La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró constitucional la prohibición de que los reincidentes habituales accedan a la conciliación o mediación penal, al concluir que esa restricción no vulnera la garantía contra el doble juzgamiento prevista en la Constitución.

La decisión, remitida a la Asamblea Legislativa de El Salvador, analiza una demanda contra el inciso segundo del artículo 38 del Código Procesal Penal (CPP).

La norma impide aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos a quienes tengan la condición de reincidentes habituales, pertenezcan a agrupaciones ilícitas o hayan recurrido a la conciliación o mediación en los cinco años previos por delitos incluidos en el catálogo legal.

El demandante sostuvo que la disposición imponía una nueva consecuencia desfavorable por condenas anteriores y que, por ese motivo, transgredía un principio, que prohíbe procesar o condenar más de una vez a una persona por los mismos hechos.

La Sala rechazó ese planteamiento. En su resolución, señaló que la conciliación y la mediación constituyen salidas anticipadas del proceso penal y que no implican un pronunciamiento sobre la responsabilidad del imputado. Por ello, afirmó que restringir esos mecanismos a una persona con antecedentes no equivale a una nueva condena ni a una agravación de la pena.

Diferencia entre salidas alternas y sentencia penal

El tribunal explicó que para configurar una vulneración a la prohibición de doble juzgamiento debe existir identidad de sujeto, objeto y fundamento entre procesos o sanciones. Según la resolución, esa condición no se presenta cuando una persona enfrenta una nueva causa penal por hechos distintos a los que originaron condenas previas.

La sentencia sostiene que la condición de reincidente habitual no se utiliza como agravante de una pena ni abre una persecución penal adicional por delitos ya juzgados. Su efecto se limita a impedir el acceso a determinadas vías de terminación anticipada del proceso.

No obstante, la Sala reconoció que la medida sí genera una consecuencia procesal desfavorable para el imputado, porque vincula el acceso a la conciliación y la mediación con antecedentes penales ya sancionados. A partir de esa premisa, el tribunal sometió la norma a un examen de proporcionalidad.

La Asamblea Legislativa argumentó que la restricción busca proteger a las víctimas y evitar que los mecanismos restaurativos se apliquen en situaciones en las que el legislador considera insuficiente una reparación acordada entre las partes. El fiscal general de la República también defendió la disposición.

La protección de la víctima en el análisis constitucional

La Corte sostuvo que los derechos fundamentales no tienen carácter absoluto y que pueden ser objeto de restricciones cuando estas persiguen una finalidad legítima y superan un análisis de proporcionalidad.

En este caso, consideró que la exclusión de los reincidentes habituales de la conciliación y la mediación responde a fines constitucionales vinculados con la protección de la víctima, la preservación del modelo legal de justicia restaurativa y la potestad de la Asamblea para regular el proceso penal.

El fallo recuerda que la justicia restaurativa procura reparar el daño causado por el delito y propiciar acuerdos entre víctima e imputado. Sin embargo, precisa que esos instrumentos tienen límites, sobre todo frente a delitos violentos, hechos de especial relevancia social y personas que han reincidido de manera habitual.

La resolución añade que la conciliación y la mediación no forman parte del contenido esencial de un derecho fundamental autónomo. Su aplicación depende de una decisión legislativa expresa y tiene un peso constitucional menor que garantías como la libertad personal, el derecho de defensa, el debido proceso o la presunción de inocencia.

La Sala también indicó que la prohibición no deja a las víctimas sin herramientas para reclamar una reparación económica.

Sin inconstitucionalidad: el fallo y sus efectos

En la parte resolutiva, la Corte declaró, “de un modo general y obligatorio”, que no existe la inconstitucionalidad alegada respecto de la prohibición de conciliar o mediar en delitos cometidos por reincidentes habituales.

El tribunal concluyó que la medida supera los requisitos de idoneidad y necesidad, pues busca evitar que personas con una reiteración comprobada de conductas delictivas accedan a mecanismos que requieren buena fe y cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las víctimas.

La decisión mantiene vigente el artículo 38 del CPP y confirma que los procesos contra reincidentes habituales deberán continuar por la vía penal ordinaria, sin posibilidad de acogerse a las salidas alternas restringidas por la ley.

Ernesto Castro llamó este jueves a los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos a buscar orientación especializada para evaluar las alternativas que les permitan regularizar su situación migratoria de forma permanente.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador afirmó que la continuidad del permiso temporal, sin una fecha de vencimiento definida, da a los beneficiarios más margen para analizar sus opciones. “Esos días son importantes y los tepesianos deben de acercarse, asesorarse, tener un buen asesoramiento”, sostuvo.

Castro se refirió al TPS después de que una periodista le consultara sobre la falta de un plazo definido. Aunque señaló que la decisión corresponde al Gobierno estadounidense y responde a sus políticas migratorias, consideró que la medida representa un alivio para los salvadoreños beneficiados.

“Qué bueno. Deberíamos de estar contentos o por lo menos la mayoría de salvadoreños acompañamos la alegría que seguramente tienen los tepesianos en estos momentos”, declaró.

Más tiempo para buscar una regularización

El presidente legislativo señaló que el permiso temporal habilita un periodo adicional para que los salvadoreños que viven en Estados Unidos puedan revisar vías legales hacia una residencia permanente.

“Hoy por hoy cuenta con más tiempo, con más espacio para que nuestros hermanos tepesianos logren ver qué pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen”, expresó.

Castro dijo haber conversado con personas que anteriormente estuvieron cubiertas por el TPS y que, según su relato, lograron obtener un estatus migratorio permanente tras cumplir con las leyes de Estados Unidos.

El legislador no precisó cuáles son los mecanismos migratorios a los que podrían recurrir los beneficiarios ni las condiciones particulares que deben cumplir. Su recomendación se centró en que cada persona consulte su caso con asesores especializados.

Expectativa en el gobierno estadounidense

El diputado insistió en que la decisión anunciada por las autoridades de Estados Unidos debe interpretarse como una oportunidad para los salvadoreños bajo ese régimen migratorio. “Independientemente de que ahora no hay un plazo de término, esos días son importantes”, remarcó.

También expresó su expectativa de que el Gobierno estadounidense valore la situación de los ciudadanos salvadoreños que viven en ese país. En ese punto, sostuvo que El Salvador estaría entre los pocos países que aún mantienen ese permiso temporal, aunque formuló esa afirmación con reservas.

“No sé si me equivoco, por favor corríjanme, creo que ahora somos el único país en el mundo que tenemos, o por lo menos de los países que contaban con eso, somos dos países los que seguimos contando con ese permiso temporal”, dijo.

“Hay que aprovecharlo”

El titular de la Asamblea Legislativa reiteró que los beneficiarios del TPS deben aprovechar el tiempo disponible para recibir asesoramiento y determinar si cumplen los requisitos para acceder a otra categoría migratoria.

“Hay que aprovecharlo”, afirmó Castro este jueves previo a la plenaria ordinaria 126, quien volvió a mencionar a salvadoreños que, de acuerdo con sus conversaciones, pasaron de contar con el permiso temporal a obtener una situación permanente en Estados Unidos.

El llamado se dirigió a los salvadoreños amparados por el TPS que, según planteó, tienen ante sí un periodo adicional para revisar sus alternativas dentro de las normas migratorias estadounidenses.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley para la Protección de Datos Personales que elimina la obligación para las empresas de nombrar a un delegado especializado en la materia.

Durante la sesión plenaria ordinaria, el parlamento aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con 57 votos a favor y uno en contra, tras otorgar una dispensa de trámites a la propuesta que presentó la bancada del partido Nuevas Ideas.

El proyecto ingresó a la sede parlamentaria en San Salvador con la firma del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, a partir de instrucciones directas del presidente de la República.

La modificación normativa busca flexibilizar la gestión organizativa de las instituciones públicas y privadas que tratan datos de los ciudadanos, sin alterar las garantías constitucionales de intimidad y autodeterminación informativa de las personas naturales.

El cambio principal aprobado por los diputados radica en la supresión del carácter obligatorio del delegado de protección de datos para el sector privado. A través de este ajuste, la Asamblea Legislativa derogó los artículos 15 y 17 de la legislación, disposiciones que exigían a comercios y corporaciones contar con un especialista dedicado de forma exclusiva a supervisar el tratamiento de la información personal.

El diputado Walter Coto, integrante de la bancada de Nuevas Ideas, explicó en el pleno que la ley mantiene vigentes sus principios rectores y que la medida no representa un margen de impunidad. “La ley sigue manteniendo todos sus estándares y todos sus principios”, afirmó el legislador, quien subrayó que no va a ser ninguna barra abierta para nadie para incumplir la ley.

Coto destacó que la exigencia de un delegado generaba incertidumbre técnica y costos financieros elevados para los pequeños, micro y medianos empresarios. Si bien las empresas pueden mantener dicha figura de manera optativa dentro de sus organigramas, la legislación ya no establece la obligación legal ni sanciones por no contratar a un profesional dedicado a ese cargo.

Los plazos de respuesta y los trámites de derechos ARCOPOL sufren ajustes en la normativa

La reforma también reestructura los procedimientos administrativos que deben seguir los ciudadanos para hacer valer sus derechos sobre la información personal. Las entidades públicas y privadas mantendrán la obligación de gestionar las solicitudes relativas a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación, conocidos bajo el acrónimo de derechos ARCOPOL.

De acuerdo con el articulado modificado, la entidad que reciba una petición dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para entregar una respuesta al titular de la información. Este periodo podrá extenderse por un lapso idéntico de 20 días hábiles adicionales, siempre que existan causas justificadas para la prórroga y se emita una resolución debidamente motivada.

En los casos donde la solicitud no cumpla con los requisitos o requiera información adicional, la institución o empresa formulará una prevención por una sola ocasión. El ciudadano contará con un término de 10 días hábiles para subsanar las omisiones.

Si el usuario no responde en ese lapso, la autoridad archivará el escrito, aunque el interesado conservará el derecho de presentar un nuevo trámite. Asimismo, si la entidad receptora advierte que no es la competente para resolver el caso, devolverá la petición dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción.

El Ejecutivo designará al director responsable de los procedimientos en la agencia de ciberseguridad

En el ámbito del sector público, el decreto establece que los organismos estatales deberán nombrar a un delegado de protección de datos personales. Para optimizar las estructuras existentes, la normativa autoriza que dicha responsabilidad recaiga en el mismo oficial de información que labora en la institución correspondiente, evitando la creación de nuevas plazas.

Por otra parte, la modificación ajusta el funcionamiento de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (ACE). El presidente de la República nombrará a un director de protección de datos personales por un periodo de tres años. Este funcionario tramitará los procedimientos administrativos e impondrá las sanciones previstas en la ley.

A su vez, podrá delegar la instrucción y sustanciación de los expedientes en personal de la institución, aunque la facultad sancionadora continuará bajo su atribución exclusiva. El decreto legislativo entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por unanimidad un dictamen favorable para ratificar el acuerdo que permitirá el regreso del programa del Cuerpo de Paz de Estados Unidos al país, suspendido desde 2016 por las condiciones de seguridad.

El expediente, promovido por el gobierno central por medio de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, pasó a la comisión tras la aprobación del acuerdo ejecutivo el 9 de septiembre de 2026. El instrumento bilateral fue firmado en San Salvador el 7 de septiembre de 2023.

La decisión de la comisión, adoptada el 16 de septiembre, deja el acuerdo listo para su discusión y votación en el pleno legislativo. Según la sesión, la Asamblea tenía prevista una plenaria para el 17 de septiembre.

El programa volvería tras una década de suspensión

El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados de la Cancillería salvadoreña, Lisandro Alberto Landaverde, señaló que el retorno del Cuerpo de Paz abre una tercera etapa de actividades de la agencia federal estadounidense en el país.

El programa inició sus tareas en El Salvador en 1962. Sus operaciones se interrumpieron en 1979, en el contexto de la crisis política y el inicio del conflicto armado interno. Volvió en 1993, tras los Acuerdos de Paz, aunque suspendió nuevamente sus actividades en 2016 por la situación de seguridad.

Durante el debate, los integrantes de la comisión vincularon la reactivación con el cambio en las condiciones de seguridad. La diputada Ana Figueroa sostuvo que el país cuenta ahora con un entorno que permitiría recibir a los voluntarios estadounidenses en comunidades salvadoreñas.

Landaverde afirmó que la seguridad figura entre los elementos que favorecieron el interés de la agencia por volver al país. “Gracias a ese clima de seguridad es que Peace Corps o Cuerpo de Paz nuevamente dijo: ‘Okey, quiero retornar a El Salvador’”, expresó durante la sesión.

Más de 2.300 voluntarios trabajaron en los 14 departamentos

El dictamen aprobado por la comisión indica que más de 2.300 voluntarios del programa prestaron servicios previamente en los 14 departamentos de El Salvador.

Las actividades incluyeron proyectos de agricultura, salud, desarrollo económico comunitario, formación de jóvenes y fortalecimiento municipal. El nuevo acuerdo prevé que los voluntarios desarrollen labores solicitadas por el Gobierno salvadoreño y aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos.

La Cancillería indicó que todavía no se definieron las áreas que recibirán primero a los voluntarios. Landaverde mencionó como posibles campos de trabajo la agricultura, la educación, la salud, el medio ambiente, el liderazgo comunitario y el desarrollo de la juventud.

El funcionario señaló que el objetivo será fortalecer capacidades ya existentes en las comunidades y en instituciones locales, tanto públicas como privadas, que participen en la ejecución de las iniciativas.

El texto establece que el Gobierno de Estados Unidos aportará el financiamiento para el voluntariado y los programas de cooperación. La parte salvadoreña deberá facilitar condiciones administrativas, migratorias, aduaneras y tributarias para las actividades previstas.

El representante de la Cancillería explicó que los compromisos locales podrían relacionarse con exenciones tributarias para equipos, suministros o proyectos que el programa requiera. Agregó que cualquier gasto adicional dependerá de los acuerdos específicos que surjan durante la ejecución.

El convenio entrará en vigor tras el intercambio de notas entre ambos gobiernos

La ratificación legislativa no bastará por sí sola para activar el programa. El acuerdo entrará en vigor cuando El Salvador y Estados Unidos intercambien las comunicaciones oficiales que confirmen el cumplimiento de sus procedimientos internos.

El instrumento no fija un período de vigencia. Cualquiera de los dos gobiernos podrá denunciarlo, con un plazo de 90 días para que deje de surtir efecto.

La comisión concluyó que la ratificación actualizará el marco jurídico que regulaba el programa desde 1961 y ofrecerá certeza para el retorno de los voluntarios. El proyecto de decreto establece que, una vez aprobado por el pleno y publicado en el Diario Oficial, entrará en vigencia ocho días después.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica activó formalmente el procedimiento interno contra el diputado oficialista Fernando Obaldía, luego de las denuncias presentadas en su contra por presunto acoso sexual y laboral, lo que abre una investigación paralela a las diligencias que ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que el Directorio Legislativo dio curso al caso el miércoles 9 de septiembre, de conformidad con el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas.

“Ya hemos iniciado el protocolo. Es un tema confidencial, entonces no me voy a referir al respecto”, afirmó Jiménez durante una sesión del Plenario Legislativo, luego de que la diputada socialcristiana Abril Gordienko solicitara activar los mecanismos correspondientes y evitar eventuales represalias o procesos de revictimización.

La apertura del procedimiento implica que el caso deberá pasar ahora a una comisión investigadora, cuya integración será sometida a votación del Plenario.

La normativa establece que ese órgano puede estar compuesto por tres o cinco diputados y tendrá a su cargo la instrucción del procedimiento hasta emitir un informe con sus respectivas recomendaciones.

El proceso deberá desarrollarse bajo confidencialidad, tanto para proteger a quienes presentaron las denuncias como para resguardar las garantías del diputado investigado.

De acuerdo con el reglamento, la investigación interna pretende garantizar el derecho a denunciar y desarrollar las diligencias bajo las reglas del debido proceso. En caso de determinarse responsabilidad por hostigamiento sexual, la normativa contempla una amonestación ética pública al legislador.

Una comisión deberá investigar el caso

La activación del protocolo establece una hoja de ruta inmediata dentro del Congreso.

Después de que el Directorio conociera la denuncia el miércoles 9 de septiembre, la Presidencia legislativa deberá incorporar una moción para conformar la comisión investigadora dentro del plazo previsto en el reglamento.

Según la información publicada sobre el procedimiento, esa moción deberá llegar al Plenario, a más tardar, el lunes 14 de septiembre.

Antes de su conformación, el Directorio deberá consultar a las distintas fracciones legislativas cuáles tienen interés en formar parte del órgano.

Una vez constituida, la comisión dispondrá de un plazo máximo de dos meses para completar la investigación y rendir el informe correspondiente, período que puede ampliarse una única vez por 15 días naturales adicionales.

Posteriormente, sus conclusiones deberán ser conocidas por el Plenario, que será el encargado de determinar si procede o no una sanción contra el legislador.

El reglamento fue aprobado por el Congreso en 2021, con el objetivo de llenar un vacío existente respecto al tratamiento de denuncias por hostigamiento sexual contra diputados. En ese momento, la Asamblea señaló que la normativa buscaba establecer un procedimiento específico para investigar a legisladores y eventualmente aplicarles sanciones.

Obaldía sería el segundo diputado sometido a este procedimiento desde su creación. El antecedente corresponde al exlegislador Fabricio Alvarado, quien fue investigado durante el período legislativo anterior tras una denuncia presentada por quien entonces se desempeñaba como asesora de Nueva República.

Investigación paralela en la Fiscalía

El procedimiento interno ocurre mientras Fernando Obaldía, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfrenta además denuncias ante el Ministerio Público.

Una asesora de su propio despacho acudió a la Fiscalía para denunciar hechos que se investigan como un presunto delito de acoso predatorio, mientras que también se han presentado denuncias relacionadas con supuesto acoso laboral.

El Ministerio Público confirmó además la recepción de una segunda denuncia por presunto acoso predatorio contra el legislador e indicó que el caso se encontraba en estudio para determinar las actuaciones correspondientes.

La situación ha provocado cuestionamientos dentro del Congreso y llamados de diputadas de oposición para que Obaldía renuncie voluntariamente a su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar las diligencias judiciales sin esa protección constitucional.

Hasta ahora, el Pueblo Soberano no ha anunciado públicamente que vaya a solicitar al diputado renunciar a su fuero.

La misma denuncia laboral atribuye a Obaldía una serie de 14 hechos, entre ellos presuntas descalificaciones, mensajes enviados fuera del horario habitual de trabajo y el supuesto uso de cámaras de seguridad legislativas para conocer los movimientos de funcionarias, según documentación citada por medios costarricenses.

Por ahora, el procedimiento legislativo apenas entra en su primera etapa y sus detalles permanecerán bajo reserva.

Con la activación del protocolo, el siguiente momento clave será la integración de la comisión que tendrá a su cargo investigar los hechos y determinar si existe mérito para recomendar una sanción al diputado Fernando Obaldía.

La magistrada Julia Varela Araya continuará durante ocho años más en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, luego de que la Asamblea Legislativa no alcanzara este miércoles los 38 votos necesarios para impedir su reelección.

La votación terminó con 25 diputados a favor de su continuidad y 31 en contra. Aunque una mayoría se manifestó contra la permanencia de Varela, la Constitución Política establece que para rechazar la reelección de una persona magistrada se requiere una mayoría calificada de 38 votos, por lo que la falta de siete adhesiones adicionales permitió su permanencia en el cargo.

La decisión estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento entre el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y las bancadas que integran el denominado bloque democrático, que defendieron la continuidad de Varela y acusaron al oficialismo de intentar debilitar o generar condiciones para paralizar distintas instancias del Poder Judicial.

A favor de la permanencia se pronunciaron diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Uno de los argumentos centrales fue que, en condiciones ordinarias, la salida de una magistrada debería ir acompañada de la designación oportuna de una persona sustituta. Sin embargo, legisladores opositores aseguraron que la situación actual dentro del Poder Judicial obliga a valorar el riesgo de dejar vacantes.

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, afirmó que la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional constituye una “anomalía” y sostuvo que ese antecedente debía tomarse en cuenta al decidir sobre la continuidad de Varela.

Villalta acusó al oficialismo de utilizar una “táctica para paralizar al Poder Judicial” y sostuvo que la falta de suplentes podría impedir que la Corte atienda determinados asuntos relacionados con integrantes de los Supremos Poderes.

“Se trata de una táctica para paralizar al Poder Judicial, para que la Corte Plena no pueda conocer los casos que están en trámite de miembros de los Supremos Poderes que tienen acusaciones”, afirmó el legislador.

Oficialismo cuestionó sus años en el cargo

La bancada de Pueblo Soberano, por su parte, reconoció durante el debate la trayectoria y experiencia de Varela, pero centró su oposición en la necesidad de una renovación dentro del Poder Judicial.

La diputada oficialista Marta Esquivel sostuvo que la experiencia no debería convertirse en un argumento para hacer permanente un puesto que constitucionalmente tiene periodos definidos.

“La renovación institucional del Poder Judicial debe ser un elemento legítimo dentro de la valoración que corresponde hacer por parte de esta Asamblea Legislativa”, afirmó Esquivel, quien defendió el principio de alternancia y rechazó que la independencia judicial pueda entenderse como “inamovilidad”.

La magistrada podrá permanecer en el puesto hasta 2034, cuando tendría 83 años.

Defensores destacan reducción de expedientes pendientes

Los diputados que respaldaron la reelección también utilizaron cifras sobre el desempeño de la Sala Segunda para justificar su voto.

La legisladora liberacionista Janice Sandí destacó que el circulante general de esa Sala pasó de 5.180 expedientes en 2021 a 1.666 en julio de 2026, lo que representa una reducción del 68%.

La trayectoria de la magistrada se remonta a 1977, cuando inició su carrera dentro del Poder Judicial. Ha ocupado cargos en juzgados laborales, tribunales de trabajo y otras dependencias judiciales antes de llegar a la magistratura.

Durante su gestión también participó en la construcción y consolidación del proyecto que dio origen al Código Procesal de Familia y colaboró en la Reforma Procesal Laboral, además de liderar procesos de capacitación para su implementación.

Varela es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), notaria pública desde 1985, cuenta con especialización y maestría en Derecho Público y realiza estudios de doctorado en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La magistrada ocupa el puesto desde septiembre de 2002 y esta votación representa su cuarta reelección.

La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió una solicitud para crear una ley transitoria que permitiría dispensar multas e intereses moratorios por deudas de impuestos municipales. La iniciativa ingresó este miércoles 9 de septiembre en la sesión plenaria ordinaria y será remitida la próxima semana a la Comisión de Hacienda para su estudio.

El proyecto lleva por nombre Ley Especial Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Sustantivas y Formales en Materia de Impuestos Municipales. Su objetivo es establecer un régimen excepcional para que contribuyentes de los 44 municipios regularicen obligaciones tributarias pendientes.

La propuesta plantea que los beneficiarios paguen el tributo principal, mientras quedarían exentos de multas e intereses por mora. La cobertura incluiría obligaciones declaradas y no pagadas, impuestos municipales omitidos al momento de presentar declaraciones y sanciones vinculadas con incumplimientos formales, como la falta de documentación o la actualización de información requerida.

Vale destacar que el concejo municipal de cada alcaldía tiene la potestad para aprobar esta clase de regímenes transitorios y en la mayoría de ediciones del Diario Oficial, aparecen estas disposiciones transitorias.

El beneficio abarcaría deudas hasta el 31 de diciembre de 2025

El texto establece que la dispensa se aplicaría a multas e intereses generados por incumplimientos tributarios desde el origen de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2025.

Podrían acogerse contribuyentes o responsables con obligaciones comprendidas en el régimen. Quedarían fuera quienes hayan sido sancionados mediante un procedimiento de determinación tributaria de oficio y aquellos contra quienes la municipalidad ya haya iniciado acciones judiciales para cobrar impuestos, intereses o multas.

Los interesados tendrían que presentarse en los puntos de atención habilitados por las municipalidades. El proyecto también contempla pagos mediante transferencia bancaria, siempre que los fondos ingresen a las cuentas autorizadas durante la vigencia de la normativa.

Los contribuyentes tendrían que reconocer la deuda

La adhesión al régimen implicaría el reconocimiento de las deudas tributarias incluidas en la solicitud. Si existieran procesos administrativos o judiciales en curso por esas obligaciones, el contribuyente tendría que desistir de forma expresa y por escrito.

La iniciativa indica que la falta de constancia de ese desistimiento ante la instancia respectiva impediría la aplicación de la dispensa. Además, quienes se acojan no podrían reclamar la devolución de los montos pagados por las deudas reconocidas.

El plazo general para cancelar el tributo sería el período de vigencia de la ley. El proyecto, no obstante, habilita a las municipalidades a conceder planes de pago.

Los planes de pago exigirían un anticipo de al menos 30%

Para suscribir un convenio, el contribuyente debería tener una deuda activa generada, como máximo, durante el ejercicio 2025 y pagar una prima mínima equivalente al 30% del monto del tributo adeudado, sin incluir las multas ni los intereses que serían dispensados.

Los saldos pendientes devengarían intereses conforme al Código Municipal hasta su cancelación. El incumplimiento de una cuota, o de la última cuota del acuerdo, haría que el contribuyente pierda el beneficio y permitiría a la administración tributaria municipal exigir el total de la deuda por la vía judicial.

El documento fija que los planes formalizados no podrían extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. También faculta a las municipalidades a emitir manuales, instructivos, procedimientos o reglamentos para aplicar la eventual ley.

La propuesta tendría una vigencia de 120 días a partir de su publicación en el Diario Oficial, aunque los planes de pago suscritos durante ese período mantendrían su obligación aun después de que expire el régimen transitorio.

La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este miércoles una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 97 millones destinados a reforzar las asignaciones de 13 instituciones públicas, con el objetivo de atender compromisos previstos para los últimos meses del ejercicio fiscal.

La modificación fue aprobada con 57 diputados durante la sesión plenaria número 125, según la información proporcionada por el órgano legislativo. El Ministerio de Hacienda indicó que los recursos proceden de una disponibilidad de emisión de títulos valores.

El refuerzo contempla partidas para gastos de funcionamiento, compromisos institucionales, programas sociales, logística, seguridad, gestión ambiental y promoción turística. Por una parte, la mayor asignación corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá USD 37 millones para fortalecer los agromercados y cubrir necesidades logísticas.

Mientras que, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia tendrá una incorporación de USD 31,189,835. Los fondos estarán dirigidos a la gestión del proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad y al cumplimiento de condiciones mínimas durante las detenciones.

La cartera de Gobernación y Desarrollo Territorial contará con USD 19 millones para acciones de fortalecimiento institucional y territorial vinculadas a la ejecución de políticas públicas.

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) recibirá USD 2.7 millones para atender compromisos relacionados con litigios internacionales y con el funcionamiento de la institución.

El Ministerio de Turismo dispondrá de USD 3,085,165 para financiar eventos internacionales y respaldar iniciativas del sector turístico. El Ministerio de Economía tendrá USD 1.5 millones para obligaciones institucionales, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte recibirá USD 1.3 millones con el mismo fin.

La reforma también prevé USD 1,225,000 para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esa partida estará destinada a gastos de funcionamiento vinculados con prevención de riesgos y educación ambiental.

Cinco entidades descentralizadas también tendrán refuerzos

Entre las instituciones descentralizadas incluidas figura la Dirección de Integración, que contará con USD 10 millones para el programa “Florecimiento Salvadoreño”. La asignación cubrirá servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá USD 1,189,835 para sostener el proyecto de emisión gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para quienes realizan el trámite por primera vez.

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) tendrá USD 1.5 millones para fortalecimiento institucional. La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos obtendrá USD 1.3 millones para asegurar la continuidad de sus operaciones en materia de gestión integral de desechos.

Por último, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) contará con un monto de USD 2 millones para ejecutar acciones de promoción del país como destino turístico y atraer visitantes e inversionistas.

La información oficial señala que la reforma aprobada distribuye USD 97 millones. Ese monto coincide con la suma de las ocho asignaciones destinadas a la FGR y a los ministerios de Agricultura y Ganadería; Seguridad Pública y Justicia; Gobernación y Desarrollo Territorial; Obras Públicas y de Transporte; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Turismo.

El diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, representante de Alajuela por el partido Pueblo Soberano, enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por el aparente delito de acoso predatorio, además de señalamientos por presunto acoso laboral formulados dentro de la Asamblea Legislativa.

La denuncia fue presentada este lunes por una asesora de su despacho, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Posteriormente, la funcionaria acudió a la Dirección Ejecutiva del Congreso para formalizar también una queja en sede administrativa.

“La Fiscalía General confirmó que recibió una denuncia en contra de un diputado de apellido Obaldía, por el aparente delito de acoso predatorio, en perjuicio de una persona mayor de edad”, indicó la institución.

El caso quedó registrado bajo el expediente 26-000088-0033-PE.

A la situación se suma una denuncia por supuesto acoso laboral, presentada contra Obaldía por la misma funcionaria y otra asesora de su despacho.

Entre los hechos incluidos en la queja laboral se señala que el legislador habría solicitado acceso a grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio legislativo para revisar los recorridos realizados por las funcionarias y conocer qué estaban haciendo durante sus horas de trabajo.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser analizadas dentro de los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes.

Obaldía, por su parte, no se ha referido públicamente al fondo de las acusaciones. Medios nacionales han solicitado una reacción al legislador y a la oficina de comunicación de la fracción, pero se ha indicado que no hará declaraciones mientras el asunto se encuentre judicializado.

¿Qué se investiga como acoso predatorio?

El concepto de acoso predatorio está contemplado en la legislación penal costarricense y sanciona determinadas conductas reiteradas de hostigamiento o persecución que afecten la intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas de una persona.

Entre las conductas contempladas se encuentran vigilar, merodear, perseguir o procurar cercanía física, intentar establecer contacto de manera insistente o interferir en dispositivos o datos personales.

La normativa establece penas que pueden ir de tres a 18 meses de prisión o de 100 a 200 días multa, dependiendo de la valoración judicial de los hechos.

En el caso de Obaldía, será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para continuar con una investigación penal y establecer si las conductas denunciadas encajan dentro de esa figura delictiva.

Hasta ahora, no existe una resolución que determine responsabilidad del legislador.

Asamblea Legislativa deberá activar procedimiento interno

La denuncia presentada en el Congreso también abre un procedimiento administrativo independiente.

El Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa establece que, una vez recibida una denuncia, la Dirección Ejecutiva debe darle trámite y no puede rechazarla por defectos de forma.

Posteriormente, debe conformarse una comisión investigadora, integrada por profesionales de áreas como recursos humanos, psicología, medicina y derecho.

Ese órgano tiene entre sus funciones recopilar evidencia, recibir declaraciones de las partes y garantizar el debido proceso durante la investigación.

El reglamento también contempla la aplicación de medidas cautelares para proteger a la persona denunciante mientras avanza el procedimiento y prohíbe expresamente cualquier intento de conciliación entre las partes.

Una vez concluida la recepción de pruebas, la comisión debe elaborar un informe con sus conclusiones y una recomendación.

En términos generales, las sanciones por hostigamiento sexual dentro de la institución pueden ir desde una amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados.

Sin embargo, cuando se trata de un diputado, el régimen sancionatorio es distinto y la eventual consecuencia administrativa se limita a una amonestación verbal.

Pueblo Soberano dice que no minimizará la denuncia

La fracción de Pueblo Soberano afirmó que tratará el caso con seriedad, aunque recalcó que deben respetarse los procedimientos establecidos.

“Como fracción, tomamos con absoluta seriedad cualquier denuncia que se presente. No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza y seremos firmes ante cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas”, señaló la bancada.

El oficialismo agregó que no adelantará criterios mientras los procedimientos continúen abiertos.

“Existen procedimientos establecidos que deben respetarse, así como el derecho de todas las partes al debido proceso. Esto no significa indiferencia ni falta de firmeza, sino actuar con responsabilidad y sobre hechos debidamente comprobados”, indicó.

La fracción añadió que evitará referirse a detalles de la denuncia debido a la confidencialidad del proceso y con el objetivo de prevenir cualquier posible revictimización.

Un antecedente dentro del despacho

La actual denuncia ocurre después de que trascendiera un episodio anterior relacionado con otra funcionaria que manifestó disconformidad con el trato recibido dentro del despacho del diputado.

Esa asesora se reunió con el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para solicitar que fuera trasladada a otra dependencia.

Finalmente, la funcionaria fue asignada a labores de la jefatura de fracción.

El pasado 9 de junio, Acosta aseguró que no tenía conocimiento de una denuncia por acoso sexual relacionada con ese caso, aunque confirmó que se había producido un movimiento de plaza solicitado por la propia funcionaria.

Quién es Fernando Obaldía

Fernando Obaldía Álvarez, de 66 años, fue electo diputado por la provincia de Alajuela en la papeleta de Pueblo Soberano.

En su currículum se presenta como empresario y contador con más de 42 años de experiencia en el sector privado y figura además como coordinador territorial del partido en Alajuela.

Su trayectoria profesional incluye actividades vinculadas con construcción, acabados, instalación de vidrios, cerámica y pintura.

Ahora, el legislador deberá enfrentar paralelamente el avance de una investigación en el Ministerio Público y el procedimiento interno que corresponda dentro de la Asamblea Legislativa, en un caso en el que las autoridades deberán determinar si los hechos denunciados pueden ser acreditados y si derivan en alguna responsabilidad penal o administrativa.

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa modificar la Ley de Presupuesto de 2026 para distribuir USD 97 millones que permanecían disponibles de dos emisiones de deuda en títulos valores de crédito.

La iniciativa, presentada el 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, plantea reforzar varias partidas.

El proyecto sostiene que las asignaciones permitirán atender obligaciones “prioritarias e ineludibles” durante el segundo semestre de 2026.

Faltará que la solicitud sea revisada por la comisión legislativa de Hacienda y Especial del presupuesto, convocada para sesionar este lunes 7 por la mañana.

Seguridad Pública concentraría la mayor asignación

El ramo de Seguridad Pública y Justicia recibiría USD 31.189.835, el mayor monto contemplado en la reforma. De esa cifra, USD 30 millones se destinarían al proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

El documento señala que esa partida busca garantizar una gestión eficiente en los centros penales y el cumplimiento de condiciones mínimas de detención. No ofrece un desglose adicional sobre obras, programas o adquisiciones que financiaría ese monto.

Los USD 1.189.835 restantes pasarían al Registro Nacional de las Personas Naturales, con el propósito de cubrir la emisión gratuita del Documento Único de Identidad para personas de bajos recursos.

La propuesta también asigna USD 19 millones al ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. De ese total, USD 9 millones reforzarían la capacidad institucional de la cartera y USD 10 millones serían transferidos a la Dirección de Integración. Según la iniciativa, esos fondos cubrirían transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas en el Programa de Florecimiento Salvadoreño.

Agricultura recibiría USD 37 millones

El ramo de Agricultura y Ganadería tendría la segunda mayor asignación, con USD 37 millones. La iniciativa establece que el dinero se orientaría al fortalecimiento de telecentros destinados a productores agropecuarios, además de gastos logísticos y operativos del ministerio.

El texto no especifica cuántos telecentros se crearían o ampliarían, ni en qué zonas del país se ejecutarían las inversiones. Tampoco detalla la proporción de recursos que se destinaría a equipos, conectividad, asistencia técnica o funcionamiento administrativo. Faltará una exposición de la medida de parte de los representantes de Hacienda.

El ramo de Obras Públicas y de Transporte obtendría USD 1,3 millones. La totalidad de esa partida se transferiría a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para financiar la continuidad de actividades vinculadas con la gestión integral de desechos.

A su vez, el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibiría USD 1.225.000 para gastos de funcionamiento institucional relacionados con prevención de riesgos y educación ambiental.

USD 2.7 millones para litigios internacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) tendría una partida de USD 2.7 millones. La justificación incluida en el expediente indica que los fondos permitirían atender compromisos por litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional.

El ramo de Economía recibiría USD 1,5 millones, que serían transferidos al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador. La iniciativa señala que el dinero reforzaría el funcionamiento de esa entidad durante el último trimestre de 2026.

Turismo para promoción y eventos internacionales

El ramo de Turismo sería beneficiado con USD 3.085.165. De esa cifra, USD 85,165 se destinarían a fortalecer la sostenibilidad del sector turístico.

Los USD 3 millones restantes pasarían a la Corporación Salvadoreña de Turismo, que financiaría la ejecución de acciones estratégicas de promoción del país y la organización de eventos internacionales de alto impacto, de acuerdo con el documento.

El Gobierno de Costa Rica incluyó en el presupuesto de 2027 la propuesta de crear 533 nuevos puestos en 13 instituciones públicas, según el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República. Más de la mitad de esas plazas se concentra en el Ministerio de Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El texto presupuestario que el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa asignó 271 plazas al Ministerio de Justicia y Paz y 76 al Tribunal Supremo de Elecciones, consigna la prensa local.

El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, confirmó a CR Hoy que las 271 plazas del Ministerio de Justicia y Paz se destinarían a la operación del nuevo Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), cuya apertura está prevista para fines de septiembre de 2026 en San Rafael de Alajuela.

Las plazas previstas en el proyecto

En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, el proyecto contempló plazas temporales por servicios especiales para cubrir el aumento de las cargas de trabajo ligado a la preparación de las elecciones municipales de 2028. Las tareas incluyen la inscripción de candidaturas y otros procesos operativos y administrativos.

El plan presupuestario también propuso eliminar 276 puestos, con la mayor reducción en el Poder Judicial, que perdería 229 cargos fijos, y en la Asamblea Legislativa, con 30. Además, planteó suprimir 12 puestos de servicios especiales del Consejo Nacional de Vialidad.

El financiamiento y el trámite legislativo

El presupuesto nacional asciende a ₡12,4 billones, equivalentes a unos USD 27.400 millones, y se financiará con ingresos tributarios y endeudamiento. El 62,3% provendrá de impuestos, como renta e impuesto al valor agregado (IVA), y el 37,7% de deuda.

Del gasto total, el 40% se asignará al servicio de la deuda pública, el 28,2% a transferencias corrientes y de capital, y el 24,7% a remuneraciones.

El proyecto, bajo el expediente 25.754, debe ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios a más tardar el 20 de octubre. Luego pasará al plenario para su discusión y votación en dos debates antes del 30 de noviembre.

La conversión se calculó con una cotización de referencia de ₡452,67 por dólar estadounidense, correspondiente al 1 de septiembre de 2026.

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027

El Gobierno de Costa Rica reducirá el presupuesto para 2027 un 3.1% frente al aprobado para 2026, en un escenario marcado por una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto. La propuesta fue presentada ante el Congreso. Hacienda prevé un gasto de 12.4 billones de colones, una cifra equivalente a unos USD 27,000 millones. Del total, el 40% se destinará al pago de obligaciones vinculadas con la deuda.

Costa Rica prevé reducir el gasto público en 2027 pese a que la deuda seguirá por encima del 60% del PIB, con una parte del presupuesto comprometida para atender ese pasivo. Hacienda estimó que la deuda pública continuará sobre ese umbral durante 2027 y recordó que el indicador se mantiene por encima de ese nivel desde 2020, salvo en 2024. Ese año se ubicó en 58,9% del PIB, pero al cierre del primer semestre de 2026 ya había subido a 61,1%.

La financiación del presupuesto combinará recursos propios y endeudamiento: según EFE, los ingresos del Estado cubrirán 62,3% del total y la deuda aportará el 37,7% restante.

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, expresó preocupación por el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos y sostuvo que el debate no debe usarse con fines políticos, a pocos días del vencimiento previsto para el 9 de septiembre de 2026.

“Todos estamos preocupados”, afirmó Castro al ser consultado sobre el permiso migratorio. El legislador añadió que mantenía la expectativa de una resolución favorable para los beneficiarios y remarcó que la definición dependía exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

“Todos tenemos fe de que se tenga una decisión favorable. Como todos ustedes bien saben, esta es una decisión únicamente del Gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Castro dijo que la Asamblea hizo “lo que se ha podido hacer”

El presidente del Órgano Legislativo sostuvo que la institución cumplió con las gestiones que estaban a su alcance. También aseguró que el Ejecutivo salvadoreño tomó medidas sobre el asunto, aunque no detalló cuáles fueron esas acciones.

“Nosotros hemos hecho lo que se ha podido hacer. El Gobierno, estoy seguro, que algo también ha hecho al respecto”, manifestó.

Castro cuestionó que dirigentes y sectores políticos introdujeran el TPS en disputas coyunturales. Según planteó, ese enfoque perjudicaba un tema que afectaba a miles de salvadoreños que residían en Estados Unidos bajo esa protección migratoria.

“No es como en las coyunturas políticas que han querido meter el tema, que eso es una lástima, que quieren politizar el tema. Y ahora estar queriendo especular las cosas”, dijo.

Castro indicó que correspondía esperar la determinación de Washington sobre un permiso que, según recordó, había sido prorrogado durante varios años por decisión de Estados Unidos. “Creo que hay que esperar cuál va a ser la decisión que el Gobierno de Estados Unidos va a tomar ante ese permiso temporal que ha venido prorrogando durante varios años, que también ha sido decisión únicamente de ellos”, señaló.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó el 12 de agosto que la designación del TPS para El Salvador y los beneficios asociados estaban previstos hasta el 9 de septiembre de 2026. La agencia indicó que algunos beneficiarios con trámites pendientes recibirán notificaciones sobre la vigencia de sus permisos de trabajo hasta esa fecha.

“Estados Unidos ha sido nuestro mejor aliado”, afirmó Castro

El presidente de la Asamblea Legislativa afirmó que la relación bilateral continuaría con independencia de la decisión sobre el TPS. Describió a Estados Unidos como el principal aliado histórico de El Salvador.

“Nosotros, independientemente de la decisión, vamos a continuar teniendo esas estrechas relaciones que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos. Es nuestro aliado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ha sido nuestro mejor aliado durante toda nuestra historia”, sostuvo.

No es la primera consideración

Castro, expresó en julio su expectativa de que Estados Unidos anuncie una nueva prórroga para el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a cerca de 130.000 salvadoreños. La última extensión mantiene vigente el programa hasta el 9 de septiembre de 2026.

“Ojalá y primeramente Dios, las cosas sean positivas como han sido en años anteriores, que lo van prorrogando este estatus temporal”, expresó para en un primer momento.

La Legislatura de California envió al gobernador Gavin Newsom dos proyectos para ampliar las licenciaturas en colegios comunitarios.

Si los promulga, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2028 y reemplazarán el límite anual actual por criterios de necesidad laboral regional y desempeño institucional.

La ley vigente permite crear hasta 30 nuevos programas de licenciatura por año, siempre que no dupliquen ofertas de la California State University, la University of California o instituciones privadas de cuatro años.

Según el diario estadounidense Los Angeles Times, bajo ese esquema ya fueron aprobados más de 60 programas en áreas como cuidados respiratorios, ciberseguridad y gestión de recursos hídricos.

El senador demócrata de West Sacramento Christopher Cabaldon impulsó el proyecto SB 960. El AB 2694 fue presentado por los asambleístas demócratas David Alvarez, de San Diego, y Blanca Pacheco, de Downey.

Los cambios para ampliar la oferta local

Las medidas permitirían que un colegio comunitario ofrezca una licenciatura que se superponga con un programa cercano de la CSU si ese programa estatal lleva años con acceso restringido.

También podría hacerlo si las autoridades laborales del estado detectan una escasez local de trabajadores que la oferta de CSU no cubre.

Las propuestas también establecen diferencias según los resultados de cada institución. Los colegios comunitarios con mejores indicadores de graduación y transferencia de estudiantes podrían abrir más licenciaturas que aquellos con resultados más bajos.

Cabaldon dijo al diario que los colegios comunitarios son “una de las partes más ágiles de nuestro sistema de educación superior en California”.

Agregó que las iniciativas buscan que esas instituciones ayuden a cubrir necesidades laborales no satisfechas sin apartarse de su misión principal de ofrecer títulos asociados, certificados y vías de transferencia hacia licenciaturas.

Alvarez sostuvo en un comunicado que el sistema estatal de educación superior necesita actualizarse a la realidad de sus estudiantes.

