La discusión sobre una eventual asamblea nacional constituyente volvió a ocupar el centro del debate político en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro reiterara públicamente su intención de impulsar este mecanismo como vía para introducir cambios en la Constitución de 1991. La propuesta, que durante los últimos dos años ha sido mencionada de manera reiterada por el mandatario, tomó fuerza tras su último discurso como presidente de la República el 1 de mayo en Medellín, donde Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía para recolectar firmas que permitan convocar a las urnas.

Aunque la iniciativa cuenta con un grupo promotor, otras voces han señalado que antes de considerar ese camino debería intentarse la construcción de consensos entre distintos sectores políticos y sociales del país. Ese es el caso del candidato presidencial Iván Cepeda, que ha manifestado que no descarta completamente una constituyente, pero ha insistido en que su prioridad sería impulsar un acuerdo nacional amplio, que incluiría la participación de sectores de oposición.

“Fui elegido solamente con un objetivo: volver realidad el Estado Social de Derecho que proclama, como orden y mandato, la asamblea nacional constituyente”, afirmó Petro durante su discurso en el Día del Trabajo; y aunque desde el inicio de su gobierno ha mencionado la posibilidad de modificar la carta política, esta es la primera ocasión en la que plantea una ruta concreta: reunir cinco millones de firmas para radicar la solicitud ante la Registraduría. Además, advirtió que el proceso deberá continuar incluso más allá de su administración.

La postura de Fajardo frente a una constituyente

En medio de este contexto político, Infobae Colombia conversó con Sergio Fajardo sobre las implicaciones que podría tener para el país la eventual concreción de una asamblea constituyente, particularmente en términos de estabilidad institucional y clima político. Consultado sobre el peor escenario posible si la iniciativa avanza, el exgobernador de Antioquia y ahora candidato presidencial planteó un panorama de confrontación prolongada: “No estoy hablando de guerra en el sentido literal, pero sí de un conflicto nacional que se arma con una asamblea constituyente”.

Fajardo explicó que, de concretarse la recolección de firmas, se abriría un proceso que incluiría debates nacionales, elecciones de constituyentes y sesiones de la asamblea. Según indicó, este desarrollo podría extenderse durante varios años, incrementando la polarización política en el país.

Al referirse a la postura del presidente Petro, recordó que ha insistido en mantener la iniciativa. “Voy con la asamblea constituyente, pase lo que pase; ha dicho”, citó Fajardo, al tiempo que mencionó que Iván Cepeda terminaría alineado con esa propuesta. “Cepeda dice que hará un acuerdo nacional, pero finalmente tendría que ir con la constituyente porque depende políticamente de Petro”, señaló durante la entrevista.

Riesgos de “parálisis” y “confrontación nacional”

Fajardo sostuvo que un eventual desarrollo del proceso podría afectar el funcionamiento institucional del país durante un periodo prolongado. En su explicación, planteó un escenario en el que la agenda nacional quedaría centrada en la confrontación política. “Supongamos que eso se da en un horizonte de dos años: Colombia paralizada, en guerra política, con insultos y confrontaciones permanentes”, expresó, al describir lo que considera un posible impacto del proceso.

Añadió que, en ese contexto, podrían incrementarse las denuncias de amenazas contra actores políticos y autoridades locales. “Van a aparecer situaciones como amenazas contra candidatos, candidatas o alcaldes. Esa sería la Colombia que enfrentaríamos”, afirmó. Para el exgobernador, uno de los principales riesgos estaría en el aumento de la violencia asociada a la confrontación política. “Va a despertar una violencia tremenda en nuestro país en términos de confrontación”, advirtió.

En su intervención, también hizo referencia a la historia reciente del país para explicar su preocupación. “La violencia hace parte de nuestras vidas, dolorosamente. Esa es una realidad que conocemos”, dijo. Por ello, insistió en que, aun con esquemas de protección, podrían presentarse situaciones de riesgo. “Puede pasar cualquier cosa aquí, por más protegidas que estén las personas. Eso sería fatal para nuestro país”, concluyó.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia se tradujo en una campaña de recolección de fondos que, según el vocero del comité promotor Armando Custodio Wouriyú Valbuena, busca reunir hasta $2.060 millones para impulsar el proceso.

La solicitud de aportes fue respaldada con un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X el 29 de abril, en el que compartió el número de una cuenta de ahorros a nombre de Wouriyú y habilitó giros individuales de hasta diez millones de pesos, exigiendo el registro del número de cédula de cada aportante.

“Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas, hasta el momento no nos ha entrado dinero. Nos hemos enfocado en los territorios y desde mañana, primero de mayo, vamos a empezar la campaña de recolección urbana, en las ciudades”, expresó Wouriyú.

Esta iniciativa establece las bases económicas para una movilización social de largo alcance, en la que el Gobierno y grupos sociales persiguen modificar la Carta Magna colombiana.

De acuerdo con la investigación publicada por El tiempo, Armando Custodio Wouriyú Valbuena es el titular de la cuenta y principal vocero del comité.

En diálogo con el medio de comunicación, precisó que los recursos serán destinados íntegramente al proceso de recolección de firmas requerido por la ley para viabilizar la constituyente.

Actualmente, el comité promotor ha contabilizado cerca de 900 mil firmas, aunque la exigencia legal para presentar el proyecto de ley es de 2 millones 300 mil rúbricas.

“Vamos alrededor de 900 mil firmas, pero los requerimientos para poder presentar el proyecto de ley es de 2 millones 300 mil. Pero esperamos llegar a por lo menos 5 millones”, expresó el titular de la cuenta bancaria.

Wouriyú Valbuena indicó que el objetivo es alcanzar al menos 5 millones de firmas antes de la fecha estipulada para la radicación formal, el próximo 20 de julio.

Por su parte, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino confirmó en diciembre de 2025 que el comité promotor había quedado formalmente inscrito ante la Registraduría Nacional, organismo que rige los procesos electorales en Colombia.

“A partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia”, expresó el ministro de Trabajo.

El comité quedó compuesto por nueve integrantes, entre ellos Wouriyú Valbuena, quien reafirmó que la administración de los fondos está sujeta a controles legales y a una auditoría posterior por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La colecta de recursos aún no ha registrado aportes, según relató el vocero a El Tiempo. Las acciones del comité se han concentrado en la recolección en las zonas rurales y territoriales del país.

A partir del 1 de mayo, la campaña se trasladará a las áreas urbanas, incluyendo movilizaciones en ciudades como Bogotá y Medellín.

El vocero explicó que la legitimidad del proceso reside en su amplia base social e indígena y no en la figura presidencial: “Al presidente Petro le encanta la Asamblea Nacional Constituyente, pero los promotores son indígenas, raizales, Rom y campesinos. Yo soy el vocero principal”, subrayó el vocero.

Los controles administrativos que regulan la colecta incluyen la exigencia de actos oficiales de la Registraduría Nacional y la supervisión permanente del proceso como si se tratara de una elección, lo cual refuerza la transparencia en el manejo de fondos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) auditará todo el movimiento financiero una vez concluya la campaña, de acuerdo con lo informado por Wouriyú Valbuena.

La campaña para sustentar financieramente la Constituyente comienza su fase urbana con la expectativa de ampliar el alcance a nuevos sectores de la población y reforzar el apoyo a una reforma constitucional planteada como un deseo colectivo por grupos indígenas, campesinos y minorías étnicas del país.

El presidente Gustavo Petro difundió en su cuenta de X una invitación a realizar aportes económicos destinados a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

En la publicación, Petro detalló que “en esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.

El mandatario especificó los datos bancarios para quienes deseen participar: “Cuenta de Ahorros. Bancolombia. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”.

La propuesta de Petro busca reunir respaldo financiero ciudadano para impulsar la discusión sobre una posible reforma constitucional. El mensaje fue publicado en redes sociales y generó reacciones inmediatas en el escenario político.

Tras lo anterior, la congresista y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia respondió al presidente con una postura crítica.

En su declaración, Valencia afirmó: “Presidente Petro: acabar con la Constitución no resuelve nada. Ni la extorsión, ni los medicamentos que no llegan, ni la violencia en el suroccidente, ni la corrupción de sus funcionarios. La constituyente es un nuevo intento para tapar su incapacidad”.

La senadora argumentó que el país enfrenta problemas estructurales que, en su visión, no se solucionan con modificaciones al texto constitucional.

Valencia concluyó su mensaje subrayando que “Colombia lo que necesita es un presidente que gobierne”. Su intervención se sumó a las voces que cuestionan la pertinencia y el alcance de la iniciativa promovida desde la Casa de Nariño.

La convocatoria lanzada por Petro intensificó el debate nacional sobre la viabilidad de una Asamblea Constituyente en el contexto actual, mientras sectores del Congreso y la sociedad civil expresaron posiciones divergentes frente a su conveniencia y eficacia.

Suspensión de decreto pensional desató llamado presidencial a la movilización y reacciones políticas

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente un decreto vinculado al traslado de fondos del sistema pensional. Tras conocer la decisión, el presidente manifestó su rechazo, afirmando que “afecta a trabajadores que habían solicitado dicho traslado”.

El mandatario aprovechó la coyuntura para convocar a la ciudadanía a movilizarse el 1 de mayo y reiteró la necesidad de la constituyente, calificándola como una vía para destrabar reformas sociales que, según señaló, han enfrentado impedimentos.

En su comunicación, el jefe de Estado confirmó que estará en Medellín ese día, acompañado de su gabinete, en el marco de las actividades previstas.

El anuncio generó respuestas inmediatas en el ámbito político. Para la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la convocatoria representa un “abuso de poder y extralimitación de sus funciones”, además de advertir posibles vulneraciones constitucionales.

La congresista Angélica Lozano, por su lado, cuestionó los alcances de la propuesta y expresó: “No hay caudillo que no busque reelección”, en referencia a la discusión sobre hipotéticos cambios en la Carta Magna.

Por su parte, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, afirmó que su eventual gobierno se enfocaría en la construcción de un “acuerdo nacional” antes de considerar una Asamblea Constituyente.

El senador explicó que la posibilidad de activar este mecanismo de participación depende de consensos amplios entre la ciudadanía y los partidos políticos sobre posibles reformas a la Constitución de 1991.

“Necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí, puede terminar en una constituyente si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso, perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”, declaró Cepeda el 30 de abril de 2026 en entrevista con Noticias Caracol.

El congresista subrayó que su agenda no estará liderada por la constituyente, sino por la búsqueda de concertación institucional. Este enfoque contrasta con la posición del presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado la figura constituyente como solución para reformas sociales trabadas en el Congreso y tribunales, especialmente en salud, pensiones y empleo.

Cepeda enfatizó: “Defendemos la constitución y vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país”. Reiteró que “no hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad. La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.

El presidente Gustavo Petro, divulgó información sobre una cuenta bancaria destinada a recibir aportes ciudadanos con el objetivo de respaldar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La decisión ha provocado pronunciamientos desde distintos sectores políticos y ha reactivado el debate sobre esta iniciativa.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió los datos de una cuenta de ahorros en Bancolombia (número 030-000068-83), la cual, según indicó, está habilitada para recibir contribuciones económicas de ciudadanos interesados en apoyar la propuesta.

En su mensaje, el presidente precisó que los aportes podrán realizarse hasta por 10 millones de pesos por persona, vinculados al número de cédula del aportante.

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, escribió.

La publicación incluyó de forma explícita los datos de la cuenta, lo que se convirtió en uno de los aspectos más comentados del pronunciamiento.

Decisión del Consejo de Estado y llamado a movilización

El anuncio se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente un decreto relacionado con el traslado de recursos del sistema pensional. Frente a esta decisión, el jefe de Estado manifestó su desacuerdo y aseguró que la medida afecta a trabajadores que habían solicitado dicho traslado.

En el mismo mensaje, el mandatario convocó a la movilización del 1 de mayo y reiteró su postura frente a la constituyente, señalando que esta figura permitiría avanzar en reformas sociales que, según su visión, han enfrentado obstáculos.

Asimismo, confirmó su presencia en Medellín durante esa jornada, junto a su gabinete, como parte de las actividades programadas.

Reacciones políticas tras el anuncio

El pronunciamiento generó respuestas de figuras del ámbito político. La senadora María Fernanda Cabal afirmó que la iniciativa constituye un “abuso de poder y extralimitación de sus funciones”, y señaló posibles vulneraciones a la Constitución.

Por su parte, la congresista Angélica Lozano cuestionó el alcance de la propuesta y expresó: “No hay caudillo que no busque reelección”, en el marco de la discusión sobre eventuales cambios constitucionales.

Las reacciones se centraron, en gran medida, en la forma en que se promueve la iniciativa y en sus posibles implicaciones institucionales.

Posturas en el escenario político y electoral

En medio del contexto preelectoral de 2026, distintos actores han fijado posición frente a la posibilidad de una Asamblea Constituyente. El excandidato presidencial Sergio Fajardo inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un grupo significativo de ciudadanos con el objetivo de defender la Constitución de 1991 ante eventuales modificaciones.

Fajardo señaló que el país atraviesa un escenario de confrontación política y cuestionó actuaciones del Gobierno frente al respeto del orden constitucional.

En contraste, el senador y candidato Iván Cepeda indicó que la convocatoria a una constituyente no está prohibida, pero aclaró que no sería una prioridad en un eventual gobierno suyo, destacando el enfoque en un acuerdo nacional.

La propuesta de constituyente y sus objetivos

La iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha sido promovida por el presidente Petro como un mecanismo para avanzar en reformas estructurales. De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, esta herramienta permitiría abordar temas como:

• Reformas al sistema de salud, pensiones y trabajo
• Implementación del Acuerdo de Paz de 2016
• Cambios en el sistema judicial
• Reorganización territorial del Estado
• Transformaciones en el modelo económico y ambiental

Además, el Ejecutivo ha vinculado esta propuesta con la idea de un “acuerdo nacional”, orientado a reunir distintos sectores para discutir cambios institucionales.

Críticas por cambio frente a promesas de campaña

En el desarrollo del debate, distintos sectores han recordado que durante su campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro había manifestado que no convocaría una Asamblea Constituyente, compromiso que incluso fue consignado en una serie de propuestas públicas.

Estas declaraciones han sido retomadas por opositores y usuarios en redes sociales, quienes cuestionan la actual promoción de esta iniciativa. Entre los comentarios difundidos, se señala una posible contradicción entre lo planteado en campaña y las acciones actuales del Gobierno.

Algunos mensajes en redes han hecho referencia directa a ese cambio de postura, citando frases en las que el mandatario descartaba la convocatoria de una constituyente en el pasado.

El presidente Gustavo Petro ratificó este martes 21 de abril de 2026 que su Gobierno impulsa la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia, una iniciativa que —según explicó— busca reformar la Carta Política para superar lo que considera bloqueos institucionales a su programa de reformas.

El mandatario defendió la legalidad del mecanismo y aseguró que se trata de una vía legítima para enfrentar problemas estructurales como la corrupción y la violencia que han afectado al país durante décadas.

Durante el Consejo de Ministros del 21 de abril, Petro reveló que el proceso se encuentra en una fase organizativa avanzada. En ese contexto, solicitó a sus funcionarios información detallada sobre la consignación de recursos necesarios para financiar la recolección de firmas, así como sobre los formatos oficiales requeridos para activar formalmente la iniciativa.

En su intervención, el jefe de Estado hizo un llamado directo a la ciudadanía para promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y anunció que el Gobierno entregará los insumos necesarios para facilitar este proceso. “Personalmente creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibida por la ley ni por la Constitución”, afirmó.

Petro insistió en que la propuesta no pretende sustituir completamente la Constitución vigente, sino intervenir un componente específico: el sistema político, que —a su juicio— es el origen de los problemas estructurales del país. “No es nueva porque solo reforma una parte, que es la parte del sistema político, que es la base de la corrupción en Colombia. Es una constituyente contra la corrupción”, enfatizó.

El mandatario subrayó además que la iniciativa debe ser impulsada desde la ciudadanía y no delegarse exclusivamente en las instituciones. “Nosotros, no otros, no le echen la culpa a otros. Nosotros”, expresó. Y agregó: “Y el pueblo que nos quiere seguir, que si es mayoría, entonces podremos realmente acabar con la violencia y la corrupción de este país”.

En esa misma línea, planteó que el éxito del proceso dependerá de la movilización social y del respaldo popular durante la recolección de firmas. “Es el pueblo el que decide si quiere transformar su Constitución o no, y ese poder no puede ser sustituido por ninguna élite”, sostuvo.

El presidente también reiteró que la constituyente no vulnera el ordenamiento jurídico. “No hay ninguna prohibición constitucional para que el pueblo convoque una constituyente. Lo que hay son procedimientos, y esos procedimientos los vamos a seguir”, aseguró, al tiempo que insistió en que se trata de un mecanismo democrático contemplado dentro del sistema institucional colombiano.

Asimismo, hizo énfasis en la relación entre el sistema político actual y las prácticas de corrupción. “Mientras no se transforme el sistema político, la corrupción seguirá reproduciéndose. No es un problema de personas únicamente, es un problema estructural”, afirmó. Y añadió: “Por eso hablamos de una constituyente contra la corrupción, porque es ahí donde se origina gran parte del problema”.

En un tono autocrítico, Petro reconoció que la corrupción no es ajena a su propia administración. “Está en todo el Estado, incluido este gobierno”, señaló. Además, precisó: “Sobre todo agenciada por funcionarios que vienen de atrás, pero también con personas que yo nombro y han abusado de mi confianza”.

Finalmente, reiteró su llamado a la acción colectiva y subrayó que la responsabilidad del cambio recae en la ciudadanía. “Si el pueblo decide avanzar, avanzamos. Si no, respetamos esa decisión. Pero lo importante es que el debate se dé de cara al país”, concluyó.

Estas declaraciones evidencian que el Ejecutivo no solo respalda la propuesta, sino que también está involucrado en su impulso logístico. El jefe de Estado ha insistido en que la constituyente no contraviene la Constitución ni las leyes vigentes, y la presenta como una alternativa ante lo que denomina una “imposibilidad de avanzar reformas en el Congreso”, escenario que —según afirma— ha frenado transformaciones en áreas clave como el sistema político, la justicia y el modelo económico.

La propuesta ha generado una fuerte reacción en distintos sectores políticos. Desde el oficialismo, el comité promotor —integrado por aliados del Gobierno— inició la recolección de firmas en febrero de 2026. El proyecto contempla la elección de 71 delegados mediante voto popular, bajo criterios de paridad de género, quienes se encargarían de redactar las reformas a la Constitución de 1991.

Sin embargo, desde la oposición han surgido críticas contundentes. El exgobernador y excandidato presidencial Sergio Fajardo advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a la reelección presidencial, prohibida en Colombia desde 2015. Según esta postura, el verdadero objetivo sería habilitar a Petro para aspirar nuevamente al poder en 2030.

En respuesta, Fajardo radicó un referendo ante la Registraduría con el propósito de “blindar” la Constitución durante ocho años y evitar la convocatoria de una asamblea constituyente. La iniciativa busca preservar la estabilidad jurídica y evitar que la reforma constitucional se convierta en un eje de campaña electoral.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su desacuerdo tras la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda que busca anular el decreto con el que su gobierno recorta el sueldo de los congresistas desde julio de 2026.

En su cuenta oficial de X, el mandatario escribió: “Increíble tratar de quitar la competencia del presidente de derogar decretos de anteriores presidentes”.

El caso se originó luego de que el Gobierno expidiera el Decreto 0030 de 2026, que derogó una norma previa y eliminó la prima especial de servicios que perciben los congresistas, la cual equivale a cerca de $16 millones y debería dejar de pagarse a partir del 20 de julio.

La demanda, presentada por el abogado Sady Orjuela, plantea que la medida carece de soporte técnico y constituye un retroceso en materia de derechos laborales, además de haber sido adoptada en un contexto electoral.

Según informó El Espectador, el proceso judicial presenta particularidades, debido a que todos los magistrados de la sección segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos para fallar, debido a que su propio salario está vinculado al de los congresistas.

Por esa razón, el caso quedó en manos de conjueces, quienes deberán decidir si suspenden el decreto presidencial antes de la fecha prevista para que entre en vigencia.

La reacción de Petro incluyó un llamado a la transformación de las instituciones, solicitando una asamblea nacional constituyente.

El presidente afirmó: “Es por esta intención de no querer auto reformar instituciones en las que se necesita una asamblea nacional constituyente”. Con esa frase, relacionó la controversia judicial con la necesidad de cambios estructurales en el sistema político y legislativo colombiano.

Desde el Ejecutivo, la respuesta no se limitó a las declaraciones públicas. Según El Espectador, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) interpuso un recurso para archivar la demanda, argumentando errores de forma, mientras que el Ministerio de Hacienda defendió el decreto como una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal.

El pronunciamiento de Petro cerró reiterando su posición sobre los salarios oficiales: “El sueldo de los congresistas debe bajar”. Con esto, el jefe de Estado insistió en la importancia de reducir los ingresos de los legisladores como parte de un ajuste institucional más amplio.

Actualmente, la decisión sobre la vigencia del decreto recae en el conjuez Héctor Santaella, quien determinará si el proceso avanza y si corresponde suspender la aplicación de la norma antes del 20 de julio, fecha prevista para el ajuste salarial.

Detalles de la asamblea constituyente

El impulso hacia una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, promovido por sectores afines al Gobierno, ha conseguido cerca de un millón de firmas, acercándose a la meta legal de más de dos millones. Según declaraciones de Javier García Felizzola, miembro del comité organizador, recogidas por la revista Semana, la campaña ya cuenta con la mitad de los apoyos ciudadanos requeridos.

La iniciativa ha recibido el respaldo del presidente Gustavo Petro y de varios integrantes de su gabinete. En una reunión ministerial celebrada en Cartagena, figuras como Nhora Mondragón Ortiz, José Raúl Moreno, Edwin Palma, Daniel Rojas, Helga María Rivas, Yannai Kadamani, Diana Morales y Germán Ávila firmaron la solicitud, mostrando el apoyo institucional al proyecto.

Además, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visibilizó su apoyo en redes sociales, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo un encuentro con el comité para reiterar el respaldo del Ejecutivo. De acuerdo con García Felizzola en una publicación en Facebook, se está organizando una movilización para el 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajo, con el fin de fortalecer la convocatoria.

Simultáneamente, brigadas de recolección de firmas avanzan en departamentos como Antioquia, con participación de la senadora Isabel Cristina Zuleta.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo reaccionó a las declaraciones del académico y constitucionalista Mauricio Gaona, que advirtió sobre los riesgos de una “dictadura constitucional” en caso de que Iván Cepeda llegue a la Presidencia de la República.

La respuesta del dirigente político se registró en medio de un renovado debate sobre la eventual convocatoria de una asamblea nacional constituyente en Colombia.

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El pronunciamiento de Cristo se produjo a través de su cuenta en X, donde reiteró la postura que ha defendido desde su adhesión a la campaña de Cepeda, centrada en descartar la necesidad de una constituyente y promover, en su lugar, un acuerdo político amplio.

En sus publicaciones, Cristo insistió en que “la Constituyente no es una prioridad” y subrayó que esa misma posición ha sido expresada por el candidato presidencial Iván Cepeda en recientes intervenciones públicas. Además, reforzó su postura con un mensaje más categórico: “No habrá constituyente”, señalando que las transformaciones sociales e institucionales pueden tramitarse a través del Congreso mediante consensos políticos.

Durante el mismo intercambio, el exministro hizo referencia directa a los cuestionamientos planteados por Gaona e invitó a discutir el tema en términos más amplios. “Hagamos un debate serio”, expresó, en respuesta a las advertencias del constitucionalista sobre un eventual cambio en el ordenamiento institucional del país.

Rechazo a la constituyente y apuesta por un acuerdo nacional

Cristo ha sostenido de manera reiterada que la convocatoria de una asamblea constituyente no es el camino adecuado en el contexto actual. “Es clara la posición en la Alianza por la Vida en la que convocaremos a una coalición amplia a liberales progresistas, verdes, conservadores, independientes”, escribió en X. En esa misma línea, enfatizó que las reformas necesarias para el país pueden lograrse sin modificar la Constitución.

El exministro también reconoció la existencia de sectores que promueven una iniciativa ciudadana para convocar una constituyente, aunque dejó clara su distancia frente a esa propuesta.

“Otros promueven un proyecto de iniciativa ciudadana respetable que no comparto. Creo que lo esencial es que se busque un Acuerdo Nacional para concertar las reformas que se necesitan, que además la mayoría no necesitan reforma a la Constitución”, afirmó.

Las advertencias de Mauricio Gaona

Las respuestas del exministro se dan luego de que el constitucionalista Mauricio Gaona, en entrevista con El Colombiano, planteara preocupaciones sobre el alcance de ciertas interpretaciones jurídicas y su posible impacto en el equilibrio de poderes si se llega a convocar a una asamblea constituyente. En esa conversación, Gaona señaló: “La otra tesis —tal vez en un debate que hicimos hace un tiempo con el Ministro de Justicia de aquel entonces, Eduardo Montealegre— que más me preocupaba era esa de que Petro sea la suprema autoridad administrativa y, a través de una interpretación de la jurisprudencia original de los Estados Unidos que creó el control constitucional difuso, por vía de excepción de inconstitucionalidad, que el presidente terminara siendo también la principal autoridad constitucional. O sea, estaba por encima de todos”.

El académico añadió que ese escenario podría derivar en una concentración de poder: “Si eso es así, tendríamos un hiperpresidencialismo: una vez se controla al Congreso, también a las cortes; así terminan infiltrando la otra rama y, en ese caso, la Constitución ya no es la norma de normas, sino que la norma de normas es la voluntad del gobernante. Eso es dictadura constitucional”.

Asimismo, advirtió sobre las implicaciones de un eventual cambio estructural en el sistema institucional: “Lo que estoy diciendo a los colombianos es que no van a cambiar el régimen constitucional ni unas normas, van a cambiar el ordenamiento constitucional, que es el que la sostiene”.

En este escenario, la posición de Iván Cepeda ha mostrado variaciones a lo largo del tiempo. Aunque en el pasado invitó a “analizar los puntos planteados por Petro” como base de un eventual proceso constituyente —incluyendo temas como la implementación del acuerdo de paz y la reforma agraria—, recientemente ha enfatizado la necesidad de construir consensos políticos amplios.

Esa línea coincide con la postura defendida por Cristo, quien ha reiterado que las reformas pueden adelantarse a través del Congreso sin recurrir a una constituyente.

El ministro de Trabajo Antonio Sanguino Páez llegó el sábado 14 de marzo a Medellín para supervisar y autorizar la integración del comité departamental que promoverá en Antioquia la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, según informó el propio ministro a través de X.

El proceso contempla una campaña de recolección de firmas y actividades pedagógicas dirigidas a la ciudadanía en torno al proyecto de ley que permitiría convocar la Constituyente, conforme precisó el jefe de la cartera laboral.

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Durante el evento celebrado en la sede de Adida, Sanguino declaró en su red social: “¡La Constituyente es de la gente! Hoy en #Medellín, en la sede de Adida, acompañando el Lanzamiento de la Asamblea Nacional Constituyente en #Antioquia. El Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro está con los sindicatos, pueblos indígenas y movimientos sociales impulsando el fin del bloqueo institucional”.

La conformación del comité representa una estrategia del Ministerio de Trabajo para fortalecer la movilización social en respaldo de la Asamblea Constituyente, involucrando a distintos sectores sindicales e indígenas, de acuerdo con las declaraciones de Sanguino.

El presidente Petro inicia proceso para convocar a asamblea nacional constituyente

El presidente Gustavo Petro oficializó en Cartagena, el 17 de febrero, la solicitud para iniciar el proceso de convocatoria de una asamblea nacional constituyente, consolidando un proyecto que ha promovido durante varios momentos de su gobierno y cuya principal consecuencia será la apertura de un eventual referendo que decidirá si el país modifica su marco constitucional, un escenario que podría concretarse solo después del fin de su mandato.

La noticia marcó el inicio de la fase legal que exige la recolección de respaldos ciudadanos suficientes para avanzar en el propósito de reformar las bases jurídicas de Colombia.

El documento, firmado por Petro y sus ministros el martes en un consejo de gabinete celebrado en Cartagena, fija como objetivo reunir al menos 2.069.760 firmas válidas, es decir, el 5% del censo electoral nacional, como exige la actual legislación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció el 31 de enero el comité encargado de la recolección y autorizó formalmente el inicio de la campaña: desde ese momento, los promotores cuentan con exactamente seis meses para alcanzar el umbral previsto, cuyo límite expira el 6 de agosto de 2026, coincidiendo con el último día legal del periodo presidencial de Petro.

El respaldo institucional al proyecto se hizo explícito durante la reunión, cuando varios ministros —incluidos los responsables de Minería, Defensa, Educación, Vivienda, Cultura, Comercio y Hacienda— firmaron junto al presidente el documento que autoriza la recolección.

Según informó el ministro del Interior Armando Benedetti a DW, la iniciativa también cuenta entre sus primeros promotores a la consejera Presidencial para las Regiones Luz María Minera Medina y al ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quienes estamparon su firma y difundieron el acto públicamente.

Para avanzar hacia la constituyente, la secuencia legal definida comienza con la verificación del millón de firmas por la Registraduría.

Solo si el respaldo supera el 5% del padrón electoral, el proyecto será radicado ante el Congreso de la República, instancia encargada de debatir y decidir sobre la procedencia de convocar a una consulta popular en torno a la asamblea. La instalación de esa mesa de reforma constitucional —si llegase a aprobarse— ocurriría tras la salida de Petro del poder.

En una publicación en X, Benedetti anunció: “He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente”, sellando el inicio del proceso y mostrando el respaldo del Ejecutivo en pleno. Esta convocatoria no implica la apertura automática de la constituyente ni garantiza la aprobación de un articulado: es el primer paso del procedimiento legal habilitado por la Constitución colombiana para reformas profundas.

Petro ha sostenido que el “poder constituyente” es una vía legítima ante el rechazo de varias de sus propuestas en el Congreso y en las Cortes, y deslizó su intención de tomar parte activa en un eventual escenario constituyente, aunque ya no ejerza como presidente.

De acuerdo con los plazos consignados en el acta oficial, cualquier cambio resultante de este mecanismo se produciría en la fase posterior a su mandato, por lo que Petro solo podría participar en calidad de ciudadano.

Solo después de cumplir ese requisito y del debate parlamentario se decidirá si Colombia convoca o no a una asamblea encargada de redefinir aspectos centrales de la Constitución vigente.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al partido Alianza Verde, opinó sobre la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia, idea que surgió desde las bases del Gobierno nacional de Gustavo Petro.

Durante su participación en el Foro Estados de Excepción, organizado por la revista Cambio, la congresista expresó su rechazo a la propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro; a su juicio, este proyecto no solo es innecesario, sino que va en contra de los principios democráticos que deben guiar el país.

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“Los controles democráticos son el precio que se pagan por gobernar. Los límites institucionales son el precio que se pagan por sostener una democracia”, señaló Juvinao, que de inmediato cuestionó la postura del presidente, que insiste en que la oposición del Congreso a algunas de sus iniciativas constituye un “bloqueo institucional”.

Para la congresista, esta interpretación es errónea: “¿De cuándo acá un presidente puede instalar una narrativa de que las decisiones del Congreso y los límites que pone el Congreso son un bloqueo institucional? El Congreso a Gustavo Petro le aprobó 14 reformas y leyes: tributaria, pensional, laboral, el campesinado como sujetos de derechos, entre otras”, agregó la representante en el foro.

No obstante, la legisladora destacó que la aprobación de proyectos como la reforma tributaria, la pensional y la laboral no debe confundirse con un mandato irrestricto del Ejecutivo.

En su opinión, la negativa del Congreso a aprobar algunas reformas, como las relacionadas con la salud y una segunda reforma tributaria, no justifica una medida tan radical como la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.

“¿Cómo es posible que, porque el Congreso no le aprobó dos proyectos, el presidente nos quiera meter en el embeleco de la asamblea nacional constituyente? Esa propuesta no tiene como objetivo materializar derechos ni ampliar el alcance de los derechos fundamentales. El único objetivo de esta asamblea que este gobierno está promoviendo es ir contra los límites democráticos, que es lo que a él le molesta”, aseveró Juvinao.

Más allá de su rechazo al proyecto de la constituyente, Juvinao también se mostró crítica de las razones y los principios que sustentan la propuesta. De acuerdo con su visión, el texto presentado por el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre, y que fue promovido como una propuesta de reformas constitucionales, es “una aberración”.

En su opinión, este proyecto va en contra de la independencia del Banco de la República; además, crea un tribunal constitucional “paralelo”, lo que pondría en peligro la estabilidad del sistema democrático y la separación de poderes en el país.

“El Congreso sí ha operado como debe ser: el órgano que le pone frenos al poder Ejecutivo. La figura del presidente en Colombia tiene muchísimo poder. Vayan y miren lo que están haciendo con la regla fiscal”, puntualizó la congresista.

A su juicio, las decisiones del presidente Petro en cuanto a la gestión fiscal y la manera en que se ha manejado la deuda pública reflejan un grave problema de responsabilidad y prudencia económica.

“Nosotros estamos pensando en proponer una reforma a esa ley porque no puede ser que un presidente, solo porque arma presupuestos con las patas, rompe la regla fiscal y en tres años aumenta la deuda en 400 billones de pesos”, criticó la representante a la Cámara.

El proceso legal para la convocatoria de una asamblea constituyente: es un camino largo

El camino legal que ahora se inicia para la convocatoria de una asamblea nacional constituyente es claro, aunque largo y complicado. Según las disposiciones vigentes, los promotores del proceso tienen un plazo de seis meses para recolectar al menos el 5% de los respaldos del censo electoral nacional, lo que se traduce en más de dos millones de firmas válidas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Solo entonces se podrá formalizar la solicitud y, eventualmente, avanzar con la creación de una nueva carta magna.

Y es que la Registraduría dio luz verde al comité ciudadano encargado de recolectar firmas para convocar la constituyente, lo que permitió el inicio formal de esta fase a finales de enero (misma que firmó el presidente y su gabinete). A pesar de este paso, aún no convoca oficialmente a la constituyente ni se conoce un articulado específico sobre los cambios que se buscan hacer.

Este proyecto provocó una división de opiniones entre las distintas ramas del poder público. Si el comité logra alcanzar el umbral requerido de firmas, el proyecto será presentado al Congreso de la República, que decidirá si es pertinente abrir un debate sobre la convocatoria.

Si el Legislativo lo aprueba, será el pueblo el que decida, mediante un referéndum, si se instala una asamblea.

En este sentido, la congresista del Partido Verde afirmó que será una de las principales opositoras a este proyecto y que no permitirá que avance.

Desde Valledupar, el aspirante presidencial Roy Barreras dejó en claro su posición ante la reciente solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia impulsada por el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Por medio de su equipo de prensa le hizo saber a los colombianos lo que en su criterio, le haría al páis la implemtación de esta nueva propuesta.

“Creo que el país lo que está clamando ahora es estabilidad, seguridad, certezas, y el debate sobre una constituyente generaría aún más inestabilidad, más incertidumbre y riesgos”, manifestó Barreras.

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En ese mismo pronunciamiento, el candidato reconoció la fuente del malestar en el Ejecutivo. Afirmó: “Entiendo la frustración del presidente Petro porque el Congreso no ha aprobado las demás reformas sociales, que son justas”, mostrando su apoyo a la agenda social rechazada por el Congreso y aludiendo directamente al mandatario con énfasis en el contenido propuesto.

Barreras diferenció su postura indicando cómo actuaría en un futuro. Dijo: “Yo las haré aprobar, yo no necesito una constituyente”, comprometiéndose a buscar apoyo legislativo para las reformas sin convocar una asamblea de este tipo.

Al explicar los riesgos de modificar la actual Carta Magna, el candidato advirtió sobre la posibilidad de perder avances: “Me parece un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia, abrir un debate sobre una constituyente que podría echar atrás logros progresistas que logramos en la Constitución del 91, la tutela, por ejemplo”.

Petro y su gabinete firmaron solicitud para convocar a una asamblea nacional constituyente

En el marco de un Consejo de Ministros en Cartagena, el presidente Gustavo Petro selló con su firma un paso clave: la aprobación oficial de la iniciativa ciudadana que busca convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia. Este acto, que también contó con el respaldo de buena parte del gabinete, coincide con una coyuntura política marcada por debates sobre el rumbo de las reformas y por la proximidad de un intenso calendario electoral.

La sesión, celebrada el martes 24 de febrero, no solo abordó la crisis climática generada por el frente frío en varias regiones, sino que sirvió como escenario para que la administración presidencial hiciera pública su apuesta por una transformación constitucional.

Según comunicó la Presidencia de la República, figuras como Nhora Mondragón Ortiz (directora del Dapre), José Raúl Morneo (jefe de despacho) y los ministros de Minas, Educación, Vivienda, Culturas, Comercio y Hacienda suscribieron el documento junto al presidente.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se ha erigido como uno de los más firmes defensores de la convocatoria. En el acto de inscripción del comité ante la Registraduría Nacional, Sanguino subrayó que la propuesta cuenta con el acompañamiento del “Gobierno del Cambio”. La intención oficial es que, una vez instalado el nuevo Congreso, se avance formalmente en el trámite legislativo necesario para la constituyente.

El comité ciudadano a cargo de la recolección de apoyos recibió el visto bueno de la Registraduría el 30 de enero, lo que habilitó el inicio del proceso de recopilación de firmas. Para que la propuesta prospere, se requiere al menos el 5% del censo electoral nacional, cifra que se traduce en alrededor de 2 millones 50 mil firmas.

Sin embargo, los promotores han fijado como meta inmediata tres millones de apoyos, mientras que el presidente Petro ha planteado un objetivo mucho más ambicioso: llegar hasta 10 millones de firmas.

El presidente ha insistido en que la asamblea constituyente responde a una necesidad de superar lo que califica como un “bloqueo institucional” que, según su visión, frena las reformas sociales. Petro ha destacado que el proceso debe ser de iniciativa popular, permitiendo que cualquier ciudadano presente sus propuestas, las cuales serán finalmente evaluadas por el comité ciudadano.

Armando Benedetti incluyó en el formulario de convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente no solo sus propios datos, sino también los del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la consejera presidencial Luz María Múnera. Este paso fortalece el respaldo institucional de la iniciativa, que busca consolidar reformas sociales pendientes a través de un nuevo proceso democrático en Colombia. Según detalló el medio El Heraldo, la iniciativa cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro, quien se ha manifestado públicamente a favor de la convocatoria.

La recolección de firmas se convirtió en oficial este lunes, luego de que Benedetti anunciara la medida por medio de su cuenta en la red social X y adjuntara el documento correspondiente. Tal como informó El Heraldo, el respaldo del Registro Nacional fue obtenido semanas atrás, avalando la inscripción del comité promotor para la constituyente y habilitándolo para iniciar la consecución de firmas. Se requieren adhesiones que representen el cinco por ciento del censo electoral nacional, cifra que supera los dos millones de personas.

El proyecto prevé que la propuesta sea presentada a mediados de julio, una vez que se haya conformado el nuevo Congreso tras los comicios legislativos. El proceso se basa en una iniciativa ciudadana destinada a canalizar el descontento ante lo que sus impulsores consideran un bloqueo institucional al avance de transformaciones prometidas, pero aún no concretadas. De acuerdo con lo consignado en El Heraldo, Antonio Sanguino expresó en su momento que esta acción constituye una “iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”.

Gustavo Petro, presidente colombiano, ha promovido en varias ocasiones la idea de la Asamblea Constituyente, presentándola como un mecanismo que profundizaría la Carta Magna de 1991 y serviría para fortalecer derechos sociales. Petro señaló, según lo reproducido por el medio El Heraldo, que el objetivo no es sustituir la constitución vigente, sino aportar instrumentos para hacer cumplir sus principios fundacionales. “La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital”, expresó Petro en enero.

El Registro Nacional brindó al comité promotor un periodo de seis meses para reunir las firmas necesarias y avanzar con la siguiente fase, que consiste en presentar la solicitud formal ante el Congreso. El respaldo de funcionarios de alto nivel y la inscripción formal de la iniciativa marcan un paso relevante para el gobierno en su intención de consolidar reformas sociales que han encontrado resistencia o tramitación parcial bajo el marco legal actual.

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente surge en un contexto donde diversos sectores sociales y políticos han señalado limitaciones para ejecutar cambios profundos. El respaldo explícito del presidente y varios integrantes del gabinete indica que el Ejecutivo busca fortalecer el debate nacional sobre los temas aún pendientes desde la promulgación de la constitución actual. La meta central detrás de la iniciativa consiste en garantizar que los principios y órdenes constitucionales, especialmente aquellos referidos a derechos sociales como el salario digno, puedan concretarse plenamente bajo un nuevo escenario normativo.

En línea con lo reportado por El Heraldo, la próxima etapa dependerá de la capacidad del comité promotor para recabar el apoyo ciudadano necesario en los meses siguientes, mientras el país se prepara para la renovación de su Congreso. La Asamblea Constituyente propuesta se perfila como un instrumento legal que abriría un espacio para discutir y potencialmente redefinir aspectos fundamentales del marco jurídico y social colombiano, en concordancia con las demandas y expectativas de diversos actores nacionales.

A través de sus redes sociales, en las que compartió una llamativa postal, Armando Benedetti, ministro del Interior, oficializó el lunes 16 de febrero de 2026 su respaldo a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en el país. El funcionario, considerado la ‘mano derecha’ del presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la solicitud que impulsa el comité promotor, al que se han sumado, incluso, miembros del Ejecutivo, en pro de darle fuerza a la idea.

La adhesión de Benedetti a la recolección de firmas, como él mismo la confirmó al mostrar su rúbrica en una de las planillas dispuestas para tal fin, marcó un nuevo respaldo de alto nivel dentro del gabinete a la iniciativa que buscaría modificar la Constitución vigente desde 1991. La estampa del ministro apareció junto a las de Antonio Sanguino, titular de la cartera de Trabajo, y Luz María Múnera, alta consejera para las regiones, y no serían las únicas.

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“He firmado la convocatoria de una Asamblea Constituyente“, publicó Benedetti en su perfil de X, en la misma jornada en la que se anunció el inicio de la campaña de recolección de firmas, que ya avanza en Popayán (Cauca) y en otras ciudades del territorio nacional. Y que pretende recolectar, según las previsiones de los impulsores de este proyecto, al menos 2.500.000 de apoyos ciudadanos en un plazo de tres meses; lo que equivale al 5% del censo electoral.

Esta recolección arrancó luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó al comité promotor el 31 de enero, tras certificar el cumplimiento de los requisitos legales para la creación del comité. El objetivo central de la iniciativa, como ha expresado el propio Petro, es posibilitar reformas estructurales, así como superar lo que consideran trabas impuestas por la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado, entre otros.

Así avanza la recolección de firmas para la asamblea nacional constituyente

Sanguino, titular de la cartera de Trabajo y que acompañó la inscripción del comité constituyente, fue el que informó al país sobre el inicio de esta fase. “Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. En Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, expresó el funcionario frente a este asunto.

Aunque múltiples sectores políticos y sociales han expresado sus reparos ante la propuesta, al argumentar que la Constitución de 1991 mantiene plena vigencia y que el proceso impulsado por el Gobierno busca instrumentalizar la constituyente como estrategia política, la iniciativa ya arrancó y buscará, en consecuencia, que el legislativo sea el encargado de darle viabilidad a esta voluntad.

En efecto, el proceso, liderado por Armando Custodio Wouriyú, continuará hasta el 30 de abril. Si el comité promotor logra la meta establecida, la propuesta se debatirá como proyecto de ley ante el Congreso de la República; y si no alcanza el mínimo requerido, la iniciativa será archivada conforme a la regulación vigente. Por el momento, la campaña empezó sin obstáculos legales, luego de que el Consejo de Estado desestimara una de las demandas interpuestas.

Una de ellas fue interpuesto por Josías Fiesco Agudelo, que es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, y que solicitaba anular el acto administrativo que habilitó la recolección de firmas; no obstante, la sección Quinta del alto tribunal desestimó la solicitud mediante el auto expedido el 9 de febrero, en el que se consideró que la inscripción del comité promotor “no frena el proceso, sino que apenas lo inicia”.

Desde la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, comenzó la recolección de firmas para promover una Asamblea Nacional Constituyente.

El objetivo de esta iniciativa, que fue inscrita formalmente por un grupo de ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y que es respaldada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es impulsar temas como la reforma pensional, la garantía de un salario vital y contrarrestar lo que consideran obstáculos de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado a las transformaciones planteadas por el Ejecutivo.

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Justamente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la propuesta ciudadana y expresó su confianza en que se superen las firmas necesarias para que sea una realidad.

“Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. En Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, escribió el titular de la cartera laboral en su cuenta de X.

La Registraduría Nacional habilitó a este comité ciudadano promotor el pasado 31 de enero, luego de certificar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar esta iniciativa.

A nivel nacional, la campaña cuenta con un plazo de tres meses (hasta el 30 de abril) para sumar al menos 2.050.000 firmas, cifra equivalente al 5% del censo electoral, para poder avalar formalmente la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Diferentes sectores políticos y sociales han cuestionado esta iniciativa, argumentando que la constitución de 1991 sigue vigente y su desarrollo continúa en curso, y acusan al Gobierno de instrumentalizar la convocatoria como parte de una estrategia electoral.

De hecho, por esta estrategia se habia presentado una demanada que declarara la nulidad del proceso.

Niegan demanda contra la Constituyente

No obstante, la sección Quinta del Consejo de Estado decidió rechazar por improcedente la demanda contra la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026, con la que se inscribió el comité promotor de una iniciativa legislativa ciudadana que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo con el auto expedido el 9 de febrero por el alto tribunal, estableció que la inscripción realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil no implica ningún aval sobre el fondo del proyecto constituyente.

“La inscripción del comité promotor no frena el proceso, sino que apenas lo inicia”, aclaró la corporación, al subrayar que solo estarán sujetos a control judicial los actos que cierren definitivamente un procedimiento.

Según la corporación, “el acto demandado es de mero trámite, no susceptible de ser controlado judicialmente”, porque se limita a constatar aspectos formales: la identificación de los ciudadanos promotores, la designación de un vocero y la presentación del articulado, conforme exige la Ley 1757 de 2015.

El fallo también recalcó que la Registraduría “no avaló ni negó la viabilidad constitucional o legal de la iniciativa”, distanciándose de la interpretación de Josías Fiesco Agudelo, quien impulsó la demanda.

Este ciudadano, que hoy es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Centro Democrático, alegaba que la resolución abría una vía improcedente para una reforma constitucional cuya competencia, insistía, corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

La inscripción habilita formalmente la etapa de recolección de firmas, cuyos resultados serán verificados por la Registraduría. Por ello, el Consejo de Estado remarcó que este paso “no culmina la actuación administrativa y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo pasible de control judicial”.

Según el auto, si el comité promotor logra reunir el número de firmas exigido dentro del plazo legal, la propuesta avanzará para ser debatida como proyecto de ley ante el Congreso de la República. Si no cumple los requisitos, la iniciativa será archivada de acuerdo con la normativa vigente.

Con este pronunciamiento, los integrantes del comité promotor —liderados por Armando Custodio Wouriyú— podrán continuar con la búsqueda de apoyos ciudadanos para impulsar el mecanismo de participación.

El Consejo de Estado rechazó una demanda de nulidad presentada contra la Resolución 1117 del 30 de enero de 2026, mediante la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil inscribió el comité promotor de una iniciativa legislativa ciudadana que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta, en un auto de ponente fechado el 9 de febrero de 2026.

De acuerdo con el alto tribunal, el acto administrativo demandado no resuelve el fondo del asunto, sino que se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley 1757 de 2015 para la inscripción de un comité promotor, razón por la cual se trata de un acto de mero trámite, que no puede ser objeto de control judicial.

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Registraduría solo verificó requisitos formales

En su análisis, el Consejo de Estado precisó que la Registraduría no avaló ni negó la viabilidad constitucional o legal de la iniciativa, ni mucho menos tomó una decisión definitiva sobre la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Su actuación se limitó a constatar aspectos como la identificación de los ciudadanos promotores, la designación de un vocero y la presentación del proyecto de articulado, tal como lo exige la ley.

“El acto demandado es de mero trámite, no susceptible de ser controlado judicialmente”, explicó el alto tribunal, al reiterar que su competencia se activa únicamente frente a actos administrativos que culminan una actuación administrativa, lo cual no ocurre en este caso.

El demandante y sus argumentos

La demanda fue interpuesta por Josías Fiesco Agudelo, quien sostenía que la Registraduría habría dado trámite a lo que, en su concepto, era un verdadero proceso de reforma constitucional, bajo la figura de una iniciativa legislativa ciudadana. Según el demandante, el proyecto presentado por el comité promotor definía de manera detallada la composición, reglas, límites y funcionamiento de una eventual Asamblea Constituyente, lo que sería competencia exclusiva del Congreso de la República.

No obstante, el despacho concluyó que la Resolución 1117 no produce efectos jurídicos definitivos, pues no decide sobre la legalidad, constitucionalidad o procedencia de la iniciativa, sino que apenas marca el inicio del procedimiento previsto en la ley para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

El trámite apenas comienza

El Consejo de Estado recordó que la inscripción del comité promotor no agota el procedimiento, sino que da paso a una serie de etapas posteriores, como la recolección de firmas, la verificación de los apoyos ciudadanos y la revisión de los informes contables.

“La resolución demandada no culmina la actuación administrativa y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo pasible de control judicial”, señaló el auto, al advertir que solo las decisiones que pongan fin al procedimiento podrían ser demandadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

En ese sentido, el tribunal explicó que, si el comité promotor no logra reunir el número de firmas exigido dentro del plazo legal, la propuesta deberá ser archivada, tal como lo establece la normativa vigente. En cambio, si supera esa etapa, la iniciativa se convertirá en un proyecto de ley que deberá ser debatido en el Congreso, instancia que tendrá la palabra final.

