -jóvenes y varones en su gran mayoría- apuraron el paso para estar en primer lugar y sacar sus celulares para sacar fotos.

En la calle, los diputados, senadores y funcionarios nacionales iban entrando. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, apuró el paso para no frenar frente a los periodistas. La diputada libertaria Juliana Santillán hizo una puesta en escena. Entrando al Palacio saludó a los jefes militares pero, como su CM no lo había tomado, volvió sobre sus pasos y lo hizo nuevamente para que quede registro fílmico. Con la apertura del recinto, los diputados libertarios fueron entrando, se sacaron fotos todos juntos, separados, selfies y subieron videos. El dress code que reinó entre las mujeres libertarias fue el blanco, aunque algunas optaron por sacos violetas o borravino.

Mientras se sacaban fotos, bajó el primer canto desde las gradas en la previa a que comenzara la sesión: “Elé, olé, olé, Seba, Seba” en referencia al armador y diputado libertario Sebastian Pareja. Las internas libertarias también se disputó en los balcones. En referencia a los invitados, el primer gobernador en llegar y ocupar su lugar fue Elias Suarez, de Santiago del Estero. Hasta que se anunció que en minutos comenzaba la Asamblea, era el único gobernador sentado en el lugar reservado. Comenzada la asamblea ingresaron los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, Claudio Poggi de San Luis, y Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Más tarde llegaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Friegio (Entre Ríos) y Lisandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (GCBA)

En lo que se refiere a los embajadores, los primeros en ingresar al recinto fueron el representado de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que lo hizo junto al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela. En los palcos del primer piso se fueron ubicando los invitados especiales y funcionarios. El equipo económico ocupó uno, la familia del Presidente Milei en el centro, y también se pudo ver al ex empresario Antonio Aracre junto al ex intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela. En el balcón de al lado estaba el streaming oficialista, Daniel Parisini -conocido popularmente como el Gordo Dan- junto al legislador bonaerense Agustín Romo. Más tarde se sumó a ese palco el asesor presidencial Santiago Caputo junto al secretario de justicia, Sebastián Amerio, a quienes la transmisión oficial -a cargo de Martín Menem- nunca mostró.

Quien prefirió, o no consiguió un lugar mejor, ir con la militancia fue la diputada provincia Florencia Arieto quien, enfundada en una camisa violeta, siguió todo desde el tercer piso. La misma Arieto que, al término de la Asamblea pasó por al lado de Germán Martínez que estaba dando una nota para una radio y, intentando esconderse, le gritó “kuka tira piedras” y se fue.

Además, como viene sucediendo desde que La Libertad Avanza llegó al Gobierno, en ninguna de las apertura de sesiones se pudo observar a empresarios y la transmisión televisiva sólo enfocó a los propios.

Internas y presencias

El inicio de la Asamblea ya se notó las diferencias. Se anuncia el ingreso de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que es quien preside la sesión en su rol de presidenta del Senado; y fue recibida con un frío silencio de parte de los legisladores del oficialismo, los socios y la militancia. Cuando se anunció la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, todos los que habían mostrado indiferencia con Villarruel estallaron en un aplauso. “Vamos Martín”, le gritó la militancia. Menem sonrió y saludó.

Esta interna quedó reflejada en la transmisión al momento del ingreso del Presidente al Palacio. La televisión mostró cómo, en medio del amontonamiento, la Vicepresidenta se hace lugar empujando con el cuerpo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La única representación de la oposición fueron los diputados del bloque de la Izquierda, Nicolas del Caño, Miryam Bregman, Romina del Pla y Néstor Pitrola. También se ubicó en su banca los dos diputados de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot.

Luego de que se anunciara la delegación de diputados y senadores que iban a recibir al Presidente Javier Milei -ninguno de la oposición- ingresaron los diputados del interbloque Unidos y un grupo de los diputados del bloque de Unión por la Patria y un solo senador, Humberto Bahl, del bloque Justicialista. El sector del peronismo que se ausentó casi en su totalidad fueron los diputados y senadores que responden a La Cámpora. Sólo estuvo presente Horacio Pietragalla Corti, Florencia Carigliano y Fernando Diaz.

Carteles, cantos y cruces Como sucede desde hace años, desde varios lugares aparecieron carteles en contra de Milei. Juan Marino mostró uno que decía "Milei - despidos“, Juan Grabois escribió en su cuaderno "$líbranos del mal“, y la izquierda mostró uno que decía ”Milei, tu reforma laboral nos vuelve al siglo XIX" y "No al cierre de FATE“. En la banca del peronismo también aparecieron carteles en referencia a la Ley de Glaciares: "Sin agua no hay mate" y "sin agua no hay vermut" entre otros.

El ingreso de Milei al recinto ya marcó el pulso de lo que iba a ser la inauguración de las sesiones ordinarias. Mientras comenzaba a caminar por el recinto, esta vez sin la banda ni el bastón presidencial, la militancia comenzó a cantar "panic show“, la canción de La Renga que es ícono de los militantes libertarios. Milei, frenó sus saludos y alentó a la gente a cantar. Cuando se hizo un silencio, luego también de que se cantara por Karina Milei, se escuchó un grito desde el recinto: "¿dónde está tu amigo Espert“? la militancia y los legisladores libertarios respondieron al grito de ”presidente“.

Milei planteó un discurso apuntándole desde el minuto uno al bloque del peronismo. se cruzó en varias oportunidades, los trató de ignorante mientras lo festejaban los legisladores libertarios y la militancia. “Ustedes también pueden aplaudir porque soy presidente de ustedes también” les dijo en tono burlón. “No pueden aplaudir porque les tiembla las manos”. Los diputados del peronismo le hicieron señas con los dedos de 3% en relación a la causa de Andis y fue uno de los primeros cruces con el Presidente que los trató de “mentiroso” “chorros” “brutos e ignorantes”.

Los cruces se fueron reiterando y con algunos diputados en especial, como Juan Grabois a quien trató de ignorante y el legislador le respondió "mostrame el doctorado“. Kelly Olmos le gritó “delirante” y Milei le respondió "son muy pintoresco“. Fue tan disruptivo el enfrentamiento que planteó Milei que el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se paró para hablar con Menem y a Villarruel a quienes les recriminó sobre el tono presidencial "Nos habían adelantado que iba a ser un discurso de confrontación de gestión contra gestión, no esto“, señaló el diputado. El cruce duró unos minutos, mientras la tribuna cantaba ”presidente“, Menem solo hacía gestos con el rostro.

Pero no se cruzó solo con el peronismo, el diputado Pablo Juliano de Unidos también le reclamó por su actitud beligerante. "Usted no hace lo que dice presidente. No lo cumple“, Milei solo lo miró. A la hora de hablar de seguridad, la “popular” entonó el "saquen al pinguino del cajón, para que vea que los pibes cambiaron de idea llevan las banderas del león“. Milei, primero hizo gestos para alentar los cantos -como hizo caso toda la noche- y siguió “picanteando” el recinto: miró al peronismo y les dijo "después les pasamos la versión en dibujitos para que ustedes entiendan“.

Grabois fue uno de los centros de los dichos del presidente y de la hinchada que respondió en muchos casos levantando la mano y haciendo el gesto de los juegos del hambre. Kukas fue otro de los adjetivos que utilizó y cuando les gritó “chorros” estalló el recinto. "Andá a buscarla al ángulo kuka“, les gritó cuando habló de Aerolíneas Argentinas.

La tensión recorrió todo el discurso. El Presidente no dejó pasar ninguna de las oportunidades de fustigar al peronismo. En modo "ganador" se mostró confiado y confrontativo con todo aquel que elevó la voz para responder alguna de los argumentos que fue esgrimiendo en su discurso. Apeló nuevamente a los "apodos“, por lo menos así lo hizo con la diputada Miryam Bragman a quien denominó "la chilindrina trosca“, quien en ese momento se cruzaba con el ”Gordo Dan" quien desde el balcón le gritaba que se calle y escuchara al Presidente.

Aunque el discurso de Milei fustigó al peronismo e incomodó a los bloques del medio, solo las senadoras de Provincias Unidas Alejandra Vigo, la senadora de La Neuquinidad Julieta Carroza y la diputada Teresa García se retiraron del recinto en el momento que empezó el señalamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner. A la salida, los diputados del peronismo y de los bloques del medio se mostraron entre sorprendidos y enojados por el nivel de confrontación del discurso presidencial. Quizás, el más gráfico de todos fue el gobernador Maximiliano Pullaro que frente a un pedido de opinión sobre las palabras presidenciales sólo se sonrió e hizo “montoncito” juntando los cinco dedos de una mano.

Javier Milei presidirá esta noche la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A las 21, en horario prime time, comenzará a esbozar una lectura de los movimientos que hizo como Presidente en los últimos dos años y adelantará cómo buscará seguir el resto de su gestión. El concepto que va a guiar sus lineamientos será la batalla cultural, algo que comenzó a obsesionarlo más que la propia economía.

¿Qué va a decir el Presidente? Hasta ahora, fuentes oficiales hicieron trascender que será un discurso de tres partes. Una estará vinculada a la herencia que recibió de la anterior administración y las primeras medidas que hizo el Gobierno para poder superar ese estado de cosas. El 2025 también tendrá una mención particular: fue ahí donde su gestión miró hacia el abismo hasta que llegó el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent. Pero lo importante estará en la mirada prospectiva: qué sentido le dará a su gestión en este año sin elecciones, pero condicionado por las del 2027.

“Tiene que vender futuro y compromiso para que los aliados acompañen. Sin ellos las reformas no se pueden sacar, pero somos la única fuerza que tiene capacidad de proponer algo en este contexto político”, afirman cerca suyo.

Para ejemplificar el sentido de época actual y la importancia de hacer reformas, Milei le dará una particular importancia a lo sucedido con el caso de Techint y a los elevados precios de los neumáticos que vendían productores locales. El libertario los llama ”empresaurios”, uno de los términos famosos que creó en los últimos años para describir a uno de los sectores que considera el status quo o el partido del Estado.

Así, Milei ponderará el período de las extraordinarias, mencionará los proyectos pendientes e intentará vender un paquete de iniciativas que todavía no fueron dadas a conocer en su integralidad. Está el objetivo de sacar la reforma electoral, la del Código Penal y algunas vinculadas al Pacto de Mayo firmado dos años atrás.

En la próxima estación de la ruta reformista también aparece la reforma tributaria, aunque dos miembros de la mesa política creen que no es momento de impulsarla por el impacto fiscal que podría tener. La cuestión es: si no es ahora, ¿cuando? La pregunta no es menor, porque Milei la considera una medida indispensable para en 2028 -si es reelecto- proponer la reforma previsional.

Hay integrantes de La Libertad Avanza que no descartan que haya un importante anuncio por fuera de lo que trascendió en los últimos días, pero todo esto forma parte de las especulaciones que circulan en ocasiones como estas.

El martes de esta semana Milei encabezó la primera reunión de Gabinete y dio una suerte de speech que puede entenderse como un adelanto de lo que dirá hoy a la noche. “Nos dio su visión de las cosas para lo que se viene”, confirmó uno de los integrantes del encuentro a Infobae, que decidió no adelantar ningún aspecto más del discurso por miedo a recibir represalias.

Y es que Milei se toma muy en serio este tipo de asuntos. “Él redacta los discursos y, en todo caso, va a generando un ida y vuelta con quienes considera necesario”, afirman en su entorno. El principal es el asesor presidencial, Santiago Caputo, ideólogo de la narrativa libertaria desde su primera incursión electoral en 2021.

Posiblemente se trate del discurso más importante que dé en el año. La ocasión no podía ser mejor.

Tiene que dar un mensaje de firmeza y certidumbre a los mercados en medio de una semana que promete ser volatil por el ataque de Estados Unidos e Israel al ayatollah Ali Khamenei, lider supremo de Irán. Sobre todas las cosas, debe hablarle a la plaza local: al Gobierno le está costando mantenerse por debajo de la marca de los 500 puntos básicos de Riesgo País y las acciones no marcan subas sustanciales, todo lo contrario.

La economía real mostró un repunte en diciembre pero bajo una dinámica heterogenea: el agro y la intermediación financiera se dispararon positivamente, pero en detrimento de la industria y el comercio. La cuestión sobre el empleo, la capacidad adquisitiva y la dinámica de la actividad predominan la agenda, pese a que los números oficiales permiten dar visiones dispares.

En ese marco, La Libertad Avanza mantuvo en el mes de febrero la mejor racha legislativa desde que es oficialismo, con la aprobación de leyes de amplísimo caracter reformista. La única que quedó con media sanción fue la Ley de Glaciares, que seguramente logre aprobación en Diputados.

Es decir, se verificó que el mecanismo de coordinación política que tiene el Gobierno, materializado en la mesa política, distribuyó bien las tareas de negociación con diferentes de actores de la oposición. Ese esquema vino acompañado por más bancas propias en ambas Cámaras y la fragmentación de la oposición, que deja al oficialismo con mayores facilidades para negociar con los gobernadores, incluso aquellos peronistas.

Con la algarabía del viernes por la noche, con la reforma laboral sancionada, varios integrantes del Gobierno dijeron en público que, aprovechando el dulce momento político, ahora se vendrá una profundización de la agenda reformista.

¿Esto lo que dicen en privado? En varios casos, no.

Para continuar con su sendero reformista deberá pedir la colaboración de los aliados que consiguió acercar en estas últimas semanas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”, se sinceró a mitad de semana un importantísimo integrante del Gobierno a Infobae. Coincidentemente, una figura de La Libertad Avanza en el Senado razonó de la misma manera: “Me tranquiliza que en la cúpula del Gobierno lo vean de esta manera, porque acá tengo mis serias dudas”.

¿A qué viene esa preocupación de ciertos actores? Por un lado, es una lectura casi unánime entre los operadores del Gobierno: la oposición se va a abroquelar en una postura intransigente hacia el segundo semestre del año. “Ahí se nos va a empastar todo”, afirman un miembro de uno de los campamentos libertarios. En otro indican: “Van a perder incentivos para colaborar en la medida que el horizonte de las elecciones provinciales se vea cada vez más cerca”.

Un integrante del bloque del Senado de La Libertad Avanza opinó que el balance de las sesiones extraordinarias fue, en los papeles, excelente; pero que deja una preocupación hacia adelante. “Creo que pagamos muy caro algunas cosas”, afirmó, para luego ejemplificar: “Mirá cómo votaron Alejandra Vigo (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy), la Unión Cívica Radical y el PRO. Ninguno de ellos nos votó todo completo. Son vínculos que pueden ser circunstanciales y provisorios”, marca.

Otro integrante de ese espacio considera que la negociación de las vicepresidencias salieron caras y que comprometen otros vinculos con aliados que quedaron insatisfechos hacia adelante. En otros sectores no coinciden en absoluto con esto: refutan esta idea diciendo que, en rigor, el Gobierno consiguió mayor fragmentación del interbloque peronista. Quienes iniciaron el movimiento para que tres senadores federales se pasaran a un bloque propio fueron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Algo que podría abonar reforzar la posición de quienes defienden este último punto es que La Libertad Avanza podría evitar que estos jefes provinciales se retoben si les garantizan que La Libertad Avanza no competirá en sus distritos el año próximo. “No es una locura que, por ejemplo, en Tucumán, podamos corrernos de la disputa si es que nos conviene”, afirman en el Gobierno. La Libertad Avanza prácticamente no tiene referentes en provincias como Catamarca y Jalil demostró ser de los más útiles para la gobernabilidad violeta. Asimismo, si en la campaña pasada a la entonces candidata a senadora por Salta, Emilia Orozco, se le prohibió hablar negativamente de la gestión de Sáenz, ¿por qué no habría de ocurrir esto de vuelta?

Son todas especulaciones que empezarán a florecer en los próximos meses, pero que Milei tiene posibilidades de dar pistas en su discurso de este año. “Javier demostró ser uno de los tipos más brillantes en términos políticos. Una cosa es lo que dice de la boca hacia afuera y otra cosa es lo que hace puertas adentro. Es más pragmático de lo que se piensa”, indica una persona que lo conoce bien.

El Gobierno puede haber mejorado su coordinación política y amplificado su número de legisladores para poder impulsar reformas, pero no tiene asegurado que el Congreso se convierta en una escribanía para todo este año. La cantidad de bancas que tiene no dista mucho de las que tenía Alberto Fernández durante su gestión: se trata de que los actores con poder de veto (es decir, aquellos legisladores y gobernadores que el Gobierno necesita sí o sí para poder aprobar un proyecto o juntar quórum) puedan ser interpelados y de que el oficialismo siga logrando consensos.

No es casual que se haya escuchado a una importante voz del Gobierno afirmar esta semana que “el consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo” y que “no tiene un valor per se cuando el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo”. La Casa Rosada demostró ser lo suficientemente pragmática para negociar la reforma laboral y quitar apartados importantes de la misma en negociaciones con la oposición, los gobernadores, los sindicatos y las cámaras empresarias.

Este sábado, una de las principales espadas legislativas que tiene La Libertad Avanza coincidía con la postura de que el Congreso puede convertirse en un territorio pantanoso hacia adelante. “¿Vale la pena hacer lo mismo que hicimos con la reforma labora por cada proyecto que podamos impulsar? ¿O vale la pena esperar más para que a partir de 2027 estas puedan salir con los apartados que queremos?“. Son algunas de las interrogantes que circulan. Otros prefieren ser más optimistas y apostar a una agenda plena de reformas: “El éxito te consolida y permite que puedas aprobar más reformas”.

Funcionarios que hablaron con el Presidente este jueves informan que el discurso será de una hora, aproximadamente. En su debut en su primera Asamblea Legislativa, el líder libertario había hablado durante 70 minutos. El año pasado superó esa marca solo por dos minutos. No se prevé un cambio sustantivo en la duración para esta ocasión.

La transmisión comenzará con el arribo de Milei al Palacio del Congreso y se espera que el contacto que vaya a tener con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reduzca al mínimo posible. Hay quienes hablan de que debería ser a cero, pero hay cuestiones protocolares -como la firma de las actas- que lo podrían impedir.

Lo interesante es lo que sucederá con la transmisión, que replicará componentes de la del año pasado. “No está en los planes que se muestre a la oposición. La idea es que se lo muestre a Javier la mayor cantidad de tiempo con algunos pocos paneos”, informa una fuente al tanto del operativo.

Tal y como hizo en 2024 y 2025, Milei volverá a dar su discurso parado, con su vicepresidente detrás y la banda presidencial puesta. Sus antecesores siempre hablaron sentados en el estrado, al lado de sus vicepresidentes, y sin la banda colocada. En el arranque de la transmisión del último marzo, el rating televisivo alcanzó los 17 puntos, pero a lo largo de la transmisión, fue descendiendo, estableciéndose primero en 8,1 puntos. Luego, la baja continuó hasta tocar cifras como 5 puntos.

El presidente Javier Milei organizará una cena en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, tras la ceremonia, a la que invitó a los bloques aliados del oficialismo. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, ya confirmó su participación junto a otros seis diputados de su espacio, mientras que integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) recibieron invitaciones específicas, aunque el MID anticipó que no asistirá por desacuerdos recientes.

Legisladores de la UCR, encabezados por Pamela Verasay, aseguraron que estarán presentes, aunque reconocieron posibles ausencias por las dificultades derivadas de los paros de controladores aéreos que afectan los vuelos desde las provincias.

La convocatoria a la residencia presidencial fue gestionada por Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza en Diputados, con el objetivo de reforzar los vínculos políticos previo a un año de fuerte agenda legislativa. Aunque inicialmente se consideró ofrecer un asado, fuentes próximas a Milei aclararon que el menú no está definido y que podría incluir empanadas u otras alternativas.

En un contexto de fuerte fragmentación parlamentaria y reordenamiento de alianzas, el presidente Javier Milei volvió a poner este domingo por la noche al kirchnerismo como su principal adversario de cara a los desafíos legislativos que tendrá el Gobierno durante este año y de las elecciones nacionales del 2027.

Durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias, el mandatario nacional no solo acusó a este sector de ser “golpista” y de buscar generar problemas en la economía, sino que también interrumpió en varias ocasiones su lectura para discutir con sus diputados y senadores.

En sus más de dos horas de exposición, el líder libertario no escatimó en críticas contra su antecesora, Cristina Kirchner, a quien llamó “corrupta” y “la jefa de la banda”, y aseguró que “va a seguir presa” por las causas que tiene en su contra.

Asimismo, también cuestionó a los legisladores que todavía responden a la dirigente de la oposición dura, a los que les gritó “manga de asesinos y chorros” por haber apoyado la firma del Memorándum con Irán.

Mientras tanto, en el recinto los principales referentes del oficialis, tanto los integrantes de los bloques parlamentarios como miembros del Gabinete y militantes, acompañaron la estrategia con cánticos como “tobillera” y alentando en cada cruce que hacía Milei.

Cuando el Presidente comenzó con sus chicanas, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, se acercó hasta el estrado para quejarse ante el titular de la Cámara, Martín Menem, y posteriormente trató de corrupta a la actual administración: “Dejá de mirarte al espejo, los chorros son ustedes”, le respondió el mandatario.

Otro de los cruces fue con Kelly Olmos, ministra de Trabajo durante una parte de la gestión de Alberto Fernández, cuando ésta le recriminó por la supuesta suba del desempleo en el país.

“¡Qué alergia le tienen a los datos! Dedicate a recitar poemas, porque de datos no sabés nada”, contestó el jefe de Estado, en referencia a una de las últimas apariciones de la legisladora, cuando entonó una antigua canción de la resistencia peronista durante el debate de la reforma laboral.

Tal como precisó este medio, el discurso en cuestión fue elaborado por el propio Milei, con la colaboración de su asesor, Santiago Caputo, y los detalles fueron ultimados durante una reunión en la Quinta de Olivos con Manuel Adorni.

En el entorno de ambos celebraron la dureza con la que el líder libertario se dirigió a sus adversarios políticos y señalaron que es “una decisión estratégica” la de volver a polarizar con este sector.

Por otra parte, fuentes oficiales reconocieron que hay una mayor influencia del jefe de Gabinete, quien en esta oportunidad tuvo la tarea de darle la revisión final al texto que leyó el Presidente, algo que no ocurría antes.

“Tenemos el apoyo de un pueblo al que esta Cámara no hizo más que fallarle y que en cada elección le demuestra que no quiere intentar ninguna de sus vetustas ideas. Pero, al mismo tiempo, también tenemos un adversario deshonesto -o sea, estoy hablando de ustedes- que va a romper todas las reglas que él mismo creó con tal de frenar este cambio de era”, exclamó Milei sobre el final de su discurso.

Las declaraciones se dan en medio de un escenario particular en el Congreso, en el que el peronismo está fuertemente dividido, al punto tal de que algunos espacios provenientes del PJ votaron a favor de varios de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias.

Esta situación sucedió a partir del peso que tienen los gobernadores en las dos Cámaras, algunos de los cuales manifiestan un buen vínculo con la Casa Rosada, a pesar de pertenecer a distintas facciones del PJ, aunque todos ellos alejados de CFK.

Esta idea la dejó clara el ministro del Interior, Diego Santilli, durante una reciente entrevista con Infobae, en la que separó el rol de cada fuerza política: “No son peronistas. Los veo más kirchneristas que peronistas. Muchos gobernadores peronistas han apoyado la modernización laboral. Yo veo al NOA acompañando, veo a Misiones acompañando, veo a Tucumán acompañando, veo a Salta acompañando, veo a Catamarca acompañando. ¿Qué pasó?“, se preguntó el funcionario.

De hecho, el jefe de Estado se tomó unos minutos para cuestionar al mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, por sus dichos “golpistas” por haber considerado que esta administración no debería terminar su gestión.

“Él mismo ha reabierto la causa por los hechos sucedidos en 2001. Esperemos que la Justicia avance no solo sobre los posibles actos de sedición, sino también sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios directos e indirectos de dichas acciones”, deseó.

Asimismo, remarcó que “en este contexto de incertidumbre política se disparó el riesgo país, nunca mejor apodado como riesgo kuka, lo cual derivó en una caída de la demanda de activos denominados en pesos”.