“California construyó el mejor sistema público de educación superior del mundo”, afirmó. Añadió que la división de funciones entre los sistemas estatales, desarrollada en la década de 1960, debe responder a necesidades actuales.

“Muchos son adultos que trabajan, padres, cuidadores y estudiantes de primera generación que están arraigados en sus comunidades y no pueden mudarse ni recorrer largas distancias para obtener un título.”

La California State University abandonó su oposición a los proyectos, después de resistir intentos anteriores por temor a que las licenciaturas de menor costo de los colegios comunitarios atrajeran a estudiantes que, de otro modo, asistirían a sus campus.

El diario señaló que las iniciativas afectan sobre todo a CSU, que otorga más licenciaturas que UC, mientras que UC concentra una proporción mayor de las maestrías y los doctorados del sistema público estatal.

En una declaración, CSU afirmó: “Cuando existe una necesidad laboral clara, los proyectos permiten la duplicación de programas de licenciatura existentes de la CSU cuando los estudiantes locales no tienen un acceso razonable a los programas de la CSU en su región.”

La posición de UC y la decisión de Newsom

Cabaldon indicó que tanto CSU como UC habían expresado reparos sobre versiones anteriores de las propuestas, entre ellos el temor a que hubiera “miles” de nuevas licenciaturas abiertas sin control en todo el estado.

Según Los Angeles Times, ambos sistemas moderaron o retiraron su oposición a medida que se acercaba la aprobación legislativa.

La University of California retiró formalmente su oposición al AB 2694 el 28 de agosto tras un acuerdo entre Alvarez y Cabaldon, y no adoptó posición sobre el SB 960.

En otro comunicado, la universidad planteó que quiere trabajar con los legisladores para actualizar el Plan Maestro de Educación Superior creado en los años 60.

“Hoy la UC inscribe a más de seis veces el número de estudiantes que tenía cuando el Plan Maestro fue adoptado por primera vez”, señaló la universidad.

Agregó que rediseñar ese marco para las necesidades actuales permitiría construir un sistema en el que todos los estudiantes puedan avanzar en su educación y en sus carreras, sin abandonar los valores originales del plan: accesibilidad, asequibilidad y coordinación entre segmentos.

Newsom no anticipó cuál será su decisión. Desde 2024 vetó intentos previos para permitir que los colegios comunitarios otorgaran licenciaturas en enfermería, al advertir que esos cambios podían generar conflictos entre los tres sistemas de educación superior del estado.

Cabaldon sostuvo: “Fundamentalmente, esto trata de las oportunidades disponibles para los californianos de todas las edades”.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate, el expediente 24,461, una reforma que actualiza el monto que las empresas de radio y televisión deberán pagar al Estado por utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico.

El proyecto, presentado originalmente en 2024 durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, modifica parcialmente la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones y propone sustituir el sistema de montos nominales vigente desde hace más de siete décadas por un esquema de tarifas progresivas calculadas sobre los ingresos brutos anuales relacionados con el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas.

La iniciativa recibió 48 votos a favor y tres en contra. Se opusieron Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Otras seis diputaciones estuvieron ausentes.

No es la primera vez que el proyecto supera el primer debate. El 27 de julio ya había recibido aval legislativo, pero posteriormente el Plenario dejó sin efecto aquella votación y retrotrajo el expediente para incorporar modificaciones mediante un texto sustitutivo.

La reforma quedó ahora pendiente de una segunda votación en el Plenario, prevista para el próximo martes. Si recibe el aval definitivo, todavía deberá pasar por la sanción del Poder Ejecutivo y su publicación en el diario oficial La Gaceta antes de convertirse en ley.

Así funcionaría el nuevo cobro

Uno de los principales cambios consiste en abandonar las tarifas establecidas en la legislación de 1954, que actualmente contemplan pagos que, dependiendo del tipo y potencia de la estación, pueden oscilar entre apenas ₡100 (aproximadamente USD 0,22) y ₡3,000 (aproximadamente USD 6,56) anuales.

El nuevo esquema se calcularía por tramos.

Los concesionarios cuyos ingresos brutos anuales asociados al uso de la frecuencia no superen los 130 salarios de referencia quedarían exentos.

El texto utiliza como referencia un monto de ₡470,401 (aproximadamente USD 1,029), por lo que ese primer límite equivaldría aproximadamente a ₡61.15 millones (USD 133,800) anuales.

Entre los 130 y 216 salarios de referencia, equivalentes a ingresos de entre aproximadamente ₡61.15 millones (USD 133,800) y ₡101.61 millones (USD 222,300), las radioemisoras pagarían un 1.51% sobre el tramo correspondiente, mientras las televisoras cancelarían un 4.39%.

Para ingresos comprendidos entre 216 y 1,298 salarios de referencia, hasta aproximadamente ₡610.58 millones (USD 1.34 millones), las tasas subirían a 2.52% para radio y 6.17% para televisión.

Sobre el monto que exceda los ₡610.58 millones (USD 1.34 millones) se aplicaría el nivel más alto: 3.13% para las radios y 7.73% para las televisoras.

El cobro es progresivo, lo que significa que la tasa máxima no se aplicaría sobre la totalidad de los ingresos de una empresa, sino únicamente sobre el segmento que corresponda a cada tramo.

Además, el proyecto establece que las empresas deberán mantener una contabilidad separada para distinguir los ingresos provenientes específicamente del uso de la frecuencia de aquellos generados por otras actividades comerciales.

Exoneraciones para radios culturales y universidades

La propuesta también incorpora varias excepciones.

Quedarían exentas determinadas organizaciones religiosas y entidades sin fines de lucro de carácter informativo, cultural o recreativo. Para estas organizaciones tampoco se contabilizarían como ingresos comerciales las donaciones, ofrendas y aportes voluntarios.

También quedarían fuera del pago las estaciones culturales que no generen ingresos comerciales, las emisoras pertenecientes a universidades públicas y aquellas administradas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La iniciativa establece además un nuevo destino para los recursos recaudados.

El 50% iría al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico, administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, mientras la otra mitad permanecería en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para actividades relacionadas con la administración del espectro y fiscalización de las concesiones.

Debate por libertad de prensa y sostenibilidad de los medios

La discusión estuvo marcada por cuestionamientos sobre el eventual impacto económico del nuevo canon y las garantías para preservar la independencia de los medios.

La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió que la iniciativa no regula los contenidos periodísticos.

“La libertad de prensa no está en discusión; los medios tienen todo el derecho de fiscalizar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial”, manifestó.

Guadamuz argumentó que el objetivo es únicamente actualizar cuánto deben pagar los concesionarios por utilizar un bien público.

“Este proyecto no establece qué puede decir un medio; lo que sí establece es cuánto corresponde pagar por aprovechar y hacer uso de una frecuencia pública, que le pertenece a todos los costarricenses. Eso es más razonable que seguir aplicando, en 2026, reglas aprobadas en 1954”, sostuvo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también defendió la actualización y señaló que debe existir una retribución adecuada por la utilización del espectro, pero acompañada de seguridad jurídica y garantías para los medios independientes.

“Consideramos que este proyecto le conviene al país y conviene actualizar los cánones y las tarifas para que pueda haber una retribución correcta del uso de un recurso importante que el Estado costarricense tiene y que esa actualización sea compatible con ese ejercicio de la libertad de prensa y de los medios independientes”, indicó.

Las críticas de Dobles y Gordienko

La diputada Claudia Dobles cambió su posición a última hora y terminó votando contra el proyecto.

Aunque respaldó la necesidad de modernizar el canon, cuestionó que los porcentajes no estuvieran sustentados, a su criterio, en estudios técnicos suficientes.

“El canon se debe actualizar, es lo justo y lo que necesita Costa Rica, pero esa actualización debe responder a ciencia y técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje”, afirmó.

Una posición más dura expresó Abril Gordienko, quien calificó el esquema como potencialmente “confiscatorio” y cuestionó que se aplique sobre ingresos brutos.

“Aquí no hay criterios técnicos, objetivos ni razonables y me parece un grave error fijar el canon sobre el ingreso bruto de los concesionarios”, sostuvo.

La legisladora agregó que, a su criterio, la reforma podría afectar no solo a grandes empresas, sino también a medios de menor tamaño y a ciudadanos que dependen de la radio y la televisión abierta como fuentes principales de información y entretenimiento.

Los empleados del sector público de Costa Rica quedarían fuera de la aplicación de las denominadas jornadas 4x3, que permitirían trabajar hasta 12 horas diarias durante cuatro días de la semana, a cambio de tres días consecutivos de descanso, si finalmente la reforma logra convertirse en ley.

Los diputados aprobaron una moción de fondo que incorpora de manera expresa la exclusión de los funcionarios públicos dentro de la iniciativa que reforma el Código de Trabajo, con lo que este tipo de jornada excepcional se concentraría en determinadas actividades del sector privado.

La decisión recibió respaldo de legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El cambio ocurre en medio de una prolongada discusión legislativa alrededor de un proyecto que busca flexibilizar los horarios laborales en empresas que mantienen ciclos productivos continuos durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

¿Cómo funcionarían las jornadas 4x3?

La propuesta busca habilitar jornadas excepcionales en las cuales un trabajador pueda laborar durante 12 horas al día durante cuatro días, para posteriormente contar con tres días de descanso.

El objetivo planteado por sus impulsores es que esta modalidad pueda ser utilizada por empresas privadas cuyos procesos productivos requieren mantenerse activos permanentemente.

Según el diputado oficialista Juan Manuel Quesada, la intención de la reforma es ofrecer mejores condiciones para sectores empresariales que operan bajo ciclos continuos, favorecer la atracción de inversión y generar nuevas oportunidades laborales.

“Mientras algunos siguen buscando excusas para frenar un proyecto que Costa Rica espera desde hace más de 20 años, nosotros seguimos avanzando, poniendo reglas claras y protegiendo a los trabajadores. Las 4x3 son para atraer inversión y generar empleo”, señaló.

La iniciativa ha generado durante su trámite una amplia confrontación entre quienes defienden una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo y sectores que cuestionan las consecuencias que jornadas de 12 horas podrían tener sobre las condiciones laborales.

La reciente modificación deja claro, al menos en el texto que continúa bajo discusión, que los funcionarios del Estado no estarían sujetos a esta modalidad.

Todavía quedan más de 2,000 solicitudes pendientes

Pese al avance conseguido con la moción, la iniciativa todavía enfrenta un extenso camino legislativo antes de llegar a una votación definitiva.

Previo a la decisión sobre el sector público, el plenario legislativo rechazó 131 solicitudes destinadas a reabrir la discusión de diferentes apartados del proyecto.

Sin embargo, todavía permanecen pendientes 2,071 solicitudes similares, que deberán ser conocidas antes de que el expediente pueda quedar listo para una eventual votación final.

La cantidad de recursos pendientes refleja la intensa discusión que ha acompañado el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa avanza bajo un procedimiento abreviado aprobado por el Congreso anterior, mecanismo que establece reglas especiales para el desarrollo del debate y busca limitar la extensión de la discusión parlamentaria.

Proyecto volvió a una de sus versiones anteriores

La discusión legislativa también ha provocado cambios recientes en el contenido de la propuesta.

Días antes, diputados de Pueblo Soberano y la legisladora Abril Gordienko, del PUSC, revirtieron dos modificaciones que habían sido incorporadas previamente por Liberación Nacional.

Una de las modificaciones eliminadas establecía la posibilidad de que los propios trabajadores decidieran mediante una votación secreta si la empresa en la que laboraban podía implementar las jornadas excepcionales de 12 horas.

Ese mecanismo ya no forma parte del texto después de la votación realizada por los legisladores.

Según lo señalado durante la discusión parlamentaria, la eliminación de esa consulta a los trabajadores había sido solicitada por representantes del sector empresarial.

La propuesta, por tanto, continúa evolucionando conforme los diputados analizan las múltiples mociones y solicitudes pendientes.

El debate sobre las jornadas 4x3 se ha prolongado durante años en Costa Rica y ha enfrentado posiciones contrapuestas entre organizaciones sindicales, sectores empresariales y agrupaciones políticas.

Sus defensores sostienen que la reforma permitiría al país adaptarse a sectores económicos que necesitan producción continua, mejorar su competitividad y atraer inversión extranjera.

Por otro lado, sus detractores han cuestionado especialmente la extensión de las jornadas hasta 12 horas diarias y sus posibles efectos sobre el descanso, la vida familiar y las condiciones de los trabajadores.

La diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz, presentó un proyecto de ley que busca reducir la cantidad de combustible asignada mensualmente a los integrantes de la Asamblea Legislativa y, al mismo tiempo, establecer nuevos mecanismos de fiscalización sobre el uso de ese recurso público.

La propuesta plantea disminuir de 500 a 300 litros mensuales la cuota de combustible que actualmente recibe cada diputación y delimitar expresamente su utilización a actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas.

El proyecto surge en medio de cuestionamientos sobre el monto de recursos públicos destinado a este beneficio. De acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa, durante el periodo legislativo 2022-2026 las diputaciones gastaron en conjunto ₡425,912,186 (USD 945 mil) en combustible.

Con la reforma, Sáenz pretende modificar no solo el volumen del beneficio, sino también la manera en que se controla su utilización.

De 500 a 300 litros por mes

Actualmente, cada una de las diputaciones tiene disponible una cuota mensual de 500 litros de combustible.

El proyecto presentado por la legisladora frenteamplista propone reducir esa asignación en 200 litros mensuales, lo que representa una disminución del 40% respecto de la cantidad vigente.

La iniciativa también establece que el combustible deberá ser utilizado únicamente para actividades relacionadas con las funciones propias del cargo legislativo, con el objetivo de impedir que sea destinado a propósitos ajenos al trabajo parlamentario.

Otro de los cambios propuestos consiste en establecer que la cuota tenga carácter no acumulable.

Esto significa que, si un diputado o diputada no utiliza la totalidad de los 300 litros disponibles durante determinado mes, el saldo restante no podrá trasladarse al periodo siguiente.

El texto también busca dejar expresamente establecido que este beneficio tendrá una naturaleza no salarial, por lo que no podría ser considerado como parte de la remuneración ordinaria de los legisladores.

Diputados tendrían que rendir cuentas cada mes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo periódico de rendición de cuentas.

En caso de aprobarse la reforma, cada diputada y diputado deberá presentar mensualmente un informe sobre el uso del combustible ante el Departamento de Proveeduría Institucional de la Asamblea Legislativa.

El documento permitiría conocer cómo fue utilizado el recurso asignado durante cada periodo y ofrecería a la administración legislativa una herramienta adicional para detectar posibles anomalías.

La propuesta incluye además consecuencias económicas en caso de comprobarse un uso indebido.

Si las autoridades determinan que el combustible fue utilizado para fines distintos a los autorizados, el monto correspondiente deberá rebajarse de la remuneración mensual de la persona legisladora.

De esta manera, el proyecto busca incorporar un mecanismo directo para recuperar recursos públicos cuando se compruebe que el beneficio fue utilizado de forma irregular.

Directorio Legislativo deberá fiscalizar

La iniciativa presentada por Sáenz también asigna responsabilidades al Directorio de la Asamblea Legislativa.

Según el proyecto, ese órgano deberá establecer mecanismos de seguimiento, control y detección de posibles irregularidades relacionadas con el uso de las cuotas de combustible.

La intención es que la fiscalización no dependa únicamente de los reportes individuales presentados por los legisladores, sino que exista además un sistema institucional encargado de revisar el comportamiento del beneficio y detectar eventuales usos fuera de las condiciones establecidas.

El proyecto se inserta en una discusión más amplia sobre los recursos y beneficios que reciben los diputados durante el ejercicio de sus cargos, así como sobre los mecanismos disponibles para determinar cómo son utilizados.

De acuerdo con Sáenz, el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que exista un mayor equilibrio entre las necesidades de movilidad propias de la función legislativa y el manejo responsable de los recursos provenientes del presupuesto público.

La legisladora busca con la reforma garantizar un uso “más razonable, transparente y fiscalizado de los recursos públicos”, además de fortalecer la rendición de cuentas dentro de la propia Asamblea Legislativa.

La discusión del proyecto deberá ahora seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que una eventual reducción de la cuota pueda entrar en vigencia.

De avanzar la iniciativa, cada legislador pasaría de disponer de 6,000 litros de combustible al año, bajo la cuota actual de 500 litros mensuales, a un máximo de 3,600 litros anuales, bajo la propuesta de 300 litros por mes.

Esto significaría una reducción potencial de 2,400 litros por diputado cada año, además de la incorporación de controles mensuales y la posibilidad de aplicar rebajos salariales cuando se determine que existió un uso irregular del recurso.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 26 de agosto una nueva extensión del régimen de Excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros. El decreto, que prolonga por treinta días más la suspensión de varias garantías constitucionales, fue respaldado por 57 votos a favor. El régimen, vigente desde marzo de 2022, continuará hasta el 27 de septiembre de 2026.

La medida implica que seguirán suspendidos los derechos establecidos en los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución, que comprenden el derecho de defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia. El Ejecutivo argumentó que esta prórroga responde a la persistencia de condiciones que originaron la declaración inicial del régimen, entre ellas la actividad de grupos criminales y la necesidad de mantener los niveles alcanzados en seguridad pública.

Durante la sesión plenaria, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, detalló que la solicitud fue tramitada con dispensa de trámite y se sometió de inmediato a votación. Según el dictamen favorable, el Consejo de Ministros basó su petición en los resultados que atribuyen al régimen, como la reducción del índice de homicidios y la captura de más de 92,959 personas vinculadas a estructuras criminales. Las autoridades consideran que, de levantarse la medida, existe el riesgo de un retroceso en los logros obtenidos.

El informe del Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro, presentado en la sesión 31 del Consejo, sostuvo que el país todavía enfrenta amenazas por parte de grupos terroristas y criminales que, según las autoridades, buscan recuperar presencia territorial. Entre los argumentos expuestos se incluyó la reciente detención de jóvenes implicados en actividades afines a pandillas, la incautación de drogas y dispositivos móviles con evidencias de nexos delictivos y la identificación de intentos de mantener símbolos y comunicaciones propias de las organizaciones.

El régimen de Excepción fue aprobado inicialmente el 27 de marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a pandillas. Desde entonces, ha sido renovado de manera ininterrumpida, con la justificación de que la amenaza persiste y que las medidas extraordinarias han permitido que El Salvador registre, de acuerdo con datos oficiales, más de 1,299 días sin homicidios durante la actual administración.

La Constitución salvadoreña establece que la suspensión de garantías no puede exceder de treinta días, aunque permite prórrogas sucesivas si persisten las circunstancias que motivaron la medida. El Ejecutivo recordó la existencia de jurisprudencia nacional que admite la prolongación sucesiva mientras subsistan las causas, siempre que se respete el límite temporal de los decretos.

Durante la plenaria de este día, se citó que el régimen ha facilitado la captura de integrantes de pandillas deportados desde países como Estados Unidos, México y Guatemala, lo que, según las autoridades, evidencia la dimensión transnacional del fenómeno criminal. Además, se mencionó la continuidad de estrategias de inteligencia para prevenir el reagrupamiento de estas estructuras en el país y en la región.

La nueva prórroga, que entrará en vigor el 29 de agosto, mantiene la suspensión únicamente de ciertos derechos, según lo aprobado en las últimas extensiones. El Ejecutivo insistió en que la medida resulta indispensable para sostener la acción estatal frente a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana.

El decreto establece que las garantías suspendidas se restablecerán automáticamente al concluir el plazo si no se emite una nueva extensión. El Gobierno reiteró su compromiso de mantener la protección de la vida y la integridad de la población, argumentando que las condiciones de seguridad alcanzadas requieren consolidación antes de considerar el levantamiento del régimen.

La discusión sobre las denominadas jornadas laborales 4x3 dio un nuevo giro en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que, con el voto de la fracción oficialista, fuera aprobada la moción 2,528 al expediente 24,290, conocido como proyecto de jornadas excepcionales.

La decisión implica dejar sin efecto modificaciones realizadas anteriormente a la iniciativa y regresar al texto original del proyecto, uno de los temas laborales que ha generado mayor confrontación política durante su trámite legislativo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de una disposición que contemplaba una consulta mediante votación secreta a los trabajadores de empresas que ya aplican modalidades similares, con el objetivo de que fueran ellos quienes definieran si querían acogerse o no a la jornada excepcional.

Esa consulta había sido incorporada durante la legislatura anterior tras una solicitud de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) como parte de las negociaciones para respaldar el avance del proyecto.

El nuevo texto mantiene, sin embargo, el principio de que la incorporación a estas jornadas deberá ser voluntaria para los trabajadores y establece que las compañías necesitarán una autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de implementarlas.

Durante la discusión, desde el oficialismo se defendió que el proyecto incorpora garantías para quienes decidan probar el nuevo esquema.

“Es un texto que va a permitir que estas jornadas sean voluntarias y eso sí, teniendo claro que requieren una autorización por parte del Ministerio de Trabajo previo a que las empresas lo puedan implementar”, señaló el diputado oficialista Juan Manuel Quesada.

La propuesta también permitiría que los trabajadores cuenten con un periodo de hasta tres meses para determinar si la nueva modalidad se adapta a sus necesidades.

“Si luego de esos tres meses consideran que no les es beneficioso, puedan devolverse a la jornada anterior”, se explicó durante la discusión.

Además, según la defensa realizada desde el oficialismo, el texto busca evitar afectaciones salariales para aquellos empleados que actualmente laboran bajo modalidades semejantes.

Liberación y Frente Amplio cuestionan el cambio

La eliminación de la consulta provocó críticas desde Liberación Nacional y el Frente Amplio, bancadas que advirtieron sobre un eventual debilitamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores.

Desde el PLN señalaron que la discusión debe mantener un equilibrio entre la seguridad jurídica requerida por las empresas y la protección de los derechos laborales.

“Si no hay ese equilibrio entre seguridad jurídica y derechos laborales, nosotros no podemos estar de acuerdo. El tema de la consulta y la participación directa de los trabajadores en la decisión es parte de ese equilibrio”, afirmó Álvaro Ramírez de Liberación Nacional.

El partido también sostuvo que eliminar ese mecanismo sería contrario al principio de no retroceso en materia de derechos laborales.

Las críticas fueron aún más fuertes desde el Frente Amplio, que acusó al Gobierno de romper acuerdos alcanzados durante el periodo legislativo anterior.

“El Gobierno sigue rompiendo los acuerdos que ellos mismos hicieron en el periodo pasado”, cuestionó José Maria Villalta.

Desde esa bancada también se mantiene una oposición de fondo al modelo de jornadas de 12 horas, al considerar que podría traducirse en condiciones laborales más exigentes y en una afectación al reconocimiento de horas extraordinarias.

“Lo que quieren hacer es volver al texto original del proyecto de ley, que es todavía más perjudicial para los trabajadores de este país, porque pretende establecer jornadas extenuantes de 12 horas sin el pago de horas extras”, señalaron desde la oposición.

Cuatro días de trabajo y tres de descanso

El proyecto busca permitir jornadas laborales excepcionales en determinadas actividades económicas caracterizadas por requerir procesos continuos de producción.

La normativa facultaría su aplicación en sectores como manufactura tecnificada, producción de dispositivos e implementos médicos y servicios corporativos, entre otros contemplados en la iniciativa.

Para la modalidad diurna se establece un esquema de cuatro días trabajados por tres días de descanso, con jornadas de hasta 12 horas.

En el caso de la modalidad nocturna, el esquema sería de tres días trabajados por cuatro días de descanso.

La propuesta incorpora además compensaciones salariales específicas. Para las jornadas diurnas se contempla un pago equivalente a 17% adicional sobre el salario básico, mientras que para quienes laboren bajo la modalidad nocturna el incremento sería de 25%.

Dentro de la Asamblea también existen sectores que consideran que la iniciativa podría convertirse en una herramienta para favorecer la atracción de inversión extranjera, principalmente en un contexto de desaceleración de algunos sectores asociados con las zonas francas.

Durante el debate, una de las voces favorables al proyecto destacó que, ante una reducción en el ritmo de crecimiento del régimen de zonas francas, las jornadas excepcionales podrían representar “un incentivo interesante para la inversión extranjera”.

Sin embargo, otras posiciones legislativas sostienen que las modificaciones realizadas durante el trámite no solucionan los problemas estructurales del proyecto.

“Nosotros consideramos que este proyecto es un proyecto que está mal hecho”, se afirmó desde una de las bancadas críticas.

Según esa posición, ninguna de las mociones discutidas hasta ahora consigue construir un marco jurídico suficientemente sólido tanto para empleadores como para trabajadores ante los cambios que experimenta el mercado laboral.

El proyecto todavía tiene camino por recorrer

Los diputados concluyeron la votación por el fondo de las 2.564 mociones presentadas al proyecto.

El siguiente paso será revisar la totalidad de esas mociones antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia su votación definitiva.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, confirmó además que las consultas correspondientes al proyecto se realizarán una vez finalizada la votación de todas las mociones de revisión.

Esto significa que, pese al avance registrado con la moción 2.528, el expediente 24,290 aún deberá superar varias etapas antes de convertirse en ley.

El debate continuará marcado por dos posiciones contrapuestas: quienes ven las jornadas excepcionales como una herramienta para modernizar el mercado laboral, mejorar la competitividad y atraer inversión, y quienes advierten que una jornada de hasta 12 horas podría representar un retroceso en las condiciones laborales si no existen garantías suficientes para proteger la voluntariedad, el salario y la capacidad de decisión de los trabajadores.

Este martes, un accidente laboral ocurrió en un sector adyacente a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo en San Salvador. El accidente tuvo lugar cerca de las 9:00 a.m. (hora local), cuando personal de MC Constructores realizaba labores de remoción de adoquines y excavaciones de aproximadamente 30 centímetros de profundidad, según la propia empresa.

Durante la ejecución de estos trabajos, se desplomaron dos árboles, lo que provocó lesiones a tres trabajadores: Samuel Flores, Elenilson Joya y Cristian Abrego. Las identidades de los lesionados fue confirmada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien expresó su preocupación ante la gravedad del suceso.

De igual manera, el titular manifestó que Cristian se encuentra en estado delicado, pero los médicos brindan lo mejor para darles asistencia.

Castro señaló que cuenta con documentación precisa sobre el accidente, incluidos los horarios y el desarrollo de los hechos. Además, señaló que, cuando la empresa MC Constructores se presentó en las instalaciones del Ministerio, los trabajadores afectados ya habían sido trasladados al ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) para recibir atención médica de emergencia. “Actuamos con inmediatez por la gravedad de los daños.

El funcionario también denunció que el equipo de inspectores y técnicos del Ministerio de Trabajo no pudo ingresar al parlamento legislativo para realizar las diligencias correspondientes, debido a que el personal de seguridad de la institución impidió el acceso, a pesar de que la ley les otorga esa facultad en casos de accidentes laborales.

Respecto a la responsabilidad empresarial, Castro fue enfático: “Si la empresa va a responder o no, en este país desde la llegada del actual gobierno, ninguna empresa que incurra en estos hechos queda impune. Por ahora, la prioridad es la recuperación de nuestros compañeros y la vida de Cristian. El debido proceso se definirá conforme a la ley una vez superada la emergencia”.

Mientras que en una entrevista para medios locales, el director jurídico del Ministerio de Trabajo, Jorge Bolaños, informó que dos empleados regresaban de una misión y mientras permanecían dentro del automóvil, sucedió el trágico hecho.

Bolaños destacó que el accidente laboral, además de tener consecuencias legales, requiere que se garantice la recuperación de los trabajadores afectados y la aplicación estricta de la ley.

Comunicados oficiales

MC Constructores, mediante un comunicado, reconoció el accidente y asumió “la responsabilidad total por los daños humanos y materiales producto de este accidente”. La empresa aseguró que activó los protocolos de emergencia y seguridad de inmediato, y que está colaborando con las autoridades en las investigaciones pertinentes.

Por su parte, la Asamblea Legislativa lamentó el accidente y expresó solidaridad con las víctimas, elevando oraciones por la pronta y total recuperación de los lesionados. El Órgano Legislativo manifestó estar vigilante para que la constructora responda de manera ágil y justa por las afectaciones causadas.

También remarcó que una comitiva de la Asamblea, junto a personal de la empresa y de la Policía Nacional Civil, acudió al Ministerio de Trabajo para auxiliar a las víctimas y evaluar daños, pero el ingreso fue impedido por personal de seguridad de la institución afectada.

El incidente generó una rápida movilización de equipos de emergencia y autoridades, quienes trasladaron a las víctimas a un centro asistencial.

El percance se registró en horas de la mañana de este martes, cuando personas ajenas al Ministerio realizaban tareas de tala de árboles en un terreno que se encuentra junto a la Asamblea.

Durante el proceso, ramas de gran tamaño cayeron inesperadamente, impactando directamente a los tres empleados del Ministerio de Trabajo que se encontraban en el lugar desempeñando sus funciones.

Los trabajadores sufrieron heridas de consideración a nivel de la cabeza y extremidades superiores, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de socorro.

Tras el accidente, los afectados fueron estabilizados en el sitio por personal médico y posteriormente trasladados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde se les brinda atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento no se ha brindado información detallada sobre el estado de salud exacto de cada uno de los involucrados, pero se confirmó que las heridas fueron catalogadas como graves.

El Ministerio de Trabajo, a través de su titular, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y otras entidades competentes para investigar el hecho. Además, hizo un llamado a las autoridades del ISSS para garantizar la atención médica de los trabajadores lesionados.

Las autoridades aún no han determinado si las personas encargadas de talar el árbol contaban con los permisos correspondientes para realizar la actividad en el interior de la Asamblea Legislativa ni si han sido detenidas a raíz del accidente.

La falta de información oficial sobre los permisos para la tala del árbol y la identidad de quienes ejecutaban la labor ha generado interrogantes en torno al cumplimiento de las normas de seguridad laboral y los procedimientos que debieron seguirse en un espacio de alta concurrencia institucional.

Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente y determinar posibles responsabilidades.

El incidente ha puesto el foco sobre las condiciones de seguridad en los espacios laborales, especialmente en recintos oficiales donde convergen diversas instituciones. El traslado urgente de los trabajadores al ISSS evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de atención médica inmediata para las víctimas.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y testimonios en el lugar del accidente para reconstruir la secuencia de los hechos. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el avance de las investigaciones y el estado de salud de los trabajadores afectados.

La situación ha generado preocupación entre los empleados públicos que desempeñan sus funciones dentro de la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Trabajo, mientras se aguardan mayores detalles sobre lo ocurrido y las acciones que adoptarán las instituciones involucradas.

En El Salvador, la renovación de los cafetales enfrenta un obstáculo que amenaza con comprometer la recuperación de un sector históricamente clave para la economía nacional. Según el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), la limitada disponibilidad de plantas y semillas certificadas está impidiendo la modernización y ampliación del parque cafetalero en el país. Esta situación genera incertidumbre entre productores y técnicos agrícolas que buscan alternativas para sostener la producción frente a un escenario adverso.

El informe más reciente del Instituto Salvadoreño del Café (ISC), que abarca el periodo de junio de 2025 a mayo de 2026, describe un panorama marcado por restricciones presupuestarias y una oferta insuficiente de material vegetal certificado en el mercado nacional. De acuerdo con el ISC, la falta de plantas adecuadas no solo retrasa la sustitución de cafetos envejecidos, sino que también frena el establecimiento de nuevas áreas productivas. El documento institucional subraya que estos factores han incidido directamente en la capacidad del sector para responder a las crecientes demandas de investigación, asistencia técnica y equipamiento.

La contracción del parque cafetalero ha sido significativa. Datos del V Censo Agropecuario del Banco Central de Reserva (BCR) consignan que el área destinada al cultivo de café en El Salvador pasó de 217,628 manzanas en el ciclo 2007-2008 a 105,741 manzanas en el ciclo 2023-2024. Este descenso representa una reducción del 51% en menos de dos décadas, un fenómeno que ha repercutido en la producción nacional y en los ingresos de miles de familias vinculadas a la caficultura.

El ISC señala que las limitaciones presupuestarias han restringido el alcance de los programas de investigación y validación de nuevas variedades de café. Aunque la institución ha impulsado acciones para promover la producción de materiales de interés para el sector, el avance ha resultado insuficiente frente a la magnitud de las necesidades actuales. El organismo destaca que la escasez de plantas y semillas certificadas afecta la calidad y la resiliencia de los nuevos cultivos frente a enfermedades como la roya, que golpeó con fuerza al parque cafetalero en el ciclo 2012-2013.

En la memoria de labores, el ISC detalla que la producción de café en el ciclo 2024-2025 cerró con 858,542 quintales oro-uva, una cifra que representa una disminución del 3.89% respecto al periodo anterior. A pesar de este descenso, el informe indica que al 31 de marzo de 2026 la producción acumulada del ciclo 2025-2026 ya sumaba 898,784 quintales, lo que supone un crecimiento del 7.9%. La institución aclara que estos datos aún no son definitivos, pues la cosecha seguía en desarrollo al cierre del documento.

El sector cafetalero también enfrenta otros desafíos estructurales. Los productores han señalado que la falta de financiamiento, los bajos precios internacionales y el alto nivel de endeudamiento limitan la capacidad de invertir en la renovación de los cafetales. A esto se suman los efectos del cambio climático, que impactan tanto la productividad como la viabilidad de los cultivos en zonas tradicionalmente cafetaleras. Plantas que datan de la década de 1980 siguen predominando en muchas fincas, lo que reduce el potencial de rendimiento y la competitividad del café salvadoreño en los mercados internacionales.

En abril de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley especial para la comercialización, registro y protección de la propiedad del café, que ahora requiere la inscripción obligatoria de semilleristas y viveristas en el ISC. Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la trazabilidad y la calidad del material vegetal disponible para los productores.

El impacto de la falta de plantas certificadas y semillas de calidad se refleja en la lenta recuperación de la producción tras el brote de roya que afectó al país hace más de una década. Las cosechas que superaban el millón de quintales siguen sin repetirse, mientras el sector busca alternativas para revertir la tendencia decreciente y recuperar su papel en la economía nacional.

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó no reelegir a Julia Zoraida Varela como magistrada propietaria de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en una cerrada votación que deberá ser resuelta finalmente por el Plenario Legislativo.

El resultado fue de cuatro votos a favor de la no reelección y tres votos a favor de mantenerla en el cargo, evidenciando posiciones divididas entre los legisladores sobre la continuidad de la magistrada y, de manera más amplia, sobre la necesidad de renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados que se inclinaron por la salida de Varela argumentaron que el Poder Judicial necesita “nuevos aires” y caras nuevas, mientras que quienes respaldaron su permanencia destacaron principalmente su experiencia y participación en importantes reformas del sistema judicial costarricense.

Entre los argumentos favorables a la magistrada estuvo su trayectoria en la implementación de la reforma procesal laboral y los procesos de modernización relacionados con la jurisdicción de familia.

Otro criterio favorable resaltado es que la magistrada “ha contribuido al fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia”mediante procesos de modernización vinculados tanto con la reforma procesal de familia como con la reforma procesal laboral.

Los argumentos para no reelegirla

Entre quienes rechazaron la continuidad de Varela apareció también un cuestionamiento sobre las funciones administrativas asumidas por los magistrados y los incentivos salariales relacionados con esas responsabilidades.

Durante la discusión, uno de los diputados recordó una respuesta brindada por la magistrada durante su entrevista ante la comisión.

Según relató el legislador, Varela consideró que los magistrados no deberían dedicar tiempo a labores administrativas, pero se mostró favorable a mantener el complemento salarial asociado con esas funciones.

“Mi disgusto es que cuando yo le digo que estoy de acuerdo en que los magistrados no deberían estar en eso, entonces quitémosles el plus salarial que se les paga por hacer gestiones administrativas, ahí dice que no, que el plus continúe”, expresó.

El diputado vinculó esa posición con su criterio de que la Corte requiere una renovación.

Proponen limitar a 24 años la permanencia en la Corte

La discusión sobre la continuidad de Varela coincide con una propuesta de mayor alcance que busca modificar las reglas mediante las cuales se eligen y reeligen los magistrados en Costa Rica.

La diputada Abril Gordienko presentó una propuesta de reforma constitucional que contempla cambios en los artículos 158 y 159 de la Constitución Política.

Uno de los principales cambios consiste en establecer un límite máximo de 24 años para ejercer una magistratura, distribuidos en un primer periodo de ocho años y hasta dos reelecciones adicionales.

Actualmente, la legislación no establece un número máximo de veces que un magistrado puede ser reelegido.

El proyecto también propone elevar de 35 a 50 años la edad mínima necesaria para ocupar una magistratura y aumentar de 10 a 15 años la experiencia requerida en el ejercicio profesional.

Gordienko defendió los cambios bajo el argumento de que la Corte necesita personas con una mayor trayectoria profesional antes de asumir estos puestos.

“Considero que para que tengamos magistraturas experimentadas e independientes debemos elevar la edad mínima para acceder a esa posición, ponerla en 50 años; actualmente es de 35”, explicó.

La legisladora también plantea incorporar requisitos relacionados con la probidad, trayectoria profesional, publicaciones académicas e idoneidad de quienes aspiren a integrar la Corte.

Oficialismo cuestiona límite de 24 años

La posibilidad de elevar la edad mínima genera coincidencias entre distintas fuerzas políticas, aunque existen diferencias sobre cuánto tiempo debería permanecer una persona como magistrada.

Desde el oficialismo consideran razonable discutir una edad mínima de 50 años, pero señalan que permitir una permanencia máxima de 24 años sería excesivo.

Una de las posiciones expresadas plantea como alternativa establecer un máximo de 16 años, correspondiente a dos periodos de ocho años.

Desde Liberación Nacional también se manifestó respaldo a poner límites a las reelecciones, aunque la agrupación planteó que el número definitivo debería establecerse con base en criterios técnicos y comparaciones internacionales.

Dos años sin litigar ante la misma Sala

La propuesta de Gordienko incluye además restricciones para los magistrados después de abandonar sus cargos.

El texto establece que quienes hayan ocupado una magistratura no podrán durante los dos años siguientes aceptar determinados cargos políticos de elección popular, puestos ministeriales o cargos de confianza política, ni podrán litigar ante la misma Sala en la que ejercieron.

El objetivo es reducir potenciales conflictos de intereses y evitar lo que algunos legisladores describieron como “puertas giratorias” entre altos cargos judiciales, la política y el ejercicio privado de la profesión.

La reforma también plantea que las personas candidatas sean de conocida probidad y que el procedimiento de selección garantice criterios de paridad de género, idoneidad, excelencia, profesionalidad, producción académica, igualdad y no discriminación.

Por tratarse de una modificación a la Constitución, el trámite es más complejo que el de una ley ordinaria. La iniciativa debe contar inicialmente con el respaldo de al menos 10 diputados y posteriormente someterse a tres lecturas en el Plenario, con intervalos de seis días, antes de decidir si se admite para discusión.

Si avanza, deberá pasar a una comisión especial que contará con un plazo máximo de 20 días hábiles para emitir un dictamen. Posteriormente necesitará el respaldo de al menos 38 diputados.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 56 votos un préstamo de USD 100 millones con el BID que, según el comunicado oficial, busca garantizar a largo plazo el acceso a la educación superior para estudiantes de bachillerato de institutos nacionales a través del programa Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes Salvadoreños, en un esquema de financiamiento a 23 años, con siete años y medio de gracia y una tasa de 0.75% sobre saldo no desembolsado.

El anuncio llega cuando el programa ya reporta más de 14,000 beneficiados que estudian en cerca de 40 universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional de todo el país con las que la Dirección de Integración tiene convenios firmados.

Para el ciclo 01/2027, la proyección oficial es que ingresen más de 20,000 nuevos becados.

Ese volumen llevaría la matrícula de becarios a unas 35,000 personas para enero de 2027, de acuerdo con lo expresado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas.

La funcionaria sostuvo además que el trabajo de Alejandro Gutman con jóvenes no comenzó con la creación de la Dirección de Integración hace dos años, sino dos décadas atrás, cuando dirigía la organización Forever.

El préstamo asegura financiamiento para ampliar el acceso universitario

La medida aprobada por el órgano legislativo tiene como objetivo sostener el programa que implementa la Dirección de Integración y que está orientado a estudiantes del sistema público que desean continuar su formación después del bachillerato.

En el comunicado, Gutman afirmó que la ratificación fue “prácticamente el último paso” para obtener el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

El presidente de la Dirección de Integración definió la decisión como “un día histórico para El Salvador” y agregó: “Esto permitirá la sostenibilidad para que cada joven que estudia en las instituciones públicas y que quiera continuar con sus estudios tenga acceso a la educación superior y a un futuro distinto”.

En otra declaración incorporada al texto oficial, Gutman añadió: “Esto abre la posibilidad aun para los que todavía no han nacido”. También sostuvo que el programa puede convertir al país en “un referente” en esta materia.

El bloque central de la iniciativa es el llamado Proceso Formativo, presentado como el mecanismo que “abre la llave del acceso a la educación superior”.

Según Gutman, en la actualidad hay entre 22,000 y 24,000 jóvenes en esa etapa y, para el próximo año, habrá alrededor de 36,000 becas disponibles, una cifra superior a la cantidad de participantes que hoy transitan ese proceso.

El oficialismo y aliados vincularon la medida con una estrategia de país

Callejas señaló que estas acciones coinciden con la visión de país del presidente Nayib Bukele. La legisladora remarcó durante la sesión que “dato mata relato” y defendió el alcance inmediato del programa con las cifras de becarios actuales y proyectados.

Más diputados, según el comunicado, respaldaron la aprobación del financiamiento con el argumento de que la educación abre el camino hacia un mejor futuro y de que sus efectos no se limitan a los becarios, sino que alcanzan también a sus familias, comunidades y al país.

En esa línea, el diputado del PDC Reynaldo Carballo afirmó: “La riqueza de un pueblo está en su gente. Y la única forma de mejorar esa riqueza de este pueblo es a través de la educación”. Luego añadió: “Yo estoy cien por ciento convencido que la única herramienta para sacar de la pobreza a un joven, a una familia, a un pueblo y a un país, es la educación”.

Gutman también informó que Bukele celebrará el anuncio este domingo junto a más de 30,000 jóvenes salvadoreños en el evento Generación que Florece: los sueños se conquistan.

La convocatoria, siempre según el comunicado, reunirá a 6,000 becados y a más de 25,000 estudiantes de último año de bachillerato que forman parte de Proceso Formativo.

Los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron una moción que pretendía habilitar una vía rápida para el proyecto de ley 25.003, iniciativa relacionada con la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

La votación terminó con 29 diputados en contra y 22 a favor, una diferencia que permitió al oficialismo bloquear la posibilidad de acelerar el trámite de la propuesta y provocó fuertes cuestionamientos desde las bancadas de oposición.

El debate estuvo marcado principalmente por los señalamientos sobre la posición que mantuvo durante la campaña electoral la presidenta de la República, Laura Fernández, y la decisión que tomó ahora la bancada oficialista frente a una iniciativa para permitir la entrega de los recursos acumulados en el ROP.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, abrió su intervención precisamente con ese argumento. El legislador sostuvo que la mandataria había expresado durante la campaña su respaldo a la devolución de estos recursos y reclamó al oficialismo cumplir con esa posición.

“Llegó la hora de cumplir, la presidenta Fernández en campaña electoral dijo ‘estoy absolutamente de acuerdo con la devolución del ROP’”, afirmó Ramírez.

El diputado agregó que, desde su perspectiva, “si nosotros ofrecimos una cosa en campaña tenemos la obligación de cumplirla en gobierno”, al considerar que se trata de una promesa que la presidenta habría planteado a los electores.

Oposición acusa contradicciones al oficialismo

La discusión parlamentaria estuvo acompañada por la presencia de personas en las barras del Congreso que se manifestaban a favor de la devolución del ROP. Diputados del PLN y del Frente Amplio (FA) utilizaron esa presencia para reforzar sus argumentos a favor de acelerar la discusión del proyecto.