Una iniciativa con respaldo político

La resolución cuestionada permitió la inscripción de un comité promotor integrado por dirigentes sociales, sindicales, étnicos y políticos, encabezado por el líder indígena Armando Custodio Wouriyú.

Aunque desde el Gobierno nacional se ha insistido en que se trata de una iniciativa de origen ciudadano, el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia a la posibilidad de una Asamblea Constituyente en varios de sus discursos, al señalar que un “gran acuerdo nacional” podría consolidarse a través de ese mecanismo.

Además, la iniciativa cuenta con el respaldo de sectores del Ejecutivo, incluido el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico en el país.

Por qué se rechazó la demanda

Finalmente, el Consejo de Estado concluyó que la demanda debía ser rechazada, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, al tratarse de un acto administrativo que no pone fin a una actuación administrativa ni bloquea el procedimiento.

“La inscripción del comité promotor no frena el proceso, sino que apenas lo inicia”, enfatizó el alto tribunal, al reiterar que el control judicial solo procede cuando se está frente a decisiones definitivas.

Consejo de Estado rechaza demanda by yospina

Con este fallo, el comité promotor conformado por nueve personas podrá continuar con la recolección de firmas a través de los formularios aprobados por la Registraduría. Una vez entregados los apoyos ciudadanos, la autoridad electoral deberá verificar su validez. Si no cumplen los requisitos, la iniciativa será archivada; si los supera, avanzará como proyecto de ley en el Congreso, donde se definirá su futuro político y jurídico.

El líder político y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático Josías Fiesco es la persona que lidera la acción judicial; según él, la medida del órgano electoral contradice la Constitución y la ley vigente.

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“Vamos a defender nuestra Constitución. Hemos demandado la resolución 1117 que emitió la Registraduría permitiendo la convocatoria a la recolección de firmas para una Asamblea Constituyente. No lo vamos a permitir porque va en contravía de lo que dice el artículo 376 de la Constitución”, afirmó Fiesco.

El líder político explicó que la convocatoria a una constituyente requiere pasos claros establecidos por la ley: “Para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe existir una ley previa. Es por eso que también le hemos solicitado al Consejo de Estado las medidas cautelares para que se frene cualquier intención, acción de recolección de firmas o de fondos para esto, porque va en contravía de la norma”.

Fiesco agregó que la iniciativa representa un riesgo político: “No permitiremos que el petrismo ni sus cabecillas, con los que han pactado en las cárceles o llaman gestores de paz, armen la Constitución de Colombia. Eso ocurrió en Venezuela y otros países, pero aquí en Colombia haremos respetar la Constitución del 91”.

La demanda ante el Consejo de Estado será evaluada en los próximos días, y de ser aceptada podría suspender el inicio de la recolección de firmas en todo el país. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que, mediante su decisión, se avaló la inscripción del comité promotor para impulsar la Asamblea Constituyente.

La entidad indicó que el comité cumple con los requisitos establecidos y citó el artículo 40 de la Constitución, que reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

El documento establece que el 26 de diciembre de 2025, el Grupo de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Registraduría recibió la solicitud de Armando Custodio Wouriyu, que lidera la iniciativa. La resolución autoriza al comité a iniciar la recolección de firmas en todo el territorio nacional, con un plazo de seis meses y un objetivo mínimo de más de dos millones de apoyos, equivalentes al 5% del censo electoral.

El comité promotor está conformado por el líder de la iniciativa, junto con Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez, Luis Alfredo Grimaldo Mejía, Javier Eduardo García Felizzola y José Luis Silva Maestre.

Aunque la Registraduría fijó un mínimo de dos millones de firmas, el Gobierno nacional expresó que se espera reunir cerca de 10 millones en todo el país. Esta discrepancia provocó debates en distintos sectores políticos sobre la viabilidad y el alcance real de la propuesta.

Estas son las razones por las que la oposición en Colombia rechaza propuesta de Constituyente impulsada por Petro

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un fuerte rechazo de la oposición y de sectores independientes, pues los críticos advierten que podría poner en riesgo la estabilidad democrática, al debilitar la separación de poderes y permitir una permanencia prolongada del Ejecutivo.

Además, señalan posibles irregularidades jurídicas en el procedimiento, incluida la intención de evadir el Congreso y la Corte Constitucional, y alertan que el proyecto podría otorgar facultades extraordinarias al presidente para definir delegatarios, pero sobre todo, la búsqueda por aferrarse al poder.

La oposición también lo consideró una distracción frente a problemas urgentes del país, como la seguridad y la economía, y advierten que experiencias similares en la región provocaron polarización social e inestabilidad económica.

El reciente comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), divulgado el 12 de enero de 206, propone la creación de un Acuerdo Nacional como mecanismo para atender la crisis política, social y armada que ha afectado a Colombia durante más de siete décadas.

La organización insurgente, que mantiene suspendidas las conversaciones de paz con el Gobierno tras los hechos violentos en el Catatumbo, convocó a un debate abierto con participación de distintas fuerzas sociales y políticas sobre esta iniciativa.

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El grupo armado sugirió que el Acuerdo Nacional debe centrarse en la construcción de una política de soberanía nacional, la erradicación de la pobreza, el combate a la corrupción y el paramilitarismo, así como en la elaboración de un nuevo modelo económico orientado a las necesidades de la población.

Entre los puntos destacados del documento se incluyen la transición hacia energías limpias, la protección de los ecosistemas y la formulación de un plan para superar el narcotráfico con participación comunitaria.

Además, el ELN propuso contar con Fuerzas Armadas que prioricen la defensa de la población civil y actúen como garantes de la democracia.

La organización insistió en la necesidad de legitimar el acuerdo a través de un “proceso constituyente” que cuente con la participación activa de la ciudadanía.

En su pronunciamiento, el grupo señaló: “Este Acuerdo Nacional debe construirse con la participación protagónica de la sociedad y se convierta en mandato constitucional, donde los futuros gobiernos venideros, independientemente de la fuerza política que gobierne, lo respete y ejecute”.

El comunicado del ELN generó una respuesta inmediata desde distintos sectores políticos. El excandidato presidencial y abogado Enrique Gómez manifestó en X: “El comunicado del ELN es diáfano: respaldan el proceso de constituyente de Gustavo Petro y del heredero de las Farc, Iván Cepeda”.

Gómez criticó la postura del mandatario y sostuvo: “La respuesta de @petrogustavo también es clara y no les cierra la puerta, les pide amablemente que se regresen todos a seguir asesinando, secuestrando y delinquiendo a Colombia: ‘Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración’”.

Para Gómez, la propuesta del grupo insurgente es la “confesión abierta de los aliados terroristas del desgobierno petrista”.

En su mensaje, advirtió: “En las elecciones nos jugamos quedar en manos del narcosocialistas con fusil o salvar a Colombia”.

Finalmente, instó a votar por los candidatos de su movimiento, Salvación Nacional, y por Abelardo de la Espriella.

El debate en torno al Acuerdo Nacional y al proceso constituyente planteado por el ELN se desarrolla en un contexto de tensiones regionales, con la situación venezolana y el endurecimiento del discurso presidencial frente a la insurgencia marcando la agenda política nacional.

Esto respondió el mandatario Gustavo Petro al comunicado del ELN: “Lo destruyó a sangre”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, afirmó: “Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”. Según Petro, la masacre estuvo relacionada con disputas por cultivos y oro ilegales.

El mandatario condicionó cualquier acercamiento con la guerrilla a “una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”.

Destacó que “las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio”, y subrayó que el llamado “pacto Catatumbo ya es un hecho”.

Petro insistió en la importancia de priorizar vías estratégicas para la economía rural, como la carretera del Catatumbo y otras rutas hacia la costa.

En cuanto a la relación con Venezuela, Petro anunció que en la próxima reunión bilateral planteará una “zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira”.

Advirtió que si el ELN no abandona sus operaciones en Venezuela, está prevista la cooperación militar entre ambos países.

El presidente propuso que “todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales” para avanzar en la transformación territorial. Aseguró que “toda transformación se acuerda con sus habitantes” y planteó la reinserción de excombatientes mediante cooperativas productivas.

Sobre justicia, señaló que la JEP podría ampliar su jurisdicción, siempre bajo una ley aprobada por el Congreso o una eventual Asamblea Constituyente.

Petro concluyó que la constitución vigente no se reemplaza, sino que se fortalecerá con nuevas garantías, consolidando “el gran acuerdo nacional de todo el pueblo colombiano y por decisión del pueblo”.

La insistencia del presidente Gustavo Petro en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abandone Venezuela, cese sus actividades ilegales y retorne completamente a territorio colombiano para poder discutir la concentración regional y la transformación de las zonas afectadas surge ante el rechazo a aceptar la nueva propuesta de Acuerdo Nacional presentada por la guerrilla. Según informó Europa Press, Petro advirtió públicamente sobre posibles operativos militares coordinados entre Colombia y Venezuela si el ELN no responde positivamente a las exigencias gubernamentales.

El presidente colombiano expuso sus condiciones a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial en la red social X, donde aclaró que la continuación del proceso de paz depende de que el ELN detenga el reclutamiento de menores, abandone las economías ilegales, libere a todas las personas secuestradas y evite enfrentamientos con otros actores armados que actualmente forman parte del proceso de paz con el Estado, detalló Europa Press. “Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, afirmó Petro. El mandatario remarcó que la guerrilla “destruyó a sangre y fuego” anteriores acuerdos, con masacres que afectaron especialmente a campesinos, debido a la disputa por el control de cultivos y minerales extraídos de manera ilícita.

El ELN, por su parte, había presentado una propuesta de acuerdo nacional orientada —según sus comunicados— a resolver lo que considera una “crisis estructural” en la sociedad y a enfrentar los problemas derivados del “conflicto social, político y armado” en Colombia. La guerrilla contextualizó su iniciativa aludiendo a una situación global agitada y mencionó directamente acciones de Estados Unidos, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante una operación en Caracas, según consignó Europa Press.

Petro, además de rechazar la iniciativa del ELN, enmarcó la posibilidad de continuar el diálogo en el cumplimiento estricto de condiciones específicas: el regreso del ELN desde Venezuela a Colombia y la cooperación para organizar concentraciones territoriales y diseñar, en conjunto con las comunidades, planes de transformación. En palabras del presidente, “toda transformación se acuerda con sus habitantes”. El jefe de Estado sostuvo que la participación colectiva de las comunidades es fundamental para devolver la libertad a los territorios afectados y consolidar un cambio constructivo en las regiones más impactadas por el conflicto, según relató Europa Press.

En materia de alternativas para la reinserción de los integrantes del grupo armado, Petro indicó que la conversión de bases combatientes podría lograrse mediante la creación de grandes cooperativas productivas. De acuerdo con Europa Press, el objetivo de esta estrategia sería sustituir las fuentes de financiación ilegal de quienes integran la guerrilla, orientándolos hacia actividades productivas lícitas.

El mandatario colombiano también se refirió a la dinámica fronteriza, destacando la presencia y el arraigo del ELN en la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia, especialmente entre los departamentos de Norte de Santander y el estado Táchira. Tal como publicó Europa Press, Petro sugirió la formación de una zona económica especial con enfoque agrario e industrial en ese eje fronterizo, buscando alternativas al actual entorno de economías ilegales y conflicto.

En el terreno político, Petro reiteró su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente. Según Europa Press, el presidente de Colombia considera que el propósito de este mecanismo sería profundizar y fortalecer los contenidos de la Constitución de 1991, robusteciendo el resguardo de los derechos fundamentales y defendiendo elementos como el salario mínimo vital. “La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes”, afirmó el jefe de Estado, en una postura que busca asegurar una mayor vigencia de esa carta magna sin reemplazarla formalmente.

El ELN, en su reciente propuesta, justificó la necesidad de un gran acuerdo nacional apuntando a lo que describe como una situación de agitación global y dificultades agravadas en Colombia. El grupo armado mencionó, según relató Europa Press, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y se remitió a problemas derivados de la coyuntura internacional, en línea con su visión sobre las causas del conflicto interno en territorio colombiano.

El gobierno de Colombia mantiene, de acuerdo con los reportes de Europa Press, la postura de que cualquier proceso de reconciliación exige el compromiso efectivo por parte del ELN respecto a abandonar los negocios ilegales, liberar rehenes y frenar la violencia territorial. El paso siguiente, en caso de incumplimiento, podría incluir acciones militares concertadas con Venezuela, como advirtió Petro. En ese contexto, la cooperación bilateral y la presión internacional adquieren relevancia en el futuro de las relaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN.

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el lunes 12 de enero de 2026 a la propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la creación de un “acuerdo nacional” para afrontar lo que denominaron una crisis política, tras acusar al grupo armado de destruir previos intentos de negociación y, en consecuencia, traicionar la voluntad de paz con la que llegó la presente administración al poder.

El mandatario, en su perfil de X, al que siguen más de 8,1 millones de seguidores, afirmó que “se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”. Esta declaración se produjo después de que el grupo armado guerrillero publicara una carta en la que invitaba a las fuerzas políticas y sociales a participar en un pacto nacional, justo en un año marcado por las elecciones al Congreso y la primera vuelta presidencial.

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El mensaje de Petro se centró en las condiciones para avanzar en cualquier proceso de diálogo, al establecer como requisito el fin real de las actividades ilegales y el reclutamiento de menores. “Ninguna negociación se puede adelantar, como las que actualmente tenemos, sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”, remarcó el primer mandatario en su mensaje en la plataforma digital.

¿Qué piensa Gustavo Petro de la propuesta de un “acuerdo nacional” del ELN?

El primer mandatario de los colombianos añadió que “las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio”. Lo anterior, en relación con la propuesta del ELN, planteó en su reciente comunicado, conocido en la mañana del 12 de enero, la necesidad de construir un acuerdo nacional que permita “sentar las bases para el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”.

La organización insurgente, en su polémica propuesta, consideró que la actual campaña electoral representa una oportunidad para debatir la propuesta e iniciar la construcción de dicho pacto con el próximo Gobierno. En el texto, la organización al margen de la ley incluyó demandas como la erradicación de la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo, así como el diseño de una nueva política económica y la protección de ecosistemas.

Por su parte, Petro remarcó que la reinserción de los excombatientes debe realizarse a través de “grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas”. Además, propuso que “toda transformación se acuerda con sus habitantes”, y reiteró que toda negociación requiere garantías para las comunidades afectadas por el conflicto armado, al destacar los avances de lo que denominó el llamado “Pacto Catatumbo”.

¿Qué dijo Petro de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

El mandatario también se refirió a la relación bilateral con Venezuela, y señaló que la primera reunión oficial con el Gobierno de ese país deberá abordar el desarrollo de una zona económica especial entre Norte de Santander y el Táchira. Petro sostuvo que si el ELN no se suma a la paz y abandona Venezuela, “habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, y agregó que toda esta organización deberá pasar a Colombia para discutir las zonas de concentración.

Es válido destacar que el comunicado del grupo insurgente también hizo referencia a la reciente operación militar estadounidense en territorio venezolano, que resultó en la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y dejó un centenar de muertos entre militares y civiles. El grupo, del que cercano con el exjefe del régimen, calificó el hecho como una “agresión imperialista” y alertó sobre posibles amenazas a otros países de la región.

En el paquete de propuestas, Petro mencionó que la fiscalía debe asumir la negociación de penas en casos de condenados y sindicatos, siempre bajo los lineamientos de la ley. “Crímenes del estatuto de Roma deben tener pena, la JEP puede hacer extensiva su jurisdicción, para lo cual se necesita ley de la República que puede discutir el nuevo congreso o la asamblea nacional constituyente si el pueblo la decide y elige sus constituyentes”, expresó el presidente.

El mandatario, en sus afirmaciones en la red social X, fue enfático en decir que la asamblea constituyente “solo tocará algunos aspectos que no están en la Constitución y otros que se deben ejecutar de inmediato", a lo que se suman “las garantías de los derechos fundamentales del pueblo y las personas que el actual congreso no quiso legislar”. Todo esto para construir el Estado Social de Derecho que la Carta Magna ordena, para lograr la paz y tener un país más justo.

La propuesta del grupo armado surgió tras la primera comunicación entre el presidente colombiano con Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos, en la que ambos mandatarios abordaron estrategias militares para enfrentar al grupo armado en Colombia y Venezuela. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró que “al ELN hay que darle duro”, resaltando los ataques perpetrados por esa organización contra la fuerza pública y la población civil.

La Registraduría Nacional del Estado Civil será el ente encargado de definir si la iniciativa del comité promotor que impulsa la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia es viable o no. Todo esto, en medio de los cuestionamientos al presidente de la República, Gustavo Petro, que había prometido en sus últimas campañas que no convocaría a este mecanismo para reformar la Constitución Política, vigente desde 1991.

En la presente semana, la entidad bajo la dirección de Hernán Penagos deberá emitir un concepto clave sobre el proceso, de acuerdo con la información replicada con El Espectador. Se trata de un caso que ha despertado un intenso debate, ya que la iniciativa cuenta con el respaldo del jefe de Estado e, incluso, ha sido acompañada de cerca por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que estuvo presente el día en que se radicó la intención de ir por las rúbricas.

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En efecto, el 26 de diciembre de 2025 el grupo ciudadano formalizó la solicitud ante el organismo, con la participación de organizaciones sociales y sindicales. En ese acto, Sanguino asistió como delegado del Gobierno, frente al trámite que exige que, una vez verificados los requisitos legales, se expidan los formularios oficiales que permitirán dar inicio a la recolección de firmas, en un periodo que habla de 15 días hábiles para que se emita un concepto sobre el particular.

El Gobierno aspira a que el proceso logre 10 millones de firmas, aunque la normativa vigente establece un mínimo de 2,5 millones para que la iniciativa pueda avanzar. “Esperamos que este comité promotor cumpla con el reto de recoger, mínimo, tres millones de firmas, pero hemos querido que sean 10 millones de colombianos y colombianas que le den la fuerza suficiente para que el próximo Congreso de la República examine esta iniciativa popular legislativa”, dijo Sanguino.

El funcionario enfatizó que el objetivo es dotar de legitimidad al proceso y que la iniciativa cuente con un respaldo amplio de la ciudadanía, pese a que desde diferentes sectores remarcaron, de hecho, que Petro había firmado sobre mármol, como ocurrió en la campaña electoral de 2018, que no propondría la realización de una asamblea constituyente; pues en ese entonces -y ahora- era visto como una manera de prolongar su estancia en la Casa de Nariño.

Las controversias detrás de la convocatoria a una asamblea constituyente en Colombia

La presencia de funcionarios del Ejecutivo en la ceremonia de radicación causó críticas desde varios sectores. Aunque el Ejecutivo insiste en que no puede intervenir directamente en la recolección de firmas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proceso solo avanzará tras la entrega de los formularios y que el periodo para recolectar apoyos será de tres meses; es decir, según el titular de la cartera, no coincidirá con el periodo electoral.

En ese orden de ideas, el ministro Benedetti indicó que la presentación ante el Congreso quedaría para después del 20 de julio, cuando se haya instalado el nuevo legislativo y se hayan adelantado las elecciones presidenciales. Como era de esperarse, el tema ha avivado las tensiones políticas, como la postura del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, que se opuso de manera férrea a que se cambie la Carta Magna, que según él sería lo que buscaría Petro con esta intención.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, señaló Uribe, al que se han sumado, si se quiere, otras voces de rechazo, como la del defensora del Pueblo, Iris Marín, que con un extenso mensaje en sus redes sociales hizo un claro llamado a respaldar la institucionalidad creada tras la promulgación de la Constitución.

Con un extenso mensaje publicado en la red social X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó el jueves 8 de enero de 2026 un rechazo frontal a la iniciativa del presidente de la República, Gustavo Petro, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entre sus argumentos, según expresó, Marín hizo énfasis en que este mecanismo que representa a todas luces un riesgo para la estabilidad institucional, la democracia y los derechos humanos en el país.

Marín, que es la primera mujer en encabezar la entidad, hizo un llamado a la defensa de la Constitución Política de 1991, siendo este marco legal el que permitió la creación de la Defensoría y, con ello, buscó garantizar la protección de los derechos fundamentales. Con ello, se desmarcó de la idea del primer mandatario de los colombianos, que ha dado instrucciones a su equipo de avanzar en este objetivo, aunque recalcó que no se consumará en su Gobierno.

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En un pronunciamiento difundido a través de X, Marín advirtió sobre el peligro de desconocer las instituciones democráticas en medio de crisis y tensiones recientes en la región. En específico, se refirió a lo que aconteció en la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas (Venezuela), cuando tropas de los Estados Unidos capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en un hecho que causó reacciones encontradas en las redes sociales.

“A propósito de los acontecimientos recientes en Venezuela, en Colombia se han escuchado voces que podrían conducir al desconocimiento de nuestras instituciones democráticas”, señaló la defensora, que remarcó que, “en momentos de crisis, solemos entrar en incertidumbre y confusión”, por lo que invitó a la ciudadanía a “aferrarnos a los principios que nos unen como nación” para evitar un desenlace como el que ha tenido el país vecino en sus instituciones.

Iris Marín pidió que se defienda la Constitución Política de 1991

La defensora recordó el origen plural y democrático de la actual Carta Magna. “Hace 34 años, una Asamblea Constituyente plural discutió y expidió una Constitución que proyectó un Estado democrático y de derecho, basado en la soberanía popular y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional y de los derechos humanos”, afirmó la defensora, cuyo mandato al frente de la entidad se extenderá hasta agosto de 2024.

En ese orden de ideas, Marín indicó que el pluralismo ideológico, reconocido por la Constitución de 1991, “no puede conllevar el desconocimiento de la autoridad del Presidente de la República democráticamente elegido”. De la misma manera, la jefe de la entidad precisó que “la rendición de cuentas a la que está sometido, como todas las personas que ejercen autoridad pública, no puede ir en desmedro del respeto a las instituciones democráticas”.

Y ató su mensaje con el contexto internacional. “Colombia hace parte de un mundo global en el que el derecho internacional que hemos aceptado se fundamenta en la igualdad soberana de los Estados y en el propósito común de mantener la paz y la seguridad internacionales”, reiteró Marín en su publicación en las plataformas digitales y alertó sobre el costo que implicaría apartarse de estos valores fundamentales que han cimentado a la nación.

“Estos principios no son una realidad en nuestro país ni en el mundo del que hacemos parte, pero honestamente, sacrificarlos como guía en este momento puede ser más costoso de lo que podemos advertir”, dijo. Marín concluyó su intervención con una exhortación a la defensa activa del marco constitucional, pues para ella es claro que no se pueden renunciar a esos principios, y pidió que sea el canal diplomático entre Gustavo Petro y Donald Trump guíen al país.

“No renunciemos a esos principios: defendámoslos. Que nos guíen ahora que el presidente Petro y el presidente de los Estados Unidos han abierto un canal diplomático. Que nos guíen en toda circunstancia, especialmente en las más difíciles”, puntualizó Marín, en una declaración que se dio a conocer en un momento de intenso debate nacional por la propuesta de Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente una vez termine su mandato.

En medio de la preocupante situación de orden público, sumado a los líos de dinero en las arcas del Estado que vive Colombia, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se acalaró que las elecciones previstas en menos de tres meses están aseguradas y blindadas ante cualquier situación.

De hecho, el registrador nacional, Hernán Penagos, descartó cualquier posibilidad de suspensión electoral de los comicios presidenciales y legislativos. El funcionario sostuvo que, pese a las dificultades, la cita a las urnas está completamente garantizada y que ni situaciones de orden público ni eventuales emergencias pueden afectar el calendario electoral.

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“La Constitución es clara: en Colombia no existe ninguna norma que permita suspender unas elecciones”, señaló Penagos en una entrevista concedida a El Espectador sobre si hay algún riesgo de que no se lleven a cabo los comicios nacionales.

“Por ningún motivo, ni de orden público ni por circunstancias derivadas de emergencias de una u otra naturaleza, las elecciones pueden suspenderse o cancelarse”, enfatizó. “Colombia es un Estado constitucional y las normas claramente así lo definen”continuó.

Para reforzar la confianza ciudadana, el registrador aseguró que la transparencia está absolutamente garantizada en el proceso electoral, pese a las fuertes posibilidades de que en regiones con fuerte presencia de grupos armados se pueda constituir un constreñimiento al elector, tipificado como un delito.

“No hay norma alguna que permita suspender unas elecciones en Colombia. Se elegirá a un nuevo Congreso y un nuevo presidente con transparencia e integridad. Además, tendremos durante estos próximos meses acciones muy claras para dar más tranquilidad a la ciudadanía colombiana”, comentó el funcionario.

Penagos sostuvo que la institución ha dispuesto herramientas como la biometría facial, la publicación detallada de actas en cada mesa del país, la observación internacional y auditorías electorales de software con acceso a los códigos fuente por parte de las organizaciones políticas.

El registrador también destacó el peso de la vigilancia ciudadana y la gran cantidad de controles cruzados que permitirían dar legalidad a los próximos comicios legislativos y presidenciales en el país.

“Son tantas las personas que están alrededor del proceso que es imposible hablar de fraude electoral en Colombia. Yo he dicho que se pueden cometer errores porque en esto trabajan seres humanos, pero delitos nunca. Los jurados de votación son los que cuentan los votos en Colombia, no la Registraduría; son 700.000 hombres y mujeres que apoyan el conteo de votos; cerca de 9.600 que hacen parte de la comisión escrutadora, que hacen una de las etapas más importantes”, continuó.

Añadió que hoy los partidos pueden nombrar hasta un testigo electoral por cada una de las 125.000 mesas, lo que equivale a millones de ojos sobre el proceso. “En materia de software tendremos auditoría de la información y se autorizará a las organizaciones políticas a que tengan a sus propios auditores de sistemas para revisar y exponer los códigos fuente”, puntualizó.

En cuanto al componente financiero, Penagos explicó que, aunque existen algunos retrasos en el pago a proveedores debido a dificultades de caja, el calendario electoral no está en peligro.

“Presupuestalmente no hemos tenido dificultades. Ya están contratados los servicios electorales, financiados con recursos de 2025 y vigencias futuras del 2026”, aclaró a El Espectador. “El dinero se gira a medida que se cumplen los procesos. Es cierto que en diciembre hubo demoras y aún hay pagos pendientes a los proveedores, pero esperamos que esos recursos fluyan en enero”, añadió.

Respecto a la logística, resaltó la magnitud operativa que enfrenta la Registraduría Nacional. “Estamos en plena inscripción de ciudadanos, lo que implica traslados de equipos, desarrollo de software, depuración del censo electoral, llevar equipos satelitales y atención en múltiples frentes. Todo esto depende también de que los proveedores reciban sus pagos en tiempo”, señaló Penagos al diario nacional.

El panorama de riesgos de seguridad es uno de los puntos de mayor atención para las autoridades electorales, especialmente en zonas donde los grupos armados tienen mayor presencia.

“Hace tres o cuatro semanas, un cabecilla de una disidencia le manifestó al país que pretendía que las elecciones fueran tranquilas, pero que ahora, con ocasión del ejercicio fuerte de la Fuerza Pública en su contra, ha decidido que va de alguna manera a influir en el proceso electoral. Eso no es un tema menor. Por tanto, tenemos que reunirnos permanentemente con la Fuerza Pública para aplicar el Plan Democracia, que ya está definido, y saber en qué lugares, por ejemplo, necesitamos llevar tropa y policías con días o semanas de anticipación para garantizar el derecho al voto”, señaló Penagos a El Espectador.

Entre los departamentos con mayores riesgos citó zonas del Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó y parte de Antioquia, por la presencia de grupos armados. “Debemos aplicar el Plan Democracia, coordinar con la Fuerza Pública y garantizar la instalación de 125.000 mesas en 13.508 puestos de votación, muchos de ellos en el sector rural”, detalló.

Manifestó su preocupación por la posibilidad de tener que trasladar mesas en últimos momentos por inseguridad: “Un Estado democrático no puede negar los derechos políticos a la ciudadanía”.

Penagos hizo hincapié en las exigencias inéditas en la revisión de firmas presentadas por candidatos. “Esto no tiene precedentes: entre 22 candidatos presentaron más de 28 millones de firmas para la Presidencia y tres millones para el Congreso”, relató. Recordó que hace cuatro años solo fueron cerca de 10 millones. “Es un trabajo descomunal, estamos revisando una a una, apoyados por analítica de datos, inteligencia artificial, 500 supernumerarios y un equipo de grafólogos. La revisión debe concluir antes del 21 de enero”.

De hecho, el funcionario de la Registraduría alertó sobre presuntas irregularidades en la consecución de firmas por parte de uno de los candidatos, que habría falsificado gran parte de las listas presentadas a la entidad.

“Uno de los candidatos presentó cerca de 800.000 firmas y hemos encontrado que gran parte de ellas fueron fotocopias. No es justo que hagan trampa de esa manera y tampoco lo es que se ponga a la Registraduría a revisar 800.000 firmas para después ver que muchas son fotocopias o formularios diligenciados a través de diferentes impresoras para de alguna manera burlar a la Registraduría”, señaló.

En cuanto al diálogo con otras entidades estatales, Penagos describió una relación eficiente con la Procuraduría y la Contraloría. “Les agradezco mucho porque han estado acompañando el proceso, auditando, revisando y haciendo inspección. Siempre han estado en cada elección atípica”, dijo.

Con la Fiscalía, añadió, se instalará una comisión de seguimiento a los delitos electorales. “Con el Ministerio de Defensa el trabajo es determinante para el Plan Democracia y seguridad. Con otros ministerios y el mismo Gobierno Nacional, el diálogo no es tan fluido. Pero aquí lo importante es que todas las instituciones respalden la democracia y garanticen la tranquilidad de la ciudadanía”.

En su mensaje de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro reiteró su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente, defendió su agenda de gobierno y sostuvo que el poder soberano reside en la ciudadanía, en medio del debate político.

En vísperas de la celebración de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro difundió un mensaje dirigido a los colombianos a través de su cuenta personal en la red social X, donde combinó un balance político con reflexiones sobre el rumbo institucional del país y referencias directas a su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

El pronunciamiento fue publicado el 31 de diciembre de 2025 y estuvo acompañado de un video con imágenes de distintos momentos de su administración durante el año.

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En el mensaje escrito, el jefe de Estado hizo un llamado a no retroceder en el camino de las transformaciones sociales, enmarcando su discurso en la superación de la pobreza y el hambre. “

No hay que retroceder a un pasado que fue miseria y sangre, hay que avanzar para que más gente salga de la miseria y el hambre y vivamos bien, progresemos como personas, familias y Nación”, expresó el mandatario en su publicación.

El video que acompañó el texto incluyó registros audiovisuales de actividades oficiales, encuentros con comunidades y eventos institucionales desarrollados a lo largo de 2025, material que fue presentado como parte de un recuento simbólico del año que finalizaba. La publicación cerró con una frase que se convirtió en el eje del mensaje presidencial, en la que Petro reafirmó su visión sobre el poder ciudadano: “El poder es del pueblo constituyente. Feliz año”.

La referencia a la Asamblea Nacional Constituyente no fue aislada. En los últimos días del año, el presidente y varios miembros del Gobierno habían reiterado su respaldo a esta iniciativa, que fue formalmente impulsada con la inscripción de un comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dicho comité quedó habilitado para iniciar el proceso de recolección de firmas exigido por la normativa vigente.

Según lo establecido por la ley, el comité deberá reunir al menos 3 millones de firmas, cifra equivalente al 5 % del censo electoral nacional. No obstante, el propio presidente ha manifestado públicamente su aspiración de que el respaldo ciudadano alcance los 10 millones de apoyos, un objetivo que ha sido mencionado en distintos escenarios políticos y mediáticos.

La posibilidad de convocar una Constituyente ha generado un amplio debate en sectores políticos, jurídicos y sociales. Petro ha argumentado que esta opción se activaría si persiste lo que él denomina un “bloqueo institucional” contra su Gobierno, concepto que ha utilizado para referirse a decisiones adoptadas por altas cortes frente a decretos y reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

Durante una alocución presidencial emitida el 23 de diciembre, el mandatario se refirió de manera directa a esta situación. “La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente”, afirmó en esa ocasión, declaración que volvió a tomar relevancia tras su mensaje de Año Nuevo.

El comité promotor inscrito ante la Registraduría está integrado por Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía, además del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien ha sido uno de los voceros del Gobierno en defensa de la iniciativa.

De acuerdo con Sanguino, la Constituyente es presentada como un mecanismo para destrabar las reformas promovidas por el Ejecutivo. “Una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló el ministro al referirse a la propuesta, en declaraciones que fueron difundidas tras la inscripción del comité.

El funcionario agregó que el Gobierno nacional respalda el proceso ciudadano, destacando que la iniciativa debe estar liderada por sectores sociales. “El Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo. Debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país”, afirmó.

La controversia que causó la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar la realización de una asamblea nacional constituyente, reavivó las tensiones entre los sectores oficialistas y los de oposición, frente a lo que sería, para algunos, la amenaza latente de que el jefe de Estado prolongue su estancia en la Casa de Nariño más allá del 7 de agosto de 2026; cuando por mandato constitucional deberá entregar su cargo al que resulte elegido.

La controversia se reactivó tras la publicación de un mensaje del representante a la Cámara Andrés Forero, que hace parte de la bancada Centro Democrático en el Legislativo, que utilizó una vieja publicación en la red social X de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, para cuestionar la coherencia del actual Gobierno en relación con la reforma constitucional. Un mensaje que no tardó en ser respondido por la congresista, con duros calificativos.

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El domingo 28 de diciembre, el congresista del partido que lidera Álvaro Uribe Vélez recurrió a las plataformas digitales para compartir una publicación de Pizarro de 2022, en la que la senadora dejaba en claro que no respaldaría este tipo de convocatorias. “No apoyamos una asamblea constituyente. Cumplamos la CPC del 91 #PactoHistorico”. Acompañó la imagen del mensaje con la frase: “¡Feliz día de los inocentes!”, insinuando lo que sería el cambio de postura.

Aunque la intención de Forero era la de evidenciar contradicciones en la coalición de Gobierno, que actualmente ha abierto la puerta al debate sobre la convocatoria de una constituyente, como lo ha expresado el primer mandatario, Pizarro no se quedó atrás: y trajo a colación un hecho histórico en la política nacional que no dejaría bien parado al líder político de la colectividad opositora, Uribe Vélez, y que está relacionado a la manera en la que logró su reelección.

La arremetida de María José Pizarro a Andrés Forero y Álvaro Uribe Vélez

En efecto, ante la crítica, Pizarro no dudó en responderle al congresista del Centro Democrático, haciendo uso de sus perfiles para poner en contexto la historia de las reformas constitucionales en Colombia y señalar a la oposición por su pasado. Fue entonces cuando recordó lo que sucedió con la representante a la Cámara Yidis Medina, que fue persuadida por miembros del entonces gobierno de Uribe para votar en favor de la continuidad del jefe de Estado.

“Señor Representante. Fue SU líder, Álvaro Uribe, y SU fuerza política quienes COMPRARON la modificación de la Constitución para su reelección, la Yidispolítica, un escándalo vergonzoso de compra de votos en el Congreso. Su crítica, en ese contexto, es inadmisible. No sea descarado”, afirmó Pizarro, que recordó el famoso episodio, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, y lo utilizó como argumento a su favor.

Cabe destacar que, en 2004, se comprobó por parte de los organismos de justicia que se compraron votos en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial inmediata, lo que permitió que Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato. La investigación de la Corte Suprema demostró que la entonces congresista Yidis Medina recibió beneficios a cambio de su voto favorable en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

¿Qué condenas recibieron los implicados en la ‘yidispolítica’?

De acuerdo con el expediente, el 3 de junio de 2004, el representante Teodolindo Avendaño, del Partido Conservador, se ausentó deliberadamente de la sesión antes de la votación, lo que ajustó el cuórum y permitió que el voto de Medina resultara entonces definitivo para desempatar y aprobar la reforma. Posteriormente, se pudo establecer que Avendaño, ya fallecido, recibió un cheque de 200 millones de pesos y una notaría en Huila como compensación.

Por su parte, en 2009, la Corte Suprema condenó a Avendaño a ocho años de prisión por cohecho propio y enriquecimiento ilícito, y estableció la responsabilidad penal de varios actores políticos en la aprobación irregular de la reforma; entre ellas la de Medina: que en junio de 2008 fue condenada a cuatro años de prisión; no obstante, se acogió a sentencia anticipada tras confesar haber aceptado prebendas burocráticas a cambio de votar a favor el proyecto.

Del mismo modo, en septiembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte ratificó las condenas a seis años de prisión contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega (Interior) y Diego Palacio (Salud) por delitos relacionados con el escándalo; y en agosto de 2024, se hizo efectiva la captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Bernardo Moreno, tras confirmarse su condena de cinco años y siete meses.

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella instó a la ciudadanía a convertirse en “el muro de contención que Colombia necesita” y propuso un juicio político contra el presidente Gustavo Petro como única vía ante la actual coyuntura nacional.

La declaración, difundida desde su cuenta en la red social X, se suma a la serie de voces que han manifestado preocupación frente a la iniciativa de una asamblea constituyente impulsada por el actual mandatario.

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En su pronunciamiento, De la Espriella sostuvo que el país enfrenta un momento crítico.

“Petro enfrenta un solo camino: el juicio político”, afirmó el abogado, que desde hace años ha sido crítico del proyecto político liderado por el actual jefe de Estado.

Según lo expresado en un video, el jurista considera que la propuesta de una nueva constitución responde al interés de perpetuar al Gobierno.

“Desde mucho antes de ser candidato, lo he venido advirtiendo. Petro se quiere atornillar en el poder”, señaló el abogado.

La publicación de De la Espriella resonó en plataformas digitales, donde enfatizó la necesidad de que la sociedad civil tome una postura activa ante el escenario planteado por el Ejecutivo.

“Esta constituyente de Petro lo que busca es atornillar al régimen al poder. Él tiene toda la intención de quedarse”, expresó.

El abogado advirtió: “Ellos saben que por las buenas nunca más tendrán el poder”.

El llamado de De la Espriella incluyó una advertencia a quienes minimizan el alcance de la propuesta oficialista.

“La gente dice: ‘No, es que Petro no se va a quedar’. Él quiere destruir Colombia y lo está haciendo, pero no lo va a conseguir porque no se lo vamos a permitir”, expresó el abogado en su mensaje, que rápidamente circuló entre opositores al gobierno.

El abogado cerró su intervención reiterando el pedido de impulsar el juicio político y descartó cualquier apoyo a una constituyente.

“Colombia nos necesita y por eso tenemos que estar firmes por la patria. Constituyente no, juicio político sí. Firme por la patria”, enfatizó De la Espriella en su publicación en X.

Abelardo de la Espriella ya había acusado a Gustavo Petro de buscar perpetuarse en el poder

El aspirante presidencial y abogado Abelardo de la Espriella lanzó el domingo 28 de diciembre de 2025, fuertes advertencias sobre una supuesta estrategia encabezada por el presidente Gustavo Petro para prolongar su mandato.

Desde su cuenta en la red social X, De la Espriella calificó el momento actual como “un momento decisivo en la historia”, y remarcó que la coyuntura trasciende las dinámicas electorales habituales. “Lo que enfrentamos no es una campaña electoral más”, escribió el aspirante, y agregó: “¡Estamos ante el desafío supremo de salvar a Colombia!”.

Las declaraciones del precandidato incluyeron acusaciones directas contra el presidente. “Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”, afirmó De la Espriella.

En su análisis, el abogado vinculó la emergencia económica y la iniciativa constituyente con tácticas orientadas a consolidar el poder presidencial.

“Lo hará con los fusiles de los narcoterroristas a quienes entregó vastas zonas del territorio nacional; con los billones de la deuda pública y de la emergencia económica que desangra al país; con los recursos infinitos de la corrupción que está repartiendo en plena época electoral; y ahora, también, con el embeleco de la supuesta constituyente”, sostuvo.

La reacción del candidato surge en medio de cuestionamientos por parte de sectores opositores, quienes han señalado que los mecanismos extraordinarios adoptados por el Ejecutivo buscan sostener su gestión mediante procedimientos que consideran irregulares. “Petro y Cepeda son uno solo”, subrayó De la Espriella, al tiempo que advirtió sobre las elecciones de 2026.

“Nunca antes, en toda la historia republicana del país, habíamos tenido un presidente que es enemigo del Estado mismo: un exguerrillero decidido a consolidar, desde el poder, la revolución que comenzó a pelear hace más de 40 años”, finalizó.

El exministro de Justicia y del Derecho Wilson Ruiz Orejuela inició acciones legales para exigir que la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno Nacional cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Según el comunicado divulgado este lunes 29 de diciembre de 2025 en X, el exfuncionario presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

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Ruiz solicitó a la Registraduría la entrega de la documentación completa sobre la inscripción del comité promotor de la iniciativa, así como información detallada sobre el mecanismo de participación y la verificación de los formularios utilizados para la recolección de firmas.

En el mismo trámite, requirió detalles acerca de los topes de financiación y las medidas adoptadas para preservar la neutralidad estatal.

El exministro pidió a la Procuraduría investigar posibles irregularidades, como la eventual intervención de servidores públicos o el uso de recursos oficiales en una campaña que se presenta como ciudadana.

“La Constitución no es un juego ni los ciudadanos pueden ser objeto de engaños con anuncios sin fundamento jurídico”, expresó Ruiz Orejuela en el documento oficial.

El exjefe de la cartera de Justicia enfatizó que, a su juicio, la propuesta de Constituyente no cumple con los parámetros constitucionales ni legales de la Carta Política de 1991. Recordó que este proceso demanda una ley aprobada por el Congreso, mayorías calificadas y el aval de la ciudadanía a través de mecanismos populares con umbrales definidos.

“Las firmas ciudadanas no convocan una constituyente. Lo que se está presentando es una fantasía jurídica”, advirtió Ruiz.

La acción emprendida por el exministro se da en medio de un debate nacional sobre la viabilidad de la convocatoria planteada por el Gobierno Nacional.

Ruiz alertó que este tipo de anuncios funcionan como “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas estructurales del país.

“Mientras el Gobierno insiste en un debate inexistente, Colombia vive una profunda crisis de seguridad”, manifestó Ruiz.

Según el exministro, la situación actual está marcada por atentados en distintas regiones, fortalecimiento de estructuras criminales y negociaciones poco claras con grupos ilegales como el Clan del Golfo.

En su comunicación, Ruiz señaló la falta de reglas claras y controles efectivos en el proceso anunciado. Subrayó que la ley exige transparencia, topes de gasto y el uso de formularios sin ningún tipo de sesgo institucional.

“Cualquier utilización de la institucionalidad para promover una causa política no solo deslegitima el proceso, sino que compromete responsabilidades disciplinarias y legales”, declaró el exministro. Asimismo, reveló que ha preparado un paquete de acciones jurídicas para defender la integridad de la Constitución.

Ruiz concluyó que seguirá vigilando el desarrollo de la propuesta para garantizar que se respete el marco legal.

Ruiz Orejuela acusa al Gobierno de “abuso de poder”

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela publicó un video en la red social X donde también rechazó la iniciativa de Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno Nacional.

Ruiz calificó la propuesta como “un abuso de poder” y cuestionó la legitimidad del mecanismo que se intenta aplicar.

“El presidente no puede inventarse caminos diferentes o por fuera de la línea de la Constitución”, expresó Ruiz en su mensaje.

El exfuncionario enfatizó que la Carta Política no se modifica “con firmas ni con discursos” y detalló que presentó acciones legales ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación.

El objetivo de estas medidas, según Ruiz, es “defender la neutralidad del Estado social de derecho” y exigir respeto por la legalidad.

Criticó que el proceso haya sido presentado como participación ciudadana y denunció el uso de recursos públicos en lo que considera una campaña política.

Ruiz alertó sobre el aumento de la inseguridad y el crecimiento del crimen mientras, según él, el debate sobre la Constituyente actúa como una cortina de humo. “Defender la Constitución, defender la ley, es defender nuestra patria”, afirmó Ruiz, quien cerró su declaración con un llamado: “Salvemos a Colombia. Firmes por la patria”.

El debate político colombiano se intensificó tras los recientes señalamientos de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien advirtió sobre los riesgos de una posible asamblea constituyente propuesta por el actual presidente, Gustavo Petro.

En mensajes publicados en su perfil de X, Gutiérrez manifestó que “Colombia no necesita una Constituyente para que Petro se perpetúe en el poder”, subrayando la importancia de salvaguardar el gobierno democrático y garantizar la alternancia presidencial el 7 de agosto de 2026.

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En su intervención, Gutiérrez expresó que el país requiere “mantener la Democracia y que el 7 de Agosto de 2026 tengamos un nuevo Presidente que sí mire hacia las regiones y esté del lado de la gente y no del lado de las estructuras criminales”.

El alcalde cuestionó la intención del mandatario nacional de impulsar una reforma constitucional, advirtiendo sobre las consecuencias que podría acarrear para la estabilidad del sistema político.

En un segundo mensaje, el dirigente de Medellín señaló que “Petro actúa, como lo hacen los dictadores. Muestra su desespero en sus últimos meses de desgobierno”.

Gutiérrez criticó el uso del decreto para implementar una reforma tributaria, así como el momento elegido para insistir en la convocatoria de la constituyente, justo cuando la Corte Constitucional atraviesa un periodo de receso.

Utilizando su alcance en X, Gutiérrez convocó a “todos los ciudadanos, gremios, asociaciones, alcaldes, gobernadores y academia a unirnos para proteger las instituciones”.

El mandatario local advirtió que “si lo logra perdemos el país. Depende de todo un país impedirlo”.

La discusión generó respuestas inmediatas desde el oficialismo.

El congresista Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, replicó en la misma plataforma digital: “Alcalde, Medellín tiene suficientes problemas como para que usted se dedique a sabotear iniciativas de este gobierno pensadas para el pueblo, como la consulta popular”.

La confrontación entre ambos dirigentes expone la tensión entre las autoridades locales y el Ejecutivo nacional respecto al alcance y la pertinencia de las propuestas constitucionales.

Gustavo Petro aclaró tiempos y alcances de su propuesta para una Asamblea Constituyente

El presidente Gustavo Petro precisó en su cuenta de X que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no coincidirá con el calendario electoral en curso.

Según el mandatario, “la constituyente no se hará en época electoral”, y explicó que la recolección de firmas apenas inicia y tendrá una duración de tres meses. Este proceso culminará con la presentación del proyecto ante el nuevo Congreso que será elegido en marzo, una vez instalada la nueva presidencia.

Petro indicó que la discusión sobre la constituyente ocurrirá en el Congreso renovado y fuera de temporada electoral. En caso de aprobación, tanto en el Legislativo como en la Corte Constitucional, “tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después”.

El jefe de Estado aseguró que ni la deliberación ni la elección de los miembros de la asamblea interferirán con las actuales votaciones.

El proyecto de ley que acompaña la iniciativa detalla los temas que abordaría la constituyente. Petro propone que la asamblea sesione durante tres meses, posiblemente coincidiendo con el receso legislativo, para evitar interferencias.

Entre los ejes de reforma figuran asuntos postergados por el Congreso durante tres décadas, tales como la reforma pensional, la transformación del sistema de salud, ajustes al código minero y cambios en los servicios públicos para garantizar eficiencia y cobertura universal.

La propuesta incluye una reforma educativa centrada en la financiación y el acceso al conocimiento, así como la protección de datos y el desarrollo de inteligencia artificial. Petro plantea también la “reforma agraria más profunda”, la protección de la producción de alimentos y el acceso de los campesinos a tierra fértil.

El mandatario prioriza la adaptación frente a la crisis climática, el reconocimiento del agua potable como derecho fundamental y la reorganización de recursos para priorizar la revitalización ambiental.

El ordenamiento territorial, la autonomía regional, el fin de exclusiones y la ampliación del espacio público constituyen otros elementos centrales.

El plan contempla una reforma judicial en la que solo la Corte Constitucional permanecerá intacta, promoviendo independencia judicial y el acceso ciudadano a la justicia. Además, se plantea una transformación política para fortalecer el sistema electoral, regular la financiación de partidos y campañas, y asegurar transparencia en los comicios.

La asamblea también abordaría el derecho a la paz, la implementación de acuerdos previos, el tratamiento del narcotráfico y la seguridad integral. Finalmente, Petro propone avanzar hacia la integración regional, la defensa de recursos estratégicos y el fortalecimiento de la presencia científica y espacial de Colombia.

La inscripción del comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional reactivó la discusión sobre el futuro institucional de Colombia.

El anuncio, realizado por el presidente Gustavo Petro, generó reacciones inmediatas en el escenario político, marcando una nueva etapa en la controversia sobre eventuales reformas estructurales.

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Gustavo Petro expuso en su cuenta de X que “se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional”.

En la misma publicación, subrayó: “El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.

Estas palabras buscaron posicionar la propuesta como una iniciativa surgida desde la base social y orientada a modificar el rumbo del país.

En contraposición, Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y precandidato presidencial, expresó su desacuerdo mediante dos mensajes difundidos en la misma red social.

“Colombia no necesita una nueva Constitución. Necesita un nuevo gobierno que sí respete la ley y la haga cumplir”, publicó Oviedo, quien además insistió en la defensa del actual marco legal al declarar: “La @GranConsulta la tenemos clara: No a la Constituyente de @petrogustavo. Sí a la Constitución del 91. No necesitamos un dictador, preservemos el Estado de Derecho”.