Más allá de las elecciones, para las cuales todavía falta un año, en los próximos meses Milei va a necesitar de los gobernadores para continuar aprobando las reformas que propone el oficialismo.

El líder libertario le pidió a su Gabinete que cada área prepare un paquete de proyectos y recién esta semana se sentará a analizar todas las iniciativas y decidir con cuáles comenzará y cuáles dejará para más adelante.

Si bien mejoró la relación con una parte del peronismo disidente, este espacio no fue invitado a la cena que ofreció el Presidente en Olivos luego de la apertura de sesiones, a la que sí fueron convocados los aliados, como el PRO y la UCR.

Incluso, el oficialismo llamó a algunos bloques que están molestos con La Libertad Avanza, como el MID, de Oscar Zago, y a dirigentes como Karina Banfi, los cuales se ausentaron al evento.

Tras ese encuentro, la jefa de la bancada violeta en el Senado, Patricia Bullrich, tenía previsto ir a recibir al aeropuerto de Ezeiza al gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el nuevo régimen venezolano, tras la caída del dictador Nicolás Maduro.

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abrió este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso que estuvo marcado por los cruces con la oposición y su alianza con Estados Unidos.

El Presidente inició su discurso pasadas las 21, en el que resaltó la relación con la administración norteamericana y precisó: “En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no al ALCA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.

Sostuvo que “el Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas” y aseguró que Argentina tiene que ser un actor importante en este nuevo desafío.

En ese sentido, Milei resaltó: “Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”.

Y completó: “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, reventar nuestro comercio exterior e impulsar ahora la innovación estratégica más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. ‘MAGA’ de Alaska a Tierra del Fuego”.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Cristina Kirchner y anticipó que “va a seguir presa por chorra”. Además, elogió a sus ministros y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

Milei: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”

Sobre el cierre del discurso, el mandatario remarcó que “la verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”.

Y continuó: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”.

“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, cerró.

Milei anticipó que presentarán proyectos de reformas estructurales

El jefe de Estado destacó en un pasaje del discurso que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

“Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, señaló.

Antes, había remarcado: “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”.

Y apuntó: “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político. Lo dijimos siempre y toca repetirlo: ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos. Es momento de convertirnos en una nación madura”.

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Milei destacó las alianzas internacionales: “Fuimos los primeros de la región en plantar banderas”

En otro pasaje del discurso, Milei destacó la labor en materia de relaciones internacionales y sostuvo: “Como gobierno, hemos tenido un gran abierto. Fuimos los primeros de la región en plantar banderas. Argentina ya dejó pasar dos veces el Día de Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no a la ICA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”

Y completó: “Mientras tanto, implementamos el régimen 30% de comercio servioso desde febrero, cuando deberíamos tener un brote invencible, cerca del 93%. Son números de vergüenza, y no nos puede volver a pasar. Esta cita también es defensa. El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas”.

“Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia. Para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”, agregó Milei.

Asimismo, resaltó: “También es una forma de someter a los jueces al escrutinio público y al estándar que eso implica. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial más disciplinaria. Todos sabemos que, lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso, durante nuestro gobierno, la seguridad de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurar su futuro mejor y no adoctrinarlos”.

“Estas reformas radicales del Estado no son mucho más. Hoy se está configurando un nuevo orden mundial, y la forma en que nos insertamos en él determinará el destino de nuestro país”, enfatizó.

“La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Entramos a una nueva era de grandes naciones que compiten por asegurarse cadenas de valor vertical. En este mundo, cada vez más partirán las aguas entre las naciones libres y las naciones sometidas. Tiempos de cambio requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar. Sin moral, terminas haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminas yendo a contramano de la historia. Esto no puede volver a pasar”, remarcó.

“Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”, resaltó.

Milei habló sobre las reformas a futuro

El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.

“El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro, nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace cien años, nuestro país se encarga con cuatro consensos, fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre, y nos dejaron en diciembre de 2023, acorde a la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno, es hora de abrazar política de Estado por primera vez", continuó.

Y apuntó: “Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.

“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.

En tanto, el mandatario aseguró: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Por su parte, sostuvo que van a construir “un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios alimentaristas absurdos. Y me refiero a todos los recursos, a los minerales críticos, como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario. Y, como las políticas las instituciones son las columnas vertebrales de crecimiento, debemos reformarlas para que se nos dé el soporte del peso de este futuro”

Y sumó: “Por demasiado tiempo, la política fue usada para tejer una especie de mafia unida por una solidaridad depredadora, con el propósito común de vivir el que produce. Eso es lo que hacen ustedes que se llama justicia social: vivir del trabajo ajeno. Esto incluye desde medios de comunicación hasta funcionarios públicos, pasando por empresas y hasta el fútbol. La política para nosotros debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables de ciertos representados, y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para evitar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Este es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado, y esto también aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la justicia. La justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso, presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del poder judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida y eficaz, por sobre todas las cosas que se ajustan”.

Milei apuntó nuevamente contra los empresarios

El mandatario volvió a cuestionar a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos, y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”

“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.

Y continuó: “¿Acaso les parece bien pagar una remera básica cincuenta dólares, cuando la importada cuesta cinco? Obviamente, la respuesta sectorial no está curva, se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura y comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI, lo pueden ver en lo que es el consejo de más. No solo eso, en el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto ciento setenta y ocho de ciento setenta y nueve países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico".

“Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado. Nos dijeron que sólo podíamos crecer si vivíamos con lo nuestro. Para tener esto, se impidió activamente el desarrollo del agro y de las economías regionales, con las restricciones al tiempo que se limitaba el comercio, con todo tipo de restricciones a las importaciones que carecieron todos los consumos industriales locales. Como si todo esto fuera poco, no debemos dejar de sumar una carga tributaria estratosférica, que a esto es posible casi todo tipo de inversión. Sin embargo, tras décadas de protección, obtuvimos una industria pequeña, cara, dependiente de subsidios, con salarios en dólares prácticos”, apuntó Milei.

En tanto, continuó: “¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Yo pienso que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de militarismo político, la respuesta es clara. La que beneficiara a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara”.

“Por eso, sorprende la defensa incendiada de los populistas en favor de la protección de la industria nacional privilegiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos cuando insultaban en público a algunos de los industriales lo hacían para negociar una coima más alta, no para retazarla”, cerró.

La claves de Milei para el resurgimiento económico

El Presidente destacó la política económica y remarcó que “hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerrequisitos fundamentales que debemos asegurar”. Y siguió: “Lo primero y requisito requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que se permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”.

“La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende, la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en precios baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. Entonces, sé que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja exógena en la tasa de interés que lleva mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza y vigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar, tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva de mayor libertad económica, por ende, mayores niveles de prosperidad”.

Y agregó: “Segundo, tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de terminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases de crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano. El segundo pilar es el capital humano. La productividad de una nación y su protección hacia el futuro descansan a las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Protegida. Sin alimento, no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía; por eso los niños son una prioridad absolutamente de este gobierno. Qué paradójico, qué paradójico que los que pongamos primero a los niños seamos nosotros, cuando ellos, su líder original, decían que los privilegiados eran los niños, y lo único que hicieron es meter siete de cada diez bajo la pobreza”.

“El futuro económico es incierto. Hoy no sabemos, a ciencia cierta, cuáles serán las industrias del futuro en 10, 20 o en 50 años. Por eso, debemos contar con una ciudadanía con capacidad de decidir por sí misma cómo ordenar sus capacidades físicas y mentales. Y también debemos darle las herramientas para poder tomar estas decisiones. Por último, el tercer pilar del crecimiento viene de la mano de la apertura comercial”, completó.

Milei: “Tenemos la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político”

El presidente destacó la aprobación de proyectos clave durante el periodo extraordinario y apuntó: “Hoy, como lo ha demostrado este periodo de sesiones extraordinarias que culminó hace unos días, en el que aprobamos algunas de las reformas más importantes de las últimas décadas, tenemos el congreso más reformista de la historia y la fuerza suficiente para hacerle frente a cualquier golpe político que quieran llevar adelante los agentes del antiguo cambio”.

Y remarcó: ”La oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder".

En otro pasaje, explicó: “En este contexto de incertidumbre política se disparó el riego país, nunca mejor apodado como riego Kuka, lo cual derivó en una caída de la demanda de activos denominados terrenos. Así es, mientras se atacaba el peso por el equivalente al 50%, esto es, unos 41.000 millones de dólares, las tasas de interés volaban por los aires, la actividad se frenó en seco y la caída en la demanda transaccional de pesos hizo que la tasa de inflación se acelerara”.

“Es claro que esta aventura kirchnerista no fue gratis; acorde a nuestras estimaciones, se perdieron 2.5 puntos de crecimiento, es decir, el riego Kuka nos costó además 25 millones de dólares en términos de PBI. En este contexto golpista, sí, golpista, tuvimos, gracias a nuestro gran acierto en materia de política exterior, un aliado clave, por primera vez en la historia, y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre los Estados Unidos y Argentina, el gobierno de Donald Trump acudió a nuestro país”, apuntó.

Y concluyó: “Quiero decirles que el intervalo de malaria se ha terminado, la malaria se ha terminado, la prosperidad se inauguró el 26 de octubre del año pasado”.

“Estamos saliendo del pozo”, dijo Milei

En otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó: “A su vez, acabamos de aprobar el RIVI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia, hemos promulgado la ley de reiteración de incidencia, la ley de juicio en ausencia y, en las últimas semanas, hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil”.

“En el mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio del 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años no está considerada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las multipletarias de bancas estatales para evitar la catástrofe. Fue gracias al financiamiento de las instituciones monetarias que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizados a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico”, comentó.

Y dijo: “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.

Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.

Otro cruce de Milei con los diputados de la Izquierda

En otro pasaje del discurso, el presidente apuntó contra los diputados de la izquierda y disparó: “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el cinco por ciento".

“¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale", dijo al grupo de diputados que estaban en el recinto..

“Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro”, sostuvo Milei

El mandatario remarcó el trabajo para avanzar con la desregulación del Estado y señaló: “En esta misma línea, hemos avanzado con las primeras privatizaciones contempladas en la ley base. Estamos avanzando con los requisitos para privatizar las estantes gracias al trabajo de todo el gobierno, pero en particular de nuestro ministro de regulación, el conocido Federico Sturzenegger. Hemos realizado más de 14.500 desregulaciones. Detrás de cada regulación habría un privilegio, o mejor dicho, un curro, un tongo”.

“Las desregulaciones nos han permitido marcar un negocio del mercado aeroportical de pasajeros, y ha permitido a los productores argentinos acceder a mejor maquinaria productiva que la disponible localmente, y ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres”, apuntó.

Y siguió: “A su vez, hemos desarticulado el siniestro sistema de licencias para las importaciones, gracias a la eliminación de las citas, la ampliación del móvil y la baja de aranceles. Y todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro del RIGI. A través de sistemas efectivos a la inversión, hemos aprobado proyectos por 25 mil millones de dólares en caja de masa y estamos evaluando su actitud en pensiones por los 45 mil millones de dólares. Los 31 proyectos afectados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Y esto es solo un año de vigencia”.

Por último, completó: “Dado los resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo y en la votación de esta gestión transformará, no en una excepción, sino en la política de Estado que nos va a garantizar el país más atractivo de la región”.

Nuevo cruce de Milei con el kirchnerismo: “Me encanta domarlos”

En un nuevo enfrentamiento con el bloque de legisladores kirchneristas, el Presidente apunto: “Los condenaban a la pobreza. ¿De qué hablan si además no saben ni siquiera sumar? Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos.

“¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, disparó.

Milei destacó “sacarle a la política el negocio de la intermediación de la ayuda social”

Asimismo, el jefe de Estado utilizó otro momento de su disertación para destacar el trabajo de Sandra Petovello y el Ministerio de Capital Humano: “Gracias a ello, eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política, al negocio, la intermediación de la ayuda social, y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”.

“Sin lugar a dudas, difícilmente hay un ejemplo que muestre de mejor manera la mafia de los políticos. Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, haciéndolos esclavos para pasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”, indicó.

Y precisó: “Gracias a la reasignación de partidas, la AUH aumentó en un 492,9% respecto al valor heredado en 2023. Incorporamos a seiscientos mil chicos a la AUH, incrementamos en 35,5% la prestación alimentar, aumentamos más de 500% las becas primera infancia y más de mil cien por ciento la prestación primeros mil días”.

Con elogios a Bullrich, Milei celebró la baja de homicidios a nivel nacional

En materia de Seguridad, el Presidente destacó: “En seguridad, tras un accionar implacable de la doctora Bullrich, hemos impulsado reformas legislativas como la ley antimafia, el requisito de datos genéticos y la ley de reincidencia y reiterancia y unificación de condenas para cortar con este flagelo. Junto con la apuesta en acción del plan Bandera y el protocolo anti-Piquete”.

Y agregó: “Gracias a esto hemos conseguido bajar la tasa de homicidios en un 17% a nivel nacional, reducir en un 65% los homicidios en Rosario, y tan solo en 2025 conseguimos una reducción del 20% en los robos, el valor más bajo de la historia reciente, sin contar el periodo de encierro por la cuarentena. De la misma forma, estamos poniendo orden en las fronteras, donde los narcos entraban y salían a su antojo, y tal como prometimos en campaña, hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9.000 por año a cero”.

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Milei destacó el trabajo de Caputo y del equipo económico

En otro pasaje del discurso, el mandatario enfatizó: “La verdad que podría quedarme hasta la inauguración del año que viene enumerando los sectores críticos que dejó la administración anterior, pero prefiero centrarme en lo que hemos hecho para solucionarlo y en lo que nos queda por hacer.

Y siguió: “El aspecto más urgente era el descalabro inflacionario, que afecta a las fuerzas de una inflación, y la raíz de la inflación es la emisión monetaria que derivaba del déficit fiscal. Por eso, en nuestro primer mes eliminamos un déficit fiscal de 5% del PBI. Muchísimas gracias, el mejor ministro de economía del mundo. Dos veces seguidas. Toto Caputo”

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Javier Milei se abrazó con Bullrich

En un pasaje de su discurso, el presidente destacó la labor de Patricia Bullrich mientras estaba al frente del Ministerio de Seguridad y se acercó hasta el atril donde estaba hablando el presidente. Allí, Milei se acercó y abrazó a la actual jefa de la bancada libertaria en el Senado.

“En nuestra visión existe un claro orden de mérito”, sostuvo el mandatario

El presidente, en medio de cruces con la oposición, señaló que se está viviendo un “cambio de época que puede resumirse en un concepto central que es el que guía nuestra conducta y que es el núcleo constructual de lo que quiero hablarles hoy aquí, en esta apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Congreso Nacional: la moral como política de Estado. Quiero señalar esto, que en nuestra visión existe un claro orden de mérito, en breve”.

En tanto, el mandatario recordó el momento en el que asumió en el cargo y apuntó contra el gobierno anterior: “No tomamos las riendas del país en condiciones normales, sino que tuvimos que encarar la estabilización de una sociedad al borde de la destrucción. La moneda nacional había sido destrozada por la emisión desenfrenada de dinero y un extenso historial de default soberano. La falta de inversión, producto de la inestabilidad y la inseguridad jurídica, destruía empresas y puestos de trabajo todos los años”.

Asimismo, destacó las mejoras en la seguridad: “El crimen y los homicidios venían aumentando y las calles eran tierra de los, nadie de los barrios, ni de los piqueteros en las ciudades. Para agravar la situación, estos piquetes eran financiados con dinero de asistencia social que debía destinarse a los más necesitados. Nuestras fronteras eran un colador, en este caso, que servía como caldo de cultivo perfecto para que el narcotráfico irrumpiera en nuestra sociedad, tal como sucedió en Rosario. Como país, no sabíamos quién entraba, no sabíamos quién salía, y por eso entraban los peores y se iban nuestros jóvenes”.

En otro fragmento del discurso, Milei apuntó: “La pobreza y la doctrina zafaroni impulsada por el kirchnerismo hicieron de nuestras calles un baño de sangre y la pobreza no paraba de crecer aunque se le intentara maquillar con planes sociales y empleo público que nos hacía más que empeorar el problema. Esto es, recibimos un Estado partido en todos los ámbitos”.

Y consignó: “En materia de capital humano, teníamos una pobreza camuflada en los controles de precios del 57%, con 7 de cada 100.000 pobres y una gran mayoría de egresados escolares que no sabían leer o escribir, ni hacer cuentas matemáticas simples en el mundo en el que avanzan todos los días a pasos agigantados con la inteligencia artificial. El Estado y las empresas estatales eran utilizadas como aguantaderos de militantes, cuya finalidad no era otra que la de capturar la incapacidad de crear puestos de trabajo genuinos, producto de la alta presión tributaria y una ley laboral anacrónica”.

Milei celebró el acuerdo con Estados Unidos

“Además, logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo, 'Alca, Alca, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”, enfatizó el Presidente.

"Cumplimos con todas las promesas de campañas hechas en 2025“, la primera frase de Milei

“Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, comenzo diciendo Milei en su discurso inaugural.

Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.

“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.

Y sumó en diferentes puntos los logros de su gestión: “Podemos decir: 1) hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal libre de default en siete años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto, no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además lo bajamos por el equivalente de dos puntos y medios del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política”.

Además, destacó la sanción de la ley de inocencia fiscal y remarcó: “Después de años de saqueo de la política, donde el pagador de impuestos era culpable hasta que se demostrara lo contrario, hoy hemos revertido esa atrocidad y los argentinos han vuelto a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”

“Reformamos la Ley Penal Juvenil, modificando así un régimen penal obsoleto que tenía ya 45 años de antiguedad. Porque, tal como lo hemos dicho antes de ser gobierno y lo hemos llevado a cabo en los hechos con la doctora Bullrich, antes ministra de seguridad y ahora senadora, el que las hace, las paga”, añadió.

Y completó: “Sancionamos la ley de modernización laboral, una ley que viene a barrer con un delirio sancionado hace 50 años, inspirado en ideas cavernícolas de hace 80 años, y que dejó a la mitad de los trabajadores en el mercado informal. Estos informales eran jóvenes. Además, esta ley permitirá que el mercado de trabajo pueda estar en línea con una economía que está siendo testigo de la mayor transformación de la historia”.

Javier Milei llegó al Congreso y hay expectativa por su discurso

Acompañado por la escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo, el presidente Javier Milei llegó al Congreso de la Nación acompañado por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La transmisión oficial no mostró el saludo.

Así está el Congreso a la espera de Javier Milei

El Gabinete completo estará en el Congreso de la Nación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una imagen en donde se puede ver al equipo completo de Gobierno en la previa del discurso que dará el presidente Milei en el Congreso de la Nación.

En la foto que compartió el ministro coordinador se puede ver a Mariano Cuneo Libarona (Justicia), María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Santiago Caputo, Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Carlos Presti (Defensa).

El video que publicó Milei a horas de presentarse en el Congreso: “La verdadera batalla es moral”

Poco antes de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei compartió en las redes sociales un video en tono de campaña, en el que defendió el rumbo del Gobierno y sostuvo que “la verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”.

El clip, que dura un minuto con 11 segundos, lo tiene al mandatario nacional como principal protagonista, en un compilado de sus recorridas por el país y actos partidarios, en los que se lo ve saludando a la militancia.

“Hay momentos en la historia en los que una civilización debe elegir su futuro. Nos han dicho que el Estado es nuestro protector, que el burócrata es nuestro salvador y que el político sabe más que el hombre libre. Que debemos obedecer, que debemos depender. Pero la verdad es otra”, comienza diciendo el jefe de Estado.

Al respecto, el jefe de Estado remarcó que “el mundo solo tiene dos tipos de personas: los que viven de lo que otros producen y los que producen todo lo que hace posible la vida moderna”.

“Los primeros redactan regulaciones; los segundos crean riqueza. Los primeros prometen igualdad; los segundos generan prosperidad. Los primeros reparten pobreza; los segundos multiplican abundancia. La verdadera batalla de nuestro tiempo es cultural, es filosófica, es moral”, opinó.

Y cerró: “Por eso elegimos el sistema que sacó a miles de millones de la pobreza extrema, el capitalismo de libre mercado. Porque la libertad no se negocia, la libertad se defiende”.

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Ya desde el inicio, y luego de que se escucharan los vitores ‘Presidente, Presidente’“, el primer mandatario tomó el micrófono con las dos manos, giró la cabeza y, mirando hacia su izquierda, le lanzó a la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Después de los aplausos por esa chicana, Milei siguió leyendo los ítems de los logros de su gestión y hablaba de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, cuando volvió a mirar a la oposición y le dijo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Pero eso era sólo el principio de un discurso que tuvo varias dedicatorias sarcásticas del Presidente al kirchnerismo: “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”. Y siguió con su discurso.

Aunque no pasaría mucho más para que Milei volviera a dirigirse a la oposición, en algunos pasajes, con su característica efusividad. Hablaba de la libertad y la propiedad, cuando volvió a girar la cabeza y los desafió: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”.

Iba por el ítem 4, incluso ni siquiera lo empezó a leer, cuando les volvió a hablar porque alguien mencionó a José Luis Espert: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo a la gente con situaciones que no tienen, además, los crudos. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia".

El Congreso se lanzó en un aplauso, algunos de pie; también había varios con sonrisas que no podían borrarse, y el grito de “Presidente” ganó el recinto.

En ese contexto, Milei retomó con el ítem 4 de su discurso sobre la Ley de Modernización Laboral. Para ese entonces la voz debía esforzarla por el murmullo generalizado. Y entonces gritó: “Los campeones de los derechos de los trabajadores dejaron sin ningún tipo de derecho a la mitad de los trabajadores... Y eso al margen de que se fueron de su último gobierno con una situación en la que el 30% de los trabajadores formales eran pobres“.

Y siguió, jocoso: “¡Qué alergia le tienen a los datos! El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y a hablar de los datos, no, porque de eso no sabés nada". Luego de los aplausos de ocasión, con una sonrisa ironizó: Qué interesante que en el Congreso me encuentro con parte de mi banda de rock, ‘La Banda Presidencial’“. Y mirando a Gerardo Martínez, le dijo: ”Dejá de mirarte al espejo, Martínez, los chorros son ustedes“.

Y ante el barullo, Milei volvió al sarcasmo: “Así que aquí un fracasado llegó a Presidente. ¡Qué interesante!“. Los aplausos volvieron y, para ese entonces, el discurso presidencial dejó de lado las chicanas sucesivas y el Presidente continuó con la lectura.

Aunque no duró mucho. Y cuando comenzó a hablar de la moral como política de Estado y ante el murmullo, se cansó: “Daleee, los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar. Es más, en un libro que se llama La doctrina del fascismo, estos personajes siniestros decían: “Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y nada contra el Estado”. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¡Tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista! Primero agarrá los libros, después decime todo lo que quieras“.

Pasó otro momento de respiro y lectura del discurso, pero cuando Milei hablaba de la falta de inversión, producto de la inestabilidad y la inseguridad jurídica, que destruía empresas y puestos de trabajo todos los años... Se mostró molesto y sobrador, como si fuera un maestro cansado: “De vuelta, aprendan, vayan, miren los números. Digamos, yo entiendo que ustedes suman con dificultad, pero vayan y miren los números. Les cuento que la tasa de desempleo bajó a pesar de que aumentó la oferta. Quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta. Pero de vuelta. Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. ¿Pero qué puedo esperar de ustedes que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI, tres en el último año para ganar una elección?“.

El Presidente hablaba de la pobreza y la doctrina Safaroni, impulsada por el kirchnerismo, que hicieron de las “calles un baño de sangre” y, después de leer, “recibimos un estado fallido en todos los ámbitos”, sonriente dijo: “Son muy pintorescos”.

Después de agradecerle a Santiago Bausili por “salvarnos de la hiperinflación”, Milei se dirigió a un opositor: “Podrías salir o seguir recitando y decir cosas con sentido, porque llegaron a dejar brecha del 300%, eso no es devaluar. Devaluar, devaluaron ustedes. Nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”.