La diputada frenteamplista Vianey Mora pidió a los legisladores oficialistas “tocarse el corazón” y puso como ejemplo la situación de una adulta mayor que, según relató, podría perder su vivienda por una deuda de ¢3 millones (USD 6,600)

La legisladora también sostuvo que la devolución de estos recursos no pondría en peligro las finanzas, uno de los puntos de discusión entre quienes defienden y quienes cuestionan la posibilidad de entregar anticipadamente los fondos.

Ramírez, por su parte, calificó la devolución del ROP como un derecho que debía cumplirse y la presentó como una “causa de justicia social”.

El jefe de fracción liberacionista afirmó además que existen más de 90,000 personas esperando una respuesta de la Asamblea Legislativa.

Según su argumento, los recursos podrían ser utilizados para atender necesidades concretas de las personas, como financiar operaciones médicas, remodelar una vivienda o resolver otras necesidades económicas. Ramírez también recordó que el propósito original del ROP está relacionado con garantizar una mejor calidad de vida durante la vejez.

Nogui Acosta defiende rechazo y califica propuesta de populista

La defensa de la posición oficialista estuvo a cargo del jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, quien rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó la propuesta de devolución.

Acosta sostuvo una posición centrada en la naturaleza previsional de los recursos y rechazó la idea de que el ROP pueda ser entendido simplemente como un ahorro disponible para ser retirado.

“El hecho de que tengan una cuenta individual no representa que sea un ahorro. Nunca nació como un ahorro, nació como una pensión”, afirmó el diputado.

El legislador también consideró que algunos de los argumentos planteados durante el debate favorecían una visión que, a su criterio, debilitaría el objetivo del régimen.

Acosta llegó incluso a calificar de “populista” la propuesta defendida por sectores de la oposición.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Parte de la discusión se trasladó directamente a las declaraciones atribuidas a Laura Fernández durante la campaña electoral.

El jefe de fracción oficialista aseguró que la presidenta no prometió entregar el ROP y acusó a los legisladores opositores de poner palabras en boca de la mandataria.

La diputada del PLN Joselyn Sáenz y el legislador del Frente Amplio Antonio Trejos respondieron a Acosta y defendieron que Fernández sí había expresado durante la campaña una posición favorable a la entrega de los recursos.

De esta manera, el debate sobre el ROP terminó convertido también en una disputa política sobre qué fue lo que realmente ofreció la actual presidenta durante la campaña electoral.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dejará atrás una tradición que durante años implicó la compra de pines de oro para los diputados, luego de que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, decidiera poner fin a esta práctica y sustituir los distintivos por otros de menor costo.

La medida cuenta con el respaldo de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y busca reducir un gasto considerado innecesario dentro del presupuesto institucional, en línea con una política de mayor austeridad y uso responsable de los recursos públicos.

Durante distintas administraciones legislativas, cada diputado recibía un pin de oro como distintivo institucional. Según la información divulgada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el costo de cada una de estas piezas rondaba los ₡300,000 (aproximadamente US$664.75).

Ahora, esos distintivos serán reemplazados por un pin cuyo valor aproximado será de ₡22,000 (unos US$48.75) por unidad, lo que representa una reducción considerable en el costo asociado a este reconocimiento protocolario.

“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses y tenemos la obligación de administrarlos con responsabilidad”, afirmó la presidenta del Congreso.

Jiménez agregó que el ejercicio de la función legislativa no requiere de distintivos de alto valor económico para representar a la ciudadanía.

“No necesitamos un pin de oro de ₡300,000 (aproximadamente US$664,75) para representar dignamente a la ciudadanía”, sostuvo.

Un ahorro frente a un gasto protocolario

La compra de los pines de oro se mantuvo durante diferentes administraciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo períodos encabezados por fuerzas políticas como el Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Acción Ciudadana (PAC).

El costo individual de las piezas hizo que la práctica representara durante años un desembolso acumulado de cientos de millones de colones, según la información proporcionada por la Presidencia del Congreso.

Aunque se trataba de un distintivo institucional y protocolario, la nueva administración considera que el gasto no resulta necesario y puede ser reducido sin afectar las funciones sustantivas de la Asamblea Legislativa.

La sustitución implica mantener el concepto de un distintivo para los legisladores, pero modificar sustancialmente el valor de la pieza.

La diferencia entre ambos valores alcanza aproximadamente los ₡278,000 (unos US$616) por unidad, tomando como referencia los costos señalados por la Presidencia de la Asamblea y el tipo de cambio utilizado para las equivalencias.

El debate sobre el uso de recursos públicos

La eliminación de los pines de oro se suma a la discusión sobre cómo las instituciones públicas administran los recursos provenientes del presupuesto nacional.

El argumento central de la Presidencia de la Asamblea es que los fondos utilizados para adquirir estos distintivos provienen de recursos públicos y, por tanto, deben manejarse bajo criterios de responsabilidad y racionalidad del gasto.

El nuevo mecanismo mantiene el componente simbólico del pin, pero reduce significativamente su costo.

La medida también busca enviar un mensaje sobre las prioridades de la institución: los recursos públicos deben concentrarse en las funciones esenciales del Poder Legislativo y no en artículos protocolarios de alto valor.

La diferencia resulta especialmente significativa cuando se considera el número de diputados que integran el Congreso (57) y la continuidad de la práctica a través de distintas legislaturas.

La decisión de Yara Jiménez pone así fin a una tradición institucional y establece un nuevo criterio para la adquisición de estos distintivos: mantener la representación simbólica, pero con un costo considerablemente menor.

“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses”, reiteró la presidenta del Congreso, al justificar la decisión como parte de una administración más responsable de los fondos públicos.

La comisión legislativa de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobó dictámenes de reformas presupuestarias por más de USD 100 millones para educación, salud, turismo, economía y agricultura, con el objetivo de atender compromisos prioritarios y apoyar el desarrollo nacional durante el segundo semestre de 2026. La decisión contó con el respaldo unánime de los diputados, quienes avalaron tanto la contratación de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como la redistribución interna de fondos entre diferentes ministerios.

Entre las iniciativas aprobadas, se autorizó al Ministerio de Hacienda a suscribir un contrato de préstamo con el BID por hasta USD 100 millones. Este financiamiento respaldará el Programa de Integración Académica y Comunitaria para jóvenes, orientado a incrementar el acceso a la educación postsecundaria de estudiantes del sector público y migrantes retornados.

Según explicó Marlon Gabriel, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el programa contempla un modelo integral de atención que combina fortalecimiento institucional y la entrega de becas de apoyo económico a cerca de 60 mil jóvenes graduados de educación media. El préstamo tendrá un plazo de 23 años, con siete años y medio de gracia, y priorizará a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y migrantes retornados.

Alcance del programa educativo

De acuerdo con la exposición oficial, el programa también fortalecerá competencias académicas y socioemocionales, impulsará la orientación vocacional y facilitará la vinculación de la educación postsecundaria con el empleo formal. La Dirección de Integración será la entidad ejecutora, en coordinación técnica con el BID.

Otra reforma aprobada por la Asamblea consistió en la incorporación de USD 54,75 millones al presupuesto de varias instituciones del sector público, con la finalidad de cubrir compromisos urgentes identificados para el segundo semestre del año. Según detalló Laura Michelle Arce de Aguilar, subdirectora general de Presupuesto, el Ministerio de Salud recibirá USD 50 millones para fortalecer la atención integral, adquirir medicamentos, insumos médicos y modernizar la infraestructura sanitaria.

Fondos para turismo y economía

En el ámbito del turismo, el Ministerio de Turismo recibirá USD 2,75 millones destinados a consolidar la estrategia nacional Surf City, el Plan Nacional de Turismo 2030 y la estrategia institucional para destinos turísticos especializados. El país será sede del Día del Turismo a finales de septiembre y se prevé el inicio de la temporada de cruceros, según el texto.

El Ministerio de Economía también será beneficiado con USD 2 millones para facilitar inversiones, promover la transformación digital y fortalecer el clima de negocios. Según la presentación de Arce de Aguilar ante la comisión, estas reasignaciones se financian con recursos disponibles dentro del presupuesto vigente y no implican un aumento global del gasto público.

Transferencia para el sector agropecuario

En materia de agricultura, la reforma presupuestaria incluye la transferencia de USD 620.000 desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Banco de Fomento Agropecuario, destinados a fortalecer el patrimonio del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario. Este fondo se utiliza para garantizar créditos a productores y compensar la tasa de interés preferencial sobre los préstamos otorgados al sector ganadero.

Durante el análisis de los dictámenes, la Comisión de Hacienda subrayó que las acciones del Ministerio de Hacienda entre junio de 2025 y mayo de 2026 han estado orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, modernizar la infraestructura institucional y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. El informe de labores del ramo fue aprobado por unanimidad.

Reformas al FOVIAL

En paralelo, la Asamblea también dio luz verde a reformas en la ley del Fondo de Conservación Vial, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional y operativa de esta entidad, asegurar la sostenibilidad de sus actividades y permitir su participación en sociedades vinculadas a la infraestructura vial y la gestión de riesgos.

“La estrategia que emplea el Ejecutivo se apoya en la transformación digital, la atención primaria y la modernización del sistema sanitario”, destacó Arce de Aguilar durante su intervención, en declaraciones recogidas por la Comisión de Hacienda.

Costa Rica ha destinado más de 5,469 millones de colones (alrededor de 10.2 millones de dólares estadounidenses) en concepto de pensiones para sus expresidentes hasta julio de 2026, según datos divulgados en la más reciente cadena nacional.

La cifra, presentada al país el domingo, reavivó el debate sobre el costo y la legitimidad de estos beneficios, en un contexto en el que la presidenta Laura Fernández anunció una propuesta legislativa para suprimirlos de manera inmediata y definitiva.

El monto pagado a cada expresidente

De acuerdo con la información oficial, los expresidentes beneficiados han recibido, desde el momento en que dejaron el cargo hasta la fecha, los siguientes montos:

• Rafael Ángel Calderón: más de 972 millones de colones (unos 1.81 millones de dólares)
• José María Figueres: más de 936 millones de colones (aproximadamente 1.74 millones de dólares)
• Miguel Ángel Rodríguez: más de 906 millones de colones (cerca de 1.68 millones de dólares)
• Abel Pacheco: más de 830 millones de colones (alrededor de 1,55 millones de dólares)
• Óscar Arias Sánchez: más de 869 millones de colones (unos 1.62 millones de dólares)
• Laura Chinchilla: más de 578 millones de colones (1.08 millones de dólares)
• Luis Guillermo Solís: más de 376 millones de colones (702,000 dólares)

En total, la suma supera los 5,469 millones de colones (10.2 millones de dólares estadounidenses). Estos pagos equivalen a casi cuatro millones de colones mensuales por expresidente (alrededor de 7,460 dólares estadounidenses), sin que hayan cotizado para acceder a este beneficio, según explicó la mandataria.

Fernández agregó que algunos exmandatarios, como José María Figueres y Rafael Ángel Calderón, empezaron a percibir la pensión cuando tenían 43 y 45 años de edad, respectivamente, y que hay casos en los que un expresidente recibe hasta tres pensiones simultáneas.

Un privilegio cuestionado y el contraste social

La presidenta Laura Fernández enfatizó que el pago de estas pensiones recae directamente sobre la población. Señaló que mientras los expresidentes reciben sumas millonarias, miles de familias costarricenses esperan una pensión no contributiva de menos de 100,000 colones mensuales (aproximadamente 187 dólares estadounidenses).

“Eso lo pagamos todos los costarricenses. Ustedes, de su bolsillo, han financiado casi cinco mil quinientos millones de colones a expresidentes que no cotizaron y que no necesitan ese dinero para sobrevivir”, manifestó Fernández, según recogió la cadena nacional.

La mandataria también recordó que su lucha contra las pensiones de privilegio no es reciente. Cuando era ministra en el gobierno de Rodrigo Chaves, impulsó un proyecto de ley para eliminarlas, que fue archivado por la Asamblea Legislativa de entonces.

Según Fernández, el anterior congreso archivó o rechazó al menos cuatro iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por diputados oficialistas para terminar con este beneficio. Actualmente solo queda una propuesta pendiente de trámite en el parlamento.

La propuesta del Ejecutivo: “Cero Tolerancia”

Durante su mensaje, Laura Fernández anunció la presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto “Cero Tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes”, que busca terminar con este régimen especial.

“Lo digo claramente a todos los expresidentes: no más pensiones de privilegio, incluidas la de don Rodrigo Chaves y la que yo podría llegar a tener. Me pueden criticar por muchas cosas, pero nunca podrán decir que traicioné mis principios. Mi lucha por acabar con este odioso pago empezó hace muchos años”, declaró la presidenta.

Fernández criticó que otras propuestas legislativas, como la impulsada por el Frente Amplio, no suprimen realmente el beneficio, pues permitirían que un expresidente lo mantenga si declara ingresos inferiores a tres salarios base. En contraste, el nuevo proyecto del Gobierno establece que las pensiones de lujo para todos los expresidentes desaparecerán el mismo día en que la ley entre en vigor, sin excepciones, “sin filtros, sin declaraciones voluntarias que pueden amañarse fácilmente”.

La presidenta subrayó que la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos: “Cada persona debe recibir únicamente la pensión por la que cotizó, igual que cualquier otro costarricense. Eso es lo justo. Eso es frenar privilegios, áticos con corona, que este país ya no puede seguir tolerando más”.

Próximos pasos

La discusión sobre la eliminación de las pensiones de expresidentes continuará en la Asamblea Legislativa, donde el Ejecutivo espera que el nuevo proyecto impulse un cambio definitivo.

La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir el avance de su propuesta, que será abordada en una conferencia de prensa especial el miércoles 19 de agosto.

La polémica volvió a elevar la tensión dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, donde el intercambio de acusaciones entre oficialismo y oposición ha escalado durante las últimas semanas. Esta vez, el foco estuvo en las expresiones de la diputada de Pueblo Soberano (PPSO), Cindy Murillo, contra las legisladoras unipersonales Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Murillo calificó a ambas como “damas de compañía” al referirse al plantón por la democracia realizado la semana anterior en la Plaza de la Democracia, actividad que reunió a distintos sectores sociales y políticos.

En una entrevista la legisladora oficialista describió el encuentro como una especie de alianza entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), a la que agregó la participación de las dos diputadas opositoras.

La expresión utilizada por Murillo provocó cuestionamientos dentro y fuera de la bancada oficialista. El término “dama de compañía” suele utilizarse para describir a una persona contratada para acompañar a un cliente en actividades sociales y, dependiendo del contexto, también se emplea como eufemismo para referirse a servicios de prostitución o escort.

La controversia llegó este jueves al Plenario Legislativo, donde los diputados discutieron una moción para rechazar las declaraciones.

Finalmente, la Asamblea aprobó una moción que condenó “de manera categórica” las manifestaciones atribuidas a Murillo y señaló que este tipo de expresiones son incompatibles con el ejercicio de la función parlamentaria.

La moción estableció que las palabras utilizadas contra Dobles y Gordienko resultaron “ofensivas, denigrantes e incompatibles con el respeto y la dignidad que deben prevalecer en el ejercicio de la función parlamentaria”.

Dos diputados oficialistas rompieron la línea de Pueblo Soberano

Uno de los elementos que marcó la jornada fue que la moción consiguió votos afirmativos de integrantes de la propia bancada oficialista.

Los diputados José Miguel Villalobos y Antonio Barzuna, ambos de Pueblo Soberano, respaldaron la condena y se apartaron de la posición que mantenía la fracción.

El voto de Villalobos tuvo especial relevancia porque, según explicó el propio legislador, terminó siendo decisivo para inclinar la balanza a favor de la moción.

El diputado aseguró que tomó la decisión como un asunto de conciencia y sostuvo que no podía mantener una posición diferente después de haber cuestionado anteriormente expresiones consideradas ofensivas provenientes de otros legisladores.

“Lo ocurrido esta tarde es una de esas decisiones difíciles, decisiones que son de conciencia, y yo me prometí a mí mismo que sobre mi conciencia solamente mandan Dios y yo”, afirmó Villalobos durante la discusión.

El legislador también explicó que había intentado previamente que Murillo ofreciera una explicación o una disculpa, pero que la diputada decidió mantener su posición.

“No lo hice por afectar a nadie, se dio una oportunidad para una explicación y una disculpa y no se dio, y no me queda más, para mantener la tranquilidad de mi conciencia, haber votado a favor”, manifestó.

Villalobos agregó que estaba consciente de que su voto podía definir el resultado.

“Si fue mi voto el que definió esta votación, son de esas cosas que pasan en la vida”, dijo.

Murillo mantuvo sus palabras y no ofreció disculpas

A diferencia de la posición adoptada por algunos de sus compañeros de bancada, Cindy Murillo se negó a ofrecer una disculpa pública durante la sesión de este jueves y mantuvo sus declaraciones.

Incluso, el diputado José Miguel Villalobos le solicitó públicamente que se disculpara con las legisladoras señaladas, pero la petición no fue atendida.

La negativa de Murillo fue uno de los factores que precedieron la votación de la moción.

La situación llevó a que el propio jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, tuviera que ofrecer una disculpa en nombre de la bancada.

Acosta aseguró que el partido no avalaba las declaraciones de Murillo y pidió elevar el nivel de la discusión política en el Congreso.

“No avalamos los comentarios de doña Cindy Murillo. Creemos que fueron desafortunados y por eso ofrecemos una disculpa tanto a doña Claudia como a doña Abril, sino también a cada uno de los diputados”, manifestó.

Posteriormente, el partido emitió un comunicado en el que calificó las palabras de “desafortunadas”, aunque el pronunciamiento no mencionó directamente a Murillo.

Nogui Acosta cuestionó que la moción personalizara el rechazo

Pese a la disculpa ofrecida por el jefe de fracción, Acosta mantuvo una posición crítica frente a la moción aprobada por el Plenario.

El legislador sostuvo que su bancada no respaldaría una iniciativa que, a su criterio, personalizara el rechazo contra una diputada específica.

“No se vale personalizar, aquí todos tenemos techo de vidrio y con personalizar no se van a resolver los problemas”, afirmó Acosta.

El jefe del oficialismo vinculó la discusión con otro episodio ocurrido días atrás en el Plenario, cuando diputados de Pueblo Soberano cuestionaron expresiones del frenteamplista Édgar Araya dirigidas contra la presidenta Laura Fernández.

La tensión entre ambas bancadas se intensificó luego de un fuerte intercambio parlamentario en el que legisladoras oficialistas acusaron a Araya y a Dobles de ejercer supuesta violencia política contra Fernández y contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

El episodio se produjo después de que, el 5 de agosto, la diputada oficialista Kattia Calvo utilizara expresiones ofensivas durante una discusión parlamentaria, entre ellas los términos “chuchinga” y “maricón”, en medio del enfrentamiento político.

Por su parte, Gordienko respondió a los cuestionamientos posteriores señalando que ese tipo de calificativos no le afectan y que las palabras deben valorarse según quién las pronuncia.

La nueva controversia evidencia el clima de confrontación que se ha instalado en el Congreso costarricense, donde los cruces entre diputados oficialistas y opositores han dejado de limitarse al debate sobre proyectos de ley y han incorporado acusaciones personales, cuestionamientos sobre la capacidad de los funcionarios y calificativos considerados ofensivos.

La aprobación de la moción representa, además, un hecho poco habitual en el actual escenario legislativo: por primera vez, una votación logró imponerse sobre la línea del oficialismo con el respaldo de diputados de Pueblo Soberano.

Mientras la bancada oficialista intentó marcar distancia de las palabras de Murillo mediante una disculpa institucional, la diputada decidió no retractarse.

El episodio deja así una división dentro de Pueblo Soberano y vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre los límites del lenguaje utilizado por los diputados en el ejercicio de sus funciones y la responsabilidad política de quienes ocupan una curul en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa de El Salvador publicó en el Diario Oficial el Decreto Legislativo N.º 624, que oficializa la prórroga de vigencia de las placas vehiculares con formato de 2011 hasta el 31 de agosto de 2027, por lo que oficializa su vigencia.

La medida, impulsada por el gobierno central, por medio del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), extiende el período de validez de las placas tras varias prórrogas emitidas en años recientes.

El decreto del Diario Oficial, fechado el 27 de julio de 2026, detalla que la decisión responde a la necesidad de continuar garantizando la validez de las placas actuales y de apoyar la economía de los salvadoreños.

El documento explica que la emisión de un nuevo lote de placas implicaría costos elevados para los propietarios de vehículos, por lo que se determinó mantener la vigencia de las actuales mientras se realiza una evaluación técnica sobre el proceso de renovación.

El texto legal establece que la disposición entra en vigor desde el momento de su publicación en el Diario Oficial.

Según la publicación, la historia de las prórrogas para las placas vehiculares comenzó en 2017, cuando se extendió por primera vez la validez del lote con formato 2011, que originalmente vencía ese año. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha emitido varios decretos ante distintas coyunturas, incluida la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, con el objetivo de reducir el impacto financiero que supondría la sustitución masiva de placas.

Antecedentes de las prórrogas

El Decreto Legislativo N.º 622, aprobado en diciembre de 2022, ya había extendido la vigencia hasta el 30 de abril de 2024. Posteriormente, el 31 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, nuevas disposiciones prorrogaron el uso de las placas vigentes. Ahora, con el Decreto N.º 624, la validez se extiende hasta finales de agosto de 2027 para todos los vehículos automotores con placas del lote de 2011.

La normativa se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, que establece que ningún vehículo puede circular sin las placas respectivas y que la validez de cada lote es de cinco años. No obstante, las circunstancias excepcionales han motivado a la Asamblea Legislativa a modificar este plazo en varias ocasiones.

Entre los considerandos del decreto, se señala que la prórroga facilita una evaluación minuciosa y permite planificar la reducción de costos asociados a la eventual emisión de nuevas placas. El gobierno sostiene que la medida contribuye a la estabilidad económica de los ciudadanos, al evitar gastos innecesarios mientras se estudian alternativas para el futuro del parque vehicular nacional.

Alta afluencia vehicular en el país

Acorde a los datos del Observatorio de Seguridad Vial, el parque vehicular vigente en El Salvador alcanza un total de 2.126.168 unidades, lo que representa un crecimiento o variación anual del 5,13% con respecto al período anterior.

En cuanto a la composición del parque automotor por tipo de transporte, el 65,19% corresponde a vehículos de cuatro o más ruedas (un total de 1.386.008 unidades), mientras que el 34,81% restante está integrado por motocicletas, sumando 740.160 unidades.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales extranjeros, en el marco del primer paquete de iniciativas para enfrentar la crisis económica nacional. La propuesta responde a demandas de sectores productivos que solicitaron reformas estructurales para modificar la imagen del país tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por los ex presidentes Luis Arce y Evo Morales.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca otorgar seguridad y previsibilidad a los inversionistas, además de organizar los incentivos y normas jurídicas existentes. El proyecto, según detalló Espinoza, se apoya en tres pilares que orientarán la política económica durante los próximos 20 años, con prioridad en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas —incluyendo hidrógeno y energía solar—, junto a aquellos donde Bolivia ya cuenta con capacidades productivas desarrolladas.

El objetivo de esta nueva estrategia es dejar atrás el modelo de los gobiernos anteriores, que privilegiaron la inversión estatal y nacionalizaron sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Espinoza sostuvo que “desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.

La iniciativa contempla la creación de un sistema de incentivos y regulación para ofrecer previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza tanto a inversores nacionales como extranjeros, respetando la Constitución Política del Estado.

Además, se prevé la conformación de una Agencia Nacional de Inversiones, que coordinará con instituciones, alcaldes y gobernadores para institucionalizar la regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones, detalló el ministro.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, afirmó a al canal Red Uno que, para que Bolivia recupere la confianza de los inversionistas, resulta fundamental garantizar “seguridad jurídica y previsibilidad normativa”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país recibió en 2025 una inversión extranjera directa de USD 620 millones, cifra equivalente al 0,3% del total regional.

El presidente Rodrigo Paz enfrenta el reto de negociar con una Asamblea Legislativa fragmentada. El mandatario se distanció recientemente de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Varios parlamentarios de la alianza no acompañaron la ruptura, aunque anticiparon que ejercerán funciones de fiscalización sobre las nuevas medidas del Ejecutivo.

Doria Medina criticó la demora en la respuesta ante la crisis económica que afecta al país, agravada por bloqueos y protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se manifiesta especialmente en el sostenido problema de abastecimiento de combustible, en particular de diésel. En medio de este panorama, Paz consiguió respaldo internacional y créditos de organismos multilaterales por un monto superior a USD 5.000 millones.

El costo de los conflictos en Bolivia

Bolivia atravesó una etapa crítica durante los bloqueos del mes pasado, manifestaciones que pedían la renuncia de Paz al Ejecutivo. Por este motivo, la coyuntura actual amenaza con agravar la crisis económica: la Cámara Nacional de Industria calculó pérdidas de al menos USD 2.000 millones y una caída de USD 500 millones en exportaciones.

El corte de carreteras también afectó el abastecimiento de alimentos y combustible en la capital boliviana, La Paz. La situación encareció los precios de productos básicos, generó interrupciones en el transporte público y obligó a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis social que derivó en una crisis económica.

(Con información de Associated Press)

La presidenta Laura Fernández ratificó sus cuestionamientos contra el Poder Judicial y aseguró que mantiene su afirmación de que se produjo un “golpe de Estado institucional” contra la institucionalidad costarricense. La mandataria hizo las declaraciones al ser consultada sobre las repercusiones que generaron sus palabras y las críticas recibidas durante el plantón realizado este jueves en San José.

Ante la pregunta de si se retractaría de sus afirmaciones o si continuaría con sus cuestionamientos al Poder Judicial, Fernández respondió cuestionando la existencia de datos concretos sobre eventuales afectaciones económicas derivadas de sus declaraciones.

“¿Usted tiene algún dato de cuáles son las empresas, las inversiones, las afectaciones o lo que está haciendo es una suposición de su parte?”, preguntó la presidenta.

La periodista de Teletica insistió en que medios internacionales habían informado sobre el tema y planteó si, desde su perspectiva, sus declaraciones podían generar incertidumbre política y económica.

Fernández rechazó esa interpretación y aseguró que los indicadores económicos que maneja su Gobierno muestran un escenario favorable.

“No, no me parece”, respondió la mandataria, antes de enumerar varios indicadores que, según afirmó, mantienen una evolución positiva.

“Los datos que yo tengo de crecimiento de las inversiones, de crecimiento del empleo, de crecimiento del turismo, de crecimiento de las exportaciones, de crecimiento del dinamismo de nuestra economía, gracias a Dios, van por buen camino”, sostuvo.

Sin embargo, la presidenta decidió profundizar en el concepto que había utilizado días atrás y aseguró que no se trataba de una expresión de la que pretendiera retractarse.

“Lo que yo dije de que se estaba dando un golpe de Estado a la institucionalidad de Costa Rica, es absolutamente cierto”, afirmó.

Fernández explicó que, desde su perspectiva como politóloga, pueden existir golpes institucionales cuando uno de los poderes del Estado utiliza sus atribuciones para afectar la independencia o autoridad de otro poder.

“Cuando los poderes del Estado, el Legislativo, el Judicial o el Ejecutivo, generan golpes utilizando las leyes, utilizando su propio poder, a la independencia o a la autoridad que cada uno de estos poderes debemos de tener, eso se llaman golpes de Estado institucionales”, argumentó.

La mandataria dirigió entonces su crítica hacia una decisión de cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a quienes cuestionó por una resolución que, según su interpretación, habría excedido las competencias establecidas por la Constitución y las leyes.

“Cuando cuatro magistrados de la Sala Cuarta generan un voto que viola abiertamente lo que pueden hacer según nuestra Constitución y según las leyes, eso es un golpe a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”, afirmó.

Fernández también vinculó su argumento con la legitimidad electoral de la actual composición del Congreso. Recordó que 31 diputados pertenecen a la fracción oficialista y fueron elegidos mediante elecciones que calificó de libres y democráticas.

La presidenta destacó además el nivel de participación registrado en las últimas elecciones y aseguró que el abstencionismo disminuyó en más de 10 puntos porcentuales.

“Hubo una participación enorme del pueblo de Costa Rica”, afirmó.

También sostuvo que, desde hace 44 años, ningún presidente de la República había contado con una fracción oficialista de un tamaño similar.

A partir de esos datos, Fernández defendió que su Gobierno tiene un mandato electoral que debe ser respetado y cuestionó que magistrados que no son elegidos directamente por la ciudadanía puedan adoptar decisiones que, según ella, interfieran con las competencias de los representantes electos.

“Cuando a mí me elige más de 1,2 millones de personas con una fracción legislativa de ese tamaño y vienen cuatro magistrados, que no los eligió el pueblo, a sacar una resolución que no se las permite la Constitución y ninguna ley de la República, por supuesto que yo, como presidente y persona que cree firmemente en la democracia y en la división de poderes, me preocupo”, declaró.

La mandataria insistió en que considera que levantar la voz frente a lo que interpreta como una amenaza a la división de poderes forma parte de sus responsabilidades.

“Es mi deber levantar la voz por lo que no está bien”, afirmó.

Fernández también rechazó las acusaciones de quienes participaron en el plantón realizado el día anterior y que, según relató, señalaban que ella pretende ejecutar un golpe contra el Poder Judicial.

La presidenta sostuvo que, por el contrario, su administración ha intentado mantener canales de diálogo con las autoridades judiciales.

“Yo he abierto las puertas de la Casa Presidencial”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó una reunión con Patricia Solano, cuya salida posterior, según Fernández, generó una versión de que el encuentro había sido hostil. También aseguró que posteriormente invitó nuevamente a representantes del Poder Judicial al Consejo Nacional de Seguridad, pero que dejaron las sillas vacías y no asistieron.

Fernández agregó que su Gobierno presentó 11 proyectos de ley relacionados con la lucha contra la delincuencia y cuestionó que representantes del Poder Judicial no hubieran participado, según su versión, en la elaboración de esas iniciativas.

La presidenta vinculó además la discusión con los esfuerzos de ajuste presupuestario que, según afirmó, han debido realizar todas las instituciones públicas.

“Lo que sí dicen que es un golpe a ellos es pedirles que se soquen la faja”, señaló.

Fernández sostuvo que ella misma fue la primera mandataria a la que se le pidió realizar un ajuste presupuestario y aseguró que su administración ya ha aplicado recortes en las instituciones gubernamentales.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la plata alcance”, manifestó.

Al cierre de sus declaraciones, la presidenta negó tener intención de atacar, cerrar o debilitar al Poder Judicial y aseguró que su posición responde a una defensa de la institucionalidad y de la división de poderes.

“Yo no tengo ningún deseo ni de atacar al Poder Judicial, ni de cerrarlo, ni de violar ninguna ley”, concluyó.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó iniciar el 10 de agosto las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en un proceso que se desarrollará en varias jornadas hasta la elección de los funcionarios que fiscalizarán la hacienda pública salvadoreña durante el período 2026-2029.

De acuerdo con Ernesto Castro, presidente de la comisión y del Órgano Legislativo, la convocatoria para recibir postulaciones concluirá con la participación de 18 profesionales que aspiran a los cargos de presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Los requisitos incluyen ser salvadoreño por nacimiento, ser mayor de 30 años, ser de reconocida honradez y competencia, y haber ejercido los derechos de ciudadano en los tres años previos al proceso de la elección.

Durante el desarrollo de la comisión, se informó que la Comisión Política revisará y evaluará las hojas de vida de los candidatos. La lista de postulantes incluye a Edgar Eliseo Alvarenga Funes (director propietario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte), Walter Salvador Sosa Funes (actual presidente), Karla Gabriela Siliezar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño (actualmente primer magistrado) y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla (quien ya corrió por el cargo en la última convocatoria), entre otros.

“Vamos a preguntarles si han cumplido su trabajo, porque aquí vinieron hace tres años a comprometerse con algo”, afirmó Caleb Navarro, diputado de la comisión.

Navarro y otros miembros remarcaron que las entrevistas serán públicas y retransmitidas a través de las plataformas oficiales y el Canal Legislativo. Según expresó Serafín Orantes, esto busca evitar prácticas de reparto de cuotas entre partidos.

Cronograma de entrevistas

El cronograma aprobado establece la realización de entrevistas en cuatro jornadas: el 10, 17, 24 y 25 de agosto. En cada sesión, los diputados interrogarán a los aspirantes sobre su trayectoria, visión institucional y cumplimiento de los compromisos asumidos en ejercicios anteriores, especialmente en el caso de quienes buscan la reelección.

Para este 10 de agosto: Edgar Eliseo Alvarenga, Walter Salvador Sosa, Karla Gabriela Siliézar, Julio Guillermo Bendek y Sigfredo Alexis Ventura. Para el 17 de agosto: José Rodrigo Flores, Julio Alberto Jule, Carlos Aníbal Cruz, José Arnoldo Gaitán y Arnoldo José Parada. Para el 24 de agosto: Gonzalo Octavio Ayala, Boris Romeo García, Luis Humberto Santos y Raúl Pareja. Y el 25 de agosto: Marcela Beatriz Iraeta, Carlos Orlando Lozano, José Luis Montalbán y Salvador Alexander Segovia.

Integración de la comisión y votación final

En la sesión se reiteró la invitación a la sociedad civil y a medios de comunicación para acompañar el proceso.

“La Corte de Cuentas son puestos muy importantes para el país, son los que deben auditar y controlar que los fondos públicos sean administrados según la ley”, subrayó Castro.

Una vez finalizadas las entrevistas, la Comisión Política emitirá un dictamen para que el pleno de la Asamblea Legislativa decida la conformación definitiva de la Corte de Cuentas de la República. Se prevé que la votación final se realice en la plenaria del 26 de agosto, cuando los 60 diputados elegirán a los tres magistrados titulares que asumirán funciones desde el 28 de agosto de este año hasta el 27 de agosto de 2029.

Javier Milei presidirá esta noche la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A las 21, en horario prime time, comenzará a esbozar una lectura de los movimientos que hizo como Presidente en los últimos dos años y adelantará cómo buscará seguir el resto de su gestión. El concepto que va a guiar sus lineamientos será la batalla cultural, algo que comenzó a obsesionarlo más que la propia economía.

¿Qué va a decir el Presidente? Hasta ahora, fuentes oficiales hicieron trascender que será un discurso de tres partes. Una estará vinculada a la herencia que recibió de la anterior administración y las primeras medidas que hizo el Gobierno para poder superar ese estado de cosas. El 2025 también tendrá una mención particular: fue ahí donde su gestión miró hacia el abismo hasta que llegó el salvataje de Donald Trump y Scott Bessent. Pero lo importante estará en la mirada prospectiva: qué sentido le dará a su gestión en este año sin elecciones, pero condicionado por las del 2027.

“Tiene que vender futuro y compromiso para que los aliados acompañen. Sin ellos las reformas no se pueden sacar, pero somos la única fuerza que tiene capacidad de proponer algo en este contexto político”, afirman cerca suyo.

Para ejemplificar el sentido de época actual y la importancia de hacer reformas, Milei le dará una particular importancia a lo sucedido con el caso de Techint y a los elevados precios de los neumáticos que vendían productores locales. El libertario los llama ”empresaurios”, uno de los términos famosos que creó en los últimos años para describir a uno de los sectores que considera el status quo o el partido del Estado.

Así, Milei ponderará el período de las extraordinarias, mencionará los proyectos pendientes e intentará vender un paquete de iniciativas que todavía no fueron dadas a conocer en su integralidad. Está el objetivo de sacar la reforma electoral, la del Código Penal y algunas vinculadas al Pacto de Mayo firmado dos años atrás.

En la próxima estación de la ruta reformista también aparece la reforma tributaria, aunque dos miembros de la mesa política creen que no es momento de impulsarla por el impacto fiscal que podría tener. La cuestión es: si no es ahora, ¿cuando? La pregunta no es menor, porque Milei la considera una medida indispensable para en 2028 -si es reelecto- proponer la reforma previsional.

Hay integrantes de La Libertad Avanza que no descartan que haya un importante anuncio por fuera de lo que trascendió en los últimos días, pero todo esto forma parte de las especulaciones que circulan en ocasiones como estas.

El martes de esta semana Milei encabezó la primera reunión de Gabinete y dio una suerte de speech que puede entenderse como un adelanto de lo que dirá hoy a la noche. “Nos dio su visión de las cosas para lo que se viene”, confirmó uno de los integrantes del encuentro a Infobae, que decidió no adelantar ningún aspecto más del discurso por miedo a recibir represalias.

Y es que Milei se toma muy en serio este tipo de asuntos. “Él redacta los discursos y, en todo caso, va a generando un ida y vuelta con quienes considera necesario”, afirman en su entorno. El principal es el asesor presidencial, Santiago Caputo, ideólogo de la narrativa libertaria desde su primera incursión electoral en 2021.

Posiblemente se trate del discurso más importante que dé en el año. La ocasión no podía ser mejor.

Tiene que dar un mensaje de firmeza y certidumbre a los mercados en medio de una semana que promete ser volatil por el ataque de Estados Unidos e Israel al ayatollah Ali Khamenei, lider supremo de Irán. Sobre todas las cosas, debe hablarle a la plaza local: al Gobierno le está costando mantenerse por debajo de la marca de los 500 puntos básicos de Riesgo País y las acciones no marcan subas sustanciales, todo lo contrario.

La economía real mostró un repunte en diciembre pero bajo una dinámica heterogenea: el agro y la intermediación financiera se dispararon positivamente, pero en detrimento de la industria y el comercio. La cuestión sobre el empleo, la capacidad adquisitiva y la dinámica de la actividad predominan la agenda, pese a que los números oficiales permiten dar visiones dispares.

En ese marco, La Libertad Avanza mantuvo en el mes de febrero la mejor racha legislativa desde que es oficialismo, con la aprobación de leyes de amplísimo caracter reformista. La única que quedó con media sanción fue la Ley de Glaciares, que seguramente logre aprobación en Diputados.

Es decir, se verificó que el mecanismo de coordinación política que tiene el Gobierno, materializado en la mesa política, distribuyó bien las tareas de negociación con diferentes de actores de la oposición. Ese esquema vino acompañado por más bancas propias en ambas Cámaras y la fragmentación de la oposición, que deja al oficialismo con mayores facilidades para negociar con los gobernadores, incluso aquellos peronistas.

Con la algarabía del viernes por la noche, con la reforma laboral sancionada, varios integrantes del Gobierno dijeron en público que, aprovechando el dulce momento político, ahora se vendrá una profundización de la agenda reformista.

¿Esto lo que dicen en privado? En varios casos, no.

Para continuar con su sendero reformista deberá pedir la colaboración de los aliados que consiguió acercar en estas últimas semanas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

“Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”, se sinceró a mitad de semana un importantísimo integrante del Gobierno a Infobae. Coincidentemente, una figura de La Libertad Avanza en el Senado razonó de la misma manera: “Me tranquiliza que en la cúpula del Gobierno lo vean de esta manera, porque acá tengo mis serias dudas”.

¿A qué viene esa preocupación de ciertos actores? Por un lado, es una lectura casi unánime entre los operadores del Gobierno: la oposición se va a abroquelar en una postura intransigente hacia el segundo semestre del año. “Ahí se nos va a empastar todo”, afirman un miembro de uno de los campamentos libertarios. En otro indican: “Van a perder incentivos para colaborar en la medida que el horizonte de las elecciones provinciales se vea cada vez más cerca”.

Un integrante del bloque del Senado de La Libertad Avanza opinó que el balance de las sesiones extraordinarias fue, en los papeles, excelente; pero que deja una preocupación hacia adelante. “Creo que pagamos muy caro algunas cosas”, afirmó, para luego ejemplificar: “Mirá cómo votaron Alejandra Vigo (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy), la Unión Cívica Radical y el PRO. Ninguno de ellos nos votó todo completo. Son vínculos que pueden ser circunstanciales y provisorios”, marca.

Otro integrante de ese espacio considera que la negociación de las vicepresidencias salieron caras y que comprometen otros vinculos con aliados que quedaron insatisfechos hacia adelante. En otros sectores no coinciden en absoluto con esto: refutan esta idea diciendo que, en rigor, el Gobierno consiguió mayor fragmentación del interbloque peronista. Quienes iniciaron el movimiento para que tres senadores federales se pasaran a un bloque propio fueron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Algo que podría abonar reforzar la posición de quienes defienden este último punto es que La Libertad Avanza podría evitar que estos jefes provinciales se retoben si les garantizan que La Libertad Avanza no competirá en sus distritos el año próximo. “No es una locura que, por ejemplo, en Tucumán, podamos corrernos de la disputa si es que nos conviene”, afirman en el Gobierno. La Libertad Avanza prácticamente no tiene referentes en provincias como Catamarca y Jalil demostró ser de los más útiles para la gobernabilidad violeta. Asimismo, si en la campaña pasada a la entonces candidata a senadora por Salta, Emilia Orozco, se le prohibió hablar negativamente de la gestión de Sáenz, ¿por qué no habría de ocurrir esto de vuelta?

Son todas especulaciones que empezarán a florecer en los próximos meses, pero que Milei tiene posibilidades de dar pistas en su discurso de este año. “Javier demostró ser uno de los tipos más brillantes en términos políticos. Una cosa es lo que dice de la boca hacia afuera y otra cosa es lo que hace puertas adentro. Es más pragmático de lo que se piensa”, indica una persona que lo conoce bien.

El Gobierno puede haber mejorado su coordinación política y amplificado su número de legisladores para poder impulsar reformas, pero no tiene asegurado que el Congreso se convierta en una escribanía para todo este año. La cantidad de bancas que tiene no dista mucho de las que tenía Alberto Fernández durante su gestión: se trata de que los actores con poder de veto (es decir, aquellos legisladores y gobernadores que el Gobierno necesita sí o sí para poder aprobar un proyecto o juntar quórum) puedan ser interpelados y de que el oficialismo siga logrando consensos.

No es casual que se haya escuchado a una importante voz del Gobierno afirmar esta semana que “el consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo” y que “no tiene un valor per se cuando el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo”. La Casa Rosada demostró ser lo suficientemente pragmática para negociar la reforma laboral y quitar apartados importantes de la misma en negociaciones con la oposición, los gobernadores, los sindicatos y las cámaras empresarias.

Este sábado, una de las principales espadas legislativas que tiene La Libertad Avanza coincidía con la postura de que el Congreso puede convertirse en un territorio pantanoso hacia adelante. “¿Vale la pena hacer lo mismo que hicimos con la reforma labora por cada proyecto que podamos impulsar? ¿O vale la pena esperar más para que a partir de 2027 estas puedan salir con los apartados que queremos?“. Son algunas de las interrogantes que circulan. Otros prefieren ser más optimistas y apostar a una agenda plena de reformas: “El éxito te consolida y permite que puedas aprobar más reformas”.

Funcionarios que hablaron con el Presidente este jueves informan que el discurso será de una hora, aproximadamente. En su debut en su primera Asamblea Legislativa, el líder libertario había hablado durante 70 minutos. El año pasado superó esa marca solo por dos minutos. No se prevé un cambio sustantivo en la duración para esta ocasión.

La transmisión comenzará con el arribo de Milei al Palacio del Congreso y se espera que el contacto que vaya a tener con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reduzca al mínimo posible. Hay quienes hablan de que debería ser a cero, pero hay cuestiones protocolares -como la firma de las actas- que lo podrían impedir.

Lo interesante es lo que sucederá con la transmisión, que replicará componentes de la del año pasado. “No está en los planes que se muestre a la oposición. La idea es que se lo muestre a Javier la mayor cantidad de tiempo con algunos pocos paneos”, informa una fuente al tanto del operativo.

Tal y como hizo en 2024 y 2025, Milei volverá a dar su discurso parado, con su vicepresidente detrás y la banda presidencial puesta. Sus antecesores siempre hablaron sentados en el estrado, al lado de sus vicepresidentes, y sin la banda colocada. En el arranque de la transmisión del último marzo, el rating televisivo alcanzó los 17 puntos, pero a lo largo de la transmisión, fue descendiendo, estableciéndose primero en 8,1 puntos. Luego, la baja continuó hasta tocar cifras como 5 puntos.

El presidente Javier Milei organizará una cena en la Quinta de Olivos el domingo por la noche, tras la ceremonia, a la que invitó a los bloques aliados del oficialismo. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, ya confirmó su participación junto a otros seis diputados de su espacio, mientras que integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) recibieron invitaciones específicas, aunque el MID anticipó que no asistirá por desacuerdos recientes.