El debate sumó voces a favor de la Constituyente, como la del pastor Alfredo Saade, quien respondió de forma directa a Oviedo: “Todo el que le diga no a la Constituyente no recibirá un solo voto en las urnas. La Constituyente nace en el corazón del poder popular”

Saade, reconocido por su activismo, se alineó con la tesis presidencial y resaltó el respaldo popular como fundamento de la propuesta.

La confrontación no se limitó a argumentos jurídicos o políticos. En un tono personal, Oviedo replicó a Saade: “Ni pastor, ni candidato, ni constituyente, y mucho menos un santo inocente”.

De ese modo, la polémica adquirió un matiz individual y reflejó la intensidad del disenso entre sectores opuestos.

El proceso de inscripción del comité ciudadano ante la Registraduría Nacional abrió un nuevo capítulo en la agenda pública, con la participación de figuras relevantes y sectores sociales opuestos en torno a la viabilidad y conveniencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Petro enfrenta críticas por impulsar asamblea constituyente: oposición advierte riesgos para el Estado de Derecho

La inscripción del comité encargado de recolectar firmas para convocar una asamblea constituyente desató una oleada de cuestionamientos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Juan Daniel Oviedo calificó la propuesta como “dictatorial”, sumándose a la lista de figuras que rechazan la estrategia del mandatario.

Frente a estos señalamientos, Petro respondió en X con varios mensajes. “No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, escribió el mandatario, desmintiendo versiones sobre intenciones autoritarias.

En relación con las críticas de Oviedo, el presidente recordó el paso del exfuncionario por el gobierno anterior, señalando: “Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de desaparecidos, miles de jóvenes asesinados y encarcelados como recuerdo. ¿Qué hacía usted como miembro del gobierno de Duque mientras asesinaban a los jóvenes del estallido?”.

El jefe de Estado reiteró que, durante los disturbios sociales, jóvenes detenidos fueron presentados como “terroristas pagos por Venezuela” ante la inteligencia estadounidense.

Para Petro, la propuesta de una asamblea constituyente surge como respuesta ante lo que considera un bloqueo institucional en el Congreso, donde varios proyectos del Ejecutivo no avanzaron, salvo las reformas pensional y laboral.

“El poder constituyente del pueblo es necesario para concretar las reformas que el Congreso no realizó en 34 años”, defendió Petro en X.

El presidente agregó: “Lo invito a no confundir Estado Social de Derecho con neoliberalismo burdo. Ni la democracia con las dictaduras de quienes quisieron ‘refundar la Patria’ en la vieja constitución dictatorial de 1886”, en una de sus últimas publicaciones.

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha sacudido, una vez más, el panorama político de Colombia. La formalización, el viernes 26 de diciembre de 2025, de la inscripción del comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, dio inicio a la recolección de firmas con una meta ambiciosa, pues buscan que entre 3 y 10 millones de apoyos que respalden la iniciativa, que tendrá que ser presentada al Congreso.

El jefe de Estado, consciente de la sensibilidad electoral, aseguró que el proceso no se cruzará con las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, con lo que intentó despejar así especulaciones sobre posibles interferencias; sobre todo, en lo que sería -según sus adversarios políticos- su afán de perpetuarse en el poder. Sin embargo, pese a estas afirmaciones, en los sectores contrarios a su administración, sus afirmaciones siguen alimentando la crítica.

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Una de ellas es la representante a la Cámara Catherine Juvinao, que en sus redes sociales desempolvó una vieja publicación de Petro en la que, en 2011, durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá, definía a su movimiento como el defensor de la Constitución de 1991; una promesa que pareció romper 14 años después, incluso pese a haber ratificado su promesa en mármol durante este periodo, como aconteció en mayo de 2018, en la aspiración presidencial.

“El movimiento ‘Progresista’ es la agrupación ciudadana de defensa y aplicación de la Constitución de 1991″, comentaba Petro el 4 de julio de 2011, en un mensaje que Juvinao no dejó pasar por alto. “Estoy de acuerdo por fin con @petrogustavo”, afirmó la parlamentaria, que buscará con el partido Alianza Verde revalidar su curul para el periodo 2026-2030, lejos del apoyo que expresó en 2022 al hoy mandatario, al que respaldó en la segunda vuelta.

La iniciativa, según el oficialismo, busca revisar la Constitución de 1991 para responder a los desafíos del siglo XXI. Entre los ejes de la reforma destaca la creación de un tribunal constitucional y nuevas reglas en la Contraloría, con el propósito de combatir la corrupción, aunque también se propondrá modificar la autonomía del Banco de la República para alinearlo con las prioridades económicas del Ejecutivo; uno de los asuntos en los que Petro no ha querido ceder.

Otros puntos centrales son el fortalecimiento de los derechos laborales, la protección del modelo de salud y el reconocimiento legal a los territorios indígenas. La agenda incluye, además, la defensa del campesinado y políticas para enfrentar la crisis climática y garantizar la producción de alimentos, con el propósito de superar lo que el jefe de Estado ha llamado el “bloqueo institucional a sus reformas, que no han tenido un trámite fácil en el Congreso de la República.

Este sería el camino para que se lleve a cabo una asamblea constituyente

El mecanismo para hacer realidad la Constituyente es complejo y exige sortear estrictos requisitos legales. La ruta iniciará con la aprobación de una ley especial en el Congreso, que debe superar cuatro debates y obtener mayoría absoluta en ambas cámaras, luego de que se completen cerca de 3 millones de firmas que se necesitan para conminar a la corporación a que se adelante la discusión, siendo este el clamor popular según el primer mandatario.

Luego, la Corte Constitucional debe validar la ley, antes de dar paso a una consulta popular en la que se requiere el apoyo de al menos 13 millones de ciudadanos, cifra equivalente a un tercio del censo electoral. El proceso, además de técnico, está cargado de tensiones políticas y jurídicas, pues mientras el Ejecutivo sostiene que es una respuesta legítima al freno de reformas fundamentales, la oposición ve con preocupación una intención de concentrar el poder.

A pesar de la magnitud del debate, aun existe dudas sobre la viabilidad real del proceso, pues el mandato de Petro termina en agosto de 2026, por lo que podría ser claro que la Asamblea Constituyente no se convocaría en lo que resta de su administración, pues se calcula que se requeriría al menos un año para ello. Así pues, precedida de una fuerte controversia, empezará a moverse la agenda política no solo a las elecciones ya programadas, sino a esta intención.

La inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil ha generado preocupación entre diversos sectores políticos en Colombia

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, la senadora Angélica Lozano aseguró que la iniciativa está directamente vinculada a intereses electorales del presidente Gustavo Petro y representa un riesgo para la estabilidad institucional del país.

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“Él quiere volver a ser candidato y volver a ser presidente en el 2030. Y eso solo es posible con una constituyente,” declaró Lozano al medio, subrayando que “es un gobierno que no sabe gobernar, pero sí hacer campaña”.

La senadora fue tajante al analizar las posibles implicaciones de este mecanismo frente a la seguridad del país: “Con tantos grupos armados, envalentonados y relativamente coordinados con el Gobierno, sí”.

Además, cuestionó la instrumentalización de la constituyente como estrategia electoral:“Es tan ciudadano que lo promueve el Gobierno con plata pública y con funcionarios públicos. O es ciudadano o es del Gobierno. Pero lo de ayer es una farsa, es del Gobierno”.

Recargo nocturno: derechos laborales recuperados

En medio de este contexto político, Lozano también destacó la restauración del recargo nocturno, medida que revierte decisiones de gobiernos anteriores y garantiza derechos que habían sido suprimidos: “Es importante porque las habían derogado desde el gobierno de Uribe. Se habían perdido estos recargos nocturnos y dominicales. Es noticia porque entró a regir el día de Navidad, el 25 de diciembre”, señaló al medio, agregando que los recargos en domingos y festivos se incrementarán gradualmente.

La senadora enfatizó la justicia de la medida: “Los servicios que se prestan de noche tienen una remuneración más alta en justicia, porque es distinto trabajar de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. que de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.”, afirmó Lozano.

Respecto a si podría afectar el empleo formal, aseguró: “Yo no creo, porque cuando una fábrica o un establecimiento de servicios atiende y abre en la noche es porque es un horario de flujo de público y de venta o de fabricación para la venta. No hacerlo le implicaría perder presencia en el mercado”.

Seguridad y paz en el país: una deuda del Gobierno Petro

La senadora criticó la falta de políticas sólidas de seguridad y paz del Gobierno: “No hay una política de seguridad, solamente tiene una política de paz bastante mala, una política de paz total fallida, que empoderó y creció a los criminales, pero en total ausencia de una política de seguridad,” advirtió.

También alertó sobre la protección que los grupos criminales podrían recibir: “Sí, en el corto y en el largo plazo. Está empoderando a criminales que son narcos, los pretende dar algún tratamiento político del que carecen”

En cuanto a la violencia durante años electorales, señaló: “El riesgo que estamos viviendo, disparada la extorsión, el secuestro, los homicidios” será mayor en 2026, alertando que “en año electoral siempre es más intensa la presión de esos grupos criminales”.

Emergencia económica y manejo fiscal

Lozano también cuestionó la declaración de emergencia económica por parte del Gobierno, señalando decisiones fiscales previsibles y preocupantes: “Hace más de un año el Gobierno rompió la regla fiscal, tomó la decisión de romper la regla fiscal, de activar la cláusula de escape, es decir, de asumir más y más deuda... En los últimos tres años infló la meta de ingreso para justificar mayor gasto y mayor deuda,” afirmó.

Subrayó que no existían elementos imprevistos para justificar la emergencia: “La emergencia está en la Constitución para cuando algo no se puede prever... Pero esto era completamente previsible, porque además fue fabricado, inducido por el Gobierno”.

Sobre gastos recientes, como la compra de aviones de combate, criticó:“Ahora no hay plata, pero hay compra de aviones de combate. Entonces, hay gastos innecesarios, gastos postergables en los que el Gobierno ha incurrido”.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre ha limitado la inversión extranjera productiva:“Solo ha habido inversionistas para prestarle caro a Colombia, no para invertir en construcción de cosas que se jueguen la vida aquí,” aseguró Lozano.

Fin del apoyo estatal a Colfuturo pone en riesgo becas para estudios en el exterior

Finalmente, la senadora expresó su preocupación por el fin del apoyo estatal a Colfuturo: “Colfuturo es una alianza público-privada, es decir, mixta, que recoge capital de bancos con apoyo estatal para las tasas de crédito de los estudiantes en el exterior. Es un esquema mixto que le sirvió a miles de personas para estudiar afuera. La pregunta es: ¿no les gusta al Gobierno? Ok. Entonces, ¿cuál es la alternativa?”

Advirtió que sin un reemplazo claro, miles de estudiantes podrían perder la oportunidad de acceder a educación internacional: “La pregunta es: ¿hay un programa público mejor o prefieren que no exista? Y si prefieren que no exista, pues van a perjudicar a la gente que con esfuerzo asume un crédito. Tampoco era una beca, era un crédito con unas condiciones que le podían condonar una parte por volver a Colombia a trabajar en Colombia”.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que este viernes a las 2:00 de la tarde se realizará la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, de acuerdo con W Radio.

Este trámite representa un paso clave dentro de la estrategia política del Gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar este mecanismo, que el mandatario plantea como respuesta a lo que ha denominado un bloqueo institucional contra su administración.

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Quienes inscribirán el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente son: Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Lían Ghelly Herrera Montealegre, líder del Valle del Cauca; Armando Custodio Wouriyu, representante indígena; y Javier Eduardo García, periodista y comunicador.

La inscripción del Comité Promotor se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y otras ramas del poder público, particularmente el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Desde la Casa de Nariño, la Asamblea Constituyente ha sido presentada como una alternativa para destrabar reformas estructurales que, según el presidente, han sido sistemáticamente frenadas por decisiones legislativas y judiciales.

En su más reciente intervención pública, Petro dejó claro que la iniciativa no está pensada para ser debatida por el Congreso actual, sino por el que resulte de las próximas elecciones legislativas. En ese sentido, el mandatario trasladó el peso de la decisión a la ciudadanía, al afirmar que serán los votantes quienes definan si el nuevo Congreso permitirá que se consulte al pueblo sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo, de la asamblea constituyente, o la vota”, expresó el jefe de Estado, al tiempo que confirmó que el Gobierno ya tiene preparado el proyecto de ley que deberá ser presentado ante el Legislativo. Según Petro, la decisión final quedará en manos de los congresistas que sean elegidos en los próximos comicios.

El presidente insistió en que la conformación del próximo Congreso será determinante para el rumbo de su agenda política y llamó a emitir un “voto inteligente”. De acuerdo con su diagnóstico, el actual Legislativo ha frenado la mayoría de las reformas impulsadas por el Gobierno, lo que, a su juicio, ha impedido avanzar en cambios fiscales y sociales que considera prioritarios.

Uno de los principales argumentos del mandatario para justificar la propuesta de una Asamblea Constituyente ha sido la dificultad para alcanzar el superávit fiscal. Petro señaló que ni el Congreso ni la Corte Constitucional han facilitado las condiciones necesarias para lograr ese objetivo, que considera fundamental para la sostenibilidad de la deuda pública del país.

Recordó que las comisiones económicas del Congreso han hundido en dos oportunidades la ley fiscal presentada por el Gobierno.

“No nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda”, afirmó el presidente, al responsabilizar directamente al Legislativo de bloquear esa iniciativa. A la par, cuestionó a la Corte Constitucional por haber tumbado buena parte de la reforma tributaria impulsada durante la gestión de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda.

Petro también sostuvo que tanto el Congreso como la Corte han frenado reformas orientadas a aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Según el mandatario, estas decisiones han impedido avanzar en una política fiscal que grave a quienes más tienen y alivie a los sectores populares. “El Congreso se negó a subir los tributos en los más ricos de la población, no del pueblo”, aseguró en su intervención.

En octubre de 2025, el debate sobre la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente generó críticas desde distintos sectores del Congreso.

Angélica Lozano, de la Alianza Verde, cuestionó la intención del Gobierno, señalando que buscaba reformar por completo la Constitución de 1991 con fines políticos, persiguiendo la reelección de Petro en 2030, y advirtió sobre la incertidumbre que esto podría generar.

Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, alertó que una Constituyente controlada por el Ejecutivo sería un abuso y no un ejercicio democrático, mientras Efraín Cepeda destacó la dificultad de lograr consensos en la actual coyuntura política.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, llamó al presidente a actuar con liderazgo integrador, subrayando que la construcción de una nueva Constitución requiere amplio consenso, algo que el Gobierno no ha alcanzado ni en reformas parciales.

El presidente del Congreso, Lidio García, insistió en apego a los mecanismos democráticos y en que forzar una Constituyente en este contexto pondría en riesgo la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.

2025 fue el año en que la relación entre el Gobierno de Gustavo Petro y las altas cortes dejó de ser un diálogo tenso para convertirse en un pulso abierto por los límites del poder.

En menos de doce meses, el país presenció choques inéditos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial: desde fallos que restringieron las alocuciones presidenciales y órdenes de rectificación sin precedentes, hasta la suspensión de un decreto para convocar una consulta popular y el freno a la reforma pensional.

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Cada episodio alimentó un clima de confrontación que alcanzó su punto más crítico cuando el presidente cuestionó públicamente la legitimidad de los jueces en el caso Uribe y revivió su propuesta de una asamblea nacional constituyente.

Lo que inicialmente parecían disputas aisladas terminó configurando una narrativa mayor: un año en el que las reglas del Estado Social de Derecho fueron puestas a prueba, y en el que el debate sobre quién interpreta —y hasta dónde— la Constitución se convirtió en el eje de la vida política nacional.

El megáfono presidencial y el fallo que cambió las reglas

El 3 de octubre de 2025 marcó un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y la justicia. Ese día, el Consejo de Estado resolvió una demanda impulsada por organizaciones civiles y académicas que denunciaban el uso excesivo de las alocuciones presidenciales por parte de Gustavo Petro. El argumento central era claro: cuando el presidente habla por cadena nacional, interrumpe toda la programación del país. Un privilegio que, si se usa reiteradamente, puede afectar el equilibrio informativo y el pluralismo.

El fallo no prohibió la figura, pero sí estableció límites inéditos. El alto tribunal fijó tres condiciones obligatorias para cada intervención presidencial: excepcionalidad, para que solo se utilizara en situaciones extraordinarias; urgencia, para justificar que el mensaje debía emitirse de inmediato; y objetividad, exigiendo que el contenido se limitara a hechos verificables y asuntos estrictamente institucionales. Además, ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) diseñar el primer marco regulatorio sobre alocuciones en tres décadas, con criterios, reportes y mecanismos de vigilancia.

La reacción del Gobierno fue explosiva. Petro, al día siguiente lanzó una frase que incendió el debate: “Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado“. Para juristas, la comparación resultó abiertamente peligrosa: un fallo judicial no puede equipararse a un quiebre institucional. Desde el Ejecutivo, en cambio, se acusó al Consejo de Estado de “invadir competencias del presidente”, mientras el alto tribunal respondía que nada de eso era cierto: no se prohibían las alocuciones, solo se regulaba su uso.

El debate tenía antecedentes. Durante los primeros nueve meses de 2025, Petro había realizado más de una decena de alocuciones, muchas en medio del debate político cotidiano y no por emergencias nacionales. La Procuraduría y la MOE ya habían advertido, incluso desde 2024, que este uso de la señal oficial en periodos preelectorales podía afectar la equidad en el debate público. Todo ese contexto alimentó la demanda que desembocó en el fallo de octubre.

La sentencia descansó en dos pilares constitucionales: el derecho a recibir información plural y equilibrada —lo cual, según el alto tribunal, puede vulnerarse cuando un presidente monopoliza la señal nacional— y la necesidad de evitar un uso político de un recurso institucional.

La consulta popular que el Consejo de Estado frenó en seco

El 11 de junio de 2025 amaneció con un decreto presidencial que nadie esperaba: el Gobierno convocaba, por iniciativa propia, una consulta popular nacional. El decreto 0639 apareció sin previo aviso al Congreso, sin consulta a la Registraduría, sin concepto del Consejo Nacional Electoral y sin divulgar las preguntas. La razón, según el Gobierno, era “la urgencia social” de consolidar las reformas sociales y la necesidad de obtener un mandato directo del pueblo.

El problema era jurídico y profundo. La Constitución es clara en que las consultas de alcance nacional deben ser autorizadas por el Congreso. El presidente no puede convocarlas por decreto. Por eso, en pocos días el Consejo de Estado recibió demandas que alegaban usurpación de funciones y violación de requisitos esenciales.

El 18 de junio, apenas una semana después, el alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto. Señaló dos problemas centrales: el Ejecutivo se habría atribuido competencias del Congreso y no existía ningún trámite previo para activar el mecanismo de participación. La decisión advertía que permitir este precedente podía poner en riesgo la arquitectura institucional del país.

Petro reaccionó casi de inmediato: “Acato esa decisión, pero no la comparto…”, sugiriendo que el fallo tenía más de político que de jurídico. La Procuraduría advirtió sobre una posible vulneración a la separación de poderes; la oposición habló de “plebiscito unilateral”; incluso voces cercanas al Gobierno admitieron que el decreto era jurídicamente frágil.

El clima se tensó tanto que la Conferencia Episcopal intervino para mediar. Entre el 20 y 22 de junio se realizó una cumbre discreta entre Gobierno y altas cortes. De allí surgió un compromiso simbólico: “desarmar y armonizar la palabra”. Pese a que el decreto quedó suspendido y no se presentaron nuevos proyectos de ley para una consulta formal, el Gobierno empezó a hablar abiertamente de una asamblea constituyente.

Reforma pensional y el choque interminable con la Corte Constitucional

La reforma pensional había sido aprobada en 2024, pero desde el inicio enfrentó dudas sobre su trámite. El proyecto rediseñaba el sistema, fortaleciendo el pilar público y trasladando millones de cotizantes a Colpensiones. Esa magnitud generó debate, y en 2025 las advertencias se materializaron.

El 14 de junio, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: suspendió la entrada en vigencia de la reforma y ordenó devolverla a la Cámara para corregir problemas detectados en su trámite. Entre ellos: inconsistencias entre la conciliación y el texto aprobado en Comisión Séptima, artículos añadidos sin discusión y dudas sobre el cuórum en sesiones clave. El alto tribunal consideró que permitir que la reforma avanzara sin aclarar esos puntos podría provocar un impacto irreversible en el sistema pensional.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte y ponente del caso, acompañó el anuncio con una advertencia contundente: “La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege“. Era un mensaje claro, leído como respuesta a la presión política que el Gobierno ya venía ejerciendo.

La reacción presidencial no tardó. Petro advirtió que, si la Corte tumbaba la reforma, habría “una estampida hacia Colpensiones”, lo que generó críticas por sugerir caos institucional. Más tarde acusó que “intereses económicos poderosos” querían frenar la reforma, insinuando presiones de los fondos privados sin presentar pruebas.

Mientras tanto, el Congreso entró en turbulencia. La oposición celebró el fallo; la coalición de Gobierno lo cuestionó; y sectores independientes aseguraron que el proyecto debía reiniciarse desde cero. Desde entonces el estudio de la constitucionalidad del proyecto de reforma ha pasado por múltiples demandas, recusaciones y críticas.

De hecho, la Corte no alcanzaría a decidir en 2025 si la reforma pensional corrigió o no los errores de trámite, dado que la vacancia judicial empieza el 20 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero, y además aún quedan varios asuntos por resolver antes de poder realizar una nueva votación.

El proceso está detenido porque todavía no se ha confirmado la aceptación del conjuez designado para desempatar la votación de la Sala Plena del 24 de noviembre. Ese día, los magistrados quedaron empatados 4-4 frente a la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, que propuso declarar inconstitucional la Ley 2381 de 2024 al considerar que la plenaria de la Cámara no corrigió los errores detectados.

El conjuez elegido por sorteo fue Pablo Márquez, uno de los 18 conjueces disponibles para estos casos. No obstante, si él decide aceptar el encargo, no podrá votar de inmediato porque antes la Sala Plena debe resolver una recusación que ya hay en su contra. En caso de que la Sala Plena concluya que el impedimento no tiene fundamento o que la recusación es improcedente, se convocaría una nueva sesión para retomar el debate de la ponencia, probablemente a mediados de febrero. Pero si se acepta el impedimento, la Corte deberá realizar un nuevo sorteo para escoger a otro conjuez.

El fallo que absolvió a Uribe y desató la tormenta política del año

De todos los momentos de tensión entre Petro y las altas cortes, ninguno tuvo la carga emocional y política del relacionado con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El 22 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe en segunda instancia en un proceso que llevaba años polarizando al país. Más allá del fallo, lo que desató la crisis fue la reacción presidencial.

Al día siguiente, durante un Consejo de Ministros, Petro afirmó:“Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”, dado que el alto tribunal es responsable de estudiar un recurso extraordinario de casación, tras la impugnación de las víctimas en el caso. Previamente, en su cuenta de X, el mandatario había dicho que el fallo absolutorio “tapa la historia paramilitar en Colombia” y de quienes “llegaron al poder aliados con el narcotráfico y desataron el genocidio en Colombia”.

A estas declaraciones respondió el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Hermes Lara: “Descalificar las decisiones de la Rama Judicial, bien sean de una esquina o de otra (...) es nocivo para la democracia”. La Corte Suprema de Justicia también expresó preocupación por declaraciones que podrían afectar la legitimidad de las decisiones y poner en riesgo la integridad de los funcionarios judiciales.

La constituyente de Petro: el debate que sacudió los cimientos del orden constitucional

Si hubo un tema que atravesó de manera continua el año 2025, fue la insistencia del presidente Gustavo Petro en promover una asamblea nacional constituyente. A diferencia de los choques puntuales con las altas cortes —fallos, rectificaciones y cruces discursivos—, esta discusión tocó la base misma del sistema institucional colombiano: la Constitución de 1991.

Y no fue únicamente un enfrentamiento político, sino también un debate intelectual, jurídico, académico y profundamente simbólico. La idea de reescribir el pacto constitucional abrió un abismo entre el Gobierno y distintos sectores del pensamiento jurídico, que vieron en la propuesta un desafío a las reglas del Estado Social de Derecho.

El origen del debate se remonta a los primeros meses del año. Petro retomó con fuerza su tesis de que la Carta del 91, pese a su espíritu progresista, había quedado limitada por interpretaciones judiciales que impedían avanzar en transformaciones estructurales en pensiones, salud, tierras y servicios públicos. En su narrativa, la Constitución era “un pacto inacabado”, un proyecto cuyo sentido original había sido reducido por fallos y controles que, según él, frenaban el cumplimiento pleno de los derechos sociales.

Repetía que el país necesitaba “un nuevo pacto social que exprese las prioridades de la sociedad actual”, y lo hacía con una contundencia que lo distanciaba tanto de sus antecesores como de muchos defensores de la Constitución del 91. Sin embargo, las alarmas institucionales se encendieron: varios expertos advirtieron que la interpretación del presidente podría entenderse como la posibilidad de convocar una asamblea por fuera de los mecanismos constitucionales vigentes.

Entre las voces críticas destacó el jurista Mauricio Gaona, que calificó la idea como “un riesgo de alteración del orden constitucional” y sentenció que “en Colombia no habrá dictadura constitucional”. Su postura era clara: aunque el poder constituyente originario pertenece al pueblo, su activación no puede hacerse al margen de los procedimientos previstos en la propia Constitución, pues ello abriría la puerta a poderes excepcionales sin control.

La respuesta del presidente, lejana a la cautela, fue inmediata: “¿De dónde tanta ignorancia jurídica? La Constituyente solo hará garantía real de los derechos fundamentales”. Ese cruce marcó el inicio de un debate que se expandió rápidamente a universidades, altos tribunales, columnas de opinión, organizaciones civiles y escenarios políticos.

Las altas cortes entraron al debate, aunque con un tono más institucional que confrontativo. La Corte Constitucional, en particular, recordó en providencias y comunicados que ninguna autoridad puede sustituir la Constitución por vías no previstas en ella. El mensaje era firme aunque prudente: convocar una asamblea constituyente era posible, pero solo si se seguían los pasos democráticos formales y sin intenciones de perpetuarse en el poder.

El debate político se polarizó con rapidez. Sectores alternativos defendieron la propuesta como una oportunidad histórica para ampliar y blindar derechos sociales; la oposición la denunció como un intento de reelección encubierta o de concentración de poder; académicos alertaron sobre los riesgos para el orden constitucional; y colectivos ciudadanos reclamaron menos confrontación y más claridad pedagógica.

Además del contenido de los argumentos, lo que resaltó del episodio fue el tono del debate. Era la primera vez en décadas que un presidente confrontaba de forma tan directa a constitucionalistas, exmagistrados y académicos, no solo por sus conclusiones, sino por la legitimidad misma de su interpretación.

Petro y el CNE: el pulso por la legitimidad electoral

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtió en uno de los frentes más tensos de la política colombiana. El pulso, que combinó investigaciones, decisiones judiciales y acusaciones públicas, configuró un escenario en el que la legitimidad de las instituciones electorales y el futuro del Pacto Histórico protagonizaron el debate.

El conflicto se reforzó a partir de la investigación que el CNE abrió contra la campaña presidencial de Petro en 2022. El tribunal electoral señaló entonces presuntas irregularidades relacionadas con la financiación y el reporte de gastos, incluidos aportes no declarados, pagos a testigos electorales, propaganda y apoyos de organizaciones sindicales. Esta indagación, que se extendió por más de un año, marcó el primer punto de quiebre entre el mandatario y la autoridad electoral.

Mientras avanzaba el expediente, surgió un debate jurídico de amplio impacto: ¿tenía el CNE la competencia para investigar a un presidente en ejercicio? La discusión llegó a la Corte Constitucional, que en abril de 2025, suspendió provisionalmente el trámite al considerar que debía revisarse si estas funciones recaen exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta decisión provocó reacciones encontradas dentro del Congreso y profundizó la tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control.

La controversia escaló a finales de 2025, cuando el CNE emitió una sanción contra Colombia Humana, el partido del presidente, así como contra su exgerente de campaña y otros miembros del equipo político, por considerarlos responsables de exceder los topes de gasto y aceptar aportes prohibidos. Las multas impuestas fueron calificadas por sectores políticos como un hecho histórico; sin embargo, Petro las rechazó públicamente afirmando que su campaña no recibió “ni un solo peso de dineros ilícitos” y acusó a la autoridad electoral de actuar con motivaciones políticas.

El CNE, por su parte, ha defendido la legalidad y autonomía de sus decisiones, insistiendo en que las actuaciones responden en derecho, a facultades otorgadas por ley y no a presiones políticas.

Polémicas declaraciones presidenciales: un año bajo la lupa de los jueces

Además del choque entre Petro y las altas cortes, 2025 será recordado como el año en que un presidente colombiano acumuló más órdenes de rectificación que cualquiera de sus antecesores.

Lo que en otros gobiernos había sido un fenómeno ocasional, en el mandato de Gustavo Petro se convirtió en un patrón sostenido. Entre fallos del Consejo de Estado, juzgados administrativos y la misma Corte Constitucional, el presidente debió corregir declaraciones emitidas en redes sociales, entrevistas, discursos y alocuciones. Sin embargo, en varios casos, las rectificaciones iniciales fueron consideradas insuficientes, lo que desencadenó incidentes de desacato y tensiones institucionales.

El primero de los casos estalló el 10 de febrero, cuando el Consejo de Estado le ordenó rectificar un trino donde acusaba a la influencer Hannah Escobar de ser “nazi”. El alto tribunal fue contundente: dado el peso institucional del presidente, la expresión afectaba su honra. El mensaje que Petro publicó luego fue considerado ambiguo y se abrió un proceso de desacato. Ese episodio sería apenas el inicio.

Meses después, el 4 de octubre el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá ordenó a Petro rectificar afirmaciones contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien señaló de tener como “socios comerciales” a un “narcotraficante y paramilitar”. Días después, octubre nuevamente traería otro fallo: distintos tribunales obligaron a Petro a rectificar por llamar “narcofiscal” al fiscal Mario Burgos, pues la justicia consideró que la palabra tenía una carga criminal clara.

El 15 de noviembre, el Consejo de Estado enfrentó un caso incluso más delicado: los señalamientos al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de supuestos vínculos con el ELN. El alto tribunal determinó que no había pruebas y que las afirmaciones ponían en riesgo su vida, por lo que, además de ordenar rectificación, decretó medidas de protección.

En noviembre, Petro recibió otra orden: rectificar insinuaciones contra la senadora Paloma Valencia sobre falsos positivos, ante la inexistencia de documentos judiciales que la relacionaran con esos hechos. Su primera respuesta fue considerada insuficiente y se pidió incidente de desacato.

Pero el episodio más resonante ocurrió el 20 de octubre. La Corte Constitucional ordenó disculpas públicas a un grupo de periodistas a quienes el presidente había llamado “muñecas de la mafia”. El tribunal constitucional destacó el componente de género, el daño a la integridad profesional de las comunicadoras y la gravedad de vincularlas con estructuras criminales sin pruebas.

El más reciente fallo fue emitido el 10 de diciembre por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ratificó la orden que exige al presidente de retractarse públicamente de los señalamientos hechos en agosto contra Marta Lucía Ramírez, mismo episodio ya ordenado por el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá.

Muchos de estos fallos coincidieron en un punto de fondo: el presidente tiene derecho a opinar, pero no a afectar la honra de individuos sin sustento. Cada uno de estos episodios alimentó el clima de confrontación entre el Ejecutivo y los jueces, y consolidó la idea de un año marcado por rectificaciones forzadas y tensiones crecientes.

Durante la alocución del martes 23 de diciembre, en la que se tenía previsto que se refiriera al aumento del salario mínimo para 2026, sin hacerlo, y defendiera la declaratoria de emergencia económica, con el fin de sacar adelante una serie de tributos para recolectar 16,3 billones de pesos, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en la necesidad de impulsar una asamblea nacional constituyente para evitar lo que llamó “bloqueos institucionales”.

Petro, que no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos a su antecesor, Iván Duque Márquez, también enfiló sus críticas al Congreso, que no aprobó la reforma tributaria 3.0, que intentó tramitar sin éxito, además de otras reformas, como la de la salud, que volvió a hundirse en la Comisión Séptima del Senado. Asimismo, atacó al Consejo de Estado, por las decisiones que ha tomado en contra de su administración, a la que le resta 227 días.

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“El Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe... porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente (...) y vamos, porque presentaremos la ley al Congreso, que ya está hecha”, expresó Petro en cadena nacional, frente a uno de sus viejos anhelos: el de reformar las instituciones que se han convertido en una especie de freno a sus iniciativas, conforme al ordenamiento democrático del país.

Asamblea constituyente se discutiría por el nuevo Congreso de la República, según Petro

En sus declaraciones, el primer mandatario precisó que el debate que se avecina con esa intención no se desarrollará en el actual periodo legislativo, sino en el siguiente. “Se vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo Congreso. Así que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, decidirán si la mayoría de ese nuevo Congreso no le quita la voz al pueblo en la asamblea constituyente o la vota. Y eso dependerá de ustedes“, agregó el gobernante.

En ese sentido, aprovechó para hacer un llamado a los votantes para que, según él, ejerzan un derecho “inteligente” con las necesidades del país y el plan trazado por su administración en diferentes frentes, pese a las denuncias de corrupción que sacuden sus bases. “Ya el Congreso frenó la mayoría de las reformas. No voten por un congreso bloqueador, sino que esté al lado del pueblo”, remató en ese apartado Petro en la referida alocución.

De esta manera, Petro expresó su molestia con el accionar no solo con el legislativo sino con las altas cortes. De la Corte Constitucional, que confirmó en la jornada del 23 de diciembre que no romperá con la vacancia judicial para empezar el estudio de legalidad de la declaratoria de emergencia, el primer mandatario conminó al alto tribunal a que revise el decreto y determine, en consecuencia, si el país continúa -según él- en el “camino de la recuperación” o no.

No es la primera vez en que Petro pone sobre la mesa su deseo de promover constituyente. La primera vez que la idea salió de su boca como presidente fue el 15 de marzo del 2024 en Cali (Valle) y desde entonces las referencias a este asunto han sido más bien frecuentes. “Si un gobierno elegido democráticamente no puede aplicar la Constitución debido a la resistencia que lo rodea, entonces Colombia debe considerar una asamblea nacional constituyente”, expresó.

Como era de esperarse, el anuncio del jefe de Estado volvió a encender la controversia en las plataformas digitales frente a su plan de que se discuta y se apruebe una asamblea constituyente, pues en el pasado se ha asociado esta idea con la posibilidad de prolongar su mandato; aunque el presidente se ha encargado de negar tales informaciones.

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés legislativo tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de Colombia de archivar la reforma a la salud 2.0.

Con ocho votos a favor y cinco en contra, la mayoría de la célula legislativa respaldó la ponencia presentada por el congresista Alirio Barrera, del Centro Democrático, lo que representa un obstáculo adicional para las iniciativas oficiales orientadas a modificar el sistema de salud colombiano.

Entre quienes impulsaron el cierre del trámite legislativo se encuentran Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión y representante del Partido Liberal, junto a Nadia Blel (Partido Conservador), Norma Hurtado (La U), Ana Paola Agudelo (Mira), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente).

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Por el contrario, la continuidad de la reforma fue defendida por Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), además de Fabián Díaz (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes). La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar.

A través de su cuenta de X, el mandatario advirtió sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente si el Congreso no avanza en la construcción de un nuevo modelo de salud.

“La decisión de la comisión séptima de hundir la reforma a la salud fue apelada, aún el congreso tiene la oportunidad de construir un valioso sistema de salud para Colombia, sino se hará en asamblea constituyente de acuerdo a las firmas ciudadanas y el voto del nuevo congreso que espero obedezca los intereses del pueblo”, afirmó Gustavo Petro en la red social.

En el tramo final de la sesión, la senadora Norma Hurtado subrayó que la decisión se tomó ante la imposibilidad de garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema de salud a largo plazo. Hurtado afirmó: “Hemos tomado una decisión muy responsable. Hoy no fue posible que el ministro de Hacienda sustentara esta propuesta”, y advirtió sobre una deuda estimada en $126 billones, equivalente a cerca de siete puntos del PIB.

Por su parte, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, atribuyó el archivo a la incapacidad política y técnica para lograr consensos, señalando: “Se archivó la reforma a la salud producto de muchos meses de debate y de la imposibilidad de articular una propuesta, una visión conjunta del sistema de salud entre sus diferentes actores y los sectores políticos”, según recogió el medio Infobae.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su inconformidad con la decisión, calificando la maniobra como un acto de oportunismo político. Benedetti declaró: “Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata”.

El oficialismo, representado por figuras como Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva (Pacto Histórico), junto a Fabián Díaz (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes), respaldó la continuidad del proyecto y criticó la postura de la comisión. Arias sostuvo: “Lo que acaba de hacer esta comisión es absolutamente injustificable. Es negar el cambio del estado de cosas actuales, es perpetuar un negocio”, en referencia a la administración de las EPS.

No es la primera vez que la Comisión Séptima del Senado frustra una reforma de este tipo. El año anterior, la iniciativa liderada por la entonces ministra Carolina Corcho tampoco logró avanzar, consolidando un patrón de resistencia legislativa a los cambios estructurales en el sistema de salud colombiano.

Durante la intervención frente a los ministros, Petro señaló que el poder constituyente debe ser una prioridad inmediata. Expresó que “el comité tiene que inscribirse con el proyecto, ojalá este mes, antes de que termine el año”.

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El presidente enfatizó la necesidad de apoyo popular para esta iniciativa y sostuvo que el país no puede sostenerse en medio de lo que calificó como “egoísmo social” y una “clase política tan baja, tan degradada”.

En sus palabras, describió prácticas de extorsión en el Congreso. “Eso no es pensar en Colombia. Y eso es tirarse a Colombia y a su historia. Y ya veremos si la sociedad colombiana les acepta ese juego o los pasa definitivamente a la historia, al basurero de la historia, decían”, manifestó, remarcando la importancia de la movilización ciudadana para lograr cambios.

La convocatoria al poder constituyente como último acto de gobierno

Horas antes de la reunión ministerial, Petro reiteró a través de su cuenta de X su intención de dejar como legado la inscripción formal del comité por la constituyente. El presidente aseguró que la radicación de la iniciativa será “el último acto” de su administración, e instó al comité recientemente conformado a avanzar lo más pronto posible en la presentación del documento de proyecto de ley.

En su mensaje, Petro fue crítico con los congresistas de oposición y con quienes, según él, priorizan intereses particulares sobre los nacionales. “Hoy lo que han hecho los congresistas de oposición es suicida, algunos no por ser oposición sino por ser extorsionistas. Pero poner en el suelo el interés nacional por el odio político es digno de aquellas épocas en dónde mandaban a la gente a matarse entre sí”, escribió.

El jefe de Estado consideró que el país debe decidir si permanece bajo este tipo de representación legislativa o si opta por una transformación a través del poder constituyente.

Detalles del comité y expectativas para el Congreso

El propio mandatario señaló que el comité por la constituyente, que fue creado con respaldo de diversas fuerzas sociales, debe inscribir de inmediato el documento del proyecto de ley ante el próximo Congreso. Petro afirmó que este proceso tendrá un carácter simbólico al realizarse en plaza pública y portando la “espada de Bolívar”.

El presidente subrayó que el poder constituyente debe surgir “en el corazón de cada ciudadano y ciudadana de Colombia”, y sugirió que los votantes más jóvenes serán clave al ejercer su primer voto libre: “El peor voto debe ser un voto libre, rebelde, lleno de arte contra los que aumentan a Colombia en la muerte desde el poder, contra quienes matan juventudes y la razón”.

Reformas bloqueadas y llamado a la movilización política

Según Petro, los congresistas que han impedido la aprobación de la reforma laboral, la reforma de salud y aquellas que buscan nueva equidad fiscal “no deben continuar en el Congreso”. Afirmó que “es el pueblo el que decide” e invitó a organizar campañas tanto para elegir a representantes conectados con los intereses ciudadanos como para enfrentar a las “mafias políticas que con dinero quieren engañar a la gente y a la nación”.

“Ojalá el sueño de tener un congreso de mayorías limpias y el poder constituyente renazca en el corazón colombiano”, expresó el presidente, quien reiteró que el proceso de inscripción del comité es fundamental para definir el rumbo institucional en Colombia antes de que culmine el ciclo actual de gobierno.

El debate sobre la propuesta de una asamblea constituyente en Colombia tuvo un nuevo episodio, cuando Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, compartió en redes sociales una publicación de Iván Cepeda Castro en 2024 en la que el candidato oficial del Pacto Histórico expresaba su respaldo a este mecanismo.

“El poder constituyente es para llevar a canon constitucional los temas de Acuerdo Nacional”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

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Forero aprovechó la ocasión para cuestionar las intenciones del senador y del presidente Gustavo Petro respecto al futuro del país: “Tal parece que el arquitecto de la fracasada ‘paz total’ también quiere embarcar al país en una aventura constituyente de corte chavista”.

El congresista hizo énfasis en el papel protagónico de Cepeda en los procesos legislativos recientes y en su cercanía con la agenda del actual jefe de Estado. Forero remarcó que, aunque Cepeda “es menos propenso a la agenda privada”, representa “una versión radicalizada de Petro”.

La discusión sobre la asamblea constituyente ha cobrado fuerza en la administración actual, impulsada por manifestaciones y declaraciones del presidente Petro, quien ha señalado la importancia de implementar cambios de fondo en la institucionalidad colombiana.

Las reacciones en X tras el mensaje de Andrés Forero sobre Iván Cepeda reflejaron opiniones divididas entre los usuarios. Uno escribió: Y todavía algunos se atreven a decir que: El Castro chavismo no existe. Que el Petrosantismo no existe. Y que la extrema izquierda no quiere que Colombia sea como Venezuela”.

Otro sostuvo: “La constituyente es el primer paso, la cuota inicial”. También surgieron críticas, señalado por un usuario como “el mayor manipulador e instrumentalizador de la justicia mamerta”.

Centro Democrático lanzó lista al Senado, expresidente Uribe destacó a Forero como líder frente a las reformas de Petro

El pasado 5 de diciembre de 2025, el Centro Democrático presentó oficialmente su lista cerrada para la contienda por el Senado, con la meta de obtener 25 curules y con la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez en una posición prominente.

Al frente de la postulación se encuentra Andrés Forero, quien actualmente ocupa una curul en la Cámara de Representantes y se ha consolidado como una de las voces más activas al criticar las reformas estructurales que impulsa el gobierno nacional en asuntos laborales y sanitarios.

La nominación de Forero resultó resaltada por Uribe en mensajes recientes a través de la plataforma X, donde elogió al candidato como un “gran defensor de la salud para los que no pueden comprar póliza privada”.

El actual representante difundió un video personal en su cuenta en X, mencionando: “Quiero contarles un poco de mí. Soy bogotano, tengo 40 años y soy el tercero de cinco hijos de una familia empresaria. Soy casado hace seis años con Verónica, mi esposa, quien ha sido mi refugio y mi sostén en estos años de servicio público. Juntos tenemos a dos hijos maravillosos, Helena y Tomás, que han sido mi inspiración y mi motor para trabajar por Colombia”.

En la misma publicación, Forero narró la experiencia que lo llevó a radicarse en Chile junto a su familia en la década de 1990 debido a la violencia, país donde concluyó sus estudios universitarios y se formó como economista.

En el video, recordó: “Fui candidato a la Cámara de Representantes el año 2014 en la lista cerrada en el renglón octavo, y aunque en ese momento no quedé, eso me dio la posibilidad después de llegar al Concejo de Bogotá”.

Posteriormente sumó seis años como concejal antes de acceder finalmente a la Cámara, donde trabajó junto a Miguel Uribe Turbay.

Forero subrayó que estos tres años en el Congreso los ha ejercido desde la Comisión Séptima Constitucional, participando activamente en los debates sobre reformas en pensiones, salud y trabajo, y como uno de los principales opositores a los cambios promovidos por el ministro Jaramillo.

“Espero desde el Senado contribuir a la reconstrucción del sistema de salud y ayudar a los pacientes de Colombia”, concluyó.

En días pasados planteamos la necesidad de “Un Abecedario para restablecer la democracia”, convencidos de que a pesar de sus incontables beneficios se le “zarandea” de un lado a otro no pasando, por lo menos, en algunos cuantos países por su mejor momento. Entiéndase lo analizado como “Consideraciones preliminares” y que a partir de ahora se analizarán en este y posteriores ensayos el contenido de las letras del Abecedario. Empezamos, por consiguiente, con el:

Letra “A”

Capítulo I

Una Asamblea Nacional Constituyente

A la cual calificamos en las “Consideraciones preliminares” como “aquella integrada por diputados elegidos por el pueblo en votación universal y secreta, a fin de que en ejercicio de la potestad que al último, como es bien sabido, le es soberana y a través de una constitución se estatuya, organice, discipline al Estado y se reafirmen los fines que le son propios y que realmente se hagan realidad. Al texto constitucional, en atención a su jerarquía, como ley superior de un país, se le denomina, asimismo, “Carta Magna, Ley Suprema y Ley de Leyes. Acotamos, también, con relación a Venezuela, que no ha escapado de la tendencia propia de los países de América Latina, a los cuales “erga omnes” les ha costado crearse, componerse y estabilizarse con la eficiencia debida con arreglo a lo estatuido por la asamblea constitucional, a la cual, incluyendo sus consecuenciales derivados, más bien se le ha asumido como una pelota de futbol que va y viene de arco en arco, pero sin entrar en ninguno de los dos. Ha de atribuirse, por tanto, significado, como se les ha ocurrido a estudiosos del tema, a la frase “la necesidad constituyente”, ilustrativa en lo concerniente a que si no nos enseriamos, alrededor de la burla proseguiremos con la diversión. Nosotros, conscientes del “caos constitucional”, hablaríamos más bien de “una determinante urgencia de la necesidad”. Pues, ha de realzarse la urgencia, por demás imperativa, del tratamiento que la crisis demanda.

Nos inclinaríamos, igualmente, en aras de una mayor precisión, por afirmar que “el propósito” de una Asamblea Constituyente “es la de edificar a una república”, lo cual no deja de complementar la apreciación con respecto al “balón de futbol”, pues, para la Academia de la Lengua Española “el sustantivo “propósito”, está referido al “ánimo o intención de hacer algo”, pero, asimismo, “el no hacerlo”, hipótesis no ausente en nuestra historia, ya que a lo largo de ella nos cuesta y bastante constatar una profusa diversidad de intentos por edificarnos como “república”, lo cual pareciera conducir a que no han sido “asambleas constitucionales serias”, más bien, tentativas alimentadas por el “ánimo o intención de no hacer algo”. Esto es, la segunda interpretación que al sustantivo “propósito” atribuye la Real Academia.

Algunas lecturas, por demás interesantes, entre ellas, la del Doctor en Ciencia Política de México, Sergio Ortiz Leroux (República y republicanismo, enero-abril 2007), sustentan que la creación de una república se ha confrontado con dos tipos de “republicanismo”, el “democrático-radical”, conforme al cual no se teme a la democracia y se sustenta que la idea del bien común es coincidente con la ecuación “el gobierno del, para y por el pueblo”. Se le identifica, asimismo, como “el de los pobres”. La segunda aproximación, el gobierno de los ricos, se alimenta en la oligarquía, en la autocracia y en “un único líder o grupo de individuos”, por lo que es escasa “la tolerancia al pluralismo político”. En lo conexo a la república se escribe que más bien ha de asociársele con la defensa de la libertad, a fin de “decidir quiénes y cómo queremos ser”, excluyendo, por tanto, la dominación, esto es, a ser gobernado por otro. No serlo conduce a autogobernarnos.

Esta segunda tipología de “republicanismo”, para Ortiz Leroux, es la de “una sociedad de propietarios”, y por tanto, de quienes dependen aquellos que no lo son, hipótesis a la que se cuestiona “que quien vive a merced de otro no es libre sino esclavo”, por lo que la ciudadanía a edificar, además de proporcionarnos derechos vinculados a la libertad, nos reclame obligaciones. En el republicanismo liberal-democrático, el bien común está asociado con el gobierno de las leyes y con la noción moderna de representación. La participación del pueblo es, por supuesto, importante, pero limitada a la elección de los gobernantes. No participa directamente en el gobierno, apreciación que conduce a preguntarse si pueden existir “repúblicas no democráticas”.

En esta modalidad republicana se reafirma la autonomía del individuo frente al Estado y el predominio de sus derechos individuales, particularmente, la propiedad, lo cual se evidencia al indagar con respecto a sus deberes para con la comunidad, limitados, en principio, al interés de sus propios derechos mediante el sufragio. La participación de los individuos en la esfera pública se reduce, consecuencialmente, a la mera expresión de los intereses privados mediante el voto, terciando las preferencias de los electores en puestos de representación. En la asamblea obviamente los derechos de los pudientes tendrán preferencia.

Las consideraciones anteriores corroboran que “edificar a “una república” es cosa seria”, por lo que, también, ha de serlo “una Asamblea Constituyente”. Y no menos determinante la representación popular que la componga. Consecuencialmente, ha de concluirse en que “no todos los países son repúblicas o que, por lo menos, las hay distintas y hasta opuestas”.

Ante el escenario tengamos en cuenta “la problemática en la cual se ha desenvuelto “la asamblea constituyente” en Venezuela”, cuyo análisis, al analizarse la numerosa diversidad de tentativas provoca determinar si han sido sinceras o “disfrazadas”. En efecto, desde nuestra independencia en 1811 hemos tenido formalmente 25 constituciones, si incluimos nuestra Acta de Independencia de 5 de julio de 1811 y la Constitución de la Gran Colombia de 1821. Se acota al respecto que el Acta de Independencia no se clasificaría como una Constitución, sin embargo, para estudiosos del tema sí lo es, pues es la que nos constituye como pueblo, manifestada aun antes de la independencia (Grupo de estudio integrado por el profesor de derecho constitucional, Gustavo Planchart Manrique, su coordinador y Manuel Caballero, Marianela Ponce, Manuel Pérez Viva Vila, Nikita Harwich Vallenilla, Fundación Empresas Polar).