Cuando hablaba sobre seguridad y Patricia Bullrich, el Presidente hizo un alto y les dijo con sorna: “Después le pasamos la versión en dibujitos para que ustedes entiendan”.

Cuando fue el ítem de las AHU, Milei los desafió con dos cruces. Primero les dijo: “Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables haciéndolos esclavos para amasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”. Luego, como lo cruzaron, siguió: “A ver, ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban, digamos, a la pobreza y los convertían en esclavos, ¿de qué hablan? Si además no saben ni siquiera sumar. Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos, manga de delincuentes“.

Con la gente de pie y aplaudiéndole, Milei redobló la apuesta: “Kucas, yo les voy a avisar algo, Kucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar".

Tras los cantos de los libertarios, el Presidente retomó el discurso. Se adentraba en el tema de la educación, cuando saltó: “Ustedes son muy divertidos para el debate, tienen todo el pasado por delante”, y “sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje”.

Y al hablar de ordenar la economía, la seguridad y las calles y del ejemplo de Aerolíneas Argentinas, dijo: “Desde 2008 a nuestra llegada le costó 8.000 millones de dólares a todos los argentinos y este año generó ganancias por 100 millones de dólares. ¡Andá a buscarla al ángulo, Kuka!“.

De nuevo los aplausos. Para ese entonces, la cara de Milei estaba roja, la sonrisa socarrona lo podía. Y, en ese contexto, la siguió: “Parece que los estados contables no dicen lo mismo. Dé vuelta. No sabe leer, no sabe mirar un número. Gracias por confirmarlo. Vaya y lea los balances, señora".

Tras una tensa calma, y mientras se ocupaba de hablar de los minerales y del valor estratégico en la cadena de Occidente, un referente de la oposición lo cruzó y le respondió furioso: “No, claro, ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas, ¡dale! Donde la corrupta, además, firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros!“.

Seguía exponiendo sobre el nuevo orden mundial y la forma en que Argentina se debe insertar en él, cuando escuchó un murmullo y le respondió jocoso: “Dale, andá a defender a Cuba, Corea del Norte y a todos los comunistas asesinos que mataron a ciento cincuenta millones de seres humanos. Dale”.

Mientras disertaba sobre los dos capitales más importantes que tiene la Argentina, sus recursos y su ubicación, el Presidente, serio, frenó y se giró a la izquierda; con voz pausada, dijo: “Cuando hablo de capital humano, hablo de la gente. Usted no puede ser tan, tan ignorante. Su ignorancia lastima”. Terminó indignado y luego se rio y dijo: “Esto no, esto no lo escuché nunca”.

Cuando llegó el turno de hablar del futuro, Milei dijo que “Argentina está experimentando varios procesos virtuosos”. Se refirió a la energía y detalló: “El año pasado exportamos 80 mil millones de dólares totales. En cinco años... El cual lo pagaban el triple y se llevaban la diferencia. ¡Manga de corruptos! Por eso defienden tanto a Piedrita, dale. Por eso defienden tanto a Chatarrín de los tubitos caros (NdeR: por Paolo Rocca, CEO de Techint), dale.... Si no hubieran estado ustedes rompiendo el Estado, seríamos un país grande". Y concluyó con que se espera una exportación del complejo energético de unos 50 mil millones de dólares.

Y continuó: “De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas no como una gran hazaña, sino como las hace Chile; la Cordillera nos daría un millón de puestos de trabajo reales, no cosas inventadas en el sector público para tapar, digamos, las atrocidades en materia de empleo... Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos".

Sobre el eje de generar un nuevo sentido de orgullo nacional, sustentado en lo que pueden hacer los argentinos como recursos humanos, Milei se ofuscó por una interrupción y se rio en silencio, hasta que se dio vuelta y a Martín Menem, a cargo de Diputados, le dijo: “Qué paciencia que tenés”. Volvió con una sonrisa la mirada hacia la hoja donde estaba el discurso, se mofó: “¿Con cuáles crees que van a funcionar los data center? Dale, no puede ser que sean tan brutos“.

Y cerró con dos giros contra la oposición: les dijo “adversario deshonesto, un adversario que va a romper todas las reglas que él mismo creó con tal de frenar este cambio de era” y “parásitos”.

“Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas, ¡dale!. Donde la corrupta, además, firmó un memorándum. Vení a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros!“, expresó el mandatario en su intervención

El cruce ocurrió cuando el jefe de Estado decía que el país enfrenta tiempos de cambio que “requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar”. “Sin moral, terminás haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminás yendo a contramano de la historia”, había dicho Milei segundos antes.

En la misma línea, señaló: “La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”.

A lo largo de su discurso, Javier Milei le lanzó varias otras chicanas a la oposición. Les dijo: “Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, entre otras cosas.

Cada vez que se refirió a Cristina Kirchner, sin nombrarla, fue lapidario: “Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Ya desde el inicio, y luego de que se escucharan los vitores ‘Presidente, Presidente’“, el primer mandatario tomó el micrófono con las dos manos, giró la cabeza y, mirando hacia su izquierda, le lanzó a la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Después de los aplausos por esa chicana, Milei siguió leyendo los ítems de los logros de su gestión y hablaba de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, cuando volvió a mirar a la oposición y le dijo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Pero eso era sólo el principio de un discurso que tuvo varias dedicatorias sarcásticas del Presidente al kirchnerismo: “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”.

Las claves del discurso de Milei

El Presidente inició su discurso pasadas las 21, en el que resaltó la relación con la administración norteamericana y precisó: “En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no al ALCA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.

“El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía modernísima y la presencia creciente de actores que nos comparten nuestros valores en los controles contrarían una parte clave del trabajo personal. Argentina tiene que ser ese actor”, remarcó.

En ese sentido, Milei resaltó: “Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”.

Y completó: “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, reventar nuestro comercio exterior e impulsar ahora la innovación estratégica más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. ‘MAGA’ de Alaska a Tierra del Fuego”.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Cristina Kirchner y anticipó que “va a seguir presa por chorra”. Además, elogió a sus ministros y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

El presidente Javier Milei terminó esta mañana de pulir los detalles del discurso que dará, a partir de las 21 y con transmisión por cadena nacional, ante la Asamblea Legislativa, para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “La noche de hoy será histórica. Fin”, publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo confirmar Infobae, el primer mandatario estuvo abocado esta mañana a revisar la versión final de las palabras que pronunciará en el Parlamento, junto con el ministro coordinador. El contenido del discurso no trascendió.

“HOLA A TODOS...!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, fue el mensaje que difundió, por su parte, el propio Milei en sus redes sociales.

El discurso de esta noche está previsto que plantee los principales ejes de su gestión, con referencias al camino recorrido en la primera mitad de su mandato, su mirada respecto al presente y los desafíos para el año legislativo que comenzará desde hoy.

La de esta noche será la tercera apertura de sesiones que hará el jefe de Estado y, como ocurrió en las oportunidades precedentes, sus palabras estarán más dirigidas hacia afuera del Congreso que a los diputados y senadores.

Los trascendidos de la última semana aseguran que su mensaje estará anclado en la batalla cultural y la confrontación con el modelo económico, político y social que imperó en la Argentina en las últimas décadas. Estarán presentes muchas de las ideas que transmitió en su presentación ante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde su principal frase fue que “Maquiavelo ha muerto”.

Es una idea que subyace en el postoeo que Milei publicó en X, respecto de “La Moral como Política de Estado”.

Milei afirmó en esa oportunidad que el capitalismo de libre empresa no solo es una “doctrina justa”, sino que “es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento”, al realizar un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, tras lo cual señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”.

El Presidente sostuvo en Davos que “solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas”, y reclamó que “la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral”.

En el discurso de esta noche se prevé que vuelvan a estar presentes eso conceptos, como así también referencias a la coyuntura política y económica de la Argentina, que están signadas por contrapuntos con sectores de la política, del mundo empresario y de los medios que, para el Presidente, defienden el modelo vigente hasta el 10 de diciembre de 2023.

Lo cierto es que Javier Milei llegará a un Congreso que, en las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasados, aprobó todas las iniciativas que envió para su debate. Hubo en esa agenda reformas profundas, como la laboral y la baja de la edad de imputabilidad o la ley de Inocencia Fiscal y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y otras leyes que se habían empantanado durante años, como el Presupuesto o la ley de Glaciares.

Más allá de los acuerdos políticos que permitieron sancionar esas propuestas, el Presidente tendrá esta noche a la bancada del kirchnerismo duro que activó una estrategia de confrontación más dura, que tuvo como manifestaciones una diputada desenchufando cables de audios para hacer caer una sesión o una senadora que agitó el fantasma del 2001 y llegó a hablar del “helicóptero”, en referencia a la caída de Fernando De la Rúa.

Esta noche, a las 21, el Presidente de la Nación, en ejercicio de la potestad constitucional que le confiere el Art. 99 Inc. 8 de la Constitución Nacional, realizará la centésima cuadragésima cuarta (144) apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Así será si se tienen en cuenta las aperturas de sesiones ordinarias realizadas en el Congreso de la Nación desde el año 1862, cuando dicho órgano de gobierno se instaló definitivamente en la ciudad de Buenos Aires, y en el que asumió la presidencia el Gral. Bartolomé Mitre, quien desde el mes de noviembre del año anterior, había quedado a cargo de la conducción del país a raíz de la acefalía provocada por el entonces presidente Santiago Derqui y su vicepresidente Juan Esteban Pedernera.

Sin embargo, si se consideraran las seis aperturas de sesiones ordinarias del Congreso Nacional efectuadas por Justo José de Urquiza en los años en los que ejerció la presidencia entre el 5 de marzo de 1854 y el mismo día de 1860, y las dos de Santiago Derqui durante su gestión en los años 1860 y 1861, la que se hará esta noche sería la centésima quincuagésima segunda (152) apertura.

Ocurre que, en esos años, la provincia de Buenos Aires estaba separada del resto del país, y por lo tanto Urquiza y Derqui fueron presidentes de la Confederación sin su principal provincia incluida, motivo por el cual Urquiza, al asumir la presidencia en 1854, debió instalar la sede de las autoridades nacionales –incluyendo al Congreso– en la ciudad de Paraná –Entre Ríos–. Ello no obstante, tanto Urquiza como Derqui fueron los dos primeros presidentes constitucionales que tuvo la Argentina, y el Congreso de la Nación funcionó también en dichas presidencias, motivo por el cual, las aperturas legislativas realizadas entre 1854 y 1861, deben ser tenidas en cuenta.

Pues más allá de esta consideración histórica, la primera apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, instalado en Buenos Aires, fue realizada por el presidente Bartolomé Mitre. Por entonces, el edificio en el que estaba instalado el Poder Legislativo era el de la Sala de Representantes o Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la actual calle Perú 272, que está dentro de la conocida Manzana de las Luces.

De inmediato, el entonces presidente hizo construir otro edificio para que allí funcionara el Congreso Nacional, en las actuales calles Balcarce e Yrigoyen (esquina en la que hoy está la Academia Nacional de Historia). El arquitecto fue Jonás Larguía y la inauguración se llevó a cabo el 12 de mayo de 1864. En ese lugar funcionó el Parlamento argentino hasta 1906 y allí se realizaron treinta y cuatro aperturas de sesiones ordinarias.

El actual Congreso fue obra de Vittorio Meano, y se inauguró en el año 1906, siendo presidente de la Nación José Figueroa Alcorta; pero el presidente que más cantidad de veces hizo la apertura de las sesiones ordinarias fue Julio Argentino Roca: lo hizo en doce ocasiones. No debe perderse de vista que el tucumano ha sido el presidente que ejerció por más años en la Argentina (doce años en dos períodos separados: octubre de 1880 a octubre de 1886, y octubre de 1898 a octubre de 1904).

Juan Domingo Perón hizo once aperturas de sesiones ordinarias; Carlos Saúl Menem diez e Hipólito Yrigoyen y Cristina Fernández ocho cada uno. Lo notable es que el presidente radical siempre hizo las aperturas enviando un discurso, sin asistir personalmente al Congreso. Tampoco asistieron a hacer la apertura de las sesiones ordinarias Bartolomé Mitre en 1866, Roque Sáenz Peña en 1914, Marcelino Ortiz en 1939 ni Santiago Castillo en 1941 y 1942.

En este sentido debe tenerse en cuenta que la Constitución Nacional dispone que el primer mandatario “hace la apertura de las sesiones ordinarias”, pero no establece de qué manera debe hacerlo.

Por otra parte, hubo presidentes que solo hicieron una apertura de sesiones ordinarias: fueron Manuel Quintana en 1905 y Héctor José Cámpora en 1973; y hubo presidentes que jamás tuvieron la oportunidad de abrir sesiones ordinarias por el poco tiempo que estuvieron en sus cargos: Raúl Lastiri y Adolfo Rodríguez Saá.

Hasta el año 1869, cuando Domingo Faustino Sarmiento hizo su primera apertura de sesiones ordinarias e inauguró la costumbre presidencial de leer un discurso, los mandatarios se limitaban a decir unas breves palabras, dejando la lectura completa del discurso al vicepresidente; pero en el caso del sanjuanino, además tenía la costumbre de “clausurar” las sesiones ordinarias, lo cual no es una obligación constitucional del presidente. Vale la pena recordar que hasta 1994 se extendían entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año.

Además, entre 1854 (primera apertura por Urquiza) y 2020, hubo veintiún años en los que no hubo apertura de sesiones ordinarias: 1908, 1930, 1931, 1944, 1945, 1956, 1957, 1962, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. Y en los veinte años transcurridos entre 1962 y 1982 hubo solamente ocho aperturas de sesiones ordinarias en el Congreso.

Asimismo, más allá de la tradición institucional según la cual el primer mandatario hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, tal como lo prevé la Constitución Nacional, si el presidente decidiera no realizarla por algún motivo, el Congreso tendría la potestad de autoconvocarse para dar inicio a su anual labor legislativa. De hecho, la Ley Suprema establece, en su artículo 63, que ambas cámaras se reúnen “por sí mismas”, todos los años, entre el 1.º de marzo y el 30 de noviembre.

Por último, para escuchar el discurso presidencial de apertura, el Congreso se reúne en lo que se denomina “Asamblea Legislativa”. Se denomina de ese modo al mismo Congreso de la Nación que, en determinadas circunstancias, une sus cámaras con un fin determinado. Esas circunstancias son, por ejemplo, la apertura de las sesiones ordinarias, pero también el acto en el que el presidente y vicepresidente prestan juramento al asumir sus cargos, o la convocatoria al Congreso para designar a un presidente en caso de acefalía definitiva de presidente y vice, o para aceptar las renuncias de ambos.

Pues independientemente de estas consideraciones históricas, la que se vivirá esta noche será, una vez más, el reflejo de un sistema institucional funcionando. Ello debe ser entendido y valorado, porque con todos sus defectos, el Congreso de la Nación es una institución relevante para la vigencia del sistema republicano.

Javier Milei dará este domingo su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso en un clima triunfal, ya que durante el verano La Libertad Avanza cosechó una seguidilla de éxitos legislativos de gran impacto, como la tantas veces postergada reforma laboral, la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea -tras 26 años de negociaciones-, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la modificación de la ley de Glaciares. En cambio, la oposición quedó expuesta por su falta de cohesión y sus dificultades para imponer una visión alternativa en el debate público.

“El Presidente va a venir parado sobre los hombros de los últimos triunfos legislativos, por lo que seguramente va a cambiar el tono, un poco menos violento pero más pedante o soberbio”, analizó un referente del bloque Provincias Unidas, que enfrenta sus propias tensiones internas entre quienes se inclinan por convertirse en una oposición más dura y quienes tienen puntos de coincidencia con la agenda de la Casa Rosada.

En el peronismo son más escépticos. Muchos esperan un discurso “agresivo” en línea con los últimos antecedentes. Recuerdan que en su ceremonia de asunción Milei habló de espaldas al Congreso y el año pasado también cargó en duros términos contra la oposición, en especial contra Axel Kicillof por la inseguridad.

El año pasado los diputados y senadores del peronismo decidieron no prestarse al “show” de Milei y dejaron sus bancas vacías. Entre otros puntos, justificaron el faltazo por la negativa de la Casa Rosada a dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el Presupuesto, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. Tampoco estuvieron los cinco diputados del Frente de Izquierda y algunos radicales disidentes.

Esa estrategia, al parecer, no se repetirá. Hasta el momento todos los bloques consultados adelantaron que participarán de la Asamblea Legislativa. “Nosotros no esperamos nada. Es el mismo Milei que habló de espaldas al Congreso y después le dijo ratas y coimeros a los legisladores y los gobernadores. Que dé su discurso y cumpla con lo que dice la Constitución”, dijo un importante diputado de Unión por la Patria. En la misma línea, un integrante de un bloque dialoguista aseguró que su bloque irá porque es lo que “corresponde institucionalmente”. “No hay mucho margen para hacer show”, concluyó.

También recuerdan que la estrategia de confrontar a los gritos con el Presidente no resultó muy exitosa el año pasado. “El antecedente es el de Facundo Manes y le salió mal. Ellos arman el show, iluminan el recinto para que solo se lo vea a Milei y la transmisión oficial solo va a mostrar libertarios aplaudiendo”, recordó otro diputado dialoguista.

Se refería al cruce de Facundo Manes con el asesor Santiago Caputo. Aquella pelea comenzó cuando Milei pidió que la oposición “no politice” la designación de los jueces que debían llenar todas las vacantes en la Justicia. En ese momento, el neurocientífico comenzó a levantar un ejemplar de la Constitución Nacional en repudio a la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Esa pelea continuó en el pasillo del primer piso, frente a la sala de periodistas. El diputado aseguró que el asesor lo amenazó con “tirarle el Estado encima” y que lo golpeó un colaborador.

La semana pasada Caputo fue sobreseído en esa investigación por amenazas; en tanto que el neurocientífico no logró renovar su banca y volvió a la actividad privada.

Sin embargo, algunos opositores no se resignan y buscan estrategias para visibilizar los temas de los que el Gobierno “no quiere hablar”, como la crisis económica, el cierre de empresas y los despidos. Y adelantaron que buscarán instalar estas discusiones con carteles y otras estrategias.

“Nada se visibiliza en un recinto controlado por ellos”, lamentan los más escépticos.

“El principal problema es que Milei va a hablar de todos su supuestos logros y no se va a hacer eco de la situación de los argentinos que han perdido el trabajo, de las empresas que cierran y de los que están viviendo con mucha angustia esta situación”, analizaron. Pero también reconocieron que el oficialismo por el momento ha logrado consolidar una mayoría tanto en Diputados como en el Senado que le impide a la oposición imponer su propia agenda.

No tendrá un recinto semivacío como ocurrió el año pasado. Lejos de repeler a la casta, el Gobierno se aseguró para esta noche un hemiciclo completo y gradas para los invitados especiales para mostrar, en esta tercera asamblea legislativa de Javier Milei, a un Presidente al mando del control político del país.

La oposición, sin demasiada reacción, definió en las últimas horas que tendrá una delegación presente para escuchar el discurso presidencial, sin expectativas y con la certeza de que serán, en minoría, el blanco de la mayoría de las críticas. Por más hegemonía política que consiga, siempre el oficialismo necesitará reeditar el fantasma del pasado.

Milei se enfocará en una agenda refundacional. Es el único camino. Con una inflación que no logra perforar los números que había prometido y un crecimiento económico desigual que no crea empleo genuino, la Casa Rosada explotará uno de sus principales activos: ser visto, aún en su tercer año de gestión, como un actor nuevo en la política al que hay que darle tiempo.

A lo largo de una hora de discurso, el Presidente celebrará los pactos que lo llevaron a vivir el mejor mes político desde que llegó a la Casa Rosada. Arrasó en las votaciones en el Congreso, sin ningún tipo de sobresaltos, en su momento de mayor fortaleza política, y hasta dejó sin autoridades al kirchnerismo en el Senado, en la estocada final para seguir mermando el poder que supo tener Cristina Kirchner.

Milei reflotará la idea de cambio en un evento autocelebratorio. “El Gobierno más reformista de la historia”, repetirá una y otra vez. Se aseguró la presencia de al menos unos 230 legisladores, para evitar la imagen de soledad política que le depararon los dos años anteriores. Los organizadores, entre la Cámara de Diputados y la Presidencia de la Nación, temen que Juan Grabois, que ya anunció que va, se convierta en el Facundo Manes del año pasado, y saben que seguramente los representantes de la izquierda meterán ruido. Ya está entrenada la tropa libertaria para contestar.

A pesar del hermetismo, se esperan anuncios para el agro, el sector más beneficiado por las políticas públicas del Presidente. “Estén bien atentos al discurso de Milei del domingo”, anticipó Manuel Adorni al campo el viernes pasado, después de participar junto a Karina Milei de la inauguración de una nueva línea de molienda de la exportadora Louis Dreyfus Company en Timbúes. ¿Baja de retenciones? Es una de las especulaciones. Lo cierto es que seguramente se presenten anuncios para el sector, que fue el rubro de mayor incidencia en el crecimiento económico. La contracara fueron la industria y el comercio, con números negativos que no logran remontar. Después de recargar la pelea contra los industriales esta semana, el Presidente volverá sobre el apodo “empresaurios” para contraponer modelos. No habrá hombres de negocios entre los invitados, al menos no en la formalidad de las entidades que los agrupan. Sí, miembros de la Corte Suprema, cuerpo diplomático, con seguridad especial para los embajadores de Estados Unidos y de Israel, y gobernadores. Fueron invitados todos, incluido Axel Kicillof, pero no irá. Algunos en Presidencia especulaban con la presencia del riojano Ricardo Quintela, que quedó en contestar.

El temido segundo semestre

Entre los posibles anuncios que se barajaban en el oficialismo estaba la tan anunciada reforma impositiva, el punto quinto del Pacto de Mayo que hasta ahora el Gobierno se resistió a presentar como un proyecto en sí.

El Presidente avanzará en las iniciativas que le quedaron frenadas en el pasado: desde una reforma educativa a las privatizaciones de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). En esta última ya se inició otro capítulo de retiros voluntarios. También aparece en carpeta una reforma judicial, e incluso podría volver a explorar un acuerdo para ocupar las dos vacantes en la Corte Suprema tras la frustrada gestión del año pasado. Las últimas votaciones en el Senado lo dejaron a tiro de lograrlo, sin la dependencia de un acuerdo con Cristina Kirchner. Está claro que eso tampoco iba a ocurrir.

En el oficialismo consideran que les quedan pocos meses para avanzar. “El segundo semestre ya te puede deparar cualquier cosa”, se anticipan, sobre un devenir económico adverso y el inicio, sobre fin de año, de la campaña electoral para 2027. Las elecciones de medio término en Estados Unidos son otra cara del apuro. Una sonora derrota de Donald Trump podría romper el fino hilo que sostiene la estabilidad cambiaria argentina. Por eso el Gobierno se jugará una carta a la reforma electoral. “Es ahora o nunca”, dicen en Balcarce 50 para eliminar definitivamente las elecciones internas.

El camino a la reelección presidencial, que no se discute puertas adentro de Olivos, depende en gran medida del diseño de una ingeniería electoral que disperse el voto opositor. Para eso tiene que eliminar las PASO como herramienta de ordenamiento político en los espacios sin jefatura, como el peronismo de estos tiempos. También bloquea las chances del PRO de Mauricio Macri de definir candidatos propios y los obligaría a vestir nuevamente camperitas violetas. El mal paso de Provincias Unidas en las elecciones pasadas tampoco augura su sostén como opción y sus integrantes terminaron generando el club de aliados de los libertarios. Milei intentará arrasarlos. Con ellos coqueteó Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate, cuando los invitó a un acto en la fábrica de Aluar en septiembre del año pasado, en plena crisis política oficial tras la derrota en territorio bonaerense.

“Seguramente habrá varios guiños de campaña”, sostiene un dirigente libertario. “Si consigue la reelección va a ir a fondo, este es el momento de ser más negociador”, especulan cerca del Presidente. En los círculos libertarios creen que la etapa del consenso tiene sus límites en el segundo semestre, cuando comienza a reacomodarse el panorama electoral.