Legisladores de la UCR, encabezados por Pamela Verasay, aseguraron que estarán presentes, aunque reconocieron posibles ausencias por las dificultades derivadas de los paros de controladores aéreos que afectan los vuelos desde las provincias.

La convocatoria a la residencia presidencial fue gestionada por Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza en Diputados, con el objetivo de reforzar los vínculos políticos previo a un año de fuerte agenda legislativa. Aunque inicialmente se consideró ofrecer un asado, fuentes próximas a Milei aclararon que el menú no está definido y que podría incluir empanadas u otras alternativas.

La Lengua de Señas Costarricense (LESCO) podría alcanzar uno de los mayores reconocimientos en su historia si prospera un proyecto de reforma constitucional presentado por integrantes de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor y el Grupo de Mujeres Parlamentarias.

La iniciativa propone modificar el artículo 76 de la Constitución Política para declarar el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica, además de establecer el deber del Estado de protegerlo, preservarlo, promover su enseñanza y garantizar su desarrollo como parte de la identidad cultural y lingüística de la comunidad sorda.

El proyecto surge con el respaldo de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), intérpretes, educadores y diversas organizaciones que durante años han impulsado el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta población.

Durante la presentación de la propuesta, la diputada oficialista, Anna Katharina Müller, destacó que el reconocimiento trasciende el ámbito legal y representa un paso hacia una sociedad más inclusiva.

“Es un tema de sensibilidad, de querer comprender a las demás personas y de saber que siempre le hemos enseñado a los niños que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Todos somos diferentes y por eso estamos todos aquí juntos, porque nos necesitamos todos”, expresó.

Por su parte, la diputada María Eugenia Román aseguró que existe un compromiso entre distintas fracciones legislativas para impulsar rápidamente la iniciativa.

“Hay un compromiso de las distintas fracciones parlamentarias de avanzar pronto con una iniciativa tan importante y hacer realidad la inclusión plena de las personas sordas en nuestra sociedad”, afirmó.

En la misma línea, otros legisladores señalaron que el reconocimiento constitucional contribuiría a eliminar las barreras físicas, sociales y de comunicación que históricamente han limitado la participación plena de las personas sordas.

“Como sociedad costarricense debemos ir derribando las barreras físicas, las barreras sociales y las barreras de comunicación que han hecho que ustedes no se integren a la sociedad de una forma plena”, manifestó la diputada liberacionista Karol Matamoros.

Desde la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica enfatizaron que el reconocimiento del LESCO en la Constitución representaría mucho más que un cambio de redacción.

“No queremos mantener esas barreras y poder romperlas. Es muy importante que la LESCO tenga este reconocimiento dentro de la Constitución Política. Significa un compromiso del Estado y de la sociedad para eliminar todas estas barreras”, señalaron representantes de la organización.

De aprobarse la reforma, el Estado asumiría el compromiso constitucional de fortalecer la enseñanza del LESCO y desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas sordas.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá seguir un procedimiento especial. En una primera etapa será asignado a una comisión legislativa, donde iniciará su análisis y discusión. Posteriormente deberá superar las votaciones requeridas en el plenario legislativo para continuar su trámite hasta una eventual aprobación definitiva.

Los impulsores de la iniciativa consideran que el reconocimiento constitucional del LESCO colocaría a Costa Rica entre los países que han dado rango constitucional o legal al reconocimiento de las lenguas de señas, fortaleciendo el acceso a la educación, la información, los servicios públicos y la participación de la comunidad sorda en igualdad de condiciones.

La presidenta de la República, Laura Fernández, y diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) acudieron este lunes a la Corte Suprema de Justicia para presentar una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, luego de que ese órgano ordenara prorrogar temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa completa su proceso de elección.

La acción judicial fue presentada contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría de cuatro votos que avaló mantener a los suplentes en funciones hasta que el Congreso designe a sus reemplazos.

La llegada de Fernández y de la fracción oficialista ocurrió cerca de las 10:38 a. m. en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde fueron recibidos por diputados oficialistas, miembros del gabinete y simpatizantes del movimiento político, indicó La Nación.

La querella había sido anunciada días atrás por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien sostuvo que la resolución de la Sala Constitucional representaba una invasión de competencias del Poder Legislativo y una violación al principio de separación de poderes.

El delito de prevaricato, establecido en el artículo 357 del Código Penal, sanciona a funcionarios judiciales o administrativos que dicten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. La pena establecida va de dos a seis años de prisión, aunque puede aumentar en casos específicos.

Disputa entre poderes del Estado

El conflicto surgió luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo presentado ante la falta de nombramiento de los nueve magistrados suplentes del tribunal constitucional.

En su resolución, los magistrados ordenaron mantener temporalmente a los suplentes mientras la Asamblea Legislativa realiza las designaciones pendientes con base en la lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia.

Además, el fallo obligó al Congreso a someter nuevamente la nómina de aspirantes al conocimiento del Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.

La decisión fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. En contra votaron los magistrados Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.

Tras conocerse la resolución, la presidenta Laura Fernández acusó a un sector del Poder Judicial de intentar realizar un “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa y afirmó que la Sala Constitucional asumió atribuciones que, según su criterio, corresponden únicamente al Congreso.

Bloqueo legislativo

La disputa ocurre en medio de un prolongado bloqueo político para elegir a los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

La Asamblea Legislativa ha realizado 11 rondas de votación sin lograr alcanzar los 38 votos necesarios para completar los nombramientos. En varias ocasiones, la bancada oficialista decidió no respaldar a los candidatos incluidos en la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.

El Congreso también devolvió en dos ocasiones la lista de aspirantes a la Corte Plena, una decisión cuestionada por el Poder Judicial al considerar que no existían razones suficientes para rechazar la nómina.

La Sala Constitucional posteriormente anuló esa devolución y ordenó continuar con el proceso de elección.

Trámite podría enfrentar obstáculos

Aunque la querella fue presentada formalmente, abogados penalistas advirtieron a Amelia Rueda que el proceso podría enfrentar dificultades debido precisamente a la falta de magistrados suplentes.

En caso de que avance una investigación y sea necesario analizar un eventual levantamiento del fuero de los magistrados señalados, la decisión correspondería a la Corte Plena.

Sin embargo, los cuatro magistrados denunciados tendrían que inhibirse de participar en el proceso, lo que impediría alcanzar la integración completa del máximo órgano judicial mientras no existan suplentes habilitados para ocupar esos espacios.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial mantiene abierta una de las mayores tensiones institucionales de los últimos años, con cuestionamientos cruzados sobre los límites de las competencias de cada poder del Estado.

La Sala Constitucional dio un giro al prolongado conflicto entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa por la designación de magistrados suplentes al ordenar la prórroga temporal de los nombramientos vencidos desde diciembre de 2025 y obligar al Congreso a continuar el proceso de elección con la misma nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue adoptada mediante la sentencia 2026-13498, correspondiente al expediente 26-13498-0007-CO, luego de que un ciudadano presentara un recurso de amparo alegando que la ausencia de magistraturas suplentes impedía integrar adecuadamente el tribunal constitucional para resolver varios procesos en los que figura como recurrente.

De acuerdo con la resolución, la falta de suplentes había provocado un impacto directo sobre el acceso a la justicia constitucional. Con corte al 14 de julio, al menos 123 expedientes permanecían pendientes de resolución debido a inhibitorias o recusaciones de magistrados propietarios, situación que impedía conformar el quórum necesario para emitir sentencias.

La votación estuvo dividida. Los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera respaldaron la declaratoria con lugar del recurso de amparo, mientras que Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto y consideraron que el recurso debía rechazarse.

Como parte de la resolución, la Sala dejó sin efecto los acuerdos adoptados por la Asamblea Legislativa mediante los cuales se pretendía devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de aspirantes a magistrados suplentes y solicitar una nueva lista de candidatos.

Además, ordenó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez Fallas, coordinar las acciones necesarias para que el Plenario Legislativo conozca nuevamente esa nómina “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros fijados por la sentencia.

La Sala aclaró que la prórroga de los nombramientos no implica un restablecimiento pleno e indefinido de las suplencias. Los magistrados suplentes únicamente podrán ser convocados en los casos considerados urgentes e indispensables, particularmente cuando un magistrado propietario no pueda participar por incapacidad, recusación o alguna otra causa legal de impedimento.

Los funcionarios cuyos nombramientos fueron prorrogados de manera temporal son Alejandro Delgado Faith, Huberth Fernández Argüello, Ana María Picado Brenes, Ileana Isabel Sánchez Navarro, Ronald Salazar Murillo, Alexandra Alvarado Paniagua, Ana Cristina Fernández Acuña, Aracelly Pacheco Salazar, Fernando Lara Gamboa, Jorge Isaac Solano Aguilar, Rosibel Jara Velásquez y José Roberto Garita Navarro.

El conflicto institucional se originó luego de que la Corte Plena enviara el 15 de octubre de 2025 una nómina integrada por 18 candidatos para llenar nueve de las doce plazas de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Sin embargo, después de once rondas de votación, la Asamblea Legislativa no logró elegir a ninguno de los aspirantes.

Posteriormente, la mayoría legislativa impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano promovió la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que los nombres propuestos no reunían el consenso político suficiente para alcanzar las mayorías requeridas.

La Corte Plena rechazó esa decisión y remitió nuevamente la misma nómina al Congreso. Meses después, el oficialismo optó por archivar el expediente sin continuar las votaciones, una actuación que ahora fue anulada por la Sala Constitucional.

El tribunal recordó que el artículo 164 de la Constitución Política establece que, una vez recibida la comunicación correspondiente, la Asamblea Legislativa debe realizar el nombramiento de magistrados suplentes en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre.

Asimismo, la sentencia cita como precedente la resolución 11083-2013, mediante la cual la propia Sala Constitucional ya había establecido que el Congreso carece de potestad para devolver la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia o negarse a efectuar los nombramientos, por tratarse de una obligación constitucional.

En esa oportunidad, la Sala sostuvo que la Asamblea está obligada a escoger a los magistrados suplentes entre las personas incluidas en la lista enviada por la Corte Plena, criterio que ahora fue reiterado por la mayoría del tribunal constitucional.

El fallo también condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por la vulneración acreditada, montos que deberán determinarse posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tras conocerse la resolución, diputados de oposición celebraron el fallo. El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, afirmó que la decisión protege el derecho de cientos de personas que esperaban una resolución de la Sala Constitucional y responsabilizó al oficialismo por el retraso en los nombramientos.

Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, sostuvo que la sentencia confirma que la Asamblea tenía el deber constitucional de elegir a los magistrados suplentes utilizando la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el legislador del Frente Amplio, Antonio Trejos, recordó que desde el inicio de la discusión había advertido que devolver la lista de candidatos era una actuación contraria a la Constitución Política.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica anunció que el próximo lunes 3 de agosto presentará una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, acusándolos de excederse en sus atribuciones al prorrogar los nombramientos de magistrados suplentes cuyo periodo concluyó en diciembre de 2025.

La denuncia estará dirigida contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes, según la acusación, dictaron una resolución contraria a la ley y vulneraron la división de poderes.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, sostuvo que la medida judicial adoptada por los magistrados constituye una violación al artículo 158 de la Constitución Política de Costa Rica, que señala que los magistrados deben ser elegidos por un periodo de ocho años y que la potestad de nombramiento recae exclusivamente en el Poder Legislativo.

La querella, que será presentada ante la Secretaría de la Corte Plena, busca que se investiguen las responsabilidades penales y disciplinarias de los magistrados señalados. Además, la presidenta de la Asamblea Legislativa advirtió que el proceso judicial pretende restituir el equilibrio institucional y reafirmar la autoridad de la Asamblea en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Contexto de la crisis institucional

El conflicto institucional surgió tras una resolución de la Sala Constitucional (Sala Cuarta), que decidió prorrogar en sus cargos a magistrados suplentes cuyo mandato había finalizado el 16 de diciembre de 2025.

La decisión fue calificada como “ilegal e inconstitucional” por la presidenta de la República, Laura Fernández, quien consideró el acto como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Fernández argumentó que la Sala Constitucional ha asumido facultades que la Constitución y los tratados internacionales no le otorgan.

Según el Ejecutivo, la resolución vulnera diversos artículos constitucionales, incluyendo el 9, 11, 121 (incisos 3 y 20), 154, 157, 158 y 164. El artículo 164, citado por la presidenta, establece que solo la ley puede fijar el periodo y las condiciones de los magistrados propietarios y suplentes, en tanto que el artículo 121 otorga al Legislativo la competencia exclusiva para el nombramiento y destitución de magistrados.

Por lo que, el el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, respaldó la postura del Ejecutivo y señaló que la decisión judicial fractura el Estado de derecho.

Repercusiones y división de poderes

La controversia ha reavivado el debate sobre la separación de poderes en Costa Rica. La Constitución Política define que la Asamblea Legislativa es la única instancia con autoridad para designar y remover magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La prórroga decidida por la Sala Constitucional ha generado críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos, que advierten sobre el riesgo de un precedente que pueda debilitar la estructura democrática y los equilibrios institucionales.

El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han insistido en que el fallo de la Sala Constitucional transgrede los límites legales y afecta la legitimidad del sistema democrático. En declaraciones reproducidas por La Nación, la presidenta Fernández subrayó que la independencia de poderes resulta indispensable para garantizar la estabilidad democrática, y que cualquier extralimitación judicial pone en peligro ese fundamento.

De acuerdo con analistas consultados por La Nación, la disputa refleja tensiones acumuladas en la relación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones enfrenta desafíos significativos. La agudización de este conflicto institucional ocurre en un momento en que la imagen del Poder Judicial ya estaba bajo escrutinio público.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para la ratificación del acuerdo bilateral entre El Salvador e Italia que permitirá el reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

Esta medida beneficiará a más de 80,000 salvadoreños residentes en ese país, facilitando su inserción laboral y movilidad dentro del país europeo, según confirmaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la sesión.

El dictamen, aprobado ayer por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, será discutido por los parlamentarios en la sesión plenaria (con la participación de los 60 diputados) posterior a las vacaciones de agosto. La propuesta fue enviada por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, y fue revisada en la Comisión con la participación de funcionarios de ambas carteras.

El acuerdo entre El Salvador y Italia establece un marco de cooperación para que los titulares de licencias de conducir no provisionales, expedidas por las autoridades de cualquiera de los dos países, puedan realizar la conversión y validación de sus documentos en el país de residencia. Según el documento oficial analizado por la comisión, el instrumento consta de once artículos y cuatro anexos técnicos que detallan procedimientos, requisitos, modelos de licencias, mecanismos de verificación y la protección de datos personales.

Durante la sesión, el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que el acuerdo permitirá a los salvadoreños en Italia utilizar sus licencias sin la necesidad de realizar exámenes adicionales, salvo en circunstancias especiales. Añadió que la medida facilitará la inserción en el mercado laboral, ya que muchos empleos requieren la acreditación de una licencia válida, y al mismo tiempo contribuirá a la movilidad y seguridad jurídica de los beneficiarios.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, especificó que, cuando el acuerdo sea aprobado por el pleno legislativo, su entrada en vigor estará sujeta al intercambio de notas diplomáticas entre ambos gobiernos. “El instrumento entrará en vigencia sesenta días después de la recepción de la segunda comunicación entre las partes”, detalló Góchez, citado por la comisión. Además, tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de iniciar negociaciones para su prórroga un año antes de su vencimiento.

Infobae reportó que, según datos oficiales, actualmente residen en Italia alrededor de 80,363 salvadoreños, quienes constituyen una de las comunidades más numerosas de la diáspora salvadoreña en Europa. El acuerdo también prevé la reciprocidad para los italianos residentes en El Salvador, quienes podrán validar sus licencias de conducción bajo el mismo procedimiento.

La diputada Evelin Merlos, integrante de la Comisión, resaltó que el mecanismo establecido por el acuerdo permitirá a los beneficiarios convertir sus licencias sin tener que pasar por todo el proceso administrativo nuevamente, lo que reduce trámites y otorga certeza jurídica tanto para quienes trabajan, como para los que estudian o se reencuentran con sus familias. Además, subrayó que el acuerdo fortalece los vínculos bilaterales y la cooperación entre ambos países.

El dictamen favorable de la comisión destaca que el acuerdo no implica un reconocimiento automático de las licencias, sino que establece procedimientos sujetos al cumplimiento de requisitos previamente acordados por las partes, garantizando así el control de las autoridades y la seguridad vial. Este enfoque fue respaldado por los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador y por sus homólogos italianos, quienes participaron en el proceso de negociación y revisión del instrumento.

De ser aprobado en la sesión plenaria, tras las vacaciones de agosto, el acuerdo entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador, posteriormente a la notificación diplomática entre ambos gobiernos. El instrumento busca facilitar la integración social y económica de los migrantes salvadoreños en Italia, en línea con la política exterior de protección de la diáspora y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, según expusieron los diputados al concluir la sesión.

La Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.461, una reforma integral a la Ley de Radio de 1954 que actualiza el marco jurídico para las concesiones de radio y televisión en Costa Rica, modifica el sistema de cobro por el uso del espectro radioeléctrico y crea un nuevo régimen de sanciones para quienes operan estos servicios.

La aprobación fue posible luego de un acuerdo político entre las fracciones de Liberación Nacional y el oficialismo, que permitió retirar 110 mociones de fondo y destrabar el avance del proyecto en el Plenario. La iniciativa también contó con el respaldo del Frente Amplio.

Como parte del consenso alcanzado, los legisladores acordaron impulsar posteriormente dos reformas adicionales. La primera buscará ajustar el canon a la realidad económica de las emisoras de radio, mientras que la segunda pretende garantizar que un eventual retiro de una concesión esté sustentado exclusivamente en criterios técnicos.

Durante el debate, diputados que respaldaron el proyecto insistieron en la importancia de que la reforma sea sometida a una consulta de constitucionalidad, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los concesionarios y evitar eventuales cuestionamientos que puedan comprometer la aplicación de la nueva normativa.

Los defensores de la iniciativa sostuvieron que el país necesitaba modernizar una legislación con más de siete décadas de vigencia, al considerar que las condiciones económicas y tecnológicas del sector han cambiado de forma significativa desde que fue promulgada.

Uno de los principales cambios consiste en la actualización del canon que deberán pagar los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico, un recurso considerado de dominio público. Hasta ahora, los operadores cancelaban un monto fijo establecido hace más de 70 años, una situación que, según los impulsores del proyecto, ya no respondía al valor económico que representa la explotación comercial de las frecuencias.

Con la reforma, el canon pasará a calcularse sobre los ingresos brutos obtenidos por el aprovechamiento de las frecuencias concesionadas. En el caso de las empresas de televisión, la tarifa máxima será de un 7.73 %, mientras que para las emisoras de radiodifusión sonora alcanzará hasta un 3.13 %, dependiendo del nivel de ingresos de cada concesionario.

Precisamente este nuevo esquema de cobro generó cuestionamientos durante la discusión legislativa. La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la reforma sobre las pequeñas radioemisoras regionales, familiares y comunitarias.

Según advirtió, estos medios operan con márgenes financieros mucho más reducidos que las grandes cadenas nacionales y cumplen un papel fundamental en la comunicación de las comunidades, especialmente durante emergencias, campañas de salud, cierres de carreteras, actividades comunales e información de interés local.

La legisladora alertó además sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones puedan favorecer una mayor concentración del mercado, debilitando el pluralismo y la diversidad informativa en el país si algunas emisoras no logran asumir las nuevas cargas económicas.

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto corresponde al destino de los recursos obtenidos mediante el cobro del canon. La reforma establece que el 50 % de lo recaudado será destinado al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para la administración, planificación y gestión del espectro radioeléctrico.

El otro 50 % financiará el Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual, un mecanismo creado para impulsar la producción audiovisual costarricense y apoyar el desarrollo de proyectos relacionados con la industria cultural y creativa del país.

Con la aprobación del expediente 24.461, el Congreso da un paso hacia la modernización del marco regulatorio de la radiodifusión en Costa Rica. Sin embargo, los propios diputados reconocieron que aún quedan ajustes pendientes para equilibrar el impacto económico sobre los concesionarios y garantizar que la nueva legislación ofrezca reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que favorezcan tanto la competencia como la pluralidad de los medios de comunicación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador admitió este martes la solicitud de ratificación del acuerdo con Italia sobre el reconocimiento recíproco para la conversión de licencias de conducir. El instrumento, firmado el 19 de junio de 2026, fue enviado a las comisiones de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno para su estudio.

El acuerdo habilita a los titulares de licencias de conducir no provisionales emitidas en ambos países a convertirlas para su uso en el territorio de la otra parte sin realizar pruebas adicionales, salvo en situaciones específicas. La medida alcanza a salvadoreños residentes en Italia y a italianos residentes en El Salvador que necesiten validar su permiso para fines laborales o personales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la disposición facilitará la movilidad y la inserción laboral, al permitir el uso legítimo y seguro de las licencias en ambos territorios. También establece que los conductores estarán sujetos a la normativa de tránsito local.

¿Qué prevé el acuerdo?

El reconocimiento recíproco de las licencias de conducir está previsto para quienes fijen su residencia en el otro país. La conversión de licencias reducirá trámites y evitará pruebas adicionales para los beneficiarios.

Para acceder a la conversión de licencias se exige tener menos de seis años de residencia en Italia. También será necesario presentar la licencia salvadoreña original y los documentos requeridos por la normativa vigente, incluida una certificación en idioma italiano.

Los solicitantes deberán cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades de ambos países: en Italia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte; en El Salvador, el Viceministerio de Transporte.

El trámite en la Asamblea

La ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill remitió el acuerdo a la Asamblea Legislativa y solicitó su ratificación. La documentación enviada incluye el acuerdo original, sus anexos, la certificación de autorización presidencial y un resumen ejecutivo.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno revisará el instrumento internacional antes de que sea sometido a votación en el pleno.

El alcance para los salvadoreños en Italia

En junio de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el acuerdo permitirá que los connacionales hagan valer su licencia salvadoreña conforme a la normativa italiana, con impacto en la movilidad y en las oportunidades de inserción laboral de hasta 80 mil salvadoreños en sectores donde conducir es un requisito, como transporte, logística, construcción, servicios y asistencia domiciliaria.

El convenio fue firmado por Alexandra Hill y el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini. Durante la firma, Hill señaló: “Culminar este proceso es para nosotros sumamente importante, esto es más que un trámite, es transformar la diplomacia en oportunidades”.

La funcionaria agregó: “para muchos podría tratarse únicamente de una licencia de conducir. Sin embargo, para miles de salvadoreños significa acceso a mejores oportunidades laborales, menos trámites, menos gastos y más tranquilidad para sus familias”.

Salvini sostuvo que “esta firma representa un cambio para familias enteras, una firma que cambia la vida de muchas personas”. El canciller italiano Antonio Tajani destacó que “este acuerdo representa una oportunidad de integración de la comunidad salvadoreña en Italia”.

El acuerdo también permitirá que los salvadoreños cuenten con documentación válida y actualizada conforme a la legislación italiana, con menos costos y cargas administrativas gracias a los servicios de renovación de licencias que ya ofrecen los consulados salvadoreños en Roma y Milán.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

Con esta decisión, el Órgano Legislativo sumó la prórroga número 53 a una medida que ha transformado la vida pública salvadoreña y que sigue generando controversia a nivel nacional e internacional. La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría oficialista liderada por el partido Nuevas Ideas.

El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, entre ellas la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho a la defensa.

Desde el inicio de esta estrategia las fuerzas de seguridad han realizado más de 92 mil detenciones de personas vinculadas, según el Gobierno, a estructuras de pandillas.

El Ejecutivo sostiene que la medida ha permitido una reducción histórica en los índices de homicidios y extorsiones en todo el territorio salvadoreño.

La aprobación de la nueva extensión, con 57 votos a favor, se realizó en el pleno de la Asamblea Legislativa en San Salvador.

Los legisladores del bloque oficialista defendieron la continuidad de la política argumentando que es necesario mantener activas estas medidas para evitar que las organizaciones criminales puedan volver a operar en el país.

Según cifras presentadas por los diputados en diferentes ocasiones, la tasa de homicidios en El Salvador ha caído a niveles mínimos en comparación con años previos a la medida.

“Que nunca olvidemos las fronteras invisibles. Nuestros jóvenes obligados a escoger entre huir o unirse a una pandilla. Ahora nuestro compromiso como diputados es fortalecer esa paz y fortalecer el Estado de Derecho, y que las nuevas generaciones conozcan ese pasado por los libros de historia, nunca por experiencia propia”, dijo el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, durante la sesión plenaria.

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado que bajo el régimen se han registrado detenciones arbitrarias, desapariciones y muertes bajo custodia policial. El Ejecutivo, sin embargo, asegura que todas las acciones se realizan en el marco de la ley y que los casos de abusos se investigan de manera interna en las instituciones pertinentes.

Para el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, no se debe perder de vista el país “que nos heredaron los gobiernos anteriores”. Mencionó que los diputados están comprometido en seguir legislando en favor de todos los salvadoreños, “para que esas transformaciones de país continúen”, dando “herramientas a niñas, niños y jóvenes de El Salvador”, permitiendo que tengan educación de calidad, escuelas renovadas y que no se pierda una generación más por causa de la delincuencia e inseguridad.

A nivel nacional, la respuesta social al régimen se encuentra dividida. Sectores empresariales y muchas familias han manifestado que la estrategia permite recuperar espacios públicos y reactivar la economía local en comunidades previamente controladas por grupos criminales.

Por otro lado, víctimas de detenciones injustificadas, así como abogados defensores y organizaciones no gubernamentales, señalan que la suspensión prolongada de derechos fundamentales ha generado un clima de temor y vulnerabilidad jurídica.

El régimen de excepción fue decretado inicialmente en marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos principales pandillas que han operado en el país. Desde entonces, la medida se ha renovado de forma mensual, un hecho que ha convertido a El Salvador en uno de los países con mayor restricción de libertades civiles en la región.

La prórroga aprobada este martes se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la percepción de seguridad para seguir impulsando diversos proyectos. El oficialismo ha reiterado en diferentes ocasiones que la estrategia continuará “el tiempo que sea necesario” para garantizar la seguridad y el orden público.

La aprobación de la prórroga número 53 del régimen de excepción mantiene vigente un marco legal que ha modificado profundamente la estructura institucional salvadoreña y que sigue bajo la observación atenta de la comunidad internacional.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió por unanimidad, el 27 de julio de 2026 en San Salvador, dictámenes favorables para incorporar financiamiento externo y refuerzos presupuestarios destinados a telemedicina y educación, durante la sesión de este lunes.

Entre las medidas avaladas figuran recursos para Doctor SV, el Programa de Modernización del Sistema Educativo, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos para paquetes escolares de 2027, de acuerdo con la exposición de representantes del Ministerio de Hacienda ante los diputados.

Representantes del Ministerio de Hacienda detallaron las solicitudes durante la sesión y atribuyeron los refuerzos presupuestarios a excedentes de recaudación tributaria obtenidos hasta junio de 2026.

Refuerzos para telemedicina y salud

Entre los proyectos aprobados figura el refuerzo para el programa Doctor SV, iniciativa de telemedicina que opera a través del Hospital Nacional El Salvador.

Según explicó Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el financiamiento de USD 46,1 millones proviene de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento y permitirá fortalecer la plataforma digital, adquirir licencias y equipos, contratar personal especializado y ampliar la cobertura para consultas, exámenes de laboratorio y dispensación de medicamentos.

La subdirectora general de Presupuesto, Laura Michelle Arce, precisó que Doctor SV atiende actualmente unas 18,000 llamadas diarias y cuenta con más de 1.5 millones de usuarios registrados, con tres millones de citas médicas agendadas y más de dos millones de recetas emitidas.

El objetivo, según la funcionaria, es asegurar el acceso gratuito y permanente a servicios de salud digital en todo el territorio.

En materia de salud, también se reforzó el presupuesto con USD 62 millones adicionales para ampliar la cobertura de Doctor SV y asegurar la continuidad de los servicios de telemedicina y atención a distancia.

Fondos para educación y jóvenes

La sesión también aprobó la incorporación de recursos por USD 14.3 millones para el Programa de Modernización del Sistema Educativo, ejecutado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El financiamiento está destinado a la contratación de consultorías, capacitación docente, adquisición de equipos tecnológicos y desarrollo de plataformas digitales de aprendizaje.

Este refuerzo presupuestario forma parte de un préstamo mayor con la Corporación Andina de Fomento y se suma a otras asignaciones previas para la modernización pedagógica y tecnológica de los centros educativos públicos.

En paralelo, la comisión avaló la autorización para suscribir un préstamo de USD 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido a financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes.

El plan busca incrementar el acceso a la educación postsecundaria, fortalecer las capacidades académicas y socioemocionales, y otorgar becas y apoyos económicos a estudiantes en situación de vulnerabilidad, incluidos migrantes retornados, jóvenes con maternidad temprana y personas con discapacidad. La Dirección de Integración será la responsable de ejecutar este programa, que aspira a beneficiar a unos 60,000 jóvenes.

Paquetes escolares e infraestructura

Los dictámenes incluyeron, además, la asignación de USD 69 millones para garantizar los paquetes escolares del ciclo lectivo 2027, con la disponibilidad anticipada de útiles para estudiantes de escuelas públicas y el pago a micro y pequeñas empresas que confeccionan estos insumos.

De acuerdo con la exposición de los representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos también permitirán financiar proyectos de infraestructura, cubrir obligaciones por derechos de vía y ejecutar obras en los ámbitos vial, social, educativo, deportivo y turístico.

La sesión concluyó con la aprobación de todos los dictámenes sometidos a votación, sin objeciones de los diputados presentes.

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes en la Asamblea Legislativa un segundo paquete de seis proyectos de ley con los que pretende fortalecer el combate contra el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y endurecer las herramientas del Estado frente a delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato.

Durante una exposición de más de una hora, la mandataria aseguró que las iniciativas son el resultado del trabajo desarrollado por el equipo de Fuerza Élite, instancia que, según explicó, analiza semanalmente la situación de seguridad del país para identificar vacíos legales que obstaculizan la persecución del delito.

Fernández afirmó que Costa Rica enfrenta organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y recursos que en décadas anteriores, por lo que consideró indispensable actualizar una legislación que calificó como “obsoleta” frente a las nuevas modalidades delictivas.

"No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado. No vamos a parar en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico“, manifestó durante su intervención.

Reformar el proceso penal para acelerar la justicia

El primer proyecto propone modificar el Código Procesal Penal para eliminar la audiencia preliminar y sustituirla por una única audiencia previa al juicio.

Según explicó la presidenta, la intención es reducir la duplicidad de trámites, acortar los tiempos de resolución de los expedientes y disminuir los costos operativos del Poder Judicial, sin afectar las garantías del debido proceso.

Fernández sostuvo que actualmente existen causas penales que tardan tantos años en llegar a juicio que incluso algunos testigos olvidan detalles de los hechos investigados.

Durante ese apartado también criticó al Poder Judicial por, según dijo, concentrarse en solicitar mayores recursos económicos en lugar de impulsar reformas para hacer más eficiente el sistema de justicia. Asimismo, cuestionó la ausencia de representantes de la Corte en una reunión previa convocada para analizar las iniciativas.

Extradición para más delitos graves

Otra de las principales propuestas consiste en una reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de costarricenses por delitos vinculados con el crimen organizado transnacional.

La iniciativa contempla incluir delitos como tráfico internacional de drogas, terrorismo, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, sicariato, homicidios relacionados con estructuras criminales, cibercrimen y participación en organizaciones criminales internacionales.

La presidenta aclaró que la extradición seguiría siendo una medida excepcional, sujeta a resolución de los tribunales costarricenses y al cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que la conducta sea considerada delito tanto en Costa Rica como en el país solicitante.

Tobilleras electrónicas para quienes obtengan beneficios carcelarios

Uno de los proyectos que Fernández calificó como prioritarios plantea el uso obligatorio de dispositivos de monitoreo electrónico para personas condenadas que reciban beneficios de ejecución de la pena y puedan salir de prisión antes de cumplir totalmente su sentencia.

La mandataria utilizó como ejemplo el caso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al afirmar que si una legislación similar hubiera existido años atrás, el presunto líder criminal no habría permanecido prófugo durante una década.

Según explicó, el objetivo es sustituir mecanismos como la obligación de firmar periódicamente por un sistema de vigilancia permanente mediante tobilleras electrónicas que permita conocer la ubicación del beneficiario y reducir el riesgo de reincidencia.

La propuesta también pretende fortalecer los controles sobre los jueces de ejecución y endurecer los requisitos para acceder a regímenes de confianza.

Endurecer penas por minería ilegal

El cuarto proyecto está dirigido a combatir la explotación minera ilegal, particularmente en Crucitas, San Carlos.

La reforma aumentaría las penas de prisión por extracción ilegal de minerales, elevaría las sanciones para quienes financien o promuevan estas actividades y permitiría el decomiso de maquinaria, dinero y bienes utilizados en la actividad ilícita.

Fernández aseguró que las penas actuales resultan insuficientes para combatir este fenómeno y afirmó que existen personas detenidas en múltiples ocasiones por minería ilegal que recuperan rápidamente la libertad debido a la baja penalidad contemplada en la legislación vigente.

Pensiones alimentarias y nueva estructura policial

El quinto proyecto plantea sustituir el apremio corporal por monitoreo electrónico para deudores de pensión alimentaria, con el fin de que puedan mantener un empleo y generar ingresos para cumplir con sus obligaciones, bajo supervisión judicial.

No obstante, la mandataria aclaró que quienes incumplan nuevamente o manipulen el dispositivo perderían el beneficio y serían enviados al sistema penitenciario.

Finalmente, el sexto proyecto propone modificar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales mediante el restablecimiento de rangos tradicionales como coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y sargento, además de establecer concursos públicos para ascensos y requisitos académicos y de experiencia para ocupar puestos de mando.

Fernández sostuvo que la iniciativa busca fortalecer la carrera policial, eliminar nombramientos discrecionales y homologar la nomenclatura utilizada por las policías costarricenses con la empleada por cuerpos policiales internacionales.

Las negociaciones entre las distintas fracciones legislativas comienzan a dar resultados en la discusión del proyecto de ley que pretende atender la extracción ilegal de oro en Crucitas de San Carlos. Luego de semanas de estancamiento, los diputados confirmaron que cerca de 150 mociones de fondo ya fueron retiradas como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se encuentra actualmente en la etapa de discusión de mociones de fondo. En total, se habían presentado más de 600 enmiendas, lo que había ralentizado significativamente su avance dentro de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores que participan en las negociaciones señalaron que existe un ambiente de mayor apertura entre las bancadas para construir un texto de consenso que permita atender no solo la minería ilegal, sino también los problemas de seguridad y desarrollo que enfrenta la zona norte del país.

El diputado oficialista Nogui Acosta aseguró que el proceso ha evolucionado positivamente y destacó la disposición de las distintas fracciones para ceder en algunos puntos.

“Hay que responderle a los sancarleños, sobre todo a la gente de Crucitas. Hemos logrado incorporar algunas mociones de Liberación Nacional y otras del Frente Amplio. Ya hemos visto la voluntad de las diferentes fracciones retirando mociones y esperamos que la próxima semana podamos empezar a trabajar directamente sobre el proyecto”, afirmó.

Desde el Partido Liberación Nacional también destacaron avances importantes en la negociación. El jefe de fracción, Alvaro Ramírez, informó que su bancada retiró más de 70 mociones, lo que representa alrededor del 40 % de las propuestas que habían presentado al expediente.

Según explicó, la decisión responde al trabajo desarrollado en una mesa de diálogo impulsada por esa fracción, en la que participan representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno.

Ramírez indicó que parte de los acuerdos incluye el compromiso del Poder Ejecutivo de convocar un proyecto de ley que tipifique la minería ilegal como un delito vinculado al crimen organizado, además de incorporar varias de las propuestas presentadas por Liberación Nacional al texto que actualmente se negocia.

“Estamos demostrando que existe compromiso con el país y con la zona de San Carlos para resolver este problema de manera integral. También hemos cumplido con los compromisos adquiridos dentro de esa mesa de trabajo”, señaló.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, insistió en que uno de los principales vacíos del proyecto impulsado por el Gobierno es que no aborda con suficiente fuerza el componente de seguridad ni el combate a las estructuras criminales que operan detrás de la extracción ilegal de oro.

El legislador destacó la importancia de que el Ejecutivo haya convocado una iniciativa presentada por su partido para que la minería ilegal pueda ser investigada y perseguida bajo la legislación contra el crimen organizado.

Según Araya, actualmente las autoridades concentran sus esfuerzos en detener a los coligalleros, quienes realizan la extracción de oro de manera artesanal, mientras que las organizaciones que financian y controlan la actividad permanecen fuera del alcance de la justicia.

“Se persigue al coligallero, pero él es la mano de obra barata y descartable. A quienes están detrás comprando el oro y suministrando los insumos prácticamente no se les toca. Revisar este tema como crimen organizado es fundamental”, afirmó.

El diputado también reiteró sus críticas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la propuesta no resolverá el problema que enfrenta Crucitas.

A juicio del legislador frenteamplista, la iniciativa carece de medidas suficientes para enfrentar la inseguridad que se ha incrementado alrededor de la actividad minera ilegal y no ofrece una respuesta integral para la zona.

Las fracciones coinciden en que todavía quedan mociones por discutir; sin embargo, consideran que el retiro de aproximadamente 150 enmiendas representa un avance significativo para agilizar el trámite legislativo.

Si las negociaciones continúan al ritmo actual, los diputados esperan que durante las próximas semanas el proyecto pueda entrar en una etapa de discusión más expedita y acercarse a su eventual votación en el Plenario Legislativo.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de tres proyectos de ley con el que pretende fortalecer la recaudación de impuestos, combatir distintas modalidades de fraude fiscal y hacer más eficiente la recuperación de recursos adeudados al Estado.

El viceministro de Hacienda, Victor Julio Carvajal, explicó que las iniciativas forman parte de una reforma fiscal enfocada en cerrar portillos utilizados para la evasión de impuestos y mejorar los mecanismos con los que cuenta la administración tributaria para hacer cumplir las obligaciones fiscales.

La primera propuesta está dirigida al impuesto que pagan los cigarrillos. Según explicó el jerarca, la intención es eliminar la denominada “base mínima impositiva”, un mecanismo que actualmente toma como referencia el precio de la cajetilla de cigarrillos de mayor venta en el país para calcular el impuesto que deben cancelar otros productos del mercado.

De acuerdo con Hacienda, este esquema provoca que incluso las cajetillas de menor precio terminen tributando con base en el valor del producto de referencia, lo que en algunos casos genera cargas tributarias que superan el 400% del costo original de la cajetilla.

El viceministro sostuvo que esa diferencia entre el costo del producto y la carga impositiva ha convertido el contrabando de cigarrillos en una actividad altamente rentable para las organizaciones dedicadas al comercio ilegal.

Como ejemplo, recordó un operativo realizado la semana anterior en el que las autoridades decomisaron 28 millones de cigarrillos. Según los cálculos de Hacienda, únicamente por concepto de impuestos dejados de pagar, el perjuicio para el Estado superó los tres millones de dólares.

La segunda iniciativa se concentra en el combate de las llamadas facturas falsas, un mecanismo que, según datos del Ministerio de Hacienda, ya supera los ¢700,000 millones (USD 1.56 mil millones) en montos facturados.

El viceministro aclaró que no se trata de documentos falsificados, sino de facturas electrónicas que cumplen con todos los requisitos tecnológicos y son validadas por el sistema de Hacienda, pero que no corresponden a una transacción económica real entre las partes.

El objetivo de estas operaciones simuladas, explicó, es permitir que los contribuyentes que reciben esas facturas apliquen créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los que no tienen derecho y, además, registren gastos inexistentes que afectan el cálculo del impuesto sobre la renta.

Para Hacienda, este tipo de prácticas representa una afectación directa a las finanzas públicas, ya que disminuye la recaudación mediante mecanismos de evasión sustentados en documentación aparentemente válida.

Como parte del proyecto, el Ministerio propone facultar a la administración tributaria para bloquear durante cinco años del sistema de facturación electrónica a las empresas que sean detectadas realizando transacciones simuladas o comercializando este tipo de comprobantes.

La medida también contempla que ese bloqueo pueda aplicarse de forma inmediata como una medida cautelar mientras avanzan los procedimientos administrativos correspondientes, con el propósito de impedir que continúe la emisión de facturas utilizadas para cometer fraude tributario.

El tercer proyecto de ley busca modificar el esquema de cobro judicial establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con el fin de acelerar la recuperación de las deudas pendientes con el Estado.

Actualmente, explicó el viceministro, la Oficina de Apremio Tributario debe acudir al Poder Judicial para presentar las demandas necesarias antes de solicitar embargos sobre bienes de los contribuyentes morosos.

La propuesta plantea que, una vez agotadas todas las etapas de apelación —incluyendo el Tribunal Fiscal Administrativo y la jurisdicción contencioso-administrativa— y cuando la deuda ya sea líquida y exigible, funcionarios especialmente designados por el Ministerio de Hacienda puedan ejecutar directamente diversas actuaciones administrativas.

Entre esas facultades se incluyen realizar anotaciones registrales y efectuar notificaciones sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial, lo que permitiría reducir tiempos y agilizar significativamente la recuperación de recursos para el Estado.

Con este paquete de proyectos, Hacienda apuesta por modernizar herramientas de fiscalización, fortalecer el combate contra la evasión y el fraude tributario, y hacer más eficiente la gestión de cobro de las obligaciones fiscales, en momentos en que el Gobierno busca incrementar la efectividad de la recaudación sin recurrir a la creación de nuevos impuestos.

Los proyectos presentados entrarán a la agenda Legislativa para ser votados en el plenario, por los 57 diputados.

El gobierno pidió incorporar USD 90.935 al presupuesto de 2026 para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de financiar actividades de promoción económica en el exterior y reforzar capacidades operativas de la Cancillería. La solicitud fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda.

La petición, remitida por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, responde a instrucciones de la Presidencia de la República. El documento plantea que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de esos fondos al presupuesto vigente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga de recursos adicionales durante el ejercicio fiscal.

“Se requiere incorporar en el presupuesto vigente de 2026 la cantidad de US$90,935.00 con el objetivo de financiar actividades estratégicas de promoción económica en el exterior, así como una compra local complementaria de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de Office, destinados a fortalecer las capacidades operativas de esa institución; que sumado al monto programado en el ejercicio vigente por US$200,000.00, totaliza la cantidad de US$290,935.00″, justifica el documento.

Marco legal y origen de los fondos

La correspondencia entregada a la Asamblea Legislativa detalla que en julio de 2023, la Asamblea avaló un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta USD 75 millones, para financiar el “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador”, ejecutado por los ramos de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores.

Dentro de ese programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina el proyecto de inversión 8551, denominado “Programa de fortalecimiento de oficinas económicas comerciales para atracción de inversionistas del extranjero, promoción y turismo – Componente tres, MIREX – CAF”.

Para ese proyecto ya se asignaron USD 995.213, con una ejecución acumulada en 2024 y 2025 de USD 393.199, y para 2026 se programaron USD 200.000. Tras esas asignaciones, queda un saldo disponible de USD 402.014 para el mismo programa.

Cómo se distribuirán los recursos

El Ministerio de Hacienda sostiene que, de ese saldo, es necesario incorporar al presupuesto vigente de 2026 la cantidad de USD 90.935. Según la solicitud, esos fondos permitirán financiar actividades de promoción económica internacional y cubrir la adquisición local de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de software para reforzar las capacidades operativas de la Cancillería.

Con esa incorporación, la suma total de recursos programados para estas acciones en 2026, incluidos los fondos ya presupuestados, ascenderá a USD 290.935.

Alcance de la reforma presupuestaria

El proyecto de decreto legislativo establece que, en la Sección A del Presupuesto General del Estado, en el apartado de ingresos del Gobierno Central, se incrementará la fuente de financiamiento de organismos multilaterales con los USD 90.935 provenientes del préstamo con la CAF.