En aras de la apreciación, leemos que la referida Acta de Independencia lleva incita dos providencias, derivadas del ejercicio de la soberanía: 1. Poner término al régimen colonial español y 2. La determinación de principios conforme a los cuales nos apartaríamos del estatus de colonia, para instituirnos en “república”. Circunstancias que en criterio de respetados analistas coadyuvan a calificar a la referida “acta” como derivada de “una asamblea constituyente”. La primera, deberíamos pensarlo, de una cadena sucesiva que ilustran a nuestra historia, tantas, que resulta por demás difícil encontrar una respuesta idónea al ¿Por qué? Un largo debate con el cual coexistimos desde 1811 hasta nuestros días.

Es recomendable, pues, admitir que los venezolanos hemos propendido, como en un número importante de países, a “una institucionalidad republicana”. Y, asimismo, aceptamos que la metodología ha sido “una asamblea constituyente” y en todos los supuestos, a pesar de que así, formalmente, no se le haya calificado. Esto es, que aplicando el criterio material (libertad, igualdad, dignidad y justicia) no otra conclusión pareciera posible.

En el compendio “Constituciones de Venezuela”, digno de elogiar, se hace una adecuada selección de los textos constitucionales a lo largo del acontecer venezolano, en procuración de “una república” seria, estable y eficiente. Estamos seguros de que el excelso profesor venezolano Allan Brewer Carías, coordinador del trabajo, así como los integrantes del equipo que le acompañó, han debido preguntarse ¿Por qué tantas constituciones? Lamentablemente no deja de ser difícil contestar, no obstante, estar a las puertas del año 2026 del presente siglo. Pero, asimismo, con respecto a las razones para haberse tirado por la ventana, hecha añicos, la Constitución de 1961, cuya estabilidad se prolongó durante 4 décadas y con ella la democracia más estable y próspera con la cual hemos contado. Sustituyó, como leemos, a la del 11 de abril de 1953 y refleja las tendencias todavía actuales de la democracia occidental al tomar en cuenta:

1. Las necesidades contemporáneas han orientado hacia un socialismo intervencionista, en búsqueda de un equilibrio estable y fructífero con el antiguo fondo liberal,

2. El espíritu de la nueva Carta traduce un liberalismo totalmente ausente de la Constitución anterior, que concretaba la cabal expresión de una dictadura,

3. Ha de advertirse que fue aprobada por un “congreso” electo popularmente, a raíz del fin del régimen antidemocrático.

No cuesta, por consiguiente, mucho esfuerzo para que concluyamos que atendiendo a un criterio material, la Constitución democrática de 1961 fue resultado del ejercicio de la función constituyente. Esto es, “el Congreso ejerció la función constituyente”. Cómo que hubiese sido una “asamblea”.

Es por demás conocido que esa constitución fue derogada por “una asamblea constituyente”, la cual establecería una sociedad democrática, participativa y protagónica, un Estado de justicia, la consolidación de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, el aseguramiento del derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad… La República, pasó a llamarse “Bolivariana” y… fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional… Venezuela, nominalmente, se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores … la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político… El gobierno… es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables…. la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.

Venezuela, cuesta dudarlo, está hoy a las puertas de una nueva “Asamblea Constituyente” y para el mismo fin, o sea, la elaboración y promulgación de una, también, nueva, Constitución, la número 26. Pensábamos, incluyendo a unos cuantos asambleístas de la de 1999, que la de 1961 sería la última, pues las cartas magnas requieren del tiempo necesario para consolidarse, acudiéndose a las enmiendas y a las reformas con la finalidad de adecuarlas a situaciones reales que vayan surgiendo. No un “plumazo” fue suficiente, hábito en Caracas, donde el escribano lo ha hecho nada más y menos que en 25 ocasiones. Y que lo más grave es preguntarnos ¿por qué y para qué?

Las respuestas, lamentablemente, más que difíciles, por no pensar que parecieran no existir. Las causas para ser como somos, si es que allí pudiera encontrarse algún motivo de “nuestra incontinencia institucional”, algunos estudiosos la han identificado en las limitaciones que nos impusiera la colonización española, argumentación refutada duramente en el libro “Nada por lo que pedir perdón”, de la autoría de Marcelo Gullo Omodeo, en cuyo prólogo escrito por Carmen Iglesias, Directora de la Real Academia de la Historia, manifiesta que el autor está en lo cierto cuando afirma que “los españoles llevaron a América su cultura, su religión, su lengua, su organización social, los valores de la civilización occidental, todo lo que eran y tenían”. Portaron consigo un cuerpo legislativo, las leyes de Indias y otras Disposiciones sucesivas, que permitían recurrir ante los tribunales de justicia a los súbditos del Rey, bajo la potente protección de la Monarquía Hispana, también, denominada Española. En la lectura de Don Marcelo pareciera inferirse que somos nosotros quienes deberíamos hacer genuflexiones a los españoles y no lo opuesto.

Las complejidades derivadas de la lucha entre unos y otros, etiquetadas desde antaño en la Asamblea Nacional de Francia, como “la derecha y la izquierda”, parecieran que hubiesen sido estatuidas más bien por un Ser Superior y para la eternidad. Pues, se les sigue usando y en lo que respecta a Caracas en más de una ocasión. En rigor, no han dejado de enredarnos y no dejaría de ser objetivo expresar que no nos han afectado. Aunque parezca mentira se le prosigue usando y que transcurridas ya tantas centurias, en las definiciones de los poderosos y afincados fuertemente en principios religiosos y profesionalmente mejor preparados y en el denominado proletariado, al cual integra “el trabajador que no posee medios de producción y que obtiene su salario de la venta del propio trabajo”, para unos cuantos, “el verdadero pueblo”, titular de la soberanía y de la constitucionalidad.

El próximo ensayo estaría referido, conforme a las pautas del abecedario, a “la Constitución, Ley Suprema y Ley de Leyes”. Genuina manifestación de la “Asamblea Constituyente”. Capítulo II del ensayo.

@LuisBGuerra

El despliegue final de los paquetes electorales en Ecuador marca la antesala de un referéndum que podría transformar el panorama político y constitucional del país. El Consejo Nacional Electoral (CNE), en coordinación con las Fuerzas Armadas, ha intensificado la distribución de los materiales necesarios para la consulta popular que se celebrará este domingo, en la que más de 13,9 millones de ciudadanos decidirán sobre temas de gran trascendencia nacional.

El operativo logístico comenzó el 5 de noviembre con el envío de los paquetes desde Quito hacia las delegaciones electorales de 23 de las 24 provincias. En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, la entrega se realizó entre el viernes y el sábado. Jorge Tapia, técnico electoral del CNE en Pichincha, explicó a EFE que en esa provincia se preparan 467 recintos electorales, donde el personal instala señalética y acondiciona los espacios para que todo esté listo a partir de las 7:00 del domingo. Tapia reconoció que el proceso enfrentó obstáculos como inundaciones y deslaves, pero destacó que la colaboración de bomberos y agentes de tránsito permitió superar estos incidentes.

El resguardo de la jornada electoral ha sido una prioridad para las autoridades. El coronel Wilman Albán, de las Fuerzas Armadas, aseguró que la institución ha “desplegado todas sus capacidades para garantizar que el proceso de entrega de los kits se realice con total normalidad”.

Además, anticipó que el domingo se movilizarán 61.500 militares y 57.460 agentes policiales, apoyados por tres aeronaves y 41 drones, para asegurar el desarrollo pacífico de la votación. En el resto del país, la distribución de los paquetes electorales en los recintos estaba programada para concluir alrededor de las 18:00 de este sábado.

Referéndum Ecuador: preguntas clave y contexto

El referéndum, convocado por el presidente Daniel Noboa, plantea a la ciudadanía cuatro preguntas, dos de ellas con especial peso: la instauración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y la autorización para que bases militares extranjeras, principalmente de Estados Unidos, puedan operar nuevamente en territorio ecuatoriano. Las otras dos cuestiones sometidas a consulta son la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.

La propuesta de una nueva Constitución surge en un contexto de crisis de seguridad sin precedentes. Ecuador encabeza el índice de homicidios en Latinoamérica, con una proyección de 9.000 asesinatos para 2025, lo que equivale a unos cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes. El presidente Noboa, reelegido en abril hasta 2029, considera que la actual carta magna, promulgada en 2008 bajo el mandato de Rafael Correa, limita la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y atraer inversiones. La convocatoria al referéndum se produjo después de que la Corte Constitucional anulara varias leyes impulsadas por el Ejecutivo, al considerarlas inconstitucionales.

En caso de que el ‘Sí’ obtenga la mayoría, el proceso no concluirá con la votación de este domingo. Los ecuatorianos deberán acudir nuevamente a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente y, posteriormente, para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Respecto a la posible presencia de bases militares extranjeras, la eliminación de la prohibición constitucional permitiría a Estados Unidos restablecer instalaciones en la costa ecuatoriana, tanto para fines militares como de seguridad, en línea con las conversaciones bilaterales en curso.

Clima político y social previo a la votación

El ambiente político y social en el que se desarrolla la consulta está marcado por la polarización y la protesta. Tanto el correísmo como el movimiento indígena han llamado a votar por el ‘No’, en rechazo a las propuestas del gobierno. Las recientes manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, que se extendieron durante un mes y culminaron con dos fallecidos en enfrentamientos con militares, reflejan el nivel de tensión social. Además, la campaña electoral ha coincidido con el traslado de líderes criminales a una nueva prisión, en un intento del Ejecutivo por replicar el modelo de seguridad implementado en El Salvador.

De cara a la jornada electoral, EFE subraya que no existen pronósticos claros sobre el resultado ni sobre el impacto que puedan tener las recientes protestas en la decisión de los votantes, lo que añade un elemento de incertidumbre al desenlace de este proceso.

Ecuador inició el lunes la semana decisiva antes del referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa, que se votará el próximo domingo para decidir, entre otros asuntos, si se instala una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución y si se permite nuevamente la presencia de bases militares extranjeras en el país.

Además de la Constituyente y de la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional, los ecuatorianos votarán si están de acuerdo con reducir el número de asambleístas y suprimir la financiación estatal de los partidos políticos.

Casi 14 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas en las 24 provincias del país. A ellos se suman 481.373 nacionales residentes en el exterior, que también podrán ejercer su derecho, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral realizó un simulacro de votación el pasado domingo para “enviar un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular”, declaró su presidenta, Diana Atamaint.

Campañas a favor y en contra

El presidente Daniel Noboa, principal impulsor del referéndum, recibió licencia de la Asamblea Nacional para ausentarse de sus funciones y hacer campaña por el “Sí” hasta el jueves 13 de noviembre, día en que finaliza la campaña. Los días posteriores, hasta el domingo, regirá el silencio electoral.

Por su parte, el correísmo, principal fuerza de la oposición, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) centraron sus esfuerzos en promover el “No”.

Otras organizaciones, como el Centro Democrático y Sociedad Patriótica, también se oponen a la consulta. Las campañas se desarrollan tanto en redes sociales como en recorridos territoriales, donde se colocaron carteles.

Cambiar la Constitución

La principal motivación de Noboa para instalar una Asamblea Constituyente es dejar atrás la Constitución vigente, aprobada en 2008 con el impulso del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).

El lunes, el mandatario declaró que espera que se redacte “una Constitución donde el bien esté por encima del mal”, en alusión al incremento del crimen organizado que, junto con otros factores, desató la actual crisis de violencia e inseguridad.

El referéndum se celebra en medio de una crisis de seguridad y violencia sin precedentes, considerada la más grave de la historia reciente del país y una de las principales inquietudes del actual Gobierno de Daniel Noboa (2025-2029), quien gobierna desde 2023.

EEUU, pendiente del resultado

Estados Unidos seguirá muy de cerca el resultado de la votación sobre la propuesta de volver a acoger bases militares extranjeras, ante el interés de la administración de su presidente, Donald Trump, de volver a disponer de un punto de operaciones en el Pacífico Este Tropical.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ya operaron una base en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y entre 1999 y 2009 en la costera ciudad de Manta, hasta que la prohibición impuesta en la Constitución de Correa les obligó a salir.

Las recientes visitas del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reabrieron la posibilidad de volver a tener tropas y equipos militares en territorio ecuatoriano si el país aprueba el “Sí”.

(Con información de EFE)

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se pronunció luego de conocerse los resultados de la consulta presidencial del Pacto Histórico, en la que, a pesar de haberse retirado de la contienda días antes de la jornada electoral, obtuvo 138.982 votos, equivalentes al 6,09% del total de sufragios, según el boletín 44 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A través de su cuenta en la red social X, Quintero agradeció el respaldo recibido y expresó que interpreta ese resultado como un mensaje para continuar su labor política. En su publicación, señaló:

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“Gracias a las más de 150 mil personas que votaron por mí a pesar de mi retiro. Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante. Mi propósito es resetear la política desde sus entrañas, cerrar el Congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarías, las fotomultas y romper las roscas que impiden el desarrollo del país.”

Con esta declaración, Quintero reiteró su planteamiento de realizar una transformación profunda de las instituciones del Estado, en la que una nueva Constitución sería el punto de partida para modificar el funcionamiento del Congreso, las estructuras de poder político y los mecanismos de control que, a su juicio, limitan el desarrollo nacional.

La propuesta de “resetear la política”

La expresión “resetear la política” ha sido una de las principales consignas del exalcalde desde que dejó la administración de Medellín. Con ella, ha hecho referencia a la necesidad de revisar las bases del sistema político colombiano, al que ha calificado en distintas ocasiones como ineficiente y permeado por la corrupción.

Su llamado a una Asamblea Constituyente busca, según ha explicado, rediseñar el modelo de representación, revisar el papel del Congreso y eliminar entidades o prácticas que considera innecesarias o que concentran privilegios. Dentro de estas menciona las notarías, las cámaras de comercio y las fotomultas, que, según su visión, deben ser reemplazadas por mecanismos más transparentes y orientados al servicio ciudadano.

El exmandatario sostiene que el país atraviesa una crisis de legitimidad institucional que requiere una respuesta de fondo. En ese sentido, su propuesta se enfoca en cambiar las reglas estructurales del poder político mediante un proceso constituyente que promueva nuevas formas de participación ciudadana y un control más directo sobre los funcionarios públicos.

El respaldo recibido pese al retiro

Aunque su candidatura fue retirada días antes de las votaciones, los más de 138.000 votos obtenidos por Quintero fueron interpretados por él como una señal de respaldo ciudadano a su visión de cambio institucional. De acuerdo con el boletín 44 de la Registraduría Nacional, el ganador de la consulta fue Iván Cepeda, con el 65,16% de los votos, seguido de Carolina Corcho, con el 28,73%.

Quintero, sin embargo, había anunciado su retiro argumentando que no existían garantías dentro del proceso y que algunos sectores del Pacto Histórico buscaban excluirlo de la contienda. Aun así, su nombre permaneció en el tarjetón por motivos de tiempo y procedimiento.

Los resultados reflejaron que un número considerable de votantes mantuvo su apoyo, lo que el exalcalde destacó como una señal para continuar impulsando su proyecto político.

Contexto de su planteamiento

La propuesta de una Constituyente presentada por Daniel Quintero se inscribe en su visión de reformar las instituciones del país a partir de un nuevo marco constitucional. Según sus declaraciones, este proceso permitiría cerrar el Congreso actual y establecer un nuevo esquema de representación basado en principios de transparencia y eficiencia.

El exalcalde ha insistido en que esta reforma debe abordar la eliminación de los mecanismos que considera fuente de corrupción o de inequidad en la gestión pública. Entre ellos, ha mencionado la necesidad de revisar el papel de las notarías y las cámaras de comercio, instituciones que, en su criterio, mantienen estructuras cerradas de poder y concentración económica.

Asimismo, Quintero ha señalado que el actual sistema político impide que las decisiones públicas respondan a los intereses de la mayoría, por lo que plantea la necesidad de una refundación institucional mediante una nueva Constitución que redefina la forma de ejercer el poder en Colombia.

La inclusión del presidente Gustavo Petro y parte de su familia en la lista de sanciones de Estados Unidos es apenas un coletazo de los que ha significado la crisis, quizá más grave, entre Colombia y Estados Unidos en las últimas décadas.

El anuncio, realizado el 24 de octubre de 2025, se produjo en medio de una crisis diplomática con Washington, bajo el liderazgo de Donald Trump, y desencadenó una serie de eventos que sacudieron el panorama político y social colombiano, por ejemplo, la renuncia del ministro de Justicia Eduardo Montealegre ese mismo día, lo que añadió una nueva dimensión a la convulsión institucional que atraviesa el país.

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El 19 de octubre, Donald Trump denunció públicamente a Gustavo Petro señalando que es “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. La declaración incluyó el anuncio de la suspensión de ayudas económicas y subsidios estadounidenses a Colombia, una decisión que dio un giro radical en la política exterior de la administración republicana con respecto al país sudamericano

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, comentó Trump.

Ese mismo día, el mandatario colombiano respondió a las acusaciones del líder estadounidense, asegurando que vivía “engañado” por supuestas malas asesorías e informes de droga erróneos.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, comentó Petro.

El lunes 20 de octubre, el mandatario colombiano fue más allá y aseguró que, además de los recursos que dejaría de percibir el país, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también estaba fuertemente afectado.

"El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU (sic)“, señaló el mandatario.

A la crisis internacional, también se sumó un episodio de relevancia nacional, cuando el martes 21 de octubre la justicia colombiana absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, de los cargos de fraude procesal y soborno.

Este fallo permitió a Uribe regresar a la arena política y respaldar abiertamente a los precandidatos de su partido, lo que reconfiguró el escenario electoral de cara a las elecciones de 2026.

Mientras tanto, Gustavo Petro, en actos públicos en varias ciudades, impulsó la movilización de sus bases y defendió la necesidad de una asamblea constituyente para reformar el sistema judicial, una propuesta que generó tensiones dentro de su gabinete y culminó con la salida de Montealegre.

Sin embargo, todo se volvió a oscurecer el viernes 24 de octubre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton, bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Esta decisión se produjo tras semanas de acusaciones de Donald Trump sobre el aumento de la producción de cocaína en Colombia, que superó las 3.000 toneladas anuales, impulsadas por cerca de 300.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Un día antes, el 23 de octubre, el presidente Donald Trump ya había vaticinado la decisión al referirse a Petro como un “matón” y señalarlo de generar una fuerte crisis de seguridad en Colombia.

“Ahora tienen un líder terrible, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes y la venden de vuelta aquí”, señaló Trump.

“Él lastima su país de forma muy grave, lo están haciendo muy mal en Colombia, hacen cocaína, tienen fábricas de cocaína. Cultivan un montón de coca que se convierte en drogas que entran a los Estados Unidos a través de la frontera con México”, añadió el nortemericano.

Escalada de tensiones y consecuencias

La escalada de tensiones entre Petro y Trump se manifestó en declaraciones cruzadas y en la intensificación de la política antidrogas estadounidense. Trump ordenó el despliegue de fuerzas militares en aguas del Caribe y el Pacífico, con operaciones que incluyeron bombardeos a embarcaciones presuntamente cargadas de cocaína, acciones que dejaron más de 30 muertos.

Mientras la Casa Blanca justificó estas operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano, organizaciones internacionales y entidades como Human Rights Watch las calificaron de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional. Petro, en actos públicos, advirtió sobre los riesgos que estas acciones representan para la soberanía nacional y la estabilidad regional.

En paralelo, Petro llamó a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, y encomendó a la canciller Rosa Villavicencio la redefinición de las alianzas internacionales. Según fuentes del Ejecutivo citadas por El Espectador, se evalúa la posibilidad de retirar a los militares estadounidenses de las bases en territorio colombiano, aunque esta opción aún no se ha concretado.

En el plano interno, la crisis diplomática exacerbó la polarización política y social. Petro intensificó su confrontación con la Corte Constitucional, el Congreso y otras instituciones, a las que acusó de obstaculizar las reformas estructurales propuestas por su gobierno.

Durante una movilización en la Plaza de Bolívar, el presidente expresó: “Espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte”, en referencia a la resistencia de sectores conservadores y a la necesidad de avanzar en cambios profundos.

Impacto regional y redefinición de alianzas

El impacto de la crisis se extendió al ámbito regional. La relación de Colombia con Venezuela, gobernada por el autoproclamado presidente Nicolás Maduro, y con Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, se vio afectada por la política de sanciones de Estados Unidos y por la presencia de grupos armados en la frontera colombo-venezolana.

Mientras la Casa Blanca mantiene una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información sobre Maduro, a quien acusa de liderar una organización criminal, Petro ha negado la existencia de dicho cartel y ha buscado fortalecer la cooperación con Caracas para combatir la ilegalidad en una frontera de más de 2.200 kilómetros.

Según información conocida por El Espectador, la crisis ha sido objeto de análisis en varias reuniones de alto nivel en la Casa de Nariño, donde se evalúan los posibles escenarios para la reelección de la izquierda en 2026 y la necesidad de redefinir la política exterior colombiana.

Mientras tanto, Petro anunció que no volverá a referirse públicamente a Trump, y desde Washington se descartó la posibilidad de un diálogo directo entre ambos mandatarios. La administración colombiana apuesta ahora por diversificar sus alianzas internacionales y enfrentar desde las calles la creciente oposición interna, en un ambiente de aislamiento regional que ni siquiera los gobiernos de izquierda de Brasil, México o Chile han experimentado con tal intensidad.

La reciente inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton (Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas - Lista SDN) generó todo tipo de reacciones en el país político colombiano.

Entre los políticos que se pronunciaron al respecto está el exmandatario Iván Duque Márquez, antecesor de Petro. En conversación con la revista Semana, aseguró que se ha evidenciado un importante deterioro en las relaciones diplomáticas que mantiene Colombia con Estados Unidos y que esa problemática y las posteriores acciones tomadas por el Gobierno de Donald Trump no surgieron de manera repentina.

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Duque calificó la situación como una “crónica de un desastre anunciado”, y atribuyó la actual tensión bilateral a una serie de factores, entre ellos la “agresividad” e “irresponsabilidad verbal” de Petro.

Sin embargo, insistió en que se espera que Estados Unidos pretenda castigar de manera colectiva a Colombia. Afirmó que sus represalias deben centrarse en ciertos individuos.

Otro de los puntos que, a su juicio, han afectado los vínculos con el Gobierno Trump, es el respaldo al dictador Nicolás Maduro por parte del presidente y las “fallas estructurales en la lucha antidrogas”, que derivaron, además, en la desertificación de Colombia en la materia.

Además, criticó la postura del primer mandatario sobre el conflicto en Medio Oriente (entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas), explicando que Petro ha intentado “enarbolar la causa palestina con intereses de generar odio”. Esto, sin haber rechazado los ataques perpetrados por la organización terrorista el 7 de octubre de 2023 contra la población israelí.

La posición del jefe de Estado al respecto también resulta problemática porque el presidente Petro ha señalado en múltiples ocasiones a Estados Unidos de ser un “régimen nazi promotor de genocidio”, según indicó Duque. Esto, debido a que el Gobierno Trump brindó apoyo armamentístico a la administración de Israel, cuyas tropas llevaron a cabo una ofensiva en la Franja de Gaza, donde murieron más de 65.000 personas, entre ellas civiles, según el Ministerio de Salud gazatí.

Por otro lado, el exmandatario criticó la gestión y propuestas de Petro, especialmente en lo referente a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, una iniciativa que, al inicio de su Gobierno, aseguró que no impulsaría.

Para Duque, la insistencia del presidente en promover una constituyente respondería a motivaciones personales y a una estrategia política que, según su visión, busca desviar la atención de los problemas actuales que aquejan a la población colombiana.

“Los delirios cósmicos de Petro tienen vida propia. Esta idea de la constituyente la decía cuando estaba (Joe) Biden, ahora la dice cuando está (Donald) Trump. No le dan los tiempos. Está nuevamente tratando de inflar un globo, a ver si de pronto coge fuelle y es, una vez más, para tratar de enredar el panorama”, señaló.

En su análisis, descartó la viabilidad de la propuesta, advirtiendo que el Congreso de la República “no le va a caminar a eso” y que las instituciones del país tampoco sumarán su respaldo a la idea.

En ese sentido, Iván Duque describió al mandatario como una persona con personalidad “megalómana, narcisista”, y aseguró que el presidente busca constantemente situarse en el centro del debate público.

Petro respondió a Estados Unidos tras ser incluido en la Lista Clinton

Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre su inclusión en el polémico listado, desvirtuando los señalamientos del Gobierno norteamericano en su contra. Según explicó, no ha tenido ninguna vinculación con el narcotráfico. Además, aseguró que no pretende hacer negocios en Estados Unidos, por lo que las sanciones derivadas de su bloqueo, al parecer, no le afectarían.

“Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas. Para mí ese tipo de expresiones no son más, sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami, con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar a un presidente, porque no lo van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo”, precisó.

El anunció por parte del ministro de Justicia, Armando Montealegre, sobre impulsar un proyecto de ley para llevar a cabo una asamblea constituyente no cayó bien en parte del sector político de Colombia, y múltiples reacciones no se hicieron esperar.

Una de las más contundentes es la de la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia, que por medio de un video afirmó que promoverá una moción de censura para que el jefe de cartera abandone su cargo.

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Al inicio del pronunciamiento afirmó que la actual administración pretende contradecir todo lo que está consignado en la ley valiéndose de su preferencia entre los llamados a participar, en la aprobación del proyecto.

“El Gobierno nacional pretende irrespetar la Constitución nacional inventándose una constituyente que no está en la Constitución, donde va a haber setenta y un delegados, de los cuales veintisiete los van a escoger ellos, porque vendrán de organizaciones sociales y con características que por decreto va a definir el presidente”.

Desde las instalaciones del Congreso, Valencia hizo un llamado para evitar que se impongan los ideales del presidente sobre las ramas judiciales: “Lo más grave, quieren destruir la Corte Constitucional para poder cerrar el Congreso. Desde ahora invitamos a todas las fuerzas activas de la nación a impedir el aspirante a tirano que se ha convertido Gustavo Petro”.

Para cerrar su pronunciamiento, no dudó en anunciar medidas contra los responsables de promover la iniciativa: “Y en el Congreso promoveremos una moción de censura para sacar al nefasto Montealegre”.

La parlamentaria replicó este anunció por medio de su cuenta de X, ratificando la decisión de llevar la situación a una moción de censura, teniendo en cuenta su consideración para atentar contra la constitución por parte de la actual administración:

“Citaré a moción de censura en el Senado a Eduardo Montealegre por sus constantes esfuerzos de acabar con la Constitución de 1991. No puede pretender cambiar las reglas de juego para manipular las elecciones de 2026 y perpetuar a Petro en el poder. Esto ya no es una discusión de partidos, sino la defensa de la institucionalidad que con tanto esfuerzo se logró acordar en 1991″, escribió Paloma.

Otras reacciones

La senadora Angélica Lozano, integrante de la Alianza Verde, señaló con fuerza que el Ejecutivo reconoce abiertamente su intención de modificar la Carta Magna:

“Tumbar a la caneca la Constitución del 91. El trámite de una Constitución es largo, es detallado y la motivación del Gobierno es campaña pura para buscar la reelección del presidente Petro en el 2030. No le importa lanzar al país a dos años y medio de incertidumbre, de agitación. No tiene ni pie ni cabeza el tipo de convocatoria que plantea, pero estar en campaña reconociendo por fin que quieren acabar toda la Constitución del 91”, denuncio por medio de las redes sociales.

El debate no se limita a la pugna parlamentaria, sino que trasciende a los mecanismos legales de control institucional. El precandidato presidencial David Luna anticipó que, ante una eventual aprobación legislativa del proyecto, recurrirán a la Corte Constitucional:

“Si el Congreso llega a aprobar este proyecto para convocar una Asamblea Constituyente, desde ya anuncio que acudiremos a la Corte Constitucional para demandarlo y defender la Carta del 91. No se trata de un debate político: se trata de proteger el pacto democrático que le dio derechos, libertades y estabilidad a los colombianos durante más de tres décadas”, declaró Luna.

Las posiciones reflejan una preocupación compartida por amplios sectores políticos, donde la propuesta de reforma constitucional es vista como un intento desde el Gobierno de impulsar su permanencia en el poder y reconfigurar las bases institucionales de la nación, abriendo una etapa de potencial inestabilidad política y amplia confrontación democrática.

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y planteó en cambio la necesidad de un juicio político en su contra.

Según afirmó, el proceso constituyente sería una maniobra para alterar el equilibrio democrático del país y consolidar un proyecto de poder personal.

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“La constituyente no es viable ni en tiempos ni en fondo jurídico, pero será la mejor excusa del jefe de la mafia para incendiar la patria”, expresó De la Espriella, quien advirtió que el llamado del Gobierno a un nuevo pacto constitucional busca “dinamitar las bases democráticas” desde la Presidencia.

Críticas directas a Petro y llamado a juicio político

De la Espriella sostuvo que la estrategia del presidente tiene como objetivo generar una crisis institucional. “Lo que ha venido haciendo no es solo una locura. Es un plan para dinamitar las bases democráticas y generar una situación insalvable desde la Presidencia”, señaló.

El precandidato manifestó que el país no debe caer en lo que calificó como una “trampa política” y llamó a la unión de los sectores que defienden la institucionalidad: “Constituyente, no. Juicio político, sí. Unámonos todos con el clamor del pueblo e impulsemos el juicio político al dictador en ciernes antes de que sea tarde”.

Sus declaraciones se producen luego de que el presidente Petro reviviera la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, luego de la absolución del expresidente Álvaro Uribe. El mandatario instó a la ciudadanía a “comenzar la recolección de firmas del poder constituyente”.

El Gobierno defiende la propuesta como un proceso de transformación institucional

La ministra de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que el proyecto de ley busca reformar la Constitución de 1991 para adaptar las instituciones del país a los retos del siglo XXI. En un video publicado recientemente, sostuvo que el objetivo es “derrotar el bloqueo institucional” y promover un sistema más participativo.

Según el documento divulgado por el Ministerio, la propuesta contempla que la Asamblea esté conformada por 71 delegatarios, elegidos bajo criterios de paridad y representación social, incluyendo delegaciones campesinas, indígenas y de población LGBTIQ+. De los 71 representantes, 44 corresponderían a la ciudadanía general y los restantes 27 a sectores específicos.

Petro aseguró que el texto definitivo será elaborado junto con las organizaciones sociales que integren el comité pro constituyente, encargado de recoger las firmas necesarias. “Cualquier ciudadano podrá hacer sus propuestas, y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”, señaló.

Reacciones políticas y viabilidad del proceso

La iniciativa ha generado un amplio debate entre líderes políticos y precandidatos presidenciales. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, afirmó que el plan “no tiene futuro”, mientras que Sergio Fajardo recordó que Petro prometió en campaña no convocar una constituyente.

Analistas constitucionales advierten que el proceso enfrentaría dificultades jurídicas y de tiempo. De acuerdo con la Constitución de 1991, una Asamblea Constituyente requiere primero la aprobación del Congreso, luego la revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, la ratificación mediante una votación popular en la que al menos una tercera parte del censo electoral vote afirmativamente.

En términos numéricos, serían necesarios cerca de 13 millones de votos a favor, una cifra superior a la obtenida por Petro en la segunda vuelta presidencial. Además, su mandato finalizará en menos de un año, lo que complica los plazos para completar los trámites legislativos y judiciales.

Antecedentes y perspectivas

Aunque el debate actual se ha intensificado por la postura del Gobierno, la figura de la Asamblea Constituyente no es nueva en la política colombiana. En 2016, el expresidente Álvaro Uribe planteó una propuesta similar para revisar los acuerdos de paz con las FARC, y en 2020 el Centro Democrático volvió a discutir la idea tras decisiones judiciales contra su líder.

La iniciativa de Petro amplía los alcances de las discusiones anteriores, al considerar posibles reformas estructurales a todos los aspectos de la Constitución de 1991. Mientras tanto, sectores opositores como el encabezado por De la Espriella insisten en que el debate no debe centrarse en reescribir la Carta Magna, sino en preservar los mecanismos institucionales existentes.

El abogado concluyó que su campaña seguirá enfocada en la defensa del Estado de derecho y en promover un juicio político que, según dijo, “garantice el respeto por la democracia y la libertad”.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, denunció que se trata de una “vulgar copia” de la asamblea constituyente promovida por Nicolás Maduro en Venezuela durante 2017.

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En su declaración del jueves 23 de octubre, Cabal señaló: “El intento del Gobierno de volver a colocar la Constituyente en un proyecto de ley es un acto desesperado e improvisado. Fenalco rechaza la posibilidad de violar el orden constitucional e institucional. Atribuirse poderes sobre el Congreso de la República, igualmente sobre la rama judicial, ya es un paso hacia un régimen dictatorial”.

El dirigente advirtió que el proyecto constituye una amenaza para los pesos y contrapesos institucionales, modelo que ha sustentado la democracia colombiana desde la promulgación de la Constitución de 1991.

“Creemos que es una nueva cortina de humo frente a los graves problemas que vive el país internamente y, por supuesto, en su relación con Estados Unidos”, enfatizó el presidente de Fenalco.

Preocupación por el procedimiento y el deterioro económico

Cabal recordó que en Colombia no es posible convocar una constituyente sin la aprobación del Congreso. Insistió en que el sistema electoral colombiano, vigente desde el siglo XX, excluye el uso de fórmulas de consulta directa como “papeletas” y que solo la Registraduría puede definir calendarios electorales.

“Cualquier intento distinto constituye una violación flagrante de la Constitución y del principio de separación de poderes”, apuntó.

El directivo subrayó riesgos para el clima democrático e hizo un llamado explícito a toda la sociedad: “Todas las instituciones del país deben responder ante esta situación. También hacemos un llamado a los empresarios, a los colombianos, a que nos opongamos rotundamente a este nuevo intento de hacer un golpe de Estado en Colombia”, reiteró.

Fenalco expuso preocupación por el rumbo de la economía nacional. Según indicó la federación, la inversión extranjera muestra una tendencia descendente, el gasto público y la burocracia se incrementan, y el deterioro económico impacta en diferentes sectores.

Cabal agregó que la situación de seguridad se complica continuamente y la regla fiscal se encuentra bajo riesgo por la actuación del Ejecutivo.

Contexto y antecedentes de la controversia

La controversia sobre la asamblea constituyente no es nueva. El propio Jaime Alberto Cabal había manifestado público rechazo a la iniciativa desde junio de 2025. Entonces, Fenalco enfatizó que el debate constitucional ocultaba las dificultades económicas, sociales y de seguridad que enfrenta el país.

“Los más afectados: nuestros jóvenes, que empiezan a ver la migración como única salida. Un reciente estudio de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung reveló que seis de cada 10 jóvenes quieren emigrar, 52% por la crisis económica y 43% por falta de empleo. Esto es una tragedia generacional en marcha”, puntualizó Cabal.

La preocupación empresarial incluye el impacto directo en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, así como una percepción de inestabilidad ante la posibilidad de reformas institucionales impulsadas sin el debido cauce legal.

El líder de Fenalco se mostró convencido de que el “proyecto de Congreso de la República no lo va a pasar”, aunque advirtió que no es momento de bajar la guardia. Destacó la importancia de que el sector privado y la ciudadanía permanezcan atentos ante nuevos intentos de reforma que consideró ajenas al marco constitucional.

Por su parte, la discusión se traslada ahora a las instancias legislativas. Voces del sector empresarial y analistas políticos aguardan la reacción del Congreso ante el texto presentado y el desenlace de un debate que podría definir el rumbo institucional de Colombia en los próximos años.

En un evento que congregó a militantes y simpatizantes en el Centro de Eventos Montevideo, el legislador expuso sus principales propuestas, destacó su respaldo al presidente Gustavo Petro y planteó la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente como vía de transformación institucional.

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En el inicio de su discurso, Cepeda envió un mensaje claro de apoyo al jefe de Estado colombiano frente a sus recientes controversias internacionales.

“Presidente Gustavo Petro, aquí estamos con usted, presidente digno de los colombianos, que no se doblega y arrodilla ante ningún poder imperial. Presidente Petro, es un líder internacional de la dignidad de los pueblos que ha sabido elevar su voz contra el genocidio, contra la crisis climática y por la justicia internacional y las relaciones de respeto a los pueblos. Presidente, toda nuestra solidaridad frente a los ataques despiadados que vienen desde Estados Unidos”, afirmó ante los asistentes.

Propuesta de revolución política y social

Acto seguido, presentó el que definió como su “noveno mensaje programático”, en el que delineó el cierre de su primera etapa de propuestas bajo el título “Las tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida”. Cepeda indicó que su plataforma gira en torno a una “revolución política democrática” orientada a consolidar cambios en la ética, la economía, la sociedad y la participación democrática.

El precandidato precisó que un acuerdo nacional integraría reformas sociales, la búsqueda de la paz y la adopción de un modelo alternativo para abordar el problema del narcotráfico. A su juicio, estos objetivos requieren una hoja de ruta que trace “un cronograma en que lleguemos en un tiempo razonable al acuerdo buscado sin afanes pero sin dilaciones”.

Constituyente y mecanismos para el pacto nacional

Sobre los instrumentos para hacer efectivos estos compromisos, Cepeda sostuvo que “uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas”, estarían sobre la mesa para debatirse en el marco del pacto nacional. De este modo, reconoció la posibilidad de recurrir a la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para reformas estructurales, abriendo la discusión sobre la naturaleza y alcance de dicha instancia en el actual contexto político.

En su intervención, Cepeda invitó a los grupos armados a frenar las acciones violentas contra la población civil. “No más asesinatos de líderes y lideresas sociales, no más persecuciones a quienes firmaron la paz. Les invito a dejar atrás la vía armada y sumarse al camino del diálogo, de la transformación pacífica”, dijo, subrayando la necesidad de un diálogo integral para avanzar en temas de paz y reconciliación.

Dentro de su planteamiento sobre el cambio democrático, el senador especificó la importancia de fortalecer la movilización social y el papel activo de los sectores populares. Propuso que el acuerdo nacional derive “del diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales y, no simplemente, la reproducción de un nuevo pacto de élites”.

Poder constituyente y nuevo ciclo político

Retomando la noción de poder constituyente, Cepeda explicó que no se limita a un acto electoral, sino que se expresa “como una actitud y una práctica constante de la ciudadanía, es el poder de la gente no únicamente cada cuatro años, sino todos los días”. Para él, se trata de “entender la democracia como un proceso siempre vivo, inacabado y siempre en construcción”, donde la sociedad organizada debe transformar las instituciones con miras al bien común. “No esperar a que ‘los de arriba’ cambien las cosas, sino ejercer presión, iniciativa y control desde abajo”, enfatizó desde el escenario.

Cepeda aseguró que, de ser electo presidente, llamará a las organizaciones sociales y populares, así como a los diferentes sectores políticos y económicos, para instalar una Mesa del Diálogo Nacional. Según precisó, su pretensión es evitar “conversaciones retóricas” y avanzar hacia acuerdos sustantivos impulsados por la movilización ciudadana y el control social permanente.

En la recta final de su discurso, Cepeda concluyó: “Hoy estoy listo, con todas y todos ustedes para comenzar el segundo período que será el de las revoluciones políticas, sociales y éticas que nos llevarán a ser una potencia mundial de la vida”.

El presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a los ciudadanos para que se sumen a la recolección de firmas en la plaza de Bolívar, en Bogotá, como parte de lo que ha denominado un nuevo proceso constituyente. La convocatoria se produjo poco después de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La iniciativa del mandatario ya ha generado polémica en distintos sectores.

En efecto, el jefe de Estado, a través de la red social X, le puso fecha y hora a la movilización que justamente se divulgó luego de la contundente victoria del exmandatario en los tribunales; pues en primera instancia fue condenado a 12 años de prisión, pero el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que había tomado la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.

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“Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”, expresó Petro en su perfil, frente a lo que será un nuevo evento en plaza pública. Y en el que se prevé rechace de forma abierta el proceder de los organismos de justicia, como ya lo hizo en sus plataformas digitales, cuando había prometido que no se inmiscuiría en sus determinaciones.

El nuevo llamado de Gustavo Petro a sus bases para salir a las plazas: iniciativa causó polémica

Petro, que ha llevado a cabo una serie de movlizaciones por diferentes plazas del país, como Ibagué, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla, volverá al sitio en el que se expresó el 1 de mayo: para impulsar la recolección de firmas de la ciudadanía en pro de que se pueda adelantar este mecanismo de participación. Todo esto, pese a que el presidente había prometido que no adelantaría reformas a la Carta Magna.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, había afirmado el primer mandatario en un mensaje inicial, con el que se pronunció en contra del fallo proferido por el órgano de justicia en mención.

Uno de los motivos expresados por Petro para llevar a cabo esta jornada es que desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, con el supuesto apoyo de Uribe, “buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”, además de acusar a los seguidores del exjefe de Estado de apoyar el paramilitarismo en el territorio nacional.

El caso de Uribe Vélez, que concentró la atención mediática, estaría siendo utilizado por el mandatario para avivar su deseo de llevar a los colombianos a este proceso, aunque ha remarcado que el mismo no se llevaría a cabo en su Gobierno. Frente a esto, una de sus críticas ha sido la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, que en su cuenta de X cuestionó lo que sería una especie de “doble rasero”.

“Presidente, si el tribunal ratifica la condena, hay justicia, si revoca ¿Constituyente? La constitución del 91 no es su bola de trapo para politiquear presidente. Nada más peligroso para nuestro país que el retroceso general, social e institucional de echar para atrás la constitución", indicó la congresista, que rechazó la manera en que, en su concepto, el presidente estaría instrumentalizando el caso para hacer campaña política.

En contraste, la senadora María José Pizarro y el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, defendieron el llamado de Petro. “Siempre con el presidente Petro. Allí estaremos!”, comentó Pizarro, hija del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, que declinó su aspiración en la consulta de la coalición de Gobierno, para respaldar la aspiración del congresista Iván Cepeda.

La decisión judicial que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez en segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal generó una serie de repercusiones políticas en Colombia.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena previa de 12 años de prisión dictada por la jueza 44 penal, Sandra Liliana Heredia, y reconfiguró la agenda pública del país.

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Tras conocerse el resultado en los tribunales, el presidente Gustavo Petro convocó, desde su red social X, una movilización en la plaza de Bolívar para el viernes 24 de octubre de 2025, a las 04:00 p. m., impulsando lo que denominó un nuevo proceso constituyente.

El jefe de Estado marcó este acto como un paso dirigido a promover la paz, la soberanía y elementos asociados a la democracia. La convocatoria se divulgó poco después de que se confirmara la absolución del expresidente Uribe.

Tras lo anterior, la representante del Cambio Radical por Arauca, Lina María Garrido, expresó en la red social X que organizar una marcha por tales valores resultaba contradictorio viniendo del jefe de Estado.

“Que en este momento @petrogustavo convoque una marcha por la ‘paz, soberanía y democracia’, es tan cínico como ver a Pablo Escobar convocando una marcha para luchar contra el narcotráfico”, señaló Garrido.

La dirigente añadió que, a su juicio, el presidente utiliza esos conceptos, aunque considera que “en su delirio Hitleriano usa las palabras ‘Paz, Soberanía y Democracia’ intentando convencer a un pueblo que ya no le cree”.

Según también escribió en la misma red social, Garrido se refirió al uso de consignas similares por parte de dictadores internacionales al afirmar: “Me tomé la molestia de buscar algunas convocatorias del Narcodictador @NicolasMaduro en las que, en medio de la sangre y dolor de Venezuela, también convoca en nombre de la Paz, antiimperialismo y democracia”.

El llamado de Petro continúa sumando repercusiones en distintos sectores y en redes sociales, en medio de un momento de alta polarización en el país.

Lina María Garrido y Paloma Valencia celebraron inocencia de Uribe: “Tengo grande el corazón”

La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por fraude procesal y soborno ha suscitado reacciones en todo el país.

Una de las más notorias fue la de Lina María Garrido, quien expresó en redes sociales: “Tengo grande el corazón con esta noticia: @AlvaroUribeVel es Inocente”.

Añadió una frase de corte religioso: “La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”.

A raíz del fallo, Garrido también dirigió críticas al presidente Gustavo Petro, recordándole su propio mensaje anterior en el que afirmaba: “Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático”.

Al respecto, Garrido manifestó: “Petro no tiene la hombría de cumplir sus propios trinos. Deben tener mucho cuidado los Magistrados del Tribunal Superior de #Bogotá, pues @petrogustavo ya ha dado la orden”.

La dirigente concluyó su mensaje asegurando: “Uribe es Inocente y Petro comienza a arder en su propio fuego”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también expreso su sentimiento afirmando que: “Hoy es uno de los momentos más felices de mi vida, porque siento que nos liberan el corazón, que la esperanza se siente victoriosa, que estamos viendo que se ha hecho justicia con el presidente Uribe, después de todo este calvario, de todas estas injusticias en su contra, que reconozcan su honorabilidad, nos hace sentir una fuerza imparable”, afirmó.

La senadora agregó que el uribismo está “más vivo que nunca” y proyectó un futuro político para el expresidente: “El presidente Uribe llegará al Congreso. Seremos la primera fuerza política de Colombia”.

Valencia agradeció a Uribe y a la justicia colombiana: “Gracias, presidente Uribe, por su legado y gracias a la justicia colombiana por defender a un hombre que lo ha dado todo por Colombia. Que viva el presidente Uribe”.

A través de un video publicado en plataformas digitales, seis aspirantes a la presidencia vinculados a partidos de derecha y centroderecha mostraron su oposición a la propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y respaldada por agrupaciones de izquierda en Colombia.

Frente a esta postura de los aspirantes de derecha y centroderecha, Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico, respondió desde su cuenta de X.

“Por eso van a perder las elecciones”, respondió el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. En diversas ocasiones, Quintero ha manifestado su opinión sobre la necesidad de “resetear” el Congreso, según él”.

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Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín advirtieron que impulsar una asamblea constituyente pondría en riesgo tanto la solidez de las instituciones como la continuidad del sistema democrático nacional. El debate cobró fuerza cuando el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a plantear públicamente la convocatoria a una constituyente.

El grupo de aspirantes afirmó que su rechazo a la constituyente iba más allá de una postura personal, ya que representaba, en palabras de Juan Manuel Galán, un compromiso con “la defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que el país ha construido por más de 30 años”.

A ese video, Daniel Quintero respondió dejando clara su postura frente a los precandidatos que se opusieron a la convocatoria de una constituyente. El aspirante del Pacto Histórico reafirmó que su objetivo es transformar las estructuras de poder y renovar la dinámica política del país, en contraste con quienes defienden el sistema actual.

“Por eso van a perder las elecciones. Quieren gobernar lo que hay que no funciona, mientras que yo quiero cambiar el gobierno y resetear la política”, comentó el exalcalde de Medellín por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Uno de los participantes en el video, Enrique Peñalosa, respondió a Daniel Quintero señalando que su insistencia en una asamblea constituyente se debe a intereses políticos personales y una cercanía estratégica con el presidente Gustavo Petro. Peñalosa sugirió que la motivación de Petro para impulsar la modificación de la Constitución estaría relacionada con la intención de crear las condiciones para una eventual reelección.

“¿Saben por qué @QuinteroCalle quiere una Asamblea Constituyente? Porque es un títere de @petrogustavo y sabe que adulándolo, Petro se derrite de la emoción. La única razón por la que @petrogustavo quiere cambiar la Constitución, hecha en buena medida por el M-19, que tuvo más de uno de cada cuatro constituyentes, es que busca abrirle paso a una posible, imaginaria re-elección”, respondió.

En su respuesta, Enrique Peñalosa añadió que, aunque confía en que una elección para una Asamblea Constituyente favorecería a los sectores contrarios al petrismo, considera que el país necesita concentrarse en resolver los graves problemas heredados por la actual administración.

“En una elección para una Asamblea Constituyente barreríamos al petrismo. Pero no hay tiempo que perder en asambleas constituyentes, después del desastre que deja este gobierno: un país tomado por el hampa; el peor déficit fiscal de la historia; el sistema de salud destrozado. Desde el primer día, e incluso antes de posesionarme, vamos a trabajar día y noche para volver a Colombia un país seguro y mucho más rico”, aseguró Peñalosa.

Por su parte, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del Gobierno Petro, también respondió a los precandidatos. Señaló: “Celebro que muchos que hace 20 años apoyaron la reelección presidencial y rompieron la constitución del 91, hoy estén arrepentidos y la defiendan”. Además, enfatizó su rechazo a ciertas motivaciones para una constituyente: “La constituyente para hacer una nueva Constitución? NOO. La constituyente para cerrar el Congreso? NOO. La Constituyente para restablecer la reelección? NOO”.

Y agregó: “La Constituyente fruto de un consenso nacional,ajustada al 376 de la Constitución del 91,para impulsar unas reformas que el Congreso hace décadas no tiene voluntad de aprobar? Discutámoslo. Estigmatizar unMecanismo contemplado en la constitución para reformarla no es conveniente”.

A través de un video difundido en redes sociales, los dirigentes calificaron la propuesta como “una amenaza para la institucionalidad” y advirtieron que atenta contra la estabilidad democrática del país.

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Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba y Mauricio Gómez Amín hicieron un llamado a la defensa de la Constitución de 1991, asegurando que cualquier intento de reemplazarla sin un consenso amplio podría significar un retroceso institucional.

“Rechazar la constituyente no es una opinión, es un deber. Es una defensa inquebrantable de la estabilidad institucional que Colombia ha construido con esfuerzo durante más de 30 años”, señalaron en su declaración conjunta.