Merma en el apoyo popular

La fortaleza política que el Gobierno exhibió esta semana no parece traducirse en apoyo popular inmediato. La mayoría de las encuestas muestran una baja considerable en la imagen presidencial. Milei tocó su piso histórico, alrededor del 40%. La preocupación económica pasó a ser el principal problema y las expectativas son aún peores: volvieron al piso de septiembre, tras el tembladeral político que significó la derrota en la provincia de Buenos Aires. Aún así, es un piso alto.

El último relevamiento de la consultora Alaska y Trespuntozero marcó una baja de 8 puntos desde el mejor momento del Presidente cuando ostentó 48,8%. Su imagen buena o muy buena es de 40,7% mientras que la mala y muy mala bajó a 58,4%. Muestra también un alto nivel de mileístas desencantados. Si se compara la imagen de gestión con el voto 2023, el 21,5% de sus votantes ahora lo reprueban. La desocupación ocupa el segundo lugar de las preocupaciones sociales con el 22,1%, solo superada por la corrupción, que se ubica en 33,4%. También aparecen al tope la pobreza, en tercer lugar, con el 15,5% y la inflación en el cuarto, con 13,6%. Respecto del futuro, sólo un 25,3% mejoró sus expectativas económicas mientras que el 50,5% las empeoraron.

También mostró una caída, aunque menos pronunciada, el índice de confianza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella con una baja de 0,6% en febrero, ubicándose en 2,38. De todas maneras, se mantiene cerca del promedio de la gestión Milei, que es 2,44 puntos.

Los números de AtlasIntel marcan un retroceso. El 55,3% desaprueba la gestión de Milei mientras que la aprueba un 41,5%. Viene de dos meses de caída. La encuesta hace foco en la reforma laboral. El Gobierno se llevó la ley pero no pudo encontrar un eje discursivo para ganar el debate público, al punto que de este relevamiento se desprende un alto nivel de conocimiento sobre la ley, del 70%, y rechazos altos sobre propuestas como la baja en el cálculo de las indemnizaciones (71%), el banco de horas (60%), limitación del derecho a huelga (59%) o vacaciones fragmentadas (56%). Lo más dramático: un 55% cree que aumentará la informalidad.

El Gobierno espera que el paso del tiempo agote los reclamos gremiales. Apuesta al desgaste, como en Fate, donde dictó la conciliación obligatoria para calmar las aguas en pleno debate de la reforma laboral. Pero ya hay más de 300 trabajadores de la empresa que aceptaron las indemnizaciones y el número podría ampliarse. Para muchas familias trabajadoras, esperar no es una opción. La provincia de Buenos Aires también mira de cerca el caso. No va a aceptar intervenir con la policía ante una orden de desalojo (quedan 60 trabajadores adentro), y en la última audiencia se retiró como actor para guardarse la carta e intervenir con otra conciliación una vez que venza el plazo fijado por la Secretaría de Trabajo nacional. Asï; garantizarían el pago de dos o tres meses de salarios. Todos los actores involucrados saben que el cierre es el único camino. Los trabajadores fueron a pedirle a Kicillof que estatice la empresa, algo que no está en los planes del gobernador.

Entre los actores políticos parece naturalizado que Milei va camino a la reelección. Pero en círculos empresarios, y sobre todo del extranjero, todavía se preguntan cuánto puede durar. Es lo que escuchó no hace mucho un hombre cercano al Presidente que fue en busca de inversores. El dólar barato y la oposición desdibujada están haciendo bastante por la estabilidad presidencial. El poder de Cristina Kirchner languidece. La estocada se la dio Patricia Bullrich esta semana, al despojar al peronismo de autoridades en el Senado. La jugada para ubicar en la vicepresidencia del cuerpo a la jujeña Carolina Moisés la cocinó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz con la mesa política del Gobierno. El lunes ella se fue del interbloque y el martes, en la reunión de labor parlamentaria, Bullrich se lo comunicó a José Mayans. “Tengo 47 votos”, le avisó. Ups. Desde el oficialismo dicen que el jefe del peronismo venía sin presentar una propuesta, e incluso se negó a integrar las comisiones, como pasó en diciembre con el inicio del debate laboral. En el kirchnerismo lo niegan y cuentan que habían propuesto a Lucía Corpacci para ese lugar. “Esto no es un Congreso, es un cuartel”, se queja una integrante del espacio opositor.

El peronismo parece noqueado por el avance de Bullrich, aunque algunos acuerdos se respetan. En la noche del viernes, cuando quedaba sancionada definitivamente la reforma laboral, la jefa del bloque libertario les tiró un soga. Si un puñado de senadores de su espacio votaban con el kirchnerismo, la reforma quedaba aprobada con el artículo de las licencias por enfermedad incluido. Es que no se votó por sí o por no a la reforma, sino por los cambios que se habían hecho en Diputados. Al rechazarlo, se rechazaban esos cambios y quedaba en pie la iniciativa original salida del Senado. “Es absolutamente razonable lo que dice Mayans, acá estamos discutiendo un proyecto y nosotros vamos a votar que sí y ellos que no, está bien que voten que no y que se interprete que es no al proyecto, sino van a quedar como que votan por un proyecto que no quieren votar y me parece injusto eso”, les aclaró Bullrich y les cumplió.

Fuego amigo

La senadora hace equilibrio en medio del fuego amigo. En su entorno sospechan de los dardos que surgen del ala karinista por su alto perfil y tomaron nota de la foto que esta semana difundió Adorni, como jefe libertario en territorio porteño, entregando a la legisladora Pilar Ramírez los proyectos para presentar este año. En el bullrichismo dicen que no le interesa el distrito porteño y que, a diferencia de lo que hizo en el PRO, donde disputó liderazgos, ella esta vez hará lo que le diga Milei. Siempre que a Milei le vaya bien. Tiene un problema. En la mayoría de las encuestas mide igual que el Presidente, y eso puede generar recelo liberatrio.

Karina Milei por ahora acompaña. Se pone al frente de la negociación política, como cabeza de una mesa más ordenada que le deparó triunfos legislativos contundentes. La secretaria general se expande. Esta semana colocó a Martín Piazza, un alfil de Eduardo Lule Menem en la Auditoría General de la Nación. Dejó afuera al PRO del organismo que controla la gestión, y ubicó a un radical aliado, Luis Naidenoff, en representación del Senado. En la Casa Rosada cuentan con estos dos votos, sumados al de Rita Almada, como propia y Pamela Calletti como aliada, que responde a Gustavo Sáenz. Del grupo de gobernadores cercanos, el de Salta es el que más cargos cosechó en su alianza con Milei. Fue también el primer verano que Sáenz no compartió vacaciones con Sergio Massa.

En una entrevista exclusiva con Infobae en su despacho de la Casa Rosada, el ministro político de la gestión libertaria amplió ese balance, reivindicó y agradeció el respaldo de la mayoría de los gobernadores, apuntó contra el “club del helicóptero” —integrado, según afirmó, por mandatarios kirchneristas que agitaron los fantasmas del 2001— y criticó con dureza a Axel Kicillof, a quien le advirtió que la Nación no le dará recursos “para gastar en penes de madera”.

Santilli integra la mesa política que encabeza la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tuvo un rol central en la negociación con los gobernadores para asegurar los votos que permitieron la aprobación de los proyectos en Diputados y en el Senado. Durante semanas mantuvo reuniones en su despacho y viajó a distintas provincias para cerrar acuerdos con mandatarios que ordenaron a sus legisladores acompañar las iniciativas del Ejecutivo.

El resultado fue contundente: los siete proyectos enviados por Milei para las sesiones extraordinarias, en diciembre y febrero, obtuvieron aprobación. En un Congreso donde el oficialismo tiene mayor presencia que al inicio del mandato pero todavía necesita construir mayorías, el Gobierno avanzó con iniciativas que habían generado fuerte resistencia política. Dos de ellas tienen un carácter singular: en más de cuatro décadas de democracia no se había concretado una modernización profunda del régimen laboral ni una modificación de la edad de imputabilidad.

En ese contexto, el ministro defendió la modernización laboral frente a las críticas del kirchnerismo y de la CGT. “No le quita un solo derecho a los trabajadores. Puede ser que estén discutiendo privilegios”, afirmó, y sostuvo que “si vos tenés la mitad de los trabajadores en la informalidad, hay una crisis de representación monumental de la CGT”.

También respondió a las advertencias de sectores opositores que evocan un escenario similar al 2001. “Lo escuchabas antes de la elección de octubre al club del helicóptero, ¿y cómo terminaron? Estrellados. Atención con el club del helicóptero. Se acabó. Los argentinos no quieren más volver al pasado”, aseguró.

La crítica más dura estuvo dirigida al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires”. Al referirse a los reclamos por recursos provinciales, Santilli fue terminante: “No estamos para gastar en penes de madera”.

LA ENTREVISTA A DIEGO SANTILLI

— Terminó una semana con resultados positivos para el Gobierno. Le pido una mirada general sobre todo este proceso de extraordinarias, donde usted tuvo un rol central en la negociación política para que el Gobierno consiga estos resultados.

—Desde que asumí, el presidente me pidió que me aboque a las tareas de lograr las reformas que el país necesita para salir adelante. Reformas que viene llevando él adelante desde el comienzo de su gestión, que tienen que ver con el equilibrio fiscal, con bajar los déficits, con darle estabilidad a la Argentina, bajar la inflación, bajar la pobreza, estabilizar el tipo de cambio, todas las medidas que viene llevando adelante el presidente y ahora también entrar en las reformas estructurales.

¿Qué significa reformas estructurales? Tener un Presupuesto, tener una Inocencia Fiscal, invertir la carga de la prueba. En la Argentina pareciera que sos culpable y tenés que demostrar tu inocencia. Es al revés: sos inocente hasta que se demuestre que sos culpable. Eso es inocencia fiscal.

En extraordinarias seguimos trabajando todo el verano con una modernización laboral, con Glaciares —que es devolverle las facultades constitucionales a las provincias de nuestro país—, y con la ley penal juvenil, que es importantísima para la discusión: todos los países del mundo lo saldaron. Éramos parte de los pocos países del mundo que no tenían una resolución de tener una Ley Penal Juvenil.

También el acuerdo con la Unión Europea. Estamos avanzando en un trabajo mancomunado con los gobernadores, a los que les agradezco el acompañamiento y el trabajo, y a los bloques que representan a las provincias —tanto en senadores como en diputados— por este desempeño que hemos tenido en extraordinarias, que es muy bueno.

Ahora viene un proceso de ordinarias muy fuerte también. Hay muchos temas hacia adelante que, obviamente, en las próximas semanas podemos llevar adelante. Pero sí, ha sido una tarea muy importante.

—Ahora, todo este resultado tuvo que ver con el trabajo que hizo la mesa política en general y usted en particular como ministro del Interior. ¿Cómo fue esa negociación con los gobernadores? Porque pasamos de un Congreso que votaba todo en contra al Gobierno, a un Congreso dispuesto a votar reformas tan importantes como las que usted acaba de mencionar.

—Yo lo planteo de dos maneras. Primero, para mí era impensado que gobernadores no votaran una modernización laboral, cuando todos los argentinos sabemos que la mitad de los trabajadores está en la informalidad. Y que el objetivo de esta reforma era darle formalidad a aquellos que están en la informalidad, que tienen cero derechos. Aquel que está afuera tiene cero derechos.

El presidente ha sido claro en la reforma: aquellos que tienen derechos no van a ser vulnerados. Todos los que trabajan de manera formal no van a tener problemas. Ahora, ¿qué pasa con los informales? Esa es la reforma que se trabajó. Entonces, yo lo decía antes: no hay ningún gobernador que pueda estar en contra de eso. Todo lo contrario, si eso le va a mejorar la situación a su provincia. Primero, le va a dar formalidad; le va a dar al laburante la posibilidad de tener acceso a la salud, de tener vacaciones, de tener su aguinaldo. ¿Sabés de qué? De tener una jubilación futura, en definitiva. Ese era mi laburo.

Reconozco ahí que cuando Karina diseñó la mesa política nos pudimos juntar todas las partes: el jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los titulares de Diputados y del Senado. El trabajo que hicimos allí nos permitió consolidar acuerdos y avanzar con la reforma que el presidente se había trazado. Ha sido muy positivo.

—Ahora, para lograr la modernización laboral se había incluido el artículo 44 e implicó que el Gobierno tomara la decisión de retirarlo. ¿Esto fue un pedido de los gobernadores, una exigencia o una decisión del Gobierno? Porque lo que terminó pasando es que el Gobierno cedió ante este planteo.

—Déjame decirte algo: no estaba en el proyecto original. El proyecto original no lo incluía y tampoco estaba en el dictamen que salió en diciembre. Si vos me preguntás a mí, el artículo 44 buscaba terminar con la mafia de los certificados médicos que prorrogaban enfermedades por tiempo indeterminado. Una gripe, tres meses, una cosa insólita. Pero el Gobierno tomó la decisión de que no se tratara. El Gobierno es el que toma la decisión de que el 44 no estaba en nuestros planes. Más allá del trabajo que habían hecho los senadores respecto de cómo se discutía esa mafia que había contaminado el trabajo.

Cuando le preguntás a las pymes cómo puede ser que una persona pase certificado por gripe —que nada tiene que ver con enfermedades permanentes o complicadas, son dos cosas distintas—, te dicen que eso era un problema real. Pero fue una decisión del Gobierno.

—Una decisión del Gobierno.

—Claramente, una decisión del Gobierno.

—Hay un grupo de gobernadores o un sector de la política que está dispuesto a acompañar algunas reformas y hay otro sector —concreto y determinado— que es el kirchnerismo y el peronismo de algunos gobernadores que están dispuestos a no aceptar ninguna de estas reformas. Votaron en contra de la modernización laboral, votaron en contra de la baja de imputabilidad, incluso del acuerdo con el Mercosur. Se lo pregunto como ministro político: ¿qué está pasando con el conjunto de los gobernadores o de la política?

—Yo veo que la mayoría de los gobernadores —y ahí agradezco el trabajo de ellos y la decisión política que tomaron—, tanto aquellos que son aliados —Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Ciudad de Buenos Aires— como muchos otros que, sin ser aliados formales, están de acuerdo en que no puede haber la misma cantidad de trabajadores formales que informales. No puede la Argentina quedarse atrasada.

¿Cómo puede ser que, en materia de glaciares, Chile exporte casi 60 mil millones y nosotros —este año, que creció la exportación de minerales un 29%— estemos en 6 mil millones? ¡La misma cordillera! ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se les quitan las facultades a las provincias cuando la Constitución es clara y establece que es una facultad provincial? Esto fue, además, a pedido de los gobernadores. El presidente dijo: “Por supuesto, lo que trabajen las provincias lo tienen que definir las provincias”. Y eso con el cuidado de nuestros glaciares, porque no estamos discutiendo una ley para dañarlos; son dos cosas distintas.

Veo una mayoría de gobernadores que creen y están convencidos de que la Argentina sale adelante creciendo, bajando la inflación y bajando la pobreza. En ese camino vamos.

Después están los que quieren volver a lo prebendario, a tener de rehenes a la sociedad, a darle un plan constantemente a la gente, a que todo tenga que pasar por ellos. Lo que el presidente fijó es una política clara: bajar impuestos, equilibrar la cancha y que compitan los sectores. Once de quince sectores están creciendo; así cerró el 2025. ¿Qué nos falta? El consumo mayorista, la industria manufacturera. Pero son sectores que van a crecer ahora con el ordenamiento de la macroeconomía.

—El kirchnerismo y también la CGT han planteado críticas muy duras a la modernización laboral. También cuestionaron la baja de la edad de imputabilidad. Pero sobre la ley laboral la calificaron de “esclavista” o que le quita derechos a los trabajadores. ¿Qué responde?

—No le quita un solo derecho a los trabajadores. Puede ser que estén discutiendo privilegios. Si están discutiendo privilegios, es otra cosa. Si vos tenés la mitad de los trabajadores en la informalidad, hay una crisis de representación monumental de la CGT.

La CGT se tiene que dar cuenta de que a este ritmo no va a representar a nadie. Ya no representa a la mitad; si seguía de esa manera, no iba a representar a nadie. Entonces es al revés: tenemos que tener más trabajadores formales para que haya más representatividad y para que el trabajador tenga laburo y tenga futuro. Ese es el camino.

—Por lo menos siete gobernadores están en la vereda de enfrente. Son gobernadores peronistas…

—No son peronistas. Los veo más kirchneristas que peronistas. Muchos gobernadores peronistas han apoyado la modernización laboral.

—¿Son gobernadores kirchneristas?

—Yo veo al NOA acompañando, veo a Misiones acompañando, veo a Tucumán acompañando, veo a Salta acompañando, veo a Catamarca acompañando. ¿Qué pasó?

—¿Qué pasó?

—¿Qué les pasa a los gobernadores que quieren quedarse en el atraso? Yo veo muchos gobernadores que quieren acompañar y han acompañado.

—En el Congreso se ha visto…

—Santa Cruz. Sigo, porque me voy acordando en el camino.

—En el Congreso ha quedado claro que esta división de la política se está plasmando en bancas y en la conformación de estructuras de deliberación y negociación. Esta semana estuvo la decisión de que La Libertad Avanza propusiera a Carolina Moisés como vicepresidenta. ¿Qué representó eso para el Gobierno o qué mirada tiene sobre haber sacado al kirchnerismo de la conducción del Senado?

—Más allá de que es una decisión del Senado, yo prefiero referirme a senadores que sienten que hoy no hay representación del partido al que pertenecen. Y quiero ser claro con esto: yo no me quiero meter en otro partido. Sienten que no hay representación. No ven una Argentina moderna, no ven una Argentina competitiva.

Fijate los indicadores que está teniendo nuestro país. Después de años y años, en 2025 Argentina crece 4,4%. Este año va camino al crecimiento, se está demostrando. Récord de exportaciones, pero no solo en volumen —porque escucho a algunos que dicen “en materia de volumen”—, también en cantidad; no solo en precios, sino en cantidades. En enero hubo récord de vuelos en la República Argentina, récord de exportaciones, crecimiento de sectores productivos. Yo veo un país que crece. Obviamente tiene que alcanzar a todos los sectores.

Entonces vos ves sectores políticos que quieren volver al pasado, y la gente no quiere volver al pasado.

—Hablando del pasado, me interesa consultarle sobre una declaración muy polémica del gobernador Quintela, que habló del 2001 y dijo que no hay que dejar que el Gobierno llegue a diciembre de 2027 porque sería una catástrofe, que lo que vendría sería un genocidio social.

—¿Pero quién?

—Porque el tema del 2001 se escucha en la CGT, en el Senado, en Diputados, y ahora también a Quintela…

—Bueno, lo escuchabas antes de la elección de octubre al club del helicóptero. ¿Y cómo terminaron? Estrellados. El presidente ganó la elección en casi todas las provincias, incluso en provincias donde se creía que no iba a pasar. Entonces, atención con el club del helicóptero. Se acabó. Los argentinos no quieren más volver al pasado.

Y le diría al gobernador que se ocupe de su provincia, que tiene severos y graves problemas. La Argentina es la Argentina del trabajo, del desarrollo y del crecimiento. No va a pasar eso. Lo único que va a pasar es que crezcamos, que haya más trabajo formal, que la Argentina exporte más. Los indicadores son esos.

—Otro de los gobernadores que también es muy crítico es Axel Kicillof. Plantea críticas a la modernización laboral, a la baja de la edad de imputabilidad y a todas las medidas que impulsó el Gobierno durante estas extraordinarias. ¿Qué mirada tiene sobre Kicillof y la gestión en la provincia de Buenos Aires?

—Uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires.

—¿Perdón?

—Uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires. Un desastre tiene la provincia de Buenos Aires, una catástrofe… de inseguridad, de déficit, de descontrol, de gasto desmedido, de destrucción. Lo que estamos proponiendo es todo lo contrario: que la gente tenga laburo, que tenga laburo formal, que pueda vivir en paz y tranquila.

Fijate Santa Fe. El gobernador de Santa Fe le pide al presidente avanzar sobre Rosario, que era una crisis donde el narcotráfico estaba generando estragos, y en un trabajo conjunto —donde la ministra, en aquel entonces, Patricia Bullrich, el equipo y el presidente, junto con el gobernador— avanzaron, y mirá: hay un cambio de realidad absoluta. ¿Vos creés que eso pasa en la provincia de Buenos Aires?

—¿Eso pasa porque el Gobierno no se acerca o porque Axel Kicillof no se quiere acercar?

—Él fue el que planteó que no quería ir al Pacto de Mayo. Él es el que no está de acuerdo. Por ejemplo, ¿por qué no adhiere a la ley de reiterancia? Una discusión de treinta años en la República Argentina: que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la misma. Se sancionó la ley nacional después de décadas.

¿Quién no adhirió? La provincia de Buenos Aires. ¿Escuchás al jefe de Gabinete de la provincia decir que la Nación no lo ayuda? ¿Quién lo ayudó el año pasado para que hiciera el roleo de su deuda? Este presidente y este Ministerio.

—Ellos dicen que le robaron recursos a la provincia.

—¡Pero por favor!

—Que le robaron recursos para seguridad…

—Pregúntenle a los bonaerenses cómo están. ¿Están mejor o están peor? Con estas décadas de gobierno, que son un desastre. Están destruidos. Lo que no quieren dejar de hacer es dejar de gastar. Este gobierno, siempre, con el roleo de su deuda va a estar y lo va a acompañar. Lo que no estamos es para gastar en penes de madera. Que revise la provincia qué es lo que está haciendo. No estamos para que haya más endeudamiento para penes de madera. Sí estamos para que la provincia no tenga problemas financieros y que rolee su deuda. Y eso va a pasar, como pasó el año pasado con este Ministerio y este presidente.

—Me interesa hablar personalmente de cómo se siente usted. Viene del PRO, tuvo militancia de origen peronista, estuvo en el PRO y ahora está cerca de La Libertad Avanza, participando en el Gobierno. ¿Qué es Diego Santilli hoy?

—Diego Santilli forma parte del equipo del presidente de la Nación, que fue convocado para llevar adelante y acompañar las reformas que nuestro país necesita, generar un cambio cultural y que no volvamos a la decadencia, a la destrucción. Todo lo contrario: que vayamos hacia un país que tiene todo para ser una potencia. Pero para eso hay que tener reformas, acuerdos y avanzar en una visión que yo comparto 100% del presidente.

—Habla de la provincia de Buenos Aires… pero no ha respondido si es una cosa o la otra.

—Imaginate dónde estoy parado. Nosotros en nuestra plataforma llevábamos —desde otro abordaje— las mismas ideas: modernización laboral, bajar impuestos, estabilizar la economía, competitividad, bajar la pobreza. Entonces te convoca un presidente hacia ese lugar. ¿Cómo no dar ese paso? ¿Cómo no avanzar en esa dirección? Mi cabeza está puesta ahí. Desde que asumí, voy a cada provincia, la recorro, hablo con los gobernadores. A veces nos ponemos de acuerdo, otras veces no.

Con La Pampa nos sentamos y nos pusimos de acuerdo con la caja jubilatoria.

—Que es uno de esos siete que están en contra…

—Pero correspondía.

—¿Hay otro gobernador de esos que pueda acordar?

—No es un problema de personas, es un problema conceptual. ¿Estás a favor de que la Argentina tenga trabajo formal? ¿Estás a favor de que exporte más? ¿De que genere laburo? ¿O querés seguir dándole un plan a una persona y tenerla de rehén? ¿Querés seguir emitiendo para que lo pague el ciudadano? No lo quiere la gente y lo demostró en la última elección y en la anterior. Por eso ganó Javier Milei. Porque la sociedad estaba harta de la política que esquivaba los debates.