En el apartado de gastos, esos recursos serán asignados a la Unidad Presupuestaria 05, Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, en la línea de trabajo relativa a la transformación del clima de negocios, bajo la fuente de financiamiento de préstamos externos.

La solicitud también instruye a la Asamblea Legislativa a incorporar la pieza de correspondencia al proceso formal de formación de ley y a tramitar la iniciativa conforme a derecho, para que la reforma sea aprobada en tiempo oportuno.

La solicitud de Hacienda fue admitida en el pleno y pasará a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la creación de una comisión especial dedicada a los asuntos de la provincia de Guanacaste, en un contexto marcado por un fuerte desacuerdo entre el oficialismo y la oposición respecto a la utilidad de estos órganos parlamentarios.

Según informó delfino.cr, la moción impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 29 votos en contra y 24 a favor, impidiendo así la conformación del grupo propuesto.

De acuerdo con un reporte de Delfino.cr, la iniciativa planteaba que la comisión funcionara hasta el 30 de abril de 2030, con el objetivo de investigar, analizar, dictaminar y fiscalizar temas vinculados al desarrollo social, económico, ambiental, productivo, cultural e institucional de Guanacaste.

Además, se habría encargado de dar seguimiento a proyectos de inversión pública, ejecución presupuestaria, infraestructura vial, transporte, salud, educación, seguridad, empleo, gestión del agua, turismo y ordenamiento territorial.

El diseño de la comisión preveía la participación de nueve diputaciones: cinco del partido oficialista Pueblo Soberano, dos del PLN, una del Frente Amplio (FA) y una representante de una fracción unipersonal.

Karol Matamoros y Ronald Campos, diputados del PLN, defendieron la moción al considerar que permitiría agilizar proyectos para la provincia y escuchar las demandas de municipalidades, asociaciones comunales, agricultores, pescadores y otros sectores productivos de la región.

“Los aniversarios se celebran, pero los pactos se honran”, expresó Campos, en alusión al 202 aniversario de la incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica, según recogió delfino.cr.

Campos remarcó que la propuesta garantizaba mayoría al oficialismo y evitaba que la comisión se convirtiera en un instrumento de control político. Por su parte, Matamoros sostuvo que la creación de este espacio permitiría construir una agenda provincial articulada y evitaría que cada diputación gestionara de forma individual ante las instituciones estatales.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, reiteró el rechazo de su bancada a la formación de comisiones provinciales. Argumentó que las diputaciones tienen la capacidad de atender las necesidades de las comunidades mediante visitas, reuniones y aprovechando los órganos legislativos ya existentes. “No ocupamos una comisión para darle respuesta a los guanacastecos”, señaló Acosta Jaén, de acuerdo con delfino.cr.

A estas críticas se sumaron los diputados oficialistas José Miguel Villalobos Umaña, Nayuribe Guadamuz y Daniel Siézar Cárdenas, quienes cuestionaron la propuesta al considerar que la labor territorial forma parte de las obligaciones ordinarias de las diputaciones y advirtieron sobre el riesgo de “comisionitis”, por la proliferación de nuevos órganos legislativos.

Villalobos además acusó a los promotores de presentar la moción pocos días antes del 25 de julio para obtener réditos políticos, mientras Guadamuz puso en duda los resultados alcanzados por la comisión provincial que existió el periodo legislativo anterior.

Matamoros y Campos rechazaron tales críticas, defendiendo que su iniciativa buscaba unir a las diputaciones alrededor de las prioridades de Guanacaste.

La propuesta recibió, en cambio, el respaldo de representantes del Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana, mismos que argumentaron que las desigualdades territoriales justifican la existencia de espacios especializados para evitar que los asuntos de las provincias costeras queden relegados dentro de las agendas de las comisiones permanentes. La diputada frenteamplista Vianey Mora Vega afirmó que estas comisiones permiten visibilizar las demandas de las organizaciones provinciales, mientras la socialcristiana Abril Gordienko López indicó que el modelo de desarrollo del país está concentrado en el Valle Central.

El rechazo a la creación de la comisión para Guanacaste se suma a decisiones similares adoptadas en semanas recientes, cuando también fracasaron iniciativas para conformar foros dedicados a la provincia de Cartago y a la infraestructura pública, según detalló delfino.cr.

Ninguno de estos proyectos alcanzó el respaldo del oficialismo y quedaron archivados. Durante la sesión legislativa de ayer tampoco se votaron proyectos de ley ni reformas constitucionales, y las comisiones dictaminadoras no sesionaron.

La diputada Claudia Dobles respondió a la presidenta de la República, Laura Fernández, luego de que la mandataria defendiera la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo para evaluar a los ministros de Estado y cuestionara los señalamientos realizados por la legisladora contra varios integrantes del gabinete.

El intercambio se originó después de que Dobles criticara públicamente la gestión de dos jerarcas del Gobierno. La diputada aseguró que el ministro de la Presidencia ha mantenido una participación insuficiente en la conducción política entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, al tiempo que cuestionó al ministro de Hacienda por impulsar una propuesta que contempla gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) parte de la canasta básica. Ambos puesto asumidos por el expresidente, Rodrigo Chaves.

Las declaraciones de la legisladora provocaron una respuesta de la presidenta Laura Fernández, quien durante la conferencia de prensa semanal defendió la labor de sus ministros y afirmó que corresponde únicamente a la Presidencia de la República valorar el desempeño de quienes integran el gabinete.

“Cuando doña Claudia sea la presidenta de la República, que evalúe y juzgue a los ministros del Gobierno. Mientras yo sea la presidenta de la República, ese es mi trabajo”, manifestó la mandataria.

Tras esas declaraciones, Dobles utilizó sus redes sociales para responder y reiterar que sus cuestionamientos forman parte de las atribuciones que la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa en materia de control político.

“Doña Laura, estoy segura de que conoce el artículo 121, incisos 23 y 24, de la Constitución Política. Usted nombra y evalúa a sus ministros; la Asamblea los investiga, interpela y fiscaliza. Estoy haciendo mi trabajo. Haga usted el suyo: menos show, menos venta de humo y más resultados”, escribió la diputada.

En la misma publicación, Dobles insistió en sus críticas al Gobierno y afirmó que “hasta ahora tenemos un ministro de la Presidencia ausente y un ministro de Hacienda que pretende gravar la canasta básica”, reforzando los señalamientos que habían motivado la respuesta presidencial.

El artículo 121 de la Constitución Política, citado por la legisladora, establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa la posibilidad de investigar asuntos de interés público, interpelar a los ministros de Gobierno y ejercer funciones de fiscalización sobre la administración pública. Precisamente en esas facultades fundamentó Dobles su derecho a cuestionar la gestión de los jerarcas del Poder Ejecutivo.

Desde la perspectiva del Gobierno, sin embargo, la designación, permanencia y evaluación de los ministros constituye una competencia exclusiva de la Presidencia de la República. Bajo ese argumento, Laura Fernández sostuvo que corresponde al Ejecutivo determinar el desempeño de los integrantes de su gabinete y decidir eventuales cambios dentro del Consejo de Gobierno.

El intercambio refleja el ambiente de confrontación política que se ha intensificado en las últimas semanas entre el Gobierno y sectores de oposición en la Asamblea Legislativa, especialmente en temas relacionados con la conducción política del Ejecutivo y las medidas económicas impulsadas por la administración.

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la propuesta impulsada desde el Ministerio de Hacienda para modificar el tratamiento tributario de algunos productos de la canasta básica, iniciativa que ha generado cuestionamientos tanto de diputados como de diversos sectores sociales y productivos.

A ello se suma la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde la oposición ha criticado en varias ocasiones la estrategia política del Gobierno para construir acuerdos legislativos, señalando una limitada interlocución con las diferentes fracciones parlamentarias.

El episodio representa un nuevo capítulo en las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición legislativa, en momentos en que diversos proyectos de ley y decisiones económicas mantienen un elevado nivel de confrontación política dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) redoblaron la presión sobre la Asamblea Legislativa para que retome el texto original del proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4x3, al considerar que las modificaciones introducidas durante la legislatura anterior desvirtuaron el objetivo de la iniciativa y reducen su impacto sobre la competitividad del país.

El llamado de los empresarios se produce en un contexto de desaceleración del régimen especial de zonas francas, uno de los principales motores del crecimiento económico costarricense.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 3,4% en abril de 2026, cifra que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y marca la primera ocasión en el año en que la economía crece por debajo del 4%.

Según la autoridad monetaria, esta moderación responde principalmente al comportamiento de los regímenes especiales, cuyo crecimiento se desaceleró en 12,3 puntos porcentuales en comparación con abril de 2025.

Ante ese escenario, Azofras sostiene que el país necesita herramientas que permitan mantener su atractivo frente a otras economías que compiten por captar inversión extranjera.

“Azofras hace un llamado a retomar el espíritu inicial del proyecto, con el objetivo de garantizar que el mismo pueda cumplir su propósito”, señaló la organización en un pronunciamiento.

La agrupación considera indispensable recuperar el texto base del expediente 24.290, denominado Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales para Casos Determinados que sean Excepcionales y Muy Calificados, pues afirma que las modificaciones aprobadas durante el período legislativo anterior incorporaron requisitos, procedimientos y restricciones que dificultan su aplicación.

Además, sostiene que se añadieron limitaciones para determinados sectores y condiciones adicionales que reducen considerablemente el número de empresas que podrían acogerse al régimen excepcional.

“El texto actual se aleja del objetivo con el que se presentó originalmente y pierde eficacia como instrumento para responder tanto a las necesidades del sector productivo como de los trabajadores”, indicó Azofras.

Para la organización, la versión original del proyecto permitiría fortalecer la seguridad jurídica tanto para las empresas como para los trabajadores, al establecer reglas claras para actividades productivas que requieren procesos continuos de operación.

Los empresarios sostienen que la aprobación de una legislación sobre jornadas excepcionales contribuiría a atraer nuevas inversiones, incentivar la reinversión de compañías que ya operan en el país y generar más empleo formal, especialmente en industrias de alto valor agregado como dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios globales.

En esa misma línea, la Uccaep manifestó que el proyecto ha sido impulsado desde hace varios años como una herramienta para fortalecer la competitividad nacional sin dejar de respetar los derechos laborales ni los estándares constitucionales.

No obstante, considera que las reformas aprobadas durante la legislatura anterior “hacen prácticamente imposible su aplicación”.

“El texto original del proyecto logró construir un equilibrio razonable entre la protección de los trabajadores y las necesidades del sector productivo, pero las modificaciones posteriores rompieron ese equilibrio”, afirmó la organización empresarial.

Ambas cámaras argumentan que otros países continúan modernizando sus marcos regulatorios para ofrecer condiciones más atractivas a empresas multinacionales, por lo que Costa Rica corre el riesgo de perder competitividad si mantiene un marco legal que consideran poco flexible.

Según Azofras, la discusión trasciende el tema laboral y tiene implicaciones directas sobre la capacidad del país para responder a un entorno internacional cada vez más competitivo en la captación de inversión.

Mientras tanto, el proyecto permanece estancado en la Asamblea Legislativa, en medio de la oposición del Frente Amplio y de la falta de una posición definida por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional.

Las organizaciones empresariales insistieron en que los diputados tienen la oportunidad de recuperar el texto original antes de la votación definitiva del expediente, al considerar que ello permitiría fortalecer la productividad, impulsar el crecimiento económico y preservar el atractivo de Costa Rica como destino para empresas de alta tecnología y servicios especializados.

El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, solicitó la autorización a la Asamblea Legislativa para suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta US $100 millones. El objetivo principal es financiar el “Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador”, enfocado en impulsar la continuidad educativa de jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la educación media y postsecundaria para estudiantes del sector público.

Detalles del préstamo y condiciones

La solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa estipula que el préstamo será por un monto de hasta US$100 millones, con un plazo de hasta 23 años a partir de la firma del contrato. La primera cuota de amortización deberá pagarse a los 90 meses desde la entrada en vigor del contrato, y el resto de las cuotas serán semestrales hasta la cancelación total de la deuda.

El contrato establece el pago de intereses conformados por una tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de convertirlo a tasa fija o cualquier otra disponible. Además, incluye una comisión sobre el saldo no desembolsado, que no podrá exceder el 0,75% por año y que comenzará a devengarse 60 días después de la firma del contrato.

El programa contempla un aporte local de hasta US$10 millones, de acuerdo con lo estipulado en el contrato con el BID.

Objetivos del programa

Según la correspondencia remitida a la Asamblea Legislativa, los fondos se destinarán a “fortalecer e incrementar el acceso a servicios de apoyo para el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales de estudiantes de educación media“, tal como detalla la propuesta. El programa también busca ampliar el acceso a la educación postsecundaria para jóvenes del sector público y migrantes retornados, así como fortalecer las capacidades institucionales del país para el monitoreo y acompañamiento de trayectorias educativas postsecundarias.

Financiamiento adicional y características del proyecto

El BID también otorgará un financiamiento adicional no reembolsable de hasta US$4 millones para este programa, según la iniciativa presentada por el Ejecutivo. El proyecto ha sido clasificado como de impacto ambiental y social “Categoría C”, lo que indica que probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental o social negativo.

Aprobado el 24 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en etapa de implementación y se enmarca en el subsector de transición de la escuela al trabajo, bajo la modalidad de operación de inversión específica.

Proceso legislativo y formalización

La solicitud fue presentada por el Ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada. En la correspondencia oficial, se indica que la finalidad es que la Asamblea Legislativa conozca y apruebe el proyecto, permitiendo así la formalización del contrato de préstamo y el inicio de las intervenciones previstas.

El documento fue admitido en la plenaria ordinaria de este miércoles y el proceso continúa con la revisión y aprobación legislativa del decreto, así como la posterior firma del contrato con el BID y la inyección de los fondos a las certeras gubernamentales correspondientes.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió esta semana una flota de nuevos vehículos institucionales, cuya asignación podría beneficiar a distintas fracciones parlamentarias según las necesidades de trabajo.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien detalló que la información sobre la compra estará disponible en el portal de transparencia en los próximos días.

Según el funcionario, estos automóviles no están destinados a la junta directiva ni a diputados específicos, sino que serán utilizados para tareas administrativas y operativas de la institución.

El presidente de la Asamblea expresó que la distribución de los vehículos responde a criterios de funcionalidad y apoyo logístico. “Los automóviles adquiridos son pickups para labores institucionales y, en algunos casos, podrán ser asignados a fracciones que los requieran para el trabajo legislativo. Además, se incluyeron algunos microbuses para el traslado de personal”, aseguró.

Esto abre la puerta a que las distintas fracciones legislativas puedan solicitar vehículos para fortalecer su labor, siempre que justifiquen la necesidad ante las autoridades administrativas.

El funcionario aseguró que los datos sobre la adquisición estarán disponibles esta semana en el portal de transparencia. “No tenemos nada reservado; simplemente, los datos se publican una vez finalizados los procesos. En este caso, ya finalizó el proceso y esta semana se recibieron los vehículos”, afirmó Castro.

El presidente legislativo subrayó que la flota adquirida está compuesta, principalmente, por pickups y algunos microbuses, destinados al traslado de personal y a labores institucionales. “Se trata de vehículos de trabajo, no de lujo”, puntualizó.

La adquisición forma parte de una serie de cambios implementados en la Asamblea Legislativa, que incluyen remodelaciones en distintas áreas del recinto parlamentario. Entre los trabajos en curso se encuentra la mejora de la zona de parqueos, que presentaba deficiencias estructurales y complicaciones para el tránsito interno, especialmente en época de lluvias. “Estamos remodelando la zona de los parqueos, que antes tenía baches y dificultaba el acceso. Todo eso se está solucionando”, recordó Castro.

Durante las declaraciones a medios, previo el inicio de la plenaria de este día, Castro también se refirió a otras iniciativas en marcha para la comunidad salvadoreña en el exterior. Explicó que se han realizado cambios para facilitar el regreso de los salvadoreños que residen en otros países, incluyendo incentivos como facilidades para el menaje de casa y estímulos para quienes decidan invertir en El Salvador.

“Cuando se toma una decisión de este tipo, no se implementa de forma inmediata, sino que existe un período de transición en el que la Asamblea Legislativa brinda apoyo para que los salvadoreños puedan reincorporarse, si así lo requieren”, sostuvo.

En ese sentido, el presidente de la Asamblea manifestó su expectativa sobre la situación migratoria de los salvadoreños en Estados Unidos. “Esperamos que la situación migratoria de los salvadoreños en el exterior se resuelva de forma positiva y que el estatus temporal que poseen se prorrogue”, señaló.

Sobre otras iniciativas en discusión dentro del órgano legislativo, Castro indicó que algunos temas todavía se encuentran en revisión y que su avance depende del calendario institucional. Precisamente al ser consultado sobre el proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, el funcionario dijo que “el tema aún está en revisión”.

“Se continuará con el proceso en las próximas semanas. La próxima semana está contemplada en el calendario legislativo, (pero) luego se realizará la vacación de agosto. Después de ese receso, la iniciativa volverá a ser considerada y discutida. Si el pleno lo requiere, también se someterá a aprobación”, concluyó.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles con 59 votos a favor y durante la Sesión Plenaria Ordinaria N° 119 la prórroga de la validez de las placas de vehículos automotores con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

La decisión, adoptada tras la presentación de una iniciativa por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, tiene como propósito evitar un impacto económico adicional en los hogares salvadoreños al posponer la renovación obligatoria de matrículas.

La iniciativa aprobada extiende los efectos del Decreto Legislativo número 622, originalmente emitido en diciembre de 2022, y extiende la validez de las matrículas que vencían en 2017.

De acuerdo con la documentación legislativa, el objetivo principal consiste en garantizar la continuidad legal de la circulación vehicular en todo el país, así como mitigar el gasto que representaría para la población la emisión inmediata de nuevas placas.

Según la exposición de motivos, la medida ofrece un alivio financiero directo a las familias, al evitar un desembolso imprevisto por la adquisición de nuevas matrículas.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial analizó el expediente 679-7-2026-1, en el que se detalla que la prórroga permitirá al Ejecutivo un periodo prudencial para realizar una evaluación técnica y financiera del proceso de cambio de placas.

Durante el análisis, se destacó que la extensión también contribuye a una planificación presupuestaria eficiente, ya que posterga el traslado de cargas financieras adicionales a los ciudadanos mientras se estudian alternativas para la modernización del parque vehicular.

El decreto establece que la nueva prórroga entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial, condición necesaria para su aplicación. De esta forma, las placas con formato 2011 mantendrán su validez legal hasta el 31 de agosto de 2027. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte continuará evaluando alternativas para una eventual emisión de nuevas matrículas, priorizando la estabilidad financiera de la población.

El marco legal de esta extensión se fundamenta en la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, emitida en 1993 y reformada en múltiples ocasiones para adaptarse a las necesidades económicas y administrativas del país.

En el dictamen se menciona que es necesario realizar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar recursos en la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.

«Coadyuva a la estabilidad financiera nacional al programar de forma eficiente la modernización del parque de placas», indica el dictamen aprobado en el pleno.

El periodo de validez de las placas había sido prorrogado previamente en 2017, 2021, 2024 y 2025, en respuesta a distintos factores, incluida la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19. Esta nueva prórroga da continuidad a una serie de disposiciones transitorias que buscan mantener la certeza jurídica en el tránsito vehicular y proteger el patrimonio de los salvadoreños.

La plenaria, realizada este 22 de julio de 2026, se llevó a cabo sin intervenciones en contra de la iniciativa. Al cerrarse la votación, la aprobación de la prórroga se formalizó como parte de una estrategia de alivio fiscal y administrativa para la ciudadanía.

El Órgano Legislativo de El Salvador avanzó este martes con la ratificación del Acuerdo Marco para el Establecimiento de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA) tras emitir un dictamen favorable en comisión. La solicitud formal fue presentada el 10 de julio de 2026 por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez.

La medida, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirá al país acceder a cooperación técnica, financiamiento internacional y programas de conservación enfocados en los felinos silvestres de su territorio, según documentos oficiales disponibles en el portal legislativo.

El acuerdo entró en vigor a escala internacional el 23 de enero de 2025 y, para El Salvador, su aplicación será efectiva 15 días después del depósito del instrumento legal correspondiente.

Alcance del acuerdo y especies alcanzadas

El objetivo central del acuerdo es promover la cooperación internacional para la protección de siete grandes felinos a nivel mundial: tigre, león, leopardo, leopardo de las nieves, puma, jaguar y guepardo.

El enfoque salvadoreño, según explicó Diego Góchez director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, apunta a canalizar recursos y conocimientos hacia la protección de especies nativas como el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el gato zonto o yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). “Para El Salvador no se centra la prioridad en especies exóticas, sino en proporcionar impacto en las especies nativas locales y el ecosistema propio del país”, puntualizó Góchez durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa.

El documento oficial señala que la IBCA busca “abordar los desafíos comunes para la protección y conservación de siete grandes felinos principales del mundo para asegurar el futuro socioecológico y apoyar la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático”.

Monitoreo, capacitación y cooperación técnica

En la sesión, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicaron que el país utiliza tres estaciones de fototrampeo en áreas naturales protegidas para monitorear la fauna silvestre desde 2022.

Con la adhesión a la IBCA, esperan ampliar los mecanismos de vigilancia, acceder a software especializado para el monitoreo y fortalecer la capacitación técnica del personal a cargo de la conservación. Entre los beneficios identificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores figuran la posibilidad de implementar sistemas de alerta temprana, fortalecer las capacidades de los guardaparques y adoptar técnicas avanzadas para prevenir la caza furtiva.

El acuerdo también promueve la elaboración de estrategias para la convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre, ante el aumento de desplazamientos de animales por efectos del cambio climático.

Trámite legislativo y contenido institucional

El contenido del acuerdo abarca principios rectores, programas, funciones de la asamblea y la secretaría, presupuesto, recursos financieros, membresía, privilegios, inmunidades, derechos de propiedad intelectual, solución de controversias, enmiendas y entrada en vigor.

Durante la discusión legislativa, el diputado Raúl Chamagua sostuvo que el instrumento muestra el impacto de la cooperación diplomática en la protección del medio ambiente y se suma a los compromisos del Estado salvadoreño en materia de conservación.

La formalización del proceso incluyó la intervención del notario Diego José Góchez Aragón, quien presentó la documentación para la traducción y el depósito del acuerdo, de acuerdo con los requisitos legales salvadoreños. La adhesión se concretará tras cumplir esos procedimientos ante las instancias internacionales.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica informó este martes que fue objeto de un intento de ciberataque contra sus sistemas informáticos, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos para proteger la infraestructura tecnológica del Congreso.

La información fue dada a conocer por la presidenta del Directorio Legislativo, Yara Jiménez, quien explicó que el incidente ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes. Tras detectar el intento de vulneración, las áreas de Seguridad y Tecnologías de la Información intervinieron de inmediato para impedir que los atacantes lograran acceder a los sistemas institucionales.

Según explicó la jerarca, ya solicitó un informe detallado a ambas dependencias para conocer el alcance del incidente y las acciones ejecutadas durante la atención de la emergencia.

“Entre anoche y hoy en la madrugada la Asamblea Legislativa sufrió una especie de ciberataque. He pedido un informe a la Gerencia de Seguridad y a Tecnologías de la Información de la Asamblea Legislativa”, manifestó.

De acuerdo con la explicación brindada, el objetivo de los responsables era vulnerar los sistemas de información del Congreso. Sin embargo, la respuesta inmediata de los equipos especializados permitió activar los mecanismos de protección antes de que se concretara un acceso no autorizado.

La presidenta del Congreso indicó que, como parte del protocolo de respuesta, fue necesario desactivar temporalmente los sistemas informáticos.

“Trataron de vulnerar nuestros sistemas de información y eso hizo que tuvieran que intervenir los señores de seguridad de la Asamblea Legislativa para evitar que vulneraran, evidentemente, nuestros sistemas de información”, señaló.

Añadió que este tipo de incidentes obliga a priorizar la protección de la información institucional sobre la disponibilidad inmediata de los servicios tecnológicos.

“Cuando eso sucede, por supuesto que hay protocolos y el protocolo fue justamente desactivar los sistemas para evitar que los intrusos que intentaron vulnerarlos entraran en nuestro sistema”, explicó.

La interrupción temporal de algunos servicios también obligó a modificar la forma en que se comunicó la agenda legislativa del día.

Con el propósito de garantizar la continuidad del trabajo parlamentario y que los diputados tuvieran acceso oportuno a la convocatoria de la sesión, la Asamblea Legislativa decidió publicar el orden del día mediante un alcance del diario oficial La Gaceta.

“Ante una situación como esa, aquí prima la continuidad de la gestión pública y fue por eso que la opción que nosotros tomamos fue publicar el orden del día en el Diario Oficial La Gaceta, en un alcance, para que ustedes tuvieran acceso al orden del día”, indicó la presidenta del Congreso.

Hasta el momento, las autoridades legislativas no han informado si el intento de ataque provocó filtraciones de información, pérdida de datos o afectaciones permanentes en la infraestructura tecnológica de la institución.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el origen del intento de intrusión ni sobre los responsables, aspectos que formarán parte del informe solicitado a las áreas técnicas y de seguridad.

El incidente ocurre en un contexto en el que las instituciones públicas del país han reforzado sus medidas de ciberseguridad tras diversos ataques informáticos registrados en los últimos años, por lo que la Asamblea Legislativa aseguró que continuará aplicando los protocolos establecidos para resguardar sus sistemas y garantizar la continuidad de sus funciones.

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley 24,079, una reforma que amplía las competencias de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para desarrollar actividades relacionadas con combustibles producidos a partir de fuentes distintas del petróleo, entre ellos los biocombustibles y el hidrógeno verde. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los diputados presentes, con 54 votos a favor, ninguno en contra y tres ausencias.

El proyecto, presentado originalmente por el exdiputado Manuel Morales durante el período legislativo anterior, fue objeto de modificaciones durante su trámite en el Congreso, lo que permitió obtener el respaldo de todas las fracciones legislativas.

Con la aprobación en segundo debate, el texto queda a la espera de la firma de la presidenta de la República, Laura Fernández, y de su publicación para entrar en vigencia.

La reforma modifica el artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo e incorpora nuevas facultades para que la empresa pueda investigar, adquirir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar a granel hidrocarburos, derivados y subproductos obtenidos de fuentes distintas del petróleo.

Entre estas alternativas se incluyen los biocombustibles y el hidrógeno verde destinados al uso energético.

La normativa establece que estas actividades deberán realizarse bajo el marco regulatorio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y en condiciones de competencia. Asimismo, autoriza a Recope a establecer alianzas público-públicas y público-privadas dentro de sus competencias, incluso con productores de hidrocarburos, derivados y combustibles provenientes de fuentes diferentes al petróleo.

Antes de ejecutar procesos relacionados con la adquisición, importación, almacenamiento o comercialización de estos nuevos productos, la empresa deberá presentar al ente rector los estudios técnicos y operativos que demuestren la oportunidad y conveniencia de cada iniciativa, así como su conformidad con la política energética nacional.

La reforma también incorpora un nuevo artículo 6 bis, mediante el cual el Estado reafirma el compromiso de promover la transición hacia energías provenientes de fuentes renovables. El objetivo es reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, fortalecer la seguridad y resiliencia energética del país y garantizar un abastecimiento sostenible para la población y los sectores productivos.

El texto aprobado establece además que las actividades relacionadas con la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas natural por parte de Recope no podrán utilizarse como argumento para retrasar, sustituir o disminuir las inversiones destinadas al desarrollo y aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

Como parte de la reforma, también se actualizan las funciones de la Aresep, que incorporará expresamente la regulación del suministro de gas natural, hidrógeno verde, biocombustibles, asfaltos y naftas, tanto en los planteles de distribución como en los productos destinados al consumidor final.

La entidad reguladora también será responsable de fijar las tarifas correspondientes al transporte utilizado para el abastecimiento nacional de estos productos.

La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, calificó la aprobación de la iniciativa como uno de los cambios más relevantes para la institución desde la promulgación de su ley constitutiva. Según indicó, la reforma responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico de la empresa para adaptarlo a la evolución del mercado energético y a los desafíos que enfrenta el país en materia de transición hacia fuentes de energía más limpias.

“Durante muchos años existió la convicción de que Costa Rica necesitaba actualizar la legislación para responder a los cambios que vive el sector energético. Hoy ese esfuerzo finalmente se concreta con una ley que fortalece la seguridad energética del país y nos permite prepararnos para los retos de las próximas décadas”, afirmó Montero.

La jerarca agregó que la reforma no modifica la responsabilidad principal de Recope de garantizar el abastecimiento nacional de combustibles, sino que amplía las herramientas disponibles para incorporar nuevas alternativas energéticas bajo criterios técnicos, regulatorios y de política pública.

La empresa señaló que la aprobación del proyecto pone fin a más de una década de intentos legislativos para modernizar su ámbito de acción. Durante ese período fueron presentados varios expedientes con objetivos similares, sin que lograran completar el proceso legislativo.

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para prorrogar hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, una medida impulsada por el Ejecutivo y respaldada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT). La iniciativa pretende reducir la carga financiera de los propietarios de vehículos, evitando la necesidad de adquirir nuevas matrículas en el corto plazo.

La propuesta fue presentada por el gobierno de El Salvador a través del ministro de Obras Públicas y de Transporte, con el objetivo de “continuar garantizando la validez de las placas de los vehículos automotores con formato 2011 y contribuir con la economía de los salvadoreños”. El dictamen fue aprobado por unanimidad de los presentes.

El viceministro de Transporte, Nelson Eduardo Reyes Rivas, expuso ante la comisión los fundamentos técnicos de la prórroga. Aclaró que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Ley de Derechos Fiscales establecen la obligación de que los vehículos cuenten con placas vigentes.

Reyes explicó que la extensión responde a dos razones principales: permitir la preparación de un nuevo sistema de placas con mayores elementos de seguridad tecnológica, y evitar que los ciudadanos deban asumir el costo de una renovación inmediata.

“El Ejecutivo busca que las acciones sean lo menos gravosas para la sociedad. Esta decisión representa una ventaja para el bolsillo de los salvadoreños, quienes no tendrán que erogar fondos adicionales este año para el cambio de placas”, sostuvo Reyes.

Añadió que el proceso de prórroga otorga al MOPT un plazo suficiente para avanzar en los estudios técnicos y financieros requeridos para una futura modernización del parque vehicular.

Uno de los puntos destacados por el viceministro fue que la población no deberá realizar ningún trámite adicional. “Las personas pueden seguir realizando sus gestiones habituales de ingreso de vehículos tal como lo han hecho hasta ahora. Los vehículos ya inscritos y los que se incorporen al sistema continuarán utilizando el tiraje vigente”, precisó Reyes.

Según el análisis de la comisión, la medida constituye un alivio financiero directo para los hogares, ya que evita el gasto imprevisto en nuevas matrículas y permite una planificación presupuestaria institucional más eficiente. El dictamen también señala que la extensión permitirá una evaluación minuciosa de los costos operativos y la eventual adquisición de nuevas placas, sin trasladar cargos adicionales a los usuarios.

Francisco Menjívar, diputado presente en la sesión, subrayó que la prórroga otorga certeza jurídica a la circulación vehicular y contiene el impacto de la inflación en la economía familiar.

La comisión concluyó que la decisión cumple con el mandato constitucional de proteger el patrimonio de la población y facilita la modernización futura del sistema de identificación vehicular.

La nueva prórroga entrará en vigor una vez aprobada en el pleno, sea publicada en el Diario Oficial y establece que las placas con formato 2011 mantendrán su validez hasta el 31 de agosto de 2027. Durante este periodo, el Ejecutivo continuará evaluando alternativas para un eventual cambio de matrículas, priorizando la estabilidad financiera de los salvadoreños.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encendió las alertas sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte a su presupuesto para el próximo año. La presidenta del órgano electoral, María Eugenia Zamora, compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde advirtió que cualquier disminución en los recursos asignados comprometería la organización del proceso electoral municipal previsto para el 2028.

La comparecencia tuvo como eje el recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Hacienda, que implicaría una reducción cercana a los ₡19,300 millones (USD 42 millones) para el presupuesto institucional del 2027.

Durante su intervención, Zamora explicó que Hacienda solicitó al Tribunal disminuir en un 5% su presupuesto tanto para el 2026 como para el 2027. Sin embargo, indicó que la institución presentó una propuesta alternativa con el fin de evitar afectaciones al proceso electoral.

Según detalló, el TSE planteó devolver durante el presente año un monto superior al solicitado inicialmente por Hacienda, lo que permitiría compensar los ajustes previstos para ambos períodos presupuestarios.

“Si el Ministerio acepta la propuesta que ha hecho el Tribunal, saldríamos adelante con un presupuesto muy ajustado, pero revisado cuidadosamente para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó la magistrada presidenta.

Diputados expresan preocupación

Durante la audiencia, legisladores de distintas fracciones consultaron cuáles serían las funciones que podrían verse comprometidas si finalmente se concreta el recorte.

Entre las inquietudes planteadas estuvo el impacto sobre la fiscalización de las asambleas partidarias, el proceso de inscripción de candidaturas municipales y el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Tribunal durante la organización de las elecciones.

Los diputados señalaron que estas tareas son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral, especialmente en una elección municipal donde participan cientos de candidaturas en todo el país.

El aumento del presupuesto tiene una explicación

Durante la comparecencia también surgieron cuestionamientos sobre el incremento registrado en el presupuesto institucional para el 2026, luego de varios años con montos similares.

Ante ello, funcionarios del TSE aclararon que el crecimiento no responde a un aumento en el gasto operativo de la institución, sino al dinero correspondiente a la contribución estatal para los partidos políticos.

Explicaron que esos recursos forman parte del presupuesto del Tribunal únicamente porque la ley establece que la institución administra esos fondos, aunque el dinero está destinado exclusivamente a las agrupaciones políticas que cumplen con los requisitos legales para recibir la contribución estatal.

Además, recordaron que durante los años marcados por la pandemia la Asamblea Legislativa redujo el porcentaje de la contribución estatal a los partidos políticos, razón por la cual los presupuestos anteriores fueron menores.

Discusión continuará

La propuesta de recorte continuará siendo analizada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, mientras el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene su posición de que un ajuste en los recursos destinados al 2027 podría afectar la planificación de las elecciones municipales del 2028, uno de los procesos más complejos que organiza la institución debido a la cantidad de cargos y candidaturas que deben ser administrados en todo el territorio nacional.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador presentaron una solicitud formal para otorgar un Reconocimiento Especial a Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos, árbitros salvadoreños que han alcanzado los más altos niveles del arbitraje internacional.

La propuesta destaca su desempeño en escenarios deportivos de relevancia mundial, como las Copas Mundiales de la FIFA y otras competencias avaladas por FIFA y CONCACAF.

Los diputados prevén emitirles un diploma para reconocer su participación en el evento.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió partidos de alta exigencia, entre ellos la semifinal entre Francia y España, disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Además, se convirtió en el primer árbitro en la historia del fútbol global en aplicar firmemente la nueva normativa disciplinaria de la FIFA relativa a conductas antideportivas, marcando un precedente normativo tras expulsar a un jugador por insultos en el partido entre Turquía y Paraguay.

En el ámbito académico, Barton fue admitido en un programa de Maestría en Dirección y Administración de Empresas en España, reflejando su compromiso con la formación continua y la excelencia profesional.

Iván Barton, originario de Santa Ana, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador. Desde 2018, tras obtener el gafete FIFA, ha dirigido encuentros en los principales torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Oro, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Su desempeño lo llevó a integrar el grupo de árbitros centrales en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumando un récord histórico de siete partidos dirigidos como árbitro central en citas mundialistas.

David Morán es Árbitro Asistente Internacional FIFA desde 2015. Se ha distinguido por su precisión técnica, análisis táctico y agudeza visual, cualidades que lo han consolidado como el máximo referente histórico del arbitraje asistente salvadoreño.

Su trayectoria incluye participaciones en las Copas Mundiales de la FIFA Catar 2022 y 2026, la Copa Mundial de Clubes, la Copa Mundial Sub-17 y múltiples ediciones de la Copa Oro de la CONCACAF.

Morán ha permanecido más de una década en el listado oficial de Árbitros Asistentes Internacionales de la FIFA, proyectando una imagen positiva de El Salvador en el ámbito deportivo internacional y convirtiéndose en ejemplo de perseverancia para la juventud salvadoreña.

Hito para el arbitraje salvadoreño

Ambos oficiales integraron la terna arbitral designada por la FIFA para la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho sin precedentes para el deporte nacional y que posiciona a El Salvador en la élite del arbitraje mundial.

La solicitud de los diputados subraya que los logros de Barton y Morán constituyen un testimonio del talento, disciplina y perseverancia que distinguen al pueblo salvadoreño, proyectando el nombre del país en los escenarios deportivos más exigentes del mundo.

La petición de Reconocimiento Especial se fundamenta en la contribución de ambos árbitros al prestigio internacional de El Salvador, su trayectoria ejemplar y su impacto como referentes del arbitraje en la región centroamericana y a nivel global.

En un importante esfuerzo por fortalecer el desarrollo deportivo y modernizar la infraestructura nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 que permite la incorporación de US$1,140,514 destinados específicamente para la ejecución de proyectos de inversión deportiva.

Estos fondos serán gestionados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en el marco de la fase 11 del “Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE 11)”.

Esta aprobación responde a la iniciativa presentada por el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de dotar al INDES de los recursos necesarios para la adecuada gestión, administración y ejecución de proyectos deportivos en todo el país.

El monto autorizado permitirá financiar rubros operativos, administrativos y de inversión, fortaleciendo de manera significativa el ecosistema deportivo nacional.

El financiamiento de este proyecto proviene del contrato de préstamo No. 2362, firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un total de hasta US$150 millones, específicamente orientados a la modernización y rescate de escenarios deportivos distribuidos en diversos departamentos del país.

De este gran paquete financiero, el monto recién autorizado constituye el primer impulso para echar a andar la administración y unidad ejecutora del programa PRODEPORTE 11.

Este crédito permitirá no solo mejorar la cobertura territorial de la infraestructura deportiva, sino también consolidar los avances logrados en los últimos años en materia de espacios para la práctica deportiva, favoreciendo tanto a atletas de alto rendimiento como a comunidades que históricamente han carecido de instalaciones adecuadas.

Según el decreto aprobado, los recursos estarán dirigidos a la Unidad Presupuestaria “Infraestructura”, dentro del INDES, y específicamente a la línea de trabajo “Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase 11”.

Entre las principales metas se encuentran:

Modernización, rehabilitación y construcción de gimnasios, canchas, estadios y demás instalaciones deportivas con estándares internacionales.

Garantía de acceso y condiciones adecuadas para atletas, entrenadores, delegaciones deportivas y público general.

Capacidad de albergar competencias nacionales e internacionales, posicionando a El Salvador como un referente regional en organización de eventos deportivos de alto nivel.

La reforma presupuestaria permite además un aumento en las asignaciones de gastos de capital y la provisión de fondos para gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora, asegurando que las inversiones se manejen eficientemente y con transparencia.

Argumentos y respaldo institucional

Durante el proceso de aprobación, representantes del Ministerio de Hacienda defendieron la iniciativa resaltando la importancia de mejorar la infraestructura deportiva como factor clave para la cohesión social, la prevención de la violencia y la promoción de hábitos saludables.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de analizar la propuesta, consideró pertinente y urgente la asignación, emitiendo un dictamen favorable que permite al INDES disponer del crédito presupuestario necesario para ejecutar las acciones planificadas en 2026.

Esta decisión legislativa marca un paso fundamental en la política de Estado orientada al fortalecimiento del deporte como motor de desarrollo. La modernización de escenarios y la expansión de la cobertura a más departamentos del país generarán un impacto positivo en la calidad de vida, el desarrollo de la juventud y el surgimiento de nuevos talentos deportivos.

Además, la inyección de estos recursos se reflejará en la dinamización económica local, la generación de empleos directos e indirectos y la potenciación de El Salvador como destino atractivo para el turismo deportivo.

En conclusión, la aprobación de US$1,140,514 para proyectos deportivos bajo el paraguas de PRODEPORTE 11 representa un compromiso renovado con el deporte y el deporte, la juventud y la sana convivencia, sentando bases firmes para un El Salvador más saludable, competitivo y orgulloso de su infraestructura deportiva.

La discusión sobre el futuro de la Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, compareció este miércoles ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para explicar el procedimiento de elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes, pero la sesión estuvo marcada por cuestionamientos del oficialismo y por un abierto debate sobre la independencia judicial.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando el diputado del Partido Pueblo Soberano, Wilson Jiménez, le preguntó directamente si consideraba adecuados los cargos vitalicios dentro del Poder Judicial.

La respuesta de Aguirre fue contundente.

“En el Poder Judicial y en la magistratura, sí”, respondió el magistrado, quien integra la Corte desde 1989.

La afirmación provocó la reacción inmediata del legislador oficialista, quien aseguró que esa postura le daba “pena” e incluso invitó al presidente de la Corte a dar “un paso al lado” para permitir el ingreso de nuevas generaciones que, según dijo, puedan renovar el Poder Judicial.

Lejos de retractarse, Aguirre defendió la permanencia prolongada de los magistrados como un elemento indispensable para garantizar la independencia de los jueces y la estabilidad del sistema democrático.

Según explicó, la seguridad jurídica depende de que quienes imparten justicia no estén expuestos a presiones o eventuales represalias políticas derivadas del contenido de sus resoluciones.

“El Poder Judicial es independiente, es la base del sistema democrático y también de la seguridad jurídica del país”, afirmó durante su intervención.

A juicio del magistrado, la permanencia de quienes integran la Corte permite mantener una línea jurisprudencial estable que brinda certeza tanto a los ciudadanos como a las instituciones.

Choque por la elección de magistrados suplentes

La comparecencia también estuvo marcada por el conflicto que mantiene enfrentados al Poder Judicial y al oficialismo respecto a la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Actualmente la Asamblea Legislativa mantiene pendiente el nombramiento de nueve suplentes incluidos en una nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia. La bancada de Pueblo Soberano se ha negado a votar por cualquiera de los 18 candidatos enviados, al considerar que la lista no responde a sus expectativas.

Durante la audiencia, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, cuestionó que la Corte haya insistido en remitir la misma nómina pese a que el Parlamento había solicitado una nueva.

Aguirre respondió apelando directamente a lo establecido en la Constitución Política.

“La letra de la Constitución es clara. Le encomienda a la Corte hacer la lista y después dice que la Asamblea nombrará de esa lista. El procedimiento es bien claro”, señaló.

El presidente de la Corte sostuvo que el retraso en los nombramientos no responde a una falla del Poder Judicial, sino al incumplimiento de las competencias constitucionales por parte del Legislativo.

“Es un problema de responsabilidad en el cumplimiento de las competencias que la Constitución nos ha dado”, afirmó.

Jiménez rechazó esa interpretación y sostuvo que el Congreso no puede verse obligado a escoger candidatos con los que no está de acuerdo.

“La responsabilidad nos la están achacando a nosotros y parece que nos están obligando a que nos guste lo que a ellos les gusta”, respondió la jerarca legislativa.

La polémica por una nómina “incompleta”

Otro de los cuestionamientos provino del diputado Ariel Mora, quien preguntó por qué la Corte no remitió una lista de 24 candidatos para llenar las 12 plazas de magistrados suplentes.

Actualmente el Poder Judicial envió una primera nómina con 18 aspirantes para elegir nueve puestos y mantiene abierto un segundo concurso destinado a completar las otras tres vacantes con seis candidatos adicionales.

Aguirre defendió ese procedimiento al explicar que los concursos públicos no siempre permiten completar todas las plazas debido a la cantidad y calidad de los participantes.

“No es incompleta, no necesariamente. Los concursos no siempre dan para mandar una lista completa”, respondió.

Además indicó que la Constitución permite realizar designaciones parciales conforme se concluyen los procesos de selección.

Respecto al segundo concurso, explicó que cerca de 40 personas participaron y que actualmente se realizan investigaciones y estudios sociales previos a las entrevistas que deberá efectuar la Sala Constitucional antes de enviar la nueva nómina al Congreso.

Aunque reconoció que el proceso anterior tardó alrededor de diez meses, aseguró haber solicitado prioridad para acelerar esta nueva selección.