El pronunciamiento se produjo luego de que Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, revivieran públicamente la idea de convocar una constituyente. El mandatario había expresado en su cuenta de X que la propuesta no había prosperado por “trampas en el Congreso” y por la influencia de los congresistas de oposición sobre las instituciones.

Defensa de la Constitución de 1991

En el video compartido, los seis precandidatos defendieron el valor de la Carta Magna vigente, resaltando que esta garantiza los derechos fundamentales, la economía social de mercado, la participación ciudadana y la separación de poderes.

“La Constitución del 91 no es un obstáculo, al contrario, es el pilar de nuestra democracia, es el garante de los derechos fundamentales de todos los colombianos”, afirmaron.

Los precandidatos también expresaron su respaldo al registrador nacional, destacando su papel en la organización electoral. En su mensaje advirtieron que “atacar su labor o debilitar su rol es atacar directamente la confianza en el sistema democrático”. Además, calificaron la propuesta de constituyente como “una distracción peligrosa que pone en riesgo los derechos conquistados, la institucionalidad y la paz jurídica”.

Benedetti, por su parte, respondió en su cuenta de X al rechazo de varios partidos políticos a la reforma a la salud, particularmente tras la decisión del Partido Conservador de retirarse del debate. Según Benedetti, esa postura evidenciaría un bloqueo institucional en el Congreso. “No queda duda del bloqueo institucional, por eso se abre camino a una Constituyente”, escribió el funcionario en su mensaje.

Benedetti cuestionó la capacidad del Congreso para realizar reformas estructurales, especialmente en temas de salud y justicia, y señaló la falta de debate interno en algunos partidos. En su publicación afirmó que la negativa del Partido Conservador demuestra “la parálisis legislativa” que impide la aprobación de proyectos clave para el Gobierno.

La representante Katherine Miranda respondió al ministro en la misma red social, defendiendo la función de contrapeso del Congreso. “Lo que usted llama ‘bloqueo institucional’ es democracia: contrapesos y oposición legítima. Amenazar con una Constituyente para doblegar al Congreso y la justicia desnuda un anhelo de dictadura y una peligrosa intención de concentrar el poder”, escribió la congresista.

La discusión sobre la propuesta de una Asamblea Constituyente continúa generando reacciones entre distintos sectores políticos, en medio del debate sobre las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y el papel de las instituciones en la defensa del orden democrático.

Mientras la oposición advirtió que la convocatoria de una nueva constituyente podría alterar los equilibrios entre los poderes públicos y modificar las reglas del sistema político, sectores del oficialismo sostienen que el mecanismo es necesario para garantizar transformaciones profundas en temas como la justicia, la salud y la participación ciudadana.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, ofreció una larga alocución pública en Ibagué, departamento de Tolima. Durante más de sesenta minutos, su exposición abordó temas propios de campaña, aunque la normativa vigente en Colombia prohíbe la participación del jefe de Estado en asuntos políticos. El tono netamente electoral de su mensaje generó debate respecto al cumplimiento de las restricciones legales que rigen el ejercicio presidencial.

Ante esta situación, el exministro Juan Camilo Restrepo manifestó que la Contraloría tendría que encargarse de realizar un “análisis integral sobre los gastos” relacionados con las actividades públicas organizadas por Gustavo Petro tras el acto en Ibagué. Planteó la necesidad de un escrutinio sobre el uso de recursos en este tipo de eventos.

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La exposición del presidente tuvo como eje principal los resultados que atribuye a su gestión durante el trienio, con especial énfasis en los indicadores del Tolima y la afirmación de que su administración ha impulsado una significativa reducción de la pobreza. Más adelante, expresó su desacuerdo con la eliminación de la posibilidad de reelección presidencial, una medida implementada en el periodo de Juan Manuel Santos. Destacó su propio balance de logros mientras cuestionaba cambios constitucionales recientes.

Tras el acto realizado por Gustavo Petro en Ibagué, Juan Camilo Restrepo expresó preocupación por el impacto económico y administrativo de estas reuniones promovidas desde la Presidencia.

Restrepo sugirió que la Contraloría General de la República debería evaluar en detalle el gasto público que implica la organización de estos eventos, ya que, en su opinión, lejos de ser espontáneos, conllevan una logística costosa y recursos del Estado. En su análisis, planteó dudas sobre la procedencia y justificación de estos fondos, insinuando posibles irregularidades en su utilización.

Además, Restrepo señaló la presencia de prácticas que podrían considerarse indebidas, como el transporte masivo de asistentes en autobuses y presunta presión sobre funcionarios públicos para participar, según dijo. Hizo alusión irónica a la existencia de alimentos excedentes de otras actividades oficiales, sugiriendo opacidad y desorden en el manejo de los recursos.

“Qué bueno sería que la Contraloría General de la República hiciera un estudio sobre el costo total que para el erario público están teniendo reuniones como la de ayer en Ibagué de Petro, que de espontáneas no tienen absolutamente nada. Buses, plata, corrupción a rodos, coacción a los funcionarios públicos, y las lechonas que sobraron del viaje al Japón”, escribió en su cuenta de la red social X el exfuncionario público de las administraciones de Andrés Pastrana y de Juan Manuel Santos.

Por otro lado, en esa intervención, Gustavo Petro abordó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Durante el evento denominado “movilización por la dignidad y la democracia” en Ibagué, el presidente también se refirió al proceso electoral del próximo año, la continuidad de su propuesta política y la recolección de firmas para respaldar la iniciativa constituyente. Propuso mecanismos de participación ciudadana para promover cambios constitucionales.

El mandatario animó a la ciudadanía, a la que se refiere como “pueblo”, a asumir una actitud orientada hacia una Asamblea Constituyente y respaldar en las próximas elecciones legislativas a los candidatos de la agrupación política que lidera. Convocó al electorado a fortalecer su movimiento en el Congreso.

Tras las declaraciones de Gustavo Petro, María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático y precandidata presidencial, señaló que el presidente carece de autenticidad como líder y lo acusó de haber engañado a la ciudadanía con promesas de campaña que, según ella, nunca pretendió ni pudo materializar. Cabal consideró que estas nuevas propuestas del mandatario, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, son maniobras para desviar la atención y justificar la falta de resultados durante su gestión.

“Petro no pasará a la historia como un líder, sino como un experto en engañar a la gente.Prometió en campaña lo que jamás tuvo intención, ni capacidad, de cumplir.Y ahora, con el tiempo agotado y el país sumido en el desgobierno, pretende distraer con una constituyente inviable, buscando justificar tres años de fracaso. Porque gobernar no es hablar todos los días ni llenar Twitter de frases vacías, gobernar es cumplir, construir y dar resultados”, comentó la congresista opositora.

El reciente enfrentamiento entre Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, y Armando Benedetti, ministro del Interior, ha puesto de manifiesto las tensiones internas en el gabinete de Gustavo Petro.

En entrevista con Semana, Montealegre respondió a las declaraciones de Benedetti, que calificó al gabinete como “flojo” y “tibio”, defendió la labor de sus colegas y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el proyecto de paz total en el Congreso.

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Montealegre expresó su molestia por lo que consideró una descalificación injusta de Benedetti hacia los ministros. “Puedo dar fe de un trabajo dedicado, de hormiguitas trabajando por el bien del país. Por eso creo que fue injusta esa descalificación”, afirmó en diálogo con el medio mencionado.

El ministro de Justicia relató que, tras las declaraciones de Benedetti, decidió confrontarlo directamente en el grupo de WhatsApp del gabinete, donde le reprochó su actitud y lo acusó de no comprometerse con la paz total. “Dije que Benedetti era tibio frente a la paz total y que creía que no estaba cumpliendo, realmente, con su función”, explicó. La discusión escaló hasta el punto de que Montealegre llegó a calificar a Benedetti de “fantoche” y cuestionó su papel en el Gobierno, recordando además los procesos judiciales que enfrenta el ministro del Interior.

El cruce de mensajes entre ambos ministros se intensificó, hasta que Benedetti optó por retirarse del chat del gabinete. Montealegre reconoció que sus palabras fueron duras, pero insistió en que su intención era hacer una crítica constructiva y alertar sobre el peligro que corre el proyecto de paz total. “Prendí una alarma en el Gobierno y dije: ‘Mire, el Titanic de la paz se va a hundir’. Era una alerta, un llamado vehemente”, relató al medio mencioando.

A pesar de la tensión, Montealegre manifestó su disposición a buscar una tregua y propuso a Benedetti un encuentro para dialogar y superar el conflicto: “Lo invito a un café, a que conversemos para reiterarle las críticas constructivas que le hago a su gestión. Este enfrentamiento y duelo verbal tienen que finalizar”.

La reacción del presidente Gustavo Petro ante este episodio ha sido de neutralidad. Según Montealegre, el mandatario le pidió desescalar el conflicto y mantener una relación pacífica con Benedetti, especialmente por la importancia de ambas carteras en el avance de la paz total.

“El presidente ha sido muy neutral. Hablé con él. El llamado muy cordial que me hace es que desescalemos este conflicto, hablando en términos de paz total”, relató el ministro de Justicia. Montealegre aseguró que aceptó la sugerencia presidencial y reiteró su intención de trabajar conjuntamente en el Congreso.

El ambiente dentro del gabinete se ha visto afectado por este tipo de choques, y Montealegre reconoció que otros funcionarios han salido del Gobierno tras enfrentamientos con Benedetti.

Sin embargo, descartó que tema por su permanencia y subrayó que su crítica fue interna y no buscaba trascender a los medios. “No me va a pasar lo de otros funcionarios del Estado, porque toda regla tiene su excepción”, sostuvo. Además, afirmó sentirse cómodo en el Gobierno y comprometido a continuar hasta el final del mandato.

Montealegre alertó sobre el riesgo de que la iniciativa de paz total se hunda en el Congreso debido a tácticas dilatorias, tanto de la oposición como de algunos congresistas cercanos al Gobierno.

“La iniciativa no ha avanzado en el Congreso. Se han hecho muchas audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía, pero, reitero, veo un ánimo dilatorio en ciertos sectores de oposición que no quieren un debate abierto sobre la base de los argumentos”, explicó.

Señaló específicamente al representante liberal Álvaro Rueda por promover prácticas dilatorias, aunque reconoció que, tras la presión mediática, Rueda adoptó una postura de apoyo al proyecto. Montealegre insistió en que el fracaso de la paz total sería grave para el país y reiteró la necesidad de superar las estrategias parlamentarias que impiden el debate.

El ministro de Justicia también abordó la relación con Estados Unidos y la reciente descertificación en materia de lucha contra las drogas. Defendió la decisión de mantener su visa estadounidense y criticó el informe de Naciones Unidas sobre la producción de drogas en Colombia, argumentando que se basa en cálculos erróneos y no considera las 800 toneladas de cocaína incautadas en 2023.

Montealegre anunció que prepara una crítica constructiva a ese informe y subrayó la importancia de mantener una agenda conjunta con Estados Unidos en temas económicos y de seguridad.

Sobre la propuesta de una asamblea constituyente, Montealegre confirmó al medio mencionado que el Gobierno promoverá una iniciativa de origen popular, respetando los procedimientos constitucionales y sin intención de revocar el Congreso.

“El Gobierno va a promover una iniciativa de constituyente de origen popular”, aseguró. Detalló que el proceso implicará la recolección de al menos 2.5 millones de firmas, tras lo cual el Congreso decidirá si convoca o no la asamblea.

Montealegre precisó que los tiempos no permiten que el actual Congreso estudie el proyecto, por lo que corresponderá al nuevo Congreso, que iniciará funciones en julio de 2026. Además, enfatizó que la constituyente tendría límites claros y no buscaría modificar todos los aspectos de la Constitución de 1991 ni retroceder en derechos fundamentales y sociales.

El Partido Conservador anunció su retiro del proceso de reforma a la salud que será debatido en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

La senadora Nadia Blel, presidenta de la colectividad y miembro de la corporación legislativa, explicó que respaldarán la propuesta de archivo del proyecto y se desligarán de la ponencia alternativa sobre el texto.

Frente a la decisión del Partido Conservador, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó en su cuenta de X que la postura de esa colectividad frente a la reforma a la salud evidencia un bloqueo en las instituciones.

“No queda duda del bloqueo institucional”, dijo. El funcionario de igual manera reiteró la propuesta de convocar una constituyente.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en su cuenta de X luego de que el Partido Conservador confirmara su rechazo a la reforma a la salud.

Benedetti afirmó que la negativa de esa colectividad refleja un bloqueo institucional en el Congreso, lo que, en su opinión, justifica la opción de abrir el camino a una constituyente.

Además, cuestionó la capacidad del Congreso para llevar a cabo transformaciones profundas como las de salud y justicia, y subrayó la ausencia de debate interno en el partido y la parálisis legislativa del proyecto.

“No queda duda del bloqueo institucional, por eso se abre camino a una Constituyente. Al Congreso le queda grande reformar la salud y la justicia. Hoy el Partido @soyconservador dice que no a la Reforma a la Salud después de más de cinco meses de paralizarla sin que haya habido una reunión de bancada entre los senadores y los representantes, según el artículo 57 de sus estatutos, y un debate en la Comisión Séptima”, escribió el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

A la respuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, la representante Katherine Miranda replicó en su cuenta de X y defendió el papel de la oposición en el Congreso. Miranda enfatizó que el debate y el desacuerdo son elementos propios de una democracia, y advirtió que plantear una constituyente para presionar a las instituciones supone un riesgo para la separación de poderes.

“Lo que usted llama “bloqueo institucional” es democracia: contrapesos y oposición legítima. Amenazar con una Constituyente para doblegar al Congreso y la justicia desnuda un anhelo de dictadura y una peligrosa intención de concentrar el poder", escribió en su mensaje de su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión tercera de la Cámara de Representantes .

La Comisión Séptima cuenta con dos miembros del Partido Conservador cuya postura resulta determinante para el equilibrio político del debate, representados por las senadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade.

Aunque Andrade mantuvo contactos con las congresistas que impulsaron una versión alternativa del proyecto —Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos Cuéllar y Norma Hurtado—, finalmente no se vinculó a esa iniciativa debido a la posición adoptada por su bancada.

“El Partido Conservador reafirma su posición de no acompañar la reforma a la salud del Gobierno Nacional y respalda la ponencia que pide su archivo. Luego de un estudio minucioso, pudimos concluir que el proyecto del Ejecutivo no solo agrava la difícil situación del sistema, sino que también implica un gasto desbordado del presupuesto en salud sin contar con fuentes claras de financiación”, comentó Blel.

Esa bancada explicó, además, que consideran inviable la iniciativa porque se suspendieron las mesas técnicas relacionadas con la suficiencia de la UPC, argumentando que no hay déficit en ese aspecto.

“Negar esa realidad impide reconocer los recursos adicionales que exige el sistema. Sin dichos ajustes, no será posible cubrir las deudas acumuladas ni garantizar la sostenibilidad en el tiempo”, explicó la colectividad al respecto.

En cuanto a la ponencia alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado, el Gobierno ha expresado fuertes objeciones, pero cuenta con el apoyo de las senadoras cristianas Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres). Por otra parte, la propuesta de archivo suma el respaldo de los senadores uribistas Alirio Barrera y Honorio Henríquez, las dos representantes del Partido Conservador, y el senador liberal Miguel Ángel Pinto.

La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde este miércoles al referéndum para decidir sobre la conformación de una Asamblea Constituyente, la cual será encargada de redactar una nueva Carta Magna con medidas más estrictas contra el narcotráfico y otros puntos.

Mediante un comunicado, la Corte confirmó su dictamen favorable para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, habilitando legalmente la consulta popular.

Los ciudadanos de Ecuador votarán el 16 de noviembre para decidir si se instala una Asamblea Constituyente que podría reemplazar la Carta Magna vigente desde el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

La iniciativa del presidente Daniel Noboa recibió este miércoles la autorización de la Corte Constitucional, órgano que consideró que el Ejecutivo corrigió las observaciones solicitadas y cumplió con los parámetros constitucionales.

El mandatario promueve esta iniciativa en el contexto de su ofensiva contra bandas criminales responsables del aumento de la violencia y el repunte en los índices de homicidios en el país.

Entre los cambios introducidos destaca el mecanismo para la elección de los miembros y la definición del tamaño de las circunscripciones que conformarán la cámara constituyente. Tras analizar estos ajustes, el tribunal determinó que ahora sí cumplen con los parámetros constitucionales.

En consecuencia, la Corte instruyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) incorporar en la papeleta electoral del referendo “la pregunta, el estatuto y la distribución de asambleístas constituyentes aprobados en el dictamen”, informó el alto tribunal.

La Corte subrayó que los ecuatorianos serán quienes “deberán pronunciarse en condiciones de igualdad, libertad y respeto a la dignidad humana, con todas las garantías de un proceso electoral libre, transparente y deliberativo, para determinar si se inaugura o no un nuevo pacto constitucional”.

“Con este dictamen, la Corte reafirma su papel como garante de la democracia, la independencia judicial y el respeto a la voluntad popular, recordando que su función no es decidir por la ciudadanía, sino asegurar que el proceso constituyente se desarrolle con transparencia, reglas claras y con absoluta lealtad al elector", insistió el organismo a través del comunicado oficial publicado en su página web.

La victoria de Noboa en la Corte abrirá un nuevo debate en Ecuador. “El pueblo es el único depositario del poder constituyente y será quien, con información suficiente y condiciones de igualdad, determine el rumbo histórico de la República”, cerró la Corte.

La propuesta gubernamental contempla que la Asamblea esté integrada por 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y seis del exterior, todos con suplentes. La duración de la misma será de 180 días, prorrogables una sola vez hasta por 60 días adicionales.

El procedimiento para la consulta sobre la Asamblea Constituyente comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando Noboa firmó el Decreto 153, que convocaba a la realización del referéndum. El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió dicho decreto a la Corte Constitucional para su respectivo control de constitucionalidad.

Por otra parte, el presidente ecuatoriano también enfrenta una problemática en el ámbito social tras la eliminación del subsidio al diésel. De acuerdo con la agencia EFE, Noboa declaró que su administración no retrocederá ante las presiones que, según su criterio, buscan alterar el orden en Ecuador mediante acciones violentas.

La declaración se produjo durante un acto de entrega de beneficios sociales, donde Noboa adoptó un tono firme respecto a la protesta social y las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las marchas fueron tildadas por el presidente como “actos de terrorismo disfrazados de protesta”.

El mandatario sostuvo que las protestas dejaron de ser un reclamo legítimo y pasaron a convertirse en “ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”. En ese sentido, afirmó que los dirigentes de estas manifestaciones no representan auténticamente a la población y que su verdadero objetivo sería devolver el caos al país.

(Con información de EFE y AFP)

La autorización para que los ecuatorianos decidan en referéndum si crean una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna quedó supeditada este martes a modificaciones exigidas por la Corte Constitucional. El alto tribunal remitió al presidente Daniel Noboa una serie de observaciones que deben subsanarse para validar la consulta, cuyo objetivo es reemplazar la Constitución vigente desde 2008.

El fallo establece que la presidencia debe precisar, entre otros aspectos, el mecanismo de elección de los miembros de la asamblea constituyente y la conformación de las circunscripciones.

Según el máximo tribunal, hasta que el Ejecutivo no atienda esos requerimientos y la Corte los verifique, “el Consejo Nacional Electoral (CNE) únicamente podrá continuar con el proceso una vez que la Presidencia de la República remita las subsanaciones correspondientes y la Corte las haya verificado y resuelto”.

Una vez realizadas las correcciones requeridas, el tribunal podrá validar la convocatoria y permitir que la pregunta sobre la Asamblea Constituyente forme parte del referéndum previsto para el 16 de noviembre, junto a otras reformas relacionadas con el posible restablecimiento de bases militares y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos.

La Corte aclaró: “Este dictamen no constituye un juicio de valor sobre la conveniencia o no de convocar a una Asamblea Constituyente. Su labor se ha limitado a revisar el cumplimiento de los parámetros exigidos por el Derecho, a fin de que, en una eventual consulta popular, el pueblo ecuatoriano pueda decidir de manera clara, libre y democrática”.

La propuesta gubernamental contempla que la Asamblea esté integrada por 52 asambleístas provinciales, 22 nacionales y seis del exterior, todos con suplentes. La duración será de 180 días, prorrogables una sola vez hasta por 60 días adicionales, decisión que requerirá mayoría calificada de los miembros. El decreto fija que la instalación se realizará diez días después de la proclamación de resultados por parte del CNE.

Según lo planteado, la nueva carta magna deberá recibir el respaldo de la mitad más uno de los votantes en un nuevo referéndum nacional.

El CNE aprobó el sábado pasado, con cuatro votos a favor, la moción destinada a solicitar que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto 153, por medio del cual el presidente Noboa impulsó la nueva consulta popular para la conformación de la Asamblea.

“Este órgano electoral tiene que demostrar la madurez política y la independencia de su función al determinar que todo lo que ha tratado este pleno ha sido con informe favorable de la Corte Constitucional”, señaló la consejera Elena Nájera antes de emitir su voto.

El compromiso de crear una Asamblea Constituyente fue una de las principales promesas de campaña de Noboa en los comicios de 2025, cuando resultó reelecto para un mandato completo al haber finalizado previamente el periodo que dejó vacante Guillermo Lasso.

El presidente había dejado en suspenso la ejecución de esa oferta tras obtener el control de la Asamblea Nacional y restarle fuerza al movimiento afín al ex presidente Correa. No obstante, retomó la propuesta luego de enfrentamientos con la Corte Constitucional, que llegó a suspender varias iniciativas legales del Ejecutivo por considerarlas inconstitucionales.

(Con información de EFE)

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió el sábado enviar a la Corte Constitucional la nueva convocatoria realizada por el presidente Daniel Noboa para celebrar un referéndum sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, al determinar que debía pasar primero por el alto tribunal, tal como establece la norma.

Con cuatro votos a favor, los consejeros aprobaron una moción en la que solicitaron a los jueces pronunciarse en el menor tiempo posible sobre la constitucionalidad del decreto 153, en el que el mandatario convocó nuevamente a la consulta popular.

Por la mañana, el organismo había evitado tramitar una primera convocatoria relacionada con la Constituyente decretada el viernes, ya que la Corte Constitucional suspendió de manera provisional los efectos de esa disposición. Horas después de la resolución judicial, Noboa derogó la medida inicial y emitió un nuevo decreto similar para insistir en la consulta, lo que llevó al CNE a volver a reunirse al final de la tarde y decidir la remisión a los magistrados.

“Este órgano electoral tiene que demostrar la madurez política y la independencia de su función al determinar que todo lo que ha tratado este pleno ha sido con informe favorable de la Corte Constitucional”, señaló la consejera Elena Nájera antes de emitir su voto favorable a la moción. La Constitución establece que un referéndum solo puede ser convocado después de que el alto tribunal emita un dictamen positivo sobre la legalidad de las preguntas incluidas.

Tras la publicación del nuevo decreto presidencial, el Gobierno difundió un comunicado en el que sostuvo que ninguna otra institución, además del CNE, podía pronunciarse ni “frenar la decisión soberana de los ecuatorianos que decidirán las bases del país que merecen”, en referencia a la convocatoria prevista para noviembre. Hasta ahora, únicamente dos preguntas cuentan con aval de la Corte Constitucional: una vinculada con la instalación de bases militares extranjeras y otra sobre el financiamiento público de las organizaciones políticas.

“Ningún grupo de poder, ninguna institución politizada y ningún interés particular podrá detener la voluntad del pueblo”, advirtió el Ejecutivo en alusión a un eventual nuevo pronunciamiento del alto tribunal.

La decisión del mandatario de volver a convocar un referéndum para que los ecuatorianos decidan si se instaura o no una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna fue rechazada por la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, quien afirmó que el tema requería atención del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La polémica convocatoria coincide con la confrontación abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a la que acusó de ejercer “activismo político” al limitar leyes y estados de excepción promovidos durante su administración, varios de los cuales enfrentan demandas de inconstitucionalidad por presuntas vulneraciones a derechos fundamentales.

Los jueces constitucionales también negaron cuatro preguntas del referéndum propuestas por el Ejecutivo, decisiones que el presidente criticó con dureza y que lo llevaron a encabezar dos marchas multitudinarias en Quito y Guayaquil contra los magistrados.

La instalación de una Asamblea Constituyente con el objetivo de sustituir la actual Constitución aprobada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa fue una de las principales promesas de campaña de Noboa. El mandatario, que llegó al poder en 2023, resultó reelegido para un periodo completo entre 2025 y 2029, y busca que la consulta sirva de base para redactar una nueva carta magna.

Con la decisión del CNE de remitir el decreto a la Corte Constitucional, el futuro del referéndum dependerá ahora del dictamen del máximo órgano de control constitucional, en medio de un ambiente de tensión política interna y de cuestionamientos internacionales.

(Con información de EFE)

El anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) destaca las crecientes tensiones sociales alrededor de la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha desencadenado no solo protestas masivas sino también la ampliación del toque de queda en cinco provincias. El Gobierno de Ecuador ha respondido a estas movilizaciones, restringiendo la circulación nocturna en varias regiones del país y reforzando la presencia de fuerzas de seguridad para evitar bloqueos, según detalló el medio 'Primicias'.

El presidente Daniel Noboa decretó este jueves el toque de queda en Chimborazo, provincia que se sumó a Imbabura, Bolívar y Carchi, donde desde las 22:00 hasta las 5:00 queda prohibida la circulación de personas y vehículos. Con este nuevo decreto, Chimborazo pasa a formar parte del estado de excepción y ve limitada la libertad de reunión durante un periodo de 60 días. Según recogió 'Primicias', la decisión se fundamenta en la obstaculización de las calles reportada en estas provincias, así como en Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo, lo que ha alterado las actividades cotidianas, comerciales y laborales de los habitantes.

La Presidencia ecuatoriana justificó el endurecimiento de las medidas al afirmar que las protestas desplegadas entre el 13 y el 18 de septiembre comprometieron la movilidad y los derechos de la ciudadanía. En el comunicado oficial, el Gobierno aseguró que el derecho a la protesta pacífica sigue vigente, pero advirtió que el Ejército y la Policía Nacional podrán intervenir y disolver encuentros públicos donde identifiquen posibles amenazas a la seguridad.

El pronunciamiento institucional, difundido en redes sociales, remarcó que las restricciones no buscan ejercer represión. “Quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley,” expresó la Presidencia, que además responsabilizó a sectores opositores de “sembrar dudas e imponer sus exigencias sobre el mandato popular,” conforme citó 'Primicias'. El Gobierno añadió que “la democracia no se sustituye con amenazas, bloqueos o imposiciones que desconocen la voluntad ciudadana,” refiriéndose al contexto de alta tensión generado por las protestas recientes.

Además de manifestar su defensa al derecho de protesta pacífica, la administración Noboa aprovechó el comunicado para promover “la convocatoria a una Asamblea Constituyente,” considerándola una oportunidad histórica para el país. El Ejecutivo criticó la postura de quienes se oponen a la consulta popular y al proyecto constituyente, pues en palabras del Gobierno, “es negarle al pueblo el derecho a decidir”.

La Conaie formalizó su llamado a paro nacional inmediato, exigiendo al Ejecutivo la derogación de la medida que elimina el subsidio al diésel, una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento, la conformación de un parlamento plurinacional y la retirada de la propuesta de consulta popular y Asamblea Constituyente. De acuerdo con la Confederación, estas iniciativas del Gobierno no atienden los problemas estructurales del país y no responden a las demandas sociales.

En medio de la escalada de protestas y las disposiciones gubernamentales, el Ejecutivo detalló, según 'Primicias', una serie de medidas compensatorias destinadas a sectores afectados directamente por la eliminación del subsidio al combustible. Entre las acciones anunciadas se incluye la expansión del bono estatal a 55.000 nuevas familias beneficiarias, la restitución directa del IVA a personas adultas mayores y una compensación económica mensual de entre 400 y 1.000 dólares para 23.300 conductores de transporte público.

Con la implementación del toque de queda y las restricciones a la libertad de reunión en las provincias señaladas, el Gobierno busca frenar los bloqueos de carreteras y mantener el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales. El decreto presidencial especifica que las fuerzas armadas y la policía tienen la facultad de intervenir para prevenir y dispersar concentraciones que puedan afectar la seguridad ciudadana, como detalló el medio 'Primicias'.

Las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición se intensifican bajo el actual contexto de movilizaciones, paros y restricciones. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de sus políticas para garantizar la estabilidad y el funcionamiento del país, las organizaciones indígenas y otros grupos sociales señalan que las recientes decisiones económicas y políticas profundizan el malestar y la desconfianza hacia la institucionalidad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, considera que el poder debe retornar a la ciudadanía a través de una reforma profunda del sistema institucional, motivo por el cual insiste en la necesidad de una Asamblea Constituyente, según detalló la agencia Europa Press. Esta propuesta incluye la inclusión de una pregunta específica sobre la convocatoria a dicha Asamblea en el referéndum nacional proyectado para finales del año, aunque aún requiere el dictamen favorable del Tribunal Constitucional. Noboa defiende que este mecanismo permitiría superar el bloqueo institucional que, a su juicio, impide avances en la lucha contra el crimen organizado y en la modernización del aparato político.

El mandatario, en una misiva emitida por la Presidencia y que fue difundida por Europa Press, expresó que la pregunta para crear la Asamblea Constituyente resulta “esencial” en el referéndum y enfatizó que busca convocar a un órgano que “devuelva el poder al pueblo y saque al país del secuestro institucional”. Argumentó que las instituciones ecuatorianas han “olvidado a quienes debían servir" y señaló que Ecuador “merece liberarse” de los factores que “lo frenan”. Remarcó además que la voluntad del electorado de cambiar las estructuras políticas no se concretará mientras persistan las reglas actuales.

En su carta, el jefe de Estado advirtió que “el activismo político” busca bloquear las preguntas planteadas por el Ejecutivo, según informó Europa Press. Atribuyó esta actitud al miedo de las élites ante el respaldo social que podrían recibir las reformas propuestas. Noboa aseguró que el proceso deberá ser definido en las urnas y subrayó que “esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos”. Añadió que su proyecto tiene como fundamento la convicción de que “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”.

El presidente ha cuestionado abiertamente el rol del Tribunal Constitucional frente a sus iniciativas. Durante una entrevista citada por el medio ‘Primicias’ y referenciada por Europa Press, Noboa se preguntó: “¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida”. En este contexto, ya ha remitido al Tribunal Constitucional una solicitud para que emita un dictamen sobre el procedimiento para modificar la Constitución en cuatro apartados: contratación laboral por horas, supresión del Consejo de Participación Ciudadana, reducción del número de asambleístas y establecimiento de controles políticos sobre los jueces del propio tribunal.

Europa Press recordó que existen otras dos propuestas cuyo trámite constitucional avanzó en la Asamblea Nacional y que ahora están pendientes de revisión judicial: la prohibición de presencia de bases militares extranjeras en el país y la reasignación de fondos públicos dirigidos a los partidos políticos. Ambos temas ya recibieron respaldo legislativo y aguardan resolución de la Corte.

En sus comunicados y entrevistas, Noboa insiste en que el país atraviesa un periodo de estancamiento que solo puede superarse con una nueva institucionalidad, por lo que insiste en una participación directa de la ciudadanía en la transformación constitucional, según destacó Europa Press. El mandatario asume que su propuesta busca sortear las limitaciones impuestas por marcos legales y la resistencia de sectores políticos y judiciales. Defiende que la consulta popular y la eventual Asamblea Constituyente son vías para que la autoridad surja directamente de la voluntad del pueblo y no de negociaciones políticas restringidas.

La aprobación de estas reformas dependerá del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto al mecanismo adecuado para avanzar con la consulta popular y su alcance, reportó Europa Press. La decisión del máximo órgano judicial será clave para definir no solo si se realiza la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, sino también el proceso para implementar los demás cambios planteados por el Ejecutivo.

Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, han reavivado el debate político en Colombia, luego de que defendiera la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Además, lanzó críticas al Congreso de Colombia y a la oposición política.

Según Benedetti, la negativa a las reformas del Gobierno responde a intereses partidistas y no a un análisis objetivo de las propuestas.

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En sus intervenciones públicas, el funcionario afirmó que la oposición prioriza la confrontación política sobre el impacto social de las iniciativas gubernamentales. “A la oposición no le importa si la propuesta de su contradictor ayuda a miles de personas, lo que les interesa es destruir a su contradictor”, expresó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

También señaló que el Congreso ha bloqueado reformas relevantes simplemente por provenir de la izquierda: “Este Gobierno ha tenido propuestas buenas y el Congreso las ha hundido porque sí, porque es la izquierda quien propone”. Para Benedetti, el órgano legislativo “ha fracasado en debatir”, lo que justificaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Benedetti explicó que el objetivo de la propuesta no es habilitar la reelección presidencial, sino crear condiciones para que las reformas estructurales puedan implementarse en el próximo periodo legislativo, según su publicación. Según su visión, la Constituyente serviría como un mecanismo para superar los bloqueos institucionales y avanzar en cambios que, a su juicio, han sido sistemáticamente obstaculizados por el Congreso actual.

En un video publicado el 8 de septiembre en su cuenta oficial de X, el ministro del Interior abordó la cuestión del voto de los sectores populares por partidos de derecha.

Planteó una reflexión sobre las motivaciones de quienes, pese a su situación socioeconómica, respaldan a una clase dirigente que, en sus palabras, “los desprecia y no lucha por sus derechos”.

Recordó que, en el pasado, la política colombiana se caracterizaba por una lucha de clases entre empresarios y obreros, centrada en la dignidad laboral y la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, argumentó que en la actualidad la disputa se ha transformado en una “lucha moral”, donde la élite económica construye una narrativa que responsabiliza a los sectores populares de su propia situación, atribuyéndola a una supuesta falta de mérito personal, afirmó en diálogos con la W Radio.

Según Benedetti, esta narrativa induce a los sectores menos favorecidos a buscar la aceptación de la clase dirigente, adoptando sus valores y aspirando a parecerse a ella, en lugar de cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad. El político sugirió que este fenómeno explica en parte el respaldo electoral de los sectores populares a opciones políticas que, desde su perspectiva, no representan sus intereses.

El video difundido el 8 de septiembre en la red social X sirvió como plataforma para que Benedetti expusiera tanto sus críticas al sistema político como su análisis sobre la dinámica social y electoral en Colombia. Sus declaraciones se insertan en el contexto de la discusión nacional sobre la viabilidad de una Asamblea Constituyente y el futuro de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Para Benedetti, la aspiración de los sectores menos favorecidos a integrarse en el modelo social de la clase dirigente refleja la influencia de una narrativa que legitima la desigualdad y dificulta el cuestionamiento de las estructuras existentes.

El anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su intención de impulsar una asamblea constituyente mediante firmas de los ciudadanos causó un fuerte remezón político y una contundente respuesta del profesor e investigador Mauricio Gaona, que cuenta con experiencia en instituciones como Harvard y la Sorbona, que entregó una visión crítica sobre lo que serían las intenciones del primer mandatario con esta iniciativa que llevaría a las calles.

“Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas”, afirmó el experto jurista, cuya relevancia comenzó a adquirir una connotación diferente tras el sonoro debate radial con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; un escenario en el que dio cátedra con sus sólidos argumentos.

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Para Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, magíster en derecho internacional de la Universidad de California UCLA y en derecho constitucional europeo de la Universidad Sorbona-Assas, la distinción entre el orden y el régimen constitucional resulta fundamental. “El orden constitucional está conformado por principios y valores que le dan origen y legitiman el sistema de Gobierno", indicó el letrado, que replicó sus declaraciones en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, que se llevó a cabo el 21 y 22 de agosto, para responderle al gobernante.

En aquellas declaraciones, el abogado advirtió sobre la importancia de que exista una separación de poderes, que los líderes sean elegidos democráticamente por periodos fijos y que los derechos y libertades sean respetados por los que ostentan el poder y el Gobierno. En contraste, el régimen constitucional, según su análisis, se compone de las reglas y normas que materializan ese orden; por ello, la propuesta de Petro iría en clara contravención en este objetivo.

Los temores de Mauricio Gaona frente a la propuesta de una constituyente de Gustavo Petro

El jurista, aquella vez, precisó sobre los riesgos de modificar la estructura del poder en Colombia a través de una constituyente. Y señaló que “si el constituyente primario, una asamblea nacional constituyente, decide autorizar la elección del presidente o la reelección, está cambiando el régimen”. Pero si esa misma asamblea decide poner al presidente en una abstracción ilimitada de poder y un periodo que es ilimitado, está cambiando el orden constitucional

Y con ello se estaría pasando “de la democracia a la dictadura”. Para ilustrar su argumento, Gaona evocó la historia reciente de Egipto y la resistencia del ejército a las órdenes de Hosni Mubarak, al reiterar la primacía de la Constitución sobre la voluntad individual de los gobernantes.

En su mensaje dirigido a los participantes del evento, el jurista, hijo del asesinado magistrado Manuel Gaona Cruz, que cayó en la toma del Palacio de Justicia, enfatizó la responsabilidad histórica de sus decisiones. “Me honran con su invitación, pero vaticino que muy pronto tendrán que interpretar este principio de separación de poderes. Al hacerlo, les pido que recuerden que ustedes estarán interpretando la historia y el patrimonio jurídico de Colombia”.

Gustavo Petro y los motivos por los que quiere una constituyente

Por su parte, el presidente Petro defendió la pertinencia de una reforma constitucional, al argumentar que el actual Congreso ha limitado la posibilidad de avanzar en transformaciones profundas. “Con un Congreso como el que eligió el pueblo en el 2022, no es posible reformas más avanzadas. Alcanzó con la reforma laboral y pensional y creo que fue un gran éxito”, dijo Petro, que expresó sus observaciones frente a la elección de un legislativo con clientelismo.

Petro también cuestionó el funcionamiento de la justicia y la influencia de intereses en la designación de magistrados, como Carlos Camargo Assis. Sostuvo que “la forma de elección de un magistrado que produce una estela de clientelismo en sus últimos años para llegar a esa posición, demuestra la pertinencia tanto de las reformas sociales, como de la reforma a la justicia para que sea poderosa y no clientelar. Para eso se necesita una reforma constituyente”, dijo.

Y descartó cualquier intención de buscar la reelección. “Bueno ya no hay tiempo de reelección, así que sacó el tema de nuevo, para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas: las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de las gentes, la reforma a la justicia para que cese la impunidad y sea la verdad y la restauración de las víctimas”, puntualizó el primer mandatario.

Finalmente, el presidente acotó que el proceso constituyente dependerá de la movilización ciudadana y del próximo Congreso. “Que la lista que se proponga sea una lista proconstituyente y vuelva realidad la orden del pueblo con sus firmas”, concluyó el jefe de Estado, que volvió a causar controversia frente a este tipo de escenarios jurídicos, en el que se buscaría convocar a los ciudadanos para darle vía libre a una serie de transformaciones en el sistema político.

La reciente elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional ha generado una serie de declaraciones y autocrítica dentro del Gobierno colombiano.

Armando Benedetti, ministro del Interior, reconoció la existencia de traiciones políticas en las filas del Pacto Histórico y de Comunes, y defendió la necesidad de una asamblea constituyente para reformar el sistema judicial y el equilibrio de poderes en el país.

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Benedetti calificó la derrota de la jueza Balanta en la elección como un episodio doloroso a nivel personal. Al referirse a las especulaciones sobre votos disidentes dentro de las bancadas oficialistas, el ministro fue enfático.

“... Ese fue un tema doloroso, doloroso desde el punto de vista personal para mí. Yo creo que todavía no he salido de ese dolor o esa derrota. Lo digo para que se pongan contentos mis enemigos. Pero lo que sí es verdad es que claro que sí, hubo traiciones por parte de los Comunes y por parte del Pacto Histórico, hubo personas que nos traicionaron”, explicó Benedetti en diálogos con Caracol Radio.

Esta admisión evidenció las fracturas internas que han marcado el proceso de selección en la Corte Constitucional y que, según el funcionario, influyeron en el resultado final.

El ministro del Interior vinculó este episodio con la necesidad de impulsar una asamblea constituyente. A su juicio, la elección de Camargo demostró que el verdadero poder en Colombia reside en los jueces y en los medios de comunicación.

Benedetti sostuvo que el Gobierno enfrentó una campaña de señalamientos sobre supuestos ofrecimientos de cargos y que, al buscar apoyos para su candidata, encontró que muchos legisladores sentían una fuerte gratitud hacia Camargo.

Además, mencionó la cantidad de impedimentos presentados en la Corte Suprema durante el proceso de designación, lo que, en su opinión, evidencia la complejidad y los intereses cruzados que rodean estos nombramientos.

En este contexto, Benedetti argumentó que el sistema judicial colombiano requiere cambios profundos. Planteó que la asamblea constituyente es una necesidad ineludible y que su convocatoria debe realizarse dentro del marco constitucional y con origen popular.

“... lo de la Constituyente es claro que tiene que hacerse. Mira lo que pasó con la elección Camargo, que quedó demostrado que quien tiene la fuerza aquí y el poder son los jueces y los medios de comunicación”, afirmó Benedetti en diálogos con el medio mencionado.

El ministro subrayó que no se trata de una confrontación directa contra los jueces, sino de una reforma estructural que abarque el sistema acusatorio y la administración de justicia en general.

El titular de Interior también criticó el funcionamiento actual del sistema acusatorio, señalando que cada fiscal enfrenta una sobrecarga de hasta dos mil casos, lo que, según él, limita la capacidad de respuesta y eficiencia del aparato judicial.

Benedetti cuestionó la posibilidad de que el Congreso de la República pueda liderar estas reformas, aludiendo a los vínculos y compromisos que cada congresista mantiene con actores políticos de otras colectividades, lo que, en su opinión, obstaculiza cualquier intento de cambio desde el legislativo.

En paralelo, el ministro hizo referencia a la situación de la reforma pensional, actualmente detenida en la Corte Constitucional, como un ejemplo del alcance y la influencia que ejerce el poder judicial sobre las grandes transformaciones del país.

La Real Academia Española se refiere al constituyente como 1. Aquel que constituye o establece, 2. Las cortes, cámaras o asambleas para elaborar o reformar la Constitución del Estado y 3. Persona elegida como miembro de una asamblea constituyente.

Ha de observarse, asimismo, que la Academia, también, puntualiza, en lo relativo a “la forma constituyente”, amparándose en el verbo “constituir” y su sinónimo “construir” en aras de ilustrar lo más completamente posible, acerca de las dotes del constituyente, haciendo referencia como obra suya a “la creación de una nueva condición o posición, a estatuir a una determinada persona en una obligación, como la providencia de un tribunal, de un consejo, de una junta y de una autoridad”. Una determinante diversidad de usos, como los delineados, revelan la significativa importancia del “constituyente”.

La tan encomiable actividad, en aras de ser sinceros, invita a preguntarse ¿Si todos podemos ser constituyentes? y ¿Cómo deberíamos actuar si transgrediendo esa máxima logramos el status? Tal vez nos equivoquemos, pero no conocemos de ningún caso en el cual se haya actuado con la responsabilidad: 1. De no postularse y 2. El porcentaje de postulados y electos transgrediendo tan elemental pauta ha de ser “más que significativo”. Acudiendo a la franqueza, la realidad evidencia que los pueblos poniendo de lado la máxima de “jamás equivocarse”, terminan con el consecuencial resultado de una escogencia engañosa. Pero el electo acude a la “Asamblea Constituyente” de traje nuevo, corbata y maletín en mano, el cual lleva abierto para que nos demos cuenta de que en él porta y bien empastada un ejemplar de la constitución. Y ademas, dada su osadía, es el primero en ejercer el derecho de palabra. Nace así “una precocidad constitucional”.

La escogencia constituyente no ha sido, por tanto, adecuada, lo cual afecta a la representatividad para que se nos provea de la fuente más determinante para nuestra convivencia, progreso y paz. Se escucha que la filosofía es “una ciencia en la cual coinciden el hacer y el saber servirse de lo que se hace”, por lo cual: 1. De nada serviría poseer la erudición para convertir las piedras en oro si no supiéramos aprovechar el precioso metal y 2. En igual sentido una ciencia que nos hiciera inmortales, no nos sería útil si no aprendiéramos de la inmortalidad. En atención a las dos conjeturas nos referiríamos al “constituyente filosófico”, pero concibiéndole con la cuota de ignorancia que poseemos de que “ser filósofo es como soñar despierto”, pero, ademas, con el agregado de que “la ciencia (la filosofia) que cultiva es abstracta y desvinculada de la realidad cotidiana”. Apreciaciones que legitimarían al denominado “asambleísta ignorante”. Copiamos de las fuentes una acertada descripción: “Un “asambleísta ignorante” se refiere a un miembro de una asamblea (como un parlamento, congreso o consejo) que carece de conocimiento, cultura o preparación adecuada para desempeñar eficazmente su cargo y tomar decisiones informadas. Esto puede manifestarse en una falta de comprensión de los temas a tratar, de las leyes y normas que rigen la asamblea, o de las implicaciones de las decisiones que se proveen.

El filosófico pareciera ir de la mano con el “constituyente teológico”, pues, como escrito está, la gran mayoría de los determinantes conceptos de la moderna doctrina del Estado son secularizados, aludiéndose, inclusive, al “Dios Omnipotente que se volvió el omnipotente legislador”. También se lee que la teología y la filosofia no son excluyentes. Mas bien, complementarias.

“El constituyente literario”, constituiría otra de las menciones en la diversidad, ya que con él se hace referencia a la aplicación de perspectivas literarias en el analisis del constitucionalismo. Pero, asimismo, el examen de textos constitucionales a luz de un enfoque literario. En criterio del Nobel Mario Vargas Llosa, el “constitucionalismo literario” podría ser un enfoque interdisciplinario que busca enriquecer la comprensión del constitucionalismo, a través de herramientas y perspectivas de la literatura y la teoría literaria.

El excelso jurista Dr. Roman José Duque Corredor (QEPD), incluyó dentro del “constitucionalismo literario”, nuestro libro “Antonio Simplicio Rivas Moreno, el abogado constitucionalista” que comenta “las ausencias presidenciales con ocasión del estado de salud y fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, y plantea una Asamblea Constituyente dirigida a recomponer a la República”. El prologuista, dejó escrito: “El abogado constitucionalista con sus interrogantes y sus respuestas nos induce en el constitucionalismo literario… Y el destacado Dr. Allan Brewer Carías, igualmente, prologuista, escribe: “El profesor Luis Beltrán Guerra G., estudia la situación constitucional que se produjo con las ausencias del Presidente de la República del territorio nacional. Es la persona más idónea para estudiar este tema. Abogado de la UCV, con doctorado en Harvard, especialización como administrativista (Suma Cum Laude) en la Universidad de Roma y master en derecho comparado en Nueva York. Fue Procurador General de la República, Ministro de Justicia y diputado. Lo hace por boca de Rivas Moreno, un abogado constitucionalista, con detenimiento y buen humor”.

No puede negar, por supuesto, este humilde escribidor la existencia del “constituyente literario” y atribuirle el carácter de categoría, lo cual no obvia preguntarse si en “la asamblea” se conoce de la existencia de la tipología.

Ha de tenerse en cuenta la importancia que el Profesor Emérito Manuel Aragón de la Universidad Autónoma de Madrid atribuye al derecho al sufragio en un enjundioso analisis con respecto a esa legitimación (Edición de IDEA). El académico advierte que el voto es determinante cuando sea necesaria una votación en una entidad integrada por una pluralidad de personas, ya sea el viejo Senado romano, la antigua Dieta Imperial alemana o el Colegio Cardenalicio, ejemplos, por cierto, como el docente advierte, bien alejados de la democracia. El derecho al sufragio, para Aragón, ha de ubicarse en la esfera de lo público y no de lo privado, pues tiene una connotación política inexcusable. Está atribuido a los ciudadanos de una comunidad política para adoptar decisiones que atañen al gobierno de aquella. La máxima es, por tanto, que “no hay democracia sin sufragio universal, pero puede en cambio existir sufragio universal sin democracia”, de lo cual ha habido y hay suficientes ejemplos. No basta el carácter universal del sufragio para considerarlo democrático, ya que debe ser asimismo libre, igual, directo y secreto. Pero, también, es determinante que se la atribuya un valor igual, que se le emita sin intermediarios, o sea, una manifestación de una decisión libre, entendámoslo, de una voluntad no coaccionada. Las consideraciones del destacado académico alimentan, indudablemente, las apreciaciones de este ensayo. Es un deber reconocerlo.

Una máxima irrefragable, en atención a los expuesto, pareciera ser la de que de “una asamblea constituyente idónea” derivará “una Carta Magna apta”. Esto es, “una metodología para un desarrollo armónico del pueblo que se la ha dado, meta que pasa por las difíciles definiciones de los denominados “fines del Estado”, por cierto, una de las cuestiones más debatidas por las denominadas “ideologías políticas” a lo largo de la existencia de la propia humanidad. Leemos “Los liberales y los neoliberales plantean el desmantelamiento del Estado, los fascistas lo divinizaron como instrumentos de su apetito de poder, los marxistas desearon eliminarlos paulatinamente, por ser un medio de dominación al servicio de la clase hegemónica, los anarquistas se propusieron eliminarlos de un solo golpe y los socialistas y socialdemócratas creen que se le debe democratizar para que dirigido por una mayoría socialista, establezca formas justas de convivencia social”. El tema, como inducirá el lector, es tan complicado, o tal vez, más, que la denominada “precocidad constitucional.