Este presidente no esquivó un debate. Se metió en Rosario, avanzó con la ley penal juvenil, impulsó la ley de reiterancia, bajó la pobreza, bajó la inflación y ajustó lo necesario para que no haya déficit. Hace veintitrés meses que hay superávit en la República Argentina, veintitrés de veinticinco meses de gestión. Decime quién lo tuvo. El concepto está ahí. No es un tema de personas, es conceptual.

—Quiero volver al tema del peronismo y del kirchnerismo, y a este sector opositor duro del Gobierno. Uno de los argumentos que plantean es que con la apertura comercial, con la apertura de las importaciones y con lo que está pasando en el mercado interno se van a perder más puestos de trabajo, la situación económica va a ser peor y lo atan con el 2001, que en Argentina se va a venir una crisis. ¿Qué mirada tiene?

—En la Argentina, desde enero de 2024 a la fecha se generaron 326 mil puestos de trabajo y hubo una merma de 290 mil. Es un modelo donde hay sectores que van y vienen. El neto resultante es 36 mil puestos arriba. ¿Cuál es el desafío? Que esos trabajadores sean formales.

Fijate el nivel de ocupación: récord en la República Argentina, 19,3 millones de argentinos trabajando. La desocupación en 6,6%, baja. El desafío —y por eso el presidente plantea la modernización laboral— es que haya formalidad en los puestos de trabajo.

Es verdad que hay sectores donde se pierde empleo y hay familias detrás de cada puesto. Pero el neto es positivo. No miren solo las variables de los que se cayeron. Argentina hace veinte años que no genera una PYME neta. Hubo algunas que crecieron y otras que desaparecieron.

El desafío es generar nuevas PYMES, porque generan el 86% del empleo en nuestro país. En lo laboral está pasando eso: el neto es positivo.

La economía está creciendo. Once de quince sectores están creciendo. Hay récord de exportaciones en enero, crecimiento en cantidad y en precio. Cuando algunos dicen que es solo por precio, no: es en cantidad y en precio.

Una aerolínea argentina superavitaria, con 112 millones de dólares de superávit. ¿Sabés cuánto puso la Argentina con los déficits de décadas? Ocho mil millones de dólares. Plata de los impuestos de los ciudadanos. Hoy compite, gana plata, incorpora 18 aviones. Ese es el camino que trazó Javier Milei.

—Se viene un año en el que el Presidente dijo que será el Congreso más reformista de la historia. ¿Se podrá avanzar con los gobernadores? ¿Cree que algunos de los que hoy están en la vereda de enfrente pueden acompañar?

—Al Gobierno le faltan un montón de reformas y ya hoy el presidente de los argentinos, Javier Milei, es el más reformista de la historia, desde la Ley 70 a la fecha. Ya lo es. Pero siempre hay que seguir.

Nos faltan desafíos enormes. Provincias con potencial enorme. Siempre digo: Neuquén es la Abu Dabi argentina y Río Negro va a ser Dubái. San Juan con el cobre, Catamarca creciendo, los parques solares en el norte. Hay una potencia enorme en nuestro país.

Pero hay que acompañar las reformas. Sin estabilidad, sin baja de la inflación, sin equilibrio fiscal, no hubiera sido posible que hoy empiece a aparecer lo que estamos viendo.

—La última pregunta, que es propia de su ministerio. Falta la reforma política. ¿Van a encararla?

—Por supuesto. Es un tema importante y es parte de la agenda de ordinarias. La boleta única vino para quedarse. Es un cambio enorme y la sociedad lo vivió. Hay gobernadores que se resisten. Sería bueno que la implementen todos.

El presidente da todos esos debates y se la banca. La reforma electoral es importante y estamos trabajándola. Cuando tengamos el proyecto final lo vamos a comunicar y vamos a hablar con los gobernadores. Si hay alguien que no esquiva el debate, es el presidente Milei.

El Tribunal Supremo Electoral inició el 27 de febrero la fase de promoción del voto en el extranjero, que abarca dos campañas: una nacional y otra internacional. Ambas tienen como objetivo informar sobre la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Extranjero (LEESE), los sistemas de votación y fomentar la participación, según fuentes internas.

“Será una campaña en el país sobre la Ley especial y la divulgación institucional sobre la misma ley”, afirmó una fuente.

De acuerdo con el calendario electoral, el 27 de febrero se suspendería el proceso de modificación de residencia en el Registro Electoral para ciudadanos, dando paso a la campaña nacional sobre la LEESE y el llamado a la participación de los salvadoreños residentes en el extranjero.

Tras la prórroga otorgada por la Asamblea Legislativa para la modificación de residencia en el Registro Electoral, los salvadoreños tienen ahora hasta el 26 de abril para completar este trámite. Mientras se mantiene abierto este proceso, la institución despliega en paralelo la campaña de promoción del voto en el extranjero.

“En la campaña del país se hablará de los sistemas de votación y se motivará al voto. La divulgación institucional será toda la producción interna que realizará el área de Comunicaciones sobre la ley especial”, explicó la fuente, quien además mencionó que el ente colegiado deberá empezar pronto con el proceso de contratación de una agencia de publicidad para ambas campañas.

Sobre la contratación de la empresa encargada del voto en el extranjero indicó que la Unidad de Compras aún no ha iniciado el proceso.

Preparativos y presupuesto extraordinario para 2027

En diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó $172.1 millones de presupuesto extraordinario para la organización de las elecciones de 2027, que serán inéditas en el país ya que por primera vez se elegirá un gobierno para seis años.

El primer bloque de dicho presupuesto, $125.3 millones, cubrirá gastos de la jornada electoral unificada, que incluirá elecciones presidenciales, legislativas y municipales. De este monto, $802,200 fueron asignados a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), responsable de supervisar el proceso.

Los legisladores también aprobaron un segundo decreto en diciembre de 2025, que contemplaba $46.7 millones para el Presupuesto Especial Extraordinario 2025-2027 dirigido al Sufragio en el Extranjero. Este fondo garantizará la implementación de las dos modalidades de votación: remoto por internet y electrónico presencial para los votantes fuera del país.

El decreto establece que el TSE requiere estos recursos para contratar a la empresa encargada del sistema de votación remota y electrónica. Además, parte del presupuesto se destinará a la transmisión de resultados, el desarrollo de software para registrar y actualizar el padrón electoral, así como la contratación de auditorías independientes que fiscalizarán a la compañía responsable de los sistemas tecnológicos.

La experiencia electoral del voto exterior en 2024

En 2024, el TSE reportó la participación de 331,756 salvadoreños que ejercieron el sufragio en el extranjero mediante el voto electrónico, cifra que incluye el sufragio remoto por internet y el presencial.

El informe oficial detallaba que 242,110 ciudadanos votaron a través de la plataforma en línea que estuvo activa durante 30 días, desde el 6 de enero hasta la tarde del 4 de febrero. La modalidad de voto electrónico presencial, aplicada en 81 centros instalados fuera del territorio salvadoreño, sumó 89,646 votantes. La mayoría que eligió esta alternativa residía en el continente americano, donde se registraron 82,337 personas, principalmente en Estados Unidos (72,856).

El costo del proceso de voto electrónico para salvadoreños en el extranjero fue considerable. Diversos medios locales informaron que el TSE desembolsó un total de $32,012,918, lo que representa $96.50 por cada voto emitido fuera del país. La empresa española Indra Soluciones fue contratada para la implementación técnica, con un monto de $26,047,224.87, incluyendo alquiler y operación de las máquinas de votación. A su vez, la firma CGTS Corp recibió $4,392,310 para auditar el registro de votantes, el sistema electoral y el escrutinio. Además, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) participó como entidad auditora, percibiendo $210,640.

El organismo electoral contó con un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de $59,066,690 para organizar el voto electrónico. Finalmente, el gasto total fue de un poco más de $32 millones, lo que generó un ahorro de $27,053,771.77 respecto al presupuesto asignado.

La presentación de una reforma constitucional que habilitaría la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica ha reavivado el debate sobre los límites al poder en el país centroamericano.

El legislador independiente afín al oficialismo, Leslye Bojorges, anunció la iniciativa junto a 10 colegas, con el objetivo declarado de “dar continuidad a Gobiernos exitosos”, según se difundió en un video publicado en sus redes.

Actualmente, la Constitución Política de Costa Rica impide que un presidente sea reelegido de inmediato: debe esperar ocho años tras su mandato para postularse de nuevo.

Bojorges cuestionó esta restricción y propuso permitir “una única reelección consecutiva”, garantizando que “ningún costarricense podrá ser más de dos veces presidente del país”. El diputado insistió en que la propuesta “no pone en riesgo la democracia, más bien la fortalece”.

El contexto: Rodrigo Chaves y popularidad en alza

La propuesta surge en un momento marcado por altos índices de aprobación hacia el presidente Rodrigo Chaves, quien concluirá su mandato el próximo 8 de mayo.

La discusión sobre la posibilidad de reelección inmediata —un tema que había quedado relegado desde el fallo de la Sala Constitucional en 2003— fue retomada por el partido oficialista, impulsado por el respaldo popular a Chaves.

En 1969, una reforma constitucional prohibió toda reelección presidencial. Décadas después, el tribunal constitucional revirtió ese cambio pero mantuvo la veda sobre la reelección consecutiva, exigiendo un periodo de ocho años entre mandatos. Hoy, el oficialismo busca modificar nuevamente ese marco legal.

La diputada oficialista Pilar Cisneros, figura cercana al presidente, acompañó a Bojorges en la presentación del proyecto y calificó como “un acto de hipocresía suprema” el hecho de que la ley permita la reelección, pero solo tras ocho años. Cisneros sostuvo que “en todas las democracias sólidas y maduras del mundo, o en la gran mayoría, se puede hacer una reelección consecutiva”.

Laura Fernández y la proyección del oficialismo

El escenario político anticipa un cambio de mando: Laura Fernández, ministra de la Presidencia y “heredera” política de Chaves, asumirá la jefatura del Estado el 8 de mayo tras su victoria en primera ronda electoral. Fernández ha expresado su deseo de que Chaves permanezca en un alto cargo, como el de ministro de la Presidencia, durante su futuro Gobierno.

La composición actual del Congreso representa un desafío para la iniciativa. El oficialismo cuenta con solo ocho diputados, lo que dificulta alcanzar los 38 votos necesarios —dos tercios de la asamblea— para aprobar una reforma constitucional.

No obstante, la próxima legislatura promete un panorama distinto: Fernández contará con 31 legisladores oficialistas, por lo que necesitaría sumar siete apoyos de bancadas opositoras para avanzar con la reforma.

Obstáculos y perspectivas en la Asamblea Legislativa

El trámite de la reforma enfrenta obstáculos institucionales y políticos. La Constitución exige dos debates legislativos y mayoría calificada en ambas ocasiones. Además, el debate sobre la continuidad en el poder toca fibras sensibles en la democracia costarricense, que históricamente ha privilegiado alternancia y límites estrictos al periodo presidencial.

El oficialismo apuesta por el contexto de alta popularidad presidencial y la expectativa de una bancada parlamentaria robusta para impulsar el cambio.

Mientras tanto, el debate público se intensifica en redes sociales y medios, con opiniones divididas acerca de los riesgos y oportunidades de abrir la puerta a la reelección consecutiva en el país.

En un movimiento estratégico para posicionar a El Salvador como un “hub” financiero competitivo en la región centroamericana, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos.

Esta decisión, que actualiza una normativa vigente desde el año 1999, marca un hito en la apertura económica del país, eliminando barreras históricas que limitaban la procedencia del capital en el sector bancario.

La reforma, solicitada por el Ministerio de Economía (MINEC), tiene como objetivo central fomentar la competencia financiera y facilitar nuevas fuentes de acceso al crédito para la población salvadoreña.

Al derogar el artículo 10, El Salvador suprime la restricción que obligaba a que el 51 % de las acciones de los bancos locales estuvieran exclusivamente en manos de inversionistas salvadoreños, centroamericanos o bancos de la región.

Con la derogación, se elimina la restricción que impedía la participación de inversionistas de nacionalidades distintas, permitiendo que capitales de cualquier país puedan invertir en el país centroamericano.

Un sistema financiero sin fronteras

Esta actualización normativa representa una transición hacia un modelo de mercado abierto y globalizado. Según explicó la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, la medida permite la entrada de nuevos capitales internacionales sin que la nacionalidad de los inversionistas sea una limitante.

“En ese sentido, es indispensable eliminar aquellas restricciones legales que impidan o dificulten la entrada de nuevos competidores en el mercado”, destacó Gracias.

Los beneficios proyectados por las autoridades incluyen:

• Mayor inclusión financiera: El ingreso de nuevos actores interesados en apostar por el país facilitará que más sectores de la población accedan a productos crediticios como pequeñas empresas.
• Competencia en la intermediación: La llegada de nuevos competidores dinamizará el mercado, incentivando mejores servicios y tasas más competitivas.
• Atracción de inversión extranjera: Se elimina una barrera de entrada para capitales globales que anteriormente no podían participar en el control accionario de la banca local.

Por su parte, la diputada Dania González, presidenta de la comisión, enfatizó que El Salvador no puede seguir compitiendo bajo reglas establecidas hace más de dos décadas.

“El capital, la tecnología y la innovación financiera se mueven a una velocidad sin precedentes. Los países que se adaptan, crecen”, afirmó la legisladora, subrayando que las estructuras legales del pasado no deben frenar el desarrollo presente.

“Al dar este paso de la eliminación de barreras y restricciones se cumple con la visión del gobierno. No es posible que leyes implementadas desde 1999 sigan rigiendo y regulando a nuestro país”, puntualizó la legisladora.

Supervisión estatal garantizada

Un punto fundamental de esta transición es que la apertura de capital no implica una reducción en la vigilancia del Estado. Tanto la Comisión como los representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) aclararon que todas las facultades de supervisión y control se mantienen intactas.

“Esta decisión no elimina la supervisión del Estado. La Superintendencia del Sistema Financiero mantendrá intactas todas sus facultades legales”, aseguró la diputada González en la plataforma X.

Con esta reforma, El Salvador envía un mensaje contundente de liderazgo y confianza al mercado internacional, demostrando su determinación de construir un futuro financiero basado en la visión de una nación que ha decidido avanzar hacia la modernidad.

La derogatoria del artículo no es solo un cambio técnico, sino una declaración de principios sobre la competitividad y la innovación como motores del crecimiento económico salvadoreña.

Las obras de infraestructura vial impulsadas en el occidente de El Salvador han logrado avances clave para la conectividad y la integración comercial con Guatemala.

En la zona de Chalchuapa, específicamente en el corredor entre La Magdalena y El Coco, ya se han completado 1.8 kilómetros de pavimentación.

Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, aún resta ejecutar varios kilómetros para alcanzar la frontera, lo que abre nuevas perspectivas para el desarrollo regional.

El proyecto contempla la reconstrucción del tramo que conecta la carretera Panamericana con este sector. Allí, se reemplazará el asfalto antiguo por una vía renovada, con el objetivo de garantizar una conectividad más eficiente y segura.

Las autoridades sostienen que esta mejora será determinante para el comercio y la movilidad, al ofrecer una alternativa más directa y accesible en comparación con otros pasos fronterizos tradicionales.

Cooperación española y transformación de comunidades

El ministro Herrera destacó el peso de la cooperación española, tanto en la financiación como en la ejecución de las obras.

La inversión se percibe como un punto de inflexión para numerosas comunidades, que históricamente enfrentaban dificultades para el tránsito durante la temporada de lluvias.

“Aquí teníamos una vía de tierra, que cada invierno los vehículos y autobuses no podían transitar. Era sumamente difícil. Ahora que la vía está pavimentada y es más ancha, los buses y todo tipo de vehículos pasan sin problema”, afirmó Romeo Herrera.

La intervención, que alcanzará los siete kilómetros al concluirse, incluye tramos completamente nuevos y otros reconstruidos desde sus cimientos.

El avance de la obra ya supera el 60 % en algunos sectores. Se prevé que, a mediados de este año, la inauguración marque un hito para la movilidad local y la economía.

Nuevos pasos fronterizos y puentes estratégicos

El corredor La Magdalena-El Coco se perfila como el cuarto recinto fronterizo con Guatemala, sumándose a La Hachadura, Las Chinamas y Anguiatú.

El ministro subrayó que los otros pasos suelen presentar desafíos geográficos, como cruces de ríos, que obligan al cierre temporal de puentes durante el invierno.

“El puente de La Hachadura se está construyendo porque el paso existente, cada invierno, hay que cerrarlo por el caudal del río. Siempre ha tenido cierto riesgo de colapso”, puntualizó.

Mientras tanto, Guatemala asume el compromiso de erigir el puente de Las Chinamas, donde también hay problemas recurrentes debido al clima.

En Anguiatú, ya se ha completado un nuevo puente, que está por entrar en funcionamiento. Además, la empresa española responsable del puente de La Hachadura entregará una estructura de más de 300 metros de longitud, la mayor de su tipo en el país, según las autoridades.

Impacto social y dinamización económica

El caso de San Simón a San Isidro ilustra el efecto de estas obras sobre el tejido social y productivo.

La pavimentación de poco más de dos kilómetros permitió, según Herrera, que los habitantes emprendieran remodelaciones, construcciones de hoteles y restaurantes, y que la zona experimentara un auge en el turismo y el comercio.

“Cuando la vía de acceso se terminó, la gente empezó a hacer inversiones, a construir y empezó a llegar turismo. Ahora las familias están mucho mejor”, relató el ministro.

Experiencias similares se replican en proyectos como El Carrizal y San Antonio del Mosco, que conectan Morazán con San Miguel, y que han transformado antiguos caminos de tierra en carreteras pavimentadas.

El funcionario insistió en que la asignación de fondos por parte de la Asamblea Legislativa y la colaboración con las alcaldías han sido determinantes para la viabilidad de estas iniciativas.

Comercio regional y perspectiva a futuro

El desarrollo del corredor La Magdalena-El Coco no solo busca resolver los problemas de acceso local, sino que apunta a fortalecer el comercio regional entre El Salvador y Guatemala.

Al ofrecer un trayecto más corto desde la capital hacia la frontera, en comparación con rutas como Las Chinamas o La Hachadura, la nueva vía podría convertirse en un eje estratégico para el transporte de mercancías y el flujo de personas entre ambos países.

La visión de las autoridades es que, una vez finalizadas las obras y habilitado el nuevo recinto fronterizo, se genere un impacto positivo tanto para el turismo como para la agricultura y otras actividades económicas en la región occidental.

Las alianzas con Guatemala y la continuidad de la cooperación internacional serán factores clave para consolidar este proceso de integración fronteriza.

Un grupo de diputadas presentó un recurso de amparo para frenar la aplicación de recortes automáticos que eliminan o disminuyen horas de asistencia personal y subsidios de vivienda previamente otorgados a personas con discapacidad en Costa Rica. La acción solicita la suspensión inmediata de las medidas mientras la Sala Constitucional resuelve si los nuevos topes presupuestarios y la reducción de ayudas violan derechos fundamentales y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Entre los datos más relevantes que figuran en la documentación oficial, las afectadas reportaron que en ciertos casos, personas con discapacidad severa pasaron de más de 100 horas mensuales a un recorte total de horas de asistencia. El límite fijado para el subsidio de alquiler es ahora de ₡60.000, una cifra que, de acuerdo con el contenido del recurso, resulta insuficiente para garantizar condiciones dignas de vida independiente.

La presentación fue realizada por las diputadas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El recurso tramita bajo el expediente 26-0067761-007-CO y cuestiona resoluciones administrativas originadas entre finales de 2025 y enero de 2026. Estas resoluciones, emitidas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), habrían reducido o eliminado apoyos sociales considerados esenciales para garantizar la autonomía diaria, como asistencia personal y subsidios para vivienda.

El reclamo legal advierte que el nuevo esquema de recortes responde casi exclusivamente a procesos automatizados definidos por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), sin valoración técnica presencial ni actualización de los datos socioeconómicos, como denunció el Movimiento de Personas con Discapacidad. Los datos desactualizados o incorrectos, según el recurso, han afectado a decenas de beneficiarios, quienes recibieron notificaciones de reducción o eliminación de apoyos sin justificación individual.

Katherine Moreira, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, aseguró que la medida no puede entenderse como un simple ajuste técnico. “Estamos frente a una regresión en derechos humanos que coloca a personas con discapacidad en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado no puede, bajo ninguna excusa presupuestaria, retroceder en garantías que ya habían sido consolidadas”, afirmó Moreira.

El recurso también subraya que, bajo el argumento oficial de “corresponsabilidad familiar”, el Estado ha transferido su obligación hacia los núcleos familiares de las personas afectadas, generando mayor riesgo de exclusión social y dependencia.

Las congresistas enfatizaron que el nuevo tope de subsidio para alquiler no cubre los costos reales del mercado, lo que en la práctica empuja a las personas con discapacidad al hacinamiento o a estructuras de cuidado colectivo. Según las firmantes, estas medidas contradicen estándares nacionales e internacionales sobre derechos para una vida independiente.

En el recurso presentado, las diputadas pidieron a la Sala Constitucional dictar medidas cautelares para que los recortes sean suspendidos de manera inmediata y se mantengan tanto los montos de subsidio como las horas de asistencia durante todo 2025. También solicitaron ordenar al IMAS y a SINIRUBE abstenerse de aplicar automáticamente sus algoritmos hasta que se depuren y actualicen las bases de datos y se asegure una valoración técnica individualizada por cada caso.

“Confiamos en que la Sala Constitucional restablecerá el equilibrio y reafirmará que Costa Rica no puede retroceder en la protección de las personas con discapacidad. La dignidad humana no está sujeta a recortes”, sostuvo Moreira.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó dos disposiciones transitorias que extienden el plazo para que los ciudadanos actualicen su residencia en el Registro Electoral de cara a las elecciones previstas para febrero de 2027, una medida destinada a garantizar el derecho al sufragio y ampliar la participación democrática en estos comicios, según establece el texto del decreto difundido en la sesión plenaria 99 de este martes.

El nuevo plazo permitirá a los ciudadanos realizar modificaciones de domicilio hasta el 27 de abril de 2026. Las medidas transitorias tienen vigencia tanto para salvadoreños dentro del territorio como los que habitan en el exterior.

Vale mencionar que acorde al Código Electoral, los mayores de 18 años tenían hasta este viernes 27 de febrero para realizar el cambio de domicilio en su Documento Único de Identidad (DUI) y que cambiara así su centro de votación por uno más cercano al de su lugar de su vivienda.

El plazo para actualizar la residencia en el Registro Electoral será de un año más

La medida fue presentada y aprobada por dispensa de trámite, mecanismo legislativo que acelera la deliberación de temas urgentes o de interés público. El decreto, firmado por diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, establece que esta prórroga busca “facilitar a los salvadoreños domiciliados en el territorio nacional la actualización de su lugar de residencia en el Registro Electoral y fortalecer el principio de participación democrática”.

En el marco legal, el Código Electoral en su artículo 20 establecía que las modificaciones de residencia se cerraban ciento veinte días antes de la elección, usualmente en octubre del año previo al proceso electoral. Con la reforma transitoria, los electores salvadoreños podrán realizar cambios hasta finales de abril de 2026, ampliando el plazo legal anterior.

De acuerdo con el decreto, la fecha establecida para las elecciones nacionales —presidencia, vicepresidencia, diputados a la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales— es el 28 de febrero de 2027. Para ejercer el voto, la legislación nacional exige la posesión del Documento único de Identidad (DUI), documento oficial indispensable para trámites jurídicos públicos y privados.

El texto aprobado destaca que “la posesión y actualización de este documento resulta determinante para la correcta incorporación del ciudadano en el Registro Electoral y, en consecuencia, para asegurar la autenticidad y transparencia del padrón electoral”. Además, la iniciativa recuerda que, según el artículo 72 de la Constitución de la República de El Salvador, el ejercicio del sufragio y la asociación para conformar partidos políticos constituyen derechos fundamentales, que deben ejercerse bajo igualdad, seguridad jurídica y plena libertad.

El Tribunal Supremo Electoral mencionó que la convocatoria de los comicios genera “una legítima expectativa de amplia participación ciudadana”, fundamento que respaldó esta modificación excepcional. La disposición solo aplica para el proceso electoral de 2027 y no cambia el marco legal general más allá de ese periodo.