Más de un centenar de casos siguen sin resolverse

El enfrentamiento institucional ocurre mientras la Sala Constitucional enfrenta dificultades operativas por la ausencia de magistrados suplentes.

La propia Sala IV informó que actualmente existen 123 expedientes pendientes de resolución definitiva debido a la falta de integración completa del tribunal.

La mayor parte corresponde a 99 recursos de amparo, mecanismo utilizado para proteger derechos fundamentales de manera expedita.

Además permanecen sin resolver 21 acciones de inconstitucionalidad, tres consultas constitucionales o judiciales y un recurso de hábeas corpus.

La situación incrementa la presión sobre la Asamblea Legislativa para concretar los nombramientos pendientes, mientras el Poder Judicial insiste en que el procedimiento seguido se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política.

Por ahora, el pulso entre ambos poderes mantiene paralizada una decisión que no solo ha abierto un debate sobre la independencia judicial y la permanencia de los magistrados, sino que también impacta directamente el funcionamiento de la Sala Constitucional y la resolución de decenas de casos vinculados con los derechos fundamentales de los costarricenses.

El Congreso de Costa Rica dio el primer visto bueno al primer presupuesto extraordinario del ejercicio económico 2026, en una votación que volvió a evidenciar la división entre el oficialismo y las bancadas de oposición sobre las prioridades del gasto público.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25,589, fue aprobada en primer debate con 30 votos a favor y 24 en contra, gracias al respaldo de la fracción oficialista.En contraste, las bancadas opositoras rechazaron el proyecto al considerar que desatiende áreas sensibles como la seguridad ciudadana y los programas sociales.

El presupuesto extraordinario es un instrumento que permite al Estado modificar el presupuesto vigente para redistribuir recursos, incorporar nuevos ingresos o atender necesidades específicas que surgen durante el año.

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, defendió el proyecto y explicó que la principal finalidad de la iniciativa es garantizar la continuidad de programas considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo.

Según detalló, una parte importante de los recursos permitirá asegurar el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como mantener el pago de las becas Avancemos, administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

“Este presupuesto asegura los recursos para las pensiones del Régimen No Contributivo y también permite garantizar los fondos para el IMAS, particularmente las becas Avancemos”, explicó Acosta durante el debate.

Además de esos programas, el proyecto incorpora recursos para impulsar varias iniciativas de inversión pública promovidas por el Gobierno.

Entre ellas figura el financiamiento para el tren eléctrico, fondos destinados a fortalecer la resiliencia agrícola y recursos para la reconstrucción del dique de Coto 47, una obra considerada estratégica para proteger comunidades vulnerables frente a inundaciones en la Zona Sur.

Sin embargo, la oposición sostuvo que el proyecto prioriza inversiones específicas mientras reduce recursos destinados a programas sociales de atención directa.

Durante el debate, la diputada Claudia Dobles criticó que el presupuesto no refleje el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la inseguridad.

“Ese presupuesto no prioriza en seguridad, a pesar de que una y otra y otra vez se dice que hay una priorización para mejorar la seguridad”, afirmó.

La legisladora también cuestionó los ajustes planteados para programas dirigidos a la niñez y las familias en condición de vulnerabilidad.

Según señaló, la iniciativa contempla reducciones presupuestarias que afectarían a los CEN-CINAI, al sistema nacional de cuido y a los programas de vivienda de interés social.

“No prioriza ningún tipo de programa social. Lejos de eso, disminuye el presupuesto de los CEN-CINAI y también el destinado a vivienda de interés social”, manifestó durante la discusión.

Para la oposición, esos recortes podrían impactar especialmente a miles de familias encabezadas por mujeres trabajadoras que dependen de los servicios de cuido para poder mantenerse en el mercado laboral.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el presupuesto busca atender compromisos financieros impostergables sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años.

La votación también refleja la correlación de fuerzas que ha caracterizado las primeras semanas de la nueva administración, donde el oficialismo ha logrado sacar adelante varias iniciativas gracias al apoyo de otras fracciones legislativas.

Tras superar el primer debate, el presupuesto extraordinario quedó listo para su discusión definitiva en el Plenario Legislativo.

Si obtiene el respaldo necesario en el segundo debate, los recursos podrán incorporarse oficialmente al presupuesto nacional y comenzar a ejecutarse durante el segundo semestre del 2026.

El Salvador aprobó una reforma que otorga representación legislativa a los salvadoreños en el exterior, pero aún no ha regulado los aspectos clave para garantizar una participación efectiva de la diáspora, según reportó el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana en su más reciente informe.

A pesar de la reforma constitucional al artículo 79 y la asignación de seis escaños en la Asamblea Legislativa para ciudadanos fuera del país, el estudio advierte sobre importantes vacíos en la normativa y la logística electoral.

La reforma, ratificada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en abril de 2026, estableció una circunscripción especial para la diáspora, extrayendo los nuevos escaños de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

A juicio de Acción Ciudadana, si bien el país reconoce políticamente a sus ciudadanos en el exterior, no se ha definido cómo se implementará esta representación en la práctica.

El informe, difundido por el Centro de Monitoreo Político, detalla que persisten interrogantes sobre los requisitos de residencia para candidatos, la modalidad de participación en plenarias y comisiones, y la organización de campañas y votaciones en el extranjero.

El documento, titulado “Representación legislativa de ciudadanos en el exterior. Análisis comparado”, comparó el caso salvadoreño con la experiencia de países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Francia, Italia, Portugal, Rumania y Croacia, identificando patrones y desafíos comunes para la representación de la diáspora.

Uno de los puntos destacados en el informe de Acción Ciudadana es que la mayoría de los países evaluados han optado por circunscripciones específicas que agrupan a los migrantes por regiones geográficas amplias.

Además, casi todos exigen residencia comprobada en el extranjero para quienes se postulan como candidatos por la circunscripción exterior, un requisito que El Salvador aún no ha incorporado y que, según el estudio, podría afectar la autenticidad de la representación.

La integración de los diputados electos en el exterior al trabajo parlamentario ordinario también plantea desafíos para El Salvador, ya que no se ha regulado si su participación será presencial o remota. En otros países, los legisladores de la diáspora suelen gozar de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, sumándose plenamente a las sesiones y comisiones.

El informe advierte que la falta de definición sobre este punto podría dificultar la defensa de los intereses de los migrantes y su integración a la labor legislativa.

Otro reto señalado es la baja participación electoral registrada históricamente entre los migrantes. Según datos recogidos por el Centro de Monitoreo Político, factores como la dispersión geográfica, la escasa información y los obstáculos logísticos suelen limitar la movilización de votantes en el exterior, incluso cuando existen escaños transnacionales.

En materia de proporcionalidad, El Salvador asignó a la diáspora una relación de aproximadamente 417,000 electores por diputado, cifra que el informe compara con los modelos de Ecuador y República Dominicana. No obstante, el estudio subraya la ausencia de un criterio matemático claro para la reasignación de escaños y la estandarización de la circunscripción exterior en la legislación salvadoreña.

La ausencia de una exigencia de residencia en el extranjero para las candidaturas abre la posibilidad de que políticos en territorio nacional busquen estos escaños por menor competencia, desdibujando la representatividad genuina de la diáspora, advierte el informe de Acción Ciudadana. Además, la falta de definiciones sobre la modalidad de participación de los futuros diputados electos en el exterior refleja la urgencia de normar estos aspectos antes de los próximos comicios.

En sus recomendaciones, el informe plantea que la reforma debe complementarse con normas claras sobre los requisitos de postulación, la modalidad de presencia —física o remota— en el parlamento, y la logística electoral que facilite el acceso y la información a los salvadoreños en el extranjero.

De no hacerlo, concluye el Centro de Monitoreo Político, existe el riesgo de que la reforma quede como un mecanismo formal, sin impacto real en la representación política transnacional.

El estancamiento en la elección de magistrados suplentes ha provocado que 123 expedientes permanezcan sin resolución en la Sala Constitucional de Costa Rica.

El propio tribunal informó este martes que la imposibilidad de integrar el pleno por razones de inhibitoria mantiene suspendida la tramitación de estos casos.

Entre los expedientes afectados figuran recursos de amparo y procesos vinculados a la protección de derechos fundamentales, salud, empleo público y pensiones.

Según datos de CR Hoy, la mayoría de los casos pendientes corresponde a amparos, aunque también se incluyen asuntos de control constitucional y otras materias de interés público.

El atraso abarca expedientes relacionados con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), reformas fiscales, mora judicial, retardo de justicia y temas municipales, con más de diez casos pendientes en cada área.

La falta de suplentes impide reemplazar a los magistrados titulares cuando deben apartarse de un expediente por recusaciones, incapacidades, vacaciones o conflictos de interés.

Actualmente, la Sala Constitucional requiere 12 suplentes para operar con normalidad. Sin estos nombramientos, la acumulación de expedientes sin resolución aumenta, ya que la ausencia de sustitutos imposibilita conformar el quórum necesario. El tribunal ha señalado que la carencia de suplentes genera retrasos y afecta la emisión de resoluciones que involucran derechos fundamentales.

Freno legislativo y falta de consenso

En el ámbito legislativo, la decisión de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de no elegir a los magistrados suplentes y devolver la nómina de 18 candidatos a la Corte Suprema de Justicia ha profundizado la problemática.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, declaró que “no tiene sentido” someter a votación la lista actual de postulantes.

El Poder Judicial remitió la nómina completa el 15 de junio. Un día después, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicó que se analizaría la propuesta, pero posteriormente el oficialismo modificó su postura y Acosta reiteró que no se respaldaría el listado, aludiendo a la falta de consenso sobre los nombres.

Actualmente, la Asamblea Legislativa tramita el nombramiento de nueve suplentes entre los 18 candidatos, mientras el Poder Judicial realiza un segundo concurso para escoger a los tres suplentes restantes. En otra publicación de CR Hoy se apuntó que la falta de acuerdo entre los diputados y la Corte ha detenido el avance del proceso.

Consecuencias para la ciudadanía y advertencias del tribunal

La presidencia de la Sala Constitucional ha advertido que la falta de suplentes incrementa la acumulación de expedientes sin resolver. Se ha remarcado que “conforme pasan los días y no hay magistrados suplentes, se van acumulando más asuntos sin resolver en el tribunal”. Se recuerda que cada expediente representa a personas a la espera de una decisión judicial pronta y cumplida.

La carencia de suplentes ha impedido resolver asuntos de salud, pensiones y empleo público, afectando a quienes esperan la protección de sus derechos. Desde la Sala se anticipa que el número de casos pendientes continuará en aumento mientras no se concrete la designación de sustitutos en la Asamblea Legislativa.

El Poder Judicial y la Sala Constitucional insisten en la urgencia de superar el bloqueo legislativo para garantizar el acceso efectivo a la justicia y evitar el incremento de la mora judicial. La elección de los suplentes sigue considerada una prioridad pendiente en la agenda legislativa, necesaria para el funcionamiento regular del tribunal y la protección de los derechos ciudadanos.

El partido Frente Amplio presentó ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley que elevaría las multas por maltrato animal hasta 50 salarios base, equivalentes a USD 50,853, y crearía una escala de infracciones leves, graves y muy graves. La iniciativa fue suscrita por la diputada María Eugenia Román.

La iniciativa, identificada como expediente 25,645, busca modificar la Ley de Bienestar de los Animales vigente. Según el texto, la norma actual lleva más de tres décadas sin una actualización de fondo, mientras el ordenamiento jurídico costarricense y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanzaron hacia el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

El proyecto también incorpora una definición: “Se entiende por derechos de los animales su derecho al buen trato, respeto y protección, inherentes y derivados de su naturaleza de seres sintientes”. La formulación recoge criterios de la Sala Constitucional y de la Corte IDH.

Qué propone el expediente 25,645

El proyecto reformaría la ley en tres frentes: la regulación de la reproducción forzada de animales con fines comerciales, las condiciones de operación de albergues y casas cuna, y el régimen sancionatorio.

Sobre el primer punto, el artículo 15 de la iniciativa exigiría que todo establecimiento dedicado a la cría lucrativa de animales cuente con una regencia veterinaria permanente y opere bajo las normas del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Hoy esa obligación no existe de forma explícita en la ley.

“Los animales no son objetos, son seres capaces de sentir dolor, miedo y angustia, y la ley que los protege tiene más de tres décadas sin actualizarse a esa realidad”, afirmó Román al presentar la propuesta.

Por qué la ley actual resulta insuficiente

Los datos aportados por la propia proponente ilustran el problema: en 2019, el Senasa registró 6,244 denuncias por tenencia irresponsable de animales. Los casos abarcaban desde la falta de agua y alimento hasta criaderos ilegales, perros agresivos, acumulación de ejemplares y animales enfermos sin atención veterinaria.

La ley vigente fue reformada en 2017, cuando la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un paquete de sanciones que incluía penas de cárcel de hasta tres años por causar la muerte de un animal doméstico. Esa reforma dejó vacíos en materia de reproducción comercial y en los estándares mínimos que deben cumplir los refugios y las casas cuna, los dos puntos que el expediente 25.645 busca modificar.

Cómo quedarían las multas

El proyecto clasifica las infracciones en tres categorías y fija los montos con base en el salario base vigente, que el Consejo Superior del Poder Judicial fijó en ₡462.200 para 2026.

Las infracciones leves acarrearían multas de entre un salario base y tres salarios base: de USD 1,017 a USD 3,051.

Las graves implicarían entre tres y cinco salarios base, es decir, de USD 3,051 a USD 5,085.

En esta categoría entran conductas como el uso de métodos violentos en el adiestramiento, la administración de sustancias que alteren el comportamiento del animal, su uso como premio o rifa, el robo de animales, su participación en actividades culturales o festivas prohibidas y mantener perros o gatos de forma permanente en terrazas, sótanos o vehículos.

Las muy graves escalarían hasta 50 salarios base, es decir, hasta cerca de USD 50,853. Quedarían en esta categoría actos como causar dolosamente la muerte de un animal doméstico, practicar la eutanasia con medios inadecuados o por personal no calificado, adiestrar animales para peleas o violar las disposiciones sobre experimentación.

El debate legislativo

El expediente 25.645 llega en un momento en que el debate sobre los derechos de los animales gana terreno en el Congreso. En abril pasado, la bancada del Frente Amplio impulsó otro proyecto, aprobado en primer debate con 47 votos a favor, que obliga a incluir pasos de fauna silvestre en los proyectos de infraestructura vial.

“Queremos regular los refugios, las casas cuna, pero también establecer sanciones graduales, leves, graves y muy graves, de manera tal que se pueda tomar en cuenta la gravedad del acto cometido contra estas mascotas”, subrayó Román a Diario El Observador.

El proyecto deberá superar el trámite en comisión y dos debates en el plenario antes de convertirse en ley.

Los diputados que integran la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa acordaron abrir una ronda de comparecencias con las máximas autoridades del Poder Judicial para profundizar en los criterios que deben prevalecer en los procesos de elección de magistrados. La iniciativa busca recabar insumos técnicos y jurídicos que sirvan de referencia para futuras designaciones que corresponden al Congreso.

La primera audiencia se realizará este miércoles 15 de julio, a las 9:00 a. m., con la comparecencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. Posteriormente, el jueves 16 de julio, acudirán el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, y el presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez. Se espera que, en las próximas semanas, también sean convocados los presidentes de las demás Salas que conforman el Poder Judicial.

Según la moción aprobada por la comisión legislativa, el propósito de estas audiencias es conocer cuáles son los perfiles profesionales, académicos, éticos y personales que, desde la perspectiva de los propios jerarcas judiciales, resultan indispensables para ejercer una magistratura. Asimismo, los diputados buscan comprender cuáles son los parámetros utilizados dentro del Poder Judicial para valorar el desempeño de quienes ocupan esos cargos y cuáles competencias consideran prioritarias para fortalecer la administración de justicia.

La decisión de convocar a los magistrados se produce en un momento de especial sensibilidad política, debido a la controversia que ha acompañado los recientes procesos de elección de magistrados y magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa. En los últimos meses, el tema ha provocado una confrontación entre el oficialismo y las bancadas de oposición, que mantienen posiciones encontradas sobre la forma en que deben realizarse estos nombramientos.

El Partido Pueblo Soberano ha cuestionado las nóminas remitidas por la Comisión de Nombramientos, al considerar que el proceso debe revisarse para garantizar una mayor transparencia y un análisis más exhaustivo de los candidatos.

Los legisladores oficialistas han sostenido que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de revisar con detenimiento los perfiles antes de realizar cualquier designación y han defendido la posibilidad de solicitar nuevas nóminas cuando consideren que existen aspectos por mejorar en el procedimiento. A su criterio, fortalecer los mecanismos de evaluación contribuiría a incrementar la confianza ciudadana en las instituciones y en los procesos de nombramiento.

Sin embargo, esa posición ha sido rechazada por las fracciones de oposición, cuyos diputados sostienen que la Comisión de Nombramientos ya realiza un proceso amplio de revisión de atestados, entrevistas y análisis de antecedentes antes de remitir las listas al Plenario Legislativo. Además, han señalado que insistir en devolver las nóminas podría generar atrasos innecesarios e incluso interpretarse como un intento de influir en la integración del Poder Judicial.

Las diferencias políticas han impedido que el Congreso concrete la designación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, lo que ha prolongado un proceso considerado clave para garantizar el funcionamiento de ese tribunal cuando alguno de sus magistrados propietarios debe ausentarse por vacaciones, incapacidades, inhibiciones o cualquier otra causa prevista por la ley.

El debate también ha reavivado la discusión sobre la independencia judicial y el delicado equilibrio entre las competencias de la Asamblea Legislativa para nombrar magistrados y la autonomía del Poder Judicial. Diversos sectores han insistido en la importancia de que los procesos de selección respondan a criterios técnicos, de mérito y experiencia profesional, evitando que las decisiones estén marcadas por intereses políticos.

En ese contexto, las comparecencias de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas Salas adquieren una relevancia particular, ya que permitirán a los diputados conocer la visión de quienes dirigen los principales órganos jurisdiccionales del país sobre las capacidades, la trayectoria y las condiciones que debe reunir una persona para ejercer una magistratura.

Los insumos que surjan de estas audiencias podrían convertirse en un referente para futuras discusiones legislativas sobre nombramientos de magistrados, especialmente en momentos en que la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial atraviesa uno de sus episodios de mayor escrutinio en los últimos años. Asimismo, permitirán a los diputados contrastar los criterios técnicos del Poder Judicial con las valoraciones políticas que, por mandato constitucional, corresponden al Congreso al momento de elegir a quienes integrarán las más altas instancias de la justicia costarricense.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad emitir un dictamen para un contrato de garantía entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL) por hasta USD 100 millones, destinado a facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y apoyar la creación de empleo. El dictamen fue respaldado el 13 de julio en el Palacio Legislativo.

Según lo expuesto por Delia Reyes, subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el acuerdo permitirá a BANDESAL canalizar nuevas líneas de crédito a través de bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito, con condiciones adaptadas a las necesidades de las mipymes. El instrumento contempla 18 años y medio de plazo, con cinco años de gracia.

El diseño del préstamo comprende tres componentes: una línea de crédito multidestino para mipymes, un fondo de garantía parcial de crédito para reducir requisitos tradicionales y un bloque de asistencia técnica orientado a capacitación y fortalecimiento empresarial. El objetivo es mejorar el acceso al financiamiento, dinamizar capital de trabajo y favorecer inversiones fijas, sobre todo en empresas lideradas por mujeres y en sectores productivos y turísticos.

Apoyo al crédito para mipymes

El dictamen favorable de la Comisión señala que el Gobierno busca elevar la capacidad y productividad de las empresas, además de abrir ventanas de liquidez por medio de fondos de garantías.

Durante la sesión, los diputados se refirieron al impacto del acuerdo. Caleb Navarro dijo que “el problema de los bancos a veces es la falta de liquidez para seguir con la intermediación financiera” y valoró que el programa priorice el financiamiento de mipymes del sector turismo y empresas lideradas por mujeres.

La diputada Dania González añadió que estas herramientas permitirán que “la población tenga acceso a líneas de crédito más inclusivas y competitivas”. También señaló que el turismo cerró el año anterior con 4,1 millones de visitantes extranjeros y proyecta 4,4 millones en 2026.

Reformas presupuestarias avaladas

La Comisión también otorgó dictamen favorable a dos reformas presupuestarias orientadas a fortalecer la inversión pública. Una contempla la incorporación de USD 208.445 al Ramo de Desarrollo Local para la construcción del área administrativa y laboratorio en la bodega de la División de Asistencia Alimentaria del MINDEL en San Miguel.

La otra prevé la incorporación de USD 1.140.514 al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) para el proyecto de administración y ejecución de la segunda fase del programa PRODEPORTE II, enfocado en modernizar y rescatar escenarios deportivos en nueve departamentos.

Destino de los recursos

En la presentación técnica, Reyes explicó que la inversión en infraestructura alimentaria responde a deficiencias estructurales en las instalaciones de MINDEL, lo que impacta en la calidad y seguridad de los servicios a la población vulnerable.

En el caso del INDES, los recursos permitirán la contratación de personal, adquisición de equipos y vehículos, y la gestión de la reconstrucción de 13 escenarios deportivos, incluidos estadios en Santa Ana, San Miguel, La Unión y Chalatenango.

William Soriano señaló que “la visión del Gobierno es facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con apoyos concretos y expandir la infraestructura deportiva nacional”, y remarcó que el beneficio se extiende a los sectores productivos, turísticos y deportivos, así como a la atención alimentaria de la población vulnerable.

El partido oficialista Nuevas Ideas definió a sus seis candidatos para la circunscripción exterior, en cumplimiento de la reforma constitucional que permite designar seis diputaciones para la diáspora.

Los candidatos inscritos y sus porcentajes de respaldo durante el proceso interno fueron: Alexia Rivas (71.73% del total de marcas), Wilber Francisco Alabi (59.36%), Alejandra González (49.12% del escrutinio en el exterior), Diana Mendoza (47.35% de respaldo), Jerson Amaya (44.52% de las marcas computadas) y Luis Domínguez (38.52%).

Según el especialista en migración Óscar Díaz, por primera vez los salvadoreños residentes en el extranjero contarán con representación directa en la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa aprobó la reforma que habilita estos seis escaños para salvadoreños fuera del país.

Díaz explicó en Diálogo que este proceso plantea el reto de responder a las demandas de aproximadamente tres millones de salvadoreños distribuidos en diferentes regiones del mundo.

Aclaró que garantizar una representación efectiva será un desafío para quienes ocupen estos cargos, pues no debe limitarse a la gestión de trámites o ayudas puntuales.

Óscar Díaz señaló que la diáspora salvadoreña está compuesta por comunidades grandes en Estados Unidos y otras consolidadas en Australia, Canadá, Suecia, Milán, Italia y España.

Explicó que esta variedad hace que las necesidades y prioridades sean diferentes según el país y la historia migratoria de cada grupo. Indicó que, si bien existe un interés común por ejercer derechos políticos, las realidades de cada comunidad dependen de su contexto y grado de integración en el país de destino.

Destacó que la misión de los diputados debe ser la defensa de derechos y la construcción de vínculos reales con los migrantes.

Díaz remarcó que los diputados designados para la diáspora deben priorizar la elaboración de leyes y la fiscalización, no la prestación de servicios administrativos ni la resolución de trámites individuales.

Se recordó que la gestión de obras públicas corresponde a las autoridades locales y no a los legisladores. El papel del diputado de la diáspora, según Díaz, es articular demandas colectivas en el ámbito legislativo y no asumir funciones administrativas.

Evaluación, perfil de los diputados y desafíos

Consultado sobre cómo evaluar el trabajo de los nuevos diputados, Díaz señaló que lo primero será conocer su plataforma y compromisos. Explicó que los comités organizados en el exterior podrán exigir a sus representantes acciones concretas, como la defensa de derechos o la promoción de leyes específicas. Según Díaz, la pluralidad de la diáspora obliga a los diputados a ser sensibles a contextos y necesidades diversas.

Díaz abordó el debate sobre el perfil de quienes representarán la circunscripción exterior. Señaló que la ley no exige residencia en el extranjero, lo que ha generado distintas opiniones.

Indicó que la experiencia migratoria directa aporta empatía y conocimiento sobre los desafíos reales. En la lista de Nuevas Ideas, explicó, al menos dos candidatos residen fuera de El Salvador, mientras que los demás viven en el país y han representado circunscripciones departamentales.

Díaz consideró que la combinación de perfiles puede ser útil si se complementan conocimientos y experiencias.

Óscar Díaz afirmó que el reto principal para los diputados electos será definir una agenda y prioridades claras. Recomienda escuchar activamente a la comunidad migrante y construir una agenda legislativa basada en sus necesidades.

Agenda legislativa pendiente y particularidades de la diáspora

Díaz mencionó que la creación de una ley de diáspora y movilidad humana es uno de los temas pendientes para la agenda legislativa. Además, planteó la importancia de abordar la inclusión financiera de las remesas, señalando que este debate se mantiene desde hace más de veinticinco años.

El experto puntualizó que el flujo de remesas representa una fuente constante para la economía familiar y nacional, pero que aún no existe un mecanismo efectivo para canalizar esos recursos hacia el desarrollo productivo.

Díaz aclaró que, al tratarse de dinero privado, establecer un uso obligatorio mediante ley es complicado y que no se conoce una experiencia internacional exitosa para replicar.

El especialista expuso ejemplos de la migración salvadoreña, como la comunidad de Milán, Italia, formada por mujeres de Chalatenango que emigraron en los años setenta para trabajar en el servicio doméstico.

Indicó que esta migración ha evolucionado y mantiene vínculos activos. Recordó que Australia, Canadá y Suecia ofrecieron programas específicos durante el conflicto armado, aunque actualmente la migración a estos países solo es posible a través de la reunificación familiar. Subrayó que estas comunidades tienen necesidades distintas de las de los salvadoreños en Estados Unidos.

Afiliados del partido Nuevas Ideas iniciaron este domingo un proceso de votación interna para definir a sus candidatos a presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes para las elecciones de 2027. El evento se desarrolla en las 14 sedes departamentales del partido oficialista, donde los votantes residentes en El Salvador utilizan dispositivos electrónicos para sufragar, mientras que quienes residen en el extranjero participan a través de una modalidad remota.

El proceso de Nuevas Ideas abarca todo el territorio nacional y permanece abierto hasta las 5:00 de la tarde. La cifra exacta de afiliados habilitados para votar aún no ha sido revelada por el partido, que mantiene bajo reserva la actualización de su padrón. Las sedes reportan una afluencia constante de militantes desde las primeras horas de la jornada.

Uno de los puntos de mayor actividad se registró en la sede departamental de San Salvador, donde Mario Durán, actual alcalde de la capital, ratificó su candidatura como planilla única para buscar un tercer período consecutivo al frente de la comuna central. La postulación quedó formalizada tras emitir su voto en el marco del proceso interno, con vistas a consolidar su liderazgo en la administración municipal para el próximo ciclo electoral.

En declaraciones públicas, Durán remarcó la dimensión del partido y la participación ciudadana. “Nos sentimos orgullosos, somos el partido más grande de todos los tiempos en El Salvador; la historia así lo dice. Ver a todas estas personas desde temprano lo llena de alegría y el corazón palpita más rápido. Los proyectos se ven y el cambio en el país es evidente”, manifestó durante la jornada. La declaración, pronunciada ante la militancia, buscó destacar el respaldo y la organización del proceso interno.

El sistema de votación implementado por Nuevas Ideas contempla tecnología para agilizar el conteo y garantizar la transparencia. El partido no ha detallado el número de precandidatos inscritos para cada cargo, aunque la expectativa se centra en definir una oferta electoral robusta para las elecciones generales de 2027. La participación de los salvadoreños en el exterior se considera uno de los elementos distintivos de esta convocatoria, pues el mecanismo remoto amplía el espectro de inclusión de la diáspora.

Durante la jornada, observadores internos y representantes de la dirección nacional supervisan el desarrollo del proceso. El partido no ha reportado incidentes mayores ni irregularidades hasta el momento. El proceso de selección de candidatos se perfila como uno de los más amplios.

Sindicalista se postula como candidato presidencial

En paralelo al proceso de Nuevas Ideas, otras agrupaciones políticas también activaron sus mecanismos internos este domingo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formalizó la inscripción de Rafael Aguirre, médico y secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), como precandidato presidencial para los comicios de 2027. La inscripción tuvo lugar a las 11:00 de la mañana en la sede central del partido, acompañada de una conferencia de prensa para oficializar la apertura del proceso. La dirigencia del FMLN resaltó el respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos al aspirante. En cuanto a la fórmula vicepresidencial, Aguirre mencionó que existen varias opciones, entre ellas Efraín Benítez Andrade, aunque será la militancia quien defina el acompañante en la contienda.

Vamos llamó a elecciones virtuales

De manera simultánea, el partido Vamos convocó a su militancia para participar en las elecciones internas que se realizarán el 12 de julio para los residentes en El Salvador y el 26 de julio para los salvadoreños en el exterior. El proceso tiene como objetivo elegir 60 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, sus respectivos suplentes y 17 candidatos a alcaldes con sus respectivas planillas de concejales. El partido Vamos limitará su participación a 17 municipios, entre los que figuran Santa Ana Centro, Sonsonate Oeste, La Libertad Costa, San Salvador Centro, San Salvador Norte, San Salvador Sur, San Salvador Este y Cabañas Oeste, entre otros. No se ha especificado la cantidad de afiliados aptos para votar en el proceso de selección interna.

De forma paralela el Partido de Concertación Nacional (PCN) convocó a su militancia para llevar a cabo las elecciones internas en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste y la planilla a Diputados del Sonsonate para los comicios del 2027.

Este año, El Salvador ha dado un paso relevante al incorporar a su ordenamiento jurídico la representación legislativa de los salvadoreños residentes en el exterior. Sin embargo, más allá de este gesto normativo y político, las reglas concretas para definir la circunscripción exterior y para integrar efectivamente en la vida parlamentaria a los futuros diputados electos por la diáspora permanecen poco claras y alejadas de estándares internacionales ya consolidados en otras democracias, según un análisis de Acción Ciudadana.

Mediante la reforma del artículo 79 de la Constitución de la República y la modificación del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, se crearon seis escaños en la Asamblea Legislativa dedicados a la diáspora, en una nueva circunscripción que restó representantes a San Salvador y La Libertad.

El análisis comparado elaborado por Acción Ciudadana, denominado Representación legislativa de ciudadanos en el exterior, indica que el país no ha estandarizado la circunscripción para la diáspora. De acuerdo con la reforma, el modelo adoptado es híbrido: parte de la ciudadanía en el exterior votará en la circunscripción especial, pero otra parte continuará votando por el departamento que aparece en su DUI, lo que genera distorsiones y una desigualdad de representación.

Según el análisis, en países como Ecuador, República Dominicana, Francia o Italia, el diseño de circunscripciones exteriores es claro: la diáspora vota por regiones o distritos internacionales organizados, agrupando votantes por grandes áreas geográficas y no por departamentos o subdivisiones nacionales. Esta falta de estandarización en El Salvador impide una asignación eficaz de los votos y limita la representatividad de los compatriotas en el extranjero.

El informe indica que debe haber claridad sobre el procedimiento de distribución de escaños. En otros países, la relación entre población migrante y número de escaños asignados es el resultado de cálculos demográficos, aunque muchas veces condicionados también por decisiones políticas. Por ejemplo, en Ecuador, hay un representante por cada 400,000 ciudadanos en el exterior, proporción similar a la de El Salvador, pero en esos países el criterio se explica y se vincula a un modelo normativo específico.

Un vacío señalado en el análisis se encuentra en los requisitos y mecanismos de postulación de candidaturas. Revelando que en la mayoría de países la diáspora puede elegir representantes que demuestran vinculación efectiva con la circunscripción exterior. En Colombia, Ecuador y República Dominicana, por ejemplo, hay exigencias de años mínimos de residencia fuera del país para quienes buscan ser candidatos de la diáspora.

En El Salvador, no existe tal requisito: cualquier candidato nacional, sin importar su grado de experiencia o conexión con la vida en el exterior, puede postularse por la circunscripción 15. Esta situación abre la puerta a que los futuros diputados de la diáspora sean, en realidad, figuras políticas sin arraigo en las comunidades migrantes, restando sentido a su misión de representación.

En cuanto a la integración legislativa, el informe sostiene que no está claro si los representantes de la diáspora podrán participar presencialmente, de manera remota o mediante mecanismos mixtos en las plenarias y comisiones de la Asamblea. Otros parlamentos, como el francés o el ecuatoriano, han regulado la participación virtual y la inclusión plena de la diáspora en las funciones ordinarias, asegurando igualdad de condiciones con los diputados del territorio nacional.

En ese sentido, El Salvador enfrenta el reto de actualizar y perfeccionar su legislación secundaria para que la representación de la diáspora trascienda el simbolismo y sea un canal real y efectivo para la participación política transnacional. Es fundamental estandarizar la circunscripción exterior, establecer mecanismos claros de integración legislativa, y exigir requisitos de residencia o vinculación real para las candidaturas. Así, los salvadoreños en el exterior podrán ejercer plenamente su derecho a elegir y ser representados por quienes realmente conocen y defienden sus intereses en la distancia.

El fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, lanzó una advertencia sobre el futuro democrático del país al denunciar presiones y ataques directos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público.

Díaz, quien se encuentra en los últimos meses de su gestión, aseguró que “si concentran el poder, la democracia se acaba”, en referencia a las iniciativas y señalamientos recientes desde la Presidencia y el oficialismo. La entrevista, transmitida por Radio UCR, expuso una escalada de tensiones inéditas en la relación entre los poderes del Estado.

Un fiscal bajo ataque: “He sido una piedra en el zapato”

Durante la conversación, Díaz relató cómo desde el allanamiento del caso Barranador en septiembre de 2024, las acusaciones y descalificaciones por parte del Ejecutivo se intensificaron.

“He sido quizás una piedra en el zapato”, afirmó, aludiendo a las investigaciones de corrupción que involucraron tanto al expresidente Rodrigo Chávez como a la actual presidenta Laura Fernández.

Según Díaz, el nivel de hostilidad superó lo experimentado por sus antecesores: “Nunca un cuestionamiento de un poder, en este caso el Ejecutivo, a la figura del fiscal general por sus actuaciones”.

El fiscal detalló que las acciones en su contra incluyeron marchas, ataques verbales y calificativos peyorativos, como “princeso” y “vergüenza nacional”.

“No tengo problema que la presidenta me diga vergüenza nacional. Eso yo lo tomo como vanidad”, expresó. Aseguró que el Ministerio Público continuará investigando los casos de corrupción sin ceder ante las presiones: “No vamos a taparle la corrupción a nadie”.

Independencia en riesgo y advertencia de autoritarismo

Para Carlos Díaz, el intento de modificar la forma de elección del fiscal general representa una amenaza directa a la independencia del Ministerio Público.

La propuesta legislativa para que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, asuma la designación del cargo, fue calificada por Díaz como una maniobra para “nombrar a la persona que nos sirva”.

En sus palabras: “No debe el Ministerio Público ser nombrado nunca por un órgano político, porque va a responder a esos intereses”.

Díaz vinculó estos movimientos con un proyecto político de concentración de poder: “El Ejecutivo quiso hacer las cosas como ellos querían, brincándose la ley. Y ahí es donde vienen los choques con la Contraloría y con la Fiscalía”.

El fiscal subrayó que los recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado y la violencia de género han sido recortados o retrasados, lo que, según indicó, forma parte de una estrategia para debilitar la capacidad del Ministerio Público.

Denuncias, juicios estancados y el futuro de la democracia

El fiscal general explicó que más de setenta causas contra el expresidente Rodrigo Chávez han sido desestimadas tras análisis objetivos, y solo dos casos llegaron a acusación formal. Sin embargo, los obstáculos institucionales han impedido que estos expedientes avancen a juicio: “No es por decisión de la fiscalía. La fiscalía ya hizo su trabajo y presentó las acusaciones. La corte no puede terminar su trabajo por la falta de suplentes”.

Al abordar la situación de la democracia en Costa Rica, Díaz manifestó su preocupación por el avance de las acciones del Ejecutivo: “Cuando usted ve que se descalifica a la fiscalía por investigar corrupción, eso es preocupante. Es concentrar el poder de manera absoluta. Si concentran estos tres poderes en Rodrigo Chávez, ya aquí no hay democracia, la democracia se acaba. Y lo que viene es autoritarismo, así de simple”.

La fe, los ataques y la decisión pendiente

En la entrevista, Carlos Díaz defendió su integridad profesional y moral, afirmando que todas las sanciones y denuncias en su contra han sido absueltas. También se refirió a su fe cristiana como un pilar personal durante su gestión, enfatizando que “yo respeto la autoridad de doña Laura, siempre respeté la de don Rodrigo”.

Respecto a su posible reelección como fiscal general, Díaz admitió que aún no ha tomado una decisión, debido a la presión constante y los ataques diarios: “Vivo el día a día y todos los días son persecuciones. No sé hasta cuándo uno podrá resistir. Lo que vale la pena es mantener nuestra democracia”.

El Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y el desafío institucional

Díaz reiteró que el Ministerio Público debe actuar objetivamente, sin someterse a presiones políticas ni de grupos de poder. Rechazó la utilización del polígrafo como herramienta determinante para medir la confiabilidad de funcionarios y denunció que “todo está relacionado” cuando se limitan recursos o se descalifica la labor de la fiscalía: “Ellos lo que no quieren es que nosotros atendamos el narcotráfico o a una población vulnerable”.

La entrevista concluyó con un llamado a preservar la democracia y la independencia de las instituciones, en un contexto marcado por la confrontación política y el riesgo de autoritarismo.

El debate sobre la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011 en El Salvador ha sumado un nuevo e importante capítulo. Aunque la normativa actual establece como fecha límite de circulación el próximo 31 de agosto de 2026, el Órgano Ejecutivo ya ha puesto en marcha una iniciativa legal para otorgar un año más de validez a estas estructuras.

Esto busca evitar que los conductores deban realizar un cambio de matrículas inmediato.

Ernesto Castro, notificó el ingreso oficial de la propuesta enviada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

La iniciativa solicita modificar de manera transitoria la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos con el propósito de prorrogar la validez de las placas 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

La relevancia de esta discusión radica directamente en la magnitud del parque vehicular salvadoreño. Citando las métricas más recientes provistas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles en circulación dentro del territorio nacional ya asciende a las 2,108,298 unidades.

Cualquier directriz técnica que dictamine la sustitución masiva del metal afectaría la planificación financiera de miles de familias y transportistas.

Por consiguiente, la propuesta gubernamental fue redirigida de inmediato a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para su respectivo análisis técnico. Se prevé que el debate formal en el seno de la comisión se desarrolle durante las próximas jornadas legislativas, aunque la junta directiva no precisó una fecha exacta para el dictamen final.

El historial de prórrogas que ha mantenido vigentes las placas de 2011

De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos (normativa que rige las directrices de tránsito desde el año 1993), el periodo de vida útil y validez regular de las placas en El Salvador es de cinco años. Tomando en cuenta este marco legal, el lote vehicular emitido en 2011 debió ser reemplazado obligatoriamente por los usuarios en 2017.

A pesar de la ley, las coyunturas económicas y sociales empujaron a la Asamblea Legislativa a emitir sucesivos decretos de excepción para congelar la renovación:

• Decreto N.° 630 (2017): Otorgó la primera extensión, postergando la vigencia general del formato hasta el 31 de diciembre de 2021.
• Decreto N.° 622 (2022): Aplazó el vencimiento hasta el 30 de abril de 2024, una estrategia adoptada para amortiguar las presiones financieras de la inflación global postpandemia.
• Decreto N.° 1001 (2024): Concedió un respiro adicional extendiendo el beneficio hasta el 31 de agosto de 2025.
• Disposición transitoria vigente: Ratificada bajo el Dictamen Favorable N.° 23, extendió los efectos legales del documento de identidad vehicular hasta el 31 de agosto de 2026.

La continuidad de estas prórrogas persigue un doble propósito institucional. Desde la perspectiva ciudadana, el decreto actúa como un escudo económico que exime a los propietarios de asumir las tasas correspondientes a la sustitución física de las placas en las ventanillas de los Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN).

Por otra parte, desde el punto de vista del Estado, la prórroga otorga un margen de tiempo sustancial para que las oficinas del MOPT y el Viceministerio de Transporte (VMT) puedan planificar y estructurar una transición de matrículas ordenada y paulatina, impidiendo el colapso operativo y la saturación en los sistemas de trámites públicos.

De recibir el respaldo de los diputados en la comisión y el pleno, las placas 2011 mantendrán su total respaldo legal por doce meses adicionales a partir del límite fijado.

El Salvador avanza con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, tras la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa para aprobar la garantía soberana del financiamiento. Los fondos están destinados a ampliar el crédito para las mipymes y apoyar la creación de empleo, dentro de un proceso que incluye aprobación y ratificación legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para aprobar el contrato de garantía soberana que respalda el préstamo, dentro del “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. La documentación oficial fue suscrita por el ministro interino de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina.

La garantía corresponde al préstamo identificado como No. 9958-SV. El contrato de garantía fue firmado el 9 de junio de 2026, mientras que el préstamo fue suscrito el 8 de mayo de 2026 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Grupo Banco Mundial, y el 29 de junio de 2026 por el representante del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).

Trámite legislativo y base legal

La autorización para suscribir el contrato de garantía se fundamenta en el Decreto Legislativo No. 580, publicado el 18 de mayo de 2026. El expediente enviado a la Asamblea incluye traducciones oficiales de los contratos y copias del decreto.

El proceso sigue lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República, que exige la intervención de la Asamblea para aprobar este tipo de garantías soberanas. Después de esa etapa, deberá realizarse la modificación presupuestaria para incorporar los fondos.

Alcance del proyecto y metas

En el texto presentado para la aprobación legislativa se indica que el préstamo financiará el “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”, orientado a ampliar el acceso a financiamiento de las mipymes salvadoreñas, en especial en sectores con potencial de generación de empleo, como el turismo.

Según el comunicado emitido por el Banco Mundial el 31 de marzo de 2026, el proyecto busca beneficiar a unas 5.000 mipymes y contribuir a la creación o mejora de aproximadamente 8.300 empleos. También prevé una perspectiva de inclusión de género, con una estimación de cerca del 30% de beneficiarios mujeres.

El plan contempla el fortalecimiento de la intermediación financiera mediante líneas de crédito de mayor plazo y la aplicación de esquemas de garantías parciales para reducir riesgos. También apunta a integrar a las mipymes en cadenas de valor globales, con el objetivo de aumentar la productividad y la formalización empresarial.

Ejecución y siguientes pasos

BANDESAL será la entidad encargada de la ejecución del proyecto, mientras que la Corporación Financiera Internacional, también parte del Grupo Banco Mundial, apoyará la inclusión financiera y la expansión productiva. El período de implementación se extenderá por cinco años.

La decisión de la Asamblea Legislativa permitirá avanzar con la ratificación y la incorporación de los fondos al presupuesto nacional, último paso del proceso para hacer efectivo el financiamiento y su despliegue en los sectores productivos del país.

Esta solicitud fue admitida en la plenaria ordinaria de este miércoles y se designó que pase al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Este mes se cumple un año desde la aprobación de la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, una norma temporal que elimina aranceles a 120 productos e insumos agrícolas para facilitar el acceso a alimentos y bienes esenciales.

La ley, impulsada por el Gobierno de El Salvador a través de los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura, también simplifica procedimientos de importación y asigna funciones de control a la Defensoría del Consumidor y a la Dirección General de Aduanas.

Según el Decreto Legislativo No. 51, la modificación del Arancel Centroamericano de Importación aplica solo para El Salvador y, una vez concluida su vigencia, restablecerá los aranceles y requisitos arancelarios previos a la emisión de la norma.

¿Qué productos abarca la ley?

La medida elimina aranceles a más de un centenar de productos de la canasta básica ampliada, además de insumos agrícolas y bienes esenciales de consumo.

Entre los rubros incluidos figuran carnes de res, cerdo, pollo y pavo; leche fluida; huevos; verduras; frutas; cereales; aceites vegetales; azúcar; alimentos infantiles y fertilizantes agrícolas.