En un interesante trabajo de César Pérez Jiménez, profesor asociado en la Universidad del Zulia, se afirma que “pensar en un proyecto político centrado en la convivencia social implica, básicamente, una transformación de los modos simbólicos y prácticos en los que converge el ideario de liberación nacional y global de un grupo territorialmente específico, tendente a la emancipación del ser y el saber. Demanda la participación social de los diferentes actores, desde las lógicas que les identifican como garantes de la convivencia pacífica, de cara a ilustrar a un cuerpo discursivo fundamentado en los lenguajes de deberes y derechos de una ciudadanía pluralmente democrática y participativa. Tales aspiraciones pueden ser alcanzadas de acuerdo a una sistematización pedagógica, la cual enfatice prácticas que legitimen la reproducción y producción culturales, en tanto reconocedoras de formas de comunicación y producción semiótica que están en la base de los procesos implicados.

Nos da la impresión, en atención a los expuesto a lo largos de estas páginas, de que alcanzar los fines del Estado, así como elegir constituyentes idóneos, es una tendencia, esto es, una “propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines”.

Un desarrollo social armonioso no existe en su forma ideal debido a la complejidad inherente a las sociedades humanas y a la diversidad de intereses y necesidades. La falta de armonía se manifiesta en desigualdades sociales, conflictos, falta de acceso a recursos y oportunidades, y la dificultad para lograr un consenso sobre los objetivos y valores sociales.

No desconocemos que en nuestros ensayos se tratan temas complejos y por tanto difíciles de comprender. El de este es quizás el mas enrevesado, por lo que para finalizar acudimos a la metodología mas simple, esto es, a la “Visión general creada por IA y de ella copiamos:

“Un desarrollo social armonioso no existe en su forma ideal debido a la complejidad inherente a las sociedades humanas y a la diversidad de intereses y necesidades. La falta de armonía se manifiesta en desigualdades sociales, conflictos, falta de acceso a recursos y oportunidades, y la dificultad para lograr un consenso sobre los objetivos y valores sociales”.

Y proseguimos con la misma fuente:

“Factores que dificultan el desarrollo social armonioso: 1. La distribución desigual de recursos, poder y oportunidades crea tensiones y conflictos entre diferentes grupos sociales, dificultando la cohesión social, 2. La competencia por recursos, el acceso a la justicia, la discriminación y la falta de inclusión pueden generar conflictos sociales que obstaculizan el desarrollo armonioso, 3. La falta de acceso a educación, salud, vivienda y otros servicios esenciales limita el potencial de las personas y perpetúa la desigualdad, impidiendo un desarrollo social equilibrado, 4. La falta de espacios para la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones dificulta la construcción de consensos y la satisfacción de las necesidades de todos los sectores de la sociedad y 5. Las diferencias culturales, las tensiones ambientales y los desastres naturales también pueden afectar negativamente el desarrollo social y crear desequilibrios”.

Y finalizamos con IA:

“En resumen, el desarrollo social armonioso es un ideal difícil de alcanzar debido a la complejidad de las interacciones humanas y a la existencia de diversos factores que generan desigualdad, conflictos y exclusión. Sin embargo, es importante seguir trabajando hacia este objetivo mediante políticas públicas inclusivas, la promoción de la participación ciudadana y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales”.

Amigo lector, confórmenos, por tanto, con admitir que “la precocidad constitucional” tiene a un amigo en lo engorroso del “desarrollo social”.

Digámoslo “por ahora”, como dejara etiquetado el Presidente Hugo Chávez uno de los capítulos de su complejo ejercicio del poder.

El lector tiene la palabra.

@LuisBGuerra

La transparencia de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia ha vuelto al centro de la agenda política, luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X que “desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026”.

Esta declaración generó gran revuelo en sectores de oposición y encendió las alertas sobre posibles intentos de deslegitimar o incluso aplazar los comicios.

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Frente a esta declaración, la precandidata presidencial Vicky Dávila publicó un mensaje extenso en sus redes sociales en el que plantea una lectura preocupante de la estrategia política del presidente, advirtiendo que estaría diseñada para instalar la idea de un supuesto fraude en contra del Pacto Histórico, con el fin de justificar acciones posteriores que podrían afectar el orden democrático y político del país.

La advertencia de Vicky Dávila

En su mensaje, Dávila afirmó: “Si permite hacer elecciones, la estrategia de Petro es crear el mito del robo de las elecciones al Pacto Histórico en 2026, para legitimar su discurso y sus posteriores acciones, legales y por vías de hecho, de toda índole”.

Según la periodista, el objetivo final de esa narrativa sería debilitar al nuevo gobierno, al que Petro no pertenecería si pierde las elecciones, y promover un discurso de resistencia y supuesta defensa popular frente a un sistema que el mandatario presentaría como ilegítimo.

“Mito clave en la acción que pretende realizar frente al nuevo gobierno y que busca el colapso del sistema político. Su deslegitimación total, la profundización de la división en la ciudadanía y la reivindicación de los derechos del ‘pueblo’, que él pretende representar, ante el robo de las elecciones por los enemigos del pueblo. Todo un montaje. Una mentira premeditada”, escribió Dávila.

En ese mismo hilo, enfatizó que dicha estrategia tendría un propósito aún más ambicioso: “El mito del robo de las elecciones es lo más importante en la nueva fase del proyecto petrista. Es la razón fundamental para continuar lo que Petro llama un proceso constituyente”.

La periodista hizo además un llamado urgente a la comunidad internacional para vigilar con rigor el desarrollo del proceso electoral: “Aquí deben estar encima la Unión Europea, el Departamento de Estado de EE. UU., la OEA y los delegados de muchos países que quieran ayudar vigilar el proceso electoral. Más otras medidas internas de vigilancia de votos en las mesas”.

En ese sentido, propuso también una auditoría social e institucional robusta que involucre a expertos y medios de comunicación con alta credibilidad: “También es un imperativo la representación de la sociedad civil y la vigilancia de los medios de comunicación, para, desde ya, hacer seguimiento al proceso de preparación de las elecciones, con expertos y gente por encima del bien y del mal, que de confiabilidad total al proceso”.

Dávila concluyó con una afirmación tajante: “Petro no podrá construir el mito del robo de las elecciones. Bajo ninguna circunstancia. No se lo vamos a permitir”. Y remató con una crítica histórica al financiamiento de las campañas presidenciales recientes, incluyendo la del actual mandatario: “Aquí lo más lamentable, electoralmente hablando, es que a Ernesto Samper lo haya elegido el cartel de Cali, a Juan Manuel Santos lo haya reelegido Odebrecht y a Petro, la plata en millones en efectivo de Euclides, según la confesión de Nicolás, su propio hijo. Y mucho dinero irregular más, repito, según el mismo Nicolás. Todos han podido tener el poder sin que la justicia los toque”.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las críticas y reiteró el compromiso del Gobierno con unas elecciones limpias.

En su intervención durante la sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral, realizada el jueves 10 de julio en Bogotá, Benedetti explicó que se están tomando acciones concretas para garantizar la integridad del sistema electoral, en cumplimiento de decisiones judiciales como la del Consejo de Estado.

“Con relación a un fallo sobre unos curules que se perdieron de MILA, el Consejo de Estado dijo que el software tenía que ser estatal, que la auditoría tenía que ser independiente, que la trazabilidad, la seguridad, la transparencia y la consolidación de datos de registro y de orden del usuario durante el escrutinio, de igual forma la transmisión de datos y que los partidos tengan acceso en tiempo real al algoritmo que se está haciendo en el software. Y fue tan verdad el planteamiento, o ha sido tan verdad el planteamiento, que hoy el administrador trajo soluciones a eso”, aseguró el ministro.

El Congreso de la República analiza un proyecto de ley de reforma constitucional que busca modificar el artículo 206° de la Carta Magna para prohibir expresamente la posibilidad de aprobar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. La iniciativa surge a puertas de un proceso electoral, donde suele haber debate entre el cambio total o parcial de la carta magna.

El texto presentado por Lucas Ghersi, con el respaldo de más de cien mil adherentes, precisa que el objetivo principal es dejar establecido, de manera taxativa, que el único procedimiento válido para reformar la Constitución será por vía de enmiendas parciales, ya sea mediante la aprobación en una sola legislatura, seguida de referéndum, o en dos legislaturas sucesivas con al menos dos tercios de los votos de los congresistas, excluyendo cualquier posibilidad de que una Asamblea Constituyente pueda redactar y aprobar una Constitución íntegramente nueva.

La ley propone que el artículo quede de esta manera: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. Este es el único procedimiento a través del cual pueden aprobarse reformas de la Constitución. En ningún caso cabe la aprobación de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente”.

La iniciativa también aclara que la reforma no puede ser observada por el jefe de Estado, pero que tiene la posibilidad, con aprobación del Consejo de Ministros, de presentar propuestas, así como los congresistas y un grupo de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas verificadas.

Argumentos de la prohibición de asamblea constituyente

De acuerdo al texto, la asamblea no opera bajo las reglas establecidas del sistema constitucional, sino que puede imponerse a todos los demás órganos del Estado. La experiencia de países como Ecuador y Venezuela se utiliza como ejemplo de los riesgos que implica esta lógica. En el primer caso, la Asamblea Constituyente asumió la facultad de destituir a parlamentarios y apropiarse de las competencias del Congreso y de otras instituciones, subordinando todos los poderes públicos a su autoridad. En Venezuela, la asamblea constituyente de 1999 se declaró por encima de la separación de poderes y se atribuyó la capacidad de reorganizar o suprimir organismos estatales, afectando la autonomía del Congreso y del Poder Judicial.

Existe también el argumento sobre la ausencia de garantías democráticas en el proceso de conformación de las asambleas constituyentes. Muchas veces estos órganos son elegidos bajo lógicas corporativistas o a través de mecanismos poco transparentes, lo que puede derivar en una representación inadecuada y en vulneraciones a los principios de igualdad y participación política. La ausencia de regulación expresa y parámetros claros puede agravar estas deficiencias, permitiendo que un puñado de actores concentre facultades decisorias sobre el futuro constitucional del Estado.

Por estos motivos, los impulsores del proyecto consideran necesario transformar la prohibición implícita —que se lee en la omisión del mecanismo de la Asamblea Constituyente en el texto actual— en una expresa, para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar la protección del Estado de derecho y de la seguridad jurídica en el país. Señalan que esta medida no genera costos adicionales para el presupuesto público ni para particulares y que, por el contrario, fortalece la transparencia, la certidumbre y el control jurisdiccional sobre cualquier intento de modificación de la Carta Magna.

En una ceremonia solemne celebrada el jueves 3 de julio ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se posesionó el nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Juan Carlos Sosa Londoño. El acto, más allá del protocolo judicial, se convirtió en un escenario para que el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro Duque, reiterara con vehemencia un mensaje político y jurídico claro: la Constitución de 1991 debe cumplirse en su integridad, sin excepciones ni desviaciones.

Desde el inicio de su intervención, Tejeiro Duque enfatizó el papel estructural que tiene la Constitución en la vida nacional. “Como siempre, reiteramos el respeto incondicional a la Ley de Leyes. Demandamos con firmeza el acatamiento fiel de sus 13 títulos, 380 artículos permanentes y los 67 artículos transitorios, además de sus cerca de 40 reformas. Convencidos de que la estabilidad jurídica garantiza la estabilidad de los derechos y por ese sendero, la libertad, la paz, la equidad, la vida, la dignidad y todos los valores que aquí se persiguen”, expresó el presidente del alto tribunal.

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Llamado al respeto a la Constitución como base del orden democrático

En un contexto político donde sectores del país han planteado reformas institucionales, ajustes al orden legal o incluso una nueva constituyente, el presidente de la Corte Suprema advirtió sobre los peligros del incumplimiento constitucional, incluso cuando este se promueve con buenas intenciones. “El incumplimiento a los derechos y a los procedimientos constitucionales, por bien intencionados que parezcan, sólo puede conducir al desorden, al caos y por allí a la violación de garantías de los ciudadanos señalados en la Carta y en las leyes que la acompañan”, puntualizó.

Tejeiro Duque citó una máxima del derecho romano para recordar que los acuerdos fundacionales de la sociedad no son optativos: “Decían con razón los romanos, pacta sunt servanda, para señalar que los pactos son para cumplirlos. Y el gran pacto pacífico y de todos de 1991 debe cumplirse íntegra y vehementemente”.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, en su discurso de posesión, asumió con solemnidad el encargo conferido por la Corte y se comprometió con los valores y responsabilidades que implica su nuevo rol. “Tengan la certeza que en la nueva tarea que me han encomendado no seré inferior a aquellos que con su vida enaltecieron a la rama judicial y que fueron ejemplo para que resurgiera como el ave fénix”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la construcción colectiva de una sociedad más justa: “Contribuyamos entre todos, como el que más, con el compromiso general de alcanzar una convivencia social y pacífica, de tener como norte la concordia nacional, siempre asegurando la integridad del orden político, económico y social justo que nos manda la Carta Política: resolución imparcial, efectiva y prudente de las diversas situaciones judiciales y administrativas, pero con la absoluta independencia que las circunstancias actuales exigen”.

Este llamado cobra especial relevancia en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha insinuado, en distintos escenarios, la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, generando preocupación entre juristas, exmagistrados y líderes de oposición que advierten sobre el riesgo de socavar el pacto democrático consolidado en la Constitución de 1991.

A la ceremonia asistieron altas autoridades del Poder Judicial y organismos de control, lo que reflejó la importancia institucional del evento. Estuvieron presentes Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional; Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; Mauricio Fernando Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República.

Frente al debate nacional suscitado por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible inclusión de una papeleta en las próximas elecciones para abrir el camino a una asamblea constituyente, el procurador General Gregorio Eljach hizo pública su posición jurídica frente al planteamiento, cuestionando de manera puntual la viabilidad legal del mecanismo sugerido por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Durante una entrevista concedida a la revista Cambio, Eljach aclaró que la posibilidad de incluir una papeleta electoral como vía para modificar la Constitución no está contemplada dentro del ordenamiento jurídico colombiano actual.

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“El procedimiento de la papeleta, tal como lo plantea el ministro, no es viable jurídicamente”, señaló el jefe del Ministerio Público. Este señalamiento representa un pronunciamiento de fondo desde la entidad frente a una de las propuestas más polémicas del Gobierno actual.

Gregorio Eljach explica los tres mecanismos legales para cambiar la Constitución

La figura de la papeleta fue presentada por algunos sectores cercanos al Ejecutivo como una herramienta para consultar al electorado sobre temas de relevancia nacional, entre ellos la convocatoria a una constituyente. No obstante, desde la visión institucional de la Procuraduría, dicha estrategia carece de sustento legal dentro de la arquitectura jurídica vigente.

“Los temas trascendentales del Estado, como la reforma a la Constitución, deben abordarse con responsabilidad y fundamento jurídico”, puntualizó Eljach.

La Constitución de 1991 estipula claramente los mecanismos disponibles para introducir reformas constitucionales. Según explicó el procurador, estos mecanismos son tres: el acto legislativo, la asamblea constituyente y el referendo.

Todos ellos requieren, de manera obligatoria, pasar por el Congreso de la República. “No puede haber reforma constitucional sin la participación previa del Congreso”, expresó de forma categórica para la revista en mención.

En ese mismo sentido, el jefe del Ministerio Público resaltó que el hecho de que un funcionario tenga el derecho a presentar propuestas no implica que dichas ideas se conviertan automáticamente en opciones legales: “Hay un principio jurídico valioso que reza que a los funcionarios públicos solo nos está permitido hacer lo que nos permite la ley”.

La expresión “ni papeleta ni pataleta, es la Constitución”, utilizada por Eljach en diferentes escenarios, resume la postura institucional frente al intento de convocar mecanismos extraordinarios sin el debido trámite legislativo. La frase, según relató el procurador, surgió de una conversación espontánea con un ciudadano en un aeropuerto, que recogió con claridad la visión jurídica sobre el debate en curso.

Para Eljach, más que nunca, “estamos en la hora de las instituciones, no de las personas”.

Además, anunció la creación de la Delegada de la Procuraduría para los Asuntos Electorales, una instancia inédita que estará presente en todo el territorio nacional. Su propósito será garantizar condiciones de transparencia y libertad durante el proceso electoral, en colaboración con otras entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República.

Eljach defiende funcionamiento pleno de la institucionalidad colombiana

Sobre la posibilidad de un “bloqueo institucional”, como en su momento sugirió el presidente Petro, Eljach respondió que los procesos democráticos están funcionando dentro de los marcos establecidos. A modo de ejemplo, mencionó el caso reciente de la reforma laboral: inicialmente negada en una comisión, logró abrirse camino por la vía institucional y finalmente fue aprobada por el Senado.

Para el procurador, estas dinámicas no deben entenderse como bloqueos, sino como parte del ejercicio democrático en el que cada actor debe “asegurar las mayorías para aprobar sus iniciativas”.

También fue consultado sobre los señalamientos que tildan al presidente de adoptar una postura autoritaria. En ese punto, Eljach defendió la institucionalidad colombiana, destacando que, aunque el jefe de Estado defienda sus posiciones con vehemencia, esto no equivale a una ruptura del orden constitucional.

En el plano legal, resaltó que las decisiones del Ejecutivo han sido contenidas y revisadas por otros órganos del Estado, como en el caso del decreto para la convocatoria de una consulta popular, suspendido por el Consejo de Estado y posteriormente derogado. Estos hechos, en opinión del procurador, confirman que “la institucionalidad de Colombia tiene la cura para cualquier circunstancia de ese tipo, venga de donde venga”.

El pronunciamiento sobre la propuesta de la papeleta no se limita a una diferencia técnica. Representa una advertencia clara desde uno de los entes de control más importantes del país sobre los riesgos de desconocer los canales previstos en la Constitución para realizar transformaciones estructurales.

En este escenario, el mensaje de Eljach se convierte en un llamado a la reflexión para todos los sectores. Según expresó, “la paz electoral debe ser el escenario en el que los colombianos elijamos en 2026 a los representantes del Estado, en plena libertad y respetando las diferencias”.

En una extensa entrevista concedida al programa Cuesta Arriba del medio ecuatoriano Altavoz, la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila (Movimiento Valientes) analizó la actual coyuntura política en Colombia, criticó con dureza las acciones del gobierno de Gustavo Petro y explicó los motivos que la llevaron a dar el salto de los medios a la política.

La conversación abordó temas como la propuesta de convocatoria a una asamblea constituyente, el clima de violencia e inestabilidad, y su apuesta por una candidatura marcada por el compromiso ciudadano y la transparencia.

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Dávila compartió la entrevista a través de su cuenta de Facebook el miércoles 25 de junio de 2025, y en ella empezó recordando que el presidente Petro “en la contienda electoral del 2018, donde participó Gustavo Petro y quedó de segundo, allí firmó en unas falsas piedras que no iba a haber constituyente y en el 22 cuando le preguntábamos en los debates decía que bajo ninguna circunstancia habría un llamado a una constituyente”.

La candidata señaló que este cambio de posición evidencia, en su opinión, una agenda oculta orientada a la concentración del poder.

Dávila calificó de autoritarios a mandatarios de izquierda de la región y afirmó que “estos mandatarios autoritarios con esa mente socialista... no tienen palabra. Cuando llegan al poder son otros, son unos monstruos. Esa es la verdad”.

Asimismo, la candidata que oficializó su aspiración a la Presidencia el martes 17 de junio consideró que el llamado a la constituyente busca perpetuar el proyecto político de Petro, recurriendo a estrategias similares a las implementadas en otros países como Venezuela, Ecuador y Argentina.

“Lo vimos con Chávez, lo vimos con Rafael Correa, lo vimos con los Kirchner. Esto no era extraño. El mundo le dijo a Colombia, ‘cuidado, ojo, este señor pertenece al grupo de Puebla, su ideología es el socialismo del siglo XXI’”, puntualizó Dávila.

Vicky Dávila se despachó en contra de Gustavo Petro: se refirió el polémico acto oficial en La Alpujarra

En cuanto al clima político, Dávila subrayó la polarización y la división en la sociedad, alimentadas, según sus palabras, por narrativas de odio: “Esa lucha de clases, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los indígenas... lo único que quieren es edificar en su honor... una dictadura”.

La candidata añadió que la invitación a exjefes de estructuras armadas a eventos públicos refuerza la percepción de amenaza: “Nada menos grave. Cuando él se sube a la tarima con congresistas... algunos que han promovido su reelección, con funcionarios de Gobierno y él mismo con bandidos condenados por delitos horribles, secuestro, homicidio y demás, lo que es es una gran amenaza para Colombia”.

Sobre la relación de Petro con otros líderes internacionales, Dávila aseguró que existe una alianza regional con actores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro y señaló que “ellos son amigos, son íntimos, hay un mismo libreto, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Irán”.

La vallecaucana criticó también el “secretismo” respecto a movimientos del presidente, al preguntársele por su viaje a Ecuador: “No lo sabemos, porque oficialmente no existen esos destinos. Oficialmente no hay detalles de la agenda que cumplió en esas ciudades. Y poco tiempo después, se sucede lo de Miguel Uribe y se habla de que la orden vino desde Ecuador”.

Vicky Dávila culpó a Gustavo Petro de situación de orden público en Colombia: también habló del atentado a Miguel Uribe

Dávila también abordó la respuesta ciudadana ante la crisis política y la violencia, destacando que mucha gente en Colombia “entiende que estamos bajo una amenaza criminal”.

La candidata presidencial señaló que parte del respaldo a Petro proviene del clientelismo: “Muchos reciben subsidios, los compran, los llevan, los traen, les dan mercados, les dan de todo, plata. Y la plata lastimosamente hace mucho daño cuando es capaz de comprar la conciencia”.

Sobre los recientes atentados a opositores, Dávila atribuyó responsabilidades políticas al gobierno.

“Gustavo Petro llega a la presidencia y en estos casi 3 años lo único que ha hecho es hostigar a la oposición... Por eso yo digo aquí hay unos pistoleros, hay unos autores materiales, hay unos intelectuales, pero Petro y su gobierno como mínimo son los responsables políticos de lo que está pasando”.

Consultada sobre su decisión de pasar del periodismo a la política luego de 33 años de trayectoria en medios nacionales como RCN, Semana y W Radio, explicó por qué se lanzó a la política, y de ‘primerazo’, al máximo cargo.

“Yo podría enumerarte todo… y de repente empiezo a ver que el país se nos está desmoronando y que se nos va a ir a un hueco. Y digo, ‘quiero seguir viviendo en mi país. Que mis hijos puedan estar en mi país. Que los jóvenes de Colombia tengan un mejor país. Yo ante todo soy ciudadana. Soy mamá’”, dijo Dávila.

Vicky Dávila habló de los riesgos que podría correr su vida, tras lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay en Bogotá: no olvidó a Fernando Villavicencio

Dávila reconoció riesgos para su seguridad tras su decisión de aspirar a la presidencia, relatando que el gobierno le ha informado sobre amenazas.

“El mismo gobierno, a través del director de la policía, me ha entregado informaciones muy graves sobre mi seguridad. Se han comprometido a reforzarla. Espero y tengo mucha confianza en que el director de la policía va a cuidar a mi familia y me va a cuidar y va a cuidar a los aspirantes presidenciales, pero el riesgo está allí y hay una realidad”, agregó la candidata.

Acerca del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador y de los ataques sufridos por Miguel Uribe en Colombia, Dávila expresó: “Yo sé que los ecuatorianos me entienden. Es esa impotencia de ya no poder hacer más desde el periodismo que te lleva de pronto por el carácter, por lo que sea. Por la firmeza, por la determinación te lleva listo, aquí estoy en primera fila, soy un soldado de Colombia, de los colombianos, y vamos para adelante con el movimiento Valiente”.

Dávila recordó la convulsa época de Pablo Escobar y no pasó por alto las demandas por el caso de Miguel Uribe

Al hablar sobre este movimiento, declaró: “Ya la inscribimos con el movimiento Valientes. Le pusimos Valientes como una especie de inspiración… porque siento que Colombia ha tenido que sufrir tanto".

“Los colombianos por décadas… hemos tenido que reponernos a Pablo Escobar, a los carteles de la droga, al terrorismo, a las FARC, a los paramilitares, a la corrupción, todo. Y creo que en el ADN del colombiano ya está la valentía”, siguió Dávila.

Sobre la demanda de la familia de Miguel Uribe contra el presidente Petro, cuestionó la independencia de las investigaciones: “La comisión de acusación aquí le decimos la comisión de absolución... no existe un récord que nos permita creer, confiar en que una investigación de este tipo… va a llegar a algún lugar”.

Dávila concluyó la entrevista reafirmando su confianza en que Colombia reaccionará con contundencia en las urnas en 2026: “Estoy convencida de que el 31 de mayo del 2026 va a haber un golpe democrático contundente porque aquí no actuamos con ilegalidad, con trapisondas, con mentiras, aquí actuamos de manera legal”.

La entrevista terminó con un llamado para que las próximas elecciones en Colombia se desarrollen con libertad y sin violencia.

“No vengo de los partidos, no vengo del sistema político; hay gente buena, pero el sistema está manchado por la corrupción. Yo tengo una trayectoria transparente, quiero hacer las cosas bien… Podemos hacer una Colombia distinta, buena, floreciente”, cerró Vicky Dávila.

En la mañana del jueves 26 de junio, la senadora Paloma Valencia concedió una entrevista a La FM. Allí, se refirió a la propuesta de una constituyente por parte de Luis Eduardo Montealegre, ministro de Justicia.

La congresista dijo que la constituyente, mediante un mecanismo de papeletas, no solo sería ilegal, sino insostenible.

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“La constituyente no tiene pie ni cabeza. La Constitución dice que esa iniciativa debe pasar por el Congreso. Si la tal papeleta llega a aparecer, todos los colombianos debemos romperla... Esto no es rebelión, la rebelión es la del presidente Petro. Hay que cuidar y respetar la institucionalidad (...) “Si la tal papeleta llega a aparecer, debemos romperla”, señaló.

La senadora dijo que si, con la constituyente, la intención de Petro es reelegirse no lo va a lograr, pues las encuestas no lo favorecen y su popularidad va en picada.

“No hay razones para temerle a Petro. Es un presidente desprestigiado, sin popularidad, que aunque tuviera reelección no sería reelegido, porque el 30% de colombianos que le queda no le alcanzaría”, dijo.

Valencia añadió que en Colombia la institucionalidad es tan fuerte que el presidente Petro no podría quedarse en el poder.

El anuncio del ministro de Justicia

El Gobierno anunció oficialmente su intención de someter a votación popular la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente, con el propósito de reformar la Constitución de 1991. La propuesta fue presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en la antesala del Consejo de Ministros celebrado el 24 de junio en la Casa de Nariño.

La consulta se realizaría en marzo de 2026, en simultánea con las elecciones legislativas. En esa fecha, los colombianos recibirían una papeleta adicional para expresar si respaldan o no la convocatoria de una constituyente encargada de redactar una nueva Carta Política. Esta sería la primera vez desde 1991 que se somete a decisión directa de la ciudadanía un mecanismo de esta envergadura.

El planteamiento del Gobierno parte de la premisa de que la actual Constitución ha sido insuficiente para concretar transformaciones sociales de fondo en el país. El Ejecutivo considera que una nueva arquitectura institucional permitiría avanzar en materias como equidad, solidaridad y derechos sociales.

La iniciativa se inscribe en una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, aunque durante su mandato ha habido ambigüedad sobre su implementación.

La propuesta del ministro Montealegre busca, según explicó, abrir un camino legal y dentro del marco institucional para promover una nueva Constitución. Desde el Gobierno se ha insistido en que el procedimiento no implica una ruptura del orden democrático ni un “salto al vacío”, sino una vía participativa para canalizar cambios estructurales.

La idea de una Constituyente ha sido recurrente en los discursos del presidente Petro. El pasado 11 de junio, en un acto público en Cali, el mandatario reiteró su intención de acudir a mecanismos de participación ciudadana para lograr reformas, aunque en ese momento enfocó su llamado en la recolección de firmas para respaldar una consulta popular relacionada con la reforma laboral. No obstante, luego de que dicha reforma fuera aprobada por el Congreso, el Gobierno anunció la derogatoria del decreto que habilitaba esa consulta.

Nueve días después, el 20 de junio, el presidente publicó en sus redes sociales que la consulta laboral ya no era necesaria, pero reafirmó su propósito de impulsar una Asamblea Constituyente. Sin embargo, aclaró que esta no tendría lugar durante su actual administración, sino que se llevaría a cabo en el siguiente periodo presidencial.

El anuncio del ministro Montealegre se da a pocos días de que se cumplan 34 años de la promulgación de la Constitución vigente. El momento elegido y el contenido del anuncio reactivaron los debates políticos y jurídicos sobre la viabilidad del mecanismo. Algunos expertos han advertido que las condiciones actuales del ordenamiento legal no contemplan la inclusión de una papeleta adicional para convocar directamente una Asamblea Constituyente, lo que plantea interrogantes sobre los procedimientos y las competencias necesarias para activar este proceso.

Pese a las dudas jurídicas y a la polarización que genera el tema, el Gobierno sigue adelante con su estrategia para abrir el camino hacia una nueva Constitución. La consulta prevista en marzo de 2026 sería el primer paso para determinar si existe respaldo ciudadano a una reforma profunda del orden constitucional colombiano.

El anuncio del presidente Gustavo Petro acerca de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente en el país, que incluso ya tiene fecha prevista para que los colombianos decidan si quieren convocar o no a este cuerpo colegiado, continúa causando fuertes reacciones en el espectro político. Lo anterior, porque pese a que el mandatario derogó el Decreto 0639 de 2025, con el que quería convocar una consulta popular, insiste en este mecanismo excepcional.

Frente a este escenario han surgido voces de alerta desde la oposición, como la de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, que aseguró que esta movilización política busca reformar la Constitución de 1991, pese a que Petro insiste en que esa no es su intención. Y abriría la puerta, entre otros, a cambios sustanciales como una eventual reelección presidencial, posibilidad que fue cerrada por el Congreso en 2018.

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El anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, de que la decisión de los colombianos sobre si quieren convocar una constituyente se haría en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, sin duda encendió las alertas. Y todo porque podría ser entendido como un plan para alterar la agenda institucional en el país, que se apresta para conocer a su nuevo presidente, en unos comicios que también se harán en el primer semestre del año entrante.

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, afirmó Montealegre, que contradijo con ello las múltiples ocasiones en que Petro ha expresado que su deseo no es tocar la Carta Magna que rige desde hace 34 años.

Paloma Valencia y su fuerte reacción a la idea de constituyente de Gustavo Petro

Valencia, en diálogo con distintos medios, afirmó que la convocatoria planteada por el Gobierno es abiertamente inconstitucional. Para la congresista, la única vía legal para una asamblea constituyente está claramente establecida en la Constitución vigente, y requiere la aprobación de una ley en el Congreso, revisión por parte de la Corte Constitucional y el cumplimiento de un umbral específico de participación ciudadana.

“La asamblea nacional constituyente que está proponiendo el ministro y el presidente son abiertamente inconstitucionales e ilegales, porque la Constitución del 91 tiene un camino claro sobre cómo se puede hacer una constituyente. De manera que aquí que los colombianos no se lleven a equívocos”, indicó la senadora de oposición, que se plantó en su respuesta frente a lo que desde Palacio estarían fraguando de cara al escenario electoral del año próximo.

La senadora, además, enfatizó en el peligro que supone para el equilibrio de poderes y la estabilidad democrática el impulso de un proceso constituyente que prescinda del trámite legislativo y judicial. “Esta es una nueva manera del Gobierno de atacar el Estado de derecho, de querer romper los límites y contrapesos, porque es que las constituyentes tienen que pasar por el Congreso y no se pueden brincar el Congreso hacia el Gobierno no le guste”, agregó.

Pese a la contundencia de sus señalamientos, Valencia expresó confianza en que las instituciones, especialmente las altas cortes, y la sociedad colombiana defenderán la carta política de 1991. “Yo creo que eso es imposible, porque estoy segura de que todas las altas cortes de este país van a defender la Constitución del 91, como lo haremos los colombianos que vamos a estar unidos y firmes”, puntualizó Valencia, que aspira a llegar al primer cargo de la nación.

El trasfondo inmediato de la propuesta presidencial fue la aprobación de la reforma laboral, un hecho que el propio Petro utilizó como antesala del anuncio constituyente. “Será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que los próximos Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho”, aseveró el jefe de Estado.

El Gobierno de Gustavo Petro ratificó su intención de convocar una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución de 1991.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que la consulta ciudadana se realizaría en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas.

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La propuesta, ha generado controversia política. El anuncio se hizo a pocos días de cumplirse 34 años de la actual Carta Magna.

Frente al anuncio del ministro Eduardo Montealegre sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó con dureza, cuestionando sus motivaciones y su rol en el Gobierno. “No llegó al gobierno para construir país, sino para ser peón”, afirmó.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió la iniciativa del Gobierno para impulsar una nueva carta magna, argumentando que el actual marco constitucional no ha sido suficiente para lograr los cambios sociales pendientes.

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año todos los colombianos podrán votar sí o no a una Asamblea Constituyente que rediseñe institucionalmente al país”, señaló.

Frente a esto, María Fernanda Cabal cuestionó el papel del ministro de Justicia y lo acusó de servir a los intereses políticos del presidente.

Señaló que la convocatoria a una constituyente no tiene respaldo constitucional y recordó promesas pasadas de Petro sobre el tema.

“Montealegre no llegó al gobierno para construir país, sino para ser peón de los delirios autoritarios de Petro. Ahora pretende justificar una constituyente por fuera de la Constitución, cuando el mismo Petro juró sobre mármol que jamás impulsaría una”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su cuenta en la red social X.

Cabal también criticó al Gobierno por recurrir a la propuesta de una constituyente ante la falta de resultados concretos en su gestión. Afirmó que el verdadero problema no radica en la Constitución actual, sino en la incapacidad del Ejecutivo para gobernar.

“¿Por qué ese cambio? Porque no tienen logros, no tienen resultados, y por eso necesitan fabricar un nuevo proceso que les dé el poder que no han sabido ejercer con responsabilidad. La Constitución del 91 no es el problema: el problema es un gobierno incapaz que sueña con reescribir las reglas para perpetuarse, no para transformar”, opinó la congresista de oposición.

María Fernanda Cabal cerró su pronunciamiento con un mensaje en el que cuestionó la prioridad del Gobierno al impulsar una constituyente, insistiendo en que las necesidades reales del país están en otras áreas. “Colombia necesita reformas serias, no caprichos de caudillo. Los ciudadanos no quieren constituyente, quieren empleo, vivienda, salud, seguridad, educación”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el país necesita transformaciones estructurales que permitan avanzar en temas sociales y en la reducción de brechas. Según explicó, el objetivo de la constituyente es impulsar cambios normativos desde la legalidad.

 Y añadió: “Se trata de un hecho político, un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”.

Durante su visita a Cali el pasado 11 de junio, el presidente Gustavo Petro volvió a plantear la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, generando reacciones inmediatas en sectores de oposición. Aunque luego negó que su intención fuera reformar la Constitución, sus declaraciones fueron interpretadas en esa dirección. En ese contexto, firmó el Decreto 0639 de 2025, con el que busca promover una consulta popular, a pesar de que la reforma laboral, el objetivo central de la propuesta, ya fue aprobada, lo que ha frenado su avance.

“Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás.Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia”, dijo el jefe de Estado.

Un día después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunciara las fechas tentativas en las que el país depositará la llamada papeleta para convocar a una asamblea constituyente, el partido Centro Democrático respondió de forma contundente.

Según la colectividad, que ha representado a la oposición al Gobierno desde el 2022, aseguró que la iniciativa del jefe de cartera atenta directamente contra la democracia del país, además de acusar al Ejecutivo de modificar las leyes del país a “su antojo”.

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“La propuesta de Eduardo Montealegre (ministro de Justicia) de reformar la Constitución de 1991, al estilo de Castro y Chávez, genera gran preocupación. El presidente Petro, incumpliendo sus promesas, busca una nueva Constitución que se adapte a sus intereses”, señaló la colectividad.

Además, el Centro Democrático señaló que la actual Carta Magna respeta todos los derechos de los ciudadanos, contrario a lo que podría suceder en caso de aprobarse una reforma a la Constitución Política de Colombia.

“La Constitución actual es garantista. Debemos rechazar esta iniciativa que amenaza con debilitar los derechos fundamentales, la separación de poderes y los derechos de la oposición”, continuó el partido.

En su comunicado, el partido del expresidente Álvaro Uribe le propuso al presidente Gustavo Petro y a su gabinete pensar en propuestas reales para darle solución a las principales problemáticas de los colombianos, especialmente, en materia de salud y seguridad.

“Los colombianos exigimos soluciones reales: seguridad, protección del sistema de salud, reducción de impuestos, lucha contra la corrupción, oportunidades para los jóvenes y estabilidad política. El socialismo del siglo XXI ha demostrado ser un fracaso, generando pobreza y sufrimiento. No necesitamos una ruptura constitucional, sino un gobierno que priorice las necesidades de los colombianos”, concluyó el Centro Democrático.

Los reparos de la oposición se dan después de que el Gobierno de Gustavo Petro anunciara el 24 de junio de 2025, a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, la intención de convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia, con el objetivo de reformar la Constitución Política vigente desde el 4 de julio de 1991.

Esta decisión, comunicada a menos de dos semanas del aniversario número 34 de la actual Carta Magna, ha generado un intenso debate en el país, pues responde a una promesa de campaña y revive temores históricos sobre el alcance de las reformas propuestas por el actual Ejecutivo.

La propuesta fue presentada por Eduardo Montealegre en una declaración previa al Consejo de Ministros, realizado en la Casa de Nariño. El ministro detalló que la consulta popular para decidir sobre la convocatoria a la asamblea constituyente se realizará en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones al Congreso de la República.

“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución”. Según el ministro, el país requiere “rediseños institucionales” para avanzar en materia social, profundizar en la igualdad y la solidaridad, y dar un salto social.

“Se trata de un hecho político, un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”, señaló el ministro.

Estas declaraciones buscaban disipar los temores de sectores que ven en la iniciativa un riesgo para la estabilidad institucional, al enfatizar que el proceso se desarrollará dentro de los cauces legales existentes.

La propuesta de una asamblea constituyente no es nueva en el discurso del presidente Gustavo Petro. El 11 de junio de 2025, durante una visita a Cali (Valle del Cauca), el mandatario insistió en la necesidad de convocar este mecanismo para reformar la Constitución.

En esa ocasión, el anuncio se produjo tras la firma del Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el Gobierno buscaba, sin éxito hasta ese momento, realizar una consulta popular. El objetivo inicial de esta consulta era respaldar la reforma laboral, que ya había sido aprobada por el Congreso. La insistencia en la asamblea constituyente, incluso después de la aprobación de la reforma, generó críticas de la oposición, que interpretó la iniciativa como un intento de ampliar el alcance de las reformas más allá de lo estrictamente laboral.

Durante su intervención en Cali, Petro afirmó: “Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia”.

La aparición del presidente Gustavo Petro durante un acto público celebrado el sábado 21 de junio de 2025 en La Alpujarra de Medellín sigue causando fuertes reacciones de diferentes sectores políticos.

De hecho, el mandatario encendió las alarmas cuando permitió que líderes de bandas criminales que operan en territorio paisa, algunos condenados e internados en centros de reclusión, estuvieran presentes en el acto público.

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Además, el anuncio sobre una posible convocatoria a una asamblea nacional constituyente puso a Gustavo Petro en centro de los reproches, entre ellos, el expresidente César Gaviria.

En la mañana del martes 24 de junio, el también líder natural del Partido Liberal acusó públicamente al presidente de buscar apoyo político a través de acuerdos con organizaciones criminales y de proponer vías irregulares para reformar la Constitución.

Incluso, Gaviria revivió el llamado “Pacto de la Picota” y rechazó tajantemente la intención presidencial de introducir una papeleta para impulsar la constituyente en las próximas elecciones.

Según informó el propio Gaviria en un texto difundido a la opinión pública, estos movimientos representarían, en su visión, una amenaza directa al Estado Social de Derecho y a la estructura democrática establecida por la Constitución de 1991.

“El presidente Gustavo Petro ha reiterado su deseo de convocar una Asamblea Constituyente por fuera de los mecanismos legítimos previstos en la Constitución de 1991, y ahora insinúa hacerlo mediante una papeleta improvisada en las próximas elecciones. Esta iniciativa, lejos de ser un ejercicio democrático, representa una estrategia de confrontación, polarización y manipulación para abrirle camino a un proyecto personalista que desborda los límites del Estado Social de Derecho”, escribió Gaviria.

Asimismo, el expresidente aseguró que una de las mayores preocupaciones reside en la participación de “un grupo de criminales” a los que el presidente Petro habría retirado de prisión para que lo acompañaran en el acto político.

El líder liberal sostuvo que hechos de esta naturaleza demuestran un “desprecio por el sufrimiento de las víctimas” y constituyen una abierta transgresión a la legalidad y al orden constitucional. Gaviria ligó este episodio a la insistencia de Petro en avanzar hacia una Asamblea Constituyente, pese a los límites y procedimientos expresos que establece la Carta Magna vigente.

De acuerdo con el comunicado firmado por César Gaviria, el presidente Petro ha reiterado su intención de promover una Asamblea Constituyente por fuera de los marcos legítimos definidos por la ley, particularmente mediante el uso de una “papeleta improvisada” en los próximos comicios.

El expresidente advirtió que esta estrategia no responde a mecanismos democráticos reconocidos, sino que se trataría de una maniobra orientada a la polarización y el avance de un proyecto político personal que desconoce los “límites del Estado Social de Derecho”.

El exmandatario enfatizó en su declaración que la búsqueda de alianzas con “organizaciones criminales” —que, según él, agravan la coyuntura— revela la naturaleza del proyecto del presidente Petro, al que tildó de tentativa por subvertir el orden constitucional.

Al respecto, Gaviria recordó el reciente fracaso del Decreto 0639 de 2025, presentado por Petro para convocar una consulta popular. De acuerdo con el dirigente liberal, ese decreto fue rápidamente rechazado por el sistema judicial por incumplir los requisitos constitucionales, desatender los derechos de la oposición, quebrantar la separación de poderes y atribuirse competencias propias de la justicia constitucional.

“Estas propuestas confirman que Petro tiene una concepción autoritaria del poder. Cree que puede hacer lo que le venga en gana y como le dé la gana. Se concibe a sí mismo como El Supremo, sin límites que deba respetar, por encima de las Cortes y del Congreso, sin ningún respeto por las opiniones ajenas ni por los derechos de la oposición”, continuó el dirigente del Partido Liberal.

Gaviria puntualizó que no existe “ninguna posibilidad jurídica” de que una papeleta propuesta por el Ejecutivo o un decreto presidencial sustituya este procedimiento. Según detalló el expresidente, la propuesta de Petro reduciría la participación ciudadana a un mero acto de depositar la papeleta que él indique, lo que, en opinión de Gaviria, representa un “insulto a todos los colombianos”.

El texto, según el propio Gaviria, advirtió a las fuerzas democráticas y a las instituciones sobre la necesidad de impedir que el presidente, “en su condición de saliente”, convoque una constituyente con el objetivo de beneficiar a actores señalados en el Pacto de la Picota y grupos criminales.

Finalmente, la declaración realizó un llamado explícito a todas las “fuerzas democráticas del país” —incluyendo partidos, cortes, medios de comunicación y la ciudadanía en general— para defender la Constitución de 1991 como garante de derechos, pluralismo y equilibrios de poder.

“Hoy más que nunca, hago un llamado a todas las fuerzas democráticas del país —a los partidos, a las cortes, a los medios, a la ciudadanía— para defender la Constitución del 91 como garantía de los derechos, del pluralismo y de los equilibrios del poder. El Estado Social de Derecho no se negocia, mucho menos con los criminales. No se elude, con argucias improvisadas. Se respeta", concluyó César Gaviria.

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro anunció que se derogará el decreto que convocaba a una consulta popular, pero notificó que se entregara una papeleta para convocar a una asamblea nacional constituyente para la jornada electoral de marzo de 2026.

Las declaraciones del mandatario generaron todo tipo de reacciones en el sector político colombiano. Mientras que algunos respaldaron la propuesta del jefe de Estado, otros consideran que no es el momento para hacer ajustes a la Carta Magna colombiana.

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Es el caso del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que pese a sus posturas a favor del Gobierno nacional, en esta oportunidad no comparte la posibilidad de una constituyente, al considerar que la situación política no permite que se desarrolle una convocatoria de ese estilo.

“Apoyé las reformas, pero NO apoyo la propuesta de una Constituyente. No es momento”, escribió el congresista de Alianza Verde en su cuenta de X.

Del mismo modo, el parlamentario señaló que su posición frente a la propuesta presidencial no habla en nombre de la corporación legislativa, al considerar que existen diferentes opiniones en el recinto político.

“Desde la Cámara no puedo hablar en nombre de todos, porque hay diversas posiciones que se recogen y que hemos escuchado en torno a esta propuesta. Lo que sí te puedo decir es que, por mi parte, no comparto esta idea”, manifestó Salamanca en declaraciones a los medios de comunicación.

A su vez, el representante boyacense enfatizó en la necesidad de construir consensos antes de emprender cualquier reforma de gran calado.

“En este momento de tanta polarización, donde precisamente estamos trabajando por moderar el lenguaje, escucharnos, reconocimiento mutuo, debemos primero llegar a esos mínimos de acuerdo antes de pensar en una reforma constitución”, comentó.

Igualmente, expresó que, en caso de realizarse cualquier modificación a la Constitución Política, se debe efectuar por medio de un acuerdo nacional, en la que, según Salamanca, “sea de escucha colectiva y, sobre todo, con el ánimo de ceder de parte de todos los sectores”.

No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes advirtió que la propuesta del presidente Petro implica varios riesgos para la democracia nacional.

“Creo que en este momento el riesgo es muy grande. Toda vez que, cuando se abre la puerta a una constituyente, no se sabe con certeza en qué puede resultar”, detalló.

Frente a las posturas de varios sectores en las que mencionan la posibilidad de que Gustavo Petro busque una manera de reelegirse en el cargo por medio de la constituyente, Salamanca señaló: “Esa no es su intención. Lo ha dicho muchas veces, y yo le creo. Si esa fuera su intención, tampoco acompañaría esa posibilidad. Creo que las experiencias de reelección, como la del presidente Uribe o la del presidente Santos, han salido mal”.

Por otra parte, el congresista de Alianza Verde defendió su labor en la Mesa Directiva de la Cámara, resaltando que, durante su periodo, la corporación avanzó en la discusión de importantes temas como la reforma laboral y la reforma a la salud, por lo que invitó al Senado a continuar con el trámite de estas propuestas.

“Lo que necesitamos ahora es cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, avanzar en la implementación de estas reformas (...) y, por supuesto, reconciliarnos como país antes de pensar en una constituyente”, concluyó.

Además de Jaime Raúl Salamanca, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, manifestó que consultará con su equipo jurídico sobre la viabilidad de la propuesta presidencial, pero recalcó que el mecanismo para la convocatoria del mismo debe seguir los lineamientos de la Constitución Política.

“La Constitución es clara: la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe pasar por el Congreso de la República. En primera instancia, no veo viable esa posibilidad, porque no se le puede hacer un atajo a la democracia, ni un atajo al Congreso”, indicó el senador del Partido Conservador en declaraciones a la prensa nacional.

Tras la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Congreso, luego del proceso de conciliación legislativa, el presidente Gustavo Petro fue el primero en reaccionar públicamente. Aunque destacó el avance en materia laboral, aprovechó la ocasión para anunciar que promoverá la convocatoria de una asamblea nacional constituyente a través de una papeleta durante las elecciones presidenciales de 2026.

Frente al anuncio del presidente Petro, el exsenador Jorge Robledo cuestionó la legalidad de su propuesta y advirtió que no es posible convocar una constituyente por medio de una papeleta en las elecciones presidenciales. “Gustavo Petro no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026”, afirmó Robledo recientemente.

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El exsenador Jorge Robledo criticó con firmeza la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una asamblea nacional constituyente mediante una papeleta durante las elecciones de 2026. Según Robledo, dicha iniciativa carece de fundamento jurídico y vuelve a poner sobre la mesa un mecanismo que, a su juicio, el mandatario sabe que no puede ejecutar legalmente.

Además, señaló que esta estrategia busca manipular a sus bases políticas y responsabilizó a algunos aliados del gobierno de respaldar una propuesta que considera engañosa.

“NO hay que dejarse engañar. El presidente @petrogustavo no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026, porque no se lo autoriza la Constitución ni la ley. Lo que está haciendo Petro es lo mismo del año pasado: engañar con una Constituyente que sabe que no puede hacer. Petro engaña a los sectores populares petristas y los jefes de Petro, enmermelados, le sirven de alcahuetas en su engaño (sic) ”, aseveró el político colombiano por medio de su cuenta de su cuenta en la red social X.

Junto con su mensaje en redes sociales, Jorge Robledo compartió un video en el que amplió su crítica al presidente Petro, reiterando que la propuesta de incluir una papeleta constituyente carece de sustento legal. En su intervención, enfatizó que cualquier modificación a la Constitución debe seguir el procedimiento establecido por el Congreso y no puede imponerse de forma unilateral.

“Petro no tiene autoridad legal para incluir esa pregunta y porque cualquier cambio en la Constitución, según ordena la propia Constitución, se tiene que tramitar y aprobar en el Congreso de Colombia. Lo que tenemos entonces es la repetición del engaño de Petro del año pasado. Cuando habló y habló y habló de cambiar la Constitución”, comentó el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

En el mismo video, Robledo cuestionó la coherencia del presidente Petro al recordar que, pese a sus repetidos llamados a una constituyente en el pasado, nunca formalizó esa intención ante el Congreso. Según el exsenador, el mandatario ha evitado el trámite legislativo porque conoce la falta de respaldo político para lograr una reforma de esa magnitud.