Las mociones llevan la firma del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, la principal bancada legislativa, que justificó el cambio en los principios del artículo 85 de la Constitución, donde se reconoce el sistema democrático y representativo como pilar del Estado salvadoreño.

Sobre el VEX

Sobre la disposición para el Voto en el Exterior (VEX) se expuso que todas aquellas personas comprendidas en la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero podrán realizar inscripción por primera vez o modificación de su domicilio en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las votaciones electorales del año 2027.

“Se espera una gran participación de electores en el exterior, por lo que surge la necesidad de que esta población votante pueda realizar actualizaciones de residencia o domicilio en un plazo mayor al establecido en el artículo 20 del Código Electoral. Y en el cumplimiento de las garantías que el Estado debe brindarles, es preciso extender el plazo para realizar las modificaciones relativas al lugar de residencia”, reza el decreto.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó este martes que todavía no han recibido la nueva reforma de pensiones que el gobierno debe enviarles para su aprobación.

El gobierno de El Salvador debía presentar al Congreso una propuesta de ley, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero hasta la fecha aún no se ha enviado para su discusión.

En declaraciones a la radio YSKL desde el recinto legislativo, Castro manifestó: “Estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer. En caso sean necesarias, nosotros las vamos a traer aquí y en ese momento las vamos a compartir con ustedes, como lo hicimos en las reformas anteriores”.

El funcionario agregó que podrían conformar una comisión especial para el análisis, aunque subrayó que cualquier decisión se adoptará únicamente al conocer las iniciativas formales del Ejecutivo.

La ausencia de una propuesta concreta sobre la reforma previsional ocurre luego de que el gobierno salvadoreño tenía de plazo hasta el 10 de febrero, establecido con el FMI, para presentar el proyecto.

Llamado a evitar especulación y morbo sobre el tema

Castro se mostró cauto frente a las especulaciones mediáticas y a las inquietudes ciudadanas. “No puedo opinar hasta no tener cuál va a ser la propuesta”, afirmó, enfatizando que solo discutirán públicamente el contenido cuando el gobierno lo presente oficialmente ante el parlamento.

El funcionario agregó: “No es justo que estén levantando morbo sobre este tema”. Insistió en que la discusión debe realizarse con elementos concretos y recordó que todos los involucrados son salvadoreños y comparten una preocupación legítima por el futuro de las pensiones.

Además ratificó que no emitirá valoraciones anticipadas y que, al igual que otros legisladores, espera conocer el contenido específico para poder fijar postura.

El diputado subrayó que la Asamblea Legislativa ya ha realizado reformas previas al sistema previsional. “Creo que ustedes saben muy bien cuáles son las reformas que hicimos”. El diputado evitó detallar el alcance de esas iniciativas, pero sostuvo que el compromiso institucional es evaluar futuras propuestas de manera institucional.

Coordinación con el Ejecutivo y espera de iniciativas

El presidente de la Asamblea Legislativa remarcó que, desde el primero de mayo de 2021, la legislatura trabaja de la mano con el Ejecutivo para abordar los temas nacionales más sensibles. “Lo hemos dicho y lo repito: estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer”. Castro recalcó que, hasta que el Ejecutivo no presente una propuesta formal, la Asamblea no avanzará en la discusión de posibles cambios al sistema de pensiones.

El gobierno de El Salvador enfrenta la exigencia de entregar una propuesta de reforma de pensiones, debido a que es un compromiso clave con el FMI para seguir obteniendo los desembolsos del financiamiento de USD 1,400 millones. La urgencia y el alcance de la reforma replantean uno de los debates más sensibles de la administración de Nayib Bukele, que debe cumplir con las recomendaciones del organismo internacional, así como con la viabilidad financiera y social del nuevo esquema previsional.

La deuda nacional de El Salvador con los fondos de pensiones privados alcanzó USD 11,241 millones a diciembre de 2025, una cifra que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva de El Salvador, evidencia un crecimiento del 6.8% en un año, tomando como referencia los USD 10,525.9 millones de 2024. Este incremento alimenta el debate público sobre la sostenibilidad del sistema y visibiliza la presión que afronta el Estado para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la protección de los jubilados actuales y futuros.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hoy con 57 votos a favor y uno en contra una nueva prórroga de treinta días para la suspensión de garantías constitucionales bajo el Régimen de Excepción. Esta medida, en vigor desde marzo de 2022, fue presentada a consideración del pleno legislativo a fin de garantizar la seguridad, la integridad física y moral, así como la salud de la población salvadoreña, según la correspondencia oficial remitida al órgano legislativo.

La propuesta, que previamente ha sido avalada de forma unánime por el Consejo de Ministros y expuesta por el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, tiene como objetivo mantener las condiciones de seguridad que han permitido la disminución de homicidios en el país. Desde su instauración, El Salvador ha prorrogado de forma continua las restricciones, actualmente limitadas a los derechos recogidos en los artículos 12 inciso 2º (derecho de defensa), 13 inciso 2º (plazo de detención administrativa) y 24 (inviolabilidad de la correspondencia) de la Constitución.

El fundamento jurídico de la medida reside en el artículo 30 de la Constitución de la República. Este artículo establece: “El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”. La notificación agrega: “Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas”.

La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional respalda la posición gubernamental. De acuerdo con la sentencia 21-2020AC, “es posible prolongar con la debida razonabilidad la suspensión de derechos fundamentales mediante un nuevo decreto de una duración que no exceda de esos mismos 30 días”. El fallo de la Sala también aclara que “del texto de esa frase del art. 30 Cn. no se infiere que la prolongación deba limitarse por una sola vez... la prórroga debe respetar el límite temporal máximo de vigencia del decreto de adopción del régimen de excepción, pero en modo alguno debe entenderse que las prórrogas sucesivas están prohibidas”.

En el plano internacional, el documento apunta que varios instrumentos de derechos humanos permiten a los estados, en caso de peligro público o emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, suspendan algunos derechos o garantías. Las autoridades salvadoreñas afirman que la medida no está dirigida a enfrentar la criminalidad común sino que se justifica, tal como se ha hecho en el país, para combatir un fenómeno criminal sin precedentes a nivel mundial.

Los resultados oficiales han sido calificados como un “logro sin precedentes en la disminución de la delincuencia, crimen organizado y terrorismo”. Según el informe presentado por el Ministro de Seguridad, “las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 91,300 terroristas”.

Durante la aprobación del Régimen, la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, afirmó que gracias esto El Salvador ahora cuenta con 1,140 días sin homicidios e hizo el recuento de las estadísticas más recientes.

Según la parlamentaria, diciembre de 2025 finalizó con 26 días sin homicidios; mientras que enero de 2026 cerró con 27 días sin homicidios y en lo que va de febrero ya se registran 20 días sin vidas que lamentar debido a la violencia.

“Esto no sería posible sin la seguridad. Según datos más recientes somos líderes regionales en turismo”, agregó la diputada. “Esto habla que ahora en El Salvador los criminales ya no tienen cabida”, sentenció.

El principal argumento para extender el régimen es el riesgo de reorganización de las estructuras criminales: “Se han identificado y capturado sujetos con intención de reorganización de las pandillas, quienes replican sus modos delictivos, y a quienes se les ha decomisado armas de fuego, drogas y otro tipo de objetos vinculados al tráfico ilícito”. Además, se resalta que “en viviendas se están realizando procedimientos para la eliminación de marcas o distintivos corporales alusivos a pandillas”, lo que demuestra intentos de ocultamiento y evasión que requieren vigilancia constante.

El documento aprobado reitera que la prórroga se decreta “en beneficio del derecho a la vida, la seguridad física y la propiedad de los salvadoreños”.

El primer consorcio de transporte del área metropolitana de San Salvador fue presentado oficialmente este lunes, junto con un anuncio de inversión privada de USD 160 millones para la renovación de más de 1,200 unidades de transporte colectivo en San Salvador Este, el segundo municipio más grande en el departamento de San Salvador (capitalino). El nuevo esquema empresarial tiene como objetivo transformar la estructura del sector y elevar la calidad del servicio, consolidando operaciones de numerosas rutas bajo una sola figura jurídica.

Esta estructura permitirá acceder a financiación y asumir compromisos a largo plazo, según explicó El Consorcio de Empresas de Movilidad de El Salvador durante el evento de lanzamiento en un hotel capitalino, al que asistió el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Actualmente, el consorcio agrupa a 770 unidades de transporte de la zona este de la capital. Se prevé que este número aumente en las próximas semanas, ya que más empresarios avanzan en el cumplimiento de los requisitos para integrarse. Este proceso implica que muchos transportistas dejarán atrás un modelo atomizado y pasarán a ser accionistas de una sociedad formalmente constituida. Castro señaló ante los asistentes: “Debería de ser bien vista por la banca”.

Al dirigirse a los presentes en la presentación, Castro subrayó la decisión del sector de organizarse bajo una entidad única. Explicó que, hasta ahora, los operadores trabajaban en forma individual y afrontaban la obtención de créditos de manera dispersa, lo que generaba una relación compleja con el sistema financiero. “Ahora lo vamos a entender como un consorcio, como una entidad jurídica legalmente establecida, con todas las obligaciones y responsabilidades que eso conlleva”, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, subrayando que, dentro de este marco, los empresarios “se vuelven atractivos para la banca”.

“Se han hecho algunos intentos de modernización, pero que no han sido suficientes. Ustedes han visto que el país ha generado un cambio sustancial en todos los sentidos: infraestructura, seguridad y una serie de, de, de cambios que realmente nosotros, que, que hemos vivido la delincuencia, que nos ha afectado muchísimo por años, hoy reconocemos ese esfuerzo”, expuso en el evento Abel Reyna, presidente de CEMMOVIL.

De momento no se conocen las rutas de autobuses asociadas.

Promesa de un cambio estructural para el transporte

La iniciativa, que reúne tanto vehículos como dueños históricos de rutas, representa un cambio sin precedentes para el transporte colectivo en el país, ya que hasta ahora el sector funcionaba de manera fragmentada. Según Ernesto Castro, la unión empresarial es inédita: “Por primera vez en la historia, empresarios del transporte colectivo se unen con la finalidad de llevar un cambio humano y digno al pueblo salvadoreño”.

Al finalizar la jornada, Castro reafirmó el apoyo legislativo al proceso e invitó a los asistentes a verse como parte de la transformación social que experimenta el país: “Ustedes son parte de este cambio que se está viviendo”.

Ante el énfasis de Castro sobre el apoyo que prometió desde el Órgano Legislativo, vale recordar que en julio de 2024 la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de un préstamo que permitiría al Estado la adquisición de 1,500 buses chinos destinados a la renovación total del sistema de transporte público. Con 56 votos a favor, los diputados avalaron la suscripción de un convenio de financiamiento con YUTONG BUS CO.LTD por un monto equivalente a USD 179.577.857 (1.301.656.680 yuanes).

El proyecto contemplaba la incorporación de 1.100 unidades de 12 metros de largo, con entre 41 y 50 asientos y capacidad para transportar hasta 90 pasajeros cada una, junto a 400 autobuses de 8,6 metros, con un máximo de 50 pasajeros y hasta 30 asientos. La operación financiera se estructuró con un plazo de ocho años, una tasa de interés del 6,5 % y una prima inicial del 15 %. También se incluyó un período de gracia de seis meses desde el desembarque de los vehículos en puerto.

El Ejecutivo buscaba reemplazar el 100 % de las unidades en circulación ante el deterioro del parque automotor actual, considerado de baja calidad y con condiciones inadecuadas para los usuarios. La adquisición se fundamenta en la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, vigente desde 2022. En el proceso de licitación se analizaron propuestas de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, y resultó seleccionada la de China.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador dictaminó favorable la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), una propuesta que elimina la exigencia de legalización o apostilla en documentos públicos extranjeros vinculados directamente a operaciones comerciales o aduaneras. Según el dictamen, el objetivo es facilitar los trámites administrativos, reducir formalidades innecesarias y dinamizar la actividad económica en el país.

El dictamen, presentado el 23 de febrero de 2026 en el Palacio Legislativo, responde a una iniciativa del gobierno central, canalizada a través del Ministerio de Economía. La reforma incorpora el artículo 4-A a la Ley de Procedimientos Administrativos y establece que la administración pública no exigirá legalización o apostilla para documentos públicos extranjeros relacionados con comercio o aduanas siempre que existan mecanismos de verificación electrónica, validación institucional o acuerdos internacionales que permitan comprobar su autenticidad.

En la sesión de este lunes, Martha Solís, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, explicó que el país ha implementado un proyecto de simplificación y digitalización con más de 2,500 trámites simplificados hasta la fecha. “Estamos fortaleciendo la competitividad de El Salvador, pero principalmente queremos sumar a que se establezca un clima de negocio atractivo para los inversionistas nacionales como extranjeros”, afirmó Solís ante la comisión.

Solís señaló que la reforma busca eliminar formalidades como la apostilla, especialmente en procesos comerciales y aduaneros, y precisó que “todas las instituciones del Gobierno deberán adaptar sus normativas” para aplicar lo dispuesto en el nuevo artículo. Subrayó que la reforma no elimina mecanismos de control, sino que moderniza la verificación documental mediante medios electrónicos y otros mecanismos contemplados en la normativa nacional e internacional.

Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, consideró que la reforma permitirá acelerar procesos administrativos y favorecer la inversión extranjera. Figueroa expuso: “Sabemos que en este momento El Salvador está siendo visto por todo el mundo, precisamente porque aquí estamos haciendo cosas buenas y esto está atrayendo muchísima inversión extranjera, que necesita de todos estos documentos formales para poder hacer negocios acá”.

La diputada recordó que en el periodo anterior la Asamblea aprobó la apostilla electrónica, lo que ya permitió simplificar trámites, aunque apuntó que “todavía es necesario más” para modernizar la administración pública. Indicó que esta reforma es un paso adicional para facilitar la llegada y operación de inversionistas en el país.

En la comisión, la diputada Evelyn Merlos sostuvo que la reforma significa “un avance muy importante hacia una administración pública más moderna, eficiente, garantizando procesos comerciales y aduaneros más rápidos y accesibles”.

Solís explicó que la reforma beneficiará trámites de representación legal de inversionistas extranjeros y la autorización de funcionamiento de fábricas en el exterior, además de reducir costos para los usuarios, ya que en muchos países la apostilla implica pagos adicionales. La funcionaria concretó: “Los productos como alimentos, medicamentos, insumos médicos, pueden llegar más rápido a nuestros consumidores, porque lo que se espera impactar son esos trámites aduaneros”.

La Corte de Cuentas de la República será la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la disposición en las instituciones públicas, que deberán adecuar internamente sus procedimientos. El decreto entrará en vigencia, siempre y cuando el pleno vote a favor del dictamen y luego este sea enviado a publicación en el Diario Oficial.

La Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente la incorporación de USD 6.2 millones de fondos provenientes de un préstamo externo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) al presupuesto de El Salvador para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de potenciar el Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites liderado por el Ministerio de Economía, según dictaminó la comisión en la Asamblea Legislativa este 23 de febrero.

Esta decisión permitirá destinar recursos adicionales a la digitalización y modernización de numerosos procesos administrativos en al menos 20 entidades públicas, facilitando el entorno de negocios para el sector privado y mejorando la eficiencia institucional.

El proyecto de inversión, identificado como número 8492 y denominado "Programa de Simplificación y Digitalización de Trámites", forma parte de los esfuerzos de El Salvador para transformar su clima de negocios y promover la facilitación del comercio y la inversión.

La asignación de estos USD 6.2 millones se inscribe en el marco de un contrato de préstamo aprobado previamente por la Asamblea Legislativa el 4 de julio de 2023, bajo el Decreto Legislativo 787, que autorizó un financiamiento total de hasta USD 75 millones con la CAF para fortalecer la competitividad nacional a través de la modernización administrativa.

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, señaló ante la comisión que el refuerzo presupuestario solicitado es vital para avanzar en la automatización de trámites en instituciones clave, como la Superintendencia de Regulación Sanitaria, la Autoridad del Centro Histórico y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. “Este proyecto actualmente tiene una asignación de tres punto nueve millones de dólares en la ley de presupuesto, ya se ejecutó un millón, y en función de lo que el Ministerio de Economía prevé realizar en el transcurso del año, es que ha solicitado el refuerzo de seis punto dos millones”, detalló en la sesión de la comisión.

El uso de estos fondos se dirigirá principalmente a la contratación de servicios para el desarrollo de sistemas informáticos orientados a la digitalización de trámites administrativos, la modernización e integración de sistemas de inventario institucionales —incluidos módulos de activo fijo, medicamentos, mercancías y otros bienes estratégicos— y la adquisición de licencias para el funcionamiento y mantenimiento de los nuevos sistemas en entidades seleccionadas.

Según la solicitud presentada ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, también está contemplada la financiación de servicios de supervisión, auditoría y soporte técnico para garantizar la calidad y la sostenibilidad de los proyectos digitalizados.

Esta estructura de inversión busca dotar de mayor transparencia y eficacia al sector público, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos mediante la digitalización de procedimientos esenciales para ciudadanos y empresas.

El ajuste presupuestario previsto contempla el incremento en la partida de ingresos bajo el rubro Endeudamiento público, específicamente a través de la contratación de préstamos externos con organismos multilaterales, lo que materializa el ingreso de los USD 6.2 millones al presupuesto estatal.

Por el lado de los gastos, el refuerzo se verá reflejado en el ramo de Economía bajo la unidad presupuestaria de programas y proyectos para el desarrollo económico, consolidando así la línea de trabajo destinada al programa de transformación del clima de negocios.

Un segundo dictamen emitido fue el favorable en el sentido se autorice al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda, suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta ciento cincuenta millones de dólares para financiar el proyecto denominado Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el Área Metropolitana de San Salvador, la cual representa la segunda vuelta del contrato.

El Gobierno busca mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura, ante la ocurrencia de desastres naturales y reducir vulnerabilidad en diferentes zonas del país, especialmente en el área metropolitana de San Salvador, por eventos como inundaciones, para lo cual busca, mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana.

Los dictámenes deberá pasar al pleno legislativo para su final aprobación.

Laura Fernández Delgado asume vacaciones sin goce salarial tras tres semanas en el cargo. La pausa de Laura Fernández Delgado en el Ministerio de la Presidencia comenzará el martes 24 de febrero y se extenderá hasta el martes 3 de marzo, periodo en el que delegará sus funciones tras solicitar un permiso sin goce salarial, según informó Casa Presidencial a los medios locales.

Este receso ocurre en medio de la transición hacia el próximo gobierno y antecede la asunción de Fernández como presidenta número 50 de Costa Rica el 8 de mayo.

La sustitución temporal recae en Jorge Rodríguez Bogle

Durante la ausencia de Fernández, el actual viceministro Jorge Rodríguez Bogle asumirá interinamente la dirección del Ministerio de la Presidencia para asegurar la continuidad administrativa y de coordinación en el Poder Ejecutivo. El comunicado oficial indica que esta medida garantiza la estabilidad funcional del gabinete durante la coyuntura política marcada por la transición de mando.

El permiso sin goce salarial no detalla los motivos y coincide con el momento en que Fernández Delgado lidera negociaciones clave en la Asamblea Legislativa. Días antes de su receso, sostuvo reuniones con los jefes de fracción y presentó una agenda prioritaria con la intención de concretar avances antes de que finalice el actual periodo parlamentario.

Entre los proyectos que ha impulsado Fernández destacan cuatro créditos internacionales, reformas en materia ambiental, de salud y expropiaciones, así como financiamientos enfocados en la resiliencia climática y el apoyo presupuestario al Gobierno Central.

También resaltó los préstamos gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica para ampliar el corredor vial San José-San Ramón y desarrollar el tren rápido de pasajeros, además de la discusión sobre la minería metálica en Crucitas y adecuaciones legales para agilizar contrataciones en la Caja Costarricense de Seguro Social.

El nombramiento de Fernández Delgado como ministra de la Presidencia fue informado el 4 de febrero durante una rueda de prensa, tres días después de su victoria electoral y tras una campaña que inició en octubre de 2025.

En ese contexto, el presidente Rodrigo Chaves expresó: “Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios”.

Pausas de transiciones previas

No es la primera vez que la presidenta electa solicita un permiso temporal en este cargo. Fernández Delgado ya había encabezado el Ministerio de la Presidencia tras la renuncia de Natalia Díaz, pero dimitió el 31 de enero del año pasado, conforme al calendario electoral que exige a quienes aspiran a la presidencia desvincularse previamente de la administración pública.

Su regreso hace tres semanas marcó el inicio de su gestión en la administración saliente y profundizó su papel en la transición.

La decisión de pedir vacaciones, que inicia menos de un mes después de su nuevo nombramiento, responde a la intensidad de la agenda política y la cercanía con el traspaso de poderes. Al finalizar este periodo de ausencia, Fernández Delgado retomará las labores preparatorias para el inicio formal de su gestión presidencial en mayo.

La Defensa Pública y destacados abogados penalistas expresaron esta semana su preocupación por el avance de la propuesta legislativa que busca reformar el artículo 36 de la Constitución Política de Costa Rica. La modificación, que obligaría a declarar contra familiares en casos de delitos sexuales o violencia contra menores, pondría en riesgo garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, de acuerdo con especialistas citados por costarricenses.

El debate en la Asamblea Legislativa ganó relevancia tras la aprobación en el Plenario del expediente 23.729 en enero pasado, que admitió la reforma constitucional denominada “Política para Limitar el Derecho de abstenerse a Declarar en Delitos que Cometan Familiares contra Personas Menores de Edad, y Otras Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género”. Medios como El Observador informaron que la iniciativa, presentada por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional, seguiría su curso hacia una comisión legislativa encargada de analizar el texto y recomendar su aprobación o rechazo.

Tras la conformación de la comisión, la docente Mayra Campos, experta de la Universidad de Costa Rica (UCR), compareció esta semana ante los legisladores para aportar insumos técnicos sobre los posibles efectos de la reforma. Según la transmisión oficial de la Asamblea Legislativa, la especialista resaltó la importancia de evaluar tanto el impacto jurídico como el social de la propuesta antes de modificar derechos consagrados en la Constitución. Afirmó que cualquier cambio debe fundamentarse en estudios rigurosos y en una discusión abierta con especialistas en derecho penal, psicología y protección de menores. El video completo de su intervención está disponible en el canal institucional de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, la Defensa Pública, ha enfatizado que una reforma de esta magnitud “requiere estudios de impacto, consulta a especialistas y discusión transparente, a fin de evitar retrocesos en garantías consolidadas en el ordenamiento jurídico costarricense”, según difundió CRprensa.com. Penalistas consultados advirtieron que la enmienda podría facilitar interpretaciones restrictivas en materia penal y afectar las labores de jueces, fiscales y defensores públicos. “El cambio propuesto altera el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos individuales, con consecuencias directas para las personas sometidas a procesos judiciales”, opinó uno de los abogados en declaraciones al citado medio.

El artículo 36 de la Constitución Política dispone actualmente: “En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”. La reforma en debate plantea incluir una excepción: “se exceptúa de lo anterior cuando se trate de un familiar de una persona menor de edad que sea víctima de delitos sexuales o violencia intrafamiliar”.

De acuerdo con El Observador, la comisión a cargo del proyecto deberá emitir un informe de recomendación al Plenario. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, instó en enero a las jefaturas de fracción a definir la integración de la comisión, para continuar el trámite.

Sectores del Poder Judicial, como la magistrada Roxana Chacón Artavia y representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), han expresado su respaldo a la reforma, argumentando que contribuiría a fortalecer la persecución de delitos sexuales y la violencia familiar. Por su parte, la Defensa Pública y diversos expertos piden prudencia y alertan sobre el riesgo de vulnerar principios básicos del sistema penal costarricense.

El proyecto avanza en la Asamblea Legislativa, con el debate técnico y político aún abierto a la espera del informe de la comisión y de próximas audiencias con especialistas.