El decreto incorpora códigos específicos de importación, lo que permite identificar los productos exentos del pago de derechos arancelarios. El alcance de la reforma comprende cortes de carne, lácteos, papas, tomates, cebollas, arroz, avena, aceites, cereales, pan, preparaciones a base de café, alimentos para animales, fertilizantes y agroquímicos.

Qué objetivo plantea la normativa

La ley establece como objetivo “garantizar el acceso directo y efectivo a los productos de la canasta básica, al mismo tiempo que promueve mayor competitividad y reduce distorsiones de mercado”.

El texto vincula la medida con la persistencia de factores externos, como la inflación internacional, el aumento de precios de fletes marítimos y la especulación, que impactaron en el costo final de los alimentos y otros bienes esenciales para la población salvadoreña.

¿Cómo cambia el proceso de importación?

Según el documento, los importadores de productos comprendidos en la ley no deberán presentar permisos previos, aunque sí tendrán que declarar que los productos cumplen con los requisitos de inocuidad y calidad exigidos por la legislación salvadoreña.

Ese procedimiento se aplicará principalmente a productos provenientes de países con estándares sanitarios iguales o superiores a los de El Salvador. El listado completo y los códigos SAC pueden consultarse en el decreto oficial.

Las funciones de vigilancia y control estarán a cargo de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección General de Aduanas. Ambas entidades coordinarán la supervisión sanitaria y la fiscalización posterior a la importación para garantizar que la reducción de aranceles se refleje en los precios finales al consumidor.

La Defensoría deberá monitorear y vigilar el mercado para asegurar que los beneficios de la ley sean percibidos por la población. A su vez, el Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de notificar la modificación a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en cumplimiento de los compromisos regionales.

¿Qué fundamentos expone el decreto?

El texto oficial señala que “los factores que incidieron para emitir la Ley… se han agravado, y con ello, se ha ocasionado distorsiones en el acceso de la población, para adquirir en condiciones adecuadas los productos básicos para sus hogares”.

La ley también faculta a los ministerios vinculados con su aplicación a emitir acuerdos, instructivos o resoluciones para implementar la normativa sin alterar los estándares de calidad e inocuidad exigidos por la legislación salvadoreña.

La Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica anunciaron recortes en sus presupuestos para 2026 y 2027, en cumplimiento de la orden de reducción del 5% emitida por el Ministerio de Hacienda.

Las medidas buscan contener el gasto público, aunque las instituciones advierten sobre los retos que enfrentarán para garantizar la continuidad de sus servicios.

El Directorio de la Asamblea Legislativa acordó un recorte de ₡2,500 millones (USD 5,49 millones) en su presupuesto para 2026, decisión que fue comunicada públicamente por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, y el primer secretario, Gerald Bogantes.

Jiménez explicó que este ajuste responde al llamado del Ministerio de Hacienda y que el objetivo es mantener la continuidad del servicio parlamentario a la ciudadanía.

“Hoy el directorio legislativo, en atención al llamado a la contención del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, hemos aprobado el rebajo al presupuesto institucional de la Asamblea Legislativa 2026 por un monto de más de ₡2,500 millones, siempre garantizando de forma responsable la continuidad del servicio de este primer poder de la República en función de todos los ciudadanos”, afirmó la presidenta.

Por su parte, Bogantes subrayó que el ajuste refleja la responsabilidad del Congreso en la administración de los recursos públicos y la importancia de fortalecer la confianza en el Primer Poder de la República. Hasta el momento, el Directorio no ha detallado qué partidas serán objeto del recorte ni los montos exactos por unidad administrativa.

Además de la Asamblea Legislativa, la directriz de Hacienda fue acatada por el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes también aprobaron ajustes a sus presupuestos. La Defensoría, encabezada por su jerarca, comunicó que aplicará un ajuste de ₡120 millones (USD 264 mil) a su presupuesto vigente, cifra que representa menos de la mitad de lo solicitado por Hacienda.

El ente defensor señaló que este monto es el máximo posible sin afectar la prestación de servicios esenciales, y advirtió que la capacidad institucional para generar nuevas economías “está prácticamente agotada”.

La Defensoría también alertó sobre un déficit de ₡342,64 millones (USD 753 mil) para completar el nombramiento de plazas vacantes tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, lo que limita la atención de denuncias, el desarrollo de investigaciones y la formulación de recomendaciones, especialmente en casos relacionados con personas en condición de mayor vulnerabilidad.

Respecto al presupuesto para 2027, la Defensoría indicó que fue elaborado bajo el límite de gasto comunicado por Hacienda, priorizando el financiamiento de gastos ineludibles para garantizar la continuidad de operaciones, incluyendo remuneraciones, servicios públicos y contratos vigentes.

No obstante, advirtió que el monto nominal asignado no implica que la institución pueda atender todas sus obligaciones debido al aumento de costos asociados al funcionamiento institucional, por lo que se requerirá una mayor contención del gasto y la postergación de necesidades indispensables para fortalecer la prestación de servicios públicos.

La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Marta Acosta Zúñiga, informó que la reducción solicitada por Hacienda para su anteproyecto presupuestario de 2027 equivale a ₡1,055 millones (USD 2,32 millones), pero la entidad solo identificó ₡100,3 millones (USD 221 mil) que podrían recortarse sin afectar su operación.

Acosta advirtió que un recorte del 5% implicaría un “cierre técnico” de la institución y pondría en riesgo su independencia y capacidad para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

La Contraloría destacó que su presupuesto se ha mantenido prácticamente estancado en la última década, con un crecimiento del 1%, mientras que el Presupuesto Nacional aumentó un 57% en el mismo periodo. Además, la Contralora propuso a Hacienda revisar la reserva de liquidez del Gobierno y acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, dos medidas que, según señaló, podrían generar ahorros sin comprometer el funcionamiento de la Contraloría.

El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió devolver al Ministerio de Hacienda ₡6,825.2 millones (USD 15,03 millones) correspondientes a recursos no utilizados en el presente año. Esta devolución incluye fondos previstos para eventuales segundas rondas electorales, referendos, alquiler de equipo de cómputo y otros rubros del presupuesto.

El TSE subrayó que este ajuste supera la solicitud de recorte del 5% de Hacienda y permitirá evitar una disminución del plan de gasto para 2027, lo que podría afectar la organización del proceso electoral municipal de 2028.

El organismo electoral advirtió que una reducción anticipada de recursos para el próximo año podría comprometer la planificación de actividades logísticas y la prestación de servicios electorales y registrales, funciones que la Constitución y la Ley Orgánica del TSE le encomiendan.

Las autoridades de estas instituciones recalcaron que sus decisiones responden a la directriz de contención del gasto público, aunque insistieron en la necesidad de proteger los servicios esenciales y la operatividad institucional. Todas advirtieron que ajustes adicionales podrían impactar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, especialmente en áreas sensibles como la fiscalización, la protección de derechos ciudadanos y la organización de procesos electorales.

El Salvador oficializó una reforma a la ley que regula la producción y venta de lácteos para permitir la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada. La decisión entró en vigor el 27 de julio.

La medida fue publicada en el Diario Oficial del 19 de julio, última edición disponible, y modifica el artículo 21 de la Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio. El cambio elimina la frase que prohibía la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo, pero mantiene la prohibición sobre productos elaborados con adulterantes.

Según el decreto legislativo, la reforma busca “adecuar y simplificar” el contenido de ese artículo al eliminar la restricción sobre los derivados de leche en polvo y conservar únicamente la prohibición de comercializar productos adulterados. El texto también afirma que la modificación pretende garantizar que los lácteos sean elaborados a partir de leche y cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Los argumentos del Gobierno

El decreto y la argumentación oficial sostienen que la modificación reforzará la seguridad alimentaria y la inocuidad de los productos lácteos consumidos en el país, evitará el uso de sustancias que alteren su composición y calidad, y favorecerá precios más competitivos con un mejor abastecimiento.

La reforma también es presentada como una actualización de una regulación vigente desde 1960, con el objetivo de armonizarla con el Reglamento Técnico Centroamericano y eliminar obstáculos a la comercialización dentro del mercado regional. Ningún diputado que votó a favor se refirió durante la discusión a la eliminación expresa de la prohibición sobre la reconstitución de leche en polvo en los productos lácteos.

Como medida complementaria, el Ministerio de Agricultura anunció que incorporará al sector ganadero al Programa Aumento de la Producción. Esa estrategia incluye entrega de insumos al costo, asistencia veterinaria integral gratuita, mejoramiento genético, apoyo con maquinaria agrícola, semillas de pasto mejoradas y acceso a líneas de crédito preferenciales mediante el Banco de Fomento Agropecuario.

¿Cómo se llegó a esta disposición?

La solicitud fue enviada por el Gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que participó en la comisión legislativa para exponer los argumentos a favor de la enmienda. Después de emitido el dictamen, la Asamblea Legislativa votó el decreto en sesión plenaria.

En ese debate, el diputado del Partido de Concertación Nacional Serafín Orantes defendió la reforma con el argumento de que “el Ejecutivo está tratando de cuidar y respaldar la salud de los salvadoreños a través de vender productos con una inocuidad muy importante. Viene a contribuir la salud de todos los salvadoreños”. El legislador por Ahuachapán no detalló beneficios específicos de la leche en polvo frente a la leche de vaca.

La prohibición eliminada regía desde 2000, según expuso en el pleno la diputada Claudia Ortiz, quien sostuvo que esa restricción había sido diseñada para proteger a un sector integrado en un 80% por pequeños productores. Su propuesta para exigir un etiquetado visible en los productos elaborados total o parcialmente con leche en polvo solo obtuvo tres votos.

Salvador Gross, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), advirtió en que la nueva regulación, sin medidas de protección complementarias, podría afectar a cientos de pequeños y medianos ganaderos. De acuerdo con el directivo de Proleche, una de las principales demandas del sector es la creación de una normativa de etiquetado que obligue a los fabricantes a informar si un producto contiene leche en polvo o es elaborado únicamente con leche fluida nacional.

El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para sancionar e inhabilitar las pistas de aterrizaje clandestinas y no autorizadas en el país, así como para permitir el decomiso de bienes asociados a actividades ilícitas. Esta iniciativa responde al creciente uso de infraestructura aérea por parte del crimen organizado y el narcotráfico, fenómenos que han incrementado el riesgo para la seguridad nacional y la integridad territorial.

De acuerdo con el texto propuesto, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) asumirá la responsabilidad de emitir la declaratoria de ilegalidad respecto a las pistas sospechosas. La normativa establece que la clasificación de pistas clandestinas no solo incluirá aquellas que carecen de los permisos necesarios, sino también las que, pese a contar con autorización, presenten indicios de uso en actividades ilícitas. “No es solo la pista que carezca de permiso, sino también aquella que, aunque estando autorizada, muestre indicios de ser utilizada para actividades ilícitas que atenten contra la seguridad nacional”, explicaron al referirse a la amplitud de la ley.

El proyecto detalla un procedimiento administrativo que inicia con la notificación formal al propietario de la infraestructura señalada. Si el dueño no responde en un plazo de diez días hábiles, el Servicio de Vigilancia Aérea podrá proceder de inmediato con la inhabilitación, destrucción o demolición de la pista o sitio de atraque. Esta acción busca impedir la reactivación de puntos empleados por organizaciones criminales, que históricamente han aprovechado vacíos legales para operar en zonas rurales y costeras.

Respecto a las sanciones penales, la ley introduce penas de prisión de cinco a diez años para los propietarios, arrendatarios o administradores de terrenos que faciliten, toleren o construyan pistas o sitios de atraque no autorizados. La normativa contempla un agravante para quienes, tras la demolición o clausura oficial, opten por rehabilitar o reconstruir la infraestructura: en estos casos, las penas se elevarán a diez a quince años de prisión. Así, el Estado busca disuadir la reincidencia y cerrar el ciclo de reconstrucción que hasta ahora dificultaba el combate efectivo del tráfico aéreo ilegal.

Además de las penas de cárcel, el proyecto impone sanciones económicas. Operar aeronaves en aeródromos no autorizados acarreará una multa de cuarenta salarios mínimos para los propietarios, talleres o responsables de la aeronave involucrada. Esta disposición pretende desalentar la colaboración de terceros que puedan facilitar el uso de pistas clandestinas bajo la figura de servicios técnicos o de mantenimiento.

La ley también introduce la inmovilización registral de los terrenos involucrados en operaciones aéreas ilegales. Esto impedirá cualquier transacción, traspaso, herencia o gravamen sobre la propiedad mientras se encuentre bajo investigación, mecanismo destinado a evitar que los bienes cambien de manos durante procesos judiciales o administrativos. Además, las autoridades estarán facultadas para incautar de manera preventiva toda la maquinaria, vehículos, materiales y aeronaves utilizados en la construcción, rehabilitación o mantenimiento de pistas no autorizadas.

La propuesta busca dotar al Estado de herramientas efectivas para responder a la evolución de las tácticas del crimen organizado, que ha recurrido cada vez más a la aviación para el tráfico de estupefacientes, armas y otras actividades ilícitas. Las autoridades sostienen que la legislación actual presenta vacíos que dificultan el decomiso inmediato de bienes o la realización de demoliciones, lo que ha permitido que estas infraestructuras retornen rápidamente al servicio delictivo.

El Poder Ejecutivo subrayó que la aprobación de esta ley permitirá un accionar más coordinado entre los cuerpos policiales, Aviación Civil y los jueces encargados de los procesos, garantizando mayor agilidad en la respuesta estatal. La iniciativa también contempla la cooperación con organismos internacionales para el seguimiento y la persecución de redes transnacionales dedicadas al tráfico aéreo ilegal.

En el contexto de la presentación legislativa, autoridades recalcaron que la nueva regulación representa un paso fundamental para fortalecer la seguridad nacional y proteger la soberanía del espacio aéreo costarricense. El proyecto se encuentra actualmente en análisis de la comisión respectiva y se espera que inicie pronto el proceso de discusión en el plenario legislativo.

Un elevado porcentaje de los productos lácteos importados en El Salvador proviene de procesos en los cuales se ha empleado leche en polvo reconstituida, según reveló Luis Bonilla, vicepresidente de Asileche, en entrevista con 105.3 FM.

Este dato cobra relevancia luego de la reciente aprobación de reformas legislativas que permiten el uso de leche en polvo en la industria nacional, un debate que ha puesto en primer plano la composición real de los alimentos disponibles en el mercado.

Durante su participación radial, Bonilla explicó que, mientras la legislación salvadoreña prohibía a la industria local emplear leche en polvo, los productos importados, especialmente quesos, ingresaban al país elaborados bajo normativas más flexibles de otras naciones latinoamericanas.

“En toda Latinoamérica se permite el uso de leche en polvo para la producción de lácteos, ya sea leche, queso o yogur”, indicó el representante de Asileche.

Uno de los ejemplos más notorios mencionados fue el quesillo, insumo clave para las elaboración de pupusas, cuya importación, según Bonilla, está dominada por proveedores nicaragüenses.

“El noventa por ciento del quesillo utilizado en pupuserías procede de Nicaragua”, detalló el empresario, quien agregó que estos productos suelen fabricarse con leche en polvo comprada a precios internacionales, lo que reduce costos frente a la leche fluida nacional.

Bonilla señaló que la leche en polvo es una materia prima de alta calidad, normalmente grado A, que se deshidrata para su conservación y transporte.

Al reconstituirse con agua, puede usarse para fabricar quesos y otros derivados lácteos sin afectar el valor nutricional, aunque sí con algunos cambios en las características organolépticas, principalmente el sabor. “La leche en polvo es leche grado A, la misma que usamos para nuestro queso. Lo único que ocurre es que el sabor varía, no es igual al de la leche fluida”, puntualizó Bonilla.

El dirigente gremial también afirmó que las diferencias de precio en el mercado internacional de la leche en polvo, que funciona como commodity, permiten a los importadores aprovechar momentos de bajos costos para almacenar grandes volúmenes y abastecerse durante todo el año.

Esta dinámica, explicó, no está al alcance de los productores nacionales, quienes dependen de la leche fluida local y no pueden importar ni almacenar grandes reservas.

Según Bonilla, la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa permitirá que las industrias salvadoreñas puedan fabricar productos competitivos en precio y calidad, al igual que sus contrapartes extranjeras.

“No se trata de sustituir la leche fluida, sino de complementarla, especialmente en épocas de escasez derivadas de factores como el fenómeno de El Niño o la variabilidad climática”, destacó, recalcando que las empresas que opten por la leche en polvo deberán cumplir con los mismos controles sanitarios exigidos a los productos importados.

En cuanto al uso real de la leche en polvo en la producción nacional, el vicepresidente de Asileche aclaró que nunca se emplea en su totalidad. “Es un veinte por ciento máximo lo que se utiliza como complemento, el resto sigue siendo leche fluida”, sostuvo.

Esta mezcla ayuda a estandarizar las características del producto, como el contenido de proteínas y calcio, y facilita la producción de quesos con calidad homogénea, un reto cuando se depende exclusivamente de leche fluida que puede variar en su composición cada día.

Bonilla descartó que la incorporación de leche en polvo implique el desplazamiento de la producción nacional de leche fluida. “Nosotros vamos a continuar comprando la misma cantidad de leche fluida a los productores locales, porque no hay suficiente leche grado A en el país y el mercado sigue exigiendo esa calidad”, aseguró.

También subrayó que la reforma abre la puerta a nuevos productos, como quesos parrilleros y quesillos para pupuserías, que podrían fabricarse localmente con mayor competitividad.

Para el sector industrial, el acceso a la leche en polvo constituye una herramienta adicional para asegurar el abastecimiento y estabilizar precios, mientras que el desafío para los productores nacionales será continuar garantizando leche fluida de alta calidad y adaptarse a los nuevos parámetros del mercado.

La reciente aprobación legislativa que permite el uso de leche en polvo en la industria láctea ha generado inquietud entre los productores de leche de El Salvador, quienes solicitan una ley de etiquetado que brinde claridad a consumidores y proteja la producción local.

El cambio, impulsado por la Asamblea Legislativa en respuesta a la demanda de la industria y a la necesidad de enfrentar eventuales crisis de abastecimiento, ha abierto un debate entre procesadores y ganaderos sobre el futuro del sector.

Salvador Gross, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), advirtió en la entrevista Frente a Frente que la nueva regulación, sin medidas de protección complementarias, podría afectar a cientos de pequeños y medianos ganaderos.

“Si hay más oferta de leche que sustituya a la fluida que producimos en El Salvador, nos vamos a ver afectados en la recepción y en el precio de la leche”, afirmó Gross, quien confirmó la apertura de un diálogo directo con el Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con el directivo de Proleche, una de las principales demandas del sector es la creación de una normativa de etiquetado que obligue a los fabricantes a informar si un producto contiene leche en polvo o es elaborado únicamente con leche fluida nacional.

“El consumidor tiene que poder elegir y diferenciar, además de que debe haber una diferenciación de precio en el producto”, subrayó. El dirigente consideró indispensable que el precio de los productos lácteos elaborados con leche pura no quede atado al de los derivados de leche en polvo, dada la diferencia de costos y procesos.

La preocupación entre los ganaderos se centra en la posibilidad de que el acceso a leche en polvo, que suele ser más barata debido a excedentes internacionales, desplace la compra de leche fluida nacional.

Gross explicó que la leche en polvo, utilizada como insumo en otros países, proviene de excedentes de naciones con alta productividad, lo que permite ofrecerla a precios por debajo del mercado local.

En contraste, el sector industrial sostiene que la reforma busca nivelar el campo de juego frente a la fuerte presencia de lácteos importados, que ya emplean leche en polvo en sus procesos.

Luis Bonilla, gerente general de Quesos Petacones y vicepresidente de Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (Asileche), defendió la medida en entrevista con 105.3 FM.

“La ley de los años sesenta prohibía el uso de leche en polvo en cualquier producto lácteo nacional, pero sí permitía la importación de productos elaborados con leche en polvo”, explicó Bonilla.

En el espacio radial, el vicepresidente de Asileche puntualizó que para empresas como Quesos Petacones, que continuarán utilizando leche fluida grado A, la reforma no tendrá impacto en sus procesos ni en la demanda hacia los pequeños productores.

“Vamos a seguir comprando la misma cantidad de leche”, aseguró. El empresario reconoció que la leche en polvo es una alternativa útil para enfrentar periodos de escasez vinculados a factores climáticos, aunque subrayó que su empleo no elimina la necesidad de leche fluida, especialmente para mantener la calidad y el sabor característicos de los quesos tradicionales.

Desde Proleche, Gross insistió en la urgencia de políticas públicas que aseguren la compra de la producción nacional y garanticen un precio justo para los ganaderos.

“Las plantas no pueden dejar de recibir la leche de los productores porque pueden optar por la leche en polvo importada”, advirtió. El dirigente propuso que el Ministerio de Agricultura establezca reglas claras para la recepción y fijación de precios, además de promover la tecnificación del sector para mejorar la competitividad local frente a las importaciones.

El debate en torno a la reforma también involucra cuestiones de inocuidad y control sanitario. Gross destacó la necesidad de asegurar que la leche en polvo reconstituida cumpla con estándares adecuados de calidad y que se utilice agua purificada en los procesos, mientras que Bonilla recordó que los productos importados ya requieren certificaciones sanitarias para su ingreso al mercado salvadoreño.

En ese contexto, tanto procesadores como ganaderos coinciden en la importancia de fortalecer la producción nacional y aumentar los controles a los productos importados. “El desarrollo de la industria láctea en El Salvador debe ir de la mano con el de los ganaderos”, concluyó Gross, quien expresó confianza en que el diálogo abierto con las autoridades permita llegar a acuerdos que beneficien a toda la cadena productiva.

Por primera vez, los salvadoreños residentes en el exterior podrán elegir a diputados específicos que representen sus intereses en la Asamblea Legislativa. Este cambio, respaldado por reformas al Código Electoral, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y la Ley de Partidos Políticos, marca un hito en la historia política de El Salvador. La aprobación de estas enmiendas introduce la circunscripción 15, una zona electoral dedicada exclusivamente a la diáspora salvadoreña.

La creación de esta circunscripción permitirá que, a partir de 2027, seis legisladores defiendan de manera directa los intereses de los ciudadanos salvadoreños que viven fuera de las fronteras nacionales.

Según la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), este paso abre un debate necesario sobre el perfil, obligaciones y mecanismos de rendición de cuentas de quienes buscarán ese respaldo ciudadano.

Preguntas clave de la diáspora salvadoreña para quienes aspiren a representarlos

AAMES plantea cinco interrogantes fundamentales que deberían responder los futuros aspirantes. La primera pregunta apunta a un aspecto logístico y simbólico: “¿Dónde fijará su residencia si resulta electo?”. El lugar de residencia del diputado resulta esencial, ya que determina su nivel de inserción y cercanía con las realidades cotidianas de los migrantes. La organización señala que la representación debe reflejar la vida y los desafíos de quienes viven en el exterior, no solo en El Salvador.

En segundo lugar, la asociación interroga a los futuros candidatos sobre su compromiso comunicativo: “¿Cómo mantendrá comunicación permanente con los salvadoreños en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países?”. La diáspora salvadoreña se encuentra dispersa en diferentes regiones del mundo y enfrenta retos diversos. Mantener un canal abierto, fluido y constante de comunicación será esencial para garantizar una representación activa y genuina.

El tercer punto se refiere a los servicios que los legisladores ofrecerán: “¿Impulsará oficinas de atención para la diáspora?”. La puesta en marcha de espacios físicos o virtuales de atención permitiría que los migrantes reciban orientación, acompañamiento y soluciones a sus problemas específicos. Según AAMES, la existencia de estas oficinas contribuiría a fortalecer el vínculo entre los representantes y las comunidades, además de facilitar la gestión de trámites y el acceso a información relevante.

Otro aspecto crítico, destacando por la asociación, corresponde a la transparencia y la rendición de cuentas. “¿Presentará informes periódicos a las comunidades migrantes?” es la cuarta pregunta que destaca la organización. La presentación de reportes periódicos permitiría a los electores evaluar el desempeño de sus representantes y exigir resultados. La transparencia, afirman desde AAMES, es la base de la confianza y la legitimidad democrática.

Finalmente, la agenda ciudadana de la organización exige respuestas sobre la participación directa de la diáspora en la legislación: “¿Qué mecanismos propondrá para que la diáspora participe en la elaboración de iniciativas de ley?”. Para la asociación, la inclusión efectiva de los migrantes en la toma de decisiones legislativas fortalecería la democracia salvadoreña y permitiría que las leyes respondan a las verdaderas necesidades de quienes residen fuera del país.

La iniciativa de la Asociación no busca apoyar o cuestionar a ningún candidato. Su objetivo, según han hecho público, es promover una discusión amplia, crítica y constructiva sobre el tipo de representación que requiere la diáspora.

“No se trata de apoyar o cuestionar a ningún candidato. Se trata de promover una representación cercana, transparente y comprometida con millones de salvadoreños que continúan aportando al desarrollo del país desde el exterior”, señala la organización.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este miércoles que el gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de proyectos de ley enfocados en reforzar la seguridad nacional. El anuncio incluye cuatro iniciativas principales que buscan fortalecer la legislación y el sistema judicial ante los desafíos de la inseguridad en el país.

El segundo paquete legislativo, cuya presentación está prevista para el 27 de octubre, abarca la criminalización de la minería ilegal, el aumento de las causas de extradición, la obligatoriedad en el cumplimiento de condenas y la transformación del Poder Judicial. De igual manera, Fernández señaló que estas medidas responden a la demanda ciudadana de recuperar la tranquilidad mediante leyes más estrictas y un aparato judicial más eficiente.

En cuanto a la minería ilegal, el proyecto establece sanciones severas para quienes participen en actividades extractivas no autorizadas. Según el gobierno, la propuesta busca frenar el avance de la minería clandestina, proteger los recursos naturales y prevenir daños ambientales que afectan a diversas regiones del país, especialmente en la zona de Crucitas.

Transformación judicial y combate al crimen

Otra de las iniciativas contempla incrementar el número de causales que permiten la extradición de personas requeridas por la justicia internacional. El Ejecutivo considera que esta reforma resulta indispensable para combatir delitos transnacionales, como el narcotráfico y el crimen organizado, que aprovechan vacíos legales y la porosidad de las fronteras.

El tercer eje se enfoca en la ejecución efectiva de las sentencias. Fernández sostuvo que “las condenas deben cumplirse en su totalidad, sin excepciones ni interpretaciones que permitan eludir la responsabilidad penal”. El proyecto pretende eliminar brechas legales que han permitido la reducción o eludir el cumplimiento de penas, en respuesta a reclamos sociales sobre la aplicación de la justicia.

De igual manera, la transformación del Poder Judicial constituye el cuarto pilar de este paquete. El gobierno propone reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de respuesta del sistema judicial costarricense.

Fernández indicó que estas modificaciones buscan adaptar la administración de justicia a las exigencias de una sociedad que demanda resultados concretos en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, durante el anuncio, la mandataria señaló que la presentación de este segundo paquete no será la última, ya que el Ejecutivo continuará elaborando iniciativas adicionales conforme lo recomienden las autoridades especializadas y la unidad Fuerza Élite. “Se enviarán los paquetes necesarios y lo que haga falta, según las autoridades especializadas y ministros, vamos a continuar trabajando, presentaremos este paquete este 27 de octubre”, manifestó la funcionaria costarricense.

Por su parte, Fernández destacó que el gobierno mantendrá el trabajo coordinado con expertos y ministerios para ajustar y ampliar el marco normativo según las necesidades que surjan.

El Ejecutivo al mismo tiempo prevé entregar oficialmente el segundo paquete legislativo a la Asamblea el 27 de octubre, con la expectativa de que los diputados brinden un trámite expedito a las iniciativas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para la seguridad y la paz en la sociedad costarricense.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes dictámenes favorables a reformas que redistribuyen competencias en el sector eléctrico. Tras la exposición de Daniel Álvarez Campos, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGHM) y presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Lempa (CEL), la iniciativa traslada atribuciones energéticas.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Dania González, presentó los expedientes relativos a la ley de creación de la DGEHM y a la ley de creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Ambos buscan dar mayor claridad a las competencias estatales en el sector eléctrico y consolidar un marco institucional más integrado y ágil.

Álvarez explicó que la reforma busca trasladar las atribuciones de la SIGET vinculadas con electricidad hacia la DGEHM, mediante cambios en los artículos uno y dos de la ley vigente. También detalló que se creará una comisión especial para coordinar la transición, con un plazo máximo de seis meses para trasladar expedientes, registros e información. “No se trata de centralizar el sector energético, sino de ordenarlo. El proceso permitirá dar mayor certeza jurídica a inversionistas y consolidar la diversificación de la matriz energética”, afirmó ante los diputados.

Alcance de la transición institucional

El funcionario señaló que, aunque la DGEHM asumirá nuevas responsabilidades, los procesos judiciales en materia de electricidad permanecerán bajo la SIGET. En cambio, los procedimientos administrativos en trámite pasarán a la dirección a partir de la vigencia del decreto.

Sobre la situación del personal, indicó que solo una parte será transferida, según las necesidades de la nueva estructura, y que la reforma prevé mecanismos para realizar esos cambios de forma ordenada. Las reformas también contemplan la transferencia de activos, archivos y recursos, así como la continuidad administrativa de los expedientes en trámite. El Ministerio de Hacienda deberá ajustar las asignaciones presupuestarias correspondientes.

Argumentos a favor y observaciones en comisión

Varios diputados respaldaron la iniciativa y plantearon la necesidad de adaptar las instituciones públicas y la regulación a los retos del sector energético. William Soriano, miembro de la comisión, sostuvo que la energía constituye la base del país y que la modernización y la claridad en las competencias estatales favorecen la inversión y el crecimiento económico. “Un sector de energía ordenado con reglas claras genera mayor certeza jurídica”, dijo.

El dictamen leído durante la comisión señala que las reformas se fundamentan en los artículos 101 y 102 de la Constitución, que establecen la promoción del desarrollo económico y social y la defensa del interés de los consumidores. El documento plantea evitar superposiciones funcionales y fortalecer la seguridad jurídica mediante la eliminación de disposiciones que ya no corresponden a la estructura institucional.

La comisión también abordó observaciones sobre la dualidad de cargos de Álvarez, quien dirige tanto la DGEHM como la CEL. Claudia Ortiz, diputada opositora, advirtió que la concentración de funciones regulatorias y de generación en una misma persona podría plantear posibles conflictos de interés, por lo que sugirió a la Asamblea dar seguimiento a esa situación.

Cambios para la SIGET y trámite legislativo

El segundo dictamen aprobado corresponde a la reforma de la ley de creación de la SIGET, que delimita su ámbito de actuación exclusivamente al sector de telecomunicaciones y excluye las competencias en electricidad.

De ese modo, la SIGET se enfocará en la regulación de las telecomunicaciones, mientras la DGEHM quedará a cargo de las atribuciones en el sector eléctrico. Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría y pasarán a consideración del pleno legislativo para su ratificación.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó reformas a la ley que regula la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), con el objetivo de delimitar sus competencias exclusivamente al sector de telecomunicaciones. La medida busca reorganizar el marco institucional estatal y transferir a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) las atribuciones en materia de electricidad.

Durante la sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, los diputados dieron luz verde a una propuesta que modifica el título de la ley para denominarla “Ley de Creación de la Superintendencia General de Telecomunicaciones”. El cambio establece que la SIGET solo ejercerá funciones regulatorias sobre el sector de las telecomunicaciones, mientras que las responsabilidades en electricidad pasarán a la DGEHM, entidad adscrita al Ministerio de Economía.

El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas y presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Alejandro Álvarez Campos, explicó ante la comisión que la reforma “traslada todas las atribuciones que tiene la SIGET en materia de electricidad únicamente, para consolidar un marco institucional más integrado y coherente con los objetivos estratégicos del sector”. Álvarez detalló que la transición se hará a través de una comisión especial y tendrá un plazo máximo de seis meses para completar el traslado de expedientes, registros y recursos.

En el debate, varios legisladores defendieron la iniciativa oficialista. El diputado William Soriano afirmó que “la energía es la columna vertebral de un país”, y consideró que la reforma “obedece también a la planificación que tiene el Gobierno del presidente Nayib Bukele”. Señaló que centralizar las competencias regulatorias en la DGEHM permitirá “mayor certeza jurídica para los inversionistas y reglas claras para el sector”.

La diputada Elisa Rosales leyó el dictamen favorable de la comisión, en el que se argumenta que “la propuesta fortalece la coordinación entre las instituciones públicas al evitar la duplicidad de funciones y optimizar el uso de los recursos del Estado”. El documento también subraya que la actualización legal busca “armonizar el contenido de la ley con la redistribución de competencias vigente, fortaleciendo la seguridad jurídica mediante la eliminación de disposiciones que ya no corresponden a la estructura institucional”.

El nuevo marco legal establece que la SIGET será responsable únicamente de la aplicación de normas internacionales y nacionales sobre telecomunicaciones, así como de la supervisión, regulación y control de ese sector. La entidad contará con autonomía administrativa y financiera, y tendrá la facultad de aprobar tarifas, dictar normas técnicas, dirimir conflictos y publicar información estadística sobre telecomunicaciones.

Por su parte, la DGEHM asumirá la regulación y supervisión del sector eléctrico, incluyendo la autorización de concesiones, la aprobación de cargos y tarifas, y la gestión del registro público de electricidad. La transferencia de funciones también contempla el traspaso de activos, archivos y personal técnico, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la propuesta.

Durante la discusión, la diputada Claudia Ortiz planteó inquietudes sobre el proceso y advirtió sobre un posible conflicto de intereses, al señalar que “el señor director de Hidrocarburos y Minas es también el presidente de la CEL, que es una generadora de energía. Entonces, la misma persona va a dirigir una institución que va a ser la que regule el sector y una institución que va a ser regulada”. Ortiz solicitó que la Asamblea vigile esta dualidad de funciones.

El dictamen aprobado también introduce nuevas reglas para la designación de directores en la SIGET, prohibiendo que quienes hayan ocupado ese cargo representen a operadores del sector durante los dos años posteriores a su gestión. Los reglamentos, resoluciones y normas emitidas por la SIGET en materia de electricidad mantendrán su vigencia hasta que la DGEHM dicte nuevas disposiciones.

El Ministerio de Hacienda deberá trasladar las asignaciones presupuestarias correspondientes, y los procedimientos administrativos en trámite pasarán a cargo de la DGEHM. Los procesos judiciales ya iniciados seguirán bajo la gestión de la SIGET.

La presidenta de la comisión, Dania González, al cierre de la sesión, indicó que “la claridad en la distribución de las competencias reduce cargas administrativas innecesarias, facilita la toma de decisiones y permite que cada entidad ejerza sus atribuciones dentro de un marco jurídico claramente definido”.

La Asamblea Legislativa de El Salvador se encuentra en la recta final para la recepción de propuestas de candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), órgano clave en la fiscalización de los fondos públicos. El proceso, que abrió el 10 de junio, permanecerá habilitado hasta mañana (26 de junio), en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La renovación de autoridades responde a la finalización del periodo actual (que será el 27 de agosto de 2026). La CCR es el ente encargado de la fiscalización superior de los recursos públicos en El Salvador. Sus funciones abarcan la auditoría de la gestión financiera de las instituciones estatales y la promoción de la transparencia en la administración pública. Desde su creación en 1945, la Corte se ha constituido como un pilar de control en el uso de los fondos del Estado y la rendición de cuentas, cumpliendo un papel esencial en el sistema democrático salvadoreño.

Los candidatos interesados para ser magistrados de esta institución deben presentar su solicitud acompañada de una serie de documentos, entre ellos la hoja de vida, constancias de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la propia Corte de Cuentas, certificación de no afiliación partidaria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), documentos del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), antecedentes penales y policiales, solvencia tributaria y copia certificada de partida de nacimiento y del Documento Único de Identidad (DUI).

Actualmente, la presidencia de la CCR recae en Walter Salvador Sosa Funes, quien asumió el cargo tras la renuncia de Roxana Soriano de Viaud el 26 de septiembre de 2024, quien fue electa ese mismo día como presidenta del TSE, cargo que originalmente concluía en 2029 pero cuya duración se reducirá tras las recientes reformas constitucionales que adelantan las elecciones presidenciales.

Sosa Funes, exjuez de Dulce Nombre de María y exjefe de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo, fue electo a propuesta del partido Nuevas Ideas, con el respaldo de los diputados del PCN y el PDC. Por su parte, los magistrados Julio Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos fueron electos el 23 de agosto de 2023.

Bendek Panameño se desempeñó como procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos y asesor jurídico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Flores Ramos fue director propietario de la Corte Suprema de Justicia ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y asistente de la Sala de lo Constitucional.

Previo a la sesión plenaria del 24 de junio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en declaraciones a los medios en las que enfatizó la importancia de la transparencia en este proceso.

“Ya de manera oficial, cuando se venza el plazo, vamos a dar a conocer cuántas personas y quiénes se han presentado”, dijo. Aclaró que “muchas veces (los interesados) esperan hasta el último día para presentar su atestado”, por lo que la información oficial se hará pública tras el cierre de inscripciones. El legislador también destacó la necesidad de que los futuros funcionarios continúen el trabajo de fiscalización y auditoría para garantizar la transparencia en la gestión pública.

“Queremos ahorita que continúen con un buen trabajo, que den transparencia, que fiscalicen, que revisen, que es el trabajo de ellos, que es lo que se tiene que hacer. Los funcionarios públicos tenemos que estar abiertos a las auditorías de ellos para que al final de nuestro período todo quede en orden”, afirmó.

La Corte de Cuentas de la República tiene como función central la fiscalización de la Hacienda Pública y la vigilancia del uso correcto de los recursos estatales. Supervisa la ejecución presupuestaria, examina los estados financieros de las instituciones públicas y emite informes que pueden derivar en sanciones administrativas o judiciales. Su labor resulta esencial para el combate a la corrupción y la promoción de la integridad institucional en El Salvador.

El proceso de selección culminará con la revisión de los expedientes y el análisis de los perfiles por parte de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que evaluará la idoneidad de los aspirantes antes de someter la decisión al pleno. La elección de los nuevos magistrados definirá la conducción de la CCR en un momento marcado por la demanda de mayor transparencia y control en la gestión pública.

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 24.259, una reforma a la ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que autoriza a la institución a celebrar alianzas estratégicas orientadas a promover proyectos de inversión e infraestructura en la provincia de Limón. La aprobación se da tras varios meses de discusión y consenso entre las diversas fracciones legislativas, lo que permitió alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo del proyecto.

La reforma, que ahora continuará su trámite en la corriente legislativa para convertirse en ley de la República, representa un avance significativo para la región Caribe del país. Esta modificación normativa permitirá a JAPDEVA establecer alianzas con actores privados o públicos, bajo un marco legal más sólido, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo, fortalecer el turismo e impulsar iniciativas de desarrollo regional. El caso más emblemático que se menciona en el debate es el proyecto de la nueva marina de Limón, considerado estratégico para la dinamización del sector turístico y la economía local.

Uno de los principales ajustes incorporados durante el proceso legislativo fue la inclusión de un canon obligatorio que deben pagar los aliados estratégicos. Según el texto aprobado, los contratos de alianza deberán contemplar el pago de un canon que no podrá ser inferior al 1,5 % de los ingresos brutos generados por cada alianza, en línea con una observación de la Contraloría General de la República. Este canon está destinado a financiar la fiscalización y el seguimiento de los contratos, permitiendo a JAPDEVA contar con los recursos necesarios para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar prácticas lesivas para el interés público.

Durante la discusión parlamentaria, diversos legisladores destacaron que la nueva figura permitirá subsanar vacíos legales y administrativos que en el pasado dificultaron la ejecución de proyectos de infraestructura en la región. “Ese canon permitirá que haya una fiscalización, un seguimiento de las obligaciones contractuales y que no se repita historias tristes, que ustedes conocen bien, de otros contratos que se han hecho, que han sido desequilibrados y en los cuales los concesionarios andan por la libre”, afirmó José María Villalta, diputado del Frente Amplio. El consenso alcanzado también responde a la necesidad de establecer mecanismos claros de control y transparencia en el manejo de recursos públicos.

El proyecto, además, responde a una sentencia de la Sala Constitucional que exigía al Estado costarricense establecer definiciones y condiciones precisas para las alianzas estratégicas en el ámbito público. Hasta ahora, aunque existían reglamentos y condiciones previas, el marco legal no había sido robustecido, lo que limitaba la capacidad de JAPDEVA para atraer inversiones y compartir riesgos con sus socios estratégicos. “La relevancia de este proyecto radica en que representa el mejor mecanismo para compartir el riesgo y asegurar inversiones en la región”, explicó al asambleísta Nogui Acosta.

La aprobación de la reforma es vista como un paso fundamental para abordar parte de las deudas históricas que el Estado mantiene con la provincia de Limón. Los diputados que respaldaron la iniciativa señalaron que la falta de empleo, las dificultades de acceso a servicios de salud y la ausencia de proyectos de infraestructura han marcado la vida de miles de habitantes de la región. “El sufrimiento de la gente que no tiene empleo, el sufrimiento de la gente que tiene que venir a hacerse quimioterapias a la gran área metropolitana, son deudas históricas del Estado costarricense”, sostuvo el diputado Mangell Mc Lean.

La reforma, además de abrir la puerta a la inversión privada y facilitar la ejecución dJe proyectos como la marina de Limón, establece un precedente para la gestión de futuras alianzas estratégicas en la administración pública. El expediente aprobado incluye disposiciones para asegurar la transparencia y el adecuado uso de los recursos, así como la fiscalización de todos los contratos celebrados bajo este nuevo esquema. El canon establecido se perfila como un instrumento clave para evitar que los concesionarios operen sin controles efectivos y para garantizar que los beneficios de las inversiones lleguen a la población local.

Con este paso legislativo, la provincia de Limón podría experimentar una transformación en su tejido productivo y social, a partir de la atracción de inversiones y el desarrollo de infraestructura. El proyecto continuará su curso en la Asamblea Legislativa, donde deberá superar las etapas finales antes de convertirse en ley de la República, con la expectativa de que pueda incidir positivamente en la calidad de vida de los limonenses y en la proyección económica del Caribe costarricense.

Con una amplia mayoría de 56 votos a favor y únicamente un voto en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 24 de junio de 2026, durante el desarrollo de la sesión ordinaria número 115, la prórroga número 52 del régimen de excepción.

Esta medida de carácter extraordinario, que se encuentra vigente en el país desde marzo de 2022, se ha consolidado definitivamente como el principal recurso del Órgano Ejecutivo para enfrentar a las estructuras pandilleras y sostener los niveles de seguridad pública en todo el territorio nacional.

Con esta nueva ampliación aprobada por el órgano de Estado, las directrices del régimen de excepción se mantendrán vigentes durante 30 días más. Esto significa la extensión de la suspensión de ciertas garantías constitucionales específicas, una acción que las autoridades defienden bajo el objetivo declarado de blindar y consolidar los avances históricos que se han logrado en la lucha frontal contra el crimen organizado.

Tras la votación en el salón azul, diferentes legisladores justificaron la necesidad de mantener la medida. El diputado de la bancada de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, defendió la continuidad del decreto basándose en la drástica y significativa reducción de los homicidios a nivel nacional.

El parlamentario destacó que El Salvador registra una cifra histórica de 1,136 días sin homicidios desde el inicio del régimen de excepción, sumando 149 jornadas con cero asesinatos en lo que va de 2026 (22 de ellos en el mes de junio). Asimismo, subrayó que la tasa de criminalidad ha bajado a 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y que la captura de más de 91,000 pandilleros ha debilitado por completo la capacidad operativa de las estructuras criminales.

De igual manera, el diputado Walter Coto, reflexionó sobre los inicios del proyecto de seguridad del presidente Nayib Bukele y el impacto de las herramientas legales otorgadas por el Congreso. El legislador destacó que, según sus proyecciones matemáticas, la estrategia ha salvado miles de vidas al frenar el promedio de muertes diarias del pasado.

Navarro añadió que este cambio es el motivo por el cual “las personas desean que este proyecto político continúe”, ya que ahora los padres y madres de familia pueden ver a sus hijos salir a estudiar o trabajar sin temor a la violencia.