“Y nunca, nunca, repito, le presentó al Congreso el proyecto de ley para tramitar ese cambio. Luego jamás intentó hacerlo. Y no lo intentó porque él sabía que en el Congreso no tenía los votos suficientes para aprobar ese cambio. La misma realidad que conoce ahora”, explicó.

Al finalizar su intervención, Jorge Robledo aseguró que el anuncio del presidente Petro busca desviar la atención de la opinión pública frente a los problemas de su gobierno. Señaló que la convocatoria a una constituyente es utilizada como una estrategia política sin viabilidad real, destinada, según él, a contener las críticas y mantener el respaldo de sus bases.

“Lo que hizo Petro en 2024 y repite hoy es un cañazo, ofreciéndole supuestos cambios que no ocurrirán para que no se hable de sus gravísimos errores y fracaso. Dos verdades más. A los sectores populares petristas, Petro los engaña descaradamente. Y los jefes petristas enmermelados le sirven de alcahuetas a Petro en el engaño”, concluyó Robledo en su video cuestionando lo dicho por el primer mandatario del país.

El 20 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República iba a derogar el decreto que instauraba la consulta popular. Sin embargo, dijo que su próxima jugada política será convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones.

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. , señaló.

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El jefe de Estado informó que irá a Medellín para participar en un evento sobre la Paz Urbana que se llevará a cabo el 21 de junio de 2025, a pesar de las diferencias que tiene con los líderes políticos del departamento de Antioquia, que experimenta problemas de seguridad.

La elección de este espacio, rodeado por los edificios de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, no resulta casual. Ambas instituciones representan dos de los principales gobiernos locales que se han posicionado como opositores a la administración nacional, lo que añade un matiz de confrontación política a la convocatoria.

La organización de la concentración generó tensiones en distintos sectores políticos y sociales de Antioquia. Diversos actores políticos expresaron reparos sobre la financiación de proyectos nacionales en la región, señalando que muchos de ellos permanecen desfinanciados.

A este contexto se suma la inquietud por la logística desplegada por el gobierno central para asegurar la asistencia masiva a la plazoleta. Entre las estrategias mencionadas figuran convocatorias en comunas específicas para llenar autobuses con asistentes, así como presuntas maniobras contractuales que podrían implicar desembolsos millonarios.

La movilización cobró visibilidad en redes sociales, donde varios parlamentarios difundieron invitaciones a la ciudadanía. Paralelamente, comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp que, según diversas denuncias, revelarían detalles de la logística implementada por el Pacto Histórico en Antioquia para garantizar la presencia de simpatizantes en el evento.

Uno de estos audios fue publicado por el exconcejal de Medellín Simón Molina, que ha sido crítico de la convocatoria. En la grabación, una mujer detalla la coordinación de autobuses para trasladar a habitantes de las comunas 3, 6, 8, 10 y 13 hasta La Alpujarra, solicitando responsables para cada sector y mencionando la provisión de refrigerios y otros apoyos logísticos.

“Buenos días, estas son las comunas que inscribí para que le mandaran buses para llevar la gente a la venida del presidente. Por favor me dicen quién se va a poner al frente de cada comuna de carácter urgente (...) para hacerles el contacto de que queden enfrente para los buses, el refrigerio y para lo que se ofrezca”, se escuha en el audio que divulgó Molina.

Este fragmento fue interpretado por sectores de la oposición como evidencia de una movilización organizada y financiada desde instancias oficiales o afines al Gobierno Petro.

En su publicación, Simón Molina expresó: “En Medellín el Pacto Histórico y sus congresistas están preparando la movilización con Petro el próximo 21 de junio en Aranjuez. Buses, refrigerios y lo que tengan que ofrecer. Su ‘tal respaldo popular’ es comprado”. Con estas palabras, el exconcejal cuestionó la autenticidad del apoyo popular al presidente, sugiriendo que la asistencia al evento responde a incentivos materiales y no a una adhesión genuina.

Las dudas sobre el uso de recursos públicos para la logística del mitin fueron reforzadas por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout. Este funcionario publicó un certificado de disponibilidad presupuestal, identificado como perteneciente a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. El documento, según De Bedout, estaría vinculado a un contrato destinado a respaldar la organización del encuentro en La Alpujarra.

El concejal planteó interrogantes sobre la legalidad y legitimidad de estos gastos: “Mientras se afinan los detalles logísticos de esta puesta en escena, comienzan a sonar con fuerza las alarmas: ¿Se están usando recursos públicos para llenar la plaza? ¿Está el Gobierno gastando más de $2.600 millones en buses, tarimas, refrigerios y movilización con fines netamente políticos?”. La cifra mencionada, más de $2.600 millones, equivale a una suma considerable destinada a transporte, infraestructura y alimentación para los asistentes, lo que encendió el debate sobre la transparencia en el uso de fondos estatales.

De Bedout profundizó en su denuncia al señalar que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ejecuta en Antioquia el convenio PCCA-05 de 2025, por un monto superior a $2.682 millones. El contrato contempla actividades como “fortalecimiento comunitario”, “procesos territoriales” y “eventos pedagógicos”, categorías que permiten financiar transporte, alimentación, logística y presencia en territorio. Esta amplitud en los objetivos contractuales generó suspicacias sobre la posibilidad de que recursos públicos se destinen a fines políticos, bajo la apariencia de actividades comunitarias.

De igual manera, alertó que en otras entidades regionales también existirían indicios de instrucciones para poner recursos y capacidades al servicio del mitin presidencial. La pregunta que planteó De Bedout resume la preocupación de la oposición: “¿Coincidencia? ¿O estamos ante una operación política encubierta con dinero público?”. Esta inquietud encontró eco en sectores críticos del gobierno, que exigen claridad sobre el origen y destino de los fondos empleados en la movilización.

Lima, 19 jun (EFE).- El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) afirmó este jueves que es víctima "de los dueños del Perú", por haber planteado durante su gobierno la elaboración de una nueva Constitución "del pueblo peruano".

"Yo recorrí todo el país y porque vine al Congreso y al Palacio (de Gobierno) con mi sombrero, como maestro, como campesino, acompañado de mi familia, de los más olvidados, eso no le gustó a los de arriba, a los dueños del Perú, y ustedes tienen que entender eso", señaló Castillo a los magistrados que lo enjuician por su fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

El exmandatario tomó la palabra durante una audiencia del juicio oral que se le sigue por la presunta comisión del delito de rebelión.

Castillo, que se niega a reconocer la validez del proceso e incluso no ha acreditado abogados, por lo que es asistido por la defensa pública, se dirigió a los jueces para asegurarles que fue elegido gobernante "por más de 9 millones de peruanos".

Agregó que esto sucedió porque se "necesitaba la primera Constitución del pueblo peruano" y que él planteó que eso se concrete "a través de una Asamblea Constituyente".

"Por ese voto, los grupos de poder, los que me querían imponer una hoja de ruta, han hecho todo lo posible por tenerme acá, inventando que yo iba a quitarles sus bienes, que iba a implementar un gobierno comunista, ligado a Venezuela, a Cuba, cuando no es así", remarcó.

Tras decir a los jueces que tenían que "entender" la coyuntura política que enfrentó, les pidió que sigan el proceso en su contra "en cualquier espacio del pueblo".

"Yo sé que ustedes están metidos en su mundo de la legalidad, del derecho, pero me gustaría, en alguna oportunidad, con la fuerza del pueblo, caminar con ustedes, así, con su medalla, con su reloj, por cualquier espacio del pueblo. Me gustaría que me juzguen en cualquier lugar del país", sostuvo.

Castillo también aseguró que el proceso judicial que enfrenta ha afectado, principalmente, a sus padres y a su hija menor, y también le ha producido problemas de salud.

Añadió que una situación similar afronta su ex primera ministra, Betssy Chávez, quien también es procesada por este caso, y hacia quien expresó su "solidaridad" porque "está pasando por temas muy cruciales también", según dijo.

Desde el inicio de este juicio, Castillo asegura que la Fiscalía no ha podido confirmar que haya cometido el delito de rebelión por el que pide que se le condene a 34 años de prisión.

Hasta el momento, han declarado decenas de testigos, entre ellos exministros, congresistas, altos mandos militares y policiales, personal del Palacio de Gobierno y periodistas y directivos del canal estatal TV Perú, que retransmitió a nivel nacional el mensaje de Castillo.

El 7 de diciembre de 2022 el entonces gobernante anunció por televisión que pensaba disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto, en un mensaje que fue considerado golpista, tras lo cual fue destituido por el Congreso y detenido por la Policía Nacional.

Debido al agitado escenario político, el jurista y exnegociador de paz Humberto de la Calle Lombana emitió un pronunciamiento contundente sobre el reciente decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, con el cual busca convocar a una consulta popular tras la decisión del Senado de archivar la reforma laboral. La medida desató un amplio debate en el país sobre los límites del poder ejecutivo, el respeto por las decisiones del Congreso y la integridad de la separación de poderes.

De la Calle, con décadas de experiencia en el sector público y una trayectoria marcada por su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz con las Farc, señaló que el decreto presidencial representa un “grave golpe a la Constitución”.

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En entrevistas concedidas a medios como Noticias Caracol y la revista Cambio, expuso que el verdadero fondo del asunto no es la legitimidad de la consulta como mecanismo de participación, sino la manera en que se intentó imponer está a través de lo que calificó como una usurpación de competencias por parte del presidente.

“Lo que está pasando es que se está discutiendo una reforma laboral en este momento. Sí hubo el incidente del archivo, para ser honestos, eso hay que reconocerlo, pero la discusión es que el presidente, cuando anula decisiones del Senado, por supuestas o reales irregularidades, no solo está menoscabando la competencia del Congreso, sino anulando la Rama Judicial, que es la única que puede resolver sobre esas, repito, reales o supuestas irregularidades”, expresó el exministro.

Desde su perspectiva, la decisión del mandatario va mucho más allá de un simple desacuerdo con el Legislativo. Representa, según dijo, una intervención directa en las funciones de las otras ramas del poder público, lo que atenta contra uno de los principios fundamentales del Estado colombiano: “La separación de poderes no es un invento organizacional, es un mecanismo delicado para evitar el autoritarismo. Eso es lo que está en juego en Colombia”.

De la Calle también se refirió al carácter político de la medida, alertando que el decreto no puede interpretarse únicamente desde el punto de vista jurídico.

Lo que está en marcha, en su criterio, es una estrategia de agitación política en medio de una “crispación electoral sin antecedentes”. Para él, si bien el Gobierno tiene el derecho de defender su proyecto político, el uso del decreto como herramienta de presión sobre el Congreso resulta inaceptable.

“El decretazo” presidencial y su impacto democrático

“Aquí va el decretico o el decretazo y si ustedes no votan todo lo que yo digo en materia laboral, la consulta sigue, pero también puedo derogarlo si yo logro entonces sojuzgar al Congreso para que se pliegue a mis aspiraciones. Eso es realmente muy poco democrático”, puntualizó.

De la Calle recuerda el origen de la Constituyente

El ex candidato presidencial insistió en que la consulta, en condiciones normales, sería un recurso válido y legítimo dentro del marco constitucional; sin embargo, cuestionó que se pretenda llevar a cabo en un contexto de polarización extrema, en el cual se corre el riesgo de que esta sea usada como “instrumento de campaña” en lugar de fomentar una deliberación seria y técnica entre la ciudadanía.

“Yo no descarto una consulta porque es un mecanismo legítimo. Lo que parece especialmente dañino es una consulta en medio de una crispación electoral sin antecedentes, ya que será convertida en un instrumento de campaña, dejando muy poco espacio para la reflexión de la ciudadanía. Si el Gobierno quiere una consulta, esta debería tener lugar después del proceso electoral”, explicó.

Durante su intervención en la emisión de noticias televisada, De la Calle también abordó el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil ante este panorama. En su opinión, el registrador debe abstenerse de tomar decisiones unilaterales y esperar a que las altas cortes resuelvan sobre la legalidad del decreto.

“Yo creo que el registrador debería atenerse a lo que decidan las cortes y no tomar decisiones por sí mismo de manera solitaria”, afirmó.

Respecto al impacto institucional que puede derivarse del llamado “decretazo”, De la Calle fue enfático en señalar que el país está entrando en un terreno complejo, donde el discurso incendiario y la confrontación política están debilitando las estructuras democráticas.

“El Gobierno se ha limitado casi en todo a la promoción de una narrativa, pero con muy poco éxito. No solo en los caminos nuevos, sino también en asuntos que venían funcionando bien, ahora deteriorados por ineficacia y desorden”, manifestó.

Recordó, además, que el origen de la Asamblea Constituyente de 1991 fue muy diferente al momento actual. Mientras que en aquel entonces la iniciativa surgió de una manifestación ciudadana espontánea, que fue reconocida por el gobierno de turno, hoy el llamado a una consulta tiene otro matiz.

La intención, cada vez más clara, del presidente de la República, Gustavo Petro, de adelantar una asamblea nacional constituyente, tras su más reciente aparición pública, que se llevó a cabo en Cali (Valle del Cauca), provocó una dura reacción del exfiscal General y precandidato presidencial Francisco Barbosa, que en su perfil de X y haciendo un ‘recorderis’ frente a estas intenciones, rememoró aquella vez en la que advertía sobre los riesgos que correría el país si Petro decidía desconocer la independencia de poderes y las instituciones.

“Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia", indicó el primer mandatario, que con ello desató una fuerte polémica en el ámbito nacional, incluso desde diferentes sectores, que no ocultaron su preocupación por la manera en la que estaría planeando el quiebre institucional.

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Frente a estas declaraciones, el exfiscal Barbosa mencionó cómo el 21 de abril de 2023, durante una visita a Barranquilla, y antes de que Petro expresara su deseo de hacer una constituyente, había puesto el tema en discusión, pues a su juicio ya eran evidentes las señales que empezaba a dar el jefe de Estado en esta línea. Con una publicación en la red social, en la que adjuntó el video, el ex jefe del ente acusador pasó cuenta de cobro a todos aquellos que, de acuerdo con su versión, lo llamaron exagerado y, si se quiere, loco.

“Despertemos. Lo advertí en Barranquilla como fiscal General. Dije que el presidente Petro plantearía la Constituyente porque las instituciones ya no le servían. En ese momento, muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba. Hoy son los primeros en decir que lo que hace el presidente Petro es una locura que ataca el sistema constitucional. Acá no queda más que recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total y de relativismo frente al sistema jurídico”, indicó Barbosa en su mensaje.

En aquella visita a la capital del Atlántico, el exfiscal Barbosa instó a la ciudadanía a unirse para proteger la institucionalidad en Colombia. Y agregó, al referirse a posibles escenarios futuros, que es imperativo garantizar que el Gobierno respete y reconozca entidades fundamentales como la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso; y, en caso de que el escenario de una constituyente promovida por el Gobierno se concrete el próximo año, será necesario establecer un “frente común”.

La premonición de Francisco Barbosa sobre Gustavo Petro que se estaría haciendo realidad

En efecto, aquella vez con sus declaraciones, durante una visita oficial como representante del órgano garante de justicia, dejó clara su posición al respecto. “Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no les sirvió la Fiscalía, la Procuraduría, el Congreso, las cortes, y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente, ojo con eso”, dijo aquel entonces. Aunque su vaticinio hablaba del 2024, tal parece que estaría empezando hacerse realidad solo hasta ahora, con el reciente anuncio del mandatario.

En su cuenta, el precandidato presidencial también compartió un video del fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, en el que el jefe del régimen negaba, en campaña electoral, sus intenciones de hacer una constituyente si era elegido presidente; promesa que incumplió apenas subió al poder, pues llevó a cabo una Asamblea Constituyente en 1999, año en el que redactó una Carta Magna a su acomodo. Luego vino lo peor para el país vecino, que después de casi 26 años no supera el yugo de los colectivos chavistas.

“Acá está la prueba de lo que tantas veces dijimos. Petro era un sátrapa que representaba el modelo venezolano en Colombia. Remata su gobierno buscando la constituyente. Muchos de los ingenuos que lo apoyaron deben estar preocupados por Colombia. No nos queda de otra más que enfrentar políticamente a este régimen que seguirá con su retórica de violencia y su promoción del caos hasta el 2026”, añadió el exfiscal que, en la reciente semana, se convirtió en protagonista al oficializar su aspiración presidencial.

La confirmación por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, del decreto con el que se convocará la consulta popular, llevó al concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, del Centro Democrático, presentar una denuncia formal por prevaricato contra el jefe de Estado. Lo hizo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en un recurso jurídico que interpuso junto a la exdirectora del Instituto Colombiana de Bienestar Familiar (Icbf) Cristina Plazas Michelsen y el abogado Alberto Boek Huyke.

A través de sus redes sociales, Briceño destacó su preocupación por lo que describe como un “abuso flagrante de poder”, luego de que el jefe de Estado firmó el decreto 0639, el miércoles 11 de junio de 2025, con el que dejó en firme su intención de que los colombianos acudan a las urnas para que se expresen sobre los cambios en el régimen laboral que quieren que se lleven a cabo. Y no se apartó, con ello, de la estrategia final con estas determinaciones; forzar un escenario idóneo para ir por una asamblea constituyente.

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“Le hemos pedido a la Cámara de Representantes que esté a la altura de la situación y que le ponga la cara al país”, aseveró el cabildante distrital, que argumentó que “no podemos seguir permitiendo que Gustavo Petro, su gobierno y sobre todo el señor Eduardo Montealegre (ministro de Justicia), con interpretaciones absolutamente acomodadas, violen el Estado de derecho”. Y agregó que el decreto firmado por Petro, que convoca a una consulta popular, es ilegal, ya que el Congreso rechazó previamente tal iniciativa.

El blanco de la controversia es el documento que, según los denunciantes, fue expedido “sin contar con el concepto previo, favorable y vinculante del Congreso de la República”. La denuncia ante el órgano cameral sostiene que esta acción no solo transgrede los límites legales, sino que además “afecta la separación de poderes, compromete gravemente el erario y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud”, según se detalló en el documento radicado dentro de los procedimientos legales del país.

En consecuencia, Briceño, que ha liderado diversas causas cívicas, y que en esta ocasión cuenta con el respaldo de una exfuncionaria del Estado, como Plazas Michelsen, añadió que “es necesario que se investigue y se tomen medidas ante estos actos que claramente desafían la estructura jurídica de nuestra nación”. Su participación añade peso a la denuncia, resguardada legalmente por Boek Huyke: un letrado que ha liderado casos de alta trascendencia jurídica en el territorio nacional.

¿Por qué acusaron a Gustavo Petro de incurrir en prevaricato?

La denuncia interpuesta por el concejal capitalino, que se suma a otras como la del exsenador David Luna, acusa a Petro de prevaricato por acción: un delito que en Colombia se considera cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a la ley, y que está consagrado en el artículo 413 del Código Penal colombiano. Con ello se pide a la Comisión de Acusaciones que inicie una investigación “exhaustiva y rápida” para establecer responsabilidades con este tipo de conductas del primer mandatario, sujetas a señalamientos.

“La actuación no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza los límites constitucionales de la participación ciudadana”, se leyó en un segmento de la acusación formal. Este argumento hace énfasis en las preocupaciones sobre la separación de poderes y el respeto a las normativas democráticas; en medio de un caso que ha suscitado un amplio debate en el país sobre la legalidad de las decisiones presidenciales y el marco de acción permitido al Ejecutivo, que estaría desconociendo la autoridad del Senado.

Y es que aunque algunos defensores del presidente ven la firma del decreto como un intento de Petro por avanzar en su agenda política, frente a lo que ha señalado es el bloqueo institucional a sus reformas en el cuerpo legislativo, los críticos, entre ellos Briceño, perciben esta proceder del jefe de Estado como un desafío directo a la autoridad que tiene el Capitolio en dar un concepto desfavorable al mecanismo de participación ciudadana llamado. Se aproxima, pues, una disputa jurídica que espera definirse antes del 7 de agosto.

El más reciente anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su intención de buscar una asamblea constituyente si la consulta popular no tiene éxito, y se hunden sus iniciativas en el Congreso, alegando un supuesto bloqueo institucional, continúa desatando la controversia en las redes sociales. Y todo porque con ello, el primer mandatario revivió un viejo fantasma que parecía conjurado, pero que volvió a aparecer a menos de 14 meses para que finalice su gestión.

Desde marzo de 2024, cuando hizo por primera vez su anuncio -justamente en Cali- el jefe de Estado se ha encargado en diferentes intervenciones, ya sea en la plaza pública, o en las redes sociales, de lanzar advertencias sobre su intención de convocar a este mecanismo con el que, en resumen, se buscaría reformar la Constitución Política vigente, que fue promulgada el 4 de julio de 1991. Aunque había descartado esta posibilidad, este nuevo anuncio despertó los temores en la opinión pública.

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“Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia“, dijo el primer mandatario en un evento en el que trató de desligar a su Gobierno de cualquier responsabilidad en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Esta afirmación, al calor de una intervención que fue en sí infortunada, pues dio por muerto varias veces al congresista de oposición que lucha por su vida en la Clínica Fundación Santa Fe, fue revalidada por el jefe de Estado en diálogo con CNN: cuando condicionó el éxito de su consulta, convocada por encima de la voluntad del Senado, que en la sesión del 14 de mayo había rechazado la posibilidad, con su intención de ir aún más allá e ir por la vía que dijo no tomaría si era el gobernante de los colombianos.

“Si se cae en la corte, entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta”, expresó Petro. “Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo, en elecciones, masivamente pida la asamblea nacional constituyente”, agregó el jefe de Estado, que generó un fuerte revuelo entre la opinión pública por cuenta de sus anuncios, que estarían en contravía del respeto a la Carta Magna, a sus 35 años.

En redes revivieron cómo Petro incumplió los mandamientos con el que no convocaría a una constituyente

En las plataformas digitales volvieron a recordar el momento en el que Petro, como partícipe de la campaña presidencial del 2018, y en compañía de otros reconocidos políticos como Antanas Mockus, Ingrid Betancourt y Claudia López, que adherían a su campaña, se comprometía a cumplir con un total de 12 mandamientos; que incluía, entre otras, evitar la “tentación” de convertirse en un nuevo Hugo Chávez y no expropiar la propiedad privada, y respetar, con ello, el Estado social de Derecho.

En ese grupo de imponderables que Mockus, López y Betancourt le hicieron firmar para sumarse a su aspiración, el de no convocar a una constituyente, era el segundo punto de la lista que, además, incluía el manejo de los recursos públicos como recursos sagrados, situación que en su Gobierno ya no ocurrió, por el megaescándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); el respeto a la iniciativa privada y el nombramiento de los más capaces en el Estado.

“Desde que Petro juró en campaña que jamás convocaría una Asamblea Constituyente, me fue imposible votar por él: un verdadero demócrata jamás tendría que hacer la payasada de firmar en mármol que va a respetar el estado social de derecho... (El tercer punto se lo dictó Olmedo López)”, comentó, entre otros, el periodista y comediante político Daniel Samper Ospina, que se desató en su perfil de X.

Los 12 mandamientos que Gustavo Petro se comprometió a respetar... Algunos ya no los cumplió

1. No expropiaré
2. No convocaré a una asamblea constituyente
3. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados
4. Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización
5. Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad
6. Respetaré el estado social de Derecho
7. Respetaré el acuerdo de paz
8. Nombraré a las/los más capaces
9. Garantizaré la igualdad de género
10. Impulsaré el tránsito ordenado a las energías limpias
11. Impulsaré la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos
12. Garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta contra la corrupción

Libreville, 16 nov (EFE).- Gabón celebra este sábado un referéndum para votar sobre el proyecto de una nueva Constitución, un paso crucial para la vuelta a un régimen civil prometido por la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado de agosto de 2023.

Unos 860.000 electores están llamados a ejercer su derecho democrático en los colegios electorales que abren sus puertas entre las 07.00 y las 18.00 hora local (06.00 y 17.00 GMT), si bien algunos centros han sufrido retrasos.

"Acabo de ejercer mi deber ciudadano, en calma", declaró a medios locales un votante llamado Makoundza que, como sus conciudadanos, quiso expresar su apoyo o rechazo a la nueva carta magna, adoptada el pasado 17 de octubre por el Consejo de Ministros del país.

Según reportan medios gaboneses, la votación se enfrenta a los desafíos de la época lluviosa y el periodo escolar, algo que podría dificultar el desplazamiento de los ciudadanos a sus distritos electorales de origen.

Para atajar esos obstáculos, las autoridades declararon como días no laborables este jueves y viernes y se autorizaron cambios excepcionales en la localización de los centros de votación, después de una campaña en los últimos diez días que transcurrió sin incidentes destacados.

En un acto celebrado para lanzar la campaña a favor del "sí" el pasado 6 de noviembre, el primer ministro del país y ex líder opositor, Raymond Ndong Sima, afirmó: "Nos guste o no, esta Constitución ha sido la más debatida por la población".

La Asamblea Constituyente de Gabón adoptó el pasado 22 de septiembre por mayoría el proyecto constitucional, tras concluir diez días de sesiones para evaluar el texto.

Unas 800 enmiendas para los inicialmente 194 artículos de la norma -que pasaron a ser 173 en la versión definitiva- fueron propuestas y adoptadas por un total de 168 parlamentarios (98 diputados y 70 senadores del Parlamento de Transición) y de los cuales solo ocho votaron en contra y tres se abstuvieron.

El texto propuesto refuerza la figura de la Presidencia, al abolir el cargo de primer ministro, y fija el mandato de siete años del presidente, renovable solo una vez, en vez del número ilimitado de mandatos de cinco años actual.

Además, el presidente tendría competencias para disolver el Parlamento y nombrar a miembros del Poder Judicial, mientras algunas libertades se verían limitadas, por ejemplo con la definición del matrimonio solo como la unión entre hombre y mujer.

El texto también busca evitar que se repita una transmisión dinástica del poder, como sucedió con la familia del derrocado presidente Ali Bongo, al prohibir que "el cónyuge y los descendientes" del líder del país puedan ser candidatos a su sucesión.

Quienes rechazan la nueva Constitución, critican la concentración del poder en el presidente de transición, general Brice Clotaire Oligui Nguema, que dirige la junta militar, conocida como Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI).

"El proyecto constitucional propuesto no hace más que mantener un sistema donde las decisiones se toman de manera opaca, sin consultar realmente a los ciudadanos ni teniendo en cuenta sus necesidades fundamentales", declaró a la prensa esta semana el economista y excandidato presidencial Albert Ondo Ossa.

Tras esta votación, el cronograma de la transición prevé la celebración de elecciones presidenciales y legislativas en agosto de 2025.

Gabón, potencia petrolera de África subsahariana, celebró este abril un diálogo nacional inclusivo anunciado en septiembre de 2023 por las autoridades de transición, un paso hacia el retorno de un Gobierno civil al país tras el golpe de Estado del 30 de agosto del año pasado.

Ese día, los militares tomaron el poder horas después de que las autoridades electorales anunciasen la victoria del entonces presidente, Ali Bongo, en los controvertidos comicios celebrados ese mes de agosto.

Los golpistas -como la oposición- aseguraron entonces que las elecciones no fueron transparentes, creíbles, ni inclusivas, y acusaron al Ejecutivo de gobernar "irresponsable e impredeciblemente".

La familia del derrocado Bongo -que se convirtió en presidente después de la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009- había ocupado el poder desde 1967. EFE

(foto) (vídeo)

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, se ha postulado para dirigir la formación en Galicia junto al profesor universitario y actual portavoz en funciones del movimiento en la Comunidad, Paulo Carlos López.

Ambos firman una candidatura conjunta que han registrado con fecha de este lunes, día 11 de noviembre, dentro del plazo habilitado hasta el próximo viernes, día 15, por el Movemento Sumar Galicia para presentar candidaturas de cara a la Asamblea constituyente que celebrarán el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela.

En el documento presentado este lunes para encabezar la candidatura a la Coordinadora Nacional, Verónica Martínez Barbero se postula como aspirante a la Presidencia de Sumar Galicia --número dos de la candidatura--, mientras que Paulo Carlos López hace lo propio para la Secretaría Xeral --número uno--. Además, avanzan que, en próximos días, harán pública la propuesta de lista completa al órgano.

Verónica Martínez Barbero, diputada por la provincia de Pontevedra, es actualmente la portavoz de Sumar en el Congreso tras la salida de Íñigo Errejón. Previamente, había ostentado la portavocía Marta Lois, quien dejó el cargo para centrarse en su candidatura a las elecciones autonómicas gallegas.

En el texto firmado por Verónica Martínez y Paulo Carlos López, ambos consideran necesario construir el Movemento Sumar Galicia en un contexto de "parálisis político y social desde hace más de 15 años" en Galicia, que, según señalan, "impide avanzar en las luchas contemporáneas".

"Los sucesivos gobiernos del PP, primero de Feijóo y ahora de Rueda, no resuelven los problemas de nuestra ciudadanía, con un deterioro progresivo de los servicios públicos, con unos precios de la vivienda inasumibles y haciéndonos cada vez más pequeños y pequeñas", apuntan.

Los aspirantes a dirigir en Galicia el movimiento impulsado por Yolanda Díaz lamentan que la Comunidad gallega tiene menos peso económico en el conjunto del Estado, con un gallego que mengua y un preocupante declive demográfico.

Por todo eso, ven necesario constituir la formación en la Comunidad gallega, si bien reconocen que "la tarea no es fácil" y trasladan su voluntad de hacerlo "bien, sin prisa, pero sin pausa". "Queremos construir un Movemento donde cojan todas las personas progresistas de Galicia, porque, como dijimos, somos la organización que más se parece a ellas".

Los firmantes señalan que la tarea inmediata en los próximos dos años será la expansión territorial, construir la organización y resolver los problemas cotidianos, poniendo por encima de todo el valor de las personas públicas. Sabemos hacerlo y hacerlo bien, como se puede ver en el Gobierno del Estado.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Las candidaturas a los órganos de dirección de Sumar Galicia se pueden presentar hasta el 15 de noviembre en el marco del proyecto constituyente que la formación culminará con la celebración de su Asamblea General el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela.

La cita, en la que ya está confirmada la presencia de los diputados en el Congreso Manuel Lago y Verónica Martínez, elegirá a 30 miembros para formar la coordinadora nacional a través de listas que deberán encabezar la persona que ocupe la Secretaría Xeral, en el número uno, y la Presidencia, en el dos.

La elección se hará por candidaturas cerradas, que deberán contar con una lista de titulares igual al número de puestos a cubrir más un mínimo de tres suplentes, y deberá contar, por lo menos, con un 50% de mujeres.

Ya el pasado mes de septiembre, la comisión promotora aprobó por unanimidad el texto político, el texto organizativo y el código ético, que fue sometido a debate en las distintas agrupaciones comarcales de la organización durante las últimas semanas, con casi un centenar de enmiendas.

Según el calendario de esta primera asamblea general, estas enmiendas serán dictaminadas en la reunión extraordinaria del día 16 de la productora, donde se emitirá un dictamen sobre dichas enmiendas. Estas podrán aceptarse, rechazarse o proponerse una transacción.

Madrid, 11 nov (EFE).- El Grupo de Coordinación del Movimiento Sumar ha decidido aplazar tres meses y medio la asamblea constituyente de este partido, que se iba a celebrar el 14 y 15 de diciembre y tendrá como nueva fecha el 29 y 30 de marzo.

La secretaria de organización de Sumar, Lara Hernández, ha informado en rueda de prensa este lunes de este aplazamiento y ha indicado que la decisión fue tomada por el Grupo de Coordinación, el máximo órgano de dirección política de la formación, en una reunión celebrada este domingo.

El motivo para la modificación de la fecha es el cambio que se ha producido "en el contexto político" desde que en septiembre fue fijada la fecha de diciembre, según ha explicado Hernández, quien cree que con unos meses más de tiempo pueden lograrse "certidumbres en el horizonte político".

Respecto a ese contexto político cambiante, la secretaria de organización de Sumar ha hecho referencia a las negociaciones parlamentarias para los presupuestos de 2025 y para la reducción de la jornada laboral, así como la "reconstrucción del País Valencià" y a la "reordenación del grupo parlamentario", derivada de la dimisión de Íñigo Errejón como portavoz.

"Hemos elegido esta fecha porque estaremos ya, entendemos, en una nueva coyuntura política, con certidumbres políticas más definidas, diferentes, más calmadas, que de alguna manera consideramos que nos van a permitir rearmarnos adecuadamente", ha precisado Hernández.

La dirigente de Sumar cree que "no es el momento" ahora de atender a las peticiones desde IU de un cambio de nombre del grupo parlamentario para evitar la homonimia con uno de los partidos que lo forman, porque hay "otras prioridades", aunque respeta la "autonomía" de cada formación en sus peticiones.

"Yolanda Díaz es la referencia política de este espacio allí donde creo que los liderazgos políticos se reconocen, que es en la sociedad", ha contestado Hernández a otra reclamación del líder de IU, Antonio Maíllo, acerca de una mayor horizontalidad para las decisiones de la coalición.

Sobre la elección de Verónica Martínez Barbero como portavoz del grupo parlamentario, Hernández ha subrayado que fue por aclamación y "fruto del debate político y del consenso amplio de todo el conjunto de las fuerzas políticas".

Por su parte, la portavoz de Sumar, Elizabeth Duval, ha preferido no hacer comentarios sobre las "opiniones subjetivas" que hace Irene Montero, eurodiputada de Podemos, en un libro que presentará este lunes, referidas a Yolanda Díaz. EFE

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, se ha postulado para dirigir la formación en Galicia junto al profesor universitario y actual portavoz del movimiento en la Comunidad, Paulo Carlos López.

Ambos firman una candidatura conjunta que han registrado con fecha de este lunes, día 11 de noviembre, dentro del plazo habilitado hasta el próximo viernes, día 15, por el Movemento Sumar Galicia para presentar candidaturas de cara a la Asamblea constituyente que celebrarán el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela.

(Habrá ampliación)

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, respondió al expresidente Iván Duque y otros miembros de la oposición, luego de que aseguraran que con la llegada del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Efraín Polo, el presidente Petro tendría la potestad de extender su Gobierno por dos años más.

El ministro también se refirió al tema de la constituyente, que volvió a ser tendencia, pese a que el tema ya había sido cerrado.

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En medio de una declaración a medios, Cristo enfatizó que no habrá reelección ni constituyente, y los instó (a la oposición) a prepararse con propuestas concretas para las elecciones de 2026.

Cristo aseguró que las próximas elecciones serán seguras y tranquilas, garantizando que todos los participantes tendrán las mismas oportunidades.

En su declaración, el ministro resaltó la importancia de que los partidos políticos se enfoquen en desarrollar propuestas realistas y no en “ciencia ficción”, en referencia a las ideas de modificar la constitución o extender los mandatos presidenciales.

“Ya sobre ese tema con plastilina toca, no reelección, no constituyente. Prepárense para las elecciones del 26, sepan que van a tener todas las garantías, vamos a tener unas elecciones tranquilas y seguras y pues parecen con propuestas y no conciencia ficción”, fueron las palabras de Cristo para la oposición.

El contexto de estas declaraciones se da en un clima político donde algunos sectores dicen que el Gobierno actual quiere modificar el sistema político actual.

Sin embargo, la administración Petro y el mismo presidente han dejado claro que no se contemplan cambios en la estructura constitucional vigente.

Cristo, al dirigirse a la oposición, reiteró que el camino hacia el poder debe basarse en propuestas sólidas y viables que puedan ser presentadas a los votantes en el próximo ciclo electoral.

La discusión sobre la reelección y la constituyente ha sido un tema recurrente en el debate político colombiano, pero las declaraciones del ministro buscan cerrar la puerta a estas posibilidades, al menos en el corto plazo. Con su mensaje, Cristo pretende enfocar la atención en el proceso electoral de 2026, instando a los actores políticos a trabajar dentro del marco democrático establecido.

Lo que piensa la oposición

En más de una oportunidad el presidente Petro ha defendido la necesidad de actualizar la Constitución de 1991, asegurando que cualquier modificación se realizaría dentro de los parámetros legales vigentes, si bien en algún momento se habló de constituyente, esa idea quedo completamente descartada cuando Cristo asumió como ministro del Interior.

Sin embargo, la oposición ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que una asamblea constituyente sea utilizada para consolidar el poder del mandatario y alterar la estructura política del país. Este debate se intensifica en un contexto donde también se discute la posibilidad de una reelección presidencial, un tema que ha generado inquietud entre los opositores, esto pese a que el mismo presidente ha aclarado que no busca reelegirse.

El tema de la asamblea constituyente ha sido igualmente polémico. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, ha criticado las intenciones de Petro, sugiriendo que una constituyente podría amenazar las instituciones democráticas del país. La oposición teme que este mecanismo sea empleado para modificar la Constitución de manera que favorezca al actual Gobierno, debilitando así la democracia colombiana.

A pesar de las críticas, Petro ha insistido en que cualquier cambio constitucional se haría respetando el marco legal vigente. La discusión sobre la reelección y la Asamblea Constituyente refleja las tensiones políticas actuales en Colombia, donde la oposición se mantiene vigilante ante cualquier intento de modificar la Constitución o extender el mandato presidencial.

La senadora Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, reavivó la controversia sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar desde sus redes sociales que esta iniciativa, propuesta por el presidente Gustavo Petro, podría amenazar las instituciones democráticas del país.

Valencia, aspirante a ser candidata presidencial por su partido, desempolvó publicaciones de Petro en la red social X, en las que el mandatario defendía el impacto histórico de la Constitución de 1991 y su potencial actualización, con el fin de cuestionarlo.

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“¿Presidente @petrogustavo cuéntenos si ya renunció a su constituyente, a su asamblea constituyente? Aquí no solo cuenta como derogaron la Constitución de 1886; sino una constituyente sobre la constitución de 1991 dizque para profundizarla.”, publicó Valencia, haciendo alusión al mensaje del mandatario.

En el mensaje rescatado, que data del 19 de marzo de 2024, Petro argumentaba que la Constitución de 1991 fue un logro del proceso de paz con el M-19 y un paso crucial para superar el régimen autoritario de la Constitución de 1886; sin embargo, también sostenía que su aplicación fue limitada, calificando los últimos 33 años como un periodo dominado por un “régimen de corrupción” y una “gobernanza paramilitar”. Según el presidente, su propuesta no busca reemplazar la Constitución vigente, sino implementar aspectos que han quedado en el limbo.

“En este caso, insisto, la constitución del 91 no ha sido aplicada porque fue reemplazada de inmediato por un régimen de facto: la gobernanza paramilitar o el régimen de corrupción, como lo llamaba Alvaro Gómez. Ese régimen dejó 100.000 colombianos asesinados y las mafias tomaron secciones estratégicas del estado. Es la hora de cambiar eso, de recuperar las instituciones para la ciudadanía y de garantizar los aspectos fundamentales que durante 33 años no se han podido implementar”, se leyó en el extenso mensaje del mandatario.

Es importante mencionar que esto ocurrió antes de la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior. Una vez asumió el cargo, el alto funcionario modificó el discurso sobre la constituyente y lo reemplazó con la propuesta de un Acuerdo Nacional, que supuestamente no pretende reformar la Constitución de 199; sin embargo, para la oposición, esta iniciativa es vista como una forma de perseguir el mismo objetivo bajo un título diferente.

A pesar de estos planteamientos, la oposición, liderada en este caso por Paloma Valencia, mantiene su escepticismo, ya que la senadora enfatizó su preocupación sobre la supuesta intención del presidente de avanzar en una agenda constituyente bajo otras formas.

Esta fue la pelea entre Paloma Valencia y Petro que revivió el tema de la constituyente

El debate político entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Paloma Valencia tuvo un nuevo capítulo en redes sociales, centrado en la elección de magistrados para la Corte Constitucional y la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Paloma Valencia publicó un video donde advertía sobre los riesgos que, según ella, implicaría para la democracia la elección de un magistrado afín al Gobierno: “La elección del magistrado de la Corte es crucial. Si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. ¡Defendamos nuestras instituciones!”.

Aunque la senadora hacía referencia a la elección del magistrado de la Corte Constitucional, sus advertencias no lograron mayor impacto, ya que finalmente el Congreso eligió a Miguel Polo Rosero, considerado por muchos como el candidato favorito del presidente. Este resultado parece dar peso a las preocupaciones que ella había expresado.

El presidente Petro respondió en términos contundentes, calificando la afirmación de Valencia como calumnia e irrespeto a la Corte Constitucional.

“¿Acaso una constituyente no es citada, según la Constitución, por el Congreso de la República? ¿Significa entonces que la senadora dice que la Corte Constitucional, con sus actuales miembros y los que vienen, van a romper la Constitución de Colombia? Eso no ha incurrido ni va a ocurrir”, señaló. También recordó que los magistrados actuales y los futuros garantizarán la defensa de la Carta Magna.

En su réplica, Valencia cuestionó al mandatario, recordando anteriores declaraciones suyas sobre la posibilidad de convocar una Constituyente: “Presidente, todos lo hemos oído hablar de su poder constituyente por fuera del Congreso, sin ley y por encima de la Constitución. ¿Ahora pretende negarlo? Defenderemos la Constitución y buscaremos que usted no tenga mayorías en la Corte. Es nuestro deber”.

El primer ministro de transición de Gabón, Raymond Ndong Sima, ha desvelado el proyecto de nueva Constitución que será sometido a referéndum el 16 de noviembre, al tiempo que ha pedido a la población que lo estudie y "discuta" para "votar en conciencia" durante dicha jornada.

"Es mi deber ponerlo a disposición del público general", ha dicho Sima en un comunicado publicado por su oficina en la red social Facebook, junto a un enlace en el que se puede acceder al documento, con más de 170 artículos y ya aprobado por el Gobierno.

"Pido a todo el mundo que tome conocimiento del mismo y lo discuta allá donde sea necesario", ha manifestado, antes de expresar su deseo de que los gaboneses acudan a votar el 16 de noviembre "por el país". "Espero que una mayoría se pronuncie a favor de este texto en dicha ocasión", ha argüido.

El primer ministro de transición ha recordado que el texto deriva del proceso abierto tras el golpe de Estado de 2023, dado a raíz del anuncio de la victoria del entonces presidente, Ali Bongo, en unas elecciones marcadas por las irregularidades, según denunció entonces la oposición.

Por ello, ha reseñado que la junta militar creada tras la asonada, encabezada por Brice Oligui Nguema, "se comprometió a restaurar las instituciones para mejorar la gobernanza del Estado y llevar a cabo una acción política en beneficio del interés general".

"A tal fin, se organizó un diálogo nacional", ha manifestado Sima, quien ha manifestado que del mismo surgió una propuesta de Carta Magna que fue posteriormente sopesada por la Asamblea Constituyente, el parlamento y el Gobierno, que "lo adoptaron finalmente durante este mes de octubre".

El texto contempla el establecimiento de un sistema presidencial con un límite de los mandatos --extremo que no podría ser revisado-- y algunas modificaciones en las condiciones impuestas para ser electo para un cargo público, incluida la exclusión de los descendientes de un presidente, lo que habría afectado a Bongo en 2009, cuando reemplazó a su padre, Omar Bongo.

Todas las victorias electorales de Bongo estuvieron marcadas por denuncias de fraude. El expresidente sufrió un infarto cerebral en 2018 que le apartó durante casi un año de la esfera pública, si bien declinó apartarse. Apenas unos meses después, en enero de 2019, un grupo de militares protagonizó una asonada que fue desarticulada por las autoridades.

Libreville, 18 oct (EFE).- Gabón celebrará un referéndum el próximo 16 de noviembre para votar sobre el proyecto de una nueva Constitución, un paso crucial hacia la vuelta a un régimen civil prometido por la junta militar que dirige el país tras el golpe de Estado de 2023, informó el Gobierno de transición.

En un comunicado que recogen este viernes medios locales, la portavoz del Ejecutivo, Laurence Ndong, indicó que el proyecto de Carta Magna fue adoptado este jueves por el Consejo de Ministros.

"El próximo paso decisivo en el proceso de transición será la organización del referéndum constitucional", afirmó Ndong, al precisar que "se pondrán a disposición de los votantes dos papeletas impresas en papel blanco, una marcada con sí y la otra con no".

"Así, el colegio electoral queda convocado el 16 de noviembre de 2024", añadió la portavoz.

La Asamblea Constituyente de Gabón adoptó el pasado 22 de septiembre por mayoría el proyecto de una nueva Constitución, tras concluir diez días de sesiones para evaluar el texto.

Unas 800 enmiendas para los 194 artículos de la Carta Magna fueron propuestas y adoptadas por los parlamentarios, que eran 168 en total (98 diputados y 70 senadores del Parlamento de Transición) y de los cuales sólo ocho votaron en contra y tres se abstuvieron.

El texto constitucional incluye la abolición del cargo de primer ministro y fija el mandato de siete años del presidente, renovable una vez, entre otras disposiciones.

Gabón celebró este abril un diálogo nacional inclusivo anunciado en septiembre de 2023 por las autoridades de transición, un paso hacia el retorno de un Gobierno civil al país tras el golpe de Estado del 30 de agosto del año pasado.

Las conversaciones tuvieron lugar después de que el pasado 9 de marzo los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) decidieran levantar las sanciones impuestas contra Gabón tras el golpe.

Los militares tomaron el poder en Gabón el 30 de agosto de 2023, pocos después de que las autoridades electorales anunciasen la victoria del entonces presidente, Ali Bongo, en los controvertidos comicios de ese mes.

Los golpistas -como la oposición- aseguraron entonces que las elecciones no fueron transparentes, creíbles, ni inclusivas, y acusaron al Ejecutivo de gobernar "irresponsable e impredeciblemente", deteriorando así la "cohesión social".

La familia del derrocado Bongo -que se convirtió en presidente después de la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009- había ocupado el poder desde 1967.

El golpe de Estado en Gabón, potencia petrolera de África subsahariana, fue el segundo en poco más de un mes en el continente, después de que el Ejército tomase el poder en Níger el 26 de julio de 2023. EFE

Uno de los asuntos más relevantes en la agenda del actual gobierno colombiano es la reactivación económica del país. En el primer trimestre de 2024, la economía registró un modesto crecimiento del 0,7%, mientras que las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en junio hubo 2,62 millones de personas desocupadas. Acompañando estas cifras, el gobierno tomó la decisión de recortar gastos de inversión.

Ante este panorama, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), conversó con La República sobre los planes de reactivación económica, la situación en Venezuela, los retos fiscales del gobierno y los proyectos. legislativos en curso.

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Sarabia explicó que el gobierno definió cinco líneas principales para la reactivación económica:

• Agricultura: Fomentar el acceso a créditos para pequeños productores.
• Turismo: Incentivar el turismo regional y atraer inversión extranjera.
• Energía Renovable: Promover proyectos en energía renovable y reducir tarifas de energía.
• Infraestructura: Invertir en vías 4G y mejorar la calidad de vida en las regiones.
• Acuerdo de Paz: Implementar proyectos relacionados con el acuerdo de paz.

La directora del Dapre destacó la importancia de estas líneas, indicando: “Nos hemos trazado cinco líneas. La primera es agricultura; aquí queremos lograr que los pequeños productores tengan más facilidades para acceder a créditos. La segunda es incentivar el turismo en las regiones brindando condiciones a la cadena productiva y que llegue la inversión extranjera”.

“Otra apuesta es la activación de proyectos de energía renovable y crear acuerdos para disminuir los precios de tarifas en energía. En infraestructura tenemos grandes inversiones en vías 4G, pero también debemos buscar recursos. para que las personas en las regiones tengan una mejor calidad de vida. Además, estamos valorando proyectos que irían al Congreso para la reactivación y la implementación del acuerdo de paz”.

La nueva ley de financiamiento también es un tema crucial en la estrategia del gobierno. Laura Sarabia explicó que esta ley está conectada con los sectores priorizados para la reactivación económica y busca garantizar más fuentes de financiación, asegurando al mismo tiempo los compromisos en materia de deuda y política social. “Esperamos que esta ley sea hecha en consenso y su apuesta es cumplirle a la gente”, afirmó.

Respecto a otras fuentes de financiación, Sarabia mencionó que se evalúa la cooperación internacional para la implementación del acuerdo de paz y la colaboración con el sector privado. “Siempre tendremos en cuenta otros proyectos para obtener más recursos y mayor capacidad en esta materia”, comentó, resaltando la importancia de optimizar los recursos disponibles y ejecutar adecuadamente los proyectos planificados.

El Gobierno nacional también está enfocado en atraer inversión extranjera como parte de la estrategia de reactivación. Según la directora del Dapre, instituciones como el Ministerio de Comercio y ProColombia están trabajando para atraer a más empresas al país. Mencionó que hay proyectos específicos en materia de energía, fibra óptica, conectividad, seguridad alimentaria y sustitución de cultivos.

“Desde el Gobierno entendemos que la disminución de la pobreza y la generación de empleo se logra a partir de más inversión extranjera”, indicó.

Uno de los grandes retos mencionados por la funcionaria es la ejecución efectiva del presupuesto público. Reconoció que ha habido falencias en este aspecto y enfatizó la necesidad de mejorar. “Tenemos que ejecutar más proyectos en las regiones, y hay planes de ejecución en sedes universitarias, equipos de salud preventiva, reforma agraria, transición energética, conectividad digital, proyectos de infraestructura, planos de vivienda, reactivación del turismo e implementación del acuerdo de paz“, declaró.

La exjefa de gabinete abordó la autocrítica expresada por el presidente en cuanto a la ejecución del presupuesto, afirmando: “Tenemos que ejecutar bien y optimizar los recursos que tenemos. Hay que ejecutar el presupuesto público y no hay excusas ni justificación”. Enfatizó que los dos últimos años de gobierno deben centrarse en la ejecución de proyectos.