Antecedentes

La iniciativa de reforma fue presentada por Carolina Delgado en abril de 2023. El Plenario le otorgó admisibilidad tras la tercera lectura y con el voto afirmativo de 38 diputados presentes. El texto actual del artículo 36 permite abstenerse de declarar contra familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. La reforma busca establecer una excepción para delitos sexuales o violencia contra menores de edad en el ámbito familiar.

El diputado electo José María Villalta Flórez-Estrada asumirá la jefatura de fracción del Partido Frente Amplio para el periodo legislativo 2026–2030, mientras que María Eugenia Román Mora ocupará la subjefatura durante la primera legislatura, según confirmó la agrupación tras una reunión interna de su nueva bancada.

El acuerdo se alcanzó luego de un encuentro entre los diputados electos, en el que se definió la conducción política del bloque para el arranque del próximo cuatrienio en la Asamblea Legislativa.

La designación de Villalta, uno de los dirigentes más visibles y experimentados del partido, marca el inicio de una etapa que el Frente Amplio anticipa como de oposición firme frente al Poder Ejecutivo.

En un pronunciamiento oficial, la fracción adelantó que ejercerá un control político activo ante aquellas decisiones del Gobierno que, a su juicio, atenten contra los derechos sociales, laborales y ambientales. Asimismo, señalaron que buscarán impulsar proyectos de ley y construir acuerdos “en defensa de la democracia y del pueblo costarricense”.

La bancada que encabezará Villalta será la más numerosa en la historia del Frente Amplio desde su fundación en 2004. El crecimiento electoral del partido en los comicios más recientes le permitió consolidar una representación legislativa sin precedentes, superando los resultados obtenidos en periodos anteriores, cuando la agrupación llegó a contar con una presencia más reducida en el Congreso.

Además de Villalta y Román , la nueva fracción estará integrada por figuras que han construido su perfil en temas como derechos humanos, justicia social, ambiente y transparencia. Entre los nombres que conforman el bloque legislativo destacan candidaturas provenientes de sectores sociales, académicos y sindicales que han acompañado históricamente la agenda del partido.

Vianey Mora y Antonio Trejos por la provincia de San José, Edgardo Araya y Sigrid Segura de Alajuela y Joselyn Pérez, diputada electa por la provincia de Cartago, también se únen a la bancada frenteamplista.

La agrupación política ha mantenido una línea política ubicada en la izquierda democrática, con énfasis en la defensa del Estado social de derecho, la regulación de mercados estratégicos, la protección ambiental y la ampliación de derechos para poblaciones vulnerables. En anteriores legislaturas, Villalta se posicionó como uno de los diputados más activos en el debate parlamentario, especialmente en discusiones relacionadas con política fiscal, empleo público y derechos laborales.

La elección de la jefatura y subjefatura se da en un contexto de reconfiguración del mapa político nacional, donde las fuerzas tradicionales han experimentado variaciones en su representación y nuevos liderazgos buscan consolidarse. En ese escenario, el Frente Amplio aspira a capitalizar su crecimiento legislativo para incidir con mayor peso en las discusiones clave del próximo cuatrienio.

Desde la fracción señalaron que la prioridad será impulsar iniciativas orientadas a reducir la desigualdad, fortalecer los servicios públicos y garantizar mecanismos de participación ciudadana. También adelantaron que estarán abiertos a construir acuerdos con otras bancadas en proyectos que consideren beneficiosos para la población, aunque advirtieron que mantendrán una postura crítica frente a propuestas que impliquen recortes sociales o retrocesos en derechos adquiridos.

Con la designación de Villalta al frente del bloque, el partido apuesta por combinar experiencia parlamentaria con la renovación que representan los nuevos integrantes de la bancada. El reto inmediato será traducir su mayor representación histórica en capacidad real de incidencia legislativa y en resultados concretos dentro del plenario.

Diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que busca proteger, promover y apoyar la lactancia materna en Costa Rica, un paso dirigido a convertirla en un derecho tanto para las personas menores de edad como para las mujeres en periodo de lactancia. La iniciativa establece, por primera vez, la obligación de garantizar condiciones adecuadas que permitan la lactancia exclusiva durante al menos seis meses, incluyendo la extracción y el almacenamiento seguro de leche, en entornos que abarcan desde centros educativos hasta instituciones penitenciarias y de detención migratoria. La expectativa es que la normativa sea ratificada en segundo debate en las próximas semanas, lo que convertiría a la propuesta en Ley de la República y marcaría un cambio estructural en la protección de los derechos y la salud infantil y materna.

Dentro de los puntos esenciales introducidos hacia el final del análisis, el proyecto también amplía los derechos de las madres adoptantes, permitiéndoles acceder a un periodo de lactancia como parte del proceso de inducción. Además, incorpora en el Código de Trabajo la posibilidad de extender el periodo de lactancia con prescripción médica, tanto del sector público como privado, y establece que cada lactante tendrá una hora de lactancia individual, modificando así la regulación sobre permisos laborales.

El diputado Antonio Ortega Gutiérrez, autor y principal promotor de la iniciativa, expresó su satisfacción por el avance legislativo y subrayó la relevancia del trabajo conjunto de diputaciones, organizaciones sociales y activistas en defensa de la lactancia materna. “Les contamos con mucha alegría que fue aprobado un primer debate en la Comisión Plena III nuestro proyecto de ley para proteger, promover y apoyar la lactancia materna como un derecho de las personas menores de edad y de las mujeres en periodo de lactancia. Esperamos que en las próximas semanas sea aprobado finalmente en segundo debate y se convierta en Ley de la República”, declaró.

Ortega enfatizó la obligación para los empleadores de ofrecer espacios seguros y adecuados para la lactancia y la extracción de leche conforme a los lineamientos del Ministerio de Trabajo. En jornadas extraordinarias, las madres tendrán quince minutos cada tres horas, adicionales a la hora ordinaria, para alimentar a sus hijos e hijas, asegurando así flexibilidad y protección en entornos laborales.

La norma aprobada exige a instituciones clave, como el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia, así como a la Dirección de Migración y Extranjería y las universidades públicas y privadas, implementar políticas y actividades educativas sobre lactancia materna. Los centros bajo su responsabilidad deberán acondicionar espacios para permitir el amamantamiento, extracción y almacenamiento seguro de leche materna.

Esta disposición incluye tanto establecimientos del sistema educativo como centros de reclusión y migratorios. En todos estos lugares, las madres accederán a espacios adecuados para estar con sus hijos e hijas lactantes. Se busca así eliminar barreras estructurales que históricamente dificultaron el ejercicio pleno de este derecho.

El proyecto impacta directamente en las madres estudiantes, estableciendo y reforzando sus derechos dentro de instituciones educativas. Incluye tanto el acceso a lugares preparados para la lactancia como el reconocimiento legal a permisos y facilidades complementarias.

Cambios en la protección laboral y derechos de la madre adoptante

La reforma al Código de Trabajo incluida en el proyecto permite ampliar el periodo de lactancia mediante prescripción médica. Esto representa una diferencia significativa: facilita el acceso a periodos más prolongados de protección para la salud de la madre y el menor.

En otro aspecto novedoso, el derecho de la madre adoptante a un periodo de lactancia queda garantizado, reconociendo la importancia de la inducción en estos casos para el bienestar del niño o niña. Además, cada menor lactante tendrá una hora de lactancia específica, lo que modifica la dinámica tradicional de permisos y representa un avance en la protección personalizada.

En el ámbito laboral, los empleadores deberán proporcionar las condiciones necesarias para la lactancia y el almacenamiento de leche materna. El Ministerio de Trabajo establecerá los lineamientos técnicos, y los espacios tendrán que cumplir con estándares de seguridad e intimidad para las madres.

El Ministerio de Economía propuso reformar la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) para eliminar el requisito de legalización o apostilla en documentos extranjeros vinculados a operaciones comerciales o aduaneras, lo que facilitaría trámites en comercio exterior y compras públicas. Esta iniciativa busca agilizar la gestión ante la Administración Pública y se fundamenta en principios de antiformalismo y simplificación administrativa, proyectando un impacto inmediato en las exportaciones, importaciones y contratos del Estado.

La norma establecería un plazo máximo de diez días hábiles para la presentación de documentos legalizados o apostillados solo en los casos donde una ley especial lo exija estrictamente y cuando no estén cubiertos por las excepciones previstas. Durante ese periodo, la Administración podría emitir una resolución provisional, que se hará definitiva una vez cumplido el requisito documental. Si el interesado no presenta los documentos en ese plazo, la autoridad podrá suspender o revocar la resolución.

Alcances de la reforma propuesta

La propuesta enviada a la Asamblea Legislativa, firmada por la ministra de Economía,María Luisa Hayem, incorpora un nuevo artículo 4-A en la LPA. En el texto se especifica que “cuando se trate de documentos públicos emanados en el extranjero, la Administración Pública no exigirá su legalización o apostilla, ni requerirá copias autenticadas, copias impresas o con firma manuscrita” siempre que los documentos tengan relación directa con operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos.

También exime de estos requisitos en situaciones en las que la autoridad cuente con mecanismos de verificación electrónica u opciones de validación reconocidas por la entidad emisora extranjera, o en los casos donde haya convenios de cooperación que permitan comprobar la autenticidad del documento por otras vías.

El texto dispone que todas las entidades de la Administración Pública deberán adaptar sus procedimientos internos de acuerdo con esta norma y que la Corte de Cuentas de la República supervisará su cumplimiento. Esto extiende el alcance a procesos como la selección de contratistas y fases de compras públicas.

El Salvador figura como país parte del Convenio de La Haya, que desde 1961 elimina la exigencia de legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros, sustituyéndola por la apostilla. Sin embargo, el propio convenio señala que no será aplicable cuando las leyes nacionales o acuerdos bilaterales lo rechacen, simplifiquen o eximan de la apostilla, y excluye expresamente los documentos administrativos ligados a operaciones comerciales o aduaneras.

La propuesta destaca que la Ley de Procedimientos Administrativos, emitida en 2017, ya contempla en sus principios la necesidad de eliminar requisitos formales innecesarios y que la reforma pretende ajustarse a esas directrices, facilitando la habilitación de documentos y reduciendo trámites burocráticos para ciudadanos y empresas.

Tránsito legislativo y próximos pasos

La iniciativa ingresó en la sesión plenaria del miércoles y fue remitida para análisis a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno. Esta comisión ha sido convocada para el lunes 23 de febrero, fecha en la que se podrá iniciar el estudio del proyecto o dar por recibido para convocar a un representante del gobierno para estudio en común de la misma.

El decreto propuesto señala que, tras su eventual aprobación y publicación en el Diario Oficial, la reforma comenzará a regir a los ocho días, habilitando de inmediato los nuevos procedimientos en aduanas, compras públicas y trámites comerciales vinculados a documentos extranjeros correspondientes.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presentó a los líderes de la oposición en el Congreso una agenda de proyectos que incluye el impulso del tren eléctrico interurbano y la reactivación de la minería de oro en Las Crucitas. La reunión tuvo lugar este jueves en San José, donde Fernández propuso avanzar en estas iniciativas durante las semanas restantes del actual periodo legislativo, que concluye el 1 de mayo, según informó EFE.

De acuerdo con EFE, uno de los proyectos prioritarios es la reactivación de la exploración y explotación de oro en la localidad de Las Crucitas, al norte del país. Esta zona, escenario de un fallido proyecto minero, permanece bajo control de mineros ilegales que emplean químicos y procedimientos peligrosos para la salud y el medioambiente. La propuesta legislativa contempla un modelo de concesión para la extracción y operación de la “Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas”, con un enfoque en la eliminación del uso de mercurio y el respeto por estándares ambientales. El Estado recibiría el 5 % de las ganancias generadas y el Ministerio de Ambiente y Energía se encargaría de asignar concesionarios a través de subastas, exigiendo el cumplimiento de condiciones ambientales.

El proyecto ha generado rechazo entre ambientalistas y una parte de la oposición, que cuestionan los riesgos ecológicos asociados a la minería en esa región. Fernández sostuvo que la iniciativa busca resolver un problema público y regular una actividad que actualmente opera sin control estatal. “Vine a presentarme de manera respetuosa a ofrecerme a contribuir en lo que de mí dependa para que esta Asamblea Legislativa, ojalá en estas pocas semanas de trabajo que le quedan, pueda resolver problemas públicos”, afirmó Fernández a los periodistas tras el encuentro, según recogió EFE.

Otra de las prioridades señaladas por la presidenta electa es el tren eléctrico interurbano, un proyecto valorado en 800 millones de dólares que contempla un recorrido de 51 kilómetros, la instalación de 30 estaciones y dos líneas que enlazarán las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Esta área metropolitana enfrenta un agravamiento en los problemas de tráfico, motivo por el cual la infraestructura ferroviaria se presenta como una alternativa para mejorar la movilidad. La financiación incluiría un crédito de 250 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y 550 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dentro del paquete del BCIE, el Fondo Verde del Clima cofinanciará 178,7 millones y donará 21,3 millones adicionales.

Junto a estos proyectos, Fernández planteó la ampliación de la carretera interamericana entre San José y San Ramón, en la provincia de Alajuela, una obra de 55,6 kilómetros que demandará un crédito internacional de 770 millones de dólares.

Según informó EFE, el 4 de febrero, apenas tres días después de su triunfo electoral, Fernández recibió el nombramiento del presidente Rodrigo Chaves como ministra de la Presidencia, puesto desde el cual históricamente se gestionan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Fernández había dejado ese cargo un año antes para postularse como candidata presidencial.

Las negociaciones y propuestas de la presidenta electa marcan el inicio de una agenda que busca movilizar proyectos de infraestructura y minería en el cierre del actual periodo legislativo, en medio de resistencias políticas y ambientales.

Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentaron este miércoles en la Asamblea Legislativa de El Salvador una iniciativa de Ley para otorgar un marco legal al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ).

El SNFJ, que funciona desde 2013, cuenta con el respaldo de más de 700 facilitadores judiciales voluntarios y opera en más de 91 Juzgados de Paz en todo el país, exactamente, operan 723 en El Salvador. Su misión es fortalecer la confianza ciudadana y fomentar la convivencia pacífica mediante la resolución alterna de conflictos y el acompañamiento a la comunidad, acorde a lo expuesto por los magistrados.

La propuesta legislativa busca consolidar al SNFJ como un mecanismo estable de acceso a la justicia, definiendo las funciones y límites de los facilitadores judiciales, así como su estructura organizativa y derechos. El objetivo es “garantizar un acceso a la justicia más humano y cercano a la población”.

El anteproyecto fue elaborado con el apoyo técnico de la Misión Internacional de Justicia (IJM) y la participación de funcionarios, actores locales y líderes comunales. En el proceso se realizaron reuniones técnicas y jornadas de validación para incorporar aportes estratégicos que respalden el reconocimiento legal del servicio. La medida no ha sido admitida aún en el pleno, pero se espera que se haga en la sesión plenaria de la próxima semana.

Sobre el programa

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha consolidado como un modelo regional de acceso a la justicia, con presencia en nueve servicios y dos programas institucionales dentro de los poderes judiciales de once países, y ha pasado de una propuesta patrocinada por la OEA a una herramienta adoptada y fortalecida por las propias estructuras estatales. Con más de veinte años de funcionamiento, la iniciativa se erige como un referente para la resolución de conflictos comunitarios y la inclusión de grupos vulnerables en América Latina y el Caribe.

El programa también respalda el fortalecimiento de acciones como el Programa Nacional de Justicia en Equidad de Colombia y el Programa de Orientadoras Judiciales en Perú, ampliando así su impacto y su alcance, al integrar servicios que, aunque varían en nombre, comparten objetivos y metodologías equiparables a los Servicios de Facilitadores Judiciales.

El PIFJ/OEA, según detalla el portal de Facilitadores Judiciales de la OEA, coordina la asistencia técnica necesaria para la creación y consolidación de los Servicios de Facilitadores Judiciales (SFJ) o programas análogos en distintos niveles territoriales: nacional, provincial, municipal o comunal.

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales consiste en una red de personas acreditadas que colaboran con la administración de justicia, brindando apoyo en la difusión jurídica y la prevención de conflictos dentro de comunidades específicas. Estos facilitadores son seleccionados por sus comunidades y actúan como enlace directo con el poder judicial, garantizando el derecho de acceso a la justicia y promoviendo la resolución de disputas mediante métodos pacíficos.

Los facilitadores lideran iniciativas para propiciar ambientes de paz, cohesión social y respeto a los derechos fundamentales, y su trabajo fortalece la unidad social, cultural, económica y familiar de las comunidades a las que sirven.

Además del SFJ, el PIFJ reconoce y apoya iniciativas equiparables a su estructura, como el Programa Nacional de Justicia en Equidad en Colombia y el Programa de Orientadoras Judiciales en Perú.

El papel del Conciliador en Equidad en Colombia corresponde a una persona postulada por organizaciones civiles o comunitarias, quien tras cumplir los requisitos legales es validada por el Ministerio de Justicia y designada por las autoridades judiciales locales. Su función es motivar a las partes a que, de manera autónoma y basada en principios de igualdad y justicia natural, encuentren soluciones comunes a sus conflictos, manteniendo una postura imparcial y ajena a la decisión final.

Por su parte, la Orientadora Judicial en Perú tiene el rol de actuar como agente comunitario para superar las barreras de acceso a la justicia de personas vulnerables, colaborando en la protección y ejercicio efectivo de sus derechos ante el sistema judicial.

Ejes de acción y estructura institucional

La labor del PIFJ/OEA se organiza en torno a cuatro grandes ejes: la implementación e institucionalización de servicios de facilitadores y proyectos análogos; el fortalecimiento de las capacidades de facilitadores, conciliadores y orientadoras; la optimización de su funcionamiento; y la difusión de contenidos y actividades vinculadas a la resolución alternativa de conflictos judiciales.

El programa opera bajo la Secretaría General de la OEA, específicamente en la órbita de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales.

El Salvador se prepara para elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027, proceso en el que los ciudadanos elegirán a 60 diputadas y diputados, tanto propietarios como suplentes, que integrarán la próxima Asamblea Legislativa.

Esta cita electoral será la duodécima desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y la decimoquinta desde la promulgación de la Constitución de 1983. La jornada coincidirá con las elecciones municipales en todo el país.

La novedad principal de este proceso reside en que los salvadoreños residentes en el extranjero podrán postularse como candidatos a diputaciones.

Esta posibilidad fue habilitada tras el veto presidencial al Decreto Legislativo n.º 795 por parte de Nayib Bukele en enero de 2021 y la posterior resolución de la Sala de lo Constitucional en mayo del mismo año, que abrió la puerta a la participación política de la diáspora.

La atención pública también se concentra en la figura de Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa y diputado por el departamento de San Salvador. Castro, que ha desempeñado funciones clave en el entorno político de Bukele desde 2012, manifestó su interés por competir en los comicios del próximo año, aunque condicionó su decisión a las directrices del partido Nuevas Ideas.

En declaraciones a YSKL, Castro expresó: “En este caso en lo particular, aún no he tenido una reunión formal con el presidente del partido, con Xavi Zablah, que es quien debe dar las directrices de eso. Por lo cual, hoy no te podría emitir una opinión sobre eso porque antes tendría que hablarlo con el presidente del partido. Seguramente, en su momento, él nos va a convocar a la militancia del partido Nuevas Ideas y nos va a dar cuáles van a ser las directrices para el próximo periodo. Yo quiero participar para la próxima elección, ya lo dije”.

El presidente de la Asamblea también aludió al contraste entre las prácticas internas de su partido y las de otras agrupaciones políticas, mencionando a la alcaldesa Milagro Navas como ejemplo de liderazgo femenino dentro de la política local, quien lleva al frente de la alcaldía desde 1988.

“La diferencia es que en mi partido se ponen contentos que yo diga esto, y en el partido de doña Mila le sacan un comunicado casi que regañándola”, sostuvo Castro durante la entrevista recogida por YSKL.

Trayectoria política

El perfil político de Ernesto Castro ha estado estrechamente vinculado a la figura de Nayib Bukele. Entre 2012 y 2015, Castro se desempeñó como secretario y asesor privado del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán.

Continuó en ese rol durante la gestión de Bukele en San Salvador entre 2015 y 2018. El 1 de junio de 2019, asumió el cargo de Secretario Privado del presidente Bukele, consolidando su presencia en el primer círculo del poder Ejecutivo.

En las legislativas de 2021, Castro fue elegido diputado por San Salvador y, desde el 1 de mayo de ese año, ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que alcanzó con el apoyo de 64 de los 84 legisladores.

Bajo la presidencia de Castro, la Asamblea Legislativa impulsó una serie de reformas que modificaron el marco legal y administrativo del país entre 2021 y 2027. Una de las medidas más relevantes fue la aprobación y prórroga del Régimen de Excepción para combatir a las pandillas, junto a reformas que endurecieron penas por delitos de agrupaciones ilícitas.

La administración de Castro promovió la reducción del número de diputados de 84 a 60 y disminuyó los municipios de 262 a 44, con el argumento de optimizar el uso de recursos estatales. Además, el presupuesto de la Asamblea para 2026 se fijó en 46,9 millones de dólares, registrando una baja de 11,3 millones respecto a 2020.

En el área social, la Asamblea aprobó la Ley Crecer Juntos para la protección de la niñez y adolescencia, y estableció restricciones a las gestiones de cobro consideradas difamatorias. El órgano legislativo también creó las becas “Dagoberto Gutiérrez” para estudios superiores y dio luz verde a la Ley de Agentes Extranjeros, junto a reformas que ampliaron el control estatal sobre diversos sectores.

La próxima legislatura tendrá el reto de acompañar reformas y decisiones clave en un contexto marcado por la ampliación de derechos políticos para la diáspora y la redefinición de liderazgos en el oficialismo y la oposición. El calendario electoral y la definición de candidaturas continuarán en el centro del debate político salvadoreño en los próximos meses.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor y uno en contra, una asignación presupuestaria de $75 millones destinada a fortalecer el programa Doctor SV, un proyecto del Gobierno orientado a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud para la población salvadoreña.

La votación, que tuvo lugar durante la sesión plenaria de este día, representó un respaldo a las políticas de modernización del sistema sanitario nacional. Los fondos aprobados serán destinados a la adquisición de equipos médicos, la ampliación de la cobertura de consultas domiciliarias, la contratación de nuevos profesionales de la salud y la implementación de herramientas tecnológicas que permitirán una gestión más eficiente y oportuna de los servicios.

El programa Doctor SV es una de las apuestas más relevantes del Ministerio de Salud durante la administración del presidente Nayib Bukele. Su objetivo principal es llevar servicios médicos integrales a las comunidades más vulnerables y con menos recursos, priorizando las zonas rurales y urbanas donde históricamente el acceso a la salud pública ha sido limitado.

El programa incluye la atención médica domiciliaria, telemedicina, servicios de laboratorio móvil y la distribución gratuita de medicamentos, mediante brigadas médicas y unidades móviles equipadas con tecnología avanzada. Desde su implementación, el programa ha beneficiado a miles de salvadoreños, permitiendo la atención para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, personas con discapacidad y población infantil. Diariamente se brindan 30 mil consultas a través de la plataforma y se prevé que alcance a la totalidad de la población salvadoreña.

Detalle del financiamiento aprobado

Los $75 millones aprobados provienen, en parte, de un préstamo gestionado por el gobierno de El Salvador con organismos multilaterales y también de fondos propios del Ministerio de Hacienda. El desglose de la asignación establece que más del 40% será invertido en la compra de unidades móviles y equipos médicos; un 25% en la digitalización de los expedientes clínicos y modernización de la red de telemedicina; y el restante 35% en capacitación de personal médico, contratación de nuevos doctores y distribución de medicinas.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha afirmado que “este refuerzo financiero permitirá duplicar el alcance de Doctor SV y atender a miles de salvadoreños que antes no tenían acceso a consultas médicas de calidad".

Reacciones y expectativas

La iniciativa gozó del respaldo de diputados oficialistas, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de salud tras los efectos de la pandemia de COVID-19. Sectores críticos han pedido que la ejecución de los fondos sea transparente y que se presenten informes periódicos sobre el uso de los recursos.