Encuesta avala que los salvadoreños aprueban el régimen de excepción

A pesar de los cuestionamientos de organismos internacionales, la gran mayoría de la población salvadoreña aprueba de forma contundente la continuidad del régimen de excepción. Así lo demuestran los datos obtenidos en los sondeos de opinión pública realizados por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop - UCA).

El respaldo ciudadano hacia esta política estatal se mantiene firme, aunque los estudios recientes revelan que existen matices importantes entre la población respecto al futuro y la aplicación de la medida:

• Apoyo a la prórroga: La encuesta más reciente del Iudop reveló que el 68.9% de los salvadoreños considera que el régimen de excepción debe seguir prorrogándose por más tiempo debido a los efectos inmediatos en sus colonias y barrios.

• Búsqueda de alternativas permanentes: Por otro lado, aproximadamente el 28% o 29% de los encuestados opinó que, tras cuatro años, ya es momento de buscar medidas alternativas de carácter permanente.

Este sector sugiere enfocar los esfuerzos en mejorar la investigación criminal fiscal y fortalecer la presencia policial y militar comunitaria, en lugar de depender indefinidamente de un decreto de emergencia.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló este lunes una prórroga para la transición hacia la economía azul.

El dictamen responde a una iniciativa del gobierno central, presentada a través del Ministerio de Economía y plantea una reforma al artículo 24 de la ley vigente. Según la correspondencia y el dictamen de la comisión, la Comisión de Transición estará integrada por tres representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tres de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), designados por los titulares de cada entidad.

Ese organismo coordinará la transferencia de bienes, derechos, infraestructura y recursos humanos, además de garantizar la continuidad de los servicios y proyectos en curso en el sector pesquero y acuícola.

Dificultades en el traspaso de funciones

Durante la sesión, el director ejecutivo de la ASEA, Edgar Fermán Palacios López, expuso las dificultades del proceso de migración institucional. Entre los principales obstáculos mencionó la falta de cuentas bancarias propias, la necesidad de contratar personal clave en áreas financieras y administrativas y la complejidad legal por la coexistencia de responsabilidades presupuestarias entre el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura de El Salvador (CENDEPESCA) y la nueva autoridad.

“Aunque vamos paso a paso cumpliendo con todos los requisitos, no tenemos todavía las cuentas bancarias a las cuales se tiene que depositar”, declaró Palacios López en la comisión.

El director de la ASEA explicó que la ampliación del plazo permitirá que el MAG administre temporalmente los recursos y realice adquisiciones en beneficio de la nueva entidad, para evitar la interrupción de programas, inversiones y compromisos nacionales e internacionales del sector. El dictamen también faculta al ministerio a mantener la gestión contractual y presupuestaria hasta que la ASEA acredite capacidades plenas para asumir funciones directas.

¿Qué prevé la reforma?

Según la lectura del dictamen, la reforma da flexibilidad legal para que la transición no ponga en riesgo la ejecución de inversiones ni la estabilidad laboral en el sector. La normativa, aprobada inicialmente en febrero de 2026, busca establecer un marco institucional para políticas de pesca y acuicultura con criterios de sostenibilidad, seguridad alimentaria y crecimiento económico a través del enfoque de la economía azul.

De aprobarse en el pleno, este entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El proceso concluirá cuando la ASEA demuestre capacidad plena para operar de manera autónoma y la comisión de transición suscriba las actas de cierre y el traspaso definitivo de bienes, contratos y expedientes.

López afirmó que la migración de competencias no ha afectado los servicios y proyectos, y anunció que El Salvador será sede del Congreso Mundial de Acuacultura en octubre, con participación de actores internacionales y respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Vale destacar que el Banco Mundial define a este modelo como el “uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al tiempo que se preserva la salud del ecosistema”.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) respaldó la reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos, aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de junio, al considerar que moderniza la comercialización de lácteos en El Salvador.

En su comunicado, la gremial informó que en 2025 las exportaciones del rubro lácteo llegaron a USD 67,5 millones y que ese resultado implicó un alza de 14,1% frente al año anterior.

La ASI sostuvo que el cambio legal elimina restricciones que limitaban la comercialización de productos lácteos y que armoniza el marco regulatorio salvadoreño con la legislación de la región centroamericana. También señaló que la apertura comercial mantendrá estándares de calidad, inocuidad y etiquetado.

La gremial, que dijo representar a 27 sectores industriales y agroindustriales, felicitó el trabajo conjunto del gobierno central y la Asamblea Legislativa. En el pronunciamiento afirmó: “Es una muestra más de un Gobierno que toma decisiones valientes en favor del crecimiento económico del país”.

La reforma a la normativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

EL decreto consignó que la medida generaría beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

Sin embargo, el pasado 19 de junio, la gremial PROLECHE pidió en El Salvador un etiquetado visible que distinga la leche fresca de los productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador sostuvo en un comunicado que la reforma abre interrogantes sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización. La entidad reclamó respuestas concretas sobre cómo se resguardará a quienes sostienen la producción local frente a una eventual preferencia industrial por la leche en polvo.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) reconoció la aprobación de la reforma, considerándola un avance relevante para fortalecer la competitividad exportadora del sector lácteo nacional.

COEXPORT señaló que la reforma facilita la integración del sector a cadenas regionales e internacionales, incrementando las oportunidades de exportación y generando beneficios para los productores nacionales de leche. Entre 2020 y 2025, las exportaciones lácteas salvadoreñas crecieron 42 %, pasando de US$40,6 millones a US$57,6 millones, con presencia en diez mercados, incluidos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos.

La corporación consideró que la nueva normativa refuerza la capacidad del sector para competir en mercados más exigentes y diversificados, impulsando el desarrollo del sector lácteo y la generación de divisas para el país.

Los productores reclaman controles y una estrategia para proteger la producción local

El punto central del reclamo del sector es que el consumidor pueda diferenciar con facilidad entre leche fresca y productos reconstituidos. Para la gremial, esa distinción no solo ordena el mercado, sino que protege el derecho a recibir información clara y transparente al momento de comprar.

La asociación también subrayó que la confianza del consumidor depende de sistemas sólidos de vigilancia. Por eso pidió mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de calidad y de etiquetado.

En su pronunciamiento, la gremial insistió en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca. La publicación señaló que el sector exige saber qué medidas se aplicarán para fortalecer la producción nacional ante el uso de leche en polvo y cómo se fiscalizará el cumplimiento de las reglas ahora que la venta de esos productos ya está permitida.

Mientras tanto, en El Salvador ya pueden comercializarse productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para incorporar USD 118 millones a varias instituciones públicas, con USD 30 millones destinados al ramo de salud y asignaciones para agricultura, economía, cultura, obras públicas, la Presidencia y deportes.

Según representantes del Ministerio de Hacienda, los fondos provienen de “excedentes de ingresos tributarios obtenidos hasta mayo” y serán incorporados al presupuesto de distintas entidades públicas. La comisión aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 tras escuchar las justificaciones técnicas y a representantes de las instituciones involucradas.

En salud, los recursos se destinarán a la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas contra el VPH, contratación de servicios médicos y de laboratorio, además del fortalecimiento de los servicios integrales para la población salvadoreña. La medida responde a compromisos surgidos durante el primer semestre de 2026.

Con esos fondos, el Gobierno busca mantener y ampliar la capacidad operativa del sistema de salud pública y dar continuidad a la transformación digital y tecnológica de los servicios, con plataformas como Doctor SV.

Durante la sesión, diputados señalaron que la asignación permitirá avanzar en atención médica, infraestructura hospitalaria y dotación de recursos esenciales. “Los 30 millones de dólares se van a utilizar en la compra de insumos médicos, medicamentos, vacunas del VPH y contratación de servicios médicos y de laboratorio”, explicó el diputado William Soriano durante la transmisión.

El dictamen también establece que USD 37 millones serán dirigidos al ramo de agricultura y ganadería. Los recursos se utilizarán para “fortalecer la resiliencia del sector agropecuario y mejorar la logística de las 61 sedes de los agromercados del país".

La sesión de la comisión también abordó recursos para otras áreas. Se asignaron USD 17 millones al Ministerio de Economía para cobertura de servicios tecnológicos y protección de activos digitales; USD 6 millones al ramo de cultura para renovación de equipos, adquisición de libros y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional. Entre los proyectos que serán fortalecidos, según la diputada Suecy Callejas, la programación de la Vía Navideña y el desfile de la Banda El Salvador del 1 de enero.

Además, se destinaron USD 10 millones para obras públicas y transporte; USD 16 millones para la Presidencia de la República, y USD 2 millones para el Instituto Nacional de los Deportes.

Aprobación legislativa y control de los recursos

La comisión aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Presupuesto 2026 luego de escuchar las justificaciones técnicas del Ministerio de Hacienda y recibir a representantes de las instituciones involucradas. La distribución de los recursos incorpora controles de seguimiento y auditoría para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la transparencia en la ejecución de los fondos.

Según los dictámenes leídos durante la sesión, “la solicitud es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos”, y se subraya que la reforma presupuestaria permitirá atender compromisos prioritarios e impostergables en el sector público.

Se espera que estas disposiciones reciban la aprobación en el pleno durante la sesión plenaria ordinaria convocada para realizarse el miércoles 24 de junio.

Productores de leche fresca en El Salvador solicitaron a las autoridades la implementación de un etiquetado claro que permita diferenciar la leche fresca de la reconstituida, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos. La modificación, aprobada este 18 de junio de 2026, elimina la prohibición, vigente desde 1960, de comercializar leche, crema y quesos elaborados mediante la reconstitución o recombinación de leche en polvo.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la producción nacional y el derecho de los consumidores a recibir información clara y transparente. Según PROLECHE, la reforma requiere respuestas sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización.

El comunicado señala que los productores de leche fresca reconocen la importancia de que la industria cuente con herramientas para responder a las demandas del mercado, pero advierten que cualquier cambio en el marco regulatorio debe considerar el impacto sobre los miles de productores que sostienen la producción local. PROLECHE cuestiona qué medidas concretas se implementarán para fortalecer al sector nacional frente a la eventual preferencia de la industria por la leche en polvo, que podría limitar la compra de leche fresca producida en el país.

En la sesión plenaria del 18 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma con 57 votos a favor y tres en contra. La enmienda elimina la parte del artículo 21 de la ley que prohibía la comercialización de productos lácteos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo. Se mantiene, no obstante, la prohibición de comercializar productos adulterados, disposición que ya estaba vigente. El decreto aprobado argumenta que la reforma busca armonizar la normativa salvadoreña con regulaciones técnicas centroamericanas, aumentar la competencia y asegurar el abastecimiento nacional de productos lácteos.

Ante el pleno legislativo se propuso que los productos lácteos elaborados total o parcialmente con leche en polvo deban indicarlo de forma clara y visible en su etiquetado, para que los consumidores puedan diferenciar entre leche fresca y reconstituida. Sin embargo, la propuesta solo obtuvo tres votos y no fue incorporada en la reforma final, lo que ha generado inquietud en el sector productor y entre asociaciones de consumidores sobre la transparencia y el derecho a la información.

La reforma fue impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para plantear la necesidad de eliminar obstáculos a la comercialización de productos lácteos y de armonizar la legislación con el resto de la región. No obstante, representantes del sector ganadero señalaron que la iniciativa se aprobó sin consultar a los productores nacionales y advirtieron sobre los riesgos que podría implicar para la sostenibilidad y el crecimiento del sector productor local.

El pronunciamiento de PROLECHE subraya la importancia de la confianza del consumidor, que depende de la existencia de sistemas sólidos de vigilancia para garantizar que se cumpla la normativa y los estándares de calidad. La asociación insiste en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca y reclama mecanismos de supervisión y control que permitan verificar que los productos comercializados cumplan con los estándares de calidad y etiquetado establecidos.

El sector productor exige respuestas claras sobre cómo se fortalecerá la producción nacional ante el uso de leche en polvo, cómo se garantizará la transparencia para el consumidor y qué mecanismos de control se implementarán para asegurar el cumplimiento de las normas. Mientras tanto, la reforma ya permite la venta en el país de productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios e inocuidad establecidos.

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa autorización para firmar un préstamo de hasta USD 185 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar mejoras en el sistema de agua potable Guluchapa, con obras previstas en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz.

La iniciativa, impulsada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), busca ampliar el acceso al agua potable con obras de modernización, ampliación y monitoreo en tiempo real del sistema.

Según la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda el 18 de junio de 2026, el proyecto contempla la construcción y rehabilitación de 25 puntos de captación de agua subterránea y superficial, además de una nueva planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo.

¿Qué obras incluye el proyecto?

El plan también prevé la modernización y automatización de estaciones de bombeo y rebombeo, la instalación de 37,4 kilómetros de tubería de distribución, la construcción de siete tanques de almacenamiento y la habilitación de 7,5 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

De acuerdo con el BCIE, la intervención permitirá habilitar 25.000 nuevas conexiones domiciliarias equipadas con micromedidores. La entidad detalló que el sistema integral de telemetría y telecontrol facilitará el monitoreo en tiempo real de caudales, presiones y calidad del agua.

¿A quiénes alcanzará la intervención?

El área de influencia del sistema Guluchapa abarca los municipios de Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos, Olocuilta y San Francisco Chinameca.

Según estimaciones del BCIE, el proyecto beneficiará a más de 156.000 habitantes, de los cuales el 52,8% son mujeres, y elevará la cobertura de agua potable del 61,5% al 100% en los distritos involucrados.

Condiciones del préstamo

El decreto presentado a la Asamblea Legislativa establece que el préstamo tendrá un plazo de hasta 20 años, con un máximo de cinco años de gracia.

El capital será amortizado en cuotas semestrales, conforme al calendario que establezca el BCIE. La tasa de interés estará compuesta por la tasa de referencia del banco, revisable semestralmente, más un margen inicial de 235 puntos básicos, ajustable trimestralmente durante la vigencia del préstamo. También se incluyen comisiones de compromiso y de administración equivalentes a un cuarto del uno por ciento sobre los saldos no desembolsados y sobre el monto total del préstamo, respectivamente.

Impacto previsto y trámite legislativo

Durante la fase de construcción se prevé la generación de 2.684 empleos temporales, según datos del BCIE.

El Ministerio de Hacienda, en nombre del Ejecutivo, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el sector de agua y saneamiento, contribuir a mejorar el desempeño de ANDA, asegurar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada y mejorar la eficiencia del sistema de Guluchapa.

La aprobación definitiva del contrato de préstamo queda condicionada a la validación de la Asamblea Legislativa, conforme a los procedimientos legales vigentes en El Salvador. La solicitud la recibió este jueves el pleno y pasará a estudio de los diputados de los diputados de la Comisión de Hacienda.

Ernesto Castro buscará la reelección como diputado en las internas de Nuevas Ideas. El presidente de la Asamblea Legislativa confirmó que participará en el proceso del partido y dijo que su inscripción está programada para el 28 de junio para optar a un nuevo período como legislador propietario.

Castro, quien cursa su segundo período legislativo entre 2021-2024 y 2024-2027, dijo este jueves a medios de comunicación que ya inició la presentación de los documentos requeridos para su precandidatura. También señaló que el partido realizará una evaluación interna para definir quiénes seguirán en el proceso.

Entre los requisitos para los aspirantes a diputaciones figura la presentación de una declaración jurada. En ese documento, el precandidato debe manifestar bajo juramento su voluntad de participar en las internas y declarar que no está comprendido en ninguna de las inhabilidades contempladas por la Constitución de la República o la ley salvadoreña, además de afirmar que no tiene impedimentos para postularse.

Requisitos e inhabilidades para aspirar a una diputación

La Constitución de El Salvador establece, entre otros requisitos, que los diputados deben ser mayores de 25 años, salvadoreños por nacimiento y no haber perdido sus derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección, según el Art. 126.

También fija inhabilidades específicas, como la prohibición de participar para quienes hayan administrado fondos públicos sin obtener finiquito, contratistas de obras públicas y parientes del presidente de la República en grados cercanos, entre otros casos detallados en el Artículo 127.

La postulación de Castro en el proceso interno

En sus declaraciones, Castro afirmó que cumple con todas las condiciones establecidas y que está a la espera de la evaluación interna que definirá a los candidatos oficiales del partido para la próxima legislatura.

Trayectoria política

El perfil político de Ernesto Castro ha estado estrechamente vinculado a la figura de Nayib Bukele. Entre 2012 y 2015, Castro se desempeñó como secretario y asesor privado del entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán. Continuó en ese rol durante la gestión de Bukele en San Salvador entre 2015 y 2018. El 1 de junio de 2019, asumió el cargo de Secretario Privado del presidente Bukele, consolidando su presencia en el primer círculo del poder Ejecutivo.

En las legislativas de 2021, Castro fue elegido diputado por San Salvador y, desde el 1 de mayo de ese año, ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa, cargo que alcanzó con el apoyo de 64 de los 84 legisladores.

Bajo la presidencia de Castro, la Asamblea Legislativa impulsó una serie de reformas que modificaron el marco legal y administrativo del país entre 2021 y 2027. Una de las medidas más relevantes fue la aprobación y prórroga del Régimen de Excepción para combatir a las pandillas, junto a reformas que endurecieron penas por delitos de agrupaciones ilícitas.

La administración de Castro promovió la reducción del número de diputados de 84 a 60 y disminuyó los municipios de 262 a 44, con el argumento de optimizar el uso de recursos estatales. Además, el presupuesto de la Asamblea para 2026 se fijó en 46.9 millones de dólares, registrando una baja de 11.3 millones respecto a 2020.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes tres dictámenes favorables sobre instrumentos internacionales relacionados con la protección de marcas, patentes y diseños industriales. La decisión, adoptada por unanimidad entre los diputados miembros de la comisión, responde a iniciativas impulsadas por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según lo expuesto durante la sesión, los dictámenes corresponden a la ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, la aprobación del Tratado sobre el Derecho de Patentes y la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. Los tres instrumentos están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y buscan simplificar, armonizar y modernizar los procedimientos relacionados con la protección de la propiedad intelectual en El Salvador.

En el caso del Acta de Ginebra, adoptada en Suiza en 1999, la comisión avaló su incorporación al marco normativo nacional. De acuerdo con el dictamen leído por el diputado Walter Amílcar Alemán Hernández, del partido oficialista, este instrumento “permite a los titulares de dibujos y modelos industriales gestionar la protección de sus creaciones en múltiples países mediante una solicitud única”, optimizando la eficiencia administrativa y reduciendo costos para los usuarios salvadoreños.

Sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes, la comisión destacó que la medida “fortalece y armoniza el marco jurídico aplicable a los procedimientos de solicitud, tramitación y mantenimiento de patentes”, facilitando el acceso de inventores y empresas a un sistema internacional de protección. El documento señala que El Salvador se convertiría en el primer país de la región centroamericana en adherirse a este tratado.

Por último, la comisión respaldó la ratificación del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, cuyo objetivo principal es simplificar y unificar los procedimientos administrativos relacionados con el registro, renovación y gestión de marcas comerciales. De acuerdo con los testimonios recogidos en la sesión, la adhesión a este instrumento “favorecerá la modernización institucional y la seguridad jurídica para los titulares de marcas salvadoreños”.

Durante el debate, los diputados consultaron a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Centro Nacional de Registros (CNR) sobre los beneficios y alcances de cada instrumento. El jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados, Lisandro Alberto Landaverde, explicó que "la adhesión a estos tratados reduce trámites y costos, y facilita el acceso de personas naturales y jurídicas salvadoreñas a sistemas internacionales de protección“. Añadió que estos mecanismos permiten que una solicitud presentada ante la OMPI sea válida en todos los países miembros, sin necesidad de duplicar procesos.

Por su parte, el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Góchez, quien también asistió a la Comisión, explicó el “Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales”, y destacó los beneficios de esta, entre ellos señaló la eficiencia operativa, seguridad jurídica internacional, flexibilidad comercial y secreto industrial.

La presidenta de la comisión, Ana Magdalena Figueroa Figueroa, también del partido oficialista, afirmó que la aprobación de estos dictámenes posiciona a El Salvador en un nivel de vanguardia regional en materia de propiedad intelectual, beneficiando a creadores, inventores y empresas interesadas en proteger sus activos a nivel internacional.

Los dictámenes aprobados serán remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa para su discusión y votación final, cumpliendo los procedimientos previstos en la legislación salvadoreña. La sesión plenaria de esta semana está programada para el 18 de junio.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, sostuvieron este martes una reunión de trabajo que marcó un nuevo acercamiento institucional entre los dos principales poderes del Estado costarricense. El encuentro permitió a ambas autoridades intercambiar criterios sobre una amplia agenda de temas prioritarios para el país, con énfasis en la seguridad ciudadana, las reformas al sistema penal, el fortalecimiento del régimen disciplinario judicial, la agilización de audiencias penales y el proceso para el nombramiento de magistrados suplentes.

Durante la conversación, Orlando Aguirre reiteró el compromiso del Poder Judicial de brindar acompañamiento técnico en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia. El magistrado señaló que la colaboración se enfocará especialmente en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de los procesos judiciales. “Durante el encuentro, reiteré la disposición del Poder Judicial de brindar colaboración técnica en el análisis de proyectos de ley que incidan en la administración de justicia, particularmente aquellos orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la modernización de la legislación penal y la mejora de la gestión judicial”, expresó Aguirre tras la reunión.

La presidenta de la Asamblea Legislativa subrayó la importancia de mantener espacios de coordinación entre ambos poderes, en especial en el contexto de los desafíos que enfrenta el país en materia de criminalidad y eficiencia judicial. La agenda común contempla también el análisis de reformas al régimen disciplinario del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar transparencia y eficacia en la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos.

En relación con la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, Aguirre explicó que el Poder Judicial actuó conforme a las competencias que le otorga la Constitución Política y mediante un proceso de selección riguroso. “En cuanto a la integración de la nómina para los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el Poder Judicial actuó en ejercicio de las competencias que le atribuye la Constitución Política mediante un proceso de selección riguroso, orientado a garantizar la idoneidad y probidad de las personas postuladas”, afirmó Aguirre. El presidente de la Corte Suprema añadió que corresponde ahora a la Asamblea Legislativa ejercer la atribución constitucional de realizar la elección respectiva.

El funcionario judicial hizo hincapié en el compromiso de la Corte con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos. Además, remarcó la disposición del Poder Judicial de suministrar la información institucional que corresponda a través de los canales oficiales establecidos, asegurando así el acceso a datos relevantes para el debate parlamentario y para la ciudadanía.

El proceso de elección de magistrados suplentes ha cobrado especial interés en los últimos días, luego de que la Asamblea Legislativa devolviera la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia, alegando falta de consenso en el seno del Congreso. Este episodio subraya la importancia de la colaboración y el respeto recíproco entre ambos poderes para garantizar la continuidad y eficacia de la justicia constitucional en Costa Rica.

La presidencia de la Corte Suprema expresó su confianza en que las instituciones continuarán actuando en el marco de sus competencias constitucionales y reiteró la voluntad de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático. “Considero que estos espacios de coordinación y diálogo son importantes para fortalecer la institucionalidad democrática y contribuir a una mejor prestación de los servicios de justicia en beneficio de la ciudadanía”, concluyó Aguirre.

El encuentro entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre representa un paso relevante en la construcción de consensos y en el desarrollo de una agenda compartida que responda a las demandas de seguridad, eficacia y transparencia planteadas por la sociedad costarricense.

La Corte Plena de Costa Rica acordó devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de personas candidatas a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, tras una votación de 16 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Esta decisión responde a la solicitud de la Asamblea Legislativa, que había pedido la apertura de un nuevo concurso para cubrir nueve puestos de suplencia, luego de no alcanzar el consenso necesario para elegir a los candidatos propuestos.

El contexto de esta devolución se remonta a la sesión del Plenario Legislativo del 11 de junio, cuando, tras once procesos de votación sin lograr los 38 votos requeridos para designar magistrados suplentes, la Asamblea optó por devolver la lista de 18 postulantes a la Corte Suprema de Justicia.

La votación quedó 29 a favor y 26 en contra, reflejando la división interna y la incapacidad de los diputados para lograr un acuerdo amplio sobre los nombres remitidos.

Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista, defendió la moción afirmando que el objetivo era garantizar un proceso participativo y transparente, en el que todos los partidos representados en la Comisión de Nombramientos tuvieran la oportunidad de analizar y cuestionar las credenciales de los aspirantes.

Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la justificación del rechazo y se advirtió sobre el riesgo de bloquear el funcionamiento del máximo tribunal constitucional. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas (…) Han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita”, reclamó el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

Frente a la gestión legislativa, la Corte Plena analizó la petición y concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida.

Según el acta judicial, el proceso de selección se desarrolló conforme a los procedimientos previstos y atravesó rigurosas etapas de evaluación, diseñadas para garantizar la idoneidad, la capacidad y la experiencia profesional de los candidatos.

Los magistrados enfatizaron que la transparencia y la imparcialidad fueron ejes centrales de la evaluación, y que cualquier objeción formal debería estar debidamente fundamentada.

La devolución de la nómina a la Asamblea Legislativa marca un nuevo capítulo en el prolongado proceso para completar la integración de la Sala Constitucional. El reglamento interno del Congreso exige una mayoría calificada de 38 votos para la elección, lo que, ante la fragmentación política, complica la designación y retrasa la incorporación de suplentes necesarios para la operatividad del máximo tribunal.

El acuerdo de la Corte Plena, respaldado por la mayoría de sus miembros, señala que la lista de suplentes cumple con todos los requisitos legales y que la apertura de un nuevo concurso solo estaría justificada ante objeciones concretas y objetivas. El documento oficial destaca que la continuidad institucional y el respeto por los procedimientos deben prevalecer para evitar retrocesos innecesarios que impacten la administración de justicia.

Ahora, corresponde a la Asamblea Legislativa decidir si acepta la nómina devuelta o si insiste en la reapertura del concurso. Mientras tanto, la definición de los suplentes de la Sala Constitucional permanece en suspenso, en un contexto de tensiones políticas y demandas de mayor transparencia y eficiencia en los procesos de selección de altos cargos judiciales.

Las próximas semanas serán clave para determinar el desenlace de este episodio, que evidencia la complejidad de alcanzar consensos en la designación de magistrados y la importancia de garantizar la autonomía y legitimidad de las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho en Costa Rica.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este fin de semana que este lunes 15 de junio presentará ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley con los que busca “limpiar” el Poder Judicial.

Según la mandataria, el paquete incluye propuestas para tipificar como delito la pertenencia a bandas criminales, endurecer sanciones por reincidencia delictiva y establecer medidas más estrictas para quienes agreden a integrantes de la Fuerza Pública. Fernández declaró en la cadena del domingo: “Me indigna ver a nuestro pueblo vivir con miedo”, y recalcó que el Gobierno busca devolver la paz y la seguridad a nuestras comunidades.

El viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, afirmó en la misma transmisión que “nuestras leyes se quedaron con la delincuencia de los años setenta”. Explicó que el paquete propone castigos para quienes formen parte de organizaciones delictivas, lo que actualmente no se encuentra contemplado en la legislación costarricense. Barrantes también subrayó la necesidad de “castigar a aquellas personas que atacan y agreden a los policías”.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, detalló que las autoridades han identificado “doscientas sesenta estructuras criminales organizadas” con más de ochocientos miembros. Campos aseguró que estos grupos se encuentran plenamente identificados y serán perseguidos hasta lograr su detención y condena.

Entre las medidas propuestas se encuentra la prohibición del “ocio en las cárceles” y el endurecimiento del control de objetos y actividades dentro de los centros penitenciarios. Barrantes explicó que se busca restringir el ingreso de aparatos electrónicos, drogas y armas, así como eliminar actividades que faciliten negocios ilícitos en prisión.

En el ámbito del combate al narcotráfico, el Gobierno presentó una iniciativa para aumentar las penas contra quienes construyan o faciliten pistas clandestinas para aeronaves, con el objetivo de limitar el tráfico de drogas a través del territorio nacional.

La mandataria advirtió que la reincidencia recibirá sanciones más severas y ratificó el compromiso de su administración para buscar el respaldo del Poder Legislativo. “No podemos enfrentar el crimen del siglo veintiuno con herramientas del siglo pasado. Llegó el momento de poner primero a Costa Rica”, afirmó Fernández.

El paquete legislativo será presentado oficialmente este lunes a las once de la mañana, en una sesión que el Gobierno considera prioritaria para responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

El sábado en el evento en el que fue reconocida la mandataria, Fernández cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y afirmó que hay personas vinculadas a hechos criminales que permanecen en centros penitenciarios sin mayores restricciones. “Cómo es posible que criminales del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo”, dijo durante su discurso.

Fernández dirigió críticas al Poder Judicial y a las condenas impuestas a personas involucradas en actividades delictivas. “No puede ser posible que en nuestra amada Costa Rica hayan delincuentes asesinando personas y que el Poder Judicial les dé condenas ridículas. No es posible que delincuentes del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo. No es posible que delincuentes que han acabado con la vida de un ser querido, que puede ser cualquiera de nosotros, les reduzcan las condenas a plazos que son absolutamente ofensivos”, sostuvo, según difundió Central Noticias.

La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir de cerca el trabajo de la Asamblea Legislativa. “Yo hoy, como su presidente, los convoco a estar atentos, a estar despiertos, a estar vigilantes de que la Asamblea Legislativa haga su trabajo, porque yo estoy haciendo el mío”, declaró.

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió el 10 de junio una propuesta de reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio impulsada por el Ejecutivo para modificar la normativa sobre leche y productos lácteos. La iniciativa busca eliminar la restricción a la comercialización de productos elaborados con leche en polvo y mantener la prohibición sobre los adulterados.

El escrito fue remitido por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez Ruiz, por instrucciones del presidente de la República. La propuesta apunta a armonizar la legislación nacional con las normativas centroamericanas.

Según el proyecto, la reforma modifica el artículo 21 de la normativa vigente. Hoy, esa disposición prohíbe la venta de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución o recombinación de leche en polvo, así como la comercialización de productos lácteos adulterados.

¿Qué cambiaría en la ley?

La iniciativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

En la correspondencia oficial, Domínguez Ruiz señaló que el objetivo central de la reforma es eliminar obstáculos a la comercialización de leche y productos lácteos, facilitar el comercio y la competitividad del sector, y armonizar las regulaciones locales con los instrumentos normativos de la integración centroamericana.

Los argumentos del Ejecutivo

Según el escrito, la medida beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

El documento también recuerda que la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio fue emitida en 1960 con el fin de incrementar la producción y elaboración higiénica de leche y productos derivados, y regular su expendio para proteger la salud pública.

El marco vigente y el trámite

La normativa actual establece requisitos y procedimientos para la operación de plantas lecheras e industrializadoras, la distribución y venta de productos, y sanciones para quienes incumplan los parámetros higiénicos o de calidad.

Entre sus disposiciones figuran la prohibición de comercializar productos provenientes de la recombinación o reconstitución de leche en polvo y aquellos adulterados, además de multas y otras medidas administrativas para quienes infrinjan la ley.

El proceso legislativo aún debe ser discutido por las comisiones correspondientes antes de pasar al pleno para su eventual aprobación.

El pleno legislativo determinó que sean los diputados de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente quienes estudien la solicitud para determinar si se emitirá un dictamen favorable.

La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente está convocada a reunirse el lunes 15 de junio a las 14:00 horas (dos de la tarde, como se identifica en el territorio local).

Con una votación de veintinueve a veintiséis, el Plenario Legislativo acordó devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de dieciocho candidatos a magistrado suplente de la Sala Constitucional, tras realizar once procesos de votación en los que ninguno de los postulantes alcanzó los treinta y ocho votos requeridos para ser electo. La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso de nombramientos en el máximo tribunal constitucional del país.

La medida fue impulsada principalmente por la bancada oficialista, cuyo jefe justificó la devolución de la lista y la solicitud de un nuevo proceso. “Vamos a tener la oportunidad de cumplir con los objetivos que de una u otra manera el reglamento de la Asamblea Legislativa establece. Por eso, esta moción busca crear el espacio necesario y darnos a todos la oportunidad de hacer un proceso que nos conste a todos y cada uno de nosotros. Que cada uno pueda participar, eh, representado en la Comisión de Nombramientos, cada uno de los partidos políticos, que podamos analizar los nombres que la Corte envía, que podamos nosotros de primera mano saber quiénes son, cuáles son sus atestados, pero particularmente nos va a dar a nosotros la oportunidad de hacer las preguntas adecuadas que se requieren para poder saber quiénes van a ser elegidos”, indicó Nogui Acosta.

Desde la oposición, representantes de distintos partidos cuestionaron la forma en que se procedió y expresaron preocupación por la falta de avance en el proceso de selección. “Si hay motivaciones de peso, hay motivaciones objetivas, señálenlas, discutámoslas. Hubo un procedimiento y aquí estamos en ese procedimiento. Pero en lugar de eso, han utilizado una mayoría para impedir que el país avance y impedir que el Poder Judicial tenga los magistrados que necesita para conocer las causas de millones de costarricenses que asistimos al Poder Judicial”, reclamó Antonio Trejos del Frente Amplio.

Otro de los representantes de la oposición dejó constancia en el acta legislativa de su preocupación tras la decisión adoptada. “Dejo constancia de nuestra preocupación por lo que acaba de pasar. Dejo constancia de nuestra, eh, de nuestro reclamo por la falta de, por la falta que se ha hecho el reglamento y, eh, tomaremos las acciones que correspondan en adelante. Gracias”, afirmó durante su intervención, Álvaro Ramirez, del Partido Liberación Nacional.

El proceso de elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional exige una mayoría calificada de treinta y ocho votos. La falta de consenso y el reiterado fracaso en las votaciones evidenciaron el grado de fragmentación política y la complejidad que caracteriza el actual panorama legislativo. Según la dinámica establecida, la devolución de la lista a la Corte Suprema de Justicia abre dos caminos posibles: que la Corte decida reenviar la misma nómina de dieciocho postulantes o que, en su lugar, convoque un nuevo concurso para remitir una lista alternativa a la Asamblea Legislativa.

Este episodio resalta el peso del reglamento interno de la Asamblea, que establece procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la participación de todas las fuerzas políticas en la designación de magistrados. La Comisión de Nombramientos, integrada por representantes de los diferentes partidos, tendrá un papel central si la Corte opta por reiniciar el proceso.

La incertidumbre respecto al desenlace y los próximos pasos de la Corte Plena mantiene en pausa la definición de los suplentes en la Sala Constitucional, mientras el Poder Judicial continúa a la espera de completar su integración y atender las causas pendientes de millones de ciudadanos.

El gobierno central de El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para ampliar por cinco años el plazo del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE). La propuesta fue enviada por el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, encargado del despacho y busca mantener las condiciones de apoyo al sector cafetalero, según la correspondencia admitida este miércoles en el pleno.

El documento remitido a la Asamblea Legislativa señala que el Estado, conforme al artículo 101 de la Constitución, debe promover el desarrollo económico y social, incrementar la producción y la productividad, y fomentar los sectores productivos, entre ellos la caficultura. También indica que el sector cafetalero, desde el cultivo hasta la agroindustria, tiene un papel en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Fundamentos de la prórroga del FICAFE

Pese a los beneficios derivados del FICAFE desde su creación, el sector ha enfrentado desafíos como la volatilidad de precios internacionales, el impacto de enfermedades como la roya, la presión de las sequías y los efectos del cambio climático, que han afectado la producción y la calidad del café.

El texto agrega que la adaptación a nuevas condiciones ambientales requiere apoyo financiero y legal.

“El sector cafetalero, si bien resultó beneficiado desde la constitución del FICAFE, se ha enfrentado a cambios en los precios internacionales, así como las variaciones en las temperaturas y patrones de lluvias que afectan los ciclos de cultivo y la calidad del café; todo lo cual conlleva que la adaptación del sector a estas nuevas condiciones continúe requiriendo de apoyo en inversiones y condiciones favorables para el cumplimiento de obligaciones en materia crediticia”, expone las consideraciones.

¿Cómo funciona el fideicomiso?

El FICAFE fue creado como un mecanismo de apoyo financiero para el sector cafetalero, al permitir la emisión de certificados fiduciarios respaldados por créditos y carteras de crédito orientados a la producción y exportación de café.

El fideicomiso es administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL). Su marco regulatorio original estipulaba un plazo de hasta 25 años, cuyo vencimiento está previsto para julio de 2026.

Lo que establece la propuesta de ley

La iniciativa plantea prorrogar de forma excepcional ese plazo por cinco años adicionales para dar continuidad a los beneficios del fideicomiso y a la estabilidad del sector ante las condiciones del mercado y del clima.

La propuesta establece en su primera disposición en la ampliación del plazo del FICAFE, con lo que el sector cafetalero mantendría el acceso a los beneficios del fideicomiso bajo los términos ya previstos en la legislación vigente.

La segunda disposición que se plantea es que, al finalizar el nuevo plazo, los bienes y derechos fideicomitidos retornarán a sus fideicomitentes o se transferirán conforme lo determine la normativa aplicable. Finalmente, le autoriza a los fideicomitentes, en coordinación con el fiduciario, a realizar las adecuaciones jurídicas y financieras necesarias para adoptar la ampliación del fideicomiso.

El estudio de la medida se le asignó a los diputados que conforman la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, convocada a sesionar el lunes.

En 2013 el Gobierno aprobó una ley transitoria que suspendió embargos y pagos de deudas del sector productor de café para apoyar su recuperación tras la caída de precios internacionales y el impacto de la roya del café. La normativa detuvo el pago de capital e intereses de obligaciones con el FICAFE y el FEC hasta el 31 de diciembre de 2018. Más tarde, la medida se prorrogó hasta diciembre de 2021.

En 2022 se aprobó una nueva ley transitoria ante una crisis más profunda, atribuida al endeudamiento y a daños por el cambio climático. Esa vigencia se fijó del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y luego se extendió hasta el 1 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el inicio del proceso de elección del presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República, tras la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. La decisión, adoptada en la sesión del 10 de junio de 2026, contó con el respaldo mayoritario del pleno y se fundamentó en las disposiciones legales y constitucionales que rigen la designación de los máximos responsables del ente fiscalizador.

La solicitud de Nuevas Ideas invocó el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea y artículos clave de la Constitución de la República.

El documento destaca que la función de la Corte de Cuentas de la República es fiscalizar la hacienda pública y garantizar la legalidad en la gestión de los fondos estatales. Se subrayó que el proceso de selección responde al próximo vencimiento del periodo de los actuales magistrados, que finaliza el 27 de agosto de 2026.

En la intervención ante el pleno, los diputados de Nuevas Ideas recordaron que la Asamblea tiene la atribución de elegir, mediante votación nominal y pública, a los magistrados de la Corte de Cuentas. La legislación vigente exige que los postulantes posea los siguientes requisitos:

• Ser salvadoreños por nacimiento
• Mayores de treinta años, con honradez y competencias notorias
• Los postulantes tienen que tener haber ejercido sus derechos de ciudadanía en los tres años previos a la elección
• Deben acreditar idoneidad, capacidad técnica y probidad.

La convocatoria se hará pública a través de los canales oficiales y redes sociales de la Asamblea Legislativa, invitando a los profesionales interesados a postularse. Las solicitudes podrán entregarse hasta el 26 de junio de 2026 en la recepción de correspondencia oficial del órgano legislativo, en horario hábil, junto con la hoja de vida y documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

La pieza de correspondencia presentada por el diputado Christian Guevara, también precisó que los documentos a presentar incluyen la certificación reciente de partida de nacimiento y copia certificada del documento de identidad. Aquellos que hayan ocupado cargos en instituciones como la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o el Tribunal Supremo de Elecciones, deberán consignarlo en su postulación.

Votación y aprobación del proceso

El pleno otorgó 58 votos para ratificar la aprobación del proceso, y enfatizó que la normativa establece que las propuestas deberán recibirse al menos sesenta días antes de la conclusión del periodo de los actuales magistrados, en línea con el artículo 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.

Este plazo busca asegurar un proceso ordenado y transparente, evitando vacancias en los cargos y garantizando la continuidad de las funciones de la Corte de Cuentas. La apertura del proceso coincide con la proximidad de la renovación de otras instituciones clave, como la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que refuerza el clima político de definiciones institucionales en el país.

La convocatoria ha sido recibida con interés por distintos sectores profesionales y políticos, quienes consideran que la transparencia en la selección de los magistrados resulta fundamental para fortalecer la confianza en las instituciones de control estatal. El proceso, regido por los parámetros jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional, podrá ser seguido por la ciudadanía a través de los canales informativos de la Asamblea.

Hasta el 26 de junio de 2026 se recibirán las postulaciones, y se prevé que las entrevistas y evaluaciones técnicas de los aspirantes se realicen en sesiones posteriores, antes de la votación final en el pleno legislativo.

El Gobierno de El Salvador obtuvo este 10 de junio la aprobación legislativa para suscribir un préstamo de hasta 3 millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a 9,689.609,51 dólares, con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

Estos recursos financiarán la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, ubicada en el municipio de La Libertad, con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

La decisión se adoptó de manera unánime en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y fue ratificada en sesión plenaria ordinaria con 56 votos a favor. El dictamen establece que el Ministerio de Hacienda será el encargado de suscribir el contrato de préstamo, el cual tendrá un plazo de 25 años y contemplará tres años de gracia, bajo una tasa de interés fija de 2.5 % anual.

Según explicó el diputado William Soriano, los fondos permitirán impulsar la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en la matriz energética nacional. Por lo que, la inversión busca “contribuir a satisfacer la demanda nacional eléctrica y fortalecer la resiliencia ante los riesgos del cambio climático”.

Según el parlamentario, la planta generará energía limpia que se canalizará directamente hacia la red de distribución eléctrica para consumo masivo.

El proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías contempla la instalación de paneles solares terrestres, estaciones de inversores, una subestación equipada con dos transformadores, la conexión con la red nacional, vías de acceso y edificaciones destinadas a control y operación.

Las obras iniciales incluirán la habilitación de accesos, la colocación de un cerco perimetral y la preparación del terreno. Posteriormente, se ejecutarán trabajos de canalización subterránea para el cableado eléctrico, nivelación y compactación de la zona, así como la construcción de infraestructura hidráulica para el manejo de aguas pluviales y estructuras para el montaje de los equipos.

Es decir la energía solar constituye un recurso limpio, constante y con un alto potencial de desarrollo en el país. El impulso a proyectos de esta naturaleza se alinea con el objetivo de incrementar la proporción de energía renovable en la matriz nacional, reducir la dependencia de fuentes fósiles y generar nuevas oportunidades de empleo en el sector.

Estándares internacionales y tecnología avanzada en la construcción de la planta

El préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa se enmarca en los esfuerzos del gobierno por diversificar las fuentes de financiamiento internacionales y responder a los compromisos de sostenibilidad ambiental. El Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe es una entidad financiera internacional con experiencia en la financiación de proyectos de infraestructura energética en países en desarrollo.

La Planta Solar Fotovoltaica, según documentos oficiales, transformará la radiación solar en electricidad a gran escala mediante el efecto fotovoltaico. La energía generada será inyectada a la red nacional, aportando al abastecimiento del consumo eléctrico del país y contribuyendo a la mitigación de emisiones contaminantes.

El proceso de construcción prevé la ejecución de obras civiles y eléctricas bajo estándares internacionales de eficiencia y seguridad. Entre los componentes clave figuran la instalación de inversores, transformadores y salas eléctricas, así como la integración de sistemas de monitoreo y control para optimizar el funcionamiento de la planta.

Las autoridades estiman que el proyecto fortalecerá la seguridad energética y permitirá responder a la creciente demanda de electricidad, al tiempo que favorecerá la transición hacia un modelo energético más sostenible. De acuerdo con lo expuesto en la sesión legislativa, el crédito deberá ser cancelado en un plazo de 25 años, con tres años de periodo de gracia, lo cual permitirá gestionar el repago conforme al flujo de ingresos esperados por la operación de la planta.

La apuesta por la energía solar se presenta como una alternativa estratégica para enfrentar los desafíos del cambio climático y potenciar el desarrollo económico de El Salvador, al integrar tecnología de última generación en la producción de electricidad.