En cuanto a la discusión de una asamblea constituyente, Sarabia comentó que esto no debe generar incertidumbre. Explicó que el proceso constituyente surge para alcanzar acuerdos e implementar el acuerdo de paz, y que se están realizando reuniones con diversos sectores para presentar reformas al Congreso. También resaltó que el sector privado es un aliado crucial en la transformación del país.

En cuanto a Venezuela, la funcionaria informó que se han mantenido abiertas las vías diplomáticas y que el presidente Petro ha conversado con varios líderes regionales buscando una resolución transparente y democrática. “El objetivo del Gobierno es la transparencia y el camino de la paz en Venezuela; pero las conversaciones y los pormenores de las mismas las gestiona la Cancillería “, puntualizó.

Francisco Barbosa participó en un evento organizado por el Partido Conservador, en el que habló sobre el panorama político actual del país y la importancia de crear un frente unido para las elecciones presidenciales que se desarrollarán en 2026. En ese sentido, aseguró que, para ganar en las votaciones, esta colectividad, el Partido Liberal y el Partido de la U deberán llegar con un candidato único y posicionado que recoja todas las propuestas del ala política.

“Aquí lo que hay que hacer es, de cara a las elecciones de marzo de 2026, tener un candidato que represente el centro y poder enfrentar, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que seguramente van a estar con sus candidatos en primera vuelta”, afirmó.

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Sobre una posible candidatura de los sectores del centro a las presidenciales en 2026, Barbosa advirtió que por ahora no es oportuno hablar de campañas. “En este momento yo no estoy contemplando absolutamente nada. Yo lo que estoy haciendo es participando activamente como ciudadano”.

El exfiscal también dijo que, por el momento, su objetivo principal es contribuir a solucionar los problemas que está enfrentando el territorio nacional “dando ideas y tratando de que los debates de Colombia sean debates de temas, de aspectos fundamentales para el país”.

Conviene precisar que “nos quedan dos años para un gobierno y obviamente en este momento lo que menos se requiere es que nos adelanten campañas presidenciales y que la gente aparezca como candidato presidencial. Aquí lo que me interesa a mí es opinar, conversar y poder aportar ideas para el país”, indicó.

A propósito, el exfuncionario habló sobre las apuestas de la administración Petro para el periodo legislativo 2024-2025. Sobre la propuesta de implementar el fast track para acelerar la operación de iniciativas en el Congreso de la República, a su juicio, esta medida y la idea de plantear una asamblea constituyente son “un error”.

Exfiscal Barbosa y el escándalo de la Ungrd

Con respecto al entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el exfiscal Barbosa dijo que es un factor que podría afectar a una posible aspiración del petrismo en las próximas elecciones. “El costo político es enorme, yo creo que esto le cuesta la elección de 2026, sin ninguna duda, a su movimiento político”, agregó.

Para Barbosa, la polémica alrededor de la entidad va en contravía de las promesas que el presidente Petro hizo en campaña de no permitir actos de corrupción durante su mandato. “Vemos la imagen del presidente, en su momento, pidiendo disculpas y perdón por lo que está ocurriendo, pues hay una situación grave que se está planteando”, resaltó.

De igual manera, sostuvo que en un país con problemas de gran magnitud no se puede “estar regalando sandwich con una mano y andar robándose la plata con la otra”, haciendo referencia a los $40.000.000.000 malversados por Olmedo López y Sneyder Pinilla mientras estaban al mando de la Ungrd.

En ese sentido, el exfiscal Barbosa considera que el Gobierno Petro no cuenta con opciones viables para salvar su reputación y aspirar a un segundo mandato presidencial, ya que no ve posible que la ciudadanía crea en sus propuestas.

“Las personas verán que en un tiempo comenzará a surgir una mayor resistencia frente al Gobierno por el tema de las elecciones y todo lo que se viene; yo creo que lo que nos anunciaron el 20 de julio, no es otra cosa que el programa presidencial del candidato que escoja el Pacto Histórico”, concluyó el exfuncionario.

Efraín Cepeda, el nuevo presidente del Senado, se reunió con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para ejecutar la estrategia planteada por la administración Petro de limar asperezas entre los sectores políticos lejanos a sus ideas. Además de socializar la agenda de prioridades que tiene el Gobierno nacional para el periodo legislativo, que inició el 20 de julio de 2024 y que finalizará el 20 de junio de 2025.

Durante el encuentro realizado el 22 de julio, los funcionarios hablaron de los proyectos que presentará el Gobierno en el Congreso de la República. En razón de lo cual, el ministro Cristo se comprometió a no radicar ningún proyecto de ley sin que los partidos políticos no estén enterados de su contenido. Asimismo, afirmó que la información pertinente sería entregada a los sectores políticos en próximos días.

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Los dos políticos también debatieron sobre la posibilidad de que el presidente de la corporación apoye los proyectos de ley del Ejecutivo, solicitud que fue rechazada de inmediato por Cepeda. La decisión del senador empezó a mostrar las diferencias que tiene con el Gobierno nacional, factor que puede influir en la aprobación de varios proyectos del gobierno en el legislativo.

“Le expresé que estaba en contra de la Asamblea Constituyente y del fast track por razones que ya he explicado, él estuvo también en esa orilla”, afirmó Cepeda, al referirse a la reunión que sostuvo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Los motivos del presidente del Congreso para no apoyar la constituyente

A su vez, el senador miembro del Partido Conservador aseguró que Cristo está de acuerdo con su postura frente a un cambio en la Constitución Política de 1991, pues la considera “un salto al vacío“. Además, aseguró que los propósitos que defenderá en el Senado serán a favor de mejorar la educación, el sistema de salud y generar más riqueza para mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Frente a la postura del Gobierno Petro de implementar el fast track para agilizar la compra y redistribución de tierras; y cumplir con lo prometido en el Acuerdo de Paz de 2016 firmado en La Habana con las extintas Farc, Cepeda aseguró que no está alienada con su ideología política.

“Un ‘fast track’ ahora puede entorpecer el camino y ahora lo que necesitamos es caminar rápido por los resultados”, aseguró luego de su elección.

En ese sentido, afirmó que en su administración como encargado de la cámara alta del Congreso siempre defenderá al Legislativo sobre el presidente, pues considera que tramitar las reformas del Gobierno por la vía constitucional es el paso para tomar la mejor decisión para el país.

“Aceptamos que se requieren reformas, pero que incluyan todas las visiones. Si lo que se quiere es presionar al Congreso para que sea notario, yo estaré siempre del lado del Congreso, defendiendo la institucionalidad. La legitimidad del Congreso está a toda prueba, el Congreso sacó alrededor de 22 millones de votos”, señaló.

A todo esto, agregó que los proyectos presentados tendrán asegurado un espacio de discusión sin importar qué bancada, partido o congresista los proponga. Igualmente, señaló que para él no existen proyectos más importantes que otros, por lo que la agenda de debates se realizará por medio de la concertación entre los diferentes voceros de los partidos políticos.

Además de una posible Asamblea Nacional Constituyente y el fast track, el Gobierno Petro tiene pensado radicar varios proyectos de ley importantes para consolidar su propuesta política. Entre ellos destacan una nueva reforma de la salud, la ley de servicios públicos y la reforma a la justicia.

La Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Gustavo Petro ha mencionado en múltiples ocasiones ha generado una división en el Congreso de la República y en otros sectores políticos. Varios contrarían al primer mandatario asegurando que podría tratarse de una estrategia para hacer cambios perjudiciales en la Constitución Política como, por ejemplo, revivir la figura de reelección. No obstante, luego de evidenciar la ola de críticas, el jefe de Estado culpó a la prensa de tergiversar sus palabras y aseguró que lo que busca es un “poder constituyente”.

Desde su perspectiva, ese poder al que se refiere pertenece a la ciudadanía y es el que le permite tomar decisiones. “El poder constituyente no lo convocan las personalidades. Eso es un contrasentido. El poder constituyente lo convoca el pueblo. El pueblo es el dueño del poder (sic)” señaló el presidente de la República en su cuenta oficial de la red social X.

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El respaldo a la constituyente: el poder del “pueblo”

A pesar de los cuestionamientos que han surgido al respecto, cuenta con un apoyo en el Congreso de la República: la senadora María José Pizarro, que respaldó al primer mandatario, indicando que hubo un malentendido con respecto a su propuesta. En conversación con El Tiempo, explicó que lo que se tiene planeado es lograr cumplir a cabalidad con la Constitución Política de 1999, y no reformarla, como se especula.

“Él no ha dicho convocar a una asamblea nacional constituyente, sino convocar el poder constituyente, que es el constituyente primario, es decir, la gente. Nosotros hemos puesto ocho puntos que deberían ser debatidos en esos espacios de reunión. La Constitución dice que debe garantizarse derechos sociales y 34 años después de su promulgación no se ha cumplido”, precisó la congresista del Pacto Histórico al informativo.

Sin embargo, no descartó que después se decida convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso sí, indicó que si tal fuera el caso, se seguirían todos los pasos establecidos en la Carta Magna y no se tomarían caminos diferentes para sacarla adelante de manera arbitraria. “No estamos hablando, en este momento, de una asamblea nacional constituyente, sino que estamos hablando de convocar al poder constituyente para discutir temas que son fundamentales”, insistió.

Por su parte, la congresista María Fernanda Carrascal, defendió al jefe de Estado que, en conversación con El Tiempo, indicó que, como presidente, no puede decidir el futuro de una constituyente. “Hay que leer esta entrevista para entender qué es lo que se propone. Y no “tragar entero” ni dejarse desinformar de aquellos que siempre buscan su bienestar personal, por encima del colectivo”, aseveró la representante a la Cámara en X.

El representante a la Cámara David Racero también es uno de los congresistas que respalda al primer mandatario en su idea de impulsar una constituyente. En X, explicó que la convocatoria a una asamblea de este tipo es una consecuencia y “no se decreta”, sino que se reclama. En ese sentido, es el “pueblo” el responsable de lograr los cambios requeridos a través del diálogo.

“En el fondo, una Asamblea Constituyente es el pulso estructural de un pueblo por vencer de una vez por todas a ese poder de los mismos de siempre que se niegan a cambiar y que aún tienen secuestrado al Estado. El presidente @petrogustavo invita al inicio de una conversación, y es el pueblo el que decide cómo empujar la historia”, detalló Racero.

Una constituyente que puede “destruir” el país

Una de las más asiduas críticas del Gobierno es la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en más de una ocasión ha cuestionado al primer mandatario por buscar impulsar una constituyente. Los señalamientos de la congresista han llegado a involucrar un posible “golpe de Estado” que estaría planeando el jefe de Estado por medio de una “constituyente subversiva”.

“¿Cómo lo va a obtener? Financiando con el dinero del Estado a sus primeras líneas, a sus colectivos, el mismo desorden del 2021, que se vio especialmente en el Valle del Cauca y en Cali, y las Juntas de Acción Comunal que se las quiere tomar para desdibujar su naturaleza y convertirlas en juntas populares”, dijo Cabal en un video.

Por su parte, Paloma Valencia aseguró que una constituyente no debería tenerse contemplada, a pesar de que en el pasado apoyó la misma propuesta cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde el punto de vista de la congresista de derecha, lo que se necesita en dar cumplimiento a lo planteado en la Constitución Política de 1991.

“Entonces, crearon esa constitución, con todo lo que se suponía que el progresismo de la época quería y ahora tampoco les sirve, quieren destruirla para volver a empezar”, sostuvo la senadora del Centro Democrático. Argumentó que las constituciones no contienen “fórmulas mágicas” que brinden soluciones inmediatas a las diferentes problemáticas de los países. Por eso, arremetió contra la izquierda colombiana, indicando que piensa que las cosas escritas en un papel se llevan a cabo fácilmente.

Miguel Polo Polo fue más lejos en las críticas y aseguró que la iniciativa del primer mandatario sería una “caja de pandora” problemática para Colombia, teniendo en cuenta que esta podría utilizarse para modificar la normativa en la Constitución que impide la reelección de los presidentes, que solo pueden permanecer en el cargo por cuatro años.

“La Constituyente es como una caja de pandora que, si se abre, va a destruir nuestro país. A Petro no le bastó con que su guerrilla, el M-19, se volviera un partido político y después hiciera parte de la Constituyente del 91, sino que ahora quiere destruir esa Constitución y quiere crear una a su acomodo para perpetuarse en el poder”, advirtió el representante a la Cámara.

La congresista de Alianza Verde Catherine Juvinao, cuyo partido se declaró como de gobierno en un inicio, ha sido una de las políticas más críticas de la administración de Gustavo Petro. Según la representante a la Cámara, no hay razones para justificar una constituyente, porque el Gobierno nacional no ha logrado avanzar en los cambios que se requieren, a pesar de que el Congreso de la República le permitió contar con las herramientas para ello.

Aseguró que los congresistas aprobación la reforma tributaria, el plan de desarrollo y el presupuesto para que las autoridades correspondientes pudieran ejecutar sus planes. “Al día de hoy no han avanzado. No han ejecutado. Pero tienen el descaro de decirnos que lo que necesitan es una constituyente. ¡DESCARADOS!”, expuso la representante.

El senador de Cambio Radical David Luna también criticó al jefe de Estado por la propuesta, asegurando que ha utilizado diferentes estrategias para justificar la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pues, el primer mandatario anunció que se tramitará una nueva reforma a la salud con un mensaje de urgencia, luego de que la iniciativa se hundiera en la Comisión Séptima del Senado.

“Ojo a la estrategia que está planeando el presidente Gustavo Petro. Anunció una nueva reforma a la salud con mensaje de urgencia, lo que podría hundir sus propias reformas laboral y pensional, para así seguir alimentando su discurso de victimización y buscar excusas para seguir en su campaña por la Constituyente”, increpó el senador en X.

Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, que en varios momentos ha salido en defensa de Gustavo Petro, explicó en un video que no está de acuerdo con una posible reelección del presidente de la República, ni de ninguno. No obstante, aclaró que la idea del mandatario no está basada en generar cambios en la Constitución Política, sino en permitir un “poder constituyente”. “Todavía no es el tiempo de hablar de la convocatoria a una Asamblea Constituyente”, añadió.

Finalmente, el senador Humberto de la Calle, que fue jefe de la delegación de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con las extintas Farc, desmintió a Petro por haber afirmado que lo acordado con la extinta guerrilla le permitiría, sin problema, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. “Esa es una tesis absolutamente equivocada”, indicó.

“Precisamente, el plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente que siempre estuvo fuera de consideración de parte del Gobierno”, detalló.

Estrenándose en su puesto, el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo su primera reunión con la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Durante el encuentro, Cristo habló de la importancia de avanzar en un acuerdo nacional. Para ello, afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro seguirá dialogando con diversas organizaciones sociales, gremios, empresarios y las diversas bancadas del Congreso.

Cristo también expresó que para implementar las reformas propuestas, se podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente o incluso un referendo.

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En medio de la reunión, el gobernador de Boyacá y presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Amaya, aseguró que algunos gobernadores han propuesto un referendo para hacer realidad las reformas, pero que no hay consenso al respecto. El acuerdo nacional fue la prioridad destacada por Cristo, que indicó haber encontrado un espíritu constructivo y una actitud propositiva entre los gobernadores presentes.

“Este acuerdo, la propuesta del gobierno, comienza por sacar definitivamente la violencia de la política en Colombia”, señaló el ministro, haciendo referencia a la situación de orden público que enfrentan varios departamentos del país.

Sin embargo, aunque los gobernadores coincidieron en la importancia del acuerdo nacional, tenían opiniones diversas sobre la posibilidad de convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, enfatizó la necesidad de discutir detenidamente los puntos del acuerdo entre los gobernadores y el Gobierno antes de definir la implementación. Amaya también hizo hincapié en la necesidad de reducir la intensidad del debate actual. Como vocero de los gobernadores del país, solicitó el compromiso del ministro con la descentralización y el fortalecimiento de la autonomía territorial.

Por otro parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, descartó la posibilidad de una asamblea nacional constituyente, conforme lo mencionado por Amaya. Sin embargo, otros gobernadores han propuesto la exploración de un referendo como un mecanismo que incluya a la ciudadanía como constituyente primario.

Además, Juan Fernando Cristo reiteró que el gobierno continuará en diálogo con diversos actores sociales para conseguir avances en el acuerdo nacional. El nuevo ministro considera vital erradicar la violencia de la política colombiana y espera contar con un apoyo propositivo de los representantes departamentales.

Amaya celebró que una de las primeras reuniones oficiales del ministro Cristo haya sido con los gobernadores, lo que sugiere un compromiso hacia la colaboración territorial. Cristo aseguró que el gobierno de Petro seguirá trabajando en esta línea, escuchando y coordinando esfuerzos con múltiples sectores para gestionar las reformas necesarias.

El objetivo de las reuniones de Cristo

El ministro tiene como principales objetivos fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y garantizar la autonomía territorial, entre otros. En su compromiso con la paz y la gobernabilidad, trabaja para cumplir estas metas cruciales para el desarrollo del país.

Uno de los enfoques primordiales de Cristo es la búsqueda de un acuerdo nacional que permita evaluar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, conforme a los parámetros de la Constitución de 1991. Cristo cree que esta iniciativa podría fomentar consensos a nivel nacional y establecer objetivos comunes para impulsar la paz y una democracia sólida.

En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, Cristo está comprometido con la consolidación de los compromisos establecidos en el acuerdo, especialmente en las áreas afectadas por el conflicto armado. Este es uno de sus principales deberes como ministro.

La gobernanza territorial también es una prioridad para el ministro del Interior. En su estrategia, fortalece la capacidad de las regiones para tomar decisiones y gestionar sus asuntos locales. Este impulso a la autonomía territorial busca descentralizar el poder y promover un desarrollo más equitativo en Colombia.

Adicionalmente, Cristo juega un papel fundamental en la agenda legislativa del Gobierno. Colabora estrechamente con el Congreso para promover y aprobar proyectos de ley que son clave para el avance del país.

Dentro de la agenda, se incluyen proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incrementar la seguridad y asegurar la inclusión social. Cristo ha reiterado la importancia de un trabajo colaborativo con el Congreso para cumplir estos objetivos.

Por último, la consolidación de pactos territoriales que promuevan el desarrollo local también forma parte de la agenda de Cristo. El ministro del Interior busca generar espacios de diálogo y cooperación entre el gobierno nacional y las administraciones locales para fomentar un desarrollo equitativo y sostenible en todas las regiones del país.

Una semana después de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hiciera su propuesta de convocar a un acuerdo nacional para realizar una asamblea constituyente, formulada previamente por el presidente Gustavo Petro, la mayoría de los colombianos muestran su preocupación por lo que puede derivar la realización de este proceso.

Así lo dio a conocer la encuesta Pulso País, hecha por Datexco y encargada por W Radio, en la que el 53 por ciento de los colombianos participantes en este sondeo afirmaron estar en desacuerdo con la posibilidad de cambiar la Constitución, mediante la propuesta hecha por el jefe de cartera del Interior.

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Igualmente, el sondeo resalta que el 29 por ciento de los encuestados manifestó estar a favor de la propuesta del Gobierno nacional y el 17 por ciento no supo o no respondió frente a dicha posibilidad.

A nivel regional, Bogotá fue la zona del país con más rechazo a la propuesta, con 57 por ciento. Solo el 30 por ciento dijo estar de acuerdo y el 13 por ciento no emitió una respuesta frente al tema. La segunda zona con mayor rechazo a la Constituyente fue la región Central, con 55 por ciento, y un 27 por ciento a favor.

Entre tanto, las regiones Caribe y Pacífica tuvieron resultados similares frente a rechazar esta posibilidad, con 49 por ciento de los encuestados. La favorabilidad en ambas partes del país fue del 30 por ciento y 25 por ciento, respectivamente.

Mientras que la región del oriente colombiano mostró una postura favorable a la idea planteada por el ministro del interior, con un 48 por ciento, a diferencia del 32 por ciento que dijo estar en desacuerdo.

Sigue cayendo la favorabilidad presidencial

De otro lado, la encuesta Pulso País de Datexco también preguntó a los colombianos sobre su percepción del presidente Gustavo Petro. Frente a este aspecto, la desfavorabilidad del mandatario llegó a 63 por ciento, mientras que el 28 por ciento aprueban la gestión del jefe de Estado.

La región del país donde es altamente reprobado es el oriente, con 68 por ciento de desaprobación y 20 por ciento de aprobación. Por su parte, Bogotá sigue en el ranking con 66 por ciento de opinión contraria y 27 por ciento a favor.

No obstante, la zona con mayor respaldo a las políticas de Gustavo Petro es la pacífica, con 54 por ciento de desaprobación y 34 por ciento de aprobación, respectivamente.

Con respecto al último estudio en mayo, la percepción negativa a las políticas de Petro se había posicionado en un 62 por ciento, mientras que su respaldo se había situado en un 27 por ciento, respectivamente.

También, los encuestados respondieron sobre su punto de vista frente a la lucha contra la corrupción en el país, donde el 31 por ciento de los encuestados a nivel nacional cree que el gobierno está combatiendo eficazmente esta problemática, mientras que un 62 por ciento no está de acuerdo.

A su vez, los participantes en el sondeo fueron interrogados frente a los diálogos de paz que adelanta el Gobierno colombiano con los grupos armados Eln y disidencias de las Farc; en este punto, el 53 por ciento de la ciudadanía encuestada cree que estas negociaciones van por mal camino y deberían suspenderse hasta que abandonen diferentes prácticas como el secuestro, mientras que el 37 por ciento, aún cree en que los diálogos deben continuar hasta llegar a un acuerdo definitivo.

La ficha técnica de Datexco refleja que se realizaron 711 encuestas entre el 4 y 6 de julio de este año, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Soacha, Villavicencio, Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo.

Además, la firma encuestadora señaló que este sondeo tuvo un margen de error de 3,7 puntos porcentuales para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50 por ciento y una confiabilidad del 95 por ciento, respectivamente.

La discusión sobre una posible asamblea nacional constituyente en Colombia ha cobrado fuerza en los últimos meses.

El presidente Gustavo Petro, uno de los principales defensores de esta idea, ha generado un debate que polariza opiniones en el país. Algunos críticos, como el politólogo León Valencia, han cuestionado la viabilidad de dicha propuesta.

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El tema central radica en la necesidad de revisar y actualizar la Constitución de 1991, que ha sido modificada en varias ocasiones a lo largo de los años. Según Petro, “es necesario convocar ya una constituyente para que el pueblo se declare en poder y resuelva los problemas estructurales del país”.

Entre los nueve puntos propuestos por Petro para ser discutidos en una eventual asamblea, destacan la reordenación territorial, la mejora de la educación pública y la reforma agraria.

Petro subraya la urgencia de mejorar la calidad y el acceso a la educación pública. Desde la promulgación de la Constitución, ha habido reformas que han debilitado el sistema educativo. En cuanto a la reforma agraria, Petro busca una normativa que permita la expropiación de tierras por vía administrativa, evitando que la mafia controle tierras fértiles, y así promover un uso más equitativo y productivo del suelo.

Otro punto crucial es el ordenamiento territorial propuesto por Petro. Este nuevo sistema consideraría criterios como el agua y la cultura para reorganizar el uso del territorio nacional. “Debemos garantizar que los recursos naturales y culturales sean protegidos y utilizados de manera sostenible,” enfatiza Petro.

El estatuto del trabajo es otro aspecto destacado. Según el presidente, es esencial proteger los derechos de los trabajadores y fomentar la estabilidad laboral, evitando reformas neoliberales que precaricen el empleo. Petro afirma que “necesitamos un marco legal que defienda a nuestros trabajadores y promueva condiciones dignas de empleo.”

El politólogo León Valencia, fundador de la Fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, planteó dudas importantes sobre la viabilidad de la propuesta. Según Valencia, “la convocatoria de una Constituyente requiere mayorías en el Legislativo, una revisión por parte de la Corte Constitucional y una cantidad significativa de votos ciudadanos”.

Estos obstáculos hacen que, aunque la idea pueda ser beneficiosa a mediano plazo, su implementación sea incierta, sin embargo, lo veía como una posibilidad a futuro.

Petro respondió a estos cuestionamientos afirmando que no le importa si el poder constituyente se concreta durante su gobierno o después: “A mí no me interesa si el poder constituyente se concreta en mi gobierno o después, eso lo determina la gente misma”. La prioridad, según el presidente, es que el pueblo colombiano tome la iniciativa en este proceso, sin depender de las “personalidades políticas.”

El debate no solo se centra en la viabilidad política y jurídica de convocar una constituyente, sino también en los objetivos que se buscan alcanzar. Petro critica la falta de avances en erradicar el feudalismo y la esclavitud modernos, y en la promoción de un capitalismo productivo que beneficie tanto a los trabajadores como al campesinado. De acuerdo con el presidente, “es fundamental crear una alianza que impulse el desarrollo productivo del país.”

La reordenación del territorio es uno de los puntos más ambiciosos de la propuesta. No se trata solo de una cuestión de propiedad de la tierra, sino de establecer un marco claro y justo para la distribución y el uso de los recursos naturales. Petro ha señalado que una constituyente permitiría abordar estas cuestiones de manera íntegra y participativa: “Una nueva Constitución debe reflejar las realidades y necesidades actuales del país.”

El presidente también subraya la importancia del cumplimiento integral del Acuerdo de Paz. En su opinión, la convocatoria de una constituyente podría ser una vía para garantizar que las disposiciones del acuerdo se implementen plenamente: “El Acuerdo de Paz es esencial para la estabilidad y el desarrollo de Colombia. Un nuevo marco constitucional puede ayudar a cumplir con estos compromisos.”

A pesar de los retos y las críticas, la discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente sigue viva en el panorama político colombiano. La posición de Petro insiste en que es el pueblo quien debe decidir sobre esta convocatoria, mientras que los análisis de expertos como Valencia ponen de manifiesto las complejidades del proceso. La decisión final sobre la constituyente será determinada por la ciudadanía, en medio de un debate que promete seguir generando titulares.

Se reavivó la posibilidad de que el presidente de la República, Gustavo Petro, convoque a un proceso constituyente. Esto se dio después de que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, abordara el tema tras su reciente designación, a pesar de haberse manifestado en contra un mes atrás.

Frente a la propuesta de una constituyente por parte del Gobierno nacional, todo tipo de reacciones se dieron en redes sociales por parte de figuras políticas. Tal fue el caso del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien escribió en su cuenta de X: “no rotundo”.

No obstante, el anterior mandatario de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, y contrincante de Gutiérrez, mostró su desacuerdo con las declaraciones de Fico y le respondió en la misma red social diciendo que “concentrémonos en gobernar”.

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En su publicación, Federico Gutiérrez expresó su rechazo a la constituyente que pretende impulsar el gobierno nacional, argumentando que busca perpetuarse en el poder replicando modelos populistas fallidos que han causado dolor y miseria en otros países de América Latina.

Insistió en la importancia de que el país se mantenga firme y reiteró su posición como alcalde, ciudadano y padre de familia.

“No rotundo a la constituyente que quiere impulsar el gobierno nacional. Pretenden perpetuarse en el poder, replicando modelos fallidos populistas que sólo han traído dolor y miseria en otros países de América Latina. El país debe mantenerse firme: reitero mi posición como alcalde, ciudadano y padre de familia”, comentó el mandatario local en su cuenta de X.

Por ese motivo, Daniel Quintero respondió al alcalde con la indicación de que podrá opinar sobre la Constitución “cuando se la lea”, pero que, por ahora, debería concentrarse en gobernar. Añadió que gobernar no implica la entrega de EPM al GEA ni la entrega de UNE, e incluso recordó el caso del estadounidense que salió del país después de ser descubierto con dos menores de edad en un hotel en Medellín.

“Alcalde, usted podrá opinar sobre la Constitución cuando se la lea, pero por ahora, concentrémonos en gobernar. Nota: Gobernar no es: - La entrega de EPM al GEA - La entrega de UNE a Millicom - Dejar volar pedófilos”, dijo Quintero en su respuesta.

Daniel Quintero cuestiona la propuesta de Federico Gutiérrez de vender acciones de Tigo

En otra de las críticas recientes a la actual administración a la capital de Antioquia, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se pronunció recientemente sobre el debate en el Concejo de Medellín acerca de la posible venta de UNE. Las fuerzas políticas están actualmente divididas, lo que genera un panorama incierto. Sin embargo, en su cuenta de X, Quintero expresó un pronóstico negativo: “A UNE se la van a robar. Ya le habían ‘regalado’ la mitad a Millicom. Ahora les van a entregar el resto.”

El jueves 4 de julio, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, comunicó que sometería al Concejo un proyecto para enajenar las acciones que EPM tiene en la compañía de telecomunicaciones Tigo-Une. La declaración generó controversia por varias razones, especialmente porque es la misma iniciativa que el Concejo desestimó durante el mandato de Daniel Quintero y que en su momento fue criticada por el propio Fico Gutiérrez.

En el contexto del debate por la propuesta de Fico Gutiérrez, el exalcalde Daniel Quintero criticó igualmente la decisión de enajenar las acciones de EPM en Tigo, asegurando que esos fondos “se los van a robar”.

Quintero acusó al actual alcalde de engañar a los ciudadanos, destacando que durante su campaña aseguró que no vendería esas acciones. Además, recordó que en varias ocasiones utilizó las redes sociales para criticar la propuesta de vender la participación de EPM en Tigo.

“Es lamentable lo que está ocurriendo en Medellín, con el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez de vender las acciones de Tigo-Une, una de nuestras empresas públicas. Queda claro que engañaron a Medellín durante la campaña y ahora la están estafando”, dijo.

El presidente Gustavo Petro se reunió en la mañana del 9 de julio en la Casa de Nariño con los presidentes de las altas Cortes y directivos de la rama Judicial para abordar la propuesta de una constituyente impulsada por su administración y la reforma a la justicia que se derivaría de esta. Esta cita se perfila como un momento decisivo para darle forma a la iniciativa gubernamental.

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A la reunión asistieron destacadas figuras del ámbito judicial, como Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia; José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional; Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado; Dina Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura; y Luz Adriana Camargo, fiscal General. También estuvo presente Roberto Vidal, presidente de la JEP.

Del lado del gobierno, participaron la nueva Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el propio presidente Petro.

El objetivo principal de este encuentro fue discutir las implicaciones y los pasos necesarios para avanzar en la propuesta de la Constituyente. Esta idea ha cobrado relevancia desde la designación del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha declarado que la iniciativa seguirá el trámite establecido en la Constitución y deberá pasar por el Congreso.

Según palabras del ministro, la propuesta, aunque sujeta a los procedimientos legales, representa una oportunidad para hacer cambios significativos en el sistema judicial del país.

En otras oportunidades, el presidente Petro ha expresado su determinación de llevar adelante esta propuesta y subrayó la importancia de contar con el respaldo y la implicación activa de los distintos actores de la Rama Judicial.

Sin embargo, según confirmó el presidente de la JEP, Roberto Vidal, solo se habló de la “relación de mutuo respeto” entre los poderes. No se abordó el tema de la constituyente ni la postura de Colombia ante la ONU.

Las opiniones en torno a la propuesta han sido variadas. En la celebración de los 33 años de la Constitución, algunos miembros de la rama Judicial manifestaron su rechazo a la idea de la Constituyente. Este rechazo ha generado una serie de declaraciones y contrapuntos entre las diferentes partes involucradas. Las figuras judiciales que participaron en la reunión de hoy es probable que jueguen un papel fundamental en la aprobación o rechazo de las reformas propuestas por Petro.

Enrique Meneses, vocero del Consejo de Estado, durante una entrevista con RCN Noticias, destacó que “cualquier cambio constitucional debe ser analizado con detenimiento y ser resultado de un consenso amplio entre todos los actores políticos y sociales del país”. Meneses agregó que la independencia del poder judicial debe ser uno de los principios rectores en cualquier discusión sobre la reforma a la justicia.

Además, Ángela María Buitrago, la nueva ministra de Justicia, subrayó que el “Gobierno está comprometido con una reforma integral que no solo mejore la eficiencia del sistema judicial, sino que garantice una mayor transparencia y acceso a la justicia para todos los ciudadanos”. Buitrago detalló que se están evaluando diversas propuestas que serán revisadas junto a los presidentes de las Altas Cortes en futuras reuniones.

A medida que avanza la discusión sobre la Constituyente y la reforma a la justicia, la figura del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, adquiere mayor relevancia. Su experiencia y su capacidad de negociación serán cruciales para que la iniciativa avance en el Congreso. Cristo ha manifestado en diversas ocasiones su disposición para trabajar de manera conjunta con todos los actores políticos y judiciales del país. “La reforma a la justicia y la Constituyente deben ser proyectos inclusivos y con una visión de país a largo plazo”, señaló en recientes declaraciones a los medios.

La reunión concluyó con el compromiso de todos los participantes de continuar las discusiones en los próximos días. Las decisiones que se tomen en estas mesas de trabajo serán determinantes para el futuro del sistema judicial colombiano. Petro, por su parte, reiteró su compromiso con la transparencia y la participación inclusiva en todo el proceso.

El presidente Gustavo Petro se reunirá el martes 9 de julio en la Casa de Nariño con los presidentes de las altas cortes para discutir la propuesta de una eventual Asamblea Nacional Constituyente.

A la cita fueron convocados los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con lo que le confirmó a Infobae una fuente de presidencia, la reunión tenía previsto comenzar luego de las 8 de la mañana.

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El objetivo principal de esta reunión es que el mandatario explique detalladamente su propuesta a las altas cortes, buscando tender puentes con el sector judicial en un momento de creciente incertidumbre. De acuerdo con La FM, ya están confirmada la asistencia de los citados.

En los días previos, Petro ha estado trabajando en la construcción de un acuerdo nacional, tarea en la que ha contado con el apoyo del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La iniciativa ha generado diversas reacciones; algunos sectores políticos han manifestado su desacuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente.

El expresidente Juan Manuel Santos se ha destacado por su oposición a la idea. En un video difundido en redes sociales Santos criticó la propuesta argumentando que “en este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos”. Santos ha sido consistente en su postura crítica hacia esta propuesta, que ha considerado “inconveniente, innecesaria y un callejón sin salida”.

Al respecto de la Constitución de 1991, Santos planteó que “solo una simple pregunta: ¿Qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?” Este cuestionamiento refleja su escepticismo hacia la necesidad de una nueva constituyente.

La reunión del martes es vista como un esfuerzo del presidente Petro por acercarse a las instituciones judiciales y asegurar su apoyo o al menos disminuir la oposición. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, ha estado adelantando conversaciones con diversos sectores del país para consolidar este acuerdo nacional. Sin embargo, las críticas de figuras como Santos reflejan las divisiones políticas que la propuesta ha generado.

La idea constituyente de Petro

El presidente tiene el objetivo de tratar varios asuntos críticos en Colombia a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta, según lo dicho por Cristo, no busca reformar la Constitución de 1991, sino garantizar derechos fundamentales, implementar completamente el acuerdo de paz y transformar el sistema judicial.

Según explicó Petro, uno de los pilares de su propuesta es la mejora de la educación pública. Destacó que las contrarreformas posteriores a la promulgación de la Constitución de 1991 han tenido un impacto negativo en el sistema educativo, afectando su calidad y el acceso a la educación. “Necesitamos revertir estas contrarreformas y asegurar recursos suficientes para una educación de calidad”, señaló el presidente.

Otro aspecto importante de su propuesta es una reforma agraria efectiva. Petro criticó la eliminación del artículo que permitía la expropiación de tierras por vía administrativa, considerándola una acción que ha permitido que “la mafia consolide su dominio sobre tierras fértiles”. Su plan busca redistribuir las tierras para fomentar una agricultura más equitativa y sostenible. “Es necesario devolver la tierra a quienes realmente la trabajan”, indicó el mandatario.

En el ámbito del ordenamiento territorial, Petro propone nuevos criterios que consideren el agua y la cultura. “El manejo sostenible de nuestros recursos naturales y la inclusión de factores culturales son cruciales para un desarrollo territorial equilibrado”, afirmó.

Un tema central es también el estatuto del trabajo. Petro subrayó la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores y promover la estabilidad laboral, oponiéndose a las reformas neoliberales que, en su opinión, “conducen a la inestabilidad y a jornadas laborales excesivas”.

En cuanto a nuevas problemáticas emergentes, Petro destacó la importancia de la descarbonización de la economía, las reformas judiciales y políticas, y la reconciliación con las víctimas del conflicto armado. “Es vital que abordemos la descarbonización para combatir el cambio climático y que avancemos en la justicia para asegurar una paz duradera”, manifestó. La implementación del acuerdo de paz sigue siendo una de las prioridades de su administración.

Por ahora, el país sigue a la espera de ver cuál es el resultado de la reunión con las altas cortes.

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno que dirige el presidente Gustavo Petro se fortalece con el anuncio del mandatario de reunirse el martes 9 de julio de 2024 con los presidentes de las altas cortes, entre ellas la Constitucional, tribunal que rechazó de forma vehemente la propuesta.

Según José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, la idea del mandatario no tiene validez, ya que los motivos para implementar la medida no corresponden a las tres causales establecidas en la Constitución Política de 1991.

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A pesar de la negativa de varios órganos gubernamentales a la idea de reformular la Constitución Política del país, el jefe de Estado pretende apaciguar las tensiones entre los líderes de las cortes y que se alineen con su postura, que será liderada por el recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

En ese sentido, el presidente Petro tiene como objetivo evaluar propuestas, cuyo único fin sean robustecer y reestructurar el sistema judicial colombiano, por lo que debatirán la implementación de cambios que promuevan que el Estado tenga mayor eficiencia y transparencia al momento de la administración de la justicia en el territorio nacional

A la reunión que se realizará en la Casa de Nariño asistirán los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la Corte Constitucional, José Fernando Reyes; el Consejo de Estado, Milton Chaves; la fiscal General, Luz Adriana Camargo; y los jefes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.

Opositores a la Asamblea Nacional Constituyente

Ante la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por el Gobierno Petro, los líderes políticos del país criticaron la propuesta que catalogaron como una manera de implantar una dictadura en Colombia. El excandidato presidencial de centro Sergio Fajardo escribió en X: “¡Por fin anunció lo que siempre se sospechaba, su deseo de convocar una Asamblea Constituyente! Si no hacen lo que yo, expresión del pueblo, quiero, entonces cambiamos la Constitución”.

La opositora del Gobierno Petro María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, aseguró que el jefe de Estado es “un mentiroso e izquierdista radical: ayer negaba planes de una Constituyente; hoy confiesa su intención de forzarla, impulsando reformas que solo traerán miseria y desolación”.

La también senadora Paloma Valencia fue enfática en asegurar que las intenciones del presidente de la República responden a la poca recepción de sus reformas en el congreso. “El ánimo de destrucción de este Gobierno no tiene límite. Ahora el presidente Petro amenaza que, si no se aprueban las reformas, habrá Constituyente. Ni Constituyente, ni destrucción”, agregó.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa de la actual Constitución Política, asegurando que en este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar a una Constituyente es lo que menos necesitamos (…) solo una simple pregunta: ¿Qué de la constitución de 1991 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar?”.

Los partidos políticos también se pronunciaron frente a la idea del mandatario. El Partido Conservador, sector que apoyó a Gustavo Petro durante sus primeros meses en la Presidencia de la República, calificó de “desafortunada” la actitud del presidente de la República, al que señalaron de fomentar el desorden en el Gobierno nacional.

En sus redes sociales, el partido político, declarado en oposición, también aseguró que este tipo de propuestas generan el escenario perfecto para generar un caos que desemboque en protestas. Igualmente, instó al Gobierno a trabajar para recuperar el orden en el país.

El nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente no implica la redacción de una nueva Constitución, sino que es un mecanismo para gestionar las reformas necesarias del gobierno actual. En entrevista con Blu Radio, Cristo detalló los objetivos y el procedimiento de su propuesta, subrayando que no se trata de reemplazar la Carta Magna actual.

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Cristo, que reemplazó a Luis Fernando Velasco como jefe de la cartera del Interior por decisión del presidente Gustavo Petro, reconoció la necesidad de tomar decisiones valientes y dejar de lado las posiciones cómodas en la política. “Es importante el diálogo y la búsqueda de consenso para impulsar el llamado acuerdo nacional y la implementación del acuerdo de paz con las Farc”, afirmó.

“Una Asamblea Nacional Constituyente no implica una nueva Constitución”, enfatizó Cristo, y agregó que la estructura del Estado necesita mejoras, aunque la carta de derechos de la Constitución del 91 es impecable.

Cristo también señaló que se debe alcanzar un consenso para decidir el mecanismo adecuado para llevar a cabo los proyectos de ley, ya sea a través de una Asamblea Constituyente, un acto legislativo o un referendo constitucional. “Hace 15 años”, recordó, “con Rafael Pardo como jefe del Partido Liberal y la bancada liberal, presentamos un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente solo para pasar del presidencialismo a un sistema parlamentario en Colombia”.

En cuanto a la descentralización, Cristo reconoció que Colombia aún tiene un largo camino por recorrer. Además, resaltó la importancia de reformar la Constitución para fortalecer la autonomía territorial y destacó tres áreas clave que requieren ajustes constitucionales: el sistema político, la reforma estructural a la justicia y el ordenamiento territorial.

Cristo insistió en que su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente sería tratada de acuerdo con los artículos 374, 375 y 376 de la Constitución. “Necesitamos un acuerdo nacional para tramitar, de acuerdo con la Constitución, unas reformas que necesita el país”, repitió el ministro, destacando que las reformas propuestas no buscan reemplazar la actual Constitución, sino ajustarla y modernizarla en función de las necesidades actuales.

Con esta propuesta, Cristo aspira a encontrar un camino de consenso que permita llevar a cabo las reformas necesarias de manera efectiva y democrática.

La propuesta del Gobierno

El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Organismo que se encarga de reformar la Constitución Política del país. La propuesta surgió en un contexto de dificultades para avanzar en las reformas sociales y económicas a través del Congreso.

Para Petro, la convocación de una Asamblea Constituyente es una respuesta a los obstáculos institucionales que enfrenta su gobierno. En relación a esto, dijo: “Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones”. Entre los objetivos principales de esta asamblea, Petro ha señalado la garantía inmediata de derechos universales como la educación, la salud y las pensiones. Además, propone un nuevo ordenamiento territorial y un desarrollo económico y social para los territorios históricamente excluidos.

Entre los temas a abordar en la constituyente propuesta por Petro se incluyen la reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, la reforma a la justicia y una reforma política integral. Además, plantea un pacto por una economía productiva y la búsqueda de la verdad judicial y el perdón social, buscando una paz definitiva. “La Asamblea debe transformar las instituciones”, reiteró el presidente.

Este planteamiento ha generado un debate intenso en Colombia. Mientras que algunos sectores apoyan la idea, argumentando que es una vía necesaria para realizar cambios estructurales, otros se muestran escépticos. No tiene respaldo suficiente en el Congreso ni en la Corte Constitucional, señalan algunos críticos. Este escenario plantea un desafío importante para el Gobierno de Petro, que deberá buscar consensos y enfrentar la presión política para avanzar en esta dirección.

Gustavo Petro ha mantenido su postura firme respecto a la necesidad de una transformación institucional profunda en Colombia. Argumenta que las actuales instituciones no permiten avanzar en las reformas necesarias y que una Asamblea Nacional Constituyente es la herramienta adecuada para lograr estos cambios. Entre los aspectos destacados de su propuesta están la garantía al derecho universal a la educación, salud y pensiones, y un enfoque en el desarrollo integral de los territorios excluidos.

Se debe partir del hecho que la Asamblea Nacional Constituyente surge como un mecanismo para reformar la Constitución de un país, adaptándola a las transformaciones y necesidades contemporáneas.

Este proceso ha sido relevante en la historia reciente de Colombia y se desarrolla a través de varios pasos que involucran tanto al Congreso como a los ciudadanos.

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En los últimos días, por no decir los últimos meses, las palabras asamblea constituyente y poder constituyente se han convertido en pan de cada día en los medios de comunicación.

Lo anterior ya que el presidente Gustavo Petro abrió el debate sobre la posible ocurrencia de una constituyente con el objetivo de cumplir con las reformas e implementar el Acuerdo de Paz del 2016.

Las reacciones a las palabras del primer mandatario no se hicieron esperar. Muchos lo calificaron como una idea que tenía el objetivo de extender su tiempo en la Casa de Nariño ya que con una constituyente se podría revivir la reelección.

Sin embargo, el presidente salió a desmentir la idea de que él quería hacerse reelegir, dijo que se quedaría “en la presidencia por el tiempo que fue electo, ni un día más ni un día menos” y aseguró que no habló de una asamblea constituyente sino del poder constituyente que reside en el pueblo.

Aun así, a pesar de lo dicho por Petro, los cuestionamientos continúan, y hay más dudas que respuestas. Expresidentes como Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, senadores como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay y más recientemente el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, han cuestionado duramente la idea de una asamblea constituyente.

Los primeros aseguran que se trata de una jugadita para que Petro pueda seguir en la presidencia. No obstante, las críticas de Reyes se centran más en la importancia de respetar la Constitución de 1991 tal y como está escrita y con los mandatos que propone, ya que, según él, no se trata de una masa deforme que pueda modificarse al antojo del presidente.

Sumado a Reyes, aparece el exregistrador Carlos Ariel Sánchez, quien dijo a Semana que llevar al país a una constituyente podría ocasionar una parálisis del Legislativo, tal y como ocurrió en el 91, pues los asambleístas podrían chocar con el Congreso creando un espacio de incertidumbre en Colombia.

Si bien Sánchez tiene razón con lo dicho, la premisa es más profunda ya que la Constitución de 1991 en el artículo 376 contempla esa posibilidad. En caso de que se apruebe una Asamblea Constituyente, el Congreso podría dejar de funcionar temporalmente y le cedería, por un tiempo, su poder a la asamblea para que tome decisiones constitucionales, es decir que la falta de sesiones del Legislativo sería la punta del iceberg en caso de que se pueda llevar a cabo la constituyente.

Eso implica que en caso de una constituyente el país debe preocuparse más por las consecuencias a largo plazo que tendría el periodo de escritura de una nueva Carta Magna.

La constituyente y sus retos

Con Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, entendiendo su postura frente a la idea de una constituyente, surgen más dudas con respecto a como se llevaría a cabo el proceso. Lo anterior ya que Cristo aseguró que no se llevaría a cabo el proceso si no existe consenso con los actores políticos y un acuerdo nacional.

Cristo tiene razón, pero es que él no dice nada nuevo ya que para iniciar el proceso, es imprescindible la aprobación por el Congreso, es decir que si bien la iniciativa es presidencial, Petro no puede obligar a nadie a llevarla a cabo, pues tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que convoque a los ciudadanos a elecciones.

Eso significa que debe ser un hecho hablado y además público, pues a la larga el poder constituyente recae en la población.

Ahora bien, la ley debe especificar claramente varios aspectos esenciales: la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el número de integrantes, el sistema de elección, los temas a tratar y la fecha de inicio y duración del período. Después de la aprobación por el Congreso, el Presidente de la República sanciona la ley y la remite a la Corte Constitucional para la evaluación de su constitucionalidad. Acá se evidencia, de nuevo, que los tres poderes deben estar alineados.

Una vez aprobada la ley, se realiza una votación popular para decidir si se convoca o no a la Asamblea Constituyente. En esta votación, los ciudadanos se enfrentan ante un tarjetón electoral que contiene las opciones de voto ‘Sí’ y ‘No’, junto con los temas que se tratarían en la Asamblea. Según la Constitución Política de 1991, si al menos una tercera parte del censo electoral vota a favor, es decir, aproximadamente 12.9 millones de votos, ello se entenderá como una convocatoria efectiva de la Asamblea.

Si el resultado de la votación es positivo, se procede a la elección de los miembros de la asamblea, quienes serán los encargados de redactar la nueva Constitución. Este proceso permite la participación de diversas voces y sectores, como mujeres e indígenas, ampliando así la representatividad y la inclusión en la toma de decisiones.

El proceso no está exento de riesgos y desafíos. Por un lado, los debates en la Asamblea pueden ser intensos y polarizados, lo que puede afectar la estabilidad política y social del país. Además, la reforma constitucional genera cierta incertidumbre en la economía y las instituciones, y diferentes grupos podrían luchar por imponer sus agendas, complicando la toma de decisiones consensuadas.

También es necesario mencionar el desafío de la implementación. Modificar la Constitución implica adaptar leyes, instituciones y prácticas existentes, lo que puede ser complejo y costoso. Este proceso puede tener efectos colaterales, no solo a nivel político y social, sino también en términos económicos y administrativos.

En la historia reciente de Colombia, la Asamblea Constituyente de 1991 es un claro ejemplo de los impactos y consecuencias a largo plazo de este proceso. En ella se lograron reformas significativas que reflejaron un nuevo pacto social acorde con las necesidades de la época. Sin embargo, también se enfrentaron numerosas dificultades y tensiones que son inherentes a la dinámica de tal transformación.

Por un lado, la capacidad de incluir una amplia gama de voces es una ventaja significativa. Por otro lado, el “cambio fundamental” en la estructura del Estado y en la relación entre ciudadanos e instituciones es un aspecto crucial de la Asamblea Constituyente.

Además, la polarización es otro desafío significativo. Los intensos debates pueden llevar a una fragmentación política y social, afectando la estabilidad del país.

El impacto a largo plazo de la Asamblea Constituyente en la vida de los colombianos reside en la perdurabilidad de la Constitución que se redacta. Este impacto se extiende mucho más allá del período de funcionamiento de la Asamblea, afectando la vida y organización del Estado por décadas.

Con lo anterior queda claro que tanto lo dicho por el presidente Petro como por los otros actores políticos es más una pantomima mediática que un hecho en sí. Por ahora resta esperar a las decisiones que se tomen desde el Ministerio del Interior y se evaluará la capacidad de Cristo de negociar con el Legislativo para lograr quórum con un Congreso que no logra ponerse de acuerdo ni con el orden del día en un debate.