Durante la sesión plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, señaló que esta es “una gran inversión al proyecto de telemedicina del presidente Bukele”. Recordó que desde el 2023, la Asamblea Legislativa apoyó este programa “tan ambicioso que hoy cuenta con excelentes resultados”.

“El año pasado, en febrero 2025, esta misma Asamblea dio sus votos para el proyecto de inteligencia artificial, instrumento que también ha sido clave para esta iniciativa que ahora beneficia a más de cuatro millones de salvadoreños con acceso a telemedicina y servicios de salud totalmente gratis”, afirmó.

La aplicación móvil se puede descargar desde cualquier dispositivo Android o iPhone, que funciona en todo momento y desde cualquier punto del país.

En las primeras dos semanas del lanzamiento de la plataforma se registraron 2,000 descargas, según las autoridades salvadoreñas.

“Hay más de 1,400 doctores detrás de la pantalla atendiendo estas consultas”, recordó la diputada, quien destacó el éxito que ha tenido la aplicación.

En 100 días de mandato el presidente boliviano Rodrigo Paz ya aplicó una de las medidas económicas más profundas en décadas: la eliminación del histórico subsidio a los combustibles, lo que ayudó a estabilizar la moneda y mejorar la confianza de los inversores. Pero también elevó los costos del transporte y presionó el presupuesto familiar en un país que enfrenta una inflación anual cercana al 20%.

Paz, de centroderecha, también lanzó medidas compensatorias al alza en el costo de vida, como un bono para madres, niños y ancianos y un aumento del salario básico de un 20%.

Además, anunció una reducción de los impuestos a los sectores empresariales e incentivos para repatriar capitales y dijo que mantendrá los bonos sociales heredados de casi 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Heredero de un desastre económico

Paz recibió el país en quiebra, con las reservas internacionales casi agotadas, escasez de dólares y sin dinero para importar combustibles que el país no produce. La subvención a los hidrocarburos significaba una sangría anual de más de 2.000 millones de dólares, según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

“No había combustibles, no había disponibilidad de dólares en el Banco Central, había hasta cinco tipos de cambio, había un proceso inflacionario. Hoy día toda esa situación ha cambiado significativamente”, dijo Paz a la televisora Unitel el miércoles.

Agregó que “la gente se dio cuenta de que así no podía seguir. Era urgente este cambio difícil y complejo”.

Antes del fin del subsidio la población realizaba largas filas y esperaba por días para cargar combustible.

La eliminación del subsidio fue impulsada por varios gobiernos. Morales lo intentó en 2010, pero dio marcha atrás luego de fuertes protestas.

“Los bolivianos sabíamos que eso tenía que pasar. Era eso o que sigamos haciendo cola en las estaciones de gasolina”, dijo a The Associated Press José Quinteros, un vendedor de pinturas de 38 años.

En su puesto de venta en un barrio popular de La Paz, Quintero expresó que todo ha subido, pero “menos” en comparación con el gobierno de Arce.

Según una encuesta realizada por IPSOS-Ciesmori para la televisora Unitel a inicios de febrero, 78% de los encuestados estuvo de acuerdo con la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel, una medida cuestionada por los críticos de Paz, en su mayoría dirigentes sindicales.

Los retos que faltan

La economía boliviana necesita el retorno de dólares a corto plazo puesto que la producción de su principal producto de exportación —el gas— sufrió una brusca caída en las últimas dos décadas por la declinación de los pozos tras su nacionalización en 2006.

“Ahora vienen los grandes desafíos que tienen que ver con una nueva ley de hidrocarburos y de inversiones”, dijo el analista económico Gonzalo Chávez en referencia a que el gobierno debe atraer inversiones y no solo créditos, que según anunció Paz sumarían unos 8.000 millones de dólares.

Para ello el gobierno necesita que esas leyes pasen por la Asamblea Legislativa, donde el partido de Paz no tiene mayoría y el vicepresidente Edman Lara, que también es el presidente del Legislativo, se declaró opositor.

Paz debe ordenar internamente su casa, dijo Chávez, y realizar acuerdos políticos con otras fuerzas.

“Espero que por bien de los bolivianos garantice estas medidas y que traiga dólares para tener nuevamente libre operación en dólares en los bancos”, señaló Quinteros.

En tanto, Juana Quispe, una estudiante de Administración de Empresas de 21 años, pidió al gobierno nuevas fuentes laborales, especialmente para los jóvenes.

“Aún creo en Paz. No he votado por él, pero espero que él nos saque de esta crisis”, dijo.

(AP)

La reunión entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, con los 31 diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), marca el inicio de una alianza política que consolidará al oficialismo como mayoría en la próxima Asamblea Legislativa. El encuentro se realizó en Casa Presidencial y fue anunciado por Presidencia como el primero de una serie de diálogos previstos “por el bien del soberano y no de los intereses políticos que capturaron al país por más de 40 años”.

En la cita, Pueblo Soberano oficializó la postulación de Yara Jiménez como candidata para presidir el Congreso a partir del 1.º de mayo. Con 31 diputados, la bancada oficialista cuenta con una mayoría que prácticamente garantiza la elección de la diputada por Cartago como presidenta legislativa.

Durante el encuentro también se ecogió al diputado Nogui Acosta, exministro de Hacienda, como jefe de fracción y a Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AYA), como subjefe de la bancada oficialista.

Jiménez, de 52 años, ejerce como secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves. Su trayectoria abarca funciones en la Dirección General de Aduanas, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, la jefatura de la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas. También representó al país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Minutos después del encuentro en Casa Presidencial, la candidatura de Jiménez fue respaldada por la bancada, que la describió como “una figura de integridad y experiencia en la administración pública”.

La abogada, vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, en la provincia de San José, participó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa durante audiencias relacionadas con el traspaso del proyecto vial de Barranca-Limonal a la empresa mexicana Tradeco. La experiencia de Jiménez dentro del gobierno de Rodrigo Chaves y su participación en cargos técnicos e internacionales la posicionan como la figura propuesta para encabezar la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.º de mayo.

De los 31 diputados electos del PPSO, ocho representan a San José: Nogui Acosta, Kattia Mora, Stephan Brunner, Mayuli Ortega, Gonzalo Ramírez, Anna Katharina Müller, Antonio Barzuna y Sadie Esmeralda Britton. Por Alajuela, los electos son José Miguel Villalobos, Zaira Murillo, Gerardo Bogantes, Grethel Ávila, Wilson Jiménez, Kattia Ulate y Fernando Obaldía. Cartago tiene a Cindy María Blanco, Robert Barrantes y Yara Jiménez. Heredia suma a Marta Eugenia Esquivel y Juan Manuel Quesada. Guanacaste estará representada por Nayuribe Guadamuz, Daniel Siezar y Cindy Murillo. Por Puntarenas asumen Royner Mora, María Isabel Camareno, Ariel Mora y Ana Ruth Esquivel. Limón incluye a Osvaldo Artavia, Kristel Ward, Reynaldo Arias y Kathia Calvo dentro de la bancada oficialista.

La reunión de este martes incluyó la presencia de los vicepresidentes electos, Francisco Gamboa y Douglas Soto, junto a ministros del gobierno. Presidencia comunicó que esta fue “la primera de muchas reuniones” para coordinar la acción legislativa entre el Ejecutivo y el bloque oficialista.

Laura Fernández, ministra de la Presidencia hasta el 8 de mayo, anunció nuevas conversaciones con las demás fuerzas parlamentarias. Se reunirá este jueves con los jefes de fracción legislativa para reimpulsar proyectos prioritarios, entre ellos, la reforma que permitiría la minería a cielo abierto en Crucitas.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió ante una audiencia en Madrid la permanencia del estado de excepción en su país, argumentando que el 96 % de la población respalda la medida, según una encuesta citada por el propio funcionario.

La declaración se produjo el martes durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, donde defendió la medida. Según información reportada por EFE, Ulloa sostuvo que “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” bajo el régimen de excepción. Añadió que comparte el principio de que las medidas excepcionales “deben ser excepcionales, no permanentes”, aunque recalcó su necesidad actual y reiteró que la continuidad responde a la voluntad ciudadana, no a exigencias externas.

El estado de excepción fue aprobado a petición del presidente Nayib Bukele por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022. Inicialmente previsto para 30 días, el régimen ha sido prorrogado mensualmente y ha resultado en la detención de 91,000 personas, según cifras proporcionadas por el vicepresidente y recogidas por EFE.

Durante su intervención, Ulloa planteó: “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”. El vicepresidente citó una encuesta reciente que otorga un respaldo del 96 % a la continuidad del estado de excepción.

El gobierno de Bukele sostiene que las acciones bajo el régimen han permitido alcanzar lo que denominan “el milagro de la seguridad”, aunque el propio Ulloa reconoció la existencia de errores: “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”. Según sus cifras, 8,000 personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.

EFE detalló que el vicepresidente defendió la legalidad de todas las acciones emprendidas: “Absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas implementadas en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal. No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

No obstante, organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han solicitado el levantamiento del régimen. La CIDH ha documentado 7,000 denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador que incluyen detenciones ilegales, torturas, la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia estatal y obstáculos en el acceso a la justicia.

En respuesta a estas acusaciones, Ulloa afirmó que los organismos críticos “reciben los reportes de organizaciones sin comprobarlos sobre el terreno y hacen las denuncias para recibir fondos”, negando la veracidad de las denuncias recogidas por la CIDH.

Durante la conferencia, el vicepresidente también respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos, defendiendo la soberanía estatal para legislar en materia migratoria y desmintiendo reportes sobre malos tratos a migrantes deportados desde ese país a El Salvador.

EFE subrayó que el debate sobre la permanencia del estado de excepción continúa tanto en la opinión pública salvadoreña como la de la comunidad internacional.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, aún ministra de la Presidencia, busca aprovechar las últimas semanas de funciones de la actual Asamblea Legislativa para intentar destrabar al menos cuatro proyectos que el Ejecutivo considera estratégicos para el país.

La gestión quedó formalizada luego de que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, aceptara incorporar en la agenda de la reunión de jefes de fracción un espacio de 30 minutos para que Fernández exponga sus prioridades. El encuentro está programado para el jueves 19 de febrero a las 11:30 a. m., según consta en el oficio AL-PRES-RAS-195-25/26 fechado el 16 de febrero.

El movimiento político ocurre en un contexto de alta fragmentación parlamentaria y tensiones entre el oficialismo y las bancadas opositoras, que en los últimos meses han frenado o ralentizado varias iniciativas impulsadas por el Gobierno.

De acuerdo con Casa Presidencial, la intención de Fernández es “aprovechar hasta el último día de trabajo de la actual Asamblea Legislativa” para avanzar en propuestas que, según el Ejecutivo, no pueden esperar al cambio de periodo constitucional.

La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 8 de mayo con una bancada de 31 diputados, una cifra significativa pero insuficiente por sí sola para aprobar proyectos de alto impacto sin negociaciones adicionales.

El encuentro del jueves busca precisamente tender puentes más allá de las líneas partidarias. Según el comunicado presidencial, la reunión representa un esfuerzo por destrabar proyectos críticos antes de la toma de posesión y generar consensos mínimos que permitan avanzar en la recta final del actual periodo legislativo.

Cuatro proyectos en la mira

La agenda que Fernández llevará ante los jefes de fracción gira en torno a cuatro iniciativas centrales:

1. Ordenamiento en Crucitas: La situación en Crucitas, zona marcada por la minería ilegal y conflictos ambientales, ha sido foco de debate nacional durante años. El Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que pretende ordenar jurídicamente la actividad en el área, fortalecer la presencia estatal y establecer mecanismos de control más eficaces frente a la extracción ilícita de oro.

2. Préstamo para la carretera San José – San Ramón: Uno de los principales corredores viales del país continúa siendo motivo de reclamos ciudadanos debido a su saturación y problemas estructurales. El financiamiento internacional para su ampliación y modernización es considerado prioritario por el Gobierno, que busca acelerar la aprobación legislativa para no retrasar el cronograma técnico.

3. Tren eléctrico: La propuesta ferroviaria apunta a transformar el sistema de transporte público del Gran Área Metropolitana, con un modelo eléctrico que reduzca emisiones y tiempos de traslado. Aunque ha enfrentado cuestionamientos sobre costos y viabilidad, el Ejecutivo insiste en que se trata de una apuesta estratégica para la movilidad sostenible.

4. Manejo de residuos sólidos: El proyecto busca modernizar la gestión ambiental municipal, establecer estándares más rigurosos y fortalecer la infraestructura para el tratamiento de desechos, en un momento en que varias regiones del país enfrentan presión por saturación de rellenos sanitarios.

Un Congreso fragmentado

El panorama legislativo actual obliga a la presidenta electa a negociar con múltiples bancadas, algunas de las cuales han mantenido posiciones críticas frente a proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Desde Presidencia se ha señalado que la resistencia de ciertos sectores opositores ha dificultado el avance de reformas consideradas estratégicas. Sin embargo, en el Congreso también existen cuestionamientos sobre el momento político elegido para acelerar iniciativas de alto impacto en las semanas finales del periodo.

Rodrigo Arias confirmó en su carta que el espacio solicitado fue incorporado “con mucho gusto” en la agenda de la reunión de jefes de fracción, garantizando así la participación de los líderes parlamentarios en el intercambio previsto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador arrastra un retraso en el inicio del proceso de contratación de la empresa encargada de implementar el voto en el extranjero para las elecciones del 27 de febrero de 2027.

Según una fuente interna del organismo, el calendario electoral aprobado fijaba el inicio de este proceso para el 11 de agosto de 2025 y establecía su finalización el 12 de diciembre del mismo año, pero ninguna de las etapas previstas se ha puesto en marcha.

El Salvador se prepara para una jornada electoral en la que convergerán comicios presidenciales, legislativos y municipales en una única fecha. El proceso incluye la habilitación del voto electrónico para los salvadoreños residentes fuera del país, una modalidad que demanda la contratación de servicios tecnológicos y auditorías especializadas.

En conversación con este medio, una fuente interna del TSE, que solicitó no ser identificada, confirmó: “No se ha iniciado ese proceso de contratación ni del tercero que va a desarrollar el sistema de voto por internet, ni de voto presencial, ni se ha contratado también las auditorías, las tres auditorías que se van a contratar para eso. Ninguna de esas cosas se ha hecho”.

La misma fuente sostuvo que “el Tribunal debería iniciar dentro de poco ese proceso de contratación. Pero no se ha hecho nada ahorita”.

Las razones de este retraso, afirmó la fuente, “han sido presupuestarias”. Sin embargo, aseguró que la demora también está relacionada “con el hecho que no se tienen listos los requerimientos ni las especificaciones técnicas de los servicios que se van a contratar”.

De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Organismo Colegiado en 2025 y publicado en las redes institucionales, actualmente se registra un retraso en las fases dos, tres y cuatro (que debieron empezar entre junio y agosto del año anterior), específicamente en los siguientes procesos:

1. Formulación de solicitud de ofertas para contratación de tercero para el desarrollo e implementación de sistemas de votación electrónica
2. Proceso de contratación de tercero para el desarrollo e implementación del sistema de votación remota por Internet y electrónica presencial
3. Desarrollo y pruebas de implementación del sistema de votación remota por Internet y el sistema de votación electrónica presencia
4. Creación de mecanismos de auditoría informática al sistema de votación remota por Internet y al sistema de votación electrónica presencial
5. Formulación de solicitud de ofertas para contratación de auditoría al sistema de votación remota por Internet y de votación electrónica presencial
6. Proceso de contratación de firma para auditoría al sistema de votación remota por Internet y al sistema de votación electrónica presencial
7. Auditorías al sistema de votación remota por internet y al sistema de votación electrónica presencial
8. Formulación de solicitud de ofertas para contratación de firma de auditoría a la información recibida del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (MRREE) o autoridad competente
9. Proceso de contratación de firma de auditoría a la información proveniente del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (MRREE) o autoridad competente para Registro Electoral de Voto en el Extranjero (REVEL)
10. Coordinación y firma de convenios TSE con RNPN, DGME, MRREE o autoridad competente para la creación del REVEL en cualquier modalidad
11. Preparación de condiciones tecnológicas TSE para la transferencia de datos del RNPN, DGME, MRREE o autoridad competente

Según la fuente, “todas esas actividades están identificadas en el calendario y se puede ver que no se ha avanzado”.

La asignación presupuestaria para el evento electoral fue aprobada en diciembre de 2025 por la Asamblea Legislativa de El Salvador. De acuerdo con información oficial, se destinó un presupuesto total de $172.1 millones para las elecciones de 2027, de los cuales $46.7 millones corresponden específicamente al voto en el extranjero.

Este rubro financiará la contratación de la empresa encargada de la votación remota por internet, la implementación del voto electrónico presencial, el desarrollo del software del registro electoral, la transmisión de resultados preliminares, auditorías y campañas informativas dirigidas a la diáspora.

La fuente del TSE indicó que el presupuesto extraordinario ya está habilitado desde enero, lo que permitirá iniciar en los próximos días los procesos de contratación necesarios. No obstante, aclaró que hasta el momento no se ha publicado la convocatoria correspondiente ni se han definido las especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos.

La Asamblea Legislativa aprobó los recursos con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema de votación, tanto dentro como fuera del país, y asegurar la transparencia del proceso.

Los datos fueron corroborados con dos fuentes más, quienes indicaron que, efectivamente, hay un retraso en los procesos para el voto en el exterior, sobre todo en la fase dos del calendario. Por ahora, el Tribunal espera disponer de los fondos asignados y avanzar en la selección de proveedores y servicios técnicos para cumplir con el cronograma electoral.

Con la mirada puesta en el inicio del próximo período legislativo, la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica puso en marcha el programa Liderazgo Estratégico en la Asamblea Legislativa, una iniciativa de acompañamiento dirigida a las diputaciones electas para el cuatrienio 2026–2030. El objetivo central es fortalecer, desde las primeras semanas del mandato, el liderazgo, el criterio político y la toma de decisiones de quienes asumirán la responsabilidad de legislar en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de construir consensos.

El programa está diseñado para acompañar a las 57 nuevas diputaciones en uno de los momentos más determinantes del ciclo parlamentario: el arranque del período. En esa etapa se definen las dinámicas internas que marcarán los siguientes cuatro años, desde la negociación de la agenda legislativa hasta la conformación de equipos de trabajo, la integración de comisiones y el establecimiento de relaciones entre fracciones. De acuerdo con especialistas en gestión parlamentaria, las decisiones tomadas en esas primeras semanas suelen tener efectos de largo plazo en la capacidad de incidencia política y en la calidad del trabajo legislativo.

Bajo un enfoque no partidario y de acceso gratuito, el programa busca dotar a las diputaciones de herramientas prácticas para enfrentar ese proceso inicial con mayor claridad estratégica. La iniciativa promueve el diálogo entre distintas fuerzas políticas y apunta a fortalecer la capacidad de negociación en un escenario donde ningún partido cuenta, por sí solo, con mayorías amplias. En ese sentido, la capacitación se plantea como un insumo clave para mejorar la toma de decisiones informadas y orientar el ejercicio del poder hacia el interés público.

Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de +Costa Rica, subrayó que contar con espacios de este tipo al inicio del mandato puede incidir directamente en la forma en que se ejerce el liderazgo legislativo. “Es fundamental que las diputaciones electas cuenten desde el inicio con claridad sobre sus prioridades y la forma en que trabajarán en equipo, ya que esto establece el rumbo de todo el período legislativo. Iniciativas como este espacio estratégico permiten que cada legislador pueda tomar decisiones más informadas y colaborar de manera efectiva dentro de la Asamblea”, explicó.

La experiencia práctica iniciará el próximo 28 de febrero y tendrá una duración de siete semanas, con un total de 40 horas de formación. El programa se desarrollará bajo una modalidad mixta, que combina dos encuentros presenciales con siete diálogos virtuales. Estos últimos se realizarán los miércoles de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. mediante la plataforma Zoom, y permitirán la participación de asesores legislativos, un componente que busca ampliar el impacto del proceso formativo dentro de los despachos parlamentarios.

Los contenidos fueron diseñados para abordar aspectos clave del quehacer legislativo. Entre los temas incluidos se encuentran el funcionamiento del Estado costarricense, el análisis del entorno político, la negociación y la comunicación estratégica, la construcción de acuerdos en contextos de alta fragmentación, el uso del procedimiento legislativo como herramienta estratégica, así como principios esenciales de integridad, probidad y transparencia. La capacitación estará a cargo de expertos nacionales e internacionales, así como de exlegisladores con experiencia directa en liderazgo político y gestión parlamentaria.

Desde la perspectiva de la Incubadora de Liderazgos +Costa Rica, una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mayores capacidades técnicas y estratégicas puede generar un impacto positivo más allá del ámbito político. “Creemos que una Asamblea Legislativa que inicia su gestión con mejores herramientas, mayor capacidad de diálogo y una visión estratégica clara tiene un impacto directo en la calidad de la democracia y en la vida de las personas”, señaló Murillo.

El programa se desarrolla en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor transparencia, eficacia y cooperación entre las fuerzas políticas. En ese escenario, la capacitación temprana de las diputaciones se perfila como un factor que podría incidir en la calidad del debate legislativo, la viabilidad de las reformas y la construcción de acuerdos en temas clave para el país.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, expresó su compromiso de buscar acuerdos con “diputados buenos” de la fracción de Liberación Nacional (PLN) para alcanzar la mayoría calificada en el futuro Congreso y asegurar la viabilidad de reformas profundas impulsadas por el gobierno de la oficialista Laura Fernández.

Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Pueblo Soberano (PPSO) sumó 31 diputados, Liberación Nacional 17, Frente Amplio (FA) siete, Coalición Agenda Ciudadana una y Unidad Social Cristiana (PUSC) una.

El mandatario remarcó durante su conferencia de prensa semanal que, si bien el PPSO alcanzó la mayoría absoluta, quedó a siete parlamentarios de la mayoría calificada. La obtención de 38 votos en la Asamblea permitiría al oficialismo avanzar sobre reformas constitucionales de amplio alcance: suspender garantías, habilitar la reelección presidencial continua, destituir magistrados del Poder Judicial y a la contralora general de la República, entre otras iniciativas. Chaves enfatizó la relevancia de esta cifra al afirmar: “Vamos a reclutar a siete diputados que no sean obstruccionistas”.

De cara a la conformación del nuevo Congreso, Chaves manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de sumar al Frente Amplio a las filas oficialistas. Sostuvo que no tiene “esperanzas” de que los diputados del FA negocien con el chavismo de Laura Fernández para aprobar las modificaciones propuestas.

En contraste, aludió a la importancia de convencer a legisladores de la segunda fuerza parlamentaria: “El pueblo decidió continuar con la transformación de esta patria, pero nos dejó un poquito cortos para transformar de manera más sencilla los tres poderes de la República. Yo creo que eso se va a poder lograr. Ya hay 31 buenos de este lado, tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria”.

El presidente consideró poco relevante la influencia de las fracciones unipersonales que integrarán el próximo Congreso, conformadas por Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (Agenda Ciudadana). “Si ellas se quieren unir, son bienvenidas”, sostuvo Chaves.

Mientras tanto, desde el FA se ha instado a consolidar un frente opositor para frenar proyectos gubernamentales que, según sus palabras, puedan “afectar los derechos de toda persona”. Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de la fracción electa del PLN, celebró las coincidencias con el FA en materia democrática y subrayó la importancia de fortalecer el acuerdo opositor.

“El mandato ciudadano es claro, vigilar, contener y denunciar cualquier acción que atente contra la democracia y las libertades públicas. Más de 800,000 costarricenses confiaron en un liderazgo renovado y nos dieron la responsabilidad de ser la principal fuerza de oposición”, declaró Ramírez según informó el medio La Nación.

La Nación intentó contar con una reacción de Ramírez ante los dichos del presidente Chaves, pero informó que hasta el cierre de la edición no tenía respuesta a las llamadas ni mensajes.